Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Viernes 23 de junio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 6

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 18 de Febrero de 2016

SUMARIO                                              


Versión para descarga
Imprimir Vesrión Estenográfica  






















COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)

Se aprueba el dictamen suscrito por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas a que, en el proceso de armonización y materialización de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se fortalezcan las medidas y perfeccionen los mecanismos para la garantía de derechos de la niñez y adolescencia, con la finalidad de cumplir cabalmente y potenciar los alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño. Intervienen al respecto los Senadores Martha Elena García Gómez, para presentar el dictamen; Fidel Demédicis Hidalgo; Sonia Rocha Acosta y Lisbeth Hernández Lecona. Se inserta intervención del Senador Francisco Salvador López Brito.







PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y de los Senadores Fernando Herrera Ávila, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, María del Pilar Ortega Martínez, Laura Angélica Rojas Hernández, Fernando Yunes Márquez, Héctor David Flores Ávalos, Sonia Rocha Acosta, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Raúl Gracia Guzmán, Martha Angélica Tagle Martínez, Alejandro Encinas Rodríguez, Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Piter, Miguel Barbosa Huerta y Manuel Bartlett Díaz, con punto de Acuerdo por el que se invita a comparecer ante la Comisión de Justicia de esta Cámara a la maestra Arely Gómez González, Procuradora General de la República. Se turna a la Comisión de Justicia.












































 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

APERTURA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (11:22 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 75 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre la sesión del jueves 18 de febrero, correspondiente al segundo periodo de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el que se informa de los asuntos previstos en la agenda del día de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

En la Ciudad de México a las once horas con veinticinco minutos del día miércoles diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, encontrándose presentes sesenta y siete ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del once de febrero de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, el informe de actividades correspondiente al Primer Período Ordinario del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión Especial de Cambio Climático, el informe de actividades de la delegación mexicana del Senado de la República durante el 21º Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes de la   Convención Marco de las Naciones Unidas    sobre Cambio Climático y el 11º Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes del Protocolo de Kioto; así como en eventos  paralelos realizados del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015 en París, Francia.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Ismael Hernández Deras, Presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, oficio por el que informa que el 4 de febrero de 2016 se llevó a cabo la instalación de dicha Comisión; asimismo, da a conocer los nombres de los legisladores integrantes de la misma.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que informa que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 21 y 22 de febrero de 2016, con objeto de participar en la ceremonia de inauguración de la conferencia internacional IHS CERAWeek, que tendrá lugar en la ciudad de Houston, Texas, del 22 al 26 de febrero de 2016.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el informe de la visita oficial que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, realizó a París con motivo de su participación en la ceremonia de apertura y el debate inaugural de la 21ª Conferencia de los Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la 11ª Conferencia de los Estados Parte del Protocolo de Kioto, celebrada en París, Francia.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

 

Se recibió de la Secretaría de Desarrollo Social, oficio con el que remite los informes finales de diversas evaluaciones, en cumplimiento del numeral 11 del Programa Anual de Evaluación 2015.- Se remitió a la Comisión de Desarrollo Social.

 

Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, oficio con el que remite el documento denominado “Evolución de la actividad recaudatoria 2015 y Programas y presupuesto 2016”.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió comunicación firmada por el  Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal,  por el Secretario de Gobernación y por la Procuradora General de la República, para solicitar la declaratoria de entrada en vigor a nivel federal del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 29 de abril de 2016 en los estados de Campeche, Michoacán, Sonora y Veracruz; y a partir del 14 de junio de 2016, en los estados de Baja California, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, así como en el Archipiélago de las Islas Marías y en el resto del territorio nacional, a que se refieren los artículos 42 y 48 constitucionales.- En cumplimiento a lo que dispone el primer párrafo al artículo segundo Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Presidente de la Mesa Directiva formuló la declaratoria de entrada en vigor. Se remitió el proyecto a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; de Autosuficiencia Alimentaria; y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se declara el día 8 de noviembre de cada año como el “Día del Urbanista Mexicano”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Comisión de Administración, proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de febrero de 2016.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración, el informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de diciembre de 2015.- Quedó de enterado.

(Iniciativas)

El Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Comercio y Fomento Indistrial; y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de  Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Mario Delgado Carrillo, a nombre propio y de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

El Senador René Juárez Cisneros, con aval del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V y se adicionan las fracciones VI y VII, recorriéndose la subsiguiente en su orden, todas del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, decretó un receso para llevar a cabo el homenaje en memoria del Senador Braulio Manuel Fernández Aguirre.

 

(RECESO)

 

El Presidente de la Mesa Directiva, reanudo la sesión.

 

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

(Dictamen de Primera Lectura)

Se dio Primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales.- Quedó de primera lectura. Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Intervino el Senador Gerardo Sánchez García del PRI, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 82 votos en pro y 4 en contra. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

PRESIDE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- En la discusión intervinieron las Senadoras: Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI, a favor; Sonia Rocha Acosta del PAN, a favor; Angélica de la Peña Gómez del PRD, a favor; y Martha Tagle Martínez, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 75 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 40 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.- Para presentar el dictamen, hizo uso de la palabra la Senadora Lucero Saldaña Pérez, por las comisiones. En la discusión intervinieron los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury del PAN, a favor; Ma. del Pilar Ortega Martínez del PAN, a favor; y Martha Tagle Martínez, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 80 votos a favor y 1 en contra. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para el Fortalecimiento de la Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas.- Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 80 votos a favor. Se devolvió a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con punto de Acuerdo por el que se desecha la propuesta de nombramiento del ciudadano Juan Manuel Terán y Contreras como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo período de diez años.- Sin discusión, el Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes en sentido negativo:

1. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los dictámenes en sentido negativo, sin discusión, fueron aprobados en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de los registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Comisión de Cultura, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que se solicita a los integrantes del Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres impulsen la aprobación de la propuesta de ingreso a la Rotonda de las Personas Ilustres, de Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana y proponga erigir un cenotafio en su honor.

2. Que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Cultura y al Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura a realizar acciones e implementar programas que fomenten el hábito a la lectura y el desarrollo de la escritura en la población mexicana.

3. Que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Cultura y a los gobiernos de las entidades federativas a enfatizar los programas y actividades que promuevan la difusión, conocimiento e importancia de las tradiciones mexicanas entre la población escolar de educación básica.

4. Que exhorta a la Secretaría de Cultura, a las autoridades del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, así como a las autoridades de las entidades federativas, a promover políticas de preservación, protección y fortalecimiento del patrimonio cultural textil nacional, así como la ampliación de los apoyos para la innovación y posicionamiento de los trajes típicos el mercado nacional, regional e internacional.

La Senadora Blanca Alcalá Ruíz, hizo uso de la palabra para presentar los dictámenes. En la discusión, intervinieron los Senadores: Ana Lilia Herrera Anzaldo del PRI, para referirse a la propuesta de ingreso a la Rotonda de las Personas Ilustres, de Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana y erigir un cenotafio en su honor; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, para referirse a los dictámenes; Luisa María     Calderón Hinojosa del PAN, para referirse a la propuesta de ingreso a la Rotonda de las Personas Ilustres; Anabel Acosta Islas del PRI, para referirse a los programas que fomenten el hábito a la lectura y el desarrollo de la escritura; Hilda Esthela Flores Escalera del PRI, para referirse a los programas que promuevan la importancia de las tradiciones mexicanas; Margarita Flores Sánchez del PRI, para referirse a las políticas de preservación, protección y fortalecimiento del patrimonio cultural textil nacional; y María Elena Barrera Tapia del PVEM, para referirse a los programas que fomenten el hábito a la lectura. Los Acuerdos fueron aprobados en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

(Proposiciones)

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a realizar diversas acciones en beneficio de la seguridad de ese estado y de su Universidad.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública el primer resolutivo; y a la Comisión de Educación los resolutivos segundo, tercero y cuarto.

 

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Energía del Senado, al Director General de Pemex y al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a realizar una visita al complejo Abkatún-A en la Sonda de Campeche, con la finalidad de evaluar las condiciones de las plataformas y establecer un seguimiento puntual a los procedimientos de mantenimiento y seguridad, y con ello prevenir que se susciten nuevos accidentes y evitar que se ponga en riesgo la vida de los trabajadores y el patrimonio de los mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

El Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Gobernador del Banco de México para explicar la situación económica del país y las medidas de política fiscal y monetaria necesarias para reactivar la economía mexicana y no afectar más la economía familiar, el consumo y la inversión.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Fernando Torres Graciano, del  grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar diversas acciones para proteger la salud y seguridad de los habitantes de Salamanca, Guanajuato, debido a la situación ambiental     que se ha presentado a partir del 30 de  noviembre de 2015 y hasta febrero de 2016, principalmente dentro de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor y áreas cercanas.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud estatales a implementar un programa que impulse la cultura vial ciudadana, con el obetivo de fortalecer la disminución de los accidentes viales en el país.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a que, en el marco del “Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil”, fortalezcan e impulsen campañas informativas y de concientización sobre la importancia de prevención y atención oportuna de la enfermedad en este sector de la población.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a informar sobre la situación del virus del Zika en México.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Hidalgo a generar estrategias que contrarresten el desempleo juvenil, la migración y la explotación laboral de los hidalguenses.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a   rendir un informe en el que explique los motivos por los cuales recortó el presupuesto en educación; de igual forma, a la Secretaría de Educación Pública, junto con su homóloga estatal de Zacatecas, a indicar qué medidas o acciones adoptarán ante el recorte presupuestal.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y al titular del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero a establecer diversas acciones que mejoren la vialidad entre la zona central de Acapulco y la zona diamante en Acapulco de Juárez, estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción    Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y al gobierno del estado de Sinaloa a informar las medidas que ha llevado a cabo para contener el virus ah1n1, conocido como influenza, en dicho estado; asimismo, se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar visitas aleatorias a las farmacias para comprobar que el medicamento denominado Tamiflu no se esté vendiendo por encima del precio establecido como máximo al público.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo del estado de Quintana Roo a realizar las gestiones necesarias para instalar cámaras de seguridad en puntos estratégicos del estado.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir al Secretario de la Defensa Nacional a cumplir los compromisos internacionales suscritos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a efecto de otorgar asistencia técnica al Estado Mexicano en el caso del ataque a los normalistas de la Escuela Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, y permita al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se entrevisten de forma libre con los miembros del Ejército Mexicano que considere necesario para conocer información relacionada al caso.- Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional.

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar una inspección por la venta de supuesto abulón enlatado en Baja California Sur y tome las medidas necesarias para proteger los derechos e intereses de los consumidores, además de determinar las sanciones correspondientes.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir que se realicen las acciones legales, incluida la expropiación, a efecto de proteger el predio ubicado en Montes Apalaches 525, Sección Virreyes, Colonia Lomas de Chapultepec de la Delegación Miguel Hidalgo, a efecto de salvaguardar el valor ambiental del Bosque de Chapultepec y el derecho humano a un ambiente sano.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se condena el homicidio de Anabel Flores Salazar, así como la campaña de criminalización en contra de la periodista.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo para que se revisen y actualicen las tarifas de los montos de viáticos y pasajes para los derechohabientes y acompañantes por parte de las instituciones de seguridad social.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente a realizar un estudio sobre todas las autorizaciones de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo aprobadas en el Malecón Tajamar, Punta Nizuc y en toda la zona costera del Municipio de Benito Juárez en Quintana Roo.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que el que cita a comparecer a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Petróleos Mexicanos para que informen en torno a las medidas implementadas ante los efectos de la caída del precio del petróleo.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo para realizar un estudio de viabilidad de técnica legislativa para incorporar en las sesiones del pleno y de las comisiones legislativas, soportes informáticos de videograbación, audio, presentación de digitalización y reproducción para finalidad de denuncia, testimonio, argumentación o explicación.- Quedó en poder de la Mesa Directiva.

 

Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a impulsar campañas y actividades de educación y sensibilización, con la finalidad de incrementar la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia.- Se turnó a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Mario Delgado Carrillo, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a corregir algunas disposiciones contenidas en el Reglamento de Tránsito en materia de multas y que se establezcan procedimientos claros para las autoridades que las impondrán; asimismo, que el gobierno capitalino transparente la información relacionada con los contratos de las empresas que prestarán sus servicios para la imposición de las multas.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver la ratificación de la “declaratoria de área de valor ambiental” para la tercera sección del Bosque de Chapultepec en la Delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, y se evite el cambio de uso de suelo de dicho predio.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas Secretarías del Gobierno Federal a realizar campañas, procesos operativos, educativos y de investigación para iniciar procesos de inhibición del uso del material llamado unicel.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Merodio Reza, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez e Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a que considere modificar la alerta auditiva para apertura y cierre de puertas de las unidades del Metrobús.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a ser incluyente al momento de otorgar la beca salario.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

 

De los Senadores Fernando Yunes Márquez y Marco Antonio Blásquez Salinas, con punto de Acuerdo por el que se requiere a diversas autoridades aplicar todo el peso de la ley con motivo del homicidio de la reportera Anabel Flores Salazar.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Puebla a realizar una auditoría integral a los recursos destinados a la construcción del Museo Internacional del Barroco, debido a diversas irregularidades en su edificación, en particular con las licitaciones realizadas, el cronograma de obra, licencias de construcción y evaluación de impacto ambiental.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y   Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a instruir a las instancias competentes a iniciar la investigación y, en su caso, el procedimiento administrativo disciplinario, así como a presentar la denuncia penal correspondiente en contra del Cónsul General en Denver Colorado, Carlos Bello Roch, por la probable comisión de faltas administrativas y conductas delictivas, al presuntamente haber hecho uso de recursos públicos del consulado a su cargo para la promoción de actividades comerciales para su beneficio personal.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

De los Senadores René Juárez Cisneros, Francisco Salvador López Brito, Sofío Ramírez Hernández y Aarón Irízar López, integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de  Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a  coordinar esfuerzos con la Confederación Nacional de Gobernadores y las diferentes asociaciones municipales en el país, para  generar una agenda común con relación al diseño de políticas públicas necesarias para lograr ciudades sustentables y asentamientos humanos bien planificados y eficientes.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial.

(Efemérides)

Las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Hilaria Domínguez Arvízu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, remitieron efeméride sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Cívico de la Mujer Mexicana.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el natalicio de José Miguel Ramos Arizpe.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el vigésimo aniversario de la Firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Energía.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Cívico de la Mujer Mexicana.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción    Nacional, remitió efeméride sobre el Día del Inventor Mexicano.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el 160 aniversario de la instalación del Congreso Constituyente para redactar la Constitución de 1857.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Cáncer Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Mundial de la Justicia Social.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el 49 aniversario de la suscripción del Tratado de Tlatelolco y la creación del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con dieciséis minutos y citó a la siguiente el jueves dieciocho de febrero a las once horas; y a sesión solemne, a las doce horas, para recibir la visita de los Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe.

Fin de la Sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de manifestarlo.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda la Secretaría con el siguiente asunto.





 



 



 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el documento denominado “Avances en la política de seguridad”.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase a la Comisión de Seguridad Pública.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Cámara de Diputados, el Acuerdo por el que se establece el Calendario Legislativo correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: De enterado. Remítase copia a la Junta de Coordinación Política.





 

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra la Senadora Anabel Acosta Islas, para presentar, con el aval de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por la Senadora Anabel Acosta Islas, a nombre propio y de los Senadores René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón, Carlos Alberto Puente Salas, Enrique Burgos García, Miguel Romo Medina, Lisbeth Hernández Lecona, Roberto Armando Albores Gleason y Ricardo Barroso Agramont, con aval de los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM)

La Senadora Anabel Acosta Islas: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Hago uso de esta tribuna para presentar a nombre propio y a nombre de mi grupo parlamentario del PRI y del Verde Ecologista, esta iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de desarrollo integral de los jóvenes.

En México viven más de 38 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años de edad, lo que representa grandes desafíos para el Estado y la sociedad mexicana. De ahí la importancia de atender este importante grupo de la población con el objeto de que los jóvenes de nuestro país tengan acceso a condiciones satisfactorias de prosperidad, bienestar y participación, y se brinde igualdad de oportunidades para su desarrollo.

Nuestro país requiere revertir los procesos de desigualdad y de acumulación de desventajas que tienen como consecuencia la incapacidad de ciertos jóvenes para acceder a los recursos sociales, económicos, políticos y culturales y participar plenamente en la vida social.

México ocupa el quinto lugar con mayor porcentaje de jóvenes en pobreza, entre 16 naciones de América Latina y El Caribe, sólo superado por Honduras, Paraguay, El Salvador y República Dominicana.

A lo anterior, se agrega que la cuarta parte de los jóvenes en México carece de acceso a los servicios de salud, 68.4 por ciento no tiene seguridad social, y la quinta parte no puede contar con servicios básicos de vivienda.

El Presupuesto de Egresos de la Federación, es el principal instrumento del Estado mexicano para promover el desarrollo nacional; el Presupuesto es un documento jurídico que establece el monto y destino del gasto público que se aplica en un ejercicio fiscal para cumplir con los objetivos de los programas sectoriales que se comprometen.

Existe la percepción general de que el Presupuesto de Egresos de la Federación no ha sido eficiente, debido tal vez a una inadecuada orientación.

De acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, la inversión pública que se destina en aspectos como educación y salud de los jóvenes en México se ha reducido en los últimos años.

No obstante lo anterior, debe reconocerse que los diferentes programas sociales que se financian con el gasto público han contribuido a mantener ciertos niveles de bienestar y han mitigado los problemas acuciantes de importantes sectores de la población como los niños, como las mujeres y los jóvenes.

Cabe destacar que a través del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, el Congreso realizó un esfuerzo de un estudio y análisis para mantener los programas y políticas públicas en beneficio de los jóvenes.

Este año el presupuesto contempla recursos por más de 223 mil millones de pesos con los cuales se atenderán 52 programas para jóvenes del país, que se distribuirán en los rubros que ya están accediendo, como son el Fondo Nacional Emprendedor, Programa de Apoyo a Pequeños Productores, Programa Nacional de Becas en educación básica, media superior y superior y posgrado; Investigación Científica, y Desarrollo Tecnológico, apoyo a la vivienda, prevención y atención al SIDA, Prospera, Programa de Inclusión Social, Fomento a la Economía Social y para el Instituto Mexicano de la Juventud.

Pero, ¿cuál es nuestra propuesta?

Nosotros estamos considerando conveniente que a través de esta iniciativa se concentren los esfuerzos de ajuste del Presupuesto de Egresos de la Federación en las partidas de gasto para salvaguardar los derechos de los jóvenes, por lo que se propone reformar el párrafo del capítulo tercero de adecuaciones presupuestarias de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para asegurar que el presupuesto destinado a los jóvenes mantengan los recursos constantes a fin de mejorar la situación económica y social de este grupo de la población. De esta manera se protegerán los programas orientados a beneficiar a la juventud mexicana.

Y en ese sentido, pues proponemos reformar el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la igualdad entre mujeres y hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, al Desarrollo Integral de los Jóvenes y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente ley y con la opinión de la Cámara de Diputados.

Compañeras y compañeros Senadores: La presente iniciativa responde a la necesidad de fortalecer el marco jurídico en materia presupuestal que garantice los derechos de los jóvenes, tomando en consideración la estrategia programática del presupuesto para el año 2016, que obliga a las dependencias del gobierno federal a redefinir acciones para el desarrollo, generación y articulación de políticas públicas maximizando los recursos en forma más racional y más eficiente a fin de favorecer el acceso integral de los jóvenes al desarrollo.

Por lo anterior, solicito muy atentamente el apoyo de todos ustedes para esta iniciativa en las comisiones dictaminadoras para impulsar el desarrollo que reclaman los jóvenes de nuestro país y que puedan así acceder a mejores programas y políticas educativas y de salud, de empleo digno y de seguridad social.

Es cuanto, señor Presidente.
Iniciativa

Los suscritos, Senadores René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón, Carlos Alberto Puente Salas, Enrique Burgos García, Miguel Romo Medina, Anabel Acosta Islas, Lisbeth Hernández Lecona, Roberto Albores Gleason y Ricardo Barroso Agramont, a nombre de los Senadores integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 numeral 3, 169, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Aval de Grupo que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para promover el desarrollo integral de los jóvenes, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La juventud en México padece rezagos importantes en materia de trabajo, de vivienda, de acceso a servicios de salud, de acceso a educación de calidad, de alimentación, de espacios para la participación y de fomento a la cultura, así como en muchos otros aspectos cruciales para un desarrollo digno y autónomo.

En México viven más de 38 millones de jóvenes de entre 12 a 29 años de edad, lo que representa grandes desafíos para el Estado y la sociedad mexicana. De ahí la importancia de atender este importante grupo de la población con el objeto de que los jóvenes de nuestro país tengan acceso a condiciones satisfactorias de prosperidad, bienestar y participación, se generen acciones que atiendan y den respuesta a la diversidad de características de cada grupo social juvenil y se brinde igualdad de oportunidades para su desarrollo.

En este contexto, nuestro país requiere revertir los procesos de desigualdad y de acumulación de desventajas que tienen como consecuencia la incapacidad de ciertos jóvenes para acceder a los recursos sociales, económicos, políticos y culturales y participar plenamente en la vida social.

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), es el principal instrumento del Estado mexicano para promover el desarrollo nacional. Es un documento jurídico que establece el monto y destino del gasto público que se aplica en un ejercicio fiscal para cumplir con los objetivos de los programas sectoriales que se comprometen. El gasto se financia con impuestos, derechos y contribuciones así como mediante diversos financiamientos.

En nuestro país, el Presupuesto de Egresos ha crecido en forma consistente en la última década. En el periodo comprendido entre el año 2005 y 2014 el PEF se incrementó de 1.4 billones en el año 2005 a 3.4 billones en el año 2014, o sea que creció 2 billones de pesos en una época de baja inflación, con un incremento anual de 5.5%, destacando los incrementos de 15.9% en el año 2009 y de 9.7% en el año 2014.

Estos aumentos han sido mayores al crecimiento de la población, pero no se han traducido en mayor valor agregado a la economía ya que se han mantenido tasas precarias de crecimiento de la formación bruta de capital fijo y del Producto Interno Bruto, por lo cual existe la percepción general de que no ha sido eficiente, debido tal vez a una inadecuada orientación.

De acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) la inversión pública que se destina en aspectos como educación y salud de los jóvenes en México se ha reducido en los últimos años.

México ocupa el quinto lugar con mayor porcentaje de jóvenes en pobreza entre 16 naciones de América Latina y el Caribe, sólo superado por Honduras, Paraguay, El Salvador y República Dominicana. Así, 34.4 por ciento de los mexicanos de 15 a 29 años de edad viven en pobreza, en contraste con el promedio regional de 23.8 por ciento registrado hasta 2012, año que se toma de referencia porque es el último del que se tienen cifras comparables de los países estudiados.

El documento agrega que 12 por ciento de los jóvenes mexicanos, casi 6 millones, viven en situación de indigencia, lo que supera el promedio regional de 8.4 por ciento. La cifra se eleva casi 14 por ciento si sólo se toma en cuenta a los adolescentes, nuevamente por encima del promedio regional de 10.5 por ciento.

A lo anterior se agrega que la cuarta parte de los jóvenes carece de acceso a los servicios de salud, 68.4 por ciento no tienen seguridad social, y la quinta parte no puede contar con servicios básicos de vivienda.

Sin embargo, debe reconocerse que los diferentes programas sociales que se financian con el gasto público han contribuido a mantener ciertos niveles de bienestar y han mitigado los problemas acuciantes de importantes sectores de la población como niños, mujeres y jóvenes.

No obstante no deja de ser preocupante que ante las tendencias de la baja de producción de hidrocarburos y de sus precios en el mercado internacional, rubros que han aportan en los últimos años al PEF una tercera parte de los recursos fiscales, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), haya tenido que realizar ajustes presupuestales para el año 2016.

La dependencia, en congruencia con las expectativas de crecimiento económico, presentó un Presupuesto “Base 0”, medida a la que recurren los gobiernos en el caso de expectativas de reducción de los ingresos, mediante la reconsideración de las asignaciones tradicionales de recursos a las diferentes partidas para racionalizar en mayor medida tanto el gasto corriente como la inversión.

El proceso implica una rigurosa revisión de prioridades de ambos tipos de gasto. Un resultado satisfactorio se obtiene cuando se logra reducir el gasto corriente sin perjudicar la eficiencia del quehacer institucional y se afecta lo menos posible el de inversión, manteniendo proyectos en ejecución que sean estratégicos para estimular sectores económicos.

Los limitantes a la medida del presupuesto “Base 0” es el gasto obligatorio y/o comprometido contractualmente, que generalmente consiste en pagos de pasivos y capital (jubilaciones y pensiones, intereses y amortización de deuda pública interna y externa); y pagos de personal y disposición y funcionamiento de los medios físicos para las labores institucionales.

En vista de lo anterior, parecería conveniente que la SHCP concentrara los esfuerzos de ajuste del PEF en las partidas de gasto corriente incrementadas de manera desproporcionada en los dos sexenios anteriores, en los gastos de publicidad de las instituciones del sector público y en diversas prestaciones excesivas a los servidores públicos.

Igualmente, conviene salvaguardar los derechos de los jóvenes para su desarrollo integral, dada su crítica condición económica y social, ampliando el párrafo del capítulo tercero de adecuaciones presupuestarias de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De esta manera se protegerán los programas orientados a beneficiar a la juventud mexicana.

En este sentido, cabe destacar que a través del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, la Cámara de Diputados realizó un gran esfuerzo de estudio y análisis para mantener programas y políticas públicas en beneficio de los jóvenes. Este año el presupuesto contempla recursos por más de 223 mil millones de pesos, con los cuales se atenderán 52 programas para jóvenes en el país, que se distribuirán en los rubros de Fondo Nacional Emprendedor, Programa de Apoyo a Pequeños Productores, Programa Nacional de Becas en educación básica, media superior, superior y posgrado; Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, apoyo a la vivienda, prevención y atención al VIH/SIDA, PROSPERA Programa de Inclusión Social, Fomento a la Economía Social y para el Instituto Mexicano de la Juventud.

Otras acciones que habrán de apoyarse con estos recursos están el Programa para la Inclusión a la Equidad Educativa, Subsidios para organismos descentralizados estatales, y aplicación de programas educativos de nivel medio y superior.

Los legisladores realizaron diversos ajustes para garantizar que mediante la estrategia programática de presupuesto para el año 2016 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió al Congreso, las dependencias como el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), las secretarías de Educación Pública (SEP), de Economía (SE) y de Trabajo y Previsión Social (STPS), definieran acciones para el desarrollo, generación y articulación de políticas públicas maximizando los recursos en forma más racional y eficiente a fin de favorecer el acceso integral de los jóvenes al desarrollo.

De ahí la importancia de que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establezca que no se podrán aplicar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas al desarrollo integral de los jóvenes.

De conformidad con la anterior exposición de motivos, los suscritos Senadores de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Cámara la presente iniciativa con el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se reforma el último párrafo del artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 58.

I a III. …

No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas, al Desarrollo Integral de los Jóvenes y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados.

TRANSITORIOS

Único.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de febrero de 2016.

Suscriben,

Sen. Emilio Gamboa Patrón, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.- Sen. Carlos Alberto Puente Salas, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.- Sen. René Juárez Cisneros.- Sen. Enrique Burgos García.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Miguel Romo Medina.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Roberto Armando Albores Gleason.- Sen. Ricardo Barroso Agramont.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Acosta Islas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y Estudios Legislativos, Primera.





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL INCISO E) DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

(Presentada por el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La equidad es tratar a todos por igual, respetando y teniendo en cuenta sus diferencias.

En el caso del sistema tributario, es claro que éste debe ser un principio rector de la relación entre el fisco y los contribuyentes.

México tiene una larga historia tributaria. Desde la época prehispánica se tiene documentada la presencia de órganos especializados en colectar tributo, y desde entonces hay la necesidad de normar y procurar justicia para que exista equidad entre el fisco y los contribuyentes.

En la actualidad el poder judicial es el encargado de administrar e impartir justicia en nuestro país, esto incluye al sistema tributario.

El país cuenta desde hace diez años con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que robusteció y dio nuevas competencias al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pero esta ley, como toda ley es perfectible y tiene vacíos que como legisladores debemos corregir para garantizar su correcta aplicación por los juzgadores, procurando de esta manera la equidad entre el fisco y los contribuyentes.

Uno de esos vacíos se refiere a que en el proceso fiscal los contribuyentes pueden ser sujetos a cierto nivel de inequidad en las resoluciones emitidas por el tribunal, aun cuando se resuelva una sentencia a favor del contribuyente.

Lo que proponemos con esta iniciativa es que la declaratoria de nulidad, lisa y llana, en una sentencia surta efectos plenos con respecto a la resolución de la declarada nula, sino también sobre los actos derivados de ésta, específicamente en lo relativo a gastos de ejecución. En otras palabras, lo que intentamos resolver son esos casos donde el contribuyente obtiene una sentencia a favor, pero subsiste una afectación en su patrimonio ya que tuvo que pagar gastos de ejecución que no tienen razón de ser, una vez que el acto es declarado nulo, por lo cual se propone la devolución de estos al contribuyente.

Por ejemplo, el procedimiento administrativo de ejecución, cuando la autoridad hace efectivo el crédito fiscal, el contribuyente debe de pagar el 2 por ciento del crédito fiscal por las diligencias de requerimientos embargo y remate, enajenación fuera de remate o adjudicación al fisco federal; sin embargo, cuando el contribuyente impugna este procedimiento y obtiene una sentencia a favor que declara la nulidad del acto administrativo, estos gastos que ya no tienen razón de ser, deben ser devueltos, de lo contrario no se restituye la esfera jurídica del contribuyente.

Esto, a todas luces, es una modalidad de inequidad e injusticia al contribuyente, pues aun cuando personas físicas o morales, empresas chicas, medianas o grandes puedan demostrar en tribunales tener razón al impugnar el acto, subsiste la carga de pagar el costo monetario de los errores de cualquier autoridad fiscal de que se trate.

Como legisladores, debemos crear leyes siempre buscando que nuestros productos legislativos generen equidad entre la autoridad y el ciudadano, que no existan vacíos, que no se presten a interpretaciones; esta iniciativa cumple ese objetivo.

Compañeras y compañeros Senadores: Los invito a analizar con detalle esta iniciativa, los invito a dar respuesta a los vacíos que la ley hoy tiene.

Debemos brindar equidad y facilidades fiscales a los micro, pequeños y medianos empresarios, y en general a todos los que cumplen con la obligación de contribuir en el gasto público de nuestro país.

Apoyando un cambio como éste mejoraremos las condiciones de equidad en el proceso contencioso administrativo.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

El suscrito, Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, Senador de la República del Congreso General de la Unión en la LXIII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el inciso e) de la fracción V del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,  al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA), la sentencia definitiva que resuelve el procedimiento contencioso administrativo, puede declarar la nulidad de la resolución impugnada, supuesto que conlleva efectos implícitos que recaen en los actos derivados de la resolución administrativa impugnada.

Esto es así ya que la declaratoria de nulidad debe surtir efectos plenos no sólo respecto de la resolución declarada nula, sino también sobre los actos derivados de ésta, mismos que la autoridad demandada debe dejar sin efectos, pues sólo de esta forma se restituiría la esfera jurídica del promovente en el juicio contencioso administrativo, que fue vulnerada con la emisión de un acto administrativo ilegal. De lo contrario se haría nugatoria la eficacia de la pretensión de anulación de la potestad jurisdiccional.1

Por su parte, los gastos de ejecución, de acuerdo con los artículos 2° y 4° del Código Fiscal de la Federación son accesorios de las contribuciones y aprovechamientos y comparten la misma naturaleza al ser considerados créditos fiscales.

Al respecto cabe mencionar que existen criterios del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el sentido de la procedencia de la devolución de los gastos de ejecución pues al ser considerados éstos como accesorios del crédito principal, al declararse la nulidad de un crédito fiscal garantizado también carece de sustento jurídico el procedimiento administrativo derivado del mismo, y consecuentemente, los gastos de ejecución que con motivo de dicho procedimiento se causaron.2

En atención al razonamiento anterior, se considera necesario incluir dentro de lo que puede contener la sentencia del procedimiento contencioso administrativo la posibilidad de que cuando el Tribunal resuelva la nulidad lisa y llana de un acto administrativo, pueda en la misma sentencia ordenar la devolución de los gastos de ejecución realizados por el demandante.

Esto atiende a que actualmente, cuando los demandantes obtienen una sentencia a su favor y solicitan la devolución de los gastos de ejecución, el tribunal no puede expresarse al respecto pues ésta posibilidad no se encuentra prevista como uno de los efectos de la sentencia en la LFPCA.

Así, resulta necesario agregar dicha posibilidad dentro de los efectos de la sentencia del juicio contencioso administrativo, pues como se mencionó con antelación, la nulidad lisa y llana debe surtir efectos plenos, por lo que al declararse nula una resolución administrativa impugnada, los gastos de ejecución erogados por el promovente del juicio contencioso deben ser devueltos por tratarse de gastos que ya no tienen razón de ser y que generan un impacto negativo en el patrimonio de los promoventes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona el inciso e) de la fracción V del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 52.- La sentencia definitiva podrá:

I....

II.…

III.…

IV.…

V. Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además:

a) … a d)  …

e) Condenar a la devolución de los gastos de ejecución erogados por el demandante con motivo del acto administrativo declarado nulo.

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 18 de febrero de 2016.

Atentamente

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.

1 NULIDAD LISA Y LLANA.- CASOS EN LOS QUE LLEVA IMPLÍCITO UN EFECTO, R.T.F.J.F.A. Séptima Época, Año V, No. 53, Diciembre 2015, p. 345.

2 PROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCIÓN, R.T.F.J.F.A., Séptima Época, Año III, No. 20, Marzo 2013, p. 230.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Fernández Sánchez Navarro. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño del Senador Javier Lozano Alarcón.

El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Sólo para pedirle al colega que me permita suscribir su valiosa iniciativa.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Para los mismos efectos, Senador Hermosillo y Celada?

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Para los mismos efectos.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador Juan Alejandro Fernández, le piden sus compañeros incorporarse a su iniciativa. Tome nota la Secretaría.





 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley General de Salud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, II, III Y IV DEL ARTÍCULO 279 Y EL ARTÍCULO 280 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La presente iniciativa tiene como objetivo reformar la Ley General de Salud con la intención de actualizarla para comenzar un proceso en el que se retiren del mercado productos fertilizantes y pesticidas que actualmente son utilizados y que han demostrado a nivel internacional su toxicidad y daños irreversibles para la salud.

Actualizando nuestro marco jurídico conforme a esta propuesta nos apegamos a las normas y procedimientos internacionales para evitar cualquier tipo de peligro que represente toxicidad para alimentos de consumo humano.

Los plaguicidas y fertilizantes han sido utilizados en la década de los 50’s con diversos usos; sin embargo, estas sustancias pueden ser muy diversas y causar daños a grados muy diferentes, razón por la cual de manera permanente debemos discutir su utilización y consecuencias futuras.

Este tipo de sustancias han adquirido una importancia económica considerable que ha derivado en su aplicación indiscriminada y sin control ocasionando daños al ambiente, deterioro de la fauna y la fauna silvestre, además de contaminación de suelo, mantos friáticos y aguas.

La Comisión Federal para la Protección contra Riegos Sanitarios, Cofepris, ha recocido la existencia de daños considerables a la salud por intoxicaciones de grado diverso y efectos nocivos causados por este tipo de productos.

Por ello, fue emitido el Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes, Vegetales, Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos, para asegurar que la salud humana y el medio ambiente no sean afectados por utilización de sustancias tóxicas.

Sin embargo, debemos dotar de mayor poder coercitivo a la ley en la materia, ya que dicho Reglamento no está actualizado y deja de ser suficiente para garantizar que los alimentos que consume nuestra población sean saludables.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, ha sugerido a nuestro país mejorar las normas nacionales relacionadas con el manejo de plaguicidas químicos, a fin de encarar los retos en materia de salud y medio ambiente, revisando a fondo la ley y la reglamentación sobre el etiquetado de los pesticidas.

Incluso, a finales del año pasado, la FAO y la Organización Mundial de la Salud publicaron directrices actualizadas sobre estos productos, teniendo en cuenta los cambios en el mercado, situación que en nuestro país no se ha tomado en cuenta desarrollando acciones para cumplir con estos lineamientos.

Existen estudios que han relacionado la exposición a plaguicidas con un aumento en la incidencia de varios tipos de cáncer y enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson y el Alzheimer, y existen también pruebas que sugieren que algunos plaguicidas pueden alterar el funcionamiento normal del sistema endócrino e inmunitario.

Por estas razones, recientemente distintas organizaciones y académicos han solicitado a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Salud, Semarnat y Sagarpa, que el gobierno mexicano se pronuncie a favor de formar una alianza global para la prohibición gradual de los plaguicidas altamente peligrosos, como lo propone la Red Internacional de Plaguicidas.

Esto con el objetivo de dar un impulso al intercambio de información y la promoción de opciones agroecológicas en el control de plagas y enfermedades, y reducir riesgos a la salud y medio ambiente causados por el uso de plaguicidas altamente peligrosos.

La prohibición de estos productos y el apoyo a opciones agroecológicas, es un paso trascendental para favorecer la meta del gobierno federal de reducir los impactos a la salud y el ambiente por el uso de sustancias químicas.

