Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 27 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 18

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 29 de Marzo de 2016

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

APERTURA                                 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: (11:49 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 88 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Se abre la sesión del martes 29 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y cuatro minutos del día jueves diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, encontrándose presentes setenta y ocho ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del dieciséis de marzo de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 13, 51, 53, y 69 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

La Presidencia informó que se recibió una iniciativa ciudadana con proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas, en términos del artículo 71, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- De conformidad con los requisitos establecidos por el artículo 131 de la Ley Orgánica del Congreso General, se comprobó la cobertura plena para el inicio de su trámite legislativo y para los efectos del artículo 132 de dicho ordenamiento, se dio cuenta del proyecto al Instituto Nacional Electoral.

 

La Presidencia por acuerdo de la Mesa Directiva, dio paso a una ronda de intervenciones de integrantes de los grupos parlamentarios para referirse a la conmemoración del Septuagésimo Octavo Aniversario de la Expropiación Petrolera.- Intervinieron los Senadores: Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Manuel Bartlett Díaz del PT; Dolores Padierna Luna del PRD; Luis Fernando Salazar Fernández del PAN; y Erika Ayala Ríos del PRI.

(Iniciativas)

La Senadora Margarita Flores Sánchez, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los Senadores Roberto Gil Zuarth, Carlos Alberto Puente Salas, Lilia Merodio Reza, César Pedroza Gaitán, Hilda Flores Escalera, Yolanda de la Torre Valdez, Luisa María Calderón Hinojosa, Sonia Rocha Acosta, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Javier Lozano Alarcón, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Juan Alejandro Fernández Sánchez, Marcela Torres Peimbert, Fernando Yunes Márquez, Héctor Larios Córdova, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, Luis Fernando Salazar Fernández, Alejandro Encinas Rodríguez, Jorge Luis Lavalle Maury, Mario Delgado Carrillo, Francisco Salvador López Brito, Andrea García García, Layda Sansores San Román, Amelia Torres López, Erika Ayala Ríos, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Carlos Manuel Merino Campos y Marco Antonio Olvera Acevedo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el 21 de marzo como el “Día Nacional del Síndrome de Down”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Presidente de la Mesa Directiva rectificó turnó a las siguientes iniciativas:

1) Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, de los Senadores Arely Gómez González y Roberto Gil Zuarth, presentada el 24 de noviembre de 2014.

2) Proyecto de Decreto por el que se  reforma el artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012, de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, presentada el 2 de diciembre de   2014.

3) Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema de Justicia para Adolescentes Infractores, de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, presentada el 28 de abril de 2015.

4) Proyecto de Decreto por el que se expide el Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, de Senadores de diversos partidos, presentada el 18 de noviembre de 2015.

Las cuatro iniciativas se turnarán a las Comisiones Unidas de Justicia; Derechos Humanos; Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y Estudios Legislativos.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.- Quedó de primera lectura.Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Para presentar el dictamen, hizo uso de la palabra el Senador Fernando Yunes Márquez, Presidente de la Comisión de Justicia. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los Senadores: Angélica de la Peña Gómez del PRD; y Enrique Burgos García del PRI. Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 74 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 55 del Código Civil Federal.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 19 de noviembre de cada año, “Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil”.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XLII, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas.-Para presentar el dictamen intervinieron los Senadores: José Francisco Yunes Zorrilla, por la Comisión de Hacienda y Crédito Público; y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. La Senadora Dolores Padierna Luna hizo uso de la palabra para presentar voto particular. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Jorge Aréchiga Ávila del PVEM; y Mario Delgado Carrillo del PRD.

PRESIDE EL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

En los posicionamientos continuaron los Senadores: Jorge Luis Lavalle Maury del PAN; y Manuel Cavazos Lerma del PRI. En la discusión en lo general, hicieron uso de la palabra los Senadores: Martha Tagle Martínez, en contra; Dolores Padierna Luna del PRD, en contra; Marco Antonio Olvera Acevedo del PRI, a favor; Mario Delgado Carrillo del PRD, en contra; Víctor Hermosillo y Celada del PAN, a favor; y Ernesto Cordero Arroyo del PAN, a favor. El asunto se consideró suficientemente discutido en lo general. El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con las reservas de los Senadores: Dolores Padierna Luna, a los artículos 12, 14, 21, 23, 24, 27 y 29 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, y Mario Delgado Carrillo, a los artículos 14, 17, 23, 24, 26, 27 y 29 de la Ley de Asociaciones Público Privadas. La Asamblea autorizó el desahogó de los artículos reservados en virtud de que las propuestas fueron ampliamente expuestas en la discusión, en votación económica, las reservas de la Senadora Dolores Padierna y del Senador Mario Delgado, no se aceptaron a discusión. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 61 votos a favor y 19 en contra. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Educación, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Morelos a enviar un informe sobre la comprobación del cumplimiento en la administración, ministración, manejo, custodia, ejercicio y uso de los recursos económicos presupuestados para cumplir con las obligaciones de la “Ley para erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas del estado de Morelos”, en los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 215.- En la discusión intervinieron los Senadores: Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; y Lisbeth Hernández Lecona del PRI. El Acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Junta de Coordinación Política)

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un oficio en relación con el dictamen de la Comisión de Justicia sobre las ternas de candidatos a magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.- Quedó de enterado.

 

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Justicia, con puntos de Acuerdo que determinan que los ciudadanos propuestos en la terna presentada por el Presidente de la República como magistrados de la Sala Regional de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reúnen los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Sin discusión, el dictamen fue aprobado por 76 votos a favor. Se procedió a la elección por cédula de cada una de las ternas, se depositaron 80 votos en la urna, resultando electos los siguientes ciudadanos: la C. Gabriela Eugenia Del Valle Pérez, por 80 votos en pro; la C. Claudia Valle Aguilasocho, por 79 votos en pro; el C. Enrique Figueroa Ávila, por 80 votos en pro; la C. María Guadalupe Silva Rojas, por 79 votos en pro; y, el C. Alejandro David Avante Juárez, por 80 votos en pro.

Se declararon electos como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

Sala Regional Guadalajara, Jalisco, Primera Circunscripción, la C. Gabriela Eugenia del Valle Pérez.

Sala Regional Monterrey, Nuevo León, Segunda Circunscripción, la C. Claudia Valle Aguilasocho.

Sala Regional Xalapa, Veracruz, Tercera Circunscripción, el C. Enrique Figueroa Ávila.

Sala Regional Distrito Federal, Cuarta Circunscripción, la C. María Guadalupe Silva Rojas.

Sala Regional Toluca, Estado de México, Quinta Circunscripción, el C. Alejandro David Avante Juárez.

Los Magistrados rindieron su protesta de ley.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la Sesión. Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Excitativa)

El Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto que adiciona la fracción I del artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, presentado el 3 de octubre de 2013.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la siguiente iniciativas:

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prohibición de la Fractura Hidráulica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes y de Turismo y a la Procuraduría Federal del Consumidor, así como a los gobiernos de las entidades federativas a llevar a cabo las acciones pertinentes a fin de garantizar el tránsito seguro, brindar asesoría y evitar el abuso de los comercios a los turistas nacionales y extranjeros durante la temporada vacacional de Semana Santa 2016.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad a remitir un informe sobre el avance alcanzado en las negociaciones laborales y contractuales, contemplando las condiciones bajo las cuales se han realizado éstas, previstas en los artículos Tercero y Cuarto Transitorios del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Deuda Pública, publicado el 11 de agosto de 2014, así como las acciones administrativas, jurídicas y financieras implementadas y previstas para tales efectos.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo a fin de que las procuradurías generales de justicia y/o fiscalías generales de las entidades federativas investiguen con la debida diligencia los casos de desapariciones de personas y remitan información fundamental al Senado de la República para el proceso de dictaminación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del estado de Morelos a realizar diversas acciones para erradicar la violencia en contra de las mujeres de dicha entidad federativa.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa del    Distrito Federal a llevar a cabo las modificaciones necesarias al presupuesto de la Ciudad de México a fin de que el presupuesto para la operación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México sea restado del presupuesto que el Jefe de Gobierno destina para viajes nacionales y giras internacionales y del presupuesto de comunicación social del gobierno de la Ciudad.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

Del Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a resolver la escasez de la vacuna pentavalente que se suministra a infantes.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Carmen Izaguirre Francos, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a destinar un porcentaje del Fondo de Gastos Catastróficos para la creación de clínicas de detección de cáncer hereditario.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Social a fin de que explique los indicadores y resultados de la Cruzada Nacional contra el Hambre, así como las decisiones que se han tomado a la luz de los resultados de esta estrategia del Gobierno Federal.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

Del Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional de Migración un informe sobre los señalamientos realizados por la Auditoría Superior de la Federación en su evaluación y fiscalización de la Cuenta Pública 2014, así como sobre las diferentes fuentes de ingresos y montos respectivos a los que se aluden por la Auditoría, el destino de estos montos y su justificación; asimismo, exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a intervenir e investigar en relación a los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación al Instituto Nacional de Migración en materia de violación de derechos humanos de los migrantes.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a implementar medidas que combatan la contingencia ambiental que padece la Zona Metropolitana del Valle de México.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador constitucional del estado de Nuevo León a rendir un informe en el que se detallen los nombres, cargos, fecha de alta, sueldos y, en caso de haber ocurrido, cualquier promoción otorgada a sus familiares contratados al día de hoy por el estado de Nuevo León.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a verificar y certificar, con absoluto rigor, la salud de los animales que se sacrifican en los rastros locales y municipales.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a actualizar la normatividad en materia ambiental local y fortalezca el Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas; asimismo, fortalecer las campañas de difusión cuando se presente una contingencia ambiental.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a ampliar, incrementar y fortalecer sus programas, estrategias y campañas de difusión e información para incentivar y promover el turismo y los atractivos turísticos del país.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a presentar un informe en relación a presuntas irregularidades por parte del Gobierno de la Ciudad de México y sus delegaciones al no contar con los permisos necesarios para construir obras en zonas de monumentos arqueológicos o en predios colindantes a un monumento de este tipo.- Se turnó a la Comisión de Educación.

(Efemérides)

El Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el CCX aniversario del natalicio de Don Benito Juárez García.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción nacional, remitió efeméride sobre la publicación del Plan de Iguala.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día de la Expropiación Petrolera.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Agua.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido  Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional contra la Discriminación Racial.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre la conmemoración de la Expropiación del Petróleo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Síndrome de Down.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Agua.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Tuberculosis.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el septuagésimo octavo aniversario de la Expropiación Petrolera.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecisiete horas con siete minutos y citó a la siguiente el martes veintinueve de marzo a las once horas.

Fin de la Sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor Secretario.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibió de la Comisión de Desarrollo Rural, su informe de actividades correspondiente a la LXII Legislatura.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se informa que el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 30 de marzo al 2 de abril de 2016, con objeto de participar en la Cuarta Cumbre de Seguridad Nuclear, a celebrarse en Washington, D.C., del 31 de marzo al 1 de abril del año en curso.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: La Asamblea ha sido enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el documento denominado “Pronunciamiento sobre la Supervisión Penitenciaria”.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Remítase a las Comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad Pública.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva, devuelto para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.





 

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

(Presentada por el Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Óscar Román Rosas González: Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso, Senadoras y Senadores:

El etiquetado de alimentos juega un papel esencial en sus estándares de calidad, sanidad e inocuidad en el consumo de alimentos preenvasados, que todos los mexicanos consumimos a través de la larga red de proveedores y supermercado disponibles.

El etiquetado de alimentos pre envasados forma parte del Codex Alimentarius, auspiciada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, desde 1963.

La Norma Codex plantea el etiquetado obligatorio de los alimentos, en cuya etiqueta deberán aparecer criterios mínimos de información para el consumidor; el nombre del alimento, lista de ingredientes, coadyuvantes o aditivos complementarios, contenido neto y peso ocurrido, país de origen, lote de identificación, instrucciones de conservación, fecha máxima de consumo, contraindicaciones, forma de consumo e idioma aceptado por el consumidor.

En México se ha adoptado el etiquetado de alimentos como un mecanismo de protección al consumidor, de esta manera al comprar alimentos y bebidas envasadas, además de revisar la información relevante del producto alimenticio a consumirse, se puede dar cuenta de la fecha de consumo preferentemente y la fecha límite del consumo o de caducidad.

A pesar de contar con instituciones especializadas y un amplio marco normativo para proteger los derechos de los consumidores y en especial criterios normativos internacionales, adaptados a la legislación nacional, que obligan a los comercializadores de alimentos y bebidas preenvasadas poner en la etiqueta la fecha de caducidad de los productos, hoy en día siguen presentándose casos donde la venta de alimentos caducos en tiendas y supermercados, pone en peligro la salud de los consumidores.

El año pasado la Profeco inició un proceso contra diversas tiendas de autoservicio por tener las ventas de productos caducados; el 24 de marzo de 2015 la delegación de la Profeco en Veracruz retiró varios productos caducos en las sucursales de Walmart, entre los que se encuentran jugos, carne de res y pollo que contenían etiquetados con fecha de caducidad vencida.

En el mes de junio de 2015 la Profeco sancionó a una tienda Chedraui en Aguascalientes por vender productos que ya habían caducado, esto en ocasiones se verificaron diversos tipos de quesos y embutidos, los cuales comenzaban a presentar signos de descomposición como hongos y lama. Por esta razón, la delegación de dicha entidad procedió a la suspensión del área de venta de los productos que ya habían sido caducados, así como la imposición de una multa por 200,000 pesos, además de diversos procesos abiertos por la denuncias de los consumidores.

Si bien la permanencia de productos vencidos en anaqueles en los diferentes centros de abastecimiento y servicio a la población en general se debe a diversos factores como la falta de capacitación del personal en tiendas, los deficientes controles internos de los comercializadores, o bien un inadecuado manejo de los productos en los supermercados. Es necesario que los consumidores antes de comprar un alimento, no solo vean la marca y el precio, sino protejan su derecho a verificar con claridad en la etiqueta la fecha de caducidad de los alimentos que se pretenden consumir.

La mayoría de los productos alimenticios empaquetados o envasados tienen impresa la fecha de caducidad y consumo preferente, sin embargo estos no son del todo visibles y entendibles para los consumidores. Por ejemplo, en bolsas y cajas de pan o galletas puede aparecer la fecha, muchas veces se presenta abreviada, o bien impresa con puntos, situación que dificulta su comprensión.

De igual manera el tamaño y color de las fechas impresas en las etiquetas y envases no son adecuadas para ser observadas e identificadas plenamente por el consumidor. Las fechas de caducidad y consumo preferente suele estar en lugares poco visibles, como son en el margen del empaque, detrás de la etiqueta principal e inclusive por debajo del envase.

Bajo estas circunstancias, el consumidor necesita destinar más tiempo para la compra de sus productos y verificar su fecha adecuada de consumo. Asimismo, en muchos casos la verificación de la fecha de caducidad se omite por parte del consumidor, ya que es poco legible y no se encuentra de manera visible en la etiqueta frontal del producto.

Senadoras y Senadores, es un tema que pareciera sencillo, pero en lo particular, las veces que he tenido la oportunidad de visitar un centro comercial nos cuesta trabajo y dificultad poder verificar las fechas de caducidad de muchos productos que son perecederos, muchos se encuentran solamente impresos de manera puntuada en las tapas o en la parte inferior de los envases y eso genera, de alguna manera, que el consumidor no pueda observar de manera pronta, o en algunos casos ni siquiera aparece la fecha de caducidad de esos productos.

Por ello, como una medida de protección a la salud del consumidor, he propuesto de manera sucinta las siguientes adiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Se adiciona el artículo 19 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor para que la Secretaría de Economía, en apego a sus facultades expida criterios sobre el tamaño, color, área de las fechas de caducidad y de consumo preferente que deban de llevar los alimentos envasados.

Se adiciona la fracción XIV Ter del artículo 24 de la misma ley, para que la Profeco vigile y verifique el cumplimiento de las disposiciones en materia del tamaño, color y área de que se deben ser plasmadas las fechas de consumo preferentemente y caducidad de los alimentos envasados.

Finalmente, se adiciona la fracción VI, corriéndose las subsecuentes del artículo 128 Ter, para establecer como caso particularmente grave las infracciones sobre tamaño, color y área de las fechas de caducidad y consumo preferente plasmadas en las etiquetas de los alimentos preenvasados.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El que suscribe, Senador OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto al Pleno del Senado de la República la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan el artículo 19 Bis, la fracción XIV Ter y la fracción VI, recorriéndose las subsecuentes del artículo 128 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El consumo de alimentos preenvasados bajo estándares de calidad, sanidad e inocuidad son un elemento esencial de la regulación en materia de venta de alimentos. Los Estados nacionales preocupados por los alimentos que consumen los ciudadanos han implementado una serie de normas estandarizadas y aceptadas a nivel internacional para regular y vigilar que la venta de alimentos se ajuste a prácticas leales de comercio alimentario.

México, al igual que 187 naciones más y la Comunidad Europea, forma parte de la Comisión Codex Alimentarius, auspiciada por la Organización Mundial de Salud (OMS) y la Organización de las naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) a través del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, cuyo primer periodo de sesiones se celebró en la ciudad de Roma Italia en 1963.1

El Codex Alimentarius o código de alimentos es un compendio de normas alimentarias aceptadas internacionalmente y presentadas de modo uniforme. El código alimentario dio un giro importante en cuanto a sus objetivos, debido a la Resolución 39/248 de 1985 de las Naciones Unidas, en la cual se adoptaron directrices para elaborar y reforzar las políticas de protección del consumidor.

Así, la protección de la salud de los consumidores se convirtió en uno de los objetivos  rectores del Codex Alimentarius. Se recomienda a los gobiernos la formulación de políticas y planes relativos a la seguridad alimentaria de los consumidores y, en esa medida, puedan adoptar las normas establecidas en el Codex, como son procesos de elaboración, calidad nutricional, materia prima, etiquetado del contenido y propiedades de los alimentos, fecha de caducidad, fecha de elaboración, contraindicaciones, entre otras.

Sobre el etiquetado de alimentos preenvasados que se ofrecen al consumidor en los supermercados o en comercios dedicados a la preparación y venta de alimentos, el Estado mexicano como miembro de la FAO Y OMS, además de pertenecer al Comité del Codex, ha aceptado la aplicación de la Norma General del Codex para el Etiquetado de los Alimentos Preeenvasados (Norma Codex).2

La Norma Codex plantea el etiquetado obligatorio de los alimentos, en cuya etiqueta deberán aparecer criterios mínimos de información para el consumidor. El nombre del alimento, lista de ingredientes, coadyuvantes o aditivos complementarios, contenido neto y peso ocurrido, país de origen, lote de identificación, instrucciones de conservación, fecha máxima de consumo, contraindicaciones, formas de consumo e idioma aceptado por el consumidor.

Uno de los criterios que ha tenido mayor impacto en beneficio del consumidor, es la fecha de caducidad que llevan impresa las etiquetas o en alguna parte del envase o embalaje de los alimentos que se ofertan en el mercado. La Norma Codex establece dos definiciones para diferenciar con claridad la fecha mínima y límite de consumo de un alimento preenvasado:

"Fecha de duración mínima" ("consumir preferentemente antes de"), la fecha en que, bajo determinadas condiciones de almacenamiento, expira el período durante el cual el producto es totalmente comercializable y mantiene cuantas cualidades específicas se le atribuyen tácita o explícitamente. Sin embargo, después de esta fecha, el alimento puede ser todavía enteramente satisfactorio.

"Fecha límite de utilización" (fecha límite de consumo recomendada, fecha de caducidad), la fecha en que termina el período después del cual el producto, almacenado en las condiciones indicadas, no tendrá probablemente los atributos de calidad que normalmente esperan los consumidores. Después de esta fecha, no se considerará comercializable el alimento.3

Como se puede observar los alimentos deben ser etiquetados con fechas preferentes de consumo y fechas límite. Las primeras hacen referencia al producto que ha sido almacenado bajo condiciones adecuadas, y por tanto es comercializable en su totalidad pues guarda las cualidades que se le atribuyen; las segundas se refieren a la fecha en que termina el periodo comercializable del alimento, ya que éste no guarda ni mantiene las cualidades y propiedades indicadas.

Nótese que existe un periodo intermedio entre la fecha de consumo preferente y la fecha de caducidad, en dicho periodo el producto alimenticio es aún comercializable, aunque no representa un peligro para la salud, algunas propiedades como consistencia, sabor o apariencia, pueden ser no satisfactorios.

En México se ha adoptado el etiquetado alimentos como un mecanismo de protección al consumidor, así al comprar alimentos y bebidas envasados, además de revisar la información relevante del producto alimenticio a consumirse, se puede dar cuenta de la fecha de consumo preferente y la fecha límite de consumo o de caducidad.

La Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 “especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados” señala como requisito obligatorio poner en la etiqueta de los alimentos y bebidas  su fecha de caducidad, la cual no debe alterarse bajo ninguna circunstancia.4

La fecha de caducidad deberá contener la información específica del producto para mantenerlo en condiciones óptimas de conservación, debe advertir al consumidor con las siguientes leyendas “manténgase en refrigeración, “consérvese en congelación” “una vez abierto, manténgase en congelación” u otras analogías.

De igual manera se establecen definiciones para el etiquetado de fecha de caducidad y fecha de consumo preferente, las cuales se ajustan a la Norma Codex:

“Fecha de Caducidad: Es la fecha límite en la que se considera que las características sanitarias y de calidad de producto se eliminan. Después de esta fecha no deben ser comercializados ni consumirse, porque su ingestión se considera un riesgo para la salud.

Fecha de consumo preferente: Es la fecha a partir de la cual el producto deja de participar todas sus cualidades integras, por lo que su color, sabor o consistencia pueden verse alteradas. A pesar de esto su consumo no representa ningún riesgo para la salud”.5

Cuando se detecta falta o incumplimiento de los criterios normativos sobre etiquetado de alimentos como es la fecha de caducidad y consumo preferente, la institución encargada de vigilar, verificar, y en su caso sancionar, el incumplimiento de dichos criterios es la procuraduría Federal de Protección del Consumidor (Profeco).

La Ley Federal de Protección al Consumidor establece procedimientos claros para sancionar a aquellos comercios y proveedores que no cumplen con las normas sobre fecha de caducidad y consumo preferente. Cuando se comercializan productos con fecha de caducidad vencida la Profeco procede a la inmovilización de productos, evitando su comercialización, en virtud que representa un peligro para la salud de los consumidores.

El artículo 25 Bis de la Ley Federal de Protección del Consumidor establece una seré de medidas precautorias cuando se pueda afectar la vida o la salud de los consumidores, como son la inmovilización de productos o envases, aseguramiento de bienes o productos, suspensión de la comercialización, retiro de bienes del mercado y la colocación de sellos de advertencia.

Asimismo, la ley establece en el artículo 128 Bis, sanciones para casos particularmente graves que se sancionan con clausura total o parcial del establecimiento comercial y multas de 141 mil a 3.9 millones de pesos. Se consideran casos graves, de acuerdo con el artículo 128 ter, cuando la infracción impuesta ponga en peligro la vida, la salud o la seguridad del consumidor, infracciones en relación con bienes o productos de temporada, conductas que se aprovechen de la escases, lejanía o dificultad para abastecer un bien o servicio y la incidencia en fracciones cometidas.6

Planteamiento del problema

Si bien es cierto que contamos con instituciones especializadas y un amplio marco normativo para proteger los derechos de los consumidores y en especial criterios normativos internacionales, adaptados a la legislación nacional, que obligan a los comercializadores de alimentos y bebidas preenvasados poner en la etiqueta la fecha de caducidad de los productos, hoy en día se siguen presentado casos donde la venta de alimentos caducos en tiendas y supermercados pone el peligro la salud de consumidores.

La Profeco a través de la Dirección de Verificación y Vigilancia realiza una verificación permanente de productos, principalmente alimentos y bebidas con algún problema de etiquetado. En un monitoreo realizado en 62 establecimientos de la Ciudad de México se identificaron 1,817 alimentos y bebidas envasados que presentaban alguna deficiencia, de estos 14.4% tenían fecha vencida de caducidad y 12.5% la de consumo preferente.

Los productos que figuraron con fecha de caducidad vencida son huevo, productos lácteos,-carne empacada, bebidas no alcohólicas y agua embotellada, pescado fresco, aceites, frutas empacadas y embutidos.7

El año pasado, la Profeco ha inicio procesos contra diversas tiendas de autoservicio por tener a la venta productos caducos. El 24 de marzo de 2015 la delegación de la PROFECO en Veracruz retiró varios productos caducos en las sucursales de Wal-Mart, entre los que se encuentran jugos, carne de res y pollo que contenían etiquetas con fecha de caducidad vencida.8

En el mes de junio de 2015 la Profeco sancionó a una tienda Chedrahiu en Aguascalientes por vender productos caducos, en esa ocasión se verificaron diversos tipos de quesos y embutidos, los cuales comenzaban a presentar signos de descomposición como hongos y lama. Por esta razón la delegación de dicha entidad procedió a la suspensión del área de venta de los productos caducos, así como la imposición de una multa por 200 mil pesos, además de diversos procesos abiertos por la denuncias de los consumidores.9

Sobre el mismo tema, la organización civil PODER realizó un estudio sobre el etiquetado en las tiendas Chedrahui de la Ciudad de México, donde se evidencio el inadecuado etiquetamiento de alimentos y la venta de productos con fecha de caducidad vencida. El estudio también arrojó datos relevantes sobre las reclamaciones de los consumidores en diferentes tiendas de autoservicio.

De acuerdo al Estudio de PODER las tiendas Chedraui, Comercial Mexicana y Soriana la mayor cantidad de reclamaciones por consumidor, ya sea por garantías, cambios devoluciones o bonificaciones, entrega del producto o servicio, entre otras. Este estudio es una muestra focalizada de ciertos productos y servicios, por lo que no se puede tomar como un muestreo general.

Para conocer una visión general sobre el tema de verificación y vigilancia de alimentos, el informe de la bores 2014 de la Profeco señala que se realizaron 36 mil 758 visitas, de las cuales 6,089 fueron susceptibles de infracciones; se verificaron 20 mil basculas, de ellas se inmovilizaron 2 mil; finalmente se colocaron 2,347 sellos de suspensión en diversos establecimientos de venta de alimentos.10

A pesar de que cuenta con los elementos normativos e institucionales  adecuados para asegurar y proteger la calidad y sanidad de los alimentos empaquetados o envasados, el control y vigilancia de la fecha de caducidad y fecha de consumo preferente en el etiquetado de alimentos continúa aún sin respetarse a cabalidad.

Si bien la permanencia de productos vencidos en anaqueles de los diferentes centros de abastecimiento y servicio a la población en general se debe a diversos factores como la falta de capacitación del personal en tiendas, los deficientes controles internos de los comercializadores, o bien un inadecuado manejo de productos en los supermercados; es necesario que los consumidores antes de comprar un alimento, no solo vean la marca y precio, sino se proteja su derecho a verificar con claridad en la etiqueta la fecha de caducidad de los alimentos a consumir.

Objeto de la iniciativa

La mayoría de los productos alimenticios empaquetados o envasados tienen impresa la fecha de caducidad y consumo preferente, sin embrago estos no son del todo visibles y entendibles para los consumidores. Por ejemplo, en bolsas y cajas de pan o galletas puede aparecer la fecha abreviada, o bien impresa en puntos, situación que dificulta su comprensión.

De igual manera el tamaño y color de las fechas impresas en las etiquetas y envases no son adecuadas para ser observadas e identificadas plenamente por el consumidor. La fechas de caducidad y consumo preferente suele estar en lugares poco visibles como son el margen del empaque, detrás de la etiqueta principal e inclusive por debajo del envase.

Bajo estas circunstancias, el consumidor necesita destinar más tiempo para la compra de sus productos y verificar su fecha adecuada de consumo. Asimismo, en muchos casos la verificación de la fecha de caducidad se omite por parte del consumidor, ya que es poco legible y no se encuentra de manera visible en la etiqueta frontal del producto.

Por ello se propone adicionar el artículo 19 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor para que la Secretaría de Economía, en apego a sus facultades, expida criterios sobre tamaño, color y área de  las fechas de caducidad y consumo preferente que deben de llevar los alimentos envasados.

Se adiciona la fracción XIV ter, del artículo 24 de la misma ley, para que la Profeco vigile y verifique el cumplimiento de las disposiciones en materia de tamaño, color y área en la que deben ser plasmadas la fechas de consumo preferente y caducidad de los alimentos envasados.

Finalmente, se adiciona la fracción VI, recorriéndose las subsecuentes, del artículo 128 Ter para establecer como caso particularmente grave las infracciones sobre tamaño, color y área de las fechas de caducidad y consumo preferente plasmadas en las etiquetas de los alimentos preenvasados.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración del Pleno de éste Senado de la República la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Artículo Único. Se adicionan el artículo 19 Bis, la fracción XIV Ter y la fracción VI, recorriéndose las subsecuentes del artículo 128 Ter, de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue:

Artículo 19 Bis. La Secretaría, en apego a sus facultades expedirá criterios sobre tamaño, color y área donde deberán estar plasmadas las fechas de caducidad y consumo preferente para los alimentos preenvasados.

Dichos criterios deberán contemplar los siguientes elementos:

a) La fecha de caducidad y consumo preferente impreso en el empaque o en el etiquetado no deberá estar abreviada y debe ser perfectamente legible;

b) La fecha de caducidad y consumo preferente deberá estar invariablemente en la parte frontal de la etiqueta o empaque del producto; y

c) El tamaño de la impresión de la fecha de caducidad o consumo preferente deberá ser proporcional a la de su envase o empaque.

Bajo ninguna circunstancia, los elementos antes señalados podrán ser modificados pretextando imagen o presentación del alimento a comercializar.  

ARTÍCULO 24.-…

I.-  a XIV Bis.-…

XIV Ter. Verificar y vigilar que los criterios sobre impresión de fecha de caducidad y consumo preferente en las etiquetas o empaque de los alimentos que se comercialicen estén apegados a las normas expedidas por la Secretaría y, en su caso, aplicar las sanciones establecidas en esta ley; 

Artículo 128 Ter.-…

I.- a V.-…

VI.- Cuando no se cumplan los criterios sobre impresión de fecha de caducidad y consumo preferente en etiquetado o empaques de alimentos ofertados al consumidor.

VII.-…

VIII.-…

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaria de Economía contará con 180 días naturales para armonizar la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, respecto del contenido del presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 29 de marzo de 2016.

Sen. Oscar Román Rosas González.

http://www.fao.org/docrep/005/y2770s/y2770s02.htm#fnB2
http://biblioteca.iiec.unam.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=289&Itemid=111
http://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2007/bol45_fecha%20de%20caducidad.asp
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_301215.pdf
http://projectpoder.org/wp-content/uploads/2015/08/Estudio-de-Chedraui_PODER_Agosto-2015.pdf
http://www.lja.mx/2015/06/sancionan-de-nuevo-a-chedraui-por-vender-productos-caducados/
http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=41052568

1 FAO. Miembros y Observadores del Codex Alimentarius. Disponible en http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/members-observers/miembros/es/?no_cache=1

2 FAO. La Norma General del Codex para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados ha sido adoptada por la Comisión del Codex Alimentarius en su 14º período de sesiones (1981) y luego revisada en sus 16º y 19º períodos de sesiones (1985 y 1991), y enmendada en su 23o y 24o períodos de sesiones (1999 y 2001). Esta Norma ha sido sometida para su aceptación a todos los Estados Miembros y Miembros Asociados de la FAO y de la OMS, de conformidad con los Principios Generales del Codex Alimentarius. 04/03/2016. Disponible en: http://www.fao.org/docrep/005/y2770s/y2770s02.htm#fnB2

3 Ídem.

4PROFECO. FECHAS DE CADUCIDAD Y CONSUMO PREFERENTE. Disponible en: http://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2007/bol45_fecha%20de%20caducidad.asp

5 Ídem.

6Ley Federal de Protección del Consumidor. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_301215.pdf

7 PROFECO. FECHAS DE CADUCIDAD Y CONSUMO PREFERENTE. OP. Cit.

8 Imagen del Golfo. Disponible en:  http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=41052568

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Rosas González.

¿Con qué objeto, Senador Pedraza Chávez?

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Para adherirme, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Senador Rosas González, ¿acepta la adhesión a su iniciativa por parte de los Senadores Pedraza Chávez, Juan Alejandro Fernández, López Brito, Héctor Flores y un servidor, Luis Sánchez? Gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene la palabra la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, para presentar a nombre propio y de los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de las fracciones II del artículo 76 y VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES II DEL ARTÍCULO 76 Y VII DEL ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre propio y de los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Con su venia, señor Presidente.

El 29 de marzo de 2011, un grupo de Senadores integrantes de los tres partidos con mayor representación durante la LXI Legislatura, presentaron ante el Pleno una iniciativa con proyecto de Decreto de Ley Reglamentaria de las fracciones II del artículo 76 y VII del artículo 78 constitucionales, en lo relativo a la ratificación de agentes diplomáticos y cónsules generales.

El 15 de noviembre de 2011 la iniciativa dictaminada a favor por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos, fue aprobada por el Pleno del Senado por unanimidad de votos y enviada a la Cámara de Diputados donde fue desechada definitivamente el 3 de febrero de 2016.

La iniciativa tenía como propósito esencial dar respaldo procesal a la facultad constitucional del Senado para ratificar dichos nombramientos, robusteciendo y dando certidumbre jurídica a una serie de normas consuetudinarias que se observan tradicionalmente.

La iniciativa justificaba que quedaba de manifiesto que la costumbre parlamentaria para el proceso de aprobación de estos nombramientos no satisfacía las necesidades de un proceso de análisis y ratificación de los nombramientos riguroso sistemático, y con criterios objetivos, y que al contrario, dejaba abierta la posibilidad a grandes insuficiencias y a la necesidad de improvisar distintos aspectos del mismo ante la falta de un criterio formal y objetivo para celebrar, por ejemplo, las comparecencias.

Hoy día distintos hechos alrededor del nombramiento y la ratificación de embajadores y cónsules, algunos de ellos con escasa o nula experiencia diplomática, con una reputación cuestionada en relación con su desempeño previo en posiciones semejantes o bien provenientes de otras actividades ajenas y distantes al terreno diplomático y consular sin que queden claras sus capacidades en esta área, apuntan a favorecer la interpretación de que el esfuerzo regulatorio de estos procesos resulta impostergables.

Son varias las preocupaciones convergentes entre la iniciativa de 2011 y la situación actual, desde entonces se señalaba la necesidad de que, con fuerza de ley, se contara con una guía específica y criterios definidos, públicos y transparentes, para dar cumplimiento a una de las más altas responsabilidades del Senado mexicano y a fin de garantizar que las representaciones del Estado mexicano en el exterior fueran ocupadas por personas que por su formación, experiencia y capacidades resultaran idóneas.

Especialmente vigente resulta la preocupación en relación con los nombramientos políticos a cargos diplomáticos y consulares.

La tendencia de las últimas administraciones federales del país ha sido la de reducir de manera consistente los nombramientos políticos de embajadores y cónsules que no pertenecen al Servicio Exterior Mexicano.

Mientras el gobierno de Carlos Salinas de Gortari presentó a la aprobación del Senado 54 nombramientos políticos, esto es el 43 por ciento durante su sexenio; Ernesto Zedillo solamente mandó 44, lo que significa un 39 por ciento de su gestión; Vicente Fox Quesada, 31 nombramientos, el 25 por ciento durante su sexenio; Felipe Calderón Hinojosa, 24 nombramientos, esto es el 23 por ciento de su administración; y en lo que va de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto ya van 23, y se pretende que con nombramientos de reciente ingreso al Senado se conviertan ya en 29, esto iría por supuesto en contra de la tendencia que vimos de anteriores sexenios.

Lo mismo ocurre con nombramientos de carácter político para ocupar consulados generales. De ahí que, en función de estas consideraciones, proponemos recuperar buena parte de esta iniciativa incorporando nuevos elementos a partir de las mejores prácticas en materia de apertura gubernamental y parlamentaria, y bajo el contexto de obligaciones cada vez mayores para las instituciones del Estado mexicano en términos de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información pública.

En específico, establece entre otros requisitos documentales a presentar por la Secretaría de Relaciones Exteriores al Senado, un documento de motivación del nombramiento a fin de que el Ejecutivo Federal explique las razones fundamentales para considerar al designado merecedor del cargo.

La declaración de intereses del designado, esencial para determinar de antemano potenciales áreas conflictivas en donde deberá abstenerse de participar, votar o tomar decisiones, así como un informe relativo a la situación general en que se encuentre la Embajada, Consulado General o representación permanente que eventualmente el designado deja de ocupar a fin de obtener mayor información sobre su desempeño anterior en el caso de nombramientos del Servicio Exterior Mexicano o designados con previas responsabilidades diplomáticas o consulares.

Igualmente se establecen criterios y parámetros de evaluación del designado durante las comparecencias, a fin de valorar el grado de cumplimiento del designado con los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

La evaluación de su desempeño en responsabilidades previas vinculadas, asociadas o relacionadas con la tarea diplomática o consular; la estimación de la compatibilidad entre el perfil profesional y académico con los que se consideran los atributos y necesidades indispensables para la representación de que se trate; el conocimiento e interés específico sobre las materias, países, regiones, agendas o asuntos que entraña la relación de México con su eventual adscripción, entre otros.

También, y bajo el principio de máxima publicidad, se abre la posibilidad de que a las mismas concurran a invitación de las comisiones legislativas: expertos, académicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y ex diplomáticos para acompañar los procesos de evaluación.

Se establecen además dos obligaciones adicionales de los designados merecedores de un dictamen aprobatorio quienes, al término de la comparecencias, deberán efectuar dos compromisos públicos en el sentido de entregar informes anuales al Senado de la República sobre la manera en que se ha dado cumplimiento al plan de trabajo presentado y a los criterios generales de política exterior establecidos por el Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo, lo mismo que el de mantener actualizadas las páginas electrónicas de sus respectivas embajadas o consulados con la información que se considera fundamental de acuerdo con las mejores prácticas en materia de gobierno abierto.

Finalmente, para asegurar el debido seguimiento del desempeño de los agentes diplomáticos y cónsules generales, ratificados por la Comisión Permanente durante los periodos de receso de ambas Cámaras del Congreso. Esta deberá remitir una copia del expediente de cada caso al Senado de la República.

En consecuencia, nos permitimos los Senadores firmantes, Gabriela Cuevas Barrón, Mariana Gómez del Campo Gurza, Daniel Gabriel Ávila Ruiz y una servidora, Laura Angélica Rojas Hernández, poner a consideración de esta Asamblea esta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de las fracciones II del artículo 76 y VII del artículo 78 constitucionales, a fin de establecer lineamientos y criterios específicos para regular el proceso de ratificación de nombramientos de agentes diplomáticos y cónsules generales.

Un proceso que, sin duda, evoca una de las más altas responsabilidades del Senado mexicano y que, en definitiva, le permitirá dar estricto cumplimiento a esta importante facultad constitucional.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

Los suscritos, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, GABRIELA CUEVAS BARRÓN y DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ Senadores de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, y 73, fracción XXV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 163 numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, y 169 del Reglamento del Senado de la República somete a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES II DEL ARTÍCULO 76 Y VII DEL ARTÍCULO 78 CONSTITUCIONALES a fin de establecer lineamientos y criterios específicos para regular el proceso de ratificación de nombramientos de agentes diplomáticos y cónsules generales en virtud de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El origen de la facultad de ratificar los nombramientos de ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales en el constitucionalismo mexicano tuvo su primera expresión en la Constitución de 1824 donde se estableció como una facultad del Presidente de la República la de “nombrar, con aprobación del Senado a los enviados diplomáticos y cónsules”. Esta norma dejó atrás el artículo 104 de la Constitución de Apatzingán que, de hecho, le otorgaba la facultad de efectuar esos nombramientos al propio Congreso de la Unión. En efecto el artículo referido de la Constitución de Apatzingán dispuso que “el Congreso nombra a los ministros públicos que, con el carácter de embajadores plenipotenciarios, u otra representación diplomática, hayan de enviarse a las demás naciones.” La Constitución de 1857 estableció, por su parte, que el Congreso, de carácter unicameral pues el Senado había sido suprimido, estaba facultado “para ratificar los nombramientos que haga el Ejecutivo de los ministros, agentes diplomáticos y cónsules” mientras que el Presidente lo estaba para efectuar esos nombramientos.

No sería sino hasta la Constitución de 1917 que se restableció esta facultad como exclusiva del Senado de la República para la ratificación de “los nombramientos que el Presidente de la República haga de ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales en los términos que la ley disponga”. En su momento esta disposición recibió una clarificación importante cuando la Ley del Servicio Exterior Mexicano, originalmente publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1994, dispuso en su artículo 23 que “las designaciones de jefes de misiones diplomáticas permanentes ante Estados y organismos internacionales, de Embajadores Especiales y de Cónsules Generales serán sometidas a la ratificación del Senado de la República o, en sus recesos, de la Comisión Permanente, según lo disponen las fracciones II, VII y III  de los artículos 76, 78 y 89 respectivamente, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” y que “sin este requisito, la persona designada no podrá tomar posesión de su cargo.”

El 29 de marzo de 2011, un grupo de Senadores integrantes de los tres partidos con mayor representación durante la LXI Legislatura, los entonces Senadores Rosario Green Macías, Carlos Jiménez Macías, Rosalinda López Hernández, Rubén Camarillo y Jaime Rafael Díaz Ochoa, presentaron ante el Pleno una iniciativa con proyecto de Decreto de Ley Reglamentaria de las fracciones II del artículo 76 y VII del artículo 78 constitucionales en lo relativo a la ratificación de agentes diplomáticos y cónsules generales. El 15 de noviembre de 2011 la iniciativa, dictaminada a favor por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Estudios Legislativos, fue aprobada por el pleno del Senado por unanimidad de votos y enviada, en términos del apartado A del artículo 72 constitucional, a la Cámara de Diputados como Cámara revisora donde fue desechada definitivamente el 3 de febrero de 2016.

La Iniciativa tenía como propósito esencial dar respaldo procesal a la facultad constitucional del Senado para ratificar dichos nombramientos robusteciendo y dando certidumbre jurídica a una serie de normas consuetudinarias que se observan prácticamente desde el 22 de diciembre de 1982 cuando los Senadores integrantes de la LII Legislatura aprobaron un acuerdo destinado a establecer “requisitos previos a la dictaminación que las Comisiones del Senado hagan para el caso de nombramientos de funcionarios diplomáticos sujetos a ratificación”. En aquel acuerdo se establecían los criterios mínimos a fin de que, por ejemplo, las Comisiones contaran con una copia del expediente personal y de servicio de la persona propuesta y que en caso de que no tuviera antecedentes en el Servicio Exterior se solicitarían todos aquellos elementos que hicieran posible el conocimiento de sus antecedentes. El acuerdo es además el primer documento formal en donde se prevé que “las Comisiones Dictaminadoras podrán invitar a la persona propuesta a sostener una entrevista que agregue mayores elementos de juicio para la elaboración del dictamen”.

La iniciativa justificaba que a prácticamente tres décadas del establecimiento de esta práctica parlamentaria, quedaba de manifiesto que no satisfacía las necesidades de un proceso de análisis y ratificación de los nombramientos riguroso y sistemático y que, al contrario, dejaba abierta la posibilidad a grandes insuficiencias y a la necesidad de improvisar distintos aspectos del mismo ante la falta de un criterio formal y objetivo     para celebrar, por ejemplo, las comparecencias. Pero más allá de sólo subsanar la inexistencia del ordenamiento específico, según sus proponentes la Iniciativa tenía también por propósito “dar al Legislativo los elementos jurídicos necesarios y suficientes para dar cumplimiento sólidamente fundamentado a una de sus más altas responsabilidades, consistente en avalar la representación del Estado mexicano en el exterior”.

Sin duda, es prácticamente imposible no coincidir con las premisas de esta iniciativa, con el diagnóstico de la situación que en su momento presentó y con los elementos básicos de esta propuesta. Hoy día distintos hechos alrededor del nombramiento y la ratificación de Embajadores y Cónsules, algunos de ellos con escasa o nula experiencia diplomática, con una reputación cuestionada en relación con su desempeño previo en posiciones semejantes o bien provenientes de otras actividades ajenas y distantes al terreno diplomático y consular sin que queden claras sus capacidades en esta área, apuntan a favorecer la interpretación de que el esfuerzo regulatorio de estos procesos resulta impostergable. Son varias las preocupaciones convergentes entre la exposición de motivos de la iniciativa del 2011 y la situación actual. Desde entonces se señalaba la necesidad de que, con fuerza de ley, se contara con una guía específica y criterios definidos, públicos y transparentes, para dar cumplimiento a una de las más altas responsabilidades del Senado Mexicano y a fin de garantizar que las representaciones del Estado Mexicano en el exterior fueran ocupadas por personas que por su formación, experiencia y capacidades resultaran idóneas.

Especialmente la preocupación en relación con los nombramientos políticos a cargos diplomáticos y consulares es tan vigente el día de hoy como lo fue en la LXI Legislatura. En la exposición de motivos de la iniciativa de 2011 se recuerda la  necesidad de observar lo que establece el artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano en el sentido de que “Sin perjuicio de lo que dispone la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la designación de Embajadores y Cónsules Generales la hará el Presidente de la República, preferentemente entre los funcionarios de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático-consular”. De acuerdo con José Ramón Cossío y Gabriela Rodríguez Huerta, el alcance de la expresión “preferentemente” implica al menos dos sentidos: “uno, de carácter cuantitativo, donde la mayoría de los designados por el Presidente debieran ser funcionarios de carrera y otro, cualitativo, donde las designaciones efectuadas por el Presidente tengan que hacerse de entre personas de las carrera, de modo que cuando quiera hacerse respecto de una externa, se aduzcan motivos explícitos y razonables”.1 En consecuencia, estos autores argumentan que la interpretación correcta de esta disposición entraña que cuando el Presidente “quiera nombrar a una persona a cualquiera de los dos cargos apuntados, habrá de hacerlo de entre el personal de carrera y cuando quiera hacerlo respecto de alguien que no pertenezca a ella, deberá aducir razones puntuales, mismas que deberán girar en torno a las cualidades específicas del designado, la naturaleza de las funciones diplomáticas o consulares que hayan de asignársele, o la falta de disponibilidad de personas idóneas dentro de la carrera, por ejemplo”. En todos casos, sin embargo, Cossío y Rodríguez afirman que “estos criterios deberán ser explicitados pues es precisamente a partir de ellos que el Senado habrá de realizar su labor de verificación o rechazo”.2

En efecto, la tendencia de las últimas administraciones federales del país ha sido la de reducir de manera consistente los nombramientos políticos de Embajadores y Cónsules que no pertenecen al Servicio Exterior Mexicano. Mientras el gobierno de Carlos Salinas de Gortari presentó a la aprobación del Senado 54 nombramientos políticos (43%) durante su sexenio, Ernesto Zedillo solamente 44 (39%), Vicente Fox Quesada 31 (25%) y Felipe Calderón Hinojosa 24 (23%); en lo que va de la administración del presidente Peña Nieto van ya 23 y se pretende que con nombramientos de reciente ingreso al Senado se conviertan ya en 29 (34%). Lo mismo ocurre con nombramientos de carácter político para ocupar Consulados Generales toda vez que mientras en el sexenio de Vicente Fox Quesada se enviaron 19 nombramientos políticos al Senado (30%) para estas posiciones y la administración de Felipe Calderón Hinojosa hizo lo propio con 16 (36%), en lo que va del sexenio del presidente Peña Nieto, contando los nombramientos recientemente enviados al Senado, serían ya 14 (41%) frente a apenas 20 designados como Cónsules Generales provenientes del Servicio Exterior Mexicano.

De ahí que en función de estas consideraciones propongo recuperar buena parte de   esta iniciativa incorporando nuevos elementos a partir de las mejores prácticas en materia de apertura gubernamental y parlamentaria, y bajo el contexto de obligaciones cada vez mayores para las instituciones del Estado Mexicano en términos de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información pública. Conviene recordar que si bien la facultad del Senado en este respecto es de ejercicio obligatorio, también lo es de carácter potestativo en la determinación del contenido. Es decir, como bien apuntan Cossío y Rodríguez, puede determinar si aprueba o no el nombramiento a partir de una gama muy variada de elementos que, necesariamente, deben verse reflejados en su dictamen. Así por ejemplo, “puede considerar inadecuados los antecedentes de la persona designada; estimar que no cuenta con los atributos personales para desempeñar las funciones que pretenden encomendársele o suponer que no es la persona idónea, por ejemplo”.3

Precisamente a estas necesidades responde esta Iniciativa que, si bien recupera algunos contenidos de la propuesta originalmente presentada en 2011, se ocupa también de algunos aspectos que aquella dejaba sin abordar. En específico, entre los requisitos documentales a presentar, se busca cubrir la necesidad de contar con un documento de motivación del nombramiento a fin de que el Ejecutivo Federal explique las razones fundamentales para considerar al designado merecedor del cargo, la de que el designado presente también una Declaración de Intereses -esencial para determinar de antemano potenciales áreas conflictivas en donde deberá abstenerse de participar, votar, o tomar decisiones- así como un Informe relativo a la situación general en que se encuentra la Embajada, Consulado General o representación permanente que eventualmente el designado deja de ocupar a fin de obtener más información sobre su desempeño anterior en el caso de miembros del Servicio Exterior o de designados con previas responsabilidades diplomáticas o consulares.

Igualmente se establecen criterios y parámetros de evaluación del designado durante las comparecencias lo mismo que se dispone la posibilidad de que a las mismas concurran, a invitación de las Comisiones Legislativas, expertos, académicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y ex diplomáticos para acompañar los procesos de evaluación. También se establecen dos obligaciones adicionales de los designados merecedores de un dictamen aprobatorio quienes, al término de las comparecencias, deberán efectuar dos compromisos públicos en el sentido de entregar informes anuales al Senado de la República sobre la manera en que se ha dado cumplimiento al Plan de Trabajo presentado y a los criterios generales de política exterior establecidos por el Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo lo mismo que el de mantener actualizadas las páginas electrónicas de sus respectivas Embajadas o Consulados con la información que se considera fundamental de acuerdo con las mejores prácticas en materia de gobierno abierto.

Para la presentación de esta Iniciativa se consideró también fundamental recuperar la esencia del ejercicio de las facultades correspondientes al Senado de la República para ratificar nombramientos de Embajadores y Cónsules como precisamente el mecanismo a través del cual una designación de uno de los Poderes de la Federación termina obteniendo la legitimidad suficiente para ser un auténtico nombramiento de Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES II DEL ARTÍCULO 76 Y VII DEL ARTÍCULO 78 CONSTITUCIONALES QUE NORMA EL PROCESO DE RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS DE AGENTES DIPLOMÁTICOS Y CÓNSULES GENERALES

Artículo 1.- La presente Ley Reglamentaria de las fracciones II del artículo 76 y VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene por objeto el de regular el proceso de ratificación por parte del Senado, o bien de la Comisión Permanente, de agentes diplomáticos y cónsules generales nombrados por el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Artículo 2.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

I. México.- Los Estados Unidos Mexicanos;

II. Senado.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión;

III. Secretaría.- La Secretaría de Relaciones Exteriores;

IV. Comisión Permanente.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión;

V. Presidente.- El titular del Poder Ejecutivo Federal;

VI. Nombramiento.- El nombramiento de agente diplomático o cónsul general expedido por el Presidente;

VII. Designado.- La persona nombrada por el Presidente para fungir como Embajador, Cónsul General o Representante Permanente en representación del Estado Mexicano;

VIII. Embajada.- La representación permanente del Estado Mexicano ante el gobierno de otro país.

IX. Consulado General.- La oficina consular a cargo de un funcionario, generalmente con categoría de cónsul general, de la cual dependen los consulados y agencias consulares que se localicen en su circunscripción y que desempeñan las funciones establecidas en la fracción XV del artículo 1-BIS de la Ley del Servicio Exterior Mexicano;

X. Misión Permanente.- La representación del Estado Mexicano ante organismos internacionales;

XI. Embajador.- El agente diplomático mexicano que con esa categoría se encuentra a cargo de una Embajada o misión diplomática;

XII. Cónsul General.- El funcionario consular mexicano que con esa categoría se encuentra a cargo de un consulado general;

XIII. Embajador de representación múltiple.- El Embajador acreditado por el Estado Mexicano ante dos o más Estados;

XIV. Representante permanente.- La persona encargada por el Estado Mexicano de actuar como jefe de una misión permanente;

XV. Asentimiento.- La autorización concedida, por el Estado receptor, para que una persona pueda ser acreditada como Embajador de México.

XVI. Exequátur.- La autorización concedida, por el Estado receptor, para que una persona pueda ser admitida en el ejercicio de sus funciones como Cónsul General de México.

Artículo 3.- Una vez expedido el nombramiento realizado por el Presidente, conforme a la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 constitucional, la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, deberá remitirlo al Senado o, en su caso, a la Comisión Permanente, para los efectos constitucionales de las fracciones II del artículo 76 y VII del artículo 78 acompañado de manera invariable de los siguientes documentos a saber:

a) Copia del nombramiento;

b) Copia del asentimiento o exequátur concedido por el país sede de la Embajada o Consulado General de que se trate;

c) Perfil biográfico del designado y los documentos probatorios que acrediten que el designado cumple con los requisitos establecidos para ello por el artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Si no hubiere antecedentes en el Servicio Exterior, la Secretaría deberá aportar los mayores elementos que hagan posible el conocimiento de sus antecedentes y capacidades;

d) Motivación del nombramiento, signado por el Presidente de la República, en razón de la idoneidad de la experiencia, capacidades o formación del designado para tareas en general y en específico a desarrollar;

e) Informe relativo a la situación general en que se encuentra la Embajada, Consulado General o representación permanente a ocupar y, en su caso, de la Embajada o Consulado o representación permanente que el designado deja vacante;

f) Plan de Trabajo que el designado se propone realizar estableciendo, en donde corresponda, la manera en que se orientará bajo los principios del artículo 2 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano;

g) Informe de la Secretaría sobre las características generales del estado, la circunscripción consular o la representación al organismo u organismos de los que se trate, y

h) Declaración de Intereses del designado.

Artículo 4.- La carencia de la documentación referida en el artículo anterior constituirá un impedimento para que los nombramientos de agentes diplomáticos y consulares puedan ser analizados en el Senado o, en su caso, en la Comisión Permanente, por lo que el plazo para el dictamen correspondiente empezará a computarse a partir de la recepción de la totalidad de dicha documentación.

Artículo 5. En el caso de los designados Embajadores de representación múltiple, la Secretaría de Gobernación podrá someter a consideración del Senado o, en su caso, de la Comisión Permanente, la ratificación de su nombramiento desde el momento en que se reciba el asentimiento del Estado sede de la Embajada Mexicana; con la obligación de la Secretaría de Relaciones Exteriores de remitir posteriormente, cuando se cuente con ellos, copias de los asentimientos que en su momento otorguen los Estados en donde el Embajador tenga concurrencia.

Artículo 6.- En el Senado el análisis de la ratificación de nombramientos de agentes diplomáticos y cónsules generales que haga el Presidente será encomendado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores regionales o temáticas que correspondan al ámbito de la adscripción. En el caso de la Comisión Permanente, dicho trámite se encomendará a la Comisión en la que se ubique la atención a la materia de las relaciones exteriores, conforme al artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 7.- Mientras dure el proceso de ratificación, los referidos cuerpos legislativos tendrán la obligación de publicar en las plataformas electrónicas a su disposición el perfil biográfico de cada designado, la motivación del nombramiento y su Plan de Trabajo de entre los requisitos documentales exigidos en el artículo 3 de este ordenamiento.

Artículo 8.- Las Comisiones Legislativas que correspondan, o en su caso, de la Comisión Permanente, citarán a comparecer ante ellas a los designados con el fin de dictaminar sobre la procedencia de ratificar el nombramiento que les ha sido conferido.

Dichas comparecencias gozarán de la mayor publicidad y difusión contando, siempre que sea posible, con transmisión en vivo o bien diferida en el Canal del Congreso y otras tecnologías de difusión como transmisiones en línea.

Artículo 9.- Durante las comparecencias a las que hace referencia el artículo 8 de este ordenamiento, los integrantes de las Comisiones Legislativas competentes adoptarán como parámetros de la evaluación del designado los siguientes: a) Valoración sobre el grado en que el designado cumple con los requisitos establecidos por el artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano; b) Evaluación de su desempeño en responsabilidades previas vinculadas, asociadas o relacionadas directa o indirectamente con la tarea diplomática o consular de que se trate; c) Estimación de la compatibilidad entre el perfil profesional y académico con los que se considera son los atributos y necesidades indispensables para la representación de que se trate y en función de los temas prioritarios del Plan de Trabajo presentado; d) Apreciación sobre el conocimiento y el interés específico en los temas, países, regiones, agendas, asuntos o problemas principales que entraña la relación de México con la adscripción o representación de que se trate y e) Evaluación en materia de integridad, honestidad y responsable desempeño de la función pública cuando resulte aplicable.

