Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 27 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 14

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 10 de Marzo de 2016

SUMARIO                                              


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De los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Ernesto Cordero Arroyo, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Luis Sánchez Jiménez, José Francisco Yunes Zorrilla, Dolores Padierna Luna, César Octavio Pedroza Gaitán, Salvador Vega Casillas, Rosa Adriana Díaz Lizama, Fernando Yunes Márquez, Luz María Beristain Navarrete, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Mariana Gómez del Campo Gurza, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Fernando Enrique Mayans Canabal, Zoé Robledo Aburto y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza a implementar las medidas necesarias a efecto de desincorporar el predio denominado “La Gran Plaza” y poder ampliar y modernizar la aduana ubicada en Ciudad Acuña, Coahuila, logrando así detonar el crecimiento económico de la región. Se turna a la Comisión de Federalismo.
















 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

APERTURA

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: (11:48 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores Senadores.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 100 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Secretario. Se abre la sesión del jueves 10 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

 

En la Ciudad de México a las once horas con treinta y ocho minutos del día martes ocho de marzo de dos mil dieciséis, encontrándose presentes ochenta y cuatro ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del tres de marzo de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibió de las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández, Marcela Guerra Castillo y Graciela Ortiz González, el informe de su participación en la Audiencia Parlamentaria Anual en las Naciones Unidas de la Unión Interparlamentaria: “El problema mundial de las drogas: haciendo un balance y fortaleciendo la respuesta global”, realizada en Nueva York, los días 8 y 9 de febrero de 2016.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Marina y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el informe de las Visitas que el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, realizó al Reino de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Estado de Kuwait, Estado de Qatar y Davos-Klusters, Suiza, del 15 al 23 de enero de 2016.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Relaciones Exteriores, Europa.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficios con los que remite los siguientes instrumentos internacionales:

1. Acuerdo General de Cooperación en los Ámbitos Educativo, Cultural y Técnico entre los Estados Unidos Mexicanos y el Ejecutivo de la República de Angola, hecho en la ciudad de Luanda, Angola, el dieciocho de octubre de dos mil catorce.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, África; de Relaciones Exteriores; y de Educación.

2. Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, hecho en la Ciudad de México, el veintiséis de mayo de dos mil quince.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes.

3. Acuerdo de Cooperación y de Facilitación de las Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, hecho en la Ciudad de México, el veintiséis de mayo de dos mil quince.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.

4. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala para Eliminar la Doble Imposición en Materia de Impuesto sobre la Renta y para prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, el trece de marzo de dos mil quince.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.

5. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Haití para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, hecho en Cancún, Quintana Roo, México, el siete de mayo de dos mil quince.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.

6. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala sobre Cooperación para Combatir el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Precursores Químicos, Químicos Esenciales y Productos o Preparados que los contengan, sus Delitos Conexos, así como la Farmacodependencia, firmado en la Ciudad de México, el trece de marzo de dos mil quince.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia.

7. Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Organización de Estados del Caribe Oriental, firmado en la Ciudad de México, el once de septiembre de dos mil catorce.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Ciencia y Tecnología.

8. Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Islámica de Pakistán, firmado en la Ciudad de México, el once de marzo de dos mil quince.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Ciencia y Tecnología.

 

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

Se recibió del Banco de México, el informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre octubre-diciembre de 2015, así como la ejecución de la política monetaria durante dicho período.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones, su cuarto informe trimestral de actividades correspondiente al año 2015.- Se remitió a las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía y de Comunicaciones y Transportes.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se declara el año “2016, Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán”.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adicionan las fechas 16 de enero “Aniversario del nacimiento de Mariano Escobedo”, en 1826 al inciso a); y 22 de mayo “Aniversario de la muerte de Mariano Escobedo”, en 1902 al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, un acuerdo que exhorta a los titulares y funcionarios de primer nivel de los tres Poderes y de los organismos constitucionales autónomos, tanto de la Federación como de las entidades federativas, así como a los servidores públicos de mandos superiores, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y fiscal.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

El Presidente de la Mesa Directiva tomó protesta a la ciudadana Carmen Dorantes Martínez como Senadora de la República.

(Iniciativas)

El Senador Gerardo Sánchez García, a nombre propio y de los Senadores Manuel Cota Jiménez, Hilda Flores Escalera, Mely Romero Celis, Carlos Romero Deschamps, René Juárez Cisneros, Francisco Yunes Zorrilla y Luis Armando Melgar Bravo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 28 en su fracción IV de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y el artículo 585 fracción III del Código Federal de Procedimientos Civiles.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Marcela Torres Peimbert, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, a nombre propio y de los Senadores Miguel Barbosa Huerta, Ismael Hernández Deras, Ernesto Gándara Camou, Fernando Yunes Márquez y Zoé Robledo Aburto, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Hilda Flores Escalera, a nombre propio y de las Senadoras Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Hilaria Domínguez Arvizu, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 191 y 192 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto para reformar diversos artículos del Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Martha Tagle Martínez, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 9o. del Decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece Bases para su ejecución en México.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, con proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida del buque escuela ARm “Cuauhtémoc” (BE 01), para visitar diversos puertos como parte del crucero de instrucción “IBERO ATLÁNTICO 2016”, así como su participación en los eventos conmemorativos del año dual Alemania-México, en la regata “The Tall Ship Races 2016” en Amberes, Bélgica, y en el festival náutico de Brest 2016, en Brest, Francia, del 12 de marzo al 3 de octubre de 2016.- Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 78 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos correspondientes.

 

Se dio Primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, con proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de los buques ARM “Huasteco” (AMP 01) a los puertos de Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz, Veracruz; La Habana, Cuba; Cartagena de Indias, Colombia y Colón, Panamá; y ARM “Sonora” (PO 152) a los puertos de Acapulco, Guerrero, Puerto Vallarta, Jalisco; Ensenada, Baja California; Mazatlán, Sinaloa y San Diego California, Estados Unidos de América, para que realicen viajes de práctica del 14 de junio al 7 de julio de 2016 y del 28 de junio al 22 de julio de 2016, respectivamente.- Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Intervino la Senadora Gabriela Cuevas Barrón para presentar los dictámenes relativos a salida de buques y de elementos de la Armada de México. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 82 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos correspondientes.

 

Se dio Primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, con proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Armada de México para que participen fuera de los límites del país en el Ejercicio Multinacional “Cuenca del Pacífico” (RIMPAC-2016), que se llevará a cabo del 28 de junio al 5 de agosto de 2016, en dos áreas de operaciones de los Estados Unidos de América.- Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 81 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos correspondientes.

 

Se dio Primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, con proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, a fin de que participen en el Ejercicio Multinacional “TRADEWINDS 2016”, que se llevará a cabo del 16 al 30 de junio de 2016, en las costas de Jamaica.- Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 75 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos correspondientes.

(Dictamen a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las gestionas necesarias a fin de que el Poder Ejecutivo Federal celebre los Convenios C189, C181, C158, C097 y C143 de la Organización Internacional del Trabajo y que se remitan a esta Soberanía para su aprobación.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que los textos de las intervenciones de los Senadores Jesús Casillas Romero y Manuel Cota Jiménez, se insertarían en el Diario de los Debates. Intervinieron las Senadoras: Angélica de la Peña Gómez del PRD; María de los Ángeles Verónica González Rodríguez del PRD; y Gabriela Cuevas Barrón del PAN. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se modifica el similar aprobado el 23 de febrero pasado, relativo a la sesión solemne para la entrega del reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

La Senadora Hilda Flores Escalera, a nombre propio y de las Senadoras Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a fomentar políticas en favor de la igualdad de género.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

PRESIDE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades educativas y electorales a informar sobre la situación de las escuelas privadas de educación superior que no cuentan con el reconocimiento de validez oficial de estudios.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, a nombre propio y de los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Mario Delgado Carrillo, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno a promover e iniciar las gestiones necesarias para la expropiación del predio ubicado en Montes Apalaches de la tercera sección del Bosque de Chapultepec; asimismo, informe el grado de avance del plan maestro de rehabilitación de la segunda sección de dicho bosque y diseñe e implemente un plan maestro para la tercera sección del propio bosque de Chapultepec.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

(Excitativa)

Las Senadoras Martha Elena García Gómez, Yolanda de la Torre Valdez y Martha Tagle Martínez, remitieron solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal, recibido el 3 de septiembre de 2015.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 288 del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas Justicia y de Estudios Legislativos.

 

De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza y Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero y se adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo 70 de la Ley de Migración.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos.

 

De los Senadores Jesús Casillas Romero y Carlos Romero Deschamps, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 171 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos y Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 49, 50 y 54 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores Francisco Salvador López Brito, Martha Tagle Martínez, Mely Romero Celis, Mariana Gómez del Campo Gurza, Luisa María Calderón Hinojosa, María Elena Barrera Tapia, Andrea García García y Fernando Mayans Canabal, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reconsiderar y revertir el ajuste preventivo al Presupuesto de Egresos para 2016, recientemente aplicado al sector salud, debido a la intensificación de los brotes de influenza, zika, chikungunya, dengue, enfermedades metabólicas y trastornos crónicos degenerativos.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador de Campeche a instruir al titular de la Secretaría de Seguridad Pública para que garantice el ejercicio de los derechos consagrados en los artículos 6 y 9 de la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos a todos los campechanos y cese del hostigamiento a militantes y simpatizantes de Morena.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México a investigar la presunta participación de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública en la agresión de un joven en un bar de la colonia Roma; asimismo, a reforzar los mecanismos institucionales para el reclutamiento y selección de personal de la Secretaría de Seguridad Pública.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir diversos tratados y convenios internacionales sobre protección de los derechos de las y los trabajadores, a fin de ser aprobados a la brevedad.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a impulsar programas, estrategias y métodos para que el estrato de los jueces federales cuente con la formación adecuada en materia de derechos humanos, conforme a la reforma constitucional de junio de 2011.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar sobre el trámite dado a los artículos depositados por los pasajeros en los contenedores ubicados en los puntos de inspección de los aeropuertos, cuando se trata de aquéllos prohibidos para ser llevados en el equipaje de mano.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación y al Servicio de Administración Tributaria a realizar investigaciones e informes a partir de los hechos acontecidos en la aduana de Ciudad Juárez respecto a acoso sexual, corrupción y conflicto de interés.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete, Armando Ríos Piter, Silvia Guadalupe Garza Galván y Zoé Robledo Aburto, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a implementar acciones urgentes para aprovechar la posición de nuestro país denominada cinturón solar a través de producción de energías renovables.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a convocar a un foro nacional de diversos especialistas temáticos cuyo objetivo sea regular a las nuevas tecnologías como recurso en materia de políticas públicas y como recurso ciudadano de testimonio y prueba en materia de la actuación de los servidores públicos.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Morelos a solicitar a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del estado y a la Secretaría de la Contraloría llevar a cabo auditorías y acciones de vigilancia en la construcción del Centro Cultural Museo Juan Soriano, a fin de garantizar mayor control y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y la calidad de la obra arquitectónica.- Se turnó a la Comisión de Cultura.

 

De los Senadores César Octavio Pedroza Gaitán, Mely Romero Celis y Ma. del Rocío Pineda Gochi, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a proveer las medidas necesarias para el fortalecimiento del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, al tiempo de valorar la reanudación de la relación con el Foro de Federaciones, como instancia internacional especializada en el desarrollo de la gobernanza en países con vocación federalista.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Municipal.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a destinar los recursos disponibles en sus fideicomisos públicos, entre ellos el de pensiones complementarias, para pagar los gastos que actualmente se cubren con recursos del Presupuesto de Egresos, como lo recomienda la Auditoría Superior de la Federación.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de la República a cesar las descalificaciones a los organismos internacionales; en particular al informe “Situación de Derechos Humanos en México” publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 2 de marzo del año en curso.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la decisión de la Secretaría de Salud de autorizar en el último trimestre de 2015, veintisiete nuevos medicamentos para tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Angélica Araujo Lara y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de Acuerdo que exhorta a informar sobre el desempeño de los representantes de México que presiden comisiones, comités y grupos de trabajo en organismos internacionales.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

De los Senadores Dolores Padierna Luna, Rabindranath Salazar Solorio, Alejandro Encinas Rodríguez, Raúl Morón Orozco, Luz María Beristain Navarrete, Luis Humberto Fernández Fuentes, Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Piter, Mario Delgado Carrillo, Iris Vianey Mendoza Mendoza y Alejandra Roldan Benítez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de la Dirección General de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de Energía para informar respecto de los ajustes anunciados por la empresa productiva del estado el 29 de febrero de 2016.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Angélica Araujo Lara y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal un informe sobre los objetivos, naturaleza, alcances, modalidades y desarrollo de las actividades, número y estatus de elementos militares y civiles mexicanos en las operaciones para el mantenimiento de la paz en que se haya desplegado o se tenga previsto desplegar personal militar.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a liquidar los adeudos por prestación de servicios con empresas hoteleras, contratados por la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal en cumplimiento al "Operativo Conjunto" y "Operativo Guerrero Seguro".- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Procuraduría Federal del Consumidor a implementar acciones para sancionar y, en su caso, clausurar los establecimientos comerciales y tiendas departamentales que realicen el cobro de comisiones o recargos que aumenten en un porcentaje el valor total de la compra o servicio cuando su pago se realice con tarjeta de crédito o de débito.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a informar sobre las causas que fundaron y motivaron la decisión de remover únicamente a tres consejeros electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas por las violaciones a la norma electoral, cometidas durante el proceso electoral de 2015.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

(Efemérides)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Martha Tagle Martínez, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Eficiencia Energética.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con catorce minutos y citó a sesión solemne, este mismo día, a las diecisiete horas, para la entrega del reconocimiento “Elvia Carrillo”; y a sesión ordinaria el próximo jueves diez de marzo, a las once horas.

Fin de la Sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Secretario.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: También de la Cámara de Diputados, se recibió un oficio por el que informa la modificación en la integración de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese a la Junta de Coordinación Política.

Pasamos al siguiente asunto.





 

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Asimismo, de la Colegisladora se recibió un Acuerdo que en su resolutivo Cuarto exhorta al Congreso Federal a apresurar su trabajo legislativo a fin de contar con un marco jurídico de protección social que asegure a las y los trabajadores domésticos una remuneración digna, prestaciones sociales justas y condiciones de trabajo seguras.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Remítase a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.





 

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 130, 132 INCISOS D) Y E) Y 134, NUMERAL 1 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias. Con su permiso, señor Presidente.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha tenido grandes transformaciones a partir de su creación; ejemplo de lo anterior se observa a través de las más de 600 reformas que lleva nuestra Carta Magna. Sin lugar a dudas, la reforma de 2012 mediante la cual se creó la figura de la iniciativa ciudadana, fue un logro para que la ciudadanía pudiera ser escuchada, ya que implicó cambios en la forma unilateral en la que se lleva a cabo el proceso de toma de decisiones.

Con el paso del tiempo y por razones económicas, políticas y sociales, aparecieron en el contexto de la política mexicana diversas figuras que se exigían se les tomara en cuenta en el proceso de toma de decisiones en el país. “Entre 1982 y 2009 las áreas administrativa, económica, política, social y judicial de la organización del Estado sufrieron importantes modificaciones, en este periodo se introdujeron alrededor de 267 reformas constitucionales”.

Sin embargo, aún con los cambios hechos a la Carta Manga y los esfuerzos realizados en pro de la democracia, las encuestas realizadas por la Corporación Latinobarómetro revelan que el porcentaje de los mexicanos que confiaban mucho en las instituciones políticas es del 17 por ciento, inferior al promedio en la región del 21 por ciento en el 2009. En el estudio realizado por la misma institución en 2013, solamente el 37 por ciento de la población apoyaba la democracia, perdiendo de esta manera 13 puntos porcentuales con respecto al promedio 1995-2013; además, México se encuentra dentro de los países más insatisfechos con la democracia. Así, podemos observar que el Estado ha perdido, hasta cierto punto, la capacidad de cumplir con una de sus funciones principales, que es la representación y la atención de los intereses colectivos.

Es importante recordar que el artículo 39 de nuestra Carta Magna señala que la soberanía nacional reside en el pueblo y que todo poder público emana del pueblo y se instituye en beneficio de éste; sin embargo, no fue hasta el año 2012 que se incorporó en la Constitución el derecho para los ciudadanos de iniciar leyes o decretos, específicamente en el artículo 71, fracción IV.

Con lo anterior se logró que exista la posibilidad de una mayor participación ciudadana en los temas de interés nacional. Dejando atrás la antigua forma de democracia representativa para evolucionar a una democracia más participativa, que desde la perspectiva de Maurice Duverger, consiste en una colaboración entre los ciudadanos y sus representantes.

El derecho y la participación ciudadana están progresando y es necesario que la legislación avance con ellos para permitir así, que los intereses del pueblo sean cubiertos y atendidos de manera eficiente: “La participación es indispensable para integrar la representación de las sociedades democráticas a través de los votos, pero una vez constituidos los órganos de gobierno, la participación se convierte en el medio privilegiado de la llamada sociedad civil para hacerse presente en la toma de decisiones políticas”.

El artículo 71 constitucional señala que a quién compete iniciar leyes y en su fracción IV establece que pueden iniciarlas los ciudadanos en un número equivalente a por lo menos el 0.13 por ciento del listado nominal de electores, en los términos que señala en las leyes”; por su parte, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala la forma en que el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados o Senadores, según sea el caso, verificará que se reúnan los requisitos para poder considerarse una iniciativa ciudadana y que una vez cerciorado de su cumplimento se le dará el trámite legislativo ordinario.

La presente iniciativa tiene como objetivo que las iniciativas ciudadanas se les dé un trámite legislativo preferente, tal y como ocurre con las iniciativas que el Ejecutivo Federal presenta al Congreso de la Unión con tal carácter y las cuales son discutidas de manera prioritaria a través de un proceso legislativo expedito por contar con plazos fijos para su aprobación.

Lo anterior es así ya que el Presidente de la República puede presentar dos iniciativas preferentes o señalar dos que hubiere presentado en periodos anteriores y que se encuentren pendientes de dictamen. El carácter preferente obliga a las Cámaras a discutir las iniciativas dentro del plazo improrrogable de 30 días naturales después de su presentación; asimismo, otorga plazos más expeditos para la emisión de opiniones y elimina la posibilidad de que las iniciativas sean mandadas a lo que comúnmente llamamos como “la congeladora”.

Las iniciativas ciudadanas deben de tener el carácter de preferente en su discusión, ya que las mismas son el resultado de un esfuerzo ciudadano, cuya voz debe estar blindada contra la posibilidad de que ni siquiera sean discutidas y principalmente porque dichas iniciativas manifiestan la voluntad y necesidades del pueblo.

Se busca con esta reforma incitar a los particulares, a las asociaciones civiles y a la sociedad en general, a involucrarse y hacer valer los instrumentos de participación ciudadana con los que cuentan y obligar a las Cámaras a que una vez que se haya acreditado las iniciativas ciudadanas cumplen con los requisitos de ley sean forzosamente discutidas.

Lo anterior es así ya que parece absurdo que únicamente sea el titular del Poder Ejecutivo Federal quien cuente con la exclusiva atribución de presentar iniciativas preferentes, siendo que una iniciativa ciudadana viene apoyada con un mínimo de 106,561 firmas debidamente acompañadas con la clave de elector de cada firmante, lo que en la opinión de la suscrita es causa suficiente para que la demanda popular que contiene la iniciativa ciudadana sea escuchada y discutida de forma inmediata por el Congreso de la Unión.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 130, 132 inciso d) y e) y 134 , numeral I de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Señoras y señores Senadores: Solicito su apoyo para esta noble iniciativa y que la iniciativa ciudadana sea tratada como preferente por venir respaldada con miles de firmas y por ser nuestra obligación atender dichas iniciativa ciudadanas y dictaminarlas de inmediato.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, A EFECTO DE QUE LAS INICIATIVAS CIUDADANAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY, SE LES DÉ EL TRÁMITE LEGISLATIVO CON CARÁCTER DE PREFERENTE EN LUGAR DEL ORDINARIO, con arreglo en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha tenido grandes transformaciones a partir de su creación; ejemplo de lo anterior se observa a través de las más de 600 reformas que lleva nuestra Carta Magna. Sin lugar a dudas, la reforma de 2012 mediante la cual se creó la figura de la Iniciativa ciudadana fue un logro para que la ciudadanía pudiera ser escuchada, ya que implicó cambios en la forma unilateral en la que se llevaba a cabo el proceso de toma de decisiones.

Con el paso del tiempo y por razones económicas, política y sociales, aparecieron en el contexto de la política mexicana diversas figuras que exigían se les tomara en cuenta en el proceso de toma de decisiones del país.“Entre 1982 y 2009 las áreas administrativa, económica, política, social y judicial de organización del Estado sufrieron importantes modificaciones -en ese periodo se introdujeron alrededor de 267 reformas constitucionales-“ (Loaeza, 2010).

Sin embargo, aún con los cambios hechos a la Carta Magna y los esfuerzos realizados en pro de la democracia, las encuestas realizadas por la Corporación Latinbarómetro revelan que el porcentaje de los mexicanos que confiaban mucho en las instituciones políticas es del 17%, inferior al promedio en la región 21%, en 20091. En el estudio realizado por la misma institución en 2013, solamente el 37% de la población apoyaba la democracia, perdiendo de esta manera 13 puntos porcentuales con respecto al promedio 1995-2013; además, México se encuentra dentro de los países más insatisfechos con la democracia2. Así, podemos observar que el Estado ha perdido hasta cierto punto la capacidad de cumplir con una de sus funciones principales que es la de la representación y atención de los intereses colectivos.

Es importante recordar que el artículo 39 de nuestra Carta Magna señala que la soberanía nacional reside en el pueblo y que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Sin embargo no fue hasta 2012 que se incorporó enla Constitución el derecho para los ciudadanos de iniciar leyes o decretos, específicamente en el artículo 71, fracción IV.

Con lo anterior se logró que exista la posibilidad de una mayor participación ciudadana en los temas de interés nacional. Dejando atrás la antigua forma de democracia representativa para evolucionar a una democracia participativa, que desde la perspectiva de Maurice Duverger, consiste en una colaboración entre los ciudadanos y sus representantes (Duverger, 1980).

El derecho y la participación ciudadana están progresando y es necesario que la legislación avance con ellos para permitir así, que los intereses del pueblo sean cubiertos y atendidos de manera eficiente:“ La participación es indispensable para integrar la representación de las sociedades democráticas a través de los votos, pero una vez constituidos los órganos de gobierno, la participación se convierte en el medio privilegiado de la llamada sociedad civil para hacerse presente en la toma de decisiones políticas” (Merino).

El artículo 71 señala a quién compete iniciar leyes y en su fracción IV establece que pueden iniciarlas “los ciudadanos en un número equivalente a por lo menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes”; Por su parte, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala la forma en que el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados o Senadores, según sea el caso, verificará que se reúnan los requisitos para poder considerarse una iniciativa ciudadana y que una vez cerciorado de su cumplimento se le dará el trámite legislativo ordinario.

La presente iniciativa tiene como objetivo que las iniciativas ciudadanas se les dé un trámite legislativo preferente, tal y como ocurre con las iniciativas que el ejecutivo federal presenta al Congreso de la Unión con tal carácter y las cuales son discutidas de manera prioritaria a través de un proceso legislativo expedito por contar con plazos fijos para su aprobación.

Lo anterior es así ya que el Presidente de la República puede presentar dos iniciativas preferentes o señalar dos que hubiere presentado en periodos anteriores y que se encuentren pendientes de dictamen. El carácter preferente obliga a las Cámaras a discutirlas iniciativas dentro del plazo improrrogable de treinta días naturales después de su presentación; asimismo, otorga plazos más expeditos para la emisión de opiniones y elimina la posibilidad de que las iniciativas sean mandadas a lo que comúnmente conocemos como “la congeladora”.

Las iniciativas ciudadanas deben tener el carácter de preferente en su discusión, ya que las mismas son el resultado de un esfuerzo ciudadano, cuya voz debe estar blindada contra la posibilidad de que ni siquiera sean discutidas y principalmente porque dichas iniciativas manifiestan la voluntad y necesidades del pueblo.

Se busca con esta reforma incitar a los particulares, las asociaciones civiles y a la sociedad en general a involucrarse y hacer valer los instrumentos de participación ciudadana con los que cuentan y obligar a las Cámaras a que una vez que hayan acreditado que las iniciativas ciudadanas cumplen con los requisitos de ley sean forzosamente discutidas.

Lo anterior es así ya que parece absurdo que únicamente sea el titular del Poder Ejecutivo Federal quien cuente con la exclusiva atribución de presentar iniciativas preferentes, siendo que una iniciativa ciudadana viene apoyada con un mínimo de 106,561 firmas debidamente acompañadas con la clave de elector de cada firmante, lo que en la opinión de la suscrita es causa suficiente para que la demanda popular que contiene la iniciativa ciudadana sea escuchada y discutida de forma inmediata por el Congreso de la Unión.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 130; 132 INCISO d) y e) y 134 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, para quedar como sigue:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 130, 132 incisos d) y e) y 134, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 130. ...

1 a 2. ...

3. Las iniciativas ciudadanas seguirán el procedimiento legislativo preferente dispuesto por esta Ley y los reglamentos de cada Cámara, una vez que la autoridad electoral comunique el cumplimiento del requisito señalado en el numeral 1.

Artículo 132.

1. ...

a) a c) ...

d) En el supuesto que se verifique el cumplimiento del porcentaje señalado en el inciso a), el Presidente de la Mesa Directiva, turnará la iniciativa a comisión para su análisis y dictamen; y seguirá el proceso legislativo preferente.

e) En caso de que la iniciativa ciudadana sea aprobada por la Cámara de origen, pasará a la Cámara revisora, a efecto de que siga el procedimiento legislativo, conforme a lo dispuesto por el artículo 71, penúltimo párrafo,de la Constitución.

Artículo 134.

1. La iniciativa preferente es aquella que es sometida al Congreso de la Unión por el Presidente de la República, o señalada con tal carácter de entre las que hubiere presentado en periodos anteriores y estén pendientes de dictamen, o las presentadas por los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores.

2. …

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión realizarán las adecuaciones necesarias a sus respectivos reglamentos, derivadas del presente decreto en un plazo no mayor a 120 días contados a partir de su entrada en vigor.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 10 de marzo de 2016.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 Latinbarómetro, C. (2009). Informe 2009. Santiago de Chile: Corporación Latinbarómetro.

2 Latinbarómetro, C. (2013). Informe 2013. Santiago de chile: Corporación Latinbarómetro.

Bibliografía
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (s.f.).
Duverger, M. (1980). Instituciones políticas y Derecho Constitucional. México: Ariel.
Latinbarómetro, C. (2009). Informe 2009. Santiago de Chile: Corporación Latinbarómetro.
Latinbarómetro, C. (2013). Informe 2013. Santiago de chile: Corporación Latinbarómetro.
Loaeza, S. (2010). LA METAMORFOSIS DEL ESTADO: DEL JACOBINISMO CENTRALIZADOR A LA FRAGMENTACIÓN DEMOCRÁTICA. En S. Loaeza, & Jean-François, Los Grandes Problemas de México: Instituciones y Procesos Políticos. México: El Colegio de México.
Merino, M. (s.f.). La Participación Ciudadana en la Democracia. . México: Instituto Federal Electoral.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Garza Galván. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la Universidad de Guanajuato, invitados por el Senador Miguel Ángel Chico Herrera, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta Asamblea.

¡Sean ustedes bienvenidos!





 

Tiene el uso de la palabra la Senadora María Cristina Díaz Salazar, para presentar a nombre propio y de diversas Senadoras, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el mes de abril de cada año como el “Mes para la Prevención del Embarazo en Adolescentes”.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL MES DE ABRIL DE CADA AÑO COMO EL “MES PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES”

(Presentada por la Senadora María Cristina Díaz Salazar, a nombre propio y de las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez, Mely Romero Celis y María Elena Barrera Tapia)

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

El día de hoy nos encontramos en los medios de comunicación con una noticia que ha venido siendo recurrente de un tema muy alarmante, el aumento de 400 mil embarazos al año en adolescentes en nuestro país.

En México, el Consejo Nacional de Población, CONAPO, estima que actualmente existe 22.4 millones de mujeres y hombres adolescentes entre los 10 y 19 años de edad.

La dimensión del problema en nuestro país ha atraído la atención internacional, al grado de que en el informe “Maternidad en la Niñez” del Fondo de Población de las Naciones Unidas, se indica que México ocupa el primer lugar de embarazos en adolescentes entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE.

De acuerdo a este Fondo de Población de las Naciones Unidas, el embarazo en adolescentes constituye uno de los desafíos más importantes en lo que se refiere a la salud sexual y reproductiva; y señala que factores como la violencia, las barreras de acceso a los servicios, al igual que información y consejería, aunado a la falta o a la deficiencia de los programas de educación sexual integral y la transmisión intergeneracional de la pobreza contribuyen directamente a este problema.

El embarazo en adolescentes genera una serie de consecuencias adversas en muy diversos ámbitos de su vida: pone en riesgo su vida y afecta su salud, educación, proyecto de vida, relaciones sociales y culturales, así como su economía, entre otros aspectos.

Con datos de la Organización Mundial de la Salud, las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre mujeres de 15 a 19 años en todo el mundo. Además, cada año se practican unos 3 millones de abortos peligrosos entre mujeres de 15 a 19 años, lo que contribuye a la mortalidad materna y a problemas de salud prolongados.

La propia Organización Mundial de la Salud enfatiza que los embarazos prematuros aumentan el riesgo tanto para las madres como para los recién nacidos. En los países de ingresos bajos y medianos, los bebés de madres menores de 20 años se enfrentan a un riesgo de un 50 por ciento superior de mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida que los bebés de mujeres de 20 a 29 años. Cuanto más joven sea la madre, mayor el riesgo para el bebé. Además, los recién nacidos de madres adolescentes tienen una mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer, con el consiguiente riesgo de efectos a largo plazo.

Por si lo antes descrito no fuera suficiente para causar preocupación, la maternidad y la paternidad en adolescentes propician o refuerzan una serie de condiciones de vulnerabilidad asociadas a la falta de preparación para esta nueva responsabilidad, lo cual se refleja negativamente en los hijos de los adolescentes impidiendo un desarrollo normal.

De acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, nuestro país está obligado a asegurar que los programas y las actitudes de los proveedores de servicio de salud no limiten el acceso de adolescentes y jóvenes a los servicios apropiados y a la información que necesiten.

Estos servicios deben salvaguardar los derechos de los adolescentes a la intimidad, la confidencialidad, el respeto y el consentimiento libre e informado.

De hecho, en 2011 la Organización Mundial de la Salud publicó junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas unas directrices sobre la prevención de los embarazos precoces y la reducción de los resultados negativos para la reproducción. Las directrices contienen recomendaciones sobre las medidas que los países podrían adoptar, con seis objetivos principales:

Primero, reducir el número de matrimonios antes de los 18 años.

Segundo, fomentar la comprensión y el apoyo a fin de reducir el número de embarazos antes de los 20 años.

Tercero, aumentar el uso de anticonceptivos por parte de los adolescentes a fin de evitar el riesgo de embarazo involuntario.

Cuarto, reducir las relaciones sexuales forzadas entre los adolescentes.

Quinto, reducir los abortos peligrosos entre los adolescentes.

Sexto, incrementar el uso de servicios especializados de atención prenatal, en el parto y postnatal por parte de las adolescentes.

Ante el grave problema del embarazo en adolescentes y consciente de la responsabilidad que tiene el Estado mexicano para prevenirlo, el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, puso en marcha en el mes enero de 2015 la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, cuyo objetivo es que en el 2030 se haya reducido a la mitad la tasa actual de fecundidad entre las adolescentes mexicanas de 15 a 19 años de edad y que el embarazo de las menores de 15 años se haya erradicado por completo. Cabe destacar que dicha estrategia se diseñó con la participación de los jóvenes y tiene como eje principal impulsar su proyecto de vida.

Coincidimos puntualmente con la Estrategia Nacional en el sentido de que un problema tan complejo como el embarazo en adolescentes requiere de acciones rutinarias, pero también de actividades intensas.

Consideramos que la mayor importancia de señalar un mes para que se lleven a cabo acciones intensivas de prevención al embarazo en adolescentes en todo el país y, en congruencia, con lo que señala la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

Por lo cual, someto a esta Soberanía lo siguiente:

Artículo Único.- El Honorable Congreso de la Unión declara el mes de abril de cada año como el “Mes para la Prevención del Embarazo en Adolescentes”.

Durante dicho mes intensificarán en todo país actividades de prevención del embarazo adolescente, con énfasis pero no limitadas a los municipios que presenten las mayores tasas de embarazo en adolescentes.

Los convoco a todos ustedes a que hagamos conciencia de este grave problema social.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

Las que suscriben, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, HILDA ESTELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, ERIKA AYALA RÍOS, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, MELY ROMERO CELIS y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL MES DE ABRIL DE CADA AÑO COMO EL “MES PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que, si bien desde 1990 se ha registrado un descenso considerable aunque irregular en las tasas de natalidad entre las adolescentes, todavía cerca del 11% aproximadamente de todos los nacimientos en el mundo se producen entre mujeres de 15 a 19 años.

En las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014 se indica que la tasa media de natalidad mundial entre las adolescentes de 15 a 19 años es de 49 por 1000. Las tasas nacionales oscilan de 1 a 299 nacimientos por 1000 mujeres jóvenes.

En ese sentido, la OMS señala al embarazo en la adolescencia como un grave problema de Salud Pública que sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen a la mortalidad materna e infantil y al círculo de enfermedad y pobreza.

En México, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) estima que actualmente  existen 22.4 millones de mujeres y hombres adolescentes entre los 10 y 19 años de edad.

CONAPO ha señalado que el embarazo en adolescentes cobra cada vez mayor importancia, entre otras razones, porque la disminución de la fecundidad en adolescentes es menor que en otros grupos de edad, tanto por el aumento en el porcentaje de la población adolescente que ha sido alguna vez sexualmente activa, como por su bajo uso de anticonceptivos: solamente 37.6% de las adolescentes empleó un método en su primera relación sexual y 45% usó uno en la última.

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT), la proporción de población de 12a 19 años que ha iniciado su vida sexual pasó de 15% en 2006 a 23% en 2012. A nivel nacional, de acuerdo con datos demográficos de 2009, la edad promedio del inicio de la vida sexual es de 16 años.

En un contexto como el que se describe el porcentaje de nacimientos en madres adolescentes aumentó de 15.6% a 18.7% entre 2003 y 2012.

La dimensión del problema en nuestro país ha atraído la atención internacional, al grado de que en el Informe “Maternidad en la niñez” del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) se indica que México ocupa el primer lugar de embarazos adolescentes entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con UNFPA, el embarazo adolescente constituye uno de los desafíos más importantes en lo que se refiere a salud sexual y reproductiva. Y señala que factores como la violencia, las barreras de acceso a los servicios, al igual que a información y consejería, aunado a la falta o a la deficiencia de los programas de educación sexual integral y la transmisión intergeneracional de la pobreza contribuyen directamente a este problema.

El embarazo en adolescentes genera una serie de consecuencias adversas en muy diversos ámbitos de su vida: pone en riesgo su vida y afecta su salud, educación, proyecto de vida, relaciones sociales y culturales, así como su economía, entre otros aspectos.

De conformidad con datos de la OMS las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre mujeres de 15 a 19 años en todo el mundo. Además, cada año se practican unos 3 millones de abortos peligrosos entre mujeres de 15 a 19 años, lo que contribuye a la mortalidad materna y a problemas de salud prolongados.