Esta acción puede hacer sinergia e incorporarse como indicador a uno de los 17 objetivos del desarrollo sustentable en la Agenda para el Desarrollo 2030, asegurando sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicando prácticas agrícolas que contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas.

No podemos permitir que se siga permitiendo el uso de 29 agrotóxicos prohibidos en otros países, por el riesgo que representan para la salud y el medio ambiente.

Debemos exigir a nuestras autoridades transparencia en la forma de producción de nuestros alimentos y preferir alimentos provenientes de la agricultura ecológica, libre de plaguicidas y transgénicos, cuyas prácticas también favorecen el comercio justo.

Y lo más importante, compañeros, es que estas medidas deben ser para todas las personas, ya que estos problemas siempre afectan más a los que menos tienen.

Es cuanto, señor Presidente.
Iniciativa

La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, II, III Y IV DEL ARTÍCULO 279 Y EL ARTÍCULO 280, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los plaguicidas y fertilizantes son sustancias comunes utilizadas para la producción de alimentos desde la década de los 50´s. Han servido para controlar la proliferación de plagas y enfermedades de los cultivos y del ganado, mantener los cultivos en tierras con baja calidad de nutrientes, y reducir o evitar las pérdidas en la producción de alimentos. Sin embargo, estas sustancias pueden ser muy diversas y causar daños a grados muy diferentes, razón por la cual debemos discutir su utilización y consecuencias futuras.

Es un hecho que  este tipo de sustancias han adquirido una importancia económica considerable, que ha derivado en su aplicación indiscriminada y sin control que puede ocasionar daños al ambiente; por ejemplo, el deterioro de la flora y la fauna silvestres, la contaminación de suelo, de mantos freáticos y aguas continentales y costeras. Además ha generado  plagas resistentes que ya son un problema en la actualidad.

Además, el efecto más grave del uso y manejo incorrecto de los plaguicidas es  su impacto en la salud humana. De acuerdo con lo que ha reconocido la COFEPRIS, los daños a la salud se manifiestan por intoxicaciones de grado diverso y efectos nocivos que pueden presentarse a mediano o largo plazo, tales como carcinogénesis, teratogénesis, esterilidad y mutagénesis, entre otros.

Por esta razón, la COFEPRIS hace uso del Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos con el objetivo de asegurar que la salud humana y el medio ambiente no se vea afectado por la utilización de sustancias tóxicas.

Desafortunadamente, las leyes con las que contamos, y dicho reglamento no están actualizados y dejan de ser suficientes para garantizar que los alimentos que la población mexicana consume a diario sean inocuos.

Por esta razón, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha demandado a México que mejore las normas nacionales relacionadas con el manejo de plaguicidas químicos, a fin de encarar los retos en materia de salud y medio ambiente, además de la necesidad de que se renueven las leyes y el etiquetado de los pesticidas, en momentos en que se cumplen 30 años del Código internacional de conducta para la distribución y utilización de estos productos.

De acuerdo con la FAO, el tamaño del mercado mundial de plaguicidas se ha duplicado en los recientes 15 años y supera los 50 mil millones de dólares anualmente. Ante un problema de tal  magnitud, y conociendo las consecuencias a largo plazo de los pesticidas y los fertilizantes sintéticos, es imprescindible que se consiga proteger a las personas y el medio ambiente a través de un marco jurídico firme que elimine del mercado los productos nocivos.

A finales del año pasado, la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicaron directrices actualizadas sobre la legislación y el etiquetado de estos productos teniendo en cuenta los cambios en el mercado, sin embargo en México aún no se están tomando todas las acciones necesarias para que se cumpla con estos lineamientos.

Como siempre, quienes pagan el precio más alto son los millones de agricultores pobres sin acceso a la información, a la formación y a los medios adecuados para su protección, situación que ha sido reconocida por la FAO1.En zonas agrícolas en las que se utilizan plaguicidas, estas sustancias se dispersan en el aire, contaminan el suelo y el agua, y son a veces sistemáticamente absorbidas por especies vegetales no objetivo.

La población general también está expuesta a un cóctel de plaguicidas a través de la comida que consumimos a diario y los impactos en la salud declarados  son muy graves. Por ejemplo, en niños expuestos a altos niveles de plaguicidas en el útero incluyen un retraso en el desarrollo cognitivo, alteraciones en el comportamiento y malformaciones congénitas. Existe, asimismo, una fuerte correlación entre la exposición a plaguicidas y la incidencia de leucemia infantil.

Ciertos estudios han relacionado también una mayor exposición a plaguicidas con un aumento en la incidencia de varios tipos de cáncer (próstata y pulmón entre otros) y enfermedades neurodegenerativas, como párkinson y alzhéimer. Existen, por otra parte, pruebas que sugieren que algunos plaguicidas pueden alterar el funcionamiento normal de los sistemas endocrino e inmunitario.

Por estas razones, distintas organizaciones de la sociedad civil y académicos de las principales universidades del país, han solicitado a los titulares de la Secretarías de Relaciones Exteriores, de Salud, SEMARNAT y SAGARPA, que el gobierno mexicano se pronuncie a favor de formar una Alianza Global para la Prohibición Gradual de los Plaguicidas Altamente Peligrosos, como lo propone la Red Internacional de Plaguicidas (PAN internacional).

Lo anterior con el objetivo de dar impulso al intercambio de información y la promoción de opciones agroecológicas en el control de plagas y enfermedades, y reducir riesgos a la salud y medio ambiente, causados por el uso de plaguicidas altamente peligrosos.

La prohibición progresiva de plaguicidas peligrosos y el apoyo a opciones agroecológicas  es un paso trascendental para favorecer a la meta del 2020 del Convenio de SAICM de reducir de manera específica los impactos a la salud y el ambiente en el uso de sustancias químicas. Esta acción  también puede hacer sinergia e incorporarse como un indicador a uno de los 17 objetivos del desarrollo sustentable en la agenda del desarrollo para 2030 para "asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas que contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas".

No podemos permitir que se siga permitiendo el uso de 29 agrotóxicos que están prohibidos en otros países, principalmente, por el riesgo que representan para la salud y el medio ambiente.

Como consumidores tenemos el poder de exigir transparencia en la forma de producción de nuestros alimentos y preferir alimentos provenientes de la agricultura ecológica, libre de plaguicidas y transgénicos, cuyas prácticas también favorecen el comercio justo. Y lo más importante es que estas medidas deben ser para todas las personas, ya que -como dije anteriormente- estos problemas siempre afectan más a los que menos tienen.

Por esto, la presente Iniciativa busca fomentar una actualización que nos permita ponernos al día y retirar del mercado los productos fertilizantes y pesticidas, que ya han demostrado su toxicidad y el daño que provocan a la salud.

De este modo, a través de la reforma al artículo 279 de la Ley General de Salud, se busca prohibir el uso de los productos dañinos, actualizando nuestro marco jurídico para que este apegado a las normas y procedimientos internacionales debidamente actualizados para evitar cualquier tipo de peligro que represente toxicidad por parte del plaguicida o del nutriente vegetal;

Por último, reconociendo que el único enfoque seguro para reducir nuestra exposición a los plaguicidas tóxicos es avanzar hacia una forma de producir alimentos más sostenibles a largo plazo, se busca prohibir gradualmente el uso de plaguicidas persistentes y bioacumulables de cualquier composición química, clasificados como peligrosos para la salud humana.

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS

TEXTO VIGENTE
LEY GENERAL DE SALUD

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 279.- Corresponde a la Secretaría de Salud:
I. Establecer, en coordinación con las dependencias del Ejecutivo Federal competentes y para fines de control sanitario, la clasificación y las características de los diferentes productos a que se refiere este Capítulo, de acuerdo al riesgo que representen directa o indirectamente para la salud humana;

 

 

II. Autorizar, en su caso, los productos que podrán contener una o más de las substancias, plaguicidas o nutrientes vegetales, tomando en cuenta el empleo a que se destine el producto;

III. Autorizar los disolventes utilizados en los plaguicidas y nutrientes vegetales, así como los materiales empleados como vehículos, los cuales no deberán ser tóxicos por sí mismos ni incrementar la toxicidad del plaguicida o del nutriente vegetal;

 

 

IV. Autorizar el proceso de los plaguicidas persistentes y bioacumulables de cualquier composición química, solamente cuando no entrañen peligro para la salud humana y cuando no sea posible la sustitución adecuada de los mismos, y

V. …

Artículo 279.- Corresponde a la Secretaría de Salud:
I. Establecer, en coordinación con las dependencias del Ejecutivo Federal competentes, instituciones Educativas y Organizaciones de la Sociedad Civil, para fines de control sanitario, la clasificación características y actualización anual de los diferentes productos a que se refiere este Capítulo, de acuerdo al riesgo que representen directa o indirectamente para la salud humana;

II. Autorizar, o en su caso prohibir el uso de los productos que podrán contener una o más de las substancias, plaguicidas o nutrientes vegetales, tomando en cuenta el empleo a que se destine el producto;

III. Autorizar los disolventes utilizados en los plaguicidas y nutrientes vegetales, así como los materiales empleados como vehículos, los cuales no deberán ser tóxicos y se apegarán a normas y procedimientos internacionales debidamente actualizados para evitar cualquier tipo de peligro que represente toxicidad por parte del plaguicida o del nutriente vegetal;

IV. Prohibir gradualmente el uso de plaguicidas persistentes y bioacumulables de cualquier composición química, clasificados como peligrosos para la salud humana, y

 

V. …

Artículo 280.- La Secretaría de Salud emitirá las normas oficiales mexicanas de protección para el proceso, uso y aplicación de los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas.

Artículo 280.- La Secretaría de Salud, con opinión de instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, emitirá las normas oficiales mexicanas de protección para el proceso, uso y aplicación de los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se REFORMAN las fracciones l, II, III y IV del artículo 279 y el artículo 280, de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera:

Ley General de Salud

Artículo 279.- Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. Establecer, en coordinación con las dependencias del Ejecutivo Federal competentes, instituciones Educativas y Organizaciones de la Sociedad Civil, para fines de control sanitario, la clasificación características y actualización anual de los diferentes productos a que se refiere este Capítulo, de acuerdo al riesgo que representen directa o indirectamente para la salud humana;

II. Autorizar, o en su caso prohibir el uso de los productos que podrán contener una o más de las substancias, plaguicidas o nutrientes vegetales, tomando en cuenta el empleo a que se destine el producto;

III. Autorizar los disolventes utilizados en los plaguicidas y nutrientes vegetales, así como los materiales empleados como vehículos, los cuales no deberán ser tóxicos y se apegarán a normas y procedimientos internacionales debidamente actualizados para evitar cualquier tipo de peligro que represente toxicidad por parte del plaguicida o del nutriente vegetal;

IV. Prohibir gradualmente el uso de plaguicidas persistentes y bioacumulables de cualquier composición química, clasificados como peligrosos para la salud humana, y

V. …

Artículo 280.- La Secretaría de Salud, con opinión de instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil,  emitirá las normas oficiales mexicanas de protección para el proceso, uso y aplicación de los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 18 de febrero de 2016.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.

1 http://www.2000agro.com.mx/agroindustria/fao-pide-mejorar-normas-sobre-manejo-de-plaguicidas/

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.





 

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Margarita Flores Sánchez, para presentar a nombre propio y de diversas Senadoras del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 20, 20 BIS Y 23 DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA

(Presentada por la Senadora Margarita Flores Sánchez, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Margarita Flores Sánchez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, sometemos a la consideración de este Pleno la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 20, 20 Bis y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, al tenor de las siguientes consideraciones:

El crecimiento económico requiere de una intermediación financiera que facilite el otorgamiento de créditos a sectores productivos, estratégicos, ya que en cuanto al acceso al financiamiento es limitado, también se restringen las posibilidades de crecimiento en una economía.

Cada vez existe mayor reconocimiento a nivel internacional sobre los beneficios sociales y privados de la inclusión financiera y su impacto en la sociedad.

Sin embargo, muchas veces en países, una gran parte de la población no tiene acceso a créditos.

Si bien en México tenemos uno de los mejores sistemas bancarios, lo cierto es que también es donde menos se presta, ya que de acuerdo con los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, el índice de inserción del crédito al sector privado, se encuentra por debajo del promedio de la OCDE, e incluso por debajo del promedio en América.

Un estudio reciente, del Banco Mundial refiere que entre las 99 economías en desarrollo, como una muestra de 47 mil 475 empresas en el periodo 2006-2010, se encontró que las pequeñas y medianas empresas son las principales generadoras de empleos. Sin embargo, también se encontró que dicha capacidad de generación se acentúa en los países considerados como de bajos ingresos. De ahí la importancia de apoyar a este sector de la economía con las mejores condiciones de acceso a los recursos crediticios.

Las micros, pequeñas y medianas empresas, constituyen la columna vertebral de la economía nacional por los acuerdos comerciales que nuestro país ha tenido en los últimos años, así como por su alto impacto en la generación de empleos y en la producción nacional.

Datos del INEGI señalan que en México existen aproximadamente más de 4 millones de unidades empresariales, de las cuales el 99.8 por ciento son Pymes que generan el 52 por ciento del Producto Interno Bruto y el 72 por ciento del empleo en el país.

El Buró de Crédito es la sociedad de información crediticia que se encarga de la recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial financiero de personas físicas y morales previo al otorgamiento de cualquier tipo de crédito.
Cabe señalar, que toda persona que solicite un crédito de cualquier tipo, de manera automática genera un registro en el buró de crédito, sin importar que sea moroso o buen pagador.

Cada vez que alguien solicita un tipo de financiamiento, las entidades financieras buscan elementos que le permitan verificar que el cliente pagará en tiempo y en forma.

De acuerdo con datos del Reporte de Actualización del Buró de Entidades Financieras, Sector Bancos, publicado por la Condusef, en el mes de septiembre del presente año, el mismo cuenta con la información de 3 mil 162 entidades; es decir, el 72 por ciento del total de instituciones registradas en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros.

Dichas empresas aportan información personal y crediticia, a través de Reportes de Crédito, en donde se incluye el tipo de cuenta, límite de crédito y comportamiento del pago mensual, mismos que son utilizados para determinar si las personas son sujetos de crédito o no, y los cuales son determinantes al momento de aceptar o rechazar las solicitudes crediticias, derivado del cumplimiento de sus obligaciones.

El tiempo que permanece la información en el Buró de Crédito por ley es de 72 meses. Sin embargo, transcurrido este término, el historial se renueva, aunque el registro bueno o malo, puede permanecer.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2012, se estima que de un total de 28.3 millones de personas que solicitaron un crédito formal, a 9 millones se les negó el financiamiento.

Del total de rechazados, 24.3 por ciento tenían problemas con el Buró de Crédito, siendo este el mayor factor por el cual no tuvieron acceso a créditos.

El total de personas no beneficiadas con algún crédito formal, se ven en la necesidad de recurrir a créditos informales. Es decir, prestamos familiares, de amigos, agiotistas o casas de empeño, otro tanto se ve excluido de cualquier forma de crédito, ya sea formal o irregular.

Actualmente, el Buró de Crédito es un punto de referencia para el otorgamiento de créditos en México, sin embargo, aunque este tipo de instituciones financieras no se encargan de calificar a los sujetos de crédito, simplemente recoge los reportes de cada persona y los pone a disposición de cualquier entidad financiera o comercial que lo solicite.

Es importante reconsiderar no sólo los plazos de actualización de información, sino además prever plazos más cortos para la renovación de los historiales crediticios de los clientes, ya que el permanecer tanto personas físicas como morales en un periodo de seis años en esta base de datos, las mismas se ven obligadas a recurrir a prestamistas informales cuando se vean rechazados por una institución crediticia, siendo objeto de abusos por cobros de intereses excesivos, poniendo en riesgo su patrimonio familiar.

Es por lo anterior, que el objeto de la presente iniciativa es reducir de 72 meses a 48 meses la obligación de las sociedades de información crediticia, de guardar los historiales crediticios, lo cual permitirá que las personas que por algún atraso en su cartera de pagos y que por ello cuenten con un historial negativo que les impida conseguir financiamiento con instituciones formales, pueden acceder en un periodo de tiempo más corto a un crédito, lo cual respondería a las necesidades de un sistema económico cada mes más fluctuante; asimismo, pretende establecer plazos más cortos en la actualización de la base de datos de créditos.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Flores Sánchez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño de la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: (Desde su escaño) Para adherirme a la iniciativa.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Le consulto, Senadora, ¿si acepta la incorporación de los Senadores Lorena Cuéllar Cisneros y Rabindranath Salazar?

La Senadora Margarita Flores Sánchez: Sí.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tome nota la Secretaría.





 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 34 y 135 de la Ley Agraria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 34 Y 135 DE LA LEY AGRARIA

(Presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias. Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Durante los años de 1915 a 1992 en el reparto agrario se entregaron a los campesinos 103.5 millones de hectáreas, hasta el año 2012 sólo el 2.5 por ciento de la propiedad de ejidos y comunidades adoptaron el dominio pleno, es decir, transitarlo de la propiedad social a la propiedad privada.

En los ejidos y comunidades más de 5.2 millones son sujetos agrarios, ejidatarios y/o comuneros, es decir, aquellos que son titulares de derechos agrarios reconocidos. Dentro de la superficie que comprende la propiedad social están organizadas 31 mil 785 núcleos agrarios, de los cuales 29 mil 442 son ejidos y 2 mil 343 son comunidades.

Dentro de un ejido o comunidad existen tres órganos internos: la Asamblea General, el Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia.

La Asamblea es el órgano supremo donde participan todos los ejidatarios o comuneros y tiene facultades expresas en el artículo 23 de la Ley Agraria, de lo más destacado podemos afirmar que la Asamblea le compete conocer sobre el reglamento interno o interior, informe del Comisariado, admisión y separación de ejidos, aprobación de los informes y actividad del comisariado, conocer de los estados económicos sobre convenios y contratos, distribución de ganancias, destino y limitación de tierras sobre la fusión, división, conversión y término de régimen.

De los casi 32 mil núcleos agrarios que hay en el país, en su mayoría ya están regularizados, sin embargo, pese a que existe un marco jurídico que regula todo lo concerniente al aprovechamiento y uso y disfrute de la tenencia de la tierra social, considero que existen lagunas en la ley.

Me voy a referir concretamente al Comisariado y al Consejo de Vigilancia, ya que en ellos recae una enorme responsabilidad, vale hacer mención que únicamente para los miembros del Comisariado existe incapacidad de adquirir tierras o derechos salvo que sean por herencia, pero es de conformidad al artículo 34 de la Ley Agraria.

No obstante a lo anterior considero adecuado que dicha limitación sea extensiva a los miembros del Comité de Vigilancia, los miembros del Comisariado Ejidal, con frecuencia expiden constancias de posesión de tierra de uso común, generando en muchos casos incertidumbre en la tenencia de la tierra, ya que dolosamente esta figura ha sido implementada para poder adquirir tierras indirectamente por algún o por algunos miembros del comisariado e incluso para los del Consejo de Vigilancia.

La complicidad del Comisariado y del Consejo de Vigilancia hacen en algunos casos que exista inconformidad con los ejidatarios o comuneros; si bien es cierto, pocas veces el abuso del cargo de representación es llevado a los Tribunales Agrarios, también es cierto que el problema es recurrente. No obstante lo anterior, los ejidatarios y comuneros pocas veces cuentan con los recursos suficientes para iniciar un juicio en el tribunal.

Es importante señalar que este juicio agrario como medio de solución ante los tribunales, sin embargo puede llegar a presentarse un conflicto de intereses, ya que el comisariado, en los casos especiales, se puede convertir al mismo tiempo en la parte demandada y actora, razón suficiente para que este tipo de conflictos se resuelvan de otra manera, es decir, sin llegar a las instancias jurisdiccionales.

Ejemplos, otros casos donde los miembros del Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales adquieren derechos es en materia forestal, ya que, de acuerdo a los datos de la Procuraduría Agraria, en la propiedad social existen grandes riquezas naturales, toda vez que en ella se encuentra el 80 por ciento de los bosques y selvas, el 74 por ciento de la biodiversidad y las dos terceras partes de los litorales del país.

Por las consideraciones antes expuestas, someto a su consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 34 y 135 de la Ley Agraria, estoy segura que con esta iniciativa y con el apoyo de ustedes, compañeras y compañeros Senadores, se protege la tenencia de la tierra de uso común.

Es cuanto.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 34 y 135 de la Ley Agraria, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México tiene una superficie de 196.4 millones de hectáreas de las cuales el 51 por ciento son núcleos agrarios, es decir 100.3 millones de hectáreas tienen dominio social, es decir lo componen núcleos de población ejidales y comunal que la Ley les reconoce con personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título. La propiedad social en México es equivalente a dos veces la superficie de España. El Estado de la República con más núcleos agrarios es Veracruz con 3 mil 714; seguido por Chiapas con 3 mil 112; Michoacán con 1 mil 873; Oaxaca con 1 mil 563 y Guanajuato con 1 mil 559. Por otra parte, las entidades con menos núcleos agrarios son el Distrito Federal con 49; seguido por Baja California Sur con 99; Colima con 166; Aguascalientes con 187, y Morelos con 230.

Durante los años de 1915 a 1992 el reparto agrario se entregaron a campesinos 103.5 millones de hectáreas, hasta en el año 2012 sólo el 2.5 por ciento de la propiedad de ejidos y comunidades adoptaron el dominio pleno, es decir, transitado de la propiedad social a la privada.

En los ejidos y comunidades más de 5.2 millones son sujetos agrarios (ejidatarios y/o comuneros), es decir aquellos que son titulares de derechos agrarios reconocidos. Dentro de la superficie que comprende la propiedad social están organizadas 31 mil 785 núcleos agrarios, de los cuales 29 mil 442 son ejidos y 2 mil 343 son comunidades. El 94 por ciento se encuentran regularizados, es decir, ya tienen la certeza jurídica en la tenencia de la tierra y la libertad para decidir su uso y destino. Mediante la regularización se abre la posibilidad de asociación entre ejidatarios y terceras personas para mejorar las actividades propias y las formas de explotación que van desde las agrícolas, ganaderas, forestales o acuícolas, pero también pueden adaptarse, crearse o mejorarse en otras actividades.

Dentro de un ejido o comunidad existen tres órganos internos, la Asamblea General, el Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales, y el Consejo de Vigilancia.

La Asamblea es el órgano supremo donde participan todos los ejidatarios o comuneros y tiene facultades expresas en el artículo 23 de la Ley Agraria, de lo más destacado podemos afirmar que la asamblea le compete conocer sobre el reglamento interior, informes del comisariado, admisión y separación de ejidos, aprobación de los informes y actividades del comisariado, conocer de los estados económicos, sobre convenios y contratos, distribución de ganancias, destino y limitación  de tierras, sobre la fusión, división, conversión y termino de su régimen.

El Comisariado lo integra un presidente, un secretario y un tesorero, de conformidad con el marco legal son los representantes del núcleo agrario, es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, además son los encargados de la administración de los bienes comunes, tienen el poder general para actos de administración y para pleitos y cobranzas, procura que se respeten los derechos de los ejidatarios, deben dar cuenta a la asamblea de sus labores que realizan así como de los trabajos para el aprovechamiento de las tierras de uso común, entre contenidas en su reglamento.

Por último, el consejo de vigilancia tiene como principales atribuciones vigilar los actos del comisariado, revisar las cuentas y operaciones del comisariado, así como denuncia toda irregularidad a la asamblea.

De los casi 32 mil núcleos agrarios que hay en el país, en su mayoría ya están regularizados, sin embargo, pese a que existe un marco jurídico que regula todo lo concerniente al aprovechamiento, uso y disfrute de la tenencia de la tierra social, considero que existen lagunas en la ley. Me voy a referir concretamente al COMISARIADO y al CONSEJO DE VIGILANCIA, ya que en ellos recae una enorme responsabilidad; vale hacer mención que únicamente para los miembros del comisariado existe incapacidad de adquirir tierras o derechos salvo que sean por herencia, esto es de conformidad con el artículo 34 de la Ley Agraria.

No obstante a lo anterior considero adecuado que dicha limitación sea extensiva a los miembros del consejo de vigilancia.

Los miembros del Comisariado Ejidal, con frecuencia expiden constancias de posesión de tierras de uso común, generando en muchos casos incertidumbre en la tenencia de la tierra, ya que dolosamente esta figura ha sido implementada para poder adquirir tierras indirectamente para algún o algunos miembros del comisariado e incluso para los del consejo de vigilancia.

Aunado a lo anterior, existen casos en donde un ejidatario o comunero no dejan lista de sucesión sobre sus parcelas o incluso de títulos sobre derechos comunes, esto trae como consecuencia que los comisariados designan a familiares para hacerse de ellos mediante la figura de cesión de derechos.

La complicidad del comisariado y del consejo de vigilancia hacen que en algunos casos exista inconformidad con los ejidatarios o comuneros. Si bien es cierto, pocas veces el abuso del cargo de representación es llevado a los Tribunales Agrarios, también es cierto que el problema es recurrente. No obstante lo anterior, los ejidatarios y comuneros   pocas veces cuentan con los recursos suficientes para iniciar un juicio ante dicho Tribunal.

Es importante señalar que existe el juicio agrario como medio de solución ante los tribunales, sin embargo puede llegar a presentarse un conflicto de intereses, ya que el comisariado-en casos especiales- se puede convertir al mismo tiempo en la parte demandada y actora, razón suficiente para que este tipo de conflictos se resuelvan de otra manera, es decir sin llegar a las instancias jurisdiccionales.
Adicionalmente vale la pena hacer mención sobre algunos supuestos donde el comisariado desvían derechos para sí y que afectan directamente a miembros del núcleo agrario, como lo establece el artículo 93 de la Ley Agraria, los ejidos y comunidades pueden ser sujetos de expropiación por alguna causa de utilidad pública, lo que trae consigo que el manejo de recursos derivado de las afectaciones de las tierras de uso común sean administrados por el comisariado ejidal., ya que de acuerdo al artículo 33 fracción I, tiene el poder general de administración, sin embargo, quien legalmente tiene la facultad de determinar el destino de esos recursos es la Asamblea General, pese a que la ley es clara, no siempre se actúa conforme a derecho.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el país se tienen cinco sectores en materia de infraestructura, como lo son: carretero, aeropuertos, ferroviarios, puertos y telecomunicaciones. Los de mayor importancia en cuanto a los montos de inversión es el sector carretero por tener el 66 por ciento del total del presupuesto destinado para este rubro y que de manera directa afecta la propiedad social. En el mismo sentido ocurre en materia de educativa cuando se afectan tierras para la construcción de escuelas; asimismo en materia de salud con la construcción de hospitales.

Otros casos donde los miembros del Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales adquieren derechos es en materia forestal, ya que, de acuerdo a datos de la Procuraduría Agraria, en la propiedad social existen grandes riquezas naturales, toda vez que en ella se encuentra el 80 por ciento de los bosques y selvas, el 74 por ciento de la biodiversidad y las dos terceras partes de los litorales del país. Es decir, los recursos forestales tienen una gran importancia económica derivado de los permisos de aprovechamiento forestal maderables; de acuerdo al artículo 74 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, es requisito que previo a la autorización exista acuerdo que contenga la participación y destino de los recursos maderables. En la práctica estos recursos normalmente los determina discrecionalmente el Comisariado beneficiándose directamente o a través de otra persona.

Pero lo mismo ocurre con los programas federales, estatales o municipales que tienen como objetivo impulsar las actividades económicas y productivas de los ejidatarios o comuneros dependiendo el caso. En caso de programas federales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  mantiene el mayor número de apoyos a través de sus programas y componentes que están regulados en las reglas de operación. Otras están en la Secretaria de Turismo y en la Secretaría de Economía independientemente de los instrumentos financieros que otorgan otras dependencias.

Por ello, propongo hacer una modificación al artículo 34, para incorporar la destitución temporal y definitiva para cualquier miembro del comisariado y del consejo de vigilancia su inhabilitación hasta por un tiempo de doce años como medida de prevención y castigo. Aunado se debe garantizar el derecho para que cualquier ejidatario o comunero tenga los medios idóneos y eficaces para defender las tierras o derechos comunes. Pero también le corresponde a la asamblea general conocer y determinar si procede o no la remoción, ya que de acuerdo al artículo 23, fracción III es la facultada para ello, sin embargo, el artículo 40 establece que la remoción de los miembros del comisariado y del consejo de vigilancia podrá ser acordada por el voto secreto en cualquier momento, pero no establece los supuestos, es así, que debe haber causales para que la Asamblea ejerza su facultad y considero oportuno que el adquirir tierras y/o derechos comunes mientras ejercen el cargo merece una sanción y que mejor que la remoción e inhabilitación para que ningún  miembro del comisariado y del Consejo de vigilancia vuelva a ocupar el cargo de algún  miembro del comisariado y/o del consejo de vigilancia.

Con la figura de inhabilitación, se pretende que el miembro del comisariado o del consejo de vigilancia, que se le haya demostrado que ha adquirido tierras o derechos vuelva a reincidir como medida preventiva.

De lo anterior, las acciones o actuaciones que le corresponda determinar la asamblea general deben sustentarse en un informe que se presentará hasta en un lapso de seis meses, que deberá realizar una Comisión de Investigación, integrada por un número no menor a cinco ni mayor a trece ejidatarios o comuneros, según sea el caso, la vigencia de la comisión será estará hasta el momento en que emita su informe. Para lograr los objetivos de la investigación, la comisión deberá apoyarse en la Procuraduría Agraria que deberá coadyuvar en la investigación apegándose a los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad y eficiencia, ya que de acuerdo al artículo 135 es un organismo encargada de la defensa de los derechos que les asienta a los sujetos y asuntos agrarios.

Como se ha descrito anteriormente, la figura del comisariado y del consejo son de suma importancia ya que en ellos recae la defensa de las tierras de uso común, de la administración de los recursos económicos ya sea por ingresos propios o por indemnización por causas de utilidad pública a reserva del destino que solo la asamblea puede designar. Desgraciadamente el actuar de algunos miembros deja mucho que desear.

Por las consideraciones expuestas, someto respetuosamente a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 34 Y 135 DE LA LEY AGRARIA.

Artículo Único.- Se adicionan tres párrafos al artículo 34 y se reforma el artículo 135, ambos de la Ley Agraria para quedar como sigue:

Artículo 34.- Los miembros del comisariado ejidal y del Consejo de Vigilancia que se encuentren en funciones, estarán incapacitados para adquirir tierras u otros derechos ejidales excepto por herencia.

Cuando los miembros del Comisariado y/o del Consejo de Vigilancia por sí, o a través de un tercero, adquieran tierras u otros derechos y se demuestre fehacientemente, serán sustituidos inmediatamente y de forma temporal por su suplente. La Asamblea General nombrará a una comisión de investigación que coadyuvará con la Procuraduría Agraria para determinar la responsabilidad. De ser positiva, el miembro será removido e inhabilitado para ocupar cualquier cargo del comisariado o del consejo de vigilancia hasta por doce años.

Cuando un ejidatario participe directamente estará impedido para ocupar algún cargo del comisariado o del consejo de vigilancia hasta por nueve años.

Las tierras o derechos serán reintegradas al núcleo agrario o a su titular.

Artículo 135.- La Procuraduría tiene funciones de servicio social y está encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas, apegándose a los principios de certeza, objetividad, imparcialidad y eficiencia, mediante la aplicación de las atribuciones que le confiere la presente ley y su reglamento correspondiente, cuando así se lo soliciten, o de oficio en los términos de esta ley.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de febrero de 2016.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Garza Galván. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 83 de la Ley General de Salud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En los últimos años, la Organización Mundial de la Salud ha venido alertando sobre el grave problema que estamos enfrentando en materia de ceguera y discapacidad visual.

Se calcula que en el mundo hay 285 millones de personas con este tipo de padecimientos, de los cuales el 10 por ciento son ciegas y alrededor del 90 por ciento tienen baja visión.

Ésta es una situación preocupante, si consideramos que el 90 por ciento de la discapacidad visual se concentra en la población con bajos ingresos y que 8 de cada 10 personas que padecen ceguera tienen en promedio más de 50 años.

Por lo anterior, en 2013 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el Plan de Acción para Prevenir la Ceguera y la Discapacidad Visual 2014-2019, estrategia que sirve como eje para los Estados miembros alcancen en 2019 una disminución del 25 por ciento en materia de discapacidad visual.

Las acciones contenidas en dicho Plan, están centradas en fortalecer las acciones para eliminar la ceguera evitable, priorizar la atención hacia las enfermedades oculares, ampliar los servicios oftalmológicos y expandir las intervenciones de rehabilitación para personas con discapacidad visual residual.

Lo anterior es prioridad tomando en cuenta que, de acuerdo con el INEGI, 1 de cada 2 personas requiere un servicio de optometría; el 100 por ciento de las personas mayores de 45 años requieren anteojos; y el 20 por ciento en edad escolar requieren lentes. En suma, la visual es la segunda discapacidad con mayor incidencia en nuestro país.

Bajo este escenario, presentamos esta iniciativa que tiene como objetivo adicionar el artículo 83 de la Ley General de Salud para que la Secretaría de Salud certifique y ponga a disposición del público en general el listado de establecimientos autorizados para elaborar, adecuar, procesar, comercializar y distribuir dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular.

En los últimos años se ha incrementado el número de dichos establecimientos, muy particularmente de las ópticas, llegando a calcularse su crecimiento en 1,600 por ciento, tan sólo en la Ciudad de México.

En opinión de distintos especialistas, los diagnósticos que en este tipo de lugares se realizan para prescribir determinada graduación focal, son insuficientes y únicamente de manera superficial. A esto debemos agregar que en la mayoría de centros comerciales es común encontrar los llamados lentes para vista cansada, con un número predeterminado de dioptrías y anti-reflejantes, que se venden sin un mayor conocimiento de la persona que pretende usarlos, sólo se deja llevar por la publicidad del producto, misma que por principio general no atiende a criterios de salud sino de comercialización.

En opinión de la Asociación Mexicana de Facultades, Colegios y Consejos de Optometría A. C. se trata de un negocio a la alza que requiere la intervención de autoridades para certificarlos y evitar un grave problema a la salud pública, considerando que un mal diagnóstico puede llegar a provocar mayores estragos en un paciente, tales como lagrimeo, cansancio, dolor de cabeza y hasta infecciones; situación que se agrava en el caso de lentes de contacto que pueden llegar a causar ceguera.

Es tiempo que las autoridades intervengan más a fondo en este problema, en 2010 la Comisión Federal para Prevención Contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, apenas emitió una prohibición para la venta de lentes de contacto en la vía pública; además la Secretaría de Salud ha reconocido que no lleva a cabo verificaciones a este tipo de establecimientos.

La vista es fundamental para el funcionamiento porque el 90 por ciento de la información que percibimos proviene de ella, en opinión de la Asociación Mexicana de Retina, nuestro país tiene una mezcla de enfermedades donde encontramos causantes de discapacidad visual relacionadas a la pobreza. Necesitamos emprender acciones para darle mayor importancia a las políticas públicas, destinado al cuidado de nuestra salud visual.

A estos problemas, debemos sumar que entre el 10 y 25 por ciento de la población mayor de 40 años vive con diabetes, enfermedad que afecta muy particularmente la visión a través de la retinopatía diabética, misma que llega a ser también efecto de la obesidad.

El Estado tiene que esforzarse para frenar la creciente carga de morbilidad derivada de enfermedades oculares crónicas, y los servicios locales de toda comunidad deben de estar preparados para identificar padecimientos de problemas como la retinopatía diabética, el glaucoma, la degeneración macular asociada a la edad y los errores refractivos.

Si no tomamos las medidas adecuadas para corregir estos problemas, de acuerdo con la ONU, en 2020 estos problemas pueden llegar a crecer exponencialmente.

Como dato adicional, visto desde nuestros estados, permítanme compartirles que en Tlaxcala 1 de cada 3 personas tiene alguna discapacidad visual severa, y de estas, 1 de cada 2 personas requiere anteojos, situación que nos coloca por encima de la media nacional.

Por ello, me parece importante que desde esta Cámara llevemos propuestas para mejorar esa situación. Es necesario hacer conciencia sobre el derecho a la visión que tenemos todos los ciudadanos y de la importancia que tiene una revisión ocular periódica por parte de un profesionista.

Hay lugares que aceptan estas patologías asociadas a la visión como una condición normal de la vejez, sin llegar a darse cuenta de que en realidad es un problema y, en consecuencia, todo esto tiene una solución.

Es cuanto, señor Presidente.
Iniciativa

La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, estamos enfrentando un serio problema en materia de ceguera y discapacidad visual, en el mundo existen aproximadamente 285 millones de personas con este tipo de padecimientos, mismas que al menos 10 por ciento son ciegas y alrededor del 90 por ciento presentan baja visión.

Esta situación es aún más preocupante si consideramos que el 90 por ciento de la discapacidad visual se concentra en la población con bajos ingresos y 8 de cada 10 personas que padecen ceguera tienen en promedio más de 50 años.

Por lo anterior, en 2013, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el Plan de acción para prevenir la ceguera y la discapacidad visual, 2014-2019, estrategia que sirve como eje para que los Estados miembros alcancen una disminución notable del 25 por ciento en materia de discapacidad visual.