Artículo 10.- Las Comisiones Legislativas competentes podrán invitar a expertos, académicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y ex diplomáticos para acompañar estos procesos de evaluación.

Artículo 11.- Al término de las comparecencias a las que hace referencia el artículo 8 de este ordenamiento, los designados deberán comprometerse ante las Comisiones Legislativas competentes a realizar, en caso de ser aprobado su nombramiento, cuando menos las siguientes acciones:

a) Entregar informes anuales al Senado de la República sobre la manera en que se ha dado cumplimiento al Plan de Trabajo presentado y a los criterios generales de política exterior establecidos por el Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo y;

b) Mantener actualizadas las páginas electrónicas de sus respectivas Embajadas o Consulados en estricto apego a la agenda de Gobierno Abierto con información accesible, completa y correctamente clasificada sobre, como mínimo, los distintos aspectos de la relación bilateral o multilateral de que se trate, el Plan de Trabajo del Embajador o Cónsul, los Informes anuales presentados al Senado de la República, las principales acciones instrumentadas, las reuniones de trabajo, los principales temas que conforman la agenda de la representación diplomática o consular, los proyectos desarrollados en relación con éstos y los instrumentos jurídicos vigentes que norman la relación bilateral o multilateral de que se trate.

En caso de que los funcionarios designados incumplan con alguno de estos dos compromisos, las Comisiones Legislativas competentes podrán citar en cualquier momento al funcionario para que explique las razones de su omisión.  

Artículo 12.- Las Comisiones Legislativas competentes del Senado, o en su caso de la Comisión Permanente, deberán emitir sus dictámenes dentro de un plazo no mayor a 30 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la recepción de la totalidad de la documentación a la que se refiere el artículo 3º del presente ordenamiento, en complemento del turno de los nombramientos efectuados por el Presidente. Cuando la trascendencia o complejidad del dictamen, o en su caso, la petición fundada y motivada de las Comisiones Dictaminadoras lo amerite, podrán disponer de un plazo mayor al establecido en el presente artículo, autorizado por la Mesa Directiva.

Artículo 13.- El dictamen de las Comisiones Legislativas competentes del Senado o, en su caso, de la Comisión Permanente, será sometido a la consideración del pleno del cuerpo legislativo correspondiente para su votación.

Artículo 14.- Los designados que sean ratificados mediante la votación del pleno del cuerpo legislativo correspondiente, deberán rendir la protesta de ley establecida por el artículo 128 constitucional antes de tomar posesión de su cargo.

Artículo 15. Para asegurar el debido seguimiento del desempeño de los agentes diplomáticos y cónsules generales ratificados por la Comisión Permanente, ésta deberá remitir una copia del expediente de cada caso al Senado.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 29 de marzo de 2016.

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Gabriela Cuevas Barrón.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz

1 José Ramón Cossío D. y Gabriela Rodríguez Huerta, El Senado de la República y las relaciones exteriores, México, Porrúa- Senado de la República-ITAM, 2003, pp. 243-244.

2 Idem.

3 Ibid, p. 248.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Rojas Hernández.

Senadora Dolores Padierna Luna, ¿con qué objeto?

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Preguntarle a la Senadora Laura Rojas, si me permite suscribir esta iniciativa, que en efecto es muy importante.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muy bien. Pido a quienes quieran sumarse a esta adhesión, levanten la mano para que la Secretaría tome nota por favor. Muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos.





 

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Cultura.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE CULTURA

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y de los Senadores José de Jesús Santana García, Luis Humberto Fernández Fuentes, Luz María Beristain Navarrete, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Alejandra Roldán Benítez, Fidel Demédicis Hidalgo y Fernando Enrique Mayans Canabal)

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

Estamos presentando para que sea turnada a las comisiones para su revisión, estudio y eventual dictaminación, una Iniciativa Ciudadana de Ley General de Cultura.

Tenemos que decir quienes signamos esta iniciativa que, no es de nuestro autoría, es una iniciativa eminentemente diseñada a partir de la experiencia del compromiso de años y años de trabajo por parte de un grupo de trabajadoras y trabajadores de la cultura, encabezados por Arturo Saucedo, que además de haber sido el coordinador de este importante proyecto, finalmente también fue el redactor de la propia iniciativa.

Tengo que mencionar de manera muy breve el apoyo de algunas personalidades que apoyan esta iniciativa, en Gaudencio Mejía, Angélica Lugo, Carlos Becerra, Mari Carmen Trejo, Daniel Velázquez, Nidia Morales, Enoc de Santiago, Evelio Álvarez, Jorge Guerrero, Alberto García, David Fernández, Lilia Millán, Lourdes Quijano, Guadalupe Moreno, entre otras.

¿Qué es lo que plantea esta iniciativa? Desde el enfoque de estos especialistas, en primerísimo lugar, han seguido esta dinámica de constitucionalidad a partir de que queda inscrito en el Diario Oficial de la Federación en abril de 2009, la reforma al artículo 4o. de nuestra Constitución, donde se establece que toda persona tiene derecho el acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales.

No fue sino hasta el 11 de julio de 2011, en donde ya la configuración de los derechos humanos queda inscrita en nuestra Constitución y tengo que decirlo de manera clara, los derechos culturales forman parte de este gran espectro construido universalmente de los derechos humanos; de tal manera que después de la reforma del 15 de diciembre de 2015, donde se define la Ley Orgánica de la Administración Pública la configuración de la Secretaría de la Cultura, tanto estos trabajadores, estos expertos en derechos humanos de la cultura, como nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué no el Congreso de la Unión tomaba ya en sus manos el mandato de la Constitución General en esta materia?

Empezamos por la definición de una Secretaría de la Cultura, pero seguía el espacio pendiente, este quehacer necesario, indispensable que el Congreso de la Unión tiene que dictaminar para tener una Ley de la Cultura. Desde el enfoque de estos diversos especialistas, quiero mencionar que establecen en este marco jurídico en materia de cultura, en primer lugar, las acciones para ejercer y defender los derechos culturales. En segundo, desarrollar la investigación, el conocimiento y además la defensa de nuestro patrimonio cultural.

También establecen las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre el Ejecutivo Federal, la Ciudad de México y los estados de la República, junto con los municipios.

Por supuesto, también establece de manera preponderante la participación de los sectores social y privado, además define las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional en materia cultural; determina los mecanismos para el resguardo del patrimonio cultural, material, artístico, histórico y arqueológico. También promueve el ejercicio efectivo y respeto de los derechos culturales, así como el acceso a los mismos.

De igual forma establece que los bienes y servicios que presta el Estado forman parte de este conglomerado de cometidos definidos en esta iniciativa.

Debo destacar, que se promueve el desarrollo social, económico y cultural de las comunidades culturales creativas, algo que nosotros destacamos como una cuestión fundamental para lograr la construcción de todo un conglomerado que garantice el ejercicio pleno de los derechos culturales de nuestro país sin ningún tipo de discriminación, pero además desde un enfoque integral.

También es necesario enfatizar que fomenta la participación de los sectores social y privado en el diseño, en la elaboración e implementación de las políticas culturales, así como cualquier manifestación cultural.

Y finalmente, eleva los alcances de la cultura como motor económico y, además, para lograr que se incremente el papel del desarrollo social y económico de todas las y los mexicanos.

Por lo tanto, nos parece muy relevante que hoy en el Senado de la República le demos curso a esta Iniciativa Ciudadana de Ley General de Cultura para que junto con la Cámara de Diputados, podamos concretar el mandato constitucional y pronto tenga materia la que ya prácticamente es una realidad funcionando, que es la Secretaría de la Cultura.

Quiero felicitar a quienes están acompañándonos acá, representando a esos trabajadores y trabajadoras de la cultura y, por supuesto, muchas gracias por permitirnos a este grupo de Senadoras y Senadores de todos los grupos parlamentarios presentar su Iniciativa Ciudadana.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

Iniciativa

Quienes suscriben, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA, LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, ALEJANDRA ROLDAN BENÍTEZ, FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO y FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, Senadoras y Senadores de la República a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos los artículos 71, fracción II y 73 fracción, XXIX-Ñ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en lo previsto por los artículos 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 164, numeral 1 y 165 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE CULTURA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Al publicarse el Decreto por el que se integran los Derechos Culturales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 30 de abril de 2009, misma que reforma con un párrafo el artículo 4o. y el artículo 73 con una fracción XXIX-Ñ, quedó establecido el principio Constitucional, por el que podía desarrollarse una nueva arquitectónica legislativa en materia cultural. A esto se debe que se hayan presentado diversas propuestas legislativas en materia de cultura, entre las que destaca  el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura” Sin duda alguna, con la creación de la Secretaría de Cultura a nivel federal se ha dado un gran paso enorme en la constitución de un sector específico para la cultura, con lo que consecuentemente, se podrán establecer las prioridades presupuestales, de políticas públicas, financieras y legislativas. Esta propuesta considera el mencionado Decreto con fundamental en su contenido, en su discusión y en su aplicación.

Hemos iniciado nueva etapa en el marco normativo para la cultura, para el desarrollo de políticas culturales de Estado, para la constitución de un sector cultural y para la concepción y fundamentación de una institución con facultades plenas pueda coordinar a las instituciones culturales federales, establecer convenios, programas y políticas de fomento cultural con las instituciones culturales municipales y estatales; además de vincularse con las demás secretarías del sector público, sin perder su objetivos prioritarios y sus funciones propias. Mención aparte merece la vertebración de esta Secretaría por medio de los derechos culturales, lo cual abona en el proceso de democratización de nuestro país, particularmente en los mecanismos de participación sociales en el diseño, discusión, rectificación y cambio de las políticas culturales.

Una de las más profundas transformaciones de nuestro país en el siglo XX ha sido la pugna por la construcción de una sociedad abierta y su democratización. Esto explica en gran medida la razón de los movimientos sociales y culturales: desde la Revolución Mexicana, hasta el movimiento estudiantil de 1968; desde el vasconcelismo educativo y su búsqueda de democratización en 1929, hasta las Reformas electorales de 1977 a 2007; desde la construcción de un estado laico, hasta el logro de la autonomía de las universidades; desde la garantía de libertades fundamentales hasta el enriquecimiento del catálogo de los derechos humanos en la Constitución. 

El Estado mexicano en la posrevolución se configuró como guardián de una sociedad cerrada, obsesionada con su percepción interna. Para tal efecto, el partido único creó dos modalidades de burocracia: una burocracia de administradores y tecnócratas que impulsaron la modernización económica, mientras cerraban la puerta a las demandas de apertura política y democrática; otra burocracia con oficio político que operaba las diferentes modalidades de acuerdo. En esta simbiosis la sociedad se encuentra obligada a someterse a un proceso de modernización parcial, y a esta simbiosis que ejerce el control autoritario de la sociedad, surge una nueva imagen del oficio político con un discurso de filantropía: se inventa un pasado remoto del que todos nos sentimos orgullosos para invalidar un presente en el que los grupos sociales exijan el respeto de sus derechos. Este momento fue lúcidamente analizado por Octavio Paz en El Ogro Filantrópico.1

Si bien, como veremos, este Estado que configuró una sociedad cerrada, tuvo a bien desarrollar la legislación para proteger el patrimonio cultural material, dejó de lado el patrimonio cultural inmaterial  y los derechos de las personas. Es por esto, que señalamos que la cultura y la legislación cultural han impulsado la transformación social y la modernización de las instituciones políticas y culturales y que lograr el establecimiento de los Derechos Culturales abre una nueva era en el diseño de las políticas culturales centradas en las necesidades de las comunidades de creadores, de trabajadores de la cultura, de públicos, de estudiantes: de las personas que crean, laboran y se forman en la cultura.

Hemos de considerar la enorme riqueza de México en su patrimonio cultural que los ubican como el país más rico en el Continente Americano y una de las 10 potencias culturales en el mundo. En cuanto la creación de movimientos y tendencias, hay que considerar que pese a la falta de continuidad de las políticas públicas, pese a que de gobierno a gobierno cambian las prioridades, los programas y las políticas culturales, a que en suma, no hayamos logrado establecer políticas culturales de Estado, las comunidades creativas siguen desarrollando nuevas tendencias, nuevos movimientos, nuevos intérpretes: México sigue destacando en el cine, la música, el teatro, la poesía, la literatura, el arte, etc. Pese, incluso, a que el financiamiento de las instituciones culturales disminuya y a que la legislación cultural se haya rezagado algunas décadas, México sigue siendo un país con una enorme riqueza cultural y un gran dinamismo creativo.

Algunas de las disposiciones legales producto de convenios y tratados internacionales suscritos por el Ejecutivo federal y ratificados por el Senado de la República no se encuentran en la legislación vigente, al grado de que el derecho a la cultura no se logró establecer en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta el 30 de abril de 2009. La falta de políticas culturales de Estado reducen los alcances de la cultura como motor económico y factor de la transformación y modernización política y social de nuestro país.

Diferentes especialistas han señalado la necesidad de integrar en un nuevo marco jurídico las disposiciones relativas a la cultura para consolidar un sector cultural, con funciones y facultades propias para sus instituciones. No sólo a la protección de los bienes materiales y monumentos y zonas, sino muchas otras vertientes de la cultura, como los derechos culturales, el derecho autoral, los delitos patrimoniales, la protección del patrimonio cultural inmaterial, además de la promoción y fomento de las industrias creativas. Lo que tenemos en la política real es un abrumador y poco eficiente conjunto de disposiciones legislativas, para Entidades Federativas y Municipios sin que podamos articular los diferentes niveles de gobierno, con mecanismos de participación en las políticas públicas en materia de cultura.

En la historia reciente de México, en el periodo de la posrevolución mexicana, se desarrollaron diferentes movimientos político-culturales, el más identificable por sus alcances e influencia fue el vasconcelismo. El pacto social educativo-cultural emprendido por José Vasconcelos y los intelectuales formados bajo su tutela puede constatarse aún en instituciones como la Secretaría de Educación Pública y en algunas vertientes de la política cultural que se siguió hasta fechas recientes. Aunque Vasconcelos no culminó su proyecto porque ocupó el cargo de rector de 1920 a 1921 y de Secretario de Educación Pública de 1921 a 1924, formó cuadros de intelectuales en su mística, en su proyecto de reconstrucción nacional mediante la formación educativa y el desarrollo cultural como una fuente de renovación nacional. Son intelectuales humanistas como Xavier Villaurrutia, Salvador Novo, Julio Torri, Alfonso Reyes, José Gorostiza, y sobre todo, Jaime Torres Bodet2 fundador de la UNESCO y dos veces Secretario de Educación Pública, quienes culminarían el proyecto vasconcelista.

En 1934, para la apertura de la Sala principal y el Museo del Palacio de Bellas Artes, José Gorostiza incluye en el informe de terminación de las obras de construcción, una Ley Orgánica para la creación de un Instituto Nacional de Bellas Artes3. Como sabemos, el Instituto Nacional de Bellas Artes se fundará tiempo después durante el gobierno de Miguel Alemán el 1 de diciembre de 1946. Pero las aportaciones de José Gorostiza no se limitaron en esta importante propuesta legislativa, a él le corresponde diseñar la política exterior mexicana, ya como Subsecretario de Relaciones Exteriores de 1958-1963 y como Secretario de Relaciones Exteriores en 1964 y establecer los principios de la diplomacia mexicana, con el especial énfasis en la promoción y fomento internacional de la cultura mexicana.

Por su parte, Jaime Torres Bodet4 quien creció bajo la tutela de José Vasconcelos, logra integrarse al servicio exterior mexicano, lo mismo que el, los sectores educativo y educativo. Él culmina el ideal vasconcelista con el Libro de Texto Gratuito, con la formación de la edición de una enorme biblioteca popular en la Secretaría de Educación Pública, pero sobre todo, es muy importante su aportación en la redacción vigente del artículo 3o. constitucional, además de la concepción que vincula de manera esencial la educación y la cultura. Por su gran experiencia en el servicio exterior y por representar a México en la ONU y en la UNESCO, logra integrar el desarrollo de las instituciones educativas, políticas y culturales con las convenciones internacionales de la posguerra.

“Pero el mayor problema quedaba por resolver. Era apremiante redactar sin demora un texto nuevo para el artículo tercero de la Constitución Política del país. Las ideas fundamentales de la posible reforma habían sido discutidas por mí con el presidente Ávila Camacho, desde el verano de 1944.”5

Estos grandes humanistas logran construir el marco normativo junto con el diseño de las instituciones modernas que custodiarán y reguardarán el enorme patrimonio cultural de México y constituirán el imaginario simbólico en el juego de las identidades culturales. El Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1936 y el Instituto Nacional de Bellas Artes en 1946, son los pilares de esta política cultural que tanto reconocimiento internacional le brindó a México. Ambas instituciones federales necesitaron un fundamento constitucional para poder definir sus facultades, funciones y ámbito propio, así como su personalidad jurídica. Esto se plasmó en las diferentes reformas al artículo 73 y en la adición de una fracción XXV.

El 18 de enero de 1934, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 73 constitucional con una fracción XXV, para quedar en los siguientes términos:

“XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones.”

Ocho años después, se aprueba una “Nueva Ley de Educación Pública” en 1942, reglamentaria de la fracción XXV del artículo 73, que representa la base de una ley federal sobre protección y conservación de los monumentos arqueológicos, por establecer en su artículo 6o. la alusión a la facultad del Estado en relación a los museos arqueológicos e históricos, en forma tal que se define como una facultad exclusiva de la federación.

El artículo 73, fracción XXV, todavía tendrá dos reformas más, una de ellas propuestas por los entonces Diputados: Antonio Castro Leal, ateneísta de la generación de Vasconcelos y el gran escritor oaxaqueño Andrés Henestrosa. Fue finalmente publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1966, para quedar como sigue:

XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la república escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la federación, los estados y los municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la república. Los títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República.”

El proceso de desarrollo de Leyes Federales de protección del patrimonio cultural comienzan con la Ley sobre protección y conservación de monumentos del 19 de enero de 1934 y culmina con la propuesta y aprobación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, la cual define por primera vez los lineamientos de protección y resguardo del patrimonio cultural, así como las facultades y funciones de los Institutos Federales: Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes.

La prioridad del Estado mexicano en todo este proceso es  configurar una política cultural centrada en la protección, resguardo, investigación del patrimonio cultural material: arqueológico, artístico, histórico, con fundamento en la definición de monumento, zonas y elaboración de poligonales de protección, de manera acorde con las definiciones de convenciones internacionales que culminarán en 1972 con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas, Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Esta política cultural identificó a México en el mundo y dio a conocer el enorme patrimonio cultural de nuestra nación y configuró diferentes definiciones de identidad cultural con fundamento en un proyecto nacionalista pero con proyección universal.

Sin embargo, aunque México se adhirió, firmó y ratificó diferentes tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos y derechos económicos, sociales y culturales como La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966; la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1966, la cual se pronuncia por el respeto irrestricto de los Estados adherentes a:

Artículo 15

“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:

a) Participar en la vida cultural;

b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

México participa de la reunión sobre derechos culturales celebrada en la oficina central de la UNESCO en julio de 1968 en esta reunión se declara:

“Los derechos a la cultura incluyen la posibilidad de cada hombre de obtener los medios para desarrollar su personalidad a través de su participación directa en la defensa de los valores humanos y de llegar a ser de esta forma responsable de su situación bien a escala nacional o mundial”.

Pese a las convenciones signadas y ratificadas y referidas líneas arriba, no se tuvo ninguna iniciativa de ley especial de cultura, ni de Reforma Constitucional desde 1972, hasta la Reforma Constitucional del 4o. y 73 fracción XXIX-Ñ inscrita en 2007 y aprobada el 30 de abril de 2009.

Sin embargo, nuestro país siguió firmando y ratificando convenciones, menciono especialmente la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO convención que México encabezó en 2005, la cual establece la índole económica y cultural de las actividades; propone una definición de los bienes y los servicios culturales, y propone su prioridad sobre las mercancías y la necesidad de sustraer esta convención a las limitantes de los acuerdos comerciales. De ahí que propone a las naciones que se adhieren a la convención a  crear un marco jurídico en que se defina la doble característica mencionada.

La Convención trata de:

1. Reafirmar el derecho soberano de los Estados en la elaboración de las políticas culturales;

2. Reconocer la naturaleza específica de los bienes y servicios culturales como vectores de transmisión de identidad, valores y sentido; y

3. Reforzar la cooperación y la solidaridad internacional con vistas a favorecer las expresiones culturales de todos los países.

Esta Convención de Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO de 2005, junto con la Convención de Protección del Patrimonio Mundial de 1972, relativa a la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural y la Convención de 2003 de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, son considerados los tres pilares de la protección del patrimonio cultural material e inmaterial. Sin embargo, sólo los contenidos de la Convención de 1972 de Patrimonio Mundial quedaron integrados a nuestro marco normativo. México había sido omiso en su obligación de elaborar el marco jurídico correspondiente para poder cumplir con sus obligaciones ante la comunidad internacional que se adhirió, signó y ratificó dichas convenciones.

No contamos con ninguna reforma constitucional o iniciativa de ley que plasmara en nuestro marco normativo vigente el contenido de las Convenciones, Tratados y Acuerdos Internacionales concernientes a los derechos culturales, la discusión sobre este asunto se abrió hasta que se fueron presentando y dictaminando los diferentes proyectos de iniciativas de leyes generales y federales de cultura desde 2004 hasta 20096. Fueron necesarios treinta y siete años para que se aprobara una nueva Reforma Constitucional en materia de cultura 43 años para que se aprobara el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura

La exposición de motivos de la Reforma Constitucional de los Derechos Culturales menciona una de las observaciones que hizo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para México, en su diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en nuestro país, en particular sobre el Derecho de Acceso a la cultura:

“De hecho, la Constitución no establece el principio general de acceso, participación y disfrute de los bienes y servicios culturales, las intervenciones en materia de cultura son aisladas entre sí y con las otras políticas públicas del Estado Mexicano, además de que no se prevé la participación sobre su usufructo, promoción, comercialización y repartición de beneficios.7

Se ha logrado subsanar esta observación con la aprobación de la Reforma constitucional de los Derechos Culturales en el artículo 4o., 73 fracción XXIX-Ñ. Sin embargo, aún es necesario hacer un esfuerzo en la ley reglamentaria de dicha Reforma Constitucional para hacer realidad la intención del legislador, expresada en la exposición de motivos de dicha Reforma Constitucional:

“Sin embargo, en el proceso de consolidación democrático, tratamos de dar a conocer este derecho, el derecho al acceso a la cultura y de los derechos culturales, como un nuevo humanismo; y al que asumir tal posición no significa otra cosa que la de exigir una cultura viva que no solamente pueda usufructuarse legítimamente por sus creadores, productores e investigadores, sino que en su afirmación se garantice el derecho de los más a tomar parte libremente de la vida cultural y de gozar de los beneficios que de ella resulten.”8

Y más adelante:

“Mientras no haya las disposiciones jurídicas correspondientes, como las políticas culturales de Estado, el capital cultural tan rico y diverso de nuestro país, se dilapidarán nuestros recursos y nuestro capital cultural, sin que se logre corresponder con las necesidades y aspiraciones de los pueblos y comunidades. Ante esto, los tratados, convenciones y legislación internacionales, representan una buena herramienta para desarrollar el proceso de transformación legislativa que permita la integración de la cultura, sin menoscabo de la integridad del patrimonio cultural, a diferentes estructuras de desarrollo social y económico. La diversificación de servicios por vía virtual u ofrecidos de manera directa, son una realidad, pero deben apoyarse, tanto en las políticas de financiamiento del Estado, como sumarse a la orientación general de su política    social.”9

Para el eficiente ejercicio de los derechos culturales, es necesario evitar que tengan sólo un significado y uso discursivo; que se limiten a simples referencias generales de la “buena voluntad” en informes de gobierno. Debemos insistir en definiciones como las que hacemos en el artículo 14 de esta ley:

“Artículo 14. Los derechos culturales, considerados como un derecho humano reconocido por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, comparten con éstos su calidad de universales, indivisibles, progresivos e interdependientes. Para su defensa y promoción se observarán los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

Precisamente, por estas consideraciones sobre los derechos cultuales es que proponemos que se dispongan de manera eficiente los mecanismos de defensa y promoción de los Derechos Humanos, provistos por el marco normativo vigente, así como de las instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Complementariamente proponemos la creación de Consejos Consultivos con participación de Comunidades de creadores, artistas, trabajadores de la cultura, estudiantes, artesanos, asociaciones civiles y públicos, con el fin de tener conocimiento del cumplimiento de esta ley en lo relativo a Derechos Culturales, así como de su derecho a ser informados por las autoridades de las instituciones culturales en relación a la elaboración de las políticas culturales, las diferentes evaluaciones con índices de gestión y las tomas de decisiones con fundamento en los diversos estudios del Sistema de Información Cultural, las encuestas de consumo y el Mapa de Inversión en la Infraestructura Cultural.

Por otro lado, hemos de insistir en hacer realidad los siguientes objetivos de la Ley General de Cultura: 

I. Establecer las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre el Ejecutivo Federal, Estados, la Ciudad de México y los Municipios, así como la participación de los sectores social y privado;

II. Establecer las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional en materia cultural;

III. Determinar los mecanismos para el resguardo del patrimonio cultural material, artístico, histórico y arqueológico con base en los criterios determinados por las leyes en la materia, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 73 fracción XXV;

IV. Promover el efectivo ejercicio y respeto de los derechos culturales, el acceso a los derechos culturales, así como a los bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural;

V. Facilitar a las personas con discapacidad las oportunidades necesarias para el uso y disfrute de las instalaciones destinadas a las expresiones culturales;

VI. Salvaguardar la igualdad de género en la instrumentación y aplicación de políticas de apoyo y fomento a la cultura;

VII. Promover el desarrollo social, económico y cultural de las comunidades culturales creativas, y de todos los grupos sociales mediante el desarrollo cultural;

VIII. Establecer las bases en la política cultural que estimulen la generación y desarrollo de las industrias creativas;

IX. Fomentar la participación de los sectores social y privado en el diseño, elaboración e implementación de las políticas culturales, así como en el acceso a cualquier manifestación cultural.

Además de no perder de vista los objetivos propuestos por el legislador que presenta en la exposición de motivos de la Reforma Constitucional de la que esta ley es reglamentaria:

1. El derecho a la libertad cultural.

2. El derecho al legítimo usufructo de los beneficios producto del trabajo cultural.

3. El derecho a participar en la vida cultural.

4. De gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones.

5. De beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Por todo lo mencionado, es necesario dar el siguiente paso en la presentación de una ley reglamentaria de la Reforma Constitucional del artículo 4o. párrafo 12 y el artículo 73 fracción XXIX, inciso Ñ. Las cuales a la letra dicen:

4o. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción XXV de este artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de participación de los sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo décimo segundo del artículo 4o. de esta Constitución

Reiteramos que esta iniciativa ciudadana viene a fortalecer el marco jurídico en materia de cultura, en las acciones para ejercer y defender los derechos culturales; en desarrollar la investigación, conocimiento y defensa de nuestro patrimonio cultural; establecer las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre el Ejecutivo Federal, Estados, la Ciudad de México y los Municipios, así como la participación de los sectores social y privado; definir las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional en materia cultural; determinar los mecanismos para el resguardo del patrimonio cultural material, artístico, histórico y arqueológico con base en los criterios determinados por las leyes en la materia, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 73 fracción XXV; promover el efectivo ejercicio y respeto de los derechos culturales, el acceso a los derechos culturales, así como a los bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural; VII. Promover el desarrollo social, económico y cultural de las comunidades culturales creativas, y de todos los grupos sociales mediante el desarrollo cultural; establecer las bases en la política cultural que estimulen la generación y desarrollo de las industrias creativas; fomentar la participación de los sectores social y privado en el diseño, elaboración e implementación de las políticas culturales, así como en el acceso a cualquier manifestación cultural; elevar los alcances de la cultura como motor económico e incrementar su papel en el desarrollo social y económico de todos los mexicanos.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Decreto por el que se expide la Ley General de Cultura

Artículo Único. Se expide la Ley General de Cultura.

LEY GENERAL DE CULTURA

TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO I
De las Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en toda la República en materia de derechos culturales; derechos indígenas y de resguardo del patrimonio cultural inmaterial, artístico, histórico y arqueológico, correspondiendo su aplicación en forma concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Cultura, y en el ámbito de sus respectivas competencias a las dependencias, entidades paraestatales, organismos descentralizados y órganos administrativos desconcentrados de la Administración Pública Federal, así como a los Estados, la Ciudad de México y los Municipios.

La interpretación en el ámbito administrativo, corresponderá al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Cultura.

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:

I. Establecer las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre el Ejecutivo Federal, Estados, la Ciudad de México y los Municipios, así como la participación de los sectores social y privado;

II. Establecer las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional en materia cultural;

III. Determinar los mecanismos para el resguardo del patrimonio cultural material, artístico, histórico y arqueológico con base en los criterios determinados por las leyes en la materia, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 73 fracción XXV;

IV. Promover el efectivo ejercicio y respeto de los derechos culturales, el acceso a los derechos culturales, así como a los bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural;

V. Facilitar a las personas con discapacidad las oportunidades necesarias para el uso y disfrute de las instalaciones destinadas a las expresiones culturales;

VI. Salvaguardar la igualdad de género en la instrumentación y aplicación de políticas de apoyo y fomento a la cultura;

VII. Promover el desarrollo social, económico y cultural de las comunidades culturales creativas, y de todos los grupos sociales mediante el desarrollo cultural;

VIII. Establecer las bases en la política cultural que estimulen la generación y desarrollo de las industrias creativas;

IX. Fomentar la participación de los sectores social y privado en el diseño, elaboración e implementación de las políticas culturales, así como en el acceso a cualquier manifestación cultural.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Actividades culturales:

II. Cultura: es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. En sus diversas manifestaciones, la cultura es fundamental en la búsqueda del concierto de nuestro país con las demás naciones, y representa una actividad que identifica a nuestro país por su riqueza, su diversidad y por su originalidad; por sí misma, la cultura constituye procesos generadores de identidad, simbólica individual y colectiva. Dichas manifestaciones constituyen parte integral de lo que denominamos cultura mexicana.

III. Comisión: La Comisión Ejecutiva de Cultura;

IV. Consejo: El Consejo Consultivo de Cultura;

V. Consejo de Promoción: El Consejo de Promoción Cultural de México;

VI. Consejo Local: Los Consejos Consultivos Locales de Cultura;

VII Consejo Municipal: Los Consejos Consultivos Municipales de Cultura;

VIII. Creativo: a cualquier persona o grupo de personas generadoras de bienes y servicios culturales a partir de la imaginación, la sensibilidad, la percepción, del uso de instrumentos y tecnologías, y de la influencia, motivación o resignificación de otras expresiones culturales. Las expresiones creadoras, como expresión libre del pensamiento humano, generan identidad, sentido de pertenencia y enriquecen la diversidad cultural del país.

IX. Fondo: Fondo Nacional de Fomento a la Cultura;

X. Gestor Cultural: es aquel profesional que motivado por la inquietud y el interés en la cultura, e independientemente del área de conocimiento de su formación académica, opta por dedicarse a promover, incentivar, diseñar y realizar proyectos culturales desde cualquier ámbito. Asimismo, impulsa los procesos culturales en el interior de las comunidades y organizaciones e instituciones, a través de la participación, democratización y descentralización del fomento de la actividad cultural. También es aquel que coordina, como actividad permanente, las acciones de administración, planeación, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos de las entidades y organizaciones culturales o de los eventos culturales comunitarios. Los servidores públicos serán considerados como administradores culturales y no como gestores culturales, en los términos y para los efectos de esta Ley.

XI. Ley: Ley General de Cultura;

XII. Programa: El Programa Nacional de Cultura;

XIII. Programa Estatal: El Programa Estatal de Cultura;

XIV. Programa Municipal: El Programa Municipal de Cultura;

XV. Secretaría: La Secretaría de Cultura.

CAPÍTULO II
De los Principios Culturales

Artículo 4. Toda persona gozará del ejercicio irrestricto de sus derechos culturales, de su libertad creativa y tendrá plena autonomía para poner en circulación y acceder a los bienes y servicios culturales que presta el Estado. El Estado adoptará las medidas necesarias para que este principio sea garantizado.

Artículo 5. La interculturalidad, entendida como el diálogo e intercambio entre distintas culturas y grupos culturales, será un principio orientador de las políticas y acciones del Estado en la materia, así como un medio para lograr la cohesión y la paz sociales.

Artículo 6. El Estado garantizará y fomentará la participación social de todos los sectores sociales en el desarrollo de las políticas culturales y el acceso a los bienes y servicios culturales que presta; establecerá los mecanismos y procedimientos democráticos para su participación.

Artículo 7. El patrimonio cultural material, artístico, histórico, arqueológico y fósil, será considerado como fuente de nuestra identidad, por lo que deberá ser resguardado por el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, y en el ámbito de sus respectivas competencias a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal; de manera particular, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas artes y Literatura, conforme a sus funciones y atribuciones establecidas en el marco normativo vigente.

Artículo 8. El patrimonio cultural, será considerado como producto de la creatividad social e individual, y fuente de identidad para todos los mexicanos; por lo que deberá preservarse y transmitirse a las generaciones futuras en tanto memoria y testimonio de las aspiraciones y experiencias humanas. El Estado desarrollará políticas específicas que estimulen la creatividad y resguarden, investiguen, promuevan e incrementen nuestro patrimonio cultural.

Artículo 9. Los bienes y servicios culturales, así como los derechos de los autores, artistas y creadores, no podrán considerarse mercancías iguales que las demás, por lo que tendrán un tratamiento diferente por ser portadores de identidad, valor y sentido, fundamentales para la Nación. En la suscripción y ratificación de tratados, convenciones, contratos, acuerdos y en general, cualquier instrumento internacional de carácter comercial que realice el Estado mexicano, se deberá atender a este principio.

Artículo 10. El sector cultural dará prioridad a la producción independiente y a las empresas e industrias creativas nacionales. Serán respetados y se garantizarán los derechos de propiedad intelectual, de usufructo y disfrute de los bienes y servicios culturales que desarrollen los creadores, productores, promotores culturales, trabajadores y profesionales de la cultura.

Artículo 11. El Estado promoverá los intercambios culturales en el ámbito internacional, bajo los principios de cooperación, reciprocidad, solidaridad, respeto y equidad.

Artículo 12. La interpretación y aplicación de los derechos reconocidos en la presente ley, estarán orientados por los siguientes principios:

a) Principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. El respeto y la garantía de los diversos derechos humanos fortalecen al resto de éstos en su conjunto. En este sentido, garantizar el ejercicio de un derecho supone el enriquecimiento y complementación de otros, de forma simultánea, sin que en los hechos, puedan separarse.

b) Principio de respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Las disposiciones de la presente ley no podrán ser invocadas para atentar en contra, o para limitar la aplicación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales proclamadas por la Constitución o los instrumentos internacionales que ha firmado y ratificado el Estado Mexicano y por ésta misma ley. Por ello, la aplicación de esta ley deberá estar orientada por la mutua complementación del catálogo de los Derechos Humanos.

c) Principio de igual dignidad y respeto de todas las culturas y de fomento a la interculturalidad. Esto supone reconocer la igual dignidad de todas las culturas y lenguas, así como el respeto a cada una de ellas, incluidas las de las poblaciones socioculturalmente diferenciadas y las de los pueblos indígenas, tal y como lo establece el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

d) Principio de complementariedad de los aspectos económicos y culturales del desarrollo. Considerando que la cultura constituye uno de los principales motores del desarrollo, es importante considerar su impacto económico; aspecto igualmente importante que el desarrollo cultural y social, respecto de los cuales los individuos y los pueblos tienen el derecho fundamental de participar e influir.

e) Principio de desarrollo sostenible. La diversidad cultural representa una de las mayores riquezas de nuestro país, por lo que es fundamental que las personas y las comunidades tengan el beneficio de apropiarse de dicha riqueza y mejorar sus condiciones de vida. La protección, la promoción y el mantenimiento de la diversidad cultural son una condición esencial para un desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones actuales y futuras.

f) Principio de acceso equitativo. El acceso equitativo a una gama rica y diversificada de expresiones culturales nacionales y de las procedentes de todas las partes del mundo y el acceso de las culturas a los medios de expresión y difusión son elementos importantes para valorar la diversidad cultural y propiciar el entendimiento mutuo.

g) Principio de apertura y equilibrio. En la adopción de medidas para resguardar, preservar y promover la diversidad de las expresiones culturales, el Estado propiciará el diálogo intercultural entre las expresiones y creaciones de nuestro país entre sí, de la misma manera que con las demás culturas del mundo.

CAPÍTULO III
De los Derechos Culturales

Artículo 13. Toda persona tiene el derecho de acceder a la cultura y a los bienes y servicios que presta el Estado en esta materia, en forma lícita y pacífica, a título oneroso o gratuito, sin menoscabo de su identidad, nacionalidad, raza, origen étnico, condición social o económica; y por lo tanto, tendrán las mismas oportunidades de acceso.

Artículo 14. Los derechos culturales, considerados como un derecho humano reconocido por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, comparten con éstos su calidad de universales, indivisibles, progresivos e interdependientes. Para su defensa y promoción se observarán los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Los derechos culturales podrán ser ejercidos y reivindicados por los individuos, las colectividades y los pueblos.

Artículo 15. Esta ley reconoce el derecho de toda persona, individual o colectiva, a acceder a la cultura y a los diversos bienes y servicios culturales prestados por el Estado; este derecho implica también el derecho a acceder al patrimonio artístico y cultural de la Nación. También reconoce el derecho de las personas a participar en la vida cultural que elijan y ajustarse a las prácticas de su propia cultura o de la cultura que escojan, sin menoscabo de lo dispuesto en las políticas, programas y acciones, de defensa y promoción de los derechos humanos establecidos en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Artículo 16. Todas las personas tienen derecho a conformar y mantener su propia identidad cultural, lo cual incluye la posibilidad de decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y de expresar dichas elecciones, así como el derecho a recibir una educación y formación de calidad respetuosa de su identidad cultural.

Nadie podrá ser objeto de discriminación, censura o represalia por su elección, identificación o renuncia respecto de una o más comunidades culturales.

Artículo 17. Todas las personas tienen el derecho a desarrollar en forma libre el ejercicio de su vocación creativa y artística, así como a la libre creación, expresión y difusión de las manifestaciones culturales. Éstas podrán desarrollarse en la modalidad material y en la lengua que elijan como fuente de identidad, particularmente en su lengua materna. El Estado proveerá de los medios institucionales y, en la medida posible, de los recursos materiales para el desarrollo y la expresión irrestrictos, de las manifestaciones culturales y artísticas.

Artículo 18. Toda persona, individual o colectiva, tiene el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas literarias o artísticas de que sea de su autoría. De la misma manera, todo trabajador de la cultura, tiene el derecho al legítimo usufructo del producto de su trabajo.

Artículo 19. Los pueblos y comunidades originarias, así como los productores culturales populares, tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la salvaguarda de sus costumbres, música, lenguas, rituales, festividades, modos de vida y de todo su patrimonio cultural inmaterial.

Artículo 20. Todos los creadores, productores, promotores culturales y profesionales de la cultura y el arte tienen derecho a ejercer en condiciones dignas su actividad atendiendo a las particularidades y especificidades propias de cada sector. En caso de controversias, se estará a la interpretación que más les favorezca.

Artículo 21. El obligatorio que las dependencias culturales de las Entidades Federativas, los municipios y la Federación emitan un informe anual de las acciones que se ha implementado y de los recursos erogados, en el ejercicio del derecho al acceso a la cultura y de los derechos culturales.

TÍTULO SEGUNDO
De la Concurrencia y Coordinación de Autoridades

CAPÍTULO I
De la Federación

Artículo 21. Son atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, que se ejercerán a través de la Secretaría:

I. Formular y conducir la política cultural nacional;

II. Coordinar las acciones que lleven a cabo el Ejecutivo Federal, Estados, la Ciudad de México y los Municipios, en su caso; en el ámbito de sus respectivas competencias, para el acceso a la cultura, el disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en materia culturales, mismas que estarán sujetas a la disponibilidad de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

III. Atender como prioritarios los asuntos relacionados con el acceso a la cultura en el país, el ejercicio pleno de los derechos culturales y la protección del patrimonio cultural material e inmaterial;

IV. Regular las acciones para la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad cultural en el país, así como la protección del patrimonio cultural;

V. Promover la infraestructura y equipamiento, que contribuyan al fomento y desarrollo de la actividad cultural, en coordinación con los Estados, Municipios y la Ciudad de México, y con la participación de los sectores social y privado, mismas que estarán sujetas a la disponibilidad de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

VI. Promover acuerdos de cooperación y coordinación con el sector privado y social para el impulso, fomento y desarrollo de la actividad cultural;

VII. Promover, realizar y difundir estudios, investigaciones e indicadores en materia cultural;

VIII. Promover y vigilar el cumplimiento de esta Ley y los demás ordenamientos que de ella deriven, en el ámbito de su competencia, así como regular las acciones tendentes a la protección y difusión cultural;

IX. Fijar e imponer, de acuerdo a esta Ley y los reglamentos correspondientes, el tipo y monto y de las sanciones por el incumplimiento y violación de las disposiciones en materia cultural;

X. Establecer el Programa Nacional de Cultura, el cual diseñará los mecanismos generales de coordinación y de concertación de los Estados, la Ciudad de México y los Municipios, y con la participación de los sectores social y privado;

XI. Promover la creación y consolidación de las casas de cultura, así como de centros e instituciones dedicadas a la educación artística en cualquiera de sus expresiones;

XII. Consolidar, fomentar y fortalecer las Red Nacional de Bibliotecas Públicas;

XIII. Establecer medidas para la protección de la identidad nacional, regional, étnica e individual en materia cultural;

XIV. Organizar, promover y difundir las expresiones culturales nacionales, mediante la participación en festivales internacionales y nacionales;

XV. Fomentar las relaciones de orden cultural y artístico con la comunidad internacional;

XVI. Fomentar y estimular la creación artística;

XVII. Crear mecanismos de colaboración con organismos y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de crear fuentes de apoyo financiero al desarrollo de proyectos culturales y artísticos; y

XVIII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos, así como las establecidas en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura.

Artículo 22. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los Estados, la Ciudad de México y los Municipios, colaboren en el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I. Elaborar y ejecutar programas de desarrollo de la actividad cultural, fomento y el estímulo a la creación, investigación y a la actividad artística y cultural, y

II. Realizar acciones operativas que complementen los fines previstos en este ordenamiento.

En los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere este artículo se podrán establecer las políticas y acciones que habrán de instrumentar los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, y la Ciudad de México, para fomentar y propiciar el desarrollo cultural; así como los compromisos que asumen dichos órdenes de gobierno para coordinar sus acciones dentro de éstas.

Corresponde a la Secretaría evaluar el cumplimiento de los compromisos que se asuman en los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere este artículo.

Para los efectos de lo antes dispuesto, los convenios o acuerdos de coordinación que celebre el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, con los gobiernos de los Estados o de la Ciudad de México, con la participación, en su caso, de sus Municipios, deberán sujetarse a las bases previstas en el reglamento de esta Ley.

CAPÍTULO II
De las Dependencias Concurrentes en Materia Cultural

Artículo 23. En aquellos casos en que para la debida atención de un asunto, por razón de la materia y de conformidad con las disposiciones legales aplicables, se requiera de la intervención de otras Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal, la Secretaría ejercerá sus atribuciones en coordinación con las mismas.

La Secretaría y las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal que ejerzan atribuciones derivadas de otros ordenamientos jurídicos cuyos preceptos se relacionen con el objeto de la presente Ley o sus disposiciones complementarias, formularán los criterios para la protección del patrimonio cultural.

Artículo 24. Para el cumplimiento de la presente Ley, corresponde a la Secretaría:

I. Emitir opinión en las cuestiones relacionadas con la política cultural;

II. Participar con la Secretaría de Turismo, en la planeación de acciones y programas tendentes al fomento del turismo en las zonas culturales, mediante el establecimiento de vínculos con los sectores público, privado y social que determine la propia Secretaría, así como para coordinar y articular las políticas turísticas y culturales. También emitirá opinión sobre los lineamientos o directrices que expida la Secretaría de Turismo que permitan el uso turístico sustentable de los bienes ubicados en las zonas declaradas monumentos arqueológicos, artísticos e históricos;

III. Coordinar con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, la instrumentación de los programas y medidas para la preservación de los recursos naturales, prevención de la contaminación, para la ordenación y limpieza de las zonas patrimoniales, para promover el turismo cultural, así como para el mejoramiento ambiental de las actividades e instalaciones turísticas;

IV. Promover y fomentar, en coordinación con la Secretaría de Economía y demás dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, la inversión de capitales nacionales y extranjeros en proyectos de desarrollo cultural;

V. Coadyuvar con la Secretaría de Economía en las acciones tendientes a fortalecer y promover las empresas e industrias creativas;

VI. Analizar y coadyuvar con la Secretaría de Gobernación, en los casos en que se determine que sea necesaria la protección del patrimonio cultural;

VII. Impulsar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la especialización de los recursos humanos encargados de los museos del país y la tecnificación de las exhibiciones permanentes y temporales en museos y en centros de exposiciones, así como la creación de programas de intercambio y cooperación técnica internacional en esta materia; y, promover la cooperación, intercambio y colaboración con las instituciones culturales y los centros académicos nacionales y extranjeros, que estimulen la participación de investigadores, académicos y docentes en estas actividades.

VIII. Promoverá, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y demás dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, la fijación del régimen aduanero, la supresión de aranceles del ingreso temporal de bienes culturales y la adopción de medidas que faciliten su entrada al país; así como la exención de impuestos de aduana y enajenación de bienes culturales que sean importados temporalmente, o bien adquiridos a cualquier título en forma permanente o recuperados por una entidad pública;

IX. Promover con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, las políticas, programas y acciones para preservar, investigar y difundir el patrimonio histórico, artístico, arqueológico y cultural del país, de acuerdo con el marco jurídico vigente;

X. Coadyuvar con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en las acciones de defensa y promoción de los Derechos Humanos.

XI. Participar con otras Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en la promoción y financiamiento de proyectos culturales, que cumplan con las disposiciones legales y normativas aplicables; y

XII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

Artículo 25. La Secretaría se coordinará con las Dependencias y Entidades competentes de la Administración Pública Federal para la realización de las acciones conducentes cuando la actividad cultural y el patrimonio cultural de alguna región del país haya resultado considerablemente afectada, o esté en peligro de serlo, por fenómenos naturales.

CAPÍTULO III
De los Estados y la Ciudad de México

Artículo 26. Corresponde a los Estados y la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en materia cultural, las siguientes atribuciones:

I. Formular, conducir y evaluar la política cultural local;

II. Celebrar convenios en materia cultural conforme a lo previsto en la presente Ley;

III. Aplicar los instrumentos de política cultural previstos en las leyes locales en la materia, así como la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad cultural que se realice en áreas de competencia local;

IV. Formular, ejecutar y evaluar el Programa Local de Cultura, las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Cultura;

V. Establecer el Consejo Consultivo Local de Cultura;

VI. Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar programas a favor de la actividad cultural;

IX. Instrumentar acciones para la promoción de la actividad cultural local;

X. Conducir la política local en materia cultural; el fomento y desarrollo de la actividad cultural en áreas de competencia estatal, en las materias que no estén expresamente reservadas constitucionalmente, a la Federación;

XI. Impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas e industrias creativas que operen en los Estados y en la Ciudad de México;

XII. Diseñar, instrumentar, ejecutar y evaluar, los programas de investigación de las expresiones culturales, así como la cultura de los pueblos y las comunidades indígenas asentados en los Estados y en la Ciudad de México;

XIII. Atender los asuntos que afecten el desarrollo de la actividad cultural de dos o más Municipios;

XIV. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones reglamentarias que de ella deriven;

XV. Coordinar con las autoridades federales, por medio de los convenios que se suscriban, la imposición de sanciones por violaciones a esta Ley y a las disposiciones reglamentarias;

XVI. Emitir opiniones a la Secretaría en la materia, y

XVII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

CAPÍTULO IV
De los Municipios

Artículo 27. Corresponde a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:

I. Formular, conducir y evaluar la política cultural municipal;

II. Celebrar convenios en materia cultural conforme a lo previsto en la presente Ley;

III. Aplicar los instrumentos de política cultural que les sean atribuidos por las leyes locales, así como la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad cultural en áreas de competencia municipal, en las materias que no estén    expresamente reservadas constitucionalmente, a la Federación, a los Estados o a la Ciudad de México

IV. Formular, ejecutar y evaluar el Programa Municipal de Cultura, el cual considerará las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Cultura y el Programa Local de cultura;

V. Establecer el Consejo Consultivo Municipal de Cultura; que tendrá por objeto coordinar, proponer y formular las estrategias y acciones de la Administración Pública Municipal, con el fin de lograr un desarrollo integral de la actividad cultural en el Municipio. Será presidido por el titular del Ayuntamiento, y estará integrado por los funcionarios que éste determine, conforme a lo que establezcan las disposiciones reglamentarias. Podrán ser invitadas las instituciones y entidades públicas, privadas y sociales, que se determinen, y demás personas relacionadas con la cultura en el Municipio, las cuales participarán únicamente con derecho a voz;

VI. Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar programas a favor de la actividad cultural;

VII. Participar en el diseño, instrumentación, ejecución y evaluación de los programas locales de investigación de las expresiones culturales, así como la cultura de los pueblos y las comunidades indígenas del municipio;

VIII. Formular y conducir la política municipal de información y difusión en materia cultural;

IX. Coadyuvar en la instrumentación de las acciones de promoción de las actividades culturales con que cuenta;

X. Promover el impulso de las empresas e industrias creativas;

XI. Operar módulos de información y orientación cultural;

XII. Recibir y establecer los cauces institucionales para atender las quejas, para su atención ante la autoridad competente, particularmente las que limiten, condicionen o conculquen los derechos consagrados en la constitución y garantizados por esta ley;

XIII. Atender los demás asuntos que en materia de planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad cultural les conceda esta Ley u otros ordenamientos legales en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente al Ejecutivo Federal, Estados o la Ciudad de México.

XIV. Emitir opinión ante la Secretaría, en aquellos casos en que concurra en proyectos culturales dentro de su territorio, así como en la evaluación de los proyectos de infraestructura cultural, los ordenamientos turísticos respecto al uso del patrimonio material e inmaterial, y

XV. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.


CAPÍTULO V
De la Comisión Ejecutiva de Cultura

Artículo 28. La Comisión Ejecutiva de Cultura es una comisión de carácter intersecretarial, que tendrá por objeto conocer, atender y resolver los asuntos relacionados con la competencia de dos o más Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal, así como fungir como órgano de consulta para los asuntos que la Secretaría considere oportuno poner a su consideración.

La Comisión será presidida por el titular de la Secretaría, quien tendrá voto de calidad, y estará integrada por los subsecretarios que designen los titulares de las Dependencias y sus equivalentes en las Entidades de la Administración Pública Federal, en los términos de las disposiciones aplicables. Asimismo, podrán ser invitados a participar las principales organizaciones de expresiones culturales y artísticas, instituciones de educación superior, representantes de los sectores social y privado, exclusivamente con derecho a voz.

CAPÍTULO VI
De los Consejos Consultivos

Artículo 29. El Consejo Consultivo de Cultura es un órgano de consulta de la Secretaría, que tendrá por objeto proponer la formulación de las estrategias y acciones de coordinación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el fin de lograr un desarrollo integral de la actividad cultural nacional, utilizando los foros de consulta.

Será presidido por el titular de la Secretaría, y estará integrado por representantes de las dependencias, entidades e instancias relacionadas con la actividad cultural, así como miembros del sector académico, conforme a lo que establezcan las disposiciones reglamentarias.

Podrán ser invitadas las organizaciones, colectivos, instituciones y demás entidades públicas, federales o locales, privadas y sociales, que se determinen, y demás personas relacionadas con la cultura, las cuales participarán únicamente con derecho a voz.

Artículo 30. Las Entidades Federativas conformarán sus Consejos Consultivos Locales de Cultura, con el fin de lograr un desarrollo integral de la actividad cultural local.

Los Consejos Consultivos Locales de Cultura serán presididos por el titular del Ejecutivo de cada Entidad Federativa y estarán integrados por los servidores públicos locales que tengan a su cargo la materia cultural, y aquéllos que determine el titular del Ejecutivo Local, y presidentes municipales conforme a lo que establezcan las disposiciones reglamentarias.

Participarán las organizaciones, colectivos, instituciones y demás entidades públicas, federales o locales, privadas y sociales, que se determinen, y demás personas relacionadas con la cultura, las cuales tendrán únicamente derecho de voz.

TÍTULO TERCERO
De las Políticas Culturales y del Programa Nacional de Cultura

CAPÍTULO I
De las Políticas Culturales

Artículo 31. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Cultura, promoverá el diálogo intercultural de las expresiones nacionales con las culturas del mundo.

Artículo 32. La política cultural que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Cultura diseñe, se sujetará a lo siguiente:

I. Afirmará y fortalecerá la identidad de los individuos, mediante programas y acciones que fomenten la libre expresión y el diálogo intercultural;

II. Implementará políticas en la defensa y promoción de los Derechos Culturales y su unidad con el catálogo de los Derechos Humanos establecidos en la Constitución, así como en lo referente a la materia, contenidos en las convenciones internacionales, ratificadas por el Senado de la República.

III. Adoptará políticas y acciones encaminadas a la eliminación de condiciones de riesgo, y a la defensa, preservación, salvaguardia y enriquecimiento de la diversidad cultural y el patrimonio cultural;

IV. Generará un entorno favorable para el desarrollo cultural, facilitando el acceso, uso, preservación y disfrute de las actividades, bienes y servicios culturales, con igualdad de oportunidades y equidad en la distribución de los recursos;

V. Promoverá el desarrollo, actualización y consolidación tanto de investigadores, docentes promotores, gestores, creadores, intérpretes y ejecutantes en las diversas áreas de las expresiones culturales y artísticas, como de los sistemas de casas de cultura, centros de las artes, escuelas de educación artística profesional, espacios escénicos, archivos históricos, bibliotecas, museos y demás espacios de expresión y desarrollo cultural;

VI. Impulsará el conocimiento de los diversos lenguajes artísticos, para lograr mejores herramientas de expresión cultural, la formación de públicos para las artes y formas eficaces de vinculación entre la educación y la cultura;

VII. Fomentará el uso y desarrollo de los medios de comunicación, de las redes tecnológicas y de las empresas e industrias creativas en los distintos campos de la acción cultural;

VIII. Promoverá la corresponsabilidad y participación de los creadores, intérpretes y ejecutantes, así como de la sociedad en general, en la elaboración, ejecución y evaluación de los programas y las acciones para la promoción y difusión del desarrollo y la diversidad cultural;

IX. Impulsará el reconocimiento y la integración del componente cultural en los procesos de la planeación para el desarrollo;

X. Promoverá la coordinación entre la Secretaría y las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, para fortalecer la descentralización de las políticas y acciones, con objeto de alcanzar el desarrollo equilibrado de las distintas regiones y comunidades, así como preservar, proteger y difundir sus culturas y patrimonio cultural;

XI. Diseñará estrategias generales para la gestión de subsidios, el cofinanciamiento y el otorgamiento de estímulos fiscales y económicos para actividades y proyectos culturales; y,

XII. Las demás que, con base en los instrumentos de coordinación interinstitucional y participación social, sean definidos para el desarrollo cultural.

Artículo 33. En el diseño de la política cultural, la Secretaría se sujetará a las siguientes bases:

I. Adoptar acciones encaminadas a la eliminación de condiciones de riesgo y a la defensa, preservación, salvaguarda y enriquecimiento de la diversidad cultural, la autenticidad de las expresiones y el patrimonio cultural;

II. Generar un entorno favorable para el desarrollo cultural, facilitando el acceso, el uso, la preservación y el disfrute de las actividades, bienes y servicios culturales;

III. Generar estrategias con miras a garantizar la equidad en la distribución de los recursos públicos destinados al desarrollo cultural;

IV. Promover el desarrollo, la actualización y la consolidación profesional de los artistas y los trabajadores culturales;

V. Impulsar el conocimiento de los diversos lenguajes artísticos y las formas eficaces de vinculación entre la educación y la cultura, la formación de públicos y la educación artística;

VI. Fomentar el uso y desarrollo de los medios de comunicación, de las plataformas tecnológicas y nuevas tecnologías y de las empresas e industrias creativas para la difusión en los distintos campos de la acción cultural;

VII. Promover la corresponsabilidad y la participación de los artistas, los creadores y profesionales de la cultura y el arte, así como de la sociedad en general, en la elaboración, ejecución y evaluación de los programas y las acciones de promoción, difusión y desarrollo cultural;

VIII. Establecer la coordinación entre las entidades del sector, para fortalecer la descentralización de los programas y las acciones, con el objeto de alcanzar él desarrollo equilibrado de los distintos campos de la cultura y el arte, así como preservar, proteger y difundir el patrimonio cultural;

IX. Diseñar estrategias generales para desarrollar todas las formas de financiamiento de la cultura: gestión de subsidios, donativos, el cofinanciamiento y el otorgamiento de estímulos económicos para las actividades y los proyectos culturales, y

CAPÍTULO II
Del Programa Nacional de Cultura

Artículo 34. La Secretaría integrará y publicará el Programa Nacional de Cultura.