La propia OMS enfatiza en que los embarazos prematuros aumentan el riesgo tanto para las madres como para los recién nacidos. En los países de ingresos bajos y medianos, los bebés de madres menores de 20 años se enfrentan a un riesgo un 50% superior de mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida que los bebés de mujeres de 20 a 29 años. Cuanto más joven sea la madre, mayor el riesgo para el bebé. Además, los recién nacidos de madres adolescentes tienen una mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer, con el consiguiente riesgo de efectos a largo plazo.

Por si lo antes descrito no fuera suficiente para causar preocupación, la maternidad y la paternidad adolescentes propician o refuerzan una serie de condiciones de vulnerabilidad asociadas a la falta de preparación para esta nueva responsabilidad, las cuales se reflejan negativamente en los hijos e hijas de las y los adolescentes impidiendo su desarrollo normal.

Es por ello que, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, nuestro país está obligado a asegurar que los programas y las actitudes de los proveedores de servicios de salud no limiten el acceso de adolescentes y jóvenes a los servicios apropiados y a la información que necesiten. Esos servicios deben salvaguardar los derechos de los adolescentes a la intimidad, la confidencialidad, el respeto y el consentimiento libre e informado.

De hecho, en 2011 la OMS publicó junto con UNFPA unas directrices sobre la prevención de los embarazos precoces y la reducción de los resultados negativos para la reproducción. Las directrices contienen recomendaciones sobre las medidas que los países podrían adoptar, con seis objetivos principales:

• Reducir el número de matrimonios antes de los 18 años;

• Fomentar la comprensión y el apoyo a fin de reducir el número de embarazos antes de los 20 años;

• Aumentar el uso de anticonceptivos por parte de las adolescentes a fin de evitar el riesgo de embarazo involuntario;

• Reducir las relaciones sexuales forzadas entre las adolescentes;

• Reducir los abortos peligrosos entre las adolescentes;

• Incrementar el uso de servicios especializados de atención prenatal, en el parto y posnatal por parte de las adolescentes.
Ante el grave problema del embarazo adolescente y consciente de la responsabilidad que tiene el Estado Mexicano para prevenirlo, el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, puso en marcha el mes de enero de 2015 la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, cuyo objetivo es que en 2030 se haya reducido a la mitad la tasa actual de fecundidad entre las adolescentes mexicanas de 15 a 19 años de edad y que el embarazo en las menores de 15 años se haya erradicado por completo. Cabe destacar que dicha estrategia se diseñó con la participación de los jóvenes y tiene como eje principal impulsar su proyecto de vida.

La Estrategia Nacional contempla objetivos específicos tales como: promover el desarrollo humano y las oportunidades de las y los adolescentes; crear un entorno que favorezca decisiones libres y acertadas sobre su proyecto de vida y el ejercicio de su sexualidad; incrementar la oferta y la calidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva, así como una educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos, de gestión pública o privada. Un componente de primera importancia para el éxito de la Estrategia es focalizar acciones intensivas en los municipios que presentan las mayores tasas de embarazo adolescente.

Coincidimos puntualmente con la Estrategia Nacional en el sentido de que un problema tan complejo como el embarazo adolescente requiere de acciones rutinarias, pero también de actividades intensivas.

Es por ello que consideramos de la mayor importancia el señalar un mes para que se lleven a cabo acciones intensivas de prevención al embarazo adolescente en todo el país, en congruencia con lo que señala la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos al Pleno de esta Soberanía el siguiente:

DECRETO

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el mes de abril de cada año como el “Mes para la Prevención del Embarazo en Adolescentes”.

Durante dicho mes intensificarán en todo el país actividades de prevención del embarazo adolescente, con énfasis pero no limitadas a los municipios que presentan las mayores tasas de embarazo adolescente.

Todas las dependencias e instancias, tanto Federales como Estatales y municipales, involucradas en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes participarán en las actividades a las que se refiere este artículo en el ámbito de sus respectivas competencias.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 10 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Erika Ayala Ríos.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. Mely Romero Celis.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora Díaz Salazar. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, para presentar a nombre propio y del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 230 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

(Presentada por el Senador Zoé Robledo Aburto, a nombre propio y del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias. Con su aquiescencia, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Yo quiero decir, reiterar de manera permanente la multiculturalidad de nuestro país, nuestra condición de ser una nación de muchas naciones se expresa y se manifiesta siempre de una manera muy contundente con nuestra condición plurilingüistica. Sin embargo, desafortunadamente, está visión no ha permeado en el pensamiento ni de la Cámara de Senadores, ni la de Diputados y, en realidad, de nadie en la clase política.

Sería mucho más fácil que yo pronunciará este discurso en inglés y que me entendieran, a que si lo pronunciara en náhuatl, en chol, en tzeltal, en tojolabal.

Porque les hemos dado la espalda a una de las características que nos hacen una nación rica, distinta, diversa, porque hemos aceptado la uniformidad y la hegemonía cultural de otras partes del mundo.

Esa discriminación que ha sufrido constantemente el pueblo indígena mexicano, los diversos pueblos indígenas de nuestro país, se ve reflejado en el hecho de que en un país con 12 por ciento de población indígena, está Cámara tenga un 0 por ciento de representantes indígenas.

Ha permeado nuestro pensamiento la idea de que tenemos una sola lengua, que tenemos una sola forma de entender el mundo, y no solamente en ese recorrido hemos discriminado a los indígenas de su situación social y política, sino que además hemos suprimido de nuestro pensamiento, no solamente su cultura, sino la noción de que existe una cultura indígena que es ajena y distinta a la cultura mestiza que hemos adoptado como un ente uniformador nacional.

Como prueba de esto, hace unos meses, cuando aprobamos aquí en el Senado de la República una Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, se soslayó por completo la riqueza cultural de nuestro país.

En el artículo 230 de esta ley, que seguramente todos lo recuerdan porque todos estuvieron muy involucrados en su discusión y aprobación, se planteaba que las transmisiones de concesionarios debían de hacer uso del idioma nacional y no de enunciados más abajo, de ese mismo párrafo del artículo 230, se planteaba, en caso y lo cito textualmente: “En caso de que las transmisiones sean en idioma extranjero, deberá utilizarse el subtitulaje o la traducción respectiva al español”.

Aquí la pregunta es recurrente: ¿Cuál es el idioma nacional?, ¿por qué únicamente se refiere al español?

El artículo 6 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece lo siguiente: “El Estado adoptará e instrumentará las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la Nación Mexicana”.

Yo me pregunto, ¿qué pasa con las 364 variantes lingüísticas originarias del país?, ¿dónde quedan las 68 agrupaciones lingüísticas?, ¿las 11 familias lingüísticas indoamericanas?, ¿qué hay de las aportaciones culturales lingüísticas que han hecho los pueblos indígenas de México?, ¿por qué continuamos con esta visión aplanadora del poscolonialismo?

Esta visión que quiere homogeneizar, uniformar, absolutamente todo, acabar con todo lo distinto y que considera de manera tan marginal a una parte que es tan poco marginal de nuestra cultura y de nuestra cosmovisión como mexicanos.

¿Qué creen? Que a pesar de nuestras omisiones, nuestros errores, para algunos no pasaron desapercibidos. No a todos les pareció que era normal que una redacción deficiente y mal estructurada de la ley acabara con la riqueza cultural de nuestro país.

Lo que hoy vengo a presentarles es el primer llamado de atención sobre todas y cada una de las reformas estructurales que hemos aprobado en el Senado. Es la primera enmienda que nos hace otro poder a una mala ley, a una ley que tenía errores vacíos y deficiencias, y lo hizo la Suprema Corte de Justicia. Entonces ahí sí, compañeras y compañeros, pues se amuelan, no tienen de otra, van a tener que reconocerlo y aceptarlo.

Una ley maltrecha que empezaba a minar y acabar con el derecho de los pueblos indígenas a utilizar sus lenguas y su cultura con libertad, a pesar de esta idea de uniformidad y que ponía en el derecho esta intención, pues tuvo un freno, tuvo una conciencia crítica distinta a la de este Senado de la República.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace algunos días apenas, resolvió un amparo promovido por Mardonio Carballo, que enmendaba la ley que nosotros diseñamos y aprobamos. La enmienda de esa grave omisión legislativa, declaró inconstitucional la redacción de la ley.

Es sorprendente, de verdad, la falta de atención que tiene este Senado de la República a que una ley que aprobamos nosotros sea llamada inconstitucional, porque pensamos que a partir del voto disciplinado, en algunos casos o pensamos que en el momento en el que levantamos la mano o ponemos el dedo para aprobar una ley, ahí acaba nuestro trabajo.

Pues no, señoras y señores, ahí no acaba nuestro trabajo y la Corte nos lo está demostrando.

De verdad, qué poca falta de atención le expone que nos hayan enmendado la plana, que nos hayan dicho que hicimos las cosas mal y que lo dijo el Poder Judicial.

Es claro que el Legislativo mexicano no es infalible, es claro que a los errores que aquí se cometieron, a pesar de que se señalaron por distintas bancadas, hayan pasado de largo y que hayan tenido freno en otro poder constituido.

Muchas de las reformas, de las leyes que se han aprobado aquí, incluso de las reformas a la Constitución, lo hemos dicho, contenían graves errores, pues tendrá que ser otra vez la Corte, como con este tipo de amparos, como el de Mardonio Carballo, que demuestre quién tenía la razón.

El caso de esta resolución de la Suprema Corte nos tiene que llevar un momento de reflexión y de humildad, a que aceptemos de que no todo lo que hacemos es perfecto, que al igual que hemos cometido aciertos, también ha habido redacciones que agravian a parte de la población de nuestro país.

En ese sentido, la iniciativa que hoy presento es muy simple, es intentar salvar la cara, es intentar obedecer una opinión de la Corte que no es opinable, es acatable y ya.

Lo único que estamos haciendo es adoptando los criterios de la Suprema Corte de Justicia para que sean enmendados en esta Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión. Es una forma también de traer la diversidad cultural y lingüística de México a esta tribuna.

Es muy probable que más del 50 por ciento de los casi 7,000 idiomas que se hablan en el mundo desaparezcan en unas cuantas generaciones. Y los veo poco preocupados al respecto.

Es muy probable que el 96 por ciento de estas lenguas corresponda a las habladas por el 4 por ciento de la población; 4 por ciento de la población que es representada por el 12 por ciento de nuestro país y que también ellos entienden que tienen cierta representación política en este Senado.

Acostumbrados, como estamos a elaborar leyes y a veces se nos olvida lo delicado de nuestro trabajo, porque una ley mal redactada puede tener consecuencias que no tienen marcha atrás como la desaparición de una lengua originaria.

Lo mismo que ha sucedido en el caso de esta ley puede aplicarse a muchas otras aquí mismo elaboradas, y de las cuales muchas veces hacemos caso omiso a la crítica.

Por eso, pues si cerramos la boca, por lo menos abramos los ojos y sepamos lo que   está haciendo la Suprema Corte de Justicia con el trabajo de este Senado de la República.

Quisiera, señor Presidente, solicitarle y con cierta preocupación, la extensión del turno de esta iniciativa a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, es una iniciativa que atiende la parte de radiodifusión de la ley, no de telecomunicaciones, y nuevamente, porque ya pareciera recurrente de la Mesa Directiva, se decide no turnar a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía que a final de cuentas fue la dictaminadora de esta ley, enmienda esta ley.

Y por favor, ojalá pongan más atención a los turnos, porque es la tercera vez que no se incorpora a mi comisión, la comisión que presido, y eso debería agraviar a todos sus integrantes por algún acomodo que yo desconozco.

Entonces, le solicito se dé por enterado y nos dé una respuesta sobre la ampliación de turno de dictamen, no de opinión, a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

Reitero, comisión dictaminadora de la ley que está planteándose, se modifique.

Muchas gracias, compañeras y compañeros, y como dicen allá en Huixtán: “lajka-chaix”. Que significa en chol: “empecemos ya”.

Gracias, señor Presidente.
Iniciativa

Los suscritos, ZOÉ ROBLEDO ABURTO y MARIO DELGADO CARRILLO, Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que nos confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169, 171, fracción I y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 230 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Pensar en la importancia del lenguaje, es pensar que este surgió como la necesidad biológica de expresarse con un otro, por la necesidad irreprimible que tiene el ser humano de pensar y comunicarse.

Pero también, es pensar en que es una encarnación viva e indispensable de la historia, las visiones del mundo, las imágenes y las pasiones de un pueblo.

Por lo que no reconocer y valorar nuestra propia riqueza lingüística, es poner una cortina a todo lo que nos integra como nación. Puesto que de las lenguas que denominamos indígenas, resaltan costumbres, historias y enseñanzas que han, a lo largo de los años, integrado todo aquello que hoy llamamos México.

De las 364 variantes lingüísticas existentes en México y que corresponden a 68 agrupaciones lingüísticas derivadas de 11 familias lingüísticas indoamericanas, que según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas conforman la riqueza plurilingüística de las lenguas indígenas de nuestro país1, se desprende un legado milenario que México como nación ha dado a toda la humanidad, el cual es de un valor incalculable. Además, representa las diversas cosmovisiones de un país, que ha sufrido distintas metamorfosis a lo largo de 500 años, al relatar las formas tan diversas del pensar y del ser del indígena.

Pero reconocer su supervivencia no es suficiente, en tanto que no se respete su importancia como elemento de cohesión social y riqueza educativa. Puesto que ceñirnos a pensar en la supremacía de una lengua (que consideramos general), solo ha provocado un acotamiento del pensamiento, dado que hemos instaurado una sola forma de ver y entender el mundo. Limitando así nuestro campo de saber y nuestra posibilidad de generar consenso, olvidando que “sin el lenguaje no habría habido entre los hombres ni república, ni sociedad, ni contrato, ni paz” (Thomas Hobbes).

Pero la imposibilidad del reconocimiento pareciera ser en su mayoría práctica y en una menor medida teórica/reglamentaria; puesto que el artículo 2º de nuestra Constitución está dedicado a consagrar una serie de derechos fundamentales de los pueblos indígenas, y establece en tal sentido en su apartado A, fracción IV, el derecho a “preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad”.

Además nuestro país se ha caracterizado por ser proponente o firmante de distintos tratados internacional, que velan por el reconocimiento plurilingüístico, entre los que destaca el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual fue signado y ratificado por el Estado Mexicano, y que establece en su artículo 27 que:
“En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.”2

Así mismo nuestra carta magna, reconoce la pluriculturalidad de nuestro país, y en tal sentido consagra el derecho de los pueblos indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas originarias. Además, tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales establecen claramente que el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.

Derivado de este avance técnico, así como de una constante presión de organizaciones de defensa de los derechos indígenas (los Acuerdo de San Andrés en 1996, por ejemplo). Fue expedida la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, con el objeto de “regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas”.  

Esta Ley establece en su artículo 4º que tanto el castellano o español como las lenguas indígenas son todas lenguas “nacionales”.

Además, en el artículo 6º se establece que el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para que los medios masivos de comunicación reflejen la realidad plurilicultural de nuestro país:

“Artículo 6. El Estado adoptará e instrumentará las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la Nación Mexicana. Además, destinará un porcentaje del tiempo que dispone en los medios de comunicación masiva concesionados, de acuerdo a la legislación aplicable, para la emisión de programas en las diversas lenguas nacionales habladas en sus áreas de cobertura, y de programas culturales en los que se promueva la literatura, tradiciones orales y el uso de las lenguas indígenas nacionales de las diversas regiones del país.”

Es en este tenor que la legislación nacional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que el 14 de julio de 2014 se publicara por el decreto por el que se expidió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, misma que entrara en vigor el 13 de agosto de 2014;no debe privilegiar la difusión de la lengua castellana por encima de las lenguas indígenas en los medios masivos de comunicación, y menos aún considerar que el castellano es “el idioma nacional”, lo que contraviene los principios constitucionales y los tratados internacionales antes considerados.

Pero como fue expresado anteriormente la imposibilidad del reconocimiento pareciera ser en su mayoría práctica y en una menor medida teórica/reglamentaria. Ejemplo de esta innecesaria ambigüedad entre norma y accionar, es el caso de la solicitud de amparo y protección de la justicia federal mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. Ello, en contra del primer párrafo del artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión:

“Artículo 230. En sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso del idioma nacional. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente las concesiones de uso social indígena hagan uso de la lengua del pueblo originario que corresponda. (…)”

El quejoso manifestó solicitar el amparo en ejercicio de sus derechos individuales y de los derechos colectivos de las comunidades indígenas. Luego, invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los reconocidos en los artículos 1, 2, 6 y 7 de la Constitución, 1, 12, 13 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 de su Protocolo Adicional, 19, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 28 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Este ejemplo representa, en buena medida el día a día de muchos individuos que integran las distintas comunidades indígenas en nuestro país y el cómo, constantemente uno de sus derechos se encuentran subyugado ya sea por una mala interpretación de la ley, una omisión de ella o una falta de especificación de la misma.

Es en este tenor que propongo se modifique el ya citado artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la finalidad de combatir una de las múltiples barreras que nos impiden la real convergencia de cosmovisiones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara el siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 230 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para quedar como sigue:

Artículo 230. En sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso de un idioma o lengua nacional en términos de la legislación aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de que las concesiones de uso social indígena harán uso preferente de la lengua del pueblo originario que corresponda.

En caso de que las transmisiones sean en idioma extranjero, deberá utilizarse el subtitulaje o la traducción respectiva al españolu otra lengua nacional. En casos excepcionales, la Secretaría de Gobernación podrá autorizar el uso de idiomas extranjeros sin subtitulaje o traducción de conformidad con las disposiciones reglamentarias.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, el 10 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto.- Sen. Mario Delgado Carrillo.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Robledo Aburto.

Ahora que están de moda los vientos y por esta petición tan airada que hace el Senador, túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos.

Obsequiado, Senador.

1 Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Diario Oficial de la Federación, 23 de febrero de 2016, http://www.inali.gob.mx/pdf/CLIN_completo.pdf

2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966, tomado el 23 de febrero de 2016, de: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx





 

Tiene la palabra la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma al artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, así como el artículo 19 de la Ley de Migración.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 18-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE MIGRACIÓN

(Presentada por la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Gracias, señor Presidente. Muy buenos días a todas y a todos.

Esta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, así como el artículo 19 de la Ley de Migración, es derivada de la crisis migratoria que a nivel mundial, México no puede quedarse en la excepción.

Nuestros juegos migratorios en el país se han venido incrementando de manera considerada año tras año y el presupuesto destinado a las instancias dedicadas a atender a este sector de la población han sido rebasadas, razón por la cual es importante fortalecerlas y es el caso de nuestro propio Instituto Nacional de Migración, al cual lo dictaminó el Instituto Politécnico Nacional hace ya algunos meses en un estudio muy interesante y muy elaborado, que diagnosticó la necesidad de atender los tres puntos fundamentales que se requieren dentro del propio: Capacitación, certificación al personal y sus procesos.

2.- Redistribución del recurso que se recauda en el Instituto Nacional de Migración.

3.- La necesidad de eficientar su operación administrativa a través de la transformación de ser un órgano desconcentrado a un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Gobernación.

En este mismo sentido, es por lo que hoy presento esta iniciativa de reforma al artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos con el objeto de modificar una distribución justa, equitativa e igualitaria, en la cual ambos entes de gobierno reciban el 50 por ciento de sus derechos; ya que a la fecha se distribuye el 80 por ciento de este derecho de  visitante para realizar actividades remuneradas al Consejo de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo y tan sólo el 20 por ciento es destinado al Instituto Nacional de Migración.

En la medida que el instituto cuente con más herramientas necesarias y suficientes para atender a los visitantes que ingresan al país, se generará mayor turismo al mismo incrementando la recaudación por este derecho.

En ese sentido es fácil observar que el número de visitantes se incrementa año tras año. Esto por la calidad de los servicios turísticos de nuestro país, incrementando las aerolíneas y el número de llegadas a los aeropuertos internacionales de nuestro país, tal es el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que ha incrementado el número de vuelos que aterrizaban en sus pistas, y se incrementará el corto tiempo de trayecto, y con esto mayor recaudación al país de manera directa e indirecta.

Por lo anteriormente expuesto, se propone la reforma siguiente al artículo 18-A:

“Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción 1 del artículo So. de la presente Ley, referente a los Visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinarán en un 50% al Instituto Nacional de Migración para mejorar los serv1c1os que en materia migratoria proporciona; y en un 50% al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país, el cual transferirá el 10% al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país.

Los demás ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos establecidos en esta Sección, serán destinados a programas de capacitación, modernización tecnológica, equipamiento e infraestructura para mejorar el control migratorio, las instalaciones, equipos, mobiliario, sistemas y la calidad integral de los servicios y programas que dependen del Instituto Nacional de Migración.

Para efectos de lo establecido en el párrafo que antecede, también serán considerados los ingresos obtenidos por el Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas sin fines turísticos.

Los ingresos que se destinen al Fondo Nacional de Fomento al Turismo de conformidad con el primer párrafo de este artículo podrán ser utilizados para pago de adeudos generados con motivo de los financiamientos contratados para las inversiones en infraestructura a que se refiere dicho párrafo.

El Artículo 19. El Instituto es un órgano administrativo descentralizado de la Secretaría, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida la misma Secretaría.

Sería todo compañeros, en torno a esta iniciativa de modificación a los artículos 18-A y 19. Y quisiera solamente profundizar un poco más en el tema, diciéndoles que en los últimos meses, por poner un ejemplo real, la aerolínea Air France cambió su flota que comúnmente llegaba a nuestro país por un avión mucho más grande, y por ende con más pasajeros.

Decirles que en el horario en que llega este vuelo a México, llegan todos los vuelos destino de Europa.

La infraestructura con que hoy cuenta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y con la infraestructura que se cuenta con la red nacional en el control migratorio es insuficiente para responder ante un fenómeno que quisiera separarlo, diciéndoles, es un fenómeno de control, es una migración controlada que se tiene que atender y que se tiene que tener una base de datos y generar esa base de datos.

No estamos contemplando aquí la migración no controlada, con la cual el propio Instituto Nacional de Migración no cuenta con una infraestructura, ni tampoco con una plantilla de personal para poder responder a semejante fenómeno.

Los números en el último reporte de 2015, y lo que va de este año, se han disparado considerablemente.

Me parece que es importante considerar esta modificación y ojalá que podamos mitigar esta necesidad que el propio horario requiere, en beneficio de nuestro propio país, en un control migratorio ordenado y también en una promoción y en una justificación de nuestro gran baluarte en sección turística, en una Secretaría que ha ido creciendo y que ha ido desarrollando en México.

Es cuanto.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora Guevara Espinoza. Túrnese a la Cámara de Diputados.





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Mely Romero Celis, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 84 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V BIS AL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por la Senadora Mely Romero Celis, a nombre propio y de los Senadores Roberto Armando Albores Gleason, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Ricardo Barroso Agramont, Jesús Casillas Romero, Margarita Flores Sánchez, Ernesto Gándara Camou, Lisbeth Hernández Lecona y María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Mely Romero Celis: Gracias, señor Presidente.

La presente iniciativa que suscribimos un grupo de Senadores del Partido Revolucionario Institucional, tiene como objetivo, en primer término, cumplir con la legislación internacional y con la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el principio de interés superior de la niñez.

En segundo lugar, el objetivo es establecer en términos de la ley correspondiente al Instituto Mexicano del Seguro Social, otorgar atención obstétrica, prenatal y postnatal a un grupo de jovencitas y de madres que están hasta este momento siendo excluidas del servicio.

Lo relevante de la iniciativa tiene que ver con el hecho de que la misma Constitución establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. También de todas las garantías para la protección misma de estos derechos.

Además establece que será obligación del Estado mexicano interpretar estos derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia y además se obliga a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con ciertos principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es decir, en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Los niños, las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, de salud, que es el caso que nos ocupa. Y este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Ésta es una cita de la misma Constitución.

Además, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que se debe brindar protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria.

Se debe atender a los niños, antes que a las personas adultas en todos los servicios, pero en igualdad de condiciones, y se tiene que considerar el diseño y ejecución de políticas públicas necesarias para la protección más amplia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

La Declaración de los Derechos del Niño, también establece lo siguiente: El niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento.

El niño debe gozar de los beneficios de seguridad social, incluyendo atención prenatal y postnatal.

En el articulado de la Convención sobre los Derechos del Niño se señala: “Que todas las medidas concernientes que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social; los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deben tener como consideración primordial que se atienda el interés superior del niño y deben adoptarse, pues, todas las medidas administrativas y legislativas para garantizarlo”.

Es decir, todos estos son fundamentos muy importantes y relevantes que sustentan el por qué es importante plantear la siguiente modificación.

Agrego, además, que la misma Norma Oficial Mexicana para la Atención a la Salud, señala que las mujeres, claro, deben recibir cinco consultas prenatales, pero el mismo INEGI señala que hay un creciente número de mujeres jóvenes en estado de embarazo que no reciben, ni siquiera la primera atención o consulta prenatal, no digamos las cinco, ni siquiera la primera que es fundamental para cuidar la salud, tanto de la madre como del bebé.

Por sí mismo, esto es lamentable porque, dado que mediante una atención adecuada es posible prevenir, detectar y corregir diversas patologías del binomio madre e hijo.

Si consideramos las complicaciones propiamente físicas que pueden incorporarse, tenemos que valorar que las madres adolescentes pueden padecer o están propensas a padecer depresión en el curso del embarazo, que podría inducirlas al suicidio o al intento de suicidio, siendo ésta la segunda causa de muerte después de los accidentes en los adolescentes.

Agregamos. Situaciones de deserción escolar, entre otras circunstancias, que pueden vivir las madres adolescentes.

También es importante señalar que precisamente van en aumento el número de jovencitas que se encuentran en una situación de embarazo en nuestro país, ya desde el año 2000 hacia la fecha, hay una tendencia hacia la alza.

Ahora bien, la legislación establece que el gobierno mexicano cuenta con ciertas instancias para proveer los servicios de salud, como lo es la misma Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es decir, la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE.

Entre sus obligaciones, por supuesto, se encuentran los servicios obstétricos, a las madres en general y a las madres menores de edad.

Sin embargo, en el IMSS se considera su régimen como obligatorio el seguro de enfermedades y maternidad; y en el ISSSTE, el seguro que corresponde de atención médica curativa y de maternidad.

Ahora en el IMSS sólo se proporciona a los hijos de los derechohabientes hasta la edad de 16 años.

Mientras que en el ISSSTE se proporciona a los hijos de derechohabientes hasta cumplida la mayoría de edad.

Si el Estado mexicano está obligado a velar y cumplir el principio de interés superior de la niñez, considerada ésta, pues, hasta los 18 años de edad, entonces, lo ideal sería que se proporcione, tanto al nonato como a la madre el servicio médico, más aún cuando ésta, es decir, cuando la madre por sí misma es considerada una niña y requiere de atención prenatal y postnatal, tanto la madre como el hijo.

Los embarazos adolescentes constituyen un problema de salud pública, así lo señalan autoridades en la materia, y requieren de manera indispensable atenciones médicas adecuadas.

Existe una asimetría en la prestación del servicio de maternidad entre el ISSSTE y el IMSS, porque en el Seguro Social solamente se les puede atender a las niñas, hijas de derechohabiente hasta los 16 años.

Los proponentes consideramos que es importante evitar o eliminar esta limitación y garantizar, pues, la atención médica, tanto a la jovencita que es menor de edad, como a su hijo, para que pueda tener su salud cuidada, resguardada desde el momento en que se determina el embarazo hasta que ya el bebé esté en condiciones saludables.

Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que proponemos el siguiente proyecto de Decreto para adicionar la fracción V Bis al artículo 84 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 84. Quedan amparados por este seguro:

I a V…

V Bis. Las hijas del asegurado o pensionado, solteras en estado de gravidez que dependan económicamente de éstos, tendrán derecho a atención obstétrica hasta el cumplimiento de la mayoría de edad.

Este sería un avance muy importante para garantizar a nuestras niñas, a nuestras mujeres jóvenes este derecho constitucional, sobre todo cuando tienen esta condición tan particular, y pudiendo ser muy delicada de gravidez.

Es cuanto, señor Presidente.
Iniciativa

Los que suscriben, MELY ROMEO CELIS, ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, RICARDO BARROSO AGRAMONT, JESÚS CASILLAS ROMERO, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, ERNESTO GÁNDARA CAMOU, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA y MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, todos Senadores de la República por la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, 76, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2, y 169, numeral 1, éstos últimos del Reglamento del Senado de la República; sometemos a la consideración de esta Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN V BIS A LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN MATERIA DE ATENCIÓN OBSTÉTRICA A HIJAS DE ASEGURADOS O PENSIONADOS HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LA MAYORÍA DE EDAD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; de igual manera, establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, y la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. A su vez, en el artículo cuarto se consigna el derecho de toda persona a la protección de la salud, y que:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud (…). Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

En la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sustentada en el párrafo sexto del artículo cuarto constitucional, se establecen como principios rectores de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el del interés superior de la infancia; el de la no discriminación; el de igualdad sustantiva; entre otros. Asimismo, dicha ley establece, en cuanto al derecho de prioridad, a que se:

“Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria.

Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios, en igualdad de condiciones, y

Se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos”.

Por otra parte, y a efecto de precisar el concepto:“interés superior de la niñez”, se aclara que el mismo se entiende como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible1.

A su vez, en términos de la legislación internacional referente a la niñez, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, define como niños a las personas hasta antes de cumplir los 18 años, por lo que en todos los criterios y recomendaciones para los niños que haga o declare, se da por hecho que quedan comprendidas las personas menores de esa edad. En nuestro país, en concordancia con la legislación internacional, se marca la línea de la niñez hasta los 18 años no cumplidos2; así, las personas menores de esta edad quedan bajo el amparo de los Derechos del Niño declarados por la Convención.

En el preámbulo de la “Declaración de los Derechos del Niño”, se considera que:

“…el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento.

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. (…) incluso atención prenatal y postnatal…”.

En el articulado de la Convención se señala, entre otras cosas, que:

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención...

La Convención de los Derechos del Niño constituye, en los hechos, el primer tratado de carácter internacional de cumplimiento forzoso, en materia de derechos humanos de los menores de edad. Al firmarlo, los países adquieren la obligación de cumplir con el contenido de sus 54 artículos; por nuestra parte, México suscribió este tratado en septiembre de 1989, siendo ratificado por el Senado en septiembre de 1990con lo que, de acuerdo al artículo 133 de la CPEUM, se convirtió en ley suprema del país obligándose así a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención, garantizando en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño; a adoptar las medidas apropiadas para reducir la mortalidad infantil y en la niñez; a asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, y a asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres.

Es precisamente en el subrayado del párrafo precedente: “asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres”, sobre el que se inserta la relevancia y motivación de la presente iniciativa, toda vez que una creciente cantidad de las niñas y adolescentes mexicanas que han sido madres o están en proceso de serlo sin contar con los cuidados requeridos, ven vulnerados sus derechos tutelados por la propia Constitución y los tratados internacionales, al no proveérseles los cuidados prenatales y postnatales a los que, de acuerdo a la legislación descrita, tienen derecho. Es realidad que buena parte de las madres adolescentes mexicanas enfrentan barreras burocráticas y normativas de instituciones ejes de la política social del país que no cumplen en su totalidad con esta obligación.

Respecto a los embarazos adolescentes, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) señala que3:

“…generalmente es un problema con consecuencias graves para las madres y los padres adolescentes y para sus hijos e hijas. Se le considera un problema de salud pública, ya que afecta negativamente en la salud de las jóvenes mujeres y en la de sus hijos/hijas; (…) y un problema de atención al ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ser madre y padre adolescente suele desencadenar, sin distinciones socio-económicas, condiciones de vulnerabilidad para este sector, (…). Las madres adolescentes son frecuentemente estigmatizadas y sufren discriminación de género, desaprobación y rechazo familiar, social…”.

Aunado a esto:

“…El embarazo en adolescentes está asociado a niveles de mortalidad materna más elevados que en mujeres de mayor edad, y a una alta prevalencia de aborto en condiciones inseguras…

…puede truncar la educación de las y los adolescentes, la de ellas con mayor frecuencia…

…afecta las oportunidades laborales y los ingresos de las adolescentes…”

Al respecto, en discordancia a lo señalado en el “PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-047-SSA2-2014, Para la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años de edad4, respecto a que, en promedio, las mujeres deben recibir cinco consultas prenatales, mismas que deben iniciar en el primer trimestre de gestación, con la finalidad de atender oportunamente los posibles riesgos de salud del binomio madre-hijo en el transcurso del embarazo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que, en el 2014,como puede apreciarse en los datos del cuadro inferior, un creciente porcentaje de mujeres jóvenes en estado de embarazo no recibió la primera consulta prenatal: el 7.5% de 15; el 14.1% de 16 años; el 19.9% de 17 años; el 27.9% de 18 años, y el 30.6% de las de 19 años de edad, lo cual ciertamente resulta crítico y violatorio de sus derechos.

Mujeres que no recibieron la primera consulta prenatal 2014


Edad

Trimestre a la primera consulta prenatal

No recibió

Primero

Segundo

Tercero

15

5.4

6.2

6.5

7.5

16

12.4

13.6

13.8

14.1

17

20.6

21.0

20.5

19.9

18

27.3

26.9

27.5

27.9

19

34.3

32.3

31.7

30.6

Fuente: INEGI. Estadísticas a propósito del…Día internacional de la Juventud (12 de agosto).
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/juventud0.pdf

La atención sanitaria prenatal y postnatal a las madres, establecida en la Constitución como derecho fundamental, así como en la Convención de los Derechos del Niño, es de mayúscula importancia dado la relevancia que tiene en la salud pública y el impacto en el desarrollo de la madre e hijo el contar con los servicios y atención médica apropiada.

A efecto de mostrar la relevancia del problema del embarazo, especialmente en madres adolescentes, ponemos sobre relieve que de la información consultada se deduce que mediante una atención adecuada es posible prevenir, detectar y corregir diversas patologías del binomio madre-hijo.

En la etapa de la adolescencia, dada la inmadurez orgánica de la madre, los cuidados prenatales son indispensables y adquieren mayúscula importancia ya que se corre el riesgo de experimentar anemia, preeclampsia, complicaciones en el parto y enfermedades de transmisión sexual, así como alto riesgo de mortalidad propia. Más aún, los bebes de madres adolescentes registran altas tasas de mortalidad al igual que malformaciones congénitas, problemas de desarrollo, retraso mental, ceguera, epilepsia o parálisis cerebral, conductas y funcionamiento intelectual disminuido5, bajo peso, macrosomía6, entre otros. En este sentido, se observó que para el año 2014, conforme más joven es la madre, existió una mayor incidencia en nacimientos con bajo peso.

Distribución % de hijos nacidos vivos de mujeres de 15 a 19 años
por edad desplegada según peso al nacer, 2014

Edad

Bajo peso al nacer

Macrosomía

15

7.4

1.7

16

6.7

1.8

17

6.2

1.8

18

6.1

2.0

19

5.9

2.1

Fuente: INEGI. Estadísticas a propósito del …Día internacional de la Juventud (12 de agosto).
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/juventud0.pdf

Sumados a las complicaciones propiamente físicas, las madres adolescentes padecen depresión en el curso de su embarazo lo que puede llevarlas al suicidio o intento de suicidio (segunda causa de muerte en esta edad después de los accidentes7); además, dada su situación de vulnerabilidad, se conoce que son proclives a la deserción escolar, que presentan dificultad para insertarse en el mercado de trabajo, para conformar una familia y alcanzar estabilidad. Sin embargo, no obstante estos riesgos y complicaciones, datos duros del INEGI constatan que los embarazos en adolescentes son crecientes, al pasar de 17.1% en el año 2000 al 19.1% en el 2014.

