Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Miércoles 26 de abril de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 11

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 03 de Marzo de 2016

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

APERTURA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (11:28 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores Senadores.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Honorable Asamblea: Conforme al registro de asistencia, se han acreditado 73 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre la sesión del jueves 3 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos previstos en la agenda del día de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

En la Ciudad de México a las once horas con treinta y siete minutos del día martes uno de marzo de dos mil dieciséis, encontrándose presentes setenta ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del veinticinco de febrero de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Carlos Manuel Merino Campos, oficio por el que informa su decisión de integrarse al grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a partir del 25 de febrero de 2016.- Quedó de enterado. Se comunicó a las Secretarías del Senado de la República para los efectos administrativos y parlamentarios.

 

Se recibió del Diputado Francisco Martínez Neri, Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 21, 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad Pública; y Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, hecho en Washington, D.C., el 18 de diciembre de 2015.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, durante el período enero-diciembre de 2015.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficios con los que remite nombramientos de personal diplomático, a favor de los ciudadanos:

1. Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Austria, concurrente ante las Repúblicas Eslovaca y de Eslovenia, así como Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Viena, Austria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Europa; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

2. Alejandro Negrín Muñoz, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Polonia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa.

3. Jaime Virgilio Nualart Sánchez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Tailandia y, en forma concurrente, sujeto al beneplácito correspondiente, ante la República Democrática Popular Lao.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

4. José Gerardo Traslosheros Hernández, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Nueva Zelandia y, en forma concurrente, sujeto al beneplácito correspondiente ante el Estado Independiente de Samoa, Reino de Tonga y Tuvalu.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

5. Carlos Ignacio Giralt Cabrales, como Cónsul General de México en Guangzhou, República Popular China.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

6. Andrés Isaac Roemer Slomianski, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París, Francia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

7. Luis Alfonso de Alba Góngora, como Representante Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, con sede en Washington, D.C., Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

8. Jesús Alberto López González, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Trinidad y Tobago y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante Barbados y la República de Surinam, así como Representante Permanente de México ante la Asociación de Estados del Caribe (AEC) con sede en Puerto España, Trinidad y Tobago.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

9. Enrique Martínez y Martínez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Cuba.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

10. Margarita Pérez Villaseñor, como Cónsul General de México en Sao Paulo, Brasil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

11. Francisco de la Torre Galindo, como Cónsul General de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

12. Francisco Javier Díaz de León, como Cónsul General de México en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

13. Claudia Franco Hijuelos, como Cónsul General de México en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

14. Emilio Rabaza P. Gamboa, como Cónsul General de México en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

15. Marcos Augusto Bucio Mújica, como Cónsul General de México en El Paso, Texas, Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

16. Ricardo Santana Velázquez, como Cónsul General de México en Nogales, Arizona, Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

17. Diego Antonio Gómez Pickering, como Cónsul General de México en Nueva York, N.Y., Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

18. Héctor Eduardo Velasco Monroy, como Cónsul General de México en San Antonio, Texas, Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

19. Ana Berenice Díaz Cevallos Parada, como Cónsul General de México en Vancouver, Columbia Británica, Canadá.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

20. Gemi José González López, como Cónsul General de México en San Francisco California, Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

21. María de los Remedios Gómez Arnau, como Cónsul General de México en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

22. Marcela Celorio Mancera, como Cónsul General de México en San Diego, California, Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Informe correspondiente al segundo semestre de 2015 sobre los avances y resultados de las acciones de la política nacional de fomento económico y del Programa Especial para la Productividad y la Competitividad.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió del Consejo Nacional de Armonización Contable, su Informe Anual, en cumplimiento a lo dispuesto por el último párrafo del al artículo 9º de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley para la Depuración y Liquidación de Cuentas de la Hacienda Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa la modificación en la integración de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Junta de Coordinación Política.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva tomó protesta a los ciudadanas María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, Alejandra Roldán Benítez, Amelia Torres López y al ciudadano Héctor Adrián Menchaca Medrano como Senadores de la República.

(Iniciativas)

El Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General en materia de Ejercicio de Profesiones.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 77 y 90 y se adiciona el artículo 17 bis de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Miguel Barbosa Huerta, a nombre propio y de las Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expiden, reforman y adicionan diversas leyes para la reglamentación integral del Sistema Nacional Anticorrupción.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Pablo Escudero Morales, a nombre propio y del Senador Enrique Burgos García, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenta de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador David Penchyna Grub, oficio por el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1 de marzo de 2016.- Intervinieron los Senadores: Salvador Vega Casillas del PAN; Ernesto Cordero Arroyo del PAN; Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN; Ana Lilia Herrera Anzaldo del PRI; Jesús Priego Calva del PRI; Armando Ríos Piter del PRD; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; Luis Fernando Salazar Fernández del PAN; Ernesto Gándara Camou del PRI; Pablo Escudero Morales del PVEM; Javier Lozano Alarcón del PAN; Ismael Hernández Deras del PRI; Jorge Luis Lavalle Maury del PAN; Armando Neyra Chávez del PRI; Raúl Aarón Pozos Lanz del PRI; Ninfa Salinas Sada del PVEM; Isidro Pedraza Chávez del PRD; Juan Carlos Romero Hicks del PAN; Cristina Díaz Salazar del PRI; Iris Vianey Mendoza Mendoza del PRD; María Elena Barrera Tapia del PVEM; Laura Angélica Rojas Hernández del PAN; Raúl Cervantes Andrade del PRI; Miguel Barbosa Huerta del PRD; Emilio Gamboa Patrón del PRI; Fernando Herrera Ávila del PAN; y David Penchyna Grub del PRI. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió del Senador Benjamín Robles Montoya, oficio por el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1 de marzo de 2016.- Intervinieron los Senadores: Armando Ríos Piter del PRD; Luis Humberto Fernández Fuentes del PRD; Isidro Pedraza Chávez del PRD; Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN; Iris Vianey Mendoza Mendoza del PRD; Raúl Morón Orozco del PRD; Alejandro Encinas Rodríguez del PRD; José Ascención Orihuela Bárcenas del PRI; Zoé Robledo Aburto del PRD; Luisa María Calderón Hinojosa del PAN; Rabindranath Salazar Solorio del PRD; Miguel Romo Medina del PRI; Mario Delgado Carrillo del PRD; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; Marco Antonio Blásquez Salinas del PT; Emilio Gamboa Patrón del PRI; Miguel Barbosa Huerta del PRD; Fernando Herrera Ávila del PAN; y Benjamín Robles Montoya del PRD. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

(Proposiciones)

El Senador Ernesto Gándara Camou, a nombre propio y de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a agilizar las investigaciones en torno a las tomas clandestinas y a la venta ilícita de combustible detectadas en el estado de Puebla y se sancione a los responsables.- Considerado de urgente resolución, intervinieron los Senadores: Javier Lozano Alarcón del PAN; Manuel Bartlett Díaz del PT; Francisco Salvador López Brito del PAN, quien presentó propuesta de adición; Miguel Barbosa Huerta del PRD; y Ernesto Gándara Camou del PRI, quien presentó propuesta de adición.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

Continuaron en el uso de la palabra los Senadores: Layda Sansores San Román del PT; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; y Rabindranath Salazar Solorio del PRD, quien presentó propuesta de adición. El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con la propuesta de consenso de los grupos parlamentarios, la cual fue aceptada por la Asamblea. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

El Senador Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre propio y de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a destituir de su cargo como Embajadora de México en España a la Dra. Roberta Lajous Vargas por el uso irregular de los recursos de dicha representación para beneficiar al ciudadano Humberto Moreira Valdés. Asimismo, exhorta a la titular de la Procuraduría General de la República a cesar inmediatamente de sus funciones a la titular de la Agregaduría Legal para Europa de la Procuraduría General de la República con sede en Madrid, España, Érica Cervantes Albarrán, hasta que la Contraloría Interna de la PGR realice una investigación que determine las consecuencias jurídicas de su actuar.- Se turnó a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa, con opinión de la Comisión de Justicia.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del estado de Veracruz informen sobre el avance en las investigaciones de la desaparición forzada de 5 jóvenes en la comunidad de Tierra Blanca.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

El Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al Presidente de la República se sirva remitir a la Cámara de Senadores las listas de candidatos a magistrados de los Tribunales Agrarios.- Considerado de urgente resolución, intervino el Senador Miguel Barbosa Huerta del PRD, quien presentó una propuesta para exhortar a las comisiones dictaminadoras a presentar los dictámenes que correspondan sobre las propuestas pendientes en la materia. El Acuerdo fue aprobado, en sus términos, en votación económica. El Presidente de la Mesa Directiva emitió excitativa a las comisiones correspondientes.

 

La Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de la República y a los gobernadores de los estados de México, de Chiapas, de Michoacán y de Chihuahua a rendir un informe de los costos generados por la visita del Papa Francisco; así como de la coordinación con entes privados para llevar a cabo los eventos públicos que tuvieron lugar entre el 12 y 17 de febrero del año 2016.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

La Senadora Martha Tagle Martínez, a nombre propio y de la Senadora Dolores Padierna Luna, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a transparentar la información relativa al fideicomiso Evercore y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre la situación en la que se encuentra la deuda contraída por la actual administración del gobierno de ese estado.- Considerado de urgente resolución, intervinieron los Senadores: Javier Lozano Alarcón del PAN; Manuel Bartlett Díaz del PT; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; Miguel Barbosa Huerta del PRD, quien presentó propuesta de modificación, la cual no fue aceptada; y Martha Tagle Martínez. El acuerdo, en sus términos, fue aprobado en votación económica.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establece la metodología del proceso de análisis relativo al posicionamiento de México ante la próxima sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre el problema mundial de las drogas.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción III y se adiciona un último párrafo al artículo 146 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a informar sobre las obras del Deprimido Vehicular del Río Mixcoac.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Fernando Herrera Ávila, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, Daniel Ávila Ruiz, Fernando Torres Graciano, José de Jesús Santana García, Mariana Gómez del Campo Gurza, Andrea García García, Ma. del Pilar Ortega Martínez y Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a generar los Acuerdos que permitan que los precios de la gasolina y el diésel sean determinados bajo condiciones de mercado a partir del 1 de abril de 2016.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a emitir los lineamientos administrativos para identificar a los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas con fines turísticos.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval de grupo, con punto de Acuerdo por el que se cita a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a comparecer ante esta Soberanía.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

 

De los Senadores integrantes de la Comisión de Educación, remitieron proposición con punto de Acuerdo que exhorta al poder ejecutivo del estado de Morelos a entregar los recursos económicos de los años 2013, 2014, 2015 y 2016 para cumplir con las obligaciones de la “Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas del estado de Morelos”.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a desarrollar una práctica formativa institucional contra el desperdicio de alimentos; y a la Secretaría de Economía a iniciar estudios para abrir la posibilidad y dar origen al etiquetado de doble fecha en alimentos que incluya la fecha límite de venta y la fecha de caducidad.- Se turnó a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Autosuficiencia Alimentaria.

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a facilitar y garantizar la obtención de la credencial de elector a los mexicanos en el extranjero.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a informar sobre el problema de enfermedades respiratorias en el país; la situación que prevalece respecto al desabasto de medicamentos, así como las medidas preventivas y de atención que se están implementando para contener la situación y proteger a la población.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría General de Servicios Administrativos disponer lo conducente a efecto de que se amplíe la capacidad de aparcamiento del Ciclopuerto ubicado en el acceso a las instalaciones de esta Cámara de Senadores.- Quedó en poder de la Mesa Directiva.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar diversas acciones respecto a los incendios forestales en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a reanudar los trabajos de recuperación de los restos que faltan de los trabajadores de la mina Pasta de Conchos, que se completen las indemnizaciones de las viudas y beneficiarios y se respeten los derechos laborales, de huelga y humanos de los trabajadores mineros y se den respuestas justas a sus demandas laborales.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

De las Senadoras Sandra Luz García Guajardo, Andrea García García y Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República invita a comparecer ante el Pleno de esta Soberanía a la Procuradora General de la República.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

 

Del Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a establecer protocolos efectivos de atención para evitar que los casos de influenza sigan repuntando; asimismo, establecer acciones que garanticen el abasto y distribución de la fórmula para su atención en las instituciones de salud de los tres niveles de gobierno.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Michoacán a realizar una investigación expedita y transparente en relación al presunto uso ilegal de una aeronave de la Policía Estatal que se utilizó para el traslado de particulares durante la visita del Papa Francisco.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, si aún no han armonizado su legislación de Acuerdo con la Ley General de Víctimas, dar celeridad al proceso de homologación.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a fortalecer, ampliar e impulsar campañas de promoción de la lactancia materna.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Teófilo Torres Corzo, Héctor Larios Córdova, Marcela Guerra Castillo, Mariana Gómez del Campo Gurza, Fidel Demédicis Hidalgo, Francisco Yunes Zorrilla, Isidro Pedraza Chávez, David Penchyna Grub, Manuel Cota Jiménez, Fernando Yunes Márquez y José Ascención Orihuela Bárcenas, con punto de Acuerdo que exhorta a los integrantes de las comisiones que intervendrán en el proceso de análisis y discusión del Tratado de Asociación Transpacífico a garantizar la mayor difusión y transparencia en cada una de las etapas de dicho proceso.- Se turnó a las comisiones señaladas en el Acuerdo correspondiente.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a adherirse al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Trabajo Decente para las Personas y la Erradicación del Trabajo Doméstico de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a realizar una investigación exhaustiva en relación a los recursos destinados para la adquisición de tabletas en el marco del “Programa de Inclusión Digital”.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Comisión de Cambios hagan llegar a esta Soberanía una explicación amplia y precisa de sus criterios y efectos de “intervenir discrecionalmente en el mercado cambiario”.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a informar sobre el monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad en dicha entidad federativa en lo relativo a la violencia de género.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De los Senadores Manuel Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez e Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir un Decreto por el que se incluya el nombre del poeta y diplomático nayarita “Amado Nervo” en la denominación oficial del aeropuerto internacional de Tepic.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De las Senadoras Sandra Luz García Guajardo y Andrea García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita al gobernador del estado de Tamaulipas información sobre la situación en el cumplimiento del pago a la policía estatal a su cargo.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

(Efemérides)

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre la Erección del Estado de México.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Cero Discriminación.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Cero Discriminación.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el aniversario luctuoso de Josefa Ortiz de Domínguez.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Cero Discriminación.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día de la Erección del Estado de México.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Río, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, remitieron efeméride sobre el Día Mundial de las Enfermedades Raras.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Cero Discriminación.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con treinta y un minutos y citó a la siguiente el jueves tres de marzo a las once horas.

 

Fin de la Sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta referida.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda la Secretaría con el siguiente asunto.





 

COMUNICACIÓN

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibió una comunicación suscrita por la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, por la que informa su decisión de integrarse al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Comuníquese a las Secretarías Generales del Senado de la República.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que se remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de enero de 2016; información sobre la recaudación federal participable; e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de enero de 2016.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase dicha documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Proceda la Secretaría con el siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibieron de la Cámara de Diputados las siguientes:

Minuta proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 52 de la Ley de Migración.







 

Y minuta proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. Túrnense ambos proyectos a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos.

Compañeros Senadores: a partir de la licencia que le fue otorgada al Senador Benjamín Robles Montoya, esta Mesa Directiva convocó al ciudadano Félix Benjamín Hernández Ruiz, quien se encuentra en el salón contiguo.

Por tal motivo, solicito a las Senadoras y los Senadores: Lisbeth Hernández Lecona, Amelia Torres López, Luis Humberto Fernández Fuentes, Jorge Aréchiga Ávila y Ana Gabriela Guevara Espinoza, lo inviten a pasar a este recinto para que procedamos con el acto de su toma de protesta.

Proceda la comisión con su encomienda.

(La comisión cumple)

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se solicita a los presentes ponerse de pie.

(Todos de pie)





 

PROTESTA DE LEY

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ciudadano Félix Benjamín Hernández Ruiz: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Senador de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El Ciudadano Félix Benjamín Hernández Ruiz: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Sea usted bienvenido, señor Senador!

Le solicito pase a ocupar de inmediato el escaño que le ha sido asignado, con el propósito de que se incorpore plenamente a las funciones legislativas.





 

Honorable Asamblea: Hago de su conocimiento que los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un Acuerdo relativo a la conmemoración del Día Nacional de la Oratoria. Dicho Acuerdo está publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura al Acuerdo:



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo.

En consecuencia, en el marco de las actividades conmemorativas del Centenario de la Promulgación de la Constitución de 1917, se convocará al Concurso de Oratoria Constitucional del Senado de la República, en los términos del Acuerdo que ya ha sido aprobado. Comuníquese.





 

Compañeros Senadores, les informo que los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un Acuerdo que propone una sustitución en la conformación de este órgano de gobierno.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión el Acuerdo.

Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicho Acuerdo.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo.

En consecuencia, se designa a la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, como Secretaria de la Mesa Directiva.

Solicito a la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, se sirva pasar al frente de este presídium para rendir la protesta correspondiente.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Solicito a la Asamblea ponerse de pie.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ciudadana Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señora Senadora!

Incorpórese a los trabajos de esta Mesa Directiva de inmediato.

Pasamos al apartado de iniciativas.





 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Margarita Flores Sánchez, para presentar a nombre propio y de diversas Senadoras del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 43, 51 Y 62 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Margarita Flores Sánchez, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Margarita Flores Sánchez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, sometemos a consideración de este Pleno la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 43, 51 y 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, al tenor de las siguientes consideraciones:

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, esta es la primera frase de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948.

Las personas que presentan algún tipo de discapacidad demandan de la sociedad el derecho a una vida en igualdad de condiciones, lo cual se traduce en el acceso equitativo a los servicios de salud, educativos, ocupacionales y recreativos, así como el ejercicio de sus derechos civiles, políticos o de cualquier otro tipo que le permitan tener una vida digna y de buena calidad, además de participar plenamente en la sociedad y contribuir al desarrollo socioeconómico de su comunidad.

Cabe señalar que nuestro país ha ratificado diversos instrumentos dentro de los cuales se encuentra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y el Convenio 159 de la OIT, las cuales mandatan al Estado mexicano el llevar a la práctica el principio de inclusión, más allá de una mera opción técnica, a fin de lograr que las personas con discapacidad alcancen el máximo desarrollo, buscando en todo momento que sean mirados por sus potencialidades y no por sus deficiencias, resultando en un cambio en la cultura de nuestro país.

Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido considerada como el primer tratado importante sobre los derechos humanos del siglo XXI, la cual establece en su artículo 27 que: “Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad”.

Datos del Informe Mundial sobre la Discapacidad, elaborado por la Organización Mundial de la Salud, en el Banco Mundial, refieren que las personas con discapacidad representan aproximadamente mil millones de personas, es decir el 15 por ciento de la población mundial.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el 80 por ciento de las personas con alguna discapacidad a nivel mundial están en edad de trabajar; sin embargo, su derecho a un trabajo decente es con frecuencia denegado.

En comparación con las personas sin discapacidad, experimentan mayores tasas de desempleo e inactividad económica y están en mayor riesgo de una protección social insuficiente, la cual es clave para reducir la pobreza extrema.

De acuerdo con la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares, en México hay cerca de 8 millones de personas.

Estimaciones del Coneval, indican que 5.7 millones de personas con discapacidad presentan al menos una carencia social, de las cuales 3.9 millones viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar y el 1.7 millones viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo.

Datos del Inegi señalan que la tasa de participación económica de la población con discapacidad de 15 años y más en nuestro país, es de 39 por ciento en comparación con el 65 por ciento de la población sin discapacidad; es decir, que 26 puntos porcentuales es menor, lo cual evidencia la desventaja de las personas con discapacidad en su inclusión laboral.

De las personas con discapacidad que declaran trabajar, cerca de 60 por ciento ganan menos de dos salarios mínimos.

La reforma constitucional de junio de 2011 representó un parteaguas en la promoción, protección y respeto a los derechos humanos, al establecer en su artículo 1o. que queda prohibida toda discriminación, dentro de ellas, la motivada por algún tipo de discapacidad que atenten contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Durante los últimos años diversos países de Iberoamérica han asumido el compromiso de legislar en pro de una plena integración de las personas con discapacidad como una cuestión de derechos y no como un privilegio.

En el último decenio, el avance de las políticas de empleo en el sector público para las personas con discapacidad en Iberoamérica ha sido notorio. El 35 por ciento de los países iberoamericanos cuentan con marcos jurídicos que establecen cuotas que van desde el 2 hasta el 5 por ciento de las plazas de nueva creación destinadas a las personas con discapacidad en la administración pública.

Asimismo, el 55 por ciento de ellos ha contemplado en marcos normativos beneficios tributarios o mecanismos fiscales y crediticios preferentes para los empleadores privados que cumplan una cuota de plazas para personas con discapacidad.

Tal es el caso de nuestro país, que contempla en el artículo 186 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, que los patrones que en plena persona con 80 por ciento de discapacidad pueden reducir sus ingresos el 100 por ciento del Impuesto Sobre la Renta del trabajador, mientras que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se da una preferencia a empresas que tengan el menos el 5 por ciento de personas con discapacidad.

Cabe resaltar que entre las líneas de acción contempladas en el objetivo tercero del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, se busca no sólo asegurar su inclusión en la administración pública de los tres órdenes de gobierno, sino además el garantizar el 3 por ciento de las vacantes laborales existentes en la administración pública que sean destinadas a la contratación de personas con discapacidad.

El trabajo es un derecho constitucional; sin embargo, para las personas con discapacidad las oportunidades de empleo no son siempre accesibles para poder obtener ingresos necesarios para sobrevivir.

Por lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa busca reformar diversos artículos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a fin de poder establecer como una obligación de los titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal, ha preferido en igualdad de condiciones, conocimientos, aptitudes y antigüedad a las personas que presenten algún tipo de discapacidad. Asimismo, se busca establecer una cuota mínima de 3 por ciento del total de la nómina o personal en áreas de administración pública. Esto como una medida positiva y compensatoria a favor de la inclusión de las personas con alguna discapacidad.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Flores Sánchez. Túrnese a las Comisiones Unidades de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, para presentar, a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, dos iniciativas, una con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 32 y 55 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y la segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 43 y 44 de la ley del Servicio Exterior Mexicano.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 32 Y 55 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

(Presentadas por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Francisco Salvador López Brito, Jorge Luis Lavalle Maury y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Mariana Gómez del Campo: Con su venia, señor Presidente.

El cuerpo diplomático mexicano siempre se ha distinguido por su profesionalismo, su excelente preparación y por representar dignamente los intereses de nuestra nación.

Como ejemplo podríamos citar a diferentes personajes, en este caso voy a citar al Embajador Alfonso García Robles quien fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1982, por impulsar el desarme nuclear a través del Tratado de Tlatelolco, que declaraba a América Latina y El Caribe una zona libre de este tipo de armas en un contexto internacional hostil como lo fue la Guerra Fría.

Otro ejemplo que podemos citar, es el del Embajador Gilberto Bosques Saldívar, un hombre que se distinguió por facilitar el refugio en México de cientos de españoles que huían del régimen franquista, así como de numerosos judíos que abandonaron Europa huyendo de la persecución nazi.

Gilberto Bosques es la mejor representación de la diplomacia mexicana impregnada de valores tan altos como la solidaridad internacional. Justo este tipo de diplomáticos son los que queremos que representen a nuestro país, funcionarios con valores que no defiendan intereses particulares o políticos, sino el supremo interés de México.

Es por ello que desde hace algunas semanas hemos realizado distintas propuestas para fortalecer a nuestro Servicio Exterior Mexicano. Es fundamental que el Servicio Exterior Mexicano rinda cuentas, transparente cada una de sus acciones en los consulados, en las embajadas o en las diversas representaciones de los organismos.

Como Senado de la República no podemos seguir siendo una institución que sólo dé el visto bueno a los nombramientos diplomáticos. Debemos exigir resultados.

Hoy vienen aquí al Senado de la República los que son propuestos por el Presidente de la República, se les escucha en las diferentes comisiones y se les ratifica, y después ya se van al país en donde se les encomendó una tarea en específico.

Desafortunadamente sólo se entrega el plan de trabajo, no hay seguimiento al mismo; cuando las cosas no se están haciendo correctamente, como ocurrió en el Consulado de Denver o como ocurre hoy en la Embajada de México en España, lamentablemente no podemos citarlos a comparecer y que rindan cuentas y que den explicaciones a este Congreso.

Yo quiero compartirles que desde el grupo parlamentario del PAN no queremos que se sigan dando estos casos; insisto, en el caso concreto de la Embajada de México en España que movilizó a todo el personal para dar un trato preferencial a un ex gobernador acusado de lavado de dinero, que enfrentaba un proceso penal ante autoridades de ese país, como todos ustedes lo han visto a través de los medios de comunicación y, lamentablemente, fue a través de un medio de comunicación español como nos enteramos de lo que estaba haciendo el señor Humberto Moreira.

Queremos desde aquí tener herramientas formales, insisto, para dar un seguimiento cercano a las acciones del personal diplomático.

Para lograr todo esto, un grupo de Senadores estamos haciendo dos propuestas muy concretas:

La primera, debemos eliminar cualquier límite de edad máxima para el ingreso al Servicio Exterior Mexicano, puesto que es discriminatorio, pues aquellos que hayan aprovechado oportunidades académicas o laborales que incrementen su experiencia y conocimientos, están prácticamente descalificados de los concursos que hoy emite la Cancillería simplemente por exceder la edad de 30 años.

Cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el año 2015, declaró inconstitucional y discriminatoria esta limitación por edad.

Por otro lado, tampoco se debe obligar a los diplomáticos con amplia experiencia en asuntos internacionales a abandonar su cargo por haber alcanzado los 65 años. No podemos ni debemos desperdiciar sus conocimientos, su sensibilidad, su trayectoria, más aún cuando se encuentran en plenitud de facultades físicas, porque nos arriesgamos a perder la continuidad en el manejo de la política exterior del Estado mexicano.

Proyecciones del Consejo Nacional de Población señalan que para 2050 la esperanza de vida de los mexicanos aumentará a 79 años. Si mandamos a su casa a los diplomáticos a los 65 años de edad, limitaríamos su voluntad y disposición de servir a la nación cuando siguen siendo aptos física y mentalmente para ejercer su profesión.

Seamos sensibles a las necesidades de nuestro cuerpo diplomático, hay que fortalecerlos; reforcemos su profesionalización y eliminemos barreras artificiales para el desarrollo de sus funciones.

Me resulta increíble que personajes como la Cónsul en Nueva York por llegar a los 65 años de edad, estando perfectamente y los que la conozcan, es una mujer entera, una mujer competitiva, una mujer valiente, trabajadora, con todos los conocimientos, y porque cumple 65 años de edad, se tiene que regresar a México aún, cuando estaba haciendo un estupendo papel en Nueva York y pues se tiene que regresar a su casa.

Yo nada más me imagino, muchos de los compañeros Senadores, ustedes imagínense que a los 65 años pues ya no pudiesen ser Senadores, los que ya pasaron esa edad de los 65 años; honestamente creo que no se vale y en el Servicio Exterior Mexicano creo que debemos hacer lo necesario para cambiar las reglas del juego.

Esta semana el titular del Ejecutivo Federal envío a este Senado 22 nombramientos diplomáticos para su análisis y ratificación, de los cuales 10 son de carrera, 12 son nombramientos políticos, lo cual es inaceptable puesto que existen, insisto, perfiles de alto nivel con trayectoria destacada en el Servicio Exterior Mexicano a los que no se les ha dado la oportunidad después de 20, 30 años, de jamás encabezar un consulado o una embajada.

No nos estamos negando a los nombramientos políticos, aquí todos somos políticos y seguramente el día de mañana veremos a muchos en embajadas o consulados, pero sí un equilibrio por parte del Ejecutivo Federal para no mandar, sobre todo, en una propuesta de 22 nombramientos diplomáticos, una mayoría de nombramientos políticos cuando en el Servicio Exterior Mexicano hay gente que lleva trabajando tantos años para encontrar una oportunidad.

Yo quiero aprovechando este espacio, que reflexionemos con respecto al tema de los nombramientos y por eso lo oportuno de presentar esta iniciativa de Ley.

¿Qué responsabilidad puede encontrarse en un funcionario que tiene en sus manos el manejo de la política exterior de México si desconoce todo aquello que tenga que ver con los medios para ejercerla?

Es importante que las personas que vayan a representar al Estado mexicano tenga, los conocimientos y conozcan un poco, por lo menos, del Servicio Exterior.

Tenemos en nuestras manos la responsabilidad de que los intereses nacionales en el extranjero sean representados de manera digna o también podemos seguir solapando una diplomacia improvisada como nos está ocurriendo en estos momentos con las propuestas que han enviado al Senado de la República.

Agradezco el respaldo a esta iniciativa de la Senadora Laura Rojas, del Senador Jorge Luis Lavalle, del Senador López Brito y del Senador Romero Hicks.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativas

La suscrita, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ y JUAN CARLOS ROMERO HICKS, Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 32 Y 55 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. Los Estados son miembros de la comunidad internacional, por lo que no viven en estado de aislamiento, y para la relación entre sí requieren de personas físicas que los representen. Según el Dr. Carlos Arellano García, los órganos del Estado encargados de manejar los asuntos internacionales son: el Jefe de Estado, el Secretario de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Relaciones Exteriores, los agentes diplomáticos y los agentes consultares.1

El jurista alemán Franz Von Liszt indica que el Jefe de Estado mantiene la “suprema representación internacional”2 del Estado dentro de los límites impuestos por la Constitución nacional, sin embargo, por la trascendencia de los asuntos internacionales que puede llegar a abordar el Jefe de Estado, es necesario que cuente con el asesoramiento idóneo para que su actuación no sea improvisada, por lo que conforme a la organización interna de su Gobierno, cuenta con un Secretario o Ministro a quien delega el peso del manejo de los asuntos internacionales y quien, a su vez, es auxiliado por un amplio personal de su Secretaría o Ministerio.

Según el artículo 89 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República tiene la facultad de “nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado”, entre ellos al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en la fracción III, se le otorga la atribución de nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores y cónsules generales.

El artículo 128 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala que las atribuciones que competen a la Secretaría de Relaciones Exteriores, son:

I.- Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte;

II.- Dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular en los términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y, por conducto de los agentes del mismo servicio, velar en el extranjero por el buen nombre de México; impartir protección a los mexicanos; cobrar derechos consulares y otros impuestos; ejercer funciones notariales, de Registro Civil, de auxilio judicial y las demás funciones federales que señalan las Leyes, y adquirir, administrar y conservar las propiedades de la Nación en el extranjero;

II A.- Coadyuvar a la promoción comercial y turística del país a través de sus embajadas y consulados.

II B.- Capacitar a los miembros del Servicio Exterior Mexicano en las áreas comercial y turística, para que puedan cumplir con las responsabilidades derivadas de lo dispuesto en la fracción anterior.

III.- Intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, conferencias y exposiciones internacionales, y participar en los organismos e institutos internacionales de que el Gobierno mexicano forme parte;

IV.- Intervenir en las cuestiones relacionadas con los límites territoriales del país y aguas internacionales;

V.- Conceder a los extranjeros las licencias y autorizaciones que requieran conforme a las Leyes para adquirir el dominio de las Tierras, aguas y sus accesiones en la República Mexicana; obtener concesiones y celebrar contratos, intervenir en la explotación de Recursos Naturales o los permisos para adquirir bienes inmuebles o derechos sobre ellos;

VI.- Llevar el registro de las operaciones realizadas conforme a la fracción anterior;

VII.- Intervenir en todas las cuestiones relacionadas con nacionalidad y naturalización;

VIII.- Guardar y usar el Gran Sello de la Nación;

IX.- Coleccionar los autógrafos de toda clase de documentos diplomáticos;

X.- Legalizar las firmas de los documentos que deban producir efectos en el extranjero, y de los documentos extranjeros que deban producirlos en la República;

XI.- Intervenir, por conducto del Procurador General de la República, en la extradición conforme a la ley o tratados, y en los exhortos internacionales o comisiones rogatorias para hacerlos llegar a su destino, previo examen de que llenen los requisitos de forma para su diligenciación y de su procedencia o improcedencia, para hacerlo del conocimiento de las autoridades judiciales competentes, y

XII.- Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

De esta manera, el Servicio Exterior Mexicano (SEM) representa el brazo técnico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y es un cuerpo permanente de funcionarios del Estado, encargado específicamente de representar al Estado mexicano y es el responsable de la ejecución de la política exterior de nuestro país, con apego a lo establecido en la Constitución mexicana. Así, los agentes diplomáticos y consulares son representantes del Estado mexicano y al mismo tiempo del Gobierno que los acredita.

El artículo 2 del Ley del Servicio Exterior Mexicano señala que sus funciones son:

I. Promover y salvaguardar los intereses nacionales ante los Estados extranjeros y en los organismos y reuniones internacionales en los que participe México;

II. Proteger, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional, la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero y ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones;

III. Mantener y fomentar las relaciones entre México y los miembros de la comunidad internacional e intervenir en todos los aspectos de esos vínculos que sean competencia del Estado;

IV. Intervenir en la celebración de tratados;

V. Cuidar el cumplimiento de los tratados de los que México sea parte y de las obligaciones internacionales que correspondan;

VI. Velar por el prestigio del país en el exterior;

VII. Participar en todo esfuerzo regional o mundial que tienda al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, al mejoramiento de las relaciones entre los Estados y a promover y preservar un orden internacional justo y equitativo. En todo caso, atenderá en primer término los intereses nacionales;

VIII. Promover el conocimiento de la cultura nacional en el exterior y ampliar la presencia de México en el mundo;

IX. Recabar en el extranjero la información que pueda ser de interés para México, y difundir en el exterior información que contribuya a un mejor conocimiento de la realidad nacional; y

X. Coadyuvar a la mejor inserción económica de México en el mundo;

XI. Destinar los ingresos recibidos por los servicios establecidos en los artículos 20, 22 y 23 de la Ley Federal de Derechos, prestados por cualquier representación consular en el extranjero para integrar un fondo cuyo objeto sea cubrir, previa autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los gastos relativos a las actividades y programas que a continuación se mencionan, en términos del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano: Programa de repatriación de personas vulnerables; atención y asesoría jurídica y de protección consulares; visitas a cárceles y centros de detención; atención telefónica; campaña de seguridad al migrante; servicios de consulados móviles; prestación de servicios consulares en general, y atención al público. Los gastos a sufragar de conformidad al párrafo anterior, se realizarán de acuerdo a las reglas generales de operación que al efecto establezca la Secretaría de Relaciones Exteriores, contando con la aprobación de la Secretaría de la Función Pública,

y XII. Las demás funciones que señalen al Servicio Exterior ésta y otras leyes y reglamentos, así como los tratados de los que México sea parte.

2. El SEM se integra por personal de carrera, personal temporal y personal asimilado compendiando las áreas diplomático-consular y técnico-administrativa.

El personal de carrera es permanente y ad hoc a las funciones de la Cancillería; el personal temporal es designado por el titular de la SRE, el cual desempeña funciones específicas en adscripciones determinadas; el personal asimilado se compone de funcionarios y agregados a misiones diplomáticas o consulares cuyo nombramiento haya sido gestionado por otra dependencia. Lo anterior, según los artículos 6, 7 y 8 de la Ley del SEM.

El SEM tiene una particular relevancia puesto que mantiene la coordinación y la comunidad de las líneas de diálogo y entendimiento con otras naciones y con los organismos internacionales, al mismo tiempo que preserva los intereses del Estado y de sus nacionales.

3. La Ley del SEM establece en el Capítulo VI los lineamientos para el ingreso, mediante un mecanismo de etapas eliminatorias que incluyen exámenes cuya convocatoria es anual. En el artículo 32, se establecen los requisitos para el ingreso al Servicio Exterior Mexicano, los cuales son:

I. Ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Los mexicanos por nacimiento a los que otro Estado considere como sus nacionales, deberán presentar el certificado de nacionalidad mexicana y el documento de renuncia de la otra nacionalidad;

II. Ser menores de 30 años de edad. En casos excepcionales, la Comisión de Personal podrá dispensar este requisito si a su juicio así lo amerita el perfil académico y profesional del aspirante;

III. Tener buenos antecedentes;

IV. Ser apto física y mentalmente para el desempeño de las funciones del Servicio Exterior;

V. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto; y

VI. Tener por lo menos el grado académico de licenciatura por una universidad o institución de enseñanza superior mexicana o extranjera, con reconocimiento de validez oficial.

Por su parte, el artículo 55 de la citada ley señala lo siguiente:

ARTÍCULO 55.- Causarán baja por jubilación los miembros de carrera del Servicio Exterior que cumplan 65 años de edad.

Los miembros de carrera del Servicio Exterior que durante los 10 años anteriores a su jubilación no hayan sido objeto de sanciones, serán jubilados en el rango inmediato superior.

Estimaciones del Consejo Nacional de Población indican que actualmente el 54.4 por ciento de los mexicanos tiene menos de 30 años, porcentaje que decrecerá hasta 40.6 por ciento en 2050, mientras que la población mayor a 60 años de edad, actualmente 9 por ciento, aumentará a un 21.1 por ciento para 2050; además, las proyecciones afirman que la esperanza de vida actual de los mexicanos es de 74.73 años, pero para 2050 aumentará hasta los 79.42 años.3

Lo anterior deja de manifiesto la importancia de flexibilizar los requisitos de edad para el ingreso al SEM en función de la dinámica poblacional.

Según datos de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano, en enero de 2012había 1,114 elementos de carrera y 197 miembros de nombramiento político-administrativo, es decir, un total de 1,311 servidores públicos en las dos ramas que lo integran: la Diplomático-Consular y la Técnico-Administrativa. De esta cantidad, el personal mayor de 50 años representa el 45%, es decir, aquellos que están a 15 años de finalizar su vida laboral representan casi la mitad del personal del SEM. De no corregirse las disposiciones actuales de la Ley del SEM, estaremos frente a un adelgazamiento del personal de carrera del organismo y, en consecuencia, a una importante pérdida de continuidad en la política exterior de Estado, producto de jubilaciones inminentes.4

Es por ello, que esta Iniciativa propone la eliminación de la fracción II del artículo 32 de la Ley del SEM, para que no se imponga un límite de edad para el ingreso al SEM, y se modifique la redacción del artículo 55 de dicha ley, pues los trabajadores del SEM que demuestren contar aún con las habilidades físicas y mentales (requisitos de ingreso plasmados en la fracción IV del artículo 32), deben continuar ejerciendo sus funciones y prestando sus servicios al Estado mexicano.

4. Es necesario tomar en cuenta que en febrero de 2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional y discriminatorio el no permitir el ingreso al SEM a personas mayores de 30 años, en la ratificación de un amparo a la C. Lizeth Cuevas Cuevas.

En el documento, se señala que Cancillería argumentó que el máximo de edad para el ingreso responde a que "se procura que los aspirantes a ingresar al Servicio Exterior cuenten con una edad biológica adecuada que les permita cumplir con los objetivos del sistema de carrera, ya que están sujetos a los principios de preparación, competencia, capacidad y superación constante, pues su integración al Servicio Exterior es de carácter permanente (…) por lo que si un aspirante tuviese una mayor edad a la legalmente permitida, no estaría en igualdad real de condiciones toda vez que le sería más difícil alcanzar el objeto pretendido ".5

Sin embargo, los Ministros consideraron que “no acreditan mediante razonamientos lógico-jurídicos, por qué aceptar a personas mayores de veintinueve años impediría contar con miembros del Servicio Exterior Mexicano que puedan llevar a cabo de manera adecuada la política exterior, siendo que si bien las autoridades aducen que tal personal se encuentra sujeto a los principios de preparación, competencia, capacidad y superación constante, lo cierto es que no formulan argumentos convincentes que permitan concluir que, a fin de que se cumplimenten con tales principios, resulta necesario excluir a personas que rebasen los veintinueve años de edad”.

5. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 1 párrafo quinto: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Además, la Ley Federal para Prevenir y Radicar la Discriminación señala en su artículo 1, que se entenderá por discriminación “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo;

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8°, numeral 1, fracción I; 164 numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforman los artículos 32 fracción II y 55 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

ARTÍCULO 32.- Los candidatos a ingresar a la rama diplomático-consular deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. …

II. (Se deroga)

III. al VI. …

ARTÍCULO 55.- Podrán causar baja por jubilación los miembros de carrera del Servicio Exterior que cumplan 65 años de edad, a menos que expresen su deseo de continuar en funciones y demuestren ser aptos física y mentalmente para ejercerlas. Los miembros de carrera del Servicio Exterior que durante los 10 años anteriores a su jubilación no hayan sido objeto de sanciones, serán jubilados en el rango inmediato superior.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo 2016.

Suscriben,

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.

1 Arellano, Carlos. Primer Curso de Derecho Internacional Público. Editorial Porrúa. México. 2006. p.489.

2 Von Liszt, Franz. Derecho Internacional Público. España. 1929. p.171.

3Consejo Nacional de Población. Proyecciones de la población 2010-2050. http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones

4 Ramón Xilotl. El Servicio Exterior Mexicano. Propuestas para su mejoramiento. Asociación de Diplomáticos Escritores. http://www.diplomaticosescritores.org/NumeroActual.asp?link=44_2.html&num=45

5Suprema Corte de Justicia de la Nación. Expediente 742/2014. http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=172155





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

(Presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Francisco Salvador López Brito, Jorge Luis Lavalle Maury y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN)

Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, JORGE LUIS LAVALLE MAURY Y JUAN CARLOS ROMERO HICKS, Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. Rafael Calduch define la política exterior como “aquella parte de la política general formada por el conjunto de decisiones y actuaciones mediante las cuales se definen los objetivos y se utilizan los medios de un Estado para generar, modificar o suspender sus relaciones con otros actores de la sociedad internacional”.1

Es importante señalar que aunque la actividad diplomática no es la única herramienta para la conducción de la política exterior, sí es su principal brazo de ejecución.

2. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la conducción de la política exterior es facultad del Presidente de la República (art. 89, fracción X), pero otorga al Senado de la República atribuciones para actuar como un ente revisor del Ejecutivo Federal en materia internacional, pues analiza sus decisiones, aprueba tratados internacionales y convenciones diplomáticas, ratifica nombramientos diplomáticos, autoriza la salida de tropas nacionales fuera del país, concede permisos al Ejecutivo por más de 7 días, entre otros.

Sin embargo, en el Siglo XXI, la acción parlamentaria del Congreso mexicano debe adoptar una participación más activa en el diseño, análisis y orientación de la política exterior de nuestro país, por lo que es necesario que cuente con mecanismos formales de contrapeso efectivo al actuar de México en el mundo procurando un equilibrio de poderes.

3. Parte fundamental de un Estado democrático no sólo es la realización de elecciones libres y equitativas, sino que es importante el establecimiento de mecanismos institucionales para la rendición de cuentas, la cual se define como el “requerimiento para que los representantes respondan ante los representados por el ejercicio de su tarea y de su poder conferido, actúen tras críticas o exigencias de ellos, y acepten la responsabilidad por fallas, incompetencia o engaño”.2

La rendición de cuentas es efectiva cuando distintos órganos del Estado actúan simultáneamente para balancear el poder de los otros, permitiendo el efectivo ejercicio de los frenos y contrapesos institucionales de control del poder. Así, la rendición de cuentas permite que las instituciones balanceen el poder entre ellas para que ninguna lo concentre, y al mismo tiempo crea mecanismos de supervisión y prevención de acciones ilegales de otras instituciones estatales.

En ese sentido, el proceso de rendición de cuentas no implica sólo la disponibilidad de información sino la existencia de actores responsables definidos y procesos institucionalizados para que haya un proceso de diálogo obligatorio y efectivo.

A la luz del artículo 89 fracción X de la Constitución, el Senado participa en la ratificación de los Jefes de Misión de las representaciones diplomáticas y consulares de nuestro país, pero no cuenta con un sistema de rendición de cuentas formal que permita a los parlamentarios conocer información sobre el estado de la relación bilateral o multilateral (en el caso de organismos internacionales o regionales). Lo anterior, permite que exista un margen de libertad para los funcionarios diplomáticos para la comisión de ilícitos.

La formalización de un mecanismo de rendición de cuentas permitiría a los legisladores llamar a reuniones de trabajo a embajadores y cónsules para seguir de cerca su trabajo, interpelarlos por sucesos irregulares en los Estados donde están acreditados, lo que significaría un mayor y mejor control del desempeño de sus funciones.

Estos mecanismos dotarían al Senado de un poder de influencia indirecto sobre la toma de decisiones en materia de política exterior, pues como afirma el Dr. José Ramón Cossío: “aun cuando el Senado no cuenta con facultades para establecer los contenidos de algunas decisiones de política exterior, ni para calificar normativamente muchas de las decisiones tomadas por el Presidente, sí tiene la posibilidad de incidir analizando las decisiones generadas por éste a partir de sus propios criterios de políticas”3.

4. La Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 en su artículo 3señala las funciones de una misión diplomática, las cuales son: a. Representar al Estado acreditante ante el Estado receptor; b. Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional; c. Negociar con el gobierno del Estado receptor; d. Enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello al gobierno del Estado acreditante; e. Fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor.

Por su parte, la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1961, en su artículo 5 señala que las funciones de los cónsules son: a) proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional; b) fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre el Estado que envía y el Estado receptor, y promover además las relaciones amistosas entre los mismos, de conformidad con las disposiciones de la presente Convención; c) informarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de la vida comercial, económica, cultural y científica del Estado receptor, informar al respecto al gobierno del Estado que envía y proporcionar datos a las personas interesadas; d) extender pasaportes y documentos de viaje a los nacionales del Estado que envía, y visados o documentos adecuados a las personas que deseen viajar a dicho Estado; e) prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas; f) actuar en calidad de notario, en la de funcionario de registro civil, y en funciones similares y ejercitar otras de carácter administrativo, siempre que no se opongan las leyes y reglamentos del Estado receptor; g) velar, de acuerdo con las leyes y reglamentos del Estado receptor, por los intereses de los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas, en los casos de sucesión por causa de muerte que se produzcan en el territorio del Estado receptor; h) velar, dentro de los límites que impongan las leyes y reglamentos del Estado receptor, por los intereses de los menores y de otras personas que carezcan de capacidad plena y que sean nacionales del Estado que envía, en particular cuando se requiera instituir para ellos una tutela o una curatela; i) representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas convenientes para su representación ante los tribunales y otras autoridades del Estado receptor, de conformidad con la práctica y los procedimientos en vigor en este último, a fin de lograr que, de acuerdo con las leyes y reglamentos del mismo, se adopten las medidas provisionales de preservación de los derechos e intereses de esos nacionales, cuando, por estar ausentes o por cualquier otra causa, no puedan defenderlos oportunamente; j) comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales y diligenciar comisiones rogatorias de conformidad con los acuerdos internacionales en vigor y, a falta de los mismos, de manera que sea compatible con las leyes y reglamentos del Estado receptor; k) ejercer, de conformidad con las leyes y reglamentos del Estado que envía, los derechos de control o inspección de los buques que tengan la nacionalidad de dicho Estado, y de las aeronaves matriculadas en el mismo y, también, de sus tripulaciones; l) prestar ayuda a los buques y aeronaves a que se refiere el apartado k) de este artículo y, también, a sus tripulaciones; recibir declaración sobre el viaje de esos buques, encaminar y refrendar los documentos de a bordo y, sin perjuicio de las facultades de las autoridades del Estado receptor, efectuar encuestas sobre los incidentes ocurridos en la travesía y resolver los litigios de todo orden que se planteen entre el capitán, los oficiales, los marineros, siempre que lo autoricen las leyes y reglamentos del Estado que envía; m) ejercer las demás funciones confiadas por el Estado que envía a la oficina consular que no estén prohibidas por las leyes y reglamentos del Estado receptor o a las que éste no se oponga, o las que le sean atribuidas por los acuerdos internacionales en vigor entre el Estado que envía y el receptor.

Muchas de las anteriores funciones están descritas en la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

5. En últimas fechas hemos conocido de serios casos que comprometen el prestigio del Servicio Exterior Mexicano que al parecer, se ha puesto al servicio de intereses de los particulares, lejos de salvaguardar el interés nacional.

El diario mexicano El Universal reveló el 9 de febrero de 2016, que Carlos Bello Roch, Cónsul de México en Denver, Estados Unidos, utilizaba la sede diplomática oficial para promocionar una organización empresarial bajo su control personal, que se suponía no tener fines de lucro, pero que sin embargo cobraba cuotas a sus miembros que iban de los mil 500 a los 6 mil dólares.4 Dicha organización, pese a que utilizaba los insumos destinados a la labor diplomática, tales como sedes y papelería oficial de la cancillería, no estaba vinculada de ninguna manera oficial al gobierno mexicano.

La justificación que el servidor público utilizó fue que México y Estados Unidos tienen una agenda de cooperación económica y empresarial robusta, y que fomentar proyectos de inversión y dialogo con los empresarios norteamericano son parte de las funciones de su organización “no lucrativa”.

En este caso en particular, la falta de rendición de cuentas pone en tela de juicio la actuación de los jefes de misión y no garantiza que los miembros del Servicio Exterior Mexicano (y los que no pertenezcan a él pero encabecen Embajadas o Consulados), estén cumpliendo con su labor de velar y preservar los intereses supremos de la nación, o que en otros casos, se encuentren un conflicto de intereses.

Por otro lado, trascendió en el diario español El País, que en el marco del proceso penal que enfrentaba Humberto Moreira Valdés, quien fungiera como Gobernador de Coahuila de 2005 a 2011 y Presidente Nacional del Partido Revolucionario Institucional en 2011, fue detenido en Madrid por presuntos delitos de blanqueo de capitales e integración en la banda criminal de los Zetas, el Gobierno Federal “puso a su disposición toda la maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para intentar conocer su situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarle de la cárcel”.5

Según dicha investigación, funcionarios de la Procuraduría General de la República adscritos a la embajada llamaron insistentemente a la Unidad de Delincuencias Económica y Fiscal de la Policía Nacional de España para preguntarla razón de la detención de Moreira y los indicios o cargos había contra él. Además, la investigación señala que un auto con matrícula diplomática CD 52003, se trasladó al aeropuerto madrileño para recoger a Ulricht Richter, el abogado mexicano de Moreira.

Además, se movilizó al personal adscrito a una representación de nuestro país para proteger a un individuo que estaba siendo procesado, fuera de las actuaciones convencionales de los consulados, lo cual es un acto de fragante violación de sus funciones, pues nuevamente responde a intereses de particulares y no a los del Estado mexicano.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8°, numeral 1, fracción I; 164 numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforman los artículos 43 y 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano:

ARTÍCULO 43.- Corresponde a los jefes de misión:

I al III. …

IV. Presentarse ante el Senado de la República para informar, bajo protesta de decir verdad, sobre sus actividades diplomáticas o para responder interpelaciones o preguntas.

ARTÍCULO 44.- Corresponde a los jefes de oficinas consulares:

I. al VII. …

VIII. Presentarse ante el Senado de la República para informar, bajo protesta de decir verdad, sobre sus actividades consulares o para responder interpelaciones o preguntas.

(…)

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal deberá realizar las adecuaciones pertinentes al Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano en un plazo que no excederá de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de ese Decreto.

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

Suscriben,

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.