El Programa tiene por objeto establecer las políticas, acciones y actividades para el fomento y la promoción del desarrollo cultural.

Artículo 35. Además de lo dispuesto en la Ley de Planeación, el Programa deberá contener los siguientes elementos:

I. Un diagnóstico cultural por cada una de las regiones, formulado en colaboración con el Consejo;

II. La metodología, elementos estadísticos de análisis, diagnóstico y políticas específicas para el fomento y promoción del desarrollo cultural;

III. Las políticas, estrategias, acciones y metas en materia de fortalecimiento y difusión del desarrollo cultural, así como una proyección de los recursos presupuestales que se requieran para su ejecución;

IV. Indicadores de gestión, encuestas de consumo, un mapa de inversión en la infraestructura cultural y los demás recursos de evaluación y metodológicos del Sistema de Información Cultural y del INEGI.

IV. Las vertientes de ejecución del Programa; y,

V. En coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Programa deberá de ser traducido, a las lenguas indígenas del país, y publicado por los Municipios donde se encuentren asentadas las etnias y culturas correspondientes.

Artículo 36. Para integrar el Programa, la Secretaría deberá atender lo siguiente:

I. Observar los principios generales del desarrollo cultural y los lineamientos de la política cultural que establece esta Ley;

II. Coordinar la recopilación y actualización de la información, mediante indicadores de gestión, encuestas de consumo y los diferentes datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Sistema de Información Cultural, los informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de su organización y sistematización, destinada a la conformación del Programa;

III. Convocar a foros de consulta ciudadana, sobre temas específicos, a los diversos actores del desarrollo cultural, considerando mecanismos transparentes y objetivos para la evaluación y, en su caso, integración de las propuestas. La participación en los foros de consulta será libre y honorífica y se regirá por las disposiciones legales aplicables;

IV. Establecer y ejecutar mecanismos de evaluación continua y de mecanismos de rectificación de las políticas culturales y respecto del desarrollo de las actividades y las acciones del Programa; y,

V. Proponer criterios de coordinación con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como de las entidades federativas, a efecto de incorporar al Programa acciones de carácter intersectorial en beneficio del desarrollo sociocultural.

Artículo 37. Son programas y acciones prioritarias para el desarrollo cultural:

I. La investigación, protección, restauración, recuperación, conservación, preservación, difusión y enriquecimiento sustentable del patrimonio cultural;

II. Los programas que deriven de los convenios de colaboración celebrados entre las dependencias del Gobierno Federal y de los Estados del país;

III. Los estímulos y apoyos a los creadores, promotores y gestores culturales;

IV. Las acciones de coinversión para la producción artística;

V. Los premios instituidos por la Secretaría; y,

VI. El mantenimiento, conservación y equipamiento de la infraestructura cultural a nivel nacional.

Artículo 38. El Plan Nacional de Cultura, como parte de los ejes de la política cultural, deberá incluir entre las estrategias y acciones transversales, los siguientes ámbitos:

I. La coadyuvancia entre los niveles de gobierno en la defensa y promoción de los derechos humanos, particularmente los derechos culturales;

II. El desarrollo de los procesos culturales comunitarios por Entidad Federativa;

III. La gestión para que las comunidades reciban apoyos para la restauración y conservación de monumentos y bienes artísticos; la infraestructura cultural de los Estados, la Ciudad de México y los Municipios; el fomento a las actividades y proyectos de turismo cultural en zonas de alto potencial e impacto;

IV. El fomento para las incubadoras de empresas creativas culturales y para incubación de proyectos culturales;

V. El financiamiento a proyectos de artistas, creativos y gestores culturales por Entidad Federativa y Municipio;

V. El impulso y gestión de recursos financieros para llevar a cabo los festivales y producciones culturales de las Entidades Federativas y los Municipios;

VI. La gestión cultural para la formación de creativos, públicos y mediadores; la difusión cultural, la cual deberá considerar acciones para el acceso a la cultura; el apoyo a la creación artística y a las iniciativas creativas culturales;

VII. La consolidación y actualización del Sistema de Información, el Mapa de Infraestructura Cultural e Indicadores Culturales que brinden información oportuna y actualizada sobre espacios culturales; patrimonio cultural inmaterial; instituciones culturales; convocatorias y marcos institucionales en el ámbito de la cultura; festivales, creadores e intérpretes; fuentes de financiamiento; apoyos otorgados; producción editorial; arte popular; culturas indígenas; culturas populares; educación artística; formación creativa; investigación; y, centros de documentación;

El referido sistema deberá integrar una base de indicadores que permitan evaluador las políticas públicas, la defensa y promoción de los derechos culturales y el acceso a la cultura; que den a conocer la satisfacción y demanda en el consumo de bienes y servicios culturales; las prácticas y preferencias de consumo culturales; el perfil socioeconómico de los creativos, artistas e Industrias creativas en el país; la formación de públicos, utilización de espacios e impacto en la promoción y difusión cultural; los subsidios y apoyos otorgados;

Artículo 39. La Secretaría, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, implementarán el Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas conforme a las Reglas de Operación que para tal efecto se expidan conforme lo establece la Ley General de Desarrollo Social y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Programa deberá contener un sistema para contribuir al fortalecimiento del patrimonio cultural, así como las acciones y programas en el financiamiento, el fomento, y la promoción nacional e internacional de la cultura de los pueblos y comunidades indígenas mediante políticas culturales específicas de desarrollo y rescate de sus manifestaciones culturales que sea programático y fije metas cuantificables por Entidad Federativa, así como indicadores de evaluación.

TÍTULO CUARTO
Del Acceso a los Bienes Culturales y Fomento del Patrimonio Cultural

CAPÍTULO I
De Acceso a los Bienes y Servicios Culturales

Artículo 40. Al formular la política cultural, la Secretaría considerará al artista, al creativo, al gestor y al receptor de la cultura, y garantizará el acceso de los mexicanos a las manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad de oportunidades, concediendo especial tratamiento a personas con discapacidad, adultos mayores, la niñez, la juventud y los sectores sociales más necesitados.

Artículo 41. La Secretaría fomentará y promoverá la participación y acceso de los habitantes del país en la vida cultural de las comunidades, el disfrute de los bienes y servicios culturales y la colaboración en el progreso científico y artístico, como fuente de creatividad y componente central de un desarrollo autodeterminado, incluyente, corresponsable, integral y sustentable.

Artículo 42. El Secretaría establecerá acciones que eviten toda discriminación cultural motivada por origen étnico o nacional, género, idioma, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias u orientación sexual, estado civil o cualquier otra circunstancia o condición que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades. En caso de presentarse violaciones a los derechos humanos o a los derechos culturales, se procederá aplicando las disposiciones dispuestas en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y demás convenciones y leyes aplicables.

Artículo 43. La Secretaría coordinará con las Dependencias y Entidades de las administraciones públicas estatal y municipales, para ejecutar programas de atención y educación extraescolar a través de actividades culturales y artísticas, fomentando la asistencia de las niñas, los niños y el personal docente de las escuelas a las manifestaciones culturales y artísticas, el conocimiento de la diversidad cultural, la conciencia sobre la preservación del patrimonio cultural y el aprecio a la cultura propia.

Artículo 44. En materia cultural, toda persona tiene los siguientes derechos:

I. Aprender, acrecentar, renovar, disentir, transformar, preservar, proteger, expresar, defender y transmitir aquellos valores culturales que le dan identidad a las personas y a sus comunidades;

II. Acceder a los valores testimoniales de los bienes tangibles e intangibles, integrantes del patrimonio cultural, con las limitaciones a las que esté sujeto el bien, en razón de su régimen de propiedad o posesión;

III. Expresar sus valores de identidad cultural, sin más limitaciones que las impuestas por la normatividad;

IV. Participar con su comunidad en la recuperación, estudio, protección, conservación, difusión, promoción y reformulación de los valores de su identidad cultural;

V. Usar, usufructuar y defender su trabajo y creación intelectual individual, conforme a disposiciones en la materia y convenciones internacionales; y,

VI. Conocer, apreciar, desarrollar y expresarse a través de los lenguajes artísticos, a fin de ejercer integralmente sus capacidades creativas;

VII. Participar en el diseño, elaboración e implementación de las políticas culturales, las autoridades culturales abrirán las vías de participación y discusión de las políticas y programas culturales y responderán con razón y fundamento, en apego a esta ley y a la normatividad vigente aplicable, sobre sus decisiones y sobre la continuidad, modificación o rectificación de dichas políticas culturales.

CAPÍTULO II
De la Preservación y Fomento del Patrimonio Cultural

Artículo 45. El patrimonio cultural se integra por los usos, representaciones, expresiones, ferias, fiestas, símbolos, gastronomía, vestimenta, conocimientos y técnicas junto con los bienes inmuebles y muebles, instrumentos, objetos, artefactos, espacios culturales o naturales que les son inherentes y a los que las comunidades, los grupos y en algunos casos, los individuos, reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural.

Artículo 46. En forma enunciativa más no limitativa, se consideran integrantes del patrimonio cultural:

I. Las lenguas maternas;

II. Los bienes o conjuntos de bienes que han sido declarados como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura;

III. Los bienes o conjuntos de bienes que, por disposición de ley o por declaratoria específica del Ejecutivo Federal, son monumentos paleontológicos, arqueológicos, históricos o artísticos, en los términos de la Ley Federal sobre Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos;

IV. Las ciudades mexicanas Patrimonio de la Humanidad y los centros históricos y tradicionales del país;

V. Las marcas colectivas y las denominaciones de origen registradas que amparen procesos culturales; y,

VI. Las demás que las leyes determinen.

Artículo 47. Es de utilidad e interés público la investigación, protección, conservación, restauración, recuperación, preservación, promoción, difusión y enriquecimiento del patrimonio cultural.

Artículo 48. Corresponde al Ejecutivo Federal, conforme a la normativa vigente, la protección de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, así como de los vestigios y los restos fósiles cuya conservación sea de interés nacional.

Artículo 49. Los gobiernos de las entidades Federativas y Municipales, salvaguardarán el patrimonio cultural y protegerán los monumentos culturales en el ámbito de sus respectivas facultades y atribuciones.

Artículo 50. La Secretaria y los gobiernos de las Entidades Federativas y de las Municipalidades establecerán los criterios técnicos, financieros y materiales para la protección efectiva en la salvaguarda del patrimonio estatal y municipal.

Artículo 51. Los gobiernos Federal, de las Entidades Federativas y Municipal, se coordinarán para la protección y promoción turística de las poblaciones y los lugares que por su aspecto típico, pintoresco o estético sean de interés público, requiriendo la adopción de medidas tendentes a su protección y conservación, a pesar de no estar declarados como monumentos.

Artículo 52. Los gobiernos Federal, de las Entidades Federativas y Municipal, en materia de desarrollo urbano, deberán tomar en cuenta lo señalado en esta Ley y en la Ley General de Asentamientos Humanos, a fin de coadyuvar en la salvaguarda del patrimonio cultural.

Artículo 53. El Ejecutivo Federal garantizará la sustentabilidad de la infraestructura de abasto y de prestación de servicios en torno al patrimonio cultural. Para tal efecto, emitirá los planes de manejo del patrimonio cultural, en los que deberá procurar garantizar la participación y la corresponsabilidad de los sectores social y privado.

Artículo 54. Los gobiernos Federal, de las Entidades Federativas y Municipal, convendrán los criterios para la investigación, protección, conservación, restauración, recuperación, promoción, difusión, enriquecimiento y usufructo sustentable del patrimonio cultural cuya preservación sea relevante para el ámbito estatal o municipal.

Artículo 55. La Secretaría y los gobiernos de las Entidades Federativas y Municipales promoverán diferentes programas de desarrollo social, de servicios culturales y turísticos, de las comunidades colindantes con las zonas patrimoniales con el fin de estimular el empleo y el desarrollo económico en todo el país.

Artículo 56. La Secretaría asesorará a los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, y la Ciudad de México en la realización de estudios de impacto cultural y planes de manejo para que el diseño, operación o aplicación de una política pública, no afecte negativamente el desarrollo cultural de una comunidad o cause afectaciones a su patrimonio cultural.

Artículo 57. La Secretaría expedirá normas mínimas de seguridad para la protección y resguardo del patrimonio cultural que albergan los museos en todo el territorio nacional, con el fin de fortalecer las disposiciones regionales y municipales que sean implantadas en esta área.

Artículo 58. La Secretaría fomentará y apoyará programas de conservación y restauración de las colecciones que albergan los museos del país, así como en los casos que sea necesario, programas de conservación, restauración, adecuación o ampliación de los inmuebles que les sirven de sede, a través de los organismos especializados en el área. Para ello creará y reglamentará las instancias de consulta, aprobación y control necesarias para su desarrollo y procurará la vinculación de entidades y gobiernos departamentales y municipales.

Artículo 59. La Secretaría, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, expedirá normas para la sistematización y el control de los inventarios de las colecciones de todos los museos del país y de los recintos históricos, artísticos en un Catálogo Nacional de Bienes Culturales.

Así mismo, desarrollará programas permanentes de apoyo a la gestión de los museos, y procurará la creación de incentivos a las donaciones y contribuciones de mecenazgo para el funcionamiento y desarrollo de los museos públicos y privados.

CAPÍTULO III
Del Fomento y los Estímulos a la Creación, a la Investigación y a la Actividad Artística y Cultural.

Artículo 59. La Secretaría, las Entidades Federativas y los gobiernos Municipales, fomentarán las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio, la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano que construye en la convivencia pacífica.

Artículo 60. La Secretaría, las Entidades Federativas y Municipal, establecerán estímulos especiales y promocionará la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales.

Para tal efecto establecerá, entre otros programas, bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres de formación artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, y otorgará incentivos y créditos especiales para artistas sobresalientes, así como para integrantes de las comunidades locales en el campo de la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y colectivo en cada una de las siguientes expresiones culturales: artes plásticas, artes musicales, artes escénicas, expresiones culturales tradicionales, tales como el folclor, las artesanías, la narrativa popular y la memoria cultural de las diversas regiones y comunidades del país; artes audiovisuales, artes literarias, museos (museología y museografía), historia, antropología, filosofía, arqueología, patrimonio, dramaturgia, crítica; y otras que surjan de la evolución sociocultural.

Artículo 61. La Secretaría y apoyará a los gobiernos de las Entidades Federativas, Municipales, así como a los cabildos indígenas en la realización de convenios con instituciones culturales sin fines de lucro que fomenten el arte y la cultura, con el objeto de rescatar, defender y promover el talento nacional, democratizar el acceso de las personas a los bienes, servicios y manifestaciones de la cultura y el arte con énfasis en el público infantil y juvenil, tercera edad y discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales; así como consolidará las instituciones culturales y contribuirá a profundizar su relación interactuante con la comunidad.

Artículo 62. La Secretaría organizará y promoverá la difusión y promoción nacional e internacional de las expresiones culturales de los mexicanos; la participación en encuentros, foros y festivales internacionales, así como toda  producción de carácter cultural que dentro del marco de esta ley se justifique como prioritaria.

Artículo 63. La Secretaría dispondrá, como prerrogativa, mínimo de cinco horas y un máximo de diez horas semanales para la difusión de actividades artísticas y culturales a nivel Nacional por concesionario del servicio público de radio y televisión, sin menoscabo de la consolidación de un sistema de medios de comunicación culturales, federales, estatales y municipales.

Artículo 64. La Secretaría y los gobiernos Estatales, de la Ciudad de México y Municipales, definirán y aplicarán medidas concretas conducentes a estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos, aptos para la realización de actividades culturales y, en general propiciará la infraestructura que las expresiones culturales requieran.

Para ello, deberá considerar en los proyectos de infraestructura cultural la eliminación de barreras arquitectónicas que impidan la libre circulación de los discapacitados físicos y el fácil acceso de la infancia y la tercera edad.

La Secretaría podrá cofinanciar las estructuras de carácter artístico y cultural, determinar los criterios para su adecuada y racional utilización con fines de fomento y participación comunitaria y prestar la asesoría técnica.

Las instituciones de educación superior públicas y privadas deberán contar con infraestructura para el desarrollo de actividades artísticas y culturales, propia o garantizada mediante convenios con las instituciones federales, estatales o municipales, adecuada a la población estudiantil a la que prestan el servicio educativo, en un plazo no mayor de cinco años, a partir de la publicación de la entrada en vigor de la presente Ley.

Artículo 65. La Secretaría y los gobiernos Estatales, de la Ciudad de México y Municipales apoyarán a las casas de la cultura, como centros primordiales de educación artística no formal, así como de la difusión, proyección y fomento de las políticas y programas de educación artística formal a nivel local, municipal, distrital, regional, estatal y nacional. Para tales fines se utilizarán los convenios de colaboración nacionales e internacionales referidos al intercambio y formación artística.

Así mismo, las casas de la cultura apoyarán procesos permanentes de desarrollo cultural, que interactúen entre la comunidad y las entidades estatales para el óptimo desarrollo de la cultura en su conjunto.

Las casas de cultura deberán contar con espacios destinados al desarrollo de las siguientes actividades: ludoteca y acervo para artes plásticas; talleres de lectura, redacción y biblioteca (física y virtual); acervo y aprendizaje musical; aprendizaje, enseñanza y desarrollo de artes escénicas; y acervo y aprendizaje de cine y fotografía. Se sancionará con lo dispuesto por la normatividad en la materia vigentes, los usos y destino opuestos a los establecidos por esta ley para tales espacios y recintos,

Artículo 66.La Secretaría y los gobiernos Estatales, Municipales y de la Ciudad de México consolidarán y desarrollarán la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, con el fin de promover la creación, el fomento y el fortalecimiento de las bibliotecas públicas y mixtas y de los servicios complementarios que a través de éstas se prestan. Para ello, deberá incluirse en el proyecto de presupuestos correspondiente el monto de los recursos necesarios para crear, fortalecer y sostener el mayor número de bibliotecas públicas.

La Secretaría impulsará la transformación de la Red Nacional de Bibliotecas para que estas cuenten con equipo electrónico de consulta, y textos digitales.

Artículo 67. La Secretaría creará el Registro Nacional de Artistas, Creativos y Gestores Culturales, que servirá como base de apoyo para el direccionamiento de programas y proyectos específicos; además establecerá los requisitos específicos de acreditación de ambas figuras.

Asimismo, la Secretaría, las Entidades Federativas y gobiernos Municipales, operarán dicho registro, a fin de facilitar el acceso de creativos y gestores.

Artículo 68. La Secretaría y los gobiernos Estatales, Municipales fomentarán la formación y capacitación técnica y cultural, del gestor y administrador cultural, para garantizar la coordinación administrativa y cultural con carácter especializado. Así mismo, establecerá convenios con universidades y centros culturales para la misma finalidad.

La Secretaría establecerá convenios con universidades públicas y privadas para la formación y especialización de los creadores en todas las expresiones culturales a que se hace referencia esta Ley.

La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, promoverá en las universidades estatales, la creación de programas académicos de nivel superior en el campo de las artes.

Artículo 69. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, definirá los criterios, requisitos y procedimientos y realizará las acciones pertinentes para reconocer el carácter de profesional y su nivel a los artistas que se encuentren en activo, a nivel nacional.

Artículo 70. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Cultura, constituirá el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo para el Acceso de Artistas, Creadores y Gestores Culturales a la Seguridad Social, conforme a la ley de la materia en vigor.

CAPÍTULO IV
Del Financiamiento de las Políticas Culturales

Artículo 71.Para financiar las políticas culturales, los recursos provendrán los siguientes rubros:

I. Presupuesto Federal, Estatal y de la Ciudad de México asignado en cada ejercicio fiscal;

II. Participación social, privada y donativos.

Artículo 72. El Ejecutivo Federal, los Estados, la Ciudad de México y Municipios deberán incrementar las fuentes de financiamiento de las actividades y acciones culturales, destinando recursos crecientes en los decretos de presupuesto de egresos de cada ejercicio crecientes en términos reales, para el Ramo Cultura.

Artículo 73. El Ejecutivo Federal, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios con sujeción a las disposiciones de ingreso y gasto público correspondientes, concurrirán al financiamiento de la política cultural. El monto anual que destinen no podrá ser menor al 1% de su Presupuesto de Egresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación.

En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de gobierno, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismo, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de beneficios posibles en el rubro.

Los recursos federales recibidos para ese fin por cada Entidad Federativa no serán transferibles y deberán aplicarse exclusivamente en la prestación de servicios y demás actividades culturales en la propia entidad. El gobierno de cada entidad federativa publicará en su respectivo Periódico o Gaceta Oficial, los recursos que la Federación le transfiera para tal efecto, en forma desagregada por nivel y programa.

El gobierno estatal prestará todas las facilidades y colaboración para que, en su caso, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, verifique la correcta aplicación de dichos recursos.

En la eventualidad de que tales recursos se utilicen para fines distintos, o se comprueben formas de malversación de dichos recursos, se sancionará de acuerdo a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para armonizar las leyes relativas, conforme a lo establecido en esta Ley.

Tercero. Los recursos para llevar a cabo los programas y la implementación de las acciones que se deriven de la presente ley, se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a las dependencias, entidades paraestatales, organismos descentralizados y órganos administrativos desconcentrados adscritos o coordinados a la Secretaría de Cultura, estados y municipios, para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, asimismo, no requerirán de estructuras orgánicas adicionales por virtud de los efectos de la misma.

El Gobierno Federal deberá hacer las previsiones presupuestales necesarias para la operación de la presente Ley y establecer una partida presupuestal específica en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal a su entrada en vigor.

Cuarto. El Ejecutivo Federal deberá emitir el Reglamento de la presente Ley, dentro de los ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 29 de marzo de 2016.

Suscriben

Sen. Angélica de la Peña Gómez.- Sen. José de Jesús Santana García.- Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes.- Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza.- Sen. Alejandra Roldan Benítez.- Sen. Fidel Demédicis Hidalgo.- Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal.

1 Octavio Paz, El Ogro Filantrópico, México, Joaquín Mortiz, 1979, pp. 85-100.

2 Véase, José Joaquín Blanco, Se llamaba Vasconcelos, México, Fondo de Cultura Económica, 1977, pág. 127. Véase, Jaime Torres Bodet, Memorias, tomo I, México, Porrúa, 1955, pág. 98.

3 José Gorostiza, Poesía y Prosa, México, Siglo XXI Editores, pp. 447-456.

4 Jaime Torres Bodet, inicia su carrera en el servicio público en 1920 secretario particular del rector José Vasconcelos y llega a Secretario de Educación Pública en dos ocasiones: 1943-1947; Secretario de Relaciones Exteriores de 1947 a 1949 y de 1949 a 1952, como Director General de la UNESCO; de nuevo, Secretario de Educación Pública de 1959 a 1964.

5 Jaime Torres Bodet, Años contra el Tiempo, México, Editorial Porrúa, 1969, pág. 325.

6 Entre 1999 y 2009 se presentaron los siguientes proyectos de Reforma Constitucional en materia de cultura: Reforma al artículo 3º Constitucional por el Diputado José Manuel Correa en 2002;  al 4ª constitucional por el Diputado Luis Miguel Barbosa  Huerta; al 4ª por el Diputado Inti Muñoz Santini; al 3ª y al 73 por la Diputada Carla Rochín Nieto en 2004; al 3º por el Diputado Humberto Zazueta Aguilar en 2007; al 4ª y al 73 por el Diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo en 2007; a los artículos 3º y 73 por la Senadora María Rojo Incháustegui y el Senador Pablo Gómez Álvarez; al 73 por la Senadora Martha Leticia Rivera.

7 http://www.catedradh.unesco.unam.mx/AMDHSitio/docbas/31.pdf

8 Véase, Gaceta Parlamentaria, Año X, Nº 2263,  29 de mayo de 2007, pp. 8-12.

9 Ibíd.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora De la Peña Gómez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 12 Bis a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 12 BIS A LA LEY PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

(Presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, a nombre propio y de los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores de la República:

Presento hoy una iniciativa que considero importante que revisemos el alcance que tiene la propuesta, es una reforma a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

Tenemos datos muy interesantes que reflejan el motivo por el cual estamos presentando esta iniciativa. Alrededor de un millón de personas con educación media superior y superior se encuentran desempleadas. Esto representa el 41.86 por ciento. Son datos que el Inegi en su última encuesta menciona. De cada 100 personas que ingresan a la escuela superior, solamente 22 terminan y 18 se titulan. Sólo dos en promedio logran la condición inmediata de joven talento.

Joven talento es un esquema que el gobierno de la república ha venido impulsando para localizar a la gente que nos va a servir en la investigación, jóvenes que tienen iniciativas muy interesantes para el desarrollo del país y de manera global.

México produce uno de los llamados jóvenes talentos, porque tenemos jóvenes valiosos, estudiosos, que han aportado a la ciencia y a la tecnología grandes avances. Los inventos más novedosos, más desarrollados, los tenemos en el talento de los jóvenes mexicanos.

Hay un problema que hemos detectado, y es que, cómo le hacemos para lograr que las universidades tengan un conecte real con el gobierno, con la industria y la academia.

Me parece que en ocasiones las universidades generan carreras. Imagínense que en un estado como del que yo vengo, eminentemente agrícola, en donde la actividad primaria sigue siendo la gran apuesta por el desarrollo de este estado, hubiera alguna carrera que tuviera que ver con una cosa distinta al desarrollo del estado.

Lo que estamos buscando es cómo el Plan Nacional de Desarrollo puede concatenarse, vincularse con las universidades para poder tener perfiles más adecuados y que nuestros jóvenes, hombres y mujeres que se preparan en las universidades de este país, tengan un futuro.

Pero además, no solamente estamos hablando del empleo, estamos hablando del desarrollo en la investigación, que es lo que más interesa en este momento.

Estamos buscando con esta iniciativa que se puedan adoptar compromisos, y que dentro de las atribuciones del IES, que contribuyan para que la educación superior abra una Comisión Nacional de Planeación Institucional e Interinstitucional.

No podemos seguir desvinculando la expectativa que tienen nuestros jóvenes en la preparación, su perfil, con carreras que no tienen que ver con el desarrollo de este país.

Por eso, estamos proponiendo esta reforma a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, para quedar como sigue:

“Artículo 12 Bis. Para crear vínculos interinstitucionales entre las instituciones de Educación Superior habrá una Comisión Nacional de Planeación Institucional e Interinstitucional de Educación Superior, misma que será el órgano encargado de coordinar y encauzar las actividades necesarias para la vinculación de las actividades académicas y de investigación de los institutos de Educación Superior, con la Planeación Nacional de Desarrollo y la planeación de las entidades federativas.

Su integración será determinada por la Secretaría de Educación Pública, misma que deberá procurar identificar las áreas de coordinación entre los Institutos de Educación Superior, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las entidades federativas”.

Por el talento de nuestros jóvenes, mujeres y hombres de este país, por el desarrollo, por el conocimiento de más innovación, nos pronunciamos a que esta iniciativa tenga el proceso legislativo correspondiente y en su momento sea aprobada.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Las y el que suscriben, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ANABEL ACOSTA ISLAS y SOFIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ Senadoras y Senador de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 12 BIS A LA LEY PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, EN MATERIA DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN NACIONAL DEL DESARROLLO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las estadísticas nacionales generadas por la Secretaria de Educación Pública (SEP), la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), coinciden en que en la última década se ha presentado una creciente en la problemática del desempleo en el mercado laboral para los profesionistas.

El panorama no ha mejorado, según los últimos indicadores que generó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el tercer trimestre del 2015, las estadísticas arrojan tasas preocupantes en torno a este sector de la población que se encuentra desocupado en el mercado laboral. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), estima que alrededor de 1, 023,504 personas con educación media superior y superior se encuentran desempleadas, lo que representa un 41.86%, situándolos en los indicadores más preocupantes en comparación con personas que tienen un grado menor al de escuela secundaria.1

Además, se estima que de cada 100 personas que inician la universidad, solamente la terminan 22, de los cuales se titulan 18. De cada 100 que terminan y se titulan, solamente 20 terminan un posgrado con éxito; y de cada 100 que terminan su formación profesional con maestría, sólo 2, en promedio, logran la condición inmediata de joven talento, que es aquel que tiene la capacidad de ejercer su profesión y mejorar contundentemente su condición de vida gracias a ello. Lo que significa que mientras México produce uno de los llamados “jóvenes talento”, en China se producen 1,300; en India, 1,100; en Estados Unidos se forman 700 y en la Unión Europea 400 de estos jóvenes profesionistas.2

Bajo el mismo orden de ideas, resulta importante observar las siguientes estadísticas de la situación nacional del mercado laboral de profesionistas, que arrojan diversos estudios y análisis.

• De cada 10 desempleados, 8 son profesionistas.¡Error! Marcador no definido.

• El nivel salarial promedio que alcanzan los profesionistas es de 7 mil 500 pesos mensuales.3

• 55 de cada 100 egresados de las instituciones de educación superior (IES) trabajan en áreas diferentes a la que estudiaron.

• Cada año 370 mil 553 jóvenes egresan de universidades públicas y privadas del país.¡Error! Marcador no definido.

• Existe falta de oferta laboral para egresados de más de 41 licenciaturas.4

En México las universidades públicas, son sin duda, además de generadoras de profesionistas, las principales promotoras de la investigación y el desarrollo científico y tecnológico del país. Por lo que resulta necesario generar vínculos interinstitucionales con la administración pública, para robustecer el desarrollo nacional.

En relación a esto, la ANUIES, ha destacado que, si bien es cierto que el desempleo en el país afecta a todos los sectores de la sociedad, una de las distorsiones que se presentan en el mercado laboral de los profesionistas se debe a la baja coincidencia de los conocimientos y habilidades adquiridos en las instituciones de educación superior y las funciones desempeñadas, fenómeno que se conoce como desfase de conocimientos.

Al respecto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 26, apartado A, párrafo primero:

El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales

Con lo que se entiende que la planeación del desarrollo nacional será  el eje que articule las políticas públicas que lleva a cabo el Gobierno de la República, pero también como la fuente directa de la democracia participativa a través de la consulta con la sociedad.

Es por ello que en observancia a tales disposiciones, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018considera que la tarea del desarrollo y el crecimiento de México les corresponden a todos los actores, todos los sectores y todas las personas de nuestro país. Destacando el papel fundamental del gobierno como eje rector del desarrollo nacional (en atención a su facultad constitucional) y, sobre todo, como facilitador de la actividad productiva de nuestro país.

En este orden de ideas el Plan expone la ruta que el Gobierno de la República se ha trazado para contribuir, de manera más eficaz, a que todos juntos podamos lograr que México alcance su máximo potencial. Para lograr lo anterior, se establecen como Metas Nacionales: un México en Paz, un México Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un México con Responsabilidad Global. Asimismo, se presentan Estrategias Transversales para Democratizar la Productividad, para alcanzar un Gobierno Cercano y Moderno, y para tener una Perspectiva de Género en todos los programas de la Administración Pública Federal.5

Por su parte el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, establece que la eficacia en el quehacer educativo destinado a las niñas, niños y jóvenes de todo el país exige plena corresponsabilidad entre el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados. La ley determina las funciones que cada uno de los ámbitos de gobierno debe llevar a cabo. A partir de ello, las autoridades de los estados tienen la responsabilidad de la operación de los servicios educativos; son ellas quienes tienen el trato cotidiano con los maestros y por ello han de asegurarse del buen funcionamiento de los planteles conforme a las normas y disposiciones que rigen para todo el país.6

Que la educación superior y la formación para el trabajo debe ser fortalecida para contribuir con el progreso del país; esto mediante el apoyo del desarrollo institucional, el fortalecimiento del trabajo académico y la creación de mecanismos que permitan favorecer el crecimiento de la oferta en áreas prioritarias para el desarrollo regional y nacional.

Finalmente describe la importancia fortalecer las capacidades de investigación en las instituciones de educación superior en áreas prioritarias del país y asegurar que las inversiones se deben concentrar donde existan condiciones más favorables para el desarrollo científico y tecnológico.

En el mismo sentido, el Presidente Enrique Peña Nieto, ha manifestado el interés que Gobierno Federal tiene en este rubro, prueba de eso es que, tan solo en los últimos tres años, el número de académicos en el Sistema Nacional de Investigadores ha aumentado en un 26%, duplicando de forma conjunta el gasto de México en investigación, desarrollo e innovación. Además, el Presidente, ha resaltado la importancia que tiene para la economía establecer los vínculos entre gobierno, industria y academia.7

En cuanto a la importancia que tienen las universidades públicas en el desarrollo económico de los países, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), presentó un análisis que asevera que fortalecer a las universidades públicas puede contribuir a una mayor expansión económica de largo plazo.

La CEPAL ha destacado que las instituciones de educación superior, juegan un papel importante en el sistema de innovación y se subraya la necesidad de fortalecerlas tanto para corregir las insuficiencias en materia de recursos, como para ensanchar los vínculos con el sector productivo de bienes y servicios a fin de que puedan convertirse en una fuerza mayor que impulse el desarrollo tecnológico local.

Se concluye que un punto central en este empeño es cerrar la brecha entre la agenda de investigación de las universidades y las necesidades del mercado nacional, lo que ayudará a que la región compita mejor internacionalmente, y no apoye su participación sólo en los recursos naturales y minerales o en actividades marcadas por el uso intensivo de la mano de obra no calificada.8

Por su parte el Fondo Monetario Internacional, ha manifestado que el fortalecimiento de China como superpotencia manufacturera, ha costado el empleo a muchos trabajadores poco calificados del mundo, por lo que sugiere a los países de occidente reforzar el capital humano con educación y capacitación, para facilitar la transición de los empleados desplazados, en sectores creativos, de innovación y desarrollo tecnológico.9

Una de las herramientas más importantes que permiten desarrollar y empatar la actividad gubernamental con los fines propios del Estado, es la planificación estratégica10, que permite implementar las prioridades nacionales en las políticas públicas.

En ese sentido, en México, el proceso de construcción del marco jurídico que diera las bases para generar un sistema capaz de encauzar la planeación del desarrollo del país, dio inicio el 12 de julio de 1930, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley sobre Planeación General de la República, esto en conjunto con la aprobación del Plan Sexenal de Gobierno 1934-1940,que en diciembre de 1933, gestara la Segunda Convención Ordinaria del Partido Nacional Revolucionario, constituyendo con esto la primera plataforma política y gubernativa en la historia de México.

El Plan Sexenal de Gobierno del entonces Presidente Lázaro Cárdenas del Rio, permitió promover y concretar acciones capaces de reformar la estructura económica del país, estableciendo las bases y la perspectiva de la economía moderna de México y afianzando la estabilidad del país.11

Sin embargo, distintas fueron las visiones de los sexenios subsecuentes, generando que la actividad gubernamental de cada sexenio fuera ejecutada de forma dispersa, por lo que la Ley sobre Planeación General de la República llego a convertirse en un instrumento que solo preveía los mecanismos de la integración de un inventario nacional y regionalizado de los recursos naturales del país.

Si bien es cierto, que existieron diversos proyectos de iniciativas que pretendían dar origen a una Ley que instaurara un sistema integral que permitiera establecer procedimientos, criterios e instrumentos para coordinar y dirigir la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo; no fue sino hasta 1982, que el Presidente Miguel De la Madrid Hurtado impulsara una serie de reformas constitucionales en materia de planeación, así como la iniciativa de la actual Ley de Planeación.12

Las reformas constitucionales concernientes a la planeación del desarrollo del país, se verían reflejadas en la transformación más importante que han tenido los artículos 25 y 26 apartado A de la Constitución, siendo reformados para elevar a rango constitucional la importancia de contar con un sistema planeación democrática que permitiera encauzar el desarrollo integral de la nación, determinando los objetivos de la política nacional y permitiendo inducir cambios estructurales y el uso racional de los recursos.

Los artículos citados con anterioridad siguen siendo los ejes rectores que garantizan el desarrollo nacional, fijando las bases y fines constitucionales que habrá de tener el Plan Nacional de Desarrollo estableciendo lo siguiente:

Art. 25.Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

[…]

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

[…]

Artículo 26. Apartado A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales.

[…]

De tal forma que la política gubernamental debe ser el resultado de un ejercicio ordenado de reflexión y actuación con base en un futuro esperado, por lo que deben crearse vínculos interinstitucionales entre las instituciones de Educación Superior (IES), las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, es por ello que el OBJETIVO DE LA PRESENTE INICIATIVA, es que se puedan adoptar compromisos para que dentro de sus atribuciones las IES contribuyan de forma estratégica y focalizada con las prioridades de la agenda nacional.

Procurando con esto, que sus actividades estén orientadas directamente al impulso del crecimiento integral del país, generando vínculos entre la investigación universitaria y las actividades industriales, así como la producción de bienes y servicios que permitan reforzar el mercado nacional. De igual forma es necesario empatar la oferta de recursos humanos altamente calificados del país, con la oferta laboral.

Derivado de lo anterior y por los argumentos debidamente fundados y motivados, someto ante el Pleno de esta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO UNICO.- Se adiciona el artículo 12 BIS a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, en materia de vinculación interinstitucional para la Planeación Nacional del Desarrollo, para quedar como sigue:

ARTICULO 12 BIS.- Para crear vínculos interinstitucionales entre las instituciones de Educación Superior habrá una Comisión Nacional de Planeación Institucional e Interinstitucional de Educación Superior, misma que será el órgano encargado de coordinar y encauzar las activadas necesarias para la vinculación de las actividades académicas y de investigación de los Institutos de Educación Superior, con la Planeación Nacional del Desarrollo y la Planeación de las entidades federativas.

Su integración será determinada por la Secretaria de Educación Pública, misma que deberá procurar identificar las áreas de coordinación entre los Institutos de Educación Superior, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las entidades federativas.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de Pleno del Senado de la República,
el 29 de marzo de 2016.

CUADRO COMPARATIVO

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

NO EXISTE PRECEDENTE

ARTICULO 12 BIS.- Para crear vínculos interinstitucionales entre las instituciones de Educación Superior habrá una Comisión Nacional de Planeación Institucional e Interinstitucional de Educación Superior, misma que será el órgano encargado de coordinar y encauzar las activadas necesarias para la vinculación de las actividades académicas y de investigación de los Institutos de Educación Superior, con la Planeación Nacional del Desarrollo y la Planeación de las entidades federativas.

Su integración será determinada por la Secretaria de Educación Pública, misma que deberá procurar identificar las áreas de coordinación entre los Institutos de Educación Superior, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las entidades federativas.

 

1 INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores estratégicos.

2 Helios Herrera, director de Helios Consultores y autor del libro Tu carrera después de la carrera.

3 Educa­ción Superior: situación actual y perspectivas, Subsecretaría de Educación Superior.

4 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)

5 http://pnd.gob.mx/

6https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4479/4/images/PROGRAMA_SECTORIAL_DE_EDUCACION_2013_2018_WEB.pdf

7 https://agenda.weforum.org/espanol/2016/01/21/lo-que-la-cuarta-revolucion-industrial-significa-para-mexico/

8 http://www.cepal.org/es/publicaciones/4884-la-educacion-superior-desarrollo-economico-america-latina

9 The Impact of Chinese Imports on Innovation, IT and Productivity.

10 Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES)

11 Plan Sexenal de Gobierno 1934-1940, Ramón Martínez Escamilla

12 Diez Años de Planificación y Administración Pública en México, Ignacio Pichardo Pagaza.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Gastélum Bajo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 215 del Código Penal Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 215 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro: Con su permiso, señor Presidente.

Muy buenos días, compañeras y compañeros Senadores:

La corrupción es uno de los problemas más severos que enfrentamos como país, de acuerdo con un informe del Organismo de Transparencia Internacional, México se ubica en el lugar 95 de 168 países en el Índice de Percepción de la Corrupción.

Las estimaciones de los organismos como el Instituto Mexicano de la Competitividad, es que en este tipo de conductas ilícitas nos cuestan 1.5 billones de pesos, lo que equivaldría al 9 por ciento del Producto Interno Bruto del país.

Un dato revelador del informe Latinobarómetro, estudio que investiga el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en su conjunto, es que la confianza de los ciudadanos en las instituciones no supera el 50 por ciento.

Es indudable que hay un déficit en la credibilidad de los ciudadanos frente a las instituciones y lo es más cuando los principios de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública no se cumplen a cabalidad.

Lo anterior lo comento porque son públicos los casos que involucran a servidores públicos de los diversos órdenes de gobierno que faltan a sus funciones de conducirse con estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el uso de recursos públicos.

Ejemplo de estos casos son los llamados servidores públicos “aviadores”, que generan un gasto excesivo para el presupuesto de la Federación, al encontrarse en las diversas nóminas cobrando del erario público por puestos que en realidad no desempeñan en perjuicio de la sociedad y del erario federal.

De acuerdo a los informes dados por el gobierno federal, en el caso del sector educativo, por ejemplo, se hallaron 40,000 plazas de aviadores, a los que se pagaron indebidamente 3,600 millones de pesos anuales.

Ejemplos como el anterior existen seguramente en muchas dependencias e instituciones en todos los niveles de gobierno. La figura del aviador se ha implantado como un mecanismo de pago de favores políticos.

Por ello, es necesario no sólo se contemplan en acciones administrativas que castiguen este tipo de corrupción, sino establecer una estricta regulación penal que permita su eficacia en el combate contra los servidores públicos que abusan de su autoridad para desviar estos recursos.

Actualmente el Código Penal Federal contempla sanciones de este tipo de conductas, sin embargo, dadas las consecutivas noticias de aviadores en las nóminas gubernamentales, todo indica que no ha sido suficiente para frenar este tipo de corrupción.

Por ello, compañeras y compañeros Senadores, propongo a esta Soberanía elevar las penas previstas en la legislación federal a efecto de tener una ley con un castigo más ejemplar contra quienes en uso de sus facultades le confieren el cargo público que ostentan y que comete un delito de abuso de autoridad contenido en el artículo 215 del Código Penal Federal. Además, esta reforma busca que también se eleven las penas contra quienes reciben sueldo sin trabajar, pues son cómplices de quienes los contratan e igual culpa comparten.

Amigas y amigos, debemos de ser más severos contra el abuso de autoridad en el tema de los aviadores, debemos evitar que se paguen favores políticos con este tipo de mecanismos ilegales, de saqueo a los recursos de la nación.

En los últimos meses las finanzas públicas del país registran retos importantes ante circunstancias internas y externas, sigamos empujando para que los recursos públicos se ejerzan con total transparencia y eficacia.

Como diría el escritor peruano Javier Díez Canseco: “Necesitamos una nación donde la corrupción no sea una forma consentida de gobernar”.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El suscrito, JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, Senador de la República del Congreso General de la Unión en la LXIII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 215 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Estados democráticos se caracterizan por la transparencia y la rendición de cuentas de los gobernantes frente a los gobernados, en específico, ante el uso de los recursos públicos que implica su buen manejo.

Esto involucra a todos los servidores públicos de los diversos órdenes de gobierno, quienes tienen la obligación de conducirse en sus funciones con estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.1 Lo que indudablemente debe tener como efecto, la eliminación de un uso indebido de los recursos públicos.

Sin embargo, existen problemáticas derivadas del ejercicio del servicio público, relacionados con la corrupción tales como los denominados “aviadores” que generan un gasto excesivo para el presupuesto de la Federación al encontrarse en las diversas nóminas, cobrando del erario público por puestos fantasmas, y que no retribuyen nada a la sociedad ni al gobierno.

La corrupción en México nos afecta a todos, pues de acuerdo con un informe del organismo Transparencia Internacional, nuestro país se ubica en el lugar 95 de 168 países en el Índice de Percepción de la Corrupción con datos de 2015,2 y eso nos cuesta cerca del 9% del Producto Interno Bruto.3

Las cifras de corrupción son alarmantes, y el caso de los servidores públicos que cobran sin trabajar no es la excepción, por ejemplo, los maestros aviadores constituyen cerca de 40 mil plazas, y le cuestan al país alrededor de unos 51 millones de pesos anuales.4

Por estas razones, es necesario crear un mecanismo eficiente en la lucha del desvío de recursos públicos. Es decir, no basta que las reglamentaciones administrativas lo contengan, sino más bien, una estricta regulación penal que permita su eficacia en el combate contra los servidores públicos que abusan de su autoridad para desviar los recursos públicos.

Al respecto, el Código Penal Federal establece el delito de abuso de autoridad por parte de los servidores públicos:

Artículo 215.- Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes:

I. … IX…

X. Cuando en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue empleo, cargo o comisión públicos, o contratos de prestación de servicios profesionales o mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean remunerados, a sabiendas de que no se prestará el servicio para el que se les nombró, o no se cumplirá el contrato otorgado;

XI. Cuando autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de autoridad competente para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, siempre que lo haga con conocimiento de tal situación;

XII. Cuando otorgue cualquier identificación en que se acredite como servidor público a cualquier persona que realmente no desempeñe el empleo, cargo o comisión a que se haga referencia en dicha identificación;

XIII. … XVI. …

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones I a V y X a XII, se le impondrá de uno a ocho años de prisión, de cincuenta hasta trescientos días multa y destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Igual sanción se impondrá a las personas que acepten los nombramientos, contrataciones o identificaciones a que se refieren las fracciones X a XII.

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones VI a IX, XIII, XIV, XV, y XVI, se le impondrá de dos a nueve años de prisión, de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Del artículo anterior, se desprende que las fracciones X a XII prevén conductas relativas a la contratación de personas que no son aptas para el servicio público, o bien, que no realizarán las actividades por las que son contratados, conocidos comúnmente como aviadores, y prevé una sanción tanto para el servidor público que los contrate como para la persona que acepte el nombramiento, contratación o identificación que lo acredite como servidor público sin que desempeñe el empleo.

Sin embargo, se ha considerado que esta sanción no ha resultado suficiente para disminuir dichas conductas, pues frecuentemente resaltan noticias que denotan la existencia de aviadores en distintas instancias federales y locales, por ello se propone, elevar la pena prevista en la legislación federal a efecto de que pase de uno a ocho años de prisión, de cincuenta hasta trescientos días multa y destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, a la sanción prevista en el último párrafo del artículo 215 del Código Penal Federal vigente, que va de dos a nueve años de prisión, de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Contribuyendo con esto a desincentivar dichas conductas.

Se requiere combatir el desvío de recursos por parte de los servidores públicos que contratan aviadores que no generan ningún beneficio y sólo representan un costo para el Estado ocupando lugares que podrían ser cubiertos por personas con el perfil requerido o que simplemente no se requieren para el funcionamiento de la instancia a la que se encuentran asignados y que por ello podrían ser eliminados como parte de los esquemas de reducción de gasto, destinando dichos recursos a otros rubros que dentro del aparato de gobierno reflejen verdaderos beneficios. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO ÚNICO.- Se reforman los párrafos último y penúltimo del artículo 215 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 215.-

I.… a XVI. …

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones I a V, se le impondrá de uno a ocho años de prisión, de cincuenta hasta trescientos días multa y destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones VI a XVI, se le impondrá de dos a nueve años de prisión, de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Igual sanción se impondrá a las personas que acepten los nombramientos, contrataciones o identificaciones a que se refieren las fracciones X a XII.

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, el 29 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.

1 Molina Suárez, César de Jesús, Derechos y Deberes del Personal al Servicio de la Administración, pp. 2-3, disponible en https://www.scjn.gob.mx/transparencia/lists/becarios/attachments/71/becarios_071.pdf [en línea], consultado el día 01 de marzo de 2016, 13:00 horas.

2 Tabla de Resultados: Índice de Percepción de Corrupción 2015, disponible en http://www.transparency.org/cpi2015#results-table [en línea], consultado el día 01 de marzo de 2016.

3 “El país más corrupto del mundo”, Revista Forbes, disponible en http://www.forbes.com.mx/el-pais-mas-corrupto-del-mundo/ [en línea], consultado el día 01 de marzo de 2016.

4 “Aviadores magisteriales cuestan 51 millones de pesos al año”, El Economista, disponible en http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/08/26/aviadores-magisteriales-cuestan-51-mdp-ano [en línea], consultado el 01 de marzo de 2016.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Fernández Sánchez Navarro.

Perdón, sí Senadora, dígame, ¿con qué objeto, Senadora Martínez Elizondo?

La Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo: (Desde su escaño) ¿Si me puedo suscribir a su iniciativa?

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muy bien, el Senador acepta su adhesión. El Senador Héctor, también, gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.





 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 232 Y SE ADICIONA UN NUMERAL 2 AL ARTÍCULO 233 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; Y SE ADICIONA EL NUMERAL 6 AL ARTÍCULO 3, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 44 BIS Y 44 TER A LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

(Presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el pasado 10 de marzo un acuerdo del Instituto Nacional Electoral por el que se establecían criterios para garantizar la paridad de géneros tanto vertical como horizontal en las elecciones.

Se intentaba, escúchese bien, garantizar la paridad que aquí establecimos para todos los asuntos electorales. El Acuerdo referido establecía varias medidas para garantizar los derechos políticos de las mujeres, criterios para respetar la paridad en sus múltiples dimensiones.

Entre sus disposiciones, el mencionado Acuerdo establecía otorgar el mayor número de candidaturas a las mujeres cuando el total de los puestos a elegirse fuera impar, el principio de paridad vertical y horizontal, llevado incluso a las alcaldías y a los ayuntamientos, así como varios criterios que garantizaban que los partidos no asignaran a un solo género las candidaturas en los distritos en los que tienen menos votación. El espíritu era el correcto.

No es admisible que para decirse progresistas los partidos envíen a las mujeres a los lugares donde les es imposible ganar. El esfuerzo y la victoria corresponden por igual a unas y a otros en todos los casos.

Nosotros estimamos que la decisión del tribunal favoreció una evaluación de minucias procedimentales en vez de ajustarse al enfoque garantista de nuestro artículo 1o. constitucional.

Como sea, este asunto es demasiado importante y no debe quedar a interpretaciones, no debe quedar a ver margen para alejarnos de la democracia paritaria, razón por la que presentamos esta iniciativa.

La desigualdad por razón de género es una realidad lacerante, y para muestra hay muchos botones: el rezago social, la vulnerabilidad alimentaria, la pobreza, muchos más. Pero, en materia política, pese a que las mujeres representamos poco más de la población mundial, en el año 2015 sólo existían en el mundo 11 Jefas de Estado; mientras que dentro de los congresos las mujeres continuaban tan sólo en el 22 por ciento de sus integrantes a nivel mundial.

En México, aunque ha habido avances, estos son insuficientes aún.

Dentro del Gabinete Legal y Ampliado de la Presidencia de la República, sólo hay 6 titulares de 30 dependencias federales que son ocupadas por mujeres; sólo hay una gobernadora, sólo hay 2 mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está conformada por 11 ministros.

Las mujeres representan el 42.4 por ciento en la composición de la actual Legislatura de la Cámara de Diputados, son 212 Diputadas de un total de 500; por su parte, el Senado de la República cuenta actualmente con la representación de 47 mujeres de 128 espacios, lo que significa un 36.7 por ciento del total.

Por tratarse de una desigualdad originaria, si no se aplican acciones afirmativas, la desigualdad se perpetúa. Esa ha sido, de hecho, la razón de las luchas de las acciones afirmativas de las últimas fechas, por la democracia paritaria.

La razón es elemental para quien quiere entenderla. Para alcanzar la igualdad hay que impulsar a quienes de origen se encuentran en desigualdad.

A lo largo del siglo pasado y lo que va de éste, las mujeres hemos ido conquistando, poco a poco, nuestros derechos políticos; remando contra corriente y derrotando prejuicios, logrando el derecho al voto, la independencia en trámites administrativos y cada vez ganamos más autonomía efectiva.

En esta lucha se enmarca el objetivo de la democracia paritaria. Aspiramos a que el país sea de todas y de todos por igual.

Desde luego no se trata de una lucha nacional sino mundial, pero la Declaración de Atenas aprobada en la Primera Cumbre Europea “Mujeres en el Poder”, estableció en 1992 que, dado que las mujeres somos más de la mitad de la población, una democracia, para apreciarse de ser tal, deberá incorporar la paridad de representación política en las administraciones y en los congresos.

También, en 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, los gobiernos de 189 países, entre ellos México, aprobamos la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en dicha Declaración se trazó la guía de acción rumbo al empoderamiento de las mujeres y los derechos humanos para las mujeres y las niñas.

La Plataforma de Acción contiene compromisos en 12 áreas, y una de ellas es “la mujer en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones”. Dentro de esta área quedó demostrado que el principal obstáculo para las mujeres en la vida pública es el diseño institucional bajo el cual los partidos políticos y las estructuras gubernamentales eligen a sus representantes.

Dentro de los acuerdos establecidos dentro de la Conferencia de Beijing está la adopción de medidas que alienten a los partidos políticos a integrar a las mujeres en los cargos públicos electivos y también en los no electivos en la misma proporción y en las mismas categorías que a los hombres, es decir: la democracia paritaria exige que las mujeres estemos representadas en igualdad de condiciones y en número, no sólo en los órganos legislativos, también en los órganos de gobierno de la administración pública federal y locales, y en el Poder Judicial; se trata de una condición que es necesaria para los intereses de las mujeres se tomen en cuenta.

La inclusión paritaria es solamente un acto de justicia mínima, elemental; no se trata de una cuota o de una concesión, se trata de derechos y de constitución. Sin embargo, el principio de democracia paritaria de poco valdría si no hay mecanismos legales que garanticen su cumplimiento en todos estos nombramientos públicos, así como en el establecimientos de criterios transparentes en la selección de puestos directivos y de candidaturas.

En este espíritu que proponemos se lleve a la ley estos cambios propuestos en materia de paridad de género, que pueden sintetizarse en dos puntos:

Uno.- Que se incorpore al artículo 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales la disposición de respetar la paridad vertical y horizontal, es decir, deberá haber paridad en las listas plurinominales, pero también en los distritos y en las entidades territoriales que estén sujetos a elección. Además, se establece en el artículo 233 que cuando sea impar el número total de candidaturas postuladas por un partido político o coalición, el número mayoritario deberá corresponder al género femenino en la lógica de una acción afirmativa.

Estas disposiciones se llevarán también a la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 3; se darán a las autoridades correspondientes, los medios para hacer efectivas las disposiciones y, en su caso, ordenar la sustitución de candidatos.

Segundo.- Se incorpora, por otra parte, en el artículo 44 Bis de la Ley General de Partidos Políticos, una disposición que instituye un mecanismo para revisar que no se asignen candidaturas solamente a mujeres en distritos de baja votación, para lo que habrá una revisión de los distritos y se dividirán en tres bloques: los distritos de baja votación, de media votación y de alta votación, después será paritario obligatoriamente la composición de candidaturas en cada uno de estos bloques.

Estimadas compañeras y compañeros, confío plenamente en que nadie se opondrá a este cambio, pues en pro de la igualdad entre los géneros a diferencia de las razones que llevaron a diversos partidos a inconformarse con el acuerdo del INE al respecto, esta iniciativa favorecer la certeza jurídica para los procesos subsecuentes.

Si todos hacemos o hemos aprobado el principio de paridad, todos aprobaremos, sin duda, las disposiciones para llevarlo a la realidad, este compromiso debe ser de largo aliento, de alto alcance y confío en ello.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 232 Y SE ADICIONA UN NUMERAL 2 AL ARTÍCULO 233 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; Y SE ADICIONA EL NUMERAL 6 AL ARTÍCULO 3, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 44 BIS Y 44 TER A LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS PARA GARANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS CANDIDATURAS A DIPUTACIONES FEDERALES Y LOCALES, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El propósito de la presente iniciativa consiste en incluir un marco de acciones afirmativas en materia de política electoral a fin de favorecer la participación de mujeres dentro de la arena pública. Para sustentar este objetivo, la presente exposición de motivos se dividirá en 4 apartados.

• En el apartado 1 se abordan en lo general, la necesidad de implementar políticas de acción afirmativa y el por qué las mujeres son un grupo el cual debe ser apoyado con éstas.

• El apartado 2 versa sobre el compromiso que tienen las instituciones del Estado de implementar las acciones afirmativas a favor de las mujeres.

• En el apartado 3 se expondrán los antecedentes regulatorios en la materia.

• Finalmente, el apartado 4 presentará la propuesta concreta de modificaciones a las Leyes que rigen la materia político electoral.

1. Las Políticas de Acción Afirmativa

1.1 Los Antecedentes de las Políticas de Acción Positiva.

La política de acciones afirmativas es aquella a través de la cual las instituciones o las organizaciones buscan mejorar las oportunidades de los segmento de la sociedad que históricamente han sido objeto de discriminación estructural e institucional. El término comenzó a ser utilizado en los Estados Unidos y su origen está vinculado con el Movimiento por los Derechos Civiles ocurrido en ese país durante los años sesenta del siglo XX.1

El contexto histórico del movimiento surge de la lucha de la comunidad afroamericana de los Estados Unidos en contra de un esquema de discriminación estructural e institucional. A pesar de que legalmente la comunidad afroamericana ya poseía los mismos derechos que sus pares blancos, en la realidad era muy difícil que las personas afroamericanas pudieran hacer valer sus derechos. Tan solo por mencionar un ejemplo, en materia de acceso a la educación, para mediados de la década de los sesenta sólo el 5 por ciento de la población universitaria era afroamericana.