Las acciones contenidas en dicho Plan, están centradas en reforzar los esfuerzos para eliminar la ceguera evitable, priorizar la atención hacia las enfermedades oculares, ampliar los servicios oftalmológicos y expandir las intervenciones de rehabilitación para personas con discapacidad visual residual.

Lo anterior viene a ser prioritario para nuestro país tomando en cuenta que, de acuerdo con el INEGI, 1 de cada 2 personas requieren de un servicio de optometría; el 100 por ciento de las personas mayores de 45 años requieren anteojos; y el 20 por ciento de las y los mexicanos requiere lentes; en síntesis la visual es la segunda discapacidad en nuestro país.

Bajo este escenario presentamos esta Iniciativa, que tiene como objetivo adicionar el artículo 83 de la Ley General de Salud para que la Secretaría de Salud, certifique y ponga a disposición del público en general el listado de establecimientos autorizados para elaborar, adecuar, procesar, comercializar y distribuir dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular.

Además de la problemática ya señalada, la presente Iniciativa se origina en la preocupación que debemos tener por la salud visual de nuestra sociedad tomando en cuenta la facilidad con que se han incrementado el número de dichos establecimientos, muy particularmente las ópticas, en los últimos años, llegando a calcularse su crecimiento en un 1,600 por ciento tan solo en la Ciudad de México.

En opinión de distintos especialistas, los diagnósticos que se realizan para prescribir determinada graduación focal se hace de manera insuficiente, únicamente de manera superficial. A esto, debemos agregar que en la mayoría de centros comerciales es común encontrar los llamados “lentes para vista cansada”, con un número predeterminados de dioptrías y micas antireflejantes, que se venden sin un mayor conocimiento de la persona que pretende usarlos, solo se deja llevar por la publicidad del producto, misma que por principio general no atiende a criterios de salud sino de comercialización.

En opinión de la Asociación Mexicana de Facultades, Colegios y Consejos de Optometría A.C., se trata de un negocio a la alza que requiere la intervención de autoridades para certificarlos y evitar un grave problema a la salud pública, considerando que un mal diagnóstico puede llegar a provocar mayores estragos en un paciente, tales como lagrimeo, cansancio, dolor de cabeza y hasta infecciones; situación que se agrava en el caso de lentes de contacto que pueden llegar a causar ceguera.

Es tiempo que las autoridades intervengan en este problema, en 2010 la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, apenas emitió una prohibición para la venta de lentes de contacto en la vía pública; además la Secretaría de Salud ha reconocido que no lleva a cabo verificaciones a este tipo de establecimientos.

La vista es fundamental para nuestro funcionamiento porque el 90 por ciento de la información que percibimos proviene de ella, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Retina, nuestro país tiene una mezcla de enfermedades donde encontramos causantes de discapacidad visual relacionadas a la pobreza. Necesitamos emprender acciones para darle mayor importancia en las políticas públicas al cuidado de nuestra salud visual.

A estos problemas, debemos sumar que en nuestro país entre el 10 y 25 por ciento de la población mayor de 40 años vive con diabetes, enfermedad que afecta muy particularmente la visión a través de la retinopatía diabética; misma que llega a ser también efecto de la obesidad.

Debemos reconocer que en los últimos años hemos tenido importantes avances para atender estos padecimientos, pese a que continúan al alza, sin embargo debemos preparar medidas para incidir en los efectos colaterales que también traen consigo, muy particularmente la salud visual.

El Estado tiene que esforzarse para frenar la creciente carga de morbilidad derivada de enfermedades oculares crónicas, y los servicios locales de toda comunidad deben estar preparados para identificar padecimientos de problemas como la retinopatía diabética, el glaucoma, la degeneración macular asociada a la edad, y los errores refractivos.

Si no tomamos las medidas adecuadas para corregir estos problemas, de acuerdo con la ONU, en 2020 pueden llegar a crecer exponencialmente estos problemas, mismos que en una tercera parte serán personas completamente ciegas.

Hagamos conciencia sobre el derecho a la visión que tenemos todos los ciudadanos y la importancia que tiene una revisión ocular periódica por parte de un profesionista, no dejarlo al conocimiento empírico que puede haber en un local comercial; sabemos de casos donde hay lugares que aceptan las patologías asociadas a la visión como una condición “normal” de la vejez, sin llegar a darse cuenta de que en realidad es un problema y en consecuencia tiene una solución.

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS

TEXTO VIGENTE
LEY GENERAL DE SALUD

PROPUESTA DE ADICIÓN

Artículo 83.- Quienes ejerzan las actividades profesionales, técnicas y auxiliares y las especialidades médicas, deberán poner a la vista del público un anuncio que indique la institución que les expidió el Título, Diploma, número de su correspondiente cédula profesional y, en su caso, el Certificado de Especialidad vigente. Iguales menciones deberán consignarse en los documentos y papelería que utilicen en el ejercicio de tales actividades y en la publicidad que realicen al respecto.

Artículo 83.- Quienes ejerzan las actividades profesionales, técnicas y auxiliares y las especialidades médicas, deberán poner a la vista del público un anuncio que indique la institución que les expidió el Título, Diploma, número de su correspondiente cédula profesional y, en su caso, el Certificado de Especialidad vigente. Iguales menciones deberán consignarse en los documentos y papelería que utilicen en el ejercicio de tales actividades y en la publicidad que realicen al respecto.

La Secretaría, a través de sus delegaciones estatales, será responsable de certificar y poner a disposición del público en general el listado de establecimientos autorizados para elaborar, adecuar, procesar, comercializar y distribuir dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se ADICIONA el artículo 83, de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera:

Ley General de Salud

Artículo 83.- Quienes ejerzan las actividades profesionales, técnicas y auxiliares y las especialidades médicas, deberán poner a la vista del público un anuncio que indique la institución que les expidió el Título, Diploma, número de su correspondiente cédula profesional y, en su caso, el Certificado de Especialidad vigente. Iguales menciones deberán consignarse en los documentos y papelería que utilicen en el ejercicio de tales actividades y en la publicidad que realicen al respecto.

La Secretaría, a través de sus delegaciones estatales, será responsable de certificar y poner a disposición del público en general el listado de establecimientos autorizados para elaborar, adecuar, procesar, comercializar y distribuir dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 18 de febrero de 2016.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Se declara un receso para dar paso a la sesión solemne. Al terminar, reanudaremos el despacho de los asuntos que están incluidos en la agenda del día de hoy.

(Receso)





 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se reabre la sesión ordinaria de este día.

Informe la Secretaría las solicitudes de licencia que recibimos en esta Mesa Directiva.

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió una comunicación suscrita por la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 18 de febrero.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.

Único. Se concede licencia a la Senadora Blanca Alcalá Ruiz para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 18 de febrero de 2016.

Está a su consideración.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Blanca Alcalá Ruiz.

La Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, como ha sido dado a conocer, este día he presentado mi solicitud de licencia al cargo que venía desempeñando como Senadora de la República.

Como es del conocimiento de muchos de ustedes, he decidido tomar una de las decisiones más importantes de mi vida política, para participar como candidata a gobernadora por mi estado.

Agradecer a usted en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva, y a todos mis compañeras y compañeros, lo que me ha permitido estos años participar en el Senado de la República, sin duda una de las tribunas más importantes del país, y también pertenecer a una Legislatura en donde el debate y el diálogo nos han permitido construir muchas cosas en favor de México.

Expresar mi respeto a cada uno de los integrantes de esta Legislatura, de todas las fuerzas políticas y, por supuesto, reiterar mi compromiso como mexicana, como mujer y como política para lo que es mi país y por supuesto para lo que es mi estado.

De manera particular al líder de mi fracción, al Senador Emilio Gamboa Patrón, por todo lo que ha representado su liderazgo, pero también su acompañamiento en estos años de mi vida como Senadora mexicana.

Muchas gracias, líder; gracias a mis compañeras y compañeros. Y reitero nuevamente mi felicitación y mi agradecimiento a todos los Senadores de la República que conformen este cuerpo colegiado.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Alcalá Ruiz.

Sonido en el escaño del Senador Gerardo Flores Ramírez.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

A nombre del grupo parlamentario del Partido Verde, queremos hacer un reconocimiento a la Senadora Blanca Alcalá Ruiz por la espléndida labor como Senadora de la República.

Ella se destacó de manera señalada como Presidenta de la Comisión de Cultura, también abanderando muchos temas de carácter económico-financiero.

Estamos seguros que va a emprender un desafío que le va a representar oportunidades importantes y en lo cual el grupo parlamentario del Partido Verde le desea el mayor de los éxitos.

Por supuesto que la vamos a acompañar, la vamos a extrañar aquí, pero estamos seguros que a donde va, hará un mejor papel todavía del que ha hecho aquí en este Senado de la República.

Por mi parte es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Flores Ramírez.

Sonido en el escaño del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: (Desde su escaño) También, señor Presidente, señoras y señores legisladores, para expresar nuestro reconocimiento a la Senadora, y reconocer que como Presidenta de la Comisión de Cultura siempre tuvo una extraordinaria apertura al diálogo.

Quiero decir que para todos los trabajos, el 100 por ciento de los puntos planteados por mi fracción fueron atendidos. A lo mejor no coincidimos en todos, pero en todos dialogamos y en todos siempre hubo una respuesta atenta, oportuna y con un trato político y extraordinario.

Nuestro más sincero reconocimiento a su talento, capacidad y la mejor de las buenaventuras.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Fernández Fuentes.

Sonido en el escaño del Senador Rabindranath Salazar Solorio.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

De la misma manera, desearle el mayor de los éxitos a mi amiga la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, una mujer muy capaz, muy comprometida y que tuvimos el gusto de compartir en diversos eventos muchas experiencias, por lo cual sabemos de su calidad moral y de su profesionalismo.

El mejor de los éxitos, un gran abrazo y mucho éxito.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Salazar Solorio.

Sonido en el escaño de la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo.

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Decir que éste es un momento que esta Legislatura, que muchos compañeras y compañeros hemos apostado a favor de las mujeres, de las mujeres que no queremos espacios gratuitos, y creo que Blanca Alcalá es un gran ejemplo de trabajo, de constancia, con una sólida formación.

Ella es una mujer que lo mismo ve temas financieros que culturales; es una mujer que, desde el punto de visto de muchos sé que lo compartimos, tiene pies y cabeza; tiene una formación muy sólida, pero sabe también entregar resultados.

Eso es lo que necesita este país, eso es lo que le urge a Puebla, y Blanca te vamos a extrañar, pero sé que será para bien de tu estado.

¡Felicidades!

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Herrera Anzaldo.

Sonido en el escaño de la Senadora Mely Romero Celis.

La Senadora Mely Romero Celis: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo quiero también comentar, amiga Blanquita, que nos sentimos muy orgullosas de ti, las mujeres priístas sí, pero yo estoy segura las mujeres en general.

Eres una gran mujer, trabajadora, honesta, responsable que, trasciende en diversos temas, como lo decía la Senadora Ana Lilia Herrera, como Presidenta de la Comisión de Cultura, por supuesto, impulsaste muchas iniciativas importantes, pero además eventos relevantes que ponen en el centro de atención de los espacios políticos, el tema cultural, y eso, por supuesto que es benéfico para nuestro país.

Te hiciste responsable del Parlatino, que también llevaste a México en muy buen apreciación de muchos países. Te involucras en temas también de fiscalización de estados y municipios, de transparencia, de rendición de cuentas, de educación.

Eres una mujer íntegra, pero también una mujer integral, que puedes aportar muchísimo para tu estado, como lo has hecho aquí en el Senado de la República.

Yo estoy convencida que te va a ir muy bien, te vamos a ir a apoyar, tus amigas y amigos Senadores, porque sabemos que eres una mujer que, al igual que algunas otras, nos vas a abrir la puerta a muchas más.

¡Muchas felicidades!

Muchísimo éxito en todo lo que viene, cuenta con nosotros también. Dios te bendiga mucho.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Romero Celis.

Sonido en el escaño de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Compañera Blanca Alcalá Ruiz, es un honor que, como representante de las mujeres, la gran labor que has hecho, pero, sobre todo, el que vas a hacer en tu estado.

Te vimos como Presidenta del Parlatino, con mucha capacidad de diálogo con los países hermanos de América Latina y estoy segura que esa tenacidad, persistencia, inteligencia y calidad moral que te caracterizan, las llevaras muy en alto en esta elección.

Estamos contigo amiga. Que Dios te bendiga y sabemos que te va a ir muy bien.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Hernández Lecona.

Sonido en el escaño de la Senadora Lucero Saldaña Pérez.

La Senadora María Lucero Saldaña Pérez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

A mi compañera de fórmula, mi paisana, mi amiga, mi alumna. Conozco a Blanca Alcalá Ruiz desde muy joven, conozco a su familia, y quiero decir a nombre de todo mi grupo también, que estamos muy orgullosos de ella, nos enorgullece que vaya a ser nuestra candidata en el estado de Puebla, un estado muy importante.

Quiero decirte Blanquita que reconozco tu gran esfuerzo, tu tenacidad, tu capacidad, tu talento, tu espíritu de guerrera y que, seguramente, regresaras como gobernadora de Puebla.

Nos sentimos muy confiados de tener a una mujer que también esto, como decían mis compañeras, viene a reforzar a muchas tantas luchas de las mujeres.

Queremos decirte que vamos a estar contigo y reiteramos que en todo cuentas con nosotros, y personalmente cuentas conmigo. Te queremos.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Saldaña Pérez.

Sonido en escaño de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Para nosotros es un honor que Blanca Alcalá vaya a competir por un estado como Puebla, pero ya ha demostrado en el pasado de qué está hecha y hoy lo va a confirmar.

Estamos muy orgullosas de su tarea legislativa, como persona, como madre de familia, una gente serena, sería, muy responsable, que nada antes ni después, es en este momento.

Te va a ir muy bien Blanca, vamos a estar contigo, las mujeres estamos orgullosas de tu participación y lo vas a hacer muy bien.

Me encanta verte emocionada, la verdad, porque más allá de cualquier comentario es rigidez o de imitar la parte masculina, sigue siendo una gran mujer, una mujer con alma femenina muy importante que eso me hace sentirme más orgullosa de ti.

¡Dios te bendiga mucho, te queremos!

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Sonido en el escaño de la Senadora María Elena Barrera Tapia:

La Senadora María Elena Barrera Tapia: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Pues sumarme a este gran reconocimiento a la Senadora Blanca Alcalá. Cuando se siembra se cosecha, y Puebla va a ganar y va a tener una gran gobernadora, una mujer sensible, una mujer que trabaja, que conoce a su gente, que conoce los retos, pero sobre todo, que va con todo. Que va con el corazón, con el conocimiento y con todas las familias. Estoy cierta, le darán la confianza a la mujer que ama a su tierra, que se ha entregado a su tierra y que es un orgullo para todas las mujeres mexicanas.

¡Enhorabuena, Blanca Alcalá!

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Barrera Tapia.

Sonido en el escaño del Senador Miguel Ángel Chico Herrera.

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Estimada Blanquita, compañera de escaño por muchos meses, es un alto honor para todos los que somos compañeros saber que vas en pos de la gubernatura de Puebla, estoy seguro que vas a lograr ese cometido, porque lo mereces y Puebla merece una gobernadora como tú.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Chico Herrera.

Sonido en el escaño del Senador Emilio Gamboa Patrón.

El Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores: Hoy sin duda alguna, para mi fracción, para el Partido Revolucionario Institucional es un día en que se cruzan sentimientos, se cruzan sentimientos porque hoy pide licencia nuestra gran amiga Blanca Alcalá, porque va a contender por su estado, por el estado de Puebla, un estado sin duda alguna, un estado grande, un estado con un potencial económico importante.

Pero tenemos la certeza y la seguridad de que una mujer que vino al Senado de la República, y que pudo ella sola con el apoyo de sus compañeras, de todos los partidos. Y aquí quiero decirlo, ganarse la Presidencia del Parlatino, una institución importantísima en el mundo legislativo, que supo ganarse también el respeto de todas sus compañeras y compañeros del Senado; como Presidenta de Cultura, no hubo un acto importante de cultura en el Senado de la República donde Blanca no estuviera presente, no sólo en los hechos concretos de realizarlo, sino en sus palabras, en sus sentimientos y en su conocimiento del tema.

Sin duda alguna, como miembro de la Junta de Coordinación Política, donde somos ocho compañeras y compañeros Senadores, Blanca siempre participó con tino, con seriedad, con profesionalismo y con conocimiento.

Yo estoy convencido de que Blanca hará una campaña limpia, que como lo dice su nombre, es lo que transmite, blancura, limpieza y transparencia.
Yo estoy en este momento en una circunstancias difícil, porque sé que va a regresar al Senado, pero va a regresar al Senado a decirle a sus compañeros de todas sus bancadas, que es la nueva gobernadora del estado de Puebla.

¡Felicidades, Blanca!

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Gamboa Patrón. ¿Alguna otra intervención?

Sonido en el escaño del Senador Fernando Herrera Ávila.

El Senador Fernando Herrera Ávila: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Las Senadoras y Senadores del Partido Acción Nacional sabemos que la nobleza obliga. Nos sentimos comprometidos y obligados a hacer una reflexión sobre la forma en que hemos trabajado juntos a lo largo de todo este tiempo, la Senadora Blanca Alcalá hoy decide emprender un nuevo camino en su desarrollo personal y profesional, junto con ella han sido varios Senadoras y Senadores en el transcurso de este periodo los que han decidido emprender el mismo camino.

Nos hemos conducido a lo largo de estos, un poco más de tres años, Blanca, con respeto, con profesionalismo, con trabajo, tienes una victoria que ha aportado elementos importantes al desarrollo productivo y legislativo del Senado de la República.

Las y los Senadores de Acción Nacional, no tenemos más que agradecerte tu participación, tenemos la certeza de que pronto nos vamos a encontrar y apostamos a que sea la civilidad, la misma que hemos tenido en esta Cámara de Senadores, la que en otro escenario donde coincidamos, sea el que nos guíe para poder dirimir y contrastar nuestros diferentes puntos de vista sobre lo que debe ser un estado y sobre lo que debe ser el país.

Gracias por tu compañerismo.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Herrera Ávila.

Por no haber más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Solicito a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, se concede licencia a la Senadora Blanca Alcalá Ruiz para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 18 de febrero del año en curso.

Proceda la Secretaría con el siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió también una comunicación de la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir de este día 18 de febrero.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se concede licencia a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 18 de febrero de 2016.

Está a consideración el Acuerdo, y se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, desde su escaño.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Yo quisiera iniciar por hacer un reconocimiento al trabajo de mi compañera Blanca Alcalá Ruiz, deseándole éxito en esta contienda, es, como ya aquí lo manifestaron, una mujer que va a dar la pelea. Creo que más allá de afiliaciones partidistas, nos une a todos los Senadores el afecto, la amistad y el trabajo en favor de la República Mexicana.

Quiero agradecer a mis compañeros de la Mesa Directiva, a los compañeros de Apoyo Parlamentario, a todos los que tuvimos la oportunidad de compartir trabajo, a la Junta de Coordinación Política y a todos y cada uno de mis compañeros Senadoras y Senadores, igual que muchos o muchas he tomado la decisión de participar en la contienda electoral del próximo 5 de junio de este año, para participar en mi estado que es Tlaxcala.

Por lo tanto, agradezco a todos y cada uno de ustedes, las atenciones que tuvieron siempre para mí, con la generosidad de su amistad y gracias a todos.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Palafox Gutiérrez.

Está a su consideración.

Sonido en el escaño de la Senadora María Elena Barrera Tapia.

La Senadora María Elena Barrera Tapia: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Sólo para referirme, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la felicitación a una mujer guerrera, valiente, que hoy también estará participando y realizando una etapa de su vida pública muy importante y a la cual felicitamos, sabemos de su gran capacidad, de su entrega. Asimismo, de la pasión y del amor que le tiene a su tierra, que estoy cierta que será una contienda limpia y que sea lo mejor para nuestros hermanos y que gane México, y esto tiene mucho significado cuando se entrega lo mejor a nuestra tierra.

Muchas felicidades Marthita, que todo sea para bien.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Barrera Tapia.

Sonido en el escaño del Senador Arturo Zamora Jiménez.

El Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Quisiera expresar, a nombre de la Mesa Directiva, con la venia de todos mis compañeros, que hoy en la mañana sesionamos, para expresar nuestra gratitud a una gran compañera, Martha Palafox, a una mujer que tiene una experiencia con una sensibilidad como ser humano, con una sensibilidad para generar los acuerdos y los consensos para darle orden y desarrollo a cada una de las sesiones de esta Cámara de Senadores, y decirles a todos mis compañeros, que seguramente compartimos un sentimiento, el sentimiento de que se va a emprender también un camino al cual tiene todo el derecho de realizar.

Y que por lo que corresponde a nosotros, también referir y dejar claro que Martha Palafox durante todo este tiempo en el ejercicio, en su participación como Senadora y en su participación con su grupo parlamentario, pero también en la Mesa Directiva, ha entendido claramente cuál es el significado de los acuerdos, los consensos y siempre propiciando que haya una participación plural de todos los grupos en el Senado de la República.

Nosotros la vamos a extrañar. Un día dijo que iba a extrañar la Zamora-señal. Pues hoy le digo que vamos a extrañar la productividad, la honestidad y también muchos valores en el ámbito de Marthita Palafox. Vamos a extrañarla mucho Martha Palafox y esperamos que sea para bien.

¡Felicidades Marthita!

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Zamora Jiménez.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores San Román.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para desearle a Marthita mucho éxito, lo mejor para ella.

Vamos a extrañar su solidaridad y su compañerismo, siempre cálido. Te abrazamos Marthita.

Gracias, señor Presidente.

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Sansores San Román.

Sonido en el escaño de la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo.

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

En la enorme oportunidad que tuve de ser parte de la Mesa Directiva, tuve la fortuna de conocer a Martha Palafox, de conocerla en el día a día, en las decisiones, y reconocerle, hoy Martha, que la fuerza, las convicciones que te caracterizan tienen una enorme virtud que es la congruencia.

¡Mucho éxito!

Mi reconocimiento siempre a tu trabajo, a tu tesón y que sigas luchando por esas convicciones.

¡Felicidades!

Gracias, señor Presidente.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Herrera Anzaldo.

Sonido en el escaño de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Solamente decirle a Martha Palafox, la Martha del Corazón Rojo. Tenemos mucho tiempo que la hemos tratado, una gran mujer y que siempre se pone retos importantes, y este reto también lo es.

¡Te queremos, Martha! Nunca se te olvide que tu Corazón es Rojo.

¡Dios te Bendiga!

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

¿Alguna otra intervención?

El Senador Ernesto Gándara Camou: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Ernesto Gándara Camou.

El Senador Ernesto Gándara Camou: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para unirme al reconocimiento de bellas y grandes compañeras, mujeres Senadoras: Martha Palafox, Blanca Alcalá, de diferentes partidos, de un gran cuerpo y una gran familia colegiada que es este Senado.

Compañeras que han demostrado su calidad y su calidez humana y, desde luego, su trabajo profesional a favor de los estados que representan.

Hoy la vida le da a las dos una gran oportunidad, y desde luego que se lo merece.

Mis respetos, mi reconocimiento, mi orgullo de ser amigo y compañero de Blanca y de Marthita, y mi deseo de que en esta etapa de sus vidas les vaya muy, pero muy bien.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Gándara Camou.

¿Alguna otra intervención?

El Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Emilio Gamboa Patrón.

El Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, señor Presidente.

Quiero dejar testimonio, que ya lo hubo de mi grupo parlamentario del PRI hacia Martha Palafox.

Una mujer, que estos tres años y medio nos ha acompañado a todos los grupos, como Secretaria de la Mesa Directiva, siempre en cumplimiento de su deber, siempre respetando la investidura que representa ser el privilegio de ser miembro de la Mesa Directiva de este Senado de la República.

Yo tengo el privilegio de conocer a Martha hace mucho tiempo. Sé de su capacidad, sé de su integridad y sé, sin duda alguna, que irá a Tlaxcala a buscar la gubernatura.

La vamos a extrañar, vamos a extrañar a esa Secretaria que obedecía con todo respeto su par, aunque sea el Presidente de la Mesa Directiva, somos pares, Senadoras y Senadores, a que se parara y leyera cualquier punto que usted le indicara.

Yo no tengo duda de que el ex presidente de la Mesa Directiva, Cordero, y el ex presidente Cervantes, también sintieron, como usted lo debe haber sentido, un apoyo institucional al Senado de la República de esta gran mujer, que es mi amiga, con mucho orgullo y que deseo, de verdad, que hagas una gran campaña de civilidad, una campaña limpia, fresca, y te deseo suerte.

¡Gracias, Marthita!

Gracias, señor Presidente.

El Senador Fernando Herrera Ávila: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Gamboa Patrón.

Sonido en el escaño del Senador Fernando Herrera Ávila.

El Senador Fernando Herrera Ávila: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Senadora Martha Palafox: Hoy has tomado la decisión de regresar a tu estado a asumir una gran responsabilidad. Vas al terreno que conoces perfectamente, a conquistar ciudadanos, a llevar una propuesta, a llevar un mensaje de esperanza, de ilusión para la gente de tu tierra.

Vas a una contienda donde van a participar, al parecer puras mujeres, una por el PRD, una por el PAN, tú, por tu partido. Tres grandes mujeres que van a participar. Estoy seguro que habrán de hacer una contienda de altura.

La civilidad con la que se manejaron aquí garantiza que allá habrá concordia en el proceso electoral.

Y lo que nosotros queremos desearte, de todo corazón, Senadora Palafox, las Senadoras y los Senadores de Acción Nacional, es que encuentres un camino venturoso, que encuentres una cálida recepción y que la gente en tu tierra te dé lo que te mereces.

¡Suerte!

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Herrera Ávila.

No hay más oradores inscritos, con lo cual solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo que ha sido presentado.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, se concede licencia a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del día de hoy 18 de febrero.





 

Compañeros Senadores, les informo que recibimos en esta Mesa Directiva una comunicación del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que comunica que el Senador Tereso Medina Ramírez, suplente del Senador Braulio Fernández Aguirre, se incorpora a las actividades legislativas a partir de esta fecha.



El Senador Tereso Medina Ramírez ya rindió protesta de ley el 24 de septiembre de 2015, a propósito de una licencia previa concedida al Senador Braulio Fernández.

A nombre de la Mesa Directiva le damos la bienvenida al Senador Tereso Medina Ramírez, por su regreso a esta Asamblea.

Comuníquese a las Secretarías Generales su reincorporación a los trabajos de la Asamblea.

Honorable Asamblea, ruego a todos su atención.





 

MESA DIRECTIVA

Esta Mesa Directiva suscribió un Acuerdo en relación con la conmemoración del “Día del Ejército Mexicano”, al cual daré lectura.



Ruego a todos ponerse de pie.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias.





 

Les informo que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo por el que se proponen los lineamientos y políticas del Programa de Reorganización Administrativa, previsto en el Artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que fue propuesto por la Junta de Coordinación Política.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión el Acuerdo. Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría de la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo que ha sido presentado.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse el Acuerdo referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.





 

Hago de su conocimiento que la Mesa Directiva suscribió otro Acuerdo, por el que se establece que la papelería oficial del Senado de la República contendrá la frase “Año del Centenario de la Constitución”.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. El Acuerdo está a discusión. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo que ha sido presentado a este Pleno.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Senado.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes del Colegio de Imagen Pública de la Ciudad de México, invitados por el Senador Emilio Gamboa Patrón. Agradecemos su visita y presencia en este Senado de la República.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Esta Mesa Directiva también da la más cordial bienvenida a estudiantes de las universidades públicas y privadas del estado de Puebla, invitados por la Senadora Blanca Alcalá Ruiz. Agradecemos de forma sincera su visita y presencia en este Senado de la República.

¡Sean bienvenidos!





 

En otro apartado de la agenda, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.

Pasamos a la discusión de cuatro dictámenes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, que contienen puntos de Acuerdo.

Todos los puntos de Acuerdo están publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura a los dictámenes, señor Presidente.





 

Por el que se exhorta a reformar las acciones para prevenir, atender y sancionar el abuso sexual infantil.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se exhorta a fortalecer las medidas y perfeccionar los mecanismos para la garantía de derechos de la niñez y adolescencia.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se exhorta a diversos congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a reformar sus códigos civiles y demás disposiciones aplicables, a fin de elevar la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)







 

Y por el que se exhorta a fomentar campañas de información para sensibilizar a la sociedad sobre el abuso infantil.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. En consecuencia, están a discusión. Para presentar los dictámenes, tiene el uso de la tribuna la Senadora Martha Elena García Gómez.

La Senadora Martha Elena García Gómez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

A nombre de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, vengo a fundamentar cuatro dictámenes en sentido positivo de proposiciones con punto de Acuerdo, por lo tanto, señor Presidente, le suplico me dé un poquito más de tiempo.

En dos de los dictámenes abordan el tema del abuso infantil. Uno exhorta a las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal a reforzar las acciones para prevenir, atender y sancionar el abuso sexual infantil, así como cualquier forma de maltrato contra niñas, niños y adolescentes.

En el otro se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, en coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia, para que en uso de sus facultades fomenten campañas de información para sensibilizar a la sociedad sobre el abuso infantil.

Esta comisión dictaminadora consideró que este asunto reviste importancia para el Poder Legislativo, ya que la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes abonó ampliamente en la protección integral de los derechos de la niñez.

Diversas fuentes muestran la magnitud y la gravedad de los delitos que se cometen en contra de la niñez, dada su condición de personas en desarrollo, y denotan la insuficiencia de recursos para combatirlo, ya que de acuerdo con el informe anual 2014 de UNICEF, en México aproximadamente uno por ciento de los recursos identificados en el presupuesto por la infancia, se dedican a protección contra la violencia, abuso y explotación.

Es por ello que en el marco del orden jurídico nacional y los tratados internacionales, el combate del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes no admite omisiones por parte de las autoridades facultadas para ello, ni la complacencia de la sociedad, pues se trata de una práctica de carácter delictivo que afecta física y psicológicamente a víctimas y familiares y nos agravia a todos como ciudadanos; y estoy seguro que todas y todos los presentes coinciden con nosotros.

La siguiente proposición con punto de Acuerdo exhorta a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a reformar sus códigos civiles a fin de elevar la edad mínima para contraer matrimonio, sin ninguna excepción, atendiendo con ello una observación del Comité de los Derechos del Niño.

La comisión considera éste un tema prioritario, pues la unión y el matrimonio temprano, como lo sustentan los proponentes, tienen como causas la discriminación basada en el género, trayendo como consecuencias la deserción escolar, embarazos prematuros, mortalidad materna, prevalencia de la pobreza, reducción de las oportunidades de desarrollo, así como posibles daños físicos y emocionales.

Al respecto, esta comisión dictaminadora resalta el acompañamiento que hemos tenido con ONU Mujeres en la campaña “De la A a la Z, México sin unión temprana y matrimonio de niñas en la ley y en la práctica”, con la intención de sensibilizar y promover la eliminación de esta práctica en todos los ámbitos, ya sea con medidas legislativas, en los medios de comunicación, en las acciones de las autoridades, los organismos civiles y la ciudadanía en general.

En esta campaña se señala que el matrimonio de niñas y las uniones tempranas constituyen una violación a sus derechos humanos y son consideradas por la ONU como prácticas nocivas que afectan gravemente su vida, salud, educación y su integridad; impacta su desarrollo futuro y el de sus familias e incrementa también la discriminación y la violencia contra ellas.

Finalmente, vengo a fundamentar la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas a que en el proceso de armonización y materialización de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se fortalezcan las medidas y se perfeccionen los mecanismos para la garantía de los derechos de la niñez y de la adolescencia, con la finalidad de cumplir cabalmente y potenciar los alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Esta comisión observó que con la aprobación el pasado 13 de diciembre de 2015 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, se completó el marco normativo de 32 leyes estatales que garantizan la protección integral de sus derechos, lo que representa el proceso de armonización más rápido en la historia legislativa de México.

Con estas acciones de corte legislativo, con paso firme, se ha dado un avance real en la ejecución del mandato sustentado en bases constitucionales y en los tratados internacionales en la materia, firmados y ratificados por el Estado mexicano.

Tengamos presente que la misma ley general fijó explícitamente los plazos para el diseño y formulación de una política nacional, de programas, de objetivos, de metas y de acciones, así como la creación y adecuación de las instancias e instituciones encargadas de coordinar, ejecutar, vigilar o evaluar su aplicación.

En consecuencia, resulta viable que esta Soberanía, respetuosa del pacto federal, exhorte a las entidades federativas a fin de que en los procesos de adecuación legislativa y administrativa en que están inmersos actualmente, resuelvan en beneficio de la niñez y adolescencia de México, su reglamento, así como la adopción de todas aquellas acciones y mecanismos que garantice sus derechos.

En ese sentido, la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, suscribe cabalmente las propuestas planteadas en las proposiciones con punto de Acuerdo enunciadas.

Por ello, pido su voto a favor de los dictámenes que ponemos a su consideración.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, Senadora García Gómez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, para referirse a todos los dictámenes que se estarán votando en unos momentos.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Por supuesto que estamos de acuerdo con los puntos que aquí se están planteando y felicitamos a la comisión y a su presidenta por poner el dedo en la llaga en temas que son de altísima relevancia para el desarrollo del país y para el desarrollo del capital más importante que tiene un país que son sus niñas, sus niños y sus adolescentes.

El tema que tiene que ver con el abuso sexual, hay que revisar las causas. México desafortunadamente es un país de pobres, si revisamos el último dato de la CEPAL, que dio en el mes de diciembre.

La CEPAL dice que de 117 millones que habitamos este país, 62 millones tienen algún tipo de pobreza, 30 millones están en pobreza alimentaria y de esos el 30 por ciento son niños. Es decir, tenemos con pobreza alimentaria entre 9 y 10 millones de nuestros infantes. Ellos hacen cuando mucho una comida al día, ahí está el caldo de cultivo para el tema del abuso sexual contra nuestros infantes.
El remedio por supuesto que es la educación, pero mientras no corrijamos este asunto de la pobreza, con una facilidad increíble el hambre doblega al más pintado. Los pederastas, los que disfrutan al tener relaciones con niños, los compran con mucha facilidad.

Y por más esfuerzos que haga la familia por fortalecer la parte moral, ésta queda totalmente en estado de indefensión frente a este problema que tenemos que recalcarlo, que es uno de los problemas más graves y que son el origen del abuso infantil.

Como educador de nivel secundaria técnica, les puedo decir que la mayoría de los abusos sexuales que se dieron fuera de la escuela son producto de la venta de los o de las adolescentes a los que abusan sexualmente de ellas.

Por eso, cuando hemos discutido el tema educativo, hemos sido insistentes que la única forma de derrotar este tipo de lacras, es revisar a profundidad el modelo educativo de México y que revisemos si el modelo educativo nacional está incorporando los temas que nosotros incorporamos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Es difícil y más cuando no hay difusión de la ley, que los niños conozcan cuáles son sus derechos.

Si se los damos ya de manera cotidiana en las clases desde preescolar, primaria y secundaria, seguramente vacunaremos a nuestros niños y los haremos inmunes al problema del maltrato, al problema del abuso, al problema de las situaciones que los lastima.

Por eso ahora que el Secretario de Educación ha señalado que va a ver la oportunidad de revisar el modelo educativo nacional, le hemos insistido que esta revisión no puede dejar afuera a la junta de sabio, como señalaba don José María Morelos y Pavón, todas las leyes y revisiones que se tengan que hacer para beneficiar a la sociedad, necesariamente tienen que pasar por una junta de sabios.

Y la junta de sabios, ¿quiénes la integran? Los maestros que integran el sistema educativo nacional.

Desde aquí hacemos un atento llamado al Secretario de Educación para que en esta revisión del modelo educativo, la junta de sabios sea llamada y podamos platicar con ellos estos temas que preocupan tanto al Senado de la República.

El propio Papa Francisco, ahora que hizo su visita a México, señala que la pobreza es el caldo de cultivo del abuso infantil. Señala también que la lucha contra la pobreza es la prioridad de su papado. Señala también que los gobiernos se concentran en escándalos e ignoran a los pobres, si estamos hablando que tenemos 10 millones de nuestros infantes que comen cuando mucho una vez al día, es más importante la fuga del El Chapo que atender el problema de los niños que no comen y que, en consecuencia, para comer tienen que venderse al mejor postor.

Y por último, de las declaraciones que hace el Papa, dice: “México es una tierra de oportunidad donde no haya necesidad de la desesperación y la pobreza de muchos, el optimismo de pocos”.

Compañeras y compañeros Senadores: requerimos fortalecer el sistema educativo, requerimos fortalecer el sistema judicial y requerimos que tanto el sistema educativo como el sistema judicial en México sean fortalecidos con presupuesto. Mientras no incorporemos presupuesto para el sistema educativo nacional y para el sistema judicial, difícilmente tendremos éxito en la lucha en defensa de las niñas, niños y adolescentes de México.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, Senador Demédicis Hidalgo.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Sonia Rocha Acosta, para referirse a todos los dictámenes, al igual que lo hicieron quienes le antecedieron en el uso de la palabra.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Con el permiso de la Mesa.

Lo que se le dé a los niños, los niños lo darán a la sociedad.