1 Calduch, Rafael. Dinámica de la sociedad internacional. Universidad Complutense de Madrid.España. 1993.

2 Bradbury, Jonathan. “Accountability” en McLean. Ian. Oxford Concise Dictionary of Politics.  Estados Unidos. 2003.

3 Cossío, José Ramón. El Senado de la República y las relaciones exteriores de México. Senado de la República – ITAM - Miguel Ángel Porrúa. México. 2003.

4 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/02/15/abre-sfp-investigacion-contra-consul-en-denver

5 http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/19/actualidad/1455898247_341699.html

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.

Las dos iniciativas de reformas a la Ley del Servicio Exterior Mexicano que ha presentado la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, se turnan a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett Díaz.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Sólo para decirle a la Senadora si acepta que me sume a su iniciativa.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, le consulta el Senador Bartlett Díaz.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Es un placer.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tome nota la Secretaría.

Para los mismos efectos, el Senador Zoé Robledo Aburto. Tome nota la Secretaría de las distintas solicitudes que se están planteando para incorporarse a la iniciativa.





 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Alejandra Roldán Benítez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y la Ley General de Partidos Políticos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES Y LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

(Presentada por la Senadora Alejandra Roldán Benítez, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Alejandra Roldán Benítez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Comparezco por primera vez ante este Pleno, con el compromiso y la responsabilidad de servir a nuestra patria.

Los tiempos en que vivimos son de barbarie y de desunión, y por eso hace necesario y urgente que cuidemos de manera muy especial lo que tenemos en común.

La gran importancia que tienen los símbolos patrios radica en que denotan lo que compartimos todos los mexicanos, sin importar nuestro credo religioso, estrato socioeconómico, origen geográfico y, sobre todo, sin importar nuestra ideología política. Ésa es una razón suficiente para cuidarlos con todos los medios que estén a nuestro alcance, ése debería de ser nuestro compromiso como legisladores.

En el caso particular, nuestra bandera, que es lo que se refiere a la iniciativa que hoy someto a su consideración, cuidarla quiere decir, por una parte, cuidar las características, y por otra, cuidar sus usos.

La característica principal de nuestra bandera, una es en su combinación de colores, desde el nacimiento del México independiente, ha llevado el lienzo patrio una franja verde, una blanca y una roja, en diferente orden y disposición, e incluso se puso en diagonal hace tiempo.

Es la combinación tricolor a la que ha significado la unidad de los mexicanos, según Enrique Florescano, la bandera nacional surgió simbolizando la pureza, con el color blanco; insurgencia independiente, con el color verde; la confluencia con los españoles adheridos a la gesta liberaría con el rojo.

Desde el temprano siglo XIX estos colores han permanecido, y permanecerán por larga vida que le espera a nuestra patria y esa permanencia hace que la bandera identifique la unión de todos los mexicanos, la seguridad que hay en algo que nos hará converger a través del tiempo.

Esa permanencia y estabilidad son las que hacen que la bandera sea orgullosamente un símbolo de todas y todos los mexicanos.

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores: A pesar de lo antes dicho, hay factores que impiden que los símbolos patrios sean sólo una causa de unidad entre los mexicanos, uno de los factores es la identificación de la bandera, por esos colores y con un partido político, lo que sin duda es uno de los pendientes de nuestra transición a la democracia, a eso obedece la iniciativa que hoy presento.
El espíritu de la bandera es incompatible con el espíritu partidista por definición. Uno significa la unidad y por lo que tenemos en común, los otros significan la diversidad, la pluralidad, lo que tenemos de diferentes, simplemente es así.

Los símbolos patrios no deben retirarse de un partido y viceversa, porque eso trae muchos problemas; de hecho, la identificación entre la nación y el partido, el gobierno sólo sucede en los regímenes autoritarios. En México lo tuvimos, pero ya no lo tenemos, y por lo tanto, tenemos que poner nuestra ley a tono a los tiempos de la pluralidad.

Un ejemplo recurrente es el del antropólogo David Recondo, registró en Oaxaca un libro que apenas fue editado en el 2007, donde se da cuenta que al preguntar a un líder de la comunidad, por qué instruía a que se votara por el PRI, éste contestó, que era por ser fieles a la bandera nacional, como hicieran sus padres y sus ancestros. La identificación entre la nación y el partido se hereda de autoritarismo, no puede ser más claro.

No podemos seguir cargando con las consecuencias negativas de la identificación entre el PRI y la bandera, una de ellas es la gran actualidad, es la confusión en el programa electoral partidista y programas de gobierno.

Recientemente varios partidos y el Presidente de este Senado, Roberto Gil Zuarth, denunciaron el uso del propagandismo, de la entrega de televisores que hacía el gobierno federal, pero no pudo hacerse nada al respecto, porque entre otros varios argumentos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que la propaganda no tenía los colores del PRI, sino los de la bandera, aunque el logotipo con el que se entregaban los televisores no tenía el rectángulo tricolor.

Este problema con los programas de gobierno, principalmente los sociales, vienen de tiempo atrás.

Por ejemplo, se tuvo en el programa de insignia, la política social del país y la llamaron “Solidaridad”, luego “Progresa”, y siempre se difunden los colores a que a su vez identifican a la nación y al PRI, lo que es inaceptable.

Después con el PAN, el gobierno decidió retirar los 3 colores de la bandera de la difusión de los programas sociales. Poco les faltó para pedirles disculpas al PRI por usar los colores de nuestra bandera.

Actualmente ha vuelto el mal uso del principal programa social de transferencias e identificación de los colores de la bandera mexicana.

Durante este sexenio, y entre otros, puede ser el de “Oportunidades”; el programa pasó a llamarse “Prospera”, ahora promocionan de nuevo los colores de la bandera, por casualidad, desde luego, la plataforma electoral que presentó el PRI en el 2015 al 2018, se llamó “Prosperidad para todos”, y se presentó con los mismos colores. Creo que el problema es evidente para resolverlo cuanto antes.

Estoy convencida que el PAN acompañará esta propuesta, pues desde su surgimiento, una de las batallas ha sido que la bandera sea de todos los mexicanos y no sólo del PRI.

En el artículo Séptimo de los estatutos registra un distintivo tricolor, que se les prohibió usar desde 1940, porque el PRI ya usufructuaba los colores de la bandera.

Apenas en el 2001, el PAN propuso una iniciativa que firmaron, entre otros, los Diputados Arturo Escobar y Vega, Germán Arturo Pellegrini Pérez, Enrique Adolfo Villa Preciado y Félix Castellanos Hernández.

La demanda ha venido también de las izquierdas, de hecho, nuestro Sol Azteca es negro, en protesta porque no nos permitieron registrando usando los colores de nuestra bandera.

Actualmente ya no es posible que todos los partidos compartamos las identidades de nuestros sistemas partidarios, están forjados e instalados.

La historia no puede echarse atrás, la de 1989, ni la de 1939, cuando se impidió que el PRD y el PAN usaran los colores patrios, en razón de ello, lo procede en prohibir a cualquier partido que utilice los colores patrios en su conjunto.

Mi propuesta es adicionar el artículo 51 bis de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que establezca a la letra:

Artículo 51 bis.- Se prohíbe el uso simultáneo de los tres colores de la Bandera, en cualquier combinación y composición, en los emblemas, distintivos y símbolos en general de cualquier partido o agrupación política”.

Asimismo, de aprobarse mi propuesta, se reformará el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos para que incluya en el inciso h) de su primer numeral el siguiente texto:

Artículo 25.-

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

d) Ostentar la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, los cuales no podrán ser iguales o semejantes utilizados por los partidos políticos ya existentes ni contener a los colores de la Bandera Mexicana en términos de lo dispuesto por los artículo 51 bis de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales”.

El castigo por incluir la disposición que se incluirá en el artículo 94 de la misma ley, será la pérdida de su registro.

Compañeras y compañeros: apelo no sólo a las luchas históricas y a su sentido común para finiquitar los pendientes que tenemos con la democracia y la deuda con nuestros símbolos patrios.

Apelo también a su responsabilidad y al mismo PRI para dar un paso histórico mirando hacia la unidad, a la cuestión social de todos los mexicanos.

Senador Roberto Gil, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, presente.

La suscrita, Senadora Alejandra Roldán Benítez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, 216 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y la Ley General de Partidos Políticos, fundamentada en la siguiente:

Exposición de Motivos

En nuestra ley correspondiente, además de la Bandera, se consideran Símbolos Patrios el Escudo y el Himno Nacionales. No se hace distinción alguna entre el rango de los tres. Es decir, los tres representan, como suelen hacer los Símbolos Patrios en los países, la unidad, la independencia y los valores nacionales más estimados.

La importancia de los símbolos patrios radica en que denotan lo que todos los miembros de la comunidad nacional compartimos y es en razón de ello que deben preservarse y cuidarse activamente. Esto se hace más importante, incluso urgente, en las actuales condiciones de crisis social y violencia generalizadas. Ahora más que nunca es imperativo que se maximicen las acciones que busquen preservar la unidad de los mexicanos.

El cuidado de los símbolos patrios puede referirse a, por un lado, cuidar sus características: sus colores, en el caso de la Bandera; su iconografía y composición, en el caso del Escudo; y su letra y música, en el caso del Himno. Por otro lado, este cuidado se refiere también a que debe vigilarse el correcto uso que de ellos se hace. Esta iniciativa sostiene que un buen uso de los símbolos patrios, y en particular de la Bandera, implica que se prohíba que cualquier partido político utilice en su emblema, símbolos o distintivos la combinación de colores que le es propia. Es esa la razón de la propuesta.

Como Símbolo Patrio, la Bandera de México se distingue por combinar los colores verde, blanco y rojo. Esta combinación ha permanecido constante desde la bandera trigarante, con que, según Enrique Florescano, estudioso de los símbolos nacionales, la bandera nacional surgió simbolizando pureza, insurgencia independiente y confluencia con el grupo español adherido a la gesta libertaria. Es decir, la combinación de colores forma parte esencial de su simbolismo, pese a los cambios que ha tenido en su forma y disposición.

Para los fundadores y, después, para los dirigentes de la nación que dieron continuidad y sustancia a los Símbolos Patrios, los valores que simboliza la Bandera y una vez que han evolucionado, por ejemplo, la pureza a que se refiere el color blanco no se identifica más con la unicidad de la religión católica, identifican a todos los mexicanos. En ese sentido son fundamentales para pensar a México como nación y dar una identificación fundamental a los mexicanos. Es decir, no se trata de construcciones estéticas anodinas y casuales. Por eso son fundamentales para la cohesión social.

Por eso, resulta incompatible la idea de la afirmación nacional que pretende la Bandera con la idea de afirmación partidista propia de un emblema, pues los partidos destacan la diversidad de pensamientos y puntos de vista presentes en la pluralidad de gente que compone una nación. La función de estos últimos es de una naturaleza distinta a la de los Símbolos Patrios.

Esta identificación problemática tuvo, en el pasado, implicaciones por lo menos hasta la formulación del programa Solidaridad (que después fue Progresa, Oportunidades y ahora Prospera), porque se solía identificar a la política social insignia del gobierno mexicano con un distintivo que conjuntaba los colores de la bandera, que son también los del PRI. La solución panista consistió en quitar los colores patrios de los programas sociales en vez de promover que ningún partido pudiera hacer uso de dichos colores a la vez. Es decir, quitaron “los colores del PRI” de los programas del gobierno mexicano.

En el presente, los problemas antes dichos regresaron. Hay dos ejemplos recientes de la inaceptable identificación entre gobierno y partido. El primero es el siguiente: la plataforma electoral 2015-2018 que presentó el PRI ante el INE durante el pasado proceso electoral federal tiene por lema “Prosperidad para todos”, y se promociona con la combinación de colores verde, blanco y rojo, lo que no tendría nada de malo si no se estuviera haciendo una alusión nada velada al programa de transferencias directas más importante del gobierno mexicano, que lleva por nombre “Prospera” y que al ser un programa del gobierno de todos los mexicanos, de manera comprensible, se promociona con los colores de la bandera.

El clientelismo electoral se facilita con la identificación del PRI con el gobierno y con la nación mediante el uso de los colores de la bandera. Esto fue lo que llevó a Carlos Monsiváis a ironizar agradeciendo la generosidad del PRI “en permitirnos usar sus colores en nuestra bandera”. Sin embargo, no es una experiencia de la que sólo dé cuenta la cultura popular. Hay pruebas de que en tiempos recientes la identidad mencionada ha seguido teniendo una influencia negativa importante en nuestra incipiente democracia.

Una de las asignaturas pendientes de nuestra transición democrática, como se ve, es romper esa identificación, herencia del antiguo régimen autoritario. En últimos tiempos, esa demanda desapareció de la escena política, pero no así sus razones.

Durante buena parte del siglo pasado, la lucha por la democracia implicó la demanda de una separación clara entre partido y gobierno.

Más tarde, en la campaña de 2000, Acción Nacional impugnó que el PRI conservara como patrimonio suyo los colores de la bandera, impugnación que resolvió en su momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación negativamente con el siguiente argumento: la legislación no prohíbe el uso de los colores verde, blanco y rojo en los emblemas de los partidos. Además, dichos colores deberían considerarse sólo como tales y no como propios de la bandera nacional.

Estas resistencias quisieron vencerse por medio de iniciativas de reforma provenientes del Congreso del estado de Jalisco y de la Cámara de diputados en 2004 y 2001, respectivamente.

Las izquierdas, partidistas y no partidistas, libraron una lucha equivalente para que la bandera fuera de todos cuando intentaron que el PRD tuviera los colores verde, blanco y rojo en su emblema, a lo que se negó la Comisión Federal Electoral.

Esta confusión debe terminar si se aspira a avanzar nuestra transición democrática, a cuidar el uso de nuestros Símbolos Patrios, a fortalecer la cohesión social plasmada en ellos, que tanta falta hace en tiempos presentes, y a evitar prácticas de clientelismo político.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ruego a la oradora concluir, por favor.

La Senadora Alejandra Roldán Benítez: Concluyo, señor Presidente.

Las consecuencias que se derivan de las decisiones antes citadas del Tribunal Electoral son por lo menos dos: la primera es que la única manera de hacer que los colores de la Bandera sean considerados tales cuando se presenten juntos en el emblema de algún partido es establecerlo en la Ley correspondiente; la segunda es que debe romperse la ambigüedad entre la correspondencia de los colores de la bandera, los del gobierno y los de cualquier partido político para disminuir el margen de discrecionalidad cuando se juzgan las intenciones propagandísticas de programas gubernamentales.

En consideración de las razones expuestas, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de Decreto que reforma la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y la Ley General de Partidos Políticos:

Artículo Primero. Se adiciona un artículo 51 bis a la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para quedar como sigue:

Artículo 51 bis.- Se prohíbe el uso simultáneo de los tres colores de la Bandera, en cualquier combinación y composición, en los emblemas, distintivos y símbolos en general de cualquier partido o agrupación política.

Artículo Segundo. Se reforma el inciso d) del numeral 1 del artículo 25 y se adiciona un inciso h) al numeral 1 del artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos para quedar como sigue:

Artículo 25.-

1. Son obligaciones de los partidos políticos

a) […]

[…]

d) Ostentar la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por partidos políticos ya existentes ni contener los colores de la Bandera Mexicana en términos de lo dispuesto por el artículo 51 bis de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Artículo 94.-

1. Son causa de pérdida de registro de un partido político:

a) […]

[…]

h) El uso simultáneo de los tres colores de la Bandera en sus emblemas, distintivos y símbolos en términos de lo dispuesto por el artículo 51 bis de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Transitorios

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Gracias, señor Presidente.
Iniciativa

La suscrita, Senadora ALEJANDRA ROLDÁN BENÍTEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, 216 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES Y LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, fundamentada en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestra Ley correspondiente, además de la Bandera, se consideran Símbolos Patrios el Escudo y el Himno Nacionales. No se hace distinción alguna entre el rango de los tres. Es decir, los tres representan -como suelen hacer los Símbolos Patrios en los países- la unidad, la independencia y los valores nacionales más estimados.1

La importancia de los símbolos patrios radica en que denotan lo que todos los miembros de la comunidad nacional compartimos y es en razón de ello que deben preservarse y cuidarse activamente. Esto se hace más importante -incluso urgente-, en las actuales condiciones de crisis social y violencia generalizadas. Ahora más que nunca es imperativo que se maximicen las acciones que busquen preservar la unidad de los mexicanos.

El cuidado de los símbolos patrios puede referirse a, por un lado, cuidar sus características: sus colores, en el caso de la Bandera; su iconografía y composición, en el caso del Escudo; y su letra y música, en el caso del Himno. Por otro lado, este cuidado se refiere también a que debe vigilarse el correcto uso que de ellos se hace. Esta iniciativa sostiene que un buen uso de los símbolos patrios, y en particular de la Bandera, implica que se prohíba que cualquier partido político utilice en su emblema, símbolos o distintivos la combinación de colores que le es propia. Es esa la razón de la propuesta.

***

Como Símbolo Patrio, la Bandera de México se distingue por combinar los colores verde, blanco y rojo. Esta combinación ha permanecido constante desde la bandera trigarante, con que -según Enrique Florescano, estudioso de los símbolos nacionales- la bandera nacional surgió simbolizando pureza, insurgencia independiente y confluencia con el grupo español adherido a la gesta libertaria.2 Es decir, la combinación de colores forma parte esencial de su simbolismo, pese a los cambios que ha tenido en su forma y disposición.

Para los fundadores y, después, para los dirigentes de la nación que dieron continuidad y sustancia a los Símbolos Patrios, los valores que simboliza la Bandera y una vez que han evolucionado -por ejemplo, la pureza a que se refiere el color blanco no se identifica más con la unicidad de la religión católica- identifican a todos los mexicanos. En ese sentido son fundamentales para pensar a México como nación y dar una identificación fundamental a los mexicanos. Es decir, no se trata de construcciones estéticas anodinas y casuales. Por eso son fundamentales para la cohesión social.

La cohesión social surge, entre otros factores que contribuyen a generar un sentimiento de empatía, de un pasado común sintetizado en la identidad nacional, sus símbolos y los sentimientos de pertenencia y comunidad a que dan lugar. Para Patricia Galeana, justamente “su permanencia, estabilidad e intangibilidad es lo que permite que generaciones sucesivas se identifiquen con los símbolos y los conviertan en un factor de cohesión social y de orgullo”.3

Por eso, resulta incompatible la idea de la afirmación nacional que pretende la Bandera con la idea de afirmación partidista propia de un emblema, pues los partidos destacan la diversidad de pensamientos y puntos de vista presentes en la pluralidad de gente que compone una nación. La función de estos últimos es de una naturaleza distinta a la de los Símbolos Patrios.

Sólo en los regímenes autoritarios suele haber una identificación de la nación y sus símbolos con un partido, el cual suele ser en esos casos único o casi único. En un régimen democrático, en cambio, un partido sólo puede representar -por definición- una fracción de ciudadanos que se identifican con éste y con el pensamiento que enarbola, por lo que ninguno debe tomar provecho de símbolos que dan identidad a toda la nación.

Tal como sucedió en los regímenes de partido único, en México el PRI -que era un partido de régimen, es decir, casi único- estuvo entremezclado con el gobierno. Los funcionarios partidistas hacían gestiones gubernamentales y, por su parte, los gestores gubernamentales llevaban a cabo funciones partidistas. El hecho de que los colores patrios coincidieran con los colores del PRI ayudó a mantener esta identidad antidemocrática, pues bien podía interpretarse que los programas sociales eran programas del PRI y viceversa. Lo mismo podría decirse de los servicios públicos.

Esta identificación problemática tuvo, en el pasado, implicaciones por lo menos hasta la formulación del programa Solidaridad (que después fue Progresa, Oportunidades y ahora Prospera), porque se solía identificar a la política social insignia del gobierno mexicano con un distintivo que conjuntaba los colores de la bandera, que son también los del PRI. La solución panista consistió en quitar los colores patrios de los programas sociales en vez de promover que ningún partido pudiera hacer uso de dichos colores a la vez. Es decir, quitaron “los colores del PRI” de los programas del gobierno mexicano.

En el presente, los problemas antes dichos regresaron. Hay dos ejemplos recientes de la inaceptable identificación entre gobierno y partido. El primero es el siguiente: la plataforma electoral 2015-2018 que presentó el PRI ante el INE durante el pasado proceso electoral federal tiene por lema “Prosperidad para todos”, y se promociona con la combinación de colores verde, blanco y rojo, lo que no tendría nada de malo si no se estuviera haciendo una alusión nada velada al programa de transferencias directas más importante del gobierno mexicano, que lleva por nombre “Prospera” y que al ser un programa del gobierno de todos los mexicanos, de manera comprensible, se promociona con los colores de la bandera. El segundo ejemplo es el reparto de televisores digitales etiquetados con el lema Mover a México -y con los mismos tres colores- durante el pasado proceso electoral federal.

El clientelismo electoral se facilita con la identificación del PRI con el gobierno y con la nación mediante el uso de los colores de la bandera. Esto fue lo que llevó a Carlos Monsiváis a ironizar agradeciendo la generosidad del PRI “en permitirnos usar sus colores en nuestra bandera”.4 Sin embargo, no es una experiencia de la que sólo dé cuenta la cultura popular. Hay pruebas de que en tiempos recientes la identidad mencionada ha seguido teniendo una influencia negativa importante en nuestra incipiente democracia.
David Recondo, en una investigación antropológica sobre clientelismo, registró las consecuencias antidemocráticas de la identificación entre gobierno, partido y estado. Es particularmente ilustrativa la respuesta que tuvo al preguntar a un tatamandón de San Agustín Chayuco, en Oaxaca, la razón del apoyo de su comunidad al PRI: éste le contestó que lo apoyaban “Porque seguimos siendo fieles a la bandera nacional, que estuvo siempre con nosotros. Porque hace muchos años que es así. Nuestros abuelos así lo hacían… no debemos cambiarlo. Es parte de la costumbre”.5

Una de las asignaturas pendientes de nuestra transición democrática, como se ve, es romper esa identificación, herencia del antiguo régimen autoritario. En últimos tiempos, esa demanda desapareció de la escena política, pero no así sus razones.

Durante buena parte del siglo pasado, la lucha por la democracia implicó la demanda de una separación clara entre partido y gobierno, pues el ejercicio autoritario del poder derivó en una identificación de uno con otro, como se ha mostrado. Para eso, se quiso disputar la identificación de la bandera nacional con los partidos Nacional Revolucionario y de la Revolución Mexicana, ancestros del PRI.

El PAN, desde 1939, estableció en el artículo séptimo de sus estatutos que su emblema llevara una franja donde los colores de la bandera estuvieran flanqueados por las palabras Acción Nacional, pero no pudo usarlo como distintivo electoral porque los colores de la bandera ya los ocupaba el partido del régimen. Es debido a ello que desde 1940 usan el distintivo azul, mientras el emblema tricolor permanece en sus estatutos como forma de recordar la lucha por establecer que el PRI no representa sino una parte de la nación y que la bandera pertenece a todos los mexicanos.

Más tarde -en la campaña de 2000- Acción Nacional impugnó que el PRI conservara como patrimonio suyo los colores de la bandera, impugnación que resolvió en su momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación negativamente con el siguiente argumento: la legislación no prohíbe el uso de los colores verde, blanco y rojo en los emblemas de los partidos. Además, dichos colores deberían considerarse sólo como tales y no como propios de la bandera nacional.6 La resolución se pretendió salomónica, pues estableció que los colores no generan derechos de uso exclusivo, por lo que cualquiera de los partidos podría usarlos. Según sostuvieron, los colores los usan varios partidos y la exclusividad sólo podría darse en caso de que “la combinación del emblema y los colores, produzcan unidades o productos similares o semejantes que puedan confundir a quien los aprecie u observe”.7 Esta resolución no contribuyó a solucionar el problema pero sí hizo que dejara de hablarse de él. Sin embargo, constituyó una salida falsa, pues no favorece que se deje de identificar a un partido con los Símbolos Patrios, sino que hipotéticamente abre la posibilidad de que los demás generen una identificación similar. Por motivos históricos, no obstante, dicha posibilidad es muy remota, prácticamente nula. De esa manera, la decisión del Tribunal sólo da cuenta de las resistencias institucionales a algunas transformaciones propias del cambio democrático.

Estas resistencias quisieron vencerse por medio de iniciativas de reforma provenientes del Congreso del estado de Jalisco y de la Cámara de diputados en 2004 y 2001, respectivamente.

Las izquierdas, partidistas y no partidistas, libraron una lucha equivalente para que la bandera fuera de todos cuando intentaron que el PRD tuviera los colores verde, blanco y rojo en su emblema, a lo que se negó la Comisión Federal Electoral, que funcionaba como un apéndice del gobierno. De ahí que, según lo dicho por Laura Itzel Castillo, el color del sol azteca sea negro: un color de luto para protestar contra el monopolio autoritario de los colores patrios.8 En 1994, por su parte, Rosario Ibarra propuso una consulta nacional para arrebatar al PRI los colores de la bandera, iniciativa que obviamente no prosperó.

Como se mencionó anteriormente, el problema sigue presente y el episodio más reciente sobre la identificación entre partido y gobierno tuvo lugar en el pasado proceso electoral federal. Recuérdese brevemente el episodio: Roberto Gil Zuarth, Morena, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional presentaron denuncias por la entrega de televisores digitales y el uso del logotipo Mover a México como parte del Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre. La razón esgrimida fue que constituían propaganda velada, entre otras cosas, por la imagen institucional del gobierno que incluye los colores que el PRI comparte con la Bandera, lo que en este asunto resultó relevante.

La Sala Regional Especializada resolvió en el sentido de declarar inexistentes las infracciones relacionadas con dicho programa, aun cuando se usaran los mencionados colores para el reparto mencionado. Entre otros argumentos “la Sala Especializada precisó que dicha expresión gráfica se refiere a los colores de la bandera nacional, y no a los del mencionado partido político”.9 Es decir, la Sala Especializada del Tribunal reconoce que la combinación de colores es propia de la bandera nacional. Sin embargo y de forma contraria a lo que sostiene, no puede establecerse que no sean los del partido político en cuestión, dado que su emblema los contiene. Es un criterio que contrasta con el del año 2000 citado más arriba.

Esta confusión debe terminar si se aspira a avanzar nuestra transición democrática, a cuidar el uso de nuestros Símbolos Patrios, a fortalecer la cohesión social plasmada en ellos, que tanta falta hace en tiempos presentes, y a evitar prácticas de clientelismo político. Las consecuencias que se derivan de las decisiones antes citadas del Tribunal Electoral son por lo menos dos: la primera es que la única manera de hacer que los colores de la Bandera sean considerados tales cuando se presenten juntos en el emblema de algún partido es establecerlo en la Ley correspondiente; la segunda es que debe romperse la ambigüedad entre la correspondencia de los colores de la bandera, los del gobierno y los de cualquier partido político para disminuir el margen de discrecionalidad cuando se juzgan las intenciones propagandísticas de programas gubernamentales.

En consideración de las razones expuestas, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES Y LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS.

ARTÍCULO PRIMERO: se adiciona un artículo 51 bis a la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para quedar como sigue:

Artículo 51 bis.- Se prohíbe el uso simultáneo de los tres colores de la Bandera, en cualquier combinación y composición, en los emblemas, distintivos y símbolos en general de cualquier partido o agrupación política.

ARTÍCULO SEGUNDO: se reforma el inciso d) del numeral 1 del artículo 25 y se adiciona un inciso h) al numeral 1 del artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos para quedar como sigue:

Artículo 25.-

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a) […]

[…]

d) Ostentar la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por partidos políticos ya existentes ni contener los colores de la Bandera Mexicana en términos de lo dispuesto por el artículo 51 bis de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Artículo 94.-

1. Son causa de pérdida de registro de un partido político:

a) […]

[…]

h) El uso simultáneo de los tres colores de la Bandera en sus emblemas, distintivos y símbolos en términos de lo dispuesto por el artículo 51 bis de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de marzo de 2016.

Sen. Alejandra Roldán Benítez.

1 Enrique Florescano, La bandera mexicana: breve historia de su formación y simbolismo, México: Taurus, 1998, p. 13

2 Ibidem, p.125.

3 Patricia Galeana, “Los símbolos nacionales”, en Derecho y Cultura, núm. 13, enero-abril de 2004, p.126

4 Proceso, 17 de septiembre de 1994.

5 David Recondo, La política del gatopardo. Multiculturalismo y democracia en Oaxaca, México: Ediciones de la Casa Chata, 2007, p. 81.

6 El Universal, jueves 17 de febrero de 2000.

7 Tesis S3EL 059/2002, Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 417-418

8 Proceso, op. cit.

9 Recursos de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador EXPEDIENTES: SUP-REP-83/2015, SUP-REP-87/2015 Y SUP-REP-88/2015, ACUMULADOS

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Roldán Benítez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño del Senador Víctor Hermosillo y Celada.

Senadora, le pregunta el Senador Hermosillo y Celada si acepta que se adhiera a su iniciativa.

Para los mismos propósitos los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Zoé Robledo Aburto, Luisa María Calderón Hinojosa, Héctor David Flores Ávalos, Francisco Salvador López Brito, Luis Humberto Fernández Fuentes, Luis Sánchez Jiménez, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Silvia Guadalupe Garza Galván. Tome nota la Secretaría.





 

Se concede el uso de palabra a la Senadora María Elena Barrera Tapia, a nombre propio y de diversos Senadores, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley de Vivienda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE VIVIENDA

(Presentada por la Senadora María Elena Barrera Tapia, a nombre propio y de los Senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y Víctor Hermosillo y Celada)

La Senadora María Elena Barrera Tapia: Gracias, señor Presidente.



Iniciativa

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, LILIA MERODIO REZA, HILDA FLORES ESCALERA, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL RÍOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS, Y VICTOR HERMOSILLO Y CELADA, Senadores de la República integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE VIVIENDA con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a la vivienda es una garantía constitucional establecida en el artículo 4 de la Carta Magna de nuestro país, que permite el disfrute, a toda familia, de una vivienda digna y decorosa.

A raíz de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, nuestro país ingresó a un nuevo bloque de derechos que son reconocidos por la Constitución, ampliando el catálogo que es protegido por el Estado Mexicano.

En atención a la reforma, el derecho a la vivienda se encuentra reconocido y resguardado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 25 y por el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que asegura que los estados parte deberán realizar las medidas necesarias para que la gente pueda acceder a una vivienda adecuada.

Para poder hacer efectivo el derecho humano a la vivienda, en nuestro país, la Ley de Vivienda estipula diversos órganos como la Comisión Nacional de Vivienda, el Consejo Nacional de Vivienda y la Comisión Intersecretarial de Vivienda, que son organismos encargados de ejecutar y hacer valer la Política Nacional de Vivienda y el Programa Nacional de Vivienda en orden a permitir que toda familia pueda acceder a tener un hogar digno y decoroso.

De los organismos regulados por la Ley de Vivienda destaca la Comisión Intersecretarial de Vivienda, que es la instancia del Ejecutivo Federal encargada de garantizar el cumplimiento de planes y programas de fomento a la vivienda, la cual se encuentra regulada en el artículo 32 de la Ley:

ARTÍCULO 32.- La Comisión Intersecretarial será la instancia de carácter permanente del Ejecutivo Federal que tendrá por objeto garantizar que la ejecución de los programas y el fomento de las acciones de vivienda, se realice de manera coordinada a fin de dar cumplimiento a la Política Nacional de Vivienda.

En específico la Comisión Intersecretarial ha tenido grandes avances en los trabajos que ha realizado para generar Desarrollos Certificados de vivienda, integrado un grupo de trabajo permanente para la promoción de los mismos.

La Comisión Intersecretarial se integra de manera multisectorial abarcando diversas Secretarías de la Administración Pública Federal señaladas en el artículo 33 de la Ley:

ARTÍCULO 33.- La Comisión Intersecretarial será presidida por el titular del Ejecutivo Federal o por quien éste designe y estará integrada por los titulares de las siguientes secretarías de estado:

I. Desarrollo Social;

II. Hacienda y Crédito Público;

III. Medio Ambiente y Recursos Naturales;

IV. Energía;

V. Economía;

VI. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

VII. Comunicaciones y Transportes;

VIII. Educación Pública; IX. Trabajo y Previsión Social;

X. Salud, y

XI. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

A las sesiones de la Comisión Intersecretarial podrán ser invitados a participar otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de acuerdo con los temas de que se trate.

El Presidente de la Comisión Intersecretarial podrá ser suplido en sus ausencias por quien él mismo determine. Los demás integrantes de la Comisión Intersecretarial deberán designar a su respectivo suplente, que será el subsecretario o equivalente que tenga mayor relación con la materia de vivienda.

La Comisión Intersecretarial contará con un Secretario Ejecutivo, que será el titular de la Comisión.

Resulta relevante la integración de la Comisión Intersecretarial dado que es presidida por el titular del Ejecutivo Federal y posteriormente en el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014 se conceptualiza al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano como el presidente de la misma:

Comisión Intersecretarial de Vivienda: instancia de carácter permanente del Ejecutivo Federal que tiene por objeto garantizar que la ejecución de los programas y el fomento de las acciones de vivienda se realice de manera coordinada a fin de dar cumplimiento a la Política Nacional de Vivienda. La Comisión, es presidida por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y se integra por los titulares de las siguientes Secretarías de Estado: Desarrollo Social; Hacienda y Crédito Público; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Educación Pública; y Trabajo y Previsión Social.

Destaca que programáticamente la Comisión Intersecretarial se encuentra presidida por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pese a no entrar en conflicto directo con la norma de la materia, si es necesario uniformar las normas relativas a la Comisión a fin de evitar posibles conflictos normativos.

En casos similares, la presidencia de las Comisiones Intersecretariales de cada ramo específico, a lo largo de la administración federal, se encuentran presididas en su gran mayoría por la Secretaría especializada en la materia a tratar, como por ejemplo:

Ley General de Desarrollo Social

Artículo 51. La Comisión Intersecretarial será el instrumento de coordinación de las acciones del Ejecutivo Federal para garantizar la integralidad en el diseño y ejecución de la Política Nacional de Desarrollo Social. Estará integrada por los titulares de las secretarías de Desarrollo Social, quien lo presidirá; Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Educación Pública; Salud; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; la Función Pública; Trabajo y Previsión Social; Reforma Agraria y Turismo. Podrán ser invitados a participar, con derecho a voz, los titulares de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. El Subsecretario que designe el Titular de la Secretaría será el Secretario Técnico. La Comisión Intersecretarial sesionará cuando menos una vez por bimestre.

Ley General de Cambio Climático

Artículo 45. La Comisión tendrá carácter permanente y será presidida por el titular del Ejecutivo federal, quién podrá delegar esa función al titular de la Secretaría de Gobernación o al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Ley General de Turismo

Artículo 11. La Comisión Ejecutiva de Turismo es una comisión de carácter intersecretarial, que tendrá por objeto conocer, atender y resolver los asuntos de naturaleza turística relacionados con la competencia de dos o más dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, así como fungir como órgano de consulta para los asuntos que la Secretaría considere oportuno poner a su consideración.

La Comisión será presidida por el titular de la Secretaría, quien tendrá voto de calidad, y estará integrada por los subsecretarios que designen los titulares de las dependencias y sus equivalentes en las entidades de la Administración Pública Federal, en los términos de las disposiciones aplicables. Asimismo, podrán ser invitados a participar las principales organizaciones sectoriales de turismo, instituciones de educación superior, representantes de los sectores social y privado, exclusivamente con derecho a voz.

Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados

ARTÍCULO 19.- La CIBIOGEM es una Comisión Intersecretarial que tiene por objeto formular y coordinar las políticas de la Administración Pública Federal relativas a la bioseguridad de los OGMs, la cual tendrá las funciones que establezcan las disposiciones reglamentarias que deriven de esta Ley, conforme a las siguientes bases:

I...

II. La CIBIOGEM tendrá una Presidencia que será rotatoria entre los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud, y cuyo ejercicio, funciones y duración se determinarán en las disposiciones reglamentarias correspondientes. También habrá una Vicepresidencia cuyo titular será el Director General del CONACyT, quien presidirá las sesiones en ausencia del Presidente, coadyuvará con la Comisión y con el Secretario Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones y realizará las actividades que le encomiende la propia CIBIOGEM en los términos que establezcan las disposiciones reglamentarias que deriven de la presente Ley

III a VI…

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos

Artículo 87. La Comisión será presidida por el Secretario de Gobernación. La Secretaría Técnica será ocupada por la persona Titular de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de dicha Secretaría.

Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Artículo 21.- La Comisión Intersecretarial estará integrada por los titulares de la siguientes dependencias del Ejecutivo Federal: a) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cuyo titular la presidirá; b) Secretaría de Economía; c) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; d) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; e) Secretaría de Comunicaciones y Transportes; f) Secretaría de Salud; g) Secretaría de Desarrollo Social; h) Secretaría de la Reforma Agraria; i) Secretaría de Educación Pública; j) Secretaría de Energía; y las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que se consideren necesarias, de acuerdo con los temas de que se trate.

Por tanto, a fin de homologar la Comisión Intersecretarial de Vivienda respecto a las demás comisiones intersecretariales del orden jurídico nacional, la presente iniciativa pretende establecer explícitamente en la Ley de Vivienda que la Comisión Intersecretarial de Vivienda será presidida por el titular del Ejecutivo Federal por medio del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.

Por los argumentos expuestos, los Senadores que suscriben se permiten someter a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE VIVIENDA

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Ley de Vivienda para quedar como sigue:

ARTÍCULO 33.- La Comisión Intersecretarial será presidida por el Titular del Ejecutivo Federal, a través del Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano o por quien éste designe y estará integrada por los titulares de las siguientes secretarías de estado:

I a XI…

….

….

….

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Barrera Tapia. Túrnese a las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX AL ARTÍCULO 15 Y SE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Presentada por el Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Manuel Humberto Cota Jiménez: Gracias, señor Presidente. Muy buenos días, compañeras y compañeros Senadores:

En esta ocasión, hago uso de esta tribuna para presentar ante ustedes una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 15 y 17 de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, en lo referente a la libre determinación de los pueblos indígenas en materia de producción primaria.

Es innegable que en la actualidad la producción de bienes se rige por la ley de la oferta y la demanda, impulsada por el libre mercado en este mundo globalizado.

Ello implica que los ingresos de los productores de dichos bienes dependan de varios factores; los coloca en una libre competencia, no sólo entre productores nacionales, sino además con productores de otros países, en donde la tecnificación de los medios de producción y uso de nuevas tecnologías hacen más productiva la tierra.

Es así que aquéllos que no puedan seguir el juego por los precios en la baja productividad, su baja aplicación de nuevas técnicas o tecnologías, o la baja calidad de sus productos, eventualmente tendrán que salir del mercado.

El gobierno mexicano ha implementado políticas públicas encaminadas a lograr la transición de la producción tradicional a los nuevos métodos de producción, buscando generar las condiciones para tener un campo mexicano cada vez más competitivo.

Pero parece que hablar de la agricultura en nuestros días, es hablar de ciencia y tecnología desde una visión de mercados en este mundo globalizado. No obstante, hay para quienes la agricultura no es un tema de mercados, ni fuente de riqueza económica, para ellos, la innovación se contrapone a su concepción ideológico-cultural de relacionarse con la tierra.

Para los pobladores originarios de nuestro país, la relación con la tierra no es similar a la que nosotros conocemos, tienen formas de vida únicas que guardan una estrecha relación espiritual en el que la naturaleza juega un papel total como ser vivo, más allá de lo que un simple recurso o un objeto de apropiación, dependiendo del pueblo indígena particular del que se trate. Esto puede incluir la preservación de sitios sagrados o ceremoniales, asentamientos o cultivos esporádicos, recolección estacional u otros elementos característicos de la cultura indígena.

En un mundo regido por el libre mercado, la agricultura necesariamente debe tecnificarse para poder producir más y mejor. No obstante a todo ello, la forma en que los pueblos originarios conciben al mundo, muchas veces contrasta con toda esta idea de la producción.

Para ellos, en el respeto a la Tierra como ser vivo radica el equilibrio que sustenta la vida, sus técnicas tradicionales agrícolas van más allá del sistema de producción y se asemeja más a una especie de ritual o ceremonial.

Estas técnicas ancestrales conservadas de manera heroica a lo largo del tiempo forman parte de su historia, de su dignidad y su identidad como pueblos.

En este orden de ideas, la libre determinación de los pueblos no puede estar garantizada en el sentido alguno cuando las propias fuerzas del mercado se esfuerzan a abandonar sus prácticas agrícolas, ellas milenarias y tradicionales, para adoptar otras totalmente basadas en la idea de la Tierra como objeto.

El abandonar su forma tradicional de llevar a cabo la agricultura y abandonar poco a poco el multiculturalismo que nos identifica como mexicanos, careciendo de elementos de identidad que nos hagan diferentes ante el resto del mundo.

De ahí la necesidad de buscar medios para protegerlos más allá de su trascendencia económica o su demanda alimenticia; debemos considerar que estas técnicas van más allá de las formas de producción y son un patrimonio histórico de la nación mexicana.

No basta con simplemente permitir la utilización de técnicas ancestrales, sino que resulta necesario que se establezcan condiciones de paridad en la conducción de nuevas tecnologías y no resulte una transición obligada por la búsqueda de recursos económicos para la subsistencia y se garantice de forma efectiva la conservación de prácticas agrícolas tradicionales.

No podemos ni debemos dejar de lado la vulnerabilidad de los pueblos indígenas; por ello, es indispensable que el Estado incentive a este sector de la población para que cuente con los apoyos necesarios para garantizar la preservación de nuestros orígenes y tradiciones que es lo que nos distingue y da identidad a nuestra nación.

Esta obligación estatal positiva, de adoptar medidas especiales, se acentúa mayormente cuando se trata de los niños y las niñas o de las mujeres indígenas, puesto que su nivel de vulnerabilidad es aún mayor.

Por lo anterior, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar de la siguiente manera:

En su artículo 15. El Programa Especial Concurrente el que se refiere al artículo anterior fomentará acciones en las siguientes materias:

Fracción XIX.- Generar condiciones de equidad social y de mercado, que constituyan una verdadera garantía para el ejercicio del derecho humano a la libre determinación de los productores indígenas que utilicen medios de producción tradicionales. Utilizando para ello estímulos para la utilización de dichas técnicas, apoyo para la colocación en mercados, comercialización nacional e internacional y la promoción y el mantenimiento del precio de los productos obtenidos a través de la utilización de técnicas ancestrales.

Fracción XX. Las demás que determine el Ejecutivo Federal.

En su artículo 17. Se crea el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable como instancia consultiva del gobierno federal, con carácter incluyente y representativo de los intereses de los productores y agentes de la sociedad rural. Este consejo se integrará con los miembros de la Comisión Intersecretarial previstos en el artículo 21 de esta ley, representantes, debidamente acreditados, de las organizaciones nacionales del sector social y privado rural; de las organizaciones nacionales agroindustriales, de comercialización y por rama de producción agropecuaria, y resaltando la inclusión, así como de representantes de productores indígenas; y de los comités de los sistemas producto, instituciones de educación e investigación y Organismos No Gubernamentales, de acuerdo a los temas a tratar, en los términos de las leyes y las normas reglamentarias vigentes. Será presidido por el titular de la Secretaría y operará en los términos que disponga su reglamento interior.

La participación del Consejo Mexicano, junto con la Comisión Intersecretarial, consistirá en la emisión de opiniones y en la coordinación de las actividades de difusión y promoción hacia los sectores sociales representados de los programas, acciones y normas relacionadas con el Programa Especial Concurrente, así como de los sistemas contemplados en la presente ley.
Indudablemente, que es un gran compromiso de los que hoy representamos al federalismo mexicano y, más aún, a los que representamos a los ciudadanos.

Los indígenas de México, indudablemente, no sólo representan origen, representan compromiso para todas y para todos nosotros.

Por su aprobación en su oportunidad, gracias por la venia a este punto que he presentado como iniciativa de ley.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Cota Jiménez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa Huerta.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Poner a consideración del proponente, si admite que me sume a su iniciativa.

El Senador Manuel Humberto Cota Jiménez: Sí, claro.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Pero también quiero felicitarlo por su cumpleaños.

¡Felicidades!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Para el mismo efecto, señor Presidente, para preguntarle al Senador Manuel Cota, si me permite sumarme a esta importante iniciativa.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tome nota la Secretaría de la solicitud del Senador López Brito y del Senador Arturo Zamora Jiménez.

Y esta Mesa Directiva le envía un cordial y afectuoso abrazo al Senador Manuel Cota Jiménez, con motivo de su cumpleaños.

¡Muchas felicidades, Senador Cota Jiménez!

Incorpórese a la iniciativa los Senadores Casillas Romero, Garza Galván, Flores Sánchez, Ramírez Hernández. Tome nota la Secretaría de las distintas solicitudes de incorporación.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Francisco Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia. Muy buen día, compañeras y compañeros Senadores:

Presento ante este Pleno, ante esta Asamblea, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de uso médico y terapéutico de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa o indica y del psicotrópico tetrahidrocannabinol, y sus variantes estereoquímicas, sustancias que tienen su origen en la especie vegetal mejor conocida como marihuana, bajo las siguientes consideraciones:

La sentencia emitida el 4 de noviembre de 2015, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 237/2014, declaró inconstitucionales los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud, los cuales marcan una prohibición expresa al consumo personal de los estupefacientes cannabis sativa y del psicotrópico THC, de sus isómeros y sus variantes estereoquímicas, sustancias que, como ya comentaban, tienen su origen en la especie vegetal antes señalado.

En estas circunstancias, corresponde al Poder Legislativo realizar las adecuaciones necesarias, y para ello esta Soberanía convocó a una serie de audiencias públicas, para las alternativas de la regulación de la marihuana, las cuales estuvieron acompañadas de diversos especialistas, académicos, autoridades y expertos en la materia, a través de las cuales se permitió contar con una diversidad de opiniones y posiciones, argumentos a favor y en contra, que contribuyen a tener una información más precisa para tomar decisiones en materia de regulación, audiencias en las que la Comisión de Salud de la que soy integrante nos tocó participar.

Pero actualmente lo que más apremia nuestro país, es dar prioridad a la revisión del uso médico y terapéutico de los derivados farmacológicos de la cannabis y del psicotrópico tetrahidrocannabinol y sus derivados, que puedan acarrear beneficios a muchos pacientes con diversos padecimientos y que viven ajenos a esta oportunidad, en razón de que la posesión de estas sustancias se encuentra prohibida y hasta criminalizada por las diferentes razones.

Es importante atender el tema de las adicciones, tanto para el farmacodependiente como para el consumidor y así no sea tratado como un delincuente, debe proceder a la investigación y persecución de los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Actualmente existe la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato y para el caso de la cannabis sativa o indica ya hay dosis establecidas.

De la misma manera, en esta reforma se estableció la obligación de las dependencias y entidades de la administración pública en materia de salubridad general tanto federales como locales a crear centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación para farmacodependientes, con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión del paciente.

Es, por lo tanto, que el Estado mexicano se ha preocupado por proporcionarle a los farmacodependientes un tratamiento más justo, al considerar un problema que siempre ha existido, como un fenómeno que se manifiesta de uso habitual de estupefacientes y psicotrópicos, de los que los adictos se les dificulta y por ley se estableció la obligación para la Secretaría de Salud de elaborar un Programa Nacional para la Prevención y Tratamiento de la Farmacodependencia.

Por otra parte, tomando en cuenta que se han manifestado muchos pacientes que requieren del suministro de estas sustancias, como el cannabidiol y derivados del tetrahidrocannabinol, sustancias que tienen propiedades terapéuticas como antiinflamatorios, en la enfermedad de la esclerosis múltiple, en trastornos neuroinflamatorios como anticonvulsivos y antieméticos en terapias de apoyo en la lucha contra las diversas formas de dolor, como en el cáncer; antipsicótico, ansiolítico y antioxidante, como inductores del sueño.

Y aunado a lo anterior de estos usos terapéuticos, el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que todo uso de productos farmacéuticos a base de estas sustancias está permitido por las convenciones internacionales, además sostiene que los Estados no tienen por qué impedir la circulación y la utilización de estos derivados como medicamentos que pueden aportar un beneficio a quien hoy está enfermo o sufre; por el contrario, sostienen que este tipo de productos merecen tener el máximo acceso y la máxima protección por parte del Estado.

En este sentido, debemos de tomar en cuenta que existe una buena parte de la población que padece parte de las enfermedades señaladas y otra más, y que requieren de estos medicamentos.

Ahora bien, en este tenor es indispensable iniciar con algunos cambios legislativos en la Ley General de Salud, que permitan dar atención a los enfermos que requieran de estas terapias alternativas para aminorar sus padecimientos, modificando la Ley General de Salud al suprimir la prohibición farmacológica. Daremos margen para que la Secretaría de Salud, a través de una Norma Oficial Mexicana, señale las especificaciones, características o prescripciones que deberán de tener los medicamentos derivados de la cannabis sativa o indica y el psicotrópico THC, que permitan proteger la salud de las personas.

Por lo anterior, dando continuidad y complementariedad a diversas iniciativas presentadas en este tema por diversos legisladores, ante la Cámara de Diputados y este Senado, y derivado, desde luego, de las audiencias públicas recientemente concluidas, se promueve la siguiente iniciativa con el objeto de asegurar la correcta utilización de los derivados farmacológicos del estupefaciente cannabis sativa o indica y del psicotrópico THC y sus variantes estereoquímicas que tienen su origen en la especie vegetal mejor conocida como mariguana.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de uso medicinal y terapéutico de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa o indica y del psicotrópico THC y sus variantes estereoquímicas, bajo las siguientes consideraciones:

El Artículo Primero. se agrega la Ley General de Salud.

Artículo 3o. En términos de esta ley, es materia de salubridad general:

Se adiciona en su fracción XXI: Así como regular el uso medicinal y terapéutico de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa o indica y del psicotrópico THC y sus variantes estereoquímicas.

La fracción XII. Diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal y terapéutico de los derivados farmacológicos ya señalados.

En el artículo 13, fracción X. Diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal y terapéutico de los derivados farmacológicos antes señalados.

En el artículo 112, fracción III, se adiciona: Riesgos sobre el uso terapéutico de los derivados farmacológicos ya señalados.

Artículo 128, fracción VII. La venta de medicamentos para uso terapéutico de los derivados farmacológicos ya señalados y sus variantes estereoquímicas, así como su investigación y producción por laboratorios en la República Mexicana.

Artículo 237, se adiciona: Los derivados no farmacológicos de la cannabis sativa o indica y del psicotrópico THC.

Artículo 290, se adiciona: Y en especial los derivados farmacológicos de cannabis sativa y los otros ya señalados anteriormente.

Fracción II, de este mismo artículo, se adiciona: De los derivados farmacológicos ya señalados.

El artículo 295, también se adiciona: De los derivados farmacológicos ya antes mencionados.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud tendrá noventa días, a partir de la publicación del Decreto, para emitir la Norma Oficial Mexicana correspondiente, y poder hacer efectivas las disposiciones sobre el uso medicinal y terapéutico de los derivados farmacológicos de las sustancias ya señaladas.