Promedio nacional de nacimientos de madres adolescentes
(2000/2014)

Año

(%)

2000

17.1

2005

17.4

2010

18.8

2014

19.2

Fuente: INEGI. Estadísticas a propósito del …Día internacional de la Juventud (12 de agosto), http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/juventud0.pdf

A efecto de solventar sus obligaciones como garante de la prestación de los servicios sociales y de salud, entre los que se encuentran los servicios obstétricos a las madres menores de edad (niñas y adolescentes), el Gobierno Federal cuenta, principalmente, con la secretaría de Salud (SS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Estas instituciones nacionales constituyen la base fundamental de la política de seguridad social del Estado Mexicano y de la vinculante de los tratados internacionales signados, como lo es el citado caso de la Convención de los Derechos del Niño.

Al respecto, tanto el IMSS como el ISSSTE accionan con los regímenes voluntario y obligatorio. En el caso del IMSS, conforme al artículo 12 de su Ley, sujeta al régimen obligatorio a las personas consideradas en los artículos 208 y 219 de la Ley Federal del Trabajo; a los socios de sociedades cooperativas y a las personas que determine el Ejecutivo Federal. En el ISSSTE, por su parte, dicho régimen obligatorio se aplica a, entre otros10, a las dependencias, entidades, trabajadores al servicio civil, pensionados y familiares derechohabientes, de dependencias y organismos públicos en los tres órdenes de gobierno.

Para el caso que nos ocupa, el IMSS considera en su régimen obligatorio el seguro de enfermedades y maternidad y el ISSSTE, por su parte, el seguro de salud que comprende, entre otros, atención médica curativa y de maternidad, como se consigna en el cuadro inferior:

Seguros comprendidos en el régimen
obligatorio del IMSS y del ISSSTE

IMSS

ISSSTE

Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de:

I. Riesgos de trabajo;

II. Enfermedades y maternidad;

III. Invalidez y vida;

IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y

V. Guarderías y prestaciones sociales.

 

Artículo 3. Se establecen con carácter obligatorio los siguientes seguros:

I. De salud, que comprende:

a) Atención médica preventiva;

b) Atención médica curativa y de maternidad, y

c) Rehabilitación física y mental;

II. De riesgos del trabajo;

III. De retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y

IV. De invalidez y vida.

Fuente: LIMSS y LISSSTE.

En referencia al seguro de “Enfermedad y Maternidad” del IMSS, solo se proporciona a los hijos de los derechohabientes hasta la edad de 16 años; mientras en el ISSSTE, por su parte, los proporciona a los hijos de derechohabientes, hasta cumplida la mayoría de edad.

Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social

Artículo 84 fracción V. “Los hijos menores de dieciséis años del asegurado y de los pensionados, en los términos consignados en las fracciones anteriores”;

Ley del Instituto Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Artículo 39. La mujer Trabajadora, la pensionada, la cónyuge del Trabajador o del Pensionado o, en su caso, la concubina de uno u otro, y la hija del Trabajador o Pensionado, soltera, menor de dieciocho años que dependa económicamente de éstos, según las condiciones del artículo siguiente, tendrán derecho a:

I. Asistencia obstétrica necesaria a partir del día en que el Instituto certifique el estado de embarazo. La certificación señalará la fecha probable del parto para los efectos del artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional;

Retomando lo hasta aquí expuesto podemos concluir, a manera de resumen, que el Estado Mexicano está obligado en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Convención de los Derechos del Niño, a velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, considerada como tal hasta antes de cumplir los 18 años de edad, por lo que todas sus actuaciones irán en ese sentido; que está obligado a proporcionar, tanto al nonato como a la madre, más aún cuando ésta por sí misma es considerada niña, atención prenatal y postnatal; que los embarazos adolescentes constituyen un problema de salud pública y que requieren, de manera indispensable, atenciones médicas adecuadas; que existe una asimetría en la prestación del servicio de maternidad entre el ISSSTE y el IMSS, ya que mientras que el primero lo otorga a las hijas de los derechohabientes hasta un día antes de que cumplan la mayoría de edad, el segundo solo lo otorga hasta los 16 años, lo que constituye una violación de los derechos del niño, al no contar con los cuidados prenatal y postnatal.

En concordancia a lo anterior, limitar por parte del IMSS la prestación de los servicios de maternidad a las hijas de los derechohabientes hasta los 16 años de edad, constituye una violación flagrante de los derechos del niño, por lo que a efecto de subsanar y obligar a una de las principales instituciones mexicanas a cumplir con los términos de la Constitución, de la Convención de los Derechos del Niño, y de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se propone incorporar una fracción V bis al artículo 84 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, en los términos siguientes:

V bis. Las hijas del asegurado o pensionado, solteras en estado de gravidez que dependan económicamente de éstos, tendrán derecho a atención obstétrica hasta el cumplimiento de la mayoría de edad”.

Del proyecto de reforma legal:

La presente iniciativa de reforma legal a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social tiene como objetivo central adecuar y armonizar dicha Ley a efecto de que este Instituto cumpla con lo establecido en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto a velar por el interés superior del niño otorgando atención prenatal y postnatal a las madres solteras menores de edad, hijas de derechohabientes o pensionados que dependan económicamente de éstos, hasta el cumplimiento de la mayoría de edad.

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción V bis al artículo 84 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 84. Quedan amparados por este seguro:

I. a V…

V Bis. Las hijas del asegurado o pensionado, solteras en estado de gravidez que dependan económicamente de éstos, tendrán derecho a atención obstétrica hasta el cumplimiento de la mayoría de edad;

VI. a IX.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al inicio del año siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito público; y el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, provean los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación que la reforma legal requiera para su implementación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 10 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Roberto Armando Albores Gleason.- Sen. Ivonne Liliana Álvarez García.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Ricardo Barroso Agramont.- Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Ernesto Gándara Camou.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Romero Celis. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos

Sonido en el escaño del Senador Francisco Salvador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para ver si me hace favor de pedirle a la proponente, si me incluye en su iniciativa, que la considero de mucha importancia para la atención de la gestación de la mujer en las condiciones que se presenta en esta iniciativa, es decir, adolescentes, menores de edad, que están con la protección y el seguro de sus padres.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Cómo no. ¿Está usted de acuerdo Senadora? Adelante.

También la Senadora Sonia Rocha. Adelante Servicios Parlamentarios, si son tan amables de tomar nota. Y también, si son tan amables, de tomar nota de que me sumo a ésta a iniciativa.


1 http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv_10.htm

2 Son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos. Art. 2. Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

3 México. Gobierno de la República. Estrategia Nacional para la Prevención del embarazo en Adolescentes. Pag. 19, consultada en: http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/2441/3/images/ENAPEA_0215.pdf

4 DOF: 15/07/2014

5 El Embarazo en Adolescentes. Marco Teórico Conceptual, Políticas Públicas, Derecho Comparado, Directrices de la OMS, Iniciativas presentadas y  Opiniones Especializadas. Cámara de Diputados. P. 6. http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-38-13.pdf

6 El término es usado para describir el desarrollo o tamaño excesivo del cuerpo, como en el caso de un recién nacido con un peso por arriba del normal. La fisiopatología de la macrosomia está relacionada a la condición materna o a la condición del desarrollo fetal. ...

7 El Embarazo en…http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-38-13.pdf

8 Artículo 20.- Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.
Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario.
La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos.

9 Artículo 21.- Se presumen la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe.

10 Ambas cámaras del Congreso de la Unión, incluidos los diputados y senadores, así como los Trabajadores de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación;  el Poder Judicial de la Federación, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces, así como consejeros del Consejo de la Judicatura Federal; la Procuraduría General de la República; los órganos jurisdiccionales autónomos; los órganos con autonomía por disposición constitucional; el Gobierno del Distrito Federal, sus órganos político administrativos, sus órganos autónomos, sus Dependencias y Entidades, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, incluyendo sus diputados, y el órgano judicial del Distrito Federal, incluyendo magistrados, jueces y miembros del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, conforme a su normatividad específica y con base en los convenios que celebren con el Instituto, y los gobiernos de las demás Entidades Federativas de la República, los poderes legislativos y judiciales locales, las administraciones públicas municipales, y sus Trabajadores, en aquellos casos en que celebren convenios con el Instituto en los términos de esta Ley.





 

Tiene la palabra la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 74 y 180 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 74 Y 180 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Le agradezco, señor Presidente. Buenos días.

Vengo a hacer una propuesta muy simple de modificación a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a los artículos 74 y 180.

Voy a decir porqué.

Estamos por discutir la aprobación de nuestro ingreso al TPP, y tenemos muchísimas oportunidades para integrarnos al mercado mundial con nuestra producción.

Mi estado, por ejemplo, Michoacán, es el que tiene mayor productividad y mayor exportación de productos agrícolas: de aguacate, de berries, de flores, de frutas y de peces, y a pesar de que no tiene mucho soporte financiero.

Por otro lado, hemos visto y estamos todos preocupados porque la pobreza en nuestro país aumenta. Según la información del Coneval, que es quien evalúa el efecto de los programas sociales en la población y ve si cumplen sus objetivos, ha reportado que la pobreza en nuestro país aumentó.

No obstante, los programas básicos de apoyo a los niños para que no deserten de las escuelas, a las mamás para que dejen de enfermarse y a la nutrición, aumenta la pobreza.

La Auditoría Superior de la Federación reportó, por ejemplo, que el programa o la estrategia de Cruzada Contra el Hambre, apostada en 2014, con 160 mil millones de pesos, no ha tenido ningún efecto sobre la disminución de la desnutrición en 7 millones de familias.

Hablando con el encargado del Coneval nos decía que si el dólar subía, aumentaba la pobreza; lo que quiere decir es que la pobreza depende más de la falta de ingresos propios de la familia que de los programas que subsidiariamente están atendiendo a las condiciones de carencias básicas en las personas y en los niños.

Presumimos mucho, lo acabo de hacer yo, de nuestra capacidad de producción de los michoacanos y de los productores de nuestro país por su gran capacidad para producir y para exportar; pero, por el otro lado, tenemos un montón de pequeñísimos productores que no pasan del autoconsumo y que a pesar de que hay programas que les permiten proyectos productivos, como lo acaba de anunciar el Presidente Peña Nieto, de 4 mil millones de pesos para 750 mil mujeres que trabajan en el campo, no pasan tampoco de que su proyecto productivo funcione un año porque se rompe la cadena.

El pequeño productor depende absolutamente del intermediario, depende absolutamente del precio que logran controlar los grandes productores sobre granos, sobre frutas, sobre hortalizas, sobre la producción agrícola y acuícola en nuestro país.

¿Qué es lo que pasa? Que el pequeño productor no tiene manera de financiarse, que lo único que puede hacer es producir un poquito, y que el resto de cadena de valor le permite al que llega finalmente al consumidor a tener la mayor ganancia en la producción.

Lo que estoy proponiendo en esta iniciativa es que haya la posibilidad de que pequeños productores se asocien y que tengan la posibilidad de generar toda la cadena de valor, sin cambiar de régimen fiscal, porque de repente producen más y cambian absolutamente de régimen fiscal y se cae su posibilidad de entrar a un proceso de menos pobreza y de una producción sustentable.

Lo que pretendo, entonces, es que ellos puedan mantenerse bajo el mismo esquema fiscal, siempre y cuando se cumpla la condición de que por lo menos el 80 por ciento del trabajo que se genera para la cadena de valor lo generen entre ellos mismos, y que este apoyo sea los 5 primeros años de su constitución como cooperativas o como productores de una cadena de valor para que en estos 5 años se fortalezcan y puedan después entrar ya a un régimen fiscal mayor.

Con esta iniciativa creo que salimos ganando todos, el gobierno, los productores y la disminución de la pobreza, porque ellos entrarían en la formalidad y pagarían su impuesto, y dentro de 5 años saldrían de la pobreza, habría que invertir menos en los programas de apoyo a los más pobres y este país podría presumir de menos desigualdad, de una disminución en la brecha entre los que más ganan y los que menos tienen.

Yo me refiero a artesanos, a productores del campo que tienen menos de 2 hectáreas, a veces hasta media hectárea; a productores acuícolas que tienen una producción muy pequeñita, y a un montón de gente de familias, de mujeres que producen para su autoconsumo.

De tal manera que con estos antecedentes y con la motivación de que los pequeños productores se fortalezcan y salgan de la línea de pobreza, es que sugiero la reforma a los artículos 74 y 180 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 74, en su fracción III, último párrafo que dice: Cuando dos o más personas a las que se refiere este artículo se integren en una sociedad para proveerse de insumos, para mejorar los procesos de beneficio, la producción conjunta, el transporte, el procesamiento, la comercialización y otras actividades de valor agregado, podrían trasladar, durante los primeros 5 años de su constitución como persona moral, al precio final de venta menos los costos de las actividades referidas a sus socios manteniendo el régimen fiscal expresado por este artículo, siempre y cuando al menos el 80 por ciento del total de insumos agrícolas, pesqueros, pecuarios o artesanales sean producidos por las personas asociadas

Artículo 180, de la fracción I a la VI queda igual.

Y al final a las sociedades a las que se hace referencia en el artículo 74 de esta ley, no les serán aplicables las Guías sobre Precios de Transferencia para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de 1995, o aquellas que las sustituyan.

Transitorios

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación y se derogan las disposiciones que se opongan.

Es cuanto, señor Presidente.
Iniciativa

La suscrita, Luisa María Calderón Hinojosa, Senadora de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 74 Y 180 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El sector agrícola mexicano enfrenta retos y oportunidades que deben ser resueltos para que sea competitivo y para favorecer un desarrollo nacional equitativo. El campo ha sido escenario de intereses políticos que dificultan el bienestar tanto de los productores como de los trabajadores. Existe una marcada separación entre la actividad productiva y las cadenas de valor que responden a las preferencias del consumidor. La cadena de valor privilegia la plusvalía de los eslabones de mayor cercanía con el consumidor y no hay mecanismos eficientes para trasladar el valor hacia los eslabones iniciales de la cadena, es decir, hacia el sector primario. Esto resulta en un campo subcapitalizado, particularmente entre los productores más pobres y más pequeños, que no perciben beneficios claros como resultado de su inversión y por lo tanto prefieren, de manera racional, invertir sus escasos recursos en la migración hacia las ciudades o el extranjero. Esta descapitalización tiene además consecuencias importantes al concentrar la población en centros urbanos y el despoblamiento creciente de las zonas rurales.

En México no se ha pensado en el establecimiento de cooperativas como instrumento para captar el valor de comercialización de los productos agropecuarios con el propósito de impulsar al sector primario y hacer atractiva su inversión y crecimiento. Como consecuencia de los obstáculos para el establecimiento de cooperativas agrarias u otros mecanismos de integración del sector primario para acercarlo al consumidor, en México hay una carencia de organizaciones intermedias de productores y transformadores y por lo tanto pocos incentivos para la capitalización del campo. Aunque jurídicamente existe la figura de la cooperativa en la legislación mexicana, ésta es vista más como un modelo de organización laboral, que como un modelo de organización de la producción, lo que ha devenido en que sea utilizada como instrumento de control político que promueve la politización de la figura jurídica.

El objetivo se traduce en crear mecanismos rentables de participación en el sector que permitan la integración de la cadena de valor, incentivar la inversión productiva e incrementar el valor patrimonial de la propiedad rural, en cualquiera de sus formas, para el establecimiento de agroindustrias altamente competitivas y rentables.

El modelo de cooperativas o asaciones empodera a los pequeños agricultores y les permite, producir, comprar y comerciar como grupo ordenado. Les favorece en su desarrollo de habilidades, tener una sola voz, enfrentar retos en conjunto y aumentar su poder de negociación para influir en la formulación de políticas.

A nivel internacional el desempeño económico de las asociaciones o cooperativas, es altamente rentable; el caso de las cooperativas agrarias es el más fuerte. Esto significa que no solo tienen un impacto importante por país, sino que sus resultados son muy favorables para sus miembros, de las principales 533 asociaciones agrarias mundiales que se encuentran en 30 países, su facturación supera los 600 mil millones de dólares1.

Como ejemplo internacional, En Japón, 90% de los productores agropecuarios son socios de cooperativas que, en conjunto, facturan anualmente una cifra superior a los 90,000 millones de dólares. En EEUU 30% de la producción agrícola nacional es procesada y comercializada a través de cerca de 3,500 cooperativas activas en todo el país2.

En América Latina cabe destacar, que de su producto total solo 20% proviene de la actividad agrícola, a pesar de que 50% de la Población Económicamente Activa está concentrada en el sector agropecuario. El número total de cooperativas agropecuarias en América Latina rebasa las 10,000 con más de 500,000 afiliados.

Para el año 2050 la población mundial alcanzara los 9 mil millones de habitantes por lo que la producción agropecuaria deberá de incrementarse en un 60% para poder alimentar a este incremento en el número de personas. La producción actual de las cooperativas agrícolas a nivel global representa un 32% del total de la producción agraria por lo que su creciente importancia refleja enormes ventajas frente a los productores agrícolas individuales3.

La participación organizada en los mercados de insumos y de productos agropecuarios les facilita mejorar su capacidad competitiva, elevar sus estándares de calidad y participar en su función como sujetos colectivos organizados en la influencia sobre las políticas públicas a fin de obtener apoyos, subvenciones, créditos, tratamiento fiscal benigno, además de influir en los poderes locales y ser factores dinamizadores del desarrollo comunitario y local.

Se propone cambiar el artículo 74 de la LISR para extender el régimen preferencial a toda la cadena de valor. El actual artículo 74 excluye la comercialización y distribución al otorgar exclusivamente la preferencia a los productores. Excluye la integración de productores primarias para proveerse de insumos, para mejorar los procesos de beneficio, la producción conjunta, el transporte, el manejo, el procesamiento y la comercialización, así como la distribución. Esto ocasiona un distanciamiento entre consumidores y productores que no favorece el desempeño de las cadenas de valor.

El objetivo es justamente incluir la comercialización y las demás tareas de valor agregado con el fin de acabar con la discriminación que implica distanciar al productor primario de los eslabones más valiosos de la cadena. Para lograr esto, se proponen dos adiciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta; primero al artículo 74, del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras y al artículo 180 relativo a los precios de transferencia.

En este tenor, el artículo 74, la propuesta específica que quedaría sujeta a cumplir con sus obligaciones fiscales conforme al régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras del ISR, las personas a las que se refiere este artículo, que se integren en una sociedad para procesar, transportar y comercializar sus productos agrícolas, pecuarios o pesqueros. Además, se detalla que estas sociedades podrán trasladar el precio final de venta menos los costos del proceso productivo, de transporte y de comercialización a sus socios manteniendo el régimen fiscal agropecuario, siempre y cuando el 80% del total de operaciones sea con ellos.

Las propias condiciones de productividad del sector agropecuario, que dependen de si existen lluvias, heladas, inundaciones o escasez de agua, variaciones de precios de insumos y productos, por mencionar tan sólo algunos factores, reclaman que el régimen especial de ISR para el campo, se extienda hasta el consumo final de bienes primarios o transformados, de manera proporcional a la contribución de cada participante. Al integrarse la cadena, se establece un balance entre los altos riesgos de la producción primaria, y la demanda de los consumidores finales por productos de calidad y disponibilidad adecuada, lo que se refleja en una mayor rentabilidad y demanda consistente en los últimos eslabones de la cadena.

También, se presenta una propuesta de adición al artículo 180 con el fin de favorecer el funcionamiento del sector agropecuario en su conjunto y evitar la brecha entre productores y consumidores. Respecto a dicho artículo, con la finalidad de que el régimen sea verdaderamente simplificado y se eviten ambigüedades de interpretación, se establece que dichas sociedades no estarán sujetas a las reglas aplicables por las Guías sobre Precios de Transferencia para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 1995, o aquellas que las sustituyan.

Con estos cambios, los productores primarios de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras podrían extender el régimen preferencial del propio artículo 74 a la comercialización y la distribución; es decir, hacia los procesos de beneficio, la producción conjunta, el transporte, el manejo, el procesamiento y la comercialización.

El régimen fiscal actual no fomenta la integración de los productores primarios a la cadena de valor de tal suerte que las preferencias del consumidor se vean reflejadas en su costo, y no incentiva la inversión al obstaculizar que el mercado de los productos terminados impacte la valoración que recibe el productor primario. Sin embargo, con un cambio de régimen fiscal, se permitiría que los productores primarios se asocien con otros para la transformación y la comercialización de sus productos, y no solo para la producción de los bienes primarios.

Actualmente y uno de los mayores retos que enfrenta el sector agrario, es la falta de incentivos, hoy en día no existe un incentivo suficientemente atractivo para que la parte de mayor valor agregado sea compartida con la producción primaria. De ahí que se generen pocos casos de sinergia entre el sector primario y la industria agroalimentaria. Uno de los principales problemas del campo mexicano, tal y como se reconoce en los Programas Sectoriales, es que con frecuencia existe una separación entre la actividad productiva y las cadenas de valor que responden a las preferencias del consumidor.

Por otro lado, se requiere buscar un término diferente para la figura de las Cooperativas que permita entenderlas no como se ha utilizado en México, sino cómo funcionan en el ámbito internacional. De esta manera, serán una solución para mejorar la situación en el sector agropecuario del país.

En esta propuesta de iniciativa se busca incentivar la inversión productiva e incrementar la productividad para que el valor agregado de la cadena de producción le favorezca en mayor grado al productor primario. Este objetivo fiscal será estratégico para México, es la oportunidad de tener un campo productivo, competitivo, rentable, sustentable y justo.

Con la modificación al art 74 de la LISR, el modelo obtendrá como resultado que el punto de equilibrio se encuentre en el cincuenta y cuatro por ciento de los precios. Esto permite formalizar al cien por ciento el sector agropecuario. Con este aumento, todos los miembros del sector tienen un incentivo para formalizarse. Esta sería una acción concreta que promueva modelos de asociación que articulen a los pequeños productores con empresas agroindustriales integradoras.

En consecuencia al implementar esta propuesta se obtiene un escenario de ganar-ganar para todos, gobierno, productores y consumidores. Los logros, sin embargo no serán inmediatos, sino paulatinos, en la medida que los pequeños agricultores se van familiarizando con el esquema, En este esquema las asociaciones integradoras pueden promover el esquema y efectivamente hacer de las cooperativas modelos de asociación más productivas y competitivas.

Se busca encontrar la manera más eficiente de lograr ese objetivo. Esta es incentivar la asociación de cadenas de valor para que se llegue a la meta con un sistema de preferencias fiscales, de esta manera logra evitar el esquema que se mantiene hasta ahora, en el que los productores no producen lo que se consume, ni se consume lo que se produce. Lo anterior es indispensable para lograr uno de los grandes objetivos estratégicos del crecimiento del sector agropecuario pase del uno punto ocho por ciento promedio anual, a la tasa del tres por ciento que la SAGARPA se estableció como meto. Así, es congruente con el objetivo de promover modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado en el sector.

DECRETO

Artículo 1.-Se reforma el artículo 74 y 180 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 74. Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme al régimen establecido en el presente Capítulo, los siguientes contribuyentes:

I. a III…

I. a III…


Cuando dos o más personas a las que se refiere este artículo se integren en una sociedad para proveerse de insumos, para mejorar los procesos de beneficio, la producción conjunta, el transporte, el procesamiento, la comercialización y otras actividades de valor agregado, podrían trasladar , durante los primeros 5 años de su constitución como persona moral, al precio final de venta menos los costos de las actividades referidas a sus socios manteniendo el régimen fiscal expresado por este artículo, siempre y cuando al menos el 80% del total de insumos agrícolas, pesqueros o pecuarios sean producidos por las personas asociadas

Art 180: Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 179 de esta Ley, los contribuyentes deberán aplicar los siguientes métodos:

I. a VI. …

Para los efectos de este artículo y del artículo 179 de esta Ley, los ingresos, costos, utilidad bruta, ventas netas, gastos, utilidad de operación, activos y pasivos, se determinarán con base en las normas de información financiera.

A las sociedades a las que se hace referencia el artículo 74 de esta Ley, no les serán aplicables las Guías sobre Precios de Transferencia para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de 1995, o aquellas que las sustituyan.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de marzo de 2016.

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa.

1 World Cooperative Monitor, 2014 En: https//dl.dropboxusercontent.com/u/24617037/QRcode/WCM2014.pdf (Consulta 2016)

2 Ibidem

3 Internacional Cooperative Alliance, enhtto:/ /ica-coop/en/co-operatives-foster-food-security (Consulta 2016)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, distinguida Senadora Calderón Hinojosa. Se lo recibo con todo gusto, lo cual le apreciamos. Por tanto, túrnese a la Cámara de Diputados.





 

MESA DIRECTIVA

Tenemos inscrito en el Orden del Día un Acuerdo por el que la Mesa Directiva propone que el periódico El Universal, conjuntamente con el Senado de la República, realicen el compendio y coedición de un libro con artículos sobre el tema de “Importancia de la Constitución a 100 años de su creación”.

Con este motivo, recibiremos en el Pleno de este Senado de la República la visita del señor Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración del periódico El Universal.

Por esa razón, solicito a las y los Senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza, Javier Lozano Alarcón, Jorge Aréchiga Ávila y Miguel Romo Medina, sean tan amables de recibirlo y de invitarlo a que pase, junto con sus acompañantes, al salón de sesiones.

En tanto, hacemos una pausa.

(La comisión cumple)

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ruego a las y los Senadores ocupar sus escaños a efecto de continuar con la sesión.

Se encuentra con nosotros el señor Juan Francisco Ealy Ortiz, sea usted bienvenido a la sesión del Senado de la República.

Asimismo, damos la cordial bienvenida al señor Juan Francisco Ealy Ruetz.

Al Señor Juan Carlos Ealy.

A la señorita Perla Ealy Díaz.

A la señorita María Teresa Ealy.

Al señor Rogelio Cárdenas.

A la señora Yolanda Gómez.

Al señor Gabriel Alatriste.

Y al señor Enrique Bustamante Martínez, quienes acompañan a nuestro invitado en esta sesión.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!

Vamos a dar trámite al Acuerdo que se propone a este Pleno, para que el periódico El Universal y el Senado de la República concurran en el compendio y coedición de un libro conmemorativo con artículos sobre la “Importancia de la Constitución a 100 años de su creación”.

Dentro del trámite previsto, los grupos parlamentarios tomarán el uso de la palabra.

En consecuencia, se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Bienvenido, Juan Francisco, que ya a estas alturas es un pilar de la opinión pública en México.

Recuerdo cuando llegó muy joven a hacerse cargo de un periódico en circunstancias críticas, creo que tenía 14 sindicatos integrados y con perseverancia, con una gran visión en relación al objetivo de la casa editorial El Universal, logró superar grandes conflictos, situaciones de todo tipo, complicadas, y ha logrado establecer uno de los periódicos más importantes de nuestro país.

El que el Senado de la República haya acordado que en la Conmemoración del Centenario de la Constitución participe esta institución, El Universal, me parece un acierto.

La Constitución y El Universal nacen juntos, es más, el fundador es parte del Constituyente.

Por lo tanto, en ese largo recorrido ha habido cambios y transformaciones en el país, y ahí están las dos instituciones, la Constitución de la República y el periódico El Universal.

Hoy modernizándose en una nueva situación que pone a toda la prensa escrita en jaque, ¿verdad?, con el desarrollo tecnológico, y lo están haciendo muy bien, ya están participando en el área de esta novedad de las redes, etcétera, y seguramente tendrá otros 100 años.

Yo escribo en El Universal hace cerca de 10 años, Juan Francisco me ha aguantado con una gran firmeza, porque mi postura ha sido crítica, y eso demuestra que está abierto a todas las posiciones, cosa que agradezco y reconozco.

Celebrar la Constitución en su Centenario es algo complicado, lo que vemos, el tema de la Constitución, estos años ha sufrido una serie de cambios que los encargados de las estadísticas llegan a decir, ya se necesita una nueva Constitución.

Sin embargo la esencia de esa Constitución que surge que está regada con la sangre de un millón de muertos, la Revolución Mexicana, desemboca ahí en ese texto fantástico, Querétaro, que inclusive se adelante en la historia constitucional y establece principios novedosos, las garantías sociales, todo esto que, no es más que, no fue más que la representación de lo que habían vivido los Constituyentes en esa gesta dolorosa para México, pero creativa, una Constitución auténticamente surgida de la lucha social, y fue una Constitución social.

En el camino se han hecho muchas reformas, unas que se considera no necesarias. Pero ya en los últimos años con los cambios que han ocurrido a nivel mundial con la presión de la política neoliberal ha sufrido involuciones graves la Constitución de la República, graves; pasar de una Constitución social poco a poco, ¿verdad?, se va transformando en cambios para atrás.

Por eso digo, va a ser interesante la conmemoración, porque muchos de esos cambios, en reversa, se han aprobado aquí en los últimos años.

Pero aquí estamos todos los que estamos en contra de los cambios; los que estamos a favor de esa Constitución donde estuvo el fundador de El Universal en aquellos años de la Revolución, de la concreción jurídica de esa lucha fantástica en la que participó El Universal, su fundador, y los cambios que han ocurrido, pues señalan una tensión, una tensión muy delicada, grave en la sociedad mexicana.

Por eso digo, esa celebración de El Universal y su historia que ha narrado todo esto, todo esto está en las páginas de El Universal, los pasos avantes, y los pasos para atrás, va a ser interesante cómo vamos a conmemorar una Revolución, para algunos con un espíritu crítico de la involución, para otros con una visión de avanzada.

Pero de todas maneras estamos hablando de 100 años que han ocurrido juntos la sociedad mexicana y el periódico El Universal bajo la dirección de Ealy Ortiz, un gran periodista.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Gracias, señor Presidente. Con la venia de la Mesa Directiva.

En primer lugar, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde, quiero darle la bienvenida a este Senado de la República al señor Juan Francisco Ealy Ortiz, a los distintos miembros de la familia Ealy que nos acompañan, es un motivo de orgullo, de celebración que estemos hablando de un acuerdo entre el Senado de la República y el periódico El Universal para la elaboración de un compendio de artículos sobre la importancia de la Constitución a 100 años de su creación.

Voy quizá a reiterar algunas cosas que ya expresó el Senador Bartlett Díaz, quien me antecedió en el uso de la palabra, pero me parece que es muy importante hacer referencia a ello, sobre todo por esta feliz coincidencia histórica entre El Universal y la aprobación de nuestra Constitución hace ya prácticamente 100 años.

En primer lugar está este afortunado hecho, de que El Universal es fundado el 1º de octubre de 1916, por don Félix Fulgencio Palavicini, que como ya dijo el Senador Bartlett Díaz, fue uno de los Constituyentes de aquel entonces, y no sólo coincide con un periodo clave para la historia moderna de México.

El Universal, con la discusión y aprobación de la Constitución del ‘17, sino que además, yo diría que tiene, El Universal, el honroso recuerdo y el privilegio de que la primera Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se imprimió en una rotativa del periódico El Universal, una rotativa que hoy en día se exhibe orgullosamente en la explanada del Palacio Legislativo de San Lázaro, gracias a un donativo de El Universal, según entiendo.

Se trata de una feliz coincidencia porque significó que este prestigiado diario se convirtiera en un testigo privilegiado del acontecer nacional, al mismo tiempo que un cronista de hechos que abarcan el amplio espectro de la condición humana y, desde luego, de la naturaleza.

El Universal ha narrado, ha comunicado a los mexicanos distintos acontecimientos afortunados pero también, incluso, en algunos momentos tristes para el país, pero siempre ha estado ahí, narrando, comunicando a la sociedad mexicana lo que acontece en nuestro país y desde luego fuera de nuestras fronteras.

Pero la fundación de El Universal no sólo se limita a coincidir con la aprobación de la Constitución del ‘17, sino que ha estado cerca en estos 100 años, ha estado cerca narrando, incluso las distintas transformaciones que ha sufrido la Constitución, no sólo narrando, sino abriendo espacios, incluso para la discusión en sus páginas, invitando a expertos a través de sus editorialistas y columnistas, sobre temas que se han discutido en el Congreso de la Unión.

El más claro ejemplo de ello son las recientes reformas que se aprobaron en la anterior Legislatura a nuestra Constitución, reformas en el ramo energético, en el ramo educativo, en el ramo de telecomunicaciones y radiodifusión, en el ramo de competencia económica, en fin, todas las reformas tan importantes que aprobamos, que hoy en día están permitiendo a nuestro país hacer frente a este grave entorno, a este entorno difícil por el que atraviesa el mundo y que permiten a México estar mejor preparado para hacer frente a este temporal del que estoy seguro vamos a salir avantes y fortalecidos.

Como decía, el periódico El Universal es reconocido por ser un espacio donde coinciden columnistas, editorialistas, articulistas de diversa ideología, que me parece que contribuyen de manera seria a la discusión del quehacer nacional.

Yo los felicito por eso, felicito al Senado de la República por celebrar este acuerdo con el periódico El Universal, que es un testigo de honor, es un testigo privilegiado y es un medio que nos ha permitido a los mexicanos conocer de cerca lo que acontece en instituciones como el Congreso y desde luego en las distintas regiones de nuestro país.

Celebro este acuerdo, felicito al Senado, pero felicito sobre todo a El Universal por este importante legado para México, un legado para ustedes mismos, y estoy orgulloso de que podamos tener muy pronto en el Senado de la República este compendio que estoy seguro será del interés de mis compañeros legisladores, pero también de miles de mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Flores Ramírez.

Sonido en el escaño del Senador Marco Antonio Blásquez.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Señor Presidente, para poner a su consideración, si al final del posicionamiento de los grupos parlamentarios, como integrante que soy de este Senado, y que lo fui honrosamente del periódico El Universal, me permita dirigir un mensaje al licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Desahogaré su solicitud una vez que terminen los posicionamientos de los grupos parlamentarios.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra al Senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Saludamos las y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la presencia de don Juan Francisco Ealy Ortiz, nuestro entrañable amigo.

Saludamos la presencia de los representantes, quienes encabezan, hombres y mujeres de esa comunidad periodística, de ese gran diario de México, de ese gran medio de comunicación, El Universal, ¡bienvenidas y bienvenidos a este recinto parlamentario!

Señoras y señores, nos encontramos en los umbrales del centenario de nuestra Constitución, de la Carta Magna que expresa nuestro pacto social, que nos define como nación y delinea nuestro futuro.

Más allá de las actividades cívicas, literarias, culturales y educativas que se realizarán con este motivo, se nos presenta la gran oportunidad de llevar a cabo la reflexión colectiva más importante sobre nuestra Constitución.

¿Cuántos de los ideales, de los preceptos y las decisiones que se encuentran en sus páginas, se han cumplido? Y ¿Cuántos están pendientes de cumplirse?

A casi 100 años de su promulgación, me pregunto, ¿existe igualdad para los indígenas, las mujeres y los discapacitados?

¿A caso todos los mexicanos tienen acceso a la educación, a la cultura y a la vivienda?

¿Será verdad que los trabajadores tienen un salario digno como lo manda la Constitución?

¿Por qué, si nuestra Constitución garantiza los derechos humanos, tenemos hechos tan lamentables y condenables como los de Tlatlaya, Iguala o Tierra Blanca?

Estas son preguntas que necesitamos responder de manera responsable, pero también de manera inevitable.

Considero que nuestra Constitución recuperará plenamente su carácter de pacto social cuando se fortalezca la relación de identidad y pertenencia de la sociedad con su máximo ordenamiento jurídico.

Es el momento para sumar esfuerzos en el fortalecimiento de nuestra Constitución, con el propósito de que esta se convierta nuevamente en la ruta de navegación del futuro que deseamos construir para las siguientes generaciones.