Compañeros legisladores: Hoy me permito referirme a los cuatro dictámenes de la comisión de mi compañera, la Senadora Martha, porque tenemos un compromiso con niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

Nuestro compromiso, más que nunca lo tenemos con niñas, niños y adolescentes a los cuales les debemos un entorno con protección a sus derechos y a un ambiente saludable en el cual se puedan desenvolver, perfeccionando los mecanismos para garantizar los derechos de las niñas y adolescencia mexicana, con la finalidad de cumplir cabalmente y potenciar los alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Actualmente se han presentado muchas violaciones a dichos derechos de los niños, y es verdad y muy preocupante, ya que nuestros niños y adolescentes no son sólo nuestro futuro, sino también nuestro presente.

Me permito mencionar algunas cifras que, lamentablemente, son muy graves, podemos decir que hay mucho más de 112 mil violaciones al año para niñas, niños y adolescentes. Esta cifra la tomamos con base en los estudios de inseguridad que indican que por cada delito denunciado hay 8 que no se revelan, y más allá de los abusos sexuales que, por supuesto ya aquí comentaron, y psicológicas, a los que hoy día enfrenta nuestra niñez, debemos concentrarnos en tratar de preservar su edad, su juventud y su inocencia.

Es así también que al sensibilizar a toda la población tendremos a una sociedad comprometida por nuestros pequeños, dando a conocer el alcance real de los derechos de la infancia para poder defenderlos.

Otro punto que hay que abordar es el de incrementar la edad mínima para poder contraer matrimonio, pues el matrimonio infantil, que se define como un matrimonio formal o unión informal antes de los 18 años, es una realidad para los niños y las niñas, aunque a las niñas les afecta de manera más desmedida, se les ha calificado como una violación a los derechos humanos, porque repercute en el goce de prerrogativas fundamentales de las niñas y adolescentes como el derecho a la vida, la dignidad personal, la salud, la integridad física, la educación, la protección contra situaciones que pongan en riesgo su desarrollo físico y emocional.

Y es que a una edad tan corta se corre el riesgo de que las decisiones no sean las correctas, o incluso, dicha decisión no sea por coacción hacia los menores que aún no tienen la suficiente madurez que sea para poder contraer matrimonio y menos aún, para poder ser padres o madres de familia, lo cual traerá, en muchos casos, como consecuencia, y esta consecuencia hoy la vivimos en muchas familias, una familia disfuncional, donde se vuelvan a repetir los mismos ciclos que estas y estos jóvenes vieron en su vida.

Por lo anterior, me congratulo, me da mucho gusto y los exhorto y les pido que consideren los cuatro presentes dictámenes en discusión y votación y recordando siempre que nuestra niñez y adolescencia es lo más valioso que tiene nuestro país.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, Senadora Rocha Acosta.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Marco Antonio Olvera Acevedo, para hablar sobre el dictamen en torno al abuso sexual infantil, que forma parte de este paquete de dictámenes que habremos de votar en unos momentos más.

El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: Gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el INEGI, en nuestro país vivimos alrededor de 119 millones de personas, de las cuales, 40 millones son menores de 18 años, prácticamente uno de cada tres mexicanos.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos informó en 2015, lamentablemente, que México ocupó el primer lugar entre los países integrantes de la organización en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años.

Los derechos de la infancia están plenamente estipulados en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada como Tratado Internacional de Derechos Humanos el 20 de noviembre de 1989.

A lo largo de sus 54 artículos, la Convención reconoce que los niños, seres humanos menores de 18 años, son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones.

México forma parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es uno de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos más ratificados en el mundo.

Los Estados Parte estamos obligados a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño, protegerlo de toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.

Específicamente existe el compromiso de proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales, tomando todas las medidas que sean necesarias, ya sean de carácter nacional, bilateral o incluso multilateral.

En México tenemos importantes avances legislativos en la materia, que incluso ha reconocido la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Menciono dos:

La inclusión y reconocimiento del principio del interés superior del niño en el artículo 4o. constitucional, con lo que reafirmamos nuestro compromiso con la promoción, observancia y protección de los derechos humanos.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes cuya finalidad es garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de los menores, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales.

La nueva legislación establece la creación de un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y distribuye competencias y bases de coordinación entre la Federación, entidades y municipios, Poderes Legislativo, Judicial y órganos autónomos.

Compañeras y compañeros legisladores: En el Senado de la República, y particularmente en el grupo parlamentario del PRI, siempre hemos tomado como un compromiso permanente, trabajar y legislar por los derechos de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, por su integridad, por su educación y por su desarrollo pleno.

La misma responsabilidad, interés y compromiso que observamos hoy, en otros poderes y órdenes de gobierno, por lo que creemos firmemente que hemos avanzado como Estado para afrontar este gran reto, pero necesitamos ser más contundentes.

Por lo tanto, nos manifestamos a favor de este punto de Acuerdo, y agradecemos la suma de los demás grupos parlamentarios con el objetivo de que todas las autoridades, sean del ámbito Ejecutivo, Legislativo o Judicial, refuercen acciones para prevenir, atender y sancionar el abuso sexual infantil, así como cualquier forma de maltrato contra niñas, niños y adolescentes.

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes son nuestro presente y significan nuestro futuro. Tenemos que cuidarlos, quererlos y proyectarlos como seres humanos felices, íntegros y productivos. Nuestro país se los agradecerá.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, señor Senador.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, para hablar sobre el dictamen que exhorta a fortalecer las medidas y perfeccionar los mecanismos para la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Hablar de los niños, niñas y adolescentes es el más sublime de los sentimientos de la esperanza, es medular dentro de la agenda nacional e internacional, así lo demuestran diversos instrumentos jurídicos entre los que destaca la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, ratificada por México en 1990.

Ante este reto se han impulsado múltiples acciones encaminadas a proteger y promover los derechos fundamentales de este sector de la población.

Sobre el particular, uno de los principales esfuerzos es el relativo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ordenamiento jurídico en el que reafirmamos nuestro compromiso por garantizar a los menores el goce y ejercicio de sus derechos básicos como son: el derecho a vivir en familia, a la alimentación sana y nutritiva, a la salud, a la educación, al vestido, a la vivienda, al respeto, a la identidad y nacionalidad.

La ley significa un cambio de paradigma en todo el país, al pasar de un enfoque asistencialista a uno garantista en favor de la niñez y la adolescencia, dotando de facultades y señalando obligaciones a los tres órdenes de gobierno.

Si bien es cierto que la armonización estatal respecto a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ha sido el proceso más rápido en la historia legislativa de México, resulta de vital importancia que la materialización se garantice al máximo cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Para ponderar la trascendencia del asunto, no podemos omitir que la Convención es el ordenamiento más ratificado en la historia mundial, y hasta el día de hoy, el que más protege y garantiza un disfrute óptimo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Dicho instrumento jurídico es el texto internacional más completo que existe en cuanto a la protección de los derechos de la niñez.
Entre las aportaciones más importantes de la Convención está la concerniente al interés superior del menor, principio que en México se encuentra consagrado en el artículo 4o. de nuestra Constitución Federal.

Compañeras y compañeros: En el grupo parlamentario del PRI estamos a favor del pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. La salvaguarda de su integridad, desarrollo y bienestar constituye una tarea fundamental y permanente del Senado mexicano, responsabilidad en la cual en el Senado de la República no podemos ser omisos.

Por ello, es primordial que en el proceso de armonización y materialización de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las entidades federativas fortalezcan las medidas y perfeccionen los mecanismos para las garantías de los derechos de la niñez y de la adolescencia, lo anterior con el objetivo de cumplir cabalmente y potenciar los alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En consecuencia, los legisladores del PRI reiteramos nuestro voto a favor y hacemos el llamado para que se pronuncien en el mismo sentido.

Es cuanto, compañeros.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Lisbeth Hernández.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Mely Romero Celis, para hablar sobre el dictamen relativo al abuso infantil.

La Senadora Mely Romero Celis: Gracias, señor Presidente.

Me permito expresar una opinión en torno a todo lo que estamos dictaminando el día de hoy, con el fin de cuidar, proteger y garantizar, sobre todo, los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

En particular, el abuso es un acto inadmisible en cualquier sociedad, atenta contra la integridad, la convivencia, pero sobre todo, atenta contra los derechos humanos de las víctimas.

Esta problemática del abuso en las diferentes vertientes que pueden existir, resulta más grave cuando se trata de los menores de edad y afecta, por supuesto, su vida cotidiana.

El maltrato infantil contempla desde el abuso físico y psicológico, hasta la desatención, la negligencia, la explotación comercial que pueden causar un daño a la salud, al desarrollo o dignidad del niño, incluso, ponen en peligro su vida.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, existen 21.6 millones de niños, niñas entre cero y 14 años en nuestro país, esto es, aproximadamente el 18 por ciento de la población total en México.

Estudios recientes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia revelan algunos datos para México que a todas luces resultan preocupantes: 62 por ciento de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento de su vida; 6 de cada 10 niños que podemos conocer o con los que podemos establecer contacto, han sufrido maltrato; 10 por ciento de los estudiantes han padecido algún tipo de agresión física en la escuela; y 5.5 por ciento ha sido víctima de violencia sexual; 16 por ciento también ha sufrido violencia emocional en algún sentido, no física, pero sí emocional.

Esto, evidentemente, tiene consecuencias para ellos como niños, pero también, posteriormente, cuando llegan a ser adultos.

Se trata de un problema público que afecta no solamente a estos niños y niñas, sino también a los padres y a la sociedad en general, contribuye a problemas tan graves como la deserción escolar, la desintegración familiar y está vinculada, por supuesto, al consumo de drogas, alcohol, a las adicciones y a la violencia en general.

En este contexto el gobierno federal ha implementado diversas estrategias y acciones para su atención.

El programa sectorial de la Secretaría de Salud 2013-2018 contempla realizar campañas y acciones para difundir entre las familias las consecuencias del maltrato y la violencia familiar y, además, busca que haya difusión de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con líneas de acción con perspectiva de género.

En este marco es muy importante destacar también que con la expedición de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se tiene como objetivo fundamental garantizar, proteger y promover sus derechos humanos.

No obstante, reconocemos que aún persisten retos formidables que debemos de atender de manera prioritaria, ya que las niñas y niños mexicanos representan el futuro de nuestro país, son ellos quienes van a conducir a esta gran nación.

Tenemos que coadyuvar al cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para lo cual es indispensable fortalecer las campañas de sensibilización a toda la sociedad sobre las consecuencias del abuso infantil. Campañas que deben ser impulsadas y respaldadas por autoridades de todos los órdenes de gobierno, de manera coordinada, por supuesto, con organizaciones de la sociedad civil, porque la información es fundamental, necesitamos sensibilizar a través de la información.

En tal virtud, nos sumamos, por supuesto, al exhorto respetuoso del Senado a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que fomenten campañas de información para sensibilizar a la sociedad sobre el abuso infantil, sobre sus consecuencias, lamentables, también.

Además, también buscamos hacer un exhorto respetuoso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que considere un aumento en los recursos al sector de desarrollo social con el fin de garantizar los derechos de niñas y niños.

En el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de la necesidad de fortalecer las políticas públicas tendientes a salvaguardar los derechos y el desarrollo mismo de las niñas y niños mexicanos, por lo que seguiremos apoyando las medidas impulsadas desde el gobierno federal y con la participación de la sociedad en general, promoviendo siempre las iniciativas que contribuyan a este propósito fundamental.

Dada la trascendencia de esta proposición, votaremos a favor.

Gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, distinguida Senadora Romero Celis.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, para referirse al dictamen en torno a la edad mínima para contraer matrimonio. Bienvenida.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su permiso, señor Presidente. Con su venia, Senador coordinador, Emilio Gamboa. Compañeras y compañeros:

El dictamen que hoy sometemos a su consideración es de gran relevancia, porque visibiliza las distintas violaciones a los derechos humanos relacionados con el matrimonio infantil. Práctica que resulta incompatible y contraria a los esfuerzos que desde esta Soberanía se han impulsado para garantizar el interés superior de las niñas y de los niños.

El matrimonio infantil lacera y limita el desarrollo de las niñas, porque pone en riesgo el acceso a su educación, además, representa un peligro para su salud en virtud de que los embarazos y partos a una edad temprana son de alto riesgo.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que el matrimonio no puede ser libre y completo cuando una de las partes involucradas no es suficientemente madura como para tomar una decisión con conocimiento de causa, sobre su pareja.

Para dimensionar la magnitud de esta problemática, basta mencionar que en el país 388,831 niños y niñas entre 12 y 17 años están casados o viven en unión libre; cifra que representa el 3 por ciento de la población infantil. De este grupo, cerca de 31,558 niñas y niños tienen entre 12 y 14 años.

En el Senado de la República compartimos la preocupación del Comité de los Derechos del Niño, que ha señalado la alta prevalencia de matrimonios de niñas y niños, principalmente en los casos reportados sobre matrimonio forzoso que permanece en las comunidades indígenas.

En esta Soberanía no hemos sido omisos ante esta problemática, prueba de ello es el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que establece que en las leyes federales y en las entidades federativas se incluya como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años de edad.

No obstante, sólo los estados de Baja California Sur, Jalisco, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán han dado puntual cumplimiento a lo que señala el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En 16 entidades federativas se ha establecido la mayoría de edad como requisito para contraer matrimonio, sin embargo, hay excepciones, en 9 estados no se señala como edad mínima para el matrimonio a los 18 años, sino edades a partir de los 14 años o más.

Los datos son contundentes y ponen de manifiesto la gravedad de esta problemática que lacera principalmente los derechos de las niñas, pues mientras el porcentaje de hombres que se casan, siendo menores, es de 3.9 por ciento; el porcentaje de las mujeres es de poco más del 17 por ciento.

Compañeras y compañeros: Las y los legisladores del PRI condenamos enérgicamente el matrimonio infantil, un problema que afecta la vida, la salud, la educación y su integridad, situación en la cual debemos redoblar los esfuerzos institucionales que contribuyan a erradicar esta práctica.

Votaremos a favor del presente dictamen por el que se exhorta a los congresos locales, que todavía no legislan sobre la materia, para que en sus entidades se establezca como requisito para contraer matrimonio la mayoría de edad, aspecto que sin duda contribuirá a erradicar el matrimonio infantil.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora De la Torre Valdez.

Se insertan intervenciones del Senador Francisco Salvador López Brito, en relación con los cuatro dictámenes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervenciones. Con el permiso de la Presidencia.

(Sobre el dictamen referente a reforzar las acciones para prevenir, atender y sancionar el abuso sexual infantil)



(Sobre el dictamen referente a fortalecer las medidas y perfeccionen los mecanismos para la garantía de derechos de la niñez y adolescencia)



(Sobre el dictamen referente a elevar la edad mínima para contraer matrimonio)



(Sobre el dictamen referente a fomentar campañas de información para sensibilizar a la sociedad sobre el abuso infantil)



Pregunto a la Asamblea si hay algún otro orador en torno a éste o algún otro de los dictámenes.

No habiendo más oradores, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Con gusto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.
Pasamos a la discusión de cuatro dictámenes de la Comisión de Derechos Humanos, que contienen puntos de Acuerdo.

Todos los dictámenes están publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, en consecuencia, solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.





 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Doy cuenta con los dictámenes con punto de Acuerdo:

Por el que se solicita información sobre las acciones que se implementan en torno a una decisión del Comité Contra la Tortura de la ONU.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a informar sobre diversos temas en materia de derechos humanos y sobre las acciones emprendidas para revertir el recorte al presupuesto de la Iniciativa Mérida.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a informar el avance de una recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Quintana Roo.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)







 

Y en torno a las violaciones de los derechos humanos en los centros de privación de libertad.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Consulto a la Asamblea si alguien de los presentes desea intervenir en torno a estos dictámenes. No siendo así, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si los dictámenes son de aprobarse.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y de diversos Senadores de los grupos parlamentarios, para presentar un punto de Acuerdo por el que se invita a comparecer a la Procuradora General de la República.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La Senadora Marcela Torres Peimbert: Con su permiso, señor Presidente.

Una auténtica democracia se fundamenta en el respeto a las decisiones de las y los ciudadanos, así como en la equidad en la contienda de donde resultan electos los gobernantes.

La experiencia de distintos países demuestra que mientras haya una mayor intromisión del Estado en las elecciones, se inhibe la participación ciudadana. México es un ejemplo de ello.

Los índices más altos de abstencionismo en las elecciones tuvieron lugar en los años en los cuales el régimen tenía el control absoluto de los medios electorales. Por el contrario, los índices más altos de participación se registraron cuando los ciudadanos tuvieron la expectativa real de cambio en el gobierno.

La garantía de imparcialidad en la competencia política es uno de los valores primordiales para la democracia en el país. La abstención del uso de los recursos públicos para favorecer a los y las candidatas no es un gesto de condescendencia de parte del gobierno, sino una obligación que debe ser respetada en todo momento para garantizar que la voluntad popular sea el origen verdadero de las decisiones públicas.

Hoy quiero referirme a la FEPADE, la cual al hacerse pública la noticia respecto a la investigación que meses recientes llevara a cabo en contra de Arturo Escobar y Vega, ex vocero del Partido Verde Ecologista de México y ex Subsecretario de Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación, generó una reacción sorprendente de su partido político, el cual, no debemos olvidar, es aliado del actual gobierno.

Entre las medidas tomadas se presentó no sólo una denuncia penal, sino que también se dieron innumerables declaraciones en contra de la credibilidad del fiscal, las cuales colateralmente deslegitimaron a la Fiscalía misma, vulnerando la ya de por sí endeble confianza que tienen las y los mexicanos en sus instituciones.

La amenaza latente de la denuncia presentada en contra del fiscal especial de la FEPADE ante la Procuraduría General de la República, así como el súbito freno a la investigación que se llevaba a cabo en contra de Escobar y Vega, son señales inequívocas que desde el gobierno se quiere obstaculizar el trabajo indispensable de la Fiscalía en perseguir a los delincuentes electorales para que éstos sean sancionados.

Más allá de los ataques personales al fiscal especializado, lo que subyace en esta actitud antidemocrática es un intento por debilitar las instituciones que buscan prevenir y combatir los delitos electorales.

Este embate se vuelve todavía más preocupante y de suma relevancia cuando tenemos la renovación de 12 gubernaturas, congresos locales y diversas alcaldías.

Si bien es cierto existió control parlamentario para garantizar la imparcialidad de la FEPADE, pues el nombramiento del fiscal, derivado de un artículo transitorio de la reforma constitucional a la Procuraduría que realizó por única ocasión en esta institución senatorial, aún no se aprueba la Ley de la Fiscalía General de la República, la cual debe establecer las bases de organización, recursos y competencias de la FEPADE.

Ante esta omisión legislativa, compete a la Procuradora establecer la organización y el funcionamiento de la FEPADE, esto es, depende de ella su eficacia.

Para las y los Senadores promoventes resulta necesario conocer cuáles son las unidades administrativas competentes y, sobre todo, los recursos materiales y humanos con que cuenta hoy la FEPADE para el eficaz ejercicio de sus funciones, así como las medidas institucionales que va a implementar la Procuraduría General de la República con el fin de garantizar su independencia, dotarla de mayor funcionalidad y eficacia frente a las elecciones de 2016.

Es imprescindible que la FEPADE cuente con las más amplias facultades, instrumentos jurídicos de vanguardia y absoluta autonomía para garantizar que las y los ciudadanos que cometan un delito electoral, no gocen de impunidad.

Es una situación inconcebible e intolerable, pues nos remite a los más oscuros tiempos del autoritarismo, donde las instituciones gubernamentales eran utilizadas para imponer a un candidato.

Hoy, por ello, Senadoras y Senadores de oposición, queremos invitar a comparecer ante la Comisión de Justicia de esta Cámara del Honorable Congreso de la Unión, a la maestra Arely Gómez González, Procuradora General de la República, con la finalidad de que ilustre al seno de la misma respecto a lo siguiente:

Primero.

¿Qué unidades administrativas componen hoy día a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, cuál es su competencia específica y cuántos agentes de investigación se encuentran permanentemente adscritos a la misma para el eficaz ejercicio de sus funciones?

Segundo:

¿Qué diseño institucional de ese órgano persecutor se está planteando para dotarle de mayor funcionalidad y eficacia, de frente a las elecciones del 2016, con el fin de evitar que ésta sea utilizada con fines partidistas o políticos?

Tercero.

¿Qué medidas se están tomando para evitar la alteración de documentos contenidos en investigaciones a cargo de la Procuraduría General de la República, así como su filtración a medios de información con el fin de perjudicar a candidatos para las elecciones de 2016?

Cuarto.

¿Qué medidas de fortalecimiento institucional se están llevando a cabo para evitar que la Procuraduría General de la República sea utilizada como instrumento político para favorecer o perjudicar a candidatos en las elecciones a realizarse en el presente año?

¿Qué procedimientos sancionatorios se han iniciado por este motivo?

¿Cuántos de esos procedimientos han concluido con sanción y, en su caso, en qué han consistido esas sanciones?

Recordar que este punto de Acuerdo de urgente resolución, está firmado por la mayor parte de los Senadores del grupo parlamentario del PAN y del grupo parlamentario del PRD, así como del PT también.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo.



PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senadora Torres Peimbert. Como lo ha solicitado la proponente y conforme a lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a la Comisión de Justicia.

Sonido en el escaño del Senador Mayans Canabal, ¿con qué objeto?

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Señor Presidente, yo veo muy poquitos Senadores aquí, y los que levantamos la mano fueron los del PAN, PRD y PT.

Valdría la pena volver a contar bien.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Ya se votó, Senador. Ya fue una decisión tomada.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Sí, pero no se contó adecuadamente. Esa es mi apreciación, porque los que son Senadores son los que votan. Aquí vota el asistente, el sobrecargo y todo el mundo que quiere levantar la mano.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Ya fue turnado el asunto.

Sonido en el escaño de la Senadora Torres Peimbert.

La Senadora Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño) Solicitar una rectificación de quórum, en el mismo sentido del Senador Mayans Canabal.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Fue votado el asunto y fue turnado ya, Senadora.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Arturo Zamora Jiménez.

Sonido en el escaño del Senador Larios Córdova.

El Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente, con respeto.

Independientemente del turno y el trámite que ha dado al punto de Acuerdo, hay una solicitud adicional de rectificación de quórum que no puede ser tramitada con el razonamiento de haber turnado ya el asunto anterior.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: ¿Están apoyando la solicitud?

Vamos a abrir el sistema electrónico hasta por cinco minutos.

Vamos a dar paso a la participación del Senador Zamora Jiménez, mientras vamos rectificando el quórum.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a investigar, analizar e instrumentar una política de precios máximos a la tortilla.

El Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente.

El punto de Acuerdo que me trae a esta tribuna es de gran trascendencia, ya que se trata de proteger el ingreso y la alimentación de millones de mexicanos que en las últimas semanas se han visto fuertemente afectados por el incremento indiscriminado de uno de los productos de consumo básico en nuestro país, la tortilla.

De acuerdo con informes del INEGI, el gasto que representa la tortilla en las familias mexicanas es del 8.3 por encima del 5.4 y 5.3 que destinan a la leche, refrescos u otros productos.

Cifras del Coneval refieren que del 2000 al 2013, el precio del maíz en comparación con el de la leche osciló entre 1.5 a 3.2 por kilogramo de maíz, esto es 113 por ciento de incremento, 4.6 a 13.5 por kilogramo de tortilla, esto es el 193 por ciento de incremento.

Asimismo, reflejan que el consumo anual en los centros urbanos asciende a 56.7 kilogramos de tortillas per cápita y en el medio rural a 79.5 kilogramos, confirmando que este producto es la principal fuente calórica de alimentación de los mexicanos.

Actualmente el incremento en el costo de dicho alimento pretende justificarse por el alza del dólar. Sin embargo, la cosecha de maíz producto del ciclo primavera-verano de 2015, es la que hoy se encuentra en el mercado. Por lo que el costo de los insumos no fue impactado por el fenómeno monetario referido y no justifica de ninguna manera el incremento desproporcionado, ni la consecuencia de la afectación a la economía alimentaria de la mayor parte de la población mexicana.

La desproporcionalidad registrada en el ritmo de crecimiento de los precios del maíz y de la tortilla, hace presumir la presencia de factores en la cadena de valor maíz-tortilla, que inciden negativamente en la economía de la población al encarecer el producto.

En ese sentido, es esencial analizar las circunstancias que se presentan en torno a los insumos para la producción de la tortilla, los cuales son 50 por ciento de maíz en grano y 50 por ciento de harina de maíz industrializada.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, el primero de los insumos es proporcionado por las grandes comercializadoras del grano.

En cuanto al segundo, el 99 por ciento de la harina de maíz es industrializada por seis empresas de las cuales una de ellas es Maseca, que abarca el 70 por ciento de la producción.

Lo anterior evidencia un alto grado de concentración y dominancia, lo cual constituye la causa probable que ha originado que los márgenes de comercialización y de ganancias se tomen como excesivos, inaceptables por parte de la población.

Por otra parte, si se considera que los precios internacionales del maíz en Chicago hasta el pasado 15 de febrero, han registrado su nivel más bajo, cayendo por segunda semana consecutiva y manteniéndose a la baja, resulta inadmisible que en algunas localidades del país se incremente el precio de la tortilla, argumentando que es consecuencia de la importación del grano.

Al efecto, el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía, informa que los precios más elevados por kilo de tortilla se registran en Sonora de 19 a 24 pesos, Mexicali 17.57 pesos, Matamoros 16 pesos, Campeche 16.25 pesos, Piedras Negras 15 pesos y La Paz 15.25 pesos.

En ese contexto se evidencia una intermediación que provoca mayor volatilidad de los precios y que puede representar una ruptura de las metas inflacionarias establecidas por el Banco de México. Además de que pudieron anular los esfuerzos y recursos destinados a combatir el hambre y la pobreza.

Por tanto, es necesario recordar que el Constituyente fue determinante en este tipo de situaciones al mandatar en los párrafos segundo y tercero del artículo 28 que se castigaría severamente, y las autoridades perseguirían con eficacia toda acción que tenga por objeto el alza de los precios que impidan la libre competencia para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados. Y en general que constituya una ventaja exclusiva e indebida a favor de una o varias personas determinadas en perjuicio del público en general o de alguna clase social.

Por tales razones, presento a la Asamblea el presente punto de Acuerdo para que se haga un respetuoso exhorto a la Comisión Federal de Competencia Económica para que de manera expedita se investigue si los recientes incrementos en el precio de la tortilla están relacionados con la fijación indebida de precios o la restricción del abasto por los participantes de las cadenas productivas y comercializadoras del producto y se determine, en su caso, si existen condiciones de competencia efectiva en el abasto de la tortilla, en aras de que disminuya el precio actual y se fije un mínimo justo para la economía de las familias mexicanas.

Segundo.- A la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que se analice e instrumente una política de precios máximos a la tortilla en su carácter de bien de consumo popular, con base en criterios que evitan el incremento desmedido en el costo del insumo y el desabasto del mismo.

 Estimadas y estimados Senadores: Este punto de Acuerdo que pongo a su consideración tiene como finalidad, precisamente evitar que las alzas desmedidas en el precio del consumo de la tortilla beneficien a los grandes industrializadores en el sacrificio de la economía de la mayoría de los mexicanos.

Por esa razón, estimadas y estimados Senadores, solicito nos apoyen con esta propuesta que es en beneficio de toda la población mexicana.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo.



PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Zamora Jiménez. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria ordene el cierre del sistema electrónico de votación, en virtud de que hay quórum para continuar con la sesión.

Tal y como lo ha sido solicitado por el promovente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si la proposición presentada por el Senador Zamora Jiménez se considera de urgente resolución.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior punto de Acuerdo se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quien estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. Está a su consideración. En virtud de no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la proposición con punto de Acuerdo presentada por el Senador Arturo Zamora Jiménez.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a complementar el Acuerdo por el que se constituye la Comisión Especial para la Atención y el Seguimiento de la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso, señor Presidente.

La verdad es que hace rato se pidió la verificación del quórum porque estaban votando los asistentes, los asesores, habíamos cuatro Senadores aquí en el Pleno, y así se aprueban las cosas, o sea, ya tienen una carta poder para ejercer el voto de las Senadoras y Senadores de la República en este Pleno.

Así es que si no fueran los Senadores los que votaron, todo lo que se ha aprobado se debería bajar y volver a hacer el ejercicio con las Senadoras y Senadores, si no yo también a mi asistente le voy a firmar una carta poder para que venga aquí en mi representación y está uno en la hamaca rascándose la barriga, por no decir otra cosa.

Así también, esto que voy a presentar hoy, no espero nada de ello, a pesar de que las cosas están muy opacas, la verdad no creo que lo apoyen, pero vengo por el pueblo de México a exponerle lo siguiente:

En la sesión ordinaria del 11 de septiembre de 2014…

Ojalá allá en el fondo se escuche y se escuchara lejos, porque siempre que uno habla aquí hay mucho cuchi, cuchi y no se entiende nada, ni saben de qué habla uno aquí y nada más le habla uno a la cámara y a la pared.

Entonces decía que el 11 de septiembre de 2014, esta Cámara de Senadores aprobó un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política con el propósito de constituir la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Senador Hermosillo y Celada ha estado también insistiendo con el tema, pero igual, nada más son gritos al aire, ahí se queda todo.

El caso es que al día de hoy y después de haber transcurrido nada más y nada menos un año con cinco meses, así se las gasta el Senado de la República, han de estar muy ocupados en otros temas, pero en un año y cinco meses de vergüenza, dicho acuerdo con el que se constituye esta comisión especial no se ha dado cumplimiento debidamente, toda vez que la integración de la misma se ha realizado a cuenta gotas, con diferentes acuerdos que suman tan sólo las altas respectivas de cuatro Senadores, de los once que deben integrar esta comisión especial, que es de enorme trascendencia, compañeras y compañeros.

Que no se olvide que una de las razones para la que fue creada esta comisión fue la presentación de diversas proposiciones con puntos de Acuerdo orientada a la obtención de información sobre los procesos que conlleva una obra pública de la magnitud implicada en la construcción del Nuevo aeropuerto.

Hoy vemos con preocupación que no se encuentra plenamente integrada esta comisión para cumplir con sus cometidos, más aún cuando nos hemos informado por diversos medios de comunicación, que a finales del mes pasado, sindicatos nacionales y de la industria de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, denunciaron ante la Presidencia de la República y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, un eventual conflicto de intereses en la primera fase de los trabajos contratados y licitaciones para llevar a cabo las obras de excavación, velación, limpieza, acarreo de materiales y construcción en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que por cierto, será de los tres más grandes del mundo, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Además la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha dado a conocer a la opinión pública que este año se concursarán 10 paquetes de licitaciones, de los 21 contemplados. Este proyecto necesitará una inversión de 58 mil 380 millones de pesos, cualquier cosa para ustedes. Y principalmente que está en puerta el fallo del proceso de licitación para elaborar la estrategia global que debe seguir el Grupo Aeroportuario Internacional de la Ciudad de México para construir y operar este Nuevo aeropuerto.

En cuanto a las inversiones que se han programado para la construcción del mismo, les quiero recordar que de acuerdo al proyecto del Nuevo aeropuerto, se desprende que para la infraestructura aeroportuaria se destinarán 127 mil 400 millones de pesos; para diseño, ingeniería y gestión del proyecto 20 mil 500 millones de pesos; para obras hidráulicas, túneles y canales se destinarán 16 mil 400 millones de pesos, y para obras sociales de este Nuevo aeropuerto 4 mil 700 millones de pesos, cifras que dan un total de 169 mil millones de pesos, y el Senado de la República durmiendo en sus laureles, que no quieren que esto se esté investigando, que se le dé seguimiento, ¿Qué es lo que sucede?

Aquí el Senador Hermosillo y Celada sabe muy bien, ha estado muy atento y pendiente y ha estado comentando.

Compañeras y compañeros: Hay que considerar que 58 por ciento de estos recursos provendrán del Presupuesto de Egresos de la Federación y el 42 por ciento del crédito, con la banca privada. O sea, estamos hablando de una mega obra, tenemos año y medio a ver quiénes son los miembros de la comisión. ¡Ah!, pero cuándo hay comisiones de fiesta, que hay que ir a Xicoténcatl, ahí se anotan y sale rapidito el tema. Cuando hay que vigilar los recursos del pueblo de México, aquí se hacen de la vista gorda, o no les interesa, o hay complicidad, ¿o qué es lo que pasa, que no se entiende?

No son menores los recursos que se aplicarán para esta importante obra, para la cual el Senado de la República acordó crear una comisión especial para darle seguimiento. No podemos seguir pasivos como Senadores, mientras por un lado avanza el proceso de construcción de una de las obras de mayor impacto económico y social para el país, y por el otro, la comisión especial que fue creada sigue en la inoperatividad.

Por lo antes expuesto, pido a la Presidencia de la Mesa Directiva someta como de urgente resolución el siguiente, y las Cámaras y los medios de comunicación, a ver vamos a contar, quién cree que esto es urgente que se integre y quién se hace de la vista gorda ante el pueblo de México, porque aquí estas paredes ocultan muchas mañas.

Único.- Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para que en el ejercicio de sus atribuciones, provea las acciones necesarias para dar cumplimiento al Acuerdo por el que se constituye la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con el objeto de que se integre debidamente e inicie a la brevedad sus funciones, como el Senador Hermosillo y Celada lo ha estado diciendo.

Entonces, les pido a los medios de comunicación, a las Cámaras del Congreso, que ahora que se vote, que den una imagen ahí para que no digan que apoyan y en lo oscurito se hacen tontos.

Igualmente quiero aprovechar, y ya termino, señor Presidente, también tenemos un pendiente de la Junta de Coordinación Política aquí con nuestro amigo Senador Emilio Gamboa Patrón, que es el órgano colegiado en el que se impulsan los entendimientos y los acuerdos para que este Senado cumpla con sus facultades constitucionales.

También no podemos tolerar que se siga desdeñando por ese órgano parlamentario, la voluntad y las decisiones expresadas en las propuestas de acuerdos, quienes son turnadas, como la que presenté a finales de octubre de 2015, a nombre de 64 Senadoras y Senadores de la República, para citar a comparecer al Secretario de Comunicaciones y Transportes.

No es sensato que se sigan postergando asuntos, que se turnen a dichos órganos que son de la mayor incumbencia, como lo es el velar porque la Constitución Política se cumpla cabalmente, compañeras y compañeros, con relación a las funciones de control que esta Cámara alta tiene encomendada.

¡Ahí se los encargo! 64 firmas de Senadoras y Senadores.

Y también parece que el Senado nada más lo manejan, lo dirigen y lo ordenan 2 ó 3 Senadores. Entonces, que se quedara el Senado con 2 ó 3 personas, y los demás hay que despedirlos, incluyéndome a mí, porque es un gasto innecesario para el país, y las decisiones en este Senado la toman 2 ó 3 personas.

¡Muchas gracias!

Es cuanto.

Proposición con punto de Acuerdo.



El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Hermosillo y Celada.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Para unirme al punto que acaba de proponer el Senador Mayans Canabal.

Y también aclarar de que ya no va a costar 169 mil millones de pesos, sino que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México acaba de decir que el aeropuerto se elevó 18 por ciento, llegando a los 199 mil 134 millones de pesos.

Por otro lado, esta obra no se acaba este sexenio, sino continúa, y lo más seguro es que quieran que otro pague los platos rotos.

Hay situaciones muy difíciles en el país económicas, y hay soluciones diferentes para poder cubrir a la Ciudad de México del servicio necesario para que aterricen y eleven los aviones. Esto es muy delicado, y tenemos que ver la manera de que pronto se organice esta comisión. Ya no puede seguir en el limbo.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Hermosillo y Celada, entiendo que su intervención era para solicitarle al Senador Mayans Canabal su incorporación en el punto de Acuerdo.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Era para hacer esta aclaración.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se toma nota de la aclaración.

Le pregunto al Senador Mayans Canabal, si acepta la incorporación del Senador Hermosillo y Celada.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) ¡Claro que sí! Muchas gracias.

EL Senador Ernesto Ruffo Appel: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor  Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Para qué efecto, Senador Ruffo Appel?

El Senador Ernesto Ruffo Appel: (Desde su escaño) Para el mismo efecto, señor Presidente.

Y exhortarlo a que como Presidente de la Mesa Directiva pida que se constituya la Mesa Directiva de esta comisión especial, del que soy recién integrante.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: De acuerdo, Senador Ruffo Appel. Tomamos nota.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Para qué efecto, Senador Demédicis Hidalgo?

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Para incorporarme al punto de Acuerdo.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Para incorporarse al punto de Acuerdo, entonces, se toma nota.

El punto de Acuerdo se ha solicitado de urgente resolución, y así le voy a plantear el trámite.

Pero déjeme hacerle una reflexión, Senador Mayans Canabal.

Si el Pleno autoriza la urgente resolución y vota el fondo de la proposición, el efecto es el turno a la Junta de Coordinación Política.

Si no votamos, de cualquier manera el turno es a la Junta de Coordinación Política.

Le hago la pregunta únicamente en razón de que el punto de Acuerdo ha sido presentado para efectos de que la Junta de Coordinación Política resuelva la integración de las comisiones.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Mayans Canabal.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Primero, señor Presidente, le agradezco la atención.

Segundo. Le pido que la votación sea nominal.

Tercero. Pues yo le digo, que el efecto de esto es que no va a haber efecto. Pero bueno, de todas maneras hacemos el intento, ¿no?