Tercero. La Secretaría de Salud tendrá hasta un año, a partir de la publicación de este Decreto, para emitir la Norma Oficial correspondiente, para la investigación que conlleve a la producción en laboratorios nacionales de los productos y derivados farmacológicos de las diferentes variedades de la cannabis para su uso terapéutico en la República Mexicana.

Le pido, señor Presidente, que el texto íntegro de esta iniciativa se inserte en el Diario de los Debates.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Insértese íntegramente en el Diario de los Debates. Senador López Brito, ¿aceptaría me incorpore a su iniciativa como suscribiente?

El Senador Francisco Salvador López Brito: Por supuesto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador López Brito.

Sonido en el escaño de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Si el Senador López Brito me permite suscribirme a su iniciativa.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Acepta la incorporación de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa?

El Senador Francisco Salvador López Brito: Claro que sí, con gusto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tome nota la Secretaría.

Sonido en el escaño de la Senadora Leticia Martínez Elizondo.

La Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo: (Desde su escaño) Igualmente, le pido si me puedo suscribir.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Acepta, Senador López Brito?

El Senador Francisco Salvador López Brito: Por supuesto que sí.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Incorpórese a la Senadora Martínez Elizondo como suscribiente de la iniciativa. La Senadora Martha Tagle Martínez, para el mismo propósito, tome nota la Secretaría. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Economía Social y Solidaria, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Sociedades Cooperativas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LA LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y LA LEY DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

(Presentada por el Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

El tema que hoy voy a abordar es el relacionado a la economía social y solidaria, es un tema que para las y los legisladores de derecha y de extrema derecha les parece un tema olvidado, rebasado; sin embargo voy a demostrarles que no es así y que incluso, incluso netamente capitalistas, tienen a esta economía social y solidaria como un pilar de su economía.

En México, el sector social de la economía se reconoce formalmente desde 1983, cuando se reforma el artículo 25 constitucional. Ahí y en su Ley Reglamentaria, la Ley de la Economía Social y Solidaria, se establecen como Organismos del Sector Social de la Economía a los ejidos, las comunidades, las organizaciones de trabajadores, las sociedades cooperativas y a las empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores, así como en general todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

El concepto general de la economía social involucra diversos principios tales como la primacía de las personas y los trabajadores sobre los intereses del capital. El beneficio colectivo de sus miembros y de su comunidad; la adhesión voluntaria y la autonomía de gestión, así como la deliberación y toma de acuerdos a través de procesos democráticos. Se trata, pues, de relaciones de cooperación, solidaridad y reciprocidad en el marco de actividades económicas productivas.

Desde el año 2012, con la publicación de la Ley de la Economía Social y Solidaria, se creó el Instituto Nacional de la Economía Social, responsable de instrumentar las políticas públicas de fomento al sector social de la economía como uno de los pilares del desarrollo económico del país. Ese era su objetivo.

Sin embargo, quienes desde hace más de 3 décadas orientaron y sometieron el desarrollo nacional a la rectoría del Estado en favor de los intereses monopólicos y oligopólicos globalizadores, a través del consenso de Washington, sabían que dicha estrategia concentraría la riqueza y generaría severas desigualdades e inequidades socioeconómicas, tanto entre países como entre clases sociales, de manera que diseñaron una política y un sistema asistencial supuestamente para combatir esa pobreza generada, pero en realidad para evitar que la inconformidad social se desbordara.

Más aún, en el contexto de una cultura corporativista y de partido hegemónico autoritario, pronto se reveló que esa política asistencialista también estaba destinada a ser utilizada con fines políticos y electorales, además de ser un instrumento ideal para la opacidad y la corrupción. Es decir, la política neoliberal degrada las condiciones existenciales de los ciudadanos y luego los retribuye con limosnas, mediante un cinismo que además exige agradecimientos y lealtades.

En el año 2014, tanto el CONEVAL como el INEGI difundieron informes de resultados en los que claramente se advierte la extrema, histórica y progresiva brecha de desigualdad y pobreza que desde hace cuatro décadas prevalece en México, a pesar de los miles de programas y de los miles y miles de millones de pesos que se han invertido para combatirla y superarla. En la iniciativa que presenté el 23 de abril de 2015 para garantizar constitucionalmente el Ingreso Básico Ciudadano, se incluye un diagnóstico exhaustivo referido a estos temas.

El fracaso de tal estrategia y el descontento social son tan evidentes, que el 17 de febrero de este año, el titular del Ejecutivo Federal convocó de manera urgente a los titulares de las Secretarías del gabinete que integran el capítulo denominado: “México incluyente”, para que, de una vez por todas y para siempre, se ponga fin a las políticas asistencialistas y se impulse la productividad social. Peña Nieto, dándoles instrucciones para que impulsen la productividad social.

Desde hace décadas, la izquierda mexicana ha propuesto innovar políticas públicas para revertir esta situación con el objetivo de cambiar los 2 paradigmas sobres los que se han sustentado la economía capitalista de los siglos XX y XXI, y que México ha llevado a cabo con disciplina absoluta: el estatismo y el neoliberalismo.

Nuestra propuesta ha sido la de impulsar la economía desde la autogestión de los trabajadores, una economía social y colaborativa e idónea para generar empleos formales y dignos de manera que la desigualdad y la pobreza sean combatidas y superadas estructuralmente, y no desde una visión asistencial, ineficaz, financieramente derrochadora y políticamente perversa que ha seguido nuestro país desde 1989.

Impulsar la economía social, garantizaría el crecimiento del Producto Interno Bruto y contribuiría a generar los equilibrios regionales e intersectoriales, abordando así las causas de los problemas estructurales de la macroeconomía, desde una visión orgánica que promueva un desarrollo social, justo y equilibrado.

Es importante recordar que la economía social pretende cimentar relaciones de producción, distribución, consumo y financiamiento fundamentadas en la justicia, cooperación, reciprocidad y autogestión, situando a los trabajadores en el centro del sistema económico al servicio de su bienestar.

Veamos cómo en otros países capitalistas ha dado un resultado completamente distinto mediante la economía social solidaria.

En la Unión Europea, da empleo a 14 millones de personas, lo que representa el 6.5 por ciento de la población ocupada.

En países como Suecia, Bélgica, Italia, Francia y los Países Bajos, las personas empleadas en el sector social de la economía, representan entre el 9 por ciento y el 11.5 por ciento de la población ocupada.

En países como Kenia, la economía social representa el 45 por ciento del Producto Interno Bruto y en Nueva Zelanda representa el 22 por ciento del mismo.

Hay que recordar que dentro de la economía social se ubican a las sociedades cooperativas, y tenemos estos ejemplos a nivel internacional, la producción lechera en Noruega, Nueva Zelanda y los Estados Unidos proporcionan entre el 80 y el 90 por ciento de la producción mediante las cooperativas. La actividad pesquera en Corea es de cooperativas mayoritariamente y representa el 71 por ciento de la producción; el 40 por ciento de la agricultura en Brasil lo genera la economía social; el 24 por ciento del sector salud en Colombia está en manos de este sector de la economía.

En cuanto a los socios comerciales de México citaremos el caso canadiense, ahí el 7.8 por ciento del Producto Interno Bruto lo generan las cooperativas y emplean el 11 por ciento de la población económicamente activa. El Banco Cooperativo, el más grande de Canadá, facturó casi 13 mil millones de dólares.

En los Estados Unidos las cooperativas facturaron 662 mil 23 millones de dólares, algo así como el 3.9 por ciento del PIB.

Así tenemos que en el sector salud las cooperativas líderes facturaron 7.35 millones de dólares; la cooperativa de seguros más fuerte reportó más de 57 mil millones de pesos, eso, insisto, aquí en el vecino país del norte.

En Brasil el cooperativismo representa el 6 por ciento del Producto Interno Bruto. En contraste, en México, de acuerdo al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, la inversión real del gasto total federal no llega ni al 1 por ciento.

En México nos hemos empeñado en debilitar a la economía social: primero, la reforma a los artículos 28 y 123 de 1990 para acabar con la banca pública y debilitar la banca social. A esto sumamos la reforma agraria del salinato que debilitó al ejido y la economía campesina sustentada en la propiedad ejidal y comunal.

A esta hay que añadir la reforma a la Ley de Sociedades Cooperativas de agosto de 1994 que afectó rotundamente a este tipo de organizaciones. Es decir, mientras todo el mundo ve por la economía social, en México, y lo ven como una herramienta de las principales economías del mundo, en México vamos en sentido completamente opuesto.

Para que la economía social tenga el peso que debe tener, para colocarla al tú por tú con los sectores público y privado, para cumplir realmente con el mandato constitucional, es imperativo e indispensable impulsar una alternativa que garantice planificar, integrar y regular una política programática y un sistema público, tanto a nivel federal como a los órdenes estatales y municipales, con un financiamiento suficiente, fortalecido, además, por una sólida banca social y popular.

Para lograr tal objetivo y después de realizar un balance de las extremas limitaciones de la actual política destinada a la economía social, no tenemos ni la menor duda que dicha realidad exige la creación de una institución de la administración pública centralizada dedicada exprofeso a tal cometido, esto es la creación de la Secretaría de Economía Social y Solidaria.

El financiamiento de la nueva Secretaría, no constituye un esfuerzo presupuestal adicional a los recursos que el Estado mexicano ya destina a diversas instituciones que invierte en el sector actualmente, por lo que será el Congreso de la Unión quien analice y determine el financiamiento definitivo de la nueva institución. De esta forma, la Secretaría de Economía tendría a su cargo sólo a las empresas del sector privado cuyo objetivo económico es diametralmente opuesto a las del sector social, en tanto que éstas últimas estarían bajo la potestad y fomento a la Secretaría de Economía Social y Solidaria.

Es el momento de transitar hacia otro paradigma, de atacar a fondo las causas de una problemática que generan las desigualdades y de apostar a satisfacer las apremiantes necesidades sociales, promoviendo los cambios estructurales para avanzar en la construcción de una sociedad de bienestar social, regida por un estado social, democrático y de derecho.

De acuerdo a lo anterior, pongo a su consideración la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Economía Social y Solidaria, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Sociedades Cooperativas, para crear la Secretaría de Economía Social y Solidaria.

Muchas gracias.

Iniciativa

Luis Sánchez Jiménez, Senador de la República del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I del Reglamento del Senado de la República y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LA LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y LA LEY DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, PARA CREAR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Frente a la propiedad privada existen otras formas de propiedad que determina de manera puntal el artículo 27 de nuestra Constitución, la propiedad colectiva social y la propiedad pública del Estado.

La sectorización de la economía, tal y como está regulada en el artículo 25 Constitucional (sector público, social y privado), se deriva de la forma en que se determina el control de la tierra, el capital y los medios de producción. El sector social de la economía se caracteriza en razón de que estos son propiedad social de la clase trabajadora.

Frente a la propiedad privada y la propiedad pública, se encuentra la propiedad social, cuyo objeto central es liberar a los trabajadores de las relaciones capital trabajo y burocracia trabajo, mediante la autogestión económica. El sistema de organización de empresa social, en el que los trabajadores determinan las decisiones de desarrollo o funcionamiento económico. La autogestión desplaza al capital privado que genera relaciones de explotación y al capital público que construye relaciones paternalistas y burocráticas.

La naturaleza jurídica de la propiedad social deviene del Constituyente de 1917 de Querétaro que estableció en el artículo 27 de la Carta Magna, que la propiedad de la tierra y aguas comprendidas dentro del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación y no al Estado o a los individuos en particular. El significado social de esta decisión política fundamental en el texto de 1917, implica que dentro de nuestro Estado de Derecho, la propiedad en origen es colectiva y no privada o estatal. Nación es un concepto sociológico que implica a la comunidad social que adquiere una identidad cultural. La Nación es el pueblo y es a ella que en forma común y colectiva le corresponde antes que a nadie la propiedad de las tierras y aguas: el derecho a la tierra y el derecho al agua.
La existencia del derecho social, de un derecho económico social contrapuesto a los derechos público y privado (derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a un desarrollo urbano equilibrado y el derecho a la propiedad social y colectiva del sector social), está en la declaración de los Derechos Sociales del Hombre y del Ciudadano de nuestra Constitución de 1917, tal y como lo señalaran los Diputados Constituyentes Alfonso Cravioto y Pastor Roix.

Para nuestro régimen jurídico hay tres formas de propiedad, la pública o del Estado, la colectiva o social y la privada: el sector público, el sector privado y el sector social. La propiedad social está representada por los ejidos, las organizaciones de trabajadores, las comunidades, las cooperativas y las empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores.

Entre las personas y entre los pueblos, la independencia y la libertad reales existen, cuando la propiedad de los medios de producción les pertenecen a los trabajadores. Una de las particularidades de mayor relevancia del sector social de la economía, es su carácter democrático económico, que pone en el centro de la productividad la calidad de vida y no la ganancia económico especulativa.

En el entorno global, la tasa promedio del crecimiento económico de México en los últimos 35 años no es de lejos suficiente para resolver las crecientes necesidades sociales, sea por la vía de las actividades económicas del sector público como del privado, con todo lo que ello implica.

Así, desde hace décadas el país atraviesa por una parálisis macroeconómica y socialmente regresiva, resultado de un desequilibro entre los intereses del mercado financiero y oligopólico cada vez más desregulado, en menoscabo del interés público y que atenta contra la garantía del bienestar de la población, con empleos escasos y precarios, inestabilidades sectoriales y regionales, desigualdad, pobreza y migración crecientes.

En el año 2014, tanto el CONEVAL como el INEGI difundieron informes de resultados en los que claramente se advierte la extrema, histórica y progresiva brecha de desigualdad y pobreza que desde hace casi cuatro décadas prevalece en México, a pesar de los miles de programas y los miles y miles de millones de pesos que se han “invertido” para combatirla y superarla. En la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que presenté el 23 de abril de 2015 para garantizar constitucionalmente el Ingreso Básico Ciudadano (IBAC) como instrumento para reducir la desigualdad y la pobreza, ajustando el gasto asistencial para su financiamiento, se incluyó un diagnóstico exhaustivo referido a estos temas.

Las estadísticas principales indican que en el periodo 2012-2014, se sumaron dos millones de pobladores a la pobreza, un promedio de 2 700 cada día, para un total de 55.3 millones de personas en ese lapso.

El porcentaje de la población en situación de pobreza pasó de 45.5% en 2012 a 46.2% en 2014. Y aunque se registran 87 000 pobres extremos menos, para transitar del 9.85% al 9.5%, es importante precisar que eso no es para festejar, pues vamos a la baja en el logro de resultados, si consideramos que en el periodo 2010-2012, la reducción fue de 1.4 millones de personas en dicha situación. A mayor abundancia, la inequidad, la desigualdad y la pobreza extrema prevalecen en la región Sur-Sureste del país: en Chiapas tres de cada cuatro personas son pobres (76.2%) y casi un tercio de la población se encuentra en pobreza extrema; en Oaxaca el 66.8%, en Guerrero el 65.2% y en Puebla, 64.5%.

Por cuanto a los ingresos se refiere, los resultados son los siguientes: el ingreso corriente per cápita es 9.3% inferior al de hace 23 años, pues en 1992 el ingreso mensual per cápita era de 3322 pesos; mientras que en 2014 es de 3 015 pesos. Más aún: mientras que en 1992 la población con ingresos por debajo de la línea de bienestar era de 53.1%, en 2014 se incrementó al 53.2%. Por otra parte también se registra que en 2014, el 64% de los asalariados recibió un ingreso igual o menor a dos salarios mínimos. Y de quienes ganan un salario mínimo, el 58% son pobres y el 12% son pobres extremos. A su vez, de quienes reciben dos salarios mínimos, 42.3% son pobres moderados y 4% son pobres extremos. Es decir, se trata de dos millones de hogares en donde viven diez millones de personas, que representan la quinta parte del total de pobres que ganan salarios menores a 140 pesos diarios. A ello debe agregarse que la población excluida del mercado de trabajo formal se suma a la población de trabajadores excluidos del sistema de derechos laborales.

De acuerdo con el "Diagnóstico de desarrollo regional: México", de la OCDE, México es el único país latinoamericano que registra una tendencia regresiva en materia de reducción de la pobreza, debido a la reducida tasa de crecimiento de la economía y la desigual distribución de los ingresos.

Por cuanto a la desigualdad se refiere, México se ubica en el 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. Así, mientras la pobreza aumentó, la riqueza de los millonarios en el país se incrementó un 32% entre 2007 y 2012. Así y de acuerdo con el Global Wealth Report 2014, el 10% más rico concentra el 64.4% de toda la riqueza del país.

Quienes desde hace más de tres décadas orientaron y sometieron la rectoría del Estado en favor de los intereses monopólicos y oligopólicos globalizadores, a través del Consenso de Washington, sabían que dicha estrategia concentraría los beneficios y generaría severas desigualdades e inequidades socioeconómicas, tanto entre países como entre clases sociales, de manera que diseñaron una política y un sistema asistencial supuestamente para combatir la pobreza pero en realidad para evitar que la inconformidad política se desbordara.

Más aún en el contexto de una cultura corporativista y de partido hegemónico autoritario, pronto se reveló que esa política asistencialista también estaba destinada a ser utilizada con fines políticos y electorales, además de ser un instrumento ideal para la opacidad y la corrupción.

Veámoslo así: la política neoliberal degrada las condiciones existenciales de los ciudadanos y, luego, los retribuye con limosnas, mediando un cinismo que además exige agradecimientos y lealtades. Se crean pobres con la derecha y los maicean con la izquierda.

La pregunta es, ¿cuáles estrategias y políticas públicas deben innovarse para revertir esta situación? La respuesta es cambiar los dos paradigmas sobre los que se ha sustentado la economía capitalista de los siglos XX y XXI, y que México ha llevado a cabo con disciplina absoluta: El Estatismo y el Neoliberalismo.

Se trata de impulsar la economía desde la autogestión de los trabajadores, una economía social y colaborativa, indiscutible garante de la inversión de capital bruto fijo nacional, para producir mercancías, bienes y servicios orientados a satisfacer las necesidades básicas que demandan los más de 50 millones de pobres que saturan el mercado interno, y a la vez idónea para generar empleos formales y dignos, de manera que la desigualdad y la pobreza sean combatidas y superadas estructuralmente y no desde una visión asistencialista ineficaz, financieramente derrochadora y políticamente perversa que ha seguido nuestro País desde 1989.

Al respecto un hecho resulta revelador y contundente: el auge de la economía social es mundial, y se calcula que representa entre el 5% y el 10% del PIB global1. Es decir, es tan eficiente, productiva y competitiva como la de los sectores de las empresas privadas o públicas, con el agregado de que su objeto no es la acumulación de capital sino la calidad de vida.

Así, las cooperativas ejemplifican la importancia de la Economía social, pues a nivel mundial cuentan con casi mil millones de socios y generan más de 100 millones de empleos, o sea un 20% más que las firmas multinacionales (2012) y garantizan el sustento de cerca de un cuarto de la población del mundo. Las ventas anuales de las 300 empresas cooperativas más grandes del mundo suman 1.1 trillones de dólares. (De acuerdo al INEGI el PIB de México en 2013 fue de poco más de 16 billones de pesos)2.

Ejemplos:

• El Ministerio de la Economía Social de Francia promueve a 200 mil empresas que generan dos millones de empleos y el 10% del PIB3.

• En España hay más de 42.680 empresas que generan más de 2.560.000 empleos, con una facturación que representa algo más del 12% del PIB. Más de 15.000.000 de personas están vinculadas a alguna entidad de Economía Social4.

• A su vez, según datos oficiales de Instituto de Estadística de Italia, el tercer sector genera anualmente el 14% del PIB y 700.000 empleos, con 4.7 millones de voluntarios. En total, hay 351.000 organizaciones, de las cuales 301.000 son entidades non profit (sin fines de lucro) y más de 50.000 son empresas cooperativas5.

• En Alemania y Holanda, representan el 22% y 25% del mercado, respectivamente6.

A su vez, de acuerdo con un diagnóstico del Instituto Nacional de la Economía Social y Solidaria (INAES), el Diario Oficial de la Federación7 consigna que: […]

El papel de la economía social en Europa es relevante en términos sociales y económicos, pues proporciona empleo remunerado a más de 14.5 millones de personas, cerca del 6.5% de la población ocupada de los países que integran la Unión Europea (UE) y aproximadamente el 7.4% de la de los antiguos 15 países miembros de la UE.

En países como Suecia, Bélgica, Italia, Francia y los Países Bajos, las personas empleadas en el Sector Social de la Economía representan entre el 9% y el 11.5% de la población ocupada. En el periodo 2002-2010, el empleo generado por el Sector Social de la Economía en los 15 países fundadores de la UE tuvo un crecimiento global de 25.1%. Los efectos de la crisis de 2008-2012 sobre el empleo en Europa han sido en general más moderados en la economía social que en las empresas privadas tradicionales.

En Italia, los niveles de empleo en el conjunto de la economía social continuaron aumentando en 2010 y 2011. Esto ha quedado patente especialmente en las grandes empresas: las 106 mayores cooperativas sociales italianas pasaron de tener más de 75 mil empleados en 2008 a más de 81 mil en 2009 y a 84 mil en 2010.

En España, país europeo con la mayor tasa de desempleo, el empleo en las cooperativas cayó un 9% entre 2008 y 2012, mientras que el empleo asalariado en el sector privado cayó un 19%.

La importancia de la economía social en la UE ha crecido de tal forma que en octubre de 2011 se publicó una nueva Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada “Iniciativa en favor del emprendimiento social. Construir un ecosistema para promover las empresas sociales en el centro de la economía y la innovación sociales”.

A nivel global, la aportación que hacen las cooperativas al PIB de distintos países es relevante. Encontramos que la mayor proporción corresponde a Kenia con el 45%, seguido por Nueva Zelanda con el 22%.

Por otra parte, las cooperativas siendo una de las figuras más identificadas de la economía social aportan entre el 80 y el 99% de la producción lechera en Noruega, Nueva Zelanda y los Estados Unidos; el 71% de la actividad pesquera en Corea, el 40% de la agricultura en Brasil, el 25% del ahorro en Bolivia, el 24% del sector de la salud en Colombia, el 55% del sector de ventas al menudeo en Singapur, el 36% en Dinamarca y el 14% en Hungría.

Por lo que respecta a los socios comerciales de México en el TLCAN, destaca que en Canadá las cooperativas representan 7.8% del PIB (mayor que el sector automotriz o manufacturero), empleando alrededor del 11% de la población económicamente activa. El banco cooperativo más grande de Canadá facturó casi 13 mil millones de dólares estadounidenses.

En los Estados Unidos se registra el mayor movimiento global de facturación de las cooperativas, con 662.23 mil millones de dólares, cifra aproximada al 3.9% del PIB total de ese país. Las operaciones más grandes se encuentran en el sector de servicios de salud donde las dos cooperativas líderes facturaron 7.35 mil millones de dólares en 2013. La cooperativa de seguros más grande facturó más de 57 mil millones y los cinco mayores bancos cooperativos sumaron facturaciones por más de 16 mil millones de dólares. En la región Latinoamericana destaca Brasil, donde el cooperativismo representa el 6% del PIB. Con estas magnitudes económicas, es posible constatar que el modelo de la Economía Social ha consolidado ejes de desarrollo fundamentales en varias economías del mundo, especialmente en las más desarrolladas, las cuales cuentan con marcos de equidad económica más favorables8.

Evidentemente, en muchos de los citados ejemplos existen instituciones, sistemas, políticas y financiamiento público de gran envergadura. Ese no es el caso de México, pues tanto las políticas públicas como el financiamiento para impulsar las actividades de la economía han sido, a propósito, no sólo olvidadas sino combatidas en beneficio del sector privado.

En este sentido, históricamente destacan los siguientes eventos: la reforma constitucional a los artículos 28 y 123 de 1990 para eliminar la banca pública y debilitar la banca social. La Reforma Agraria impulsada en 1992, con el objetivo de privatizar y comercializar la propiedad de la tierra, debilitando la economía campesina sustentada en la producción ejidal y comunal. Y la reforma a la Ley de Sociedades Cooperativas de 1994 que afectó severamente a dichos organismos, entre otras.

De acuerdo con lo anterior, es lógico que la inversión real en sector social sea de menos del 1% del gasto total federal, según datos estadísticos presentados en un exhaustivo estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica (CESOP) de la Cámara de Diputados.

La inversión real en sector social es de menos del 1% del gasto total federal, según datos estadísticos presentados en un exhaustivo estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica (CESOP) de la Cámara de Diputados.

Impulsar la economía social, garantizaría el crecimiento del Producto Interno Bruto y contribuiría a generar un valor social agregado, a través de la creación de empleos, la cohesión social, la reconstrucción del tejido social, la democracia directa, la innovación social, el desarrollo comunitario, los equilibrios regionales e intersectoriales, abordando así las causas de los problemas estructurales de la macroeconomía, desde una visión orgánica y no asistencialista, que promueva un desarrollo social más justo y equilibrado.

Así, para que la economía social tenga el peso que debe tener, para colocarla en igual magnitud a los sectores público y privado, para cumplir realmente con el mandato constitucional, es imperativo e indispensable impulsar una alternativa que garantice planificar, integrar y regular una política programática y un sistema público, tanto al nivel federal como en los órdenes estatales y municipales, con un financiamiento suficiente, fortalecido además, por una sólida banca social y popular.

Es importante recordar que la Economía Social pretende cimentar relaciones de producción, distribución, consumo y financiamiento fundamentadas en la justicia, cooperación, reciprocidad y autogestión, situando a los trabajadores en el centro del sistema económico, al servicio de su bienestar.

Para logar tal objetivo y después de realizar un balance de las extremas limitaciones de la actual política destinada a la economía social, no tenemos ni la menor duda que dicha realidad exige la creación de una institución de la administración pública centralizada dedicada exprofeso a tal cometido: la Secretaría de Economía Social y Solidaria.

La creación de esta nueva Secretaría supone un cambio más profundo al realizado el año pasado mediante el Decreto publicado el 30 de diciembre de 2015, en el Diario Oficial de la Federación, que adicionó, entre otros cambios, las fracciones XIV y XV al artículo 32 de la Ley de la Administración Pública Federal, aumentando la competencia de asuntos de la Secretaría de Desarrollo Social y trasladó a ésta el órgano administrativo desconcentrado denominado Instituto Nacional de la Economía Social, que anteriormente dependía de la Secretaría de Economía.

La actual situación económica y social de nuestro país hace necesario avanzar en la concepción tradicional de la administración pública, de mantener a la economía social en la esfera de la economía en general, o bien, como apéndice de la política de desarrollo social. Es necesario establecer que la economía social es una función sustantiva del Estado en los términos establecidos en el párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución, que el mejor cumplimiento de lo ahí señalado requiere elevar a rango de Secretaría a la institución de la administración pública federal responsable, concentrando las atribuciones que en la actualidad se encuentran dispersas en diferentes instancias.

El financiamiento de la nueva Secretaría, no constituye un esfuerzo presupuestal adicional a los recursos que el Estado mexicano ya destina a diversas instituciones que invierten en el sector actualmente, por lo que será el Congreso de la Unión quien analice y determine el financiamiento definitivo de la nueva institución. De esta forma la Secretaría de Economía tendría a su cargo sólo a las empresas del sector privado cuyo objeto económico es diametralmente opuesto a las del sector social, en tanto que estas últimas estarían bajo la potestad y fomento de la Secretaría de Economía Social y Solidaria.

Es el momento de transitar hacia otro paradigma, de atacar a fondo las causas de una problemática que genera las desigualdades y de apostar a satisfacer las apremiantes necesidades sociales, promoviendo los cambios estructurales que sean necesarios y avanzar en la construcción de una sociedad de bienestar social, regida por un Estado Social, Democrático y de Derecho.

De acuerdo con lo anterior, pongo a su consideración la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1.- Se reforman los artículos 26, 32, 32 bis y 34, y se adiciona un artículo 34 bis, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

...

...

Secretaría de Economía Social y Solidaria, y

...

Artículo 32…

I. a XIII. ...

XIV. derogado;

XV. derogado, y

XVI. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 32 Bis.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XXXIV. Elaborar y aplicar en coordinación con las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Economía Social y Solidaria; de Turismo; de Desarrollo Social; de Gobernación; de Marina; de Energía; de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de Relaciones Exteriores, las políticas públicas encaminadas al cumplimiento de las acciones de mitigación y adaptación que señala la Ley General de Cambio Climático;

Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

IX.- Participar con las Secretarías de Economía Social y Solidaria, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población;

Artículo 34 bis.- A la Secretaría de Economía Social y Solidaria corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Regir las políticas públicas orientadas al fomento, desarrollo, promoción y financiamiento de la Economía Social y Solidaria.

II. Fomentar y propiciar la organización del sector social para generar las condiciones favorables para su crecimiento y consolidación, conforme a lo dispuesto por el artículo 25 de la Constitución y mediante el establecimiento del Programa de Expansión y Fomento a la Economía Social y Solidaria;

III. Aplicar las disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria;

IV. Participar en la elaboración, consecución y verificación del Plan Nacional de Desarrollo, en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades económicas que desarrollen los Organismos del Sector Social de la Economía;

V. Ser órgano consultivo del Estado en la formulación de políticas relativas al Sector Social de la Economía, en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables;

VI. Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas, planes, programas, estrategias y proyectos de la economía social y solidaria.

VII. Realizar estudios, investigaciones y la sistematización de información que permitan el conocimiento de la realidad de los Organismos del Sector Social y de su entorno, para el mejor cumplimiento de su objeto;

VIII. Promover la consolidación empresarial y el desarrollo organizacional de las diversas formas asociativas que integran el Sector Social, para lo cual establecerá un Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Especializada, mediante el diseño de su propia metodología, la firma de convenios de coordinación y colaboración con las dependencias de la Administración Pública Federal, así como con dependencias de las Entidades Federativas, Municipios y universidades e instituciones de educación superior;

IX. Brindar asistencia técnica, asesoramiento, capacitación y créditos para el financiamiento de proyectos productivos, comerciales o de servicios en la economía social.

X. Proponer políticas, directrices, lineamientos, normas, instrumentación técnica y jurídica para garantizar el desarrollo y la promoción en el ámbito de su competencia.

XI. Promover la articulación de las políticas con organismos públicos, privados y organizaciones sociales para fomentar las redes de la economía sociales.

XII. Elaborar y mantener actualizado el catálogo de los diferentes tipos de Organismos del Sector Social, teniendo en cuenta los principios, valores y fines establecidos en la Ley de la Economía Social y Solidaria;

XIII. Desarrollar los Programas y Proyectos de la Cartera de Inversiones e instituir y cumplir los indicadores de desempeño.

XIV. Establecer el Observatorio del Sector Social de la Economía, que sirva como herramienta para la sistematización de las experiencias nacionales del Sector;

XV. Publicar anualmente un compendio de información básica vía digital e impresa sobre los Organismos del Sector, que incluya a todos aquellos organismos beneficiados;

XVI. Apoyar la cooperación con organismos internacionales para planes, programas, proyectos relacionados con la economía social.

XVII. Impulsar el diseño de políticas públicas en el ámbito educativo que fomenten el desarrollo de la economía social y solidaria en las instituciones educativas del país;

XVIII. Favorecer cadenas productivas de valor, locales, regionales, nacionales y globales, que sirvan para el escalamiento progresivo de los Organismos del Sector.

XIX. Monitorear y evaluar las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos e indicadores de la economía Social de los Estados y los Municipios.

XX. Disponer y validar el ingreso de datos en el sistema informático institucional en el ámbito de su competencia.

XXI. Coordinar las acciones que incidan en la Economía Social, en lo que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos estatales y municipales, buscando en todo momento propiciar la simplificación de los procedimientos y el establecimiento de medidas de seguimiento y control.

XXII. Fomentar las actividades realizadas por las organizaciones del sector social de la economía.

XXIII. Evaluar la aplicación de las transferencias de fondos a entidades federativas y municipios, y de los sectores social y privado, que se deriven de las acciones e inversiones convenidas en los términos de la Ley de la Economía Social y Solidaria.

XXIV. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para fortalecer la economía social y solidaria, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales y con la participación de los sectores social y privado.

XXV. Asegurar la adecuada organización, distribución, comercialización y abastecimiento de los productos de la economía social en el mercado interno y externo.

XXVI. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 2.-Se reforman, derogan y modifican las siguientes disposiciones de la LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA:

I. Se modifica la fracción III del artículo 5 para quedar:

Artículo 5o. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I…

II...

III. Secretaría, a la Secretaría de Economía Social y Solidaria.

II. Se derogan los capítulos I y II del título II

III. Se reforma el artículo 41, para quedar como sigue:

Artículo 41. Se reconocerá el carácter de Organismo del Sector a todas aquellas organizaciones que, en su caso, hayan cumplido con los ordenamientos de la ley respectiva según su naturaleza para su constitución y registro, y estén considerados en alguna de las categorías del catálogo de los diferentes tipos de Organismos del Sector, elaborado por la Secretaría.

IV. Se reforma la fracción IV del artículo 44 para quedar como sigue:

Artículo 44 …

...

..

...

IV. Realizar observaciones y propuestas a la Secretaría en relación con las políticas, programas y acciones de fomento y apoyo de sus actividades;

V. Se reforman las fracciones V, VI, VII, VIII y XIII del artículo 45, para quedar como sigue:

V. Informar a la Secretaría anualmente o en los casos que les sea requerido, sobre el ejercicio de los apoyos y estímulos públicos otorgados con fines de fomento;

VI. Proporcionar la información que les sea requerida por la Secretaría sobre sus fines, estatutos, programas, actividades, beneficiarios, patrimonio, operación administrativa y financiera, estados financieros y uso de los apoyos y estímulos públicos que reciban;

VII. Cumplir en tiempo y forma con las normas de las recuperaciones financieras establecidas por la Secretaría;

VIII. Acatar las disposiciones, recomendaciones y sanciones administrativas que emita o disponga la Secretaría;

XIII. Cumplir con las obligaciones derivadas de los convenios suscritos con la Secretaría;

VI. Se reforman los artículos 55 y 56 para quedar como sigue:

Artículo 55. Los resultados de las evaluaciones serán entregados a la Secretaría, así como a las comisiones de Fomento Cooperativo de la Cámara de Diputados y de Fomento Económico de la Cámara de Senadores. Asimismo, los resultados de las evaluaciones serán puestos a disposición del público en general a través de las páginas web de dichas instancias públicas.

Artículo 56. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, la Secretaría podrá emitir las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo Federal y hacerlas del conocimiento público.

VII. Se reforma el artículo 58 para quedar como sigue:

Artículo 58. La Secretaría podrá imponer sanciones administrativas, en los términos previstos por el Reglamento que al efecto expida el Ejecutivo Federal, a los Organismos y sus administradores que simulando ser Organismos del Sector gocen o pretendan gozar de los beneficios y prerrogativas por esta Ley.

Artículo 3.- Se reforma el ARTÍCULO 17 de LA LEY DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, para quedar como sigue:

Artículo 17.- Las oficinas encargadas del Registro Público de Comercio, deberán expedir y remitir en forma gratuita, a la Secretaría de la Economía Social y Solidaria, copia certificada de todos los documentos que sean objeto de inscripción por parte de las sociedades cooperativas, así como la información que solicite la propia dependencia, a fin de integrar y mantener actualizada la estadística nacional de sociedades cooperativas.

Artículo 4.- Se derogan la fracción V del artículo 1 y el capítulo V del título II de la LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de marzo de 2016.

Sen. Luis Sánchez Jiménez.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Sánchez Jiménez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Senador Luis Sánchez, le piden sus compañeros incorporarse a su iniciativa. Registre la Secretaría a los Senadores Luis Humberto Fernández, Dolores Padierna, Miguel Barbosa, Luisa María Calderón Hinojosa, Alejandra Roldán y Erika Ayala.





 

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para incorporar el principio de competitividad a las disposiciones de la ley.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular. Está a su consideración.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros, muy buenos días.

El dictamen que votaremos cubre uno de los temas fundamentales de México: la competitividad y por consiguiente el crecimiento económico.

Durante las últimas décadas hemos realizado reformas estructurales para fortalecer la economía de nuestro país.

De acuerdo a las estadísticas internacionales, aún nos ubicamos en el grupo de 24 economías que están en la fase de transición en la cual la eficiencia es el elemento clave para avanzar en la materia; y sin embargo los esfuerzos no han sido suficientes.

Durante la etapa de la reforma energética propusimos un cambio en el primer párrafo del artículo 25 constitucional de la Carta Magna con el cual se otorga al Estado la rectoría del desarrollo nacional, para que ésta sea integral y sustentable.

Nuestra Constitución vincula ineludiblemente a la competitividad con el desarrollo integral y sustentable.

Sí a la competitividad, a la inversión, al crecimiento económico, pero de manera sustentable, con pleno respeto a nuestra riqueza natural, a la biodiversidad.

El tema ambiental no es uno más, representa también un valor económico.

Podemos tener una economía verde competitiva y con más fortalezas que debilidades.

Tenemos que asegurar a la población un mejor nivel de vida mediante el crecimiento económico y la protección ambiental a través de la conservación y el uso adecuado de nuestros recursos naturales.

El desarrollo de México estará encaminado a garantizar el bienestar de la población.

Ejemplos tenemos muchos. Ahí está Tajamar, ahí está el Bosque de Chapultepec que se lo están comiendo a pellizcos; resolviendo los jueces con un criterio inadecuado y un criterio siempre a favor de los intereses particulares y no viendo el interés primordial que es la salud, la calidad del aire y que los mejores aliados nuestros son los árboles.

Está también el basurero tóxico que pretenden instalar en Coahuila, y también la extracción del gas shale.

Tendremos que ir, compañeras y compañeros Senadores, a defender el agua de México y en particular el agua en Coahuila.

Actualmente la Ley General del Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente no atiende el tema de competitividad de forma clara, a diferencia de lo dispuesto en la Ley General de Cambio Climático.

Para subsanar esta deficiencia es que se propone reformar el artículo 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Compañeros, tenemos que tener claro que si los recursos naturales no son aprovechados sustentablemente, las actividades productivas se verían seriamente comprometidas y por ende la productividad, la competitividad y el desarrollo nacional.

Para evitar que seamos un país más vulnerable de lo que ya somos, es indispensable que respetemos las bases constitucionales y legales que priorizan los derechos humanos por encima de los intereses privados y/o de empresas que únicamente trabajan en aras de ganar utilidades a costa de nuestra salud y del ambiente.

La vida se sustenta en tres vértices: agua limpia, aire limpio y suelo fértil. Si cualquiera de estos tres vértices faltara, entonces lo demás no tiene caso. Privilegiamos la vida.

Compañeras y compañeros, el día que entendamos que si desaparecen estas especies, los árboles y también nosotros, y que no podemos comer una moneda de oro o un pedazo de billete, entonces va a caer el veinte y vamos a privilegiar que Chapultepec no lo podemos perder a pellizcos por intereses privados.

Vamos a entender que no podemos estar derribando 300 árboles en Xochimilco para construir un Walmart.

Vamos a entender que el Parque Reforma Social tenemos que salvarlo a costa de lo que sea, porque esta ciudad es la que tiene la peor calidad del aire, por eso la Comisión Metropolitana Ambiental ha dejado de publicar los números.

Así es que los convoco así a salvar nuestras áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas.

Compañeros, el objetivo es actualizar la LGEEPA conforme a lo establecido en la Constitución.

Necesitamos nosotros que se considere pertinente incorporar la referencia a la competitividad en la fracción V del artículo 1o., el aprovechamiento sustentable, la preservación y en su caso la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales de manera que la competitividad, la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad sean compatibles con la preservación de los ecosistemas.

Consideramos que esta pequeña, pero por ello no menos importante, reforma contribuirá a que los encargados de aplicar la legislación integren este aspecto no con el fin de obstaculizar el desarrollo económico, sino más bien para que la base de los recursos de la cual dependen sean preservados y, de ser el caso, restaurarlos sobre la premisa de que bien aplicado ello permitirá incrementar la productividad.

Por su atención, muchas gracias, compañeros.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Garza Galván.

Se concede el uso de la palabra al Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.

El Senador Sofío Ramírez Hernández: Muchas gracias, señor Presidente.

Vengo a nombre del grupo parlamentario del PRI a sumarme a este dictamen, a solicitarles que podamos dar un voto a favor de esta reforma al artículo 1o. en su fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Y que con ello podamos acreditar que efectivamente podemos seguir fortaleciendo, promoviendo la competitividad, el desarrollo social, los esfuerzos en materia de aprovechamiento de todos los recursos naturales que son muy amplios en nuestro país, pero que al mismo tiempo podamos también acreditar que es compatible hacerlo cuidando el medio ambiente y todo lo que corresponda a su ecosistema.

El dictamen que estamos analizando contempla que con estos cambios podamos establecer una congruencia jurídica entre las diferentes acciones, de competitividad, pero que al mismo tiempo pues podamos garantizar todo lo que corresponda al cuidado de nuestros ecosistemas, de tal manera que haya una armonización jurídica integral entre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así también como de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional.

Además, busca prevenir malas interpretaciones al establecer objetivamente que los recursos naturales tienen una relación directa con la competitividad, los beneficios económicos y las actividades de la sociedad mexicana.

Lo anterior toma especial relevancia debido a que México es el país latinoamericano mejor valorado para prevenir tanto por su entorno económico, invertir de manera favorable, como por su mercado interno, según lo señala el informe 2016, del panorama de inversión española en Iberoamérica.

No olvidemos, compañeras Senadoras y Senadores, que somos, de acuerdo al Reporte Global de Emprendedores de la Empresa Amway, somos el segundo país en América Latina con el mayor potencial para generar emprendedores.

Compañeras, compañeros: Es de vital importancia promover desde nuestro marco jurídico que el incremento sostenido de la productividad, de la economía nacional y el desarrollo social, son compatibles con la preservación de los ecosistemas.

Estamos convencidos que el mercado mexicano cuenta con diversos atractivos para los inversionistas, entre los que podemos destacar, hay un buen clima de negocios, la ubicación geográfica y la competitividad de los sectores productivos.

Contamos con mercados y consumidores exigentes, por lo que la economía nacional debe distinguirse por contar con un capital humano altamente calificado, con productos y servicios de calidad, accesibles y cercanos a la gente.

Nuestro voto a favor, va acompañado al exhorto de que juntos cuidemos nuestro patrimonio natural, nuestros recursos naturales, fomentemos el fortalecimiento de la economía nacional, el crecimiento sostenido de nuestro país y fortalecer el desarrollo humano, y con ello poder brindar un mejor esfuerzo, todos, para fortalecer la economía y, desde luego, siempre cuidando los ecosistemas.

Por su atención, muchas gracias.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ramírez Hernández.

Se concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muy buenos días, compañeras y compañeros Senadores:

Qué importante que estemos hablando de este dictamen y que lo estemos haciendo justo el día de hoy. Hay quienes creen en las casualidades y quienes no.

Y hoy justamente el mundo de los ambientalistas, el mundo de los luchadores por la preservación de áreas naturales protegidas en contra de su explotación, hoy está de   luto.

Hoy por la mañana, quienes estamos en estos temas, no por consigna o discurso político, sino atendiéndolo de manera permanente, supimos de una trágica noticia: la muerte de Berta Cáceres.

Berta Cáceres, el año pasado, ella es de Honduras, era de Honduras, fue asesinada en la madrugada. El año pasado recibió el premio Goldman.

Este reconocimiento es para muchos el Premio Nobel a la protección ambiental; es una suerte de Premio Nobel que se les entrega a activistas ambientales que ante las amenazas de un desarrollo depredador se paran frente a grandes industrias como la minera y dicen: no, no aquí, no más.

Ayer en la mañana, entraron a su casa y la mataron, y Berta trabajaba en Honduras, un lugar que, sin duda, a quienes somos de Chiapas es muy cercano, porque vive realidades de pobreza y de violencia similares a partes y a puntos de nuestro país.

Ella era un emblema de la protección ambiental; ella era líder de una comunidad indígena, la comunidad lenca, defensora también de los derechos humanos. Fue una de las personas que estuvo defendiendo estas áreas naturales, pero se suma a una lista larga, que también es oprobioso en nuestro país de mexicanas y mexicanos que han sido asesinados por defender el medio ambiente.

Seguramente los Senadores de Morelos y del Estado de México conocen el caso de Aldo Zamora, defensor de las lagunas de Zempoala, que fue asesinado en 2007.

Seguramente los de Jalisco conocen el caso de Francisco Quiñones que estuvo en Jalisco defendiendo el tema en contra de la Minera Peña Colorada y que fue asesinado en 2006.

Sin duda, los que somos de Chiapas recordamos siempre el nombre de Mariano Abarca que fue asesinado en Chicomuselo, afuera de su casa, por defender a la Sierra Madre de la explotación minera de la Industria de la Blackfire que está ahí en la Sierra.

Y casos, en Oaxaca, escuchaba al Senador de Guerrero, casos en Guerrero, también bastante recientes, por cierto, el de la Sierra de Petatlán, Javier Torres Cruz, de la Organización Campesina Ecologista en Defensa de los Bosques, que fue asesinado en 2012.

Los casos del Estado de México, de Temascaltepec, Juan García Xingu, Bernardo Sánchez Venegas, Valentín Reyes García, Isidro Luna Alonso, en fin, estamos llenos también de un cementerio de ambientalistas asesinados.

Por eso es tan importante está iniciativa de la Senadora Silvia Garza, porque plantea, justamente, que se detenga cualquier interés económico que vaya en contra de la preservación del medio ambiente.

Aquí no estamos hablando de ambientalistas románticos, porque tampoco estamos hablando del otro lado de industrias responsables, estamos hablando de mineras que han sido, muchas de ellas, vinculadas con asesinatos.

Entonces, que no nos parezca esto algo en donde no existe la violencia, que no nos parezca el tema ambiental como algo romántico, como el tema que escuchamos recientemente sobre el Bosque de Chapultepec, que claro que hay que defender, pero hay casos en otros estados en donde el nivel de violencia ha escalado.

Les pongo el ejemplo de Berta Cáceres, porque Honduras no es muy diferente en lo que ocurre en algunas partes de México.

Ahora me preocupa, porque después de este dictamen, tenemos otro dictamen también, otro dictamen que tiene que ver con modificaciones también a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, pero para empezar a permitir ciertos tipos de explotación.

Por supuesto que la ecología muchas veces tiene que ver con la economía.

Por supuesto que también la preservación y la conservación tiene que ver con situaciones de pobreza que muchas veces conducen a la destrucción, no por una vocación destructiva sino por la enorme necesidad y el hambre de estos pueblos; pero empezar a hablar de prácticas que tienen que ver con actividades económicas no sustentables como la minería y lo digo con todas sus palabras, no existe la minería sustentable para quien crea eso.

Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado porque no significa darles una manga ancha ni permiso, ni a las mineras ni a las explotaciones por hidrocarburos en zonas y áreas naturales protegidas.

No nos confundamos, esto tiene mucho que ver con una realidad en México de desigualdad y de impunidad de estas empresas, como les decía, con esta lista larga y tráfica de muertos, de asesinados, de gente que el Estado mexicano no pudo proteger, a pesar de hacer un trabajo heroico en defensa del medio ambiente.

Por supuesto que estaré de acuerdo y votaré a favor de este dictamen, pero pondría mucho cuidado en el que sigue. Ése tiene que ver con otros temas, otras intenciones, otros incentivos de orden económico disfrazados de conservación.

Revisémoslo y, sobre todo, démosle seguimiento, que no con la bandera del conservacionismo y de buscar mejores situaciones económicas, estemos abriendo la Caja de Pandora para permitir una explotación indiscriminada, violenta, poco sustentable, que daña el medio ambiente, daña la salud de quienes viven en las zonas de amortiguamiento, y que finalmente es una forma de acabar con lo más importante que tiene México.

Porque México no es hoy, México también es mañana y si nosotros no protegemos estas áreas naturales protegidas, pues entonces no les dejaremos el mismo país a nuestros hijos.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Se inserta la intervención de la Senadora Graciela Ortiz González.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se inserta intervención del Senador Francisco Salvador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a alumnos de la Licenciatura en Economía de la Universidad de Monterrey, invitados por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, que están presentes para dar seguimiento a los trabajos legislativos.

¡Bienvenidos!

No hay más oradores inscritos, en consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



El Secretario Luis Humberto Fernández Fuentes: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 80 votos a favor, cero en contra y 1 abstención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Suspenderemos el trámite de diversos dictámenes para dar cuenta de un Acuerdo suscrito por la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones.





 

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda del día de hoy.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política se incorpore a los asuntos de hoy para su despacho. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza la incorporación en la agenda, señor Presidente

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

El Secretario Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a su consideración el Acuerdo.

A solicitud de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, se va a excluir el resolutivo Séptimo del Acuerdo que ha sido leído en relación con la presidencia de la Comisión de Energía y se procesará en otro momento.

En consecuencia, levantaremos la votación, con excepción del cambio referido en el resolutivo Séptimo, relativo a la Presidencia de la Comisión de Energía y el cambio en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Con esta precisión, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. Comuníquese.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio y del Código Penal Federal, para digitalizar la información contable de comerciantes.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión el dictamen.

Se concede el uso de la palabra al Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

El presente dictamen reviste singular relevancia, ya que tiene como objetivo fundamental contribuir con los comerciantes y pequeños empresarios, para que incorporen la digitalización y conservación de documentos en forma electrónica, a fin de hacer más eficientes sus procesos, reducir sus costos de impresión y fotocopiado, así como brindar mayor agilidad en los tiempos de respuesta a las solicitudes de información que les sea requerida por las autoridades, tanto administrativas como judiciales.

En este mismo tenor, persigue inhibir la falsificación electrónica y las prácticas ilícitas relativas.

No podemos estar más de acuerdo en que México se inserta en la modernidad y en todo lo que tiene que ver con la vanguardia tecnológica.

Es imperativo, hoy más que nunca, hacer uso de los medios electrónicos que están a nuestro alcance para el desarrollo de nuestro país.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece que el uso de las nuevas tecnologías de información y una mejora regulatoria integral, que simplifique los trámites que enfrentan los individuos y las empresas, permitirá detonar un mayor crecimiento económico.

Son varios los beneficios directos que ofrece el dictamen. Las modificaciones que se proponen permitirán a los comerciantes reducir la cantidad de insumos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones en materia de conservación de documentos.

El uso de las nuevas tecnologías de información y el mejoramiento en la regulación integral que posibilite simplificar los trámites que enfrentan los individuos y las empresas, indudablemente contribuirá a detonar el crecimiento económico en beneficio de la mayoría de los mexicanos.

De manera paralela, evitará el enorme impacto negativo al medio ambiente que representa el consumo del papel que se genera, a la vez que abate costos que representan el manejo y la administración de toneladas de este insumo.

En el grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos de la necesidad de fortalecer la incorporación de la modernización y el fomento del uso de nuevas tecnologías, que permitan que los actores productivos tan importantes como los empresarios y comerciantes, se vean beneficiados con este nuevo marco jurídico como una medida para detonar el crecimiento económico nacional y que genere los empleos bien remunerados que demandan los mexicanos.

Por lo anterior, compañeras y compañeros, los invito a que voten a favor del presente dictamen, el cual apunta al mundo de la agenda digital, pero al mismo tiempo, optimiza recursos y genera buenas prácticas en el medio ambiente.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Olvera Acevedo.