Por esto, siendo este acuerdo tan importante, el grupo parlamentario los saluda.

El acuerdo del día de hoy, por medio del cual el Senado de la República y el periódico El Universal trabajarán de manera conjunta para compilar un conjunto de artículos sobre la importancia de la Constitución a 100 años de su creación, es de la máxima relevancia.

Reconocemos en el periódico El Universal a uno de los pilares del periodismo y de la libertad de expresión en nuestro país.

¡100 años de la Constitución!

¡100 años de la aparición de El Universal! Una afortunada coincidencia.

Sólo un dato. La rotativa de El Universal, que ahora se encuentra en la explanada de la Cámara de Diputados, sirvió para imprimir la primera edición de la Constitución de 1917, un hecho que ilustra el apoyo de esta casa editorial desde su fundación a las instituciones del Estado mexicano, y que ahora continúa con ese comportamiento de fortalecimiento a las instituciones y a la sociedad.

Con este acuerdo, el Senado da una muestra de su voluntad de sumarse activamente a la Conmemoración del Centenario de la Constitución, y sobre todo al compromiso que las y los Senadores de la República hemos realizado de cumplir y hacer cumplir la misma, es decir, cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Señoras y señores, la democracia avanza en el sentido que avanzan sus libertades. Que no nos quede duda que así ha sido y así deberá ser.

Uno de los valores de nuestra democracia es la libertad de expresión. La degradación de esta libertad puede llevar a la destrucción de la democracia.

En la actualidad, a la tradicional censura que lamentablemente todavía algunos gobiernos pretenden seguir ejerciendo, sobre la libertad de expresión, hay que agregar la violencia del crimen organizado y del terrorismo, del terrorismo que se ejerce, inclusive, sobre el ejercicio de este derecho.

Hoy, y en el contexto de este acuerdo, también es un momento para reafirmar nuestra convicción, nuestra clara convicción que hacemos junto con El Universal sobre la libertad de expresión, sobre el debate libre de las ideas, sea sobre este gran tema o sobre cualquier otro tema de la vida nacional.

Felicidades a El Universal por este primer centenario, de verdad nos sentimos congratulados con la presencia de esta gran familia del periodismo mexicano, la familia de El Universal.

Muchas gracias, Juan Francisco, un abrazo fraterno.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Barbosa Huerta.

Tiene el uso de la palabra el Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Senador Javier Lozano Alarcón: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes a todos.

Querido Juan Francisco, ¡bienvenido al Senado de la República!

Yo, al igual que quienes me antecedieron en el uso de la palabra, y todos mis compañeros del grupo parlamentario de Acción Nacional, celebramos este acuerdo ante el Senado de la República y el periódico El Universal para hacer este compendio con pensamiento, con letras, reflexiones, en torno a los cien años de nuestra Constitución.

Ya se ha dicho aquí que es una muy afortunada coincidencia el que El Universal haya nacido prácticamente al mismo tiempo, antes incluso que la Constitución, porque aquí se dijo también que es precisamente en los talleres de El Universal donde se imprime esa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En octubre del ‘16, siendo por iniciativa del ingeniero Félix Fulgencio Palavicini, que era parte de la Asamblea del Constituyente de Querétaro, es que se crea este periódico. “Prensa amiga, prensa libre”, decía, y es que se trataba de darle espacio a voces que tenían algo qué decir respecto de todo este proceso revolucionario que culmina con la Constitución del ‘17.

Qué afortunada idea tuvieron entonces en esa esquina de Madero y Motolinia que se instalan esos talleres, la primera redacción; y ahí se imprime esta Constitución.

En 1921 adoptan, y yo creo que muy afortunadamente también el lema de “El Gran Diario de México”, pero era más que un lema, era un compromiso para con la sociedad mexicana, y vaya que lo han sabido honrar después de todos estos años, Juan Francisco.

Y también es El Universal el primero que con El Gráfico lanza una edición vespertina para tener más presencia en toda la sociedad mexicana.

Después de Palavicini, vino Lanz Duret, vino Gómez Ugarte, pero en octubre del ‘69 llega Juan Francisco Ealy Ortiz.

Y quiero aquí decir, reconocer en Juan Francisco a un amigo muy querido, lo quiero reconocer públicamente, y me emociona ser quien dirija estas palabras porque me consta de su patriotismo, me consta que es un hombre de trabajo, ciertamente un empresario, pero también un emprendedor de ideas y de libertades, porque como bien decía don Manuel Bartlett, puede haber muchas formas de pensar que se expresan en las páginas de El Universal, pero jamás la censura en las páginas de El Universal, jamás la censura previa, jamás la censura spots, jamás una reconversión, jamás algo que pueda limitar ese fluir del pensamiento, esa libertad.

Juan Francisco fue objeto de una persecución política, de un hostigamiento, hace 20 años, y no evadió a la justicia, dio la cara a la justicia, y muy pronto quedó aclarado el asunto, pero no se intimidó y siguió adelante y, por ello, te felicito Juan Francisco, y a toda tu familia contigo, fueron momentos muy difíciles, pero que supiste superar.

Es un referente obligado, ya no solamente en sus páginas, ya también en las páginas electrónicas se disputa mes con mes el primer lugar del portal más visitado de todos en cuanto a medios de comunicación se refiere, ese es un gran compromiso, porque una cosa es recibir todas las mañanas el periódico físicamente y otra cosa es estar en tiempo real actualizando esa página con el acontecer nacional e internacional en todos sus rubros, en todas sus secciones.

Yo, al igual que don Manuel Bartlett, Alejandro Encinas, y tantos otros Senadores y Senadoras de la República, escribo desde hace trece años en El Universal. Primero semanalmente en la sección de dinero, en la página de negocios, con la agenda de las telecomunicaciones, una columna sobre este tema muy específico, y desde que estoy en el Senado escribo en las páginas de la primera sección con absoluta libertad, cosa que quiero reconocer y que quiero agradecer.

Es también El Universal el primer periódico que ordena la certificación de su circulación, el primero. Para no inventar cuántos son, cuántos ejemplares están en circulación y cuántos ejemplares han sido leídos, el primero que se atreve a este ejercicio de transparencia.

Y, como les decía, bueno, eluniversal.com.mx es un referente obligado permanente de todos quienes estamos en la vida pública y también en el sector privado.

Nuestra Constitución va a cumplir, como dijimos, 100 años, pero hay que hacer una reflexión, ya lo decía don Manuel Bartlett.

Esta Constitución de 1917 reconoce, siendo una nueva Constitución, entre comillas, en realidad es una reforma integral a la Constitución de 1857, lo cual nos dice que aún aquel Congreso Constituyente, y aún derivado de una Revolución se respetó un orden institucional en cuanto a sistema jurídico mexicano se refiere.

Ahora hay que hacer una reflexión, que hicieron muy bien mis compañeros Barbosa, Flores, Bartlett, que nosotros como legisladores debemos preguntarnos si no se nos ha pasado la mano con tantas reformas y adiciones a la Constitución.

Porque una cosa es que sea un ordenamiento dinámico que se tiene que ir ajustando y adaptando a las condiciones de nuestra sociedad, y otra es que por pésima técnica legislativa, por desconfianza entre unos y otros, o por demagogia elevemos tantos conceptos, principios y disposiciones a rango constitucional.

Cuestiones que podrían perfectamente estar en un reglamento, y si me apoyan un poco hasta en una Norma Oficial Mexicana van a dar a la Constitución. Y se nos llena la boca diciendo: “está ya a rango constitucional”.

Como si por decreto se diera la felicidad, como si por decreto se diera la igualdad y la no discriminación en este país. Vergüenza nos debería de dar ser demagogos con tantas cosas que traemos aquí, que presentamos iniciativas, que las aplaudimos a rabiar cuando la realidad en la calle es otra.

La sola reforma de telecomunicaciones y radiodifusión, que hace un momento se comentaba, esa es la reforma, el decreto constitucional es más grande, más extenso que toda la Constitución de los Estados Unidos de América.

Y creamos órganos autónomos de “tiro por viaje”, al margen del Poder Ejecutivo, porque no le tenemos confianza al Presidente en turno. Es un absurdo, es una sinrazón.

Y despreciamos nosotros políticos a la clase política metiendo a ciudadanos pensando que ellos, de peluca blanca, van a hacer las cosas mejor que los políticos tradicionales.

A la Constitución, y con esto termino, no necesitamos una nueva Constitución, porque ahora es la ocurrencia de la temporada, como es el centenario, porqué no pensar en una nueva Constitución.

No hay que pensar en una nueva Constitución, hay que respetar la que tenemos, hay que aplicarla a cabalidad, hay que privilegiar la cultura de la legalidad y no la de la corrupción, y hay que dejarla de manosear.

En eso sí podemos honrar y conmemorar a la Constitución Mexicana.

Nuevamente, Juan Francisco, ¡bienvenido a tu casa!

¡Muchas felicidades!

¡Enhorabuena!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Lozano Alarcón.

Tiene el uso de la palabra el Senador Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Enrique Burgos García: Con su anuencia, señor Presidente. Distinguida Asamblea senatorial.

Saludamos con mucho respeto y aprecio al licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente y Director General de El Universal, a su muy respetable familia y a sus colaboradores.

En el marco de los eventos que el Senado de la República promueve para conmemorar el centenario de nuestra Constitución, la de 1917, esta tarde hacemos y significamos acontecimientos relevantes; y a riesgo de ser reiterativos, porque estamos en el mismo tema y lo estaremos sin duda alguna, la conmemoración de un centenario está envuelta en las coyunturas y en circunstancias con las que se inauguró un tiempo nuevo.

Hace casi 100 años, allá en el Teatro de la República, en Querétaro, 216 mexicanos fueron convocados a un Congreso Constituyente del que habría de surgir nuestro documento colectivo más relevante. Como lo dijera el propio Carranza: surgiría formidable y majestuosa la Constitución de 1917.

Conmemorar el 5 de febrero de 2017, ya próximo, no será solamente una fecha significada dentro de nuestro calendario cívico, dentro de los días fastos de los mexicanos, no en medio de la dinámica intensa en lo social, en lo político, en lo económico de nuestros tiempos, se trata de exaltar no un acto individual o un hecho heroico, se trata de subrayar, de exaltar el acontecimiento producto de una voluntad colectiva, quizá el más significado, como el que un pueblo se dé a sí mismo una Constitución.

A casi 100 años de esa promulgación, nuestra Constitución ha sabido dar horizonte y transformaciones a los retos y desafíos que en una centuria ha vivido el pueblo mexicano; y en la previsión de haber diseñado su propia reformabilidad se transforma y cobra vigencia.

Con 225 decretos y 630 reformas susceptibles de una reordenación, nuestra Constitución marca el camino de los mexicanos, tal como el mismísimo Congreso Constituyente de 1917 prefiguró un Estado fuerte y al propio tiempo conciliador, el mismo que en nuestro tiempo da cabida a reivindicaciones sustanciales, pero siempre dentro de las fronteras éticas y políticas de la nación mexicana.
Reafirmamos en este marco conmemorativo del centenario la originalidad del constitucionalismo social mexicano, originalidad y valor que no sólo se finca en la conciliación entre lo social y lo individual, sino en su audacia y nitidez, en su fidelidad que desde hace 100 años se asomó al futuro para sin rupturas ni desprendimientos, abrir paso a los anhelos de democracia y de justicia y reafirmar las decisiones políticas fundamentales.

Si la esencia de la política es la búsqueda y la construcción de acuerdos entre la diversidad de los componentes sociales para seguir construyendo horizontes con sentido de viabilidad, hoy día nuestra Constitución se afirma como el gran basamento único para los grandes acuerdos políticos.

Pero casi en sintonía cronológica con el trayecto constitucional, resulta de gran importancia subrayar la crónica, las vivencias, los matices y las posiciones que prevalecieron entre el 1 de diciembre de 1916 y el 5 de febrero de 1917.

Se ha dicho aquí, pero vale reiterarlo, hace casi 100 años, un 1º de octubre asomaba a la luz pública el diario El Universal, en un tiempo en donde no existían los medios electrónicos. Fue entonces El Universal el medio que constantemente reflejó el sentir de la nación desde el seno mismo del Constituyente de 1917.

Ahí la referencia de las distintas posiciones, los renovadores, entre los que destacaba Félix F. Palavicini; y los radicales, entre los que destacaba Francisco J. Mújica.

En el debate de las ideas y del pensamiento, El Universal reflejaba en sus páginas los avances más relevantes día con día, las definiciones del artículo 3o. en el horizonte de la educación; de los artículos 27 el reconocimiento y reivindicación, y en la propiedad originaria de los recursos de la nación; el nuevo horizonte del artículo 123 constitucional que retomaba para el obrero lo que había dejado pendiente la Constitución demo-liberal de 1857.

En ese espacio de ideas y de debates, en la parte conclusiva de los trabajos del Constituyente, el ingeniero Félix F. Palavicini, director de El Universal; Natividad Macías, ex Rector; Manual Anaya, Alfonso Cravioto, en la Comisión de Redacción y Estilo; con un periodista guanajuatense que se sumó a ellos, Ernesto Hidalgo, acordaron los preparativos para que fuese El Universal el que, en un tiraje especial, diera a conocer profusamente en su edición del 4 de febrero, un día antes, el contenido íntegro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se firmó y protestó el 31 de enero de ese año; es decir, el pueblo de México pudo conocer un día antes de su promulgación el contenido de nuestro nuevo orden fundamental.

Si me permite, señor Presidente, hago una acotación por la queretaneidad.

En Querétaro se hizo una edición, pero fue solamente para los carteles que correspondían a la difusión, al acto y el evento en el que se daba constancia de que existía una nueva Constitución; pero solamente se redujo a eso, a un corte que debía el presidente municipal colocar en los lugares más representativos de la ciudad de Querétaro. Pero la difusión, la edición masiva y el conocimiento, sin duda, fue la gran tarea de El Universal.

Vale recordar, desde la rotativa Goss y un ejército de voceadores, desde el viejo edificio Gambrinus, anunciaba en las calles de la capital mexicana la existencia y el surgimiento de un nuevo orden constitucional y, al propio tiempo, el nacimiento de un periodismo innovador, profesional, critico, objetivo, que desde entonces y hasta nuestros días refleja realidades para hacer el periódico de la vida nacional.

Es nuestra convicción que la Constitución surgida hace casi 100 años, es una Constitución viva y actuante, es raíz y es horizonte.
Por eso y a riesgo de ser reiterativo, hago un recuerdo del último sobreviviente de los diputados constituyentes.

Tarde de recuerdos, sin duda esta, de don Jesús Romero Flores, perteneciente a esa estirpe de hombres sencillos, de sentido común, que no se envanecieron frente a su obra, pero estaban seguros de ella, de su fuerza, de su sinceridad; y cito sus últimas expresiones: “Estamos ayunos de muchas cosas; más ante el presente mundo confuso, en nuestra Constitución encontramos una síntesis ideológica que nos permite pasar indemnes ante quienes, a nombre de la justicia, pretenden ahogar la libertad y a quienes a nombre de la libertad, intentan perpetuar la injusticia. Sí, llegamos tarde al siglo XX. Pero por llegar transformando para mejor construir, por haber determinado popularmente objetivos, normas y métodos para edificar. Por haber obtenido síntesis de ideas, nos acercamos más al siglo XXI”.

No temamos entonces al análisis, ni a la discusión de nuestros problemas, ni de nuestros grandes retos. La Constitución nos señala el camino, veámoslo con el cuidado y rigor que el tema requiere, no ignoremos el vigor de una autentica dialéctica democrática.

Es congruente y de valor la persona que dice lo que piensa, pero lo es más quien escribe lo que piensa.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Burgos García.

Esta Presidencia tiene registrados dos oradores más, inmediatamente después someteremos a votación el Acuerdo que ha sido presentado.

Se concede el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente.

Celebro su buen criterio.

Juan Francisco, te hablo con el corazón, con el agradecimiento de uno de tus soldados en algún tiempo de esos 99 y que van a ser 100 años de historia del periódico El Universal.

También es un placer ver a tu familia ya desarrollada, a tus hijos que entonces los veíamos con pantaloncillos cortos en las reuniones de consejo, en aquellos primeros de octubre donde celebrábamos y seguimos celebrando el cumpleaños de nuestro periódico, verlos ya como hombres consumados e integrados a ese gran proyecto.

Una forma de hacer patria es hacer periodismo. El Universal que cumple 100 años el próximo primero de octubre, el licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, que es el editor decano en América Latina, en América y quizá en el mundo, 47 años ininterrumpidos al frente de una empresa editorial, pasando por todos los sortilegios probables y posibles, por las crisis económicas, los hostigamientos públicos, los muchos problemas laborales que en un tiempo se enfrentó en ese periódico y estar vigente y además presente, es algo que se debe reconocer.

Yo me acuerdo el tiempo que me tocó servir a los universales, allá por los años 80 en que la arena política, la verdadera arena política se vivía en las páginas de El Universal.

Recordamos ahí las plumas de algunas personas vigentes, otras desafortunadamente ausentes, como doña Rosario Ibarra de Piedra, como Manuel J. Clouthier, Gumercindo Magaña, Heberto Castillo Martínez, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo, Gilberto Rincón Gallardo, Luis H. Álvarez y Manuel Camacho Solís, que publicaban su forma de pensar, sus sentimientos en esas páginas y, no obstante el hostigamiento oficial, no obstante la presión que en aquella década se vivía en el gobierno, Juan Francisco a pie firme sostuvo siempre la verdad de esa empresa y la verdad de sus colaboradores.

Quiero por ello reconocer a este caballero y señalar que la Constitución y El Universal tienen un nexo; ¿por qué? Porque don Félix Fulgencio Palavicini no sólo fue miembro del Congreso Constituyente, fue quien alentó el Congreso Constituyente, fue quien ideó, precisamente, la formulación, la constitución de esta Carga Magna y, obviamente, previo a la promulgación, fundó esta gran institución que debe ser entendida ni más ni menos como una institución de la nación.

En obvio de tiempo, muchísimas gracias, Juan Francisco, eres un caballero por los cuatro costados, tu equipo de trabajo, tu familia, a seguir volando con alas universales. Y ya se le ve dueño, mis queridos amigos Senadores, a la Belisario Domínguez de este año.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Blásquez Salinas.

Tiene el uso de la palabra el Senador Emilio Gamboa Patrón, Presidente de la Junta de Coordinación Política.

El Senador Emilio Gamboa Patrón: Con su permiso, señor Presidente del Senado. Compañeras y compañeros Senadores de la República:

Hoy le damos la más cordial bienvenida a un hombre que ha luchado por la libertad, por la pluralidad, por la democracia y por la justicia en el país, me refiero a Juan Francisco Ealy Ortiz.

Eres bienvenido a la casa del pueblo, a la casa de la pluralidad, a la casa de la discusión de los acuerdos, donde aquí hemos podido, con la voluntad política de mis compañeros Senadores, hacer reformas estructurales que vendrán, sin duda alguna, a beneficiar a este México que tanto quieres y que tanto queremos.

Le doy la bienvenida también a tu familia, a mi ahijada Perlita, que hoy está aquí, a tus hijos y a tus hijas. Y sé que no te acompaña tu amada esposa, Perla, porque hace una semana tuvo, desgraciadamente, el fallecimiento de su señora madre. Dale, a nombre del grupo parlamentario y de todos los Senadores, nuestro más sentido pésame, Juan Francisco.

Se dice fácil, va a cumplir 100 años El Gran Diario de México, El Universal, un periódico que es obligación de todos los que estamos en este cuerpo colegiado del Senado de la República leerlo. Escriben muchas compañeras y compañeros; y ahí nos dicen y aquí en la tribuna también nos dicen lo que escriben en tu periódico. Y se dice fácil, sin duda alguna, pero estar al frente de un periódico tan o muy importante en el país, 47 años como presidente y director general, habla de una cosa, habla de que eres un hombre serio, que eres un hombre profesional, que amas profundamente a tu país; y a mí me consta, yo he estado durante mucho tiempo del lado del gobierno federal y siempre vi a Juan Francisco Ealy ir y pelear por la pluralidad, por la democracia, porque este país abriera el cauce democrático que demandaba el México de hace 100 años.

Sin duda, este gran periódico, con tus colaboradores que hoy te acompañan, han sabido adaptarse a los nuevos tiempos. El Universal al minuto.

Si hoy abrimos nuestros teléfonos, nuestras computadoras, ahí está lo que está pasando en este momento no sólo en México, han podido entender que estamos interesados también en el mundo.

México es un país que tiene enorme posibilidad de crecer. México quiere seguir viviendo en paz y en tranquilidad; y tú, a través de tus páginas, nos enseñas y nos muestras lo que pasa en muchísimos lugares del mundo que no quisiéramos que pasara en nuestro país.

Sin duda, El Gran Diario de México ha dado muestra fiel, todos los días, de lo que pasa, de las transformaciones nacionales e internacionales, la importancia que tiene México en el mundo y la importancia que México le da al mundo.

El Universal es pilar sin duda alguna de la libertad, de la democracia. Y yo recuerdo, en la década de los 80’s cuando Juan Francisco tuvo la gentileza de invitarme a inaugurar una rotativa, una de las más importantes en el mundo, me decía: “estoy poniendo todo porque creo en México y creo en esta gran institución El Universal.

Viví también junto a él, en la década de los 80’s, cuando abrió las páginas a la izquierda y a la derecha del país, a Rosario Ibarra de Piedra, a Manuel Clouthier, a muchísimos mexicano que estuvieron participando también como candidatos a la presidencia de la república; y Juan Francisco, sin ningún temor, a través de sus páginas dio esa libertad que hoy aplaudimos en el Senado de la República.

No hay duda que queda en el Diario de los Debates menciones que leemos en El Universal, que se debaten en esta tribuna, Juan Francisco, cuestiones de toda índole, siempre sin duda con el mejor afán de hacer nuestro mejor trabajo como Senadores de la República.

Hay que sentirse orgulloso de conocer a un hombre cabal, un hombre que quiere a México, un hombre que se ha ganado el respeto, que ha sabido con dignidad, con entereza, con fortaleza, que sí la tiene, formar una buena familia, estar al frente de una de las instituciones que en México existen, como El Universal.

No es un periódico, se equivoca quien pueda calificar o creer que El Universal es un periódico.

Hoy muchas mexicanas y mexicanos que vemos en El Universal la gran institución del periodismo mexicano.

Por eso no quiero ser reiterativo de las palabras de los Senadores Manuel Bartlett, Miguel Barbosa, Gerardo Flores, Enrique Burgos y Marco Blásquez.

Cada uno mencionó lo que siente, cada uno expresó, con toda libertad en esta tribuna lo que es para ellos y para sus grupos parlamentarios El Universal.

Quiero terminar diciéndote que para mí es un orgullo el que seamos amigos, para mí es un orgullo que México tenga un periódico serio, profesional, como El Universal, el Gran Diario de México.

¡Felicidades y enhorabuena!

Muchísimas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Gamboa Patrón.

Doy cuenta a la Asamblea del contenido del Acuerdo suscrito por la Mesa Directiva.



Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo que ha sido presentado.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado por unanimidad el Acuerdo. Se aprueba que el periódico El Universal y el Senado de la República realicen conjuntamente un compendio de artículos sobre la "Importancia de la Constitución a 100 años de su creación", así como la coedición de un libro que los contenga. Comuníquese.

Agradecemos al señor Juan Francisco Ealy Ortiz su asistencia a esta sesión para escuchar el despacho del Acuerdo que ha sido presentado. También agradecemos la presencia de sus distinguidos invitados, especialmente a su apreciable familia. La presencia del señor Juan Francisco Ealy Ortiz demuestra su interés por apoyar los esfuerzos intelectuales de reflexión política y constitucional en el marco de la conmemoración de la historia de nuestra Constitución.

Solicito a la comisión que ha sido designada acompañen al señor Juan Francisco Ealy Ortiz y a su familia a retirarse del salón, cuando así lo deseen.

Muchísimas gracias, don Juan Francisco.

¡Sea usted, de nueva cuenta, bienvenido al Senado de la República!





 

Pasamos a los dictámenes para primera lectura. Dé cuenta la Secretaría con ellos, por favor.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, doy cuenta con los dictámenes.

Tenemos cinco dictámenes de primera lectura de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, con proyectos de Decreto:

Por el que se adiciona el artículo 48 de la Ley de Migración.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE MIGRACIÓN

(Dictamen de primera lectura)







 

Por el que se adicionan los artículos 11 y 29 de la Ley de Migración.

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 11 Y SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN II Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN ACTUAL Y LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE MIGRACIÓN

(Dictamen de primera lectura)







 

Por el que se reforman y adicionan los artículos 2 y 28 de la Ley de Migración.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 2 Y 28 DE LA LEY DE MIGRACIÓN

(Dictamen de primera lectura)







 

Por el que se reforma el artículo 112 de la Ley de Migración.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL PRIMER PÁRRAFO Y LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTÍCULO 112 DE LA LEY DE MIGRACIÓN

(Dictamen de primera lectura)







 

Y por el que se reforma y adiciona los artículos 20, 25, 69 y 107 de la Ley de Migración.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 20, 25, 69 Y 107 DE LA LEY DE MIGRACIÓN

(Dictamen de primera lectura)







 

Asimismo, tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5 y 7 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5 Y 7 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes de primera lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, quedan de primera lectura.

Compañeros Senadores, les informo que la Mesa Directiva acordó esta mañana diferir la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. La discusión se realizará en la próxima sesión que celebre este Pleno.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 9o. del Decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece Bases para su Ejecución en México, que propone un incremento de acciones de México.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9o. DEL DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES Y QUE ESTABLECE BASES PARA SU EJECUCIÓN EN MÉXICO

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

En sesión ordinaria de fecha 19 de febrero de 2015, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 9o. del Decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece Bases para su Ejecución en México.

Estas Comisiones Unidas que suscribimos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1, y 2; 184; 186; 187, y 190, párrafo 1, fracción VI, del Reglamento del Senado de la República, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración de la iniciativa que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido del tema de la iniciativa de referencia realizamos los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187; 188; 189, y 190, párrafo 1, fracción VII, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA

1. En sesión ordinaria del 19 de febrero de 2015, el Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad que le confieren el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentó la iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 9o. del Decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece Bases para su Ejecución en México.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores mediante oficio No. DGPL-2P3A.-1065 turnó la mencionada iniciativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. En reunión de trabajo del día 3 de marzo de 2016, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, revisamos el contenido de la citada iniciativa, a efecto de emitir observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa tiene como objetivo armonizar con la Constitución, el tratamiento que debe darse a las modificaciones y enmiendas al Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), para ello, se propone reformar el artículo 9o. del Decreto en comento, para señalar que el Gobierno Federal requerirá la autorización expresa del Senado de la República para aceptar enmiendas del Convenio respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De igual forma, se plantea la autorización al gobierno Federal, por conducto del Banco de México, para suscribir 207 acciones con un valor total de 2,070,000 (dos millones setenta mil) dólares de los Estados Unidos de América. Esto con el propósito de incrementar la participación y presencia de nuestro país en organismos financieros internacionales como los es el Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones.

III. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

El Ejecutivo Federal en su iniciativa, hace referencia a los organismos financieros internacionales como un referente clave de asistencia técnica de alta calidad y financiamiento de proyectos de alto impacto en el desarrollo.

La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), parte integrante del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID), se constituyó el 19 de noviembre de 1984, con el objetivo de promover el desarrollo económico de sus países miembros regionales en proceso de desarrollo, mediante el estímulo al establecimiento, ampliación y modernización de empresas privadas, particularmente las de pequeña y mediana escala; complementando las actividades del Banco Interamericano de Desarrollo.

Es por ello, que el H. Congreso de la Unión aprobó el Decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece Bases para su Ejecución en México, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de enero de 1986.

Posteriormente, el Ejecutivo Federal refiere en su iniciativa, que el 1 de junio de 2001 se publicó en el DOF el Decreto por el que se autoriza al Gobierno Federal realice la suscripción de tres mil quinientas dos acciones o partes sociales del organismo a que se refiere el Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece Bases para su Ejecución en México, por un monto de treinta y cinco millones veinte mil dólares de los Estados Unidos de América.

Al 2013 la Corporación Interamericana de Inversiones culminó con 71 operaciones aprobadas por un total de 415.4 millones de dólares de los Estados Unidos de América en préstamos e inversiones indirectos. Particularmente, para el caso de México, la CII comprometió financiamientos por un monto de 68.9 millones de dólares de los Estados Unidos de América que se han destinado al apoyo de 9 empresas de los ramos de servicios financieros, vivienda, minería y procesos productivos. De manera complementaria, la Corporación Interamericana de Inversiones aprobó un préstamo de hasta 400 millones de pesos a un banco de nicho mexicano especializados en microfinanzas, para otorgar alrededor de 400,000 préstamos a microempresarios en zonas rurales del país. Bajo el esquema de canalizar recursos a las pequeñas y medianas empresas, México ha sido apoyado por el CII en más de 100 subproyectos.

Con motivo de las presiones presupuestales y las medidas de austeridad anunciadas por los Estados Unidos de América en febrero de 2012, éste resultó imposibilitado de pagar 1,581 acciones del paquete accionario que la Asamblea de Gobernadores de la CII le había autorizado incrementar en el año de 1999. En octubre de 2012, el Presidente de la Asamblea de Gobernadores informó a sus miembros el monto de acciones disponibles, a fin de realizar una oferta para suscribir dichas acciones. A México se le ofrecieron 207 acciones con un valor total de 2,070,000 (dos millones setenta mil) dólares de los Estados Unidos de América, mismos que debieron ser cubiertos antes del 1 de marzo de 2015; de conformidad con las condiciones establecidas en la resolución del Directorio Ejecutivo CII/DE-55/08, y sus modificaciones contenidas en la Resolución CII/DE-48/12 de conformidad con la oferta para la suscripción de las acciones disponibles realizada por la CII al Gobierno de México; esto mediante escrito de fecha 15 de enero de 2013.

El Ejecutivo Federal destaca que con el Aumento General de Recursos aprobado en 1999, el poder de voto relativo entre los países miembros permaneció inalterado; sin embargo, con la suscripción de acciones que quedaron disponibles y que fueron ofrecidas en octubre de 2012, el poder de voto de los países que suscriban dichas acciones se incrementará. En el caso de México pasará de 7.22% a 7.38%.

En razón de lo anterior, el Ejecutivo Federal estima que con la propuesta de incremento del número de acciones para México en el CII, incrementará la participación y presencia de nuestro país en organismos financieros internacionales; así como lo fortalecerá en la región de América Latina y el Caribe.

De igual forma, el Ejecutivo Federal plantea que para armonizar los principios y reglas aplicables a los acuerdos y tratados internacionales que han sido el fundamento jurídico para que nuestro país participe en organismos financieros internacionales (tales como la Corporación Interamericana de Inversiones), con los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ratificación del Congreso Federal de negociaciones diplomáticas y tratados con las potencias extranjeras; resulta necesario reformar el artículo 9o. del Decreto en mención, para señalar que el Gobierno Federal requerirá la autorización expresa del Senado de la República para aceptar enmiendas del Convenio respectivo.

IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES A LA INICIATIVA

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1 y 2; 184; 186; 187; 188; 189, y 190, del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, resultamos competentes para dictaminar la iniciativa descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA.- Estas Comisiones Dictaminadoras consideramos que el presente Instrumento promueve el desarrollo económico de México como miembro de organismos financieros internacionales, para este caso de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), dado que estimula el espíritu del emprendimiento, a través del establecimiento- ampliación- modernización de empresas privadas (principalmente de pequeña y mediana escala).

TERCERA.- Resulta pertinente mencionar que nuestro país ha tenido una participación activa en la Corporación Interamericana de Inversiones, al ser uno de sus principales accionistas, así como de los principales receptores de su asistencia técnica y beneficiarios de financiamiento.

La CII culminó 2013 con 71 operaciones aprobadas, por un total de 415.4 millones de dólares de los Estados Unidos de América en préstamos e inversiones indirectos. En tanto que para México, la Corporación Interamericana de Inversiones otorgó financiamientos por un monto de 68.9 millones de dólares de los Estados Unidos de América, destinados a apoyar a 9 empresas en los ramos de servicios financieros, vivienda, minería y procesos productivos. Además de que, recientemente, la CII aprobó un préstamo de hasta 400 millones de pesos a un banco mexicano especializado en las microfinanzas, que busca otorgar alrededor de 400,000 préstamos a microempresarios en zonas rurales del país.

CUARTA.- Estas Comisiones Unidas concebimos adecuada la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal, en virtud de la importancia de la participación de México en el incremento de capital de la Corporación Financiera Internacional. Estas aportaciones se enmarcan en una serie de acuerdos que se tomaron a nivel mundial para reformar a las instituciones financieras internacionales, en virtud de la reciente crisis económica global de 2009 y del reconocimiento del estatus de las economías emergentes, como la mexicana, como motores del crecimiento mundial.

De igual manera, es relevante destacar que la CII promueve el acceso al financiamiento para microempresas, desarrolla marcos para la participación efectiva del sector privado, apoyando proyectos de eficiencia que fortalezcan la competitividad, y como organismo financiero internacional funje como una fuente de asistencia técnica de alta calidad y financiamiento de proyectos de alto impacto en el desarrollo.

QUINTA.- Estas Comisiones Unidas consideramos de suma importancia el incremento de la participación y presencia de México en el Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones, a través de la suscripción de 207 acciones con un valor total de 2,070,000 (dos millones setenta mil) dólares de los Estados Unidos de América; en virtud de que es congruente con el Quinto Eje de Gobierno del Ejecutivo Federal, que busca “lograr que México sea un actor con responsabilidad global. Un país con participación propositiva en el mundo, dispuesto a fomentar la cooperación entre las naciones, con una diplomacia moderna e innovadora. México debe contribuir a la estabilidad en un mundo convulso, una voz que se escuche, una voz que defienda la libertad y promueva un orden más justo y un mundo sustentable en el Siglo XXI.”

Asimismo, la participación de México en la Corporación Interamericana de Inversiones es acorde a las acciones de impulso al desarrollo económico, propuestas por el Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.

SEXTA.- Estas Comisiones Dictaminadoras referimos que el fortalecimiento de la Corporación Interamericana de Inversiones, a través de la suscripción de acciones, cobra una gran relevancia para México ya que con ello se está reforzando un elemento clave para detonar el crecimiento y mejorar la calidad de vida en los países en vías de desarrollo a través del apoyo al sector privado, que es reconocido como el sector clave para lograr la prosperidad compartida y avanzar en la eliminación de la pobreza extrema.

SÉPTIMA.- Al participar en la suscripción de acciones de la Corporación se fortalecerá la participación porcentual de México en el poder de voto de los países de 7.22% a 7.38%. Asimismo, México se mantendrá como uno de sus principales accionistas además de ser uno de los mayores beneficiarios de los préstamos que otorga la Corporación Interamericana de Inversiones.

OCTAVA.- De manera complementaria, estas Comisiones Unidas destacamos la necesidad de armonizar el Decreto que en esta ocasión nos ocupa, con los que se dispone en nuestra Carta Magna, actualizando el tratamiento que debe darse a las modificaciones y enmiendas al Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones. En tal virtud, consideramos no sólo conveniente, sino necesario, reformar el artículo 9o. del Decreto de mérito, para señalar que la terminación, denuncia, suspensión, modificación, enmienda, retiro de reservas y formulación de declaraciones interpretativas del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones, requerirán la aprobación exclusiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de nuestra Carta Magna.

NOVENA.-Estas Comisiones Dictaminadoras concluimos que la presente reforma al Decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece Bases para su Ejecución en México, fortalecerá la participación y liderazgo de México en la región de América Latina y El Caribe. A la par que garantizará la potestad exclusiva del Senado de la República para aprobar las modificaciones y enmiendas que se hagan al presente instrumento jurídico internacional de que se trata.

Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas que suscribimos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9o. DEL DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES Y QUE ESTABLECE BASES PARA SU EJECUCIÓN EN MÉXICO.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 9o. del Decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece bases para su ejecución en México, para quedar como sigue:

“Artículo 9o.- El Gobierno Federal requerirá la aprobación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la terminación, denuncia, suspensión, modificación, enmienda, retiro de reservas y formulación de declaraciones interpretativas del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones”.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se Autoriza al Gobierno Federal, para que, por conducto del Banco de México, efectúe la suscripción adicional de 207 acciones de la Corporación Interamericana de Inversiones, hasta por el equivalente a 2,070,000 (dos millones setenta mil) dólares de los Estados Unidos de América.

ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al Ejecutivo Federal para actualizar la suscripción adicional de acciones de la Corporación Interamericana de Inversiones que a México corresponde hasta por los montos máximos autorizados, de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO SEGUNDO anterior.

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sala de Comisiones del H. Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión. Les informo que el dictamen consta de un solo artículo, por lo cual la discusión se hará en lo particular y en lo general en un solo acto.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para referirse al dictamen.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente.

La Corporación Interamericana de Inversiones es un organismo miembro del Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene como propósito otorgar financiamiento a las pequeñas y medianas empresas del sector privado de los países que sean miembros, de América Latina y El Caribe, y también ofrece servicios de asesoría y capacitación.

Los financiamientos pueden ser directos a las propias empresas o indirectos, a través de bancos o intermediarios financieros.

La Corporación Interamericana de Inversiones está integrada por 26 países miembros de América Latina y El Caribe, entre los cuales se encuentra México, que se incorporó en 1986.

También son miembros de esta corporación 19 países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón, Corea, España, entre otros, cuya participación principal es la aportación de capital para que la Corporación Interamericana otorgue financiamiento a los 26 países miembros regionales.

Analicemos algunos datos para México. De 1990 a 2015, la Corporación Interamericana de Inversiones ha financiado 97 proyectos en México, con un monto total de 600 millones de dólares, ello equivale a 6.1 millones de dólares en promedio por proyecto o a 24 millones de dólares promedio anual.

Algunos de estos proyectos financiados han sido para instituciones financieras que proporcionan micro créditos a las pequeñas empresas que no reciben crédito de la banca comercial.

Entonces, podemos llegar a la conclusión de que los alcances de estos financiamientos de la Corporación Interamericana de Inversiones son bastante limitados en relación con las enormes necesidades de inversión que tiene el sector de las pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, tiene características positivas. Como que al otorgarse en condiciones favorables los proyectos deben cubrir ciertos requisitos; por ejemplo, que tengan impacto social, que no dañen el medio ambiente y que contribuyan al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, todo lo cual resulta uno de los grandes pendientes y limitantes para que el país alcance los niveles de desarrollo que tanta falta le hacen.

Para el otorgamiento de financiamientos la Corporación Interamericana de Inversiones no se limita a analizar la factibilidad de los proyectos, sino que le dan un seguimiento durante toda la etapa de implementación, también realizan evaluaciones ex pots para conocer el impacto que tuvieron los financiamientos y verifican si se cumplieron sus objetivos; es decir, participa en todo el ciclo del proyecto, lo que es fundamental y debería ser obligatorio para cualquier tipo de apoyo a proyectos que tengan enfoque social o productivo.

Por ello, consideramos positiva y adecuada esta iniciativa para que México amplíe su participación en la Corporación Interamericana de Inversiones mediante la suscripción de 207 acciones adicionales a las 3 mil 502 suscritas con anterioridad, con lo cual ampliará, aunque sea marginalmente, su poder de voto de 7.22 por ciento que hoy tiene, a 7.32 por ciento.

También se considera procedente la modificación al artículo 9o. del Decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio Consultivo de la Cooperación Interamericana de Inversiones, ya que asegura la congruencia con el artículo 76 de la Constitución en el sentido de que el gobierno federal requerirá autorización expresa del Senado de la República para aceptar enmiendas al convenio.

Por todo lo antes expuesto, nuestro voto a este dictamen será favorable.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de personas integrantes del Club de Ayuda y Optimismo A.C, de Cuernavaca, estado de Morelos, invitados por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!

Tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Ángel Chico Herrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Históricamente los organismos financieros internacionales han jugado un rol de primer orden en aspectos claves como la asistencia técnica de alta calidad y el financiamiento de proyectos económicos de alto impacto, sobre todo en países en desarrollo como el nuestro.

En este contexto se inscribe la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, cuyo objetivo tiene una singular relevancia para la economía mexicana, armonizar con la Constitución el tratamiento que debe darse a las modificaciones y enmiendas al Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones.

Para ello, propone reformar el artículo 9o. del Decreto en comento, para señalar que el gobierno federal requerirá la autorización expresa del Senado de la República para aceptar enmiendas del convenio respectivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo de nuestra Constitución.

Asimismo, plantea la autorización al gobierno federal, por conducto del Banco de México, para suscribir las 207 acciones con un valor total de poco más de 2 millones de dólares, para aumentar la presencia del país en organismos financieros internacionales como el Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones.

Esta corporación es parte integrante del grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, que busca promover el desarrollo económico de sus países miembros regionales en proceso de desarrollo, mediante el estímulo al establecimiento, ampliación y modernización de empresas privadas, particularmente las de pequeña y mediana escala.

Ello es de gran trascendencia para México en donde las micro, pequeña y mediana empresas son el motor del crecimiento económico y una de las principales fuentes generadoras de empleo.

El Ejecutivo Federal estima que con la propuesta de incremento del número de acciones para México en la corporación, incrementará nuestra presencia en organismos financieros internacionales y permitirá fortalecer la participación y liderazgo de nuestro país en la región de América Latina y El Caribe.

Con la suscripción de la corporación nuestro país se mantendrá como uno de los principales accionistas, además de ser uno de los mayores beneficiarios de los préstamos que otorga la Corporación Interamericana de Inversiones.

El fortalecimiento de esta corporación, a través de la suscripción de acciones, cobra una gran relevancia para México, ya que con ello se está reforzando un elemento clave para detonar el crecimiento y mejorar la calidad de vida en los países en vías de desarrollo.

Sin duda, constituye un instrumento muy importante que promueve el desarrollo económico de México en virtud de que estimula el espíritu de emprendimiento a través del establecimiento y modernización de empresas privadas, sobre todo de pequeña y mediana escala.

Es de suma importancia señalar que México ha tenido una presencia y participación activa en dicha corporación al ser uno de sus principales accionistas, así como de los más importantes receptores de su asistencia técnica y beneficiarios de financiamiento.

Basta señalar que en el año 2013 otorgó financiamientos por un monto de 68.9 millones de dólares destinados a apoyar a 9 empresas en los ramos de servicios financieros, vivienda, minería y procesos productivos. Y recientemente aprobó un préstamos de hasta 400 millones de pesos a un banco mexicano especializado en las microfinanzas que busca otorgar alrededor de 400 mil préstamos a microempresarios en zonas rurales de México.

Las Senadoras y los Senadores del PRI, estamos convencidos en continuar impulsando las políticas públicas que contribuyan al crecimiento y desarrollo de México y que se traduzcan en el mejoramiento del bienestar de las familias mexicanas.

Por ello, consideramos que es conveniente y necesario votar a favor de esta iniciativa.

Muchas gracias, señora Presidenta.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Chico Herrera. Al haberse agotado la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



Son todos los dictámenes de primera lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, quedan de primera lectura.

Compañeros Senadores, les informo que la Mesa Directiva acordó esta mañana diferir la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. La discusión se realizará en la próxima sesión que celebre este Pleno.



El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 81 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 9o. del Decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece Bases para su Ejecución en México. Se remite a la Cámara de Diputados para los afectos del artículo 72 constitucional.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen, en sentido negativo, de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar un segundo párrafo al artículo 8 de la Ley de Migración.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE MIGRACIÓN

(Dictamen a discusión)



El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, está a discusión.
Tiene la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señora Vicepresidenta, Presidenta en funciones ahora. Señoras y señores Senadores:

Estoy un poco consternada de qué fue lo que motivó, además de los argumentos que esgrimen de la Secretaría de Hacienda, y mi duda es si se entiende realmente el interés superior de la niñez.

Porque es la lectura que hago yo de este dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, en donde están desechando una reforma al primer párrafo del artículo 8, de la Ley de Migración, una minuta que viene de la Cámara de Diputados; por cierto, una reforma que se presenta en la legislatura pasada, se dictamina en la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, y hoy la tenemos de manera favorable en el Senado de la República.

Y las comisiones que tendrían que dictaminar, desde mi punto de vista, en sus términos, es decir, apoyar la minuta de la Cámara de Diputados que ya recorrió la mitad del proceso legislativo, aquí las dos comisiones que ya mencioné, están dictaminándola en contra.

Pero, además, no entiendo yo por qué a partir de esgrimir argumentos que francamente son, si me permiten decirlo, un poco esquizofrénicos, porque invocan el artículo 4 constitucional en lo referente a los derechos de la niñez, y exactamente lo que están haciendo es votar en contra de los derechos de la niñez, además, de un sector de la niñez más invisibilizada, que son precisamente las niñas y los niños que están en situaciones, junto con sus padres, de migrantes.

Yo no creo que estén haciendo lo correcto las comisiones, sobre todo a partir de que utilizan, por ejemplo, negar que haya visibilización para incluir en la educación a niñas y niños hijos de trabajadores jornaleros agrícolas migrantes.

Simplemente es observar lo que pasa con los y las jornaleras que vienen cotidianamente de Guatemala a Chiapas, a Campeche, al sureste del país cada cierto tiempo, desde hace muchos años.

Y lo que decía la minuta de la Cámara de Diputados es que hay que atenderlos también, específicamente dotarles de educación a esas niñas y a esos niños que acompañan a sus madres y a sus padres trabajadores jornaleros agrícolas.

Aquí en el Senado de la República hemos estado impulsando siempre en estos temas dictámenes favorables. Nos hemos unido todos los grupos parlamentarios para apoyar, para convocar y atender cuando se nos exige que protejamos a estas niñas y a estos niños.

Pero, además, me parece verdaderamente inadmisible que invoque, por ejemplo, preceptos de que la propuesta de reforma generaría una presión del gasto asignado a los ramos contenidos en el anexo 18 del Presupuesto, debido a que en la reforma y adición que proponen, se establecen obligaciones adicionales a cargo del gobierno federal para su implementación, en específico a la Secretaría de Educación Pública, sin pasar desapercibidas las disposiciones transitorias de la citada reforma.

Yo no creo que nosotros estemos apoyando un dictamen que esgrime este tipo de argumentos.

Luego, hay otra cosa que me llama la atención verdaderamente, dice: “la reforma y adición a la Ley de Migración, respecto de que la SEP diseñe, implemente y ejecute un modelo integral de inclusión educativa para hijos de jornaleros agrícolas migrantes, generaría obligaciones adicionales al gobierno federal”. Ya no entendí, si en una parte están invocando la Constitución, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, o están invocando el interés superior de la niñez, ya no entendí.

Es exactamente lo mismo que acontece, cuando niñas y niños en situación de migración, se encuentran en cualquiera de nuestras fronteras totalmente abandonados, en situaciones de riesgos y de vulnerabilidad y tenemos que obligadamente atenderlos, aquí lo que estamos diciendo es: no los atendamos porque no tenemos presupuesto.

Y entonces, dónde está cuando esgrimimos que debemos invocar, incluso, la ayuda humanitaria para evitar justamente que los sectores más desprotegidos de una sociedad, las niñas y los niños, y peor, cuando vienen de grupos que están en situación de ser jornaleros agrícolas, y los estamos totalmente desprotegiendo.

Otra cosa que me brinca del dictamen, dice: “la presente opinión se emite en materia jurídico-presupuestaria y sin perjuicio de las observaciones, opiniones, autorizaciones y otros actos administrativos que, en su caso, formulen las instancias correspondientes, por lo que la presente no representa una instrucción, decisión o resolución respecto del tema objeto de análisis”.

Francamente, yo entiendo la reforma, que viene de la Cámara de Diputados en minuta, exactamente al revés de lo que aquí esgrimen las comisiones que hoy nos están presentando este dictamen.

Yo llamo, señoras y señores, en primer lugar, llamaría a la Comisión de Asuntos Migratorios a que retire este dictamen. En serio, deberían reconsiderarse y tomar en cuenta el proceso iniciado en la Cámara de Diputados, y que realmente funden sus argumentos en el interés superior de la niñez. Lo que están haciendo aquí, con este dictamen, es inaceptable, es exactamente lo contrario al interés superior de la niñez.

Ojalá que no aceptemos este dictamen que hoy se nos presenta de manera negativa; no podemos tener dobles discursos; no podemos esgrimir en un dictamen conceptos esquizofrénicos; no podemos ser insensibles a una situación que tenemos que proteger ese fue el sentido de la Cámara de Diputados, ese fue el sentido del apoyo para que esta reforma hoy se presente a esta Colegisladora, como minuta que debiésemos estar apoyando de manera irrestricta.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias por su atención.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Sonido en el escaño de la Senadora Sansores San Román, por favor.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Para referirme al dictamen, señora Presidenta, expresarme.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Está usted en la lista de oradores, Senadora.

Tiene la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, señora Presidenta.

Yo me imagino que en este momento se está sometiendo este dictamen a favor del sentido negativo por todo el tema que tiene que ver con el presupuesto.

Me imagino también que Hacienda no quiere, y así lo vimos en el año 2014, que haya un presupuesto específico para atender, sobre todo, a las niñas y a los niños de familias jornaleras agrícolas migrantes.

Y esto lo digo, porque en el pasado figuraba una partida de 223 millones 226 mil 902 pesos en el Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes. Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, desafortunadamente no fue contemplada está partida presupuestal.

Por un lado, yo esperaría que no nada más fuesen 223 millones de pesos para un programa de este tipo, sino que fuese mucho más el recurso destinado a nuestros niños migrantes que hoy, desafortunadamente, están solos, están abandonados, están a la deriva. Si tienen suerte, muchos de ellos pueden llegar a algún albergue, alguna casa, alguna institución del DIF, pero desafortunadamente eso no ocurre en la mayoría de los casos.

Y yo quisiera también pensar, y propongo a este Senado de la República, tratar de ver el tema de los niños migrantes de manera integral.

No solamente pensar en los niños y niñas, insisto, hijos, hijas de jornaleras agrícolas, sino también pensar en muchos niños que hoy viajan solos, muchos niños que hoy son víctimas de la violencia, muchos niños que son víctimas de trata, de prostitución y desafortunadamente, insisto, hoy no hay un recurso que nos ayude a tener programas específicos de prevención, de atención, para que cada vez sean menos los casos que nosotros estemos escuchando y enterándonos, porque además tampoco contamos con cifras oficiales.

Yo quiero que hagamos una reflexión sobre lo que se ha dejado de dictaminar en este Senado de la República, entiendo que hay grandes reformas estructurales, que son muy importantes, pero también el tema de los migrantes es un tema que nos comprometimos, desde el día uno, a convertirlo en bandera de este Senado de la República.

Y quiero dejar en la mesa, aprovechando que se está discutiendo este tema tan sensible para todas y todos los mexicanos, que tenemos muchas iniciativas de ley que, desafortunadamente, no han sido dictaminadas, iniciativas que tienen que ver con la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y asilo Político; artículos de la Ley de Migración que tienen que ver también con modificaciones a la Ley General de Población, y así puedo enumerarles varias iniciativas que, incluso, fueron presentadas de la mano con la hoy Presidenta de la Comisión, la Senadora Layda Sansores, que yo espero que podamos hacer una revisión exhaustiva de cada una de ellas y veamos la manera de dictaminarlas pronto y de convertirlas en un tema prioritario en la agenda de este Senado de la República.

Insisto, nuestros niños migrantes no pueden esperar, necesitamos darles soluciones, facilitarles también el trabajo a las mismas autoridades y hacer lo necesario para que el próximo año sí exista un programa específico, sí exista un recurso específico para apoyar a nuestros niños migrantes.

Hoy, desafortunadamente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, pues no fue contemplada esta partida presupuestal específica para atender a niños y niñas de familias jornaleras agrícolas migrantes.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.

Tiene la palabra la Senadora Alejandra Roldán Benítez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen.

La Senadora Alejandra Roldán Benítez: Con su permiso, señora Presidenta.

Sin duda, la argumentación que dio la compañera Senadora Angélica de la Peña, deben de ser argumentos muy válidos y muy sólidos.

Compañeras y compañeros Senadores de la República: Los jornaleros agrícolas son uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Entre las múltiples carencias que presentan, están el incumplimiento de los derechos laborales mínimos, la falta de una política de atención integral y sus malas condiciones de vida en general. Viven hacinados en galeras y cuarterías, no cuentan con muchos de los servicios básicos y carecen de protección indispensable contra los agroquímicos, exposición al sol, ante accidentes que suelen ser frecuentes en los campos. Todos estos problemas los sufren los jornaleros migrantes y los indígenas.

Según la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009-2010, que fue el último instrumento específico para medir los problemas de este grupo marginado, todas y cada una de las carencias que presentan se agravan entre migrantes y empeoran entre los indígenas.

Hay una, entre estas particulares, muy importante, que destaca entre las mencionadas y que es la condición indispensable para la reproducción interminable del ciclo de pobreza, se trata del bajo nivel de instrucción.

Me gustaría citar al respecto algunos de los datos de un reciente estudio, que los investigadores Rodolfo Ramírez Raymundo y Francisco Rodríguez hicieron para el Instituto Belisario Domínguez de este Senado, de los jornaleros agrícolas, es decir, de los trabajadores agrícolas subordinados y remunerados mayores de 15 años:

Alrededor solamente del 60 por ciento, cuentan con una educación primaria o menos.

Su promedio de escolaridad es de 6.8 años contra el 9.1 del promedio nacional, estos son datos de Inegi del año 2015.

Sin duda, el problema del rezago se agudiza muy claramente al tratarse de la población específicamente marginada.

El drama de esta situación se aprecia mejor si tomamos en cuenta sólo a los menores de 30 años, que representan el 40 por ciento total. Esto nos dice el estudio citado, y han vivido un periodo en el que la educación primaria se consideraba prácticamente universal; la secundaria ya era obligatoria desde el año de 1993, aun así, concentran menores niveles de instrucción en comparación con los trabajadores subordinados y remunerados no agropecuarios. El 60 por ciento cuenta solamente con una educación primaria completa o menos; mientras que el 22 por ciento de los trabajadores de los sectores no agropecuarios está en esa condición.

Es una diferencia abismal que, repito, constituye una condición evidente de reproducción de la pobreza, todas las condiciones materiales de vida favorecen que este problema siga reproduciéndose entre los más pequeños, hay miles de niños que trabajan en el sector agropecuario, más de 700 mil, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, muchos ayudan a los padres que los acompañan, mientras ellos trabajan.

Compañeras y compañeros Senadores: Se trata no sólo de números. Entre las consecuencias que viven los niños en los campos agrícolas, está no sólo la menor instrucción, sino mayor estrés y depresión, así como la muerte asociada con las condiciones del terreno, ya sea atropellados por los camiones o tractores, ahogados en los pozos sin señalizaciones, envenenados por beber aguas con plaguicidas, calcinados por incendios o por enfermedades curables.

Todo eso es inaceptable en un país que ha puesto entre los principios constitucionales el interés superior de la niñez; que el Estado tome cartas en el asunto, no es opcional, no ha de hacerlo frívolo por el decir lo menos.

Empezar por el asunto de la instrucción sería una muy buena señal.

El dictamen que discutimos este día debería de ser positivo, si el gobierno no soluciona los problemas de las políticas públicas, la única opción que queda en esta Soberanía es incluir las disposiciones necesarias en cada ley correspondiente.

Es transparente que éste era el espíritu de proponer que hubiera un modelo integral de inclusión educativa para los hijos de los jornaleros migrantes; los argumentos que se utilizan para rechazar la propuesta caen en lo ridículo, ahora resulta que bastan las disposiciones abstractas que no sólo necesarias en las exposiciones específicas, porque las dependencias saben ya que tienen que guiarse por el interés superior de la niñez. Siguiendo la lógica de este dictamen, el país debería de estar muy bien, pues todas las disposiciones generales bastarían para que hicieran un buen gobierno.

Compañeras y compañeros Senadores: La realidad desmiente esa alegre suposición, ni el Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes, ni el Programa Binacional de Educación Migrante cumplen con esos objetivos que se trazan, falta una estrategia integral. La comisión correspondiente está negando a los niños jornaleros este derecho, por eso nuestro voto es en contra; que la SEP diseñe un modelo integral de inclusión educativa para los hijos de jornaleros agrícolas migrantes es necesario y es evidente que no se está haciendo.

El segundo paso debería ser una disposición similar para combatir tanto rezago, tanta negligencia no debería de ser posible, y desde luego, es absolutamente inaceptable.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Roldan Benítez.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a la Selección Nacional de Deportistas de la Tercera Edad del DIF Guadalupe, del estado de Nuevo León, invitados por la Senadora Ivonne Liliana Álvarez García, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate.

¡Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos!

Igualmente, esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México, campus Valle de Chalco, invitados por la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo.

Agradecemos su visita a este Senado de la República, ¡bienvenidos!

Tiene el uso de la palabra la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en contra del dictamen.

La Senadora Layda Sansores San Román: Señora Presidenta. Compañeras y compañeros.

Quiero dar una explicación. Este dictamen se votó en sentido negativo, porque en la Comisión de Asuntos Migratorios se consideró que era excluyente, que estaba acotada la atención que debería de darse a todos los niños migrantes.

La propuesta se refería únicamente a que la Secretaría de Educación Pública diseñara, implementara y ejecutara un modelo integral de inclusión educativa para los hijos de jornaleros agrícolas migrantes. Y la discusión se dio en base, y bueno, qué pasa con los hijos de trabajadoras domésticas, por ejemplo.

Pero también tiene razón aquí mi compañera Angélica, y por lo que he escuchado de mis compañeras, que tienen una visión más amplia, creemos que nosotros no podemos aceptar que por cuestiones de recursos, de dinero, poniendo por encima el billete sobre los derechos superiores de los niños, lleguemos a estas conclusiones.

Hay también algunas incongruencias, como señaló Angélica, por un lado, nos dicen “no hay dinero”, pero por el otro lado nos dicen “hay un programa que ya está establecido por la Secretaría de Educación Pública”.

Que buscándolo, como dijo mi compañera Mariana, este programa se llama “Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familiares Jornaleros Agrícolas Migrantes”, el Pronim; pero resulta que el Pronim, vas a la página de la SEP y no aparece.

Entonces, que empiece la Secretaría de Educación Pública por informarnos, y estamos enviando hoy mismo una carta, ¿cuál es el impacto de este programa? si es que existe, o nada más nos están engañando. ¿En qué estados se aplica? ¿De qué manera? ¿A cuántos niños se ha atendido?

Y por el otro lado, creo que tendríamos que considerar de una manera más amplia el tema del niño migrante, de una vez, en un dictamen que puede ser muy importante, porque uno es los hijos de los trabajadores que ya están aquí, y otra, ¿qué pasa con los niños migrantes que no vienen acompañados?

Por el recorrido que hicimos aquí con el compañero Zoé, con Mariana, con la compañera Ana Guevara, pues resulta que los niños están en calidad de prisioneros en las estaciones migrantes, y eso no se dice.

Cuando uno ve que hay 700 mil millones de pesos destinados a la protección de niños y adolescentes de manera trasversal, uno no puede aducir que no hay dinero. Si no hay dinero en el Instituto Nacional de Migración, que no puede decir eso, pero que además si lo hubiera no es él quien tiene que darles la protección, sino es el DIF, entonces lo que está faltando es coordinación.

Y nosotros apelamos a la Presidenta del DIF, a la señora Angélica Rivera, para que se coordine con el Instituto Nacional de Migración, con la Secretaría de Educación Pública y ver de qué manera se va a atender a estos niños, que verdaderamente es lamentable que a su corta edad estén en el limbo jurídico.

Yo para terminar haría una propuesta, pidiendo una moción a la señora Presidenta, una moción suspensiva para que este dictamen se regresara a la comisión, dado que tanto la Senadora Angélica, la Senadora Ana Guevara y personalmente, somos parte de esta comisión y creo que tendría que ser el fruto de un gran consenso. Dinero hay, falta voluntad política, y creo que es muy urgente hacerlo.

Yo nada más termino diciéndoles que en una de las estaciones migratorias le preguntaba a un joven de 16 años qué iba a hacer cuando regresara a su país, después de tantos días de estar prisionero y de todo el drama que había vivido. “Llegando a mi país, me dijo, inmediatamente me regreso”.

Entonces, creo que no es ni con cárceles, ni con balas, ni con muros. Tenemos que actuar de una manera sensible y humana, y yo creo que éste es un tema que nos interesa a todas las compañeras Senadoras.

Entonces, espero que pueda ser devuelto a la Comisión de Migración y tomar el punto de vista de todos, para estar unidos y tener una propuesta que sea trascendente.

Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Sansores San Román.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Permítame, Senadora Mariana.

Voy a hacer un pronunciamiento y posteriormente, con mucho gusto.

Debido a la manifestación de opiniones en contra del dictamen para no desechar el proyecto enviado por la Colegisladora, y con fundamento en el párrafo segundo del artículo 204 del Reglamento, voy a instruir a la consulta del Pleno, para saber si autoriza la devolución del dictamen a las comisiones.

Si la Asamblea no autoriza la devolución, pasaremos a la votación nominal del dictamen que propone desechar el proyecto.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza la devolución a comisiones del dictamen que propone desechar el proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 8 de la Ley de Migración.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se devuelva a comisiones el asunto en comento. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se autoriza la devolución del dictamen, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: En consecuencia, se devuelve el dictamen a comisiones. Comuníquese.

Compañeros Senadores: Les informo que los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un Acuerdo sobre los frentes fríos y sus afectaciones a la población.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos del Orden del Día de hoy el Acuerdo referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario.

En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.





 

MESA DIRECTIVA

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: En consecuencia, está a discusión el Acuerdo.

El Senador José Ascensión Orihuela Bárcenas: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Sonido en el escaño del Senador José Ascensión Orihuela Bárcenas.

El Senador José Ascensión Orihuela Bárcenas: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Solamente informarles que toda la región oriente de Michoacán y una buena parte del estado ha sido afectado también por el clima sentido en los últimos días.

Solicitarles, si les parece, que se agregara a Michoacán.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Con mucho gusto, Senador.

Solicito a la Secretaría agregue al estado de Michoacán en el punto de Acuerdo.

La Senadora Margarita Flores Sánchez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Sonido en el escaño de la Senadora Margarita Flores Sánchez.

La Senadora Margarita Flores Sánchez: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Simplemente, también pedirle que si pudiera usted agregar al estado de Nayarit.

Nosotros jamás habíamos tenido nieve y ahorita está nevando en el estado de Nayarit y está afectando a todo lo que es el campo, a los campesinos.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Igualmente, solicito se agregue al Acuerdo el estado de Nayarit.

Sonido en el escaño de la Senadora Izaguirre Francos.

La Senadora María del Carmen Izaguirre Francos: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Quisiera tomar la palabra también en el punto.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Tiene la palabra la Senadora, María del Carmen Izaguirre Francos, desde su escaño.

La Senadora María del Carmen Izaguirre Francos: (Desde su escaño) ¿Puedo pasar al frente?

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Sí, tiene la palabra.

Antes de tomar la palabra Senadora, hago del conocimiento del Pleno, que este fue un Acuerdo que tomó la Mesa Directiva en donde se incluyen a las 31 entidades federativas y a la Ciudad de México, por lo que está a su consideración.

La Senadora María del Carmen Izaguirre Francos: Con su venia, señora Presidenta.

Efectivamente, está incluida toda la República, esto no es privativo de ninguna entidad, sin embargo, el punto de Acuerdo que toma la Mesa Directiva es a razón del punto de Acuerdo que queríamos presentar el día de hoy mi compañera Senadora Lucero Saldaña y una servidora, en relación a los problemas que han surgido en el estado de Puebla, nuestro estado.

Y Puebla vive hoy una situación de emergencia que requiere compromiso, solidaridad y sensibilidad, no somos la única entidad que lo vive.
Los frentes fríos y las tormentas invernales han provocado múltiples afectaciones a la infraestructura, a los servicios, la vivienda, etcétera.

De acuerdo a información que recibimos precisamente ayer de Protección Civil de Puebla, nos preocupamos, la Senadora Lucero y una servidora, porque sobre todo en la sierra norte de nuestro estado, como es Teziutlán, Tlatlauquitepec, Ayotoxco, Tenampulco, Zacatlán, han sufrido, verdaderamente, múltiples daños: caída de techos, árboles, postes, autos dañados, cortes de energía eléctrica, afectaciones a infraestructura y personas lamentablemente lesionadas, son algunas de esas situaciones.

Más aún nos preocupa la eventual entrada del frente frío número 46, que provoca, en un fuerte sentido verdaderamente de la parte más vulnerable, la que está expensa a ese frío, a la lluvia, al viento, esas enfermedades respiratorias que se han incrementado tanto.

Es necesario que todos los gobiernos de las entidades, nosotros se lo pedimos a nuestro gobierno del estado de Puebla, otorgue una adecuada atención a esta contingencia a fin de preservar la seguridad de las personas, reducir los daños a la infraestructura y evitar que las actividades productivas se vean afectadas.

Tan sólo en Teziutlán, 23 familias fueron desalojadas, pues los techos de sus hogares se desprendieron, al igual que los techos del centro escolar “Presidente Manuel Ávila Camacho” y de centros de salud urbanos, estas obras eran de reciente inauguración.

Es necesario instrumentar las acciones pertinentes para atender las necesidades de la población, así como un plan para salvaguardar la integridad de la ciudadanía e impulsar una responsable y amplia campaña de difusión para lograr que esa ciudadanía que está más desprotegida se mantenga, por lo menos, con más protección.

Nosotros le pedimos también a la Secretaría de Gobernación y le solicitamos muy respetuosamente que, a través del Fondo Nacional de Desastres Naturales, se analice la viabilidad de liberar al estado de Puebla los recursos para afrontar las contingencias generadas por este temporal.

Muchas gracias, señora Presidenta.

Les agradezco que me hayan escuchado, aunque sé, y lo aclaro, es un problema de las 31 entidades, no solamente de una, nosotros ayer nos preocupamos, creímos que nuestra entidad era la más lastimada, hoy sabemos perfectamente que estamos en la misma situación muchas entidades, les agradezco que me hayan escuchado.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Izaguirre Francos.

Reiterando únicamente que son las 31 entidades federativas, así como la Ciudad de México.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Compañeros Senadores, les informo que los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un Acuerdo para incentivar las tareas legislativas del Senado de la República. Este Acuerdo propone que el Presidente de la Mesa Directiva se reúna con las juntas directivas de las comisiones de dictamen a fin de que presenten un reporte de avance en los asuntos que les han turnado y la relación de los que mantienen pendientes de dictamen y definan su programa para lo que resta del periodo de sesiones.

El Acuerdo establece realizar cuatro reuniones de manera que se formen el mismo número de grupo de comisiones, según la materia que les corresponda analizar, de política interior, de política social, de política económica y de política exterior.



En consecuencia, comuníquese a las comisiones de dictamen del Senado y publíquese en la Gaceta.





 

EXCITATIVA

Honorable Asamblea: A solicitud de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, esta Presidencia emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, para que presenten el dictamen que corresponda al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amnistía en favor de las personas integrantes de los grupos denominados “autodefensas” en el estado de Michoacán, presentado el 25 de septiembre de 2014.

La que suscribe, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, Senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción III; 214, numeral 3 y 216, del Reglamento del Senado de la República, solicito a esta Presidencia excite a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos para que emitan el dictamen correspondiente a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE AMNISTÍA EN FAVOR DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS DENOMINADOS AUTODEFENSAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El día 25 de septiembre de 2014, presenté ante el pleno de este Senado de la República,  con la firma de las y los Senadores: Javier Corral Jurado, Manuel Bartlett Díaz, Layda Sansores San Román, Ernesto Ruffo Appel, Salvador Vega Casillas, María Del Pilar Ortega Martínez, Francisco Búrquez Valenzuela, Daniel Gabriel Ávila Ruíz, Dolores Padierna Luna, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Isidro Pedraza Chávez, Raúl Morón Orozco, Adán Augusto López Hernández y Fidel Demédicis Hidalgo, Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Amnistía en favor de las personas integrantes de los grupos denominados autodefensas en el estado de Michoacán.

2. En esa misma fecha, fue turnada por la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos para que a su efecto se emitiera el dictamen y estudio correspondiente.

3. El tema de las autodefensas preocupa por ser un reflejo de autoridades locales ausentes, que evadieron sus responsabilidades por lo que grupos que, cansados de la violencia, de secuestros, de extorsiones y vejaciones a sus familias, usurparon sus funciones de brindar seguridad a los pobladores. Además de eso habrá que destacar la rapidez con la que se extendió; el Consejo General de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán aseveraba que en sus filas había alrededor de 25 mil hombres armados al momento de la presentación de la Iniciativa en comento.

De buena fe, las autodefensas, mantuvieron una interlocución responsable con diferentes funcionarios de los tres niveles de gobierno, se coordinaron con el Ejército, la Marina y la Policía Federal.

Se coordinaron con el gobierno para ayudarles a hacer su tarea. Los ciudadanos no deberían tener necesidad de levantarse en armas contra el Crimen Organizado, deberían estar trabajando en sus profesiones u oficios, en sus parcelas, o en sus negocios.

Ante la ausencia o complicidad del gobierno frente a los criminales, ante el total estado de indefensión que su vacío les dejaba, se organizaron venciendo el miedo y en un estricto derecho a la defensa de sus derechos fundamentales.

En este contexto, solo había dos posibilidades: La autodefensa o el sacrificio.

No obstante lo anterior, se ejercieron acciones penales en contra de los líderes y otros miembros de las autodefensas, siendo aproximadamente trecientos ochenta y ocho los autodefensas presos, muchos de ellos por razones políticas ya que no existen pruebas o elementos que hagan suponer la comisión de delitos que se les imputa.

Las autodefensas surgen como reacción a una situación de violencia extrema que superó la acción de las autoridades locales. Con la finalidad de salvaguardar su seguridad personal, la de sus familias y su propio patrimonio, por lo cual, se justifica la expedición de una ley de amnistía para que el Estado olvide la acción penal y, en su caso, cese las sanciones impuestas a favor de quienes participaron en actos colectivos, ya que su acción no correspondió a la intención de cometer delitos, si no la legítima defensa y en un estado de necesidad ante el constante asedio de los grupos criminales.

Así lo reconoció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en el Informe Especial sobre Grupos de Autodefensa y Seguridad Pública en el Estado de Guerrero, en su conclusión Primera señala: “El fenómeno de los grupos de autodefensa y las policías comunitarias en el Estado de Guerrero está vinculado con factores socioeconómicos, así como con la inseguridad y violencia que impera en esa entidad federativa a causa del abandono de las autoridades estatales y municipales, tanto de los aspectos de desarrollo como de sus funciones de seguridad pública. Esto ha ocasionado condiciones de profunda marginación multidimensional y de inseguridad, que han llevado a las personas a organizarse para intentar hacer frente a una delincuencia desbordada, poniendo en riesgo su vida e integridad personal, al asumir funciones que le corresponden al gobierno estatal.