Para remediar dicha situación, los presidentes norteamericanos John F. Kennedy, y posteriormente Lyndon Johnson, tomaron acción por medio de Órdenes Ejecutivas2, por las cuales el gobierno de los Estados Unidos emitió mandatos a las instituciones del Estado así como a contratistas de gobierno para mejorar las oportunidades y ofertas dirigidas a la comunidad afroamericana, tanto en acceso a la educación superior como a mejores oportunidades de empleo.

El espíritu detrás de las acciones afirmativas está encapsulado en las palabras del Presidente norteamericano Lyndon Johnson3, quien dijo:

La libertad no es suficiente. […] No puedes tomar a una persona -quien por años ha estado encadenada- liberarla, colocarla en la línea de salida y decirle ‘eres libre de competir con los demás’, y pensar todo eso es completamente justo.

De ello se debe entender que a fin de equilibrar las condiciones sociales, no basta con permitirle a los sectores marginados competir en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad. Por el contrario, se tiene que subsanar el daño que ya ha sido generado, a fin de alcanzar realmente la justicia.

Esos son los orígenes detrás de la política de acciones afirmativas. Y tal como algunas comunidades han sido víctimas de injusticias y discriminación por motivos raciales, también es cierto que otros grupos han sido y siguen siendo vulnerables a sufrir exclusión social por motivos fuera de su propio control. Uno de estos grupos son las mujeres.

1.2 Las Mujeres como grupo vulnerable.

En primer lugar, se debe considerar a la vulnerabilidad como la fragilidad o la poca capacidad de una persona o de un grupo de poder enfrentar riesgos inminentes. Bajo este entendido, la vulnerabilidad de las mujeres ha sido claramente documentada. En el caso de México, por ejemplo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ha identificado una asociación entre la precariedad y el rol social asignado a las personas con base en la diferencia sexual. Cuando se pone en perspectiva las desigualdades entre hombres y mujeres dentro de la medición de la pobreza, el rezago social de las mujeres frente a su contraparte masculina es evidente.4

Muestra clara de ese rezago social se hace patente en los hogares donde una mujer es la Jefa de Familia. Las características de estos hogares tienden a mostrar mayores situaciones de vulnerabilidad. Tómese como ejemplo la vulnerabilidad alimentaria; en el año 2012, 24.3% de los hogares dirigidos por mujeres sufrieron de carencia alimentaria, mientras que aquellos hogares dirigidos por hombres que atravesaron por la misma carencia fue de 20.5% del total.5

El rezago que enfrentan las mujeres no es casual. De hecho, es consecuencia de construcciones sociales que efectivamente limitan la capacidad de las mujeres para afrontar situaciones desventajosas. Para ilustrar este punto, considérese la forma en la que los géneros enfrentan la pobreza. Si bien es cierto que la pobreza no es exclusiva a un género, las mujeres padecen la pobreza de una forma más intensa. En condiciones de pobreza, la mujer corre un mayor riesgo a carecer de acceso a una alimentación o a servicios de atención sanitaria. También cuentan con menos oportunidades para capacitarse, trabajar o emprender negocios.6

De forma paralela a la discriminación que las mujeres enfrentan en el ámbito económico, las mismas construcciones sociales han desplazado históricamente a las mujeres delas áreas de toma de decisiones y el ejercicio del poder. Basta ver la integración de las instituciones políticas para cerciorarse de este desplazamiento.

Pese a que las mujeres representan casi poco más de la mitad de la población mundial, al año 2015, solo existían en el mundo 11 mujeres Jefas de Estado, mientras en dentro de los Congresos, las mujeres constituían tan solo el 22% de sus integrantes a nivel mundial.7

Para el caso particular de México, la composición de las instituciones del Estado es la siguiente:

• Poder Ejecutivo:

- Dentro del Gabinete Legal y Ampliado del Presidente de la República, solo 6 titulares de las 30 Dependencias Federales son mujeres.8

- Solo hay 1 Gobernadora en toda la República.

• Poder Judicial:

- Solo hay 2 mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está conformada por 11 Ministros.9

• Poder Legislativo:

- Las mujeres representan el 42.4% de la composición de LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con 212 integrantes de 500.10

- Por su parte, el Senado de la República cuenta actualmente con la representación de 47 mujeres de 128 espacios, lo que significa un 36.7% del total.

El desequilibrio en que enfrentamos solo puede ser explicado con base en esas construcciones sociales que han asignado roles y responsabilidades a las personas por motivo de su base sexo. El problema es que esas asignaciones arbitrarias han generado consecuencias históricas que han puesto en desventaja a un grupo frente al otro. por ejemplo:

• La división del trabajo entre los sexos: el hecho de que las mujeres hayan sido relegadas al trabajo no remunerado del hogar, ha repercutido en el hecho de que cuenten con menos tiempo y recursos que les permitan participar en las decisiones de su comunidad.

• Barreras estructurales e ideológicas: en el ámbito profesional las mujeres se enfrentan al Techo de Cristal (glassceiling, en inglés), entendido el mismo como un fenómeno por el cual mientras más avance una mujer dentro de una estructura jerárquica, más obstáculos se interpondrán en su camino, al punto de que llegará un momento que no podrá subir a independientemente de sus aptitudes y capacidades.11

Es así que la única forma de romper con esas construcciones sociales es por medio de acciones creadas específicamente para modificar las condiciones que han sido establecidas de forma histórica. A continuación se verá que las instituciones del Estado tienen la capacidad y el compromiso de contribuir a la implementación de estas acciones a favor de equidad de género.

2. Las Instituciones del Estado y la Paridad de Género:

Una verdadera comunidad democrática no puede permitir que la mitad de sus integrantes sean sub-representados en los espacios de la toma de decisiones. De hecho, un Estado que se dice democrático debe apuntar a una representación y participación plena de todos los sectores que le conforman.12

Si bien en las últimas décadas se ha dado un avance en la representación política de las mujeres, aún queda un largo trecho por recorrer. La comunidad internacional, incluyendo a México, está consciente de las desventajas que enfrentan las mujeres. Es por ello que en 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, los gobiernos de 189 países aprobaron la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. En dicha declaración se trazó la guía de acción rumbo a la equidad de género, empoderamiento de las mujeres y derechos humanos para mujeres y niñas.13

La Plataforma de Acción contiene compromisos en 12 áreas críticas para las mujeres, y una de ellas es “la Mujer en el ejercicio del poder y la toma de decisiones”.14 Dentro de esta área quedó demostrado que el principal obstáculo para las mujeres en la vida pública es el diseño institucional, bajo el cual los partidos políticos y las estructuras gubernamentales eligen a sus representantes.15

Dentro de los acuerdos establecidos dentro de la Conferencia de Beijing está la adopción de medidas, incluyendo modificaciones en los sistemas electorales, a fin de alentar a los partidos políticos a integrar a las mujeres en los cargos públicos electivos y no electivos en la misma proporción y en las mismas categorías que los hombres.16

Las modificaciones a los sistemas electorales es un aspecto instrumental, pues solo así se puede combatir estatus quo existente. Frente a la falta de voluntad política de algunos miembros de la sociedad, las instituciones deben inclinar la balanza hacia la paridad.

3. De los Antecedentes Regulatorios

3.1 Acción Afirmativa en México.

El Estado mexicano ha experimentado una la evolución política propia. El avance que han tenido las mujeres ha enriquecido la conformación de las instituciones del México del Siglo XXI.

Este mismo Senado de la República dejó plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nuestro compromiso con la paridad entre los géneros tras la Reforma Política publicada el 10 de febrero 2014 en el Diario Oficial de la Federación, y posteriormente quedó ratificado en las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, ambas publicadas el 23 de mayo 2014.

Lo anterior es resultado de la lucha que las mujeres han dado en favor de la igualdad, mismo que ha sido reforzado por la influencia internacional que empuja rumbo a la paridad de género. No obstante los logros alcanzados, éstos requieren de la implementación de acciones afirmativas que permitan concretar en la práctica los derechos alcanzados.

Todo esto nos lleva al acuerdo INE/CG63/2016, el cual fue aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 8 de febrero. Debido a que el Consejo General identificó la ausencia de un mecanismo apropiado para la implementación efectiva de la equidad de género, éste encontró necesario modificar las reglas en la integración de candidaturas a los puestos de elección popular a nivel local a fin de garantizar el cumplimiento al principio de paridad de género.

Es así que el Consejo General del INE previó 13 acciones orientadas a establecer un piso mínimo en la materia. De entre estas 13 destacan:

• Numerales 4 y 6: por el cual se establece el criterio de otorgar el número mayoritario de candidaturas a las mujeres cuando el total de los espacios puestos a elección sea impar.

• Numeral 7: Por el que se establece el criterio de que en la conformación de las planillas para Ayuntamientos y Alcaldías se deberá aplicar el principio de paridad de forma vertical y horizontal.
• Numeral 10: Por el que se establecen los criterios que garantizarán que los partidos políticos no asignen únicamente a un sexo las candidaturas en áreas donde históricamente han sido competitivos.

Desafortunadamente, el acuerdo del INE se encontró con oposición por parte de 4 partidos políticos distintos, a saber: Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido del Trabajo (PT).

Estos 4 partidos llevaron levantaron un recursos de apelación contra el acuerdo del INE. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) conoció del asunto, y sus resolutivos son presentados en el siguiente apartado.

3.2 De los contenidos y el fallo de la Sala Superior del TEPFJ

El pasado jueves 10 de marzo, la Sala Superior del TEPJF discutió el recurso de apelación SUP-RAP-103/2016 y sus acumulados. Por éste, se conoció de las apelaciones que MORENA, el PRI, el PAN y el PT interpusieron en contra del acuerdo INE/CG63/2016 del Consejo General del INE. A continuación se presenta un resumen del documento discutido.

Resumen del SUP-RAP-103/2016:

Entre el 11 y 12de febrero pasado, el TEPJF recibió recursos de apelación contra la acción del INE de parte de los 4 partidos políticos citados, a saber:

Partido Político

Argumentos contra el Acuerdo

MORENA

El acuerdo no está apegado a las normas internacionales, a los artículos 1 y 41 Constitución, ni a las normas convencionales en materia de paridad de género debido a que:

a) Se omitió establecer una regla final que permita modificar la lista de representación proporcional para lograr la integración 50-50 dentro de la Asamblea Constituyente;

b) No garantiza el cumplimiento del principio de paridad de género en las fórmulas de candidatos independientes,

c) No existe ningún criterio que garantice el cumplimiento efectivo del principio de paridad de género en la postulación de las candidaturas por parte de las coaliciones.

PRI

El Consejo General del INE carecía de facultades y atribuciones para establecer las medidas afirmativas, ya que el ejercicio de la facultad de atracción que utilizó no está justificado, ya que:

a) No se surten los elementos para la aplicación de una medida afirmativa;
b)Se invaden las facultades de los órganos legislativos de los Estados, ya que les impone a los partidos políticos la obligación de cumplir con el criterio de paridad horizontal, sin tomar en consideración las reglas particulares de las entidades federativas;

c) La atracción no se hizo conforme al procedimiento previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y
d) El acuerdo viola el principio de certeza porque fue aprobado con posterioridad a que se iniciaran los procesos electorales locales, con lo que además se infringe lo establecido por el artículo 105 de la Constitución.

PT

El acuerdo viola el principio de certeza al establecer reglas fundamentales de forma posterior al inicio de los procesos electorales locales, particularmente en materia de legalidad y de auto-organización de los partidos políticos, porque:

a) Se favorece a uno sólo de los géneros, en detrimento de los derechos políticos de los demás militantes de los partidos para contender en igualdad de condiciones en los procesos internos, ya que

b) El INE impone a los partidos políticos la obligación de que en el caso de candidaturas impares en los cargos a elección se designe a más candidatas mujeres, por ejemplo, de 7 espacios, 4 serán mujeres y 3 hombres, por lo que

PAN

El acuerdo debe ser inválido porque:

a) el Consejo General del INE transgrede facultades y libertades de las entidades federativas, en particular las de la configuración legislativa materia de paridad de género;

b) Las resoluciones son excesivas porque establecen criterios únicos sin considerar el contexto cultural y regional de las a doce entidades federativas a las que se afecta;

c) La facultad de atracción está indebidamente fundado y motivado porque reglamenta de manera uniforme a todas las entidades federativas en las que se está desarrollando proceso electoral, sin haber realizado un análisis exhaustivo de las condiciones en las que se encuentra cada una.

d) El acuerdo es incongruente porque de acuerdo con sí mismo, su objetivo es el de interpretar vacíos legales y al mismo tiempo reconoce que las legislaciones estatales sí se encuentra reconocido el principio de paridad horizontal;

e) Se estima que el acuerdo vulnera el derecho de auto-determinación de los partidos políticos, como los es su atribución para decidir quién puede encabezar una planilla;

f) Los criterios establecidos que afectan la capacidad de decisión de sus militantes, pues la Constitución no obligada a los partidos a adoptar medidas de paridad horizontal en los cargos de elección de los ayuntamientos;

g) El acuerdo no se emitió con oportunidad, y

h) Se establecen criterios excesivos para verificar el cumplimiento del principio de paridad horizontal por parte de los partidos políticos o las coaliciones, a través de no destinar exclusivamente a un género a aquéllos municipios en los que se tuvieran los porcentajes de votación más bajos, cuando éste no es el mejor método para medir la competitividad en el caso de los Ayuntamientos.

La Sala Superior decidió desechar por completo el Acuerdo INE/CG63/2016, debido a que el Consejo General del Instituto ejerció su facultad de abstracción fuera de los parámetros legales que la rigen, con base en dos razones:

1) EL INE ejerció quiso ejercer una facultad de control Legislativo y Constitucional por medio de un acuerdo que se sobrepone a las Constituciones y Leyes de los Estados, para lo cual no cuenta con ningún sustento.

2) El INE desatendió el principio de certeza jurídica al querer hacer efectivos criterios distintos a los que ya habían sido establecidos al inicio de un proceso electoral.

La votación fue 4 votos a favor y 1 en contra de la Sentencia de la Sala Superior. El voto en contra fue de parte de la Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, quien manifestó su desacuerdo con algunos de los puntos contenidos en el resolutivo.

La Magistrada Alanís Figueroa comparte con el resto de los magistrados la opinión de que el Consejo General del INE excedió su facultad de atracción con el acuerdo emitido, pero no del modo en que los demás magistrados lo indicaron al votar a favor de la sentencia.

Por un lado, es cierto que la forma en que el INE actuó fue incorrecto. Sin embargo, ello no significa que sea necesario descartar por completo el trabajo. De los 13 criterios establecidos en el acuerdo del INE, la mayoría cuenta con un sustento legal contenido dentro de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.

Solo los 4 de los 13 criterios contenidos en el acuerdo carecían de sustento jurídico. A saber:

• Numeral 2, sobre la conformación de las fórmulas de candidaturas independientes;

• Numeral 4, que cuando sea impar el número total de candidaturas, el número mayoritario corresponderá al género femenino;

• Numeral 6, que tanto en las listas de Representación Proporcional así como las planillas a los Ayuntamientos, el 50% deberá estar encabezada por cada género en estados con más de una circunscripción, y

• Numeral 13, por el que el acuerdo se establecía un criterio para estar por arriba de las legislaciones locales.

Es así que la Magistrada llegó a la conclusión la Sala Superior solo necesitaba instruir al Consejo General del INE remover los 4 criterios mencionados a fin de dar completa validez el acuerdo. El desechar por completo el acuerdo significaría ir en contra de los esfuerzos que hace el INE a favor de la equidad de género.

Por su parte, los demás Magistrados integrantes de la Sala Superior fueron cuidadosos en señalar que su fallo no correspondía a una posición con respecto a las acciones afirmativas. Por el contrario, ellos asentaron en el acta que la revocación del acuerdo del INE no eximía a los partidos políticos de su obligación legal a favor de la paridad de género.

3.2 Posicionamiento frente a la resolución de la corte.

Saludamos el compromiso del Poder Judicial en pro de la certeza jurídica. La presente iniciativa no pretende cuestionar la resolución de los magistrados. Por el contrario, su trabajo ha servido para reflexionar sobre los vacíos legales que existen en las Leyes político-electorales.

Compartimos con los magistrados la opinión de que el Consejo General del INE carece de facultades para establecer criterios con alcance legislativo. Pero es a partir de ahí que existe un área de oportunidad para el Poder Legislativo.

Deseamos recoger las intenciones del INE a favor de la paridad de género, a fin de subsanar los vacíos existentes en la legislación general en la materia. Es así que surge la inspiración detrás de la presente iniciativa, y en razón de ello se presenta la siguiente propuesta.

4. La Propuesta

Toda vez que la Reforma Política Electoral del año 2014 tuvo como resultado la expedición de Leyes Generales que rigen en materia política-electoral a nivel nacional y local, se estima apropiado recuperar el espíritu contenido dentro del acuerdo INE/CG63/2016 en materia de acciones afirmativas a favor de la paridad de género.

La propuesta consiste en reformar los artículos 232 y 233 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como realizar una adición al artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. De modo que el nuevo texto sea:

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

DICE

DEBE DECIR

Artículo 232.

1. a 3. …

(No existe correlativo)

 

 

 

 

4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.

5. En el caso de que para un mismo cargo de elección popular sean registrados diferentes candidatos por un mismo partido político, el Secretario del Consejo General, una vez detectada esta situación, requerirá al partido político a efecto de que informe al Consejo General, en un término de cuarenta y ocho horas, qué candidato o fórmula prevalece. En caso de no hacerlo se entenderá que el partido político opta por el último de los registros presentados, quedando sin efecto los demás.

Artículo 232.

1. a 3. …

4. En el registro de candidaturas señalado en los numerales 2 y 3 del presente artículo deberán respetarse los principios de paridad de forma vertical y horizontal. Cuando sea impar el número total de candidaturas postuladas por un partido político, el número mayoritario deberá corresponder al género femenino.

5. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.

6. En el caso de que para un mismo cargo de elección popular sean registrados diferentes candidatos por un mismo partido político, el Secretario del Consejo General, una vez detectada esta situación, requerirá al partido político a efecto de que informe al Consejo General, en un término de cuarenta y ocho horas, qué candidato o fórmula prevalece. En caso de no hacerlo se entenderá que el partido político opta por el último de los registros presentados, quedando sin efecto los demás.

Artículo 233.

1. …

(No existe correlativo)

Artículo 233.

1. …

2. Cuando sea impar el número total de candidaturas postuladas por un partido político o coaliciones ante el Instituto, el número mayoritario deberá corresponder al género femenino.

 

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

DICE

DEBE DECIR

Artículo 3.

1. a 5. …

(No existe correlativo)

Artículo 3.

1. a 5. …

6. En el registro de candidaturas señalado en los numerales 4 y 5 del presente artículo deberán respetarse los principios de paridad de forma vertical y horizontal. Cuando sea impar el número total de candidaturas postuladas por un partido político, el número mayoritario deberá corresponder al género femenino.

(No existe correlativo)

Artículo 44 Bis.

1.Para verificar que los partidos políticos observen la obligación establecida en el numeral 5 del artículo 3 de esta Ley, se deberá realizar lo siguiente:

a) Respecto de cada partido, se enlistarán todos los distritos en los que presentó una candidatura al cargo en cuestión, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje de votación que en cada uno de ellos hubiere recibido en el Proceso Electoral análogo anterior.

b) Posteriormente, se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio de los distritos: el primer bloque, con los distritos en los que el partido obtuvo la votación más baja; el segundo, con los distritos en los que obtuvo una votación media; y el tercero, con los distritos en los que obtuvo la votación más alta. En este sentido, se revisará la totalidad de los distritos de cada bloque, para identificar, en su caso, si fuera apreciable un sesgo evidente que favoreciera o perjudicara a un género en particular; es decir, si se encontrara una notoria disparidad en el número de personas de un género comparado con el de otro.

c) El primer bloque, de distritos con “votación más baja”, se analizará de la manera siguiente:

i) Se realizará lo señalado en el inciso anterior;

ii)En el mismo orden en que se encuentran enlistados los distritos de este bloque, se dividirá en cuatro partes iguales, y

iii) Se revisarán únicamente los distritos pertenecientes al primer cuarto, es decir, los distritos en los que el partido obtuvo la votación más baja en la elección anterior. Lo anterior, para identificar si en este grupo más pequeño es, o no, apreciable un sesgo que favorezca o perjudique significativamente a un género en particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de personas de un género comparado con el de otro.

Para efecto de lo anterior, cuando el número del primer bloque sea   inferior a 8, se dividirá únicamente entre 2.

d) Para la división en bloques de tres y en cuartos, si se tratare de un número que no fuese múltiplo de dichas cantidades, el remanente se considerará en el bloque de distritos de menor votación.

2. Para el caso de los partidos políticos que no hayan participado aún en proceso electoral alguno, el Consejo General deberá expedir los criterios con los cuales se   garantizará una distribución afín a los principios de paridad de forma  vertical y horizontal. Estos criterios deberán expedirse de forma anterior al inicio del proceso de designación interna de los partidos en cuestión.

(No hay correlativo)

Artículo 44 Ter.

1. Para la aplicación del artículo anterior, en caso de haberse modificado el marco geográfico que comprende la entidad, se tomará como referencia el cuadro de equivalencias que emita el Instituto.

Con estas modificaciones se logra establecer el piso mínimo y los criterios generales   que permitan la implementación efectiva de acciones orientadas la paridad de género.

Con ello se atiende las observaciones que realizó la Magistrada Alanís Figueroa y se le da un sustento legal a las acciones afirmativas que el Instituto Nacional Electoral quiso establecer por medio de su acuerdo del 8 de febrero. Además, toda vez que los propios magistrados reconocen que la implementación de acciones afirmativas va acorde con los preceptos constitucionales, legales y de jurisprudencia, no existe conflicto alguno por el cual la presente propuesta sea improcedente.

El Senado de la República debe escuchar a las voces del INE como las del Tribunal Electoral y colaborar con ellas a fin de poder fortalecer las acciones afirmativas que    solo tienen por objeto combatir la disparidad que enfrentan las mujeres en la arena pública.

Estamos conscientes que llegará un momento cuando las acciones afirmativas no sean necesarias. Pero hasta que ese día no llegue, las Instituciones que integran al Estado mexicano deben trabajar en favor de los grupos que han sido marginados históricamente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 232 Y SE ADICIONA UN NUMERAL 2 AL ARTÍCULO 233 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y SE ADICIONA UN NUMERAL 6 AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS PARA QUEDAR COMO SIGUEN:

ARTÍCULO PRIMERO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 232 Y SE ADICIONA UN NUMERAL 2 AL ARTÍCULO 233 Y DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 232.

1. a 3. …

4. En el registro de candidaturas señalado en los numerales 2 y 3 del presente artículo deberán respetarse los principios de paridad de forma vertical y horizontal. Cuando sea impar el número total de candidaturas postuladas por un partido político, el número mayoritario deberá corresponder al género femenino.

5. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.

6. En el caso de que para un mismo cargo de elección popular sean registrados diferentes candidatos por un mismo partido político, el Secretario del Consejo General, una vez detectada esta situación, requerirá al partido político a efecto de que informe al Consejo General, en un término de cuarenta y ocho horas, qué candidato o fórmula prevalece. En caso de no hacerlo se entenderá que el partido político opta por el último de los registros presentados, quedando sin efecto los demás.

Artículo 233.

1. …

2. Cuando sea impar el número total de candidaturas postuladas por un partido político o coaliciones ante el Instituto, el número mayoritario deberá corresponder al género femenino.

ARTÍCULO SEGUNDO.- SE ADICIONA UN NUMERAL 6 AL ARTÍCULO 3, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 44 BIS Y 44 TER A LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 3.

1. a 5. …

6. En el registro de candidaturas señalado en los numerales 4 y 5 del presente artículo deberán respetarse los principios de paridad de forma vertical y horizontal. Cuando sea impar el número total de candidaturas postuladas por un partido político, el número mayoritario deberá corresponder al género femenino.

Artículo 44 Bis.

1. Para verificar que los partidos políticos observen la obligación establecida en el numeral 5 del artículo 3 de esta Ley, se deberá realizar lo siguiente:

a) Respecto de cada partido, se enlistarán todos los distritos en los que presentó una candidatura al cargo en cuestión, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje de votación que en cada uno de ellos hubiere recibido en el Proceso Electoral análogo anterior.

b) Posteriormente, se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio de los distritos: el primer bloque, con los distritos en los que el partido obtuvo la votación más baja; el segundo, con los distritos en los que obtuvo una votación media; y el tercero, con los distritos en los que obtuvo la votación más alta. En este sentido, se revisará la totalidad de los distritos de cada bloque, para identificar, en su caso, si fuera apreciable un sesgo evidente que favoreciera o perjudicara a un género en particular; es decir, si se encontrara una notoria disparidad en el número de personas de un género comparado con el de otro.

c) El primer bloque, de distritos con “votación más baja”, se analizará de la manera siguiente:

i) Se realizará lo señalado en el inciso anterior;

ii) En el mismo orden en que se encuentran enlistados los distritos de este bloque, se dividirá en cuatro partes iguales, y

iii) Se revisarán únicamente los distritos pertenecientes al primer cuarto, es decir, los distritos en los que el partido obtuvo la votación más baja en la elección anterior. Lo anterior, para identificar si en este grupo más pequeño es, o no, apreciable un sesgo que favorezca o perjudique significativamente a un género en particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de personas de un género comparado con el de otro.

Para efecto de lo anterior, cuando el número del primer bloque sea inferior a 8, se dividirá únicamente entre 2.

d) Para la división en bloques de tres y en cuartos, si se tratare de un número que no fuese múltiplo de dichas cantidades, el remanente se considerará en el bloque de distritos de menor votación.

2. Para el caso de los partidos políticos que no hayan participado aún en proceso electoral alguno, el Consejo General deberá expedir los criterios con los cuales se garantizará una distribución afín a los principios de paridad de forma vertical y horizontal. Estos criterios deberán expedirse de forma anterior al inicio del proceso de designación interna de los partidos en cuestión.

Artículo 44 Ter.

1. Para la aplicación del artículo anterior, en caso de haberse modificado el marco geográfico que comprende la entidad, se tomará como referencia el cuadro de equivalencias que emita el Instituto.

TRANSITORIOS

Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán adecuar el marco jurídico-electoral, antes del proceso electoral local siguiente.

Tercero. Los partidos políticos deberán adecuar sus documentos básicos y demás reglamentación interna a lo previsto en esta Ley y en las demás disposiciones legales aplicables.

Dado en el Senado de la República, el 29 de marzo 2016.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 NationalConference of StateLegislatures, “Affirmativeaction-Overview”(Organización de los Congresos Locales de los Estados Unidos). Disponible en: http://www.ncsl.org/research/education/affirmative-action-overview.aspx

2 Órdenes Ejecutivas #10925 y #11246 respectivamente.

3 Lyndon B. Johnson, “Discurso inaugural dado en Howard University, Washington D.C., el 4 de junio 1965”. Diponible en: http://www.lbjlib.utexas.edu/johnson/archives.hom/speeches.hom/650604.asp

4 CONEVAL, “Pobreza y Género en México: Hacia un Sistema de Indicadores, Información 2008-2012”. Disponible en: http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Pobreza%20y%20genero/Sintesis_ejecutiva_Pobreza_genero_2008_2012.pdf

5 Ídem.

6 ONU, “Mujeres y Pobreza: Plataforma de acción de Beijing Cumple 20 años”. Disponible en: http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/poverty#topic

7 ONU Mujeres, “Hechos y cifras: liderazgo y participación política”. Disponible en: http://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures#notes

8 Presidencia, “Gabinete Legal y Ampliado”. Disponible en: http://www.gob.mx/presidencia/estructuras/el-gabinete-legal-y-ampliado

9 SCJN, “La Corte”. Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/ConoceLaCorte.aspx

10 Cámara de Diputados, “Álbum de Diputados Federales 2015-2018”. Disponible en: http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/album_foto_tc.pdf

11 David A. Cotter, Joan M. Hermsen, SethOvadia&ReeveVanneman, “TheGlassCeilingEffect”, publicado en la revista académicaSocial Forces (2001) 80 (2): 655-681. Disponible en: http://sf.oxfordjournals.org/content/80/2/655.abstract

12 OEA, “CONSIDERACIONES SOBRE LA COMPATIBILIDAD DE LAS MEDIDAS DE ACCIÓN AFIRMATIVA CONCEBIDAS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER CON LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN”. Disponible en: https://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/capitulo6a.htm

13 ONU, “Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer: Declaración y Plataforma de Acción de Beijing”. Disponible en: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/

14 Las otras áreas son: la Pobreza; Educación y Capacitación; la Salud; Violencia contra las mujeres; los Conflictos Armados; la Economía; la Mujer en el ejercicio del Poder y la Toma de Decisiones; Mecanismos Institucionales para el adelanto de la mujer; Derechos Humanos de las Mujeres; Los medios de comunicación; el Medio Ambiente, y la Niña.

15 ONU, “Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, párrafo 182”.

16 ONU, Op. Cit, Apartado G.1, párrafo 190, inciso b).

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Padierna Luna. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño de la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, ¿con qué objeto?

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: (Desde su escaño) Para solicitarle a la Senadora Dolores Padierna me permita sumarme a esta tan importante iniciativa.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: ¿Acepta Senadora? Hay otros solicitantes de adhesión, que les pido levanten la mano para que la Secretaría Parlamentaria pueda tomar nota de todos y todas.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Ya estamos todos, el PAN, PRI, PRD, PT, formidable. Qué bueno. Gracias.





 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Como última iniciativa del día de hoy, se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, para presentar a nombre propio y de los Senadores Dolores Padierna Luna, Layda Sansores San Román y Alejandro Encinas Rodríguez, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

(Presentada por la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, a nombre propio y de los Senadores Dolores Padierna Luna, Layda Sansores San Román y Alejandro Encinas Rodríguez)

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

El trabajo coordinado entre el Legislativo y la sociedad civil permite una mayor apertura para escuchar las voces ciudadanas, elemento fundamental para avanzar en la construcción y fortalecimiento de la ciudadanía.

Convencidos de que el legislativo tiene la obligación de ser un canal de comunicación con la ciudadanía, a nombre propio y de las Senadoras Dolores Padierna, Layda Sansores y del Senador Alejandro Encinas, presentamos una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en materia de laicidad en la función pública.

Esta iniciativa nace como resultado de un proceso colectivo de diferentes organizaciones civiles y que hoy se encuentran aquí, y además quiero agradecerle su presencia esta tarde a las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir, el Foro Intereclesiástico Mexicano, Foro Cívico México Laico, Barra de Abogados, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y República Laica, además de la presencia de la Diputada federal, Karina Sánchez Ruiz, con quienes hemos venido trabajando este tema.

La concepción del Estado laico ha sido uno de los postulados fundamentales de nuestra organización política y norma de convivencia indispensable para la sociedad mexicana. La conformación de la República en nuestro país está profundamente ligada a la separación del Estado de los asuntos de la Iglesia y al principio de igualdad de todas las personas ante la ley, establecidas claramente en la Constitución de 1857, en las Leyes de Reforma y retomadas en la Constitución Política vigente.

El orden jurídico nacional, que ha evolucionado en un contexto global hacia la construcción de un régimen plenamente democrático, donde se reconozcan las libertades, exige una revisión minuciosa para establecer límites a la actuación de las autoridades y para dotar a la ciudadanía de instrumentos para disfrutar y ejercer sus derechos. El reto es un marco legal eficaz, que contribuya a una ética del servicio público que genere confianza de la ciudadanía hacia el Estado, mediante la participación, la inclusión, el diálogo, la transparencia, la rendición de cuentas y la búsqueda de la igualdad.

En un entorno democrático, de pluralidad política y de diversidad de opiniones y creencias, un elemento esencial del Estado laico consiste en el establecimiento de condiciones que aseguren un trato igualitario a todas las personas. La igualdad formal debe traducirse en una vigilancia constante por parte del Estado para que no se practique discriminación alguna en contra de las personas, particularmente en relación a sus derechos y a su identidad, cualquiera que sea su pertenencia o no pertenencia a una religión o a una convicción filosófica, o independientemente de su orientación sexual, su etnia, sus características físicas o cualquier otro elemento.

En este sentido, cabe destacar la labor de las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir, el Foro Intereclesiástico Mexicano y otras asociaciones religiosas, quienes han desarrollado la construcción de esta propuesta. Su tarea para fortalecer el Estado laico apunta a la garantía del ejercicio pleno de los derechos humanos, particularmente los derechos de las mujeres y las personas jóvenes, sin imposiciones ni dogmas.

El Estado laico es fundamental para salvaguardar la libertad de conciencia, de pensamiento y de decisión, así como garantizar que tanto la administración pública como el diseño, elaboración e implementación de leyes, políticas y programas, respeten la diversidad y la pluralidad de convicciones religiosas, ateas, agnósticas y filosóficas.

En un Estado laico, no hay ni debe de haber privilegios ni jerarquías, todas las personas valen lo mismo, todas deben de tener el mismo derecho a decidir sobre su vida, con la única limitante de que no afecte los derechos de las demás personas.

La ética pública laica implica que las y los funcionarios públicos como representantes del Estado son responsables de garantizar postulados laicos consagrados en la Constitución: Igualdad, imparcialidad frente a cualquier doctrina o dogma; libertad de conciencia; de religión y convicciones éticas; la no discriminación; la protección a la diversidad y la pluralidad.

Las decisiones políticas o jurídicas no deben ser afectadas por las creencias religiosas de los servidores públicos.

Laico no es sinónimo de antirreligioso o ateo, ya que esto supondría exigir al funcionario público renunciar a todo tipo de creencia religiosa y actuar como si ésta no tuviera importancia y dotara de sentido o significado a su existencia, lo cual no ocurre, ni es lo que se espera de quienes laboran para el Estado.

En ese sentido, presentamos esta iniciativa para garantizar el principio de laicidad del Estado, con el concepto del respeto a la diversidad de concepciones morales y religiosas de la sociedad. Lo que se busca es reformar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para que con fines de armonización con el resto de nuestra legislación, se concrete mediante modificaciones al artículo 7 para definir acciones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y su buen despacho.

Se adiciona una fracción en el sentido de sancionar violaciones sistemáticas o graves a los postulados constitucionales de la laicidad, que son la separación del Estado y las iglesias, a la libertad de convicciones éticas de conciencia y de religión de las personas, el carácter laico de los actos, ceremonias o documentos y comunicaciones oficiales, al carácter laico de la educación pública, de las leyes o reglamentos y de los programas públicos.

Por otro lado, se propone adicionar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones y en ese sentido resulta técnicamente adecuado hacerlo como nuevas fracciones, ya que así se han creado las obligaciones derivadas.

Se integra la obligación positiva de cumplir con el principio histórico de la separación entre el Estado y las iglesias, con la laicidad de la educación pública, con el carácter laico de la República, con el derecho a la no discriminación y a la igualdad ante la ley en materia de religión y libertad de conciencia.

Así pues, con esta iniciativa de reforma de ley que presentamos junto con las organizaciones de la sociedad civil, lo que estamos buscando es fortalecer el Estado de derecho y que todas las personas puedan tener garantías para gozar de los mismos derechos y oportunidades ante la ley.

Es cuanto, muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

Las suscritas, Senadoras MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, DOLORES PADIERNA LUNA, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, el suscrito Senador ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, integrantes de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 8, fracción I, 76, 164, 169, 172 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE LAICIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El trabajo coordinado entre gobierno y sociedad civil permite una mayor apertura para escuchar las voces ciudadanas, elemento fundamental para avanzar en la construcción y fortalecimiento de la ciudadanía.

Convencida de que el legislativo tiene la obligación de ser un canal de comunicación con la ciudadanía presentamos la presente iniciativa que deriva de un esfuerzo colectivo en el que participaron diversas organizaciones de la sociedad civil entre ellas, Católicas por el Derecho a Decidir,asociación civil sin fines de lucro creada por mujeres y hombres que desde una perspectiva ética, católica, feminista y laica, con amplia experiencia en la defensa y promoción de derechos humanos de mujeres y jóvenes; surge en el año de 1994, en el contexto de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo efectuada en El Cairo, que revolucionó la comprensión y el apoyo internacional a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Estado Laico

La concepción del Estado laico ha sido uno de los postulados fundamentales de nuestra organización política y norma de convivencia indispensable para la sociedad mexicana. La conformación de la República en nuestro país está profundamente ligada a la separación del Estado de los asuntos de la Iglesia y al principio de igualdad de todas las personas ante la ley, establecidos con claridad en la Constitución de 1857, en las Leyes de Reforma y en la Constitución Política vigente.

El orden jurídico nacional, que ha evolucionado en un contexto global hacia la construcción de un régimen plenamente democrático, donde se reconozcan las libertades, exige una revisión minuciosa para establecer límites a la actuación de las autoridades y para dotar a la ciudadanía de instrumentos para disfrutar y ejercer sus derechos.

El reto es un marco legal eficaz, que contribuya a una ética del servicio público que genere confianza de la ciudadanía hacia el Estado, mediante la participación, la inclusión, el diálogo, la transparencia, la rendición de cuentas y la búsqueda de la igualdad.

En un entorno democrático, de pluralidad política y de diversidad de opiniones y creencias, un elemento esencial del Estado laico consiste en el establecimiento de condiciones que aseguren un trato igualitario a todas las personas. La igualdad formal debe traducirse en una vigilancia constante por parte del Estado para que no se practique discriminación alguna en contra de las personas, particularmente en relación a sus derechos y a su identidad, cualquiera que sea su pertenencia o no pertenencia a una religión o a una convicción filosófica, o independientemente de su orientación sexual, su etnia, sus características físicas o cualquier otro elemento.

En este sentido, cabe destacar la labor que la organización Católicas por el Derecho a Decidir ha desarrollado en la construcción de esta propuesta. Su tarea para fortalecer el Estado laico apunta a la garantía del ejercicio pleno de los derechos humanos, particularmente los derechos de las mujeres y jóvenes, sin imposiciones ni dogmas. El Estado laico es fundamental para salvaguardar la libertad de conciencia, de pensamiento y de decisión así como garantizar que tanto la administración pública como el diseño, elaboración e implementación de leyes, políticas y programas, respeten la diversidad y la pluralidad de las convicciones religiosas, ateas, agnósticas y filosóficas. En un Estado laico, no hay privilegios ni jerarquías: todas las personas valen lo mismo, no hay grados de humanidad, todas tienen el mismo derecho a decidir sobre su vida, con la única limitante de que no afecte los derechos de los demás.

Para explicar la pertinencia de una reforma por el respeto a los principios y las normas de la laicidad en el servicio público, debemos comenzar por los antecedentes históricos y jurídicos que la han instituido.

I. Antecedentes de la laicidad en México

a.) La conformación de la identidad nacional y el régimen político

Para entender la concepción de la laicidad es indispensable recurrir a nuestra propia historia, donde se encuentran sus raíces, su cabal explicación y los valores que implica, mismos que siguen teniendo plena vigencia en la actualidad.

A pesar de que en la invasión española y la colonización de América la Iglesia católica fue un factor importante en la imposición de un modelo político de dominación, las diferencias entre el Estado y la Iglesia permanecieron durante largo tiempo en el orden virreinal. Las disputas por el poder dentro del clero regular y secular, así como de éstos con la autoridad civil son numerosas en la historia colonial. La expulsión de la Compañía de Jesús del territorio novohispano, en el marco de las reformas emprendidas por la Casa de los Borbones, es un fenómeno meridiano que ilustra tales conflictos.

En el siglo XIX, con la liberación del dominio español y la constitución de un Estado nacional, la lucha fue incesante. En la polarización entre las tendencias federalista y centralista, así como liberal y conservadora, éstas últimas fueron mejor vistas por la mayor parte de la cúpula eclesiástica, que defendía un sistema económico basado en la concentración de tierras para la agricultura, un sistema social de roles muy definidos, clases estratificadas y jerarquización de los derechos y un modelo político centralista.

La iglesia Católica era dueña de la mayor parte de las tierras que podían destinarse a la agricultura, y concentraba muchas de las funciones administrativas que regían la vida de las personas, desde el nacimiento hasta la muerte, pasando por el acceso a la educación, a las posibilidades contraer o no matrimonio, el tratamiento de enfermedades. Todas las personas tenían que ser católicas para poder ser ciudadanas y ciudadanos.

En las propias constituciones fue ardua tarea que se impusiera el Estado laico; fue muy difícil consagrar la libertad de creencias por la influencia determinante que ejerció la Iglesia católica. De esta manera, los primeros textos constitucionales concedieron a esta religión el carácter de oficial: la de 1824, en su artículo 3º, aunque en el 73, fracción XII, dio facultad al Congreso para arreglar el ejercicio del Patronato; la de 1836, Primera Ley Constitucional, artículo 3o., y la denominada Bases Orgánicas de 1843, artículo 6o.

Para llegar al Estado laico fue importante la labor realizada por los liberales. El punto de partida se encuentra en la denominada “pre reforma”, que encabezaron Valentín Gómez Farías y su ministro José María Luis Mora; contaron para ello con un Congreso dominado por liberales radicales dispuestos a tomar medidas de carácter progresista.

En 1833, durante su fugaz ejercicio presidencial, mientras suplía al general Antonio López de Santa Anna, Gómez Farías implantó diversas medidas de carácter laico: creación de una Dirección General de Instrucción Pública; clausura de la Real y Pontificia Universidad y eliminación del clero de la educación superior; supresión de la coacción civil para el pago del diezmo y el cumplimiento de los votos monásticos; incautación de bienes de las misiones en las Californias y de los misioneros filipinos. En el Estado de México se prohibió la adquisición de bienes por manos muertas; Michoacán concedió la facultad de reglamentar la observancia de los cánones y la disciplina externa del clero, y Yucatán declaró la tolerancia de cultos. Más aún, los liberales radicales de los estados solicitaron permiso al Congreso federal para formar una coalición en defensa del federalismo y desamortizar los bienes eclesiásticos.

Con la Revolución de Ayutla de 1854 surge la Reforma, que logra la separación del Estado y la Iglesia. Éste fue un evento inédito y visionario en los pueblos latinoamericanos de entonces. Se pusieron en marcha distintas medidas que han recibido el nombre de Leyes de Reforma y se expidió también la Constitución de 1857. El gobierno liberal que llegó con Juan Álvarez como presidente, encargó a Juárez el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, quien en breve lapso logró se promulgara la célebre Ley de Administración de Justicia y Organización de los Tribunales del Distrito y Territorios, de 23 de noviembre de 1855, más conocida como Ley Juárez.

Se ha considerado a la Ley Juárez como el primer paso en la secularización de la sociedad y en la implantación de la igualdad ante la ley. Es puente entre ambos objetivos. Mediante esta Ley se suprimieron los tribunales especiales y se establecieron restricciones precisas a los fueros militar y eclesiástico.

Aunque la Ley Juárez fue el arranque, inmediatamente después que ésta se promulgara se expidieron otras leyes con el mismo espíritu reformista: la Ley Lafragua, del 28 de diciembre de 1855, que reglamentó la libertad de prensa y eliminó las restricciones santannistas en este ramo; la Ley de Desamortización de Bienes Eclesiásticos, llamada también Ley Lerdo, de 25 de junio de 1856, por la cual entraron a la circulación económica los bienes de la Iglesia o de “manos muertas”; la Ley Iglesias, del 11 de abril de 1857, de obvenciones parroquiales, que suprimió el pago obligatorio de sacramentos como bautismos, amonestaciones, casamientos y entierros.

Se expidieron también dos decretos, que restablecieron medidas pre reformistas: del 25 de abril de 1856, que derogó cualquier coacción civil para el cumplimiento religioso de los votos, y de 7 de junio de 1856, que suprimió nuevamente la Compañía de Jesús.

La etapa de la Reforma significó la consolidación del concepto de nación, cuando se define la forma de Estado, se experimenta la forma de gobierno y se conquistan libertades que persisten en nuestro derecho público. Los liberales defendieron así la libertad de conciencia, de pensamiento, de expresión, de igualdad de las personas ante la ley así como la soberanía del pueblo y el federalismo. Todo ello sustentado en un cambio radical en las formas de relación entre las personas y quienes detentaban el poder (real y fáctico), donde los primeros pasaron de ser siervos a ser ciudadanos y donde los gobernantes debían ser elegidos por el pueblo y no por designios divinos.

El nuevo pacto social, que diferencia los ámbitos de acción de la iglesia, que se encarga de los asuntos de los fieles y de la espiritualidad de los mismos, mientras que el Estado se encarga de los asuntos ciudadanos, se expresa destacadamente en la Constitución federal de 1857. Ésta fue producto de una asamblea constituyente que se caracterizó por la profundidad de los debates y las principales aportaciones que efectuaron: derechos del hombre (sic) con un amplio y generoso catálogo; establecimiento del principio de igualdad ante la ley; concepción del Estado laico y separación de los asuntos públicos de los religiosos; ratificación del sistema federal y disposiciones complementarias; forma de gobierno presidencial con matices parlamentarios, y pronunciamientos de carácter social.

A diferencia del texto de 1824, la Constitución Federal de 1857 otorgó especial relevancia a los “derechos del hombre”, característica que se percibe desde el mismo artículo 1º: “el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia declara que todas las leyes y autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución”.

En aplicación de esta declaración, la Constitución de 1857 enunció de manera profusa los derechos del hombre, consagró la igualdad ante la ley e instituyó el juicio de amparo como instrumento para la protección de tales derechos. El principio de igualdad ante la ley, que Juárez había impulsado con tanta firmeza, se formuló todavía con mayor amplitud en la Constitución de 1857, cuyo artículo 13 Constitucional dijo a la letra: “En la República mexicana nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni por tribunales especiales. Ninguna persona ni corporación puede tener fueros ni gozar emolumentos que no sean compensación de servicio público y estén fijados en la ley”. Esta formulación, que limita obviamente la jurisdicción eclesiástica, pasó en los mismos términos y en el mismo numeral a la Constitución de 1917.

En la Constitución de 1857 se incorporaron también otras libertades y postulados que caracterizan al Estado laico tales como: libertad de enseñanza, artículo 3º: “La enseñanza es libre. La ley determinará que profesiones necesitan título para su ejercicio, y con que requisitos se debe expedir”; libre manifestación de las ideas, artículo 6º: “La manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún crimen o delito o perturbe el orden público”; libertades de expresión e imprenta, artículo 7º: “Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia”; derecho de petición y libertad de reunión, artículos 8º y 9º; limitación para adquirir bienes raíces para las corporaciones civiles y eclesiásticas, artículo 27, o bien la competencia exclusiva a los poderes federales para “ejercer, en materias de culto religioso y disciplina externa la intervención que designen las leyes,” artículo 123.

Un postulado laico que quedó pendiente en la Constitución de 1857 fue la libertad de cultos, aunque a diferencia del texto de 1824 no se declaró la religión católica como oficial. El tema se discutió bastante, pero el proyecto de artículo que establecía dicha libertad fue devuelto a comisiones.

Con el gobierno de Juárez se complementó el Estado laico mediante diversas leyes y decretos que se promulgaron años después de expedida la Constitución de 1857, tales ordenamientos secularizaron el poder público y recuperaron para éste actividades administrativas muy importantes.

Las leyes juaristas que se expidieron fueron, principalmente, las siguientes: Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, de 12 de julio de 1859, que privó a la Iglesia de su poder económico y convino a los liberales por su precaria situación financiera, al privar a la Iglesia de su poder económico disminuía el apoyo a los conservadores; Ley del Matrimonio Civil, de julio 28 de 1859, que estableció el matrimonio como contrato y la separación de los negocios civiles y eclesiásticos; Ley Orgánica del Registro Civil, del 31 de julio de 1859, que confirió al Estado el registro de diversos actos del estado civil de las personas que estaban reservados a la iglesia; Ley sobre Libertad de Cultos, de 4 de diciembre de 1860, que consagró de manera expresa esta libertad y protegió el ejercicio de cualquier culto religioso en el país.

Se expidieron también varios decretos que perseguían los siguientes objetivos: secularizar los cementerios, 31 de julio de 1859, quedaron bajo la autoridad civil los cementerios, panteones, camposantos y bóvedas, antes en manos del clero; días festivos y asistencia oficial, de 11 de agosto de 1859, que determinó los días que tuvieran tal carácter y prohibió a los funcionarios públicos asistir oficialmente a las ceremonias religiosas; secularización de hospitales, de 2 de febrero de 1861, por el cual el gobierno se hizo cargo de la dirección y cuidado de estos establecimientos; supresión de comunidades religiosas, 26 de febrero de 1863, con lo que los conventos se convirtieron en hospitales ante la intervención francesa.

Se expidieron diversos ordenamientos para promover la reforma educativa, con el propósito de que la instrucción fuese obligatoria, laica y gratuita; ésta cuando menos en las escuelas primarias oficiales. Mediante la ley de 15 de abril de 1861 se ratificó la libertad de enseñanza y se hizo gratuita la educación oficial. Más tarde, el 2 de diciembre de 1867, se expidió la Ley Orgánica de Instrucción Pública para el Distrito Federal y Territorios, conocida también como de Martínez de Castro, que fortaleció el papel del Estado en la educación y alentó la reforma de la enseñanza media y aun de la superior.

La Reforma tuvo repercusiones más allá del gobierno de Juárez. La doctrina liberal que inspiró a la Constitución de 1857 y a las Leyes de Reforma sirvió de sustento a los programas de gobierno que se desplegaron en la etapa de la República Restaurada (1867-1877), logró subsistir en el régimen de Díaz y tiene efectos hasta la época actual.

Durante el gobierno de Lerdo se fortalecieron también los principios reformistas y del Estado laico. A través de ley de 25 de septiembre de 1873, se incorporaron las leyes de reforma a la Constitución de 1857, declarándose de manera terminante: “El Estado y la iglesia son independientes entre sí. El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna”. Más tarde, en el decreto de 10 de diciembre de 1874, se implantó el laicismo en las escuelas oficiales, en el artículo 4o. se asentó: “La instrucción religiosa y las prácticas oficiales de cualquier culto quedan prohibidas en todos los establecimientos de la Federación, de los estados y de los municipios. Se enseñará la moral en los que por la naturaleza de su institución, lo permitan, aunque sin referencia a ningún culto...”.

En síntesis, los liberales mexicanos logran darle forma jurídica y cultural a las conquistas del Estado moderno: la protección y reconocimiento de las libertades y su ejercicio, sin imposición de ninguna índole. Sentaron las bases para la consolidación de una República desde una perspectiva laica, democrática, tolerante y abierta a la pluralidad.

b.) Institucionalidad de la separación del Estado y las iglesias

En el dictamen sobre el artículo 129 de la Constitución de 1917 (posteriormente 130), se argumentó que no era suficiente “proclamar la simple independencia del Estado, como hicieron las Leyes de Reforma”, sino que era necesario “establecer la supremacía del poder civil sobre los elementos religiosos en lo que, naturalmente, toca a la vida pública”, por lo que “desaparece de nuestras leyes el principio de que el Estado y la Iglesia son independientes entre sí”, para ser sustituida “por la simple negativa de personalidad a las agrupaciones religiosas, con el fin de que, ante el Estado, no tengan carácter colectivo”.

Esta posición cambió por completo el contexto de las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica. En la Constitución de 1917 se establecieron principios mucho más radicales que en el texto anterior, en los artículos 3o., 5o., 24, 27 y 130 se determinó: se niega personalidad jurídica a las iglesias y el ejercicio de derechos políticos a los ministros de culto; se prohíbe la participación de las agrupaciones religiosas y sus miembros en materia política; se secularizan los actos del estado civil; se establece el laicismo en la educación; se prohíbe el establecimiento de órdenes monásticas y la profesión de votos religiosos; se prohíben los actos de culto externo y se niega capacidad jurídica a las iglesias para adquirir inmuebles.

Las normas originales de 1917 tuvieron, dificultades en su aplicación, debido a que la autoridad encontró dificultades para imponer disposiciones a las que la jerarquía católica negó validez. En consecuencia, el enfrentamiento se volvió cada vez más franco entre ambas instituciones, como la expulsión del delegado apostólico Phillipi, por el presidente Obregón en 1923;1 a la que siguió la expedición de la denominada “Ley Calles” en 1926, que tipificaba como delitos varios actos relacionados con el culto público, lo que ocasionó finalmente que surgiera la Guerra Cristera, terminando con los “arreglos” entre el Estado y la Iglesia en junio de 1929.2

Aunque todavía se producen algunas fricciones durante el gobierno del General Lázaro Cárdenas, los “arreglos” predominaron en los gobiernos que lo sucedieron. Esta etapa se ha llamado de la “complicidad equívoca” entre el Estado y la Iglesia, en la cual “la secularización implantada por el Estado laico mexicano en la sociedad, va desapareciendo paulatinamente de la política gubernamental y con ella una de las principales fuentes de conflicto entre ambas instituciones”.3

Pese a tal acercamiento, en los años que siguieron, los gobernantes mexicanos procuraron cubrir las formas en sus relaciones con la Iglesia, reiterando siempre comulgar con el ideario de la Reforma.

Sin embargo, esta situación empezó a menguar en el último tercio del siglo XX, con las reuniones informales que sostuvieron algunos presidentes mexicanos con el titular del Vaticano y después con las iniciativas constitucionales y legales que modificaron las relaciones entre el Estado y las Iglesias.

c.) Reconocimiento de las iglesias como asociaciones religiosas

En diciembre de 1991, se presentó en la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a los artículos 3º, 5º, 24, 27 y 130 Constitucionales por parte de la fracción parlamentaria del PRI, misma que se dictaminó junto con las iniciativas presentadas anteriormente por el PAN (1987) y el PRD (1990), resultando aprobada por los diversos partidos políticos y publicada oficialmente el 28 de enero de 1992. Más tarde, el 15 de julio de 1992, se expidió la ley reglamentaria del artículo 130, denominada Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que fue resultado de un consenso entre partidos sobre distintos proyectos. Los nuevos principios constitucionales y legales que rigen las relaciones entre el Estado y las iglesias en México, pueden sintetizarse de la manera siguiente:

a) Personalidad jurídica: para este efecto, se crea en el inciso a) del párrafo segundo del artículo 130, la figura de la asociación religiosa, misma que comprende no sólo a las iglesias, sino también a cualquier agrupación religiosa, a todas las cuales se les otorga personalidad jurídica como asociaciones

b) Régimen patrimonial: en la conformación del patrimonio de las asociaciones religiosas, se aplica ahora el mismo principio que privó en la Constitución de 1857, se permite ahora a dichas asociaciones adquirir y poseer solamente los bienes inmuebles necesarios para el cumplimiento de su objeto, no así en el texto original de 1917 que hizo ilusorio tal derecho para las corporaciones religiosas.

c) Libertad en materia religiosa: este principio está contenido en el artículo 24 Constitucional, y se sustenta en la libertad de creencias (o de conciencia) y en la libertad de cultos. Dicha libertad religiosa, apunta Palacios Alcocer, “se manifiesta en una serie de derechos que son los siguientes: libertad para tener creencias, para no tenerlas y para dejar de tenerlas; libertad para manifestar las creencias y para no ser obligado a hacerlo; libertad para no ser obligado a manifestar preferencias religiosas ni para ser discriminado por motivo de las mismas, libertad para asociarse con motivos religiosos y para dejar de asociarse; libertad de celebración de culto privado en los domicilios de los creyentes sin ser objeto de regulación alguna; libertad de celebración de culto público en forma ordinaria en los templos, y libertad al culto público extraordinario“.4

d) Situación jurídica de los ministros de culto: con la reforma, se pasa de un marco legal que establecía prohibiciones y limitaciones a los ministros de culto, a uno permisivo y tolerante, cuyos efectos prácticos han sido hasta ahora desfavorables, porque las iglesias, particularmente la católica, han iniciado un activismo político inusitado, que entraña el riesgo de abrir viejas heridas y retornar a etapas ya superadas.

Dentro del nuevo estatus jurídico de los ministros de culto, se encuentran los referentes a los derechos políticos. Se otorga a los ministros el voto activo (pueden votar), reconociéndolos como ciudadanos en términos del artículo 34 Constitucional, disposición que critica Sánchez Medal, ya que propicia que los ministros de culto:

“Dejen su ministerio y se entreguen de lleno a la política, o exhortarlos por lo menos a que participen en el campo de la política de los partidos, porque es dentro de los partidos donde se proponen los candidatos y dentro de los partidos donde se ofrece la respectiva plataforma ideológica y de acción de cada uno de ellos”.5

Este derecho político concedido a los ministros de los cultos fue ejercido por primera vez en las elecciones federales de 1994.