Tiene el uso de la palabra el Senador Héctor David Flores Ávalos, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Básicamente mi intervención pretende, desde luego, resaltar las bondades y la parte positiva de este dictamen que se presenta.

Me parece que es oportuno reformar el Código de Comercio y establecer estos nuevos mecanismos de digitalización de la información que le permitan a los contribuyentes cumplir de mejor forma con sus obligaciones; sin embargo, sí me parece necesario destacar que esta reforma muestra que el tema de la contabilidad electrónica no ha sido debidamente evaluado por la administración de este gobierno.

Me parece que es poner básicamente los factores en un sentido invertido. Primero, obligar al contribuyente a que presente la contabilidad electrónica y en forma digital lo cual genera una carga innecesaria; y después, permitirle que haga la digitalización de esa misma información contable. Básicamente estamos poniendo los factores en orden inverso.

Yo lo único que quisiera es hacer un llamado a esta Asamblea para que pudiéramos revisar con pulcritud el resto del ordenamiento jurídico, de manera que no cayéramos en este tipo de contradicciones.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Flores Ávalos.

Se inserta intervención de la Senadora Graciela Ortiz González.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No hay más oradores inscritos ni artículos reservados.

En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 83 votos a favor, 3 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio y del Código Penal Federal. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Ruego atención a la Asamblea.

A petición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y por Acuerdo de la Mesa Directiva, se retira de su discusión el dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y de Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se reforman diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de actividades productivas en áreas protegidas.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de sanciones por cacería ilegal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 127 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

(Dictamen de segunda lectura)



La primera lectura de este dictamen se dio el 28 de abril de 2015. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que su discusión en lo general y en lo particular se hará en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Jesús Casillas Romero: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

A nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y como integrante de la misma, vengo a presentar el dictamen de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre.

Subo a esta tribuna para refrendar nuestro compromiso de garantizar el aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre mediante la proposición de desincentivos de actividades que menoscaban nuestro patrimonio natural, como lo son las actividades que implican la muerte de ejemplares de vida silvestre sin la autorización correspondiente o, en contravención, a los términos en que ésta hubiese sido otorgada.

Como todos sabemos, México está considerado como un país megadiverso, pues es uno de los doce países que poseen en su conjunto el 70 por ciento de la diversidad de especies de flora y fauna a nivel mundial.

De hecho, nuestro país alberga al 10 por ciento de la riqueza biológica global. Esta riqueza biológica constituye el sostén de los servicios ambientales de los que depende nuestra sociedad, específicamente la fauna silvestre que ocupa un rol estratégico en el equilibrio ecológico y el desarrollo económico de nuestro país.

Por mencionar algunos ejemplos, está la derrama económica local por el avistamiento de guacamayas en Chiapas, o bien, la contribución del venado cola blanca a la fertilidad de los suelos en Chihuahua a través de la dispersión de semillas, entre otros.

Paradójicamente, la vida silvestre de nuestro país se encuentra en constante amenaza. En tan solo una década 23 especies se han incorporado al listado de las especies en peligro de extinción.

Además, de acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el aprovechamiento de los especímenes de vida silvestre es una de las principales causas de la reducción de las poblaciones y el incremento de su probabilidad de extinguirse.

Como representantes de la sociedad, estamos conscientes de que el combate a la cacería ilegal es una responsabilidad que debemos asumir todos desde nuestras funciones. En este contexto, consideramos necesario que se apruebe el dictamen de la presente iniciativa, ya que tendrá como consecuencia final la conservación de la vida silvestre, así como el cumplimiento de instrumentos internacionales, tales como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y las Metas de Biodiversidad de Aichi.

En cuanto al marco legal nacional, es importante señalar que la Ley General de Vida Silvestre prevé mecanismos para desincentivar el incumplimiento de la  normatividad en materia de aprovechamiento de la fauna silvestre, como son las monetarias.

Al respecto, esta iniciativa pone de manifiesto que actualmente no existe una sanción de este tipo por la realización de actividades de aprovechamiento, extracto o extravío de la vida silvestre sin la autorización correspondiente o contravención a los términos en que ésta hubiese sido otorgada.

En virtud de que la asimetría entre los incentivos económicos para cometer actos de caza ilegal, se consideró que el monto mínimo de dicha multa sea lo suficientemente considerable para lograr desincentivar este tipo de actividades.

Por ejemplo, de acuerdo con testimonios del Servicio Estadounidense de Pesca y Vida Silvestre, en el mercado negro la piel de jaguar asciende a un costo aproximado a 150 mil 500 pesos mexicanos; mientras que las partes de un tigre adulto en su conjunto pueden alcanzar casi el millón de pesos mexicanos.

Como representantes de la sociedad, estamos conscientes de que el combate a la caza furtiva debe de hacerse mediante varios frentes y que es responsabilidad del Poder Legislativo diseñar sanciones eficientes y de impacto.

En ese contexto, consideramos necesario aprobar este dictamen, ya que es una respuesta preventiva y de gran impacto para la conservación de nuestra biodiversidad.

Los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales estamos convencidos que contaremos con el voto a favor de este dictamen, el cual es, sin duda, un aporte necesario para fortalecer nuestro marco legal ambiental y hacer efectivo el cumplimiento de la Ley General de Vida Silvestre.

Compañeras y compañeros, es importante señalar que el presente dictamen fue abordado en la 21a reunión ordinaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República el 10 de diciembre de 2015. Sin embargo, como ustedes saben, el 27 de enero de 2016 se publicó el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de salarios mínimos.

A partir de dicha reforma, todas las menciones al salario mínimo como unidad de medida para determinar la cuantía de las obligaciones posteriores deberán referirse a la Unidad de Medida y Actualización.

Por lo tanto, con el objetivo de ajustar dicho dictamen a la reforma constitucional señalada, y con base en los artículos 149, fracción IV; 200 y 201 del Reglamento del Senado de la República presentaré, en el momento que determine el Reglamento, una propuesta de modificación a fin de sustituir el dictamen de las referencias al salario mínimo por la Unidad de Medida y Actualización.

En este momento hago entrega a la Presidencia de dicha propuesta de modificación para actualizarlos en los términos de lo aprobado en este año en materia de desindexación del salario mínimo.

Creo que en este dictamen, compañeras y compañeros, todos vamos a estar de acuerdo, porque estoy seguro que ya no vamos a aceptar que se siga atentando contra el medio ambiente, en particular con nuestra fauna, con lo más valioso que tenemos, que es la biodiversidad y la riqueza natural que tiene nuestro país, como ya se mencionó aquí; y también tenemos que estar muy al pendiente de defender nuestras áreas naturales protegidas.

Estoy seguro que habremos de votar a favor, porque no solamente estamos a favor de defender nuestra fauna, estamos a favor de que ya no se atente contra el Bosque de Chapultepec, estamos a favor de que no se atente más, por ejemplo, en el bosque de Los Colomos, en la ciudad de Guadalajara y tantas áreas naturales protegidas que están bajo la amenaza permanente de quien no quiere este país y busca tener un beneficio económico particular por encima del beneficio de toda la sociedad.

Por eso estoy seguro, compañeras y compañeros, que este dictamen habrá de aprobarse por unanimidad.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Casillas Romero.

El dictamen consta de un solo artículo, por lo que su discusión se da en un solo momento en lo general y en lo particular. En virtud de que el Senador Jesús Casillas Romero ha presentado una propuesta de modificación al dictamen, debo consultar en este momento si se admite a discusión la propuesta de modificación, de tal manera que el dictamen se discuta y se vote, ya con la propuesta que ha hecho el Senador Jesús Casillas Romero.

El texto de la propuesta presentada por el Senador Jesús Casillas Romero está a disposición de todos ustedes en el monitor de sus escaños.

Insisto, si la Asamblea la acepta, la discusión del dictamen será con la modificación propuesta por el Senador Jesús Casillas Romero. De lo contrario, se hará conforme al dictamen que han remitido las comisiones unidas.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación que ha presentado el Senador Jesús Casillas Romero.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta de modificación.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite la propuesta de modificación que ha sido leída.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite la propuesta de modificación presentada por el Senador Jesús Casillas Romero. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admiten las modificaciones, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, se integran al dictamen las modificaciones presentadas.

Tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El dictamen que nos presentan las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, tiene por objeto imponer sanciones ejemplares a quienes lleven a cabo actividades de caza sin autorización correspondiente, así como adoptar una política disuasiva a la cacería ilegal por medio del aumento de las multas para quien realiza actividades de aprovechamiento que implique en dar muerte a ejemplares de vida silvestre, sin la autorización correspondiente.

Cuando la cacería se realiza fuera del marco jurídico, representa una fuerte amenaza para la biodiversidad mexicana, ya que no solamente afecta a las especies que son objeto de la cacería, sino que provoca un desequilibrio en el ecosistema donde habitan.

El aprovechamiento ilegal de la biodiversidad es el tercer negocio ilícito más lucrativo en el mundo, después del tráfico de drogas y armas; incluso, existen varios casos en que los grupos criminales dedicados al narcotráfico también realizan tráfico ilegal de especies.

Asimismo, el aprovechamiento ilegal que incluye la cacería, es la segunda causa que provoca mayor pérdida de especies, después de la destrucción del hábitat natural.

Cabe recordar que nuestro país alberga una gran riqueza biológica equivalente al 10 por ciento de la biodiversidad mundial.

México ocupa el segundo lugar del mundo en reptiles con 804 especies, el tercero en mamíferos con 535 y el cuarto en anfibios con 361.

Adicionalmente, la disminución de biodiversidad está directamente relacionada con la pérdida de servicios ambientales, menor derrama económica local y aumento a los conflictos sociales.

En consecuencia, el combate a la cacería ilegal es una medida necesaria para contribuir a la conservación de biodiversidad mexicana. El combate de esta actividad debe realizarse desde diversos ángulos, incluyendo medidas disuasivas como el aumento de las sanciones.

Por ello, votaremos a favor de este dictamen que establece una multa ejemplar a quien realice actividades de aprovechamiento que impliquen dar muerte a ejemplares de la vida silvestre sin la autorización correspondiente o en contravención a las disposiciones aplicables.

Estamos conscientes de que esta medida no constituye una solución única al problema multifactorial de la cacería ilegal; sin embargo, estamos seguros de que el aumento de las multas contribuirá de manera importante a prevenir este delito, ya que daña nuestro patrimonio natural.

Gracias, Senadores.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Aréchiga Ávila.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Este dictamen es importante porque tiene un objetivo muy claro: el aumento de multas frente a la cacería ilegal.

Mucho se dice que el aumento de multas como tal no implica una reducción del número de delitos.

En este caso consideramos que es imprescindible aumentar las multas para inhibir la cacería de especies en peligro de extinción.

México es un país megadiverso donde se concentran las dos terceras partes del planeta, somos la cuarta nación en cuanto a riqueza de especies y muchas de estas son endémicas.

La demanda internacional de ejemplares de vida silvestre constituye un fuerte incentivo económico para la sobreexplotación de estos recursos en el país y, por lo tanto, para la pugna entre diversos actores interesados en obtener mayor ventaja posible, máxime si el marco jurídico en materia no es eficazmente implementado.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en su más reciente reporte, identifica cinco factores principales que amenazan actualmente la biodiversidad del planeta:

Primero. La pérdida y degradación del hábitat.

Segundo. La sobreexplotación.

Tercero. Las especies exóticas invasoras.

Cuarto. El cambio climático.

Y quinto. La contaminación.

Como resultado de la revisión actualizada de la NOM-059-SEMARNAT-2001, incrementó en 23 el listado de especies en riesgo; es decir, en una década el número de especies en peligro aumentó de 2 mil 583 a 2 mil 606.

El aprovechamiento ilegal de la biodiversidad genera ganancias que globalmente pueden alcanzar los 20 mil millones de dólares con serios impactos para los ecosistemas y la economía de muchos países.

El combate a la cacería ilegal es una medida conductiva hacia la conservación de la vida silvestre, meta a la que nuestro país se ha comprometido a nivel internacional, al ser el signatario de diversos acuerdos políticos y activo partícipe del diálogo en la materia.

Las multas deben ser reguladas en concordancia con la magnitud y gravedad del ilícito, a fin de que constituyan un verdadero incentivo para orientar la conducta del individuo hacia logros de niveles óptimos de aprovechamiento.

Un ejemplo de una de las especies más depravadas es el jaguar, el cual, de acuerdo con testimonios del servicio estadounidense de pesca y vida silvestre, en el mercado negro la piel del jaguar asciende a cantidades que superan sustancialmente el monto mínimo vigente de la multa e imponer ante estas conductas.

Pido su voto a favor de considerar esta propuesta viable de aumentar la sanción económica a cantidades máximas y coherentes de acuerdo al tipo de delitos que se están cometiendo. Ayudemos a nuestras especies, rescatemos nuestra biodiversidad, no permitamos que ante montos irrisorios aumente la explotación de animales. Votemos a favor del presente dictamen.

Y cada que aborden la tribuna, compañeras y compañeros, digamos sí a la vida, salvemos Chapultepec y todas las áreas de valor ambiental que tengamos en el país.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Garza Galván.

Se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia. Un saludo para todos ustedes.

De hecho me había inscrito en el tema de efemérides, precisamente sobre el Día Mundial de la Vida Silvestre, que es precisamente el día de hoy, 3 de marzo.

El Día Mundial de la Vida Silvestre nos brinda la ocasión de celebrar la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvajes; así como de crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad.

La celebración de este día también nos recuerda la necesidad urgente de combatir los delitos contra la naturaleza, los cuales acarrean consecuencias de gran alcance en el ámbito económico, social y ambiental.

Además de su valor intrínseco, la fauna y la flora salvajes contribuyen a los aspectos ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos del desarrollo sostenible y bienestar de los seres humanos.

Por estas razones, se invita a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, a los organismos internacionales, a las organizaciones no gubernamentales, a la sociedad civil y a todas las personas, a observar y participar en este día de celebración mundial de la naturaleza.

Las comunidades locales pueden desempeñar un papel positivo en ayudar a frenar el comercio ilegal de la vida silvestre.

Qué mejor que en el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre, hoy 3 de marzo, para votar a favor este dictamen.

Con este dictamen se aprueba la imposición de sanciones económicas a que se refiere el artículo 123 sobre violaciones a los preceptos de esta ley, su reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones legales que de ella se derivan y que serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, con una o más de una serie de sanciones a aplicar de la Ley General de Vida Silvestre, ante lo cual se impondrán las sanciones que ya se han comentado y se han modificado en el dictamen.

Con esto se dará una pauta y advertencia, desde el punto de vista legal, para quienes tengan la intención de alterar el equilibrio ecológico a través de la caza ilegal, pues esto conllevará a fuertes penalizaciones económicas.

Por todo lo anterior, reitero mi posicionamiento y el de mi grupo parlamentario, el Partido Acción Nacional, a favor de esta propuesta, pues es necesario crear estas penalizaciones y con ello tratar de evitar que los ecocidios sigan sucediendo con las consecuencias fatales que esto representa.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Intervención



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador López Brito.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Marcela Guerra Castillo, a favor del dictamen.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Qué oportuno reflexionar y celebrar este Día Mundial de la Vida Silvestre, con la aprobación de la reforma al artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre que tiene, como bien se dijo aquí en varias ocasiones por los oradores que me antecedieron en el uso de la palabra, el objetivo de ampliar multas que no implican una reducción, como bien dijo la promovente de esta reforma, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, pero sí hay una intención clara y precisa de reducir el tráfico de especies.

Hoy por hoy, como sabemos, México es rico en especies de diversidad, en aves, en mamíferos y en reptiles.

Tan sólo el viajar por carretera de Nuevo León a San Luis Potosí y en algunos otros tramos de otras entidades federativas, podemos ver a lo largo de esa carretera múltiples pajareros, que así se llaman, pajareros, que captura de una forma completamente ilegal especímenes raros y valiosos, como pueden ser los halcones, las águilas, las aguilillas; y las ofrecen en plena carretera a quienes pasan en sus vehículos permanentemente, día y noche.

Igualmente en el caso de los reptiles. Personas que coleccionan este tipo de animales simple y sencillamente por el hecho de tener un animal raro en una pecera en su casa y que a mí me parece que esto también atenta evidentemente contra nuestra vida silvestre y la ecología.

Ya se habló también de que hay indicadores, hay parámetros por parte de la ONU y otras instancias internacionales que emiten opiniones acerca de estos delitos que se cometen día a día, no sólo en México, sino en otros países.

Yo creo que lo debemos de apoyar, sin duda, votando a favor; pero sin embargo, tener la disposición de ampliar nuestros compromisos para hacer análisis y comprometer a las autoridades correspondientes, como es el caso de la Semarnat y otras, para que puedan actuar en consecuencia en contra de todos los agresores.

Hay colectores de aves que cobran cantidades tremendas de dinero para presentar un diorama doméstico. Un diorama es una vitrina donde está un pavo real o alguna especie, una águila arpía, que ya están completamente extintas en nuestro sur-sureste y que solamente ya las podemos encontrar en territorio, por ejemplo, panameño, de donde son oriundas.

Son aves que vuelan para ir anidar en algunos otros países y que tienen en México una ruta de migración, es un ejemplo.

Pero les quiero decir que esos dioramas se venden, no en miles de pesos, en miles de dólares, y que hoy por hoy están de moda y están en algunas salas de muchas personas.

Esto debe de acabar. Y creo que tenemos el compromiso no sólo de estar apoyando este artículo 127 y su reforma correspondiente, si no ir más allá y comprometer a las autoridades a que hagan su tarea.

Es cuanto. Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Guerra Castillo.

En virtud de que no hay otros oradores inscritos, háganse los avisos a que refiere el artículo 58 del Reglamento del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 81 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Pasamos al desahogo de dictámenes con puntos de Acuerdo, emitidos por diversas comisiones y sobre los cuales no hay reservas para su discusión.

Dé cuanta la Secretaría con sus materias.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy cuenta con los dictámenes sobre los que no hay reservas.

Tenemos siete dictámenes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con los siguientes puntos de Acuerdo:

Que exhorta a remitir diversos informes sobre los criterios técnicos de una Licitación Pública Internacional Electrónica.

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a informar sobre los criterios bajo los cuales sustenta la limitación de acceso y presencia física a sus sesiones deliberativas del Pleno.

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a intervenir y realizar las acciones necesarias para revisar la correcta implementación y ejecución de la tarifa diferenciada de las navieras de la ruta Playa del Carmen-Isla de Cozumel.

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a emitir un informe sobre el proceso implementado para realizar el apagón analógico en el estado de Nuevo León.

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se considera sin materia la proposición que exhorta a requerir a la concesionaria promotora de autopistas del Pacífico, S.A. de C.V., que cumpliera con el requisito de conservar en buen estado la concesión del tramo carretero San Martín Texmelucan-Tlaxcala-Molinito.

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se considera sin materia la proposición que solicita información sobre las condiciones de factibilidad para cumplir con el plazo legal establecido para la transición a la televisión digital terrestre.

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se desecha la proposición que exhorta a establecer una disminución en el cobro de casetas de la Autopista del Sol.

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)







 

También tenemos cuatro dictámenes de la Comisión de Asuntos Migratorios con los siguientes punto de Acuerdo:

Que exhorta a realizar las adecuaciones necesarias al Acuerdo por el que se define la estructura, organización y funcionamiento del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, a fin de integrar a la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República a dicho órgano.

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a capacitar a la estructura de funcionarios que tengan algún contacto con personas migrantes.

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)







 

Por el que el Senado de la República condena enérgicamente las agresiones cometidas en contra de migrantes centroamericanos el pasado 6 de octubre a su paso por el municipio de Tocatlán, Tlaxcala.

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se desecha la proposición que exhorta a legislar en materia de migración./p>

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria. Están a discusión los dictámenes.

En virtud de no haber reserva de dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

Sonido en el escaño del Senador Lozano Alarcón.

El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

Nada más un comentario que quiero hacer sobre uno de los puntos de Acuerdo que fueron objeto de estos dictámenes.

Los Senadores Francisco de Paula Búrquez Valenzuela y Armando Ríos Piter presentaron una solicitud de punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados, muy respetuosamente, entre otras cosas, a nombrar, porque es su facultad exclusiva, a los contralores internos tanto del Instituto Federal de Telecomunicaciones como de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Insisto, esto es un exhorto muy respetuoso, viene la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a esta facultad y claramente nos preocupa que al día de hoy no se haya hecho este nombramiento.

¿Qué fue lo que resolvió la Presidencia de la Mesa Directiva? En lugar de aceptar que nosotros dictamináramos, discutiéramos y así lo sometiéramos al Pleno de este Senado, lo remitieron a la Cámara de Diputados por ser la autoridad responsable en esta materia, lo cual, francamente es inútil. Lo que estamos queriendo hacer es un exhorto a la Colegisladora, y aquí lo único que se hizo fue turnar la propuesta de los Senadores Búrquez Valenzuela y Ríos Piter.

Entonces no sabemos cuál fue el criterio que siguió la Mesa Directiva, y si fuera usted tan amable de aclarárnoslo en este momento.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Senador, ese punto de Acuerdo del que usted habla, todavía no está a discusión.

Estamos discutiendo lo que acaba de leer la Secretaria.

Sonido en el escaño del Senador Lozano Alarcón.

El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Mire usted, lo que ocurre es que este punto de Acuerdo lo dejamos sin materia, era parte de todos estos que ya leyó la Senadora María Elena Barrera Tapia.

Es decir, ¿por qué lo dejamos sin materia? Porque nos llegó este oficio de la Mesa Directiva, en la cual están turnando a la Cámara de Diputados la propuesta de los Senadores Burgos García y Ríos Piter.

La pregunta es, ¿por qué no nos dejaron procesar en la Comisión de Comunicaciones y Transportes la petición de los Senadores, y con todo fundamento pedirle a la Colegisladora, de manera respetuosa, que proceda a hacer los nombramientos?

¿Cómo puede ser que llevamos ya prácticamente dos años con estas instituciones funcionando y no tienen contralor interno, y son autónomas constitucionalmente hablando, y no le rinden cuentas a nadie en esa materia?

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Lozano Alarcón.

En este momento haremos la petición de información a Servicios Parlamentarios, y la haremos llegar enseguida.

Gracias, Senador.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Acuerdos.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos a que hice referencia. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Son aprobados, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Tenemos la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con puntos de Acuerdo.

Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, por lo que solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy cuenta con los dictámenes:





 

Uno, por el que el Senado de la República extiende un reconocimiento a la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, por su intervención a favor de los migrantes mexicanos, especialmente a través del litigio ganado mediante el acuerdo López-Venegas v. Johnson.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)







 

Y otro que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a confirmar que se está llevando a cabo una investigación al Cónsul General de Denver, Colorado, en relación a los hechos relativos a la entidad Foro Vail.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión.

Sonido en el escaño de la Senadora Marcela Guerra Castillo.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

Por haber salido por unanimidad estos dos puntos de Acuerdo de la Comisión que me honro en presidir, de Relaciones Exteriores, América del Norte.

He entregado en tiempo y forma mi intervención para que quede testificada y puesta en forma en el Diario de los Debates.

Y, bueno, la someto a consideración de todos, pero pediría el apoyo para votar estos dos dictámenes a favor.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Guerra Castillo.

Ha sido recibida su intervención. Intégrese al Diario de los Debates.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



Tiene el uso de la palabra la Senadora María del Carmen Izaguirre Francos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen sobre la Unión Americana de Libertades Civiles.

La Senadora María del Carmen Izaguirre Francos: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros del Senado:

A finales de la Primera Guerra Mundial, entre los grupos políticos de Estados Unidos surgió el temor de que la Revolución Comunista que había tenido lugar en Rusia, pudiera extenderse a otros países, incluido el suyo.

La paranoia desatada por esta idea propició la persecución, arresto y deportación de las personas a las que se les catalogaba como radicales, con las llamadas Redadas   Palmer.

Miles de personas fueron detenidas sin orden judicial y sin considerar la protección constitucional de los Estados Unidos contra el registro ilegal y la incautación.

En ese contexto surgió la Unión Americana de Libertades Civiles, cuyo principal propósito era la defensa de los derechos y libertades consagrados por la Constitución de los Estados Unidos.

La ACLU, por sus siglas en inglés, defiende no sólo los derechos humanos y libertades civiles de la población estadounidense, sino de cualquier extranjero o migrante que se encuentre en su territorio.

Ante las numerosas deportaciones que se habían producido en los Estados Unidos en 1913, esta organización interpuso una demanda colectiva que buscaba que todos aquellos migrantes que habían sido deportados violentando sus derechos y que cumplieran ciertos requisitos, pudieran regresar a la Unión Americana.

Hace un año la Unión Americana de Libertades Civiles ganó la demanda, que derivó en el conocido Acuerdo López-Venegas, el cual permite que toda persona que fue deportada a México en tales condiciones y bajo el supuesto de la salida voluntaria, pueda regresar a los Estados Unidos para reunirse con su familia y continuar los trámites para obtener un status migratorio legal.

La firma de la famosa salida voluntaria es una práctica constante que utilizan las autoridades migratorias de los Estados Unidos, para mediante desinformación y engaños expulsar a los migrantes indocumentados, violentando sus derechos humanos.

El Acuerdo López-Venegas ha beneficiado a muchos mexicanos que se encontraban en dichas condiciones al momento de ser deportados.

Según el estudio titulado “El retorno en el escenario de la migración entre México y Estados Unidos del Consejo Nacional de Población del año 2009 al 2013”, han sido deportados 3.8 millones de personas, de las cuales, 2.7 millones, es decir, el 71 por ciento nacieron en México, en promedio 540 mil mexicanos fueron deportados anualmente durante este lapso.

Entre estas personas se encuentran aquellas que fueron engañadas y forzadas por las autoridades migratorias estadounidenses a firmar su salida voluntaria, sin contar previamente con asesoría legal, vulnerando sus derechos humanos, sin lugar a dudas.

El Acuerdo López-Venegas es de gran importancia para la protección de los derechos humanos y garantías civiles de miles de connacionales que son vulnerables a este tipo de prácticas ilegales.

Compañeras y compañeros legisladores: Es oportuno que en nombre de nuestro país y de la sociedad mexicana en su conjunto se le reconozca a la Unión Americana de Libertades Civiles por su interés y los esfuerzos realizados en favor de la protección de los derechos humanos de los migrantes mexicanos y latinoamericanos.

La protección de nuestros connacionales y sus derechos es una de las principales tareas de la diplomacia consular desplegada en otros países. Sin embargo, la contribución que pueda tener en este tema, organizaciones sin fines de lucro como la Unión Americana de Libertades Civiles, lógicamente merece un reconocimiento por la sociedad mexicana.

Por lo anteriormente expuesto, en el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos a favor del presente punto de Acuerdo.

Muchas gracias por su atención, queridos compañeros.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Izaguirre Francos.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores San Román, por favor.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Me quería sumar a la propuesta de mi compañera Senadora, y también hacer un exhorto, nosotros presentamos una iniciativa en el 2014 para pedir el voto de los migrantes en el extranjero, incluyendo la próxima elección de Diputados que ha sido suprimida de una manera inexplicable.

Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Sansores San Román.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Y ya sé, es un dictamen, pero expresar que estoy totalmente de acuerdo.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Tomamos nota Senadora, muchas gracias.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al segundo dictámen.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Sí, muchas gracias, con su venia, señora Presidenta.

En la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, hemos solicitado un punto de Acuerdo relacionado con un problema que puede tornarse en un escándalo, bueno, que de hecho ya tiene esos tintes de escándalo sobre la conducta del Cónsul Bello Roch, en Denver Colorado.

Esta persona, existe la presunción de que usa su cargo para promover la empresa llamada Foro Vail, que cobra cuotas a sus socios, que van de 1,500 a 6,000 dólares dependiendo del número de empleados que tenga cada empresa.

Promociona dicha organización como plataforma de negocios entre México y Estados Unidos utilizando la papelería oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El domicilio de Foro Vail, el Consulado Denver, en Colorado, ubicado en la calle Leetsdale Dr. # 5350, código postal 80246, en Denver, Colorado.

La mencionada entidad Foro Vail, pertenece al diplomático a perpetuidad y en ningún momento menciona que el gobierno de México será beneficiario de dicha sociedad.

El subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, afirma: que la Secretaría de la Función Pública inició una investigación para determinar si la iniciativa Foro Vail, se hizo en los términos que marca la ley.

La Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, estableció comunicación con la Secretaría de la Función Pública, para conocer el número de expediente, y se nos ha informado que no se encuentra ninguna investigación que se esté llevando sobre este asunto en la propia Secretaría de la Función Pública.

Se presume que este caso pudiera haberlo atraído el órgano de Control Interno de la propia Cancillería, pero no se tiene la certeza.

Por eso en este punto de Acuerdo estamos solicitando que se realice la investigación respectiva y que se le informe a esta Soberanía de dicha investigación.

Compañeros Senadores: Este personaje que hemos mencionado, una vez que revisamos con puntualidad lo del Foro Vail, está utilizando recursos del Estado mexicano; es decir, está utilizando presumiblemente recursos del Estado mexicano: su papelería y su domicilio oficial.

Además está promoviendo negocios a nombre de nuestro país, pero nuestro país no se ve beneficiado por esta acción.

Por eso es muy importante, compañeros Senadores, como una tarea fundamental del Senado a la hora de nombrar representantes de México en el extranjero que:

Se revise con puntualidad sus currículums.

Se revise con puntualidad su fama pública. Y

Se revise con puntualidad sus antecedentes como personas.

Y que este Senado no tenga que pasar vergüenzas como ésta, que nosotros desde la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte pensamos que se pueden dar, si se confirma lo que estamos presumiendo.

En la comisión mencionamos, que no somos Ministerio Público, que esa tarea le correspondería en todo caso a la Procuraduría General de la República y por eso  urgimos que el ente en mención, es decir, la Secretaría de Relaciones Exteriores se aboque a atender este tema, le solicite a la PGR que haga la intervención respectiva y aclaren y, que en todo momento se le garantice al señor Bello Roch, su presunción de inocencia.

En breve vamos a nombrar muchos cónsules, y en la revisión que hemos hecho de sus antecedentes, hemos encontrado que muchos de ellos nunca han pertenecido al Servicio Exterior Mexicano.

Sí es muy importante que seamos cuidadosos, ya se dio un caso en Canadá de un Cónsul y ahora se está dando el caso de otro Cónsul en la Unión Americana.

Entonces, sí es necesario, compañeros Senadores, que a la hora de revisar antecedentes, seamos muy exigentes de su procedencia, seamos muy exigentes en si ha pertenecido o no al Servicio Exterior Mexicano y seamos muy exigentes a la hora de hacer el nombramiento de que sean personas honorables que vayan a defender los intereses del país y no vayan a defender o a buscar intereses particulares.

Por su atención, muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

En virtud de no haber más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí son aprobados, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Procederemos a la discusión de dictámenes reservados de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Dé cuenta la Secretaría con ellos.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy cuenta con los dictámenes:





 

Uno, por el que se exhorta a vigilar el cabal cumplimiento a las disposiciones legales de la Ley de Aviación Civil, su reglamento, y la Ley de Aeropuertos y su reglamento.

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)







 

Otro, sobre drones.

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)







 

Uno más sobre el Día Mundial sin Automóvil.

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)







 

Y otro, en torno al uso de bicicletas.

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes reservados, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI, para referirse al dictamen que exhorta a vigilar el cabal cumplimiento a las disposiciones legales de la Ley de Aviación Civil, su reglamento, y la Ley de Aeropuertos y su reglamento.

La Senadora Mely Romero Celis: Muchas gracias, señora Presidenta.

Cobros indebidos, daños y extravío de equipaje, revisión excesiva a los pasajeros, retrasos o adelantos en la salida de los vuelos, modificaciones de tarifas sin previo aviso, son sólo algunos de los problemas que encuentran millones de usuarios de las diferentes aerolíneas que operan en nuestro país.

Situaciones y problemáticas que simplemente sucede sin mayor explicación.

No hay flexibilidad, no hay consideración, ni siquiera valorando que los usuarios tienen que trasladarse en un vuelo por necesidad, no es por mero gusto, es por necesidad, empresarios, funcionarios, profesionistas, técnicos, tienen que hacer visitas de trabajos, para consolidar trabajos que a su vez generan empleo, para consolidar acuerdos que beneficien a la población, para supervisar, inclusive, plantas o el desarrollo de alguna actividad en beneficio de todos los mexicanos.

Sin embargo, en el momento de tener que tomar un vuelo, hay diferentes circunstancias que impiden que se logren los objetivos planteados.

Para el grupo parlamentario del PRI, resulta preocupante toda esta problemática y todas las prácticas que se han detectado en torno a las aerolíneas, porque al traducirse en un mal servicio y en afectaciones económicas para los usuarios, también son violatorias de diversos ordenamientos en la materia. Eso es lo más grave.

De acuerdo a la Procuraduría Federal del Consumidor, las aerolíneas con mayores quejas, tenemos que decirlo, son: Volaris, esta aerolínea tiene 563 quejas; enseguida Viva Aerobús, 583; Aeroméxico 452; Interjet 116; United Airlines 22.

Es decir, independientemente de la aerolínea, hay un número sustantivo de quejas que los usuarios se atreven a plantear.

Coincidimos con la comisión dictaminadora, cuando señala que las revisiones realizadas por los elementos de seguridad deben apegarse a lo que se establece en los mismos programas de seguridad y en los tratados internacionales.

Sobre todo, en ningún momento deben implicar una falta de respeto ni a las creencias ni a los derechos de las personas, y si bien es cierto que muchas veces los retrasos en los vuelos son por causas ajenas a estas aerolíneas, porque puede ser que se deban a fenómenos climatológicos, también es cierto que hay poca flexibilidad, reitero, hay pocas explicaciones, y cuando las causas sí son imputables a las aerolíneas, éstas tienen obligación de cumplir con lo que establece la normatividad, y no siempre lo vemos.

Las aerolíneas deben erradicar estas prácticas como la tan grave sobreventa de boletos, que simplemente deja a muchos pasajeros sin la posibilidad de trasladarse al destino, y entonces se deben buscar mejores esquemas que les permitan resarcir estas cancelaciones, reducir los costos que implica para los mismos pasajeros, para los usuarios.

Recientemente la misma Cofece hizo una investigación muy relevante sobre todo el entorno que se lleva a cabo en el Aeropuerto, específicamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, me parece que ahí hay datos muy relevantes que también debemos considerar, pero en este caso el dictamen que nos ocupa es importante para poner el tema sobre la mesa y para exigir que las líneas cumplan con la normatividad y garanticen que se cubran los derechos de las personas.

Las y los legisladores del Partido Revolucionario Institucional no podemos ser indiferentes ante esta situación. Por eso es que consideramos que sí se deben fortalecer todas las acciones de vigilancia para que se dé puntual cumplimiento a lo que establece nuestro marco jurídico vigente.

En nuestro grupo parlamentario votaremos a favor de este dictamen, porque sabemos que con esto estaremos contribuyendo para que las y los mexicanos reciban un mejor servicio por parte de las aerolíneas que prestan este servicio a nuestro país.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Romero Celis.

Se concede el uso de la palabra al Senador Tereso Medina Ramírez, para referirse al dictamen sobre drones.

El Senador Tereso Medina Ramírez: Gracias, señora Presidenta. Honorable Asamblea:

Durante los últimos años hemos escuchado el uso del término “dron”, el cual se aplica a una aeronave que vuela sin tripulación y que es comandada o dirigida a distancia.

Existen drones de diversos tamaños y orientados a finalidades distintas, su origen fue eminentemente militar en su inicio.

Para los países que desarrollan tecnología militar, los drones significaron importantes ventajas, por ejemplo, la posibilidad de evitar la muerte de un piloto, o la realización de maniobras que se veían limitadas al llevar a un ser humano en su interior.

Hoy en día afortunadamente a los drones se les ha dado un fin diferente a las actividades bélicas y están siendo utilizados para diversos usos civiles, muchos de los cuales, incluso, coadyuvan al desarrollo del bienestar de la población.

En este sentido, es de destacar el uso que se da a los drones en la agricultura y en la ganadería, para observar el desarrollo de los campos de cultivo o granjas de animales, monitorear sus condiciones, detectar plagas y diversos agentes nocivos, a fin de contrarrestarlos.

En nuestra nación, el principal uso que se da a los drones es el recreativo, para la toma de fotografías, videos y el de vigilancia para la seguridad pública, entre otros.

No es desconocido que varias dependencias federales o gobiernos estatales o municipales, cuentan con drones, principalmente para fortalecer sus esquemas de vigilancia.

La fácil disposición de esta interesante tecnología, para prácticamente cualquier persona, debe también significar la emisión de ordenamientos legales, tendientes a cuidar la integridad física de los usuarios y no usuarios, y a evitar la violación de los derechos humanos y el derecho a la intimidad del ciudadano.

La Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, emitió el pasado 8 de abril una circular que establece limitaciones al uso de drones, según su peso. Asimismo, definió limitantes válidas para todos los equipos y por tanto, sólo pueden ser operados durante el día en áreas no clasificadas como prohibidas, restringidas o peligrosas y que no deben dejar caer objetos que puedan causar daños a personas o bienes.

Sin embargo, en caso de incumplimiento de alguna regla aeronáutica, únicamente se establecen sanciones administrativas y en caso de algún accidente o invasión a la intimidad de una persona mediante fotografía o video, la ley no tipifica como delito el uso de estos aparatos.

Compañeras y compañeros Senadores, los legisladores del grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos que debemos impulsar el desarrollo y el uso de la tecnología, pero siempre en un marco de seguridad y respeto. Por ello nos manifestamos a favor del presente dictamen con punto de Acuerdo, dirigido a reglamentar integralmente la disposición y uso de los drones en México.

Los poderes del Estado debemos trabajar coordinadamente en el ámbito de nuestras facultades y competencias, en lograr una legislación lo más completa posible.

En este sentido, estamos convencidos de la disposición plena para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el tema, juntos alcanzaremos el marco legal adecuado para el bienestar y tranquilidad de nuestra población.

Es cuanto, señora Presidenta, muchas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Medina Ramírez.

Esta Presidencia da una cordial bienvenida a estudiantes de la preparatoria de la Universidad del Valle de México, Campus Saltillo, invitados por la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, quienes asisten al Senado a presenciar el debate de diversos asuntos.

¡Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos!

Tiene el uso de la palabra la Senadora Erika Ayala Ríos, para referirse al dictamen sobre el Día Mundial sin Automóvil.

La Senadora Erika Ayala Ríos: Con la venia de la Presidencia. Compañeros y compañeras:

Acudo a la máxima tribuna para hablar de un tema vital, con gran importancia para los legisladores del PRI, y me refiero a la necesidad de generar conciencia sobre los efectos e impacto del uso indiscriminado o abuso del auto.

En atención a la relevancia del asunto, anticipo que en el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votaremos a favor del presente dictamen.

Es oportuno precisar que coincidimos con los promoventes en la necesidad de concientizar a la ciudadanía sobre la necesidad de utilizar racionalmente el automóvil.

Hoy más que nunca es imprescindible que impulsemos acciones encaminadas a potenciar el transporte público y no motorizado.

El Día Mundial sin Automovil representa el espacio idóneo para generar conciencia entre los automovilistas sobre el impacto ambiental del uso de este medio de transporte.

Sin duda la transformación de la movilidad de México exige esfuerzos conjuntos de la sociedad y de los gobiernos, pues las experiencias internacionales nos demuestran que las acciones impulsadas por las autoridades sin el respaldo de la ciudadanía, difícilmente alcanzarán los resultados y los anhelos esperados. Las condiciones actuales hacen impostergable mayores acciones en esta materia.

Para ponderar el asunto, cabe destacar que tan solo en la zona metropolitana del Valle de México, se estima que existen casi 6 millones de automóviles, más de 2 millones en la zona metropolitana de Guadalajara; y casi 2 millones de unidades en la zona metropolitana de Monterrey.

La ciudadanía de México ocupa el segundo lugar a nivel mundial entre las zonas urbanas con mayor tráfico vehicular, situación que repercute en distintos ámbitos, desde aquellos relacionados con los tiempos de traslado, los cuales llegan a duplicarse y a ser un verdadero problema para la sociedad, hasta efectos negativos en la economía, en el medio ambiente y en el rendimiento diario de todos.

Las cifras y consideraciones demuestran un modelo de movilidad que privilegia el transporte motorizado, en detrimento de la calidad del servicio de transporte público concesionado, lo cual ha generado un incremento exponencial de los vehículos particulares. Por eso hay que abordar este tema de manera directa.

Por si esto no fuera suficiente, a la par de las afectaciones referidas en el uso indiscriminado y abuso del auto, tiene un gran impacto en el medio ambiente y en la salud de la ciudadanía.

De ahí que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático señale que al menos 34 millones de personas que viven en las zonas metropolitanas están expuestas a una mala calidad de aire.

Por todo lo anterior, compañeras y compañeros, aunque estamos ante un cambio paulatino en principio, es de vital importancia que los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas, así como los congresos estatales, asuman un verdadero compromiso efectivo en el uso de medios de transporte distintos al automóvil.

Ante este panorama, los integrantes del grupo parlamentario del PRI, los invitamos a reflexionar en torno al análisis del modelo de movilidad que impera en nuestro país para tener mejores condiciones todos los ciudadanos. Por ello, reiteramos nuestro voto a favor, y hacemos el llamado a que se pronuncien en el mismo sentido.

Asimismo, es fundamental que la ciudadanía adopte e incorpore en su vida cotidiana nuevas alternativas de transporte que contribuyan a reducir el tráfico vehicular para todos.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias por su atención.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Ayala Ríos.

En virtud de no haber más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Son aprobados los Acuerdos, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Procedemos al desahogo de los dictámenes reservados de la Comisión de Asuntos Migratorios.

Dé cuenta la Secretaría con sus materias.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy cuenta:

Uno, que exhorta a implementar medidas urgentes que garanticen la protección de los derechos humanos de los migrantes que cruzan por el estado de Veracruz.

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)







 

Otro, que exhorta a activar mecanismos que promuevan la búsqueda de migrantes desaparecidos en su tránsito por nuestro país.

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)







 

Uno más, sobre la adecuada implementación de la política del Estado mexicano respecto a la gestión migratoria.

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)







 

Y otro, que exhorta a implementar sistemas ágiles de revisión en puestos fronterizos.

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria.

Informo a la Asamblea que el Senador Miguel Romo Medina entregó una propuesta de modificación al dictamen que exhorta implementar medidas urgentes que garanticen la protección de los derechos humanos de los migrantes que cruzan por el estado de Veracruz.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta.



Es cuanto, señora Presidenta.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite la propuesta, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Está a discusión la propuesta.

Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta presentada.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí es aceptada la propuesta, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: En consecuencia, consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo con la propuesta de modificación que ya fue aceptada.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo con la propuesta de modificación. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Hago de su conocimiento, compañeras y compañeros Senadores, que el Senador Miguel Romo Medina entregó también una propuesta de modificación al dictamen que exhorta a activar mecanismos que promuevan la búsqueda de migrantes desaparecidos en su tránsito por nuestro país.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura:



Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta presentada.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aceptada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En consecuencia, consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo con la propuesta de modificación que ya fue aceptada.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de Acuerdo con la propuesta de modificación. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Jesús Priego Calva, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al dictamen sobre la implementación de la política del Estado mexicano, respecto a la gestión migratoria y la salvaguarda de los derechos humanos de los migrantes.

El Senador Jesús Priego Calva: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

México se ha caracterizado por ser un país de origen, tránsito y destino de migrantes, situación que sigue presente en la actualidad y que nos impone grandes retos, destacando el relativo a los derechos humanos.

En este escenario es importante conocer los avances que se tienen en la implementación de la política del Estado mexicano, respecto a la gestión migratoria y a la salvaguarda de los derechos humanos de los migrantes.

Para ponderar el asunto, cabe señalar que de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, como país de tránsito, anualmente alrededor de 150 mil personas ingresan a nuestro país de manera irregular por la frontera sur.

Según informes de autoridades migratorias de los Estados Unidos, el número de menores migrantes no acompañados ha aumentado de manera considerable. De ahí que más de 50 mil niños centroamericanos hayan sido detenidos en territorio norteamericano.

El Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas señala que durante sus trayectos, los niños migrantes pueden sufrir accidentes, abusos físicos y sexuales, incluso caer en redes de explotación y trata de personas.

Es oportuno precisar que el Estado mexicano está comprometido con el respeto y tutela de los derechos humanos de los migrantes que transitan por el territorio nacional.

Lo anterior nos constriñe en la obligación de ser actores protagónicos en la salvaguarda de los derechos y la protección de su integridad.

De esta manera, entre otras cuestiones, es de vital importancia que las estrategias de control, revisión y verificación migratoria, así como el alojamiento en estaciones migratorias, y los procedimientos de aseguramiento y deportación sean ejecutados con apego a la legalidad y por supuesto, con sensibilidad y pleno respeto a los derechos humanos.

Por otro lado, resulta primordial que desde distintos ámbitos fomentemos e impulsemos espacios de participación donde se analicen, discutan y formulen políticas públicas que atiendan este fenómeno de manera transversal e integral.

Estamos convencidos de que la observancia, respeto y tutela de los derechos humanos de los migrantes, exige del compromiso y esfuerzo permanente de los tres órdenes de gobierno, academia, ciudadanía y por supuesto, legisladores.

Compañeras y compañeros Senadores: La migración es un problema que no podemos ni debemos eludir, los migrantes enfrentan enormes retos y obstáculos, de ahí la importancia de fortalecer la coordinación y aplicación del marco normativo migratorio.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Priego Calva.

Sí, Senador Priego Calva, dígame.

El Senador Jesús Priego Calva: Me estaba yo reservando para mi tercera intervención, pero quiero decir que me siento muy honrado de pertenecer al Senado, usar la tribuna más alta del país, de lo cual me siento verdaderamente a gusto con ustedes.

Espero tener unos grandes avances, como ustedes los han tenido. Yo apenas me acabo de integrar.

Muchas gracias por todo, compañeros Senadores.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Son aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Sonido en el escaño del Senador Cota Jiménez.





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Senador Manuel Humberto Cota Jiménez: (Desde su escaño) En primer lugar, un tema del campo, brevemente.

En las semanas anteriores han sido recurrentes los temas y las notas del precio de la tortilla, de la dificultad por la que atraviesan los productores de la leche. Y, bueno, pues afortunadamente ambas cosas ya agarraron su cauce y se han venido resolviendo. Pero tenemos en este momento el tema del frijol.

Yo quiero proponer ante esta Asamblea la colocación de un Acuerdo que nos permita, en primer tiempo, por el tema del frijol, la baja en la producción hizo que lamentablemente el tema del precio ha tenido muchas dificultades, hay en este momento la condición de poder importar de parte del gobierno federal, y yo quisiera, me permitieran hacer la propuesta de que dichas importaciones de parte de la Secretaría de Economía, en primer tiempo, será en forma muy coordinada con la Sagarpa.

En segundo tiempo, la Sagarpa está esperando a que el frijol que sea producido en nuestro país, que es un poco más de 1 millón 300 hectáreas, poco más de 800 mil toneladas, permita que se consuma internamente antes de importar.

Esa es una propuesta que me permito hacer a esta Asamblea, yo dejo este documento que solicito sea inscrito como corresponde en su resolutivo, y la propuesta de siete Senadores de diferentes regiones productoras de frijol.

Solicito a usted ponerlo a consideración de esta Asamblea.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: La Asamblea ha sido enterada de su propuesta. Se recibe y se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería, el punto de Acuerdo que exhorta a priorizar recursos para los productores de frijol del país.

Sonido en el escaño del Senador Cota Jiménez.

El Senador Manuel Humberto Cota Jiménez: (Desde su escaño) Va a la decisión de los costos de importación, por ese motivo solicito, respetuosamente, sea considerado de urgente resolución, si así lo considera la Asamblea.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: A ver, ya fue enterada. La he turnado ya a las comisiones. Permítanme un momento.

Bien, voy a darle lectura al primer punto, de este punto de Acuerdo, como un exhorto para que tenga los efectos.

“El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para llevar a cabo un análisis detallado de la situación de la balanza comercial de frijol en México, tomando en cuenta la opinión de los sectores productivo y empresarial, y en caso de considerar necesaria la importación de este producto, defina las fechas idóneas para castigar lo menos posible a los productores frijoleros del país que se encuentran actualmente en su temporada de cosecha”.

Se hace este exhorto, y ha sido enterada la Asamblea, por tanto, se reitera el turno a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Sonido en el escaño de la Senadora Hilaria Domínguez.

La Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu: (Desde su escaño) Señor Presidente, se le ha solicitado que sea de urgente resolución, porque estamos en estos momentos, precisamente, los campesinos mexicanos de los once estados productores de frijol, más los de otoño-invierno, que es Nayarit y Sinaloa, en este momento los coyotes andan en el territorio abaratando los costos de producción de nosotros los campesinos.

Y, por otro lado, en estos ocho días entrarían 300 mil toneladas de frijol al país, cosa que no queremos porque nos afecta a los productores mexicanos; si usted lo turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, será dentro de 15 días, eso ya no nos sirve, por eso le solicitamos muy respetuosa y comedidamente que lo pase en estos momentos a votación en urgente resolución.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Domínguez Arvizu.

Es un Acuerdo que tuvimos con el Senador Cota Jiménez, para darlo de manera económica, para los efectos, es lo mismo.

Sonido en el escaño de la Senadora Calderón Hinojosa.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Un exhorto que tendría que convertirse en un punto de Acuerdo en una comisión, y yo entiendo la premura o la urgencia que hay por las decisiones que se están tomando el día de hoy y que tiene que ver con los productores del campo que cuyo precio, bueno, ya es risible, sí tiene que ver una política distinta de producción alimentaria, y tenemos que ir a la autosuficiencia.

Yo entiendo que hoy hay una urgencia de pronunciarnos, seguramente todos podemos pronunciarnos en ese sentido, independientemente de que se turne o no a comisiones para no violentar los procesos en este Senado. No vaya a ser que tengamos precedentes que no nos ayuden, pero sí creo que tenemos que pronunciarnos todos en el sentido de que la producción de frijol tiene que ser protegida de alguna manera y tiene que cambiar en el sentido en que lo dice el Senador Cota Jiménez.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Calderón Hinojosa.

Sonido en el escaño del Senador Pedraza Chávez.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Pues si hicieran falta las cinco firmas para que se declare de urgente resolución, me adhiero al planteamiento, de acuerdo al Reglamento, que lo someta porque de verdad, una de las pocas acciones que se pueden hacer en este momento y que hemos recriminado durante siempre, es la política de apertura de cupos, en el momento en que está la zafra de un producto.

Y han oído ahorita ustedes que están a punto de autorizar estos cupos para el frijol, y creo que sería la mayor deslealtad que les pudiéramos hacer a los productores agrícolas de este país que están esperando en sus cosechas tener los ingresos suficientes.

Yo por eso me sumo al exhorto que están haciendo y al planteamiento de que sea de urgente resolución y que lo turnen a la Comisión de Agricultura y Ganadería, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Senador Sofío Ramírez, ¿es en el mismo sentido?