Este Organismo Nacional considera importante manifestar de una forma enfática que si bien no existe justificación para que los grupos comunitarios estén llevando a cabo estas labores de defensa y seguridad pública, tampoco existe justificación del abandono de la función del gobierno, que en el caso de algunas regiones del Estado de Guerrero se ha dejado en manos de la sociedad.

El fin del Estado democrático de derecho es garantizar la convivencia armónica de la sociedad y seguridad de las personas, mediante un orden jurídico que respete y garantice los derechos humanos, tales como: la vida, la libertad, la propiedad o sus derechos políticos. Es por ello que el fundamento jurídico-filosófico de la obediencia del Derecho, implica que las autoridades tengan como principal obligación “promover, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, como lo establece el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ello, si el orden jurídico y las autoridades no son capaces de garantizar los derechos de las personas, los ciudadanos tienen el derecho a emplear las vías institucionales y sociales disponibles para lograrlo. En el extremo del incumplimiento tiene el derecho a distintas formas como sería el derecho a la legitima defensa.

A mayor abundamiento, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su artículo 2°, establece: “La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Esa resistencia es ante la conculcación a los derechos humanos que son violados por parte de las autoridades y por la delincuencia organizada, y ante la incapacidad que tienen los agentes del Estado de dar respuesta eficaz.

Es pertinente establecer que los individuos pertenecientes a las autodefensas fueron detenidos arbitrariamente, en desmedidos operativos que son a todas luces inconstitucionales, los cuales derivaron en faltas al debido proceso, violando el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La amnistía es el acto del Poder Legislativo que ordena el olvido oficial de una o varias categorías de delitos, aboliendo bien los procesos comenzados o que han de comenzarse, bien las condenas pronunciadas.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que es facultad del Congreso de la Unión, “conceder amnistía por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la federación”, conforme a la fracción XXII, del artículo 73.

El Código Penal Federal (artículo 92) prevé que la amnistía es una de las causas de extinción de la responsabilidad penal, al señalar: “La amnistía extingue la acción penal y las sanciones impuestas, excepto la reparación del daño, en los términos de la ley que se dictare concediéndola, y si no se expresaren, se entenderá que la acción penal y las sanciones impuestas se extinguen con todos sus efectos, con relación a todos los responsables del delito.”

En México, existen dos antecedentes legislativos vigentes sobre la expedición de leyes de amnistía, la decretada en 1978, que buscaba dejar atrás la persecución de los movimientos sociales de las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado, conocida como guerra sucia. El segundo antecedente data de 1994, la cual tiene como objetivo mitigar los ánimos y lograr establecer las bases para un diálogo de pacificación en el Estado de Chiapas, ante el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Las leyes de amnistía tiene las siguientes características: a) puede abarcar toda clase de delitos; b) es una disposición general que se aplica automáticamente a toda categoría de personas que la misma ley determine; c) se extingue la acción penal y hace cesar la condena y sus efectos, pero deja subsistente la acción civil en reparación de los daños sufridos por terceros.

A diferencia de la amnistía, el indulto, tiene las siguientes características: a) es una medida determinada por el Presidente de la República; b) es una medida de carácter individual, es decir beneficia a quien se concede el indulto; c) reduce o suprime la pena, cuando esta se ha dictado.

4. El objeto entonces, de la Ley que se pretende expedir, consiste en decretar la amnistía a favor de quienes participaron o formaron parte de grupos de autodefensa contra quienes se haya iniciado una investigación, se encuentren sujetos a un proceso penal o bien hayan sido sentenciados, siempre y cuando dichos procedimientos hayan iniciado en el plazo comprendido entre el 7 de marzo de 2013 y 1 de septiembre del año 2014.

Establece que la amnistía se extiende a quienes se encuentren sustraídos de la acción de la justicia, siempre y cuando entreguen los instrumentos, armas, explosivos, u otros objetos empleados en la comisión de los hechos delictivos.

La propuesta indica que, los beneficios de la amnistía solo operan en favor de las personas detenidas entre el 7 de marzo de 2013 y el 1 de septiembre de 2014, siempre y cuando no hubiera violado de manera directa los derechos fundamentales de las personas.

Finalmente, se propone que el alcance de la amnistía es extinguir la acción penal y las sanciones impuestas, a excepción de la reparación del daño que hubieran ocasionado a terceros.

5. De Acuerdo al Artículo 212.1 del Reglamento del Senado de la República: Las iniciativas y proyectos turnados a comisiones son dictaminados dentro de un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción del turno, con las salvedades que establece este Reglamento. Los cuales han transcurrido ya.

6. Por todos los argumentos aquí expuestos podemos identificar la urgencia de dictaminar la Iniciativa en comento.

Con base en lo anterior, se solicita respetuosamente a la Mesa Directiva de trámite a la siguiente:

EXCITATIVA

ÚNICO.- Se emite excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos para que emitan el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Amnistía en favor de las personas integrantes de los grupos denominados autodefensas en el estado de Michoacán.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa.





 

Informo a la Asamblea que las demás proposiciones inscritas en la agenda del día de hoy, se turnarán a comisiones.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos de las entidades federativas a implementar mecanismos que permitan prevenir, investigar y sancionar actos de acoso sexual y acoso laboral. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

Los que suscriben, Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, Senadores a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LOS EJECUTIVOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE IMPLEMENTEN MECANISMOS QUE PERMITAN PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR ACTOS DE ACOSO SEXUAL Y ACOSO LABORAL, de acuerdo con lo siguiente:

ANTECEDENTES

1.- Las diversas manifestaciones de violencia en contra de mujeres y niñas, han reflejado que dichas agresiones no han sido un fenómeno aislado y que afectan a un gran número de mujeres, teniendo la necesidad de implementar políticas públicas entre los tres poderes de la unión y de los distintos niveles de gobierno.

Lo anterior lo evidencia la Encuesta sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 (ENDIREH), en el que se evidencia cómo la violencia sucede en los diferentes espacios de convivencia. Por lo que respecta a la prevalencia laboral en mujeres de 15 años y más ocupadas durante los últimos 12 meses, dicha encuesta señala que el 22.6% de las mujeres sufre violencia de tipo laboral; 4.4% es acosada u hostigada; y el 20.6 sufre de discriminación de algún tipo.

De acuerdo con dicho análisis uno de los aspectos que pudiera detonar algún tipo de violencia de género es el rezago escolar y el nivel académico de la población El censo refiere que del total de las personas entre 5 y 17 años de edad, 8.9% están fuera del sistema educativo, de las cuales 48% son mujeres y 52% son hombres. La eficiencia terminal de secundaria y media superior es del 84% y 65% respectivamente, y el promedio de estudios alcanzado de la población mexicana es de 9 años, es decir de nivel secundaria.

Según datos del ENDIREH los espacios laborales ocupan el tercer ámbito en donde las mujeres son violentadas en sus derechos humanos; 26 de cada 100 asalariadas que trabajaron enfrentaron actos de discriminación laboral. En 2011, 19.3% de las mexicanas fueron víctimas de acoso y 91.3% de discriminación, de éstas últimas 53.4% declaró tener menos oportunidades que un hombre para ascender de nivel o puesto, 52.1% mencionó que le pagaron menos que a un hombre por el mismo trabajo o puesto, y 27.9% dijo que le exigieron una prueba de embarazo.

2.- El Estado mexicano con la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ha impulsado estrategias para eliminar la violencia en contra de las mujeres, sin embargo, la falta de armonización e implementación de leyes estatales da lugar a tratamientos diferenciados que impiden el acceso a la justicia, sin perder de vista que algunas entidades federativas, contemplan disposiciones que atentan contra los derechos de las mujeres.

Por ello, es necesario propiciar acciones que aseguren la homologación, armonización de leyes y reglamentos, así como de las disposiciones administrativas, tales como manuales, protocolos, circulares, acuerdos y lineamientos para garantizar un marco normativo consistente con los principios de igualdad entre mujeres y hombres, la no discriminación, el respeto a la libertad y los derechos de las mujeres.

3.- Mención especial merece el hostigamiento sexual, como práctica indeseable de la violencia en la comunidad, que no obstante ser delito previsto y sancionado por las leyes penales del fuero común, su denuncia sigue siendo mínima al igual que su persecución, y ni que decir de la condena social del acoso sexual.

El artículo 15 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señala que lo siguiente:

ARTÍCULO 15.- Para efectos del hostigamiento o el acoso sexual, los tres órdenes de gobierno deberán:

I. Reivindicar la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida;

II. Establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas y centros laborales privados o públicos, mediante acuerdos y convenios con instituciones escolares, empresas y sindicatos;

III. Crear procedimientos administrativos claros y precisos en las escuelas y los centros laborales, para sancionar estos ilícitos e inhibir su comisión.

IV. En ningún caso se hará público el nombre de la víctima para evitar algún tipo de sobre victimización o que sea boletinada o presionada para abandonar la escuela o trabajo;

V. Para los efectos de la fracción anterior, deberán sumarse las quejas anteriores que sean sobre el mismo hostigador o acosador, guardando públicamente el anonimato de la o las quejosas;

VI. Proporcionar atención psicológica y legal, especializada y gratuita a quien sea víctima de hostigamiento o acoso sexual, y

VII. Implementar sanciones administrativas para los superiores jerárquicos del hostigador o acosador cuando sean omisos en recibir y/o dar curso a una queja.

Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aplicado criterios para definir la existencia o no del acoso laboral y decidir sobre una situación de conflicto, considerando que:

...los actos o comportamientos, en un evento o en una serie de ellos, en el entorno de trabajo o con motivo de éste, con independencia de la relación jerárquica de las personas involucradas, que atenten contra la autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad de las personas; entre otros: la provocación, presión, intimidación, exclusión, aislamiento, ridiculización, o ataques verbales o físicos, que pueden realizarse de forma evidente, sutil o discreta, y que ocasionan humillación, frustración, ofensa, miedo, incomodidad o estrés en la persona a la que se dirigen o en quienes lo presencian, con el resultado de que interfieren en el rendimiento laboral o generan un ambiente negativo de trabajo.

CONSIDERANDOS

I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

III. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un aspecto fundamental en la garantía del acceso a la justicia en condiciones de igualdad es el cumplimiento del deber de los Estados de actuar con debida diligencia requerida frente a actos de violencia contra las mujeres. En este Sentido la Corte Interamericana ha afirmado que este deber conlleva 4 obligaciones: la prevención, la investigación, la sanción y la reparación de toda violación de los derechos humanos, con el fin de prevenir la impunidad.

IV. Que en su informe sobre Acceso a la Justicia para las Mujeres víctimas de violencia en las Américas del año 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió recomendaciones que tenían tres objetivos específicos:

i) Que los Estados diseñaran una política estatal integral, respaldada por los recursos públicos adecuados, que permitieran garantizar que las mujeres víctimas de violencia cuenten con un acceso oportuno a la justicia y que los actos de violencia sean adecuadamente prevenidos, investigados, sancionados y reparados;

ii) Que los Estados creen condiciones necesarias para que las mujeres puedan utilizar el sistema de administración de la justicia para remediar los actos de violencia sufridos y puedan recibir un trato digno por parte de los funcionarios públicos; y

iii) Motivar a los Estados a que adopten políticas públicas destinadas a reestructurar las concepciones estereotipadas acerca del rol de las mujeres en la sociedad y promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impidan su acceso pleno a la justicia.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y a los Ejecutivos de las Entidades Federativas, para que implementen mecanismos que permitan prevenir, investigar y sancionar actos de acoso sexual y acoso laboral.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y a los Ejecutivos de las Entidades Federativas, que implementen campañas de difusión que permitan prevenir y denunciar el acoso sexual y acoso laboral.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo sobre el informe: “Situación de los Derechos Humanos en México”, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.







 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas Secretarías del gobierno federal a conformar un frente de esfuerzos institucionales encauzado a fortalecer todas las posibilidades que sus facultades permitan para educar, alertar, informar, coordinar, vigilar y auxiliar sobre la violencia contra las mujeres que ha llegado al punto de una emergencia nacional. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE A DIVERSAS SECRETARÍAS DEL GOBIERNO FEDERAL A CONFORMAR UN FRENTE DE ESFUERZOS INSTITUCIONALES ENCAUZADO A FORTALECER TODAS LAS POSIBILIDADES QUE SUS FACULTADES PERMITAN, PARA EDUCAR, ALERTAR, INFORMAR, COORDINAR, VIGILAR Y AUXILIAR SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES QUE HA LLEGADO AL PUNTO DE UNA EMERGENCIA NACIONAL, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Este Senado de la República ha enfrentado con todas sus facultades y r eiteradamente acciones contra el feminicidio en México. El pasado día 8 de marzo abundaron protestas y expresiones recurrentes para informar sobre la violencia de género y su crecimiento imparable. El instrumento gubernamental creado para inhibir tales procesos delincuenciales, “Alerta Amber” no ha manifestado del todo sus proyecciones de eficiencia por lo que esta promovente propuso el 18 de febrero la revisión de la herramienta con una propuesta de punto de acuerdo que suscribe que el Senado de la República exhorte a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a desarrollar un estudio, un análisis y un diagnóstico ante el proceso operativo de la alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM) para 11 municipios del Estado de México que fue emitida por la Secretaría de Gobernación en el mes de julio del 2015 con el fin de conocer detalles del proceso, métodos, aplicaciones prácticas que pudieran contribuir a optimizar los alcances de eficacia de la alerta. Con esa información esta institución contribuiría con sus facultades a desarrollar este instrumento.

2.- Los medios de comunicación difundieron la información el mes de febrero sobre los resultados deficientes de esta opción de gobierno en el Estado de Morelos. “Cada mes en Morelos mueren un promedio de seis mujeres, víctimas de feminicidio, lo que refleja el poco resultado de los mecanismos implementados para evitar más asesinatos de este tipo. A pesar que la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres (AVGM) para ocho municipios de Morelos se decretó el 10 de agosto de 2015 por la Secretaría de Gobernación (Segob), la violencia feminicida de la entidad ha cobrado 37 víctimas durante los últimos seis meses. El problema es que no se ha implementación de forma correcta el mecanismo.

Y continúa: “Si bien la alerta de género es una nueva política pública en México, existen fallas en su implementación, afirmaron integrantes de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos (CIDHMORELOS). Una de las deficiencias es que no se determinaron plazos, tampoco se ha dejado claro el monto de recurso que la Federación aportará, mucho menos hay una autoridad que vigile el cumplimiento del mecanismo, entre otras. “Y lo que nosotros decimos es que se trata de una situación de emergencia. Y podemos decir, que muchos de estos feminicidios [que se han suscitado en los últimos seis meses] se hubieran evitado, si se hubiesen aplicado correctamente todas las medidas”, explicó Paloma Estrada Muñoz, integrante de CIDHMORELOS. La AVGM fue decretada para los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco, Xochitepec, Yautepec y Puente de Ixtla. “El primer foco rojo a atender es la existencia de un corredor de giros rojos y negros en los que las mujeres son tratadas como mercancía sexual”, dijo durante el anuncio, el Gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu. Sin embargo, en la implementación existen fallas en la coordinación entre instituciones estatales para erradicar la violencia institucional –o falta de atención a mujeres–; otro problema es la falta de castigo: en la único sentencia lograda en los últimos seis meses, sólo se le dio 7 años de prisión al feminicida; existe falta de acompañamiento de autoridades federales; y no hay sanciones a funcionarios estatales que no están cumpliendo con la alerta. Dentro de las 37 víctimas hay mujeres de la tercera edad y una niña de cuatro años [en Cuernavaca]; no obstante, la mayoría tienen una edad promedio de 20 y 30 años. Los feminicidios se registraron no sólo en los ochos municipios donde está la alerta, sino en total 17. Yecapixtla, una de las alcaldías sin el mecanismo, se presentaron cuatro asesinatos de mujeres. La CIDHMORELOS agregó que si bien es importante dar seguimiento a las “lagunas legislativas” y a las largas de la correcta implementación, estas acciones son un precedente para que en otros estados se eviten estas acciones y se actúe de manera rápida, ante la emergencia. A pesar de las fallas de la implementación, Paloma Estrada Muñoz aseveró que el primer paso dado, aunque sea pequeño, es que el Gobierno del estado de Morelos haya aceptado que en la entidad, y que incluso por parte de autoridades, la violencia contra las mujeres es sistemática.

Esto como ejemplo de una de los señalamientos de la ineficiencia del operativo.

3.- Como ya es conocimiento de todos en Puebla se está dando un proceso de feminicidio. A decir del medio de información “Lado B”, las muertas de Puebla ya están en las primeras planas del mundo. Ayer en el diario El país, en su edición internacional, apareció una nota llamada “En Puebla la muerte tiene nombre de mujer”. El dato no es la demanda de justicia de los familiares de las muertas y el reclamo de la sociedad organizada, sino el silencio sepulcral que guarda el gobierno del estado, ante uno de los temas más dolorosos y por lo tanto condenables. El último caso, el caso de Samaí es el número 50 de los feminicidios documentados por la Fiscalía de Puebla en los últimos 14 meses y el quinto en el que la víctima estaba embarazada. Mientras algunas organizaciones civiles denuncian que los feminicidios han comenzado a abundar en esta región de México, las autoridades aseguran que no existe evidencia suficiente que sugiera que Puebla es una zona roja de los asesinatos contra mujeres.

Lo cierto es que las familias de las víctimas han insistido ante las autoridades sobre la urgencia de atender estos homicidios y castigar a los responsables. “En estos casos es tan doloroso que nadie se preocupa por pedirnos indemnización o reparación del daño, sino sobre todo Justicia y no impunidad”, explica Enrique José Flota Ocampo, fiscal de Derechos Humanos de Puebla. El 25 de febrero, cientos de personas protestaron en el Zócalo de la ciudad para denunciar la abundancia de los casos y exigir medidas para frenar estos crímenes. En 2015, la Fiscalía registró 37 feminicidios y en los primeros dos meses de 2016 ha contado 13 casos más. Flota Ocampo reconoce que es un tema que ocupa a la Fiscalía, pero que su incidencia todavía no es alta. De los 50 feminicidios, señala, el 10% tienen como víctima a una mujer embarazada. Este tipo de crimen ha involucrado a parejas que debaten sobre su futura paternidad y que tras episodios de violencia terminan en homicidios de características violentas. Sin embargo, el fiscal apunta, las autoridades no tienen información concluyente de que la tendencia de feminicidios sea al alza. “No es posible determinar hasta ahora una constante o un patrón. El tiempo que lleva existiendo este delito todavía no permite definir pautas claras. Los casos todavía no son una constante ni por edad, ni por región, ni por el vínculo de las dos partes. No se puede afirmar que estemos ante una crisis incontrolable de feminicidios”, expone.

En el Congreso local, algunos legisladores han sugerido que el Gobierno de México ponga en marcha la alerta de género en Puebla, una medida para prevenir la violencia machista y desenlaces en feminicidios. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos señala que no hay datos suficientes para considerar a Puebla en las alertas de este tipo. La Fiscalía apunta a que no está en sus manos decidirlo y que de existir tampoco tendría impacto en la investigación de los casos. “La alerta de género no sirve para que los casos se investiguen más rápido y mejor. Se ha asociado la idea de que como no hay alerta de género, hay feminicidios y casos que no se han resuelto. La realidad no tiene que ver con eso. La Fiscalía con o sin alerta va a seguir haciendo exactamente lo mismo”, apunta Flota Ocampo.

4.- Evidentemente hay confusiones conceptuales, márgenes de apreciación diversos, fenómenos encontrados y, lamentablemente, denuncias expresas sobre la inoperancia de la Alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM). El Senado de la República está, lo sabemos, pendiente de ello y a pesar de reconocer de que la dimensión del crimen organizado, el crimen pasional, el crimen no estadístico, rebasa ya cualquier estrategia de gobernabilidad es nuestra responsabilidad impulsar medidas de mitigación, de concurso institucional para inhibir más sucesos funestos de esta naturaleza, de cualquier forma, de cualquier manera posible.

Tomemos una consideración especializada en cuenta, por ejemplo, la profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la UASLP adscrita a la maestría de Derechos Humanos, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, consideró que el gobierno del estado esta “descansando” esperando la emisión de la alerta de género que se solicitó por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Ejecutivo por la creciente cifra de feminicidios, esto sin tomar acciones efectivas en materia de prevención e investigación de estos delitos para evitar que sigan dándose. La especialista hizo un llamado a las autoridades e instituciones responsables “No se necesita una alerta para que el gobierno se ponga a trabajar, eso es lo que no se está entendiendo a nivel institucional, una alerta en razón del incremento de la incidencia de ese delito en particular y las acciones que se tiene que implementar para proteger a las mujeres, pero paralelo a eso se tienen que seguir generando mecanismos de prevención; las dos acciones son paralelas, no puedes dejar de lado la reacción ante estos hechos, el estado ahorita está descansando y esperando a que se emita la alerta para tomar acciones y esto no debe ser así”, criticó. Para la catedrática de la UASLP en este tema hay dos situaciones diferentes, una es el desconocimiento sobre el procedimiento que hay que seguir para decretar la alerta de género que se solicitó para varios municipios, un procedimiento administrativo, que como todo lo que es administrativo se burocratiza y tiene una temporalidad definida; dada esta condición, la alerta de género se resolverá alrededor de septiembre: “esas es la situación por la cual no se ha decretado la alerta de género en el estado y para los municipios solicitados”, puntualizó. Explicó que el otro aspecto que también es importante es la prevención, que los académicos han sido bastantes críticos en este sentido de que una cosa es solicitar la alerta de género, esperar ese mecanismo, pero eso no impide que los sucesos sigan ocurriendo, que esto cuestiona otra parte fundamental del estado, pues una cosa es la reacción, que sería la alerta, y las acciones a instalar una vez que se emita la misma, y otra es la parte de la operatividad y la prevención, área que, dijo, es quizá la que más han descuidado el estado y las instituciones que se encargan del tema, como el Instituto de las Mujeres.

Destacó que las instituciones que se encargan de hacer las investigaciones en este caso, como la Procuraduría y los ministerios públicos, no cuentan con los elementos suficientes que les ayuden a determinar, dada la falta de capacitación en el tema de la sensibilización de perspectiva de género, y tipificar una conducta delictiva como lo que es y nombrarla como tal: “esto es muy preocupante porque las instancias que deberían estarse encargando de señalar y decirle a la Procuraduría que deberían estar realizando una investigación por feminicidio no lo están haciendo”, recalcó.

Por último, sentenció que “si queremos erradicar o que por lo menos disminuya la incidencia criminal, la ruta ahorita es que la ciudadanía, como en otros temas, se tiene que empoderar, en este caso las mujeres tenemos que preparar a las niñas, a las jóvenes, a las mujeres en general, en el sentido de saber defenderse ante estas situaciones porque el Estado no está asumiendo su papel de garantizar la seguridad de la integridad de una persona de manera efectiva”.

5.- Senadoras y Senadores: pidan al buscador de su preferencia un servicio: feminicidios en México y se encontrará con que se demanda y se exige alerta de género en Michoacán, Morelos, Estado de México, Sonora, San Luis Potosí, Veracruz, Zacatecas, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca. Nuevo León, Sinaloa, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán.

Consideremos las palabras de la investigadora, multipliquemos las acciones legislativas, vayamos más allá de la alerta de género y activemos nuestra facultad de exigencia. Ya hay llamados a la autodefensa femenina: Se enciende el fuego de la autodefensa feminista en el Estado de México, se dice en la página web, Subversiones, Agencia autónoma de Comunicación http://subversiones.org/archivos/121822 Las mujeres se están organizando ya en autodefensas ante el creciente proceso de crímenes contra las mujeres. Necesitamos agitar y convocar a energías superiores del Estado para frenar esto.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud, Defensa Nacional, Marina, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, Economía, Comunicaciones y Transportes, Trabajo y Previsión Social, Cultura y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a conformar un frente de esfuerzos institucionales encauzado a fortalecer todas las posibilidades que sus facultades permitan, para educar, alertar, informar, coordinar, vigilar y auxiliar sobre la violencia contra las mujeres que ha llegado al punto de una emergencia nacional.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público a garantizar la protección de la salud de las mujeres, evitando recortes y ajustes preventivos al presupuesto del Sector Salud 2016, en lo sucesivo. Se turna a la Comisión de Salud.

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De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena el asesinato de la lideresa social e indígena hondureña Berta Cáceres. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CONDENA EL ASESINATO DE LA LIDERESA SOCIAL E INDÍGENA HONDUREÑA BERTA CÁCERES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) es referente del movimiento popular, social y político de ese país desde 1993 por su lucha en defensa del medio ambiente, el rescate de la cultura Lenca y la búsqueda de la elevación de las condiciones de vida de la población indígena.

La COPINH es una organización social y política sin fines de lucro, indigenista y pluralista, amplia, solidaria y unitaria de la zona sur-occidental de Honduras con incidencia nacional, es además una instancia que facilita la reivindicación y reconocimiento de los derechos políticos, sociales, culturales y económicos, impulsando el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas de Honduras.1

A esta organización pertenecía la lideresa Berta Cáceres quien fue una activa militante de dicha organización, enfrentando a los organismos financieros internacionales, cuyos intereses han devastado los recursos naturales de ese país.

Berta Cáceres fue asesinada en la madrugada del pasado 3 de marzo en el municipio La Esperanza, Honduras, cuando personas armadas entraron a su domicilio y le dispararon, causándole la muerte de forma inmediata. Berta denunció que desde hace meses había sido amenazada de muerte en diversas ocasiones, principalmente porque se le consideraba una de las voces de mayor importancia en las demandas de justicia social y en defensa de los recursos naturales y los derechos de la mujer de la población indígena de Honduras. Cabe señalar que Berta Cáceres era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2009 por la situación de grave riesgo y hostigamiento en la que se encontraba.

Recientemente estuvo al frente de la campaña contra el mega complejo de cuatro enormes represas en la cuenca del Río Gualcarque, denominado Proyecto Agua Zarca, auspiciada por la mayor constructora de represas a escala mundial, Sinohydro, empresa de origen chino con participación estatal, y la Corporación Financiera Internacional, institución del Banco Mundial. Esta campaña logró detener esa inversión multimillonaria que dejaría sin agua a miles de indígenas Lencas y provocaría cientos de desplazados al interior de sus propios territorios.

Por su lucha en la defensa de los derechos humanos, Cáceres recibió en Alemania el premio “Shalom” otorgado cada año a “quienes luchan por la justicia y por la paz en el mundo y muchas veces arriesgan su vida a causa de su compromiso”, y recibió el premio “Goldman 2015” el más importante galardón mundial que se entrega a defensores y defensoras del medio ambiente como una forma de reconocer su lucha.2

Al domicilio de Berta Cáceres, ingresaron varios sujetos armados con la finalidad única de privarla de la vida, disparando arteramente en contra de ella y de Gustavo Castro, activista y medioambientalista mexicano que se encontraba en esos momentos junto con la defensora hondureña, a quién el Gobierno Hondureño le ha impedido salir del país bajo una “medida temporal de permanencia” solicitada por la Fiscalía, a pesar de que su integridad física corre un grave riesgo, incluso después de haber declarado ante las autoridades ministeriales de aquel país y de haber expresado su disposición para colaborar con las indagatorias de este crimen.3

Ante lo anterior, es necesario que se garantice la seguridad de nuestro connacional, por lo cual la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) debe estar al pendiente del proceso que guarda Gustavo Soto y asistirlo puntualmente hasta su segura repatriación. Cabe señalar que la SRE emitió un comunicado4 en el que informa que ha brindado a Gustavo la asistencia y protección consular que el caso amerita.

Gustavo Castro es investigador y sociólogo, fundador y director de Otros Mundos A.C. es integrante del consejo de coordinación del Movimiento Mexicano de Afectados/as por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y al Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4).

Ambos expusieron su vida en la defensa de sus ideales, Berta hoy es un ícono de la lucha por la defensa del medioambiente, Gustavo se encuentra retenido y no queremos que se convierta en una víctima más de esa violencia política que le arrebató la vida a Berta y que le ha arrebatado la vida a decenas de defensoras y defensores de derechos humanos en el mundo.

Esta condena enérgica se une a las que han expuesto diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos en el mundo. La Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de los Estados Americanos, así como los gobiernos de países latinoamericanos, entre ellos el de México, también condenaron tan artero crimen.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía sea aprobado como de urgente resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República condena enérgicamente el asesinato de la lideresa social e indígena Berta Cáceres, al tiempo que hace votos para que el Gobierno de Honduras, a través de las instancias competentes esclarezca tan lamentable crimen.

SEGUNDO. El Senado de la República extiende su preocupación por la situación en la que se encuentra el mexicano Gustavo Castro Soto, retenido en Honduras, por lo cual exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que gire las solicitudes y gestiones pertinentes al Gobierno de la República de Honduras a efecto de que se brinden todas las garantías para la salvaguarda del Gustavo Castro Soto y para que en su repatriación a México se le garantice su integridad y sus derechos humanos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de marzo de 2016.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 ¿Qué es COPINH?, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, disponible en: http://www.copinh.org/article/que-es-copinh/

2 Arce, Alberto y Malkin, Elisabeth, Berta Cáceres, líder indígena y ambientalista, asesinada en Honduras, The New York Times, 3 de marzo de 2016, disponible en: http://www.nytimes.com/es/2016/03/03/berta-caceres-lider-indigena-y-ambientalista-asesinada-en-honduras/

3 Bellinghausen, Hermann, Impiden la salida a Gustavo Castro en Honduras, La Jornada, 06 de marzo de 2016, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/06/impiden-la-salida-a-gustavo-castro-en-honduras-5609.html

4 Comunicado No. 085, La SRE brinda asistencia consular a mexicano herido en Honduras, Secretaría de Relaciones Exteriores, disponible en: http://www.gob.mx/sre/prensa/la-sre-brinda-asistencia-consular-a-mexicano-herido-en-honduras





 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a trasladar al ciudadano José Manuel Mireles Valverde del Centro Federal de Readaptación Social Número 11 con sede en Hermosillo, Sonora, al Centro de Reinserción Social “David Franco Rodríguez”, con sede en el municipio de Charo, Michoacán. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

La que suscribe, Layda Sansores San Román, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO, CON EL CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON OBJETO DE QUE SE EXHORTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN, AL SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, AL COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD Y AL COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, PARA QUE DESDE LUEGO DECIDAN EL TRASLADO DEL JOSÉ MANUEL MIRELES VALVERDE DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 11 CON SEDE EN HERMOSILLO, SON., AL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL “DAVID FRANCO RODRÍGUEZ”, CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE CHARO. MICHOACÁN, Y MEJOR CONOCIDO COMO MIL CUMBRES. ASIMISMO, AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, AL COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD Y A LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DEL DETENIDO, CESEN LOS MALTRATOS Y EN GENERAL SE OBSERVEN LAS MEDIDAS QUE GARANTICEN SU PLENA INTEGRIDAD FÍSICA Y MENTAL Y, DEBIDO A LAS INUMERABLES VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO, SE OBSEQUIE SU INMEDIATA LIBERTAD, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

1.- A través de diversos medios de comunicación y por denuncias de los familiares y abogados del C. José Manuel Mireles Valverde, hemos conocido de las ilegalidades y abusos cometidos en su proceso y las difíciles condiciones que vive en su estancia en el Reclusorio Federal de Hermosillo, así como de las dificultades de sus familiares para visitarlo y estar al pendiente de él.

2.- Como es del dominio público, José Manuel Mireles Valverde fue detenido en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 27 de junio de 2014 por fuerzas federales y permanece preso acusado de portación ilegal de arma de fuego y posesión de drogas.

3.- No obstante lo anterior, la defensa del Dr. Mireles ha denunciado diversas irregularidades tanto en su detención como en su proceso: por ejemplo, que el día de su detención, las autoridades ministeriales refieren distintos lugares donde fue detenido; que no hubo orden de aprehensión; que tampoco existe una bitácora de vuelo de traslado y que las armas presuntamente decomisadas fueron manipuladas, no coinciden las matrículas ni el número de armas; y que la supuesta droga que portaba no fue pesada ni registrada.

Además, no se preservó la escena del crimen y hay irregularidades en la información proporcionada por las autoridades; las pruebas periciales carecen de valor, y el detenido no fue puesto a disposición del Ministerio Público ni de un juez pasadas las 48 horas desde su detención, por lo que tendrían que haberlo dejado en libertad.

4.- Lo peor es que frente a todas esas irregularidades las autoridades han sido “omisas” y que, resultado de la corrupción que priva en nuestro sistema judicial, los abogados y familiares del Dr. Mireles, como muchos otros familiares y abogados de procesados en el mismo caso, han tenido que acudir ante instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), la Relatoría de la ONU y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para hacer valer sus derechos.

5.- Cabe señalar que el Dr. Mireles se encuentra actualmente enfermo e incomunicado. Ha pasado por episodios severos de depresión. Un padecimiento que, según su defensa, no le ha sido bien atendido y que lo mantiene postrado la mayor parte del día. Añejos problemas de salud se le han complicado en los últimos meses, principalmente los derivados de la diabetes y la hipertensión arterial que ya padecía pero que se le han agudizado.

Otra de las afecciones que mantienen al Dr. Mireles postrado en su cama es una lesión en la cadera, la que no solo le impide caminar, sino que es el pretexto de la dirección de ese centro penitenciario para que se le haya suspendido la posibilidad de salir al patio una hora al día para tomar el sol. En consecuencia, está vedado de cualquier actividad física a pesar de que en su expediente está recomendado al menos una vez –por espacio de una hora- a la semana.

El centro penitenciario se ha negado a darle atención médica especializada y medicamentos de calidad para poder afrontar sus estados descendientes de ánimo.

Ante esa situación, la defensa ha interpuesto dos reclamos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en donde se argumenta “el trato cruel a inhumano”, sin embargo, esa dependencia no emitido ninguna postura oficial.

6.- Aunado a lo anterior, no se le ha permitido tener visitas de confianza, cuando ese es un derecho que tienen todos los demás presos y, por otro lado, a la familia se le dificulta aún más el estar en contacto con el Dr. Mireles, porque el estar viajando a Hermosillo, Son., les genera un costo muy alto por persona, por lo que han estado gestionando que se haga su traslado al Reclusorio federal de Michoacán conocido como Mil Cumbres.

7.- Un elemento último a considerar es que ya las autoridades pertinentes están valorando ahora mismo la probabilidad del traslado del Dr. Mireles a Michoacán e incluso esta petición es apoyada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ya han admitido el recurso, están solicitando informes a la Comisión de Reclusorios Federales para que se establezca si hay alguna objeción, y han solicitado también informes al Gobierno de Michoacán, concretamente a la Secretaría de Seguridad Pública, para que determine si tiene las condiciones necesarias para recibir al Dr. Mireles.

Asimismo, el juez Quinto de Distrito en el estado con sede en Uruapan, Jorge Armando Wong Aceituno, admitió el incidente que presentó la defensa para que el médico detenido sea trasladado del Centro Federal de Readaptación Social número 11 de Hermosillo, Sonora, al Centro de Reinserción Social “David Franco Rodríguez”, situado en el municipio de Charo y mejor conocido como Mil Cumbres. Es decir, que hay muchas condiciones para enderezar su proceso y obtener no sólo su traslado sino su liberación.