En cuanto al voto pasivo (poder ser votados), se les concedió restringido, pues para ello la ley reglamentaria, en su artículo 14, exige una separación del ministerio religioso de cuando menos cinco años. Se le hacen también, por último, distintas prohibiciones, como la de no desempeñar cargos públicos, no asociarse con fines políticos, no realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna, ni oponerse a las leyes del país o a sus instituciones y respetar los símbolos patrios.

Por su parte, el artículo 29 establece las infracciones en que pueden incurrir las asociaciones religiosas o los ministros del culto; y los artículos subsiguientes establecen el procedimiento y órganos para imponer las correspondientes sanciones, mismos de los que no se tiene noticia que hayan sido utilizados en la práctica.

Hoy sigue prevaleciendo la concepción del Estado laico, aunque sujeto a laspresiones de las fuerzas que siempre se le han opuesto. Pero el laicismo contemporáneo es una concepción que se ha enriquecido y ensanchado notablemente. Sus principios son ahora no sólo oponibles frente a las Iglesias, sino que tienen un campo de aplicación mucho más vasto en la actividad humana.

Se siguen manteniendo los postulados del laicismo que se heredaron de la historia, pero éstos, en virtud a diversas reformas constitucionales, se han fortalecido y extendido a otros aspectos de la vida nacional. La concepción del Estado laico implica ahora cuando menos los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 6o., 7o., 24, 25, 26, 27 fracción II, 40, 41, 89 fracción X y 130 Constitucionales, así como las obligaciones derivadas de diversos instrumentos internacionales.

II. La reforma al artículo 40 de la Constitución

En fechas recientes, amplios sectores de la sociedad, han demandado la garantía de nuevas libertades y el ejercicio pleno de derechos reconociendo la diversidad y la pluralidad existentes. Sin embargo, muchas de estas demandas se han visto obstaculizadas por el aumento los fundamentalismos religiosos, de la influencia de las iglesias en vida política y el fortalecimiento de sectores ultraconservadores que a través de alianzas intentan imponer una agenda única.

Por ello, resultó necesario incluir explícitamente la en la Constitución a la laicidad como principio organizador del Estado y de todas las funciones que éste realiza. Después de un largo proceso legislativo, en noviembre de 2012 se aprobó la reforma Constitucional del artículo 40, por la cual se incorporó al texto de este artículo la palabra “laico”, redactado de la siguiente manera:

“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.

En el proceso de reforma al artículo 40 Constitucional destacó la constante discusión en torno al problema sobre la laicidad y el laicismo, así como el carácter e importancia histórica del Estado laico y de la democracia. Analicemos algunas de las razones de los legisladores.

En su participación, el diputado Juventino Castro y Castro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, mencionó que el carácter histórico de la reforma Constitucional al artículo 40, representa la continuidad de los constituyentes de 1857 y de 1917, en especial, de los liberales y las Leyes de Reforma. Sin embargo, aunque esto es cierto, también se pueden ubicar motivos históricos inmediatos en la década de los ochenta.

En los ochenta asistimos a un proceso de recuperación de espacios y reposicionamiento de la Iglesia con más presencia en nuestro país, la Iglesia Católica; lo que se puede constatar porque a partir de ese momento, una parte importante de ella, la organizada y dirigida por la Conferencia Episcopal Mexicana, manifestó sus diferencias con el proyecto económico del presidente Miguel de la Madrid, y con el carácter antidemocrático de las elecciones, en especial las realizadas en Chihuahua en 1986. La reorganización del Episcopado mexicano por regiones socioeconómicas, realizado en 1976, sirvió para tener una presencia constante en los procesos electorales, de modo específico, los realizados en los estados del norte del país a través de los obispos pertenecientes a la ‘Región pastoral norte’,6 así como por medio de organizaciones civiles afines a ella. A partir de ese momento la injerencia de la Iglesia católica trascendió la vida espiritual de sus feligreses hacia el ámbito político-electoral de la defensa del voto, la crítica a los fraudes electorales y la exigencia de elecciones limpias; así como una simpatía orientada hacia el Partido Acción Nacional, quien en ese momento era la segunda fuerza electoral.

La década de los ochenta también fue el momento en el que se superó plenamente el modo de actuarque rigió las relaciones entre la Iglesia y el Estado después de la Guerra Cristera. Estas nuevas relaciones quedarían legalmente reconocidas en la reforma constitucional al artículo 130, realizada durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, publicada en enero de 1992 en el Diario Oficial de la Federación. Se destaca de dicha reforma, el que a las iglesias se les otorgó personalidad jurídica como asociaciones religiosas. Se les confirieron derechos políticos pasivos como ministros de culto, mas no activos, por lo que se estableció la prohibición de asociarse con fines políticos y realizar proselitismo a favor o en contra de algún candidato, partido o asociación política alguna, y a éstas se les prohibió que su nombre o título tuviera alguna palabra o indicación que se relacionara con alguna confesión religiosa.

Como afirma un destacado jurista:

“Incurriría en falsedad al afirmar que luego de esta reforma Constitucional, y su consecuente legislación secundaria, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de julio de 1992, los problemas de la injerencia de la Iglesia en el ámbito político-electoral quedaron saldados.

En cambio, me parece que esta reforma constitucional sólo formó parte de una estrategia más amplia de concesiones o prerrogativas que se otorgarían paulatinamente a la religión con mayor presencia en nuestro país, las cuales por supuesto serían totalmente contrarias a la vida política y jurídica de un Estado democrático; ya que se quebrantaría el respeto pleno que debe existir hacia los derechos de libertad e igualdad, así como a la pluralidad, la tolerancia, la diferencia y la no injerencia de los recursos públicos para favorecer u otorgar condiciones de privilegio o prerrogativas a un cierto sector identificado con una creencia religiosa“.7

“Lo interesante de la reforma Constitucional no sólo es el hecho de que se haya agregado la palabra ‘laico’ al texto constitucional, sino que debe ser el inicio de una legislación secundaria que permee todo el actuar estatal e institucional. Por tanto, es en las leyes secundarias donde se deberá dotar a la autoridad jurisdiccional de los medios para tener un papel activo en la protección y respeto a los derechos y obligaciones que se crean a partir del carácter laico del Estado. En la academia debemos estar al pendiente de cómo se desarrollan estos hechos para, si es preciso, argumentar a favor del respeto pleno a los derechos y al carácter laico de las decisiones gubernamentales e institucionales”.8

En la reforma, el Estado laico se define como un “instrumento jurídico-político al servicio de las libertades en una sociedad que se reconoce como plural y diversa. Un Estado que, por lo mismo, ya no responde ni está al servicio de una doctrina religiosa o filosófica en particular, sino al interés público, es decir al interés de todos, manifestado en la voluntad popular y el respeto a los derechos humanos".9

Guido Calogero define al laicismo como un método de convivencia de todas las filosofías e ideologías posibles, donde el principio laico se basa en no pretender poseer más la verdad de la que cualquier otro puede pretender poseer.10 Esto implica que el “Estado permanece neutral: admite el desarrollo de todas las religiones pero ninguna ocupa un lugar de privilegio, ni financia públicamente ninguna iglesia ni institución religiosa”.11

La democracia está sustentada en la tolerancia, el respeto, la libertad de conciencia, igualdad de derechos y universalidad de pensamiento; no implica la negación de los credos y las preferencias particulares, sino la capacidad de relativizarlas.12 Así, nuestras creencias personales no deben dividirse entre lo privado, para el caso de la religión, y lo público para el caso de nuestras convicciones cívicas o políticas.13 El carácter del Estado democrático y laico no exige este desdoblamiento de la personalidad de los servidores públicos, ni de los ciudadanos; lo que en cambio sí requiere es que distingamos nuestros ámbitos de acción y medios de los que disponemos para realizarlos.

El carácter laico y democrático implica también a razones y argumentos que tienen como punto de partida el ineludible hecho de que somos integrantes de colectividades complejas; en la que cada individuo que la integra es una totalidad, por lo que las reglas que deben coordinar nuestra conducta viviendo en sociedad deben partir del reconocimiento de lo humano en los otros, de la complejidad que ello implica, y procurar el establecer un “régimen social de convivencia”14 que salvaguarde nuestro derecho a ser igualmente libres, a profesar las creencias que deseemos, a expresarlas, sin que ello implique coaccionar o interferir en el ámbito de libertad de alguien más, ni disponer de los medios establecidos para fines distintos.

Incluir en la definición de la República el carácter laico no es un mero agregado o un apéndice que desnaturalice su trayectoria histórica, como hemos sostenido anteriormente. La República es representativa porque la ciudadanía escoge, a través de los instrumentos político-electorales establecidos, a sus representantes populares. Es democrática porque expresa la soberanía popular, reconociendo la pluralidad y las creencias personales, sin negar los derechos de cada persona. Es laica porque define una relación del Estado con las iglesias y las creencias, y el espacio público, que pertenece a todos, guarda distancia de las decisiones íntimas y personales, que se toman libremente.

Por ello, en el Dictamen con proyecto de Decreto que reforma el artículo 40 de la CPEUM aprobado por el Senado en marzo de 2012 estableció que las atribuciones de un Estado laico serían:

“El Estado reconoce las religiones y la espiritualidad, que tiene una determinada función y una determinada actuación;

No se compromete más con alguna convicción filosófica con alguna religión; es imparcial;

Se mantiene colectivamente neutral respecto de si existe uno o varios dioses;

No se define respecto de si alguna religión es la mejor - si es que alguna lo es-;

No tolera tipo alguno de referencia o insinuación religiosa -o antirreligiosa- en sus ceremonias y proclamas oficiales;

No discrimina a ningún grupo en la provisión de los servicios públicos;

Prohíbe todo programa estatal que pretenda o consiga dar ventajas a una organización religiosa particular, y

No puede permitir que sus instituciones sean usadas para la práctica de la religión”.

III. Postulados constitucionales y legales vinculados con la laicidad en la función pública

Es menester revisar de forma sistemática e integral nuestro orden jurídico para demostrar que la laicidad es un principio establecido profunda y ampliamente, por lo que la tarea de detallar las responsabilidades hacia la laicidad en todas las actividades que atañen a la función pública no sólo es deseable, sino necesaria.

a.) La reforma en derechos humanos

La reforma Constitucional en materia de derechos humanos se trata del cambio más importante del último siglo, que representa un nuevo paradigma para el respeto, protección, garantía y satisfacción de los derechos humanos.

La denominación del Capítulo I del Título Primero de la Constitución deja atrás el anterior concepto de “garantías individuales”. A partir de la reforma se llama “De los derechos humanos y sus garantías”. La expresión derechos humanos, amén de ser de uso común en el derechos internacional, alude a los derechos fundamentales reconocidos por la ley y las garantías son los instrumentos del Estado para cumplir con éstos.

El artículo primero Constitucional, en vez de “otorgar” los derechos, ahora simplemente los “reconoce”. Se reconoce que toda persona “goza” de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales. La Constitución se abre de forma clara y contundente con la evolución histórica del derecho internacional de los derechos humanos.

En el mismo artículo primero Constitucional se recoge la figura de la “interpretación conforme”, al señalarse que todas las normas relativas a derechos humanos (del rango jerárquico que sea) se deberán interpretar a la luz de la propia Constitución y de los tratados internacionales. Esto implica la creación de un bloque de constitucionalidad, integrado por los derechos sean de fuente nacional o internacional, a la luz del cual se deberá interpretar y aplicar el orden jurídico.15

Se incorpora en el párrafo segundo del artículo primero Constitucional el principio de interpretación “pro personae”, conocido en el derecho internacional de los derechos humanos y en la práctica de los tribunales internacionales encargados de la protección y tutela de los mismos derechos. Este principio supone que, cuando existan distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá elegir aquella que más proteja al titular de un derecho humano y que cuando en un caso concreto se puedan aplicar dos o más normas jurídicas, el intérprete debe elegir aquella que (igualmente) proteja de mejor manera a los titulares de un derecho humano.

Se señala, en el párrafo tercero del artículo primero, la obligación del Estado mexicano (en todos sus niveles de gobierno, sin excepción) de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta forma queda claro que todo derecho humano “reconocido” por la Constitución y los tratados internacionales genera obligaciones para las autoridades mexicanas, con independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa bajo la que estén organizadas.

Además, las obligaciones de las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos deberán cumplirse a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos. El Estado mexicano debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos.

En los artículos transitorios, la reforma prevé la expedición de una serie de leyes que la irán complementando en el nivel legislativo.

En la esfera del derecho internacional los derechos humanos se estructuran a partir del llamado “derecho originario”, es decir el derecho originario es el que encontramos en los tratados internacionales. De hecho, los tratados internacionales han sido un motor esencial en el desarrollo reciente de los derechos fundamentales en todo el mundo. En los tratados internacionales y en la interpretación que de ellos han hecho los organismos de la ONU, de la OIT o de la OEA, entre otros, pueden encontrarse tanto derechos que no están previstos en la Constitución mexicana, como perspectivas complementarias a las que ofrece nuestra carta magna.

Actualmente existen poco más de 150 tratados internacionales y protocolos referidos a los derechos humanos, de manera que podemos hablar de un proceso de intensa codificación internacional de los derechos.16

Tradicionalmente se ha considerado que las obligaciones del Estado en materia de derechos fundamentales tienen tres diversos niveles: respetar, proteger y cumplir o realizar. Estas obligaciones de los poderes públicos en materia de derechos fundamentales han sido detalladas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, dictada en su quinto período de sesiones, en 1990. Tal observación toma como punto de partida el texto del artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece: “Cada uno de los Estados Partes en el Presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnica, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”.

En primer lugar, los Estados deben garantizar el goce de los derechos fundamentales sin discriminación alguna, en segundo término deben adoptar “medidas apropiadas”, esta obligación debe cumplirse dentro de un plazo razonablemente corto, con independencia de que la plena realización de todos los derechos pueda llevar un tiempo más prolongado.17

Entre las medidas legislativas a tomar se encuentran las de carácter legislativo, lo cual supone en recoger en el ordenamiento jurídico interno todos los derechos que establece el Pacto, y también eliminar cualquier norma que sea contraria a esos derechos o que pueda suponer un obstáculo para su completa realización. Esto nos lleva al tema de la “armonización legislativa”, es decir, el deber de la Federación y de las entidades federativas de compatibilizar las normas internas a lo que señalan los tratados internacionales.

En virtud de lo que señala el nuevo párrafo tercero del artículo 1º Constitucional todos los poderes, tanto federales como de las entidades federativas tienen esta obligación para garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales.

Otra medida que los Estados parte pueden acometer de inmediato es la de realizar un “diagnóstico” de la situación que guardan cada uno de los derechos fundamentales protegidos por el Pacto, y elaborar una estrategia nacional para el desarrollo, promoción y protección de los derechos, teniendo como objetivo determinar la proporción de ciudadanos  que no disfrutan de un derecho específico, identificando los sectores de la población que podría ser vulnerable.

Así, “se requiere de un proyecto de revisión integral del orden jurídico que considere derogar y modificar disposiciones que no se ajusten al nuevo mandato. Para ello, el Legislativo, como parte del Estado mexicano, también adquiere las obligaciones de respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos”.18

b.) Las responsabilidades de servidores públicos

Las responsabilidades que asumen las personas que desempeñan empleos, comisiones o cargos públicos se encuentran señaladas en el Título Cuarto de la Constitución. Los sujetos obligados de acuerdo al artículo 108 por la Carta Magna son “los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía”.

El tercer párrafo del citado artículo establece la definición del régimen de responsabilidades de servidores públicos para los Estados de la Unión como ámbito de las constituciones locales.

En la Constitución establecen responsabilidades para los servidores públicos de la siguiente forma:

a) A quienes incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, se puede imponer, mediante juicio político, la destitución e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público (artículos 109 y 110). Lo anterior también se conoce como responsabilidad política.

b) A quienes incurran los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, se aplicarán sanciones administrativas consistentes suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas y las que señalen las leyes, en este caso, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (artículos 109 y 113).

Por otro lado, en materia penal, el artículo 111 establece las modalidades del juicio de procedencia para un conjunto de servidores públicos; sin embargo, ello no es objeto de la presente propuesta.

En el caso de la responsabilidad política, serán procedentes las sanciones cuando los servidores públicos correspondientes “en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”, según la fracción I del artículo 109 constitucional. En todo caso, el Congreso de la Unión debe valorar la “existencia y gravedad de los actos u omisiones”, con la posibilidad de una declaración de procedencia para probables delitos del orden penal, de haberlos.

Al desarrollar las disposiciones constitucionales aludidas, el artículo 7º de la Ley Federal de Responsabilidades de los servidores públicos establece que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:

“I.- El ataque a las instituciones democráticas;

II.- El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal;

III.- Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales;

IV.- El ataque a la libertad de sufragio;

V.- La usurpación de atribuciones;

VI.- Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;

VII.- Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior y

VIII.- Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y del Distrito Federal”.

De tal forma, es posible afirmar que las conductas de servidores públicos que afecten al régimen político, a las funciones de gobierno, a los derechos y garantías o al orden jurídico de nuestro país, o bien a una combinación de los anteriores, se consideran en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y su buen despacho.

Prácticamente en toda la trayectoria legislativa de nuestro país se ha mantenido un procedimiento específico para sancionar a “altos funcionarios” cuyas conductas punibles fueran los antes  llamados “delitos o faltas oficiales”, que abrevan originalmente de la tradición jurídica de la Gran Bretaña y de los Estados Unidos, que aún hoy en día mantienen la figura del impeachment.

Es así que el juicio político pretende evitar y en su caso, sancionar violaciones a las más altas responsabilidades de los servidores públicos hacia el régimen político y el orden jurídico, por lo que “se puede afirmar que, a través del juicio político, se finca una responsabilidad política a ciertos servidores públicos de alta jerarquía por haber cometido infracciones de carácter político, en cuyo caso se aplica una sanción eminentemente política por conducto de un órgano también político”.19

Por otro lado, se encuentra el marco jurídico para sancionar los actos u omisiones de los servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Los anteriores son susceptibles, en su caso, de derivar en responsabilidades administrativas.

En este caso, las autoridades facultadas para su aplicación son las contralorías u órganos de control de las diversas dependencias de la administración pública federal y la Secretaría de la Función Pública hasta en tanto entren en vigor las disposiciones de la legislación secundaria correspondientes a las recientes reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que instituye el órgano anticorrupción.

A pesar de su breve pasado como ordenamiento autónomo, en el año 2002, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos encuentra profundos antecedentes, subsumida en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos recientemente, y antes en la Ley sobre responsabilidades de funcionarios y empleados, y en diversas disposiciones sobre responsabilidad de las autoridades en el cumplimiento de las órdenes superiores.

Como ha establecido la jurisprudencia, la responsabilidad administrativa no opera en menoscabo de aquellas de carácter penal, civil o política: “el sistema descansa en un principio de autonomía, conforme al cual para cada tipo de responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, aunque algunas de éstas coincidan desde el punto de vista material, como ocurre tratándose de las sanciones económicas aplicables tanto a la responsabilidad política, a la administrativa o penal, así como la inhabilitación prevista para las dos primeras, de modo que un servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y, por lo mismo, susceptible de ser sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones”.20

En el artículo 8º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se detallan las obligaciones que deben observar los sujetos correspondientes, las cuales, en caso de incumplimiento, pueden ser objeto de procedimiento administrativo y, en su caso, de sanciones. Las obligaciones se desarrollan en fracciones que van de la I. a la XXIV.

Cabe mencionar que los intereses personales, familiares o de negocios de un servidor público se consideran como susceptibles de afectar las funciones y atribuciones que le asigna la ley, por los que sólo procede la excusa o la abstención para intervenir en cualquiera de las etapas y modalidades del acto que se trate.

Sin embargo, no hay ninguna disposición que aluda explícitamente a las obligaciones que el servidor público adquiere respecto a la laicidad, y en qué casos específicos debe abstenerse de hacer uso de elementos, alusiones, símbolos religiosos, o bien evitar un destino o utilización con fines religiosos de los recursos que le son encomendados para el desempeño de sus funciones.

Consideramos que el respeto a la laicidad en la función pública debería, cuando menos:

a) Evitar que los servidores públicos promuevan u obstaculicen el cumplimento de las normas en la materia.

b) Respetar el marco normativo vigente que define la forma de gobierno (el régimen político) con sus profundas raíces históricas.

c) Respetar la libertad de religión de funcionarios públicos pero marcando la separación de los ámbitos de competencia entre lo público  y  lo privado.

Para Gustavo Ortiz Millán,21 la laicidad como componente del liberalismo, postula una igualdad según la cual todos los seres humanos tienen iguales derechos fundamentales, entre los que se encuentran las libertades de conciencia, de culto y de religión. Bajo la concepción liberal, el Estado tiene la obligación de respetar la diversidad de concepciones morales y religiosas dentro de la sociedad. Cuando este valor moral de respeto al derecho de profesar las ideas religiosas de otros, de ser imparcial frente a la pluralidad religiosa y de no tratar de imponer las convicciones religiosas personales al resto de la sociedad, se lleva al plano de la ética pública, se llama laicidad.

La laicidad no es un valor que rige las relaciones entre los individuos, sino que rige las relaciones del Estado y de los funcionarios públicos con una ciudadanía plural; es un valor democrático porque garantiza la igualdad y el reconocimiento de derechos y libertades, que son componentes indispensables para cualquier sociedad democrática. Esto implica entonces, que la laicidad es un valor que entra en eso que llamamos una moralidad de rol: la ética de la función pública.

Esto no significa que los funcionarios sacrifiquen sus creencias religiosas o dejen de profesar una religión si comienzan una carrera dentro del servicio público. Tampoco se les pide que sean antirreligiosos o anticlericales. En el marco de una ética laica de la función pública, lo que se les pide a funcionarios y servidores es separar los ámbitos de competencia: una para sus asuntos privados (como miembros de la sociedad civil) y otra para los públicos (como funcionarios del Estado), pero que en caso de conflicto, antepongan, en su ejercicio como funcionarios, los valores a los que se han comprometido como miembros del Estado.

Nadie debería ser funcionario público si no se compromete con seguir un código de ética que incluya el respeto a los valores morales y a los derechos plasmados en la Constitución, por ejemplo, si no está dispuesto a respetar los derechos a la igualdad, a la no discriminación y a otras libertades. Del mismo modo, nadie debería ser funcionario público si no se compromete al respeto a la religión de otros y termina afectando sus derechos. Al tratar de imponer, desde el aparato estatal, su propio código moral, un funcionario público estaría violando el compromiso que tiene con ese código de valores morales que está implícito en la Constitución.

En este sentido, la función pública enmarcada en una ética laica, de acuerdo con Pauline Capdevielle,22 debería seguir los siguientes principios:

1. Garantizar la imparcialidad y garantizar la separación del ámbito de las competencias.

2. Se respeta la autonomía, la autodeterminación y la conciencia de las personas.

3. Reconocer y proteger a pluralidad y la diversidad de ideas, pensamientos y formas de vida. No hay absolutos ni dogmas, ni ninguna

4. No favorecer ni discriminar a ninguna persona por su adscripción religiosa o por no tener ninguna.

5. No favorecer ni discriminar a alguna religión.

6. No exprese públicamente sus preferencias religiosas, ni asistir de manera oficial a actos de culto público

7. Sus convicciones religiosas no lo eximen del cumplimiento de la ley ni de los ejercicios de su función.

8. El funcionario público debe velar a la estricta igualdad de todos los individuos ante la ley, rechazando todo acto de discriminación basado en las convicciones y/o creencias religiosas.

9. Velar por el bien común, antes que sus creencias personales.

c.) Otras disposiciones

La definición de la laicidad en México tiene particularidades propias, que solo pueden entenderse en perspectiva histórica. Hasta el 2012 que se elevó a rango Constitucional el carácter laico, se hacía referencia a la laicidad indirectamente, en varios artículos que dotan de contenido al Estado laico. Estos artículos son:

Art. 3º Constitucional Se garantiza el derecho una educación ajena a doctrinas y dogmas religiosos y el criterio que la orientará será el progreso científico y tecnológico y luchará contra los fanatismos y prejuicios. Es a través de la educación que se forman ciudadanos críticos y libres, por eso se vuelve indispensable mantener la escuela libre de cualquier dogma que lo impida.

Artículo 5º constitucional A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Antes de las reformas de 1992, los votos religiosos estaban prohibidos.

Artículo 24 Constitucional Garantiza la libertad de religión, de conciencia y de convicciones éticas. Para vivir una plena libertad de religión, se requiere un Estado que en la práctica política, cree las condiciones para que no exista discriminación alguna contra las personas en el ejercicio de sus derechos, cualquiera que sea su pertenencia -o no pertenencia- a una religión o a una filosofía particular. Y al mismo tiempo, permite la profesión una religión. Esto se consolida en el artículo 24 con la prohibición expresa al Estado para privilegiar o prohibir religión alguna.

La reforma reciente al artículo 24, abona al fortalecimiento del Estado laico porque ahora se reconocen constitucionalmente la libertad de conciencia y de convicciones éticas como libertades que hay debe proteger, respetar y garantizar. Proteger la libertad de conciencia implica que se protege la libertad de mujeres y hombres para tomar decisiones autónomas y responsables en todos los ámbitos de sus vidas, con voluntad y discernimiento. Mientras que el reconocimiento de la libertad de convicciones éticas es darle la misma jerarquía a las formas de religiosidad que a las posiciones no confesionales.

Artículo 27° constitucional Permite que las asociaciones religiosas puedan adquirir, poseer o administrar “exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto”.

Artículo 115 Constitucional obliga a los estados a adoptar como régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular. No puede usarse el Federalismo como excusa para fragmentar derechos ni para modificar las definiciones fundamentales del régimen.

Artículo 130 constitucional Garantiza la separación Estado-iglesias, posibilita a las iglesias que obtenga personalidad jurídica, como asociaciones religiosas, “una vez que obtengan su correspondiente registro” además de restringir el voto activo de ministros de culto.

De los artículos pilares del Estado laico, se desprenden los postulados que actualmente configuran la relación del Estado con la ciudadanía. Es importante recordar que estos postulados son herencia histórica de los liberales del siglo XIX y que se han mantenido a través del tiempo. Actualmente podemos encontrar en la Constitución:

Un primer postulado parte de la idea de que el laicidad se inspira en la libertad y la autonomía de las actividades humanas, éstas deben desarrollarse según reglas propias y no impuestas, deben protegerse dichas actividades de influencias externas y deformadoras de ideologías fundamentalistas, políticas y religiosas, así como de otros prejuicios que atenten contra la dignidad humana.

En este sentido, el artículo 1o. Constitucional, párrafo tercero, impone al Estado mexicano la obligación de prohibir toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Se complementa el artículo referido con el artículo 2o. Constitucional que, después de reconocer que la nación mexicana es única e indivisible, prescribe que tiene una composición pluricultural, que se sustenta originalmente en sus pueblos indígenas y señala para ellos y sus comunidades diversos principios y derechos.

Se vinculan también con este postulado de la laicidad, los derechos otorgados a las personas, en particular los derechos reproductivos, enunciados en el artículo 4o. Constitucional.

Se liga asimismo con el artículo 24 Constitucional, que protege la libertad de conciencia, que implica que se protege la libertad de mujeres y hombres para tomar decisiones autónomas y responsables en todos los ámbitos de sus vidas, con voluntad y discernimiento.

La laicidad implica una postura crítica y anti dogmática que parte de la premisa de que no se puede conocer la verdad en grado mayor que cualquier otro. No hay verdades absolutas.

En este sentido, el artículo 3o., en sus fracciones II y III, previene que la educación será laica, se mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa, así como que el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

El Estado laico debe preservar en su ordenamiento jurídico una posición que, considerando la variedad de opiniones, practique una rigurosa neutralidad en materia de religión, fe o ideologías.

Para poder vivir una plena libertad de religión, se requiere un Estado que en la práctica política, cree las condiciones para que no exista discriminación alguna contra las personas en el ejercicio de sus derechos, cualquiera que sea su pertenencia -o no pertenencia- a una religión o a una filosofía particular. Y al mismo tiempo, posibilita la profesión libre de las religiones. Esto se consolida en el artículo 24 con la prohibición expresa al Estado para privilegiar o prohibir religión alguna así como con el reconocimiento de las convicciones éticas, brinda la misma jerarquía a las formas de religiosidad que a las posiciones no confesionales. Precepto que se complementa con las disposiciones de los artículos 27 fracción II y 130 Constitucionales.

El Estado laico se inspira en los valores del pluralismo, de la libertad y de la tolerancia, en resumen, en los valores democráticos, no se identifica, por tanto, con una filosofía y teoría en particular, es un método de coexistencia de todas las filosofías y teorías posibles; el Estado laico no representa una nueva cultura, sino coexistencia de todas las culturas.

En consecuencia, las instituciones públicas deben reflejar tales valores universales, que se desprenden de los artículos 6o., 7o., 25, 26 y 41 Constitucionales.

La administración del Estado, la educación, la ciencia, el arte y en general las esferas de la actividad humana, no deben servir a intereses de partidos, creencias e ideología; deben orientarse por valores universales.

A estos valores universales alude el artículo 3o., que habla de la “conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia”, así como el artículo 89, fracción X, que señala los principios normativos, aceptados de manera general por la comunidad internacional, que deben dirigir nuestra política exterior.

Por último, los postulados constitucionales referidos se han nutrido también de diversos instrumentos internacionales contraídos por nuestro país, y que forman parte de nuestro orden jurídico interno. En este sentido, habría que mencionarse, entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, en los artículos 2o. y 18; la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1963, artículos 1o., 2o., 3o., 4o. y 5o.; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 2 de mayo de 1948, artículos III y XII; al Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Civiles, de 16 de diciembre de 1966, artículo 18; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 22 de noviembre de 1969, artículos 1º y 12.

Es necesario pensar a la laicidad, no como un acto consumado, es más bien, un proceso histórico y como tal, dinámico y cambiante. La laicidad debe ser debatida y redefinida constantemente a la luz de los retos y avances de la sociedad. Lo importante a resaltar es que hasta ahora, en sociedades plurales, la laicidad es la condición imprescindible para la coexistencia armoniosa y la garantía de la igualdad en la diversidad.
IV. Los desafíos jurídicos

El primer desafío es de orden conceptual, ya que no hay una definición positiva de la laicidad como una obligación del servidor público en un marco democrático. Blancarte afirma que “en el presente, la laicidad se define en relación a la función que cumple en las sociedades modernas, ya no de defensa frente a las Iglesias, sus jerarquías y las religiones instituidas, sino encaminada a la defensa de la libertad de consciencia y al conjunto de libertades que se deducen de ella, como las libertades de creencias, de religión, de expresión y demás”.23

Asimismo, Arias, siguiendo a Dworkin, considera que “una guía respecto de la validez y arraigo de la laicidad en los Estados contemporáneos, consistiría en la presencia y arraigo de tres elementos interpretativos que la distinguen. Esquemáticamente las notas características que permiten hablar de laicidad en un determinado régimen son: el respeto de la libertad de consciencia, la autonomía de lo político frente a lo religioso y la igualdad de los individuos y sus asociaciones ante la ley (no discriminación fundada en la igualdad)”, todo lo cual está garantizado constitucionalmente pero no existen mecanismos para hacerlo efectivo.24

En segundo lugar, existe un problema de integralidad, en el que los pendientes legislativos son relativamente sencillos: trasladar a la legislación secundaria los principios constitucionales y desarrollarlos teniendo como único límite él esquema de las atribuciones constitucionales para las reformas legales y sus ámbitos materiales. Lo más evidente entre las lagunas jurídicas es que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos ni siquiera se ha actualizado con arreglo a dos reformas cardinales a la Carta Magna adoptadas recientemente.

Por un lado, la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos publicada el 10 junio de 2011, ya que la Ley aún menciona “garantías individuales y sociales” en vez de “los derechos humanos y sus garantías”. Considerar a la laicidad como una forma de asegurar la no discriminación aparece como un desafío más complejo que hacer una simple adecuación literal del texto constitucional vigente.

Por el otro, la reforma promulgada en 2012 para definir el carácter laico de la República, pues el artículo 7º de la Ley considera contrario a los intereses públicos el “ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal”, sin mencionar el carácter laico, una cualidad que no subsume ninguno de los conceptos en el artículo vigente.

Una tercera problemática tiene que ver con las lagunas y con las anomias específicas para el ámbito de las responsabilidades política y administrativa, como se ha descrito en apartados anteriores. Como se ha señalado, no existen sanciones ni un procedimiento de queja en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que se refiera a los servidores públicos. Tampoco, como se dijo, hay en las leyes federales de Responsabilidades y de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos disposiciones relativas a esta materia.

El procedimiento administrativo no podría tener por ventanilla única a la Secretaría de Gobernación con el argumento de que ella es la encargada de conducir las relaciones políticas del Poder Ejecutivo con las asociaciones religiosas y de “vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas”, como estipulan las fracciones VIII y XXXVII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En todo caso, el respeto a la laicidad por parte de los servidores públicos es materia del cumplimiento a la legalidad en la función pública, y no del culto.

Un caso que ilustra la indefensión de los ciudadanos ante las violaciones al Estado laico es la llamada “macrolimosna”. En marzo de 2008, el Gobernador de Jalisco, Emilio González, anunció que donaría 90 millones de pesos para la construcción de la Plaza de los Mártires. La noticia produjo un gran descontento entre la ciudadanía y en días posteriores, se presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ)25 ya que la donación violentaba gravemente los derechos humanos de las personas y atentaba contra el Estado laico. Al expediente 712/2008 y sus acumuladas, se le sumaron 7,000 quejas, de las cuales, 2,500 fueron interpuestas en los primeros 4 meses. Es el mayor número de quejas que ha recibido un ombudsman por un mismo tema en toda la historia de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos así como en la de la Comisión Nacional. Asimismo, la Cámara de Diputados solicitó una investigación exhaustiva sobre la donación debido a la presunción de uso inadecuado de recursos públicos.26

Tres años después, la CEDHJ emitió la resolución del caso,27 en donde afirma que 1) carecen de sustento las siete mil quejas ciudadanas que cuestionaron el uso discrecional del erario, 2) el Gobernador de Jalisco no violó el Estado laico, ni la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP), y 3) tampoco incurrió en discriminación religiosa en perjuicio de otras iglesias y ciudadanos porque “ninguno de los funcionarios involucrados ejecutaron actos que impidieran profesar libremente sus creencias ni tampoco se discriminó porque no se ha prohibido alguna religión en particular”.

De acuerdo al resolutivo de la CEDHJ, González Márquez no incurrió “en ejercicio indebido de la función pública” y, por tanto, “no se advierten elementos de prueba que presuman violaciones de derechos humanos que derivan del contenido en las quejas presentadas y acumuladas a la presente”.

V. Las violaciones al Estado laico

A pesar de muchos episodios de violaciones al Estado laico que han generado controversia en la opinión pública,28 la ausencia de un marco jurídico ha impedido que se investigue y sancione en forma alguna estos fenómenos. En años recientes, como señala un especialista, “hay una especie de golpe de pasión religiosa de los gobernadores que aparentemente, ante la crisis de valores de las sociedades y de corrupción de los que no están ellos mismos exentos de señalamientos, apelan a las convicciones religiosas como alternativa”.29

De acuerdo a la base de datos que ha generado la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir, los casos se pueden agrupar en las siguientes categorías.

Caso 1: Consagración del Estado/Municipio a una divinidad.

Funcionario público o servidor público acude a una ceremonia religiosa y consagra (le ofrece) a una divinidad el Estado o el Municipio. En algunas ocasiones participa activamente en la ceremonia de consagración, en otras, acude a la ceremonia.

Caso 2: Entrega de llave de la ciudad a una divinidad.

Funcionario o servidor público, hace huésped distinguido a una divinidad y le entrega simbólicamente las llaves de la entidad. El Funcionario público tiene un papel activo, ya que forzosamente tiene que expresar públicamente la entrega de llaves. Ha habido ocasiones en que además del acto de entrega, se han hecho placas conmemorativas que se exponen en lugares visibles y públicos.

Caso 3: Programas públicos con contenido religioso.

Diseño e implementación de programas públicos de diversa índole, cuyo contenido temático y/o conceptual contiene elementos y/o símbolos religiosos.

Caso 4: Programas públicos o políticas públicas con fundamento religioso.

Diseño e implementación de políticas, planes y/o programas públicos, que sin explícitamente contener elementos religiosos, se sustentan en creencias religiosas o dogmáticas.

Caso 5: Uso de recursos públicos para beneficio de una religión o iglesia particular.

Aduciendo que son patrimonio nacional o se promueve la cultura, se utilizan recursos públicos para remodelar o restaurar templos o para instalar símbolos religiosos en lugares públicos.

En muchos casos se utilizan recursos públicos y el aparato del Estado para favorecer a una religión en particular, sin que esto implique necesariamente que pueda demostrarse como tal (por ejemplo, cuando se asignan recursos del erario para la remodelación de templos católicos o cuando en mediante cabildo se asignan o se  niegan terrenos en donación a las iglesias).

Caso 6: Condicionamiento de servicios para cumplir con una cuota consensuada comunitariamente para realizar una ceremonia religiosa

Se niegan servicios y/o se condiciona el acceso a programas sociales, a la participación en ceremonias o ritos religiosos, o al pago para la realización de fiestas con religiosas. Generalmente el funcionario público que niega el servicio, apela que se rompe con la comunidad si no se participa y que son eventos y fiestas culturales, no religiosas.

Caso 7: Uso de instituciones públicas para ceremonias y ritos religiosos.

Muchas veces se permite la instalación de símbolos religiosos dentro de recintos estatales o se han realizado ceremonia religiosas dentro de los mismos. En otras ocasiones se han realizado reuniones de carácter político dentro de templos y/o lugares de reunión religiosa.

Caso 8: Discursos oficiales y/o propaganda oficial que alude a elementos religiosos o que contiene símbolos religiosos.

Funcionarios públicos o servidores públicos, realizan discursos que alude a una religión o que contiene elementos religiosos.

Caso 9: Funcionarios públicos que continúan ejerciendo como ministros de culto. Y en algunos casos, su condición de ministros de culto es lo que los vuelve elegibles para desempeñar ciertos cargos, i.e. dirección de asuntos religiosos.

Caso 10: Asistencia y/o participación y/u organización de ceremonias religiosas o eventos con contenidos religiosos.

En muchas ocasiones, los funcionarios y servidores públicos, justifican su asistencia a dichos actos ya que lo hacen “a título personal”.

Los servidores públicos apelan a que se atenta contra su libertad de expresión, de opinión y/o de religión cuando se les pide que respeten el principio de laicidad; o bien, que pueden hacerlo porque no lo hicieron en el ejercicio de sus funciones (por ejemplo acudir a un acto de culto). De ser cierto, ello justificaría la inexistencia de normas que sancionen las conductas religiosas o de contenido religioso de los servidores públicos. Sin embargo, esto no es así. En muchos casos se utilizan recursos públicos y el aparato del Estado para favorecer a una institución religiosa en particular, sin que esto implique necesariamente que pueda demostrarse como tal la afectación a quienes forman parte de otras asociaciones o tienen otras creencias, o a quienes prefieren no identificarse con ninguna de ellas. Por ello, se requiere establecer las conductas típicas bajo las cuales cualquier funcionario pueda tener una orientación de su conducta como tal, con la obligación de abstenerse de determinados actos, sin que por ello pueda tener el temor de sufrir cualquier tipo de sanción por ejercer, en el ámbito privado, sus libertades de pensamiento, expresión, religión, asociación, entre otras.

VI. La propuesta

Siguiendo a Patiño Manffer, el sentido que otorgamos a la voz laico o laicidad debe ser la guía de los actos de los servidores públicos. Es importante distinguir que los actos realizados en nombre o representación del Estado, tienen el carácter de públicos, en tanto, que a través de ellos se dispone de los recursos, medios, atribuciones y facultades que la ley les confiere y producen consecuencias para terceras personas, es decir, salen de la esfera personal del servidor público. Laicidad, para el caso del actuar de los servidores públicos, se refiere entonces, a una clara distinción de las funciones y fines que el Estado tiene como ente político-jurídico que posibilita la coexistencia pacífica de sus ciudadanos. Funciones que no deben ir más allá de lo que expresamente les está permitido, y las cuales son guiadas por los fines: justicia, equidad y bien común.

Por lo que, cuando se exige que el Estado sea laico y los actos de sus servidores también lo sean, se debe entender que tal exigencia es en el sentido de que las decisiones políticas o jurídicas no sean afectadas por las creencias religiosas de los servidores públicos, independientemente de si son creyentes de alguna religión, agnósticos o ateos. Su labor es como funcionario público, por lo tanto sus relaciones y decisiones son jurídicas y no religiosas. Sin embargo, laico no es sinónimo ser antirreligioso o ateo30 ya que esto supondría exigir al funcionario público renunciar a todo tipo de creencia religiosa y actuar como si ésta no tuviera importancia y dotara de sentido o significado a su existencia, lo cual no ocurre, ni es lo que se espera de quienes laboran para el Estado.

Incorporar el principio de laicidad a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es  necesario con fines de armonización con el resto de nuestra legislación, y puede concretarse mediante modificaciones al artículo 7º, para redefinir acciones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:

En la fracción II, “El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal” se agrega la palabra “laico”, lo que guarda congruencia con la actual redacción del artículo 40 de la Constitución Política.

La fracción III, “Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales y sociales” se modifica para ser congruente con la reforma constitucional de 2011: “los derechos humanos y sus garantías”.

Las fracciones VII y VIII sólo modifican su redacción para adicionar una fracción IX consecutiva.

Se adiciona una fracción IX, análoga a las fracción VIII, en el sentido de sancionar violaciones sistemáticas o graves a los postulados constitucionales de la laicidad: a separación del Estado y las iglesias (artículo 130); a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión de las personas (artículos 1º y 24); al carácter laico de los actos, ceremonias, documentos o comunicaciones oficiales (artículos 40 y 115), o al carácter laico la educación pública (artículo 3º), de las leyes o reglamentos y de los programas públicos (artículos 27, 40 y 115).

Como se ha argumentado, las violaciones al Estado laico pueden afectar tanto el régimen de gobierno como el orden jurídico, las funciones de gobierno y los derechos y sus garantías. Dichas afectaciones son objeto de las fracciones actuales del artículo 7º de la siguiente manera:

 

Afecta a:

Conductas sancionables según cada fracción del artículo 7º LFRSP

Régimen político

Funciones de gobierno

Derechos y garantías

Orden jurídico

I El ataque a las instituciones democráticas

X

X

 

X

II El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal

X

X

X

X

III. Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales

X

X

X

X

IV. El ataque a la libertad de sufragio

X

 

X

 

V. La usurpación de atribuciones

 

X

 

X

VI. Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones

 

X

X

X

VII. Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y

 

X

X

X

VIII. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y del Distrito Federal.

 

X

 

X

Por lo tanto, consideramos que esta armonización guarda congruencia con las conductas susceptibles de enfrentar un procedimiento por responsabilidad política, y no desnaturaliza ni excede el objeto del juicio político como se encuentra en la legislación actual.

Por otro lado, proponemos adicionar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en su artículo 8º “Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones” y en este sentido, resulta técnicamente adecuado hacerlo como nuevas fracciones sucesivas a la XIX, ya que así se han creado las obligaciones derivadas de reformas recientes en materia electoral y de derechos humanos (las fracciones XIX-A. a XIX-D).

En la fracción XIX-E se integra la obligación positiva de los servidores públicos hacia la laicidad, derivada de los mandatos de la Constitución: cumplir con el principio histórico de la separación entre el Estado y las iglesias; con la laicidad de la educación pública; con el carácter laico de la República; con el derecho a la no discriminación y a la igualdad ante la ley en materia de religión y libertad de conciencia.

En la fracción XIX-F se incorporan 11 conductas típicas en las que podría incurrir un servidor público que afectarían la laicidad y de las cuales debe abstenerse:

1. Discriminar o condicionar en el servicio público a alguna persona, grupo o asociación por motivos de convicciones éticas, de conciencia o de religión.

2. Favorecer, preferir, privilegiar o descalificar a alguna doctrina o asociación religiosa, o a alguna convicción ética o de conciencia, en el desempeño de sus funciones.

3. Obligar o consentir que las personas sean obligadas a desempeñar trabajos, faenas o aportaciones en especie o en cualquier medio para ceremonias, devociones, actos de culto o servicios de alguna asociación religiosa.

4. Difamar, censurar, descalificar o incitar al odio, mediante cualquier medio, a cierto grupo en razón de sus convicciones éticas, de conciencia o de religión.

5. Diseñar y ejecutar programas o políticas públicas cuyo contenido aluda elementos de alguna doctrina, grupo o asociación religiosa específica.

6. Utilizar las instituciones, las instalaciones o los recursos públicos para la práctica de actos, ceremonias y ritos religiosos.

7. Permitir, promover o impartir educación religiosa en las escuelas públicas.

8. Permitir, promover o fomentar la práctica de ceremonias, devociones o actos de culto religioso en espacios públicos, salvo en los casos establecidos en la ley.

9. Permitir el uso o utilizar referencias, expresiones, elementos, símbolos o imágenes de carácter religioso o antirreligioso en ceremonias, documentos, actos o comunicaciones oficiales.

10. Realizar expresiones de apología o de censura religiosa en actos oficiales de carácter diplomático.

11. Difundir por cualquier medio de comunicación oficial contenidos religiosos con la intención de favorecer alguna religión o asociación religiosa.

Ninguno de los procedimientos, de las instituciones, de las sanciones, de las autoridades y de los derechos de los servidores públicos que actualmente están en la Ley se modifica, pues ésta contempla ya un marco adecuado en la materia.

No podría aducirse que las disposiciones que se propone adicionar para preservar la laicidad en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos son materia que podría atender la autoridad mediante el uso de sus facultades reglamentarias, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en su jurisprudencia que “el principio de la determinación constitucional de las responsabilidades de los servidores públicos, que deriva del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos, principio conforme al cual una materia reservada  a la ley no puede ser regulada por un reglamento”.31

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en materia de laicidad en la función pública

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman las fracciones II, III, VII y VIII, y se adiciona una fracción IX, todas del artículo 7º de, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 7o.- Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:

I.- …

II.- El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal y laico;

III.- Las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos y sus garantías;

IV.- a VI.- ...

VII.- Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior;

VIII.- Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y del Distrito Federal; y

IX.- Las violaciones sistemáticas o graves a la separación del Estado y las iglesias; a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión de las personas; al carácter laico de los actos, ceremonias, documentos o comunicaciones oficiales, o al carácter laico de la educación pública, de las leyes o reglamentos y de los programas públicos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan las fracciones XIX-E y XIX-F al artículo 8º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

I.- a  XIX-D.- …

XIX-E.- Cumplir con el principio histórico de la separación entre el Estado y las iglesias; con la laicidad de la educación pública; con el carácter laico de la República; con el derecho a la no discriminación y a la igualdad ante la ley en materia de religión y libertad de conciencia;

XIX-F.- Abstenerse de discriminar o condicionar en el servicio público a alguna persona, grupo o asociación por motivos de convicciones éticas, de conciencia o de religión; de favorecer, preferir, privilegiar o descalificar a alguna doctrina o asociación religiosa, o a alguna convicción ética o de conciencia, en el desempeño de sus funciones; de obligar o consentir que las personas sean obligadas a desempeñar trabajos, faenas o aportaciones en especie o en cualquier medio para ceremonias, devociones, actos de culto o servicios de alguna asociación religiosa; de difamar, censurar, descalificar o incitar al odio, mediante cualquier medio, a cierto grupo o persona en razón de sus convicciones éticas, de conciencia o de religión; de diseñar y ejecutar programas o políticas públicas cuyo contenido aluda elementos de alguna doctrina, grupo o asociación religiosa específica; de utilizar las instituciones, las instalaciones o los recursos públicos para la práctica de actos, ceremonias y ritos religiosos; de permitir, promover o impartir educación religiosa en las escuelas públicas; de permitir, promover o fomentar la práctica de ceremonias, devociones o actos de culto religioso en espacios públicos, salvo en los casos establecidos en la ley; de permitir el uso o utilizar referencias, expresiones, elementos, símbolos o imágenes de carácter religioso o antirreligioso en ceremonias, documentos, actos o comunicaciones oficiales; de realizar expresiones de apología o de censura religiosa en actos oficiales de carácter diplomático; y de difundir por cualquier medio de comunicación oficial contenidos religiosos con la intención de favorecer alguna religión o asociación religiosa

XX.- a XXIV.- …

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las Secretarías de Gobernación y de la Función Pública deberán celebrar un convenio de colaboración que establezca las bases de colaboración y coordinación, dentro de sus respectivas competencias, a efecto de dar cumplimiento al presente Decreto dentro de los sesenta días posteriores a su entrada en vigor, en tanto la Secretaría de la Función Pública continúe ejerciendo sus atribuciones conforme a los ordenamientos vigentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013 .

TERCERO. Para efectos de lo dispuesto en el artículo segundo del presente Decreto, las autoridades facultadas para aplicar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos contarán con un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar, en su caso, las adecuaciones a sus disposiciones reglamentarias y administrativas con arreglo al presente Decreto.

CUARTO. El Ejecutivo Federal deberá hacer las previsiones presupuestales necesarias para capacitar en materia de laicidad a las autoridades que corresponda implementar el presente Decreto en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el siguiente ejercicio fiscal a la entrada en vigor del presente Decreto.

QUINTO. Al expedir los ordenamientos de legislación secundaria en materia anticorrupción y reformar los existentes, el Congreso de la Unión deberá incluir, en las disposiciones que den existencia jurídica al órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción, las atribuciones específicas que le permitan ejercer los procedimientos administrativos a los que alude el presente Decreto.

Dado en la H. Cámara de Senadores, el 29 de marzo de 2016.

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.- Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Layda Sansores San Román.- Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.

1 Provocada por una ceremonia religiosa fuera de los templos y demasiado llamativa en el cerro del Cubilete, lo que se consideró como una provocación a las autoridades

2 Compromiso del Presidente de la República de no poner en vigor la ley.

3 Loaeza, Soledad. “La iglesia en el México contemporáneo”, Religión y política en México, México, Siglo XXI, 1985, p. 47

4 Palacios Alcocer, Mariano, “Reforma constitucional en materia religiosa”, Relaciones del Estado con las iglesias, México, Porrúa, 1992, p. 257.

5 Sánchez Medal, Ramón, La nueva legislación sobre libertad religiosa, México, Porrúa, 1993, p.17

6 Blancarte, Roberto. “La consolidación del proyecto eclesiástico en las transformaciones del estado mexicano durante los ochenta” en Carlos Bazdresch, et al. (compiladores), México auge, crisis y ajuste, tomo I. Los tiempos del cambio, 1982-1988, Lecturas 73, Fondo de Cultura Económica, México, 1992, Cfr. pp. 313 a 335

7 Patiño Manffer, Ruperto. Reforma Constitucional del artículo 40 constitucional, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3101/28.pdf.

8 Ibid.

9 Blancarte, Roberto. Para entender el Estado laico. México: Nostra Ediciones, 2008

10 Calogero, Guido citado en Zanoni, Valerio “Laicismo”, en Bobbio, Norberto et al. , Diccionario de política, Tomo II, Siglo XXI, undécima reimpresión, 2013

11 Cliteur, P. “Por qué hablan de un "laicismo agresivo", El País, 2 de junio de 2009, disponible en: http://elpais.com/diario/2009/06/02/opinion/1243893612_850215.html

12 Pena Ruiz, Henri, La laicidad, trad. Muriel Merino, Siglo XXI, México, 2002, p. 27.

13 Habermas, Jürgen. “Fe y saber” en Debate entre el filósofo liberal JürgenHabermas y el cardenal Joseph Ratzinger, Dossier preparado por el Prof. Manuel Jiménez Arredondo, 2001, disponible en: http://www.mercaba.org/ARTICULOS/D/debate_Habermas_ Ratzinger.htm

14 Blancarte, Roberto. “Laicidad: la construcción de un concepto universal”, en Roberto Blancarte y Rodolfo Vázquez (coordinadores), Laicidad: una asignatura pendiente, Ediciones Coyoacán, México, 2007, p. 31.

15 Caballero Ochoa, José Luis. “La cláusula de interpretación conforme y el principio pro persona” (artículo 1º, segundo párrafo, de la Constitución), en Carbonell, Miguel y Salazar Pedro (Coords.), La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, México, Porrua/ IIJ – UNAM, 2012.

16 Villán Durán, Carlos.Curso de derecho internacional de los derechos humanos, Madrid, 2002.

17 Abramovich, Víctor.Los derechos sociales como derechos exigibles, Madrid, 2004.

18 Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Pensando la Reforma: los retos en la implementación del #Artículo1Constitucional en materia de derechos humanos, México: Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, 2013

19 José de Jesús Orozco Henríquez, “Artículo 110. Comentario” en  Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones, Consejo Editorial de la LXI Legislatura Cámara de Diputados, Suprema Corte de Justicia de la Nación, LXI Legislatura Senado de la República, Instituto Federal Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Miguel Angel Porrúa; México, 2012, octava edición; tomo V,  página 689

20 Poder Judicial de la Federación, Tesis de Jurisprudencia LX/96. Novena Época. Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: III, abril de 1996, Tesis: P. LX/96, Página  128.

21 Ortiz Millan, Gustavo. “La laicidad como valor moral” ponencia presentada en el Seminario Desafíos en un Estado laico. Análisis del artículo 40 Constitucional. México: Palacio Legislativo de San Lázaro, 2013.

22 Tomados de Capdevielle, Pauline. “Las normas de un estado laico”. Ponencia presentada en el Seminario Desafíos de un Estado laico, análisis del artículo 40 Constitucional. México: Palacio Legislativo de San Lázaro, 2013.

23 Roberto Blancarte, “¿Qué significa hoy la laicidad?, Revista Este país, núm 328, México, 2010.

24Arias Marín, Alan. “Laicidad en México. Las reformas en materia religiosa”, biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3101/33.pdf

25 La primera queja fue presentada por la historiadora Laura Campos Jiménez, en la que enumera las violaciones al Estado laico y al principio de separación Estado-Iglesias por parte del Gobernador de Jalisco.

26 A estas acciones, también se suman las realizadas por la sociedad civil y la academia de todo el país: En un desplegado aparecido en el semanario Proceso, bajo el título: “Gobernadores violan la Constitución y la Ley”, reconocidos intelectuales mexicanos señalaban que “el respeto a las minorías es la esencia de los sistemas democráticos”. Por su parte, Carlos Monsiváis escribía en su crónica semanal “Del Estado laico a las macrolimosnas” (Proceso, n. 1642, 20 de abril de 2008, pp. 52-54), en donde advertía sobre los “emblemas del desprecio iletrado por el Estado laico”. De igual manera, decenas de columnistas, editorialistas y moneros hicieron lo conducente.Por la presión mediática, el Cardenal Sandoval Íñiguez se vio obligado a devolver el donativo en Julio de 2008.

28 El 18 de Junio de 2012, diversas agrupaciones de la sociedad civil denunciaron algunas de estas violaciones y para mayores referencias puede consultarse http://noticiasmvs.com/#!/noticias/denuncian-flagrantes-violaciones-al-estado-laico-en-mexico-324.html. Asimismo, académicas/os e intelectuales manifestaron su oposición a este tipo de actos: Roberto Blancarte, “El PRI y el Sagrado Corazón de Jesús”, Milenio, 7 de Mayo de 2013, disponible en: http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9180559; Bernardo Barranco “Los gobernantes redentores”, Milenio Estado de México, 16 de Mayo de 2013, disponible en: http://edomex.milenio.com/cdb/doc/impreso/9180739; Jesús Silva-Herzog Márquez, “Patrimonialismo espiritual”; Reforma, 17 de Junio de 2013, disponible en: http://noticias.terra.com.mx/mexico/jesus-silva-herzog-marquez-patrimonialismo-espiritual,4169a2eadf15f310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html; Denise Dresser, Sergio Aguayo y Lorenzo Meyer, “No se respetó la separación Estado – Iglesias al entregar llaves a Jesucristo, Mesa Política con Carmen Aristegui, 10 de Junio de 2013, Disponible en: http://aristeguinoticias.com/1006/mexico/no-se-respeto-la-separacion-estado-iglesia-al-entregar-llaves-a-jesucristo-analistas-mvs/?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=kiosko

29 Bernardo Barranco, “Gobernantes piadosos atentan contra el Estado laico”, La Jornada, 22 de mayo de 2013, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2013/05/22/opinion/023a1pol

30 Blancarte, Roberto. “Laicidad y secularización en México” en Estudios sociológicos, México, El Colegio de México, vol. 19, Núm. 57, septiembre-diciembre de 2001.

31 Poder Judicial de la Federación, Tesis de Jurisprudencia 6/99. Novena Época. Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, febrero de 1999, Tesis: P./J. 6/99, Página  285, rubro: Acción de inconstitucionalidad

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senadora Tagle Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a las y los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Tolteca del estado de Puebla, invitados por la Senadora María Elena Barrera Tapia, y que asisten para atestiguar los trabajos de esta sesión.

¡Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos!





 

En el apartado de dictámenes, tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 55 del Código Civil Federal, relativo a la emisión gratuita de la primera acta de nacimiento.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO AL ARTÍCULO 55 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor Secretario. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Elena García Gómez, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

La Senadora Martha Elena García Gómez: Con su venia, señor Presidente.