El Senador Sofío Ramírez Hernández: (Desde su escaño) Si, señor Presidente, es el mismo sentido con la siguiente consideración de hacer un exhorto ahora a la Mesa Directiva para efecto de que se promueva que vaya de urgente resolución y, al mismo tiempo, mis compañeros Senadores.

Por lo tanto, lo que estamos viviendo, es un ejercicio de solidaridad también para los campesinos y productores.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Dado que hay consenso, como se puede observar, vamos a pedir a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se acepta incorporarlo al Orden del Día.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta que el punto discutido se incorpore al Orden del Día. Quienes porque se incorpore, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se incorpore, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí es aceptada su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución el anterior punto de Acuerdo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Pido a la Secretaría dé lectura a los resolutivos de este punto de Acuerdo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a los resolutivos:

“Primero: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para llevar a cabo un análisis detallado de la situación de la balanza comercial de frijol en México, tomando en cuenta la opinión de los sectores productivo y empresarial, y en caso de considerar necesaria la importación de este producto defina las fechas idóneas para perjudicar lo menos posible a los productores frijoleros de México que se encuentran actualmente en su temporada de cosecha.

Segundo: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que en los estados productores de frijol se prioricen los recursos del PIMAF a los productores de frijol de nuestro país.

Tercero: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA), a incluir al frijol en el esquema de productos elegibles del Programa Ingreso Objetivo e implementar un mecanismo de Agricultura por Contrato, para dar certeza al productor en el precio por tonelada desde el inicio de la siembra”.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de Acuerdo leído anteriormente. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano)

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado el punto de Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.





 

Senadora Gómez del Campo, ¿con que objeto?

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Quisiera solicitarle, si pudiese incorporar en el Orden del Día el punto de Acuerdo signado por los Senadores Cuevas Barrón, Cordero Arrollo y Gil Zuarth, que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a diseñar un portal electrónico en donde se hagan públicas las discusiones y reuniones de trabajo que llevan a cabo el Grupo de Notables en torno a la redacción de la Constitución Política para la Ciudad de México.

Proposición con punto de Acuerdo

Los que suscriben, Mariana Gómez del Campo Gurza, Gabriela Cuevas Barron, Ernesto Cordero Arroyo, Roberto Gil Zuarth, Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A LA BREVEDAD SE DISEÑE UN PORTAL ELECTRÓNICO EN DÓNDE SE HAGAN PÚBLICAS LAS DISCUSIONES Y REUNIONES DE TRABAJO QUE LLEVAN A CABO EL “GRUPO DE NOTABLES”, EN TORNO A LA REDACCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO TODA LA INFORMACIÓN QUE SE GENERE EN TORNO A ESTE GRUPO DE TRABAJO, de acuerdo con lo siguiente:

ANTECEDENTES

1.- Derivado de la Reforma Política de la Ciudad de México, aprobada por el Congreso de la Unión y ratificada por la mayoría de los Congresos Locales de las Entidades Federativas, el Titular del Ejecutivo Federal, promulgó la citada reforma el pasado 29 de enero; en la cual se establece en el Artículo Séptimo del régimen transitorial, que es facultad exclusiva del Jefe de Gobierno capitalino remitir el proyecto de Constitución Política que será analizado, discutido y en su caso aprobado por el Constituyente de la Ciudad de México.

2.- Derivado de lo anterior, el 5 de febrero del presente año, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal informó sobre la conformación de un “Grupo de Notables”, para que sean los responsables de redactar el proyecto de Constitución de la Ciudad de México, dando a conocer el nombre de cada uno de ellos:

1. Miguel Barbosa. Senador por el PRD.

2. Cuauhtémoc Cárdenas. Ex Jefe de Gobierno. Ex candidato a la presidencia. Actual coordinador de asuntos internacionales del gobierno de la CDMX.

3. LolKin Castañeda. Activista por la igualdad de género

4. María Leoba Castañeda. Directora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Catedrática y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

5. Miguel Concha Malo. Activista por la defensa de los derechos humanos, de los sectores más vulnerables

6. Carlos Cruz Santiago. Fundador de Cauce Ciudadano, surgió de las bandas de jóvenes de la Ciudad de México. Activista por los derechos de los jóvenes.

7. Alejandro Encinas. Senador de la República. Ex jefe de Gobierno sustituto (2005-2006)

8. Enrique Fernández Fassnacht. Director del Instituto Politécnico Nacional.

9. Aidé García Fernández. Coordinadora de relaciones institucionales de Católicas por el Derecho a Decidir. Activista por los derechos de las mujeres.

10. Juan Luis Alcántara Carrancá. Investigador honorario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Especialista en derecho civil.

11. Mónica González Contró. Investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Especializada en derechos de la infancia

12. Clara Jusidman Rapoport. Economista, especializada en derechos humanos y laborales. Secretaria de Desarrollo Social en el Gobierno de la CDMX de 1997 a 2000.

13. Marta Lamas Encabado. Antropóloga y especialista en la defensa de los derechos de las mujeres y de equidad de género.

14. Guadalupe Loaeza Tovar. Escritora y articulista.

15. Ana Laura MagaloniKerpel. Doctora en derecho. Especialista en proceso judicial, teoría del derecho, seguridad pública e instituciones de procuración e impartición e justicia.

16. Ifigenia Martínez y Hernández. Economista, académica y ex diputada por el PRD. Cofundadora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

17. Mauricio Merino Huerta. Doctor en ciencia política, especializado en materia de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información.

18. Porfirio Muñoz Ledo. Licenciado en derecho, cuenta con una carrera como servidor público, legislador, diplomático y político. Actualmente es el coordinador de la Reforma Política de la Ciudad de México.

19. Loretta Ortiz Ahlf. Abogada por la Escuela Libre de Derecho. Especializada en Derechos Humanos. Esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, colaborador cercano de Andrés Manuel López Obrador.

20. Enrique Ortiz Flores. Arquitecto especializado en desarrollo urbano y vivienda popular. Presidió la coalición Habitat de la ONU. En 2015 recibió el Premio Nacional de Arquitectura.

21. Ariel Rodríguez Kuri. Historiador, profesor-investigador en materia de estudios urbanos para el Colegio de México y la UAM Azcapotzalco.

22. María Rojo Inchaustegui. Actriz, ex senadora y diputada federal por el PRD.

23. Pedro Salazar Ugarte. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Especializado en constitucionalismo y derechos sociales.

24. Gustavo Ramón Sánchez Martínez. Nadador paralímpico. Multicampeón panamericano y olímpico.

25. Martha Sánchez Néstor. Activista por los derechos de las comunidades indígenas, especialmente en defensa de las mujeres indígenas.

26. Francisco Valdes Ugalde. Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Especializado en sistemas constitucionales y democracia.

27. Luis Villoro Ortiz. Escritor y articulista. Premio Herralde en 2004.

28. Alicia Ziccardi Contigliani. Doctora en economía por la UNAM. Especializada en pobreza urbana, exclusión social y políticas sociales.

De igual manera el Jefe de Gobierno designó como Secretario Ejecutivo de dicho Grupo a Rogelio Muñiz Toledo y como Secretario Técnico del mismo, al Consejero Jurídico del gobierno de la Ciudad, Manuel Granados Covarrubias.

3.- El pasado 16 de febrero el “Grupo de Notables”, llevó a cabo su primera reunión de trabajo en sesión privada, en donde se acordó sobre su organización operativa, la conformación de grupos de trabajo y sobre el calendario de sesiones de trabajo, de acuerdo con información publicada por algunos medios de comunicación.

4.- Dada la relevancia de los trabajaos que realiza el “Grupo de Notables”, para la construcción de nuestra Constitución, resulta importante que dichas reuniones se hagan públicas, con la finalidad de asegurar una verdadera transparencia y  participación ciudadana. Por lo que se propone que se diseñe un sitio Web, en dónde se pueda consultar cada una de las sesiones pasadas, sesiones en vivo, la minuta de cada reunión de trabajo, así como el acceso a cada uno de los documentos que se discutan en el seno de este grupo de trabajo.

CONSIDERANDOS

I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

III. Que el acceso a la información pública, es el derecho humano que tiene toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de las delegaciones, dependencias y órganos desconcentrados, de acuerdo con lo señalado por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

IV. Que de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley para Hacer de la Ciudad de México una Ciudad Abierta, reconoce como un derecho que tienen las personas de participar en la conformación, desarrollo y evaluación de los programas políticas y acciones de gobierno, así como en mejorar la disponibilidad de información sobre las actividades que realiza el Gobierno de esta Ciudad. Con lo cual se privilegia el Principio de Transparencia Proactiva; el de Participación; de Colaboración; de Máxima Publicidad; de Usabilidad; Innovación Cívica y Aprovechamiento de la Tecnología; así como el de Retroalimentación.

Por lo anteriormente expuesto, resulta necesario socializar, transparentar, e involucrar a las personas en cada uno de los procesos que intervienen en la conformación de la Constitución Política que nos regirá en la Ciudad de México, por lo que se comete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que a la brevedad implemente un Portal electrónico en el que esté disponible toda la información relacionada con las sesiones trabajo que realiza el “Grupo de Notables” que convocó e integró para la redacción de la Constitución Política de la Ciudad de México.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que las sesiones de trabajo que lleva a cabo el “Grupo de Notables” sea transmitida en tiempo real a través del Portal electrónico que para tal efecto se implemente.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que haga públicas las minutas de trabajo del “Grupo de Notables” y que las mismas puedan estar disponibles a través del Sitio Web que para tal efecto se implemente.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Gabriela Cuevas Barrón.- Sen. Roberto Gil Zuarth.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Sí, con gusto. Este punto de Acuerdo se encuentra en el Orden del día. Vamos a dar turno entonces.

Dígame, Senadora Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Estoy solicitando si se puede incorporar en este momento en la sesión, para que lo discutamos de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Está incorporado en el Orden del Día. Eso no lo vamos a someter a consideración, dado que está ya inscrito.

Vamos a consultar, en todo caso, si la Asamblea acepta si es de urgente resolución.

Por favor, la Secretaría consulte a la Asamblea.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto referido por la Senadora Mariana Gómez del Campo, que está inscrito en el Orden del Día, se considera de urgente resolución. Quienes estén porque se considere, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se considere, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Dé lectura la Secretaría a su parte resolutiva.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a la parte resolutiva del dictamen.

“Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que a la brevedad implemente un Portal electrónico en el que esté disponible toda la información relacionada con las sesiones de trabajo que realiza el “Grupo de Notables” que convocó e integró para la redacción de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que las sesiones de trabajo que lleva a cabo el “Grupo de Notables” sea transmitida en tiempo real a través del Portal electrónico que para tal efecto se implemente.

Tercero.- El Senado de la República exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que haga públicas las minutas de trabajo del “Grupo de Notables” y que las mismas puedan estar disponibles a través del sitio web que para tal efecto se implemente”.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Consulte la Secretaría si es de aprobarse el resolutivo.

Senadora Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solamente quisiera hacer algunos comentarios, previo a que se someta a votación este resolutivo.

Yo quisiera decirles, primero, el tema de la Constitución Política para la Ciudad de México, no nada más es un tema para la Ciudad de México, sino que involucra actores de muchos otros estados de la República, somos la capital de la República, la sede de los tres poderes federales y me parece que este Grupo de 28 Notables va a ser muy valioso que podamos conocer qué trabajo es el que están realizando en cuanto a la redacción de la Constitución Política se refiere.

Que haya transparencia sobre lo que se está realizando y, sobre todo, que los ciudadanos puedan tener acceso a través del portal electrónico, a través de posiblemente el Canal Capital 21, para que en vivo se puedan estar conociendo las discusiones, se puedan estar conociendo también las minutas de lo que integrará la nueva Constitución Política para la Ciudad de México.

Es un tema de transparencia y es un tema también de aprovechar las tecnologías.

Es cuanto.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.

Sonido en el escaño del Senador Encinas Rodríguez.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Para sumarme al punto de Acuerdo.

Efectivamente coincido en que todos los debates que se desarrollen en torno a la formulación de la iniciativa de Constitución Política para la Ciudad de México, debe cumplir con el principio de máxima publicidad y todos los trabajos deben realizarse con transparencia, rendición de cuentas, de cara a la ciudadanía, porque hacerlo así debe convertirse en una fuente de legitimidad de este proceso.

Quizás con algo que discrepo es con el calificativo de “Notables”, hay quienes se anotan por sus aciertos y quienes se hacen notables por sus errores.

Yo creo que más bien debemos hablar de escribanos, porque la función que cumple ese grupo, al igual que los escribanos, el escribir lo que le dicta el pueblo. Y ese va a ser el principio que rija la elaboración del proyecto de la Constitución Política.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Encinas Rodríguez. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el punto de Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.

Senador Mayans Canabal.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Le solicito el turno para mi punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades municipales del ayuntamiento de Toluca, Estado de México, a considerar la creación de la Comisión Edilicia para la Atención y Seguimiento de la Alerta y la Violencia de Género.

Estoy inscrito en el Orden del Día.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Mayans Canabal. Por supuesto, vamos a darle trato igual a las fuerzas políticas. Su punto de Acuerdo está inscrito.

Voy a pedirle a la Secretaría dé lectura a su parte resolutiva.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a la parte resolutiva del Acuerdo.

“Único.- El Senado de la República, con absoluto apego y respeto al principio de división de poderes, exhorta al H. Ayuntamiento Constitucional de Toluca del Estado de México, para que considere autorizar mediante acuerdo la creación de la Comisión Edilicia de Atención y Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género, con el objeto de contener y eliminar ese tipo de violencia en dicho municipio”.

Es cuanto, señor Presidente.





 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Senador Mayans Canabal.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Si me permite ampliar un poquito la información.

Esto se da, señor Presidente, con su permiso, que el 25 de noviembre de cada año, la Organización Mundial de la Salud une a sus asociados para exigir la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas, con el fin de garantizar su salud, su bienestar y sus derechos humanos.

A pesar de que esta organización ha condenado enérgicamente este tipo de violencia y de apoyar los esfuerzos desplegados por los países asociados para avanzar hacia la desnormalización de este tipo de conductas, se siguen presentando niveles alarmantes de violencia hacia las mujeres.

De acuerdo a las últimas estadísticas que da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con motivo del “Día Internacional de la Violencia Contra la Mujer”, se determinó en 2011, que 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más, declaró haber padecido algún incidente de violencia.

Entre el 2011 y 2013, las entidades que presentan las tasas más altas en homicidios de mujeres son: Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Colima, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Baja California y el Estado de México.

Las mujeres que se encuentran más expuestas a la violencia de la pareja o de cualquier otro agresor, son las jóvenes entre 20 y 39 años; particularmente las mujeres de 30 a 39 años, 68 de cada 100 han enfrentado al menos un episodio de abuso de violencia.

Así las cifras que aporta el INEGI, se desprende que la violencia contra las mujeres está ampliamente extendida en todo el país, y que no se trata de actos aislados, sino de un patrón general, ya que aun cuando entidades como el Estado de México y Baja California, se observan las prevalencias más altas, todas están por encima del 50 por ciento, se ha sostenido que entre las mujeres más jóvenes a su corta edad, más de la mitad ha enfrentado algún tipo de abuso físico, sexual o intimidación emocional.

En entidades como el Estado de México, alcanza a 65 de cada 100 jóvenes de entre 15 y 19 años.

A nivel nacional, en promedio, se estima que durante el 2013 y 2014 fueron asesinadas 7 mujeres diariamente en el país.

En virtud de la alta incidencia de violencia hacia las mujeres registrada en el Estado de México, el 28 de julio de 2015 el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, encabezado por la Secretaría de Gobernación, emitió formalmente la Declaratoria de Alerta de Género en dicha entidad, por ser activada en 11 municipios; Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli y Chalco.

Considerando que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece que la alerta de género es un conjunto de acciones  gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres.

La responsabilidad de las autoridades mexicanas cuando se declara esta situación, es resarcir el daño a las víctimas, conforme a los parámetros internacionales en derechos humanos.

La ley instruye que las víctimas deben tener acceso a la justicia, pronta, expedita e imparcial y que las autoridades deben ofrecer servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos.

Por los altos niveles de incidencia en el Estado de México, el gobierno de esa entidad informó el miércoles 29 de julio de 2015, que se aplicarían tres ejes de acción:

El primer eje estaría centrado en la prevención de la violencia de género a través de programas dirigidos al sector público, en lo que se les capacitará y sensibilizará en temas de derechos humanos, además de dotar de herramientas teórico-prácticas a los funcionarios que se encargan de la procuración de justicia e investigar hechos de violencia de género.

El segundo eje se ocupará de la seguridad para las mujeres en los 11 municipios en los que se declaró alerta de género.

En estos municipios el gobierno del Estado de México integrará células de reacción inmediata para atender llamados de emergencia, además se elaborarán protocolos de actuación y reacción institucional para la localización de niñas y mujeres desaparecidas, informó la dependencia a través de su comunicado.

El tercer eje se encargaría de facilitar el acceso a la justicia para las mujeres, a través de un grupo de trabajo entre los tres poderes públicos de gobierno de la entidad para revisar la legislación estatal en materia de derechos de las mujeres y niñas en coordinación con la Secretaría de Gobernación.

De marzo de 2011 a diciembre del 2015 se contabilizaron 20 crímenes de género en el municipio de Toluca.

Compañeras y compañeros Senadores: Espero que esta proposición, cuyo tema no debe ser ajeno a nadie, sea apoyada no sólo por mis compañeras Senadoras activas de las Comisiones para la Igualdad de Género y Derechos Humanos, sino también por todos los Senadores de todos los grupos parlamentarios.

Por lo antes expuesto, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva ponga a consideración de urgente resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República, con absoluto apego y respeto al principio de división de poderes, exhorta al H. Ayuntamiento Constitucional de Toluca del Estado de México, para que considere autorizar mediante acuerdo la creación de la Comisión Edilicia de Atención y Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género, con el objeto de contener y eliminar ese tipo de violencia en dicho municipio.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse de urge resolución.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Dígame, Senador Mayans Canabal.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Digo, estamos hablando de violencia de género, terrible, pero los Senadores del PRI, yo vi que levantaron también la mano. Están apoyando.

Yo le pediría, con todo respeto, a mi amiga y Senadora que si pudiera volverlo a hacer. O en su caso, le solicito que me apoyen cinco Senadores para que sea en el tablero electrónico para que no haya duda.

A ver, ¿quién me apoya de mis amigos Senadores y Senadoras, cinco?

Aquí tiene cinco Senadores que solicitamos que sea a través del tablero electrónico.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: A ver, mire, ya se había cantado la votación, cuando usted hace esta solicitud.

Vamos a darle turno a la comisión.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) ¿Me permite la palabra, señor Presidente?

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Sí, dígame.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Ok.

Aquí yo vi que el Senador Romo Medina y varios compañeros Senadores, responsables con su quehacer político y su representación popular, levantaron la mano apoyando.

Y entonces, yo le pido que por lo menos se volviera a revisar esto, porque a ojo de buen cubero, con todo respeto a mi amiga y Senadora del Estado de México, pues, yo vi que sí hubo apoyo.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Fue ya cantada la votación. No tengo más que enviarlo a la comisión. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.





 

Compañeras y compañeros: Informo a ustedes que las demás iniciativas y proposiciones inscritas en nuestra agenda del día de hoy, se turnarán a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 7o., NUMERAL I DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

(Presentada por el Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia)

Las que suscriben, MARIA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, HILDA ESTELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA, HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, ERIKA AYALA RÍOS, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE SALUD BUCO DENTAL, al tenor de la siguiente:

ANTECEDENTES

La salud bucodental forma parte importante del estado de salud general de un individuo, ya que es la boca el órgano precursor del proceso de digestión y nutrición, además de otras funciones vitales para el ser humano como la comunicación, el afecto, la autoestima y la sexualidad. Englobando de manera integral lo que marca la Organización Mundial de la Salud como definición de salud: “el completo estado de bienestar físico, psíquico y social”, por tanto al verse afectado uno o varios de estos elementos, se tendrá automáticamente un impacto significativo en la calidad de vida del individuo.

La boca es la zona más contaminada de todo nuestro sistema, por tanto habitan en ella millones de colonias bacterianas, comentan algunos científicos, que muchas de ellas nocivas para la salud general, más allá del daño que pudieran causar a dientes y periodonto.

Un factor importante a considerar en la salud es que al incrementar la esperanza de vida a 74.6 años, lo que favorece a que se observe el fenómeno en el cual predominan los padecimientos crónicos degenerativos con alto costo para el Estado y para el individuo y su familia, considerando que el coste de la atención estomatológica que prevalece es del segundo y tercer nivel es necesario intervenir culturalmente e incrementar las acciones de primer atención con el fin de evitar complicaciones con los padecimientos sistemáticos, disminuir las incapacidades laborales y escolares a causa principalmente de odontalgias y apoyar la economía de las familias mexicanas reduciendo las intervenciones curativas y/o de rehabilitación, preservando la dentadura hasta la senectud, población en aumento nacional e internacional, para nuestro país se contempla para el 2020 que la quinta parte de los habitantes sean mayores de 60 años.

Tomando en cuenta lo anterior debemos prever ese futuro en el que concierne al área odontológica, cuya atención es especializada, costosa, necesaria, vinculada al organismo del individuo y por lo tanto para su buen funcionamiento y una mejor calidad de vida.

A pesar de los continuos avances en la odontología; las enfermedades bucales constituyen un problema general de salud pública a nivel mundial, tanto por su magnitud, como por el impacto que generan en la calidad de vida de las personas y comunidades.
La caries dental y las periodontopatías, por su magnitud y trascendencia, representan los principales problemas de salud bucal.

Los grupos socialmente más desventajados continúan siendo los más afectados, lo que implica un gran desafío para los países en desarrollo, más aún cuando se espera que la carga de enfermedades bucales y, en especial las periodontales, aumente por la falta de acceso a servicios, la alta prevalencia de tabaquismo y diabetes, entre otras causas.

Reconociendo que las enfermedades bucodentales constituyen un problema de salud pública a nivel mundial y que su magnitud varía entre grupos humanos, resulta necesario el conocer la influencia de las infecciones a causa de la caries dental y enfermedad periodontal en la salud sistémica.

Se ha realizado investigación científica en los últimos años que avala la vinculación que tienen los individuos con enfermedades sistémicas, edad con mayor riesgo como los infantes y adultos mayores, así como los estados fisiológicos especiales como el embarazo y menopausia, con la evolución y agravamiento de su estado y/o padecimiento sistémico con alguno de estas patologías bucodentales.

Sin menospreciar aquellas enfermedades que muestran signos bucales como anemia, metástasis, leucemia, desnutrición y sida.

La caries dental afecta al 90 por ciento de la población según lo menciona la Organización Panamericana de la Salud y es definida por la Organización Mundial de la Salud en 1987 como un “proceso localizado de origen multifactorial caracterizado por el reblandecimiento del tejido duro del diente que evoluciona hasta formar una cavidad; si no se atiende oportunamente afecta la salud general y la calidad de vida”, por mencionar algunos de los factores tenemos bacterias, tiempo, pH salival, dieta, nivel socioeconómico y anatomía dental.

La estadística en México para el cuidado de la salud bucodental muestra que un 25 por ciento de la población nunca ha visitado al odontólogo, siendo la caries la causa principal de visitas al especialista bucodental con un 26 por ciento y el 16 por ciento de la población ha sufrido problemas de encías. La placa dentobacteriana acumulada por una deficiente higiene oral y falta de cultura en visitar al odontólogo interviene en un 98 por ciento de la presencia de la caries dental y en un 96 por ciento en la enfermedad periodontal.

La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica, caracterizada por alteraciones en el metabolismo de carbohidratos y lípidos, ocasionadas por deficiencia en la secreción o la acción de la insulina, con complicaciones micro y macrovasculares que ocasionan enfermedades incapacitantes como cardiopatías, ceguera, insuficiencia renal y amputación de miembros. Además de ser la diabetes mellitus de real importancia nacional.

La diabetes mellitus tiene diversos efectos en los tejidos bucales, frecuentemente asociados a control glucémico deficiente y respuesta inmunológica deprimida, que incrementan la susceptibilidad a infecciones bacterianas, incluyendo periodontitis, infecciones micóticas, úlceras, caries dental y xerostomía.

La enfermedad periodontal es un proceso inflamatorio bucal de alta prevalencia en la población adulta; en los diabéticos se caracteriza por la presencia de bolsas periodontales, movilidad dentaria, destrucción de tejidos blandos, resorción del hueso de soporte dental y pérdida de dientes, generalmente asociados a exposición prolongada a hiperglucemia, a índices elevados de placa bacteriana y control glucémico deficiente.

Existen estudios realizados en México en grupos específicos que muestran elevada prevalencia de esta enfermedad.

En usuarios de una clínica de una escuela de odontología fue de 43 por ciento; otro estudio reportó 73 por ciento, 57 por ciento en población urbana de mayores de 60 años de clase socioeconómica baja y media y 29 por ciento en población rural.

En diabéticos, las prevalencias reportadas varían de 60 a 71 por ciento en grupos de 45 o más años de edad. Generalmente, en el paciente con diabetes mellitus la enfermedad periodontal es severa y tiene como consecuencia elevada pérdida de dientes.

Recordando que existen parámetros para la atención dental en los cuales el especialista de la salud bucodental puede intervenir en la atención de urgencia, evolución y mantenimiento de la salud estomatológica de un paciente con diabetes, se ven limitados o arriesgados.

Otro factor relacionado con cambios en los tejidos de soporte del diente es el embarazo. Siendo el embarazo un estado fisiológico especial, en el que se presentan una serie de cambios adaptativos temporales en las estructuras corporales de la mujer gestante, como resultado del incremento en la producción de estrógenos, progesterona, gonadotropinas, relaxina, entre otras hormonas, la cavidad bucal no queda exenta de sufrir la influencia hormonal, pudiendo presentarse algunas alteraciones reversibles y transitorias, y otras más consideradas como patológicas.

En lo que respecta a las lesiones de la mucosa bucal, granuloma piógeno o tumor del embarazo parece ser una alteración frecuentemente observada en las mujeres embarazadas, mostrando según diversos investigadores, cifras de prevalencia alrededor del 50% en la población gestante.

Diversas son las lesiones bucales que han sido consideradas comunes en el embarazo. Gingivitis y agrandamientos gingivales han sido reportados por diversos autores, la inflamación gingival puede alcanzar cifras de prevalencia entre el 50 y el 98.25 por ciento (14,15). Otro aspecto importante de las relaciones enfermedad periodontal y embarazo es que algunos autores han observado un incremento en la movilidad de los dientes durante la gestación. Es sentido opuesto, la enfermedad periodontal ha sido identificada como un factor de riesgo para aquellas mujeres que la sufren durante el embarazo, tengan partos prematuros o hijos de bajo peso al nacer.

La edad, en las personas adultas, la pérdida o falta de dientes causa problemas nutricionales y digestivos ya que no presentan los órganos para realizar esta acción fisiológica. En la etapa adulta-adulta mayor si se vio afectado el parodonto, la encía se baja y deja descubierta la raíz dental la cual por su estructura histológica es más susceptible a caries dentales.

Los niños en México de acuerdo al Programa Nacional de Salud Bucal, seis de cada diez niños menores de 6 años tienen una caries, a los 15 años presentan más de tres caries dentales y el 100 por ciento de la población por arriba de los 25 años sufre alguna enfermedad del periodonto.

La periodontitis como factor de riesgo en los pacientes con cardiopatía isquémica, desempeña un papel importante en las manifestaciones orales. La periodontitis también se ha relacionado con el incremento de riesgo de aparición de enfermedad coronaria, debido a que ambas patologías presentan algunas características comunes como la edad, el sexo y el hábito tabáquico entre otras. El principal mecanismo de acción entre la periodontitis y la cardiopatía isquémica radica en el afecto que las bacterias y sus endotoxinas producen sobre las reacciones inflamatorias, los procesos hemostáticos y las alteraciones en el metabolismo de los lípidos.

Existen una serie de condiciones, fisiológicas o patológicas, que pueden asociarse a la presencia de periodontitis y de enfermedades coronarias.

La edad es un factor de riesgo tanto para la patología cardiovascular como para la periodontitis ya que, más del 30 por ciento de los adultos mayores de 50 años de edad presentan periodontitis.

Referente a esto en diversos estudios a nivel nacional e internacional realizados en autopsias a cuerpos con antecedentes de cardiopatías y cuya causa de muerte haya sido el padecimiento mencionado, sugiriendo ser causa de accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares, se han encontrado que los accidentes cardiovasculares han sido provocados en gran parte por la bacteria estreptococos mutans precursora de la caries dental.

La hipertensión arterial, otra enfermedad crónico degenerativa de nuestra sociedad, tiene relevancia para el profesional de la salud bucodental ya que al igual que la diabetes prevalece cada vez más y a más temprana edad, lo que trae más años de cronicidad de la enfermedad y por tanto mayores complicaciones y riesgos en la atención estomatológica, sin mencionar que gran parte de la población presenta factores de riesgo e incluso padece ya estos padecimientos y no se les ha sido diagnosticada.

Las enfermedades sistémicas cardiovasculares bajo tratamiento suelen vincularse con la caries dental debido a que una gran cantidad de fármacos suministrados para tratar estos padecimientos causan sequedad de boca (xerostomía) lo que potencializa la incidencia de caries dental, difícil de controlar en estos pacientes. Lo mismo sucede en personas que están bajo tratamiento de cáncer.

Los antecedentes demográficos juegan un papel relevante en la situación familiar de los mexicanos y en la atención a sus necesidades dejando muchas veces en otro plano su salud general, relegando incuantificablemente su salud bucodental, sin saber que en muchas ocasiones es protagonista en sus padecimientos sistémicos.

El tabaquismo corresponde a uno de los factores agravantes de la enfermedad periodontal y es considerado como un factor de predicción de la pérdida de inserción, de la disminución del nivel óseo así como de la respuesta deficiente frente al tratamiento convencional.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Estudios demuestran una disminución de la incidencia de caries en países ricos, de un 20 a un 50 por ciento, desde hace 20 años de iniciados sus programas y a expensas de que no se disminuyó la ingesta de azucares significativamente, lo cual demuestra que este padecimiento es prevenibles, controlable y reversible sólo en su etapa inicial, cuando no ha perdido estructura dental (esmalte). Haciendo notar que medidas intensivas de educación y prevención.

Como antecedente relevante a nivel nacional solo contamos con una encuesta representativa de la situación de nuestro país, la Encuesta Nacional de Caries Dental, esto apenas en el 2001 la cual arrojo datos de interés de acuerdo a la situación real en la cual existen estados de la República en los cuales todavía se observa un índice alto de caries dental.

Dentro de las acciones realizadas a la fecha para disminuir la caries dental con la fluoración del agua de consumo humano y la sal de mesa por deposición oficial a traído consigo enormes beneficios a la comunidad modificando la incidencia y severidad de la caries, sin embargo, sigue siendo una de las principales causas de demanda de servicios de salud.

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Patologías Bucales (Sivepab), las campañas nacionales de Salud Bucal y acciones específicas por cada una de las entidades federativas para la educación, prevención y atención de la salud bucal, este indicador continúa dando focos de alarma. El concientizar e incluir a otros especialistas de la salud: médicos generales, ginecólogos, oncólogos, pediatras, endocrinólogos, cardiólogos, nutriólogos y psicólogos realicen un trabajo multidisciplinario con el especialista en la salud bucodental en programas con los que hemos visto se relacionan estas ramas de la salud.

Instituciones de salud públicas, tanto del Estado y organizaciones no gubernamentales y universidades del país con licenciaturas en el área bucodental ofrecen en los tres niveles de atención servicios de salud oral gratuitos y a muy bajo costo, de manera permanente o por medio de programas como el llevado a cabo recientemente en el 2005 entre la rectoría y la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el gobierno de Nuevo León y el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el cual por medio del programa “Sonrisa de mujer” contribuyendo a la dignificación de las mujeres neolonesas a fin de recuperar su imagen, salud y autoestima se atendió con rehabilitación dental, que redundaran en el desarrollo familiar y social, los avances en la primer etapa de este sentido programa ha sido 328 mujeres. Esto ha sido posible con financiamiento directo de los involucrados, indiscutiblemente tendría más alcance, de contar con más apoyo financiero para llegar a zonas rurales y con menos oportunidades.

No se puede permitir que la caries dental y enfermedad periodontal, siendo indicadores de salud, de alta incidencia, prevalencia, trascendencia y severidad en nuestro país y que además epidemiológicamente hablando se encuentren dentro de las enfermedades que más afectan a la población y de coste económico elevado, se continúe subestimando el impacto social de la salud bucodental relegando el financiamiento en este sector que finalmente es la base de los demás sectores también importantes que compone la sociedad, ya que un país sano, produce más, lo cual refleja que la salud siempre será una buena inversión a corto y largo plazo.

Para la atención bucodental es necesario equipamiento especializado el cual requiere de mantenimiento recurrente, inclusive si este fuera utilizado solo para cuestiones elementales de prevención y educación en salud bucodental ya que para brindar atención de calidad es necesario un sillón dental (unidad dental), instrumental de exploración, instrumental de intervención, un compresor de aire, material de curación, estetoscopio y esfigmomanómetro, aspirador de saliva y una lámpara, además de recurso humano.

Esto se complica en el medio rural donde todos los recursos y oportunidades, de cualquier tipo son más escasos. Especialistas en el área de la Salud Pública internacional comentan que en nuestro país se sigue viendo de buena manera que si un órgano dentario es causante de dolor, esta cariado o se mueve puede extraerse, aunque la extracción sea una mutilación al sistema de masticación, fonética y estética del   individuo.

Menciona Laurell, 1994 que los ajustes económicos a uno de los grandes sectores de la población como lo es la salud, han visto una reducción en la calidad de vida y de su salud, las consecuencias de estas políticas han trascendido en tener un impacto negativo en la oferta y demanda de los servicios públicos, mercado laboral para los especialistas en la salud.

Se ha comentado que ha aumentado la cobertura como derecho social, en términos poblacionales, los servicios de la salud bucodental no lo han realizado de la misma manera, ya que están restringidos a acciones esenciales y de urgencia, no logrando resolver el detrimento que ha sobrellevado la salud bucodental de los mexicanos con el pasar del tiempo.

La situación de la salud en México es independiente ya que presenta enfermedades sistémicas tanto de países desarrollados como de los no desarrollados, por lo cual deben realizarse programas y políticas específicas, que atiendan de fondo y específicamente la situación real que afrenta nuestro país, y así permitimos evitar el sufrimiento dental a más conciudadanos, un sufrimiento claramente evitable.

Si tomamos oportunamente las recomendaciones dadas atinadamente por el director de la Organización Mundial de la Salud en el 2003 en la cual menciona que la cuarta enfermedad más costosa de tratar en países industrializados son las enfermedades bucales y de no tomar acción a corto plazo muchos países no serán capaces de pagar sus propios programas de tratamiento y específicamente en las necesidades de los adultos mayores.

La incidencia de caries dental y enfermedad periodontal demuestran un antecedente de necesidad de salud no resuelta, revelando como quedan acopiados los problemas sanitarios, por lo que debe quedar comprendido el binomio: que no existe salud general si no hay salud bucal.

Por las características que en si misma muestra la salud bucodental podemos determinar que especialmente la incidencia y prevalencia de caries dental y enfermedad periodontal en nuestra población son un indicador claro a nivel internacional de las condiciones de la salud bucodental en nuestro país.

Por lo antes expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Decreto que adiciona una fracción VI Bis al artículo 3 de la Ley General de Salud, en materia de enfermedades bucodentales.

Artículo Único. Se adiciona una fracción XVIII Bis al artículo 3 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3°…

I. a V.- …

VI. Bis. La prevención, tratamiento y control de las enfermedades bucodentales.

VII a XXVIII.- …

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Erika Ayala Ríos.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo en relación con la problemática del Lago de Chapala. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La que suscribe Senadora NINFA SALINAS SADA, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DEL LAGO DE CHAPALA, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El lago de Chapala es el embalse más grande natural de México, el tercero en América Latina y el segundo en tamaño en América. Nutrida y muy valiosa ha sido la intervención de los tres órdenes de gobierno en la planeación y ejecución de acciones tendientes al cuidado y a la preservación de este vaso lacustre.

Este cuerpo de agua que constituye un centro de recreación de sus habitantes; elemento significativo para la promoción del turismo social; proveedor del vital líquido para gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara; maravilla natural de referencia del Estado de Jalisco, y lugar de importancia internacional para la protección y conservación, al ser uno de los sitios de la convención de Ramsar sobre los Humedales, a través de la cual se busca mantener las características ecológicas de tales ecosistemas y planificar el uso racional y sostenible de los mismos a fin de preservarlos y evitar su destrucción en beneficio del planeta.

Ante esta situación, han surgido diversas organizaciones sociales y ciudadanas para la defensa del capital natural de México, y particularmente, frente a lo que consideran el preocupante estado ambiental de uno de los más preciados del país, como lo es el lago de Chapala.

La relevancia del presente acuerdo radica en que los humedales son esenciales para la vida y representan el sustento de más de mil millones de personas en todo el mundo, incluidos los pueblos indígenas, y en este caso las comunidades aledañas al lago de Chapala.

Éste cuerpo lacustre funciona también como fuente de abastecimiento de alimentos, medicinas, transporte, energía y materias primas tanto para el Estado de Jalisco como para Michoacán. La gran diversidad de vida que alberga lo posiciona como uno de los ecosistemas más productivos del país, siendo un nicho significativo para la producción pesquera, la industria del turismo que proporciona muchas fuentes de trabajo, la agricultura, además de ser amortiguador natural frente a los efectos del cambio climático, aunado a otros servicios ambientales que provee como el controlar la erosión, mejorar la calidad del agua al funcionar como filtro biológico, mantener procesos de sedimentación, y fungir como refugio para flora y fauna silvestre.

Este es un tema que preocupa y ocupa al Partido Verde Ecologista de México, toda vez que en sus postulados se encuentra el respeto, la protección y el cuidado del medio ambiente, promoviendo y realizando acciones legislativas y de concienciación social para fomentar el uso racional y responsable del recurso hídrico y evitar su sobreexplotación y polución, y generando medidas coercitivas que prevengan daños del lago de Chapala por descargas de aguas residuales, invasiones o asentamientos humanos irregulares, o proyectos urbanos, entre otras problemáticas, que pongan en riesgo el equilibrio y la sostenibilidad de Chapala y de las regiones vecinas.

Al problema del lago resulta prioritario que se le examine en su conjunto, es decir, se debe considerar a toda la Cuenca “Lerma-Chapala-Santiago” que ha venido sufriendo la degradación ambiental y en consecuencia la desecación y contaminación del lago. El desgaste de este importante recurso natural es pues, fruto de procesos sociales complejos, cuyas consecuencias se han acumulado por décadas y acelerado en los últimos años.

En mérito de ello resulta prioritario establecer acciones definidas y coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada, la academia y la ciudadanía en general para la generación de políticas públicas que enfrenten y den solución a las contingencias ambientales, tales como la siguiente sequía en la cual se podrían perder cerca de mil millones de metros cúbicos por evaporación, los datos que reportan dicha situación se citan puntualmente en nota periodística que a continuación se transcribe:

“Área Metropolitana de Guadalajara consumirá 6.5% del Agua del Lerma. Milenio edición Jalisco / Región / Agustín del Castillo/ 11 de noviembre de 2015.

Llovió más este último año en relación al previo en la cuenca Lerma Chapala, pero como el Lago de Chapala se mantiene en el rango medio, es decir con una existencia de entre tres mil y seis mil millones de metros cúbicos, el reparto será el correspondiente: 3,621 millones de m3 serán entregados en el ciclo 2015-2016 a los usuarios de la región de 50 mil km2, incluida la ciudad de Guadalajara, ésta última, con apenas 237 millones de m3 (aproximadamente 6.5 por ciento del volumen total).

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a través del organismo de la Cuenca Lerma Santiago Pacífico, presentó las cifras de la asignación de volúmenes de agua superficial para el ciclo noviembre de 2015-octubre 2016 para un territorio que su ubica en las porciones de los estados de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, en la 147 reunión técnica, que por primera ocasión presidió como Secretario Técnico de la Comisión de Operación y Vigilancia del Consejo de Cuenca Lerma Chapala, el nuevo director del organismo, Jorge Malagón Díaz.

Precisó que el volumen es “ligeramente superior” al que se entregó en el ciclo anterior, cuando se asignaron 3,608 millones de m3, de los cuales se utilizó 83 por ciento. Chapala alberga hoy 4,908 millones de m3. “La Asignación se realizó de manera equitativa, beneficiando a todos los usuarios de distritos y unidades de riego, sistemas de pequeña irrigación, abastecimiento para el uso público urbano y de generación de energía eléctrica”.

Entre los datos generales, destaca que la zona acumuló precipitaciones de 861 milímetros (mm), que superaron la media histórica de 711 mm. El volumen asignado a Guadalajara es 6.5 por ciento del distribuido entre todos los usuarios, pero además, solo equivale al 4.8 por ciento del almacenamiento actual del mayor embalse natural del país, que podría perder durante la sequía siguiente cerca de mil millones de m3 por evaporación.

Las principales asignaciones son las siguientes: En Guanajuato, al distrito de riego 011 se le asignaron 940 millones de m3 y al 085, se le entregarán hasta 96 millones de m3; en Michoacán, el distrito 045 recibirá 89 millones de m3; el 087, recibe 173 millones de m3; el 061, tiene derecho a 193 millones de m3, y los módulos de pequeña irrigación de Yurécuaro, 177 millones de m3.

Jalisco, además del uso público urbano en Guadalajara, recibe en el distrito de riego 013, hasta 110 millones de m3; los módulos de pequeña irrigación del río Zula, 69 millones de m3; así como los 123 millones de m3 para la pequeña irrigación del lago de Chapala. En la cuenca Lerma Chapala se ubican ocho Distritos de Riego y los sistemas de Pequeña irrigación denominados Alzate, Tepetitlán, Angulo, Duero, La Begoña, Pericos, Zula, Ramírez, Tepuxtepec, Solís, Querétaro, Adjuntas, Corrales, Yurecuaro y Chapala, distribuidos en toda la región hidrológica.”

La ley de Aguas Nacionales señala en su articulado como asunto de interés público la participación de los Estados y Municipios en el mejoramiento de la gestión de los recursos Hídricos, la sustentabilidad ambiental y la prevención de la sobre explotación de los acuíferos.

Actualmente no se cuenta con un diagnóstico integral que ofrezca certeza respecto a esta problemática que sufre día a día el lago, ya que la mayoría de estos se realizan en forma aislada. Es necesario un plan sustentable que permita conservar el lago a las futuras generaciones.

En consecuencia, el Senado de la República debe tomar sensibilidad sobre los temas que afectan a la población y sobre todo a la zona metropolitana de Guadalajara, la problemática del Lago de Chapala es uno de ellos.

Ante la falta de atención integral y coordinada, de estudios profesionales, de diagnósticos que evidencien la realidad ecológica y necesidades primordiales de toda la cuenca hidrográfica del Lago de Chapala, se propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a los gobiernos de Jalisco y Michoacán, a a coordinar la realización de foros de estudio, mesas de trabajo y de debate para diagnosticar y atender de manera integral la problemática del Lago de Chapala.

Es necesario que estos trabajos involucren a diferentes actores sociales, a los tres niveles de gobierno, así como centros de investigación e instituciones privadas vinculadas con el tema.

Los temas mínimos que deberán abordarse son: Estructura Jurídica, Perspectiva Social, El Agua en la Cuenca, Salud Pública, Actividades Económicas, Infraestructura y Obra, Turismo, Educación y Cultura.

Consideramos que estas acciones permitirán realizar un diagnóstico integral de la problemática del Lago de Chapala, como paso previo a la definición de políticas públicas y realización de acciones integrales y coordinadas para la atención, recuperación, remediación, sustentabilidad y permanente protección y conservación del Lago de Chapala y toda su cuenca hidrológica.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a las autoridades ambientales de los Estados de Jalisco y Michoacán a coordinar la realización de foros de estudio, mesas de trabajo y de debate para diagnosticar y atender de manera integral la problemática del Lago de Chapala. Estos trabajos deberán involucrar a los tres niveles de gobierno, organizaciones civiles, centros de investigación e instituciones privadas vinculadas con el tema, y deberán abordar entre otros temas: Estructura Jurídica, Perspectiva Social, El Agua en la Cuenca, Salud Pública, Actividades Económicas, Infraestructura y Obra, Turismo, Educación y Cultura.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Ninfa Salinas Sada.





 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a atender el testimonio y dar la debida atención a la demanda de presos y ex presos, derivados de hechos relacionados con el ejercicio de la libre expresión y del derecho de manifestación. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

La que suscribe, Layda Sansores San román, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO, CON EL CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON OBJETO DE QUE SE EXHORTE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y EN PARTICULAR A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA PROPIA ASAMBLEA PARA QUE, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES, ATIENDA EL TESTIMONIO Y DÉ LA DEBIDA ATENCIÓN A LA DEMANDA DE PRESOS Y EX PRESOS DERIVADOS DE HECHOS RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LA LIBRE EXPRESIÓN Y DEL DERECHO DE MANIFESTACIÓN, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

1.- Que en la Ciudad de México desde el 1 de diciembre de 2012 hasta la fecha se han registrado un sinnúmero de violaciones contra ciudadanos, en su mayoría jóvenes y estudiantes, por el sólo hecho de manifestarse o hacer ejercicio de la libre expresión. Jóvenes y ciudadanos criminalizados por estar dispuestos a salir a la calle a protestar o participar en manifestaciones e incluso otros que ni siquiera tienen activismo político alguno, acusados de vandalismo injustamente, mientras se encubre y protege a los verdaderos autores de la violencia, dejando que actúen en la total impunidad en detrimento justamente de las expresiones pacíficas y vandalizando propiedad privada, comercios y monumentos patrimonio de todos.

Hay el caso de una joven, detenida el 1 de diciembre de 2012 por el sólo hecho de portar una camiseta del movimiento #YoSoy132, otro sólo por el tipo de corte de pelo que llevaba; y hasta un fotógrafo extranjero, Loan Mircea Topoleanu, que no fue asistido por la embajada ni por ningún traductor y estuvo incomunicado varios días. Ciudadanos que sólo pasaban por la Alameda o por las calles del Centro Histórico que fueron detenidos sin causa alguna.

Y hay otro caso de una jefa de familia encarcelada el 29 de octubre de 2013, y retenida en prisión por más de 8 meses, con el argumento de que era “altamente peligrosa” por ser “asidua asistente a manifestaciones” según lo dejó asentado expresamente la jueza 19 penal Marcela de los Ángeles Arrieta.

2.- Que son demasiadas las fechas de eventos represivos relacionados con manifestaciones, y demasiados los ciudadanos detenidos de manera arbitraria, así como aquellos que han sido retenidos en prisión por varios meses o incluso sentenciados como una manera de castigar el activismo social y las manifestaciones de protesta en esta Ciudad.

3.- Que el esquema es el mismo en todos los casos como para no obedecer a una política de represión predeterminada: grupos de violentos provocan destrozos en edificios públicos, monumentos y comercios ante la mirada impávida de los policías que, en lugar de detenerlos en flagrancia, los dejan actuar en total impunidad, y luego, hasta mucho después hacen las detenciones, obviamente contra ciudadanos que nada tuvieron que ver con los desmanes.

4.- Que derivado de los hechos represivos, la Comisión de Derechos Humanos del DF ha emitido 6 recomendaciones: la Recomendación 07/2013 del 1 de diciembre de 2012. La 09/2015 de la marcha que se llevó a cabo el 10 de junio de 2013. La 10/2015 de la marcha del 2 de octubre de 2013. La 11/2015, de la manifestación realizada el 22 de abril de 2014 denominada “El silencio contra la Ley TELECOMM“. La 16/2015, sobre la protesta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que se realizó el 20 de noviembre de 2014. La 17/2015, de la manifestación denominada “Ayotzinapa+11”, que se realizó el 1o. de diciembre de 2014. Mismas que el gobierno de Miguel Ángel Mancera ha incumplido en su totalidad a la fecha. Con un ingrediente adicional que toca tanto al GDF como a la propia CDHDF: de muchos otros eventos represivos no se cuenta con Informe o Recomendación de ningún tipo: 1 de septiembre de 2013, 13 de diciembre de 2013, 8 de noviembre de 2014, 26 de febrero de 2015, entre otros.

5.- Que las conclusiones de las recomendaciones emitidas sostienen lo que las víctimas, sus familias y sus abogados habían denunciado desde el primer día de su detención:

a) Que las detenciones fueron arbitrarias;

b) Que los detenidos en la mayoría de los casos no correspondían a quienes presuntamente habían incurrido en ilícitos;

c) Que cuando no se fabricaron los cargos sencillamente se excedió el uso de los delitos “ultrajes a la autoridad” y “ataques a la paz pública” o se les “agravó” agregándoles otras figuras, por ejemplo “asociación delictuosa” o “en pandilla” y el de “portación de objeto apto para agredir”;

d) Que las conductas irregulares de los policías incluyó desde el uso de la violencia y la dilación de entrega al MP de los detenidos hasta la ausencia de explicación de los motivos de la detención;

e) Que tanto la Secretaría de Gobierno como la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha incurrido en violaciones a derechos humanos y muy en especial al debido proceso, que se han fabricado casos y que ha habido torturas contra detenidos.

f) Que también los jueces incurrieron en diferentes irregularidades, como el hecho de no haber valorado pruebas que se ofrecieron, o el asentar confesiones que no se habían obtenido por medios legales o el emitir sentencias exageradas sólo “como escarmiento”.

6.- Que lo que hemos vivido en el DF los últimos 3 años no puede quedar así, sobre todo por el daño personal y social de los afectados, porque estamos hablando de ciudadanos inocentes inculpados falsa e ilegalmente, criminalizando incluso con todas sus letras el activismo social inventando cargos para agravar los delitos (Caso Jesse Alejandro Montaño) y la asistencia a manifestaciones (Casos Gabriela Hernández Arreola y Fernando Bárcenas), dando todo el peso a las declaraciones de los policías y avalando averiguaciones previas plagadas de irregularidades (los procesos de Bryan Reyes Rodríguez y Oswaldo Rigel Barrueta son emblemáticos) que redundaron en encarcelamientos prolongados sin justificación legal alguna (los 7 detenidos en el encapsulamiento frente al Número 93 de Paseo de la Reforma y Abraham Cortés), o reaprehensiones irregulares con procesos igualmente irregulares (el segundo proceso de Bryan Reyes, Mario González y Julián Luna).

7.- Que incluso ya se tienen dos casos de muertos por secuelas de las detenciones, Kuy Kendal del 1 de diciembre de 2012; y J. Alejandro Bautista del 2 de octubre de 2013, quien fue sentenciado en el juez 40 de lo Penal a 5 años 9 meses de prisión pero salió porque ganó la apelación de la sentencia ante un juez federal que valoró sus pruebas como es debido y encontró que efectivamente era inocente. Su familia, por cierto, sigue esperando la justicia de su reivindicación social. Y lo peor es que tenemos todavía detenidos y procesados, que están sujetos a esas irregularidades y siguen sus procesos dentro del ámbito de la justicia del DF, pero hay otros, desgraciadamente, que ya están dentro de la esfera federal, por acción de la PGJ del DF. Y tenemos que encontrar formas de ayudarlos.