En razón de lo anterior, propongo el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, en los siguientes términos:

ÚNICO. Emitir un exhorto por parte de esta Cámara de Senadores al Gobernador del Estado de Michoacán, al Subsecretario de prevención y reinserción social de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, al Comisionado Nacional de Seguridad y al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, para que desde luego decidan el traslado del José Manuel Mireles Valverde del Centro Federal de Readaptación Social Número 11 con sede en Hermosillo, son., al centro de Reinserción social “David Franco Rodríguez”, con sede en el municipio de Charo. Michoacán, y mejor conocido como Mil Cumbres. Asimismo, al Secretario de Gobernación, al Comisionado Nacional de seguridad y a la Procuradora General de la República, para que se respeten los derechos humanos del detenido, cesen los maltratos y en general se observen las medidas que garanticen su plena integridad física y mental y, debido a las innumerables violaciones al debido proceso, se obsequie su inmediata libertad

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Layda Sansores San Román.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México que revise exhaustivamente la eficiencia, eficacia y efectividad del “Programa de Vigilancia Ambiental” a fin de determinar su viabilidad. Se turna a la Comisión del Distrito  Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En septiembre de 2015, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, abanderó el relanzamiento del “Programa de Vigilancia Ambiental” para lo cual dio salida a 34 patrullas Dodge Charger, tres jeep, una camioneta pick up y cinco motocicletas. 1

Desde un principio se informó que el objetivo de las ecopatrullas es vigilar el cumplimiento de los programas de: Verificación Vehicular, de Vía Restringida también conocido como “Hoy no circula” y de Emisión de Gases Contaminantes.

En sus recorridos de vigilancia, que se realizan de manera aleatoria por las 16 delegaciones, los Ecoguardas tienen la obligación de detectar a los autos que emitan gases contaminantes, detenerlos y realizarles una revisión en directo con base en el Reglamento de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal en Materia de Verificación Vehicular, así como las Normas Oficiales Mexicanas 047 Semarnat 2014 y 046 Semarnat 1996.

La Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) del Gobierno de la Ciudad de México señala que el objetivo de los operativos es mantener el buen funcionamiento de los programas ya mencionados, a fin de mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México y que sus ciudadanos puedan gozar de una mejor salud. 2

Recientemente, se hicieron del conocimiento público una serie de inconsistencias en el “Programa de Vigilancia Ambiental” de la Ciudad de México.

Entre las principales anomalías que se mencionan son los horarios de operación; el hecho de que las Ecopatrullas no cuentan con los aparatos denominados “Opacímetros” –que miden las emisiones de gasolina y diesel en automóviles-, y la contabilidad de las sanciones impuestas al mes. 3

Como respuesta a una solicitud de información de un medio impreso de circulación nacional, la SEDEMA afirmó que las Ecopatrullas deben operar de lunes a sábado, igual que el Programa Hoy No Circula. Sin embargo, se constató que en ocasiones no laboran los sábados.
En la nota periodística se consiga además que el Director de Vigilancia Ambiental dijo que alrededor de 8 mil 500 vehículos son infraccionados al mes, en tanto que datos oficiales reportaron que el promedio de autos sancionados no supera los 6 mil 866.

Con relación a los “Opacímetros”, el Director de Vigilancia Ambiental reveló que son aparatos que no caben en las Ecopatrullas, por lo que actualmente solo detienen a los autos que contaminan de “manera ostensible”, es decir, que sea visible el humo que arrojan al circular. Externó también que los “Opacímetros” serán utilizados después en campo adaptándolos a otros vehículos, porque en las Ecopatrullas no caben.

Adicionalmente el sistema de cámaras que monitorean y graban las acciones de los ecoguardas, registran video pero el sistema de audio aún no se instala, por lo que se consideran innovaciones incompletas.

Finalmente, se enfatiza en el desconocimiento y desconfianza de la población sobre la labor de estas patrullas ecológicas, y esto se atribuye a que no se ha realizado una adecuada labor de difusión de parte del Gobierno de la Ciudad de México.

Todo ello pone en evidencia la necesidad de que las autoridades de la Ciudad de  México revisen la eficacia, eficiencia y efectividad del Programa de Vigilancia  Ambiental.

De acuerdo al artículo primero fracciones II y V de la Ley Ambiental del Distrito Federal, las autoridades de la Ciudad de México deben conducir el ejercicio de la conservación del medio ambiente y sobre todo prevenir y controlar la contaminación en el aire.

A su vez el artículo 26 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal expresa que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente establecer lineamientos de verificación ambiental y monitoreo de contaminantes.

El artículo 133 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, con la finalidad de regular, prevenir, controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera, faculta a la SEDEMA a requerir a los responsables de fuentes emisoras de su competencia, el cumplimiento de los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes, las normas oficiales mexicanas y las normas ambientales para el Distrito Federal, entre otros ordenamientos legales.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República solicita a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México que revise exhaustivamente la eficiencia y eficacia del “Programa de Vigilancia Ambiental” a fin de determinar su viabilidad; asimismo se exhorta a la SEDEMA para que en caso de que el programa continúe, realice una amplia campaña de difusión a fin de que la ciudadanía conozca los alcances del mismo.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de marzo de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.

1http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2016/03/1/ecopatrullas-no-pueden-medir-contaminaci%C3%B3n

2 http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/

3http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2016/03/1/ecopatrullas-no-pueden-medir-contaminaci%C3%B3n





 

De los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Ernesto Cordero Arroyo, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Luis Sánchez Jiménez, José Francisco Yunes Zorrilla, Dolores Padierna Luna, César Octavio Pedroza Gaitán, Salvador Vega Casillas, Rosa Adriana Díaz Lizama, Fernando Yunes Márquez, Luz María Beristain Navarrete, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Mariana Gómez del Campo Gurza, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Fernando Enrique Mayans Canabal, Zoé Robledo Aburto y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza a implementar las medidas necesarias a efecto de desincorporar el predio denominado “La Gran Plaza” y poder ampliar y modernizar la aduana ubicada en Ciudad Acuña, Coahuila, logrando así detonar el crecimiento económico de la región. Se turna a la Comisión de Federalismo.

Los suscritos Senadores SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, ERNESTO CORDERO ARROYO, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA, DOLORES PADIERNA LUNA, CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, SALVADOR VEGA CASILLAS, ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, ZOÉ ALEJANDRO ROBLEDO ABURTO y ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRIGUEZ, ante la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA A IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE DESINCORPORAR EL PREDIO COMÚNMENTE DENOMINADO “LA GRAN PLAZA” Y PODER AMPLIAR Y MODERNIZAR LA ADUANA UBICADA EN CIUDAD ACUÑA, COAHUILA, LOGRANDO ASÍ DETONAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA REGIÓN, conforme al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México la actividad aduanal inició una vez que se consolidó la Conquista; esto era para tener el control sobre las mercancías que llegaban, incluso se crearon instituciones encargadas de fiscalizar el tránsito de bienes y personas.

En el periodo del Virreinato se impuso el impuesto aduanal (5y7 por ciento) con el cual se gravaba a las mercancías que entraban y salían de cada colonia y el denominado “derecho de avería”, el cual era un impuesto que cubría los gastos para la protección de las mercancías contra el pillaje.

Tras la independencia, el mantenimiento sobre las aduanas era prioridad para la economía. Aunque tenían habilitados varios puertos para el comercio con España, el comercio exterior del país se realizaba exclusivamente por el puerto de Veracruz.

Las importaciones de México eran de bienes de consumo en su mayoría textil; así mismo las exportaciones eran materias primas como metal, minería y tinturas vegetales. El comercio exterior proporcionaba el 50% del ingreso federal y debido a esto era importante el control sobre las aduanas.

En la Revolución se publicó la tarifa de aranceles, con la que se redujeron los gravámenes de los artículos de primera necesidad y se aumentaron para los artículos de lujo.

La aduana tuvo un papel importante para la protección y el fomento de la industria nacional mediante las barreras arancelarias, limitando las importaciones y la producción interna, y cuando los aranceles no fueron suficientes para controlar las importaciones, se implantó el permiso previo de importación.

En los años setenta, la inflación decidió que la estructura general de los aranceles debía ser el mismo criterio de aplicar gravámenes más altos a los bienes más elaborados, con montos hasta de 75%. Con ello se implantó una devolución de impuestos a las importaciones de insumos necesarios para la elaboración de productos terminados. Se incrementaron las exportaciones petroleras y se disminuyó la protección a la industria nacional. Sin embargo se implantó otro modelo económico en el que en el mediano  plazo desapareció los permisos previos y los aranceles disminuyeron a menos de 10 por ciento.

En 1986, México se incorporó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés). Los cambios tuvieron la finalidad de que las relaciones comerciales garantizaran que las normas del comercio internacional fueran estables en todo el mundo. Más adelante se reformó la Ley Aduanera y esto generó nuevas reglas fiscales, logrando eficacia en la recaudación y adecuándose a los requisitos que están en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Las reformas posteriores a la Ley Aduanera fueron en el sentido de analizar y fortalecer los mecanismos para combatir la evasión en el pago de contribuciones, el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, así como el fraude aduanero que representa una competencia desleal para la industria nacional y el comercio formal. En 1997 se creó el Servicio de Administración Tributaria, al cual quedó adscrita la Administración General de Aduanas.

El comercio mundial reclama un transporte seguro y económico, y con ello, procedimientos eficaces en el movimiento de las mercancías al cruzar las fronteras. Es por ello que las aduanas tienen un papel importante y se encuentran ubicadas en lugares estratégicos como puertos, aeropuertos y zonas francas.

México y Estados Unidos tienen una dinámica comercial superior a los 500 mil millones de dólares anuales, lo que hace prioritario impulsar los programas de facilitación y mayor infraestructura aduanera en beneficio de la competitividad del país y de una mayor productividad de las empresas.

Durante el 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó sobre la instrumentación del Plan de Modernización de la Infraestructura de las Aduanas 2013–2018, la que tenía el objetivo de concluir diversos proyectos, entre los que destacan:

El reordenamiento y ampliación de la Aduana de Ciudad Acuña, Coahuila, considerada dentro de las 48 aduanas como una de las más importantes. Con estas obras de modernización de la infraestructura aduanera se busca contar con instalaciones adecuadas para la operación, que faciliten el comercio exterior y la competitividad del país y con ello se ofrezca una perspectiva de crecimiento, desarrollo y posibilidad de contrataciones.

Actualmente existe un proyecto ambicioso para modernizar la aduana ubicada en Ciudad Acuña, Coahuila, por lo cual el Municipio ha donado un terreno a efecto de poder ampliarla; sin embargo, dicho esfuerzo debe ser acompañado por la donación de otro predio vecino de la actual aduana, mismo que se encuentra en posesión del Gobierno del Estado y es comúnmente conocido como “La Gran Plaza”.

En caso de que se beneficiara la aduana usando para su ampliación tanto el predio donado por el Municipio, así como el predio de “La Gran Plaza” se contaría con:

3 Carriles de salida

3 Carriles de entrada de carga

6 Carriles de entrada visitantes

8 espacios de revisión visitantes

8 rampas de Importación, 5 de exportación.

43 cajones de estacionamiento paisanos.

50 cajones de estacionamiento al público.

La construcción de la nueva aduana es de vital importancia para toda la región del estado de Coahuila, ya que detonará un crecimiento económico y la creación de más y mejores empleos; sin embargo, en caso de demorarse la obra existe la posibilidad de que los 350 millones de pesos etiquetados para la construcción tuvieran que ser devueltos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ser utilizados para obras en otras entidades federativas.

Igualmente, es importante señalar que cada día que pasa y no es construida la nueva aduana, se resta competitividad a nuestro estado con respecto a las demás entidades federativas; ejemplo de lo anterior es que Ojinaga en Chihuahua, una ciudad tres veces más chica que Acuña, tendrá una aduana 2.5 veces más grande que la ubicada en Acuña.

Con el predio ya donado por el Municipio se podrá ampliar la aduana; sin embargo, si el Gobierno Estatal no cede el predio conocido como “La Gran Plaza” la ampliación contará con una vida útil muy limitada y no se contarán con tres rampas de revisión de importaciones, seis módulos de revisión de visitantes, cuatro carriles de entrada para visitantes y sin lugar a dudas en poco tiempo existirá déficit de espacio para oficinas.

México cuenta hoy en día con una extensa cantidad de productos que son solicitados en los mercados internacionales y por eso es importante mostrar las oportunidades comerciales y llevar acabo los planes de comercialización.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza implemente las medidas necesarias a efecto de desincorporar el predio comúnmente denominado “La Gran Plaza” y estar en condiciones de poder ampliar y modernizar la aduana ubicada en Ciudad Acuña, logrando así detonar el crecimiento económico de la región.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de marzo de 2016.

Suscribe

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.- Sen. Luis Sánchez Jiménez.- Sen. José Francisco Yunes Zorrilla.- Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. César Octavio Pedroza Gaitán.- Sen. Salvador Vega Casillas.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.- Sen. Fernando Yunes Márquez.- Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal.- Sen. Zoé Robledo Aburto.- Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Economía para que explique la falta de un sistema confiable para la supervisión de los títulos de concesiones y el cobro de derechos mineros. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.







 

De la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, a nombre del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los organismos públicos electorales locales y a los titulares del Poder Ejecutivo en diversas entidades del país a asegurar que el desarrollo de los procesos electorales que tienen lugar este año estén libres de violencia política de género. Se turna a la Comisión de Gobernación.

La suscrita Senadora LUCERO SALDAÑA PÉREZ, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS ELECTORALES LOCALES Y A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO EN DIVERSAS ENTIDADES DEL PAÍS A ASEGURAR QUE EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES QUE TIENEN LUGAR ESTE AÑO ESTÉN LIBRES DE VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO.

CONSIDERACIONES

El presente año, trece entidades del país tendrán elecciones con el objeto de renovar: 12 titulares del poder ejecutivo estatal, 388 diputadas/os de los congresos locales y 548 ayuntamientos. Como nación democrática sostenemos la vigencia de elecciones auténticas, periódicas y libres.

Para fortalecer nuestra democracia debemos estar atentos a lo que la realidad nos demanda. Es así como, entre las lecciones más importantes que nos dejó el pasado proceso electoral, debemos reconocer que no podemos seguir siendo indiferentes ante la violencia política de género que, de continuar, constituye un atentado a nuestra vida democrática, a los principios de igualdad sustantiva y de paridad, que tanto esfuerzo implicaron para formar parte fundamental de nuestra institucionalidad.

En ese sentido, desde el año 2012, en el Senado iniciamos la discusión sobre este tema a través de una iniciativa presentada por la Senadora Lucero Saldaña Pérez.

En el período transcurrido desde esa fecha y hasta hoy, vivimos una de las más importante reformas político electorales que buscan fortalecer nuestra democracia, incorporando la visión de igualdad de género, entre otros preceptos. Esta reforma permitió que desde 2014, la paridad política sea un principio asentado en nuestra propia Constitución y la legislación en esta materia.

Este nuevo marco normativo, fue el escenario para que Senadoras de diversas fuerzas políticas que componen este órgano legislativo, de nueva cuenta pusieran sobre la mesa de discusión acerca de la relevancia de reconocer la violencia política de género, a través de diversas iniciativas. Estos proyectos se encuentran en análisis y discusión en la Comisión e Igualdad de Género. El proceso para su dictaminación ha sido responsable y minucioso, buscando la participación de todos los organismos públicos que, sin duda, tienen una amplia visión y experiencia en la dinámica político electoral de nuestro país.

Estamos seguros que el dictamen que finalmente se presente, resultará en una iniciativa de reformas de gran valor, aplicabilidad y que cumplirá con el objeto de erradicar esta particular modalidad de la violencia de género.

Sin embargo, en tanto esto se concreta, el calendario electoral avanza y estamos ciertos de que las autoridades no pueden ser impasible y omisas ante los posibles actos de violencia política de género que, incluso, desde las precampañas, se presentan y que tienen como efecto inmediato afectar los procesos electorales y dañar a las personas que en ellos participan.

La violencia de género se encuentra plenamente reconocida en nuestro marco jurídico, teniendo como principal instrumento la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. De igual forma, nuestro país ha ratificado diversos instrumentos internacionales en la materia, incluyendo la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como “Convención de Belém do Pará”).

Si bien la violencia política, como ya se señaló, se encuentra en proceso de análisis tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, la gravedad de este problema ha sido un tema igualmente reconocido en el plano internacional y regional. Es por ello que el pasado 15 de octubre de 2015, en el marco de la Sexta Conferencia de los Estados Parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”), se adoptó la “Declaración sobre la Violencia Política y el Acoso Políticos contra las Mujeres”1.

En este documento, se alientan los debates que en cada país se están dando para definir con precisión lo que constituye el acoso y la violencia política de género, al tiempo de reconocer que éstas:

…pueden incluir cualquier acción, conducta u omisión entre otros, basada en su género, de forma individual o grupal, que tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos políticos, conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad con los hombres. (Subrayado propio)

En la Declaración se destacan diversos aspectos de esta modalidad de violencia, señalando que la utilización de la violencia simbólica como instrumento de discusión política afecta gravemente al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

En dicho documento, se declara, entre otras medidas, la necesidad de:

Impulsar la adopción, cuando corresponda, de normas, programas y medidas para la prevención, atención, protección, erradicación de la violencia y el acoso políticos contra las mujeres, que permitan la adecuada sanción y reparación de estos actos, en los ámbitos administrativo, penal, electoral, tomando en cuenta los instrumentos internacionales aplicables.

De manera especial, una de las medidas hacer ver el importante papel que deben desempeñar las instituciones y, por tanto, las autoridades electorales:

Promover que las instituciones electorales y otras entidades públicas que correspondan, incorporen el tema de la violencia y el acoso políticos contra las mujeres en el marco de sus funciones relacionadas con la organización de las elecciones, la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, la elaboración de políticas de educación cívica, así como en su trabajo con los partidos políticos. (Subrayado propio)

En este sentido, cabe señalar que en los procesos electorales que inician estamos siendo testigos de campañas de desprestigio y de violencia a mujeres candidatas. Tal es el caso del estado de Puebla, en donde a solo algunos días de haber sido designada una mujer precandidata, se ha desatado una campaña de difamación en medios de comunicación y se han empezado a distribuir, de forma masiva, una serie de panfletos con los que se pretende dañar la imagen de esta política vinculándola a hechos graves de violencia de género, sin elementos comprobables.

Más allá de que las y los precandidatos hagan uso de los medios legales para contener acciones de este tipo, es necesario que todas y todos los contendientes tengan el respaldo de las autoridades electorales y de los titulares del Poder Ejecutivo en cada entidad para asegurar condiciones de igualdad, de respeto y de no violencia, que aseguren a la ciudadanía vivir procesos electorales acordes a los tiempos y las aspiraciones democráticas y de paz que todo el pueblo de México tiene.

La exacerbación de actos de violencia por parte de actores reconocidos o anónimos -pero reconocibles por la ciudadanía-; sumados a una actitud omisa de las autoridades, no significa dar igualdad de oportunidades, sino ser parciales y alentar un México violento.

Una oportuna, puntual y adecuada intervención de las autoridades electorales, es necesaria y urgente. Hace falta voluntad política y un verdadero compromiso con la democracia, en tanto logramos concretar las reformas que permitan erradicar la violencia política de género. Como lo señaló en una conferencia sobre el tema, la Magistrada María del Carmen Alanis, integrante del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en tanto se emite la ley en la materia, para atender este grave asunto las autoridades electorales contamos con la Constitución, los tratados internacionales –así como con las interpretaciones que de ellos hacen sus organismos monitores- y con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia2.

Y afirma, que partiendo de ello, el trabajo que deben desarrollar las autoridades electorales se puede dar en tres niveles, todos ellos enfocados al efectivo acceso a la justicia para las víctimas: El primero tiene que ver con la prevención de daños mayores, el segundo con la atención y resolución de los casos y, el tercero, con el establecimiento de precedentes judiciales. Señala, la Magistrada, que: no podemos permitir que […] persista la violencia política como condición estructural que impedirá hacer realidad el derecho a votar, ser electas y ejercer cargos públicos.

Como se observa, una autoridad sensible puede hacer mucho para contener esta modalidad de violencia y para, desde una perspectiva integral, contribuir a construir un entorno seguro, en paz, verdaderamente democrático.

En se sentido, cabe destacar que de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los Organismos Públicos Locales, constituyen la autoridad en la materia electoral en cada entidad federativa, en los términos que establece la Constitución, dicha Ley y las leyes locales correspondientes; además de que se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad (artículo 98, párrafo 1 y 2, subrayado propio). Principios, todos ellos, que contribuyen a dar certidumbre e igualdad a la contienda electoral.

Es por todo lo anterior que, considerando la situación que vive el país, la importancia de fortalecer nuestros procesos democráticos y la necesidad de lograr la igualdad sustantiva de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida, sometemos a su consideración el siguiente Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los organismos públicos electorales locales y a los titulares del Poder Ejecutivo en diversas entidades del país a asegurar que el desarrollo de los procesos electorales que tienen lugar este año, estén libres de violencia política de género.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Lucero Saldaña Pérez.

1 Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém Do Pará (Mesecvi) Sexta Conferencia de los Estados Parte de la Convención de Belém Do Pará, Declaración Sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres, 15 y 16 de octubre de 2015 Lima, Perú (OEA/Ser.L/II.7.10 MESECVI-VI/doc.117/15.rev2 15 de octubre de 2015 Original: español). En internet: http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/Declaracion-ESP.pdf

2 Ponencia de la Magistrada María del Carmen Alanís para el Seminario Internacional “Violencia política contra las mujeres en América Latina: diagnósticos, diálogos y estrategias”. Panel 4: Mujeres en sociedades patriarcales y excluyentes: acciones concretas para erradicar la violencia política desde  los gobiernos, el poder judicial y la sociedad civil, México, D.F., Jueves 12 de noviembre de 2015.





 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a emprender una investigación en relación con la importación irregular de armas alemanas a México y se cita al Secretario de la Defensa Nacional a comparecer sobre el particular ante la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional.







 

De los Senadores José María Martínez Martínez, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Francisco Salvador López Brito, Silvia Guadalupe Garza Galván y Luisa María Calderón Hinojosa, a nombre del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno federal y al titular del gobierno del estado de Jalisco a llevar a cabo las acciones necesarias para restablecer la paz y la seguridad en ese estado. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

El suscrito JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 95, 109, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL, EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL TITULAR DEL GOBIERNO FEDERAL Y AL TITULAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER LA PAZ Y LA SEGURIDAD EN EL ESTADO DE JALISCO, EN VIRTUD DE LOS LAMENTABLES HECHOS DE VIOLENCIA QUE SE VIVEN EN ESTA ENTIDAD:

CONSIDERACIONES

Como todos sabemos, la paz y la seguridad deben ser en todo momento derechos irrenunciables de todo ciudadano que el Estado debe de garantizar. La ausencia de estos dos elementos fundamentales en una sociedad trae consigo un debilitamiento institucional donde las personas buscan alternativas distintas a las legalmente establecidas para allegarse de los medios y elementos necesarios para recuperar un poco de paz y seguridad para sus familias.

En la actualidad, la percepción generalizada de inseguridad, aunada a los crecientes acontecimientos de violencia que impera en el territorio nacional, lastiman en un grado alarmante ya a los ciudadanos, que son los principales receptores del daño ocasionado por los hechos ilícitos de los grupos delincuenciales.

Es lamentable ver cómo las autoridades que están obligadas a mantener y garantizar el orden público, se ven ya rebasadas por el creciente poder delincuencial de estos grupos que logran sembrar miedo y temor, incluso cosechar adeptos, en una sociedad que no encuentra respuesta a sus necesidades más primarias, y no hablamos sólo del derecho a la vida, sino del acceso a una vida libre de violencia.

Con estas palabras iniciaba las consideraciones de un punto de Acuerdo que presenté el 14 de abril del 2015, hace prácticamente un año, mediante el cual solicitaba la intervención del Gobierno Federal, y más particularmente al titular del Gobierno del Estado de Jalisco, llevara a cabo las acciones necesarias para restablecer la paz y seguridad en el Estado de Jalisco.

Dicha solicitud iba acompañada de la lista negra de acontecimientos trágicos donde una gran cantidad de personas perdieron la vida a consecuencia de actos violentos de grupos delincuenciales. Hacía referencia a los integrantes del ejército emboscados en Guachinango Jalisco, al asesinato del Presidente Municipal de Ayutla Jalisco, Manuel Gómez Torres, al Diputado Federal secuestrado y asesinado, Gabriel Gómez Michel. Asimismo, al enfrentamiento en el fraccionamiento Villas Río, de Puerto Vallarta que duró poco más de 10 horas, donde un militar perdió la vida, así como el enfrentamiento en Ocotlán Jalisco en el que asesinaron a cinco elementos de la Gendarmería, un enfrentamiento donde ocho más resultaron lesionados y tres civiles inocentes muertos a causa del fuego cruzado; entre ellos un estudiante de secundaria.

En más hechos violentos enlistados, mencioné el atentado contra el entonces Comisionado de Seguridad del Estado, Alejandro Solorio Aréchiga, la emboscada al grupo de elementos de la Fuerza Única Regional en la carretera libre de Mascota, en San Sebastián del Oeste, donde 15 de los 20 policías atacados murieron sin accionar sus armas y los cinco restantes resultaron gravemente heridos. Y qué decir del asesinato del director de la Policía Municipal de Zacoalco de Torres, Miguel Ángel Caicedo Vargas, sobre cuyo cuerpo clavaron una cartulina con amenazas en contra de las autoridades. El último asesinato que se había documentado fue el del regidor priista de Tlaquepaque, Feliciano García Fierros.

En ese momento, se había documentado en Jalisco el asesinato de 60 funcionarios públicos en 18 meses. Sin embargo, seguimos viendo con preocupación la misma situación sin que las autoridades sean capaces de garantizar la paz y seguridad en el estado. Considérese que la Comisión de Seguridad Pública del Senado nunca mostró interés para sacar adelante dicho punto de acuerdo, el cual fue turnado al archivero de este órgano congresional hasta el pasado 04 de febrero del presente, que por acuerdo de la Mesa Directiva, se dieron por concluidas las proposiciones con punto de acuerdo que nunca fueron objeto de estudio y dictaminación.

Pero ¿Qué pasó en Jalisco desde la presentación de la proposición con punto de acuerdo del pasado 14 de abril, al que hago referencia? La violencia no ha parado, por el contrario las pérdidas humanas a causa del crimen organizado van en aumento, sin que este Senado de la República tenga a bien pronunciarse al respecto.

Una de las mayores tragedias y de gran impacto a nivel nacional, sin duda alguna, es la del inicio de la fallida “Operación Jalisco” donde un helicóptero del Gobierno Federal fue alcanzado en una agresión de presuntos delincuentes, en los límites de los municipios de Casimiro Castillo y Villa Purificación. En la aeronave viajaban 18 elementos: cinco de tripulación, 11 pasajeros militares y dos agentes de la Policía Federal. El saldo: tres militares muertos, 10 heridos y dos policías lesionados. Tres elementos más se encuentran desaparecidos.

Por si lo anterior no fuera preocupante, en las últimas semanas se han encendido las alarmas nuevamente en Jalisco ante la intensificación de actos violentos. El 27 de enero de este año, en el municipio de Lagos de Moreno murieron seis personas a tiros en la vía pública, ocho fueron calcinados, uno encajuelado y siete más heridos, tras enfrentarse con elementos policiacos. El 24 de febrero el director operativo de la policía de Tlaquepaque y dos de sus escoltas fueron asesinados; cinco días después, un elemento de la Fiscalía General del Estado murió a balazos junto con su pareja sentimental, quien también trabajaba en la Fiscalía. El 01 de marzo fue atacado a balazos el Presidente Municipal de Ahualulco del Mercado, afortunadamente pudo salir ileso, aunque también atacaron las instalaciones de seguridad pública del municipio. Al día siguiente continuaron los hechos violentos en Jalisco; Guadalajara fue escenario de cinco homicidios en el que trascendió el asesinato del dueño del afamado restaurante de comida italiana “Ma come no”. Los hechos ocurrieron al interior del negocio en plena luz del día.

De acuerdo con estadísticas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), en enero, el número de homicidios ascendió a 94, mientras que en febrero, la cifra aumentó hasta 108. Haciendo un comparativo con el año pasado, el número de ejecuciones se incrementaron considerablemente, puesto que se tuvieron 68 ejecuciones en enero y 50 en febrero. Y a pesar de estas cifras, el discurso que mantienen el gobernador Aristóteles Sandoval, y el fiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez, es de presumir una reducción en delitos de alto impacto; sin embargo, en cuanto a reducir los asesinatos queda demostrado que se tiene una tarea pendiente.

Todo lo anterior demuestra la incapacidad de las autoridades estatales y municipales para combatir la inseguridad. En un año, sólo ha cambiado una cosa, el escenario político. A esta incapacidad para gobernar se han sumado los mal llamados gobiernos “ciudadanos”, de tal manera que ni ellos ni el PRI han sido capaces de implementar una estrategia eficaz para hacer frente al problema delincuencial en Jalisco. Hoy los jaliscienses están pagando caro los caprichos de estos dos partidos políticos, los caprichos de nombrar a personajes relacionados con la política local al frente de la seguridad pública de la Ciudad de Guadalajara y del Estado mismo, y no a perfiles especializados en el combate a la inseguridad. No podemos esperar resultados positivos de parte de un Fiscal General del Estado y de un Comisario de la Policía Preventiva Municipal de Guadalajara, que están más comprometidos con su imagen pública y futuro político, que con la seguridad de los jaliscienses.

Compañeros senadores, la seguridad pública en Jalisco y en todo el país no es un tema menor, y lo saben. La intervención de la Federación es cada vez más apremiante y el tiempo se vuelve más valioso cada segundo para evitar que siga creciendo el número de víctimas. Sin embargo, ante la negativa de las autoridades locales de aceptar su incapacidad, por un tema de imagen pública y político electoral, es que seguimos viendo cómo se apodera la delincuencia de las calles de la Entidad. Por ello, debe ser la Cámara de Senadores, en su calidad de representante del Pacto Federal, quien genere las condiciones y canales de comunicación para que exista una adecuada coordinación entre las fuerzas encargadas de restablecer el orden y la paz en el país.

Es necesario reconocer, compañeros senadores, que el Estado mexicano está en deuda con miles de familias a las que no les ha podido garantizar la paz y la seguridad a la que tienen derecho como ciudadanos. Incluso, es necesario señalar que la deuda es mayor aún, con las familias de los elementos de seguridad pública, que en el ejercicio de su deber, de ese deber que tiene como principal objetivo garantizar la paz social, han perdido la vida.

En este sentido y con los antecedentes considerados en el punto de acuerdo presentado hace poco menos de un año, donde jamás se elaboró un proyecto de dictamen, es que considero de fundamental importancia que la presente proposición sea resuelta de urgente y obvia resolución.

Tenemos una deuda con los Jaliscienses, pues tuvimos la oportunidad de pronunciarnos de manera contundente, con acciones más allá de un fallido operativo, para evitar que se siguieran cometiendo más actos violentos. Espero que esta vez no sea el silencio la única respuesta que podamos dar como Cámara Alta de esta nación.

Y precisamente para evitar que sigamos solicitando más minutos de silencio en este Pleno, me permito proponer a ustedes el presente punto de acuerdo, que plantea medidas preventivas y de actuación, y que por su naturaleza, solicito a ustedes sea considerado de urgente y obvia resolución. Por lo anteriormente expuesto proponemos ante esta Honorable Asamblea las siguientes proposiciones con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta al titular del Gobierno Federal, Enrique Peña Nieto, y al titular del Gobierno del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, a efecto de que se coordinen y lleven a cabo las acciones necesarias para investigar y castigar a los responsables y restablecer la paz y la seguridad en el Estado de Jalisco, en virtud de los lamentables hechos violentos que han proliferado en los últimos años en diversos municipios de la Entidad, donde un número considerable de elementos policiales, militares y civiles han muerto o han resultado heridos.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, a través de la Gendarmería Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, a coordinarse en las acciones que lleva a cabo el Gobierno del Estado de Jalisco, encaminadas a restablecer y garantizar la paz y seguridad de los jaliscienses.

TERCERO.- El Senado de la República expresa un rechazo enérgico ante estos lamentables hechos que han ocasionado la muerte de elementos policiales, militares y civiles; manifestando nuestra más amplia solidaridad y apoyo a los familiares de las víctimas de la violencia que vive el Estado de Jalisco.

CUARTO.- El Senado de la República exhorta de la manera más respetuosa, y con estricto apego al principio de división de poderes, al titular del Gobierno del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y al Presidente Municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, para que reconsideren los nombramientos actuales del Fiscal General del Estado y del Comisario de la Policía Preventiva Municipal de Guadalajara, y nombrar perfiles idóneos y especializados en la Seguridad Pública.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de marzo de 2016.

Suscribe

Sen. José María Martínez Martínez.





 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a declarar la “Alerta de Violencia de Género” en el estado de Guerrero y se dé a conocer el programa Coordinación Interinstitucional para su Ejecución. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

Quien suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación soberana, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, PARA QUE EN EL USO DE SUS ATRIBUCIONES SE DECLARE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE GUERRERO Y SE DÉ A CONOCER EL PROGRAMA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA SU EJECUCIÓN, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la Situación de Derechos Humanos en México, entre 2013 y 2014 siete mujeres fueron asesinadas diariamente en México, y entre 2011 y 2013, los estados que presentaron las tasas más altas fueron Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Baja California y el Estado de México.

En el caso de Guerrero, el 07 de marzo de 2016, se publicó una nota en el diario “El Sur”, titulada “En Guerrero 162 mujeres fueron asesinadas en 2015, pero el gobierno se niega a declarar alerta de género”.

La estadística que maneja la misma nota, basada en casos publicados por el diario “El Sur” en el 2015, los homicidios de mujeres en Guerrero son: “al menos 162 mujeres fueron asesinadas; 119 con arma de fuego, el resto fueron lapidadas, asfixiadas, degolladas, desmembradas o muertas a golpes. Por las condiciones en que se encontraron semidesnudas, en al menos seis casos se presume que fueron violadas; y a dos las incineraron en sus vehículos”.

De acuerdo a la legislación vigente, cito algunos Artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su Título II, Capítulo V DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES, que establecen:

Artículo 22.- Alerta de violencia de género: Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia femenicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

Artículo 24.- La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando:

I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo  reclame.

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades  federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.

Artículo 25.- Corresponderá al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate.

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece en su artículo 21 que Violencia Feminicida: “Es una forma extrema de violencia del género femenino, producto de la vulneración de sus derechos humanos, en un ámbito público y privado, conformada por una serie de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”

La violencia feminicida tiene dos características: por un lado, la misoginia en el acto violento; por otro, que la violencia resulte en homicidio u otra forma de muerte violenta, es decir, que el desenlace de la violencia de género, la muerte, sea provocado por el odio a la mujer por el simple hecho de serlo”. (Estudio del Feminicidio en México, Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009, Cámara de Diputados, Comisión Especial).

En Guerrero, la tipificación de feminicidio ha sido tema de debate entre organizaciones feministas y las autoridades. Aún no se ponen de acuerdo para definir las características que debe reunir el asesinato de una mujer para obtener esa clasificación.

No podemos caer en el error de supuestos y considerar que por sucitarse un feminicidio en un lugar con presencia de grupos del crimen organizado, sea suficiente para considerarlo un delito del crimen organizado, cuando en realidad reúne los elementos suficientes para que encuadre en la tipología del Feminicidio.

Partiendo del supuesto anterior, resulta urgente y necesario que se exhorte a la Fiscalía General del Estado de Guerrero para que informe la estadística y seguimiento real de los feminicidios suscitados de 2011 a la fecha, y que no sean considerados como hechos aislados, sino al contrario, se lleve a cabo una investigación exhaustiva de cada caso, explorando todas las líneas de investigación con la finalidad de resolver la verdad de lo sucedido en cada uno. Es decir, que a través de la investigación se confirme o descarte si se trata de un feminicidio o no, y evitar descartar “por default” para no investigar.

El Código Penal del Estado de Guerrero tiene un concepto más amplio. Establece siete supuestos que, en caso de cumplirse uno solo, ya se habla de feminicidio.