El derecho a la identidad contemplado en diversos instrumentos internacionales, pactos, declaraciones, convenciones, representa para todo niño y niña la posibilidad real de ser identificado dentro de un grupo social, familiar, nacional, apellidos, nacionalidad, etcétera.

Como elementos básicos de aquella y que al ser inscrito en el Registro Civil y contar con la prueba documental del mismo, le facilita el ejercicio pleno de sus derechos que le corresponden como persona en desarrollo.

Nuestro Marco Jurídico Nacional reconoce en el artículo 4o. que: "Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento El Estado deberá garantizar el cumplimiento de estos derechos y expedir gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento".

Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, recoge básica y puntualmente lo establecido por la Convención de los Derechos del Niño y en nuestra Carta Magna en su Capítulo Tercero del Título Segundo, correspondiente al derecho a la identidad, el cual debe de ser observable por todas las autoridades involucradas, entre otras, contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a los que se les expide en forma ágil y sin costo la primera copia certificada del acta correspondiente en los términos de las disposiciones aplicables.

Contar con nacionalidad de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, conocer su filiación y su origen en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde con el interés superior de la niñez, por supuesto preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares.

Asimismo, se establece que las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito, de sus respectivas competencias, deberán colaborar en la búsqueda, localización y obtención de la información necesaria para acreditar o restablecer la identidad de niñas, niños y adolescentes.

Por lo expuesto, estas comisiones dictaminadoras bajo el marco de la armonización legislativa y las recomendaciones emitidas por los diversos mecanismos internacionales, en especial el Comité de los Derechos del Niño y acorde con lo que establece el marco jurídico nacional, vengo a solicitar su voto a favor del presente dictamen que reforma el artículo 55 del Código Civil Federal, con la finalidad que se lleven a cabo campañas para el registro extemporáneo de nacimiento en donde se dé prioridad a personas en situación de desventaja social y habitantes de pueblos o comunidades indígenas.

Asimismo, que de conformidad con el marco jurídico constitucional, los Tratados Internacionales y lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la emisión de la primera acta de registro de nacimiento, incluso extemporánea, observará el principio constitucional de gratuidad.

Es cuanto, señora Presidenta.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora García Gómez.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Carmen Dorantes Martínez: Con su venia, señora Presidenta.

El objetivo de la reforma y adición al artículo 55 del Código Civil Federal, es propiciar que todas y todos los mexicanos puedan obtener gratuitamente su primera acta de registro de nacimiento.

Asimismo, que las autoridades locales realicen campañas para el registro de nacimiento, dando prioridad a personas en situación de desventaja social y en especial a habitantes de pueblos y comunidades indígenas.

Todos sabemos de la importancia del acta de nacimiento que nos emite el Registro Civil, es una constancia de la existencia de una persona, le dota de identidad única y le proporciona reconocimiento legal.

De no contar con el registro de nacimiento, y todos hemos conocido casos de este tipo, la persona puede padecer discriminación y exclusión de muchos trámites y beneficios que se realizan a lo largo de su vida, como es el acceso a la escuela, a los trabajos formales, el derecho a votar y ser votados, el obtener la cartilla militar, el pasaporte, un acta de nacimiento y el registro de los hijos, son algunos de los aspectos y trámites que se hacen inaccesibles en caso de no contar con la misma.

De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, por sus siglas, el derecho a la identidad es un derecho fundamental para todas y todos los menores de edad y es uno de los instrumentos que les permiten desarrollarse a lo largo de su vida.

Contar con un acta de registro de nacimiento, además de hacer de los pequeños sujetos tutelados por el Estado, les permite el acceso a la red de protección social del Estado. En México, el derecho a la identidad es un derecho humano estipulado en el artículo 4o. de la Constitución Política, que a la letra dice: "Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento".

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en sus artículos 19, 20 y 21, recoge puntualmente lo que nuestra Ley Suprema y la Convención de los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones Unidas, determina en relación al derecho de identidad.

Compañeras y compañeros legisladores: México siempre ha mostrado disposición a formar una política incluyente, comprometida y responsable, para que toda la población cuente con su registro de nacimiento y con ello, identidad y seguridad jurídica.

Además de las reformas y adiciones a nuestros ordenamientos legales, siempre hemos pugnado por generar conciencia y responsabilidad a las autoridades de los tres órdenes de gobierno. La inscripción del nacimiento en el Registro Civil reconoce a la persona ante la ley, lo más importante, le dota de una identidad y es uno de los medios a través de los cuales se facilita el ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica, al nombre y a la nacionalidad.

Los Senadores del grupo parlamentario del PRI, votaremos a favor del presente dictamen, porque un acta de nacimiento es la puerta de acceso a otros derechos fundamentales que permiten el desarrollo de las personas.

Es cuanto, señora Presidenta, muchas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Dorantes Martínez.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

Quiero dar la bienvenida al presente dictamen, al tiempo que me permito felicitar a mis compañeras y compañeros Senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras, muy particularmente, desde esta tribuna, quiero enviar una felicitación a mi paisana Lorena Cuéllar, quien es autora de la iniciativa, cuyo dictamen hoy se nos pone a consideración.

El derecho a la identidad se encuentra estipulado en el artículo 4o. de nuestra Constitución y puede definirse como el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades, le otorga pertenencia y crea las condiciones necesarias para preservar la dignidad individual y colectiva.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, le ha reconocido como un derecho fundamental para todos los menores de edad, pues se trata de un elemento que les facilitará su desarrollo a lo largo de su vida.

El registro de nacimiento es la constancia oficial de existencia de una persona, por lo tanto permite que la persona sea reconocida ante la ley, dota de autoridad única y permite establecer vínculos familiares, culturales y nacionales que lo distinguen del resto de los habitantes.

El derecho a la identidad nos faculta para ejercer el resto de los derechos que nos son reconocidos por los diversos ordenamientos y hacerlos valer cuando son violados. Cuando una persona carece de este reconocimiento se cae en la discriminación, dando lugar a la llamada invisibilidad ante el Estado y la sociedad, situación que tiene como consecuencia la exclusión casi permanente en la vida ciudadana.

El garantizar la expedición del registro de nacimiento es responsabilidad tanto de autoridades como de los ciudadanos, es una dicotomía de correspondencia para ambos. Por lo tanto, el Estado debe crear y proporcionar los mecanismos que faciliten su aplicación, y los ciudadanos deben registrar a la brevedad a los recién nacidos.

En su momento, la Secretaría de Gobernación señaló que una de las barreras que impiden el goce de este derecho es la falta de universalidad para la expedición del acta de nacimiento y el costo de la misma. Esto nos llevó a la reforma constitucional del 2014, para establecer la gratuidad de la primera copia certificada del acta de nacimiento.

Sin embargo, como señala originalmente esta propuesta, la UNAM cuenta con un registro de que a finales del 2014 existían alrededor de 14 millones de mexicanos sin identidad, es decir, no contaban con su acta de nacimiento.

Se trata de una situación que está afectando principalmente a niñas y niños en situación de calle, pobreza extrema, indígenas, jornaleros y migrantes.

Por lo anterior, quiero manifestar mi voto a favor del presente dictamen.

Como bien he señalado, la plena vigencia de este derecho previene de problemas de exclusión y discriminación. Por ende, tenemos la obligación de trabajar para eliminar este tipo de barreras como un acto de justicia social.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora González Rodríguez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muy buenos días, compañeras y compañeros Senadores. Con el permiso de la Presidencia.

Sin duda el tema de la identidad en México ancestralmente está muy arraigado a lo que somos.

Allá en mi tierra, en Chiapas, en la Sierra Madre, la gente le da una importancia y un alto valor a su nombre propio. Sin él, dicen, no se puede existir porque no hay forma de nombrar ni lo propio, ni lo extraño; no hay forma de contarse una historia; no hay forma de ser sin un nombre.

Más allá de lo que plantea el artículo 7 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, sobre la obligación que tienen todos los niños y niñas del mundo de ser inscritos inmediatamente después de su nacimiento en un registro, que tengan derecho a un nombre, a una nacionalidad, a conocer a sus padres y ser cuidados por ellos, creo que esto nos habla de otro tipo de debilidades institucionales que sin duda se deben atender.

Un mexicano sin nombre siempre va a ser más vulnerable a los abusos, va a ser más vulnerable a que le roben su propia identidad y usurpen sus derechos.

Esa es la importancia de lo que estamos discutiendo hoy aquí. No es solamente un aliciente económico, que también lo es, para que la primera acta de nacimiento, aunque sea extemporánea, no tenga costos, porque a pesar de que el costo para una clase política como la nuestra puede parecer menor, para alguien puede significar toda una semana de trabajo. Para alguien que trabaja y gana el salario mínimo, tener un acta de nacimiento puede significar seis jornadas laborales.

Por eso es que más allá de esa parte económica, debemos revisar qué está pasando con esos miles, quizás millones de mexicanos que no tienen identidad y que entonces podrían poner en duda incluso su mexicanidad.

La identidad como derecho indispensable para que se ejerzan otros derechos, debe ser entendida así, además como una garantía que de manera permanente permite una base mínima de oportunidades y de igualdad ante la ley.

Ya la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece el derecho de identidad y además exhorta para que se disponga lo necesario para que los padres registren a sus hijos.

Aun con este marco legal hay una cifra de subregistro de nacimientos, sobre todo en los casos de niñas y niños indígenas y de los que viven en zonas rurales aisladas.

Imagínense, compañeras y compañeros, para ver algunos datos, según los datos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de 2014, entre el 7 y el 13 por ciento de los mexicanos vive sin acta de nacimiento, por lo cual no cuenta con un nombre ni se reconoce su nacionalidad.

Puede haber hasta 14 millones de mexicanos que son indocumentados en su propio país. Para que se den una idea, la elección de 1994 a la Presidencia de la República, se ganó con menos de 14 millones de votos, bueno, 14 millones de mexicanos son indocumentados en territorio nacional.

La fundación, The Fundation, estima que 4 millones de niños no están registrados, y esa falta de identidad, repito, vuelve vulnerables a los vulnerables; ahí donde hay debilidades institucionales particularmente en el sur, la identidad afecta fundamentalmente a niños en situación de calle, en situación de pobreza extrema y, presenta, por desgracia, un mayor número en comunidades indígenas.

Esto no les permite acceso a servicios de salud de calidad, a servicios de educación de calidad, y además les va a dificultar de manera muy obvia poder conseguir un empleo y acceder a servicios; es decir, esta idea de que la desigualdad no es solamente la concentración del ingreso, no solamente es en la distribución de la riqueza, sino también en la calidad y la extensión y acceso a los servicios públicos, se vuelve todavía más problemática cuando no se tiene una identidad.

En mi estado, Chiapas, según los datos de la Unicef y del propio Inegi, se registró de forma oportuna solamente al 62 por ciento de las niñas y los niños, esto significa que 38 por ciento de las niñas y los niños nacidos en Chiapas no fueron registrados.

Para 2015, 72 de los 122 municipios de Chiapas tenían niveles bajos, es decir, menores al 50 por ciento; y muy bajos, menores al 25 por ciento de registro oportuno de nacimientos.

Solamente 17 por ciento de los municipios presenta un registro arriba del 90 por ciento.

Sé que no es una cosa que les preocupe, sé que es algo que pareciera un mero trámite burocrático y de orden económico, pero el hecho de que haya cerca de 70 municipios en donde ni siquiera el 50 por ciento de la población está registrada, me parecería algo digno de la atención de las Senadoras y los Senadores.

Aquí la dificultad para el registro de las regiones donde predomina la población indígena, es que muchas veces el personal de las oficinas no es bilingüe, y hay que decirlo, en este dictamen no se resuelve esa falla.

Qué bueno que estamos planteando el costo cero para el registro, por primera vez, aunque sea extemporáneo.

Qué bueno que se planteé en las campañas qué se va a hacer en las poblaciones indígenas donde los funcionarios del Registro Civil no hablan la lengua que se habla ahí y entonces dificultan y obstaculizan la posibilidad del registro.

Adicionalmente creo que el dictamen es bueno, pone un tema en la mesa, un tema en la agenda para que vayamos y vaya el Estado mexicano a buscar a esos mexicanos indivisibles, a los indocumentados que viven en México, es una labor que va a significar un esfuerzo, sin duda, extraordinario, encontrar a los que no tienen nombre, va a ser más complicado por el simple hecho de que no lo tengan.

Por eso la labor no es esperar que los ciudadanos acudan a las instituciones, sino que las instituciones vayan hacia los ciudadanos, hacia los nuevos ciudadanos para otorgarles al menos en un estado de cosas en donde los derechos son casi una ilusión, por lo menos el primer derecho, que es tener un nombre, podamos aspirar a que todos y cada uno de los mexicanos puedan tener.

Finalizo señora Presidenta, simplemente recordándoles una cosa.

El año pasado que hubo elecciones en la población de Suchiate, se registró a 4,500 personas centroamericanas por una condición, porque como la candidata del Partido Verde era la esposa del director del Registro Civil de esa entidad, pues se les hizo fácil registrar a personas centroamericanas para que votaran, para que votaran por el Verde.

No lo estoy diciendo yo, es la FEPADE y ese funcionario está en la cárcel.

Así de débil es una de las instituciones que debería de ser más fuerte en nuestro país; así de débil es el Registro Civil mexicano.

Y como se dice, 14 millones de mexicanos no tienen nombre, no tienen identidad; qué bueno que empezamos a tomar en cuenta esta situación, pero reitero, no podemos detenernos ahí, es una agenda mucho más amplia de lo que parece, y ojalá éste sea solamente el primer paso en ese sentido correcto.

Empecemos ya, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Informo a la Asamblea que la Senadora Graciela Ortiz González hizo llegar a la Mesa Directiva el texto de su intervención sobre este dictamen, el cual se integrará al Diario de los Debates.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se inserta intervención del Senador Francisco Salvador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Por no haber más intervenciones ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 84 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero del artículo 55 del Código Civil Federal. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señora Presidenta, si me permite dar cuenta del voto a favor de la Senadora Lisbeth.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: ¡Claro! Gracias, señor Secretario. Se toma en cuenta.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se declara el 19 de noviembre de cada año, "Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil".

DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL 19 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, "DÍA NACIONAL CONTRA EL ABUSO SEXUAL INFANTIL"

(Dictamen de segunda lectura)



 

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Martha Elena García Gómez, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

La Senadora Martha Elena García Gómez: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

El dictamen de la minuta que hoy nos ocupa tiene por objeto declarar el 19 de noviembre de cada año, "Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil".

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años, por lo que alrededor de 4.5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en nuestro país, de los cuales únicamente 2 por ciento de los casos se conocen en el momento que se presenta el delito.

Diversas fuentes estadísticas han mostrado la magnitud y la gravedad del crimen que se comete contra niñas, niños y adolescentes, dada su condición de personas en desarrollo que requieren la protección y los cuidados necesarios y denotan la insuficiencia de recursos para combatirlo, ya que de acuerdo con la Unicef el Informe Anual 2014, aproximadamente 1 por ciento de los recursos identificados en el presupuesto para la infancia se dedican a la protección contra la violencia, el abuso y la explotación.

Esta comisión dictaminadora consideró que el asunto reviste importancia para el Poder Legislativo, ya que la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes abonó ampliamente a la protección de los derechos de la niñez, pues su enfoque garantista asegura el respeto de sus derechos, en su dictaminación fue prioridad de las y los legisladores considerar el garantizar la integridad personal de la niñez como un derecho irrestricto.

Es por ello que en el marco del orden jurídico nacional y los tratados internacionales, el combate del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, no admite omisiones por parte de las autoridades facultadas para ello, ni la complacencia de la sociedad, puesto que se trata de una práctica de carácter delictiva que afecta física y psicológicamente a víctimas y familiares, y nos agravia a toda la ciudadanía, por ello las comisiones dictaminadoras coinciden con la Colegisladora cuando establece que los abusos y la explotación a los que son sujetos no distinguen país, cultura o condición social y considera viable pronunciarse al respecto.

Por esta razón vengo a solicitar su voto a favor del presente dictamen para conmemorar el día 19 de noviembre como "Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil", declarado en 1990 por la Organización de las Naciones Unidas, y a partir de una iniciativa de la Fundación de la Cumbre Mundial de la Mujer.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora García Gómez. Está a discusión el dictamen.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Con su permiso, señora Presidenta. Estimadas compañeras y compañeros:

El abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y conlleva a efectos devastadores en la vida de los niños y las niñas que lo sufren, es un problema que ha transgredido las normas sociales e impacta negativamente en la vida y en el desarrollo de sus víctimas.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México ocupa el primer lugar entre los países de la OCDE en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años.

La mayoría de los niños y niñas y sus familias no denuncian los casos de abuso y explotación a causa del estigma, el miedo y la falta de confianza en las autoridades o en muchas ocasiones por tolerancia social.

Es de vital importancia reconocer que el abuso sexual ocurre en todos los ámbitos, por lo que nosotros como padres y madres tenemos la obligación de hablar con nuestros hijos e hijas y apoyarnos ya sea con nuestro médico de cabecera, con profesores o con especialistas, o con la propia familia por supuesto.

Como legisladoras y legisladores tenemos el compromiso de crear políticas públicas y programas de atención fomentando la cultura en contra del abuso infantil, por lo que es necesario que los padres y madres iniciemos esta labor en el hogar, así como concientizar a las escuelas para que incursionen en programas para enseñarles a los niños, niñas y adolescentes acerca del abuso sexual y su prevención.

Las pruebas indican que la violencia sexual puede tener consecuencias físicas, psicológicas y sociales graves a corto y largo plazo, no sólo para las niñas y niños, sino también para sus familias y comunidades.

Ante tales circunstancias, compañeros legisladores y legisladoras, consideramos necesario declarar el "Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil" el 19 de noviembre de cada año, con la finalidad de sensibilizar, prevenir y proteger el abuso sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes.

Esta problemática no tiene distinción de género, nivel educativo o socioeconómico, debemos, por tanto, generar conciencia, medidas de prevención y atención. Nuestras niñas y niños son lo más valioso que tiene México, protejámoslos, informémosle de los signos de alerta, abrámosles canales de comunicación.

Compañeras y compañeros, esta acción es un inicio, pero el esfuerzo debe de ser continuo tanto de nuestra parte como de la sociedad civil.

Por lo anterior, les invitamos a apoyar esta iniciativa que les ofrezca a las niñas y niños de México un mejor futuro.

Por su atención, pero especialmente por su apoyo, muchísimas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Flores Escalera.

Desde su escaño, tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

Me parece que el dictamen que tenemos a consideración es un dictamen de mucha trascendencia, porque estamos hablando de uno de los delitos más aberrantes y que está en crecimiento.

Las nuevas tecnologías han permitido que los tratantes, que los lenones, la gente que se dedica a promover la pornografía contra nuestras niñas y niños ha caminado de manera muy importante. Por eso, hoy nos pronunciamos a favor de que se establezca este "Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil", porque servirá para levantar la voz a favor de estos 40 millones que representan a las niñas, niños y adolescentes de este país.

Además esta iniciativa tiene que ver con el desdoblamiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que en breve nosotros aprobamos y que ha sido ejemplo en este continente.

Por esto y por todo lo que se ha expresado, vale la pena establecer como el "Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil", el 19 de noviembre de cada año.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Informo a la Asamblea que la Senadora Graciela Ortiz González hizo llegar a la Mesa Directiva el texto de su intervención sobre este dictamen, el cual se integra al Diario de los Debates.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se inserta intervención del Senador Francisco Salvador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Por no haber más intervenciones ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 90 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 19 de noviembre de cada año, "Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil". Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sobre la integración del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XLII, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 27 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la segunda lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Elena García Gómez, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

La Senadora Martha Elena García Gómez: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

A nombre de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, vengo a fundamentar este dictamen de las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Estudios Legislativos, que contiene proyecto de Decreto por el que se adiciona a la fracción XLII, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Esta comisión dictaminadora observó la importancia de este dictamen en el marco de la armonización con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada en diciembre de 2014.

Gracias a esta ley, por primera vez el país cuenta con un Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que determinará la rectoría en el tema de los derechos de la niñez y que se encargará de coordinar de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos.

En ese sentido, la Ley General de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 1 menciona como objeto de la misma crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados. Las atribuciones de este sistema se encuentran en el artículo 125 de la ley.

Ahora bien, dicha legislación establece, en su artículo 127, la conformación del sistema, el cual será presidido por el Presidente de la República. La presencia del titular del Ejecutivo Federal resulta fundamental para alcanzar la adecuada coordinación entre las autoridades que lo conforman y denota el carácter primordial que para el Estado mexicano tienen los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por otro lado, la coordinación operativa del sistema estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva que será un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y el cual coordinará las acciones entre las dependencias que integran el sistema.

Sus atribuciones se encuentran reguladas en el artículo 130 de la ley y destaca el coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración Pública Federal que deriven de la ley.

Al respecto, es importante señalar que en el régimen transitorio de la ley, en específico, en su Artículo Segundo Transitorio, establece que el Congreso de la Unión realizará las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el presente Decreto.

En ese sentido es que diversas legisladoras y legisladores hemos presentado reformas a diversos ordenamientos con el objeto de iniciar con la armonización legislativa de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Es así que es de suma importancia que se visualice la figura de la Secretaría Ejecutiva, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; toda vez que en la estructura orgánica de esta Secretaría recaerá la función de la coordinación del Sistema Nacional de Protección Integral.

Por otro lado, esta comisión dictaminadora consideró que es oportuno que se señale que en los casos excepcionales será el Secretario de Gobernación el que supla al Presidente de la República como presidente del sistema, tal y como lo menciona la Ley General de los Derechos de la niñez y de la Adolescencia.

Es imperante continuar con el proceso de armonización a la brevedad. Por lo que exhorto a este Senado de la República a votar a favor de este dictamen.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora García Gómez. Está a discusión el dictamen.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Muchas gracias. Con su venia, señora Presidenta y paisana. Muchas gracias, es un honor.

Primero quiero felicitar, por supuesto, a las dos comisiones, la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y la de Estudios Legislativos, por la aprobación del dictamen que estamos poniendo a consideración.

Ya su presidenta hace un momento hizo la presentación aquí muy puntual; pero como representante del grupo parlamentario del PRI, yo quisiera señalar la importancia que tienen estas modificaciones.

Primero, haciendo referencia a este sector tan importante y sobre todo al número, que representan a las niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

Según cifras del Inegi, estamos hablando de que al 28 por ciento de la población, esto es más de 33 millones de personas, estaríamos beneficiando con las modificaciones que este día estamos poniendo a su consideración.

Como todos ustedes saben, desde noviembre de 1989, en nuestro país nos comprometimos, al igual que todo el mundo, a proteger y promover los derechos de niñas y niños, a lograr la supervivencia, a que puedan aprender y crecer, que puedan desarrollarse y alcanzar su pleno potencial y a lograr, sobre todo, que sus voces fueran escuchadas.

De igual manera, la Convención sobre los Derechos del Niño, todos sabemos que es el tratado internacional de derechos humanos que ha recibido el más amplio reconocimiento y que recibió el mayor número de votos.

Desde entonces, las niñas, los niños y los adolescentes son reconocidos como sujetos de derechos y no solamente como sujetos de protección.

Estamos comprometidos a garantizar el pleno desarrollo de los niños y adolescentes. Prueba de ello, como ya se ha dicho, es que en este recinto acabamos de votar a favor de los dictámenes previos. También hemos logrado elevar de 14 a 15 años la edad mínima para trabajar; y creo que el mecanismo más importante que logramos fue la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2014.

Con esa legislación se logró la integración del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, organismo encabezado por el mismo Presidente de nuestro país y cuyo objetivo es articular los esfuerzos de los diferentes órdenes de gobierno y de la sociedad civil, para trabajar en conjunto a favor de la niñez y de la juventud en nuestro país.

Hoy, lo que estamos poniendo a su consideración es que en este sistema le demos no solamente la trascendencia que hoy ya tiene, sino que podamos lograr otorgarle un mayor dinamismo al trabajo del mismo, al proponer que sea el Secretario de Gobernación quien pueda presidirlos en casos excepcionales, con lo cual estamos flexibilizando la operación y, sobre todo, estamos facilitando la realización de las sesiones en beneficio de este sector de la población.

Para este efecto es que estamos proponiendo las adiciones al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, otorgándole de manera expresa al titular de la Secretaría de Gobernación, dicha facultad.

Esta modificación es consistente con lo establecido en nuestra Ley Fundamental, en lo relativo a las facultades y obligaciones del Poder Ejecutivo y a las disposiciones secundarias en materia, reforzando así lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que como dije, aprobamos en diciembre de 2014.

Sabemos que esta reforma, se traducirá en beneficios concretos para nuestras niñas, para nuestros niños y para nuestros adolescentes.

Por eso, nuestro grupo parlamentario, el grupo parlamentario del PRI, seguimos impulsando estas políticas públicas que benefician a las niñas, niños y adolescentes, siempre con el propósito de crear mejores condiciones para su desarrollo en el presente, pero sobre todo, para garantizarles a todos ellos un mejor futuro.

 Muchas gracias y, por supuesto, invitamos a todos a votar a favor del presente decreto.

Gracias, señora Presidenta.

Es cuanto.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Araujo Lara.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario de Partido Acción Nacional.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias, señora Presidenta.

En el PAN también celebramos que haya esta atención especial, específica y en distintas áreas a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

Al principio ya hablábamos de los niños indocumentados que no están registrados, después hablamos del Día Nacional contra la Violencia Sexual y hoy de la integración de un sistema en la Secretaría de Gobernación.

La verdad que cada día nos asombra más como las niñas, niños y adolescentes están siendo sujetos de violencia u objetos de adultos en la trata, en la violencia, en la compra, en el asesinato de las niñas, niños y adolescentes. La ONU dice que en los últimos 25 años cada día mueren dos niños menores de 14 años, cada día mueren por asesinato dos niños de 14 años.

También dice la UNICEF, que entre 55 y 65 por ciento de los niños han sufrido violencia física en algún trayecto de su vida y que también hay violencia doméstica. Más o menos, el 47 por ciento de la violencia que sufren los menores es en sus casas y es a través de sus madres.

Nos parece que es verdaderamente importante cambiar este chip.

Yo no sé qué está pasando, que perdemos el sentido de la vida, que utilizamos a los menores, que no les concedemos su capacidad, su individualidad y su integridad; así que el día de hoy que la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia se ocupa en especial de hacer estos dictámenes creo que todos tenemos que celebrar.

Escuchaba yo a un juez el día de hoy sobre trata y sobre comercio sexual infantil en el puerto de Acapulco; y hablaba verdaderamente con una ignorancia respecto de este problema grave en nuestro país. Creo que el sistema tendrá que ir a sensibilizar, hacer una capacitación de largo aliento a las autoridades que se ocupan de hacer estos juicios, de recibir las documentaciones de los testimonios.

Hace una semana en mi ciudad, una madre asesinó a martillazos a tres de sus hijas y no había habido ningún antecedente que documentara que la madre tenía problemas.

Se encontró una chiquita de doce años violentada sexualmente, acribillada, degollada. Y tampoco hay antecedentes, no hay una alerta de género, no hay la capacidad de las autoridades de admirarse, de impactarse, de indignarse frente a esta violencia cotidiana contra las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

Nos ocupamos de muchas cosas, de los procesos electorales, de la corrupción entre los adultos, que sí son importantes; pero más importantes son los menores que no están creciendo en el respeto, que no están siendo respetados y que las autoridades no han cuidado lo suficiente a las autoridades que reciben las denuncias, que están enteradas de que hay algo mal en las casas, en las familias, y que no hacen caso hasta que suceden estas tragedias. Dos niños mueren diariamente a causa de la violencia.

Así que celebro que haya entre las Senadoras y Senadores, quién se esté ocupando de este tema y que finalmente Gobernación coja el toro por los cuernos y se pongan protocolos, cuidados, sensibilización y capacitación especialmente en los Ministerios Públicos o las Fiscalías, para estar muy alertas de toda esta violencia que se anuncia con mucho tiempo de anterioridad y que sólo se hace caso cuando encontramos a los niños muertos, asesinados, violentados.

Felicito a la Presidenta de la comisión, a las dos comisiones, y vamos a trabaja en este tema.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Calderón Hinojosa.

Informo a la Asamblea que la Senadora Graciela Ortiz González hizo llegar a la Mesa Directiva el texto de su intervención sobre este dictamen, el cual se integrará al Diario de los Debates.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se inserta intervención del Senador Francisco Salvador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Por no haber más intervenciones ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 89 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor Secretario. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XLII, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Informo a la Asamblea que entre los asuntos despachados el pasado jueves 17 de marzo, aprobamos el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, que propone un proyecto de Decreto para reformar la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

El trámite de dicho asunto es remitirlo a la Cámara de Diputados para su fase de revisión. Al respecto, las comisiones dictaminadoras informaron que el proyecto requiere de precisiones en los artículos 7o. Bis, 58-2, 68, Segundo, Tercero y Quinto Transitorios.

Las adecuaciones se refieren a la actualización de la figura de la unidad de medida que se utiliza para el cálculo de sanciones que en el texto aprobado mantiene todavía la referencia a días de salario mínimo; asimismo, en los artículos transitorios es importante que quede bien establecido el nombre del Decreto que se está reformando y que erróneamente tiene mencionada a la Ley de Procedimiento Contencioso.

Las comisiones solicitan que las precisiones se apliquen a través de una fe de erratas.

Las precisiones requeridas no alteran de forma alguna el fondo de lo aprobado por esta Asamblea y se justifican por la importancia de la pulcritud y claridad del texto del proyecto.

El texto de la fe de erratas está disponible en sus escaños, en consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que la fe de erratas se incorpore a los asuntos de nuestra sesión.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que la fe de erratas se incorpore a los asuntos de la sesión para discusión y votación de la Asamblea. Quienes estén porque se incorpore, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se incorpore, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza la incorporación del asunto a nuestra sesión, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor Secretario.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la fe de erratas.

FE DE ERRATAS

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Doy lectura a la fe de erratas.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor Secretario. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la fe de erratas presentada.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la fe de erratas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En consecuencia, está a discusión la solicitud de fe de erratas. Al no haber oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del asunto que nos ocupa.



El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 83 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor Secretario. En consecuencia, se aprueban las modificaciones a los artículos 7o. Bis, 58-2, 68, Segundo, Tercero y Quinto Transitorios del proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Remítase a la Cámara de Diputados.





 

enemos la discusión de 10 dictámenes, en sentido negativo, que proponen desechar proyectos iniciados en el Senado. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de hoy. En consecuencia, pasaremos a su discusión conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos que se refieren a los dictámenes negativos.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura, señor Presidente. Están a discusión los siguientes dictámenes:

De las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 38 y 41 Bis a la Ley de Aguas Nacionales.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 38 Y EL ARTÍCULO 41 BIS A LA LEY DE AGUAS NACIONALES

(Dictamen a discusión)







 

De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar los artículos 4o. y 43 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN XX, RECORRIENDOSE LA ACTUAL Y LAS SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 4o. Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Dictamen a discusión)







 

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, en relación con los dos proyectos de Decreto para reformar el Artículo Quinto Transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES

(Dictamen a discusión)







 

Tres, de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, en relación con los siguientes proyectos de Decreto:

Para reformar el artículo 73 constitucional y los artículos 17 y 28 de la Ley General de Salud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 17 Y 28 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)







 

Para reformar el artículo 80 constitucional.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 80 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)







 

Y para reformar el párrafo segundo y la fracción VII del artículo 3o. constitucional.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 3o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)







 

Tres, de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre los siguientes proyectos de Decreto:

Para reformar los artículos 3o. y 73 fracción XXV constitucionales.

PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LOS ARTÍCULOS 3o. Y 73 FRACCIÓN XXV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)







 

Para reformar el párrafo segundo y la fracción II del artículo 3o. constitucional.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 3o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)







 

Y para reformar diversos artículos constitucionales, en materia educativa.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA EDUCATIVA

(Dictamen a discusión)







 

Y uno, de las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar el artículo 116 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII BIS AL ARTÍCULO 116 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En consecuencia, están a discusión. Al no haber reservas de dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto iniciados en esta Cámara.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes que desechan proyectos de Decreto. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobados los dictámenes. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a impulsar campañas y actividades de educación y sensibilización con el fin de incrementar la participación de mujeres, niñas y adolescentes en la ciencia.

COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

(Dictamen a discusión)



Dicho dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día para su conocimiento. En consecuencia, está a discusión.

Para presentar el dictamen, se concede el uso de la palabra al Senador Patricio Martínez García.

El Senador Patricio Martínez García: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Acudo a esta tribuna para presentar el dictamen que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a impulsar campañas y actividades de educación y sensibilización, con la finalidad de incrementar la participación de mujeres, niñas y adolescentes en la ciencia, el cual se desprende de una propuesta presentada por nuestro compañero Senador Miguel Romo Medina.

En primer lugar, quiero agradecer a mis compañeros Juan Carlos Romero Hicks, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Óscar Román Rosas González y Mario Delgado Carrillo, por su apoyo para aprobar favorablemente este dictamen.

Hoy día nadie puede negar el papel que para el desarrollo económico y bienestar social de las naciones representa el apoyo e impulso de actividades científicas, tecnológicas y de innovación.

Las agendas públicas de los países más desarrollados y de las economías emergentes han situado a la ciencia, a la tecnología y a la innovación como base fundamental para elevar sus capacidades productivas y de competitividad.

Las preocupaciones sobre la importancia de la equidad de género en el desarrollo científico son y han sido, materia de diversas publicaciones, documentos y estudios de los principales organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y el Banco Mundial, entre otros, quienes han percibido y reconocido la importancia de este tema para el óptimo desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas.

En la actualidad resulta relevante continuar estimulando la participación de las mujeres en la ciencia. Si bien es cierto, se ha tenido un importante avance legislativo como el que este Senado aprobó mediante reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología en el año 2013, lo que sentó las bases para el impulso de la equidad de género en las actividades científicas y tecnológicas en el país, aún los retos son grandes.

Lamentablemente, la ciencia en nuestro país presenta rezagos en la participación de las mujeres. Como datos relevantes, en el Sistema Nacional de Investigadores, de un total de 23 mil 316 miembros, sólo 8 mil 345 son mujeres, es decir, el 36 por ciento.

Por otra parte, mil 578 hombres tienen el nivel 3 y sólo 425 mujeres tienen ese nivel; es decir, el 79 por ciento son hombres y 21 por ciento son mujeres en lo que son estas organizaciones científicas.

La Academia Mexicana de Ciencias cuenta en su membresía, en el 2016, con 2 mil 998 científicos, de los cuales sólo el 23 por ciento son mujeres.

Con estos antecedentes, desde la Comisión de Ciencia y Tecnología, consideramos adecuado dictaminar este punto de Acuerdo, en sentido positivo, sobre la base de la propuesta presentada por el Senador Romo Medina, esto a fin de que se refuercen y sigan impulsando acciones y programas en favor de la inclusión de las mujeres en la ciencia.

Estamos convencidos del papel trascendente de mujeres en la ciencia y de la importancia de continuar impulsando acciones que consoliden la participación del género femenino en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Esperamos con su voto la aprobación para este dictamen. Y aprovecho la circunstancia para informarles que en la Comisión de Ciencia y Tecnología estamos empeñados en terminar con todo lo que se nos ha mandado por el Pleno para su estudio y dictaminación.

En una semana hemos presentado dos dictámenes y esperamos concluir pronto las tareas que el Pleno nos ha asignado, estando, a la disposición de ustedes para todo lo que tengan a bien enviarnos para su estudio y dictaminación.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Martínez García.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Hemos señalado con mucha puntualidad que el tema de la ciencia y la tecnología son elementos fundamentales, claves para consolidar las fortalezas de un país en el desarrollo y la competitividad, ello lleva a que la potencialidad científica y tecnológica de un país debe incluir los siguientes factores:

Primera. Ciencia y tecnología que analiza el gasto total de la investigación y el desarrollo, el personal dedicado a la investigación y el desarrollo, la gestión de la tecnología, innovación, el ambiente científico y la propiedad intelectual.

Segundo. La infraestructura en razón de que este factor involucra la infraestructura básica de una nación, su infraestructura tecnológica, su autosuficiencia energética y el medio ambiente.

Sin duda que las escuelas juegan un papel determinante, fundamental, total, en este tema, ¿pero qué sucede con respeto a la infraestructura?

Hemos platicado con el ciudadano ingeniero Rodolfo Tuirán, responsable de la Subsecretaría de Educación Media Superior, y es preocupante lo que se plantea desde la Secretaría de Educación Pública en esta materia. No se cuenta con los recursos económicos suficientes para que las escuelas de México puedan incorporarse a la era del conocimiento científico y tecnológico. No hay recursos económicos para equipar las instituciones educativas.

Los CETIS, los CBTIS, las CBTA, nuestras universidades tienen equipos muy obsoletos, equipos que datan de los años 70, cuando todo era manual y hoy estamos en la era digital.

Por eso es muy importante y desde aquí hacemos un llamado al ciudadano Presidente de la República, al ciudadano Secretario de Educación Pública, al ciudadano Subsecretario de Educación Media Superior, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 puedan incorporar partidas presupuestales para que las escuelas de nivel medio superior y superior puedan ingresar a la era digital en ciencia y tecnología.

Los datos, compañeros. En el 2015 se ejercieron 62 mil 242 millones de pesos; en el 2016 se presupuestaron 59 mil 279 millones de pesos, es decir, hubo una reducción de 3.66 por ciento con respecto al Presupuesto de Egresos de 2015.

Con estas condiciones, este punto de Acuerdo es importante, pero se queda sin materia cuando no existen los elementos para que las niñas, los niños, los adolescentes y las mujeres participen en la ciencia. Es una escuela, pero si la escuela no cuenta con infraestructura, es prácticamente imposible.

Tercero. La gestión donde se involucre la productividad, los costos laborales, la eficiencia de gestión, la gestión de calidad y el emprendimiento y la cultura corporativa.

Y cuatro. Gente que incluye las características de la población y de la fuerza laboral, el empleo y el desempleo, la estructura educacional, la calidad de vida de las actividades y los valores.

En suma, compañeras y compañeros Senadores, la ciencia y la tecnología, insistimos, son fortalezas de un país, pero mientras no se le invierta, el triste destino de nuestro amado México será ser un país dependiente en esta materia y en consecuencia estará condenado a ser un país manufacturero y subdesarrollado.

Por su atención, muchas gracias, y aún en esa condición, a favor del punto de Acuerdo.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Se inserta intervención de la Senadora Martha Elena García Gómez.

La Senadora Martha Elena García Gómez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En virtud de no haber más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobado el dictamen. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a remitir un informe sobre cuántas averiguaciones previas se han iniciado por desaparición forzada.

COMISIÓN DE JUSTICIA

(Dictamen a discusión)



Dicho dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día para su conocimiento. En consecuencia, está a discusión.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar a favor de este dictamen.

El Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano: Con el permiso de la Presidencia.

La crisis que vive el Estado mexicano, día a día se hace más profunda con cada persona desaparecida. La confianza en las instituciones es vencida por la impunidad y la corrupción; la capacidad de actuación y reacción de las fuerzas policiacas y militares se debilita y, por el contrario, se fortalece la estructura de las bandas criminales.

Con una de las 27 mil personas de las cuales se desconoce su paradero, el sufrimiento y el dolor de las familias alienta el descontento con el estado de derecho.

Es indudable y lamentable que con cada desaparecido, la capacidad de asombro se diluye, la dignidad humana se devalúa y la nación mexicana se fragmenta y el sentido de pertenencia se evapora.

Las cifras, tanto oficiales como extraoficiales, son alarmantes. Se estima que pudieran ser 27 mil o más las personas desaparecidas en este país.

De acuerdo al Registro Nacional de Personas Extraviadas, como lo señala el presente dictamen, de 2007 a la fecha hay 23 mil 605 casos de desaparición registrados. De éstos, el 40 por ciento ha sido denunciado durante la actual administración federal.

Tal como se desprende de las estadísticas de este registro, Tamaulipas es la entidad federativa donde más personas han desaparecido, con 5 mil 380 víctimas registradas, tanto en el fuero común como en el federal. De ellas, 30 por ciento han sido desaparecidas durante la actual administración.

El segundo lugar es el estado de Jalisco, donde se tienen registrados 2 mil 150 casos de desaparición. De los cuales, 49 por ciento se perpetraron en los últimos 3 años.

Y en tercer lugar, está el Estado de México, entidad en la que se tienen contabilizadas mil 745 desapariciones, que 51.6 por ciento de las cuales se cometieron durante la actual administración federal.

Zacatecas, por su parte, también presenta un estado crítico en la materia que, si bien no alcanza los niveles de estas entidades, debe ser un motivo de alarma para las autoridades del estado, ya que entre 2014 y enero de este año, de acuerdo a la misma fuente de registro, más de 340 personas mantienen el status de desaparecidos.

Para hacer frente a esta enorme problemática, sin lugar a dudas, es necesario contar con información puntual y precisa de cuántas averiguaciones previas ha iniciado la Procuraduría General de la República por delito de desaparición forzada en los términos del Código Penal Federal.

Asimismo, es indispensable que el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas contenga cifras que otorguen una radiografía de dónde y cómo se comete este tipo de delitos, para que la estrategia de las autoridades sea focalizada y bien diseñada.

Mientras no existan acciones eficaces para combatir la desaparición forzada de personas, la deuda de las autoridades en los tres niveles de gobierno con la ciudadanía seguirá creciendo y la desconfianza en las instituciones, también.

Basta recordar que los resultados de Latinobarómetro de 2015 indican que entre la ciudadanía crece el descontento con la democracia, ya que sólo el 19 por ciento de las personas en México se siente satisfechos de ésta, y menos de la mitad cree que sea la mejor forma de gobierno.

Luego entonces, el tema de desaparición no sólo implica el atentado contra la vida, los derechos y la integridad de las personas y sus familias, es un atentado contra todo el Estado en su conjunto, su forma de gobierno y la estabilidad social.

En este sentido, el exhorto que la Comisión de Justicia hace a la Procuraduría General de la República debe ser aprobado, porque es indispensable conocer, como yo, de qué manera se está atendiendo está problemática desde la Procuraduría, y con ello, generar insumos para que en la discusión de la ley en materia de desaparición forzada de personas, se construya un instrumento que sirva en los hechos para abatir esta lamentable realidad que sufren miles de familias mexicanas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Menchaca Medrano.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor de este dictamen.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

En nuestro país, de acuerdo a las cifras difundidas por la propia Secretaría de Gobernación, hay más de 27 mil personas desaparecidas tan sólo en el periodo comprendido entre 2006 y 2012.

De 2012 a 2014, la cifra es de 16 mil de ellas y, según las cifras oficiales, se han encontrado 8 mil personas vivas y 385 muertas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que tiene un registro de 24 mil 800 personas desaparecidas; y señaló que en 2 mil 443 de esos casos, hay indicios posibles de desaparición a manos de los agentes del Estado en la desaparición de las personas.

Por ello, ha emitido hasta este momento 10 recomendaciones sobre la desaparición forzada de 2006 a 2012, que involucran a 26 víctimas, refiriendo a la desaparición forzada de personas cometida por elementos de la Sedena, de la Secretaría de Marina y de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal, así como por algunos elementos de las policías estatales y municipales.

La historia de muchas de estas víctimas ha salido a relucir en las audiencias públicas realizadas por el Senado de la República, para discutir los elementos que deberá contener la ley sobre desaparición forzada en nuestro país.

Las historias de estas desapariciones pueden ser distintas en el contexto en el que ocurrieron, según el sexo o la edad de las víctimas; sin embargo, todas coinciden en la respuesta negligente y omisa por parte del Estado mexicano, cuyas autoridades se han negado a investigar y buscar a las personas reportadas como desaparecidas, delegando tal función a las familias de las propias víctimas.

De acuerdo a la información proporcionada durante las audiencias, las autoridades de procuración de justicia únicamente inician una acta circunstanciada o averiguación previa por cada 9 personas reportadas como desaparecidas en el país, lo que se traduce en que la autoridad no realiza una investigación formal para localizar a las personas, generando, además, que no exista un registro administrativo que haga constar los datos y las circunstancias en que desaparecieron las personas, lo que genera una cifra negra sobre este fenómeno y una ausencia de medidas para prevenir hechos similares.

Otro aspecto que fue evidenciado durante las audiencias es que cuando se acude a denunciar la desaparición de una persona, las autoridades se niegan a iniciar una investigación o búsqueda hasta que hayan transcurrido 72 horas. Este plazo no se encuentra estipulado en ningún instrumento normativo, pero forma parte de los grandes obstáculos que ponen las autoridades mexicanas para iniciar las acciones de búsqueda e investigación de personas desaparecidas.

Esta actuación resulta contraria a lo establecido en los estándares internacionales que establecen que en las primeras horas resultan decisivas para la localización de una persona y que pueden ser la diferencia entre localizarla con vida y sin vida.

En especial vulnerabilidad se encuentran las miles de personas migrantes que desaparecen en su tránsito por México, ya que no existen familiares que puedan denunciar o presionar para que sean localizadas. Esta situación se agrava cuando hay presencia de grupos de crimen organizado en las zonas y territorio por las que habitualmente se trasladan los grupos de migrantes, ya que en más de una ocasión se ha constatado que grupos delictivos han sido los responsables de la desaparición masiva de migrantes y de las ejecuciones también masivas.

Durante las audiencias, Nadín Reyes Maldonado, del Comité de Familiares Hasta Encontrarlos, coincidió con prácticamente todas las personas que habían participado en las audiencias, e instó en que la búsqueda debe iniciarse en las primeras horas, poniendo en marcha todas las alertas existentes y realizando la búsqueda de campo.

Para ello demandó la creación de fiscalías especializadas en cada una de las entidades federativas y la adopción de protocolos que contemplen que la búsqueda deba realizarse a nivel nacional o transnacional, asegurando que se garantice en todo momento la seguridad e integridad física y psicológica de los familiares.

Otro de los testimonios que evidenció la tragedia que viven las familias de personas desaparecidas fue la de Manuel Ramírez Juárez, padre de Mónica Alejandrina Ramírez Álvarez, desaparecida en 2004 en el Estado de México, quien denunció a agentes judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado como partícipes en la desaparición de su hija, sufriendo amenazas en su tránsito, tanto él como su familia, obligándolos a salir de Ecatepec y buscar una nueva residencia fuera de la entidad.

La desaparición de personas en México es una tragedia a gran escala que exige desde el Estado mexicano una respuesta integral y satisfactoria para atender y esclarecer los miles de casos de todas las personas desaparecidas.

El Estado mexicano debe cumplir con su obligación de garantizar a las familias de las personas desaparecidas y de la sociedad mexicana su derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y, desde luego, tiene la obligación de realizar todas las acciones necesarias para desarrollar una búsqueda efectiva y una investigación exhaustiva que permita dar con el paradero de las personas desaparecidas y la sanción de aquéllos que hayan privado de la libertad.

Por estos argumentos estamos reforzando a favor el punto de Acuerdo en comento.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Se ha agotado la lista de oradores. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobado el dictamen. Comuníquese.





 

Tenemos la discusión de tres dictámenes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de Acuerdo. Los dictámenes están publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy cuenta con las materias de los dictámenes:

Uno, que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a evaluar la necesidad de fortalecer entre sus integrantes la formación, capacitación, implementación, aplicación e instrumentación respecto de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)







 

Otro, que exhorta a elaborar y actualizar los protocolos de actuación para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que les permitan mayores posibilidades para enfrentar situaciones de riesgo.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)







 

Y uno más, que exhorta a implementar las acciones que coadyuven a incrementar la matriculación de personas con discapacidad en todos los niveles educativos.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, para presentar los dictámenes.

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy sometemos a la consideración de esta Soberanía, tres dictámenes relacionados con niñas, niños y adolescentes.

Con la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que aprobamos en este Senado de la República, se les reconoce como sujetos de derechos, se promueve una política pública coordinada para atenderlos de manera integral y se establece la implementación de medidas en favor de la inclusión de la niñez y la adolescencia con discapacidad.

Esta ley es una realidad; sin embargo, resulta imprescindible su correcta aplicación e instrumentación para alcanzar sus objetivos, sobre todo en el ámbito judicial.

En ese sentido queremos hacer un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el absoluto respeto a la división de poderes y con la independencia de fortalecer el Poder Judicial, para evaluar la necesidad de fortalecer entre sus integrantes la formación, capacitación, implementación, aplicación e instrumentación respecto de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como de los siguientes instrumentos:

Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad.

Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes.

Y Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para Mejorar el Acceso de la Justicia de las Personas con Discapacidad, Migrantes, Niñas, Niños, Adolescentes, Comunidades y Pueblos Indígenas.

Por otro lado, y también hablando de la protección y cuidado de las niñas, niños y adolescentes, resulta oportuno atender todas aquellas situaciones en donde las personas puedan presentar múltiples condiciones de vulnerabilidad como lo son las niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Actualmente no contamos con criterios específicos para atender a sectores de la población que requieren atenciones especiales, como son las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

Ellos son mayormente vulnerables por su condición a sufrir alguna consecuencia derivada de desastres naturales, por lo que se necesitan protocolos de actuación que les permitan, desde sus capacidades generales y específicas, mayores posibilidades para enfrentar situaciones de riesgos.

Es por ello que queremos hacer un llamado a las entidades federativas para que a   través de sus instancias correspondientes, y en coordinación con el Consejo Nacional de Protección Civil, elaboren y actualicen los protocolos de actuación para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que les permitan mayores posibilidades para enfrentar estas situaciones de riesgo.

Finalmente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 24, que los Estados Parte asegurarán un sistema educativo, inclusivo en todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima, y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana, así como los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad y sus aptitudes.

Por otra parte, la Ley General de Educación recoge este principio y menciona en su artículo 41, el establecimiento de la denominada "educación especial", la cual está destinada a personas con discapacidad, transitoria o definitiva, así como aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género.

Sin embargo, aún existen datos que señalan que debemos continuar trabajando e impulsando las políticas pertinentes que permitan que la inclusión a la educación sea en todos los niveles en condiciones de igualdad.

Por ejemplo, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística refiere que mientras el 56 por ciento de las personas en edad escolar sin discapacidad asisten a la escuela, sólo lo hace el 45 por ciento de la población con discapacidad.

En el tema del nivel de escolaridad, 26.3 por ciento de la población con discapacidad no tiene instrucción alguna, cifra 3.5 veces más alta que las personas sin discapacidad.

Es por ello que planteamos a este Pleno el exhorto a la Secretaría de Educación Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, implemente las acciones que coadyuven a incentivar la matriculación de personas con discapacidad en todos los niveles educativos, así como las medidas pertinentes para erradicar los niveles de analfabetismo en ese sector de la población.

Compañeras y compañeros Senadores, los invito a aprobar estos dictámenes que nos permitirán seguir trabajando en beneficio de las personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes para procurarles mejores condiciones, mayores oportunidades y empoderarlos para reducir esa brecha de vulnerabilidad, porque son ellos el futuro de México.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Merodio Reza.

Recibimos el texto de la intervención de la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación al primer dictamen, el cual se insertará de manera íntegra en el Diario de los Debates.

La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Se concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el dictamen que exhorta a elaborar y actualizar los protocolos de actuación para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que les permitan mayores posibilidades para enfrentar situaciones de riesgo.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Quiero, por supuesto, sumarme, en positivo, a la serie de dictámenes que ha presentado la Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, la Senadora Merodio Reza, y muy particularmente quiero hacer énfasis en el dictamen que tiene que ver con los protocolos de actuación en materia de protección civil para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con alguna discapacidad y personas adultas mayores.

Y quiero comentarles que se inscribió este punto de Acuerdo en el marco de la conmemoración del 30 aniversario del sismo de 8.1 grados Richter que sacudió la Ciudad de México, en el cual se estima que fallecieron 10 mil personas, 30 mil estructuras fueron destruidas en su totalidad y 68 mil edificaciones resultaron con daños parciales.

A partir de este triste suceso, el Estado mexicano, de la mano con la sociedad, se dio a la tarea de desarrollar mecanismos de prevención y actuación para hacer frente a los desastres naturales.

Y no es para menos, pues nuestro país se encuentra expuesto a fenómenos que ocurren con frecuencia, como sismos, huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas, hundimientos y tormentas, por mencionar sólo algunos. Estas situaciones son, en la mayoría de los casos, inevitables e impredecibles, de ahí la importancia de contar con una clara estrategia de actuación a fin de que las pérdidas humanas y materiales se reduzcan tanto como sea posible.

Al respecto, recordemos que el 28 de mayo de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto instaló el Consejo Nacional de Protección Civil, órgano de consulta y coordinación para fomentar la participación activa del gobierno y de todos los sectores de la sociedad.

Instruyó al Consejo a implementar diversas medidas de prevención; crear y operar el Sistema Nacional de Alertas; iniciar la operación de la estrategia "México seguro ante desastres"; promover la cultura de la prevención y la protección civil con énfasis en los habitantes de las zonas más vulnerables, entre otras acciones que revelan el compromiso y esfuerzo de las autoridades para la prevención y atención de catástrofes.

Sin embargo, consideramos oportuno que ante esta dinámica positiva de fortalecimiento a la protección civil, se ponga énfasis en la necesidad inaplazable de crear y difundir protocolos de actuación para la atención de los sectores de la población vulnerable ante desastres y siniestros.

Las niñas, niños y adolescentes, personas con alguna discapacidad y personas adultas mayores requieren de atención particular en estos casos: merecen tener las mismas posibilidades para hacer frente a los riesgos impredecibles y salir ilesos.

Es por ello que este dictamen propone que las entidades federativas, en coordinación con el Consejo Nacional de Protección Civil, elaboren y actualicen los protocolos de actuación para estos grupos de la población. La intención es que, tanto en espacios públicos como privados, las rutas de evacuación, las zonas de resguardo, las medidas de seguridad y demás mecanismos para la protección de la población, estén adaptados para quienes tienen requerimientos particulares, así como el hecho de que el personal encargado de la protección civil y la sociedad en general estemos capacitados y sepamos qué hacer ante un desastre o siniestro para ayudar a estas personas y proteger su integridad física, incluso su vida.

Por tanto, celebro la discusión hoy de este dictamen en particular y, por supuesto, estamos seguros, los que integramos la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de que habremos de tener el respaldo de todas y de todos ustedes, compañeros Senadores.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senadora Flores Escalera.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al dictamen que exhorta a implementar las acciones que coadyuven a incrementar la matriculación de personas con discapacidad en todos los niveles educativos.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su permiso, señor Presidente. Con su venia, señor Coordinador Emilio Gamboa Patrón. Compañeras y compañeros legisladores:

La educación es un instrumento fundamental para construir una sociedad más abierta, plural y menos desigual. De ahí la importancia de que todos los sectores de la población tengan acceso a una educación de calidad. Justamente esta es la finalidad de este dictamen que hoy estamos discutiendo, y que no tengo duda aprobaremos para beneficio de todos los mexicanos.

La propuesta que está a nuestra consideración tiene como objetivo que la Secretaría de Educación Pública fortalezca, amplíe e incremente sus acciones y estrategias para que las personas con discapacidad puedan acceder al sistema educativo nacional de todos sus niveles y modalidades, sin que sea objeto de discriminación y sean tratados con equidad en igualdad de oportunidades.

De acuerdo al diagnóstico contenido en el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, éstas se encuentran en severas desventajas en relación a la educación contra sus pares sin discapacidad.

Por ejemplo, en materia de educación escolar, las personas con discapacidad entre 3 y 29 años de edad presentan una tasa de asistencia escolar menor en un 16 por ciento que sus pares sin discapacidad.

En el tema de nivel de escolaridad, el 27 por ciento de las personas con discapacidad no tiene estudios; el 45 por ciento terminó al menos un año de educación primaria; y el 13 por ciento terminó un año de educación secundaria, sólo el 7 por ciento uno de educación media superior; y tan sólo el 5 por ciento ha terminado un año de educación superior, pero de ellos, de las personas con discapacidad, el 29.1 por ciento de las personas con discapacidad física es analfabeta.

Y en materia de ocupación, el censo de 2010 nos reporta que la gran mayoría de las personas con discapacidad tiene un perfil ocupacional de baja cualificación.

En el PRI votaremos a favor de estas modificaciones para tener una verdadera educación inclusiva, que haga de este país uno más justo, igualitario y equitativo, con espacios adecuados, materiales didácticos pertinentes, especificación de metodologías, técnicas apropiadas y personal capacitado, actualizado y certificado para hacer de la educación un espacio común para todos.

Compañeras y compañeros legisladores: Sin educación, las niñas, niños y jóvenes con discapacidad no podrán tener trabajo o aspirar a trabajos mejor cualificados, y no serán adultos independientes, su destino será la marginación, la discriminación y la exclusión social.

Por su atención y apoyo, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senadora De la Torre Valdez.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

MINUTO DE SILENCIO

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Señoras y señores Senadores. El pasado 26 de marzo falleció la señora Carmenchu Vilet de Torres, esposa de nuestro compañero Senador Teófilo Torres Corzo.