8.- Que por si esto fuera poco, existe una “lista” hecha pública, que las autoridades del DF han negado que sea obra de ellos pero que ha tenido difusión a través de los medios, donde constan los nombres de ciudadanos a los que se acusa de “ser vándalos y anarquistas” y se les señala como responsables de la violencia contra inmuebles y contra personas por la incapacidad de la policía de detener en flagrancia a los verdaderos responsables. Está el documento denominado “Análisis de Grupos Anarquistas”, publicado el 11 de octubre de 2013 pero de hecho se ha venido criminalizando de manera sistemática a ciudadanos y activistas por asistir continuamente a manifestaciones, situación que los pone en riesgo permanente no sólo de persecución y cárcel sino de discriminación, persecuciones, etc.

9.- Que el lunes 22 pasado, en el marco de las actividades de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se citó a sesión de trabajo para revisar los testimonios de las víctimas de los eventos represivos ocurridos en la Ciudad de México entre el 1 de diciembre de 2012 y el 1 de diciembre de 2015, y fue lamentable que a dicha sesión sólo asistió su presidente, pero ni un solo diputado integrante de la misma con voz y voto. Un desaire no sólo a los asistentes, presos, expresos, procesados y ex procesados, y sus familiares que haciendo un esfuerzo dejaron trabajos y escuela con tal de estar en la sesión, sino a los habitantes de esta Ciudad que merecen garantías y respeto a sus derechos humanos.

Ante esta realidad que golpea la conciencia de todas y todos los ciudadanos, exhortamos muy respetuosamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en especial a la Comisión de Derechos Humanos de la propia Asamblea, para que más allá de banderas partidistas o intereses políticos, se actúe con alteza de miras y se vea el interés de los ciudadanos afectados, de las víctimas que no sólo se refiere a los presos y ex presos, procesados y ex procesados, sino a sus familias, y se legisle con seriedad y responsabilidad para resarcir este inmenso daño social, en razón de lo anterior, propongo el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO. Emitir un exhorto por parte de esta Cámara de Senadores a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en particular a la Comisión de Derechos Humanos de la propia Asamblea para que, en ejercicio de sus atribuciones y facultades, atienda el testimonio y dé la debida atención a la demanda de presos y ex presos derivados de hechos relacionados con el ejercicio de la libre expresión y del derecho de manifestación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Layda Sansores San Román.





 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se hace un respetuoso llamado al Senado de los Estados Unidos de América a continuar con el proceso legislativo relativo al nombramiento del titular de su Embajada en México. Se turna a la Comisión Relaciones Exteriores, América del Norte.







 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo para fortalecer los planes y programas de atención a pacientes con enfermedades raras. Se turna a la Comisión de Salud.







 

De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza, Héctor Larios Córdova y Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales a modificar los Códigos de Procedimientos Civiles estatales a fin de que el proceso de pérdida de patria potestad se resuelva a través de un juicio especial o sumario y con ello reducir el tiempo en que los menores de edad se encuentran sin resolver su situación jurídica. Se turna a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

Los que suscriben Senadores JORGE LUIS LAVALLE MAURY, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, HECTOR LARIOS CORDOVA y LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los dispuesto en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 87 numeral 5, 95 numeral 1, y 276 numeral 1 fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA A LOS CONGRESOS LOCALES A MODIFICAR LOS CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES ESTATALES A FIN DE QUE EL PROCESO DE PÉRDIDA DE PATRIA POTESTAD SE RESUELVA A TRAVÉS DE UN JUICIO ESPECIAL O SUMARIO, Y CON ELLO REDUCIR EL TIEMPO EN QUE LOS MENORES DE EDAD SE ENCUENTRAN SIN RESOLVER SU SITUACIÓN JURÍDICA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Código Napoleónico o Código Civil Francés, recogió entre otros derechos y deberes a cargo del padre, los siguientes: la guarda, educación, mantenimiento, corrección y tutela de los hijos, el disfrute y administración de sus bienes, así como el derecho de consentir su matrimonio y su emancipación; es decir del derecho de patria potestad era considerado como la representación de los hijos menores no emancipados.

Es a partir de entonces cuando la patria potestad deja de ser aquel poderío excesivo, riguroso y cruel que ejercía el padre sobre su descendencia, en el Derecho Romano, para pasar a ser la relación jurídica cuyo fundamento es la protección de los hijos.

A medida que el Estado va adquiriendo más poder que el de la familia, y toma por su cuenta la procuración e impartición de justicia, y la religión también queda fuera de la potestad de pater, así como las economías pasan a diferentes tipos de organización, la patria potestad se ejerce sobre un restringido número de personas, y se convierte en una institución de carácter moral y social, cuyo ejercicio es una función primordial y temporal de los padres a favor de la protección e interés de sus descendientes.

El Estado tiene la facultad y deber de vigilar que la patria potestad se ejerza de tal manera que los progenitores cumplan las obligaciones y deberes que la patria potestad les impone durante la procreación de los hijos.

Actualmente, la mayoría de las legislaciones del mundo, han ajustado la regulación de la patria potestad para darle la concepción de una función temporal y no de un poder o autoridad suprema de los padres sobre la persona y los bienes de los hijos.

La patria potestad es una institución jurídica de gran contenido social el cual tiene como objetivo la protección, asistencia y un desarrollo integral a los hijos menores de edad, en un sentido intrínseco es el reconocimiento de los padres sobre los hijos y sus bienes.

Las actividades consideradas como parte del desarrollo y ejercicio de la patria potestad deben relacionarse directamente con el deber fundamental de la educación, con el fin de un pleno desarrollo de la personalidad humana y la convivencia social procurando siempre una buena administración y cuidado de las condiciones materiales y económicas para poder satisfacer las necesidades primarias del menor.

En las relaciones entre ascendientes y descendientes, en el ejercicio de la patria potestad siempre deberán regir el respeto y la consideración a fin de evitar que se generen actos de manipulación o alienación parental, el ejercicio de este derecho tendrá en todo momento como base el interés superior de la infancia con el fin de garantizar:

● Acceso a la salud física y mental, alimentación y educación para fomentar su desarrollo personal.

● El establecimiento de un ambiente de respeto, aceptación y afecto, libre de cualquier tipo de violencia familiar.

● El desarrollo de la estructura de la personalidad, con una adecuada autoestima libre de sobreprotección y excesos punitivos.1

● Un fomento de la responsabilidad personal y social, así como la toma de decisiones del menor de acuerdo a su edad y madurez psicoemocional.

● Los demás derechos que a favor de las niñas y niños que reconozcan otras leyes y tratados aplicables.

El menor de edad tiene derecho de convivir de manera plena e ilimitada con sus progenitores para formar lazos afectivos y los padres tienen la obligación de participar en la vida de sus hijos activamente, en su educación y en la toma de decisiones respecto de su desarrollo y formación como persona, siempre y cuando no implique un riesgo para el menor.

A nivel internacional, a través de la Convención sobre los Derechos del Niño que es el primer Tratado de carácter obligatorio en esta materia, y del que México es parte desde 1990, la cual gracias a su jerarquía normativa, se impone al régimen legal de la patria potestad al reconocer a los padres un ámbito de autonomía respecto de sus responsabilidades, deberes y derechos y al fijar un mínimo de derechos a favor del niño como el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo, a un nombre, a una nacionalidad y a una identidad, entre otros, priorizando siempre el interés superior del menor de edad.

La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que para el desarrollo pleno y armonioso de la personalidad del niño, este requiere crecer en el seno de una familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, el interés superior del menor busca el pleno desarrollo del niño y debe ser prioridad en la toma de decisión judicial respecto a los menores.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° párrafos noveno, décimo y onceavo señala:

Artículo 4.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

…”
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el interés superior del menor debe ser el principio rector al momento de elaborar leyes y de tomar cualquier decisión judicial en relación a los menores de edad, lo que implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de estas a todos los órdenes relativos a la vida del niño.

La Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado respecto a esto con la siguiente Tesis Aislada:

Tesis: 1a. LXXXII/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2008547 63 de 755 Primera Sala Libro 15, febrero de 2015, Tomo II Pág. 1398 Tesis Aislada (Constitucional)

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE UN PRINCIPIO RECTOR DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS RELACIONADOS CON MENORES.

Además de su carácter tuitivo, el principio de interés superior del menor constituye un elemento hermenéutico de primer orden para delimitar el contenido y alcance de los derechos humanos de los menores y los coloca como sujetos prevalentes de derechos. Se trata entonces de considerar la especial situación en que se encuentran ciertos derechos humanos cuando el titular es un menor, atendiendo a que el derecho básico de los menores de edad es el de ser atendidos con pleno respeto a sus derechos fundamentales. Desde esta óptica, los menores son destinatarios de un trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas. De ahí que el interés superior del menor constituye un principio rector de todas las actuaciones de los poderes públicos relacionados con menores.

Amparo directo en revisión 2293/2013. 22 de octubre de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto particular y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano.

Con base al principio de economía procesal, donde se busca obtener el resultado más óptimo con el menor tiempo, esfuerzo y menores costos, el Estado tal como dice el artículo 4° constitucional debe proporcionar facilidades para el cumplimiento de éstos derechos, privilegiando la protección al interés superior de la niñez.

Actualmente el trámite judicial de pérdida de patria potestad es distinto en cada entidad, se desahoga bajo etapas diversas y las pruebas de las que se allega el juzgador varían de conformidad con los criterios que hayan sido establecidos.

A nivel federal la pérdida de patria potestad se decreta por las siguientes causales:

Artículo 444.- La patria potestad se pierde por resolución judicial:

I.- Cuando el que la ejerza sea condenado expresamente a la pérdida de ese derecho;

II. En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 283;

III. Cuando por las costumbres depravadas de los padres, malos tratamientos o abandono de sus deberes, pudiere comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos, aun cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la ley penal;

IV. Por la exposición que el padre o la madre hiciere de sus hijos, o porque los dejen abandonados por más de seis meses.
V. Cuando el que la ejerza sea condenado por la comisión de un delito doloso en el que la víctima sea el menor; y

VI.- Cuando el que la ejerza sea condenado dos o más veces por delito grave.2

Dichas causales son replicadas en las legislaciones locales, donde a criterio del juez y conforme las pruebas ofrecidas se dictan sentencia. En particular la fracción I y IV, que son las que señalan un acto en contra de los menores de edad al abandonar sus deberes de cuidado sobre él, son los que nos ocupan ya que son los más recurrentes dentro de centros de asistencia social y los más complicados de solucionar por la dificultad de integrar las pruebas y agotar la búsqueda de familia extensa que podría hacerse cargo de aquél.

Dentro del proceso de pérdida de patria potestad, se dictan medidas cautelares de guarda y custodia que pueden recaer en un familiar que puede o no convertirse en el titular de la patria potestad de una niña, niño o adolescente. Durante la designación de quien ejercerá la patria potestad (en caso de encontrar a los familiares), la patria potestad recae en la autoridad, es decir en el Estado; durante este lapso de tiempo el menor de edad se encuentra bajo el cuidado de los centros de asistencia social.

Es así que, miles de niños se encuentran en un centro social en espera de que la autoridad defina el estatus de su situación jurídica en caso de que una vez agotadas las diligencias no se haya encontrado a algún pariente consanguíneo que se haga cargo del menor de edad, se declara su pérdida y por lo tanto la tutela se queda a cargo de las instituciones públicas y/o privadas.

La autoridad judicial, ya sea el Ministerio Público o las Procuradurías de Protección Integral, investigan los vínculos consanguíneos del menor de edad, y agotan lo que disponen los códigos civiles de sus Estados, durante este periodo el menor de edad habita dichas instituciones, por más de 2 años para definir su situación legal, lo cual retrasa los procesos que pueden dar origen a la adopción o acogimiento pre-adoptivo.

En las entidades federativas, quienes ejercen la patria potestad a falta de los padres, son los abuelos de manera generalizada, ya sean los maternos o paternos, según a criterio del juez quienes les provean las mejores condiciones de desarrollo, (Capítulos referentes a Patria Potestad en los Códigos Civiles de los Estados), con esta medida, la garantía de que los menores de edad permanezcan dentro del núcleo familiar se ha cuidado de tal forma que a falta de ellos se inicia el proceso de la pérdida de la patria potestad para el caso de que la familia extensa no acredite el interés en recibirlo.

Ahora bien, el planteamiento del problema radica en que dicho proceso de la pérdida de patria potestad se demora por las diligencias que se realizan para ubicar a los familiares del menor, según lo indique el juzgador, sobre todo cuando se tratan de menores expósitos o abandonados tanto en hospitales como centros de asistencia social. Si bien este proceso debe agotarse hasta cerciorarse que el menor pueda desarrollarse dentro de su entorno familiar, con la importancia que esto implica, al demorar este procedimiento judicial resulta en que muchos de ellos no puedan ser adoptados por otras personas.

En este sentido, es preciso referir que el proceso que se lleva a cabo en los juzgados puede resolverse a través de dos vías dependiendo la entidad federativa en el que se encuentre el menor de edad, por un proceso ordinario civil o bien por uno especial o sumario, la diferencia entre ellos radica en los plazos y etapas en que la autoridad judicial resuelve, es por ello que se requiere que el proceso de pérdida de patria potestad sea expedito, ya que los menores de edad deben contar con certidumbre acerca de su situación jurídica y que esta sea alcanzada a la brevedad.

Los menores expósitos o abandonados requieren atención inmediata, además de la conducta de quien lo realizó y que es punible en términos de los códigos penales estatales, la principal garantía que debe cubrirse es que el menor de edad se encuentre bajo los cuidados primarios y una vez que estos están cubiertos, resolver su situación jurídica, no con el ánimo de que este sea colocado de inmediato en otro hogar o vulnerando el derecho a vivir en una la familia, reconocido en el Capítulo Cuarto de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sino con el ánimo de que las decisiones se tomen en la conciencia que esto implica y el juez estudie el caso con las particularidades que se presentan y resuelva de forma inmediata.

Un juicio ordinario civil tarda en promedio 4 años en resolverse, mientras que un sumario o especial tarda alrededor de 2 años, cuando el caso se complica; el juicio sumario es un procedimiento de carácter declarativo, por ser un procedimiento concentrado y rápido y que es resuelto además, por vía oral donde se garantiza que las partes agoten su derecho de audiencia.

De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la palabra sumario proviene del latín summarium que significa reducido o compendiado. De igual forma y en relación a la locución precedente, la enciclopedia jurídica mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, estima que el vocablo “sumario” se aplica en general a los juicios especiales, breves, predominantemente orales y desprovistos de ciertas formalidades innecesarias.

En un juicio sumario se abrevian plazos y términos, se concentran actos, se eliminan actos no esenciales, como el alegato de bien probado, se restringe la apelación de interlocutorias, y por último, se trata de concentrar y producir toda la prueba, en síntesis, todo conduce a una abreviación y aceleración de las formas y etapas sin que ello impida que la sentencia declare la certeza del derecho de un modo definitivo, es decir con fuerza de cosa juzgada material, como si se trata de un pronunciamiento recaído en juicio ordinario el origen histórico de estos juicios de trámite acelerado, pero que respetan la plenitud de la cognitivo judicial, se encuentra en los regímenes estatutarios de las antiguas ciudades italianas, al crear procedimientos extraordinarios respecto al solemne ordo indiciorum.3

La nota fundamental que caracteriza al juicio sumario es la limitación del objeto del pleito, limitación que se traduce, por un lado en una expresa prohibición a las partes de llevar el debate a aquellos puntos que, aunque estrechamente vinculados, no son precisamente los temas propios del juicio sumario, y, por otro, en que al juez no le está permitido resolver más allá de aquellos mismos temas propios del juicio sumario. Esto es la finalidad del juicio no será resolver todo el litigio sino parte de él.4

Para que un juez resuelva un juicio sumario debe contar con criterios generales para resolver, es decir, juzgando cada caso de forma particular pero resolviendo con fundamento en las características que se cubren y de esta forma estar generando precedentes que generen mayor celeridad en la emisión de la sentencia.

Ahora bien, no es benéfico centralizar ésta propuesta sólo para niños expósitos o abandonados, sino también a aquellos que provengan de familias que profiriéndoles cualquier tipo de violencia y vulnerando sus derechos fundamentales, sea inviable que permanezcan dentro de éste entorno adverso al desarrollo del menor de edad.

El proceso de la pérdida de patria potestad debe aplicar para todos aquellos que siendo incapaces de proveerle una vida sana al menor de edad, se les retire el derecho que ejercen sobre el menor, claro está sin vulnerar su derecho de audiencia y hasta apelación en caso de no estar conformes con la resolución judicial.

Es así que el juicio sumario o especial, atiende de manera pronta y expedita este tema, con el fin de garantizarle al menor de edad el resarcimiento de su derecho a vivir en familia.

El juicio especial ya es aplicado en varias entidades de la República con redacciones similares a esta:

TÍTULO SEPTIMO DE LOS JUICIOS ESPECIALES Y DE LAS VÍAS DE APREMIO

CAPÍTULO I DE LA PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD DE MENORES ACOGIDOS
POR UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA DE ASISTENCIA SOCIAL

ARTICULO 430.- SE TRAMITARA EL PROCEDIMIENTO A QUE SE REFIERE ESTE CAPITULO TRATANDOSE DE MENORES RECIBIDOS POR UNA INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL EFECTO DE QUE SE DECRETE LA PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, SOLO EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 444 FRACCIONES III, V, VI Y VII DEL CODIGO CIVIL, CORRESPONDIENDOLE LA ACCION AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCION O AL MINISTERIO PUBLICO.

EL MINISTERIO PUBLICO DEBERA DE EJERCITAR LA ACCION DE FORMA INMEDIATA UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA LEY SEÑALA.5

Como se puede observar se trata de un juicio donde se determinan los plazos a manera de que estos sean breves y efectivos. Dentro del estudio comparativo que se realizó existen entidades federativas que no lo contemplan de forma especial y lo desahogan mediante un proceso ordinario, estas entidades son: BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, CAMPECHE, CHIAPAS, CHIHUAHUA, COAHUILA, COLIMA, DURANGO, HIDALGO, MICHOACAN, MORELOS, NAYARIT, OAXACA, QUINTANA ROO, TLAXCALA, VERACRUZ Y YUCATÁN.

En este sentido, son diversos los estados que no contemplan de forma especial como resolver este tema de vital importancia para el desarrollo óptimo de los menores de edad, tener certidumbre respecto a su futuro debe ser algo que debe resolverse con prontitud, no con ello vulnerando sus derechos sino tomando la decisión judicial que definirá su futuro.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, proponemos a esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Congresos locales a modificar los códigos de procedimientos civiles estatales a fin de que el proceso de pérdida de patria potestad se resuelva a través de un juicio especial o sumario, con ello reducir el tiempo en que los menores de edad se encuentran sin resolver su situación jurídica, específicamente en las legislaturas estatales de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Héctor Larios Córdova.- Sen. Luis Fernando Salazar Fernández.

1 Artículo 416 Ter del Código Civil para el Distrito Federal.

2 Código Civil Federal-

3 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/juicio-sumario/juicio-sumario.htm

4 Soberanes y Fernández, José Luis. El Problema de la naturaleza jurídica del Juicio Ejecutivo Civil Mexicano Pág. 52. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/816/7.pdf

5 Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Vigente.





 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía e integrante del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula y emite su más alto reconocimiento a los ciudadanos mexicanos Emmanuel Lubezki Morgenstern y Alejandro González Iñárritu por los premios otorgados en la 88ª edición de los Premios Óscar. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

El suscrito Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 87 numeral 5, 108, 109 y 276 numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA Y EMITE SU MÁS ALTO RECONOCIMIENTO A LOS CIUDADANOS MEXICANOS EMMANUEL LUBEZKI MORGENSTERN Y ALEJANDRO GÓNZALEZ IÑÁRRITU POR LOS PREMIOS OTORGADOS EN LA 88ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS ÓSCAR, al tenor de las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

El 28 de febrero de 2016 se llevó a cabo la 88ª edición de los Premios Óscar en el Teatro Dolby, ubicado en Hollywood, en la ciudad de Los Ángeles California, Estados Unidos de América, como ya es costumbre, dicha ceremonia revistió un significado muy especial, pues, entre los nominados se encontraban mexicanos destacados en el ámbito del cine mundial.

En esta edición de los Premios Óscar, por tercer año consecutivo, Emmanuel Lubezki obtuvo la preciada estatuilla dorada, al ser reconocido como el mejor director de fotografía por su participación en la cinta “El Renacido”, película la cual también le otorgó un segundo Óscar consecutivo a Alejandro González Iñárritu, lo que da como resultado que, por tercer año consecutivo, el premio Óscar al mejor director sea ganado por un mexicano, pues en 2014, Alfonso Cuarón ganó con "Gravedad" y el año pasado Iñárritu con "Birdman".

“El Negro” Iñárritu demostró una vez más que bajo sus propios medios, talento y recursos, sin grandes apoyos por parte del Estado Mexicano, es posible alcanzar altos reconocimientos y poner el nombre de México en alto, prueba clara además de los Óscares que ganó el año pasado, son los diversos reconocimientos a nivel internacional, como fue el Globo de Oro del año 2016 por mejor dirección o el premio a la Crítica en Cannes por la cinta Amores Perros.

Por su parte, “El Chivo” Lubezki al ganar por tercera ocasión consecutiva una estatuilla dorada por mejor fotografía, demostró que está a la par de grandes mentes, tales como: el director de fotografía de la película “El Graduado”, Robert Surtees, Freddie Young, director de fotografía de la película Lawrence de Arabia, o Vittorio Storaro quién fue el autor fotográfico del filme Apocalypse Now, todos ellos ganadores por triplete consecutivo de este reconocimiento; Con esto, Emmanuel Lubezki terminó de consolidarse como uno de los mejores directores de fotografía, pues en su trayectoria artística no solo figuran tres Óscares, sino también cuatro premios BAFTA, y cuatro premios de la Crítica Cinematográfica.

Por lo anterior y por muchos ejemplos más como lo es el caso de los creadores Alfonso Cuarón o Gael García Bernal, es claro que México es cuna y semillero de gente talentosa y artísticamente sensible que debería de ser apoyada y empoderada por los tres órdenes de gobierno y por las instituciones culturales para ayudar a que los sueños de los miles de actores, fotógrafos y cineastas mexicanos se vean realizados y en su momento, reconocidos por la comunidad internacional.

A partir de los argumentos vertidos, consideró oportuno que esta Soberanía no solo congratule a estos talentosos mexicanos por los premios recibidos, sino que también, reitero mi petición de que se propongan y administren esquemas y mecanismos para el apoyo a los cineastas y actores nacionales, pues hasta ahora, la historia nos ha dejado ver que, el Estado Mexicano, no apoya con recursos a estos mexicanos, sino que los deja a su suerte y es que con sus propios recursos y gracias a su talento y talante, han logrado ser referencias internacionales y destacados representantes de lo mejor del séptimo arte.

Por las razones anteriormente expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República emite su más alto reconocimiento a los cineastas y ciudadanos mexicanos Emmanuel Lubezki Morgenstern y Alejandro González Iñárritu por haber recibido el premio Oscar otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

SEGUNDO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior del estado de Puebla a auditar las obras y acciones realizadas en la entidad a través de los “Proyectos de Prestación de Servicios” del año 2011 al año 2015, debido a la presunta comisión de diversas irregularidades en perjuicio de la hacienda pública. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde el año de 1992 se comenzó a desarrollar en el Reino Unido la denominada “Iniciativa de financiamiento Privado (PFI)”, el cual constituye un esquema de inversión público y privada. Es importante mencionar que a través de dicha figura, el sector público, firma un contrato a largo plazo para la prestación de servicios de apoyo proporcionados por el sector privado, quien diseña, financia, construye y opera los activos necesarios para prestar dichos servicios.

Tomando como base el modelo de Iniciativa de financiamiento Privado, en México se desarrolló también desde hace algunos años una nueva modalidad de participación público-privada: los denominados “Proyectos de Prestación de Servicios (PPS)”, en la cual diversos inversionistas privados prestan diversos servicios a las dependencias y entidades del sector público.

En los Proyectos de Prestación de Servicios, se suscribe un contrato en el cual se definen y establecen los servicios, niveles de calidad, estándares de desempeño y mecanismos de deducciones de pago. 1

En este contexto, a cambio de estos servicios el inversionista proveedor recibe un pago, el cual registra como gasto corriente por el Gobierno y tienen prioridad en el proceso de presupuestación; además, existe una asignación de riesgos entre el sector público y el privado; se financian a través de capital propio y de banca comercial y de desarrollo; y, los activos pueden ser del inversionista privado o del gobierno (concesión).
Estos esquemas operados con eficiencia y eficacia, constituyen una oportunidad de crecimiento y desarrollo para los municipios y entidades federativas del país. Lamentablemente, esto no sucede en el estado de Puebla, debido a ello, el Gobierno de la entidad se ha hecho acreedor a una serie de señalamientos y cuestionamientos sobre el manejo responsable de los recursos públicos.

Académicos, especialistas y legisladores, han identificado que en los últimos cinco años de gestión de Rafael Moreno Valle, la deuda de la entidad se ha incrementado hasta ascender a más de 70 mil millones de pesos, de los cuales 61 mil 343 millones de pesos fueron a través de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS). 2

Diversos medios de comunicación, han dejado de manifiesto que especialistas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, han expresado que de las nueve obras PPS realizadas durante la gestión, cuatro son las que tienen las tasas de interés más caras.

Estas obras de poco impacto social son: el segundo piso de la autopista Puebla-México, que representa un monto final de 20 mil 798 millones de pesos; el Museo Internacional Barroco, con 15 mil 600 millones de pesos; el Centro Integral de Servicios, con 8 mil 949 millones de pesos; las plataformas de la planta Audi, por las que se pagará finalmente 6 mil 591 millones de pesos. Las dos primeras, se terminarán de pagar en 20 y 30 años respectivamente. 3

En tanto que la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, los alumbrados públicos de 17 municipios, el parque Paseo del Teleférico, el Centro Integral de Servicios, las plataformas de Audi, la Estrella de Puebla con su parque lineal, así como el nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia, serán pagados en plazos de 10 a 25 años. 4

Para dimensionar la brevedad de la problemática, basta mencionar que sólo en el año 2015, se estableció en la Ley de Ingresos del gobierno del estado la ejecución de diversas obras a las que se les destinaron al menos mil 650 millones de pesos para el pago de las obras PPS.

Frente a este contexto, el secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, considera que el gobierno estatal debe registrar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los contratos de obras y servicios que se formalizaron bajo ese esquema desde el 2011, debido a que los PPS no se registran como deuda en materia contable, sí se estiman como pasivos de las administraciones públicas.5

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior del Estado de Puebla para que en el marco de sus facultades y atribuciones audite las obras y acciones realizadas en la entidad a través de los “Proyectos de Prestación de Servicios (PPS)” del año 2011 al año 2015.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Finanzas y Administración y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Puebla, a que emitan un informe detallado sobre la viabilidad y términos sobre los cuales se acordó la realización de obras y acciones considerados como “Proyectos de Prestación de Servicios (PPS)”, en la entidad entre el año 2011 y el año 2015.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de marzo de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.

1 http://www.cmic.org/cmic/eFinanciamiento/pps.pdf

2 http://www.angulo7.com.mx/local/item/8741-en-5-años-de-rmv,-deuda-de-puebla-por-pps-es-de-61-mil-mdp-experto.html

3 http://eleconomista.com.mx/estados/2016/01/24/suma-puebla-proyectos-pps-61343-millones

4 http://transparencia.puebla.gob.mx/

5 http://eleconomista.com.mx/estaos/2016/01/24/suma-puebla-proyectos-pps-61343-millones





 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y de Senadores a que la designación de constituyentes de la Ciudad de México se haga con base en un plan de trabajo por la ciudad y se evite el criterio de cuotas partidistas. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

El suscrito Senador Mario Delgado Carrillo con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; fracción III del numeral 1; numeral 2 del artículo 276 del reglamento del Senado de la República, con el debido respeto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, en razón de los siguientes:

CONSIDERACIONES

La Constitución Política de la Ciudad de México y su proceso constituyente es uno de los momentos más importantes en la historia de esta Ciudad y representa la refundación de la Capital. La Asamblea Constituyente tendrá la más alta responsabilidad de este proceso; será la encargada de discutir y aprobar la Constitución.

El Congreso de la Unión debe darle a este proceso la importancia que merece para el futuro de la Capital y del país. Después de haber participado como parte del poder revisor de la Constitución, ahora le toca designar constituyentes. La Reforma Política de la Ciudad de México concedió a las Cámaras del Congreso de la Unión la facultad de designar a veintiocho integrantes a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México (catorce por Cámara), de entre los propios legisladores federales. La designación deberá hacerse por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, previa propuesta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara respectiva.

Adicionalmente el Presidente de la República y el Jefe de Gobierno de la Capital designarán, cada uno, seis diputados a la Asamblea Constituyente.

La figura de los “designados” que se instituyó para el proceso Constituyente de la Ciudad de México representa un retroceso democrático y una contradicción con los fines de la reforma. La teoría constitucional moderna ha establecido que los procesos constituyentes, para serlo, deben acercarse a la fuente originaria de la soberanía, el pueblo. En adición, siempre debe buscar la mejor participación ciudadana, pero con esta reforma se aleja de esos principios.

Los requisitos excesivos para registrar una candidatura independiente y la inequidad de la contienda no es el único freno para la participación ciudadana; el hecho de que 40 de los 100 diputados constituyentes no ostenten un mandato popular, directo y original es la brecha más grande entre la Asamblea y la soberanía popular.

No es fortuito que la ciudadanía no se sienta identificada con esta reforma. Según las mediciones al respecto; el 43% de los capitalinos considera que esta reforma empeorará la situación actual, el 38% piensa que las cosas seguirán igual, y el 15% considera que habrá alguna mejoría. Por otro lado, el 65% desaprueba la reforma, y sólo el 33% la aprueba1.

El Congreso tiene una oportunidad también histórica, que no puede desaprovechar y puede sentar precedentes sobre los avances en democracia.

Debemos hacer de esta reforma política una transformación social para el beneficio tangible de la ciudadanía. Una primera condición es que en el seno de la Asamblea Constituyente se debaten y se concretan los temas que en verdad le importan a la ciudadanía.

El proceso constituyente debe acompañarse de legitimidad y legalidad, es decir, para el proceso constituyente no basta cumplir con la legalidad de una norma sino debe procurarse la legitimidad democrática. El Congreso de la Unión debe subsanar el déficit democrático de la figura de los “designados”, en el ánimo de dotar al proceso constituyente de la Ciudad de México de legitimidad. Si bien esta figura es de “designados” por el método formal que mandata la reforma, materialmente debe procurárseles un compromiso de trabajo serio con el Constituyente, acercándolos a la ciudadanía, lo que les dotaría de una legitimidad ex post, que sí se puede alcanzar.

El proceso constituyente se pone en peligro sino fortalecemos la legitimidad y el perfil de los “designados”. Debemos evitar que concurran dos Asambleas Constituyentes: una la del pueblo y otra la del poder constituido. El Congreso debe asumir su responsabilidad y designar a las y los mejores legisladores federales que acrediten trabajo en favor de la Ciudad y sus habitantes, para que “designados” y electos tengan realmente la misma calidad.

La designación de los 28 diputados constituyentes que hará el Legislativo Federal debe garantizar el interés legítimo en la Ciudad de México y no verse como un simple reparto por cuotas partidistas. Los Legisladores federales que se integren a la Asamblea Constituyente a través de la figura de “designados” deben representar los intereses de la ciudadanía capitalina.

Si se tratara de un criterio de la representación política, lo más fácil sería designar en proporción a los actuales integrantes de las Comisiones del Distrito Federal de la LXIII Legislatura. Pero no, de lo que se trata es de que los constituyentes designados por el Congreso de la Unión demuestren que les interesa el bienestar de la Ciudad, que manifiesten sus compromisos a favor de las y los capitalinos, y rompan con la inercia de que las designaciones del legislativo representan, exclusivamente, un voto para la fuerza política que los impulsó.

La designación debe hacerse previa al día de la elección de los 60 Constituyentes elegidos por la votación ciudadana. Esto permitirá que los capitalinos cuenten con información suficiente para emitir su voto considerando todos los factores para la integración de la Asamblea Constituyente.

Además es importante designar a estos diputados constituyentes antes de la elección para que no sea un mero ajuste de cuentas entre las fuerzas partidistas a partir de los resultados electorales del 5 de junio.

La forma en que las Cámaras del Congreso hagan la designación revelará la visión que tienen los partidos políticos mayoritarios de esta Reforma. Deben designar a las y los legisladores con los mejores perfiles y demostrar que entienden la trascendencia de este momento fundacional; de lo contrario, si eligen el reparto por cuotas partidistas revelarán su visión de que la reforma es un acuerdo de la élite de los partidos del pacto por México para repartirse la capital.

Para cumplir con lo que dispone la Reforma Constitucional, la Junta de Coordinación Política de cada Cámara debe emitir un acuerdo para la elección de la planilla de los Legisladores federales que se integrarán al Constituyente de la Ciudad de México, garantizando que la integren las y los legisladores que tengan un interés legítimo en el bienestar de la Ciudad, con un perfil comprometido con su ciudadanía y que establezcan compromisos puntuales con los capitalinos. La designación deberá hacerse antes del veintinueve de abril de 2016.En resumen lo que se propone es:

● Que los legisladores interesados en participar en la Asamblea Constituyente como diputados designados, manifiesten dicho interés y entreguen por escrito a la Junta de Coordinación Política su agenda, compromisos y los temas que impulsarán.

● Que dichos compromisos y plan de trabajo sean públicos.

● Que la Junta de Coordinación Política de cada una de las Cámaras integren la propuesta con base en el interés legítimo de las y los legisladores, los mejores perfiles, la paridad de género y se evite el criterio de cuotas partidistas.

● Que la designación se haga a más tardar el veintinueve de abril de 2016. 

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y Senadores para que la integración de la propuesta de legisladoras y legisladores federales designados a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se establezca con base en los siguientes criterios:

1. Las y los legisladores federales interesados en ser designados harán la manifestación formal y pública ante la Junta de Coordinación Política correspondiente, en la que acrediten sus antecedentes de trabajo en favor de la Ciudad y sus habitantes, la agenda, compromisos, y temas que impulsarán en la Asamblea Constituyente y el interés de participar en el proceso como diputado constituyente designado. La agenda, compromisos y temas deberán entregarse por escrito y hacerse públicos en sitio especial de las páginas de internet de ambas Cámaras y de los propios legisladores.

2. La propuesta de designados que haga la Junta de Coordinación Política se basará en lo anteriores criterios y también en el de paridad de género, razón por la cual habrá igualdad en el género de diputados constituyentes.

3. El acuerdo de designación deberá aprobarse por el Pleno de la Cámara respectiva  a más tardar el veintinueve de abril de 2016 y se comunicará al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a la  Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, y a las autoridades electorales nacionales y de Ciudad de México para su debida difusión, debiéndose publicar en el Diario Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Mario Delgado Carrillo.

1 Buendía & Laredo. Encuesta de opinión pública en la Ciudad de México: Reforma Política de la Ciudad de México (Febrero, 2016).





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, al Instituto Electoral del Estado de Puebla y al Instituto Nacional Electoral a realizar las investigaciones conducentes en relación a la comisión de presuntos actos anticipados de campaña con recursos públicos por parte de José Antonio Gali Fayad, debido a la entrega con uso electoral de tinacos en la entidad. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Sistemas democráticos como el nuestro, están sustentados en la celebración de elecciones transparentes y equitativas, en los que partidos y candidatos, cuentan con igualdad de condiciones y oportunidades para conducirse en el marco de la Ley durante el proceso electoral.

En este tenor, quien incurra en acciones contrarias al marco jurídico vigente, debe ser investigado y sancionado conforme a derecho por las autoridades correspondientes, con el objetivo de prevenir el uso indebido de los recursos públicos en detrimento del patrimonio de los ciudadanos.

En este sentido, nuestro marco jurídico es preciso, basta mencionar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134, establece que “Los servidores públicos… tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.

Además que la “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Por su parte, La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que los acciones anticipadas de campaña, son “Los actos de expresión que se realizan bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido”.

En contravención a dichas disposiciones, diversos medios de comunicación han documentado que en diferentes colonias y municipios el estado de Puebla, se realizan jornadas para recoger distintas identificaciones, como son credenciales de elector del Instituto Nacional Electoral, claves únicas de registro de población y comprobantes de domicilio a cambio de objetos con los colores del Partido Acción Nacional y el logotipo oficial de la administración estatal, presuntamente por gestiones de José Antonio Gali Fayad, precandidato de este instituto político a la gubernatura de la entidad.

Entre estos objetos, se encuentran unos tinacos azules de 1 mil 100 litros, con la frase “Acciones que Transforman y Ciudad de Progreso” en alusión a la administración estatal y a la de la capital del estado.

Para dimensionar la gravedad de los hechos, es importante mencionar que en los llamados “centros de canje”, se encuentran diversos “promotores” que aseguran que son trabajadores del Ayuntamiento de Puebla y de la Secretaría de Desarrollo Social, sin embargo, no acreditan dicha situación con ninguna identificación oficial, lo cual deja de manifiesto que se trata de una acción contraria a la Ley y con la intención de coaccionar el voto en favor de José Antonio Gali Fayad y los candidatos de Acción Nacional.

Aunado a lo anterior, los “promotores” afirman que durante los próximos días visitarán otras zonas del estado, para continuar con el proceso de canje de credenciales y demás documentos por tinacos de agua. Al respecto, llama la atención que estos centros de canje son hechos de material improvisado en el que sólo colocan dos mesas y una lona, lo que refleja su ilegalidad1.

Estos presuntos actos anticipados de campaña y coacción del voto, se suman a las denuncias de la violación de derechos humanos, la construcción de obras de poco impacto social y la realización de licitaciones carentes de trasparencia en el estado de Puebla; así como las asignaciones irregulares de contratos, el pago sin justificación a empresas que no cuentan con la experiencia en el ramo de la construcción y la entrega de beneficios sociales para beneficiar a los candidatos del Partido Acción Nacional.

Frente a este escenario poco alentador, los Senadores del Partido Revolucionario Institucional, no podemos ser omisos, por el contrario, nos pronunciamos para que se respeten los principios de imparcialidad, legalidad, transparencia y máxima publicidad en el estado de Puebla.

Es claro que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como el Instituto Electoral del Estado de Puebla y el Instituto Nacional Electoral, deben intervenir para investigar y sancionar la comisión de presuntos actos anticipados de campaña con recursos públicos por parte de José Antonio Gali Fayad.

Consideramos de vital importancia que las autoridades correspondientes, establezcan las sanciones administrativas y penales pertinentes contra los funcionarios públicos que resulten responsables del desvió de recursos públicos para beneficiar al precandidato del Partido Acción Nacional.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, al Instituto Electoral del Estado de Puebla y al Instituto Nacional Electoral, para que en el marco de sus atribuciones, realicen las investigaciones conducentes en relación a la comisión de presuntos actos anticipados de campaña con recursos públicos por parte de José Antonio Gali Fayad, debido a la entrega con uso electoral de tinacos en la entidad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.

1 http://www.periodicocentral.mx/2015/politicas/video-panistas-canjean-credenciales-del-ine-por-tinacos





 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a investigar las presuntas irregularidades por parte de funcionarios del estado de Quintana Roo, de la Delegación del Registro Agrario Nacional de Yucatán y por posesionarios del poblado de Ulila, municipio de Ucu, Yucatán, en el cambio ilegal de propietarios y de títulos de propiedad de tierras catalogadas como selvas, resguardadas por el ejido de Hunucmá, Yucatán. Se turna a la Comisión de la Reforma Agraria.

El suscrito Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral I, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con los siguientes:

CONSIDERANDOS

En el Estado de Yucatán, existe un ejido denominado Ulila, ubicado en el municipio de Ucu, Yucatán, de cuyo territorio, hace varios años, por decreto presidencial, una superficie de 1 mil 84 hectáreas fueron dadas en resguardo al ejido de Hunucmá, Yucatán. Dichas tierras fueron devueltas por el ejido de Hunucmá a los legítimos posesionarios de Ulila, con fecha 30 de septiembre de 2015 mediante asamblea general de ejidatarios.

Las tierras del ejido Ulila, están junto al ejido de Hunucmá, Yucatán, y una gran parte de esas tierras fueron declaradas selvas por el Registro Agrario Nacional, derivado de un estudio realizado por expertos de la SEMARNAT; Calificación Registral: 2392/2012.

El problema que se ha suscitado es que un grupo de personas, ilegalmente, se hicieron pasar como ejidatarios de Ulila, de forma maliciosa, se aliaron con los señores Manuel Alberto Guillermo Molina, Antonino Cascio González, Alfonso Herrera García y Denalí de Lourdes Cetina Gutiérrez, para que con fecha 9 de mayo de 2013, se les asignara varias hectáreas como parcelas.

Es decir, estas tierras ya se habían entregado antes de que se llevara a cabo la asamblea del 30 de septiembre de 2015, y ya estaban inscritas en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Yucatán.

Por dichas tierras, tengo conocimiento que se pagaron a cada uno de los supuestos ejidatarios del núcleo agrario, la cantidad de 800 mil pesos, siendo un total de 40 personas, lo que equivale a 32 millones de pesos, más el dinero adicional que habrán pagado por la regularización que según cálculos no baja de 50 millones de pesos.

El referido dinero en su gran mayoría se presume fue desviado de las arcas del   Gobierno del Estado de Quintana Roo, pues un gran porcentaje de las tierras se le asignaron a Manuel Alberto Guillermo Molina, hermano de Juan Pablo Guillermo Molina, quien casualmente es el Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo.

Se presume que Juan Pablo Guillermo Molina, ha tenido que ver en este asunto, a partir de presuntas acciones ilícitas como el tráfico de influencias y desvío de recursos públicos, en contubernio con José Luis Carlos Santos Ramírez, ex titular de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Yucatán, quien presuntamente contribuyó en irregularidades administrativas a favor de Manuel Alberto Guillermo Molina (hermano del Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo), Antonino Cascio González, Alfonso Herrera García y Denalí De Lourdes Cetina González, quienes son posesionarios de tierras ejidales del poblado de Ulila, municipio de Ucu, Yucatán, cometiendo presuntamente los delitos de enriquecimiento ilícito y/o lavado de dinero en la compra y posesión de terrenos ejidales catalogados como selva, mismas que el ejido de Hunucmá había entregado a sus legítimos dueños.

Se puede comprobar alrededor de 783 terrenos ejidales en posesión de Manuel Alberto Guillermo Molina con una extensión de aproximadamente 191 hectáreas; en el caso de Antonino Cascio González, con un total de 148 terrenos ejidales; en el caso de Alfonso Herrera García, con un total de 19; y por último, en el caso de Denalí De Lourdes Cetina González, con un total de 67 terrenos ejidales.

Cabe mencionar que Juan Pablo Guillermo Molina, Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, cargo que ocupa desde el 5 de abril de 2013, ya tenía esta función pública antes de que se realizara otra asamblea del ejido de Ulila, municipio de Ucu, Yucatán, con fecha 9 de mayo de 2013, en la que también se le asignaron varias tierras ejidales a su hermano Manuel Alberto Guillermo Molina. Es decir, sólo había transcurrido un mes de haber asumido el cargo, y ya se estaba beneficiando del mismo.

Manuel Alberto Guillermo Molina, obtuvo un aproximado de 191 hectáreas del ejido de Ulila, municipio de Ucu, Yucatán, teniendo una edad de entre los 26 y 27 años, sin que pueda justificar su capacidad económica derivado de un trabajo lícito para obtenerlas, sumado a que en la actualidad tiene más superficie de tierras ejidales en el estado de Yucatán, lo que puede presumirse que el dinero que maneja tiene un origen ilícito, que puede provenir del erario de Quintana Roo, derivado de la relación familiar con su hermano, el Secretario de Finanzas y Planeación de ese estado, y aporvechándose de la complejidad del sistema agrario aparece que el ejido les donó las tierras en especie, cuando realmente las compró mediante actos simulados y violando la ley agraria que designó esta superficie de tierras como selvas.

Asimismo, es de notarse que cuando la Dirección de Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Gobierno del Estado de Yucatán, emite las constancias de propiedad de tierras ejidales a Manuel Alberto Guillermo Molina, la mayoría fueron emitidas el 26 de enero de 2015, su hermano, seguía siendo el Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo hasta el 4 de marzo de 2015, fecha en que renuncia al cargo para competir en las elecciones federales como suplente del actual Diputado Federal José Luis “Chanito” Toledo Medina.

Sin embargo, el 10 de agosto de 2015, Juan Pablo Guillermo Molina, regresa a su cargo como Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo.

De lo anterior se desprende que puede existir el presunto delito de tráfico de influencias por parte de Juan Pablo Guillermo Molina, como actual Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, con la finalidad de que su hermano pudiese beneficiarse y obtener una cantidad considerable de tierras ejidales del ejido de Ulila, municipio de Ucu, Yucatán.

A su vez, puede darse el caso de presuntas irregularidades administrativas por parte de funcionarios de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Yucatán y presunto enriquecimiento ilícito y/o lavado de dinero de Manuel Alberto Guillermo Molina, como  posesionario de tierras ejidales del poblado de Ulila, municipio de Ucu, Yucatán.

Como ya se mencionó, no queda claro de dónde obtuvo una gran cantidad de recursos económicos para poder pagar las tierras ejidales señaladas, puesto que varios ejidatarios del poblado de Hunucmá, aseguran que se pagaron ochocientos mil pesos a por cada ejidatario a un total de 40 por las tierras en comento, lo que equivale a treinta y dos millones de pesos.

Derivado de esta narración de hechos, cabe la presunción de que Manuel Alberto Guillermo Molina sea un simple “prestanombres”, al igual que  los ciudadanos Antonino Cascio González, Alfonso Herrera García y Denalí De Lourdes Cetina González, con el objeto de que en un futuro próximo sea el beneficiario Juan Pablo Guillermo Molina u otra persona cercana a ellos, o bien que en un futuro próximo dichas tierras ejidales se puedan enajenar y obtener de dicha venta una cantidad fuerte de dinero sin que se aclare la procedencia del recurso económico con el que compraron dichas tierras ejidales.

Por todo lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la Procuraduría General de la República (PGR), realizar las indagatorias necesarias para saber si hubo la comisión de delitos o irregularidades administrativas o contraveniencia de la Ley en los procesos previos, durante o después de la asignación, entrega y/o venta de las referidas tierras ejidales, registro y expedición de títulos de propiedad de las mismas y de confirmarse dichas irregularidades o la comisión de algún delito como tráfico de influencias, desvío de recursos públicos, enriquecimiento ilícito y/o lavado de dinero, determinar y fincar las responsabilidades a las personas físicas, personas morales o incluso a funcionarios públicos que resulten responsables; proceder a sancionarlos conforme a las leyes de la materia, y realizar las denuncias penales procedentes en contra de los presuntos responsables.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y al Órgano Interno de Control del Registro Agrario Nacional, a investigar y revisar los procesos de entrega de las más de mil tierras ejidales catalogadas como selvas, de las cuales: 783 están en posesión de Manuel Alberto Guillermo Molina, 148 en posesión de Antonino Cascio González; 19 en posesión de Alfonso Herrera García; y 67 en posesión de Denalí De Lourdes Cetina González.

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente, a los titulares de la SAGARPA, SEDATU, Órgano Interno de Control del RAN, ASF, SFP y de la PGR, para que una vez concluida la investigación de acuerdo a sus atribuciones, den a conocer los resultados a esta Soberanía, con la finalidad de realizar acciones, dentro del marco de sus responsabilidades, tendientes a prevenir futuras violaciones en materia administrativa y penal.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.





 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se convoca a una mesa de trabajo a los titulares de las instituciones encargadas de la prevención y combate a la corrupción; así como a legisladores, académicos y sociedad civil, con la finalidad de evaluar a dichas instituciones y recibir propuestas para mejorar su desempeño en el marco de las reformas del Sistema Nacional Anticorrupción. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación soberana, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONVOCA A UNA MESA DE TRABAJO A LOS TITULARES DE LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA PREVENCION Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN; ASI COMO A LEGISLADORES, ACADÉMICOS Y SOCIEDAD CIVIL CON LA FINALIDAD DE EVALUAR A DICHAS INSTITUCIONES Y RECIBIR PROPUESTAS PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO EN EL MARCO DE LAS REFORMAS DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Todos nos preguntamos, después de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción y de sus respectivas leyes secundarias, ¿qué sigue?

De acuerdo con los términos establecidos en la propia Reforma Constitucional, el Legislativo tendrá un año, a partir de la entrada en vigor del decreto, para aprobar las leyes generales, así como las reformas a la legislación para poner en marcha el Sistema. Además, deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El 30 de abril de 2016 es el término que se ha difundido mediáticamente por declaraciones de los Presidentes de las Mesas Directivas, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados para cumplir con este objetivo. Sin embargo, antes de poner en marcha la operación del sistema, es indispensable conocer a detalle el desempeño, así como los principales desafíos que enfrentan las instituciones que fungirán como pilares del sistema.

Para lograr que el Sistema opere de manera eficaz, necesitamos que las instituciones que lo integran se desempeñen con integridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, para responder a la exigencia de la ciudadanía para investigar, perseguir y sancionar casos de corrupción. Además debemos garantizar que los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la República, así como delos órganos encargados de combatir la corrupción a nivel local, destaquen por sus méritos profesionales, su probada honestidad y su autonomía e independencia en el ejercicio de sus atribuciones. De lo contrario seguiremos aprobando leyes, sin ser capaces de combatir de manera contundente la corrupción y la impunidad.

Para lograr lo anterior tenemos que generar un diálogo donde frente a frente sociedad e instituciones que previenen y combaten la corrupción, se hagan planteamientos de mejora e identifiquen los desafíos de cara a la activación del Sistema Nacional Anticorrupción para garantizar el perfeccionamiento en su desempeño. Este análisis debe llevarse a cabo, no solamente por los representantes de dichas instituciones, de organizaciones de la sociedad civil organizadas y académicos, sin por la propia ciudadanía que conoce las fallas de estas instituciones contribuya en la mejora de los procesos.

Tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca como legisladores y dejar de lado la simulación. Debemos garantizar que las autoridades que estarán al frente del Sistema tengan el óptimo desempeño tanto a nivel individual como de manera coordinada para arrojar resultados visibles y contundentes en el objetivo común de combatir la corrupción y acabar con la impunidad.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, de obvia y urgente resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República convoca a una mesa de trabajo a los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Secretaría de la Función Pública; de la Tesorería de la Federación; del Sistema de Administración Tributaria; del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; así como a legisladores, contralorías estatales, académicos, sociedad civil e iniciativa privada con la finalidad de evaluar a dichas instituciones y recibir propuestas para mejorar su desempeño en el marco de las reformas del Sistema Nacional Anticorrupción.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Armando Ríos Piter.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente los hechos violentos que se presentaron en las instalaciones de Ciudad Universitaria el 25 de febrero de 2016. Se turna a la Comisión de Educación.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 25 de febrero de 2016, un grupo de personas con el rostro cubierto realizaron una serie de hechos vandálicos en el interior de Ciudad Universitaria.