“Comete delito de feminicidio quien, por razones de género prive de la vida a una mujer”….Existen razones de género cuando ocurra cualquiera de los supuestos siguientes:

“La víctima presente señales de violencia sexual de cualquier tipo”;

“A la víctima se le hayan ocasionado lesiones o mutilaciones denigrantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida, así como actos de necrofilia”;

“Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia, cometido en el ámbito familiar, laboral o escolar, cometido por el sujeto activo en contra de la víctima”;

“Existan datos o referencias que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

“Haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación de familia, sentimental, afectiva o de confianza”;

“El cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado o exhibido en un lugar público, con el objeto de denigrarla, debido a su calidad de mujer”.

“La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo, previo a la privación de la vida”.

En materia de justicia, el gobierno deberá garantizar que se investiguen y resuelvan los delitos vinculados a violencia de género, acceso a la justicia y reparación del daño; crear una unidad de contexto para la investigación de feminicidios que permita identificar las dinámicas delictivas y de violencia contra las mujeres, mediante análisis antropológicos y sociológicos; entre otras medidas.

Para las feministas el gobierno del estado no debería esperar una alerta de género para emprender todas esas acciones encaminadas a erradicar y prevenir la violencia de género, pues aseguran que es más un asunto de voluntad política.

A mediados de diciembre de 2015, Diputados de las fracciones parlamentarias del PRD, Movimiento Ciudadano, PT y MORENA, plantearon un exhorto al gobierno federal con la finalidad de que se emitiera la declaratoria de alerta de género en Guerrero, sin embargo no fue aprobada por el pleno; argumentan que diputados y diputadas del PRI y el PVEM frenaron el exhorto.

Como representante popular del Estado de Guerrero, planteo un exhorto a la Secretaría de Gobernación, al Gobierno del Estado de Guerrero, a las Comisiones de Equidad de Género del H. Congreso de la Unión y del H. Congreso del Estado de Guerrero, así como a organizaciones no gubernamentales y expertos en materia de género y feminicidio para que coordinemos esfuerzos en busca de tres objetivos: Primero, que se emita la alerta de género en el Estado de Guerrero; Segundo, que se exhorte a la Fiscalía General del Estado de Guerrero a presentar un informe actualizado de la estadística y seguimiento real de los feminicidios suscitados de 2011 a la fecha, solicitando que se lleve a cabo una investigación de cada caso e implementar medidas preventivas que combatan la violencia de género; Tercero, que se lleve a cabo un análisis de la legislación vigente en materia de feminicidios tanto en el ámbito Federal y Estatal que permitan proponer reformas o adiciones que fortalezcan y definan claramente el tipo penal del delito de Feminicidio.

Emitir la alerta de género no deberían preocuparnos, lo preocupante sería ser omisos en una situación grave para el estado que se estuviera minimizando, en lugar de ejecutar e implementar acciones encaminadas a que en Guerrero las mujeres no sigan siendo asesinadas.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, de obvia y urgente resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que en el uso de sus atribuciones declare la alerta de violencia de género en el Estado de Guerrero y se dé a conocer el programa coordinación interinstitucional para su ejecución.

SEGUNDO. El Senado de la República exhortaal Titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guerrero para que instruya al Fiscal General del Estado a que presente un informe actualizado de la estadística y seguimiento real de los feminicidios suscitados de 2011 a la fecha, y a su vez que se lleve a cabo una investigación de cada caso y se implementen medidas preventivas que combatan la violencia de género.

TERCERO. El Senado de la República exhorta a que se instale una mesa de trabajo entre la Secretaría de Gobernación, el Gobierno del Estado de Guerrero, las Comisiones de Equidad de Género del H. Congreso de la Unión y del H. Congreso del Estado de Guerrero, así como a organizaciones no gubernamentales y expertos en materia de género y feminicidio, para llevar a cabo un análisis de la legislación vigente en materia de feminicidios tanto en el ámbito Federal y Estatal que permitan proponer reformas o adiciones que fortalezcan y definan claramente el tipo penal del delito de Feminicidio.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de marzo de 2016.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter.





 

De las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que la Secretaría de Salud cumpla con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas 247-SSA1-2008, 8.15.2 y 050-SCFI-2004, Leyendas Precautorias 4.9, que obligan a que los productos alimenticios industrializados o procesados libres de gluten lo especifiquen en su etiqueta. Se turna a la Comisión de Salud.

Las que suscriben, MARIA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARIA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, ERIKA AYALA RÍOS, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE LA SECRETARÍA DE SALUD A TRAVÉS DE LA COFEPRIS, CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS 247 SSAI-2008, 8.15.2 y 050SCFI-2004, LEYENDAS PRECAUTORIAS 4.9, QUE OBLIGAN A QUE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS O PROCESADOS LIBRES DE GLUTEN LO ESPECIFIQUEN EN SU ETIQUETA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El especialista Arthur Agtston, publica que el gluten es la proteína principal de algunos granos. Está presente en todas las formas de trigo (bulgur, trigo duro, sémola, espelta, farro y más), en la cebada, centeno y tricale (una mezcla de trigo y cebada).

Pero también puede estar en lugares inesperados, como en ciertas marcas de chocolate, imitación de cangrejo (surimi), embutidos, salsa de soya, vitaminas e incluso en algunos tipos de pasta de dientes.

El gluten es diferente de la proteína que contienen otros granos (como el arroz) y la carne (como el bistec). Para los humanos es difícil digerirlo completamente, por lo que puede enfermar mucho a algunas personas, pero no a todas.

Aproximadamente el 1% de la población, el gluten puede ser una cuestión de vida o muerte. Estas personas tienen una condición conocida como enfermedad celíaca.

Las personas con enfermedad celíaca son tan sensibles al gluten que incluso una pequeña cantidad (realmente solo una pizca) puede enfermarlos gravemente, debido a que daña el revestimiento del intestino delgado y puede producir una serie de problemas de salud que van desde diarrea crónica y dolor abdominal hasta osteoporosis, e incluso cáncer.

A menos que seas parte de ese 1% (y solo pruebas especiales te permitirán conocer si lo eres), es improbable que necesites vivir un estilo de vida completamente libre de gluten.

Con el aumento significativo de nuestra ingesta de gluten en los últimos 50 años debido a la ubicuidad y consumo excesivo de productos hechos con harina de trigo altamente refinada, apenas comenzamos a apreciar el impacto del gluten en nuestra salud.

Como sociedad, estamos en un estado de “sobrecarga de gluten” y millones de personas de todas las edades y todos los ámbitos de la vida sufren como resultado de una condición llamada sensibilidad al gluten, reconocida hace apenas algunos años.

Cuando las personas con dicha sensibilidad consumen alimentos que contienen gluten, desencadenan síntomas desagradables como: dolor de estómago, hinchazón, acidez estomacal, dolores en las articulaciones, dolor de cabeza, erupciones cutáneas, fatiga, insomnio y dificultades para pensar, por nombrar algunos de los más comunes. Aunque muchos de estos síntomas son similares a los experimentados por personas con enfermedad celíaca, si resultas ser sensible al gluten, probablemente no necesitarás dejarlo completamente.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una regulación final que define cuáles son las características que un alimento debe cumplir para llevar una etiqueta que declare “sin gluten” (gluten-free). La regulación también incluye alimentos etiquetados como “libre de gluten”, “sin gluten”, y “no gluten” bajo la misma regulación.

Esta regulación ha sido muy esperada por los defensores de las personas con la enfermedad celíaca, que se enfrentan a enfermedades potencialmente mortales si comen gluten, el cual se encuentra en los panes, pasteles, cereales, pastas y muchos otros alimentos.

Como uno de los criterios para el uso de la declaración “sin gluten”, la FDA está poniendo un límite de la cantidad de gluten inferior a 20 ppm (partes por millón) en los alimentos que llevan esta etiqueta. Este es el nivel más bajo que se puede detectar consistentemente en los alimentos utilizando herramientas de análisis científicas válidas. Además, la mayoría de las personas con enfermedad celiaca pueden tolerar los alimentos con cantidades muy pequeñas de gluten. Este nivel es consistente con los establecidos por otros países y organismos internacionales que establecen normas de seguridad alimentaria.

“Esta definición estándar de “sin gluten” eliminará la incertidumbre sobre cómo los productores de alimentos etiquetan sus productos y garantizara a las personas con enfermedad celíaca que los alimentos etiquetados “sin gluten” cumplen con una norma clara establecida y regulada por la FDA”, dijo el doctor en jurisprudencia Michael R. Taylor, comisionado adjunto de la FDA para la Oficina de Alimentos y Medicina Veterinaria.

Andrea Levario, directora ejecutiva de la Alianza Americana de Enfermedad Celíaca, señala que no existe una cura la enfermedad celíaca y la única manera de controlar la enfermedad es con la dieta –no comer gluten. Sin una definición legal de productos “sin gluten”, estos consumidores podrían nunca estar seguros de que su cuerpo pueda tolerar un alimento con esa etiqueta, agrega. “Esa es una herramienta que se ha necesitado desesperadamente”, dice Levario. “Garantizará que los alimentos sean seguros para esta población, les da las herramientas que necesitan para controlar su salud, y obviamente tiene beneficios a largo plazo para ellos”.

Casi 3 millones de personas en Estados Unidos tienen la enfermedad celíaca. La enfermedad se produce cuando el sistema de defensa natural del cuerpo reacciona al gluten, atacando el revestimiento del intestino delgado. Sin una mucosa intestinal sana, el cuerpo no puede absorber los nutrientes que necesita. Esto puede resultar en retraso en el crecimiento y deficiencias de nutrientes y pueden conducir a enfermedades como la anemia (un número de glóbulos rojos inferior a lo normal) y osteoporosis, una enfermedad en la cual los huesos se vuelven frágiles y más propensos a quebrarse. Otros problemas de salud graves pueden incluir diabetes, enfermedad auto inmunitaria de la tiroides y cáncer intestinal.

Antes de esta regulación, no había normas federales o definiciones para que la industria alimentaria utilizará en el etiquetado de los productos “sin gluten”. Se estima que un 5 por ciento de los alimentos actualmente con la etiqueta “sin gluten” contienen 20 ppm o más de gluten.

En nuestro país, en la búsqueda de datos oficiales celiaca nos encontramos con un informe del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que nos revelas cifras que coinciden con las proporcionadas por los investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y que demuestran que por lo menos el 2.6 por ciento de los mexicanos padecen la enfermedad celíaca o sea 2.6 millones.

Los especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indicaron que cerca de 2 millones 65 mil 267 mexicanos padecen celiaquía, padecimiento genético que afecta al intestino delgado, no hereditario, que se presenta desde la niñez y se hace más evidente durante la edad adulta, lo que permite su mejor diagnóstico.

Durante 2007, el Instituto otorgó 249 mil 923 atenciones en todos sus niveles a nivel nacional en el servicio de nutrición, 308 mil 256 consultas en el servicio de gastroenterología y 260 por enfermedad celiaca.

Subrayó que, datos de la Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE) indican que uno de cada 150 personas nacidas vivas, presentan este trastorno; mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que este padecimiento es común en todo el mundo y afecta, aproximadamente, a uno de cada 100 individuos.

Por lo anteriormente expuesto me permito presentar el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS, cumpla con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas 247 SSAI-2008, 8.15.2 y 050 SCFI-2004 Leyendas precautorias 4.9, que obligan a que los productos alimenticios industrializados o procesados libres de gluten lo especifiquen en sus etiquetas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Erika Ayala Ríos.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.





 

De los Senadores Sandra Luz García Guajardo, Mariana Gómez del Campo Gurza, Luis Fernando Salazar Fernández, Andrea García García y Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Tamaulipas a no autorizar montos de endeudamiento, ni recursos que no estén debidamente etiquetados en este año electoral 2016. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Los Suscritos Senadores de la República, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II; y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A NO AUTORIZAR MONTOS DE ENDEUDAMIENTO, NI RECURSOS QUE NO ESTEN DEBIDAMENTE ETIQUETADOS EN ESTE AÑO ELECTORAL 2016, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La contratación de deuda por parte de los estados y municipios ha sido un tema pendiente de concretar. Lo anterior a pesar de la reciente reforma constitucional en materia de disciplina financiera que entró en vigor el pasado 27 de mayo de 2015.

La regulación de esta reforma constitucional que aún se trabaja debe contemplar las bases de un verdadero sistema de transparencia y rendición de cuentas, en el que la participación de la sociedad sea cada vez mayor a fin de que pueda evaluar cómo se ejercen los recursos obtenidos por deuda pública.

Lograr limitar el endeudamiento y concretar unas finanzas sanas de los gobiernos estatales y municipales es una antigua necesidad que requiere la urgente discusión y atención.

De acuerdo al incremento en la deuda estatal1 en el periodo de 2005 a 2009 el estado Chihuahua pasó de 497 millones de pesos de deuda en 2005 a 4,026 millones de pesos en 2009, es decir que el estado incrementó su deuda en un 710%. Seguido de los estados de Oaxaca con un incremento en el mismo periodo del 669%, Tamaulipas pasó de 409 millones en 2005 a 2,153 millones de pesos en 2009, lo que se traduce en un incremento de un 426%. Chiapas incrementó su deuda en el mismo periodo en un 424%. Nayarit en un 407% y Coahuila pasó de contar con una deuda de 158 millones en 2005 a 615 millones en 2009, con lo que incrementó su deuda en un 289%.

El crecimiento en la contratación de deuda pública se ha acentuado en ciertos estados del país, entre los que destaca Coahuila, el cual para el periodo de 2009 a 2012 continuó con esa práctica, incrementando su deuda de 1,561.6 millones de pesos en 2009 a 36,500 millones en 2010. Otros estados con un problema casi de iguales dimensiones son Veracruz, Quintana Roo y Sonora.

Para 2014 los estados que reportaron la mayor deuda pública fueron el Distrito Federal, Nuevo León, México, Coahuila, Chihuahua, Veracruz, Jalisco y Quintana Roo.

Contratar deuda no necesariamente es negativo, lo peligroso es comprometer recursos que provienen de la federación, es decir que proceden de los impuestos que todos pagamos. Al igual que desconocer el objeto de contratación de la deuda y su destino, así como condicionar el futuro de los habitantes de un estado, destinándolo a pagar grandes cantidades de dinero por largos periodos de tiempo como 20 y 30 años, evitando con ello la realización de obra pública, y de otros beneficios para la ciudadanía.

En el caso particular de Tamaulipas, resulta necesario recordar las siguientes fechas sobre las administraciones de los gobiernos estatales:

● Gobernador Tomás Yarrington, inicio de administración 5 febrero de 1999 y concluyó el 31 de diciembre de 2004.

● Gobernador Eugenio Hernández, inició su administración el 5 de febrero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2010.

● Gobernador Egidio Torre Cantú, inicio administración el 1 de enero de 2011 y concluye el próximo 30 de septiembre de este año 2016.

Ahora bien, sí se observan los montos de endeudamiento en los años de entrada y salida de las administraciones de cada gobernador, encontramos lo siguiente:

● En 1998 la deuda del estado era de 271 millones de pesos y para el año siguiente 1999 pasó a 702.4 millones de pesos.

● En 2003 Tamaulipas reportó un endeudamiento por 758.1 millones de pesos, que para 2004 se incrementó a 1,343 millones de pesos, ya para 2009 el monto de endeudamiento estatal era de 6,637.4 millones pesos y para 2010 se incrementó a 10,069 millones de pesos.

El actual Gobierno del Estado de Tamaulipas, ha solicitado al Congreso del Estado en diversas ocasiones sendas solicitudes para obtener varios préstamos bancarios. Para 2011 se consideraban 1,500 millones de pesos de capital y a esa cifra se le deberían sumar los intereses y comisiones que cobren los bancos en un plazo de 20 años. Cabe mencionar que como garantía se fijaron en su momento las participaciones federales que le conceden al estado, específicamente en materia de seguridad.

Sin embargo, a pesar de hacerse autorizado lo solicitado, al 2015 el Gobierno Estatal tiene serios problemas por falta de pago a los cuerpos policiales estatales.

Para el 31 de diciembre de 2015, la deuda pública directa del Gobierno de Tamaulipas, de acuerdo a la información publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 26 de enero de 2016, era de 11 mil 337 millones 341 mil pesos.

Lo que resulta más preocupante son las declaraciones del Secretario de Finanzas del estado Jorge Abrego, quien declaró a finales de 2015 a los medios de comunicación, no descartar “echar mano de nuevos préstamos antes de que finalice la gestión” y que elevarían el pasivo estatal a 14 mil o 15 mil millones de pesos. Con lo cual se elevaría de manera considerable la deuda heredada por su antecesor Eugenio Hernández.

El actual Gobierno de Tamaulipas sigue los mismos pasos de los gobiernos anteriores, al considerar el incremento de manera considerable de la deuda estatal al cierre de su administración.

Lo anterior de acuerdo con la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio 2016 que en su artículo 4 señala que el Gobierno del Estado podrá contratar uno o varios financiamientos por 1 mil millones de pesos sin incluir intereses, destinado a inversiones públicas productivas, (sin especificar el destino) pagaderos a 15 años, para lo cual se pueden comprometer las participaciones federales presentes y futuras del estado.

Sin importar que a la fecha Tamaulipas tenga una deuda que deberá pagar hasta el año 2031.

Lo anterior, pone de manifiesto lo que ha sucedido en el Estado de Tamaulipas y que se ha replicado de manera constante en diversos estado del país como Coahuila, Chihuahua y Veracruz, en donde los gobernantes han comprometido el futuro de sus habitantes.

Los repuntes e incrementos en los montos de endeudamiento justo en los cambios de la administración estatal no es coincidencia, estamos ante un grave problema de corrupción de gobernadores y alcaldes, los que han encontrado en la contratación de deuda una forma fácil de hacer riqueza y financiar campañas y proyectos políticos.

Por ello se requiere que los Congresos de los Estados como entes encargados de autorizar los presupuestos de egresos y leyes de ingresos, se comprometan con la ciudadanía, con la transparencia y rendición de cuentas a fin de no autorizar más endeudamiento, principalmente en el último año de las administraciones de gobierno. A no autorizar créditos a corto plazo los últimos meses de gobierno, y a no autorizar la liberación de recursos que no se encuentren debidamente etiquetados o que se desconozca su destino.

Los Congresos de los estados no deben ser cómplices por acción u omisión de actos que comprometan los recursos de los gobernados.

Los congresos deben manifestarse y evidenciar los actos que pretendan desviar recursos para fines desconocidos y con ello evitar que se obligue a futuras generaciones al pago de una deuda fuera de control, de la cual nunca se concretó ningún beneficio para la población.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta al Congreso del Estado de Tamaulipas a no aprobar recursos debidamente etiquetados, o que se desconozca su destino. A no autorizar montos de endeudamiento específicamente a la conclusión de la administración. Así como a actuar en estricto apego a derecho por tratarse de un estado que celebrará elecciones en meses próximos. Lo anterior a fin de evitar el desvió de recursos para fines distintos a los estrictamente necesarios.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Sandra Luz García Guajardo.- Sen. Luis Fernando Salazar Fernández.- Sen. Andrea García García.- Sen. Fernando Yunes Márquez.

1 Fundación Rafael Preciado Hernández, México XX-XXI con datos del Instituto Mexicano de Competitividad, México 2011





 

De los Senadores Raúl Gracia Guzmán y Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente en el Sector Hidrocarburos a informar cuáles y cuántos fueron los pozos y los permisos asignados a Petróleos Mexicanos para la apertura de tres campos exploratorios, donde se pretende hacer uso de la técnica de la fractura hidráulica para la extracción de los hidrocarburos de lutitas o gas shale, conocida como fracking, así como las garantías para la protección al medio ambiente que se establecieron al otorgar dichos permisos. Se turna a la Comisión de Energía.







 

Hago de su conocimiento que las efemérides inscritas en nuestra agenda del día se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, sobre la Promulgación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.







 

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre el nacimiento de Ignacio Comonfort.

CONMEMORACIÓN DEL NACIMIENTO DE IGNACIO COMONFOT 12 MARZO 1812

“Atenderé únicamente a la virtud y al mérito, y buscaré mi principal apoyo en los hombres de orden y progreso.”

Nació el 12 de marzo de 1812 en Amozoc, Puebla, México. Hijo de Mariano Comonfort, teniente coronel, y Guadalupe de los Ríos.

En el Colegio Carolino, hoy Universidad Autónoma de Puebla, estudió Derecho, teniéndolo que dejar por la escasez económica del núcleo familiar tras la muerte de su padre. Cuando contaba 20 años se alistó al Ejército, para luchar junto a Antonio López de Santa Anna contra el gobierno de Anastasio Bustamante. Diputado del Congreso en los años 1842,1846 y 1848, participó en la Guerra de Intervención Estadounidense (1847). Fue nombrado Senador (1848-1851). Ocupó los cargos de Gobernador de Jalisco (1855) y Tamaulipas (1862). (Puebla, 1812 - cerca de Chamacuero, 1863) Militar y político mexicano, presidente de la República entre 1855 y 1857. Hijo de un oficial realista, estudió en el Colegio Carolino de su ciudad natal. En 1832 se sumó al movimiento del general Antonio López de Santa Anna contra Anastasio Bustamante, alcanzando el grado de capitán de caballería. Al término de esta campaña y hasta 1834 fue comandante militar del distrito de Izúcar de Matamoros. Posteriormente se enfrentó a Santa Anna, cuya política rechazaba, y fue diputado al Congreso de la Unión. En 1847 fue ayudante del ejército durante toda la campaña del Valle. En 1854 Comonfort se unió al viejo insurgente Juan Álvarez y a los liberales desterrados de Nueva Orleáns para proclamar el Plan de Ayutla, que terminaría con el derrocamiento de Santa Anna. El general Juan Álvarez asumió la presidencia de la República y nombró a Comonfort ministro de Guerra y Marina, cargo que desempeñó hasta el 10 de diciembre de 1855. Tras la renuncia de Álvarez, Comonfort asumió la presidencia en calidad de sustituto, y permaneció en ella hasta el 30 de noviembre de 1857. Durante el breve gobierno liberal de Álvarez se decretaron leyes en que cristalizaba la nueva ideología en el poder. La primera de ellas fue la ley Juárez; elaborada por el ministro de Justicia, suprimía parcialmente los fueros y abolía los tribunales especiales para delitos del fuero común. Los tribunales eclesiásticos y militares ya no podrían encargarse de los individuos que no pertenecieran a su corporación. Esta disposición buscaba la igualdad de todos los mexicanos ante la ley. Pero Álvarez, que ya era un hombre de edad avanzada y no se acostumbró a la vida en la ciudad, se retiró y dejó como presidente a Comonfort. El gabinete liberal se dispersó y muchos de sus miembros volvieron a sus estados natales como gobernadores: Benito Juárez a Oaxaca, Melchor Ocampo a Michoacán, Santos Degollado a Jalisco y Manuel Doblado a Guanajuato.

Muy pronto surgieron movimientos contra las reformas liberales. Al grito de "¡Religión y fueros!", en diciembre de 1855 comenzó una rebelión en Zacapoaxtla que fue sofocada por las fuerzas del gobierno. También hubo alzamientos en Jalisco y Nayarit. Mientras el Congreso Constituyente continuaba con su trabajo, el gobierno de Comonfort siguió dando a conocer leyes reformistas: la ley Lafragua (obra de José María Lafragua, ministro de Gobernación) reglamentaba la libertad de prensa. La ley de supresión de la coacción civil para el cumplimiento de los votos religiosos y la ley de supresión de la Compañía de Jesús atacaban directamente a la Iglesia. De naturaleza similar, la ley Lerdo, expedida por Miguel Lerdo de Tejada, ministro de Hacienda, se refería a la desamortización de corporaciones civiles y eclesiásticas. Con ello se intentaba poner en circulación la riqueza de "manos muertas" y disminuir el poder económico de la Iglesia.

La ley orgánica del Registro Civil creaba un sistema de control civil y secularizaba los cementerios, con lo que se quitaban aún más facultades a la Iglesia. Hasta el momento, ésta se encargaba de todo lo relacionado con nacimientos, matrimonios y defunciones. Todavía después del juramento de la Constitución de 1857, salió a la luz la ley Iglesias sobre obvenciones parroquiales. Elaborada por José María Iglesias, ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, eximía a las clases menesterosas del pago del diezmo y algunos sacramentos. Otra medida del gobierno de Comonfort fue cerrar la Universidad, por considerarla un foco que alimentaba a los cuadros conservadores.

Ignacio Comonfort falleció el 13 de noviembre de 1863 en Chamacuero. Murió a consecuencia de una herida mortal provocada por el ataque de una banda de malhechores de San Juan de la Vega en su camino a Santiago de Querétaro, ciudad a la que protegía. Fue sepultado en el panteón de San Fernando.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Sonia Rocha Acosta.





 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial del Riñón”.

DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN”

Los riñones son los órganos encargados de filtrar la sangre y eliminar los desechos de nuestro cuerpo. La pérdida de esta importante función se le llama Enfermedad Renal Crónica.

Es una enfermedad asesina y silenciosa porque generalmente no da síntomas hasta que está bastante avanzada. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada diez personas tiene algún grado de enfermedad renal, por lo que su incidencia en las estadísticas de mortandad es alta.

Es una enfermedad, que en cierto grado de evolución, requiere de tratamientos para alargar o salvar la vida, como la diálisis o los trasplantes. Ambos procedimientos muy caros para la población en general y por ende, poco asequibles. Lo que contribuye más a la mortalidad de las personas.

Por ello, muy importante las jornadas que se realizan en torno al “Día Mundial del Riñón” también conocidas como conmemoración del “Día Mundial de la Salud Renal”.

Se celebra el segundo jueves del mes de marzo de cada año, a iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) y la Federación Internacional de Fundaciones Renales (IFKF) en el año de 2006, con el auspicio de la OMS. Es un día es de carácter internacional, que se conmemora en más de 150 países.

Para este 2016, el jueves 10 de marzo, como segundo del mes; en cuya conmemoración se pretenderá…

● Contribuir a crear conciencia sobre el impacto de las enfermedades renales en la humanidad;

● Que las personas estén más al tanto de la prevención y el temprano reconocimiento de posibles enfermedades renales;

● Se busca la implementación de políticas que permitan un mayor acceso a tratamientos por parte de la comunidad general, y

● Presentar estrategias y estilos de vida que permitan evitar dichas enfermedades.
Sobre esta última, las reglas básicas para la salud renal, como las siguientes:

1.-Mantener la hidratación a través de la ingesta de líquidos saludables: Principalmente consumir agua suficiente ayuda a los riñones a eliminar urea y toxinas del cuerpo, lo que implica una disminución considerable en riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica.

2. Mantenerse en forma y activo: Ayuda a reducir la presión arterial y, por tanto, reduce el riesgo de enfermedad renal crónica.

3. Mantener regularmente el control del nivel de azúcar en la sangre: pues la diabetes es causante de hasta un 50% de desarrollo de insuficiencia renal como afectación colateral.

4.- Controlar la presión arterial: Que es una causa muy común de daños renales.

5.- Comer saludable y mantener el peso bajo control. Es necesario evitar el abuso en el consumo de sal. Además, evitar sobrepeso evitará enfermedades cardiovasculares que inciden en la enfermedad renal.

6.- No fumar: El tabaco reduce el flujo de sangre a los riñones, lo que perjudica su capacidad.

Sin duda, un día propicio para sumarnos a esta conmemoración internacional, tomar conciencia del alto riesgo de morir si se descuida la salud renal, insistir en el fortalecimiento la capacidad de nuestros sistemas sanitarios ante la evidente insuficiencia para proporcionar los servicios médicos necesarios en esta asignatura y una cosa muy decisiva contra esta enfermedad: La importancia del consumo de agua diaria.

Finalmente, lamentar el incremento de las estadísticas de los casos de enfermedad renal.

Un recuerdo a la memoria de quienes han perdido la vida por esta causa, y fortaleza y solidaridad para su familia.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de marzo de 2016.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial del Riñón”.

DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN 10 DE MARZO

El Día Mundial del Riñón nació en el año 2006 como iniciativa de la International Society of Nephrology (ISN) y la International Federation of Kidney Foundation (IFKF), con el objetivo de transmitir a la población la importancia e impacto de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) en la salud.

Es así, como cada segundo jueves de marzo (para países del Cono Sur es cada segundo Jueves de Mayo), "celebramos el Día Mundial del Riñón (WKD) para levantar conciencia sobre la enfermedad renal y resaltar la necesidad urgente de actuar para prevenir y tratar esta seria condición de salud".

Desde su inicio, el Día Mundial del Riñón ha cobrado cada vez más importancia y jerarquía hasta convertirse en el evento más ampliamente enfocado en la salud renal y en el esfuerzo más exitoso para despertar la conciencia del público en general y de los funcionarios gubernamentales, responsables de la salud pública, sobre los peligros de la enfermedad renal.

Al respecto, aproximadamente 1.7 millones de personas en el mundo reciben tratamiento sustitutivo renal en forma crónica (diálisis), aunque este número crece entre 5% y 8% cada año en los países desarrollados debido al aumento de la población añosa, la alta prevalencia de diabetes e hipertensión arterial, la mayor y mejor sobrevida de la población en diálisis y el poco egreso por trasplante renal. “El tema central de este año es: Enfermedad Renal y niños. Actúa pronto para prevenirlo”.

Es importante el sensibilizar al público en general sobre las enfermedades renales que afectan a millones de personas en todo el mundo, entre ellos muchos niños que podrían estar en riesgo de enfermedad renal en una edad temprana. Por lo tanto, es crucial fomentar y facilitar la educación, la detección temprana y un estilo de vida saludable en los niños, desde el nacimiento y que continúe hasta la vejez, para luchar contra el aumento del prevenible daño renal incluyendo lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica y para el tratamiento de los niños con trastornos congénitos y adquiridos de los riñones.

El papel de los hábitos alimentarios, incluyendo el consumo de bebidas, tiene grandes implicaciones en el desarrollo de cálculos. El agua es el mayor constituyente del cuerpo humano: En promedio, el Agua Corporal Total representa el 60% del peso. Es prioritariamente esencial ya que no hay un almacenamiento real de agua en el cuerpo: el agua que perdemos necesita ser repuesta, ya que los humanos no podemos sobrevivir más que algunos días sin ella.

La enfermedad renal crónica está asociada con complicaciones debilitantes e impone un serio detrimento a la calidad de vida. ¡Cuidemos nuestra Salud!

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de marzo de 2016.

Suscribe

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el inicio de la participación de Emiliano Zapata en la Revolución Mexicana.

EFEMERIDE PARA CONMEMORAR EL INICIO DE LA PARTICIPACIÓN DE
EMILIANO ZAPATA EN LA REVOLUCIÓN MEXICANA
(11 DE MARZO DE 1911)

En la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, conmemoramos el Centésimo Quinto aniversario de la incursión de Emiliano Zapata en la Revolución Mexicana, acontecimiento que ocurrió el 11 de marzo de 1911.

Para ponderar la trascendencia del día, basta mencionar que la causa zapatista fue crucial para plasmar en la Constitución Política los derechos agrarios que se consagraron en favor de los campesinos, ejidatarios y comuneros de nuestro país.

La tenacidad, valor, compromiso y liderazgo del general Zapata quedó de manifiesto desde entonces y hasta el momento de su muerte en abril de 1919; el éxito del movimiento revolucionario no podría concebirse sin las notables contribuciones del caudillo sureño.

La denominada “Sublevación a favor del Pueblo Humilde”, dirigida por Emiliano Zapata, adquiere mayor relevancia, pues como ya lo hemos advertido, fue a través de ésta que tomó las armas para reivindicar los derechos de la población campesina, por lo que considerado el símbolo de la causa agraria en México.

Al mirar en retrospectiva, destaca que en aquella época existía una marcada inconformidad debido a los abusos cometidos por los hacendados en contra de la población, a quienes, por medio de intimidación y coacción, prácticamente obligaban a ceder sus tierras.
Eventualmente, dicha situación dejó de ser tolerada por la población, hasta que se volvió insostenible. En consecuencia, a partir de 1909 se comenzaron a gestar una serie de movilizaciones encaminadas a rechazar, combatir y erradicar las marcadas injusticias, arbitrariedades e inequidades sociales.

Entre las manifestaciones más sobresalientes se encuentra la “Sublevación a favor del Pueblo Humilde”, cuya planeación inició el 10 de marzo de 1911, fecha en la que Emiliano Zapata, Pablo Torres Burgos y Rafael Merino se reunieron en Cuautla, Morelos. Posteriormente, el 11 de marzo se amotinaron, desarmaron a las fuerzas del orden y llamaron a una asamblea general en la plaza de Villa de Ayala.

El 11 de marzo, la población de Villa de Ayala inició su revuelta en contra de las haciendas para recuperar su vida campesina. Lo anterior permitió que el 28 de noviembre de 1911, el general Zapata promulgara el Plan de Ayala.

A través del documento en comento, la Junta Revolucionaria del Estado de Morelos manifestó que, con algunas precisiones, hacia suyos los ideales del Plan de San Luis, convirtiéndose en el eje rector de la causa agraria en nuestro país que tuvo como principal exigencia, la inmediata y efectiva de la restitución de las tierras a los campesinos.

Es oportuno recordar al célebre general Emiliano Zapata, quien es reconocido como un notable revolucionario agrarista de familia humilde que gracias a su valentía, esfuerzo y sagacidad, luchó y reivindicó las causas más justas.

Asimismo, representa la esencia de la ideología del movimiento zapatista, la cual subsiste hasta nuestros tiempos y que nos constriñe en la obligación de redoblar esfuerzos para hacer del campo un eficaz, eficiente y efectivo motor de impulso social a nivel nacional, regional e internacional, siempre bajo la premisa de que: “La tierra es para quien la trabaja”.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de marzo de 2016.

Suscribe

Grupo Parlamentario del PRI.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial del Glaucoma”.

DÍA MUNDIAL DEL GLAUCOMA 12 DE MARZO

El día 12 de marzo se celebra el Día Mundial del Glaucoma. En la actualidad el glaucoma es la segunda causa común de ceguera, existiendo actualmente unas 4 millones de personas afectadas por esta enfermedad.

El Día Mundial del Glaucoma tiene como objetivo generar una conciencia colectiva con respecto a las enfermedades oculares progresivas y por supuesto la importancia de su detección temprana. La ceguera provocada por el glaucoma podría evitarse mediante la detección temprana y el tratamiento adecuado.

La principal causa del glaucoma, la hipertensión ocular, es asintomática hasta que la enfermedad no se encuentra en un estado muy avanzado. En las fases iniciales no duele ni se nota nada ya que el curso de la enfermedad suele ser lento y progresivo.

Por lo general, si el oftalmólogo ha diagnosticado un glaucoma en uno de los ojos, previsiblemente también afectará al otro aunque todavía no haya signos evidentes.

En una única exploración oftalmológica completa podemos descartar si tenemos glaucoma. Esta exploración comprende: una medición de la presión intraocular y una exploración del fondo de ojo para poder valorar el estado del nervio óptico.

Además, es conveniente realizar una campimetría, una prueba sencilla y no invasiva, que se realiza en la consulta del oftalmólogo, y nos indica si hay alguna alteración del campo visual del paciente en ese momento.

Muchas clínicas y centros de salud realizan pruebas y exámenes oculares de forma gratuita para todas aquellas personas que así lo deseen, para descartar cualquier enfermedad ocular y de esta forma animar a la población a realizarse las pruebas pertinentes y poder obtener un diagnóstico adecuado y su posible tratamiento. Cada año se pretende concienciar a la población de que el mejor tratamiento para este tipo de enfermedades es la detección temprana y precoz de la propia enfermedad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 10 de marzo de 2016.

Suscribe

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

CITA

Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo martes 15 de marzo a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:02 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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