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Lo respaldan 5 Senadores?

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) ¡Claro que sí!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación con respecto al trámite de urgente resolución.

Les recuerdo que para tal efecto se requiere mayoría calificada de dos tercios de los integrantes presentes. Si no se obtienen los dos tercios, de cualquier manera turnaremos su proposición con punto de Acuerdo a la Junta de Coordinación Política.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Mayans Canabal.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) La petición que le hice al Canal del Congreso es que esté atento al tablero y aquí al Pleno para ver quiénes votan a favor y quiénes se hacen guajes. Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Preciso que el único efecto de esta votación es determinar si se abre de inmediato a discusión, y si posteriormente se somete a votación en cuanto a los términos que han sido formulados en la propuesta.

Estamos resolviendo la urgente resolución, únicamente la urgente resolución.

Ruego a la asistencia técnica se acerque al escaño de la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, para resolver un problema técnico en el registro de su voto.

Dé cuenta la Secretaría con el resultado de la votación.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 41 votos en contra y 31 a favor.

Por tanto, no se considera de urgente resolución.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No se considera de urgente resolución. En consecuencia, túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Sonido en el escaño del Senador Mayans Canabal.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Nada más me gustaría que le explicaran al pueblo de México, los priístas, ¿qué significa el voto en contra de esta comisión del Aeropuerto Internacional?

¿Qué significa?

Que le digan al pueblo de México, qué significa que votaron en contra los del PRI.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Compañeros Senadores, recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo que suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifican las comisiones del Senado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda del día de hoy.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integre a los asuntos de hoy el Acuerdo referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, solicito a la Secretaría dé cuenta con el Acuerdo.





 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Doy lectura al Acuerdo:



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión el Acuerdo. Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Informo a la Asamblea que las iniciativas y proposiciones inscritas en el Orden del Día de hoy, se turnan directamente a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México, el turismo constituye un sector económico de mucha importancia debido a que aporta considerables ingresos por divisas, además de generar empleo directo e indirecto. Asimismo, el sector turístico es una actividad cuya importancia económica genera movilidad no sólo financiera, sino también social para el desarrollo de cualquier país.

Para ejemplificar, los prestadores de servicios buscan una mayor difusión y atención hacia los turistas, creando nuevos lugares turísticos y recreativos, lo que en consecuencia trae consigo que los gobiernos tengan la obligación de mejorar y rehabilitar diversas vías de comunicaciones y transportes, remodelar aeropuertos, actualizar los sistemas de telecomunicaciones, generar la apertura de créditos para nuevas infraestructuras de hotelería y prestación de servicios, abrir y remodelar centros de esparcimiento, diversión y espacios que el turista requiere para su estancia.

Además, mejora la imagen de una ciudad, una localidad y por consecuencia se crean las condiciones de vida y disfrute de quienes viajan y quienes reciben a los visitantes. De ese tamaño es la industria del turismo en el país y también el esfuerzo que realizan la sociedad, las empresas y el gobierno.

De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Turismo, al cierre de 2015 se tuvo un arribo de más de 31 millones de turistas internacionales, que se estima generaron una derrama económica de 17 mil 500 millones de dólares. Con lo anterior, se muestran los beneficios que el turismo aporta a la economía y al desarrollo del país.1

Por su ubicación, México cuenta con una gran riqueza de ambientes, fauna y flora, lo cual trae consigo turistas tanto nacionales como extranjeros. Sin embargo, México aún tiene grandes pendientes con la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos.

Para comenzar, las consecuencias del turismo son contradictorias debido a que, por un lado, trae repercusiones positivas, como creación de empleo, incremento de ingresos económicos para la población local, entre otros y; por otra parte, generalmente las consecuencias son negativas para el ambiente, pues incrementa el uso de suelo, agua, energía, destrucción de paisajes.

Lamentablemente en décadas anteriores los proyectos de desarrollo no tomaban en consideración las condiciones ecológicas de las zonas, y los daños ambientales que pudieran ocasionar al momento de su construcción y operación, sino prevaleció el capital económico sobre el natural.

De continuar así, las consecuencias ambientales serán graves para el país pero también, se afectará notablemente al turismo pues al no existir zonas turísticas que visitar no habrá paseantes y en consecuencia no habrá empleo ni mayores ingresos. Como lo reconoció en 2007 el Secretario General de la Organización Mundial del Turismo, “es cada vez más evidente que el turismo está siendo víctima, pero también contribuye al cambio climático y a la reducción de la biodiversidad”.2

Ante esta problemática, a nivel mundial surgió el turismo sustentable, el cual pretende combinar la relación entre el turismo y medio ambiente, garantizando la conservación del último.

El concepto de Desarrollo Sostenible fue introducido por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en el informe de Brundtland en 1987, definiéndolo como aquél “desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades propias”.

En este orden de días, según la Organización Mundial del Turismo, el turismo sostenible puede ser definido como:

“El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”.3

Asimismo, la OMT plantea que el turismo sostenible debe:

1) Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica.

2) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural.

3) Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes, unos beneficios socio-económicos bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la pobreza.

En este orden de ideas, diversos países han emprendido acciones a favor del Turismo Sustentable, para ejemplificar, en Chile se promueve la eficiencia de recursos y el desarrollo de las comunidades aledañas, son dos de las temáticas sustentables que llegaron a la industria con la idea de convertirse en indispensables a la hora de pensar en empresas turísticas, un tipo de compañía que hoy busca la armonía entre lo económico, social y medioambiental.

En México, aún queda mucho por hacer, pues el país carece de criterios sustentables para tener un turismo responsable. Lamentablemente, el sector turístico del país está orientado a la creación de desarrollos sin planeación, con metas a corto plazo y establecidas sólo para atraer la inversión extranjera, sin importar las consecuencias sobre el ambiente y la población.

Contrario al turismo sustentable implementado a nivel mundial, México tiene un turismo de masas, que crece aceleradamente, que termina con los ecosistemas y su valor, así como con la riqueza y bienestar de las comunidades.

Para ejemplificar, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que el desarrollo turístico inmobiliario en las costas (construcción de infraestructura básica, hoteles, condominios, campos de golf, marinas, obras complementarias, entre otros), ocasionan fuertes presiones ambientales a los ecosistemas costeros, los cuales son considerados frágiles (manglares, arrecifes, duna costera, marismas, etcétera), principalmente por la falta de una adecuada planeación y la inobservancia de la normatividad ambiental por parte de los inversionistas, ya que desarrollan sus proyectos turísticos sin contar con las autorizaciones federales ambientales (autorización de impacto ambiental y cambio de uso de suelo forestal) y patrimoniales (concesión, permiso o autorización). Los principales impactos ambientales negativos generados por el desarrollo de infraestructura turística son:4

1. Modificación y destrucción del hábitat de flora y fauna terrestre y acuática.

2. Cambios de uso de suelo forestal.

3. Generación de residuos peligrosos.

4. Contaminación de suelos y cuerpos de agua por emisiones líquidas (descargas de aguas residuales, aceites, lubricantes e hidrocarburos).

5. Introducción de especies exóticas.

6. Emisión de ruidos y vibraciones por el empleo de maquinaria pesada.

7. Alteración de dunas costeras.

8. Obstrucción de cuerpos de agua superficiales y subterráneos.

9. Remoción de vegetación de manglar por la apertura de caminos, zonas de tiro, bancos de explotación e instalación de campamentos y oficinas.

En el marco de dicha Carta y con el apoyo de diversos Ministerios del Medio ambiente a nivel internacional, se establecen 10 recomendaciones para un turismo sustentable en México y el mundo, dichas recomendaciones son:

1. Al planificar su viaje, elija aquellos proveedores que le ofrezcan garantías de calidad y de respeto a los derechos humanos y al medio ambiente.

2. Utilizar los recursos naturales, como el agua y la energía, con moderación.

3. Tratar de minimizar la generación de residuos.

4. Cuando tenga que deshacerse de un residuo, hágalo de la manera más limpia que le facilite su lugar de destino.

5. En un espacio natural procure que la única huella que deje atrás sea la de su    calzado.

6. Si visita ecosistemas sensibles, como arrecifes de coral o selvas, infórmese de cómo hacerlo para causar el menor impacto posible y no degradarlos.

7. Al comprar regalos y recuerdos busque productos que sean expresión de la         cultura local. Favorecerá la economía de los pueblos que le acogen y la diversidad cultural.

8. No adquiera flora y fauna protegida por el Convenio de Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), ni productos derivados de dichas especies. Es un delito y contribuye a su extinción.

9. En su destino disfrute conociendo la cultura, costumbres, gastronomía y tradiciones de las poblaciones locales. Respételas y acérquese a ellas, tienen mucho que contarle.

10. Trate de contribuir con su presencia al desarrollo de un turismo responsable y sostenible, construyendo con su viaje un planeta más saludable y solidario.

Lo anterior podría evitarse si el cuidado al ambiente no quedara en buenas intenciones, y se comenzara a trabajar en su beneficio; puesto que, la pérdida de la vegetación y disminución de biodiversidad, la extinción de especies de flora y fauna, los cambios climáticos y la creciente escasez de recursos vitales como el agua, se hizo cada vez más evidente en el país y en algunos casos, tiene que ver directamente con el turismo desmedido y sin planeación.

Si bien existen ordenamientos que regulan la construcción de infraestructura amigable con el medio ambiente, también es una realidad que estos se refieren directamente a una especie de “favor” a la biodiversidad y no como una obligación. Además en materia de sustentabilidad, la Ley de Turismo no establece expresamente como obligaciones lo establecido por la Organización Mundial del Turismo, en esa materia. Por lo que es necesario armonizar la ley con los ordenamientos internacionales.

En este orden de ideas se plantea modificar los requisitos del artículo 31 de la Ley General de Turismo referente a declaratoria de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, con el fin de que los gobiernos al buscar su declaratoria se comprometan a cumplir con criterios del turismo sustentable y no sólo referente al mejoramiento ambiental.

Lo anterior traerá consigo, gobiernos locales más comprometidos con la sustentabilidad, pero a su vez con el turismo y la población, logrando un equilibro turístico entre lo económico, ambiental y social.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO.

ÚNICO.- SE MODIFICA EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, para quedar como sigue:

Artículo 31.

...

Los Estados, Municipios y el Distrito Federal, podrán presentar ante la Secretaría, proyectos de declaratoria de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable cuando demuestren cumplir con los criterios de:

I. Reducir el consumo de energía e indicar las fuentes, además de adoptar medidas para disminuir el consumo total de energía y agua y fomentar el uso de la energía renovable.

II. Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.

III. Conservar los recursos naturales y culturales para su uso continuado en el futuro, y reportar beneficios;

IV. Manifestar por medio de estudios de impacto ambiental que el desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios problemas ambientales o socioculturales;

V. Mantener y mejorar la calidad ambiental.

VI. Demostrar que los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad.

El procedimiento para la emisión de la Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Sustentable, así como la clasificación de las mismas, deberá establecerse en el reglamento respectivo.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 31. Las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable podrán ser declaradas como tales por su desarrollo actual o potencial.

El Ejecutivo Federal, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán intervenir para impulsar la actividad turística en la Zona, fomentando la inversión, el empleo y el ordenamiento territorial, conservando sus recursos naturales en beneficio de la población.

Los Estados, Municipios y el Distrito Federal, podrán presentar ante la Secretaría, proyectos de declaratoria de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los requisitos y el procedimiento para la emisión de la Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Sustentable, así como la clasificación de las mismas, deberán establecerse en el reglamento respectivo.

Artículo 31. …

 

...

 

 

 

Los Estados, Municipios y el Distrito Federal, podrán presentar ante la Secretaría, proyectos de declaratoria de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable cuando demuestren cumplir con los criterios de:

VII. Reducir el consumo de energía e indicar las fuentes, además de adoptar medidas para disminuir el consumo total de energía y agua y fomentar el uso de la energía renovable.

VIII. Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.

IX. Conservar los recursos naturales y culturales para su uso continuado en el futuro, y reportar beneficios;

X. Manifestar por medio de estudios de impacto ambiental que el desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios problemas ambientales o socioculturales;

XI. Mantener y mejorar la calidad ambiental.

XII. Demostrar que los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad.

El procedimiento para la emisión de la Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Sustentable, así como la clasificación de las mismas, deberá establecerse en el reglamento respectivo.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de febrero de 2016.

1 “Recibe México en 2015 a más de 31 millones de turistas internacionales: Enrique de la Madrid”, Secretaría de Turismo [en línea]. Consultado el 7 de enero de 2016, disponible en.
http://www.gob.mx/sectur/prena/recibe-mexico-en-2015-a-mas-de-31-millones-de-turistas-internacionales-enrique-de-la-madrid

2 “Turismo sostenible” Programa en acción global. Un compromiso renovado por la Educación para la Sostenibilidad, [en línea]. Consultado el 7 de enero de 2016, disponible en. 
http://www.oei.es/decada/accion.php?accion=09

3 Desarrollo sostenible del turismo [en línea]. Consultado el 7 de enero de 2016, disponible en. 
Http://Sdt.Unwto.Org/Es/Content/Definicion

4 “Impactos de Desarrollos Turísticos” PROFEPA [en línea]. Consultado el 7 de enero de 2016, disponible en. 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/430/1/mx/impacto_de_desarrollos_turisticos.html





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Presentada por la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo)

La suscrita, Mónic Tzasna Arriola Gordillo Senadora de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; y 169, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa de reforma tiene como objetivo primordial, dar cumplimiento a uno a los objetivos, estrategias y compromisos que se especificaron en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 y que ha pocos meses de cumplir dos años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, no ha sido efectuado.

Como lo menciona el Programa, los derechos humanos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos, permiten que las personas diseñen y ejecuten un proyecto de vida digna. Son inherentes e inalienables y corresponden a todas las personas sin distinción de sexo, género, preferencias sexuales, edad, discapacidades y consecuencias de una discapacidad anterior o percepción de alguna discapacidad presente o pasada, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, estado civil, raza, color, idioma, linaje u origen nacional, social o étnico, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

El mismo programa dentro de su diagnóstico establece que el respeto de los derechos humanos es crucial en una democracia. Uno de los mayores retos está en acortar la distancia entre la aceptación discursiva y la implementación práctica de los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

Como sabemos, el programa tiene su origen en el compromiso contraído por México en ocasión de la Declaración y Programa de Acción de Viena sobre los Derechos Humanos de 1993. En el a se recomienda a los Estados que consideren la posibilidad de elaborar un plan de acción nacional en el que se determinen las medidas necesarias para que se mejore la promoción y protección de los derechos humanos5. Asimismo, con respecto a su contenido sustantivo, deriva de los múltiples tratados internacionales ratificados por México en la materia.

El Programa Nacional de Derechos Humanos se concibe como una herramienta fundamental, o el marco, para introducir, en el quehacer diario del Estado, la perspectiva de derechos humanos. Busca hacer evidente, hacia dentro y hacia fuera del país, que los derechos humanos están presentes en cada acción, en cada decisión, en cada priorización y que, por ello, deben constituir una referencia obligada para los poderes públicos.

Así también plantea establecer mecanismos que permitan asegurar, progresivamente, la vigencia de los derechos humanos.

Es por lo anterior, que ante la grave crisis de violación de los derechos humanos que se vive en nuestro país, sosegado por la inseguridad, la violencia y el delito, me parece primordial darle prioridad al cumplimiento de los mecanismos sociales mencionados en el programa, a efecto de encaminarnos hacia un verdadero estado de derecho.

Según lo establecido en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, en su numeral 1.5, titulado “Ineficiente coordinación y colaboración entre los actores involucrados en la política de Estado de Derechos Humanos, un factor que ha influido en que no se haya consolidado una efectiva política de Estado en materia de derechos humanos es la ineficiente coordinación y articulación del quehacer público, enfocado a dar cumplimiento a las obligaciones emanadas de fuentes nacionales e internacionales en la materia. Ello se debe en parte a la falta de mecanismos y acciones concretas con los distintos órdenes de gobierno, los Poderes de la Unión y los órganos autónomos.

Tampoco se ha logrado una interlocución efectiva con la sociedad civil ni un espacio fortalecido para lograr un mayor grado de entendimiento y mejorar la promoción y protección de los derechos humanos. No existen mecanismos eficientes que garanticen la participación de la sociedad civil en el diseño, homologación, implementación y evaluación de políticas públicas y muchas veces no cuentan con los medios necesarios para lograr una incidencia eficaz en las políticas públicas, por lo cual no se sienten representadas. Por ello, además, deben fomentarse fuentes de financiamiento para hacer posible dicha participación.

Además, la Comisión de Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos requiere ser fortalecida para lograr una coordinación eficiente entre las dependencias y entidades de la APF, así como mayor participación de la sociedad civil.

A nivel estatal y municipal no existen mecanismos coordinados que permitan impulsar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y hay un desfase entre las acciones que se realizan a nivel federal y estatal.

Por lo que se refiere a la APF, se han creado instituciones especializadas para la promoción y difusión de derechos humanos, así como para la atención de violaciones a los mismos. Además, existen organismos e instituciones federales dedicadas a la atención de derechos humanos, grupos o temas específicos.

La sola creación de estas instancias no ha sido suficiente, se requiere entre otras cosas, de coordinar acciones para prevenir violaciones, proteger y garantizar los derechos, así como transversalizar el enfoque de derechos humanos en la APF. Además, la CNDH señala que deben fortalecerse los procedimientos de selección de servidores públicos y capacitar a las autoridades federales y locales, por ejemplo, de seguridad pública.

Igualmente, la CoIDH en sus sentencias relativas a México estableció la necesidad de formación y capacitación permanente sobre investigación penal, tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada, perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales, superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros.

…el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, establece: "La política pública en materia de derechos humanos se llevó a cabo a partir de dos programas nacionales (2004-2006 y 2008-2012). Sin embargo, su ejecución resultó poco eficaz. Diversos factores pudiesen explicar este resultado, tales como la deficiente interlocución y articulación de esfuerzos; fallas en los mecanismos de seguimiento y evaluación; escasa participación efectiva con los Poderes de la Unión y las entidades federativas, lo que impidió que se generara una política integral de Estado y el alejamiento de la sociedad civil en su elaboración y ejecución."

En efecto, dichos programas presentaron grandes dificultades para su ejecución. Hubo un desfase entre los tiempos de la planeación nacional y el diseño e implementación de los Programas. El diseño del PNDH 2004-2006 se finalizó un año antes de terminar la administración respectiva. En cambio, si bien el PNDH 2008-2012 tuvo un margen de cuatro años para su ejecución a partir de su publicación, su diseño estaba desvinculado de los programas sectoriales y especiales.

Otra dificultad que se observó respecto al PNDH 2004-2006 fue la generalidad de las líneas de acción, el no señalar a la autoridad responsable de ejecutarlas y la omisión, o bien deficiencia, de metas e indicadores. En cuanto al PNDH 2008-2012, éste se concentró en acciones del Poder Ejecutivo y sus indicadores no correspondían con las estrategias y acciones diseñadas.

Los Programas operaron bajo un diseño institucional en el que sólo algunas de las dependencias y entidades de la APF contaban con áreas o equipos al interior para incorporar el enfoque de derechos humanos en su gestión institucional. Además, no se contó con un mecanismo adecuado de seguimiento y evaluación ni presupuesto etiquetado para la ejecución de las líneas de acción. Asimismo, no se establecieron suficientes mecanismos o rutas de implementación para dichas líneas de acción. El diseño y ejecución del Programa se hace cargo de los hallazgos de esta evaluación.

Además, una deficiencia de los programas anteriores de derechos humanos fue la falta de un mecanismo independiente para su evaluación y seguimiento. La ausencia de dicho mecanismo no permite tener una evaluación objetiva de sus alcances. Destaca la falta de recursos financieros, técnicos, de información y tecnológicos. Para fortalecer este mecanismo, hace falta que los órganos internos de control verifiquen que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente las que se desprenden de este Programa. “

Asimismo, en el objetivo 5 del Programa Nacional de Derechos Humanos, titulado “Generar una adecuada articulación de los actores involucrados en la política de Estado de derechos humanos”, se menciona que “una de las principales debilidades identificadas en la política de derechos humanos ha sido la falta de articulación de los actores responsables, tanto entre las autoridades como con la sociedad civil. En los últimos 15 años se han conformado espacios de acercamiento con sociedad civil para construir una agenda de derechos humanos, sin embargo, se requiere generar las condiciones que permitan ampliar y fortalecer su participación con mayor incidencia en las políticas públicas. Un aspecto fundamental de este proceso es su evaluación, por ello, se contempla crear un mecanismo independiente y participativo de seguimiento y evaluación del Programa Nacional de Derechos Humanos.

Una política de Estado de derechos humanos requiere, además, la articulación de todos los actores responsables para lograr una eficiente coordinación de acciones en la APF. Al mismo tiempo es necesaria la participación de los poderes de la Unión y de los órganos con autonomía constitucional, con los que debe establecerse una vinculación específica. La política de derechos humanos debe tener alcance nacional por lo que se contemplan mecanismos de vinculación y colaboración con los poderes de las entidades federativas y de los municipios.

Al interior de la APF es necesario fortalecer a la Red de enlaces creada para la elaboración de este Programa y reformar la Comisión de Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos. En colaboración con la Conferencia Nacional de Gobernadores y la Conferencia Nacional de Municipios de México, se buscará fortalecer la implementación del Programa y promover el desarrollo de políticas alineadas al mismo.”

Igualmente, en la estrategia 5.7, titulada “Establecer un mecanismo independiente para la evaluación y seguimiento del Programa Nacional de Derechos Humanos”, se delinean ciertas líneas de acción descritas a continuación:

“5.7.1. Sustentar el mecanismo de evaluación y seguimiento mediante recursos financieros, técnicos, de información y tecnológicos.

5.7.2. Retomar la información que generan las organizaciones civiles para dar seguimiento y evaluar este Programa.

5.7.3. Presentar informes públicos periódicos sobre los avances en la ejecución de este Programa.

5.7.4. Mantener una permanente actualización de este Programa a partir de la información derivada de los resultados de la evaluación.

5.7.5. Garantizar que los órganos internos de control observen que los servidores públicos cumplan con las acciones de este Programa.”

Sin embargo, después de expresar la vital importancia que existe entre la creación de un mecanismo independiente de seguimiento y evaluación del programa, y que incluso se menciona, ha sido la falta de éste un motivo clave para el fracaso de ciertos puntos en programas anteriores, la administración pública federal no ha cumplido con este importante compromiso.

Fundamentado en lo anterior es que surgió la motivación para realizar esta iniciativa de reforma, para crear un comité dentro de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se encargue, precisamente, de la realización de las estrategias y objetivos planteados en los puntos del Programa Nacional de Derechos Humanos mencionados anteriormente.

Me parece mencionar los criterios a partir de los cuales se contempló la estructura orgánica del comité independiente.

Dentro de su integración, observamos que se incluyen a los órganos internos de control de las dependencias federales y, el motivo de su inclusión, es de elemental importancia.

Estos órganos son los encargados de vigilar en tiempo real las acciones de las dependencias y su apego a las premisas constitucionales y legales, buscando proteger en todo momento la legalidad y el estado de derecho. Al mencionar esta atribución y obligación resulta obvio la importancia de su aportación en el seguimiento y evaluación del programa y las políticas de estado llevadas a cabo por la administración pública federal. 

La Secretaría de la Función Pública como podemos observar en el anexo 1. del PNDH, titulado “CORRESPONDENCIA DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA POR ESTRATEGIA”, forma parte elemental en la correspondencia por estrategia de las instituciones participantes en la ejecución del Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018.

Ya que el programa tiene un carácter transversal se hace mención específica atendiendo a la relevancia que tendrá su participación en estrategias determinadas.

Reiterando la fundamentación anterior, conforme a la estructura de la Administración Pública Federal, en México existen 214 OIC encargados de prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas. Estos órganos se encargan de ejecutar el sistema de control y evaluación gubernamental, es decir, controlar que los procesos y procedimientos que realizan los servidores públicos en las dependencias y entidades federales estén apegados a la legalidad y que coadyuven a los objetivos sustantivos de estas instituciones y, en caso de no ser así, son quienes poseen la autoridad para atender, tramitar y resolver las quejas o denuncias presentadas por la ciudadanía contra presuntas irregularidades administrativas cometidas por los servidores públicos, imponiendo las sanciones establecidas en la Ley.

Siguiendo con la integración orgánica del comité, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) representan el mandato de la comunidad internacional para promover y proteger todos los derechos humanos.

Es de fundamental valor que el alto comisionado para los derechos humanos, como principal funcionario de derechos humanos de las Naciones Unidas, se incluya dentro del seguimiento y evaluación del PNDH.

Las prioridades temáticas del ACNUDH nos muestran la invaluable aportación que generan al tema de derechos humanos:

- Fortalecer los mecanismos internacionales de derechos humanos;

- Fomentar la igualdad y luchar contra la discriminación;

- Combatir la impunidad y reforzar la rendición de cuentas y el Estado de derecho;

- Incorporar los derechos humanos a los planes de desarrollo y a la esfera económica;

- Ampliar el ámbito democrático y,

- Crear dispositivos de alerta temprana y protección de los derechos humanos en situaciones de conflicto, violencia e inseguridad.

Asimismo se encargan de apoyar la labor de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, tales como el Consejo de Derechos Humanos y los principales órganos creados en virtud de tratados establecidos para supervisar que los Estados Partes cumplan con los tratados internacionales de derechos humanos.

En otro apartado, la inclusión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como el organismo que tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, con competencia en todo el territorio nacional, para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos, presenta uno de los principales actores para el análisis, estudio, seguimiento y evaluación del cumplimiento, alcances y resultados del Programa Nacional de Derechos Humanos en el proyecto real de la vida de la sociedad.

La inserción de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, fija una nueva postura incomparable de trato directo y sensibilización de aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

Por último, las Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Académicas reflejan la efectiva interlocución con la sociedad que se ha ausentado en el pasado; Ahora con su participación directa, se fortalece un mayor grado de entendimiento y mejora en la promoción y protección de los derechos humanos, a través de la creación de un mecanismo eficiente que garantice la participación de la sociedad civil en el diseño, homologación, implementación y evaluación de políticas públicas y, que anteriormente, no contaban con los medios necesarios para lograr una incidencia eficaz en las políticas públicas, por lo cual no se sienten representadas.

Sólo así se logrará una coordinación y articulación del quehacer público, enfocada en dar cumplimiento a las obligaciones emanadas de fuentes nacionales e internacionales en la materia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 5 y se adiciona un Capítulo VI, a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 5o.- La Comisión Nacional se integrará con un Presidente, una Secretaría Ejecutiva, Visitadores Generales, un Comité Independiente de Seguimiento y Evaluación del Programa Nacional de Derechos Humanos, así como el número de visitadores adjuntos y personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones.

CAPITULO VI
DEL COMITÉ INDEPENDIENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Artículo 25. El Comité Independiente de Seguimiento y Evaluación del Programa Nacional de Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión, y tiene por objeto esencial el seguimiento, revisión, estudio y evaluación de los alcances y resultados del Programa Nacional de Derechos Humanos en la política de Estado para la protección, realización y exigibilidad de los derechos humanos en todo el territorio nacional.

Artículo 26.- El Comité Independiente de Seguimiento y Evaluación del Programa Nacional de Derechos Humanos se integrará de la siguiente manera:

I. Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

II. La Comisión Nacional de Derechos Humanos.

III. Los Organismos Internos de Control de las dependencias de la Administración Pública Federal.

IV. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

V. Las Organizaciones de la Sociedad Civil que realicen y cumplan con el proceso de Convocatoria

VI. Instituciones Académicas que realicen y cumplan con el proceso de Convocatoria.

Artículo 27. Para el cumplimiento de su objeto, el Comité  tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Presentar un Informe anual de Evaluación del Programa Nacional de Derechos Humanos, en donde evalúe el Programa y los alcances de éste en la política de Estado y su impacto real en la protección, realización y exigibilidad de los derechos humanos.

II. Emitir recomendaciones con base al informe, sobre los alcances de los contenidos del programa, identificando sus fortalezas y debilidades.

III. Formular proposiciones de acciones específicas con base al informe, para emparejar las políticas públicas con el Programa Nacional de Derechos Humanos, y mejorar las estrategias implementadas para el logro de los objetivos.

IV. Presentar un informe de las actividades del Comité.

Artículo 28. El Instituto Nacional de Desarrollo Social con base en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (RFOSC), emitirá, anualmente, una convocatoria para las Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Académicas interesadas en participar en la evaluación de los alcances y resultados del Programa Nacional de Derechos Humanos, bajo los lineamientos que al efecto expida esta dependencia.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El siguiente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de febrero de 2016.

Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y DE LA LEY AGRARIA

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El que suscribe, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución en la LXIII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 8 y 164 numerales del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley Agraria, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hablar del ejido en nuestro país de ninguna manera es cosa menor, ya que según el Censo Agropecuario 2007, en su apartado IX Censo Ejidal, realizado por el Instituto Nación de Geografía y Estadística, existen en toda la República Mexicana 31,514 ejidos y comunidades que abarcan una superficie total de 105’948,306.16 hectáreas. Esta cifra, en información proporcionada en el sitio electrónico de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano representa un 51% de las 196 millones de hectáreas de superficie del territorio nacional.

La misma dependencia federal señala que “la tierra que en México pertenece a las familias rurales de ejidos y comunidades es equivalente a todo el territorio de Venezuela, a 1.3 veces el de Chile, a 1.5 veces el de Francia, a dos veces el de España, a 10 veces el de Corea del Sur y a 47 veces el de El Salvador.”

De tal suerte, resulta evidente que el tema es de gran relevancia para todo el país debido a la magnitud que representa en términos sociales y económicos.

También, es conocido por todos, el proceso de transformación que ha sufrido el tema agrario. En este sentido, el cambio más importante que vivió el tema que nos ocupa se ubica con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de enero de 1992 las reformas al artículo 27 de la Carta Magna que devinieron en la promulgación de la Ley Agraria.

La Ley en mención el ejido es visto como una mera aglomeración de parcelas con el reconocimiento jurídico de poder circular en el comercio, asimismo estos cambios normativos pusieron fin al reparto agrario, deber del Estado de dotar gratuitamente de tierra al campesino que lo requiriera y de manera destacable se produjo la liberalización de la propiedad social.

Retomando la importancia cuantitativa del ejido a nivel nacional, mencionamos las tres modalidades de la tierra ejidal:

• Parceladas: superficie adjudicada en lo individual a los ejidatarios.

• Asentamientos humanos: áreas necesarias para el desarrollo de la vida comunitaria ejidal.

• Uso común: tierras que no han sido fraccionadas para uso individual.1

Una de las características principales del precepto de mérito y que contrasta de la idea plasmada en la norma derogada en 1992 en lo relativo al impedimento de poder enajenar, hipotecar, o verse afectadas por un proceso judicial, dado su carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles, la regulación vigente permite que este tipo de tierras puedan ser enajenadas por el ejidatario, dar en garantía de créditos el usufructo a terceros, así como la posibilidad de transmitir el uso o aprovechamiento hasta por treinta años mediante la consecución de cualquier tipo de contrato como el usufructo, medianería, arrendamiento o sociedad.

Lo anterior lo podemos constatar en los artículos 46, 79 y 80 de la Ley Agraria, que citamos a continuación:

Artículo 46.- El núcleo de población ejidal, por resolución de la asamblea, y los ejidatarios en lo individual podrán otorgar en garantía el usufructo de las tierras de uso común y de las tierras parceladas, respectivamente. Esta garantía sólo podrán otorgarla en favor de instituciones de crédito o de aquellas personas con las que tengan relaciones de asociación o comerciales.

En caso de incumplimiento de la obligación garantizada, el acreedor, por resolución del tribunal agrario, podrá hacer efectiva la garantía de las tierras hasta por el plazo pactado, a cuyo vencimiento volverá el usufructo al núcleo de población ejidal o al ejidatario según sea el caso.

Esta garantía deberá constituirse ante fedatario público e inscribirse en el Registro Agrario Nacional.

Artículo 79.- El ejidatario puede aprovechar su parcela directamente o conceder a otros ejidatarios o terceros su uso o usufructo, mediante aparcería, mediería, asociación, arrendamiento o cualquier otro acto jurídico no prohibido por la ley, sin necesidad de autorización de la asamblea o de cualquier autoridad. Asimismo podrá aportar sus derechos de usufructo a la formación de sociedades tanto mercantiles como civiles.

Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población.

En virtud de lo anterior, podemos suponer que el objetivo de este tipo de disposiciones es abrir el espacio a la privatización de las tierras ejidales.

Con lo expuesto en las líneas precedentes, buscamos enmarcar de manera general el impacto de la Ley Agraria al dar un giro total a la concepción del ejido en nuestro país a partir de la conclusión del reparto agrario.

En tal sentido daremos paso a la materia de esta iniciativa que pretende fortalecer la figura del ejido incorporándola directamente a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable a fin de facultarla para que su papel en los procesos de planeación del desarrollo rural tenga una mayor presencia, lo anterior con base en los siguientes elementos.

El artículo 25 de nuestro Mayor ordenamiento jurídico estipula:

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

El proceso de planeación del desarrollo que se plantea en la disposición en cita otorga un papel de importancia al sector social en correspondencia directa con la actividad económica, en tal sentido el párrafo séptimo del artículo citado señala:

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Podemos notar que el texto reconoce al ejido como una parte fundamental de la actividad económica del sector social, misma condición que no se cumple a cabalidad en las normas secundarias que reglamentan el texto constitucional.

Al respecto, el artículo 20 de la Ley de Planeación dispone lo siguiente:

En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas a que se refiere esta Ley.

Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales; y de otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular que al efecto se convocarán. Así mismo, participarán en los mismos foros los diputados y senadores del Congreso de la Unión.

Al mencionar que las organizaciones representativas de los campesinos y pueblos podemos suponer que se incluyó a los ejidos como una de estos grupos, pero al no ser determinante la interpretación da lugar, en la práctica, a limitar la participación en los procesos de planeación del desarrollo a estos grupos sociales, que sin lugar a dudas conforman un núcleo fundamental en lo referente al tema agrario y por ende, esencial en nuestra sociedad.

Por su parte, la Ley Agraria se refiere a este sector, en lo que se puede inferir, en los términos establecidos en el segundo párrafo del artículo 4º, que en lo conducente señala:

Las organizaciones de productores podrán elaborar propuestas de políticas de desarrollo y fomento al campo, las cuales serán concertadas con el Ejecutivo Federal para su aplicación.

Aunada a esta circunstancia, el artículo 8º de la Ley en cita determina que:

En los términos que establece la Ley de Planeación, el Ejecutivo Federal, con la participación de los productores y pobladores del campo a través de sus organizaciones representativas, formulará programas de mediano plazo y anuales en los que se fijarán las metas, los recursos y su distribución geográfica y por objetivos, las instituciones responsables y los plazos de ejecución, para el desarrollo integral del campo mexicano.

Del mismo modo que en la Ley de Planeación el precepto en materia agraria identifica como organizaciones representativas de los productores agropecuarios a los ejidos y sus integrantes.

La duda que comienza a persistir, se orienta en el hecho de que si la Ley Agraria reconoce al ejido como núcleo del sector social en el campo mexicano, esta figura con personalidad jurídica propia no se reconoce ampliamente en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable como un elemento significativo en los procesos de planeación del desarrollo en la materia. Incluso en ambos cuerpos normativos podemos observar, que el ejido es limitado a un papel de consulta, así como agentes propositivos y concertadores en la definición de los programas sociales.

Aunque, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable tutela en su artículo 2º los sujetos del ordenamiento, que para pronta referencia citamos a continuación:

Son sujetos de esta Ley los ejidos, comunidades y las organizaciones o asociaciones de carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de productores del medio rural, que se constituyan o estén constituidas de conformidad con las leyes vigentes y, en general, toda persona física o moral que, de manera individual o colectiva, realice preponderantemente actividades en el medio rural.

Sin embargo, este misma herramienta normativa cuando establece su proceso de planeación del desarrollo rural, y habiendo determinado que el núcleo del sector social compuesto por los ejidos son los sujetos del precepto, incorpora la figura del municipio como el eje fundamental para desarrollar los procesos de planeación del desarrollo rural, y le resta atribuciones al ejido como eje del sector social que como sujeto del desarrollo rural sustentable ha sido marginado de la elaboración de los programas de desarrollo, adquiriendo un rol de consulta, como se mencionó con antelación.

Si bien es cierto que con fundamento en la Constitución, en la Leyes citadas y las propias Constituciones locales, el municipio queda facultado para elaborar los planes de desarrollo municipal, lo que buscamos es que la figura del ejido se fortalezca, ya que la misma norma la reconoce como núcleo del sector social. En tal sentido, las atribuciones de consulta, de agentes propositivos y de meros concertadores los ubica en un plano limitado en su actuación, cuando son ellos los sujetos de la planeación del desarrollo en su ámbito.

Aunado a lo anterior, no podemos soslayar el hecho de que con base en el artículo 115 de la Constitución al municipio no se le confiere ninguna función manifiesta referente al desarrollo rural sustentable.