Ante este lamentable acontecimiento y haciendo patente nuestras condolencias a nuestro compañero Senador, a sus hijos y amigos, por la irreparable pérdida de doña Carmenchu, les pido a todos los presentes que, puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en su memoria.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Ruego a la Asamblea su atención.





 

El pasado miércoles 23 de los corrientes, se suscitó el lamentable fallecimiento del señor Fernando Solana Morales, reconocemos en él a un destacado mexicano y a un servidor público ejemplar, comprometido en el desempeño de los cargos administrativos que se le encomendaron a lo largo de su fructífera carrera. También reconocemos su labor como Senador de la República en las LVI y LVII Legislaturas, en las que tuvo la responsabilidad de presidir la Comisión de Relaciones Exteriores, y presidir la Mesa Directiva de esta Cámara durante el mes de noviembre de 1997.

La Mesa Directiva acordó guardar un minuto de silencio en memoria del señor Fernando Solana Morales, pero al mismo tiempo, a solicitud de grupos parlamentarios, habrá un espacio para intervenciones.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la figura del doctor Solana Morales.

INTERVENCIONES

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

El día de hoy el Senado de la República rinde un merecido homenaje a uno de sus más notables integrantes.

Fernando Solana Morales, destacado egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional Autónoma de México, fue uno de esos hombres cuyo talento y capacidad le permitieron desempeñarse en diversas áreas del servicio público.

Como político, como académico, como diplomático y también como legislador, Fernando Solana Morales fue un constructor de instituciones y uno de los pocos funcionarios de Estado que entendía la dinámica y la interacción entre la realidad nacional y el contexto internacional.

De ahí que durante su paso por la Secretaría de Comercio, la Secretaría de Educación Pública, la Cancillería y el propio Senado, haya sido un incansable promotor del desarrollo humano y de un mayor involucramiento de nuestro país en los grandes temas de la agenda global.

Para Fernando Solana, uno de esos mexicanos excepcionales que trascienden a su tiempo y su circunstancia, era más que claro que la estabilidad macroeconómica por sí misma no aseguraría el crecimiento económico, que el mercado externo y la inversión extranjera no serían suficientes para garantizar el desarrollo del país y que el libre comercio no sería la única política necesaria para incrementar la productividad y la competitividad.

Y además, rescato, no ocultó sus críticas y sus preocupaciones respecto al crecimiento del país y las dificultades que impedían este crecimiento. Planteaba con contundencia, desde diversos foros, que México debía lograr un crecimiento económico sostenido para lo cual era necesario las finanzas públicas, crear empleos productivos, mejorar los servicios públicos y, por supuesto, reforzar la posición internacional de México en el mundo y el desarrollo sustentable.

A la par de todo esto, don Fernando Solana planteaba que el desarrollo del país sólo sería posible si se invertía en educación y en infraestructura, si se fortalecía el mercado interno y se fomentaba una administración pública honesta y eficiente. Reiteradamente enfatizaba lo que yo acabo de mencionar.

En el ámbito internacional, a don Fernando Solana le correspondió conducir la política exterior del Estado mexicano durante una de las épocas más complicadas del siglo anterior. Entre 1988 y 1993, el mundo sufrió severas transformaciones y México redefinió su manera particular de ver el escenario global.

En estos años, la geopolítica fue un factor clave en el desarrollo de las relaciones internacionales y la capacidad de Fernando Solana, sin duda, fue también valiosa, como determinante, para que nuestro país lograra aprovechar las ventanas de oportunidad en la complicada coyuntura que nos imponía la realidad internacional.

Como legislador, el ex Senador Fernando Solana reivindicó, como pocos, el ejercicio de las facultades constitucionales del Senado de la República en materia de política exterior, y sentó precedentes fundamentales para entender y redefinir la relación de corresponsabilidad que, por mandato constitucional, debe existir entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en materia internacional, de eso cuentan sus intervenciones en el Diario de los Debates.

En razón de todo lo anterior, como parte del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que en mi nombre hoy expresamos este homenaje que el Senado de la República le rinde a don Fernando Solana Morales.

Éste es un homenaje a su obra, al legado de uno de los mexicanos más insignes de nuestros tiempos, sin duda le vamos a extrañar en este nuestro México querido.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Humberto Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: Con su permiso, señor Presidente, amigo querido.

En primer lugar, quisiera agradecer puntualmente al Senador Emilio Gamboa Patrón, que me haya permitido participar en este homenaje póstumo que el Senado de la República realiza en favor de don Fernando Solana Morales, con quien coincidí como Senador de la República en las LVI y LVII Legislaturas y quien fue un amigo entrañable a quien admiré y respeté profundamente.

Muchas gracias, Senador Gamboa Patrón.

Hablar de Fernando Solana es hablar de un hombre de Estado, de un mexicano excepcional, de un estadista que manifestó su profundo amor a México, formó parte de la generación de los años 30, una generación de hombres y mujeres brillantes que contribuyeron a la consolidación del México moderno y que incluyó a figuras destacadas en el ámbito nacional, como Miguel de la Madrid, Enrique González Pedrero, Porfirio Muñoz Ledo, Víctor Flores Olea, Arnaldo Córdova, Ricardo Legorreta, José Luis Cuevas, Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, Sergio Pitol y Teodoro González de León, entre otros muchos.

El grupo parlamentario del PRI rinde hoy un sentido homenaje a este gran mexicano que desde distintos ámbitos de la academia, de la política y la administración pública contribuyó con ánimo democrático a la construcción de un país más justo, más próspero y más moderno.

Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, a la cual amo profundamente y de la cual nunca se distanció. Ahí en su Alma Mater estudió ingeniería, filosofía y ciencias políticas.

Como universitario fue maestro de muchas generaciones, llegando a ser Secretario General de la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo Rector el ingeniero Javier Barros Sierra, junto a él permaneció, solidaria e institucionalmente durante todo el aciago movimiento estudiantil de 1968, marchó junto al Rector en la inolvidable Marcha del Silencio, el 13 de septiembre de ese mismo año, jugando un papel central en la defensa de la autonomía y los intereses de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Como reconocimiento a todo ello, la UNAM, siendo Rector el doctor José Narro, creó en el año 2014 la Cátedra Fernando Solana, impartiéndose ésta en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, del cual era egresado.

Asimismo, le otorgó el Doctorado Honoris Causa por sus méritos como maestro universitario.

Como funcionario público fue Secretario de Comercio, Secretario de Educación Pública, Secretario de Relaciones Exteriores y Director del Banco Nacional de México, entre otros muchos cargos. Realizó siempre un trabajo profesional, generoso y honesto.

No podemos olvidar que fue promotor de muchas instituciones, tales como la Sociedad Mexicana de Planeación, la Fundación Jesús Barros Sierra, el Fondo Mexicano para la Educación y el Desarrollo, además de que tuvo una constante y efectiva participación en el Instituto Nacional de Administración Pública, que tan útil ha sido a las entidades federativas de este país.

Como Secretario de Educación, sentó las bases para transformar la educación pública. Fue, sin duda, un hombre adelantado a su época, convencido del poder transformador de la educación, como tal fue el creador del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Conalep, y del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, que a lo largo del tiempo han sido pilares fundamentales como alternativas educativas para millones de mexicanos.

Basta mencionar que el 6 de junio de 1980, elevó a rango constitucional la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, ya que consideraba que la discusión ideológica y la libertad de ideas contrastaban diversas realidades fundamentales para marcar el nuevo rumbo por el que el país debería transitar.

Como Secretario de Relaciones Exteriores, desempeñó un papel relevante en la política exterior, particularmente con América del Norte, España, Europa y América Latina, en un momento histórico de profundos cambios en el contexto internacional, como la caída del Muro de Berlín, la disolución de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y el final de la Guerra Fría, y con ello la reconfiguración de un nuevo orden mundial, jugando México un destacado papel bajo su dirección política en la Cancillería.

En el año de 1994, fue electo Senador de la República para las LVI y LVII Legislaturas, representando al Distrito Federal, en donde presidió la Comisión de Relaciones Exteriores, encargo que ejerció con pulcritud y sabiduría.

Como Senador siempre tuvo la disposición al diálogo con todas las fuerzas políticas allí representadas.

Su vocación democrática y su visión de futuro fueron fundamentales para acercar posiciones y lograr acuerdos sustanciales que, al día de hoy, se encuentran vigentes dentro de nuestro marco jurídico.

Fernando Solana personificó un ejemplo de diplomacia parlamentaria al más alto nivel en el Senado de la República.

Hoy, el Senado y el grupo parlamentario del PRI brindamos un merecido homenaje a don Fernando Solana Morales, al político, al servidor público, al mexicano excepcional y visionario que deja huella en México y un legado que debe ser fuente de inspiración para todos y cada uno de nosotros.

Descanse en paz, nuestro amigo Fernando Solana Morales.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Tiene el uso de la palabra, para los mismos propósitos, el Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente.

A nombre del grupo parlamentario del Partido Verde, nos unimos a este sentido homenaje póstumo a don Fernando Solana.

Un mexicano, como ya dijo mi colega el Senador Humberto Mayans Canabal, un mexicano excepcional, un hombre de Estado, un mexicano con una preparación muy amplia.

Ya nos comentaron aquí en tribuna, quienes me antecedieron en el uso de la palabra, el hecho de que fue egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con tres carreras, como Ingeniero Civil, habiendo estudiado Filosofía, también Ciencias Políticas y Administración Pública, que más se puede decir de alguien que tuvo la decisión de seguirse preparando de estudiar tres distintas carreras.

Me parece que esto habla, de inicio, de la visión de este gran mexicano que lamentablemente acaba de fallecer.

Fue un servidor público con una gran experiencia que cubrió distintas ramas de la administración pública, se ha hecho referencia ya aquí de su paso por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en su momento, por la Secretaría de Educación Pública y por la Cancillería, carteras en las que, sin duda alguna, dejó una huella profunda.

Sabemos también que le correspondió un papel complicado en su momento por la época que vivía México al haber sido designado en aquel entonces, Director General del Banco Nacional de México, un banco en ese momento recién nacionalizado.

Es una época muy particular de nuestro país que a él le correspondió el privilegio, en ese momento, de dirigir uno de los grandes bancos de México.

Honramos también su memoria por haber sido un destacado legislador, un destacado Senador de la República, un integrante de esta Soberanía en su momento.

Básicamente todos han hecho un amplio recuento de su gran experiencia, de su paso por distintas ramas de la administración pública, en la parte de la administración central, como ya lo dije, siendo Secretario de Estado.

También habiendo sido funcionario de la entonces Compañía Nacional de Subsistencias Populares, me parece que ahí también puede señalarse que tuvo un gran papel.

En suma, un mexicano que ayudó a conducir los destinos de México en la segunda mitad del siglo XX, que preparó o que contribuyó a preparar a nuestra nación para la entrada al siglo XXI, y debemos estar orgullosos de que un mexicano con estas características, con la seriedad con la que siempre se condujo, con la seriedad que siempre impuso a los cargos que desempeñó, debemos estar orgullosos de que contribuyó al desarrollo de nuestro país, que contribuyó a la modernización también de la administración pública de nuestro país.

El grupo parlamentario del Partido Verde se une, desde luego, a este sentido homenaje.

Lamentamos su fallecimiento. Enviamos, desde esta tribuna, un abrazo solidario a su familia.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Flores Ramírez. ¿Alguna otra intervención?

Tiene el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo, del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

A mí me gustaría recuperar las palabras del día de ayer, de nuestro señor Presidente, el Senador Roberto Gil Zuarth, en el homenaje que se llevó a cabo en la sede de la Cancillería.

Nos compartía de Fernando Solana, nos hablaba del Fernando Solana como universitario universal.

“Desde hace tiempo ambos adjetivos no son sinónimos, el universitario universal no se adhiere al dogma ni a la consigna, cuestiona, critica, debate consigo mismo y con los demás”.

Fernando Solana tenía ideas firmes, pero no posiciones inflexibles, fue un hombre que defendía sus ideas y decisiones en cada espacio que ocupaba, no se sonrojaba antes de aceptar la razón de sus adversarios.

Fue un hombre que perteneció a la Universidad, que nunca abandonó sus aulas, pero sobre todo fue un universitario que defendió la vocación universal de la educación superior.

La Universidad que es para todos; la Universidad que libera de la ignorancia, porque abre los ojos al mundo; la Universidad que transforma la realidad social, porque dialoga con el sistema productivo de servicios y bienes social y nacionalmente necesarios.

Que haya sido el creador del INEA, nos queda claro y nos habla de su inspiración por la educación.

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos es uno de los institutos más nobles que tenemos en este país, uno de los institutos que les permite a los adultos poder tener la oportunidad de estudiar, de aprender a leer y a escribir sin importar la edad.

Quiero compartir también que siendo nosotros Senadores de la Republica, este Senado, en su momento se benefició durante seis años del diplomático, del eficaz administrador y del universitario que fue.

Los parlamentos ganan cada vez más protagonismo como interlocutores y promotores activos para la realización de proyectos globales de desarrollo económico, social y político. Esto argumentaba Fernando Solana.

Para Fernando Solana el rol del Senado no se limitaba a estampar un sello en un tratado o aprobar nombramientos de la representación del Estado mexicano en el exterior. Planteó, incluso, revisar las atribuciones constitucionales del Senado en la política exterior.

Su función, afirmaba, era concurrir con el Ejecutivo para ensanchar los horizontes de la presencia mexicana en el mundo, servir de palanca para impulsar la influencia de México en las coyunturas regionales y multilaterales, llegar ahí donde la diplomacia institucional no alcanza por las restricciones naturales de las relaciones internacionales.

Fue uno de los más destacados promotores de la diplomacia parlamentaria, pero no de esa diplomacia del viaje gratis, sino la diplomacia que se fija metas, que despliega un campo amplísimo de acción, que complementa el esfuerzo del Estado en la sensibilización de las cuestiones internacionales.

Este homenaje que hacemos en estos momentos en el Senado de la República, es propio de un político ejemplar, es propio de un amante de nuestro país, es propio para recordar en estos momentos a don Fernando Solana, que esperemos descanse en paz y pronta resignación para sus familiares.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.





 

MINUTO DE SILENCIO

Ruego a todos que, puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en honor a la memoria del Doctor Fernando Solana Morales.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

“Descanse en paz nuestro compañero Fernando Solana”.

Muchas gracias.





 

Compañeras y compañeros Senadores: En el Orden del Día están inscritas diversas proposiciones sobre los atentados terroristas ocurridos recientemente en Bélgica y Pakistán. La Mesa Directiva acordó presentar un Acuerdo que recoge los motivos de las proposiciones registradas.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al Acuerdo.




Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Está a su consideración.

Se inserta intervención de la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza.

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo que suscribió la Mesa Directiva. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Las proposiciones registradas sobre este tema se dan por atendidas con el Acuerdo que acaba de aprobarse.





 

Está inscrita en el Orden del Día una proposición que suscriben Senadoras y Senadores de los diversos grupos parlamentarios, con punto de Acuerdo que solicita al gobernador del estado de Michoacán a informar sobre el estudio técnico y la documentación que respalde el cambio de sede del Proyecto “Ciudad Mujer”, y solicita a la titular de la Sedatu a dar seguimiento al cumplimiento de la gestión original de la construcción del proyecto en el municipio de Múgica, Michoacán.

Solicito a la Secretaría dé lectura al punto de Acuerdo.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al punto de Acuerdo:

Los suscritos, IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA y JOSE ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS, Senadores de la República ante la LXIII Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República el presente punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes,

CONSIDERACIONES

El Proyecto Ciudad Mujer, fue aprobado en mayo de 2011 en el Salvador. Este programa inició oficialmente con la apertura del primer centro Ciudad Mujer Colón, ubicado en el departamento de La Libertad, donde por primera vez se implementó el modelo de atención integral y que siguió con la apertura de la sede de Ciudad Mujer en el municipio de Usulután, departamento de Usulután, el pasado 30 de Septiembre de 2012; además, en 2013 se abrieron las sedes de Santa Ana y San Martín (San Salvador), y se ha continuado con este proyecto a lo largo de ese país.

Dada la trascendencia en los objetivos de dicho proyecto y su impacto en la generación de oportunidades para las mujeres, en México, se determinó el impulso del Proyecto en comunidades de alta marginación en donde las mujeres requieren de acciones estratégicas para superar condiciones de vulnerabilidad, es así que a la fecha se dado impulso para el establecimiento de este proyecto en tres zonas del país donde viven estas circunstancias: Cuautitlán, Estado de México; Tlapa, Guerrero; y, Mujica, Michoacán,

El Proyecto Ciudad Mujer es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, todo ello para proteger y apoyar, según se señala en la definición del proyecto, a mujeres de zonas marginadas, y uno de sus objetivos expresos es generar el empoderamiento de las mujeres para que puedan conseguir mejores condiciones de salud, de educación, de desarrollo integral.

Ahora bien, en Michoacán, el municipio de Mújica, donó 10 hectáreas para que ahí se construyera dicho proyecto, donde se atendería a mujeres que han tenido condiciones de marginación, de pobreza, situación de viudez, abandono, violencia, que tienen hijos en estado de orfandad; otorgándoles preparación en materia de artes y oficios, servicios psicológicos, albergue, entre otros, en por lo menos 51 municipios del estado, prácticamente los mismos que se atienden en la Cruzada Nacional contra el Hambre, incluida la región Costa- Sierra, y la Meseta-Purépecha.

Lo anterior sería posible, si el referido proyecto fuera construido en la zona territorial inicialmente elegida, pues tiene que ser geográficamente estratégica para garantizar el acceso al mayor número de mujeres en situación de vulnerabilidad y violencia.

En días recientes, se hizo público el cambio de sede a la Región del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, bajo el argumento de que los terrenos donados en Mújica se encuentran afectados por el paso de un gasoducto que podría poner en peligro la seguridad del proyecto. Sin presentar un solo estudio o documento que justificara tales argumentos, determinaron cambiar la sede al municipio de Huetamo, municipio que también se encuentra en un grado de marginación importante, pero no tiene ubicación estratégica; es decir, se estaría atendiendo solo a unos cuantos municipios y se dejaría fuera a las mujeres de las regiones Costa-Sierra, Meseta-Purépecha y región Tepalcatepec, que son zonas muy golpeadas por el crimen organizado, la inseguridad, la violencia y por supuesto, la marginación y la pobreza.

Así pues, suponiendo sin conceder que en efecto hubiere razones técnicas que además deben transparentes, justificadas y públicas, para realizar un cambio de sede, el espíritu del proyecto es atender al mayor número de mujeres, por tanto, la nueva sede tendrá que ser elegida con base en criterios imparciales, con estudios y justificaciones que busquen un beneficio mayor y no con base en caprichos o intereses de unos cuantos.

No bastan las declaraciones en los medios de comunicación en las que se afirme que por cuestiones técnicas se tuvo que cambiar la sede del proyecto; las autoridades, en un esfuerzo por actuar con transparencia, deben hacer públicos los estudios originales y firmados por los peritos que determinaron la no idoneidad del terreno donado en Mújica, debiendo señalar exactamente por donde pasa el gasoducto o bien, si solo de trata de un derecho de vía; también deberán presentar los estudios técnicos oficiales que determinaron que los terrenos ofrecidos en los alrededores de la misma zona no eran aptos; asimismo, justificar con criterios también técnicos y basados en los objetivos del multicitado proyecto, las razones por las que se estima que la nueva sede elegida beneficiará a un mayor número de mujeres, así como, por qué se considera que la nueva ubicación es mejor que la inicialmente elegida.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente Punto de Acuerdo por el cual la Cámara de Senadores:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República, solicita respetuosamente a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles Berlanga, para que detenga la construcción de ciudad mujer en el municipio de Huetamo, hasta en tanto informe y haga público el estudio técnico, así como todo el procedimiento, fundamentación, justificación y documentación que respalde el cambio de sede del proyecto del municipio de Mújica a Huetamo Michoacán, asimismo, se le solicita que comparezca a esta soberanía a explicar los resultados de tales estudios técnicos.

SEGUNDO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Estatal en el estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, para que informe y haga público el estudio técnico, así como todo el procedimiento, fundamentación, justificación y documentación que respalde el cambio de sede del proyecto ciudad mujer.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 29 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza.- Sen. Luisa María Calderón Hinojosa.- Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Está a su consideración. Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba el punto de Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Aprobado. Comuníquese.





 

Compañeras y compañeros Senadores: Hago de su conocimiento que las demás proposiciones inscritas en nuestro Orden del Día se turnarán a comisiones.

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento respetuoso a la situación de crisis política en la República Federativa de Brasil. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA y JUAN CARLOS ROMERO HICKS, Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A DAR SEGUIMIENTO RESPETUOSO A LA SITUACIÓN DE CRISIS POLÍTICA EN LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

La operación “Lava Jato” (lavado a presión, en portugués) es una investigación desarrollada por la Policía Federal de Brasil que intenta investigar un esquema de lavado de dinero que procesó más de 10 mil millones de reales brasileños. En abril de 2014, la operación contaba con 46 personas acusadas de “organización criminal, crímenes contra el sistema financiero, falsedad documental y lavado de dinero”, entre los que se encontraban Paulo Roberto Costa, ex director de la empresa estatal Petrobras, quien negó su participación, sin embargo fue encontrada evidencia que tanto él como su familia estaban involucrados, por lo que decidió colaborar con el Ministerio Público Federal; sus testimonios hicieron explotar el caso involucrando a políticos brasileños

El esquema utilizado era el siguiente: Petrobras licitaba sus grandes obras a empresas constructoras y de ingeniería brasileñas, aplicando la política ‘Compre Nacional’ implementada por Dilma Rousseff como ministra de Energía, que buscaba estimular la creación de empleo). De los presupuestos de miles de millones de reales se desviaba sistemáticamente en sobornos un porcentaje cercano al 3% para empresarios y políticos. Posteriormente, el dinero blanqueado se reintroducía en el sistema mediante negocios de gasolineras, lavanderías u hoteles.

Los presuntos delincuentes transferían sumas elevadas de dinero al extranjero, a través de una red de más de cien “empresas fachada” y centenares de cuentas bancarias que despachaban millones de dólares hacia China o Hong Kong. Las compañías simulaban importaciones y exportaciones con el único propósito de recibir o mandar dinero, sin comercio alguno de productos o servicios.

Se presume que este esquema benefició la financiación irregular de partidos políticos, lo que involucra en principio a diversos legisladores del Partido de los Trabajadores (PT), el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el Partido Progresista (PP); este caso ha destapado prácticas corruptas extendidas desde hace lustros entre la élite del país.

Entre los involucrados se encuentran los expresidentes Fernando Henrique Cardoso (Partido de la Socialdemocracia Brasileña), Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores), Fernando Collor de Melo (actual senador del Partido del Trabajo de Brasil, quien ya es procesado en el Supremo Tribunal Federal) y la actual dirigente, Dilma Rousseff.

Preocupante es la intervención de la Presidenta Dilma Rousseff quien presidió el Consejo de Administración de Petrobras entre 2003 y 2010, cuando se aprobaron y ejecutaron algunas de las operaciones más escandalosas del caso, entre las que destacan la compra de una refinería de Pasadena, en Estados Unidos, por un precio 47 veces superior a la que había desembolsado dos años antes, en 2004, la empresa belga Astra Oil.

A decir de los expertos, la operación Lava Jato ha entrado en una nueva fase, con nuevos delatores de peso confirmados como el expresidente de la empresa constructora OAS, Léo Pinheiro, y los rumores de que Marcelo Odebrecht, propietario de la compañía más grande del sector en América Latina, podría autorizar, desde la prisión en la que se encuentra, a sus ejecutivos a que colaboren también con la Justicia. Para la empresa de consultoría de riesgo Eurasia Group, las colaboraciones de Pinheiro, Odebrecht o incluso de personas vinculadas a otra constructora involucrada en la trama, Andrade Gutiérrez, podrían “cambiar las reglas de juego”.

El viernes 4 de marzo, la policía de São Paulo allanó la casa del expresidente Lula da Silva para someterlo a un interrogatorio de casi cuatro horas. Los investigadores dijeron tener indicios de que el expresidente recibió beneficios disimulados procedentes de la red de sobornos en la petrolera estatal Petrobras. Hay dos delitos que intentan comprobar: lavado de dinero y corrupción.

La presunta red de corrupción involucra a diversas constructoras que fueron contratadas por Petrobras para después desviar fuertes sumas de dinero al Instituto Lula, una entidad sin fines de lucro que el expresidente creó en 2011, misma que organizaba las conferencias de Da Silva expresidente, sostuvo el fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima.

Otra se las acusaciones que pesan sobre el expresidentes es un apartamento en la localidad costera de Guarujá, que habría sido reformado y amueblado con piezas de lujo por parte de la constructora OAS, que vio como uno de sus antiguos ejecutivos era sentenciado en la causa Petrobras. La otra propiedad es una casa de descanso en la localidad de Atibaia, que fue reformada con financiamiento de OAS y la constructora Odebrecht, cuyo expresidente está preso, así como un empresario amigo de Lula.

Los investigadores señalaron que también analizan la mudanza en varios contenedores que Lula realizó al salir del palacio presidencial de Planalto, afirmando que fue financiada por OAS.

El pasado domingo 13 de marzo, aproximadamente tres millones de personas participaron en movilizaciones que pedían el juicio político de la Presidenta Dilma Rousseff. Sólo en São Paulo, la ciudad que suele funcionar como termómetro de este tipo de movilizaciones, fueron unas 500 mil. Por su parte, la Policía Militar calcula, en cambio, 1.4 millones de manifestantes en esta ciudad. El año pasado, la mayor manifestación contra el Gobierno de Rousseff reunió apenas 210 mil personas.

Dilma Rousseff enfrenta serias dificultades para gobernar, sus índices de popularidad rondan el 11%, y la economía no levanta cabeza. En la Cámara de Diputados, donde cada vez cuenta con menos apoyos, enfrenta un pedido de destitución por supuestas maniobras fiscales. Además, el Tribunal Superior Electoral estudia la posibilidad de impugnar el mandato de Rousseff y de su vicepresidente, Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, por supuestas irregularidades y abuso de poder durante la campaña electoral de 2014; si se concluye que Rousseff llegó al poder por medios ilegítimos, supondría la convocatoria de nuevas elecciones.

Para proteger a Lula da Silva de las presuntas acusaciones políticas contra el ex Presidente de Brasil, Rousseff ofreció un puesto a Lula para evitar que sea investigado y que sólo el Tribunal Supremo pueda juzgarlo.

El exmandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva el cargo de ministro de Estado jefe de la Casa Civilque funciona como una especie de jefatura del gabinete por lo que tiene una gran influencia en toda la acción gubernamental al grado de ser considerado la mano derecha de la actual presidente. Este nombramiento se da luego dos jornadas de negociaciones, Lula y Rousseff sellaron el acuerdo para que el hombre fuerte del PT nuevamente se integre a la estructura de gobierno.

A decir de varios  analistas, este nombramiento podría además situar al ex mandatario en una posición clave para sustituir a Rousseff y presentarse como candidato del Partido de los Trabajadores en las elecciones de 2018, idea que Lula mismo no descarta. Con la designación las causas en su contra pasarán a ser competencia de la Corte Suprema abriendo la posibilidad de dilatar su juicio.

Lula reemplazará a partir del próximo martes a Jaques Wagner, que pasará al gabinete personal de la presidencia de la República; el exmandatario tendrá la tarea inmediata de frenar el desmembramiento de la coalición de gobierno, con el objetivo de bloquear un posible impeachment contra Dilma Rousseff en el Congreso por supuesta adulteración de cuentas públicas en la campaña para su reelección.

La oposición criticó la entrada de Lula en el Gobierno, pues lo considera una estrategia para evitar que su padrino político sea juzgado y calificó el movimiento de "ataque al Estado democrático de Derecho". Además Marina Silva, dos veces candidata a las elecciones de Brasil, afirmó que el nombramiento supone un "cambio de sistema político sin pasar por la Constitución". La líder ecologista consideró que el nuevo cargo de Lula da Silva "crea en la práctica un primer ministro en un sistema presidencialista" y advirtió que "puede llevar al descrédito de las instituciones".

En las redes sociales, muchas personas están criticando y compartiendo una oración que supuestamente pronunció Lula da Silva en 1988: "En Brasil es así, cuando un pobre roba, va a la prisión, pero cuando un rico roba, lo nombran ministro".

CONSIDERACIONES

1. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

3. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 89 fracción X, que es facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior observando los siguientes principios normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento respetuoso a la situación de crisis política en la República Federativa de Brasil, generada por el caso de corrupción que involucra al Poder Ejecutivo de aquel país, así como informar a esta Soberanía al respecto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 29 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.





 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con  punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de las Secretarías de Economía y de Desarrollo Social a implementar medidas que protejan y apoyen a los productores de leche en todo el país. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, propongo a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DE DESARROLLO SOCIAL A IMPLEMENTAR MEDIDAS QUE PROTEJAN Y APOYEN A LOS PRODUCTORES DE LECHE EN TODO EL PAÍS, al tenor de las siguientes:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. México es un destacado importador de productos lácteos. Ocupa el primer lugar en el mundo como comprador de leche en polvo para consumo directo, que significa 36% del consumo nacional aparente. México consumió 4.2 millones de toneladas de leche líquida en 2014 y produjo 11.4 millones de toneladas, según cifras de la Secretaría de Agricultura. Sin embargo, no existen empresas mexicanas que produzcan leche en polvo, por lo que importó 200,000 toneladas en 2014. Entre los principales fabricantes de leche en polvo del mundo están Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos. También adquiere del exterior insumos para la actividad lechera, así como tecnologías según el modelo de Estados Unidos y Canadá. Por el carácter estratégico del sector lechero, en el TLCAN se definieron tiempos más largos para la plena liberación de su comercio.

México dispone de 15 años para eliminar las tarifas arancelarias a las importaciones lácteas. Desde 1986, con la entrada al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), se inició la apertura comercial que permitió incrementar las importaciones de lácteos y de insumos para esta actividad. Con la apertura a los productos del exterior se modificó la estructura de las importaciones, en virtud que crecieron las de derivados lácteos, como quesos y yogures, así como la compra de equipos para la transformación de lácteos, deterioró la balanza comercial y puso en entredicho la seguridad y soberanía alimentarias del país. Lo anterior ha hecho vulnerable a la industria y prevalece el riesgo de que lo sea aún más de seguirse el modelo de producción estadounidense.

SEGUNDO. De acuerdo a la Federación Mexicana de Lechería, la caída de los precios internacionales de la leche y los altos costos de producción que tienen los productores mexicanos, repercuten de manera directa en la descapitalización del sector lechero. Esta situación los obliga a vender sus productos por debajo de los costos de producción, que es de 5.5 pesos por litro. Dentro de las pequeñas destacan 30 grupos industriales con más de 100 marcas de productos lácteos, entre leches, quesos, yogurt, cremas, mantequillas, entre otros. Los productores lecheros están enfrentando una de las peores crisis de los últimos tiempos debido a la depreciación de los precios internacionales de la leche en polvo y a la creciente importación de este producto. Situación que no ha beneficiado de ninguna manera a los productores lecheros nacionales, quienes han visto disminuidos sus ingresos por la compra de leche fresca. Se están generando excedentes de leche cruda que no encuentran destino en el mercado doméstico y esto ha traído consigo serias afectaciones, principalmente para los pequeños y medianos productores.

Por tanto, la industria lechera vive la peor crisis en la historia de México, tan sólo en el estado de Aguascalientes; en lo que va del 2015, ya se han perdido 1800 empleos y 120 millones de pesos, han cerrado 20 establos, se han visto obligados a sacrificar alrededor de 5 mil vacas y a tirar a las coladeras 250 mil litros por no tener quién compre el lácteo debido a la amplia importación de sueros y leche en polvo la cual hidratan en el país y centros comerciales la venden como si fuera leche real. De no frenarse la importación de leche en polvo y prohibirse la venta de fórmulas lácteas se estima que a nivel nacional se verán afectadas 150 mil familias de pequeños y medianos productores pues van más de  2 meses sin poder colocar 2 millones de litros diarios por lo que una parte se vende en 3 pesos y la otra se va directo a la coladera.

TERCERO. Cabe señalar que las importaciones de leche en polvo incrementaron de manera considerable afectando a los productores nacionales pues pasaron de 60 mil toneladas en 2001 a 175 mil en 2013 que combinadas con las 77 mil toneladas de suero sustituyen por día más de 7 millones de litros de leche nacionales. A esto habrá que agregar el hecho de que la importación de 40% de la leche que se vende en México ha generado incertidumbre entre los productores locales y nacionales. La leche en polvo y los lácteos de Australia y Nueva Zelanda, que están entre los productores más grandes del mundo, entrarán gradualmente a México, según la versión del documento del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) que liberaron los gobiernos de los 12 países firmantes. La leche líquida, crema, leche en polvo, leche evaporada, leche condensada, mantequilla, queso y otros productos derivados de lácteos provenientes de Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam tendrán que cumplir un calendario de cupos para poder exportar al mercado mexicano. En el caso de la leche líquida, estos ocho países podrán exportar en conjunto a México 250,000 litros hasta pasar a 375,000 litros a partir del onceavo año a partir de la entrada de vigor del tratado. En el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), México cuenta con un cupo de importación de leche de alrededor de 80,000 toneladas. Lo acordado en el TPP se sumará a este cupo, según información de la Secretaría de Economía.

En mérito de lo expuesto se somete a la consideración del Pleno la siguiente proposición con:


PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Economía a intervenir de manera urgente a implementar medidas y mecanismos que permitan proteger y apoyar a los productores de leche en todo el país y bridarles la protección ante las importaciones de países con mayor desarrollo   productivo.

SEGUNDO. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a implementar los mecanismos necesarios para garantizar que LICONSA cuente con los recursos necesarios a fin de garantizar la compra de leche en volumen y precio justo, con la finalidad de que se permita la subsistencia de pequeños y medianos productores y garantizar  la suficiencia de leche para los programas sociales.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 29 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Angélica de la Peña Gómez.





 

Del Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo en relación a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo por el que se establece con el nombre de Bahía de Akumal el área de refugio para la protección de especies. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos  Naturales.







 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y sus homólogas a contar con un registro epidemiológico específico de la influenza, ampliar la cobertura de vacunación a la población con mayor riesgo y contar con los medicamentos suficientes denominados Oseltamivir y Zanamivir en el sector salud. Se turna a la Comisión de Salud.

La Senadora ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en el Pleno de la Cámara de Senadores con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y SUS HOMÓLOGAS A CONTAR CON UN REGISTRO EPIDEMIOLÓGICO ESPECÍFICO DE LA INFLUENZA, AMPLIAR LA COBERTURA DE VACUNACIÓN A LA POBLACIÓN CON MAYOR RIESGO Y CONTAR CON LOS MEDICAMENTOS SUFICIENTES DENOMINADOS OSELTAMIVIR Y ZANAMIVIR EN EL SECTOR SALUD.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La influenza es una infección viral aguda que se transmite fácilmente de una persona a otra y que ocasiona epidemias que pueden ejercer una gran presión sobre los servicios de salud así como tener importantes repercusiones económicas.

Hay dos tipos de influenza estacional A y B. Los virus de la influenza de tipo A se clasifican en subtipos en función de las diferentes combinaciones de dos proteínas del virus (H y N). Desde 1977 los virus de la influenza A (H1N1), (H3N2) y el virus de la influenza B han co-circulado por todo el mundo. La mayoría de las personas enfermas de influenza padecerán una enfermedad leve y no necesitarán atención médica o medicamentos antivirales. Si presenta síntomas de influenza, en la mayoría de los casos debe permanecer en su casa y evitar el contacto con otras personas, excepto para recibir atención médica. Sin embargo, si presenta síntomas de la influenza y está dentro de un grupo de alto riesgo o está muy enfermos, además de acudir al médico necesitará medicamentos denominados antivirales que son el oseltamivir y el zanamivir específicos para esta enfermedad.

La tasa de ataque anual de la influenza a nivel mundial va del 5% al 10% en adultos y del 20% al 30% en niños. La enfermedad es causa de hospitalización y muerte, sobre todo en los grupos de alto riesgo. Estas epidemias anuales causan en todo el mundo unos 3 a 5 millones de casos de enfermedad grave y unas 250,000 a 500,000 muertes.1

En los Estados Unidos de Norteamérica  los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta (CDC) reportaron hasta el 23 de enero de 2016  27,158 casos de influenza en el país con una mortalidad del 6.9% (1861) en adultos y hasta el 6 de febrero del 2016 11 muertes pediátricas. Del  4 de octubre de 2015 al  6 de febrero de 2016, se registraron un total de 896 hospitalizaciones, con una incidencia acumulada de todos los grupos de edad de 3.2 por 100,000 habitantes. Las personas de 65 años tuvieron la mayor tasa de hospitalización asociada a la influenza y representaron aproximadamente el 40% de las hospitalizaciones reportadas.

El 91% de los adultos hospitalizados tenían al menos una condición médica subyacente (enfermedades cardiovasculares 39 %, trastornos metabólicos 38% y obesidad 36 %). De los niños hospitalizados 47% tenían al menos una condición médica subyacente (asma 19 % y trastornos neurológicos 17%). De 29 mujeres hospitalizadas en edad fértil (15-44 años) 24 % estaban embarazadas.

Durante las últimas tres temporadas de influenza (2012-2015) en Estados Unidos, las tasas de hospitalización acumulados por edades han oscilado entre 47.3-67.0 por 100.000 habitantes para las personas de 0-4 años, 9.4-16.6 para las personas de 5-17 años, 16.1 a 21.4 para las personas de edades comprendidas entre 18-49 años, 40.9 a 53.7 para las personas de 50-64 años, y 84.7 a 308.5/100,000 habitantes  para las personas mayores de 65 años. 2

En México la vigilancia epidemiológica de la influenza se lleva a cabo por el  Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza (SISVEFLU), el cual forma parte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) y es coordinado por la Dirección General de Epidemiología(DGE) que depende de la Secretaría de Salud. Actualmente  se han registrado desde la semana epidemiológica número 40 del año 2015  a la semana 10 del año 2016,  5915 casos confirmados de influenza de los cuales: 2408 son A (H1N1), 2309 A (H3N2), 960 del tipo B y 8 de influenza A. 3

De lo anterior, se han reportado 182 defunciones por influenza: 140 por la influenza A (H1N1), 24 por la influenza A (H3N2), 10 por la influenza B y 8 por la influenza A   (incluye influenza A, AH1 y A no subtipificada). Los grupos etarios con más números de casos confirmados a influenza son: mayores de 65 años, seguido del de 1 a 4 y 30 a 34 años.

De lo anterior concluimos que efectivamente se están reportando los casos confirmados pero no contamos con una estadística real o estimada de los casos sospechosos y mucho menos de los pacientes hospitalizados. Llama la atención también que en 3er lugar se encuentre el grupo de edad de 30 a 34 años de edad.

El objetivo principal de la vigilancia epidemiológica de influenza es favorecer la salud de la población, previniendo o mitigando epidemias y brotes de enfermedades respiratorias, mediante vigilancia epidemiológica funcional que permita detectar oportunamente la aparición de casos nuevos de enfermedad respiratoria asociada con el incremento de la influenza estacional. 4

La Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la Vigilancia Epidemiológica establece los criterios, especificaciones y directrices de operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, para la recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre las condiciones de salud de la población y sus determinantes, su adecuada aplicación nos puede proporcionar datos estadísticos que pueden ayudar  para implementar políticas de salud que beneficien a la población, en la  planificación de los servicios de salud reduciendo el impacto en las tasas de mortalidad y morbilidad, disminuyendo el ausentismo laboral y escolar, los días perdidos de productividad,  disminución en la saturación de los servicios de salud y los costos en la atención médica al paciente, su familia y a la economía del Estado.

Si bien en México se inició la campaña de vacunación en octubre del 2015  a grupos específicos, sería importante analizar si esta vacunación se puede extender a un grupo más amplio de personas para garantizar el acceso a la salud.

El comité asesor sobre prácticas de inmunización de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta recomienda la vacunación de la influenza anual de rutina para todas las personas de 6 meses en adelante que no tienen contraindicación. Existen grupos de mayor riesgo como son:

1. Niños menores de 5 años en especial los menores de 2.

2. Adultos de 65 años o más.

3. Mujeres embarazadas y hasta dos semanas después del parto.

4. Personas que viven en acilos de ancianos y otros establecimientos de cuidados prolongados.

5. Personas con asma, afecciones neurológicas y del desarrollo neurológico, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades cardiacas, trastornos de la sangre, trastornos endócrinos, enfermedades renales, enfermedades hepáticas, alteraciones en el sistema inmunológico a causa  de enfermedades o medicamentos, personas con cáncer, personas menores de 19 años que reciben tratamiento prolongado con aspirina, personas con obesidad mórbida.

Si bien en México se inició la campaña de vacunación en octubre del 2015  a grupos específicos, es importante analizar si esta vacunación se puede extender a un grupo más amplio de personas para garantizar el acceso a la salud.

Finalmente, concluyo que un adecuado registro anual en cuanto a morbilidad, mortalidad, número de hospitalizaciones, costos de atención médica por la influenza nos puede ayudar para planificar la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, implementar medidas en colaboración con la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Educación Pública  para disminuir el riesgo de contagio, capacitar al personal de salud, ampliar la vacunación a personas con mayor riesgo, reconocer de manera oportuna las cepas virales, disminuir los ingresos hospitalarios, desarrollar la capacidad para atender un mayor número de personas, asegurar el adecuado abastecimiento en clínicas, hospitales y farmacias y brindar información adecuada, oportuna y actualizada a la población en general.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Pleno de la Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y sus Homólogas a contar con un registro epidemiológico específico de la influenza, ampliar la cobertura de vacunación a la población con mayor riesgo y contar con los medicamentos suficientes denominados Oseltamivir y Zanamivir en el Sector Salud.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 29 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/es/

2 Russell K, Blanton L, Kniss K, et al.  Update: Influenza Activity-United States, October 4, 2015- February 6, 2016. MMWR Morb Mortal WkklyRep 2016; 65 (6): 146-153

3 SINAVE/DGE/Sistema de vigilancia Epidemiológica de Influenza, acceso al 10/03/2016

4 Influenza, documento técnico. Dirección General de Epidemiología 2014.





 

De la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de las Mujeres a implementar las acciones pertinentes para cumplir con lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia sexual. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

La suscrita MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, Senadora de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En concordancia con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará), la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en su artículo quinto que la violencia contra las mujeres es “cualquier acto u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”.

El artículo sexto la Ley de Acceso, define la violencia sexual como “cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto”.

Al respecto, para cumplir -de manera coordinada- con lo establecido en la Ley, se ha instaurado el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, “el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres” y es presidido por la Secretaría de Gobernación, mientras que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) funge como Secretaría Ejecutiva1, sin embargo, pese a diversos esfuerzos institucionales, esta coordinación no se ve reflejada en una efectiva política pública de atención a la violencia contra las mujeres.

La realidad que viven las mujeres en el país dista mucho de la que podría garantizarse en espacios libres de violencias.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2011) 63 de cada cien mujeres de 15 años y más, declararon haber padecido algún incidente de violencia; mientras que el 44.3% de las mexicanas ha sufrido violencia familiar; 33.5% ha sufrido violencia sexual y 35.3% ha padecido violencia económica y patrimonial.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014 realiza una estimación de la cifra negra de los delitos ocurridos en México. Según esta estimación, 93.8% de los delitos ocurridos en el país no se denuncian, pero la estimación varía según el tipo de delito: desde 28.3% para robo total de vehículo hasta 98.5% para extorsión. Para “otros delitos” la estimación de la cifra negra es de 94.1% y ahí se incluye a los delitos sexuales.

De acuerdo a lo anterior, la cifra negra de delitos sexuales en el quinquenio en estudio se puede estimar en 1,414,627 en la mitad de entidades federativas. Si esta cifra se multiplica por dos, se puede señalar que el total de delitos sexuales cometidos en el país durante el período 2010-2015 fue 2,996,180, esto es, casi 600,000 delitos sexuales anualmente.2

Es decir, en cinco años, ocurrieron casi tres millones de casos de delitos sexuales, de los cuales el 67.4% corresponden a averiguaciones previas relacionadas con los delitos de abuso sexual y violación; por su parte, de “los organismos de procuración de justicia que brindaron información sobre las personas que figuran como víctimas en las averiguaciones previas por delitos sexuales entre 2010 y 2015fueron 13. El acumulado arroja un total de 110,914 personas que figuran como víctimas en las averiguaciones previas por delitos de violencia sexual en ese quinquenio, 81% de ellas mujeres (90,025)”3.

Asimismo, los delitos más frecuentes son abusos sexuales (46,927) y violaciones (35,898). Cabe destacar que más de 1,000 personas figuran como víctimas en las averiguaciones previas por los delitos de rapto, lo que muestra la persistencia de esta práctica de violencia sexual. Aproximadamente 2,000 personas figuran como víctimas por delitos de hostigamiento sexual, lo que denota que se trata de un delito que se denuncia e investiga con mayor frecuencia. Cabe destacar la baja cantidad de personas que figuran como víctimas en averiguaciones previas por delitos como feminicidio (9); pornografía infantil (96); prostitución infantil (44) y turismo sexual (2), lo que plantea la necesidad de fomentar la denuncia y desarrollar estrategias de investigación que faciliten la acreditación de estos delitos para disminuir lo que supone una alta impunidad.4

Por su parte, en lo que respecta a la impartición de justicia para las víctimas de    violencia sexual, “la información sobre expedientes por delitos sexuales fue brindada por 15 Tribunales Superiores de Justicia, los cuales acumularon, entre 2010 y 2015, un total de 29,349 expedientes consignados por delitos sexuales. El número de expedientes en que se consignan delitos sexuales es bastante  bajo: menos de 6,000 en promedio por año”5.

Este dato es sumamente importante pues como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de la prevención, la atención es fundamental pues cuando no se garantiza una investigación eficaz y el acceso a la justicia para evitar la impunidad, se envía el mensaje de que “la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres”6

Lo antes expuesto revela el estado crítico de la situación con la que diariamente niñas y mujeres deben enfrentarse, demostrando además las fallas y/o debilidades por parte del Estado mexicano, al ser éste el encargado de garantizar una vida libre de violencias.

La violencia contra las mujeres debe entenderse como una problemática compleja; enraizada tanto en los patrones socioculturales como en los comportamientos cotidianos. Por ende, garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia implica la acción conjunta y coordinada del gobierno –en sus tres órdenes y niveles- y la sociedad civil.7

Por ello y, comprendiendo la urgente necesidad de implementar las acciones correspondientes, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con el siguiente:


PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de las Mujeres para que, a través del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se implementen las acciones pertinentes para cumplir con lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia sexual.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 29 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.

1 Sistema Nacional, Integrantes, México, [en línea], Disponible en:
http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/vidasinviolencia/?q=integrantessistema

2 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Servicio de Asesoría Externa para la realización de un Diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México,  México, p. 10, [en línea], Disponible en:
http://es.scribd.com/doc/304975704/Resumen-Ejecutivo-Diagnostico-Violencia-Sexual

3 Íbidem, p. p. 10-11.

4 Íbidem, p. 11.

5 Íbidem, p. 14.

6 CoIDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México, párrafo 400. Ponencia Magistrada Alanis Figueroa, 12 de 0ctubre de 2015.

7 Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Informe Anual de Actividades 2011, México, p. 4, [en línea], Dirección URL:
http://www.conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/76/1/images/informeSNPASEVMvf.pdf





 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la  República condena el asesinato de un grupo de mineros en Tumeremo, República Bolivariana de Venezuela. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA y JUAN CARLOS ROMERO HICKS, Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CONDENA EL ASESINATO DE UN GRUPO DE MINEROS EN TUMEREMO, REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El 4 de marzo del 2016 se reportó la desaparición de un grupo de 28 mineros venezolanos en las minas de Tumeremo, estado de Bolívar en el sureste de Venezuela, que no regresaron a casa tras su jornada laboral, al no ser atendidos por las autoridades policiales, pobladores familiares de los desaparecidos iniciaron protestas en la localidad y bloquearon sus principales calles pues exigían celeridad en la búsqueda; las fuerzas armadas dispersaron las manifestaciones.

Un día después, el Diputado Américo de Grazia, legislador en la Asamblea Nacional por el Estado de Bolívar, denunció la presunta masacre de al menos 28 mineros en Las Villas de Atenas, ubicadas en Tumeremo. El diputado señaló que “nada de esto se puede hacer sin la complicidad de las autoridades, no hay forma que a esto se le ponga un control sin una autoridad superior que quiera controlar esto”.

Francisco Rangel Gómez, Gobernador del estado de Bolívar, en entrevista con Televisión Venezolana, negó la desaparición de los 28 mineros pues argumentó que tras un recorrido por la zona “no se encontró ningún cuerpo para determinar la situación que están denunciando”. El Gobernador afirmó que la difusión de la noticia se trataba de una “campaña mediática para aterrorizar a la población venezolana y crear zozobra en el país”.

El 8 de marzo, trascendió que un médico que estaba de guardia en el Hospital José Gregorio Hernández de Tumeremo, afirmó que los cuerpos de 28 mineros nunca llegaron a la morgue, sino que los “botaron” en fosas comunes.

Karen Paez, esposa de uno de los desaparecidos, declaró a la BBC que “funcionarios de inteligencia y la policía estaban custodiando la zona mientras se producía la masacre”.
Cabe resaltar que es una zona donde miles de mineros de toda Venezuela y de países vecinos se han ido acumulando durante los últimos años tras el aumento del precio de los minerales y la crisis económica venezolana. Expertos indican que aunque la minería ilegal siempre ha existido en esta zona, se ha disparado en los últimos años debido a la llegada de bandas armadas y la caída en la producción de las empresas básicas de la zona.

El Presidente Nicolás Maduro tardíamente reconoció la desaparición de los mineros y ordenó militarizar la zona, así mismo aseguró que "todo parece indicar que se trata de un grupo paramilitar"; así, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y otras entidades del Estado llevaron a cabo un operativo en el que participaron más de 1.000 funcionarios.

La mañana del lunes 14 de marzo del año en curso, la Fiscal General de Venezuela mediante un tuit indicó: "Informo al país que hemos localizado los restos de las personas desaparecidas en Tumeremo". La Fiscal Ortega afirmó en una entrevista televisiva que expertos se encuentran en el lugar exhumando los restos y hasta el momento se han recuperado cuatro cadáveres.

Américo De Grazia, tildó de lamentable el hallazgo de cuatro cadáveres de los 28 mineros desaparecidos hace dos semanas y señaló: “No son cuatro, ahí están todos. Esto es una tragedia”.

El martes 15 trascendió que 17 cuerpos de los desaparecidos fueron identificados, sin embargo los familiares que han ido a identificar los fallecidos manejan cifras diferentes a las ofrecidas por la Fiscalía; “En el Fuerte Tarabay se encuentran en este momento 20 cadáveres que están por ser identificados tanto por sus familiares como por los forenses", afirmaron testigos.

El Gobernador Rangel Gómez, ante las pruebas del caso, reviró y en su cuenta de Twitter informo que no habrá perdón ni olvido para los responsables de estos hechos.

La dirigente opositora María Corina Machado exigió este martes la renuncia del Gobernador del estado de Bolívar, por haber dicho que era "absolutamente falsa"; a decir de Corina machado "ante esto sólo queda su renuncia". Por su parte el Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, se pronunció a través de Twitter sobre la supuesta masacre de los 28 mineros asesinados, expresando lo "insólito" ante la negación del ataque de los extractores artesanales por el Gobernador del estado.

CONSIDERACIONES

1. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

3. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 89 fracción X, que es facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior observando los siguientes principios normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:


PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República condena el asesinato de un grupo de mineros, trabajadores de minas de oro en Tumeremo, municipio de Sifontes, estado de Bolívar en la República Bolivariana de Venezuela, extiende sus condolencias a las familias de las víctimas y hace votos para que se investigue y sancione a los responsables.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 29 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.





 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República a implementar un ejercicio de parlamento abierto con la sociedad civil en la discusión de las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación soberana, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA A IMPLEMENTAR UN EJERCICIO DE PARLAMENTO ABIERTO CON LA SOCIEDAD CIVIL LA DISCUSIÓN DE LAS LEYES REGLAMENTARIAS DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, CON LA FINALIDAD DE TRANSPARENTAR, AMPLIAR, ENRIQUECER Y LEGITIMAR LA DISCUSIÓN EN LA MATERIA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Como representantes populares, los legisladores tenemos la encomienda fundamental de mantener una estrecha vinculación con nuestros representados para escuchar sus necesidades y construir leyes que contribuyan a mejorar sus condiciones de desarrollo y bienestar.

Sin embargo, debemos admitir que en la práctica legislativa mantenemos una distancia importante con los ciudadanos, que debemos romper si deseamos recobrar su confianza. El desafío de nuestra democracia es recuperar la credibilidad a partir de la incorporación permanente de la voz activa de los ciudadanos en el debate legislativo.

En estos momentos se libra una batalla legislativa para construir un verdadero sistema de combate a la corrupción que acabe, entre otras cosas, con un sistema de privilegios de la clase política y empresarial. Este sistema requiere de la vigilancia y participación directa de la sociedad para legitimar y brindar certeza a esta reforma de estado. De hecho, el sistema debe estar presidido, de forma permanente, por una figura ciudadana, dado que en último término la ciudadanía es la dueña del dinero público, y la que tiene el mayor interés en verificar que sea utilizado de forma eficiente y transparente.

La ciudadanía ya alzó la voz de manera clara y contundente para demostrar su hartazgo frente a la corrupción e impunidad en el país. Muestra de ello son las 120,000 firmas que ya fueron recolectadas por organizaciones de la sociedad civil para apoyar la iniciativa ciudadana conocida como “Ley 3 de 3” que, entre otras cosas, busca obligar a todo funcionario, a presentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, de forma pública y periódica.

Esta forma de protesta ciudadana no sólo logra canalizar al Congreso esta iniciativa para su discusión, sino que evidencia hoy más que nunca el interés de los ciudadanos en involucrarse particularmente en un tema que ha despertado un enorme malestar y frustración. Este escenario nos confirma la necesidad de implementar, cuanto antes, mecanismos flexibles e innovadores de diálogo e interacción con la sociedad.

Por ello, suscribo el presente punto de acuerdo para promover la implementación, durante este proceso legislativo, de la práctica de Parlamento Abierto, una herramienta avalada a nivel internacional que busca favorecer la co-creación legislativa de la mano de la ciudadanía.

En otros países existen ejemplos de modelos de Parlamento Abierto que nos sirven de referencia para la inauguración de una nueva dinámica legislativa en alianza con la ciudadanía en nuestro país.

En Francia existe una plataforma interactiva “Parlement & Citoyens” que permite conectar al parlamento y a la ciudadanía en ejercicios de retroalimentación para la identificación de problemas y propuesta de soluciones.

En Reino Unido cuentan con un portal denominado “e-Petitions” que posibilita la creación y votación de peticiones en el Parlamento, así como la realización de campañas ciudadanas para la recolección de firmas en forma simple y con efectos directos en los poderes del Estado.

En Estados Unidos existe la plataforma “Citizen Co- Sponsor Project” que le brinda la posibilidad a los ciudadanos de respaldar y dar seguimiento a una iniciativa de ley.

Así, a través del uso de plataformas tecnológicas y redes sociales, buscamos garantizar en el Senado de la República la implementación de un ejercicio legislativo de avanzada en el que se difundan los debates y se mantenga una interacción constante con la sociedad, para presentar propuestas, manifestar inquietudes, contrastar ideas y construir acuerdos, que para efectos de la discusión de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), derive en un cuerpo normativo capaz de combatir de manera efectiva y decisiva el cáncer de la corrupción.

En los próximos días, el debate que estaremos librando como Grupo Parlamentario del PRD estará concentrado en colocar a un miembro del Comité de Participación Ciudadana a la cabeza del SNA. Debemos otorgarle a este cuerpo ciudadano la importancia que merece, si asumimos, como se ha referido arriba, que el ciudadano es el dueño del dinero público. Debemos garantizar que este Comité no sea únicamente un miembro más del andamiaje institucional del Sistema, sino que tenga la facultad de tomar decisiones, así como de vigilar, denunciar, acelerar y sustanciar investigaciones en contra de cualquiera que comete un acto de corrupción.

Estoy convencido que sin la participación y liderazgo de la sociedad, tanto en el proceso de discusión de las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción, como en la propia operación del mismo, se corre el riesgo de contar con una reforma cosmética que sólo busca aparentar un cambio, pero que busca preservar los mayores vicios de un régimen que se resiste a entender su realidad y a encausar una verdadera transformación del servicio público.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, de obvia y urgente resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República a implementar un ejercicio de Parlamento Abierto con la sociedad mexicana durante la discusión de las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción con la finalidad de transparentar, ampliar, enriquecer y legitimar la discusión en la materia.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 29 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Armando Ríos Piter.