De acuerdo a un boletín emitido por la Máxima Casa de Estudios los encapuchados  “…bloquearon uno de los accesos vehiculares a la Ciudad Universitaria, mediante la colocación de contenedores de basura, a los que posteriormente prendieron fuego. Además, irrumpieron violentamente en las oficinas de la Base Uno de vigilancia, ubicada en el acceso de avenida Universidad 3000, golpearon a los vigilantes que ahí se encontraban e incendiaron el recinto y una de las unidades de Auxilio UNAM.”1

Los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, lamentamos y condenamos este tipo de actos violentos que no solo atentan contra el patrimonio universitario, sino que además ponen en riesgo la integridad y seguridad de la comunidad universitaria. Bajo ninguna circunstancia se justifica el uso de la violencia para la resolución de conflictos, mucho menos cuando éstos son totalmente ajenos a la Universidad.

El avance cultural, social y tecnológico de nuestro país no puede entenderse sin los aportes de la máxima casa de estudios y de sus egresados. En las aulas de esta institución se han formado los más destacados profesionistas, quienes desde sus respectivos campos, han contribuido a construir y consolidar una nación más próspera, justa e igualitaria.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es la institución de educación superior más importante de México. Cuenta con una vasta oferta académica, a nivel Posgrado destacan sus 41 programas con 92 planes de estudio de maestría y doctorado y 36 programas de especialización con 227 orientaciones; en Licenciatura ofrece 115 carreras; en la opción de Técnico Profesional cuenta con 33 carreras; y 3 planes de estudio a nivel bachillerato.

Para dimensionar la magnitud y relevancia de la UNAM, basta mencionar que durante el ciclo escolar 2014-2015, contaba con una matrícula de 342 mil 542 alumnos, de los cuales 28 mil 18 eran de Posgrado, 201 mil 206 de Licenciatura, 112 mil 576 de bachillerato y 742 del propedéutico de la Facultad de Música. Para atender a esta matrícula, la Universidad nacional contaba con 38 mil 793  académicos, de los cuales cerca de 12 mil eran de tiempo completo.

Además de su notable labor docente, la Universidad Nacional también cumple un papel trascendental en la difusión de la cultura. En 2014, realizó poco más de 13 mil 700 actividades artísticas y culturales a las que asistieron 2 millones 150 mil personas. En lo que respecta a la investigación, cuenta con 4 mil 202 académicos en el Sistema Nacional de Investigadores. Además del total de artículos científicos publicados por académicos mexicanos, 30% corresponden a investigadores de la UNAM.

Los legisladores del PRI, expresamos nuestro total respeto a la autonomía universitaria, pero también reiteramos nuestro compromiso con el Estado de Derecho y las instituciones, por ello, condenamos enérgicamente los hechos vandálicos que se suscitaron en las instalaciones de Ciudad Universitaria y hacemos un llamado a las autoridades competentes para que los autores sean investigados y castigados conforme a derecho.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República condena enérgicamente los hechos violentos que se presentaron en las instalaciones de Ciudad Universitaria el pasado 25 de febrero de 2016.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que coadyuve y refuerce la seguridad en las inmediaciones de Ciudad Universitaria y brinde el apoyo necesario a la Universidad Nacional Autónoma de México para proteger la integridad de la comunidad universitaria y su patrimonio.

TERCERO. El Senado de la República exhorta a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, a que en el ámbito de las disposiciones jurídicas aplicables, garanticen que todos los espacios de ese centro de estudios sean destinados para los fines que le corresponden como institución de educación superior.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.

1 Boletín UNAM-DGCS-123, 25 de febrero de 2016, <
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_123.html
> Consultado el 29 de febrero de 2016.





 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Salud información sobre las cifras verídicas de la emergencia real que existe por los brotes epidémicos de Influenza, Chikungunya y Zika; así como la perspectiva de atención que se tiene en cada una de estas enfermedades. Se turna a la Comisión de Salud.

Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación soberana, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA LAS CIFRAS VERÍDICAS SOBRE LA EMERGENCIA REAL QUE EXISTE POR LOS BROTES EPIDÉMICOS DE INFLUENZA, CHIKUNGUNYA Y ZIKA; ASÍ COMO LA PERSPECTIVA DE ATENCIÓN QUE SE TIENE EN CADA UNA DE ESTAS ENFERMEDADES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Una política de esta administración en lo que corresponde a la comunicación de riesgos sobre salud ha sido una constante minimización de las diferentes problemáticas.  Esta política es clara en lo que corresponde a los brotes epidémicos que ha enfrentado el país y en particular en relación a influenza, zika y chikungunya. Se percibe una importante discrepancia entre lo que la población percibe como grado de afectación y lo que informa la Secretaría de Salud.  Más aún se detectan diferencias importantes y reales entre la demanda de servicios por estas enfermedades y las cifras oficiales que se reportan en medios. Es claro que existe un problema y que la población lo percibe, ya que al menos al IMSS han acudido cerca de 100 mil trabajadores a buscar una incapacidad laboral. Esta cifra contrasta de manera muy importante con la que se reporta a nivel nacional por la Secretaría de Salud. La Dirección General de Epidemiología reporta cifras poco creíbles, por ejemplo sostienen que para el país (112 millones de habitantes) únicamente hay registrados 2,818 casos de influenza al día de hoy, con 98 defunciones (3.4%).  No se ha informado de donde se derivan las cifras que reporta como nacionales.  Éstas se derivan de un grupo de clínicas y hospitales (520 en total) que participan en la red de vigilancia de influenza y que tienen un desempeño muy variable en términos de funcionamiento.  Por otro lado, las casi 100 mil incapacidades dan una idea muy clara de la problemática de un sector y son un elemento de vigilancia epidemiológica importante, que no se puede ignorar y que ciertamente tienen relación con la preocupación que se percibe en la población.

En situación de brotes epidémicos, la OMS recomienda entre otras medidas el anuncio temprano (la oportunidad en las primeras comunicaciones establece la confianza, evita rumores e información errónea y salva vidas al permitir una mejor preparación), la transparencia en las cifras y acciones de control, escuchar las preocupaciones y opiniones de la población y llevar a cabo la planificación de una estrategia de comunicación de riesgo.  La falta de información no es un argumento para retrasar la comunicación de riesgo, las emergencias no pueden esconderse.

La subestimación de cifras puede tener consecuencias importantes sobre la salud de la población. Si los médicos no tienen conocimiento de que hay un aumento en la frecuencia de influenza y en particular de A (H1N1), pueden realizar un diagnóstico equivocado, por ejemplo pensar que se trata de un resfriado común y no alertar a los pacientes de los síntomas de alerta de posibles complicaciones de influenza, como la neumonía. Esto ocasiona que los enfermos acudan tardíamente al hospital y que al llegar las complicaciones sean graves y que se incremente el riesgo de muerte. Igualmente los proveedores de medicamentos pueden no surtir las farmacias o llevar a cabo las importaciones necesarias para hacer frente a situaciones donde hay una demanda incrementada de ciertos medicamentos, como ha sido el caso de Tamiflu.

Un adecuado registro, depende del número de casos que se reportan y de la proporción de casos a los que se les toma muestra oportunamente.  Por esta razón, es muy importante poder derivar la tasa de subregistro. Actualmente, los casos confirmados son un producto de un mínimo (5-10%) de muestras tomadas del total de casos de Enfermedad tipo influenza (ETI) y potencialmente al 100% de los individuos con manifestaciones de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) que buscan atención médica en las Unidades de Salud Monitoras de Influenza (USMIS). Por lo tanto, este número total de casos confirmados solo debe ser usado como un valor para evaluar tendencias y de base para estimaciones de incidencia que permitan dimensionar la gravedad de la transmisión y cómo cambia en el tiempo.

Todo lo anterior sugiere un impacto negativo en el reporte de casos de influenza una falsa percepción de baja transmisión que no permite alertar oportunamente a la comunidad médica y ciudadana en tiempo y forma.

De la misma manera, si los servicios de salud de los estados no reciben señales adecuadas sobre la demanda real de ciertas enfermedades, no podrán realizar con tiempo las licitaciones o compras para abastecer los centros de atención médica con los medicamentos necesarios. Esto fue evidente para el caso del Chikungunya en Guerrero y actualmente en el caso de la influenza en esta época invernal. Igualmente Pablo Kuri Morales, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ha señalado… “La Secretaría de Salud (SSA) no tiene interés en contabilizar todos los casos de Chikungunya. Lo que importa es confirmar la presencia de la enfermedad para, de inmediato, realizar las acciones de prevención y eliminación del mosquito transmisor.  De todas maneras, en clínicas y hospitales se toman muestras para análisis de laboratorio a todas las personas que reportan síntomas del padecimiento” (La Jornada, 31.Dic.2015)

Entonces, ante declaraciones como ésta que hace el Subsrio. Kuri Morales, nuestras preguntas obligadas son:

¿Qué es lo que se reporta? ¿Cómo podemos dar sentido de las estadísticas que se presentan a la ciudadanía? ¿Cómo podríamos hacer una planeación adecuada de la respuesta a las diferentes epidemias si no tenemos la información adecuada? ¿Cómo evaluar el efecto de las medidas de contención?

La situación actual merece atención inmediata y eficaz, estamos viviendo un recorte presupuestal que augura crisis y carencias en las familias mexicanas que menos tienen, si a esto le sumamos una crisis de insalubridad, debe ser un problema que nos incumbe a todos, sin distinción.

Esperamos por el bien de nuestros paisanos, que la llegada de un nuevo titular a la Secretaría de Salud, represente una oportunidad para lograr que se lleve a cabo una transformación que permita una mejor comunicación de riesgos, basada en un reporte con base científica, que verdaderamente informe sobre la situación epidemiológica y que permita actuar con anticipación y que evite las complicaciones que se generan cuando existen diferentes percepciones entre las versiones oficiales y las que la población experimenta, a lo cual estaremos atentos.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, de obvia y urgente resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República solicita al titular de la secretaria de salud que informe a esta soberanía con datos reales y precisos, sobre la emergencia real que existe por los brotes epidémicos de influenza, chikungunya y zika en todo el país; así como la perspectiva de atención que se tiene en cada una de estas enfermedades para el próximo bimestre.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Armando Ríos Piter.





 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y al Instituto Nacional del Emprendedor a fortalecer la difusión de los programas de apoyo de las micros, pequeñas y medianas empresas. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.







 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Economía a que, en caso de ser aprobado el proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-199-SCFI-2015,  se establezcan mecanismos de apoyo a los pequeños productores que no podrán utilizar la denominación “Mezcal”. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

La que suscribe Silvia Guadalupe Garza Galván, Senadora por el estado de Coahuila e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA QUE EN CASO DE SER APROBADO EL PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-199-SCFI-2015, SE ESTABLEZCAN MECANISMOS DE APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES QUE NO PODRÁN UTLIZAR LA DENOMINACIÓN “MEZCAL”, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Actualmente México representa uno de los mayores aportadores en materia alimentaria y es origen de diversos alimentos que se cultivan hoy en día en otros países. Dentro de los productos de fuente energética que se consumen en el mundo se encuentran el aguacate, cacao, jitomate, calabazas, chayote, chía, chile, epazote, maíz, frijol, maguey, entre muchos otros.

Hoy día, como desde hace siglos, los magueyes o agaves caracterizan los paisajes de las zonas áridas y semiáridas de nuestro país y contribuyen a la conservación y retención del suelo. Su cultivo hace posible la ampliación de la productividad agrícola en zonas frías y calientes.

México es el centro de origen de la familia Agavaceae, a la cual pertenecen ocho géneros, entre ellos el género Agave. El uso de los agaves se remonta a la época precolombina, cuando los pueblos indígenas encontraron en esta planta una fuente abastecedora de materia prima para elaborar cientos de productos como hilos para tejer costales, tapetes, morrales, ceñidores, redes de pesca y cordeles; las pencas enteras se usaban para techar las casas a modo de tejado, los quiotes secos servían como vigas y como cercas para delimitar terrenos; las púas o espinas se utilizaban como clavos y como agujas; de las raíces se elaboraban cepillos, escobas y canastas; del jugo del maguey además de la miel, se obtenía la bebida ritual por excelencia: el pulque y destiladas como el tequila y el mezcal; sin embargo, de esta multiplicidad de usos, sólo unos cuantos han prevalecido y se han transformado a lo largo de la historia.

Con el agave azul (Agave tequilana), se elabora el aguardiente mexicano más famoso del mundo: el tequila. Desde sus inicios, el tequila ha sido un producto privilegiado, pues su industria se desarrolló sin grandes tropiezos en manos de hacendados de origen español poseedores de tierras y destilerías. En medio de estas condiciones nacieron las empresas que pronto serían las más grandes productoras; dos de ellas, Sauza y Cuervo, son hasta ahora las principales exportadoras nacionales de tequila.

Hoy en día se reconoce la originalidad del tequila a nivel internacional, pero únicamente para el producido en las regiones de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, el cual tiene que contener al menos el 51% de destilado de Agave y tiene que ser producido exclusivamente por el “agave tequilana weber variedad azul”, el único autorizado para su elaboración.
El tequila se exporta a sesenta países del mundo; sin embargo 91% del tequila exportado se vende a granel y sólo 9% es envasado de origen, lo que significa que el beneficio por el envasado del producto no se queda en el país. La industria tequilera ocupa a más de 25 mil personas, y aproximadamente se cultivan 30 mil hectáreas de maguey.

El procedimiento de elaboración del mezcal es similar al del tequila: ambos casos incluyen cuatro procesos: cocimiento de la "piña", machacado, fermentación y destilación. Sin embargo, la producción de mezcal sigue siendo muy rudimentaria, pues el cocimiento de la "piña" del maguey se realiza en un horno construido bajo tierra; el machacado se lleva a cabo con la ayuda de caballos o bueyes; la fermentación se realiza en barricas de roble, y mientras que el tequila se destila dos veces, el mezcal se destila solamente una. Por eso, el mezcal recién destilado tiene más color y un sabor más concentrado, mientras que el tequila sale del alambique blanco, transparente y con sabor más delicado.

Y así como el tequila obtuvo oficialmente una denominación de origen, se sugirió que lo mismo debía otorgársele al mezcal. Actualmente se reconoce la existencia de una región mezcalera en el estado de Oaxaca, y se ha presentado un proyecto de norma que señala las especificaciones físicas y químicas tanto para el mezcal 100% de agave (el que contiene azúcares que proceden exclusivamente del agave), como para el que se denomina simplemente mezcal (y que puede contener hasta 40% de azúcares de otros productos).

Al igual que el maguey mezcalero y el tequilero, el maguey pulquero requiere aproximadamente diez años para alcanzar su madurez y poder ser aprovechado. La etapa productiva de un maguey pulquero comienza cuando es "capado", es decir cuando se le corta el conjunto de pencas más tiernas del centro de la planta para que, al cabo de cuatro meses, comience a dar sus primeros litros de aguamiel. El periodo de producción del aguamiel dura generalmente de tres a cuatro meses y rinde en promedio unos 300 litros. De la fermentación del aguamiel, que tarda menos de 24 horas, se obtiene la bebida alcohólica que conocemos como pulque. Por los estudios químicos que se les han realizado, se sabe que el aguamiel y el pulque son bebidas ricas tanto en proteínas, como en vitaminas y calcio. Sin embargo, su consumo se encuentra prácticamente rezagado.

Las políticas públicas que impulsan la producción de las bebidas alcohólicas, se encuentran orientadas a favorecer a los productores y a sus comunidades, corriendo las disparidades en el medio rural y disminuyendo los rezagospara así generar empleo, transforman e impulsan la producción. Así mismo contribuyen a la seguridad alimentaria e impulsan la producción agropecuaria a través del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Es importante señalar que el sector mezcalero ha tenido logros importantes a lo largo de los últimos años y su actividad se encuentra regulada en la Norma Oficial Mexicana 070-SCFI-1994 Bebidas Alcohólicas-Mezcal-Especificaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 1997, estableciendo un listado de plantas de agave como materia prima del mezcal que son Angustifolia Haw (maguey espadín); Esperrima jacobi, Amarilidáceas (maguey de cerro, bruto o cenizo); Weberi cela, AmarilidáceasPatatorum zucc, Amarilidáceas (maguey de mezcal); Salmiana Otto Ex Salm SSP Crassispina (Trel) Gentry (maguey verde o mezcalero); y otras especies de agave, siempre y cuando no sean utilizadas como materia prima para otras bebidas con denominaciones de origen dentro del mismo Estado.

Los sectores del ramo mezcalero, manifestaron su interés de contar con una regulación técnica que establezca los fundamentos para garantizar la calidad de esta bebida, así como determinar su denominación de origen.

En la actualidad solo ocho estados cuentan con la denominación de origen del mezcal y son: Durango (4 municipios), Guanajuato (1 municipios), Guerrero (8 municipios), Michoacán (7 municipios), Oaxaca (20 municipios), San Luis Potosí (2 municipios), Tamaulipas y Zacatecas (7 municipios). El estado de Oaxaca tiene una producción del 54.4% del total nacional, haciendo que hayamás de 500 pequeños productores que son sustento de más de 20 mil familias.

La industria del mezcal ha venido incrementándose de forma importante. El valor de las exportaciones ha llegado a más de cincuenta millones de dólares y abarcan destinos en Estados Unidos, Inglaterra, España, Italia, Japón, Taiwán y Turquía. Es importante mencionar que la producción anual es de más de dos millones de litros y la cuarta parte tiene la calidad de exportación.

La industria del mezcal se ha convertido en una alternativa de impacto económico y social para las zonas marginadas, ya que se refleja en el aumento del ingreso de la población dedicada a la actividad. Es importante recordar que sigue siendo una actividad meramente artesanal, toda vez que no ha incurrido en la producción industrial, lo que lo hace atractivo para el consumidor extranjero.

Es importante que el gobierno impulse la profesionalización de la actividad de los productores del sector, a efecto de que se mantenga y crezca de forma sustentable.

Una de las preocupaciones del sector mezcalero, se deriva de la publicación el pasado 25 de noviembre de 2015, del Proyecto de la Norma Oficial Mexicana NOM-199-SCFI-2015 por parte de la Secretaría de Economía.

El proyecto pretende imponer la obligación de cambiar el nombre a sus productos con el genérico de “komil” y prohibirles que usen en las etiquetas la referencia de “agave”, en los productores tradicionales de mezcales.Igualmentebusca que se establezcan las especificaciones fisicoquímicas del producto, la información comercial y los métodos de prueba que deben aplicarse, de tal manera que el consumidor adquiera un producto cien por ciento confiable. Es decir cualquier bebida alcohólica fermentada o destilada de agave que no cumpla con las normas oficiales específicas recibirá el nombre de KOMIL.

Al respecto, expertos han señalado, con abundantes referencias, cómo la palabra “komil” no tiene ningún sustento etimológico, filológico o lingüístico. Derivado de los antecedentes de la palabra “mezcal” hacen que no exista ninguna referencia que apunte a que “komil” fue una denominación utilizada con anterioridad.

Mi interés en presentar la presente proposición es buscar la obligación de respaldar a los productores de mezcal y de tequila asentado en las comunidades que no están dentro de los territorios con denominación de origen.

Es importante señalar que existen diversos productoresasentados en comunidades indígenas dedicados a la venta en escalas poco significativas, por lo que cambiarle de nombre a las bebidas alcohólicas sin tener la denominación de origen, seria desconociéndo tradiciones de los pueblos indígenas. No se trata de rechazar la certificación, sino de buscar el apoyo de la industria para los pequeños productores y su necesidad comercial de poder utilizar una palabra que ha sido, por siglos, de uso corriente.

La denominación de origen es la indicación geográfica, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o característica se debe exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.Este concepto se encuentra establecido en el artículo 2, numeral 1 del“Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las Denominaciones de Origen y su Registro internacional”, en el mismo sentido se encuentra regulado el concepto en el artículo 156 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, para que en caso de ser aprobado el proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-199-SCFI-2015, se establezcan mecanismos de apoyo a los pequeños productores que no podrán utlizar la denominación “Mezcal”.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Economía para que en coordinación con el Consejo Regulador del Mezcal, realicen la evaluación para ampliar la denominación de origen en aquellos Estados productores de Mezcal.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a impulsar y fortalecer la cadena productiva de la industria del mezcal, especialmente de los pequeños productores a través de la certificación, así como su comercialización a nivel nacional e internacional con la finalidad de potencializar la producción de mezcal.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.





 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a aplicar en México la lista del Programa de Exención de Visado de los Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

El suscrito Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con los siguientes:

CONSIDERANDOS

El contexto económico mundial actual y a inminente desaceleración económica de los países asiáticos así como la expectativa de una alza en las taza de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, obliga a nuestro país a buscar alternativas que nos ayuden a aminorar los efectos negativos de estos eventos económicos en nuestra economía. Uno de los principales retos es la generación de empleos, que permitan reactivar nuestra economía, y que se refleje en una mejor calidad de vida de la población mexicana.

Una ventana de oportunidad para fortalecer nuestra economía es el turismo; fuente generadora de millones de empleos.

Actualmente el turismo es uno de los sectores económicos que más empleos generan en el país, este rubro genera cerca de 7.5 millones de empleos (contabilizando los directos e indirectos), en términos generales, y representa la tercera actividad que más captación de divisas obtiene para el país, después de los ingresos petroleros y las remesas que envían nuestros connacionales. Este sector representa una verdadera oportunidad para reactivar la economía nacional y para disminuir nuestra dependencia del petróleo. Actualmente el turismo genera cerca de 10 puntos porcentuales del PIB.

El turismo, además, tiene el potencial de aumentar el efecto multiplicador en la generación de empleos, debido a que produce un efecto en cadena que impacta positivamente en otros sectores como: el agrícola, la construcción, el textil, el pesquero, el transporte, por mencionar algunos.

En materia de turismo, con una riqueza natural excepcional México  representa una gran opción como destino turístico a nivel mundial, al ofrecer una gran cantidad de opciones, como:

- Turismo de descanso o convencional: Quintana Roo, Guerrero y, Baja California Sur.

- Turismo Científico: Puebla y, Veracruz.

- Ecoturismo: Chiapas y Yucatán.

- Turismo Cultural: Ciudad de México y Oaxaca.

- Turismo Histórico: Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, y Ciudad de México.

- Turismo Gastronómico: Yucatán, Veracruz, y Oaxaca.

- Turismo de Aventura: Chiapas, Morelos, y Estado de México.

Por todo lo anterior, presento esta Proposición con Punto de Acuerdo, la cual tiene como finalidad plantearle este tipo de alternativas al gobierno federal, y hacer un llamado de manera particular a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que se consideren bajo la óptica de impulsar y fomentar eficazmente el turismo en México, hacia el exterior; de manera especial se hace un llamado para que se eliminen las barreras de visado que actualmente existen para ciudadanos de países que representan para México un área de oportunidad en su desarrollo, como destino turístico. Países que lejos de representar un riesgo para México, constituyen una valiosa oportunidad para un mayor desarrollo turístico, de intercambio comercial y de crecimiento económico y cultural.

Los países a los que hago referencia son, por ejemplo, todos aquellos que forman parte de la lista del programa de exención de visado de los Estados Unidos de América conocida como “ESTA”; lista integrada con países de distintos continentes, que para formar parte de la misma fueron evaluados por el país del norte bajo sus estrictos criterios de control de seguridad y confianza. Referente que nos permite tomar las mismas consideraciones para facilitar la entrada y salida de ciudadanos de cada uno de los países que forman parte de aquélla, máxime si México mantiene actualmente una relación comercial con los países que la integran.

Para que un país pueda formar parte de la lista del programa de exención de visado de los Estados Unidos de América, no debe presentar conflictos económicos, sociales, migratorios, entre otros más, no menos importantes. Además, los países que son incluidos deben cumplir con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) elevado y un ingreso per cápita alto.

En resumen, los países que conforman la lista “ESTA” representan, hoy por hoy, un mercado potencial para el desarrollo del turismo no solo en México, sino en todo el mundo. Pero en el caso de nuestra nación representan, particularmente, una gran oportunidad de desarrollo económico.

Para mayor referencia y ejemplificación, a continuación cito los países que forman parte de la lista de exención de visado de los Estados Unidos de América (ESTA), indicando su Producto Interno Bruto Per Cápita, así como su Índice de Desarrollo Humano.

 

País

Población

PIB Pér Cápita (US)

IDH

1

Alemania

80 890 000

 47 200

0,916

2

Andorra

76 949 

44 959

 0,8452

3

Australia

23 613 193 

62 821

0,9352

4

Austria

8 572 895 

39,647 

0,8851

5

Bélgica

11 250 659

 42 973

0,890

6

Brunéi

415 717 

51 005

0,8562

7

Chile

18 191 884

15 791

0,832

8

Corea del Sur

49 540 000

34 776

0,8986

9

Dinamarca

5 627 235

56 202 

0,923

10

Eslovenia

2 046 120

27 155

0,880

11

España

46 439 864

  29 288

0,869

12

Estonia

  1 287 000

21 222

  17 908

13

Finlandia

5 451 270

17 908

  0,8834

14

Francia

66 952 000

41 141

0,888

15

Grecia

10 775 557

25.86

0,865

16

Países Bajos

16 788 973

42 193

0,922

17

Hungría

9 950 000 

18738.00

 0,828

18

Islandia

330 610

38 0222

0,8993

19

Irlanda

4 593 100

45 888

 0,916

20

Italia

60 782 897

33 770

0,873

21

Japón

126 659 683

36 265

 0,891

22

Letonia

2 070 371 

16 620

0,819

23

Liechtenstein

37 366

141 100

0,908

24

Lituania

3 350 000 

18 770

0,839

25

Luxemburgo

562 958

76 467

0,892

26

Malta

423 282 

23.76

0,839

27

Mónaco

36 000

141 403

0.891

28

Noruega

5 165 802

54 479

0,944

29

Nueva Zelanda

4 511 590 

27 217

0,913

30

Portugal

10 562 178

23 481

0,830

31

Reino Unido

63 182 178

39 510

 0,907

32

Republica Checa

10 519 000

27 276

0,870

33

Taiwán

23 113 990

49 096

0,882

34

San Marino

32 471

48 258

0.00

35

Singapur

5 469 700 

55 5091

0,912

36

Suecia

9 828 655

57 948

0,907

37

Suiza

8 140 000

83 718

0,930

38

Eslovaquia

5 430 740

 18 584

0.844

(Elaboración propia, con datos de 2011 a 2015)

Más aún, actualmente México mantiene relaciones comerciales con distintos países que integran la lista “ESTA”; relaciones que se pueden incrementarse para beneficio de nuestro país, con acciones que favorezcan una relación más estrecha, sin pedimentos de visado de entrada y salida para los ciudadanos de cada nación que forme parte.

Algunos países que están incluidos en la “ESTA”, con fuertes lazos comerciales con México son: Chile, Japón, Liechtenstein, Noruega, Taiwán, Islandia, Suiza, Países bajos, Reino Unido y Alemania.

Las transacciones comerciales promedio, entre México y aquellas naciones, ascienden a:

México -

Balanza Comercial

Principales Productos Exportados

Chile

US$709,660,048.00

Vehículos automotores y tractores

Unión Europea

US$21,985,108,173.00

Autos, Productos Farmacéuticos y motores

Japón

US$14,920,250,836.00

Autopartes, Unidades de Control y Aceites

Taiwán

US$7,000,000,000.00

Cobre, Bienes de consumo intermedio

En estas relaciones comerciales destacan, por ejemplo, tres principales inversionistas del continente Asiático en México: China, Japón y Taiwán.

En este contexto, sin lugar a dudas resulta trascendental abrir las puertas de nuestro país a las naciones que integran la lista de exención de visado de los Estados Unidos de América (ESTA),  con el objetivo de propiciar un mayor intercambio turístico y económico; debemos de mostrarnos como una nación competitiva, y atraer mayor inversión extranjera directa, de tal manera que se reactive y potencialice el crecimiento económico de México.

Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Gobernación  y de la Secretaria de Relaciones Exteriores, para aplicar en México la lista del Programa de Exención de Visado de los Estados Unidos (ESTA), para los extranjeros provenientes de los países que la integran, y para que mediamente las acciones y los mecanismos diplomáticos conducentes promueva la supresión de visas para los mexicanos en cada una de aquellas naciones, bajo las consideraciones expuestas en el presente instrumento, y con el propósito de fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre México y los países de referencia.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre los avances y logros de la implementación de los conceptos y principios fundamentales del cambio climático, de la ciencia ambiental y del desarrollo sustentable en los planes de estudios. Se turna a la Comisión de Educación.

La suscrita Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A INFORMAR SOBRE LOS AVANCES Y LOGROS DE LA IMPLEMENTACIÓN DELOS CONCEPTOS Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO, DE LA CIENCIA AMBIENTAL Y DEL DESARROLLO SUSTENTABLE EN LOS PLANES DE ESTUDIOS, conforme al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Uno de los derechos sociales es la educación, establecido en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual señala lo siguiente: “. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”.

Es importante señalar que la educación como derecho humano se considera uno de los mayores avances éticos de la historia de México. Y así mismo como derecho irrenunciable debe llegar a ser accesible para todos, bajo criterios de calidad y equidad.

La educación es una herramienta importante para el desarrollo económico y cultural del país en el que se trasmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Esto que las personas desarrollen su personalidad e identidad y así desenvuelvan sus capacidades físicas e intelectuales. La educación favorece a la integración social y profesional para obtener una mejor calidad de vida.

Es importante señalar que en las economías modernas el conocimiento es uno de los factores más importantes de la producción y con ello las sociedades que más han avanzado en lo económico y en lo social son las que han logrado alzar su progreso en el conocimiento.

Nuestro país ha tenido avances considerables en materia de educación; sin embargo existen rezagos notables en materia de educación ambiental, siendo que más allá de lo impartido tradicionalmente, el conocimiento ambiental es importante debido a que relaciona al hombre con el medio ambiente y su entorno.

El objetivo de concientizar sobre la educación ambiental mostrar como las acciones humanas impactan la condición del ambiente. La educación ambiental a temprana edad resulta fundamental para la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno. Es por eso que corresponde a la educación básica desempeñar el papel fundamental en este proceso de enseñanza sobre la materia ambiental.

La Organización de las Naciones Unidas indica que la Educación Ambiental tiene como objetivo la formación de individuos para conocer y reconocer las interacciones entre lo que hay de natural y de social en su entorno. Igualmente señala la necesidad de actuar para prevenir el deterioro y la existencia de una calidad ambiental idónea para el desarrollo de la vida humana.

Es importante señalar que la escuela tiene el objetivo de que el futuro ciudadano reciba enseñanza y educación de todas las materias, y con ello se integre a la sociedad en que vive de una manera sana y consciente. En este sentido hay que informar para que el estudiante ocupe plenamente el lugar que le corresponde en la naturaleza, como elemento componente de ésta y así comprender que es parte integrante del sistema ecológico.

Es necesario abordar el estudio de lo ambiental en los centros educativos y estar conscientes que la educación ambiental abarca contenidos de varios campos como la conservación, equidad, contaminación, ambientes urbanos/rurales, derechos humanos, ecología, ciencias ambientales, educación integral, población, energía, pobreza, ética, desarrollo sustentable, sociedad, tecnología, calidad de vida, entre otros.

Debemos concretar que las relaciones, las interacciones, resultados y las consecuencias ambientales nos deben interesar y es necesaria la aplicación de la materia educación ambiental como lo marca la Ley General de Educación en su artículo 7 fracción XI, el cual establece:

“Artículo 7: La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I…

XI.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales;

XII…”

De lo anterior podemos afirmar que es necesario dotar al alumno con las habilidades necesarias para participar en la solución de problemas ambientales ya que la educación ambiental es muy importante porque cuidar el ambiente es cuidar la vida y en la medida en que lo protejamos podemos conservar nuestro país y el planeta.

De esta manera el seguimiento y el cumplimiento de los programas de educación sobre el cambio climático y medio ambiente resulta fundamental para verificar el contenido y la calidad de la formación que reciben los niños a temprana edad.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública a informar sobre los avances y logros, de la implementación delos conceptos y principios fundamentales a informar sobre los avances y logros de la implementación delos conceptos y principios fundamentales del cambio climático, de la ciencia ambiental y del desarrollo sustentable en los planes de estudios.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos estatales a realizar las medidas legislativas necesarias para incorporar la pensión compensatoria en su normatividad civil. Se turna a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.

El suscrito JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República de la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 87, numeral 5, 109 y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la proposición en materia de pensión compensatoria, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), entre los principales problemas que enfrentan las mujeres al integrarse en el mercado laboral, están la doble jornada y la discriminación salarial, mismas que tienen su origen en la construcción social del género, esto es, en los atributos, estereotipos, valores, funciones y roles -productivo para los hombres y reproductivo para las mujeres- asignados a partir de sus características biológicas. De tal manera que la diferencia física se transforma en desigualdad, expresada en prácticamente todos los ámbitos del desarrollo humano.

Aunado a lo anterior, el presupuesto nacional está subestimado por no considerar la contribución económica del trabajo doméstico, pues mientras que para los hogares significa un ahorro monetario, si se considera que para obtener el mismo grado de bienestar en el hogar, sin efectuar dicho trabajo, se tendrían que erogar cantidades importantes de dinero, para el gobierno sólo se considera tal, si el esfuerzo cotidiano que realizan genera bienes y servicios en el ámbito doméstico.

De  acuerdo con Encuestas de Uso del Tiempo en América Latina y el Caribe1 aplicadas en 19 países de la región, en casi la totalidad de los casos, el tiempo total de trabajo -la suma del tiempo dedicado al trabajo remunerado y al trabajo no remunerado- es mayor para las mujeres que para los varones, como consecuencia de que el mayor peso del trabajo no remunerado o el dedicado al cuidado de la familia, recae en las mujeres. En la mayoría de los países el tiempo destinado por las mujeres a este tipo de trabajo duplica al de los varones.

Por otro lado, datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señalan que en 2009 las mujeres soportaban una sobrecarga de trabajo y de demandas exigentes en su tiempo libre, a la par de sus actividades habituales y al desempeño de su vida laboral. Sobrecarga que limita el tiempo disponible de las mujeres para el desarrollo de actividades que generen ingresos, lo cual afecta negativamente su empleabilidad y el acceso a empleos de calidad. Por lo tanto, el desarrollo de las mujeres es obstaculizado por una distribución inequitativa del trabajo del hogar y una inserción desigual en el mercado laboral.

En otras palabras, las madres empleadas trabajan un mes extra de 24 horas cada año, pues realizan un trabajo de más de 70 horas semanales, lo que representa una doble carga y una limitación considerable en su tiempo.

La discriminación por género que produce esta doble jornada se traduce en un desequilibrio entre el uso del tiempo libre de las mujeres y los hombres que trabajan: mientras la mayoría de las mujeres que trabajan, por lo general tienen como pareja hombres que trabajan tiempo completo; en tanto que la mayoría de los hombres que trabajan, por lo general tienen como pareja, mujeres que trabajan medio tiempo o que no realizan trabajo remunerado. Esto implica que los hombres tienen por lo general una pareja que se dedica, o está dispuesta a dedicarse a realizar las tareas del hogar y de cuidado, lo cual hace que su vida sea más balanceada y tenga mayor disposición sobre el uso de su tiempo.

En suma, el género da forma al uso del tiempo y a su cualidad. No solamente el tiempo total que las mujeres empleadas destinan a su trabajo remunerado y no remunerado, es por lo general desigual al de los hombres empleados. Por el contrario, el trabajo que realizan en casa es distinto debido a que es generalmente más discrecional, no repetitivo ni sujeto a horarios2. El de ellas por el contrario, es habitualmente más arduo, menos flexible y más propenso a sufrir interrupciones.

La Primera Sala de la  Suprema Corte de Justicia de la Nacional ha tenido ocasión de pronunciarse sobre este derecho en los amparos directos en revisión 1200/2014,3 269/20144 y 230/2014,5en los cuales fijó el criterio sobre la pensión que los cónyuges están obligados a proporcionarse para corregir un posible desequilibrio económico, así como prestarse medios necesarios para la subsistencia.

Dichas consideraciones han sentado un precedente en materia civil a nivel nacional, por lo que debe legislarse debidamente la denominada pensión compensatoria: originalmente concebida por el legislador como un medio de protección a la mujer, la cual tradicionalmente no realizaba actividades remuneradas durante el matrimonio, por estar centrada en las tareas de mantenimiento del hogar y del cuidado de los hijos.

Las condiciones objetivas básicas que precisa el ordenamiento jurídico para que nazca el derecho a poder exigir el pago de dicha pensión, son la existencia del matrimonio y la concurrencia a la fecha de la ruptura matrimonial, que provoca una situación de desequilibrio, apreciada tanto en el plano subjetivo – posición de un cónyuge respecto a la del otro- como en el temporal- comparando la situación existente en el momento mismo tras la separación o el divorcio.

En el ámbito local, ya se encuentra previsto en la Ciudad de México, Campeche, Tamaulipas, Jalisco, Zacatecas y Baja California Sur, sin embargo, hace falta que se regule en el resto de las entidades federativas. Por tanto, podemos concluir que la imposición de una pensión compensatoria en estos casos no se constriñe sencillamente a un deber de ayuda mutua, sino que además tiene como objeto compensar al cónyuge que durante el matrimonio se vio imposibilitado para hacerse de una independencia económica, dotándolo así de un ingreso suficiente hasta en tanto esta persona se encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí misma los medios necesarios para su subsistencia.6

Sin dejar de considerar que la decisión de casarse o vivir en unión libre sigue siendo muy importante para las personas que resuelven hacerlo, así como la existencia de una buena comunicación que favorezca el crecimiento profesional mutuo, como factores indispensables para el fortalecimiento de la pareja, cabe señalar también la existencia de aspectos como la violencia familiar, la doble jornada laboral, la mala comunicación, el desempleo y las adicciones, entre otros, elementos generadores de crisis familiares que nunca se superan y van deteriorando el tejido familiar, lo que desemboca en la disolución del vínculo matrimonial.

Al respecto, y de conformidad con lo documentado por el INEGI, en 2013 se registraron 108 mil 727 divorcios, esto es, por cada cien enlaces matrimoniales, ocurrieron 18.7 divorcios. Esta relación muestra una tendencia creciente en los últimos años, cuyo punto más bajo se registró en 1993 (4.9 por cada cien). A partir de ese año se observa un aumento paulatino que se debe a un efecto doble: por una parte, hay un incremento de los divorcios, y por otra, una disminución de los matrimonios (debido a que el monto de parejas que viven en unión libre tiende a aumentar). Es por ello que en los últimos años se ha producido un alto índice de demandas de divorcios, mismos que generan estragos en la vida de las personas, máxime cuando hay hijos y bienes. Se advierte que la inexistente cultura para celebrar acuerdos previos en relación a los bienes adquiridos durante del matrimonio y a la educación de los hijos, así como para regular las situaciones que han de prevalecer en caso de divorcio, es la causante de estos problemas.

De ahí la importancia, de establecer las medidas legislativas necesarias para apoyar a la pareja que ha dedicado parte de su tiempo a las labores domésticas y al cuidado de los hijos, con la intención de proteger a los miembros de un grupo familiar, particularmente en lo que se refiere a su derecho fundamental para acceder a un nivel de vida adecuado, frente a la situación de desventaja económica que suele generarse en estos casos.

Es claro que el derecho fundamental a que se hace referencia, encuentra también una profunda vinculación con la dignidad humana, la cual no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido actualmente en los artículos 1°, último párrafo; 2°, apartado A, fracción II; 3°, fracción II, inciso c); y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.7

En base a todo lo anterior, es indispensable que los tres poderes del Estado traduzcan el reconocimiento que la Suprema Corte ha interpretado, en legislación, práctica jurídica y política pública. Es cierto que la pensión compensatoria por sí sola, no es la solución a la desigualdad o la violencia que enfrentan las mujeres, pero si la entendemos desde la perspectiva de género es fundamental para que sea reconocida y ejercida como un derecho cuya promoción, protección, respeto y garantía es obligación de todos los agentes del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, y con base en lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presento esta proposición que exhorta a las entidades federativas a realizar las medidas legislativas necesarias para implementar la Pensión Compensatoria en su normatividad civil.

Lo anterior mediante el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos estatales a realizar las medidas legislativas necesarias para incorporar la pensión compensatoria en su normatividad civil.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.

1 Aguirre, Rosario y Ferrari, Fernanda “Las encuestas sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado en América Latina y el Caribe. Caminos recorridos y desafíos hacia el futuro”. Serie Asuntos de Género de CEPAL n° 22.

2 Según Milkie, M. y Peltola, P.,  “el trabajo de los hombres en casa, por lo general está dedicado a realizar tareas que no requieren un horario y que no es repetitivo (como preparar y servir la comida, o preparar a los niños para ir a la escuela) o que no puede dejar de hacerse (como lavar los platos, la ropa o limpiar la casa). El trabajo doméstico tiene un impacto negativo en el Balánce entre el empleo y el hogar en la mujer porque las tareas de las mujeres en casa son menos flexibles y más arduas y porque esto se cuela, por lo general, en los tiempos destinados al empleo o al tiempo libre debido a que las actividades deben planearse u organizarse, se deben realizar secuencias de las labores o atacar problemas inesperados.” Cfr. Página 479.

3 Fallado el día 8 de octubre de 2014, resuelto por mayoría de cuatro votos, con voto en contra de la ministra Olga Sánchez Cordero.

4 Fallado el día 22 de octubre de 2014, resuelto por mayoría de cuatro votos, con voto en contra del Ministro José Ramón Cossío.

5 Fallado el día 19 de noviembre de 2014, resuelto por unanimidad de votos.

6 Véase: tesis aislada CCCLXXXVII/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro es: “PENSIÓN COMPENSATORIA. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLA ES DE NATURALEZA DISTINTA A LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA QUE SURGE DE LAS RELACIONES DE MATRIMONIO, PUES EL PRESUPUESTO BÁSICO PARA SU PROCEDENCIA CONSISTE EN LA EXISTENCIA DE UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO”

7 Resolución del Amparo Directo en revisión 1754/2015 en su apartado de “El derecho fundamental a un nivel adecuado en relación con la obligación de dar alimentos”.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo en materia del recorte presupuestal al CONACyT. Se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Ciencia y Tecnología.

Los suscritos JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, OCTAVIO PEDROZA GAITAN y JUAN CARLOS ROMERO HICKS, Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 87, numeral 5, 109 y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN EN MATERIA DEL RECORTE PRESUPUESTAL A CONACYT, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por sus siglas CONACyT, fue creado por el Congreso de la Unión el 29 de diciembre de 1970, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, integrante del Sector Educativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Los principales motivos de su creación, además de la gran responsabilidad social del Estado en materia de Ciencia y Tecnología, a decir de la Iniciativa de exposición de motivos de la Ley fueron:

El impulso, fomento y difusión de la ciencia y la tecnología para el progreso del país, esto es, sus resultados deberían convertirse en "poderoso instrumento del desarrollo general e integrado del país", y asegurar la independencia económica de la nación, así como su participación a nivel regional e internacional.

El proyecto de Ley resaltaba la importancia de crear una infraestructura institucional de investigación, incrementar los recursos humanos en el área, ampliar los servicios de apoyo, pero sobre todo, fortalecer e integrar los recursos y actividades en la materia, para implementar una política científica y tecnológica.

De igual forma, el CONACyT ha sido un importante organismo de apoyo a la formación de científicos y tecnólogos, a través del otorgamiento de becas para estudios de posgrado, tanto a nivel nacional como internacional, o bien, mediante la creación de estancias sabáticas y posdoctorales nacionales, con las que ha apoyado a ex becarios al terminar la beca, o la generación de enlaces laborales, que han permitido desarrollar programas nacionales de posgrado de calidad, programas de cooperación de posgrado, ferias de posgrado y seminarios de información.

Como muchos de nosotros sabemos, el 12 de febrero de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto, tomó protesta al actual director del CONACyT, Enrique Cabrero Mendoza, quien en su discurso, afirmó:

● Que México invertiría el 1% de su Producto Interno Bruto (PIB) en ciencia y tecnología en este sexenio.

● Pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al CONACyT delinear una ruta crítica sobre las acciones a desarrollar para para asegurar un esfuerzo presupuestal multiplicador para los próximos 10 años en este rubro.

● Diseñar políticas públicas diferenciadas en cada región del país

● Fortalecer el Sistema Nacional de Investigadores, la vinculación académica y de producción.

● Crear el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de intercambio de información y vinculación con los sectores productivos. Aquí participaría específicamente la Secretaría de Educación Pública (SEP).

● Asimismo, crear una Fundación de Ciencia y Tecnología en la que pueda participar la iniciativa privada.

● El presidente aseguró que para él la ciencia y la tecnología “serían una prioridad”.1

En este mismo orden de ideas y propósitos, el titular del CONACyT, Enrique Cabrero Mendoza, señaló en el marco de los 45 años del organismo, que “aunque la ciencia y la tecnología en México enfrentan grandes retos, tales como la inversión que aún no llega al uno por ciento del producto interno bruto (PIB) o la vinculación entre el sector académico y el empresarial para generar innovación, el país avanza y va por buen camino.”2

En estos momentos, a poco más de 45 años de tener un organismo promotor de la ciencia y la tecnología, contamos con un Sistema Nacional de Investigadores ha crecido un 26 por ciento, pasando de 18 mil 500 que había en el 2012, a 23 mil 316 en el 2015, y con una proyección a 2016 de tener a 25 mil investigadores trabajando por el desarrollo del país3. Pero esto no va a poder ser, debido precisamente al recorte anunciado, mismo que contrasta fuertemente con el anuncio del Presidente de la República del 15 de noviembre pasado en gira por el estado de Veracruz, donde afirmó:“ para este año la inversión en ciencia y tecnología se incrementará en 5 mil millones de pesos", ya que el presupuesto para el CONACyT superaría los 90 mil millones de pesos. Comentó que la meta de su administración sería alcanzar al menos 1% del PIB en inversión para ciencia y tecnología. Huelga decir, compañeros senadores que dichas metas están lejos de ser una realidad.

Pero veamos algunas cifras que nos pueden ayudar a entender más la importancia del anunciado recorte: La contribución del país a la producción mundial de conocimiento no alcanza el 1% del total; los investigadores mexicanos por cada 1,000 miembros de la población económicamente activa, representan alrededor de un décimo de lo observado en países más avanzados y el número de doctores graduados por millón de habitantes (29.9) es insuficiente para lograr en el futuro próximo el capital humano que requerimos.4

El posgrado representa el nivel cumbre del Sistema Educativo y constituye la vía principal para la formación de los profesionales altamente especializados que requieren las industrias, empresas, la ciencia, la cultura, el arte, la medicina y el servicio público, entre otros. México enfrenta el reto de impulsar el posgrado como un factor para el desarrollo de la investigación científica, la innovación tecnológica y la competitividad que requiere el país para una inserción eficiente en la sociedad de la información.

En nuestro país, esta cifra alcanzó 0.5% del PIB en 2012, representando el nivel más bajo entre los miembros de la OCDE, incluso fue menor al promedio latinoamericano. Merece la pena decir que una de las características más notables del caso mexicano es la desvinculación entre los actores relacionados con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y las actividades del sector empresarial.

El reporte señala que la inversión gubernamental pasó de 0.20 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2005 a 0.38 en 2013, lo que significa un progreso de 30 por ciento. Sin embargo, la participación de la iniciativa privada cayó de 0.18 a 0.17 por ciento en el mismo periodo.

En los cinco años que llevó hacer este análisis, el número de investigadores mexicanos de tiempo completo aumentó 20 por ciento, de casi 38 mil, a poco más de 46 mil. Sin embargo, en comparación con otras naciones de desarrollo similar a la nuestra, la cantidad representa apenas 0.6 por ciento de esos profesionales en el mundo; Argentina tiene 0.7, Turquía uno por ciento y Brasil 2 por ciento.

En el sexto informe mundial de la Unesco en materia de CTI, realizado cada cinco años, también señala que las publicaciones científicas de México aumentaron entre 2008 y 2014, al pasar de 8 mil 559 a 11 mil 147. La última cifra equivale a sólo 0.9 por ciento de la producción global.

En el caso del número de académicos, se señala que en el mundo hay más de 7 mil millones de habitantes y 7.8 millones de científicos, lo que equivale a un investigador por cada mil habitantes. Pero en México, con más de 130 millones de personas, apenas hay cerca de 50 mil investigadores.

Nuestro país debería tener al menos 150 mil científicos para estar en proporción con los números globales.

Por otra parte, es el sector empresarial históricamente ha contribuido poco a la inversión en investigación y desarrollo, situación contraria a la que se observa en otros países miembros de la OCDE, donde este sector aporta más del 50 por ciento de la inversión total en este rubro. Lo anterior es en parte resultado de la falta de vinculación del sector empresarial con los grupos y centros de investigación científica y tecnológica existentes en el país, así como la falta de centros de investigación privados.

Si bien se han alcanzado importantes logros en algunas áreas tales como la biotecnología, el medio ambiente y la ingeniería, entre otras, el incremento de la inversión pública y privada debe ir de la mano del fortalecimiento de los mecanismos de vinculación encaminados a generar una mayor productividad. Es necesario alinear las visiones de todos los actores del Sistema de Ciencia y Tecnología para que las empresas aprovechen las capacidades existentes en las instituciones de educación superior y centros públicos de investigación.

Es aquí donde radica la enorme importancia de desarrollar esquemas de fortalecimiento del rubro de la Ciencia y Tecnología, que permitan articular medidas y acciones en favor de la investigación, así como mecanismos de apoyo a las medidas de fomento generadas por el CONACyT.

En este sentido, cabe señalar que para el ejercicio presupuestal 2016 la cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó un presupuesto de 34 mil10 millones al CONACyT para la formación y fortalecimiento del capital humano, insumo esencial para la creación, difusión, divulgación y utilización efectiva del conocimiento. El propósito de apoyar estos rubros es contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel.

Sin embargo, las decisiones tomadas por el gobierno actual en este ámbito, ha preferido invertir en el corto plazo, ya que el pasado 24 de febrero anunció un recorte total del 900 millones de pesos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de los cuales 450millones corresponde a recursos operados por la Dirección de Posgrados y Becas. Con esta desafortunada medida, se está aniquilando el futuro de México.

De acuerdo al académico Alejandro Canales, el recorte al gasto del CONACyT no es resultado de la disminución de expectativas económicas de este año, sino que "desde la aprobación misma del PEF, en noviembre pasado". El Secretario Luis Videgaray, ya anunciaba el 30 de enero un “ajuste de forma preventiva y responsable” al gasto público de 2016.5

En los hechos, el ajuste significa que habrá un recorte de 124 mil 300 millones de pesos al Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. El PEF para este año consideró un monto total de 4.7 billones de pesos, el recorte que ahora se propone representa el 2.6 por ciento de ese monto, en cifras cerradas. El ajuste representa el 0.7 por ciento del PIB.

Este investigador añade que la disminución de recursos que propone el gobierno federal es de gasto gubernamental: 52.3 mil millones de pesos menos para 22 dependencias (entre los cuales está Educación con 7 mil 800 millones y CONACyT con 900 millones de pesos).