Es necesario asegurar y garantizar que los mecanismos de participación propia de lo concerniente a las tierras ejidales y su organización, trasciendan y logren ser determinantes en la elaboración e implementación del desarrollo rural sustentable.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable tutela la creación de los consejos municipales para el desarrollo rural sustentable. Estos organismos dan lugar a los planes municipales de desarrollo, sin embargo la participación de los ejidatarios, tal y como lo hemos venido sosteniendo, es marginal provocando que no se cumpla a cabalidad el mandato de este ordenamiento en relación a que es el ejido uno de los sujetos primordiales del precepto.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y DE LA LEY AGRARIA.

Primero.- Se reforman los artículos 4º; fracción I del artículo 5º; el segundo párrafo del artículo 6º; y el primer párrafo del artículo 29 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 4o.- Para lograr el desarrollo rural sustentable el Estado, con el concurso de los ejidos y diversos agentes organizados del medio rural, impulsará un proceso de transformación social y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural, a través del fomento de las actividades productivas y de desarrollo social que se realicen en el ámbito de las diversas regiones del medio rural, procurando el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de los recursos naturales y orientándose a la diversificación de la actividad productiva  en el campo, incluida la no agrícola, a elevar la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural.

Artículo 5o.- …

I. Promover y favorecer el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, sus ejidos, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural con la participación de organizaciones o asociaciones, especialmente la de aquellas que estén integradas por sujetos que formen parte de los grupos vulnerables referidos en el artículo 154 de la presente Ley, mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso;

II. a V. …

Artículo 6o.- …

Los compromisos y responsabilidades que en materia de esta Ley, el Gobierno Federal acuerde frente a los particulares, los ejidos y a los otros órdenes de gobierno, deberán quedar establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales y especiales aplicables y se atenderán en los términos que proponga el Ejecutivo Federal y apruebe la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 29.- Los Distritos de Desarrollo Rural serán la base de la organización territorial y administrativa de las dependencias de la Administración Pública Federal y Descentralizada, para la realización de los programas operativos de la Administración Pública Federal que participan en el Programa Especial Concurrente y los Programas Sectoriales que de él derivan, así como con los gobiernos de las entidades federativas y municipales y para la concertación con las organizaciones de productores, los ejidos, y los sectores social y privado. 

Segundo.- Se reforma la fracción I del artículo 23 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 23.- …

I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido; así como la elaboración de propuestas de políticas de desarrollo y fomento al campo, de conformidad con el artículo 4º de esta Ley.

II. a XV. …

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 18 de febrero de 2016.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.

1 Sotomayor Garza, Jesús, El nuevo derecho agrario en México, México, Porrúa, 2001, p. 129; Téllez, Luis (coord.), Nueva legislación de tierras, bosques y aguas, México, FCE, 1993, p.49.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE EN SU ORDEN, AL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LO REFERENTE AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA

(Presentada por las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del PRI)

Las que suscriben, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RIOS DE LA MORA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA y ANABEL ACOSTA ISLAS Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE EN SU ORDEN AL ARTÍCULO 4, DE LA LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN LO REFERENTE AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA, en materia de fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), han evolucionado de forma significativa en todo el mundo, convirtiéndose en las principales agentes catalizadoras de soluciones a los problemas sociales. México no ha sido la excepción, en los últimos años también se muestra una creciente cultura de la participación ciudadana dentro de este tipo de organizaciones, sin embargo, aún nos encontramos desfasados a comparación de otros países.

Dentro de ese proceso de crecimiento que se ha vivido a nivel global, han surgido las Organizaciones No Lucrativas (ONL), quienes han sido reconocidas como el tercer sector de la sociedad civil, que permite establecer un balance entre el gobierno y la empresa privada.

En México, según el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, se encuentran registradas 27 mil. Resaltando que en el Distrito Federal es donde se encuentra registrada el mayor número con 5 mil 413 y Baja California Sur es la entidad federativa con menor participación al contar con 168 OSC registradas.1

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) las Instituciones sin Fines de Lucro (ISFL) en el país, aportaron en 2013 el 2.7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional;2 mientras que se estima que en Canadá, este sector aporta aproximadamente el 7% del PIB, con más de 1 millón de OSC.3

Las Organizaciones No Lucrativas, se han convertido en una fuerza social, política y económica en todo el mundo. Constituyen un factor de equilibrio entre el poder político y el poder económico al avocar sus fines al servicio de causas y necesidades de la comunidad.

En el plano global, cada día son más las ONL, que diversificar sus recursos y sus fuentes de ingreso, para evitar ser dependientes de los recursos gubernamentales o de donantes privados, buscando lograr un esquema que les permita ser sostenibles a largo plazo, para alcanzar un mayor impacto social.

De este modo, el Sector No Lucrativo ha logrado volverse una fuerza importante en el sector económico de diversos países, se estima que el 48% de sus ingresos provienen de la recuperación por el pago de servicios.4 Lo que les ha permitido ampliar considerablemente el alcance de sus fines e incluso alunas han logrado posicionarse como empresas sociales.

Cabe resaltar, que no existe aún un concepto generalizado sobre el empresariado social, sin embargo, diversos expertos han coincidido en que es aquella actividad económica que es utilizada como un instrumento del desarrollo económico y social, por medio de soluciones innovadoras, capaces de ser reproducidas a mayor escala.

Muestra de la importancia que ha tenido el empresariado social, es el fomento que diversas Organizaciones Internacionales han procurado en este sector; una de ellas es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ofrece préstamos, garantías parciales de crédito y asistencia técnica en forma de subsidios a organizaciones sin fines de lucro, para desarrollar y probar proyectos innovadores y expandir iniciativas exitosas que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones de bajos ingresos en 26 países de América Latina y el Caribe.5

En relación a esto la Ley General de Desarrollo Social, contempla en su artículo 35 que el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas podrán aportar recursos como capital de riesgo para dar viabilidad a las empresas sociales y destinar recursos para apoyar a personas, familias y organizaciones sociales cuyo objeto sea el financiamiento de proyectos de desarrollo social.

En ese sentido, a pesar de los esfuerzos que se han realizado en México para promover el incremento de las OSC, el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), no cuenta con los recursos suficientes, en 2013 se estima que INDESOL apoyó a un total de 250 OSC. Por lo que la Administración Pública debe fomentar la participación ciudadana en el sector no lucrativo, creando políticas publicas encaminadas a apoyar proyectos sociales, que permitan a las ONL generar ingresos propios de forma más eficiente, permitiendo que la sociedad civil adopte su papel en la construcción del Estado por medio del Sector Económico.

Por lo que para fomentar la creación de ONL sostenibles, que sean capaces de generar sus propios ingresos, es necesario considerarlas dentro del Sector Social de la Economía, permitiéndoles ser sujetos del fomento y apoyo por parte del Estado, para la realización de sus actividades económicas, dándoles mayor oportunidad de alcanzar sus fines.

La actividad económica de las Organizaciones No Lucrativas, se encuentra reconocida dentro del marco jurídico mexicano.

La Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), reconoce su actividad económica dentro de su Título III. En su artículo 79, en donde exenta del pago del impuesto a diversas personas morales con fines no lucrativos, dentro de las cuales incluye a aquellas Sociedades Civiles que tienen fines propios al desarrollo social y reconoce la generación de ingresos para la realización de su objeto social, enunciando que los activos que resulten de dicha actividad económica, deben destinarse exclusivamente a los fines propios de su objeto social.

En consecuencia, resulta importante también, resaltar las recientes modificaciones a la Ley de la Economía Social y Solidaria, que aprobó el H. Congreso de la Unión, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 30 de diciembre de 2015, con dicha reforma el Instituto Nacional de la Economía (INAES), se integra a la política social del país dentro de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), por lo que la Economía Social se consolida como un agente promotor del desarrollo social, por medio de la generación de proyectos sustentables que den respuesta a las necesidades y problemáticas más apremiantes en las comunidades del país.

En este tenor es que el OBJETIVO DE LA INICIATIVA ES: Adicionar la fracción VI al artículo 4° de la Ley de Economía Social y Solidaria con la finalidad de incorporar dentro del Sector Social de la Economía a las Sociedades o asociaciones civiles, con actividad económica que se constituyan como personas morales con fines no lucrativos conforme a las disposiciones fiscales vigentes en el territorio nacional.

Por los argumentos debidamente fundados y motivados con anterioridad, someto ante el Pleno de esta H. Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO UNICO.- Se adiciona la fracción VI, recorriéndose la subsecuente en su orden al artículo 4, de la Ley de la Economía Social y Solidaria en lo referente al sector social de la economía, en materia de fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, para quedar como sigue:

Artículo 4o. (…)

I.-V (…)

VI. Las Sociedades o asociaciones civiles con actividad económica que se constituyan como personas morales con fines no lucrativos conforme a las disposiciones fiscales vigentes en el territorio nacional; y

VII. En general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

TRANSITORIO

UNICO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de Pleno del Senado de la Republica, el 18 de febrero de 2016.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Anabel Acosta Islas.

CUADRO COMPARATIVO

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 4o. El Sector Social de la Economía estará integrado por las siguientes formas de organización social:
I. Ejidos;
II. Comunidades;
III. Organizaciones de trabajadores;
IV. Sociedades Cooperativas;
V. Empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores; y
VI. En general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Artículo 4o. (…)

 

I.-V (…)

 

 

VI. Las Sociedades o asociaciones civiles con actividad económica que se constituyan como personas morales con fines no lucrativos conforme a las disposiciones fiscales vigentes en el territorio nacional; y
VII. En general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

1 Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL.

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.

3 Centro de Recursos Internacionales para Organizaciones Civiles, A.C. CERI

4 Proyecto Comparativo del Sector No Lucrativo, Universidad de Johns Hopkins.

5 Banco Interamericano de Desarrollo (BID)





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

(Presentada por el Senador Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO Y UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Senador Jesús Casillas Romero, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo segundo y un párrafo tercero al artículo 362 del Código de Comercio, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestro Código de Comercio vigente, data del año de 1889. A lo largo de más de 125 años, el país ha experimentado múltiples y profundas transformaciones en los ámbitos económico, político y social. 

Uno de los aspectos regulados por dicho Código es el de los intereses pactados en el pago de deudas: el Código establece como principio general que el interés sea pactado por las partes, lo cual se aviene, sin duda, a la libertad contractual que impera en el derecho privado; pero no pondera suficientemente los cambios introducidos con motivo de los tratados que ha suscrito México a cuyo cumplimiento está obligado, señaladamente, con la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, que en su artículo 21 establece: “tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley”.

Esto significa que el Estado mexicano debe hacer ajustes en las leyes para proscribir dicha práctica, lo cual no deja de ser oportuno dado que una de las preocupaciones de las autoridades financieras y, desde luego, del Senado, es el de la posible existencia de prácticas usurarias. La usura puede ser entendida como el cobro excesivo de intereses en un préstamo o cualquier operación a crédito, sin embargo, el ponderar cuándo es excesivo depende de una serie de factores que deben tomarse en cuenta y no es un tema que admita una solución simple y llana.

Reconociendo la importancia de establecer restricciones a este tipo de prácticas y al mismo tiempo la complejidad que entraña el tema, en una primera aproximación la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió una contradicción de tesis relativa a la usura, donde el máximo tribunal  estableció que el juzgador puede ajustar las tasas en un caso de su conocimiento, si las estima usurarias; pero debe tomar en consideración los siguientes parámetros para evaluar el carácter notoriamente excesivo de una tasa de interés1:

a) el tipo de relación existente entre las partes;

b) la calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor se encuentra regulada;

c) el destino o finalidad del crédito;

d) el monto del crédito;

e) el plazo del crédito;

f) la existencia de garantías para el pago del crédito;

g) las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan, cuya apreciación únicamente constituye un parámetro de referencia;

h) la variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo;

i) las condiciones del mercado; y

j) otras cuestiones que generen convicción en el juzgador.

Sin embargo, la resolución de la Corte no es suficiente, por un lado, para dar cabal cumplimiento a la Convención arriba citada (que establece que la usura debe ser prohibida por la ley) y, por otro, deja en manos de la apreciación del juez una serie de parámetros-guía sin que ninguno sea definitorio, sin que el juez tenga los conocimientos especializados que le permitan una comprensión de cómo se articulan entre sí y ante la ausencia total de un criterio fijado en ley.

Es importante considerar también, por otra parte, que en las de tasas fijadas en mercados competitivos, como el mercado financiero, se reflejan y compendian ya las distintas variables relevantes: la inflación, las expectativas de crecimiento de los mercados nacionales e internacionales, los riesgos crediticios, etc.

Promover la seguridad jurídica y el desarrollo económico del país son dos de los objetivos que debemos buscar como legisladores.

Establecer una legislación que cumpla con el doble propósito de inhibir la usura y facilite la operación de un mercado crediticio eficiente, elevará el bienestar de los mexicanos.

Así las cosas, la propuesta en concreto consistiría en la sugerida en los términos de la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO Y UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo segundo y un párrafo tercero, recorriendo los actuales en su orden, al artículo 362 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 362.- (…)

El interés pactado tendrá como limitante el que no implique condiciones de usura. El juzgador que resuelve una controversia sobre el reclamo de intereses pactados y determine que éstos son notoriamente usurarios, deberá inhibir de oficio esta condición, apartándose de los intereses pactados, y reducirlos de manera prudencial.

Para estos efectos, el juez debe atender a las condiciones del mercado y respaldar, con los estudios técnicos adecuados, elaborados por un perito de amplio reconocimiento, que los intereses son usurarios por apartarse significativamente, la tasa a la que se calculan, de la prevaleciente en el mercado relevante. En aquellos casos en que Banco de México esté facultado para fijar las tasas de interés, solo se determinará que hay usura en el caso de que Banco de México fije las tasas y en la medida en que las tasas pactadas superen la fijada por el mismo.

(…)

(…)

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 18 de febrero de 2016.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.

1 http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=25106&Clase=DetalleTesisEjecutorias





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del Estado de México y a la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad a remitir un informe sobre la implementación y resultados de la alerta de género que se emitió en once de los municipios de ese estado. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

La suscrita LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, Senadora de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 8 numeral 1, fracción II; 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE DICHA ENTIDAD PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DE LA ALERTA DE GÉNERO QUE SE EMITIÓ EN ONCE DE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La seguridad es uno de los principales temas de preocupación para los mexicanos, según datos proporcionados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su estudio Índice para una Vida Mejor.1 El Estado de México no es la excepción, sobre todo, para el caso de las mujeres.

A poco más de seis meses de que la Secretaría de Gobernación emitiera la Alerta de Género en Estado de México el 31 de julio de 2015, la violencia contra las mujeres sigue siendo una constante en dicha entidad.

De acuerdo con datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de México es la entidad federativa con mayor índice delictivo del año pasado, con cifras alarmantes y constantes de homicidios dolosos.

Durante la actual administración en dicha entidad se ha incrementado la violencia contra las mujeres. Los esfuerzos emprendidos por las autoridades federales, estatales y municipales no han sido suficientes para contener estos delitos y no es de extrañarse, pues la Alerta de Género emitida el 31 de julio de 2015 sólo fue aplicada en once de los ciento veinticinco municipios del Estado de México.

Según datos del Índice de Desarrollo Humano Municipal en México 2la entidad mexiquense cuenta con tres de los municipios con menor índice de desarrollo humano que son, San José del Rincón, Sultepec y Villa de Allende.

A partir de que se emitió la Alerta de Género en los once municipios, se registraron 866 homicidios del total de 2,070registrados en el 2015.3 Esta cantidad refleja el cuarenta y un por ciento de la totalidad de los ilícitos, casi la mitad de los registrados en el año pasado, demostrando la constancia de estos delitos a pesar de las acciones implementadas por las autoridades. Además de que conserva el primer lugar como la entidad federativa con el índice delictivo más alto de todos, con una incidencia de 15, 492 en lo que va del presente año.

Según las cifras de la organización civil Crimen en México, los once municipios bajo Alerta de Género no muestran avances en sus estadísticas de este tipo penal.4


MUNICIPIOS

TASA DE HOMICIDIOS

POBLACIÓN

AVERIGUACIÓNES

Ecatepec de Morelos

20.201

1,762,263

178

Nezahualcóyotl

14.973

1,175,382

88

Tlalnepantla de Baz

20.813

701,452

73

Toluca

5.240

915,994

24

Chimalhuacán

18.706

705,622

66

Naucalpan de Juárez

11.806

897,833

53

Tultitlan

10.843

590,242

32

Ixtapaluca

7.667

521,686

20

Valle de Chalco Solidaridad

18.175

396,129

36

Cuautitlán Izcalli 

10.412

557,007

29

Chalco

15.453

362,388

28

Lo anterior indica que las acciones implementadas por la alerta de género han sido insuficientes. No obstante, el principal problema al que se enfrenta la violencia contra las mujeres y el feminicidio es la desinformación. Únicamente se cuenta con cifras oficiales respecto de homicidios, y las cifras reportadas de delitos violentos contra las mujeres son proporcionados por el seguimiento que realizan las organizaciones de la sociedad civil sobre el tema y los medios de comunicación.

En lo que va del año se han presentado al menos doce feminicidios reportados en Cuautitlán Izcalli, Toluca, Almoloya de Juárez, Zinacantepec, Tepotzotlán, Ecatepec, Tultepec y Tlalmanalco. Esto pone al descubierto la ineficacia de las acciones implementadas por las autoridades, de acuerdo con la nota “Feminicidios, incontenibles en el Edomex pese a la alerta de género”, del periódico La Jornada.

Asimismo, datos publicados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en su Informe Cualitativo y Cuantitativo, avances y retrocesos en la protección de las mujeres víctimas de violencia familiar 2012-20145, la situación de violencia contra las mujeres en el Estado de México se encuentra 10.77% sobre la media nacional que es de 46.10%, lo que hace a este una de las entidades federativas con los porcentajes más elevados en este tipo de violencia.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México reconoce que 281 mujeres fueron asesinadas en el 2012, de las cuales sólo 62 fueron investigadas en relación con el tipo penal de feminicidio.

En el 2013 supuestamente disminuyó drásticamente esta cifra a sólo 30 averiguaciones por feminicidio. La desinformación empeoró en 2014 en donde no se proporcionaron datos sobre el feminicidio en dicha entidad; sobre ello, las autoridades mexiquenses señalaron que no se llevaba el registro de los delitos en agravio de las mujeres.

Es importante destacar que la opacidad y negativa a proporcionar la información por parte de la Procuraduría del Estado de México resulta burlesca al escudarse en el argumento de la dependencia es parte de los sistemas nacional y estatal de seguridad pública, por tanto, la información pública que genera, se rige por los criterios de unificación, acordados por el Sistema Nacional bajo las directrices del centro de Seguridad, por lo que no están obligados a distinguir los homicidios por género.

Este argumento obstruye el derecho de acceso a  la información y transgrede lo establecido en la fracción XXX del artículo 70 de la Ley General de Transparencia que indica que las estadísticas deberán presentarse con la mayor desagregación posible.

La falta de información y sistematización de los datos de violencia contra las mujeres vulnera la implementación de medidas de protección a la mujer. Según el artículo 16, fracción III de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, los gobiernos estatales y municipales deben garantizar el acceso a la información a través de bancos de datos con el fin de realizar acciones de política criminal.

La negativa de estas instancias de proporcionar información que ayude a combatir la violencia contra la mujer en la entidad de manera sistematizada es grave; en particular, sobre los atentos llamados de la sociedad al gobierno estatal para que se haga la declaratoria de “Alerta de Género” desde el 2011, evidenciando la carencia de políticas públicas de prevención, atención y disuasión criminal que permitan erradicar todos aquellos hechos de violencia que afecten la vida y seguridad de las mujeres.

Es notorio que las acciones implementadas hasta ahora por la Secretaría de Gobernación y el Gobierno Estatal no han producido efecto benéfico alguno a las mexiquenses, pues no basta con emitir una “Alerta de Género” particular para once municipios.

Es necesario mejorar las acciones implementadas en la alerta de género, acompañados de una buena coordinación y cooperación de las instituciones en los tres niveles de gobierno para obtener mejores resultados y salvaguardar la integridad de las mujeres en el Estado de México.

También, resulta indispensable la información, para medir los resultados de la Alerta de Género resulta casi imposible ante la inexistencia de información desagregada por género y por municipios, que es la población objetivo de estos programas.

Es por ello, que se considera pertinente exhortar a las autoridades estatales y municipales a combatir coordinadamente los feminicidios y la desigualdad de género en sus respectivas áreas geográficas y jurisdiccionales para garantizar la vida libre de violencia de las mujeres en el Estado de México.

Por lo anteriormente fundado, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo del Estado de México presentar ante esta soberanía un informe detallado sobre las acciones implementadas a partir de la emisión de la alerta de género en once municipios de la entidad, así como los resultados de dichas acciones.

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita de la manera más atenta y respetuosa a la Procuraduría del Estado de México a coadyuvar en el combate a la violencia de género en la entidad, proporcionando a esta Soberanía un documento con información relativa a los feminicidios perpetrados a partir de que se emitió la alerta de género en los once municipios de la entidad. Así como un informe detallado sobre los resultados de dichas acciones y las instancias que colaboran en la implementación de las políticas de combate al feminicidio.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 18 de febrero de 2016.

Atentamente

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.

1 OCDE. “Índice para una Vida Mejor”. Disponible en: http://www.oecd.org/centrodemexico/%C3%8Dndice%20para%20una%20Vida%20Mejor%20resumen_130529.pdf

2 IDHMM.PNUD.2014.Disponible en: http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza
/InformesDesarrolloHumano/UNDP-MX-PovRed-IDHmunicipalMexico-032014.pdf

3 SESNSP. “Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2015”. Información disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/cifras%20de%20homicidio%20doloso%20secuestro%20etc/HDSECEXTRV_
122015.pdf

4 Valle Jones, Diego. CRIMENMÉXICO. Investigación disponible en: http://crimenmexico.diegovalle.net/es/municipios-map.html

5 OCNF. Informe Cualitativo y Cuantitativo, avances y retrocesos en la protección de las mujeres víctimas de violencia familiar 2012-2014. Disponible en: http://observatoriofeminicidiomexico.org.mx/wp-content/uploads/2013/10/INFORME-DE-OP-2015-FINALx-4-1.pdf





 

De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo relativo a la reclasificación arancelaria de los paneles solares fotovoltáicos. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

La suscrita Senadora NINFA SALINAS SADA, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA RECLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE LOS PANELES SOLARES FOTOVOLTÁICOS, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La clasificación arancelaria, es un sistema inherente al comercio exterior; constituye la columna vertebral de la política comercial y es imprescindible para implementar políticas de comercio exterior que faciliten el intercambio de mercancías entre los países.

A nivel internacional, la Organización Mundial de Aduanas (OMA), a la que están suscritos 180 países, entre ellos México, es la entidad encargada de establecer y promover instrumentos internacionales para la armonización e implementación de los procedimientos y sistemas aduaneros que faciliten el intercambio de mercancías, combatan la ilegalidad y brinden certidumbre jurídica a los importadores y exportadores.

Uno de estos instrumentos es el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías; este Sistema establece una codificación o nomenclatura que sirve para identificar los aranceles que deben pagarse por el ingreso a un país de un artículo en específico.

Es decir, que es a través de la fracción arancelaria como se define una mercancía y el impuesto que se le aplica, por lo que la precisión es un elemento determinante para brindar seguridad jurídica en las transacciones del comercio internacional.

Por ello, la Nomenclatura a utilizarse por cada país debe agrupar de manera ordenada todo el universo de mercancías susceptibles de comercio, atendiendo a principios lógicos, científicos y jurídicos, teniendo como regla primordial que la partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico.

Con el fin de reflejar los cambios en el comercio y la tecnología que acontecen en el ámbito global, la OMA emite Enmiendas al referido Convenio.

De la misma manera, emite Notas Explicativas, que tienen que ver con:

1. La evolución de los patrones mundiales de comercio;

2. Los avances tecnológicos;

3. Los cambios en la metodología de agrupación de las mercancías dentro de la nomenclatura; y

4. Las necesidades de los usuarios

Estas Enmiendas y Notas Explicativas hacen imprescindible que los países actualicen su clasificación tarifaria para garantizar una aplicación acorde a las prácticas actuales.

En enero de 2012, entró en vigencia la “Quinta Enmienda al Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías”, emitida por la OMA, e incluyó 220 modificaciones, realizadas bajo un enfoque para afrontar los problemas ambientales y sociales a nivel mundial, particularmente los relativos a la seguridad alimentaria, las sustancias que reducen la capa de ozono, psicotrópicos y estupefacientes y armas químicas.

En esta última Enmienda también se suprimieron 43 subpartidas tomando en cuenta el bajo el volumen comercial.

México, con el propósito de adecuar el contenido de dicha Enmienda y a fin de evitar discrepancias de interpretación, agilizar los trámites aduaneros, así como facilitar la correcta identificación y clasificación de las mercancías, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de junio de 2012, el Acuerdo por el que se dan a conocer las tablas de correlación entre la Tarifa de la ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE) 2007 y la TIGIE 2012.

Es pertinente señalar que una condición indispensable para la reclasificación, es la obligación tanto de la Secretaría de Economía como del Servicio de Administración Tributaria, de asegurarse que los cambios en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, no afecten el tratamiento arancelario.

Asimismo, con el objeto de mantener la unidad de criterio en la clasificación de las mercancías dentro de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión de la Comisión de Comercio Exterior, expide mediante Circulares que se publican en el Diario Oficial de la Federación, los Criterios de Clasificación Arancelaria, cuya aplicación será de carácter obligatorio.

En cuanto a los efectos de interpretación y aplicación de la Tarifa, la Secretaría de Economía, conjuntamente con la de Hacienda y Crédito Público, deben dar a conocer, mediante Acuerdos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, las Notas Explicativas de la Tarifa Arancelaria, así como sus modificaciones posteriores, cuya aplicación es obligatoria para determinar la partida y su subpartida aplicables.

Finalmente, las diferencias de criterio que se susciten en materia de clasificación arancelaria, deberán ser resueltas en primer término mediante procedimiento establecido por la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Todo este procedimiento para la homogenización del sistema tiene como propósito fundamental otorgar certidumbre jurídica respecto al arancel establecido para el intercambio de mercancías.

Sin embargo, para el caso de los paneles solares fotovoltaicos, la certidumbre jurídica no se ha dado.

Primero, en el Acuerdo publicado en 2012, se crearon tres fracciones arancelarias, totalmente exentas del pago de aranceles: la 8541.40.01; la 8541.40.02 y la 8541.40.03. Dicha reclasificación se realizó con el objetivo de establecer una nomenclatura arancelaria para la importación de dichos equipos, que diera certidumbre jurídica a la inversión, mejorara las condiciones de libre competencia y libre concurrencia, además de brindar acceso a insumos para abastecer el mercado nacional.

No obstante, en octubre de 2015 y bajo el argumento de que dichos Paneles se encuentras equipados con dispositivos que permiten suministrar energía directamente utilizable, fueron nuevamente reclasificados, pero bajo la fracción arancelaria 8501.31.01, correspondiente a generadores eléctricos, dando como resultado la aplicación de un arancel del 15%.

El punto principal, entonces, es que la reclasificación sí afectó el tratamiento arancelario, al pasar de exento a una tarifa de 15%, generando incertidumbre jurídica, y quebrantando la Regla que señala que la partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico.

Para mayor aclaración es oportuno mencionar que la energía solar fotovoltaica consiste en la transformación de la radiación solar en electricidad a través de paneles, celdas, conductores o módulos fotovoltaicos, hechos principalmente de silicio y formados por dispositivos semiconductores tipo diodo que, al recibir radiación solar, se activan y provocan saltos electrónicos, generando electricidad. La capacidad de las celdas para convertir la radiación solar en electricidad, depende del material del que estén hechas.
La reclasificación, no ha tomado en consideración estos elementos, con lo cual se han derivado mayores costos en el desarrollo de proyectos de generación eléctrica a partir de la energía solar.

Con datos de la Comisión Reguladora de Energía, actualmente existen 286 proyectos de generación solar autorizados, por un monto aproximado de 27 mil millones de dólares, que representaría una capacidad instalada de 8 mil mega watts; de éstos proyectos solo 6 están operando, los otros están en proceso de construcción o por iniciar obras.

Considerando que las energías renovables son un factor clave para la seguridad energética y sustentabilidad ambiental, es necesario, ofrecer un marco jurídico que dé certidumbre en la generación eléctrica, aprovechando el potencial de la energía solar con el que México cuenta.

Reconozco también que uno de los propósitos de la Reforma Energética es la creación de cadenas de valor en torno a las energías renovables, el impulso al desarrollo tecnológico en esta materia y a nuestra proveeduría nacional y que si el motivo de esta reclasificación es para estos propósitos, o para evitar prácticas desleales de comercio por países exportadores de paneles solares, es preciso que las autoridad respectivas, lo aclaren con el mayor énfasis.

Recordemos que nuestro país cuenta con altísimos índices de captación solar, que ocupa el 15° lugar en potencial fotovoltaico y el 29° en irradiación solar con niveles de entre 5 y 6 kWh/m2·día en  el 90% del territorio y que, por tanto, es un elemento indispensable para alcanzar la meta de generar el 35% de la electricidad en 2024 a partir de fuentes renovables.

En virtud de los antecedentes referidos, pongo a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se solicita a la Secretaría de Economía y al Servicio de Administración Tributaria, expliquen y fundamenten los motivos para reclasificar los Paneles Solares Fotovoltaicos en la fracción arancelaria 8501.31.01, correspondiente a generadores eléctricos, afectando el tratamiento arancelario de exento a un arancel del 15%.

SEGUNDO. Se solicita a la Secretaría de Economía informe en qué medida las empresas ubicadas en territorio nacional que producen paneles solares, satisfacen la demanda interna para el desarrollo de proyectos para la generación de energía eléctrica con base a energía solar y, en su caso, los efectos que tiene o tendrá la reclasificación arancelaria para el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica a partir de Paneles Solares Fotovoltaicos.

TERCERO. Se solicita al Sistema de Administración Tributaria informe el monto de la recaudación que se obtendrá por el cobro de un arancel del 15% a la importación de Paneles Solares Fotovoltaicos y cuáles son los países que se verán afectados con esta imposición.

CUARTO. Se solicita a la Comisión Reguladora de Energía informe sobre el número de los permisos otorgados para la generación de electricidad con energía solar; asimismo, los proyectos en operación; los proyectos pospuestos y los cancelados y los motivos que los desarrolladores esgrimieron para cancelarlos o posponerlos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 18 de febrero de 2016.

Atentamente

Sen. Ninfa Salinas Sada.





 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía a implementar acciones y políticas que permitan la despetrolización de la economía nacional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Históricamente el petróleo que se ha encontrado y extraído dentro del territorio nacional es una de las referencias principales que señalan la riqueza natural que el país posee, pues ésta durante décadas ha sido proveedora de considerables percepciones económicas que han dotado a la nación de los recursos necesarios para su desarrollo.

Pero no fue hasta la expropiación petrolera iniciada por el General Lázaro Cárdenas en 1948que la producción petrolífera obtuvo un auge significativo en su crecimiento, desarrollo y en su contribución de capital; hecho que ubicó a México a niveles internacionales como un país productor neto.

Desde entonces, la valoración a la alza en el mercado internacional, y las enormes divisas que el petróleo aportó al Producto Interno, posicionaron la extracción petrolera como quehacer prioritario y de primera instancia dentro de la agenda gubernamental y económica de la Nación. De esta manera, a través del descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo, y la creciente demanda de los países industrializados por este combustible, el Estado mexicano apostó en gran medida por la economía petrolífera; lo que abrió pauta alas subsecuentes inversiones e inyecciones de importantes cantidades de capital hacia este rubro, realizadas por el Estado, al mismo tiempo que se captaban significativas percepciones económicas para el Producto Interno Bruto.

De este modo, a lo largo de las siguientes administraciones, la economía nacional alcanzó un grado de petrolización amplio y significativo, es decir, la economía mexicana pasó a depender en gran parte de la extracción y exportación de petróleo.

Sin embargo, los acontecimientos de abaratamiento actual muestran que la dependencia económica por este hidrocarburo resulta contra producente y hasta en cierto punto, nocivo para el bienestar económico.

En este sentido, a partir del 2013 los petroprecios mantuvieron una tendencia a la baja en su cotización hasta el día de hoy, pues en ese año su precio en el mercado alcanzaba aproximadamente los 110 dólares por barril; de igual forma, el Seguimiento Precio del Petróleo Mezcla Mexicana (MME) de la Secretaría de Economía, en sus datos, emitió que la variabilidad de precios se presentaba en decremento, contrario a años anteriores, en el que por ejemplo en el 2008 el precio por barril se encontraba cerca de los 140 dólares.1

En ese año el petróleo había superado los 100 dólares por primera vez, lo que llevó a predicciones de un aumento a 200 dólares gracias a la demanda por hidrocarburo de China e India. Sin embargo, los precios cayeron a 34 dólares durante la Gran Recesión antes de tener un rebote,2 lo cual ha generado que países dependientes de la exportación del crudo se encuentren en incertidumbre respecto a su economía.

Actualmente, el precio de la mezcla mexicana oscila por debajo de los 30 dólares por barril, lo que representa un decremento de aproximadamente el 72.73 por ciento si se toma como referencia el precio más alto del 2013, año en el que por última vez el barril de petróleo logró una cotización de 110 dólares en el mercado.

La recesión económica que han sufrido distintas economías internacionales junto con la baja demanda y la sobreoferta petrolera, según especulaciones de inversionistas árabes en hidrocarburos, son las causas principales que los precios hayan bajado en el mercado internacional. Bajo esta tesis se advierte que las cotizaciones de 100 dólares que alcanzaba el crudo en años anteriores ya no serán posibles.

Por tal motivo, expertos analistas en temas energéticos, financieros y presupuestales, recomiendan que ante la caída que presentan los precios internacionales del petróleo y su posible trascendencia, el gobierno mexicano debe terminar de impulsar los cambios financieros que eviten la dependencia de los ingresos de las exportaciones de crudo.3

Lo anterior podría referir que esta dependencia económica por la exportación del petróleo, ha dejado de ser sustentable y de viabilidad para el país, por lo que se deben implementar nuevas políticas o acciones que favorezcan el desarrollo económico que sustituyan en cierta medida los ingresos petroleros. Como por ejemplo, la reinversión y apoyo gubernamental a otros sectores de producción que permitan el desarrollo económico del país.

Asimismo, las recomendaciones que hacen los expertos en el tema, indican que de las posibles soluciones existentes para estabilizar la economía, se encuentra la creación y adecuación de una nueva plataforma de recaudación e integración fiscal, siempre y cuando ésta no presente repercusiones ni consecuencias para la sociedad, tales como el aumento o creación de nuevos impuestos.

De esta manera, las acciones del Estado que consisten en recortar el gasto público son poco ortodoxas para el país, pues la inversión en los rubros de infraestructura y otros sectores deben ser prioridad y de primera instancia dentro de la acción gubernamental, ya que de tal gasto e inversión emana el desarrollo y bienestar económico-social a mediano y a largo plazo.

Por otra parte, la creciente devaluación que ha presentado la moneda mexicana pone en manifiesto que además de establecer y ejecutar nuevas políticas o acciones que detengan la dependencia petrolera, es preciso recuperar la competitividad internacional, para que de esta manera, se logre la estabilidad y sobretodo, desarrollo económico en beneficio de la sociedad.

Además, la creciente utilización de tecnologías verdes se encuentra cada vez más presente en la sociedad e industria de otros países, por lo que seguir dependiendo enormemente de la producción petrolera representaría un rezago en la modernidad, y sobre todo, una consecuencia fatal para la estabilidad y el desarrollo económico de México.

Es por este motivo, que se hace un amplio exhorto, para que el proceso de despetrolización económica sea encaminado al desarrollo de otros sectores de producción que así como la petrolera, puedan aportar a la economía Nacional.

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones implementen acciones y políticas que permitan la despetrolización de la economía nacional.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de febrero de 2016.

Atentamente

Sen. David Monreal Ávila.

1 Secretaría de Economía. “Seguimiento precio del Petróleo Mezcla Mexicana”. [Citado: 10 de febrero del 2016]. En línea:
http://portalweb.sgm.gob.mx/economia/es/energeticos/mezcla-mexicana.html

2 AganMatt. “El petróleo no volverá a los 100 dólares: príncipe saudita”. CNNExpansión, 12 de enero de 2015. [Citado: 10 de febrero del 2016]. En línea:
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/12/el-petroleo-no-volvera-a-los-100-dolares-principe-saudita

3 Cardoso Víctor. “Ante caída de precios, México debe “despetrolizar” su economía: experto”. La Jornada, 31 de diciembre de 2014. [Citado: 10 de febrero del 2016]. En línea:
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/12/10/ante-caida-de-precios-mexico-debe-201cdespetrolizar201d-su-economia-experto-1613.html





 

De la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público, así como al Gobernador del Banco de México, integrantes de la Comisión de Cambios, a efecto de que informen sobre la eficacia de la política cambiaria que han implementado ante la devaluación del peso mexicano y la disminución de activos en las reservas internacionales. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.







 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a llevar a cabo una campaña nacional para fomentar el consumo de productos pesqueros y acuícolas. Se turna a la Comisión de Pesca y Acuacultura.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La pesca y la acuacultura son actividades económicas en constante crecimiento a nivel mundial. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la producción mundial de pescado está creciendo más rápido que la población mundial, mientras que el consumo de pescado per cápita aumentó de 9.9 kg en el decenio de 1960 a 19.2 kg en 2012.