 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Coordinación de Estrategia Digital Nacional del Gobierno de la República a generar y a remitir a esta Soberanía un informe del estado en que se encuentra el proceso de dicha Estrategia. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE A LA COORDINACIÓN DE   ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA A GENERAR Y A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL PROCESO DE LA ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL BAJO SU RESPONSABILIDAD. ASIMISMO UNA OBSERVACIÓN DEL PAPEL QUE ESTA ESTRATEGIA TENDRÍA EN EL SISTEMA NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Una de los grandes desafíos que asumió el gobierno federal desde el inicio de su periodo sexenal, era ponerse al día en materia del uso de las tecnologías de la información. El Presidente Peña Nieto al presentar la Estrategia Digital Nacional, anunció ésta sería coordinada desde la Presidencia de la República. El objetivo sería clave para democratizar el acceso a instrumentos como Internet y Banda Ancha, y para aprovechar al máximo el sinfín de posibilidades que ofrecen.

El 24 de septiembre de 2014, enfatizando los compromisos adquiridos, se reiteró el compromiso con la promoción de la transparencia, la lucha contra la corrupción y el empoderamiento de la ciudadanía que implica instalar un gobierno digital. “Los gobiernos abiertos, dijo el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, son la nueva frontera de la democracia, el instrumento más moderno para que los interesados en las cuestiones públicas participen de manera más activa”, aseveró en la sede de las naciones unidas, al asumir la presidencia de la alianza para el gobierno abierto. Para lograr esto México trabajará en tres ejes de acción: Primero. Llevar los principios del gobierno abierto a la práctica, a herramientas operativas que permitan un desarrollo incluyente. Segundo. Consolidar el concepto de gobierno abierto, mediante una alianza más sólida y amplia entre sociedades y gobiernos basada en la confianza y Tercero. Hacer de la alianza una verdadera plataforma de cooperación e intercambio de experiencias exitosas.

2.- Alejandra Lagunes Soto Ruiz Coordinadora de Estrategia Digital Nacional señaló que la Estrategia parte de definiciones claras, que permitan a todos los involucrados trabajar para alcanzar los objetivos que la misma establece, y que están alineados con las grandes metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que guían los esfuerzos del Gobierno de la República. La Estrategia Digital Nacional es el plan de acción que el Gobierno de la República implementará durante los próximos 5 años para fomentar la adopción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) e insertar a México en la Sociedad de la Información y el Conocimiento y de acuerdo con el índice de digitalización establecido en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013.

3.- México, hay que reconocerlo, se encuentra en la última posición en digitalización entre los países de la OCDE, y en la quinta posición en América Latina, con un valor de 37.05 puntos para el año 2011. A partir de tal escenario, se establece el objetivo de la Estrategia Digital Nacional. Por un lado, se plantea como meta que México alcance en el índice de digitalización, establecido en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, el promedio de los países de la OCDE para el año 2018. Paralelamente se plantea que México alcance los indicadores del país líder de América Latina (actualmente, Chile) para el año 2018. Para lograr esta meta, y cada uno de los cinco objetivos dela Estrategia Digital Nacional, se plantean cinco habilitadores clave que son las siguientes herramientas transversales: 1) Conectividad, 2) Inclusión y Habilidades Digitales, 3) Interoperabilidad e Identidad Digital, 4) Marco Jurídico y 5) Datos Abiertos. En este punto, el quinto, se refiere a disponibilidad de información gubernamental, para fomentar el emprendimiento cívico, impulsar la transparencia y detonar la rendición de cuentas y mejorar los servicios públicos.

4.- Tenemos que reconocer que el propósito es monumental e implica educación, capacitación y una pertinente y colosal intervención cultural. Al paso del tiempo ya los medios de comunicación difundían que la agenda digital pasó desapercibida en el discurso del Tercer Informe de Gobierno de la Presidencia. En el documento del Tercer Informe no se detalla una línea de acción que haya revivido y con nuevos bríos la Estrategia Digital Nacional, que a ojos de algunos actores de la industria de las tecnologías de la información ha arrojado pocos resultados.

Por supuesto que hay avances pero el conocimiento del estado que guarda esta estrategia es difusa. Ya a un año de operar la Estrategia Digital Nacional, la coordinadora de la política pública digital de México, adelantó que se están realizando "pequeños cambios" a sus líneas de acción y añadió que "nos encontramos trabajando en cambios incluso a la Estrategia Digital, que planteamos desde un principio, porque una Estrategia Digital tiene que ser dinámica y tiene que ser flexible, tiene que adaptarse a los cambios de tecnología y al aprendizaje. Esto nos ha permitido poder ir corrigiendo porque lo que nos imaginamos hace un año hoy ya no es práctico", dijo durante el Congreso mundial de Tecnologías de la Información (WCIT). En ese entonces los medios no detallaron en qué consisten estos cambios y evitó emitir comentarios, aunque dijo que entre los principales retos a los que se ha enfrentado la ejecución de esta agenda digital es la adopción de los cambios tecnológicos dentro del gobierno.

María Elena Meneses Rocha, investigadora y directora de la Cátedra Sociedad de la Información y del conocimiento en el Tecnológico de Monterrey, observa que sólo la parte de conectividad y la instauración de una política de datos abiertos tendrán avances importantes durante el sexenio. "El punto alfa de toda estrategia digital es la conectividad. Si no se tiene resuelto ese problema, no se van a concretar esos ejes. Hay que caminar muy rápido. En sociedad de la información y el conocimiento, México está rezagado y se va a ir rezagando cada vez más a menos que se cumpla el proyecto de conectividad. Ya no necesariamente va a ser este sexenio los otros ejes transversales pero lo importante es que no quede algo sexenal sino que trascienda", consideró.

Pero en la ejecución de esta política digital persiste un rezago en el componente social, principalmente en el eje de educación digital, dice la experta. "Sigue haciendo falta un programa más agresivo de educación digital. Se habla de capacitación digital a través de promotores, lo que es un acierto. Pero existe el rezago de alfabetización digital, que las personas puedan apropiarse de las tecnologías para su vida cotidiana. Es uno de los grandes pendientes de México y no veo contundencia". La experta considera que este programa es limitado y carece de una perspectiva integral. "Me ha parecido tímido porque es un proyecto piloto y cuando el rezago es tan grande debería ser más amplio, universal", dijo. "Se requiere una educación previa a las escuelas, a los profesores para que puedan recibir la tecnología y darle uso significativo. Los programas educativos que incorporan tecnología se concentran en llevar el artefacto tecnológico pero hace falta programa más holístico", consideró.

5.- Como puede apreciarse no hay una información conveniente para conocer el proceso en toda su dimensión y es necesario que una estrategia, una política de esta naturaleza que pretende poner a nuestro país al día en el plano de la digitalización mundial se defina con pertinencia en un proceso informativo que la acompañe.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional del Gobierno de la República a generar y a remitir a esta soberanía un informe del estado en que se encuentra el proceso de la Estrategia Digital Nacional bajo su responsabilidad. Asimismo una observación del papel que esta estrategia tendría en el Sistema Nacional Contra la Corrupción.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 29 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.





 

De los Senadores Jesús Casillas Romero y Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo a implementar una estrecha coordinación a fin de tomar medidas conjuntas para hacer frente a la contingencia ambiental que priva en la Zona del Valle de México, así como para concientizar a la población sobre la urgente necesidad de contribuir activamente en la reducción de emisiones. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Los suscritos, Senadores JESÚS CASILLAS ROMERO y AARÓN IRÍZAR LÓPEZ, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO, TLAXCALA, MORELOS E HIDALGO, A EFECTO DE IMPLEMENTAR UNA ESTRECHA COORDINACIÓN A FIN DE TOMAR MEDIDAS CONJUNTAS PARA HACER FRENTE A LA CONTINGENCIA AMBIENTAL QUE PRIVA EN LA ZONA DEL VALLE DE MÉXICO, ASÍ COMO, PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA URGENTE NECESIDAD DE CONTRIBUIR ACTIVAMENTE EN LA REDUCCIÓN DE EMISIONES; en virtud de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La semana pasada, principalmente el día miércoles, la tónica del clima fue descrita como de nevadas y feroces ráfagas de viento “atípicos”, lluvias intensas, bajas temperaturas, inundaciones y desbordamiento de ríos.

Luego, a esta semana las cosas cambiaron para todo lo contrario, al grado de que la extrema estabilidad atmosférica asociada a un sistema de alta presión que ha afectado a la región central del país en los últimos tres días, junto con la intensa radiación solar que ha prevalecido durante la mayor parte del día, se ha observado un incremento extraordinario en la concentración de ozono.

Esto derivó en que la tarde del lunes fuera activada la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, al registrarse una concentración de 194 puntos de ozono del IMECA (Índice Metropolitano de la Calidad del Aire) a las 16:00 horas, según informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME); la cual, una hora después alcanzó los 203 puntos.

Estas condiciones “extremadamente malas” en la calidad del aire no se presentaban desde el año 2002, por lo que después de dos días de pre contingencia, finalmente se pasó a Contingencia en Fase I ante el riesgo a la salud de la población.

Las medidas de esta fase tuvieron que implementarse, en las que se destacan algunas como las siguientes:

1. En un horario de 5:00 a 22:00 horas, no deberán circular vehículos con holograma de verificación “1”, holograma de verificación “2” y permisos, con terminación numérica de placa de circulación impar, además de los vehículos con restricción prevista en el programa Hoy No Circula de la ZMVM, es decir vehículos con engomado rosa, con matrícula de circulación 7 u 8.

Ya para el día miércoles 16 de marzo, por primera vez en 19 años, en la Ciudad de México se prohibió la circulación a todos los vehículos con engomado rojo, placas con terminaciones 3 y 4, aun con calcomanía 0 ó 00. Tampoco debieron circular los autos con permiso.

Esto, como una medida excepcional para reducir los niveles de contaminación.

2. La implementación de operativos para la agilización vehicular y de vigilancia por vehículos ostensiblemente contaminantes.

3. La no circulación de vehículos utilizados para fines publicitarios.

4. La suspensión de actividades de pintura de vehículos en la vía pública, mobiliario y equipos a cielo abierto, así como en instalaciones sin casetas de pintura.

5. La suspensión de actividades de limpieza y desengrase en los sectores industrial y de servicios que utilicen productos orgánicos volátiles sin control de emisiones.

6. La suspensión de actividades de abastecimiento de combustibles en estaciones de servicio que no cuenten con sistemas de recuperación de vapores, o que estos no operen adecuadamente.

7. La suspensión de actividades de bacheo, pintado y pavimentación, las obras y actividades que obstruyan o dificulten el tránsito de vehículos.

8. La intensificación en la vigilancia para evitar incendios en áreas boscosas, agrícolas y urbanas y reforzar el combate de incendios activos.

9. La prohibición de la quema de cualquier tipo de material o residuo sólido o líquido a cielo abierto y en chimeneas domésticas, así como las quemas agrícolas y fogatas de todo tipo.

10. La suspensión de actividades industriales que utilicen benceno, tolueno, xilenos y/o sus derivados.

11. La reducción de las emisiones en un 40% a partir de la línea base de las fuentes fijas de la industria manufacturera de jurisdicción Federal y Local de la Ciudad de México y Estado de México que tengan procesos de combustión; y

12. La Suspensión de las labores de mantenimiento, reparación y trasvasado que impliquen liberación de hidrocarburos a la atmósfera de las plantas industriales de distribución y almacenamiento de gas licuado de petróleo.

Adicionalmente, el gobierno capitalino implemento como medida la gratuidad en los servicios del servicios de STC Metro, Metrobús, RTP, trolebús y tren ligero. La idea es reducir al máximo el uso de automóviles particulares y con ello contribuir a la mejora de la calidad del aire en el Valle de México.

El presidente Enrique Peña Nieto solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) convocar a la CAME para que se definieran medidas más estrictas.

Esto, porque en caso de empeorar la calidad del aire y la concentración de ozono rebase los 230 puntos IMECA, se procederá a activar la Fase 2 de contingencia ambiental, en la que se incrementan las restricciones de actividades al aire libre y se recomiendan otras para proteger la salud. La más relevante en un escenario de este tipo, sería la suspensión de servicios gubernamentales, clases en escuelas, centros culturales, museos, parques y deportivos públicos, por citar algunos.

Definitivamente la situación es de cuidado para la salud de la población en el Valle de México, por ello, importante además de las acciones gubernamentales, el exhortar a la población a contribuir activamente en la reducción de emisiones de contaminantes, como lo es, se insiste, el reducir el uso del automóvil particular, utilizar el transporte público y medios de movilidad no motorizados, como el caminar, además de revisar y evitar fugas domésticas de gas y cualquier quema o fogata.

También es de destacar, que la problemática no es exclusiva de la Ciudad de México, también se incluyen el Estado de México, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo, esto es, toda la zona del Valle está involucrada en tal situación.

Según se informa, la última vez que se llegó a una Fase 2 fue en diciembre de 1992, cuando el ozono alcanzó 338 puntos IMECA. La medida duró tres días y se desactivó al bajar a 117 puntos los niveles de concentración.

Sin lugar a dudas, lo menos que se quiere es llegar a estos niveles de contingencia y alarma. La lucha contra este problema de contaminación no involucra a todos.

Por ello, la intervención y coordinación entre los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo, como también de sus habitantes, resulta inaplazable a efecto de detener el avance de los pésimos niveles de la calidad de aire. Esto, a efecto de implementare medidas uniformes y generales en la zona, pues por ejemplo, la suspensión en la circulación de vehículos como la implementada en esta contingencia ambiental, no existe en todos los lugares, como tampoco se tiene conocimiento de medidas de reducción de emisiones en la industria por parte de Estados vecinos.

La coordinación inmediata y el exhorto a la población para llamar a la concientización se hacen más que necesaria, a fin de evitar que la situación empeore y tengamos que llegar a una lamentable Fase II.

Siendo esta la sugerencia que nos permitimos proponer que sea realizada respetuosamente por parte de esta soberanía, concretamente al tenor de la contenida en la siguiente proposición con punto de…

ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República hace patente su preocupación por la salud de los habitantes del Valle de México, ante la Contingencia Ambiental que atraviesa en virtud de la pésima calidad del aire, que ha superado los 200 puntos IMECAS.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo, a efecto de…

a).- Implementar una estrecha coordinación a fin de tomar medidas conjuntas para hacer frente a la referida contingencia ambiental, que priva en la Zona del Valle de México; e

b).- Intensificar la campaña de concientización y recomendaciones a la población, a efecto de que participe activamente en la reducción de emisiones que se hace indispensable para aminorar la pésima calidad del aire y evitar daños a la salud; tales como:

- Reducir al máximo el uso del automóvil particular, utilizar el transporte público y medios de movilidad no motorizados.

- Revisar y evitar fugas domésticas de gas.

- Abstenerse de realizar cualquier tipo de quema o fogata, incluyendo chimeneas domésticas.

- Evitar las actividades de impresión y pintura a base de productos volátiles.

- Suspender toda actividad industrial que implique procesos de combustión y cualquier tipo de emisiones.

Lo anterior, además de las recomendaciones propias para la salud, por ejemplo:

- Evitar realizar actividades al aire libre, principalmente de ejercicio o que requieran un esfuerzo vigoroso, sobre todo entre las 13:00 y las 19:00 horas.

- Para los niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares, permanecer en interiores entre las 13:00 y las 19:00 horas.

- No fumar en espacios cerrados.

- Abstenerse de realizar ejercicio o desarrollar actividades al aire libre que.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 29 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Aarón Irízar López.





 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos de los estados a incorporar en su legislación la prohibición expresa del castigo corporal, conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención de los Derechos del Niño. Se turna a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.







 

De la Senadora Alejandra Roldán Benítez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las gestiones conducentes a la suscripción del Convenio número 129 de la Organización Internacional del Trabajo; y a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a que se aboquen a generar una estrategia integral para la atención del bajo nivel de instrucción y el rezago educativo de la población jornalera agrícola. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

La suscrita, Senadora ALEJANDRA ROLDÁN BENÍTEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, Fracción IX; 95 numeral 2; 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A REALIZAR LAS GESTIONES CONDUCENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO NÚMERO 129 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y, POR OTRO LADO, A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y AL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS A QUE SE ABOQUEN A GENERAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DEL BAJO NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y EL REZAGO EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN JORNALERA AGRÍCOLA, de acuerdo con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Este 17 de marzo se cumple un año de la rebelión de jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, Baja California, agrupados en la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social.

Desde las 3 de la madrugada de hace un año, miles de jornaleros agrícolas declararon el paro de sus labores en las fincas y ranchos en que las realizaban. Al mismo tiempo, bloquearon 14 puntos de la carretera transpeninsular para ejercer presión en favor de demandas que habían enarbolado desde 2014, sin recibir respuesta a sus peticiones.

El pliego petitorio al que los jornaleros de San Quintín condicionaban el fin del paro laboral incluía las siguientes reivindicaciones, a la letra:

1. Revocación del contrato colectivo firmado por la C.T.M y C.R.O.M con la Asociación de Agricultores, por las graves violaciones a nuestros derechos laborales y humanos.

2. Que se respete el derecho de antigüedad.

3. Que todos los trabajadores estén afiliados al IMSS desde el primer día de su ingreso a una empresa a prestar su servicio para que tengan servicio médico con sus dependientes.

4. Que se paguen todas prestaciones de ley a los trabajadores, séptimo día y festivos.

5. Que se pague las horas extras doble y triple.

6. Que a las madres trabajadoras se le respete sus derechos, de seis semanas antes y seis semanas después de parto.

7. Que a los hombres que vallan a ser papa se les otorgue los 5, días correspondientes con goce de sueldo.

8. No más tolerancia al acoso sexual por parte de los mayordomos de cuadrilla, o mayordomos generales y o ingenieros encargados de los ranchos.

9. No represalia en contra de los trabajadores que están participando directo o indirecto a este evento.

10. Que el salario mínimo estatal sea de $300.00 m.n. por día.

11. Que se pague a $30.00 pesos m.n. por caja de fresa ya que desde el año de 2001 se está pagando a $10.00 pesos y a $12.00 pesos y los domingos, días festivos se paguen doble.

12. Que se pague a $17.00 pesos m.n. por jarras de mora, y los domingos, días festivos se paguen doble.

13. Que las cubetas de tomate se paguen a $8.00 pesos m.n.

14. De igual el resto de lo que se produce, en Baja California se dé un pago justo, para una buena convivencia social entre los trabajadores y patrón.1

Ante esta movilización, policías ministeriales de Baja California detuvieron y presentaron ante el Ministerio Público a por lo menos 170 personas, pero el paro no cesó. Es evidente que se estaba persiguiendo la lucha por el cumplimiento de los derechos más mínimos al trabajo digno y al salario remunerador.

Tras 50 días de paro laboral y después de incontables resistencias de patrones, el gobierno local y los sindicatos de protección patronal, los jornaleros agrícolas lograron un acuerdo con el Gobierno Federal y el Estatal en el que se establecieron 13 puntos a cumplirse y que son los siguientes:

1. Se iniciará de inmediato una campaña de afiliación y credencialización de todas y todos los trabajadores al IMSS. Este proceso no implicará ningún costo para los trabajadores.

2. Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se hará la retención ni el condicionamiento de los salarios de las y los trabajadores los cuales se pagarán total y puntualmente en el lugar de trabajo y se transparentarán los diferentes conceptos que lo integran.

3. Se identificarán y atenderán las necesidades de mejora en vivienda, alimentación y condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores en estricto apego a la ley.

4. Se garantizará el respeto a los derechos laborales contenidos en la LFT y a los derechos humanos integrales particularmente de las mujeres trabajadoras y sus familiares. Para ello se llevarán a cabo las Inspecciones de Trabajo necesarias.

5. Las empresas cumplirán los requisitos para certificarse como libres de trabajo infantil.

6. Se creará un fideicomiso de inversión con aportaciones de los gobiernos federal, estatal y las empresas para el desarrollo de la zona. Dicho fideicomiso quedará formalizado en un plazo no mayor a sesenta días.

7. Se revisarán los programas sociales para que los jornaleros no pierdan su carácter de beneficiarios como consecuencia de sus desplazamientos de sus lugares de origen a los campos agrícolas y se revisarán los padrones para constatar que éstos cumplan con los requisitos para acceder a ellos.

8. Se otorgará en los términos que conforme a derecho proceda su registro sindical a la Alianza de Organizaciones Nacionales Estatal y Municipal por la justicia social.

9. La autoridad garantizará el respeto a la libertad y autonomía sindicales de los trabajadores en la zona.

10. El Gobernador del Estado se reunirá con los voceros de la Alianza para tratar las problemáticas locales de San Quintín planteadas por la misma, antes de que concluya el mes de mayo.

11. Por lo que hace a las personas detenidas, las autoridades federales y locales del Estado de Baja California, en los términos de ley, procurarán los mecanismos para que, en su caso, obtengan su libertad privilegiando que prevalezca un ambiente de respeto al orden público y al estado de derecho.

12. Las partes se comprometen a conducir sus acciones presentes y futuras en un ambiente de absoluto respeto a la ley y a los derechos de terceros, absteniéndose de cualquier tipo de represalia, preservando en todo momento la paz pública y privilegiando el diálogo, la concertación  y la conciliación.

13. El tema del salario base será pactado en la siguiente sesión a realizarse el próximo 4 de junio en San Quintín. Los gobiernos Estatal y Federal, y las y los Senadores harán las gestiones pertinentes con los empresarios agrícolas para procurar que la propuesta se traduzca en un incremento lo más cercano posible, a la propuesta de la Alianza (doscientos pesos) y que sea retroactivo al 24 de mayo. El gobierno federal, en su caso, podrá aportar el diferencial para alcanzar la propuesta de la Alianza.2

El acuerdo salarial final —formalizado el 19 de agosto de 2015 entre 122 empresas— determinó que el pago mínimo sería de 150 pesos por día. Después de firmado éste, la atención mediática sobre San Quintín disminuyó radicalmente. Sin embargo, el órgano de investigación de este Senado documentó que las cosas mejoraron sólo parcialmente para los jornaleros.3

El más notable de los acuerdos cumplidos es el de la toma de nota a dos sindicatos de Jornaleros Agrícolas: uno, gestionado desde el entonces Distrito Federal e integrado por disidentes de la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social y, otro, integrado por la Alianza misma, al que se dio toma de nota en enero de 2016.

Entre los acuerdos incumplidos de manera soterrada están el de no tomar represalias contra quienes se movilizaron y aumentar sensiblemente el salario. Por lo menos se registraron dos demandas colectivas por despidos injustificados; se avisó que habría recortes de personal por la baja en la producción (sin necesidad de hacer explícito el cálculo económico que obligaba a tal situación); se documentaron despidos masivos y represalias contra jefes de cuadrilla que trataban bien a los jornaleros, el incremento de la cantidad de trabajo requerida (contada en surcos por día) para obtener el salario mínimo y el retiro —por parte de empresas como Los Pinos, Berrymex, Santa Mónica, Las Flores, Agrícola Colonet, AW Agrícola Baja y Berrybeg— de la posibilidad de obtener un bono de 30 pesos, es decir, del monto mismo del aumento conseguido tras el paro.

Más notorios entre los acuerdos incumplidos son los correspondientes a la puesta en marcha de 313 acciones de gobierno —que implicarían una inversión de 2 mil 70 millones de pesos y que fueron comprometidas el 18 septiembre de 2015 por Francisco Vega Lamadrid—4 anunciadas a favor del Valle de San Quintín de acuerdo con el punto 6 del documento firmado entre los jornaleros y las instancias de gobierno y que hasta el fin del año pasado no habían visto luz.5

Esta Soberanía no puede garantizar que las instancias correspondientes cumplan con los acuerdos a que se comprometieron, pero sí puede realizar una aportación a mejorar la situación del mencionado grupo vulnerable en el ámbito de sus atribuciones. Para ello, se hace necesario un examen de los problemas más urgentes de la población jornalera agrícola.

La rebelión de San Quintín no sólo hizo visible nacional e internacionalmente la situación que padecen los jornaleros agrícolas en dicho Valle. También contribuyó a hacer visible el conjunto de problemas que enfrentan los jornaleros del país y, más aún, todo el conjunto de trabajadores agropecuarios.

La Dirección de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez de este Senado de la República, documentó los problemas principales entre estos. Destaco de su minucioso estudio los siguientes

1) Bajo nivel de instrucción. De los jornaleros agrícolas —es decir, trabajadores agrícolas subordinados y remunerados mayores de 15 años — alrededor de 60% solamente cuenta con educación primaria o menos. Su promedio de escolaridad es de 6.8 años contra el 9.1 del promedio nacional.6El drama de esta situación se aprecia mejor si tomamos en cuenta sólo a los menores de 30 años, que representan el 40% del total. Estos “han vivido un período en el que la educación primaria se consideraba ‘prácticamente universal’ y la secundaria ya era obligatoria (desde1993)”. Aun así, concentran menores niveles de instrucción en comparación con los trabajadores subordinados y remunerados no agropecuarios: “el 60% cuenta solamente con educación primaria completa o menos, mientras que el 22% de los trabajadores de sectores no agropecuarios está en esa condición”.7 Se trata de una condición evidente de reproducción de la pobreza. ¿Cómo enfrentan la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional Para la Educación de los Adultos esta situación y cuáles son los avances al respecto?

2) Trabajo precario e incumplimiento de derechos laborales. Los jornaleros agrícolas son uno de los segmentos más pobres y explotados del país. Muy usualmente se violan sus derechos laborales. 80% de ellos carecen de contrato y de acceso a la seguridad social; lo que implica que no tienen ni tendrán derecho a pensiones, a cobertura en accidentes de trabajo o a protección de las familias en caso de accidentes fatales.8 Entre los trabajadores agropecuarios, los que trabajan sin contrato representan el 90%.

Según el estudio citado, pese a trabajar más de 8 horas diarias9, los jornaleros tienen ingresos muy magros. En materia de salarios 18% de jornaleros gana un salario mínimo, mientras entre los trabajadores no agropecuarios en promedio sólo 9% tiene ese ingreso. 67% gana dos salarios mínimos, mientras 41% lo hace entre los agropecuarios. Esto implicaría que por lo menos 187 mil jornaleros ganan menos de lo suficiente para estar por encima de la línea de bienestar, es decir, de lo que vale una canasta básica. Más grave es que algunos de los jornaleros sólo trabajan temporalmente, por lo que fuera de temporada agrícola pueden estar con menores ingresos o sin ingresos.

Los estudios y los informes oficiales10 coinciden en señalar que, además de las condiciones salariales, los jornaleros enfrentan otras dificultades como la falta de pago de tiempo extra, de protección indispensable contra agroquímicos, exposición al calor.

3) Malas condiciones de vida

Muchos de los jornaleros agrícolas viven hacinados en galeras o en “cuarterías”, como se llama a diminutos dormitorios apilados por decenas, además de carecer de servicios básicos. La Sedesol establece que las malas condiciones se expresan en una alta vulnerabilidad de los jornaleros y sus familias.

La mala condición de los trabajadores del campo no es producto de la mala fortuna, de las voluntades individuales de quienes se dedican a esas actividades y ni siquiera de malas leyes en la materia. La realidad es que las leyes que tenemos carecen de mecanismos para hacerse efectivas, de manera que los derechos no pueden hacerse efectivos.

No debe olvidarse que según la Ley Federal del Trabajo, los trabajos del campo exigen algunas normas adicionales establecidas en su artículo 283, tales como pagar los salarios en el lugar de trabajo y sin exceder una semana, suministrar habitaciones adecuadas e higiénicas que deberán mantener y reparar, dotar de agua potable y servicios sanitarios a los trabajadores durante su jornada así como de asistencia médica, medicamentos y material de curación. A los migrantes deberían pagarles el traslado y alimentación (artículo 28).

Cuando los patrones tengan a su servicio más de 100 trabajadores —lo que en el caso de los jornaleros debe ser muy común, dado que el 16% de las unidades contratan el 63%de la mano de obra— tendrán obligaciones adicionales como instalar una enfermería equipada (artículo 504).11

Por otra parte, a falta de contratos colectivos la Ley indica (artículo 25) que las condiciones de trabajo deben ponerse por escrito, incluyendo los datos del trabajador y el patrón (nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio), así como el servicio, el lugar donde se prestará, la duración de las jornadas y el monto del salario; no obstante la falta del escrito de condiciones no exentará al patrón de cumplir sus obligaciones.

De lo anterior se desprende que hay una distancia muy grande entre los derechos que tienen los trabajadores agrícolas, especialmente los jornaleros, y su cumplimiento, lo que hace patente la falta de capacidad de las autoridades pertinentes para garantizar el cumplimiento de los derechos, especialmente de dos tipos: los derechos asociados a la educación (punto 1) y los derechos asociados al trabajo (que derivan en lo detallado en los puntos 2 y 3).

En lo correspondiente a los derechos asociados a la educación, debe decirse que este Senado ya tramita una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Migración para adicionar la obligación de la SEP de generar una estrategia integral de atención a los hijos de jornaleros agrícolas migrantes.

El caso de los adultos, no obstante, está desatendido. En las reglas de operación 2016 del Instituto Nacional de Educación para los Adultos no se presentan disposiciones específicas para atender el evidente rezago de la población jornalera agrícola adulta y de la población agropecuaria en general.

En lo que corresponde a los derechos asociados al trabajo, hay algunos avances como el incremento en el número de inspecciones del gobierno federal en los centros de trabajo a partir de la puesta en marcha de operativo México con Trabajo Digno. Sin embargo, en materia de inspección, hace falta todavía compromiso del Gobierno Federal, como es evidente en que no se ha firmado el Convenio 129 de la Organización Internacional del Trabajo, concerniente a inspección laboral, por presunta incompatibilidad con nuestra legislación,12 la cual ya no se verificaría si tomamos en cuenta que la pasada reforma laboral incrementó las capacidades del gobierno en esa materia. La importancia de este Convenio es mayúscula, pues compromete a los Estados a poner en marcha un sistema de inspección del trabajo especializada en empresas agrícolas, lo que incluye a empresas o partes de ellas dedicadas a actividades del campo. Suscribirlo implicaría la publicación de informes de supervisión, de las violaciones identificadas y las sanciones aplicadas, así como la posibilidad de la verificación internacional. Todas son medidas necesarias a la luz de lo expuesto.

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta Soberanía el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las gestiones pertinentes para que nuestro país suscriba a la brevedad el Convenio No. 129 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de inspección del trabajo.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a que se aboquen a generar una estrategia integral para la atención del bajo nivel de instrucción y el rezago educativo de la población jornalera agrícola.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 29 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Alejandra Roldán Benítez.

1 “Ha iniciado el paro del proletariado agrícola del Valle de San Quintín, Baja California”, comunicado del Frente Popular Revolucionario,17 de marzo de 2015, consultado enhttps://frentepopular.wordpress.com/2015/03/17/ha-iniciado-el-paro-del-proletariado-agrico-del-valle-de-san-quintin-baja-california/

2 “Los 13 acuerdos entre jornaleros de San Quintín y autoridades”, Aristegui noticias, consultado en
http://aristeguinoticias.com/1405/mexico/los-13-acuerdos-entre-jornaleros-de-san-quintin-y-autoridades/

3 Rodolfo Ramírez Raymundo y Francisco Rodríguez Patrón, “Jornaleros Agrícolas. A un año de la rebelión de San Quintín”, Temas Estratégicos 29, México: Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, Febrero de 2016.

4 Boletín del Gobierno de Baja California, 14 de septiembre de 2015, consultado en
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/noticia_completa.jsp?noticia=26165

5 El norte, 16 de diciembre de 2015

6 Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto, INEGI, 2015

7 Rodolfo Ramírez Raymundo y Francisco Rodríguez Patrón, op. cit., p. 8

8 Los datos del estudio provienen de la consulta de microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del tercer trimestre de 2015.

9 Ibidem, pág. 9.

10 Entre varios otros pueden considerarse el “Hacia un perfil de los Jornaleros Agrícolas en México. Principales resultados de la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009”, México: Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas y Fundación Este País, 2010; “Diagnóstico del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas”, México: Secretaría de Desarrollo Social, 2010; “Nota de Actualización de población potencial y objetivo, Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas”, México: Secretaría de Desarrollo Social, 2011.

11 Rodolfo Ramírez y Francisco Rodríguez, op. cit., p. 14

12 Organización Internacional del Trabajo, Inspección del Trabajo. Volumen 3 de la Conferencia Internacional del Trabajo 95ª. Reunión. Informe, Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, 2006,P.117





 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que propone considerar la creación de una semana del activismo político y social en México en las instalaciones del Senado de la República. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDE DIVERSAS ACCIONES PARA RECONOCER EL ACTIVISMO POLÍTICO Y SOCIAL MEXICANO QUE HA APORTADO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LEGALIDAD EN MÉXICO, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El activismo político, para centrarnos en el concepto, y tomando un uso común en Internet, es un fenómeno relativamente reciente en la Historia Mundial ya que podemos decir que el mismo surge conscientemente en el siglo XIX con las primeras formas de protesta laboral. Este activismo se diferencia de otras formas de protesta como revueltas ya que supone cierta organización, planificación y un determinado objetivo que lograr, ya sea este simplemente visibilizar una situación o un descontento como también transformar la realidad de manera directa e inmediata. Hoy en día, el activismo está relacionado en gran parte con protestas de tipo político, medioambientales, sociales y culturales y el fenómeno se ha profundizado de manera importante a partir del desarrollo de la globalización. La globalización ha hecho que se transforme la sociedad y la cultura mundial así como también el medio ambiente y la forma de participación social por lo cual muchas veces el activismo actual se relaciona con protestas hacia formas globalizadas de hacer cultura, de destruir el espacio natural, etc. Existen muchas organizaciones sociales, políticas y culturales que se basan en el activismo como principal método de protesta. Algunas de ellas son las famosas ONG (organizaciones no gubernamentales) que son independientes de la política y que buscan transformar la realidad en espacios específicos, como por ejemplo, el medio ambiente, los derechos animales, los derechos del niño, de las mujeres, etc. Por otro lado, también los partidos políticos y las organizaciones sociales y populares recurren al activismo para protestar en contra de medidas que consideran desacertadas o para pedir por medidas que deberían aplicarse. En este último caso, es más común encontrar métodos de acción más violentos o de choque en lo que se refiere al activismo. Tomado de http://www.definicionabc.com/social/activismo.php

Este es un concepto básico que refiere el umbral de entornos por lo que se entiende el activismo político. Pero hay que agregar algunas consideraciones respecto a sus aportaciones. En la historia de México hay una fenomenología del activismo político. Ha aparecido y ha sido gestor de importantes transformaciones que luego son asimiladas por el sistema político, muchas veces después de un proceso de asimilación que la mayoría de las veces se decantó con represión, violencia, ocultamiento, hostigamiento político, persecución, mecánicas institucionales de olvido, hasta que la idea pugnada salta por fin al ámbito del debate social, al legal. Eso es lo que hay que rescatar, la penetración de las ideas de activistas políticos que catalizan temas del propio sistema político. Esto es muy parecido a un proceso mental de resistencia. El activismo político, en el momento que brota, es rechazado, general y terminantemente por el sistema y el entorno social. De hecho la irritabilidad del sistema, naturalmente conservador, tiende a criminalizar el activismo y a considerarlo, y hacerlo considerar persuasivamente, como un elemento de peligro que hay que extirpar. Hay demasiados ejemplos de ello en la historia del país. De hecho, entre los llamados héroes patrios se encuentran en sus orígenes activistas políticos que fueron considerados delincuentes contra los cuales se practicó una política de exclusión que en su momento prácticamente los exterminó. Hay muchos casos, demasiados en México. Tratando de conservar el nivel de abstracción se puede concluir que el activismo político es una figura de elementos críticos al sistema que el propio sistema no soporta. Tratemos de analizar un caso. El voto femenino en México fue eminentemente parte de un proceso mundial activista que concluyó incorporándolo al sistema político nacional. Ahora se celebra a los políticos que, a decir de los discursos, “otorgan”, el voto femenino, pero hay que tener en cuenta que el activismo que lo impulsó pasó por momentos muy difíciles, negativas, discriminaciones, señalamientos. Sin la colosal resistencia activista en pro del voto femenino no se hubiera vencido la resistencia del sistema a legalizar este derecho. Pensemos que en 1879, se celebró el Primer Congreso Obrero, convocado por el Gran Círculo de Obreros Libres donde núcleos importantes de mujeres formaron parte activa de las acciones de lucha contra la dictadura porfirista. De ese momento, que ya lleva parte de un proceso activista importante, hasta la declaración legal del voto femenino en México, el 17 de octubre de 1953, se dio un activismo precursor en nombre de mujeres reconocidas, ahora, en nombre de mujeres anónimas.

Esto es sólo un ejemplo de lo que el activismo político ha enfrentado y tiene que enfrentar. Maticemos: el activismo político tiene variantes, desde el que se da a plena luz hasta el clandestino, desde el pacífico al violento. Cierto, aunque nuestra referencia se concentra en la pugna de la idea por instalarse, ideas que las más de las veces también son víctimas de masacres por quienes las defienden.

2.- Hay una gran cantidad de análisis sobre este tema, su calidad motora, agente y, también, su experiencia de ser criminalizada. Veamos por ejemplo el texto académico llamado “Activismo mediático y criminalización dela protesta: medios y movimientos sociales en México” de Rovira-Sancho, Guiomar publicado en Convergencia. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Xochimilco en 2013. En este texto se sobreentiende que el activismo social, como se dijo, es susceptible de contextualizarlo en un campo de riesgo con el apoyo del entorno mediático. La solución es criminalizarlo. El resumen nos dice: La cualidad escénica de la protesta social la hace vulnerable a la omisión o a la tergiversación mediática. El recurso a la violencia que siempre seduce a las pantallas lleva a la criminalización y a la represión. En este artículo se reflexiona sobre las diversas reacciones de los movimientos sociales mexicanos recientes frente a la omisión mediática; se revisan algunos ejemplos de cómo los grandes medios criminalizan o tergiversan las protestas; y seanalizan algunas experiencias de comunicación alternativa de los movimientos sociales, todo ello a partir de las voces de quienes han participado activamente en estos procesos.

En este estudio abundan ejemplos como el del EZLN, un movimiento que fue estigmatizado, perseguido, después pretendida y paulatinamente incorporado como tema de agenda política a un sistema de acuerdos que aún no se cumplen y cuyo activismo aún sigue vigente. En algunos años al estudiar los procesos de la causa indígena se reconocerá abiertamente el activismo que se dio antes, durante y después del auge de la primera etapa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Lo veremos. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10524674002

3.- Ya es conocido que los activistas contemporáneos tienen una larga lista temática que va, desde estar contra la tauromaquia hasta la defensa de los derechos de los animales; de la defensa de la lactancia hasta los derechos del consumidor. De la defensa de los derechos de la comunidad LGBTTTI hasta organismos defensores de los derechos humanos. Es especialmente la comunidad activista de los derechos humanos la que actualmente sufre represiones. Tan sólo el artículo publicado por el Universal es un referente mediático: http:// www. eluniversal.com.mx/ articulo/periodismo-de-investigacion /2015/10/10/se-triplican agresiones-defensores-de-dh-ong del 10 de octubre del 2015 en donde ya se difundía que se triplicaron los ataques contra defensores de los derechos humanos

De hecho un grupo activista mexicano, el comité Cerezo suscribe en una de sus publicaciones: México se convirtió durante las últimas dos administraciones federales en un lugar hostil para el activismo y la prensa, que lejos de mejorar, empeoró al grado de que encarcelar a un defensor de derechos humanos y amenazar a un periodista es una práctica común entre los funcionarios públicos que nadie castiga. Durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto fueron detenidos arbitrariamente 669 defensores de los derechos humanos acusados por motín, ultrajes a la autoridad, homicidio y secuestro, dijo Francisco Cerezo, miembro del Comité Cerezo México. “Esto se va a ir incrementando porque es un mecanismo eficaz del Estado para inhibir la actividad de los defensores de derechos humanos en el país”, dijo. Cerezo planteó que el incremento de detenidos por fabricación de delitos despuntó durante la administración actual, pues durante todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se registraron mil casos. Si a este dato –dijo– se le suma que de 2008 a la fecha fueron ejecutados extraoficialmente 90 activistas defensores de derechos humanos a manos de funcionarios públicos, el panorama para el activismo en México es poco alentador. “Los defensores de derechos humanos están sufriendo amenazas, hostigamientos por la labor que están haciendo en México en su lucha en contra de megaproyectos y de las reformas estructurales. El Estado está generando un clima de criminalización para golpear, amenazar, para la ejecución extraoficial y desaparición forzada”, indicó.

Francisco Cerezo informó que –de acuerdo con los registros del Comité– personas vestidas de civil acuden con mayor frecuencia a los lugares de trabajo de los activistas para intimidarlos.

“Hay amenazas de muerte vía telefónica, vía correo electrónico, de manera verbal para que detengan el trabajo que está realizando”, explicó.

El defensor de derechos humanos detalló que los estados más peligrosos para ser activista en México son: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y el Distrito Federal.

“Lo que creemos es que se trata de una estrategia de Estado, más agresiva que durante el anterior sexenio: el nuevo gobierno no menciona la palabra guerra, ni combate, pero la amenaza para los defensores es peor”, agregó.

Para Alberto Patishtán Gómez, maestro indígena que estuvo preso por más de 13 años y que fue encarcelado cuando denunciaba la corrupción del Alcalde de El Bosque, Chiapas, la situación en México no es mejor que hace una década.

Los ataques hacia los activistas continúan y el encaramiento para detener la protesta social, se convirtió en uno de los mejores métodos para detenerlos, admitió.

“El caso de nuestros hermanos yaquis es muy similar al mío, a pesar de que pasaron años, sigue siendo la misma práctica de parte del gobierno. Ellos están encarcelados por defender su tierra, acusados de delitos que no cometieron, pero tenemos que seguir adelante, el gobierno siempre nos va a reprimir, pero no nos podemos detener”, dijo.

Entre enero y junio de 2014, según Artículo 19, ocurrieron 66 agresiones físicas, 28 amenazas y 17 acciones legales en las que el principal agresor, en un 43 por ciento, fue un funcionario público.

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/01-11-2014....

http://comitecerezo.org/spip.php?article1915

Este es un trabajo activista y es absolutamente pertinente tenerlo en consideración para la propuesta que queremos emitir.

Veamos un informe de una institución internacional difundido por CNN en 2013: Las agresiones que sufren periodistas y defensores de derechos humanos, y la impunidad en que permanecen esos ataques, prendieron una alerta en los países que evaluaron a México durante el Examen Periódico Universal, al ser éste el tema que más menciones tuvo en la sede del Consejo de Naciones Unidas de la ONU, en Ginebra este miércoles. Así, de los 89 países que participaron en el escrutinio a México, al menos 30 mencionaron su preocupación durante la intervención ya sea por los ataques, por la impunidad, por la vulnerabilidad o por las fallas en el Mecanismo de Protección, creado por ley el año pasado. Entre ellos Estados Unidos, Inglaterra y Francia pidieron fortalecer el mecanismo y erradicar la impunidad.

Algunas intervenciones de otros países sobre el tema fueron:

“El mecanismo de defensores y periodistas es un marco importante para la  protección de derechos humanos, Suiza recomienda que México garantice recursos económicos y contrate a todo el personal especializado para que funcione adecuadamente”, señaló la delegación anfitriona.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México ha reconocido que el 98% de las agresiones contra defensores y periodistas están impunes y a pesar de que existe una Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, sólo ha emitido una sentencia condenatoria por agresiones contra periodistas. Entre 2009 y 2012, 44 defensores fueron asesinados, 45 fueron desaparecidos y 309 fueron privados de la libertad. En 2010 se documentaron 139 agresiones contra periodistas y 21 medios de comunicación en 25 estados de la República, según datos documentados por la organización Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, presentados ante la ONU.

Ahora trasladémonos al drama que viven defensores ambientalistas. Hay una nota periodística que lo describe:

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) advierte que los ataques a personas defensoras del medio ambiente han aumentado 990% en algo menos de cinco años.

En su Segundo Informe Anual sobre Ataques a Personas Defensoras Ambientales, el CEMDA advierte que existe una “tendencia creciente” en las agresiones, ya que se pasó de 10 casos en 2010, a 16 en 2011; 23 en 2012; 82 en el periodo enero 2013-abril 2014; y a 109 durante el lapso mayo 2014-junio 2015. Esto es, un alza de 990% de enero de 2010 a junio de 2015.En total, el CEMDA ha documentado 240 agresiones a defensores ambientalistas desde 2010, de las cuales 191 (79.5%) se produjeron en apenas dos años y medio: entre enero de 2013 –un mes después de la llegada de Peña Nieto a Los Pinos- y junio de este 2015.

Por entidades, Sonora con 16 casos entre mayo 2014 y junio 2015 es el estado más peligroso para ejercer el activismo en defensa del medio ambiente y los recursos naturales.

Le sigue Oaxaca, con 13 casos y el Estado de México con 12; Guerrero, con nueve; y Chiapas, Chihuahua, Colima y Puebla, con ocho. En el Distrito Federal también se contabilizaron seis agresiones.

En cuanto al tipo de víctimas, el informe refiere que de los 109 ataques registrados entre mayo de 2014 y junio de 2015, 130 activistas fueron objeto de algún tipo de agresión –cabe tener en cuenta que en un ataque puede haber más de una víctima-. Además, se registraron 21 ataques dirigidos a la comunidad que se opuso a algún proyecto que pusiera en riesgo el medio ambiente de la zona; y 17 fueron contra organizaciones no gubernamentales.

Las amenazas personales, telefónicas o electrónicas, fueron los eventos más reiterados (75). Mientras que las agresiones físicas personales o en grupo (25), el enjuiciamiento arbitrario (19), las detenciones ilegales durante manifestaciones o en la vía pública (17), los asesinatos (11), la difamación hacia organizaciones civiles (3), así como el uso indebido de la fuerza pública (2), fueron otras de las agresiones más comunes.

Andrea Cerami, coordinador del área de derechos humanos del CEMDA, explicó durante la presentación del informe que los conflictos donde el tema central es el agua “han sido los más comunes” durante los últimos 15 meses (27 casos). Se trata de conflictos, subrayó, que involucran la explotación del agua, además de conflictos por el manejo público de este recurso e intentos de privatización y control por personas o entidades no autorizadas para este fin. En este sentido, Cerami recordó los “casos sobresalientes” del Acueducto Independencia, en Sonora, o la oposición de la ciudadanía a la municipalización del sistema de aguas en Coyotepec, Estado de México. Los conflictos con hidroeléctricas (16 casos), mineras (13), proyectos inmobiliarios (11), despojo de tierras (10), y con eólicas (8), son otros de los casos más comunes por los que se agrede a defensores.

4.- ¿Qué se pretende con volver a publicar, COMO ARGUMENTO, estas cifras? En primera instancia es que esta institución reconozca el valor intrínseco que posee que una ciudadana o un ciudadano, grupos ciudadanos, se arrojen, se entreguen a una empresa como es el activismo político para resarcir alguna injusticia cometida en su contra o contra su familia o grupo social o pensamiento personal y que no ha encontrado solución por las vías normales que ofrecen los gobiernos municipales, estatales o federales y, además se entreguen en una prospectiva de alto riesgo.

Segundo: Que el Senado de la República reconozca la inmensa aportación al sistema legislativo que posee el activismo político o social cuya insistencia ha logrado modificaciones legales sustanciales al sistema legal mexicano y el gran traslado de ideas surgidas en la legitimidad del activismo político o social a la legalidad.

Tercero: Considerar la creación de una semana del activismo político y social en México en las instalaciones del Senado de la República para compartir experiencias y análisis del activismo, así como para estudiar procesos de incorporación de ideas emanadas del activismo político y social como fuente de legitimidad que busca, también, el equilibrio de poderes, siendo el poder legislativo la vía idónea para procesos de incorporación de la legitimidad.

Cuarto: Extender el concepto de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación a el concepto de Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones contra Periodistas, Medios de Comunicación y Activistas políticos y sociales que se conduzcan por las vías legales y de derechos políticos de protesta.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República acuerda, mediante un reconocimiento, del papel que el activismo político y social mexicano ha aportado a la construcción de la legalidad en México, a considerar la creación de una semana del activismo político y social en México en las instalaciones del Senado de la República y a considerar ampliar el concepto de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones Contra Periodistas y Medios de Comunicación, al concepto de Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones Contra Periodistas, Medios de Comunicación y Activistas Políticos y Sociales Mexicanos que se conduzcan por las Vías Legales y de Derechos Políticos de Protesta.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 29 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.





 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a que considere elaborar una estrategia de sanción para usuarios de las redes sociales que agredan, acosen, amenacen o intimiden por motivos de discriminación sexual a las mujeres. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN (CONAPRED), A CONSIDERE ELABORAR UNA ESTRATEGIA DE SANCIÓN PARA USUARIOS DE LAS REDES SOCIALES QUE AGREDAN, ACOSEN, AMENACEN O INTIMIDEN POR MOTIVOS DE DISCRIMINACIÓN SEXUAL CONTRA LAS MUJERES, ASI COMO TENDER PUENTES CON LOS SISTEMAS DE LAS REDES SOCIALES PARA QUE EXISTA LA POSIBILIDAD DE CANALIZAR USUARIOS O INSTALACIONES DE DONDE PROVIENEN LAS ACCIONES NEGATIVAS DE ESTA NATURALEZA, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Desde hace años existe en países extranjeros una tendencia de ataque sexual público contundente. Visiblemente parece tratarse de juego entre hombres. Un grupo de jóvenes, en un acto concertado, “cazan” prácticamente a mujeres para practicar un despojo súbito de ropas, mientras otro graba el suceso y lo sube a las redes sociales. Eminentemente es un ataque sexual que tiene las características tradicionales de premeditación, alevosía y ventaja. Para el conocimiento de este pleno pongo a consideración este enlace que muestra delitos, se recomienda discreción: http://quedateaki.co/es/videos/video.php?cod=268 y http:// quedateaki. co/es/videos/ video.php? cod=262 que muestra la calidad y la naturaleza de los ataques en esos lugares.

Ahora en nuestro país ya un caso así ha llamado poderosamente la atención mediática. De hecho ya es un fenómeno en redes sociales que ha tomado características positivas y altamente negativas que revelan lamentablemente la dimensión que tiene la cultura de discriminación en nuestro país. Sucede que al caminar por una de las calles de la Colonia Condesa, la periodista Andrea Noel sufrió un ataque sexual de esta naturaleza descrita más arriba. No pondremos el enlace por respeto a la persona. En el video se muestra ya la composición de una investigación periodística con entrevista incluida. Después de este evento penoso, la mujer comenzó una historia que ha cobrado dimensiones de intimidación y amenazas desde las redes sociales. La nota periodística que apareció en Internet muestra ahora la reacción en redes sociales y la situación emocional de Andrea. Transcribo la nota de “Sin Embargo”.

http://www.sinembargo.mx/16-03-2016/1636267

“En la Ciudad de México hay una mujer que se siente totalmente vulnerable y amenazada: Andrea Noel, la joven reportera que fue agredida hace unos días en la Condesa y que a partir de su denuncia del agresor ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y en redes sociales, ha vivido un infierno que la llevó a temer por su vida, debido a que la han seguido hasta su casa para apuntarle a la cabeza con un láser.

El lunes en la noche, mientras escribía en su computadora, sintió la luz de un láser en su frente, se asomó por la ventana y vio un vehículo BMW blanco estacionado afuera con varias personas en su interior, una de ellas apuntándole a la cabeza .

Noel se agachó, llamó a la policía y nadie fue a auxiliarla, a pesar de que en la PGJDF le dijeron que los uniformados del sector estaban al tanto de su caso y en alerta. Ayer, mientras desayunaba en Coyoacán un usuario de Twitter le envió una amenaza de muerte y la advertencia de que sabía en donde estaba y que iban a ir a matarla, con la fotografía de su ubicación. Andrea se sintió aterrada.
“Con que una persona que hable en serio, porque hay personas desde ayer y hoy que están escribiéndome y esto me dejó pensando si debía apagar mis redes, callarme e irme del país, porque no valdría la pena quedarme para que me suceda algo mayor”, dijo Noel en esta entrevista con SinEmbargo.

Las amenazas de muerte y violación se cuentan por cientos, aseguró la joven, sin que hasta el momento ni la Procuraduría capitalina ni alguna de las instituciones protectoras de derechos humanos y de periodistas, active un protocolo de seguridad para brindarle protección.

“Mi preocupación mayor, encima del primer caso que es dar con el agresor, son las miles de amenazas de muerte, de violación que me están llegando por segundo; se salió complemente de control, hay gente publicando mi ubicación en Internet, fueron personas a mi casa, tuve que marcar a la policía como a las nueve de la noche e irme. Es algo que te hace pensar, igual y sí logran callarme”, dijo la joven.

Andrea, de origen estadounidense, está pensando seriamente en pedir ayuda a la Embajada de Estados Unidos en México, para salir lo más pronto del país y ponerse a salvo ante la falta de acción de las autoridades mexicanas y la violenta reacción de varios sectores de la sociedad en su contra, tras denunciar al agresor que le subió la falda y bajo su ropa interior en plena luz del día.

“Se ha ido incrementando. Primero fue el ataque de un solo individuo, luego respondió una fracción de la sociedad atacando, luego respondieron algunos medios atacando y ahorita estoy en shock”, expuso.

2.- Esta propuesta pretende enfocarse en ESPECÍFICAMENTE a los eventos reactivos contra Andrea Noel: cientos de ataques virtuales han llegado a las redes sociales que usa para amenazarla, para agredirla, para intimidarla, es decir, se abrió un arco de discriminación abiertamente permisible en las redes y que al parecer no tienen la mayor consecuencia, más que ser sancionado con las medidas de esas herramientas. El propósito de esta propuesta, por las experiencias negativas posteriores vividas después del suceso descrito, de Andrea Noel, es que pueda existir una canalización al Consejo Nacional para prevenir la Discriminación CONAPRED, Órgano del Estado creado para prevenir y eliminar la discriminación y garantizar el derecho a la igualdad que es el primero de los derechos fundamentales. El objetivo que, de ser localizadas las personas o las computadoras desde las cuales se emitió la agresión, sean sancionadas por la legislación en la materia. Hay que reconocer que este tipo de ataques son ya experiencias comunes en las redes sociales y que hay posibilidades de los usuarios para bloquear o pedir al servicio se sancione. Sin embargo, se pretende que las sanciones se desplacen a la vía penal para que se vaya creando una cultura de punibilidad en las redes sociales frente a la discriminación, acoso o ataque sexual.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), a considere elaborar una estrategia de sanción para usuarios de las redes sociales que agredan, acosen, amenacen o intimiden por motivos de discriminación sexual contra las mujeres, así como tender puentes con los sistemas de las redes sociales para que exista la posibilidad de canalizar usuarios o instalaciones de donde provienen las acciones negativas de esta naturaleza.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 29 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.





 

Asimismo, las efemérides inscritas en nuestra agenda del día de hoy se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

De las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI, sobre el "Día Mundial de la Tuberculosis".







 

De las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI, sobre el 191 aniversario de la instalación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.







 

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos”.

CONMEMORACIÓN DEL 25 DE MARZO
DÍA INTERNACIONAL DE RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS
DE LA ESCLAVITUD Y LA TRATA TRANSATLÁNTICA DE ESCLAVOS

Un pueblo no es independiente cuando ha sacudido las cadenas de sus amos, empieza a serlo cuando se ha arrancado de su ser los vicios de la vencida esclavitud, y para patria y vivir nuevos, alza e informa conceptos de la vida radicalmente opuestos a la costumbre de servilismo pasado, a las memorias de debilidad y de lisonja que las dominaciones despóticas usan como elementos de dominio sobre los pueblos esclavos”.

Durante más de 400 años, más de 15 millones de hombres, mujeres y niños fueron víctimas de la deplorable trata transatlántica de esclavos, uno de los capítulos más negros de la historia de la humanidad.

Cada año, el 25 de marzo, el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos ofrece la oportunidad de homenajear y recordar a aquellos que sufrieron y murieron a manos de este brutal sistema de esclavitud. El objetivo del Día Internacional también es generar conciencia sobre los peligros del racismo y los prejuicios en la actualidad.

Con el fin de homenajear de forma más permanente a las víctimas, se ha erigido un monumento en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, que se inauguró el 25 de marzo de 2015.

Se estima que un tercio de las aproximadamente 15 millones de personas que fueron deportadas de África a través de la trata transatlántica de esclavos eran mujeres. Las mujeres esclavizadas llevan una carga triple. Además de soportar las duras condiciones de trabajo forzoso, experimentaron las formas extremas de discriminación y explotación como consecuencia de su condición de género y el color de su piel.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 29 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Sonia Rocha Acosta

Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Sólo para rogar la generosidad de la Mesa Directiva, para que en la siguiente sesión el punto de Acuerdo que presentamos del grupo parlamentario sobre la campaña de Donald Trump, pueda ser atendida en tribuna.

Entiendo los momentos, los tiempos y las circunstancias. Ahí está ya en el Orden del Día.

Le ruego su generosidad, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tomo nota de la solicitud y el día de mañana, en la reunión de la Mesa Directiva, acordaremos lo conducente.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente sesión ordinaria el día de mañana miércoles 30 de marzo a las 11:00 horas.

Directorio

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