Pese a que los investigadores son un motor de la innovación en el país, algunos de los apoyos que reciben son tan bajos que resultan menores a los sueldos de enfermeros, músicos e incluso, de lo que percibe un maestro de escuela primaria. La base de datos con la que cuenta el Sistema Nacional de Investigadores, revela que algunos de los apoyos económicos que reciben sus integrantes son de apenas 6 salarios mínimos, lo que representa una contraprestación mensual de sólo 8 mil 412 pesos. Se trata de 462 pesos menos de los 8 mil 874 pesos que percibe en promedio un enfermero, y menor a los 8 mil 860 que gana un músico.

Incluso, está 2.4 por ciento por debajo del sueldo que gana un docente de escuela básica, de acuerdo con datos del Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo. Por si fuera poco, el beneficio brindado a los investigadores más avanzados es menor a lo que perciben sus pares en otros países latinoamericanos, como Colombia o Chile.

Todos nosotros sabemos que hay evidencia de que una nación que no invierte en fortalecer su capacidad de investigación y talento, cierra sus posibilidades de desarrollo y cancela su viabilidad como país. Es decir, cada acción orientada al mejoramiento de la calidad de vida, al desarrollo de las potencialidades en jóvenes e investigadores, es una garantía que permite un desarrollo integral, justo y duradero.

La medida anunciada por el Presidente trunca el desarrollo de una sociedad donde los jóvenes cuenten con las mismas oportunidades de superación por no tener las herramientas necesarias. Lo anterior, provoca también un rezago en la educación superior del país donde se sigue viendo como un “privilegio” al que muy pocos pueden acceder.

De igual forma es importante comentar y hacer notar, que sorpresivamente en los ajustes anunciados por el Secretario de Hacienda, se realizará un recorte presupuestal del 65 por ciento de las dependencias, mismo que se aplicará al gasto corriente en los rubros de subsidios 15 mil 43 millones de pesos, gastos de operación 12 mil 265 millones de pesos y servicios personales 6 mil 809 millones de pesos. De estos el 10 por ciento corresponde a la reducción de sueldos y salarios de mandos medios y superiores, además de una disminución por el mismo porcentaje en el gasto destinado a comunicación social. El 35 por ciento restante se realizará en el rubro de inversión.

Entre las dependencias más afectadas se encuentran la Secretaria de Comunicaciones y Transportes con 11 mil 820 millones de pesos, Secretaria de Educación con 7 mil 800 millones de pesos, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con 7 mil 188 millones de pesos, en contraste, otras dependencias sufrieron un menor recorte, es el caso de la Secretaria de la Función Pública con 80 millones de pesos, la Secretaria de Trabajo con 200 millones de pesos, la Secretaria de Marina con 450 millones de pesos, y aquí es necesario destacar que a la Oficina de Presidencia sólo le recortaron 158 millones de pesos.6

En este orden de ideas, es que nos cuestionamos, bajo que análisis, argumento o justificación, el Presidente y el Secretario de Hacienda deciden hacer un recorte a CONACyT y no un recorte a los gastos de Presidencia, oficina que tiene asignado en el Presupuesto de Egresos mil922 millones 652 mil 864 pesos. Así las cosas resulta inequitativo el recorte al propuesto, considerando que la afectación de los 900 millones tendrá un efecto muy negativo en los 34 mil10 millones asignados al apoyo a la educación superior e investigación.

De lo anterior, resulta necesario solicitar la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, con la posibilidad de conocer las razones que motivaron el recorte presupuestal mencionado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de ésta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que explique las razones que motivaron el recorte presupuestal realizado a las Secretarias de Comunicaciones y Transportes; Educación; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; así como los motivos por los cuales sufrieron un menor recorte la Oficina de Presidencia y las Secretarias de la Función Pública y del Trabajo.

SEGUNDO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, reconsidere el recorte presupuestal de 900 millones de pesos realizado al CONACyT. Lo anterior, para que éste no afecte el sistema de becas de posgrado e investigación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.- Sen. Octavio Pedroza Gaitán.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.

1 http://www.animalpolitico.com/2013/01/epn-toma-protesta-al-nuevo-titular-del-conacyt/

2 http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/3160-conacyt-45-anos

3 http://centrosconacyt.mx/objeto/reformas-a-favor-de-la-ciencia-y-tecnologia-en-mexico/ Mensaje del Presidente EPN en la inauguración del parque Científico en Yucatán.

4 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México Educación con calidad

5 http://www.ses.unam.mx/publicaciones/articulos.php?proceso=visualiza&idart=2071

6 http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/30/el-recorte-presupuestario-a-quien-si-y-a-quien-no





 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República hace un reconocimiento público a los mexicanos que han sido galardonados con el premio de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas “Oscar”. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.







 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Guanajuato a llevar a cabo las investigaciones y acciones que conforme a derecho procedan, en relación a presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y en el ejercicio de los recursos públicos, en el marco del Programa de Seguridad Escudo de la entidad. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En días recientes diversos medios de comunicación dieron a conocer que en el marco del Programa de Seguridad Escudo en el estado de Guanajuato, en enero del año 2013 el titular del ejecutivo estatal, adquirió cámaras de seguridad inservibles a través de la adjudicación directa de un contrato por 2 mil 727 millones de pesos en beneficio de la empresa Seguritech, SA de CV.

En virtud de lo anterior, el Gobierno estatal se comprometió a pagar alrededor de 600 millones de pesos al año durante los seis años de la actual administración estatal. Cabe destacar que en la presentación del proyecto en comento, el Gobernador señaló que serían instaladas 2 mil 556 cámaras de “video vigilancia”, un sistema de red de fibra óptica de 320 kilómetros, 20 mil botones de enlace ciudadano y 92 arcos carreteros.

Al respecto, conforme a información vertida en medios, así como en testimonios de la población, el hecho de que algunas de las cámaras no funcionan, lejos de contribuir a la reducción de la incidencia delictiva, generan que ésta se mantenga impune en determinadas zonas de la entidad.

Para ponderar la magnitud del asunto, cabe mencionar que aunado a las presuntas irregularidades en la adjudicación, las fallas detectadas se presentan en detrimento de una de las principales funciones del Estado mexicano: la seguridad pública.

Al respecto, el párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. Para ello, dispone que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos”.

Por si esto no fuera suficiente, cabe señalar que en la actual administración del Gobierno de Guanajuato, se han presentado irregularidades de diversa índole, entre las que destacan casos de nepotismo en dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social Humano; desvío de recursos en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal; anomalías en programas de mejoramiento de vivienda mediante la entrega de materiales dañinos para la salud de la población; ausencia de transparencia en la adquisición de tabletas del Programa de Inclusión Digital; e incluso, casos de violencia de género, todo en detrimento del desarrollo de la entidad y de la población.

En atención a la trascendencia que tiene la seguridad pública, es fundamental que los recursos humanos, técnicos y financieros, sean ejercidos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a fin de que pueda satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta al Congreso del Estado de Guanajuato para que a través de la Auditoría Superior del Estado, lleve a cabo las  investigaciones y acciones que conforme a derecho procedan, en relación a presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y en el ejercicio de los recursos públicos, en el marco del Programa de Seguridad Escudo de la entidad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Contraloría de la Ciudad de México publicar y enviar al Senado un informe detallado de los gastos que ha realizado el Jefe de Gobierno y su comitiva en los viajes a diversas entidades federativas para promover el Programa social “Médico en tu casa”. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Gobierno de la Ciudad de México implementó desde el 1º de noviembre de 2014 el programa “Médico en tu casa”, una política pública a través de la cual brigadas para la salud visitan hogares y atienden directamente a la población vulnerable, principalmente mujeres, adultos mayores y enfermos postrados.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, con el apoyo de miles de médicos y enfermeras se han realizado dos millones 200 mil visitas en las 16 delegaciones de la urbe, sin incidencias que lamentar, por el contrario con una gran penetración y aceptación social. 1

Este esfuerzo ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. En el país, varias entidades han querido adoptar políticas públicas similares con el objetivo de enfocarse en la prevención de enfermedades que ponen en riesgo la salud de la población vulnerable y de atender los casos de enfermos terminales.

Por ello, diversas entidades federativas han solicitado asesoría a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, y por tanto han signado –en diferentes momentos-, los respectivos convenios de colaboración.

Sin embargo, en esas actividades -que por cierto han quedado registradas en los medios de comunicación de la Ciudad de México y de las entidades federativas visitadas ya mencionadas-, se pueden apreciar una serie de probables irregularidades y presuntas ilegalidades que pueden constituir una presunta promoción personal por parte del Jefe de Gobierno capitalino.

Por ejemplo, el martes 23 de febrero, previo a la firma del convenio de colaboración con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, aprovechó el evento para reunirse con la militancia del PRD, “quienes le manifestaron su respaldo para ser candidato del partido a la Presidencia de la República en 2018”. Aspecto que, sin duda, desvirtúa el propósito de promocionar el programa en comento y deja de manifiesto el uso electoral que el Jefe de Gobierno está realizando con dicho proyecto.

En el acto en donde se oficializó el convenio sobre el programa “Médico en tu casa”, Mancera Espinosa estuvo acompañado de la Secretaría de Educación, Alejandra Barrales y, Héctor Serrano Cortés, Secretario de Movilidad.2

Este último se ha distinguido por ser uno de los más cercanos y confiables operadores políticos del señor Miguel Ángel Mancera Espinosa, e incluso se desempeñó como su Secretario General de Gobierno al principio de la actual administración capitalina.

Diversos medios de comunicación han dado cuenta que durante los actos protocolarios en los que el mandatario capitalino ha signado convenios con los gobiernos de diferentes entidades federativas –a fin de otorgar asesoría y acompañamiento-, se han entregado paquetes de “Cunas CDMX” a madres de familia de la localidad. 3

“Con un toque de campaña, en la que se habla de sus aspiraciones presidenciales, Miguel Ángel Mancera ha convertido el programa Médico en Tu Casa en "Mancera en Tu Estado" (...) con integrantes de su gabinete como operadores políticos y con gastos con cargo al erario, el político capitalino ha visitado seis entidades desde el pasado noviembre”, señala la nota del diario Reforma del pasado 1º de marzo, en alusión a lo que claramente se observa en este tipo de actividades. 4

En ese sentido, consideramos que cualquier servidor público y/o cualquier ente público que realice la implementación y difusión de políticas públicas, tiene la obligación de observar y respetar nuestro marco jurídico.

El artículo 134 de nuestra Constitución establece que para evitar el uso los recursos públicos con fines electorales, los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos bajo su responsabilidad.

El párrafo octavo del mismo precepto constitucional, prohíbe la comunicación social con fines de promoción personal por parte de los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno.

Establece que la comunicación social, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO:

ÚNICO.- El Senado de la República solicita a la Contraloría de la Ciudad de México que publique y envíe a esta Soberanía un informe detallado de los gastos que ha realizado el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa y su comitiva en los viajes a diversas entidades federativas para promover el programa social “Médico en tu casa”, a fin de evitar que este Programa sea utilizado con fines político-electorales.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.

1 http://www.salud.df.gob.mx/portal/index.php/programas-y-accionesc/psmmg

2 http://eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2016/02/26/visita-chiapas-no-fue-proselitista-mam

3 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mancera-lleva-el-medico-en-tu-casa-a-chiapas.html

4http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=780773&sc=672
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Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración a explicar las razones y fundamentos jurídicos por las cuales a todos los viajeros que se trasladan en territorio nacional en vuelos comerciales nacionales tienen que acreditar su nacionalidad en retenes realizados por dicho Instituto. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.







 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la asunción de México de la Presidencia en la 34 Conferencia Regional de la FAO para América Latina y El Caribe durante el periodo 2016-2017. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Del 29 de febrero al 3 de marzo del presente año se celebra en la Ciudad de México el 34o periodo de sesiones de la Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para América Latina y El Caribe (FAO, por sus siglas en inglés), con la temática “Erradicar el hambre para un desarrollo sostenible”. En este marco, a propuesta del representante de Argentina y por el voto unánime de 30 delegados, la representación mexicana asumió la presidencia de dicha Conferencia para el periodo 2016-2017.

La FAO se creó oficialmente en 1945, con el propósito de alcanzar la seguridad alimentaria para todos y asegurar el acceso a alimentos de calidad que permitan a las personas tener una mejor calidad de vida.

De acuerdo con la FAO, sus principales objetivos son: la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, la eliminación de la pobreza y la ordenación y utilización sostenibles de los recursos naturales, incluida la tierra, el agua, el aire, el clima y los recursos genéticos en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

La Conferencia regional de la FAO es de gran importancia pues en ella se delimitan las prioridades en materia de seguridad alimentaria para los próximos dos años y se establecen mecanismos de cooperación para conseguir los objetivos de alimentación, en materia del uso sostenible de los recursos naturales, agricultura, así como de adaptación al cambio climático.

Esta es la primer Conferencia regional que se celebra tras la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015 y que sustituye a los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), por lo que las acciones y estrategias que se tracen a lo largo de este año en materia de seguridad alimentaria y de combate al hambre deben tener un enfoque transversal que considere la sostenibilidad.

Según la FAO, A nivel mundial, las tasas de pobreza extrema se han reducido a menos de la mitad desde 1990. América Latina y El Caribe es la única región que cumplió con la meta número uno de los ODM referente a la reducción de la mitad el número de personas que padecen hambre, por lo que la erradicación del hambre en la región es un objetivo concebible en el corto y mediano plazo.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene como objetivo número dos poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Según la ONU, actualmente existen alrededor de 925 millones de personas con hambre en el mundo y una de cada nueve personas no cuentan con los alimentos suficientes para tener una vida saludable y activa.

La mayor parte de las personas que padecen el hambre habitan en países en desarrollo, se calcula que 66 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria acuden a clases hambrientos.

Durante la Conferencia regional de la FAO, el Director General de este organismo destacó el compromiso de la región latinoamericana y aseguró que se encuentra en el camino correcto para convertirse en la primera región que erradique el hambre y la pobreza extrema.

Según datos del organismo, en 1990 el 14,7% de la población de América Latina y El Caribe vivía con hambre, y más de 66 millones de personas carecían de alimentos que les garantizaran una vida sana. Actualmente, la cantidad de personas con hambre ha descendido a 34 millones y el porcentaje a 5%, teniendo en cuenta que la población total en la región ha aumentado en 130 millones desde 1990.Los países latinoamericanos y caribeños, con base en el éxito obtenido, han apostado a erradicar el hambre en el año 2025, cinco antes que lo planteado en la Agenda 2030.

En México la Cruzada Nacional contra el Hambre se creó como una estrategia de política social cuyos objetivos son: la erradicación del hambre en el país, eliminar la desnutrición infantil, aumentar la producción de alimentos y los ingresos de los campesinos, minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos, y promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Cruzada Nacional contra el Hambre ha presentado resultados al reducir de 100 a 42.5 la carencia de alimentación, demostrando ser una estrategia efectiva para combatir la pobreza extrema con carencia alimentaria, según señala la evaluación presentada en agosto de 2015.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Cruzada Nacional contra el Hambre llega actualmente a 7.01 millones de mexicanos en todo el país y en 400 de los municipios más pobres del país se redujeron las carencias en salud y vivienda.

Muchos de los países de América Latina también implementan sus propios programas nacionales de la lucha contra el hambre, lo cual, aunado a los diversos acuerdos regionales en la materia, ha dado lugar a los importantes avances de la región para erradicar el hambre. Entre estos acuerdos están la Iniciativa América Latina y El Caribe Sin Hambre y el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos (CELAC).

El Director General de la FAO reconoce los trabajos y los avances que México ha tenido en la erradicación del hambre y la reducción de la pobreza en el sector rural, por lo que se complementarán los programas sociales entre México y la FAO con el propósito de mejorar las condiciones de la población vulnerable en la región.

Considerando los grandes avances de México en la lucha contra el hambre, la presidencia de la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y El Caribe representa una oportunidad para que México comparta con los países de la región sus estrategias y acciones, las cuales podrán coadyuvar a la erradicación del hambre en la región y, con ello, en la consecución de uno de los objetivos de desarrollo sostenible más importantes.

La asunción de tan importante presidencia, reditúa también en una mayor presencia de México en la región latinoamericana y caribeña, así como en la construcción de México como un actor con responsabilidad global.

Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República se congratula por la asunción de México de la Presidencia en la 34 Conferencia Regional de la FAO para América Latina y El Caribe durante el periodo 2016-2017.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.





 

De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a integrar e implementar en la política ambiental nacional estrategias, planes y programas para elaborar un producto biodegradable que sustituya al poliestireno expandido conocido como unicel. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Las suscritas Senadoras Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracciones II, 276, numeral 1, fracción I y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esa H. Asamblea, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A QUE INTEGRE E IMPLEMENTE EN LA POLÍTICA AMBIENTAL NACIONAL, ESTRATEGIAS, PLANES Y PROGRAMAS DISEÑADOS DE MANERA CONJUNTA Y CON EL APOYO DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN NACIONALES, PARA ELABORAR UN PRODUCTO BIODEGRADABLE QUE SUSTITUYA AL POLIESTIRENO EXPANDIDO CONOCIDO COMO UNICEL, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El poliestireno expandido o unicel después al ser desechado se convierte en residuo que causa graves daños y afectaciones al medio ambiente y a los ecosistemas, diversas organizaciones ambientalistas afirman que este material causa graves daños cuando ingresa en los ecosistemas marinos y contamina las aguas, así como en las ciudades, en los campos y bosques convirtiéndose en residuos que ocasionan obstrucciones de desagües, tuberías o que son ingeridos por roedores, felinos, canes y ganado que en la mayoría de las ocasiones mueren por asfixia o intoxicados.

Diversos son los productos que se hacen de poliestireno expandido, que es un material plástico celular y rígido fabricado a partir del modelo de perlas pre expandidas de poliestireno o uno de sus copolímeros, que representa una estructura celular cerrada y rellena de aire, también es conocido como Telgopor, Isopor, Icopor, Espuma-Flex, Forexpan, Porexpan o Corcho Blanco, su composición no sintética fue descubierta desde 1831, actualmente se obtiene a partir del petróleo y fue sintetizado por primera vez a nivel industrial en el siglo XX, en la década de 1930, en la década de 1950, la firma alemana BASF desarrolló e inició la producción del poliestireno expandible, bajo la denominación Styropor.

Los productos fabricados con este material se caracterizan por ser extremadamente ligeros, aunque resistentes debido a que en función de la aplicación las densidades se sitúan en un intervalo de los 10kg/m3 hasta los 35kg/m3, el blanco es el color natural de este material, y esto se debe a la refracción de la luz, la resistencia mecánica se encuentra ampliamente relacionada con la densidad del material y la mayoría de los materiales elaborados con UNICEL tienen una gran capacidad de aislamiento térmico, por lo que muchas de sus aplicaciones se relacionan directamente con esta propiedad.

Su capacidad aislante se debe a que la estructura del material consiste esencialmente en aire ocluido dentro de la estructura molecular y el aire en reposo es un excelente aislante térmico.

Cuando el poliestireno expandido ingresa en los ecosistemas, ya sean terrestres o marinos, causa graves daños al contaminar las aguas o por ser ingerido por la fauna que habite dichos medios, de acuerdo con diversas investigaciones, el poliestireno ocasiona dos clases de problemas para los animales: mecánicos y biológicos.

Desde un punto de vista químico, las propiedades absorbentes del poliestireno, hacen que sea aún más peligroso, al recoger y concentrar contaminantes, esto implica una afectación para los humanos al consumir fauna, ya sea terrestre o marítima que haya ingerido este material, debido a la alta toxicidad del mismo, y porque se le atribuyen características cancerígenas.

Debido a estas razones, 70 ciudades en los Estados Unidos, entre las que se encuentran Washington DC, San Francisco, Minneapolis, Portland y Seattle, han prohibido el uso de envases desechables de UNICEL.

En nuestro país la Norma Oficial Mexicana NOM-161.SEMARNAT-2011, establece criterios para clasificar los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo, incluye un listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado, así como los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo, pero aún y cuando existe disposición al respecto, su reciclaje es mínimo y su consumo es muy alto, situación que propicia que una vez desechado genera miles de toneladas de desecho, situación que causa gran afectación al medio ambiente y a la salud humana.

Las medidas para remediar o mitigar la existencia de estos residuos, son limitadas, un ejemplo de esto es la creación de una máquina que recicla unicel construida por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que logra transformarlo en materia prima,1 haciendo notar que la degradación del UNICEL tarda entre 5 y 8 siglos.

Se estima que al reciclar el UNICEL se reduce en un 90% la presencia de este en el medio ambiente, la máquina recicladora se conoce bajo la denominación de “REPS-01” (Reciclaje de EPS prototipo 01) y utiliza un proceso a base de calor conocido como termo densificado para poder extraer la materia prima de los productos desechables, el valor que representa el desarrollo de esta tecnología contrasta con el problema generado por la producción de UNICEL en el país, que se estima que alcanza más de las 350 mil toneladas anuales y sólo el 11% se recicla debido al alto costo de la tecnología de importación, por lo que se considera más barato producir nuevo UNICEL.

Otra medida para disminuir un poco el problema, fue la entrada en funcionamiento en diciembre del 2015, de la primera planta recicladora de UNICEL en México, cuya inversión superaba los 2 mil millones de dólares2, dicha planta se encuentra en el    Estado de México y tiene una capacidad de acopio y transformación de 750 toneladas   de material al año, el objetivo de esta planta es recuperar el poliestireno expandido, para evitar que se mezcle con el resto de los residuos urbanos, es operada por la empresa mexicana del sector de enmarcado denominada “Marcos & Marcos” y cuenta con la capacidad de producir alrededor de 2 millones de metros de moldura de UNICEL al año.

También como medida para contribuir a dar un uso más sustentable al poliestireno, es la construcción de casas ecológicas con dicho producto y otros polímeros sintéticos, como se ha hecho en el Estado de Tlaxcala, la aplicación de dichos materiales a la construcción de casas amigables con el medio ambiente ayuda a reducir los efectos del cambio climático reutilizando PET, UNICEL y otros plásticos, el construir con los mencionados plásticos ayuda a mejorar la calidad del aire, a disminuir la contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero.3

Este tipo de casas se construyen con paneles ecológicos, elaborados con basura sólida y acero de alta resistencia, que ayuda a mejores condiciones térmicas, acústicas y resistentes, una característica importante de este tipo de construcción es la reducción de hasta un 30% en el costo de la misma, situación que ha generado interés por parte de las Naciones Unidas y cuyo proyecto fue premiado en 2013, por los beneficios sociales, económicos y sobre todo ambientales, pero hasta este momento dicho proyecto ha sido poco difundido y apoyado por la inversión privada.

En conclusión, tenemos un problema grave en nuestro país, por el alto número de residuos que genera el uso indiscriminado de unicel y que está afectando gravemente al medio ambiente, flora, fauna y salud humana, que debemos enfrentar como lo han hecho en otras naciones, ya sea prohibiendo su producción o bien, invirtiendo más investigación, tecnología y recursos en mejores y más baratas técnicas y métodos para reciclar o reutilizar el poliestireno, por lo que resulta vital actuar ya, por ello, se propone solicitar a la autoridad federal encargada de la política ambiental, implemente acciones, que podrían ser, que de manera conjunta y con el apoyo de las instituciones académicas y de investigación nacionales, se diseñe y elabore un producto que reemplace al unicel y que sea biodegradable.

Estamos seguros, de que con la implementación de dicha acción se podrá contribuir bastante en la remediación de la contaminación que generan los residuos de dicho material que de no hacer algo, será el único que quede cuando haya terminado la vida en la tierra.

Ante los argumentos expuestos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República, exhorta de manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que integre e implemente en la política ambiental nacional, estrategias, planes y programas diseñados de manera conjunta y con el apoyo de instituciones académicas y centros de investigación nacionales, para elaborar un producto biodegradable como el biopolietileno que resulte técnica, ambiental, económicamente factible y socialmente aceptable y que sustituya por completo al poliestireno expandido conocido como unicel, a efecto de prevenir, controlar y erradicar la contaminación que produce dicho producto al ser desechado, como acción decidida y comprometida de protección al medio ambiente y a la salud humana.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.

1 La información sobre dicha maquina puede ser consultada en el siguiente link:
http://www.manufactura.mx/gestion/2014/02/27/inges-unam-innovan-reciclaje-de-unicel

2 La nota periodística se público el 1 de diciembre de 2015 en la página electrónica de “Economíahoy.mx” con fuente de NOTIMEX, con el encabezado de ”Abre primera planta planta recicladora de unicel en México, supera inversión los 2 mdd”, misma que puede ser consultada en el siguiente link:
http://www.economiahoy.mx/empresas-eAm-mexico/noticias/7190346/12/15/Abre-primera-planta-recicladora-de-unicel-en-Mexico-supera-inversion-los-2-mdd.html

3 Dicha nota fue publicada el 21 de diciembre de 2015 y la misma puede ser consultada en el siguiente link:
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1512/casas-ecologicas-podrian-disminuir-efectos-cambio-climatico/





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Michoacán a hacer del conocimiento público el monto de los gastos ejercidos durante la actual administración, en materia de comunicación gubernamental. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El acceso a la información pública es un derecho que debe ser conocido, ejercido y respetado por todos, en este tenor, al incentivar el ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas, damos un paso importante para alcanzar escenarios con una ciudadanía más informada y participativa. Asimismo, contribuimos a fortalecer la confianza, credibilidad y legitimidad de la sociedad mexicana hacia sus instituciones.

En contravención a lo anterior, durante la actual administración del Estado de Michoacán, una de las principales inconformidades de la población es la relativa a la ausencia de transparencia de los recursos destinados a la promoción personal del Gobernador de la entidad.

El 25 de febrero de 2016, diversos medios de comunicación hicieron del dominio público una conversación en la que supuestamente se escuchaba a Silvano Aureoles Conejo, Gobernador del Estado de Michoacán y un empresario de medios de comunicación experto en imagen.

En el audio que comenzó a circular en redes sociales, el titular del Ejecutivo estatal le solicita a uno de los propietarios de Radio Capital que ponga a dos conductores de noticias que son fundamentales para el mandatario y que según él, aumentarán la audiencia. La gravedad del asunto, estriba que a través de dichas acciones, se pretende utilizar la comunicación gubernamental de dicha entidad, para llevar a cabo la promoción personalizada del titular del Ejecutivo estatal.

Ante este panorama, cabe mencionar que no es la primera ocasión en la que el Gobernador del Estado de Michoacán es vinculado con irregularidades de esta naturaleza, entre otros casos, destaca que durante el proceso electoral 2014-2015, el Instituto Nacional Electoral multó al Partido de la Revolución Democrática por irregularidades en los gastos de precampaña de Silvano Aureoles Conejo.

Para dimensionar la importancia del presente punto de acuerdo, es oportuno referir que el penúltimo párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Bajo este contexto, es de vital importancia que la población tenga información veraz y oportuna sobre el uso, destino y ejercicio de los recursos públicos, en especial de lo relativo a la propaganda destinada a la comunicación social. Sobre el particular, el segundo párrafo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra dispone que: “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.

Por si esto no fuera suficiente, el propio precepto jurídico en su apartado A, fracción I, señala que: “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”.

En este sentido, es imprescindible concentrar esfuerzos para garantizar que en los tres órdenes de gobierno existan mecanismos de evaluación que hagan posible un mejor desempeño de nuestras autoridades, lo anterior con el objetivo de tener mayor calidad en los servicios; simplificación de la normatividad y trámites gubernamentales; y por supuesto, una clara y oportuna rendición de cuentas.

El presente punto de acuerdo también responde a lo establecido en el decreto de austeridad y ahorro para Michoacán dado a conocer el 25 de febrero del año en curso, el cual tiene como objetivo dar cauce al correcto uso de los recursos públicos, donde se garantice la transparencia y rendición de cuentas1.

Los integrantes del grupo parlamentario del PRI, estamos a favor de la transparencia y rendición de cuentas, en virtud de que su observancia y cumplimiento, son determinantes para la consolidación de todo régimen democrático. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Michoacán, para que en el marco del principio constitucional de transparencia, haga del conocimiento público el monto de los gastos ejercidos y los contratos en materia de comunicación gubernamental durante su administración.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.

1 http://www.michoacan.gob.mx/impulsa-silvano-aureoles-decreto-de-austeridad-y-ahorro-para-michoacan/





 

Asimismo, hago de su conocimiento que las efemérides inscritas en nuestra agenda del día se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de la Vida Silvestre”.

EFEMÉRIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI,
EN RELACIÓN AL DÍA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE,
OBSERVADO EL 3 DE MARZO.

“En este Día Mundial de la Vida Silvestre, exhorto a todos los ciudadanos, las empresas y los gobiernos a desempeñar el papel que les corresponde en la protección de los animales y las plantas silvestres. Las medidas que adoptemos cada uno de nosotros determinarán el destino de la fauna y flora silvestres del mundo. ¡El futuro de la vida silvestre está en nuestras manos!”.

-Secretario General Ban Ki-moon-.

El “Día Mundial de la Vida Silvestre” fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de generar conciencia entre la comunidad internacional sobre los beneficios, importancia y necesidad de conservar la flora y fauna del planeta.

De la misma manera, en el marco de esta conmemoración también es propicio reflexionar acerca de la urgencia de combatir cualquier tipo de conducta que atente o ponga en peligro la vasta riqueza natural que tenemos como país. Al respecto, cabe mencionar que para el año 2016, el tema central es: “El futuro de la vida silvestre está en nuestras manos”.

Estamos convencidos de que persisten diversos retos en la materia, ya que el tráfico de especies es la tercera actividad ilícita más redituable en el mundo, sólo después de las drogas y las armas. Por ello, sociedad y gobierno debemos concentrar esfuerzos, acuerdos y voluntades para garantizar la preservación de nuestros ecosistemas.

Esto no sólo responde al espíritu de la celebración que hoy nos convoca, sino que además, se encuentra consagrado en el quinto párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disposición que a la letra dispone que: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

En este mismo sentido, el primer párrafo del artículo 4 de la Ley General de la Vida Silvestre, dispone que es deber de todos los habitantes del país conservar la vida silvestre; además de que está expresamente prohibido cualquier acto que implique su destrucción, daño o perturbación, en perjuicio de los intereses de la nación.

Para ponderar en sus justas dimensiones la trascendencia del asunto, es oportuno referir que conforme a la legislación nacional, la vida silvestre comprende los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo el control del hombre, así como los ferales.

Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, establece que se trata de un término técnico utilizado para referirse a los animales que habitan de forma libre en las distintas regiones del país, es decir, vida silvestre y fauna silvestre tienen el mismo significado.

Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que según cifras de la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO), en México contamos con tres de las 37 áreas silvestres del planeta. Cabe destacar que dichas áreas tienen el 70% o más de su hábitat original en buenas condiciones.

En cuanto a la flora y fauna, la propia comisión señala que nuestro país es considerado como “mega diverso”, al formar parte del grupo de naciones que posee la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas (casi el 70% de la diversidad mundial). Por otro lado, cabe resaltar que a lado de Estados Unidos y Colombia, estamos entre los tres países mega diversos con litorales tanto en el Atlántico como en el Pacífico.

En el marco de esta conmemoración, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, reiteramos nuestro compromiso con la vida silvestre que poseemos. En este tenor, estamos convencidos de que el “Día Mundial de la Vida Silvestre”, representa un recordatorio permanente de la obligación que tenemos con la conservación, protección, restauración y manejo integral de los hábitats naturales.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.





 

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de la Vida Silvestre”.

CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE
3 DE MARZO

"La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que sus animales son tratados." Gandhi

El Día Mundial de la Vida Silvestre nos ofrece el momento de elogiar la hermosura y la variedad de la flora y la fauna salvajes, así como de establecer conciencia acerca de la multitud de beneficios que la subsistencia de estas formas de vida tiene para la humanidad.

La conmemoración de este día de igual forma nos recuerda la necesidad urgente de combatir los delitos contra la naturaleza, los cuales conducen consecuencias de gran alcance en el ámbito económico, medioambiental y social.

Conjuntamente de su valor taxativo, la fauna y la flora salvajes contribuyen a los aspectos ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos del desarrollo sostenible y del bienestar de los seres humanos.

Este año, los elefantes africanos y asiáticos son el objetivo principal de las campañas mundiales, así se refuerzan el lazo indisoluble entre la vida silvestre, las personas y el desarrollo sostenible. Ya que es responsabilidad de cada generación proteger la vida silvestre para la siguiente generación. De esta manera, llama la atención a la urgente necesidad de tomar acción nacional para asegurar la supervivencia en su hábitat tanto de las especies carismáticas como de las menos conocidas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Sonia Rocha Acosta.





 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el natalicio de Ángel Albino Corzo.

EFEMERIDE NATALICIO DEL GENERAL ÁNGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS

El día 1º de marzo conmemoramos el natalicio de un gran ciudadano chiapaneco, el General Ángel Albino Corzo Castillejos, nacido en 1816 en el pueblo Villa de Chiapa, que hoy es la ciudad de Chiapa de Corzo, llamada así en su honor.

Dentro de los cargos relevantes que ocupó, destacan: Presidente Municipal de la Villa de Chiapa, Tesorero General de Rentas del Estado, Diputado Local, Presidente del Congreso Estatal y Gobernador de Chiapas.

Como gobernador, implementó las Leyes de Reforma, contenidas en la Constitución de 1857, reorganizó las finanzas estatales, el reglamento del Registro Civil y expropió los bienes de la Iglesia.

En su mandato fueron promulgados el Estatuto de la Universidad de Chiapas, la Segunda Constitución de Chiapas, la Ley de Administración de Justicia del Estado y la Ley de Asesores. También fue creada la Escuela Normal para Indígenas en San Cristóbal de las Casas, y se ordenó el levantamiento de la segunda carta geográfica de Chiapas.

Ángel Albino Corzo combatió contra el movimiento separatista del Soconusco, defendió el territorio chiapaneco ante la invasión del Gobierno de Tabasco y luchó contra la intervención francesa.

Después una trayectoria de importantes logros y batallas constantes, falleció en la Ciudad de México en 1875. Por su destacada labor, el Congreso Esta tallo reconoció como “Benemérito del Estado de Chiapas” y los Congresos de Tabasco y Chiapas lo declararon “Benemérito del Sur”.

También se le ha nombrado “El Juárez de Chiapas”, ya que fue brazo derecho de Benito Juárez en la Reforma en el Sureste mexicano, encabezando la lucha contra las fuerzas conservadoras en Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Actualmente recordamos al General Corzo como el héroe más grande de Chiapas. El político, liberal y humanista que ofrendó su vida por las causas republicanas. El hombre que estuvo siempre al servicio de su patria y de sus compatriotas.

En su honor, llevan su nombre la ciudad de Chiapa de Corzo (antes Villa de Chiapa), el pueblo Villa de Corzo (antes Trinidad de la Ley), el municipio Ángel Albino Corzo, la Presa Ángel Albino Corzo (también llamada Peñitas), y recientemente el aeropuerto Ángel Albino Corzo, inaugurado en 2006.

Por otra parte, los últimos años de vida de Ángel Albino Corzo fueron difíciles. Fue traicionado por sus colaboradores, fue expulsado de Chiapas y su hijo fue asesinado.

En consecuencia, el ejemplo de este ilustre chiapaneco nos invita a luchar por nuestros ideales y valores, pero sobre todo, a contribuir desde nuestro ámbito particular para la construcción una sociedad justa, honesta y patriota.

Muchas gracias.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Luis Armando Melgar Bravo.





 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Nacional de la Familia”.







 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, sobre “Día Mundial de la Naturaleza”.

DÍA MUNDIAL DE LA NATURALEZA
03 DE MARZO

El día jueves 03 de Marzo se celebra el Día mundial de la naturaleza declarado por la Organización de las Naciones Unidas durante su 68° periodo de sesiones.

El día mundial de la naturaleza nos da la oportunidad de concientizar acerca de la gran importancia y los beneficios que tiene la conservación de la flora y fauna; y así poder realizar acciones urgentes para combatir los delitos que surgen contra la madre naturaleza, las cuales han causado grandes consecuencias sociales, económicos y ambientales como la extinción de especies animales  y procesos ecológicos y evolutivos.

La diversidad entre las especies nos proporciona diversos beneficios como alimentos, madera, fibras, energía, materias primas, sustancias químicas, industriales y medicamentos;  no obstante el equilibrio se ha visto gravemente amenazada por el hombre.

A lo largo y ancho del planeta se estima que alrededor de 7.000 especies animales se encuentran en peligro de extinción  y todas ellas tienen un  factor en común, la actuación indirecta o directamente del hombre y en este sentido urgen llevar medidas que puedan otorgar derechos y protección a las especies con grandes índices de desaparecer de nuestro planeta

El cambio climático es uno de los grandes efectos por el cual se han visto amenazados numerosas especies, desestabilizando y dañando su entorno -muchas veces- de forma irreparable. Igualmente, disminuye la sobrevivencia de muchos animales.

Nuestra Constitución Política ya establece en su artículo 4o el derecho humano a un medio ambiente sano; sin embargo, cada vez más predios considerados áreas de valor ambiental desaparecen en nuestro país, dando paso a centros comerciales, edificios de oficinas o habitacionales; violando así el derecho a la protección, preservación y mejoramiento de un medio ambiente sano, el derecho al agua y el derecho a un nivel de vida adecuado.

Es necesario recordar que México ha ratificado diversos instrumentos internacionales entre ellos el Convenio Sobre la Diversidad Biológica, el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, así como las Metas de Aichi. La meta número 11 establece que México deberá incrementar la superficie de Áreas Naturales Protegidas para el 2020 a por lo menos el 17% de las zonas terrestres. También es importante destacar que México junto con otras 194 naciones acordaron a finales del año pasado en Paris un tratado sobre Cambio Climático.

La protección de la flora y fauna son de vital importancia para nuestro desarrollo sostenible y bienestar de los seres humanos, la ONU ha hecho una extensa invitación a todos los estados miembros, a los organismos internacionales, sociedad civil y a organizaciones no gubernamentales  a la conmemoración de este día y fomentar acciones que reviertan los efectos del cambio climático para la protección de la naturaleza y especies animales. Sin lugar a duda la implementación de medidas urgentes para frenar el cambio climático servirán para que nuestro futuro no sea incierto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.





 

De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Mundial de la Eficiencia Energética”.

DÍA MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
5 DE MARZO

En el año 1998 durante la Conferencia Internacional de Eficiencia Energética que tuvo lugar en Austria, se dieron cita expertos y líderes estatales, con el objetivo de análisis los retos que el mundo tenía en el tema de energía y lograr estrategias y soluciones para enfrentarlos. Con motivo de esa reunión se eligió el 5 de abril de cada año, como Día Mundial de la Eficiencia Energética.

En la teoría económica se afirma que los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas. La energía no es la excepción. Eficiente es la cualidad de lograr resultados con el mejor aprovechamiento de los recursos. Como se dice habitualmente, “hacer más con menos”.

El artículo 25 de nuestra Carta Magna, al hablar de la rectoría del Estado en el desarrollo nacional, se refiere a la competitividad como “el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo”. Quedan estrechamente vinculadas la competitividad con el desarrollo integral y sustentable. La sustentabilidad debe ser una característica del desarrollo nacional.

La eficiencia energética implica hacer un uso inteligente de las fuentes. No es solo ahorrar, que refiere a usar menos, la eficiencia energética significa optimizar la energía que se consume para obtener los mismos servicios o productos finales.

La búsqueda de la optimización da paso a la consolidación de hábitos positivos: uso de energías renovables, el uso compartido del auto, emplear más la bicicleta para transportarnos, aprovechar la luz natural en nuestras viviendas y edificios públicos, optar por focos ahorradores, apagar las luces y desconectar los aparatos eléctricos que no estemos usando.

Lo anterior son solo algunos ejemplos de lo que podemos hacer para lograr simultáneamente un mejor nivel de vida, el desarrollo económico y la protección ambiental y avanzar hacia sociedades sustentables.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Ninfa Salinas Sada.





 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de la Eficiencia Energética”.

DÍA MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

“Da luz verde a tu vida, ahorra energía”

La disposición de las distintas energías de las que la humanidad pudo disponer en cada época, está íntimamente vinculada con su evolución y desarrollo, de ahí que su importancia es invaluable.

No obstante, las fuentes más comunes para producir energía en la actualidad tienen consecuencias adversas, ello en mérito de la enorme producción y consumo que se utiliza para satisfacer las necesidades de desarrollo y de la vida diaria del hombre. Tal es el caso de lo que ahora conocemos como el mal del siglo: El Cambio Climático.

Esto porque el consumo de los combustibles fósiles genera y libera a la atmósfera los denominados gases de efecto invernadero (GEI), lo cual provoca que la temperatura global de nuestro planeta vaya en aumento y se modifiquen los patrones climáticos, con daños severos al medio ambiente y a nosotros mismos. Ello incluye a la energía eléctrica, en virtud de que su producción implica consumo de este tipo de combustibles. Por ello, la eficiencia energética, entendida esta como la práctica encaminada a reducir consumo de energía, ha cobrado especial relevancia al ir mucho más allá del tema económico.

Así, la eficiencia energética se plantea como una de las políticas de freno para el cambio climático y la consecución de sociedades sostenibles, junto con el desarrollo de energías renovables y una política de transporte menos agresiva con el medio. Es una cuestión clave en nuestros tiempos para avance en materia social, la reducción de la pobreza, la degradación medioambiental, el cambio climático y la seguridad alimentaria; tomando en cuenta además el pronosticado agotamiento de las fuentes fósiles.

Ante este escenario, durante la Primera Conferencia Internacional de la Eficiencia Energética celebrada en Austria en 1998, donde más de 350 expertos y líderes de 50 países se dieron cita para discutir las estrategias para enfrentar la crisis energética y dar posibles soluciones; se decidió establecer una fecha en la que todos los ciudadanos reflexionáramos sobre la problemática del uso abusivo de combustibles fósiles y la importancia de comenzar a explotar fuentes de energía renovable. Esta fue el 5 de marzo de cada año, como el Día Mundial de la Eficiencia Energética.

Una fecha propicia para reflexionar sobre el uso racional que le damos a la energía. La Comisión Europea y las Naciones Unidas alzan la voz para la concienciación de los beneficios que genera en la economía y en el medio ambiente ser eficientes en el uso de la energía. Ello no implica renunciar a la calidad de vida, sino la obtención de los mismos bienes y servicios energéticos empleando para ello menos recursos, utilizando la energía de forma eficaz, sólo la que realmente necesitemos y promoviendo alternativas energéticas renovables. Esto va desde evitar un foco encendido innecesariamente hasta la mejora de los procesos de producción y algo muy importante, las alternativas de movilidad, en mérito de que los vehículos automotores son de los principales consumidores de energía fósil y responsables del 30% de emisiones de gases de efecto invernadero y 70% de carbono negro.

Por ello, estimados compañeros legisladores, en el marco de la conmemoración del “Día Mundial de la Eficiencia Energética”, mi reflexión y propuesta para que todos tomemos conciencia de la necesidad del uso racional de la energía, la promoción de alternativas energéticas renovables y que en esa inercia, también reflexionemos sobre la calidad de vida y condiciones de mundo que deseamos heredar a nuestra descendencia.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de la Vida Silvestre”.

DÍA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE
03 DE MARZO

El Día Mundial de la Vida Silvestre nos brinda la ocasión de celebrar la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvajes, así como de crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad.

La celebración de este día también nos recuerda la necesidad urgente de combatir los delitos contra la naturaleza, los cuales acarrean consecuencias de gran alcance en el ámbito económico, medioambiental y social.

Además de su valor intrínseco, la fauna y la flora salvajes contribuyen a los aspectos ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos del desarrollo sostenible y del bienestar de los seres humanos. Por estas razones, se invita a los Estados miembros, a la ONU y a los organismos internacionales, a las organizaciones no gubernamentales, a la sociedad civil y todas las personas a observar y a participar en este día de celebración mundial de la naturaleza. Las comunidades locales pueden desempeñar un papel positivo en ayudar a frenar el comercio ilegal de vida silvestre.

El tema de 2016 es: «El futuro de la vida silvestre está en nuestras manos» Los elefantes africanos y asiáticos son el objetivo principal de las campañas mundiales de 2016. 

La Tierra se diferencia del resto de planetas por su extraordinaria diversidad de seres vivos. Esta biodiversidad es la que hace posible que podamos satisfacer la mayor parte de nuestras necesidades cotidianas y que podamos sobrevivir.

Pero el hombre está provocando que el equilibrio que existe entre las especies se vea gravemente amenazado. Por eso debemos reflexionar en este día y durante el resto del año, en cambiar nuestros hábitos diarios, cuidando nuestros recursos naturales, de esta manera estaremos reduciendo nuestro impacto ambiental y protegiendo la vida del resto de especies.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

Del Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Mundial de la Vida Silvestre”.

EFEMERIDE DÍA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE

Momento de reflexionar, evaluar la belleza y la naturaleza de nuestro país.

El tres de marzo, por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas1, decide proclamar el Día Mundial de la Vida Silvestre.

En este día las Naciones Unidas, invita a todos sus estados miembros a crear conciencia respecto al valor de la fauna y flora silvestre, de conformidad con las prioridades nacionales.

El Día Mundial de la Vida Silvestre, marca el aniversario de la aprobación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES, por sus siglas en inglés), pues la vida silvestre es un componte de la riqueza que refleja la diversidad de los ecosistemas que en su conjunto forman parte esencia del patrimonio de la naturaleza.

“México es el tercer país de mayor diversidad en el mundo, ocupa el primer lugar en riqueza de reptiles, el segundo en mamíferos, el cuarto en anfibios y plantas”2, es decir, tenemos un alto grado de responsabilidad en la protección de la naturaleza, de ahí que deba de implementarse mecanismos de concientización en la ciudadanía para la defensa y conservación ambiental.

La vida silvestre representa parte de los recursos naturales formando una fracción esencial para tener un ecosistema sano y de calidad.  Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este año estableció como lema “el futuro de la vida silvestre está en nuestras manos” refirmando la convicción del valor intrínseco de la flora y la fauna silvestre.

Para México, nuestra vida silvestre es de gran relevancia, y está trabajando para lograr los acuerdos necesarios que permitan el resguardo de nuestra biodiversidad.

Para ello contamos con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la cual está encargada de promover, coordinar, apoyar y realizar actividades dirigidas al conocimiento de la diversidad biológica, así como a su conservación y uso sustentable para beneficio de la sociedad.

Los “animales invertebrados y vertebrados residentes o migratorios, que viven en condiciones naturales en el territorio nacional y que no requieren del cuidado del hombre para su supervivencia”3 son especies que si bien no requieren del cuidado del hombre pero si en contra de este. Desafortunadamente se ha hecho mal uso de algunos animales al grado de encontrarse en peligro de extinción.

En México, tenemos registradas 1,524 especies en alguna categoría de riesgo, con 516 especies amenazadas, 262 en peligro de extinción y 43 especies extintas en medio natural.

Este registro, nos muestra que tenemos mucho trabajo por hacer, con la finalidad de que las especies en listadas en alguna categoría de riesgo, no se vuelvan especies extintas, la tarea que nos queda es la búsqueda de conservación de las especies.

Es importante mencionar que desafortunadamente, el tráfico de fauna es la tercera actividad ilícita más lucrativa en el mundo4, por ello es necesario generar políticas públicas que permitan en nuestro país revertir esta situación.

En este sentido para el Partido Verde, la protección de nuestra flora y fauna silvestre ha sido una prioridad, a razón de ello hemos generado diversas iniciativas que permitan su conservación.

Por ello, la Ley General de Vida Silvestre actualmente prohíbe cualquier aprovechamiento de las tortugas marinas, mamíferos marinos, primates y psitácidos o pericos, pues sus poblaciones han fueron fuertemente afectadas por actividades extractivas5.

Asimismo, se ha logrado proteger las especies de manglar que existen en México, a través de la prohibición de cualquier obra o actividad que lo dañe6.

Nuestro compromiso con el medio ambiente, en particular con las especies de alto valor ecológico, es primordial y continuaremos trabajando por lograr que cualquier actividad que dañe o ponga en peligro la existencia de la flora y fauna silvestre, sea eliminada.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Jorge Aréchiga Ávila.

1 De fecha: 20 de diciembre de 2013

2 La flora y la Fauna silvestre en México y su regulación.
http://www.pa.gob.mx/publica/rev_40/notas/pablo%20zamorano%20de%20haro.pdf

3 CONAFOR 2009, Manejo de Vida Silvestre http://www.conafor.gob.mx/biblioteca/manejo-de-vida-silvestre.pdf

4 Cruz Susana, UNAM.- Directora de la Organización Naturaleza Animal,
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_054.html.

5 Iniciativas presentadas por el Partido Verde y publicadas en el Diario Oficial de la Federación en diversas fechas

6 Iniciativa presentada por el Partido Verde y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de la Audición”.

DÍA MUNDIAL DE LA AUDICIÓN
03 DE MARZO

En el año 2007 en China se llevó a cabo la 1ª conferencia Internacional en Prevención y Rehabilitación del Déficit Auditivo, espacio en que acordaron declarar el 3 de marzo como el Día Internacional del Cuidado del Oído y la Audición.

Esta fecha fue escogida, debido a la similitud del número 3 con la forma de la oreja, por ello, el 3 del mes 3 (marzo), simbólicamente representa las dos orejas del cuerpo humano. Asimismo, en esta conferencia, establecieron que el 3 de marzo es un día para incentivar a las personas a que realicen controles auditivos para detectar si tienen problemas de audición.

Alrededor de 360 millones de personas (el 5% de la población mundial) presentan pérdidas de audición que se consideran discapacitantes; cerca de 32 millones son niños. La inmensa mayoría vive en países de ingresos bajos y medianos.

Para los niños, la audición es esencial para aprender a hablar, tener buenos resultados escolares y participar en la vida social, de ahí que la pérdida de audición suponga un obstáculo para la educación y la integración social.

Para los niños afectados puede ser enormemente beneficioso que la pérdida de audición se diagnostique en las fases tempranas de la vida y que se les ofrezcan las intervenciones apropiadas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que alrededor del 60% de las pérdidas de audición en la niñez se podrían evitar con medidas de prevención. Si la pérdida auditiva es inevitable, se precisan intervenciones que aseguren a los niños el logro pleno de sus potencialidades recurriendo a la rehabilitación, la educación y la potenciación.

En la actualidad, en el país y a nivel mundial, hay preocupación por los jóvenes, quienes utilizan inadecuadamente los audífonos a altos niveles de presión sonora a través de los reproductores musicales y los dispositivos móviles. Los jóvenes, considerados como población vulnerable por el uso de estos dispositivos, desconocen las medidas del cuidado de su audición; generalmente abusan de los altos niveles de volumen y del tiempo de uso diario de estos dispositivos, lo que conlleva a mediano y largo plazo a daños graves e irreversibles en la audición.

Es necesario realizar exámenes auditivos  periódicos especialmente si presenta alguna dificultad para discriminar los sonidos del habla o del ambiente; para ello puede acudir al médico otorrinolaringólogo o al audiólogo.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, sobre el 46 aniversario de la entrada en vigor del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares.







 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo martes 8 de marzo a las 11:00 horas, y a sesión solemne ese mismo día a las 17:00 horas para la entrega del reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” a la señora Rosario Marín.

(Se levantó la sesión a las 15:33 horas)

Directorio

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