A nivel mundial, 54.8 millones de personas dependen directamente del sector pesquero y acuícola, e indirectamente entre 10 y 12% de la población participa en alguna actividad relacionada con estas actividades.

El consumo mundial anual per cápita de pescado en 2009 fue 18.4 Kg. El menor consumo se registró en África, con 9.1 kg per cápita, mientras que las dos terceras partes del consumo total correspondieron a Asia, con 20.7 kg por persona. Las cifras del consumo per cápita correspondientes a Oceanía, América del Norte, Europa y América Central y el Caribe fueron 24.6, 24.1, 22.0 y 9.9 kg, respectivamente.

En 2009, el pescado representó el 16.5% del aporte de proteínas animales de la población mundial y el 6.4% de todas las proteínas consumidas. El 40.5% (60.2 millones de toneladas) de la producción mundial de pescado se comercializó vivo, fresco o refrigerado; mientras que el 45.9% (68.1 millones de toneladas) del pescado se congeló, curó o preparó de otro modo para el consumo humano directo (año 2010).

En México, la pesca y la acuicultura no sólo representan una actividad económica también tienen un impacto social que contribuye a la mitigación de la pobreza y la seguridad alimentaria de miles de familias.

Al tercer trimestre de 2015, se registró una producción de un millón 75 mil toneladas de pescados y mariscos, 82 por ciento correspondieron a captura y 18 por ciento a acuacultura.

México tiene un amplio potencial para extender esta actividad, contamos con casi 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio, 6 mil 500 kilómetros cuadrados de aguas interiores como son ríos, lagunas, represas y lagos, 12 mil 500 kilómetros cuadrados de sistemas costeros y marinos, el litoral del pacífico cuenta con 8 mil 400 kilómetros cuadrados y el del Golfo de México y el Caribe 3 mil 100.

A pesar de nuestro gran potencial pesquero, en nuestro país las familias destinan únicamente 2.8% del total de su gasto a la compra de alimentos pesqueros. El consumo per cápita es muy bajo en comparación con la media mundial, que es de 19.2 kilogramos. En 2013 nuestro consumo fue de apenas 9.4 kilogramos anuales por habitante, 1.15 kilogramos menos que en 2010, lo que significó un decremento en 12%.

Los pescados y mariscos mantienen un alto valor nutritivo, el agua, las proteínas y las grasas son los nutrientes más abundantes. Entre un 75 y 80% del peso del marisco es agua; en 100 gramos de mariscos, el 20% es proteína; además, contienen calcio, magnesio, fósforo, potasio, sodio, zinc, yodo, hierro, cloro, así como vitaminas y ácidos grasos poliinsaturados que considerados muy saludables para nuestro organismo.

Con cien gramos de tilapia, nuestro organismo obtiene el 25.6% de la recomendación diaria de proteínas; 32.5% de fósforo, indispensable para tener energía todo el día; 28.4% de las necesidades de niacina que el cuerpo necesita para quemar los carbohidratos que comemos en los alimentos. 

Bajo este contexto, es necesario impulsar un programa que permita dar a conocer la gran variedad de productos de la industria pesquera y acuícola de nuestro país, a fin de incrementar el consumo per cápita que por años se ha situado por debajo de la media internacional.

Este año, se estima que del miércoles 10 de febrero al domingo 27 de marzo, se comercializarán en México alrededor de 300 mil toneladas de productos pesqueros y acuícolas procedentes de las zonas costeras y cuerpos de agua dulce del país.

Desafortunadamente, el aumento de la demanda también tiene un impacto directo en el precio final, por ello es importante que la Procuraduría Federal del Consumidor aplique las medidas necesarias para facilitar al consumidor un mejor conocimiento de estos productos y evitar el alza desproporcionada de los precios.

Con base a estas consideraciones, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para que en coordinación con las entidades federativas lleve a cabo una campaña nacional para fomentar el consumo de productos pesqueros y acuícolas.

SEGUNDO: El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para lleve, durante la presente temporada de Cuaresma 2016, una campaña de vigilancia para evitar el abuso en los precios de los productos pesqueros y acuícolas.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 18 de febrero de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.





 

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos previstos a favor de las niñas y niños víctimas de explotación laboral; investigar y, en su caso, sancionar el fomento del trabajo infantil; y fortalecer las acciones que permitan erradicar el trabajo infantil en todo el país. Se turna a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

El suscrito, Senador LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, GARANTICEN EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS PREVISTOS A FAVOR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN LABORAL; INVESTIGUEN Y, EN SU CASO, SANCIONEN EL FOMENTO DEL TRABAJO INFANTIL; Y FORTALEZCAN LAS ACCIONES QUE PERMITAN ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL EN TODO EL PAÍS, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Una de las obligaciones del Estado en relación con la promoción del trabajo decente, y con ello, la prevención y erradicación del trabajo infantil, pasa indudablemente por garantizar la plena aplicación de las normas que velan por los derechos y el desarrollo integral de las niñas y niños de cualquier país.

En México, a consecuencia de la alerta que organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han hecho respecto al rezago en el cumplimiento de los compromisos para la protección de la infancia, y la eliminación progresiva de todas las formas de trabajo infantil, se han impulsado diversas acciones para consolidar un mejor orden jurídico de protección y garantía para los derechos de los menores de edad.

Ejemplo de lo anterior, son las recientes reformas hechas al artículo 123 constitucional, y las consecuentes modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, para elevar de 14 a 15 años la edad mínima para trabajar, así como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que constituye un esfuerzo más para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos, y para prevenir, atender y erradicar las peores formas de trabajo infantil o cualquiera otra condición de marginalidad de la que son objeto este sector de la población.

No obstante, a pesar del avance que ha tenido el marco jurídico nacional, congruente con las compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, resulta lamentable tener conocimiento de acciones por parte de servidores públicos que no sólo se abstienen de hacer del conocimiento de la autoridad competente la contravención a las disposiciones que salvaguardan los derechos de los menores de edad, sino que además promueven acciones en perjuicio de su desarrollo integral.

Ejemplo de ello, es el diputado del Partido Verde Ecologista de México que tan sólo hace algunos meses repartió a niños, menores de 15 años, cajas de boleo para fomentar la actividad económica a su corta edad; o el subsecretario de desarrollo social y humano, quien recientemente publicó en redes sociales, una imagen celebrando el trabajo infantil.

Lo anterior, a pesar de la prohibición constitucional expresa de la utilización del trabajo de los menores de quince años; de lo previsto en la Ley Federal del Trabajo, o de la obligación prevista en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de todas las autoridades de tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionarlos casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por el trabajo antes de la edad mínima prevista en el artículo 123 de la Constitución y demás disposiciones aplicables.

En este contexto, es que los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hacemos un llamado enérgico al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Desarrollo Social, garanticen el efectivo cumplimiento de los derechos previstos a favor de las niñas y niños víctimas de explotación laboral; y en consecuencia, fortalezcan las acciones que permitan erradicar el trabajo infantil en todo el país.

Resulta lamentable y verdaderamente preocupante que funcionarios como el Subsecretario de Desarrollo Social y Humano, Ernesto Javier Nemer Álvarez, responsable de las políticas de combate a la pobreza y de los programas de desarrollo social y humano, principalmente dirigidos a los sectores de la población con mayor rezago, promuevan y fomenten la actividad económica de los menores de edad, a costa de su niñez, su educación, salud y sano desarrollo.

En un país donde el trabajo infantil es un fenómeno recurrente; donde alrededor de 3 millones de niñas y niños de hogares con bajos ingresos salen a trabajar; y donde la mayoría de ellos forman parte de las estadísticas de deserción escolar, es alarmante que los principales responsables de garantizar el cumplimiento del orden jurídico que prohíbe la utilización del trabajo de los menores de quince años, sean los primeros en transgredir las normas de protección y garantía de sus derechos humanos, sin que existan consecuencias al respecto.

Por lo anterior, los Senadores de Acción Nacional exhortamos al Ejecutivo Federal, para que a través de las autoridades competentes, y de conformidad con la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se apliquen las sanciones correspondientes por la violación a las disposiciones que salvaguardan el derecho al desarrollo integral de los menores de edad.

Es claro que hoy existe una relación directa entre el trabajo infantil y la pobreza. Esta relación se hace evidente en estados muy marginados como Chiapas, con 165 mil niños y jóvenes que trabajan; Oaxaca con 160 mil o Guerrero con 530 mil niñas, niños y adolescentes en la misma situación.

Lamentablemente, lo que también parece evidente, es la ausencia de una dimensión clara del problema por parte de quienes son responsables de establecer acciones para la protección de los derechos de los sectores en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión, circunstancias en las que se encuentra una parte importante de la niñez y, por ende, del futuro de este país.

Por ello, nuestro llamado al Ejecutivo Federal y a las autoridades de todos los órdenes de gobierno para que, en el ámbito de sus atribuciones, asuman su responsabilidad de fomentar las oportunidades adecuadas para el desarrollo de las niñas y niños mexicanos; de fortalecer los mecanismos apropiados destinados a supervisar y erradicar el trabajo infantil; y de establecer las sanciones correspondientes a quien, en contravención a la ley, haga uso del mismo.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Desarrollo Social, garantice el efectivo cumplimiento de los derechos previstos a favor de las niñas y niños víctimas de explotación laboral; y en consecuencia, fortalezca las acciones que permitan erradicar el trabajo infantil en todo el país.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través de las autoridades competentes, y de conformidad con la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y demás ordenamientos aplicables, se investigue y, en su caso, se sancione al subsecretario de desarrollo social y humano, Ernesto Javier Nemer Álvarez, por el incumplimiento de las disposiciones en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan los mecanismos apropiados para supervisar y erradicar el trabajo infantil; y para establecer las sanciones correspondientes a quien, en contravención a la ley, haga uso del mismo.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de febrero de 2016.

Atentamente

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández.





 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a rendir un informe sobre los pasivos laborales de la Empresa Productiva del Estado. Se turna a la Comisión de Energía.

El Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las aspiraciones de desarrollo y crecimiento de todo el país tiene como base diferente pilares, entre ellos está la fortaleza de las instituciones para la creación de un buen gobierno, el apego de las autoridades y la ciudadanía al Estado de derecho, el nivel de desarrollo del sistema educativo y parte fundamental para que ello funcione es el crecimiento y estabilidad de la economía.

En el caso de México, la historia económica ha sido dinámica, esto debido a los múltiples cambios sociales que se han suscitado en el territorio nacional y extraterritorialmente. Ya sea por la conquista, por la lucha de independencia o por la Revolución, instauración de formas de gobierno dictatoriales o democráticas, o bien por la participación del país en sistemas económicos globales tales como el liberalismo económico, el país has tenido altas y bajas en materia económica.

Desde 1936, año en que Lázaro Cárdenas del Rio se atrevió a retar los intereses particulares extranjeros para beneficiar a las mayorías con el Decreto Presidencial que le otorgaba al Estado mexicano la rectoría soberana sobre el petróleo, la economía del país se ha sustentado con la explotación de dicho recurso natural.

Es claro que el desarrollo nacional de México se ha beneficiado en la exportación del llamado oro negro. Sin embargo, dicho recurso, a pesar de ser tan importante para el país, ha sido manejado de manera irresponsable, lo cual, ha traído como consecuencia la implementación de diferentes reformas estructurales cuyo fin ha sido mejorar los métodos de explotación de dicho recurso y obtener mayores ganancias que repercutan en el presupuesto nacional.

Sin embargo, dichas reformas dejan a un lado el problema de fondo pues no están enfocadas en un tema primordial que atañe no solo a la petrolera nacional sino a más de una institución: la corrupción. Dicho problema ha ocasionado grandes pérdidas económicas en Petróleos Mexicanos (PEMEX), y en consecuencia para el país.

Bajo el velo aparentemente progresista de la reforma energética, se han llevado a cabo diferentes maniobras que han intentado rescatar lo que queda de PEMEX. Un ejemplo claro de ello es la instrucción que el Gobierno Federal recibió de dicha reforma para asumir parte de las pensiones y jubilaciones de la petrolera.

Bajo este mandato la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recreó una figura que se asemeja a lo que en el año de 1995 fue conocido como el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), cuyo fin fue rescatar a los bancos privados mediante una deuda pública que se calcula en 552 mil millones de pesos.

En esta ocasión, el Gobierno Federal, a través de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, va a pagar una parte del pasivo laboral de los trabajadores de la petrolera por un monto inicial de 50 mil millones de pesos.

El reporte menciona que Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reglas bajo las cuales asumirá el pago de pensiones de Pemex, el cual estaría sujeto a una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de un experto independiente que certificaría los cálculos de la petrolera para asegurar que el monto ahorrado es verdadero.

Tal es la crisis de PEMEX, que para disminuir la cantidad de pensionados ha sido necesario implementar otras acciones como la de aumentar la edad de jubilación, ya que ahora será de 60 años, aumentando así cinco años más de labores para los trabajadores que deseen jubilarse siempre que tengan menos de quince años trabajando para la empresa petrolera.

Lo anterior no es de sorprender, pues durante el debate de la Reforma Energética se advirtió que los pasivos laborales de la ahora empresa productiva del Estado  había llegado a 1.3 billones de pesos hasta el 2014; asimismo, en los últimos gobiernos creció de manera exponencial la plantilla de trabajadores de Pemex, sin ninguna causa o razón justificada. Tan sólo de 2000 a 2010 la plantilla de trabajadores creció un 78. 13 por ciento.

Lo anterior es el reflejo de la mala administración que se llevó con PEMEX a tal grado que ahora, se quiere fondear las pensiones de los trabajadores con recursos públicos.

PEMEX enfrenta muchos problemas, uno de ellos y del que más aqueja es la falta de recursos para fondear las jubilaciones de sus trabajadores, entonces ¿en dónde quedaron los recursos de los trabajadores que se les descuenta para sus pensiones?

Ante tal panorama, se necesita un informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Petróleos Mexicanos para que expliquen la actual situación en torno los pasivos laborales de la hoy empresa productiva del Estado.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Director General de Petróleos Mexicanos para que en coordinación con el Secretario de Hacienda y Crédito Público, rindan un informe pormenorizado a esta Soberanía sobre:

a) El monto de los pasivos laborales de la empresa productiva del Estado.

b) Los motivos que llevaron a tener dichos pasivos laborales.

c) Las acciones que implementarán a fin de amortiguar los pasivos laborales.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de febrero de 2016.

Atentamente

Sen. David Monreal Ávila.





 

De la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de los estados a promover el fortalecimiento de las instituciones de procuración de justicia bajo el nuevo sistema penal acusatorio. Se turna a la Comisión de Justicia.

La suscrita, Senadora MÓNICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II;276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA  AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS, PARA QUE SE PROMUEVA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA BAJO EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO, SE IMPULSE UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA DENUNCIA DE LAS PERSONAS BAJO MECANISMOS ÁGILES Y SEGUROS Y  PARA QUE SE ATIENDA DE MANERA URGENTE EL PROBLEMA DE LA SOBREPOBLACIÓN PENITENCIARIA, LAS CARENCIAS HUMANAS, FÍSICAS Y TECNOLÓGICAS DE LOS CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL; GARANTICE LA AUTONOMÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; IMPLEMENTE CABALMENTE LAS RECOMENDACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS QUE FORMULEN AL ESTADO MEXICANO LAS AGENCIAS DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y DEL SISTEMA INTERAMERICANO; Y, CON BASE EN LAS 10 ACCIONES ANUNCIADAS EN NOVIEMBRE DEL 2014, AGILIZAR LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO ABIERTO, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El día 3 de febrero del año en curso trascendió un encabezado periodístico que debe preocuparnos: “Alta impunidad en México: menos del 1% de los delitos son castigados”.

La Universidad de las Américas Puebla realiza uno de los trabajos de análisis cuantitativo y cualitativo más destacado de la impunidad a nivel global.

El Diccionario de la Real Academia Española define a la impunidad como la “falta de castigo”, por lo tanto podemos concluir que esto va indisolublemente ligado a la ausencia de castigo o falta de punición a la comisión de un delito, descansando, esencialmente, este fenómeno dentro del derecho penal.

En México se ha erosionado hasta el cansancio la importancia de erradicar por completo la impunidad y la corrupción en un aparente estado de derecho. Siendo estos dos conceptos, dos de los males que más perjuicios causan a nuestra nación y su desarrollo.

La impunidad y la corrupción no sólo evitan que se actualice el concepto de justicia, sino que son las dos acciones que más indignan, justificadamente, a la sociedad mexicana.

La Lic. Andrea Ambrogi Domínguez, Presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, lo mencionó claramente dentro del prólogo del análisis, “una sociedad no puede confiarse en que los valores y principios de sus integrantes son suficientes para garantizar una convivencia armónica y respetuosa. Es necesario asegurarse que las conductas antisociales de los individuos sean sancionadas y que todos los miembros de la comunidad estén conscientes de ello.

La crisis de inseguridad, violencia, corrupción y violaciones a los derechos humanos por la que atraviesa nuestro país tiene una raíz clara: la impunidad. Al constatar que pueden quebrantar la ley sin ningún castigo, los delincuentes encuentran un aliciente para cometer sus ilícitos y mantener el hábitat adecuado para subsistir.”

El Índice de Impunidad de México menciona puntos elementales para poder elaborar un análisis adecuado del fenómeno en nuestro país y así concluir con acciones específicas que puedan encauzar las políticas públicas y la legislación a una solución urgente.

Un ejemplo de lo anterior, es que la impunidad es multidimensional, y por lo mismo las soluciones lo deben de ser también. Surge de diversas ramas en el desempeño de la labor del Estado como es la responsabilidad de la seguridad ciudadana, la procuración y administración de justicia, el buen funcionamiento del sistema penitenciario así como la protección de los derechos humanos.

Asimismo, es multicausal ya que sus orígenes evolucionan durante todo el proceso que inicia con la comisión de un delito, hasta que este es castigado y sus víctimas reciben la reparación por el daño causado. La impunidad mantiene correlación estadística con los niveles de corrupción y desigualdad socioeconómica.

Según lo establecido en el informe, la impunidad surge a partir del mal funcionamiento de las dimensiones de seguridad, justicia y derechos humanos en el ámbito nacional y local de los países, y existe una corresponsabilidad de todos los poderes de gobierno, y  los tres órdenes de gobierno.

Los resultados de la profunda investigación realizada en el Índice Global de Impunidad México 2016, arrojan peligros alarmantes que requieren urgente solución.

Algunos de éstos son:

En México solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos por lo que la cifra negra en México desde 2013 alcanza un porcentaje no menor al 92.8% desde 2013.

Por lo anterior, es evidente que cualquier celebración de una reducción en la comisión de delitos, en realidad, no tiene relevancia debido a la altísima omisión de denunciar.

La sociedad estableció dos razones por las que no denuncian: la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad.

Los índices de impunidad en las entidades federativas de México indican lamentablemente que la impunidad es un problema generalizado en el país. La varianza de impunidad en 26 entidades es de apenas ±5.73 puntos.
Del total de delitos consumados, solamente existe un 4.46% de sentencias condenatorias.

Lo cual nos arroja una impunidad cercana al 95% de los delitos que fueron acreditados por la autoridad como consumados.

La cifra anterior (delitos consumados) en perspectiva con la cifra negra (delitos que no fueron denunciados por los ciudadanos) arrojaría que la impunidad simple y llana, entendida como delito sin castigo, estaría en los márgenes del 99% en México. Es decir, menos del 1% de los delitos en México son castigados.

El personal penitenciario responsable de cuidar a los reclusos en los CERESOS estatales es de apenas 20 policías por cada 100 reclusos. El promedio de los países del IGI es de 47 por cada 100.

En México la sobrepoblación penitenciaria a nivel estatal es del 30% con respecto a la capacidad instalada en los centros de reclusión. La sobrepoblación promedio de los centros penitenciarios en el mundo es de un 17%. México duplica la sobrepoblación penitenciaria promedio global.

 El porcentaje de homicidios registrados entre el número de homicidios cometidos en averiguaciones previas iniciadas ante ministerios públicos o fiscalías locales en México es de 27.5%.

El porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia alcanza un promedio nacional de 35.7%.

A nivel nacional el peor desempeño por subdimensión se encuentra en estructura sistema de justicia seguido por funcional sistema de seguridad.

La administración Pública Federal como depositaria del poder Ejecutivo que tiene bajo su tutela la responsabilidad del sistema de seguridad, la investigación de los delitos, la administración del sistema penitenciario y la salvaguarda federal de los derechos humanos, debe tomar acción expedita en el tema.

Es por lo anteriormente expuesto y fundamentado que someto a esta Soberanía, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta a las autoridades federales y de los estados que se dé amplia difusión al funcionamiento del nuevo sistema penal acusatorio, que se fortalezcan las instituciones de procuración de justicia para hacerlo efectivo, se agilice la atención a la población para la denuncia del delito, y se les brinde seguridad y apoyo como víctimas de la delincuencia.

SEGUNDO. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que se atienda de manera urgente el problema de la sobrepoblación penitenciaria, las carencias humanas, físicas y tecnológicas de los centros de readaptación social; garantice la autonomía de la Fiscalía General de la República; implemente cabalmente las recomendaciones en materia de seguridad, justicia y Derechos Humanos que formulen al Estado mexicano las agencias del sistema de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano; y, con base en las 10 acciones anunciadas en noviembre del 2014, agilizar las políticas de gobierno abierto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 18 de febrero de 2016.

Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo.





 

De los Senadores Manuel Humberto Cota Jiménez, José de Jesús Santana García, Mely Romero Celis, Gerardo Sánchez García, María Hilaria Domínguez Arvizu y Miguel Romo Medina, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a establecer medidas de apoyo para atender la problemática de los productores de leche del país. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.







 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a crear las condiciones necesarias para que las cooperativas pesqueras que presenten adeudos en temas de seguridad social puedan obtener esquemas alternativos para el pago de éstos y sigan teniendo la protección de seguridad social y atención médica, además de tener acceso a apoyos federales a través de diversos proyectos de su sector que al estar en deuda con el IMSS se les impediría su aprobación. Se turna a la Comisión de Pesca y Acuacultura.







 

De los Senadores Raúl Morón Orozco y Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a dar cumplimiento al pago de prestación de servicios contratados por la extinta Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Los suscritos Senadores, RAÚL MORÓN OROZCO y ARMANDO RÍOS PÍTER integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en los  artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán fue creada el 15 de enero de 2014 como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación con el objetivo de reestablecer el orden y la seguridad en el estado de Michoacán y su desarrollo integral en los aspectos políticos, sociales, económicos y de seguridad pública de dicha entidad federativa.

Debido a las circunstancias adversas de aquel momento en el estado de Michoacán, el ejecutivo federal por conducto de dicha Comisión, decidió movilizar cientos de elementos de las fuerzas federales de seguridad así como funcionarios que facilitaran la implementación de las estrategias y ejecutar las acciones necesarias para el restablecimiento del orden y la seguridad.

En dicha estrategia, el personal federal que fue comisionado para integrarse a los trabajos de la Comisión fue albergado en hoteles de distintas localidades de Michoacán y se contrataron también los alimentos y servicios necesarios para su adecuada permanencia en aquella entidad. Para ello, en su momento los empresarios locales de hotelería decidieron otorgar precios por debajo de las tarifas establecidas regularmente por hospedaje y alimentación en un esfuerzo por colaborar con el gobierno federal, con la Secretaría de Gobernación y con la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán en la búsqueda de retomar la estabilidad política, social, económica y de seguridad de la entidad.

Para cumplir con los propósitos de coordinación de todas las autoridades federales para el restablecimiento del orden y la seguridad en el Estado de Michoacán, se estableció en su decreto de creación que la Comisión contaría con las unidades administrativas y áreas de apoyo necesarias para el ejercicio de sus funciones. Adicionalmente, se estableció que bajo la coordinación del Secretario de Gobernación, tanto el Comisionado Nacional de Seguridad como el Comisionado General de la Policía Federal deberían prestar el apoyo de recursos humanos, materiales, financieros, técnicos y presupuestarios que requiriera el Comisionado para el cumplimiento del objeto de su encargo.

En el mismo decreto de creación, se estableció en su artículo transitorio que la Secretaría de Gobernación proveería los recursos humanos, materiales y financieros requeridos por la Comisión para el ejercicio de sus funciones, para lo cual se daría la intervención correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En la publicación del Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de septiembre de 2015 se abroga el diverso por el que se creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, entendiéndose que dicha Comisión concluyó con su función y agotó la necesidad de su existencia legal y de las unidades administrativas y áreas de apoyo para el ejercicio de sus funciones, así como de la presencia de los funcionarios federales en dicha entidad.

Lamentablemente, contrario a los objetivos buscados con la creación de la Comisión, los pagos generados por el hospedaje y alimentación de los funcionarios federales no fueron realizados en tiempo y forma adecuados por parte de la Secretaría de Gobernación, con lo que se afectó la frágil economía de las empresas locales y se creó un adeudo que hasta la fecha no ha sido saldado en su totalidad al sector hotelero del Estado de Michoacán.

Debido al incumplimiento, el monto de adeudo en este momento a empresas locales por parte de la Secretaría de Gobernación supera los 13 millones de pesos y tiene un retraso desde el mes de mayo de 2015, generando con esta situación la pérdida de capacidad de operación de hoteles locales, el endeudamiento de los empresarios para mantener activos sus negocios y la consecuente pérdida del valor del monto del recurso que se les adeuda después de más de 9 meses. Todo lo anterior sin que este forzado financiamiento implique sanción alguna o carga por concepto de financiamiento para la autoridad federal.

Ante estos hechos, los distintos empresarios de la hotelería del estado de Michoacán han acudido en distintos momentos ante los funcionarios federales asignados para resolver tal problemática, sin que hasta la fecha hayan obtenido una respuesta que les brinde certidumbre de pago, teniendo que enfrentar de manera individual las consecuencias de dichos adeudos y la incertidumbre del pago de los servicios que prestaron con oportunidad.

En caso de no cubrirse este adeudo reconocido y documentado, el perjuicio en contra de las empresas locales de hotelería seguirá creciendo, por lo que resulta urgente el pago total por parte de la Secretaría de Gobernación de los adecuados generados por parte de la extinta Comisión.

Por lo anteriormente expuesto, es imprescindible conocer los montos, destino y ejercicio de los recursos destinados a la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán y las causales por las que la Secretaría de Gobernación no pueden cubrir las deudas contraídas después de 5 meses de la extinción de dicha Comisión, por lo tanto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que dé a conocer a esta Soberanía un informe pormenorizado de los montos, destino y ejercicio de los recursos destinados a la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán durante el ejercicio de su encargo, así como las causas por las que no cuenta con la suficiencia presupuestal para liquidar los adeudos que generó por concepto de hospedaje y alimentación de los servidores públicos comisionados durante el periodo de su existencia.

Segundo. El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que a la brevedad liquide los adeudos pendientes generados por la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán por concepto de hospedaje y alimentación a empresarios locales de Michoacán.

Dado en la Ciudad de México en el Senado de la Republica, el 18 de febrero de 2016.

Atentamente

Sen. Raúl Morón Orozco.- Sen. Armando Ríos Piter.





 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo para que se ponga a disposición de la ciudadanía un archivo histórico electrónico en relación con las actividades del Senado de la República. Queda en poder de la Mesa Directiva.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDE VALORAR Y REALIZAR UN PROYECTO DE ENLACE LEGISLATIVO, PROPIO DEL PORTAL DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, PARA QUE SE PONGA A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA INTERESADA UN ARCHIVO HISTÓRICO ELECTRÓNICO, UN ENLACE ESPECÍFICO, DE LAS CONFERENCIAS MAGISTRALES, PONENCIAS, FOROS, ESTUDIOS, CONVERSATORIOS, CONSULTAS, PRESENTACIÓN DE INFORMES DE ENTIDADES INTERNACIONALES SOBRE MÉXICO, EN FAVOR DE LA LIBRE CIRCULACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LAS IDEAS, DEL ESTUDIO Y DEL CONOCIMIENTO Y COMO UN GESTO DE CORRESPONDENCIA AL ORIGEN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS QUE SUSTENTAN ESTA INSTITUCIÓN, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

Esta institución es parte de un gran circuito de comunicación, en ella se presentan producciones académicas, intelectuales, editoriales, cinematográficas de un valor que no se puede mensurar. Los foros, las conferencias magistrales, las ponencias, los conversatorios, la presentación de informes son parte del ambiente parlamentario y del proceso de toma de decisiones y posturas de las señoras y señores legisladores. Asimismo, son parte de un estrato cultural y definen el estado en que se encuentra la calidad de las producciones culturales de investigación y análisis del país. Hay momentos, incluso, que esos productos forman parte de un proceso histórico importante porque se constituyeron como razones para que el país tomara cierto camino y no otro a través de las mayorías definitorias, incluso cuando se trate de una verdad para unos y el reverso de la verdad para otros.

El valor de esos trabajos intelectuales o testimoniales va más allá de ser un argumento de valor decisorio, o de ser un argumento de oposición a ciertos proyectos y legislaciones que ya son activas para la realidad del país; por ejemplo, las reformas estructurales, y adquieren un valor prospectivo para ser analizadas en el futuro por estudiosos para analizar con mayor certeza las causas de las decisiones que se tomaron, porqué se tomaron y bajo qué criterios argumentativos, así como los efectos positivos o negativos que se crearon.

El proceso intelectual, los métodos, las formas que adquirió la toma de decisiones, las razones argumentativas del rumbo que va tomando el país, también está sujeto a estudio y análisis y es viable y justo que esos instrumentos estén a disposición de quien quiera conocer la historia inmediata de su país.

Recordemos que el sustento de esta institución corre a cargo de los recursos públicos y ofrecer permanentemente al público interesado los productos que aquí se exponen es un principio de correspondencia. Por ello esta propuesta sugiere que conferencias magistrales, presentación de informes de estudio y análisis de especialistas, ongs, académicos, grupos de estudio, instituciones, conversatorios estén a disposición de interesados en una especie de biblioteca electrónica, enlace o página especial, para que la difusión de esos trabajos se amplíe mucho más allá en tiempo y espacio que el público que asistió o presenció en el canal del Congreso. Esto en favor de la circulación de las ideas, de la educación, como un tópico de la comunicación social y como un gesto de correspondencia, de propiedad social de las exposiciones intelectuales que el Senado generosamente ofrece y que muchas veces es difícil de encontrar para la ciudadanía.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República acuerda valorar y realizar un proyecto de enlace legislativo, propio del portal del Senado de la República, para que se ponga a disposición de la ciudadanía interesada un archivo histórico electrónico, un enlace específico, de las conferencias magistrales, ponencias, foros, estudios, conversatorios, consultas, presentación de informes de entidades internacionales sobre México, en favor de la libre circulación y disposición de las ideas, del estudio y del conocimiento y como un gesto de correspondencia al origen de los recursos públicos que sustentan esta institución.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 18 de febrero de 2016.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.





 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, María Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a diseñar, fortalecer y perfeccionar los programas para la prevención, detección oportuna y tratamiento adecuado del cáncer en niñas, niños y adolescentes. Se turna a la Comisión de Salud.

Las suscritas HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVÍZU, ERIKA AYALA RIOS y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la incidencia del cáncer en niñas, niños y adolescentes ha aumentado en los últimos años en más de 200 por ciento en países en desarrollo, diagnosticándose principalmente leucemia, linfomas y tumores primitivos del sistema nerviosos central.

La misma OMS, señala que a nivel mundial son diagnosticados 15 casos de cáncer infantil por cada 100 mil niños menores de 15 años de edad; aproximadamente la mitad de estos originados en menores de 4 años de edad, señalando que a escala mundial se estiman aproximadamente unos 160 mil nuevos casos y 90 mil muertes en menores de 15 años de edad cada año.

En México, de acuerdo con el Boletín de Información de Cáncer en Niñas (os) y Adolescentes con cáncer 2008 a 2012 de la Secretaría de Salud, el cáncer en la infancia y adolescencia es una prioridad en la salud pública de México, ya que representa la principal causa de muerte por enfermedad entre 5 y 14 años de edad, cobrando más de 2,000 vidas anuales en niñas, niños y adolescentes mexicanos1.

Asimismo, señala el boletín, en el país la supervivencia global a 4 años para todos los tipos de cáncer en menores de edad es del 65%; muy por debajo de los estándares en países desarrollados, donde se espera que el 80% de los pacientes se curen.

Dentro de las cifras más importantes que señala el documento citado se encuentran2:

● A nivel nacional de acuerdo con el citado documento, los estados que presentan más casos registrados son Veracruz con 538, Jalisco con 533 y Michoacán con 399.

● El grupo de edad con más casos registrados a nivel nacional es el comprendido entre 1 y 4 años.

● En cuanto a la distribución por sexo, existe un ligero predominio de casos registrados para el sexo masculino 55.41% (3883) a diferencia del sexo femenino que representa el 44.59%(3124).

● Los tipos de cáncer más comunes son leucemias, linfomas y neoplasias del retículo endotelial y neoplasias del sistema nervioso central.

● De acuerdo con el Instituto Nacional de Pediatría en México sólo hay 152 oncólogos pediatras certificados en el país, de los cuales 72 están en los 49 hospitales acreditados para atender a los afiliados al Seguro Popular.

Las unidades médicas acreditadas que más casos reportan a nivel nacional son:

1. Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, Jalisco (471 casos) Principales tipos de cáncer: leucemias, linfomas y neoplasias del retículo endotelial y neoplasias del sistema nervioso central.

Grupo etario con mayor concentración de casos: 1 – 4 años. • Distribución por sexo: femenino 45.66% / masculino 55.34%.

2. H.E. Eva Sámano de López Mateos, Michoacán (399 casos)
Principales tipos de cáncer: leucemias, linfomas y neoplasias del retículo endotelial y neoplasias del sistema nervioso central.

Grupo etario con mayor concentración de casos: 1 – 4 años. • Distribución por sexo: femenino 45.20% / masculino 54.80%.

3. Hospital de Especialidades Pediátricas, Chiapas (350 casos)
Principales tipos de cáncer: leucemias, linfomas y neoplasias del retículo endotelial y retinoblastoma.

Grupo etario con mayor concentración de casos: 1 – 4 años. • Distribución por sexo: femenino 43.14% / masculino 56.86%.

Por su parte, los casos registrados actualmente por entidad federativa son3:

1. Aguascalientes           37

2. Baja California            51

3. Baja California Sur     65

4. Campeche                 72

5. Chiapas                     86

6. Chihuahua                100

7. Coahuila                   114

8. Colima                      128

9. Distrito Federal         142

10. Durango                 157

11. Estado de México   171

12. Guanajuato             185

13. Guerrero                 199

14. Hidalgo                    213

15. Jalisco                     227

16. Michoacán              241

17. Morelos                   255

18. Nayarit                    269

19. Nuevo León            283

20. Oaxaca                   297

21. Puebla                    311

22. Querétaro               325

23. Quintana Roo         339

24. San Luis Potosí      353

25. Sinaloa                   366

26. Sonora                    379

27. Tabasco                  393

28. Tamaulipas             406

29. Tlaxcala                  420

30. Veracruz                 434

31. Yucatán                  448

32. Zacatecas               462

El Estado Mexicano ha desarrollado diversas acciones para hacer frente al Cáncer en Niñas, Niños y Adolescentes, tales como el Programa de Cáncer en la Infancia y Adolescencia, que tiene como objetivo principal el establecer políticas públicas para incrementar la sobrevida, disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de los enfermos y sus familiares, mediante estrategias dirigidas a la detección temprana, acceso efectivo a los servicios de salud y atención oportuna e integral para la niñez mexicana que padece esta enfermedad catastrófica, y tiene entre sus funciones:

● Proponer políticas, estrategias y acciones de investigación, prevención, diagnóstico, tratamiento integral del cáncer detectado entre las personas menores de dieciocho años, así como para mejorar su calidad de vida, y

● Promover la coordinación de las acciones entre las dependencias y entidades de la administración pública federal y entre éstas y los gobiernos de las entidades federativas, así como la concertación de acciones con los sectores social y privado.

Asimismo, el. Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018 de la presente administración, establece una línea de acción para fortalecer la detección temprana y referencia oportuna de pacientes oncológicos menores de 18 años, ya que el 75% de los casos de cáncer en el país se detectan en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que reduce la probabilidad de sobrevivir, e incrementa el tiempo y costos de atención.

Es por lo descrito en el desarrollo del presente, en el marco del Día Internacional de la lucha contra el Cáncer Infantil, que se propone insistir en la necesidad de que, como Estado, todas las partes implicadas se sumen para diseñar, fortalecer y perfeccionar los programas para la prevención, detección oportuna y tratamiento adecuado de niñas, niños y adolescentes que padecen cáncer.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las Entidades Federativas para que, a través de las instancias correspondientes, diseñen, fortalezcan y perfeccionen los programas para la prevención, detección oportuna y tratamiento adecuado del cáncer en niñas, niños y adolescentes.

Dado en el salón de sesiones del H. Congreso de la Unión, el 18 de febrero de 2016.

Atentamente

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Erika Ayala Ríos.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 “Boletín de Información de Cáncer en Niñas (os) y Adolescentes con cáncer 2008 a 2012”, Secretaría de Salud a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia y de la Dirección de Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia.

2 Ibídem

3 Ibíd.





 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a tomar en cuenta políticas adicionales de inversión productiva ante el colapso de los precios del petróleo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El que suscribe, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno Proposición con Punto de Acuerdo con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

Ante el anuncio de un tercer recorte presupuestal “preventivo” para el año 2017, por parte del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –hecho el lunes 08 de febrero-; y dado que los dos recortes anteriores no contaron con una política alternativa de reactivación económica; es urgente diseñar e implementar un programa adicional de inversión exclusivamente productiva que permita revertir las consecuencias negativas para la macroeconomía; el empleo y el bienestar familiar producidas por el conjunto de recortes ejecutados para el 2015 y el 2016.

En estos años, ante los faltantes presupuestales que se dieron como consecuencia del colapso de precios y producción del crudo mexicano y de un tipo de cambio que se devalúa en paralelo; el gobierno federal  redujo el gasto público en la medida en que esta reducción pudiera mantener un equilibrio de las finanzas públicas, aunque fuera en nivel menor que el pronosticado.

Este contexto, definió resultados bajos en el crecimiento económico que han sido y son insuficientes para combatir la pobreza y para ofrecer, en general,  un bienestar familiar digno. La crisis se ahondó con la subida de la tasa de interés de referencia en respuesta similar al aumento que dictaminó la Reserva Federal de los Estados Unidos.

CONSIDERACIONES

1.- El mantenimiento del equilibrio de las finanzas públicas se sustentó desde el año 2014, en la realización de recortes presupuestales a la inversión, al gasto social y en el cobro de coberturas, así como un aumento en la recaudación que se generó por única vez por la aplicación de un sistema que permite menos evasión y menos elusión fiscal, pero no por un aumento considerable de la actividad económica.

De esta forma todas las metas del PIB se vieron recortadas para el 2014, 2015 y 2016. Un efecto de ello es la espera del despido de 16,000 trabajadores de la administración pública  (10,000 son de Pemex) por medio del “Programa de Separación Laboral” que tiene presupuestado para liquidaciones, la cantidad de 2 mil 135 millones de pesos.

2.- Según la gran mayoría de datos prospectivos sobre el comportamiento del mercado petrolero mundial,  es posible tener una década de precios bajos, y en la actualidad está llevando al cierre y quiebra a decenas de empresas petroleras practicantes del fracking en EUA y en México a la propia empresa Pemex.

Pemex acumuló al tercer trimestre del año pasado, una pérdida de 352,000 millones de pesos porque los precios de la mezcla mexicana de exportación pasaron de 102 dólares el barril (2012) a 26 dólares el barril (2015).

Pero a esa caída de precio, se sumó la caída del volumen de crudo exportado de 2012 a 2015; cuando pasó de 1, 256 (miles de barriles) a  1,172 (miles de barriles) por día; comportamiento que estuvo relacionado a la menor demanda petrolera de EUA y a la menor producción nacional que en el mismo período fue pasó de 2 millones 548 mil a 2 millones 256 mil barriles diarios.

Así la pérdida de ingreso por este efecto, en el mismo período fue muy alto. Pasando de 46,852 a 18,524 millones de dólares por año, lo que representó una pérdida de 60.5 por ciento en apenas  tres años. Las ventas internas también disminuyeron de 720,819 a 586,224 millones de pesos, es decir un 18.7 por ciento menos.

3.- La preocupación aumenta cuando se observa que la manufactura, la construcción, la minería y la distribución de energía eléctrica, todos sectores componentes de la actividad industrial, vienen disminuyendo en conjunto en los estados de Campeche; Chiapas, Puebla y Veracruz como efecto de la disminución de la plataforma petrolera y la caída del precio del petróleo. Pero la pérdida del dinamismo se extiende a Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León, Tabasco.

Por otra parte, hay que agregar que México depende en un 42 por ciento de compras alimentarias al exterior, lo que significa aumento de precios;  así como una persistente salida de capitales del país ante las mejores condiciones de tasa de interés que ofrece EUA y la inseguridad nacional para el crecimiento.

4.- El presupuesto 2016, fue elaborado tomando como base, que el precio del  petróleo estaría en 50 dólares el barril; un tipo de cambio de 16.40 y un endeudamiento externo por 6 mil millones  dólares. Estos pronósticos ya no son tales; pero las autoridades hacendarias insisten en que las finanzas públicas siguen equilibradas.

Ahora, se estima que el tercer recorte preventivo será entre 90 mil y 130 mil millones de pesos para el 2017. Adicionales a los 17,500 millones de dólares que se recortaron para el 2015 y 2016. Es decir esto ya es un claro procedimiento de política de austeridad.

En realidad no es conveniente para el país ingresar en una espiral negativa de ajustes presupuestales; sino más bien en diseñar e implementar una alternativa de emergencia económica basada en un programa rápido y eficaz de inversiones productivas de corto plazo de maduración por un monto equivalente al faltante presupuestal.

Esto por supuesto implica, encontrar nuevas formas y fuentes de financiamiento, que podrán ir desde el uso de las reservas internaciones en calidad de préstamo y otras posibilidades nacionales,  hasta los acuerdos internacionales de colocación de capitales en nuestro país.

El resultado será no solo mantener el equilibrio de las finanzas públicas, sino, principalmente que este equilibrio se logra en tasas de crecimiento más altas.

Por estas razones expuestas, y por la urgente protección de la economía familiar

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a tomar en cuenta adicionales políticas de inversión productiva ante el colapso de los precios del petróleo.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 18 de febrero de 2016.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.





 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a desarrollar un estudio, un análisis y un diagnóstico ante el proceso operativo de la alerta de violencia de género contra las mujeres para 11 municipios del Estado de México. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A DESARROLLAR UN ESTUDIO, UN ANÁLISIS Y UN DIAGNÓSTICO ANTE EL PROCESO OPERATIVO DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES PARA 11 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO QUE FUE EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN EN EL MES DE JULIO DEL 2015 CON EL FIN DE CONOCER DETALLES DEL PROCESO, MÉTODOS, APLICACIONES PRÁCTICAS QUE PUDIERAN CONTRIBUIR A OPTIMIZAR LOS ALCANCES DE EFICACIA DE LA ALERTA. CON ESA INFORMACIÓN ESTA INSTITUCIÓN CONTRIBUIRÍA CON SUS FACULTADES A DESARROLLAR ESTE INSTRUMENTO, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Este Senado de la República ha estado atento a los inocultables temas de desaparición de mujeres, de niñas, feminicidios, en el mundo, en el país y en las localidades regionales. Ha desarrollado una gran cantidad de acciones legislativas, de pronunciamientos, de posturas, de iniciativas, de acuerdos. Todo lo posible parlamentariamente hablando se ha hecho. Todos los parlamentarios están a la espera de los efectos de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para 11 municipios del Estado de México que fue emitida en el mes de julio del 2015. Los municipios contemplados en la alerta son Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco del Estado de México. La Secretaría de Gobernación notificó oficialmente dicha declaratoria al titular del Poder Ejecutivo local, con la finalidad de coadyuvar en la garantía del derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y niñas mexiquenses.

Sin embargo, se observa una penosa falta de resultados esperados, precisamente porque urge inhibir estos eventos de fatalidad y muchas veces o no consideramos los tiempos de impacto del proceso de la alerta en los nichos delincuenciales o la dimensión del fenómeno es inconmensurable. Este Senado cuenta con recursos de observación; cuenta con la dotación de información de los medios de comunicación y los informes de las dependencias involucradas o de las organizaciones que están atentas a ello.

Por eso suscribimos las notas periodísticas que nos avisan que a siete meses de que se emitió la alerta de género para 11 municipios del estado de México, la violencia contra las mujeres sigue siendo una constante en esta entidad. En lo que va de 2016 se han reportado 12 muertes violentas, sin que haya un solo agresor detenido.

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), Alejandro Gómez Sánchez, manifestó que desde el año pasado todas las muertes violentas de mujeres son investigadas como feminicidios, pues así lo ordenó la    Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver un amparo en el cual instruyó al Ministerio Público a reabrir una investigación para darle seguimiento con perspectiva de género.

Sin embargo, algo sucede, el conjunto de esfuerzos desarrollados por autoridades federales, estatales y municipales no han sido suficientes para contener estos delitos. El procurador adelantó que, debido a la forma en que ahora se investigan los homicidios de mujeres, será natural que aumenten las investigaciones por feminicidios.

Algunas organizaciones sociales y partidos políticos han demandado que la alerta de género se extienda a los 125 municipios del estado y que se informe sobre las acciones emprendidas desde que se decretó en 11 municipios y se haga una evaluación de sus resultados.

Asimismo, las dependencias correspondientes del gobierno del Estado de México no han emitido ningún reporte a la sociedad, donde se detalle las acciones concretas, avances, obstáculos y resultados afirmó un representante de un partido estatal.

Entre las características de los últimos feminicidios destaca que el 60 por ciento de las víctimas tenían entre 20 y 40 años de edad, 78 por ciento fueron asesinadas con uso excesivo de fuerza física, 60 por ciento fueron encontradas en lugares públicos, 45 por ciento tuvieron como victimario a su pareja, y en 33 por ciento se desconocía la identidad de los homicidas.

2.- Un fenómeno social con estas características no sólo debe ser tratado por las acciones gubernamentales, es un asunto común y es viable que las dependencias del Estado, las promotoras y defensoras de Derechos Humanos intervengan con sus instrumentos para analizar los operativos que ha diseñado el Estado para combatir estos delitos. Esto conllevaría a aplicar la alerta de género con resultados razonablemente determinados por los alcances de los operativos y la dimensión del fenómeno a intervenir y contener.

3.- Cualquier respuesta gubernamental diseñada por el Estado, con el concurso social y de las instituciones es susceptible de ser revisada, monitoreada para ir adecuando su desarrollo, sus estrategias, sus cualidades operativas. El Senado de la República tiene las facultades de exhortar, de tratar de acercar a instituciones para que las posibilidades ejecutivas se amplíen, tomen otro ritmo y continuamente emitan la información  pertinente para que sean justamente observables. Por ello emitimos esta propuesta para acercar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con sus recursos múltiples, para que estudie el proceso de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para 11 municipios del Estado de México que fue emitida en el mes de julio del 2015.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a desarrollar un estudio, un análisis y un diagnóstico ante el proceso operativo de la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres (AVGM) para 11 municipios del Estado de México que fue emitida por la Secretaría de Gobernación en el mes de julio del 2015 con el fin de conocer detalles del proceso, métodos, aplicaciones prácticas que pudieran contribuir a optimizar los alcances de eficacia de la alerta. Con esa información esta institución contribuiría con sus facultades a desarrollar este instrumento.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 18 de febrero de 2016.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.





 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social a rendir un informe de la situación actual que guardan los Centros Federales de Readaptación Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN; Y DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL PARA QUE DE MANERA URGENTE RINDAN UN INFORME A ESTA SOBERANÍA, DE LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDAN LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL, LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES QUE PRESENTAN Y LAS ESTRATEGIAS QUE SE ESTAN IMPLEMENTANDO PARA GENERAR CONDICIONES ÓPTIMAS QUE PERMITAN A LOS INTERNOS UNA VERDADERA REINCORPORACIÓN A LA SOCIEDAD, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El jueves 11 de febrero de 2016, sucedió una tragedia que dejó como saldo 49 internos muertos y 12 heridos, en el interior del penal de Topo Chico, Nuevo León, suceso que deja al descubierto las deficiencias que tiene no solo este centro penitenciario, sino todos los penales que integran el sistema penitenciario nacional.

Existen una serie de ejemplos que podemos enumerar y que nos revelan la grave situación por la que atraviesa nuestro sistema penitenciario, y “Topo Chico” se suma a esta lista de varios casos similares. Sólo por mencionar algunos, en 2012, en las cárceles de ‘Apodaca’ en Nuevo León y ‘Gómez Palacio’ en Durango, murieron 44 y 24 reos respectivamente, en ambos casos, en un intento de fuga masiva. En 2013, en el penal de 'La Pila', en San Luis Potosí, se registró una riña que dejó un saldo de 13 muertes y 65 heridos.

Este hecho, ha provocado que se hagan señalamientos entre autoridades de unas u otras filiaciones partidistas, como las que se le hacen al Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón como principal responsable, sin embargo, no podemos defender o culpar a nadie, si nohacemos un análisis integral y no de coyuntura.

En enero de 2013, se contabilizaron 242 mil 754 personas privadas de su libertad en el país, en un espacio total diseñado para 195 mil 278. Este dato indica sobrepoblación y hacinamiento de 24.3%, que se registra en 220 de 420 centros penitenciarios, según el estudio 'La cárcel en México, ¿para qué?', publicado por México Evalúa.

El 21 de enero de 2015, en una publicación que hizo en su portal “Noticias Terra”, se dieron a conocer datos interesantes sobre la problemática estructural que tiene el Sistema Penitenciario en nuestro país, por ejemplo:

● Se dio a conocer que la Secretaría de Gobernación registró a finales de 2014 un proyecto de inversión de 608 millones de pesos a dos años para 35 acciones de mantenimiento en cuatro cárceles federales.

● Las cuatro cárceles federales de alta seguridad más emblemáticas del país, que sufren grave deterioro por el mantenimiento precario que han recibido: Los CEFERESOS del Altiplano, en Almoloya; Occidente, en Puente Grande; Noreste, en Matamoros, y Noroeste en Tepic, que al cierre de noviembre de 2014 albergaban a 7 mil 568 reos, entre ellos muchos de los más peligrosos de México.

● Los cuatro CEFERESOS, se han venido utilizando “a pesar de que no se han realizado al cien por ciento las adecuaciones físicas y actualizaciones tecnológicas requeridas para escalar las condiciones de seguridad de las instalaciones, debido a la presión que ejerce la carencia de espacios de reclusión", agrega el estudio.

● El del Altiplano tiene más de 23 años en operación; Occidente, 21 años; Noroeste, casi 15 años, y Noreste está cumpliendo 11 años.

● Entre los cuatro concentran a 30.3 por ciento de la población penitenciaria de los 17 centros federales de reclusión, y en 2014 fueron escenario de 25 de los 51 "incidentes" en dichos centros, básicamente peleas que involucraron a 25 reos.

● En teoría, los cuatro CEFERESOS están diseñados para albergar 5 mil 250 personas, es decir, hay 44 por ciento de sobrepoblación.

● "La sobrepoblación y la práctica excesiva de la prisión preventiva -se indica- son problemas estructurales vinculados al sistema de administración de justicia. "Éstos se ven agravados por la concentración que experimenta el sistema penitenciario y la dispersión de la infraestructura, provocando desequilibrios en la distribución de la población penitenciaria y en el uso adecuado de la infraestructura existente", se señala en el proyecto de inversión registrado por la SEGOB.

Asimismo, me permito citar algunos datos del “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2013”, que realizó personal de la CNDH, sobre los cuatro centros penitenciarios federales que serían sometidos a mantenimiento y solución de deficiencias:

CEFERESO 1. ALTIPLANO (Almoloya de Juárez, Estado de México)

Capacidad de alojamiento: 894 presos

Sobrepoblación: 41.7%

Calificación: 7.53

El número de internos rebasan la capacidad instalada de las celdas.

Deficiencias en el registro de incidentes violentos.

No hay procedimiento para la atención de casos de tortura y maltrato ni registro de los casos.

Se detectaron cobros por parte de internos.

CEFERESO 2. OCCIDENTE (Puente Grande, Jalisco)

Capacidad de alojamiento: 1,021 presos

Sobrepoblación: 55.6%

Calificación: 7.7

Carencias en servicios de salud.

Mala calidad de la alimentación.

Deficiencias en los programas para la prevención de adicciones.

Inexistente programa de desintoxicación voluntaria.

CEFERESO 3. NORESTE (Matamoros, Tamaulipas)

Capacidad de alojamiento: 836 presos

Sobrepoblación: 44.6%

Calificación: 7.8

Deficiencias en la atención a internos en condiciones de aislamiento.

Fallas en la atención médica o de servicios para adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad e internos con adicciones.

CEFERESO 4. NOROESTE (Tepic, Nayarit)

Capacidad de alojamiento: 2,786 presos

Capacidad alojada: 67.2%

Calificación: 7.23

Trato indigno durante su estancia en el área de ingreso.

Carece de registro sobre supervisión.

Deficiencias en revisiones periódicas.

Deficiencias en la separación de procesados y sentenciados en áreas comunes.

No cuenta con registro sobre registro de internos adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad, con VIH/Sida o con preferencias sexuales distintas.

La cárcel de Topo Chico, antes de que ocurriera la confrontación que llevó a la muerte de 49 internos y 12 heridos, tenía una sobrepoblación de 35%, de acuerdo a las declaraciones del Gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

Resulta innegable que son varios factores los que originan el fracaso de las cárceles: pero principalmente la corrupción que vende impunidad a quien puede pagarla y el desempeño terrible de un sistema de justicia que castiga más la pobreza que la peligrosidad.

Se ha dado a conocer que desde 2011 tenemos un nuevo diseño del sistema de justicia penal, pero en la práctica aún no contamos con abogados, investigadores y sobre todo, ministerios públicos, suficientemente capacitados e independientes en su actuar. Éste es el punto más delicado y menos trabajado en el país.

Por lo pronto, en el Senado de la República se discute la Ley Nacional de Ejecución de Sentencias donde deben respetarse las garantías del debido proceso a los reclusos, e implementar un nuevo mecanismo de supervisión sobre el funcionamiento de los centros penitenciarios, que sea independiente del Poder Ejecutivo.

Si queremos prevenir tragedias como Topo Chico, requerimos que el Estado Mexicano, tenga un diagnóstico real, una responsabilidad compartida con los tres niveles de Gobierno y todas las fuerzas políticas del país, donde cada quien haga lo que le toque hacer, y con ello, que el poder público y no el crimen organizado, recupere el control de sus centros penitenciarios.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, de obvia y urgente resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, y de la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social para que de manera urgente rindan un informe a esta Soberanía, de la situación actual que guardan los Centros Federales de Readaptación Social, los problemas estructurales que presentan y las estrategias para mejorar con metas claras, que generen las condiciones óptimas con pleno respeto a los derechos humanos, para lograr una verdadera reincorporación a la sociedad de los internos.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a que se convoque al titular de la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social; a los Gobernadores; a especialistas en derecho penitenciario; y Organismos No Gubernamentales para que se lleve a cabo una mesa de trabajo, en la que se revisen y propongan cambios legislativos para mejorar el sistema penitenciario en los Estados.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 18 de febrero de 2016.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de Nuevo León a solicitar a la Auditoría Superior del Estado que lleve a cabo las investigaciones correspondientes, en relación a presuntas irregularidades detectadas durante la revisión del Acta Administrativa de Entrega-Recepción de la Administración 2012-2015 del municipio de Monterrey, Nuevo León y, en caso de acciones u omisiones, se proceda conforme a derecho ante las instancias competentes. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.







 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a solicitar un análisis de los resultados educativos alcanzados por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México desde su creación hasta el ciclo escolar 2014-2015, así como la percepción de los egresados y empleadores sobre la calidad de los servicios de la universidad. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde que se fundó por decreto la Universidad de la Ciudad de México el 26 de abril del año 2001, -como una institución cuyo objetivo sería proporcionar educación superior en áreas científicas, humanística y de ingeniería a la población de la capital del país-, nunca las autoridades capitalinas han presentado un balance serio y objetivo, acerca de la misma. 1

Si bien los diferentes rectores de la institución educativa han presentado en su momento sus respectivos informes anuales, la realidad es que no se ha hecho énfasis en temas como inversión, eficiencia terminal, extensión, difusión e investigación académica. En resumen, no ha quedado clara la viabilidad del proyecto educativo.

La Universidad nació como organismo público descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social. Posteriormente, el 5 de enero de 2005, el entonces Jefe de Gobierno publicó la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), mediante la cual se dotó de autonomía.

En un principio, las autoridades del Gobierno del Distrito Federal ofrecieron a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como una opción para aquellos que no tienen la fortuna de ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) o la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), entre otras importantes instituciones educativas.

Una investigación periodística publicada en febrero de 2015, reveló que entre 2001 y 2014 la Universidad Autónoma de la Ciudad de México había recibido recursos por 8 mil 981 millones 285 mil 452 pesos, tanto locales como federales. Sin embargo sólo había titulado a 819 estudiantes; de ellos, 252 lo hicieron de la carrera de “Comunicación y Cultura” y 93 de “Promoción de la salud”. 2

Eso significa que la carrera de cada uno de los 819 estudiantes graduados ha tenido un costo de 10 millones 966 mil 160 pesos; seis veces más de los que la UNAM asigna para cada uno de sus titulados y por encima incluso de varias de las mejores y más prestigiadas universidades del mundo.

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México ofrece, de acuerdo a su página web, 18 carreras: de Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y Tecnología, y Ciencias y Humanidades. 3

Empero, de acuerdo a información publicada en medios de comunicación, un porcentaje elevado de estudiantes de la UACM se encuentra “detenido” en los primeros semestres o con muy pocos créditos, sin seguimiento académico por parte del personal de la Universidad; además de que se presenta alto grado de ausentismo, los alumnos consumen drogas y bebidas alcohólicas dentro de los campus, a la vista de las autoridades. 4

Asimismo se ha hecho público que el 93 por ciento de los recursos del presupuesto económico de la universidad se va al pago de salarios y prestaciones de los trabajadores operativos y personal académico, lo que limita los recursos para investigación u otras actividades académicas propias de una verdadera universidad.5

En la UACM se han presentado también conflictos de origen político, financiero y legal, pues hay grupos que consideran a la UACM como un espacio de poder y de adoctrinamiento, así como para la obtención de dinero para proyectos personales y de grupos. 6

Todos estos problemas a los que se ha enfrentado la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que de acuerdo al entonces Jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés López, iba a resolver la necesidad de “educación para todos”, han provocado que incluso ex rectores como la Dra. Esther Orozco, consideren que la UACM es “un gran fraude” y “un desastre”. 7

Razones similares se esgrimieron el 30 de septiembre del año pasado, cuando el partido político MORENA anunció la apertura de ocho planteles educativos de nivel superior que estarían a disposición de los “jóvenes rechazados de las universidades públicas” de las delegaciones de la Ciudad de México y de las regiones donde serían gobierno. 8

El 2 de octubre de 2015 el Presidente del Consejo Nacional de MORENA, Andrés López, dio a conocer que las universidades serían financiadas con la mitad de las prerrogativas de 200 millones de pesos, que MORENA obtiene del Instituto Nacional Electoral (INE) e invitó a los jóvenes interesados a inscribirse a sus universidades a través de la página de internet:

http://escuelasuniversitarias.org.mx 9

Las carreras que presuntamente se impartirían en las universidades MORENA, son: Agricultura, Contabilidad y Administración Pública, Derecho, Medicina, Normal y Normal Intelectual Bilingüe, en las delegaciones del Distrito Federal donde dicho instituto político resultó ganador durante el Proceso Electoral 2014-2015, como son Azcapotzalco, Tláhuac, Cuauhtémoc, Tlalpan y Xochimilco; además de los municipios de Valladolid, en Yucatán; Calkiní, en Campeche, y en Comalcalco, Tabasco.

Un medio de comunicación nacional dio a conocer que en el lugar donde se están creando las escuelas de MORENA son “predios en proceso de remodelación, viejas casonas e incluso, instalaciones de una secundaria”. Especificó además que las escuelas operarán bajo el esquema de asociaciones civiles, financiadas con dinero donado por diputados locales y federales, así como funcionarios y dirigentes de MORENA; lo que no coincide con la información inicialmente difundida y que consta en comunicados oficiales de dicho partido político. 10

Y aunque han incumplido los plazos y las formas, la coordinadora de las escuelas universitarias de MORENA, Raquel Sosa, anunció hace unos días que ya comenzaron sus cursos propedéuticos, que están gestionando el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y que en agosto iniciarán clases. 11

En el caso de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la que autoriza año con año el Presupuesto que propone el llamado Consejo Universitario.

El artículo 3º de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, determina que es la Auditoría Superior la entidad a través de la cual la Asamblea tiene a su cargo la fiscalización del ingreso y gasto público del Gobierno del Distrito Federal, así como su evaluación. 12

Al artículo 13 de la Ley de Educación del Distrito Federal señala que la Secretaría de Educación local tiene, entre otras atribuciones, vigilar el cumplimiento y aplicación del artículo tercero constitucional, la Ley General de Educación, los principios contenidos en esta ley, los reglamentos y demás disposiciones legales. 13

La Ley General de Partidos Políticos señala entre otras cosas, que está prohibida la intervención de organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras u organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos; que estos tienen derecho a las prerrogativas y están obligados a aplicar el financiamiento exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados.14

Estamos convencidos que la educación de nuestros jóvenes -de la Ciudad de México y de todo el país-, exige de la más alta responsabilidad y que no puede ser utilizada para fines políticos.

Es innegable la necesidad de revisar el funcionamiento -la eficiencia y eficacia-, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es también prioritario estar muy atentos a la apertura de las escuelas universitarias del partido MORENA, que hasta ahora solo ha generado una falsa expectativa en nuestros jóvenes y, además, podría constituir la comisión de diversas irregularidades.

En el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que el tema de la educación es prioritario para toda la población. Sin duda alguna, debemos luchar por fortalecer nuestras instituciones con mayor presupuesto para asegurar su calidad y autonomía académica, la universalidad de ideas y la formación íntegra del ser humano.

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que a través de la Auditoría Superior de la entidad, solicite un análisis de los resultados educativos alcanzados por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México desde su creación hasta el ciclo escolar 2014-2015, así como la percepción de los egresados y empleadores sobre la calidad de los servicios de la universidad.

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita a la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, que supervise y verifique las escuelas universitarias financiadas por el partido político MORENA a efecto de que cumplan con la normatividad vigente en la materia.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 18 de febrero de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.

1 http://transparencia.uacm.edu.mx/oip/Portals/0/articulos/14/Frac-I/decreto_creacionUACM.pdf

2 http://www.razon.com.mx/spip.php?article270602

3 http://www.uacm.edu.mx/uacm/chycs/es-es/inicio/ofertaeducativadelchycs.aspx

4 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/uacm-aulas-vacias-y-pocos-titulados.html

5 http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/895529.html

6 http://www.revistadialogos.cucsh.udg.mx/sites/default/files/dse_a4_n6_ene-jun2013_palencia.pdf

7 http://www.letraslibres.com/blogs/una-universidad-que-no-sirve-pero-sirve

8 http://morenadf.mx/sitio/morena-abrira-su-propia-universidad-para-beneficiar-a-rechazados/

9 http://morenadf.mx/sitio/informa-amlo-que-se-publica-convocatoria-para-que-jovenes-se-inscriban-en-escuelas-superiores-donde-gobernara-morena/

10 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2016/01/12/improvisan-pendientes-universidades-morena

11 http://www.milenio.com/df/Universidades_de_Morena-abren_sin_aval_de_SEP-universidades_sin_Validez_Oficial_0_684531564.html?utm_source=Twitter&utm_medium=Referral&utm_term=
DF&utm_campaign=Milenio





 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar respuesta pronta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la masacre de 11 personas y otros hechos violatorios a derechos humanos ocurridos en la comunidad de “El Charco”, Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero, el 7 de junio de 1998. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanosy 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta representación soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A DAR RESPUESTA PRONTA A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH), SOBRE LA MASACRE DE 11 PERSONAS Y OTROS HECHOS VIOLATORIOS A DERECHOS HUMANOS OCURRIDOS EN LA COMUNIDAD DE “EL CHARCO”, AYUTLA DE LOS LIBRES, EN EL ESTADO DE GUERRERO, EL 7 DE JUNIO DE 1998, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo a los expedientes del caso penal, los días 6 y 7 de junio de 1998, en la Comunidad El Charco en el municipio de Ayutla, Estado de Guerrero, elementos del Ejército Mexicano asentados en la zona militar de la región, sitiaron la Escuela Primaria “Caritino Maldonado Pérez” durante el receso de los trabajos de una Asamblea Regional en la que participaban representantes de aproximadamente 30 comunidades Nu´Saavis, todas pertenecientes a la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT); 150 autoridades indígenas, dos estudiantes de la Universidad Autónoma de México, Ericka Zamora Pardo y Ricardo Zavala Tapia, y un activista social, Efrén Cortes Chávez; así como una representación del recién escindido Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).  

Según testimonios de los sobrevivientes, aproximadamente de las 2 a las 10 de la mañana del día 7, los elementos militares dispararon intermitentemente ráfagas de distinta intensidad, en contra de las 42 personas que se encontraban en las aulas de la escuela; hicieron salir en tres tandas a personas que se encontraban al interior del plantel, disparando en contra de ellas cuando estaban sometidas; al terminar la refriega, 11 personas habían sido asesinadas; cinco más fueron heridas y veintidós personas fueron detenidas y llevadas a la Novena Región Militar de Cumbres de Llano Largo en Acapulco.

En julio de 2012, después de que las víctimas recorrieran todo el entramado legal doméstico en búsqueda de justicia restaurativa para las víctimas, se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el presidente de la organización de derechos humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. (RSDCIAC), Obispo José Raúl Vera López, para solicitar su admisibilidad como un caso de violaciones graves a derechos humanos, ejecución sumaria, para ser exacto.

En mayo de 2015, la Red fue notificada por la CIDH de que el caso había sido considerado para su litigio ante la propia comisión y que se había trasladado al Estado Mexicano para solicitar respuesta a la demanda de los peticionarios; el plazo otorgado al Estado fue de tres meses, mismos que concluyeron sin que se haya recibido respuesta, a través de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de la Procuraduría General de la República y las autoridades del Estado de Guerrero.

Actualmente, existen seis sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuatro de las cuales se refieren a violaciones de derechos humanos cometidas en el Estado de Guerrero:

● Caso Rosendo Radilla Pacheco por desaparición forzada;

● Caso Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel por tortura;

● Caso Valentina Rosendo Cantú por violación y tortura sexual; y

● Caso Inés Fernández por violación y tortura sexual  

La respuesta del Estado mexicano ante estas sentencias aunque ha intentado atender las recomendaciones, ha sido limitada, se ha logrado la reparación económica, algunas medidas de satisfacción como la disculpa pública o la creación de infraestructura de atención a problemáticas derivadas de la violación a derechos humanos, y en el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, la consignación e inicio del proceso penal a los presuntos responsables, sin aún lograr sentencia; pero en los otros dos casos, no ha habido acceso a procesos de justicia penal que derive en la búsqueda y localización de Rosendo Radilla y la consignación de los presuntos responsables de su desaparición forzada, y en el caso de los ecologistas Montiel y Cabrera, a la validación del examen médico psicológico de la comisión de tortura y la consignación de los presuntos responsables.

Por ello, es importante que el gobierno mexicano responda a la demanda de los peticionarios sobre el caso de El Charco de manera urgente, porque la impunidad permite que se reproduzcan hechos similares y uno de los compromisos del gobierno federal ha sido la generación de acciones para que existan garantías de no repetición en violaciones graves a derechos humanos y, por desgracia, aún no se ha logrado:

Casos como el de Tlatlaya (30 de junio 2014, Edomex) en la que perdieron la vida 22 personas; Apatzingán (6 de enero de 2015, Michoacán) 16 personas ejecutadas; Tanhuato (22 de mayo de 2015, Michoacán) 42 personas ejecutadas; La Calera (7 de julio 2015, Zacatecas) 7 personas desaparecidas y posteriormente localizadas sin vida; así como otros casos similares en los que existen señalamientos de abusos cometidos por fuerzas federales, que encuadran legalmente en violaciones de derechos humanos y que aún están sin resolver.

El plazo otorgado al Estado mexicano para presentar la respuesta a la demanda de los peticionarios de justicia en el caso “El Charco” venció desde el mes de agosto de 2015.

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos, a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, de obvia y urgente resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar respuesta pronta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la masacre de 11 personas y otros hechos violatorios de derechos humanos ocurridos en la comunidad de “El Charco”, Ayutla de los Libres, en el Estado de Guerrero, el 7 de junio de 1998.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 18 de febrero de 2016.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de Puebla a realizar una auditoría integral de los recursos destinados a la construcción del teleférico, debido a posibles irregularidades en su construcción. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.







 

De las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a generar y poner en marcha estrategias que permitan a la población derechohabiente el acceso a medicamentos innovadores, como es el caso de los medicamentos destinados al tratamiento de la enfermedad denominada “Mieloma Múltiple”. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.

Las que suscriben, MARIA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA HADAMIRAGASTÉLUM BAJO, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, JUANA LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARIA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, ERIKA AYALA RÍOS, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL GENERE Y PONGA EN MARCHA ESTRATEGIAS QUE PERMITAN A LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE EL ACCESO A MEDICAMENTOS INNOVADORES, COMO ES EL CASO DE LOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DENOMINADA “MIELOMA MÚLTIPLE”, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Se considera al mieloma múltiple como una enfermedad de baja incidencia, dado que la frecuencia en México es de 4.2% a 7.7% de las enfermedades oncohematológicas.

La tasa de incidencia, de estas enfermedades, ajustada a la población mundial, entre 2007 y 2012, fue de alrededor de 1.3 casos por 100,000 habitantes y año.

El mieloma múltiple es una enfermedad entre cuyos síntomas se presentan los relacionados con el síndrome anémico (fatiga, cansancio, dificultad para respirar con el esfuerzo físico), infecciones graves como son las neumonías, además de fracturas patológicas (sin causa aparente), dolor de los huesos, e insuficiencia renal.

Todo ello causado ya sea por la proteína anormal producida por las células malignas o bien, por el crecimiento excesivo de estas células en la medula ósea. Esta enfermedad se presenta en pacientes con un promedio de edad de 65 años, a nivel mundial, pero en nuestro país la mediana de edad llega a ser una década más joven, por lo que afecta a población económicamente activa.

La mediana de supervivencia de los pacientes con MM tras la primera recaída, con un solo tratamiento previo, antes de la aparición de los nuevos agentes era de tan solo 14.9meses.Conla incorporación de las nuevas terapias ha mejorado sustancialmente, aumentando hasta los 30.9 meses.1 Y en general la supervivencia ha aumentado de 3-4 años, hasta 7-10 años con el uso de las terapias innovadoras.

Aproximadamente en el 20% de los pacientes, el mieloma múltiple se diagnostica por casualidad en ausencia de síntomas, usualmente después de realizar exámenes de laboratorio donde se revela un aumento de las concentraciones séricas de proteína.

Las opciones del tratamiento para el mieloma múltiple fueron restringidas históricamente a la quimioterapia; sin embargo, el tratamiento está en plena evolución con más agentes innovadores.

De acuerdo con la información pública, acerca de la aprobación de nuevos medicamentos por el órgano regulador en México, la COFEPRIS, sabemos que esto no necesariamente implica que estén a disposición de los pacientes derechohabientes de las instituciones de seguridad social, estamos ciertos que dichas instituciones atraviesan por una situación difícil en cuanto a la disposición de recursos financieros para facilitar el acceso de los productos innovadores, sin embargo, vemos con preocupación que no existe en las instituciones mencionadas una política clara y en consecuencia, no se identifican estrategias y acciones que den certeza a los usuarios de la seguridad social en cuanto al futuro que les espera para abordar con voluntad y decisión la revisión y atención de este problema que repercute en la falta de equidad en la atención médica.

Los usuarios de los servicios de salud, cada vez más organizados en diversas asociaciones civiles, que realizan actividades, muy loables, para ayudar a los pacientes, perciben que los grandes avances que han tenido históricamente las instituciones mencionadas, en la actualidad, no corresponden a las nuevas necesidades que se presentan como consecuencia de las enfermedades que están ocupando los primeros lugares en las tasas de morbilidad y de mortalidad en nuestro país, particularmente, las enfermedades crónico degenerativas.

El caso particular, de la enfermedad denominada Mieloma Múltiple lo hemos incorporado en el presente punto de acuerdo para atender la petición que nos fue presentada, por parte de la sociedad civil, ya que permite ejemplificar una realidad que se vive, de manera lamentable, día a día en las instituciones de seguridad social, en la que los pacientes y sus familias, conocedores de que existen nuevas terapias, mismas que pueden cambiar, significativa y favorablemente, el curso de su enfermedad, enfrentan una lamentable realidad en la que no tienen alcance a dichos beneficios.

Por lo anteriormente, expuesto me permito presentar el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que las Instituciones de Seguridad Social genere y ponga en marcha estrategias que permitan a la población derechohabiente el acceso a medicamentos innovadores, como es el caso de los medicamentos destinados al tratamiento de la enfermedad denominada “Mieloma Múltiple”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el día 18 de febrero de 2016.

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Erika Ayala Ríos.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 Kumar, S., Rajkumar, S., Dispenzieri, A., & et.al. (2007). Improving Survival in Multiple Myeloma:
Impact of Novel Therapies. Blood (ASH Annual Meeting Abstracts) , 110: 3594.





 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República a instalar un módulo de la Biblioteca “Melchor Ocampo” en el edificio del Hemiciclo. Queda en poder de la Mesa Directiva.







 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Nuevo León y al Director General de la Comisión Nacional del Agua a explicar cuáles son las razones por las que se pretenden reinstalar las canchas deportivas en el Río Santa Catarina. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

El suscrito Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, EN EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN Y AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA -ROBERTO RAMÍREZ DE LA PARRA- A EXPLICAR A ESTA SOBERANÍA CUÁLES SON LAS RAZONES POR LAS CUALES SE PRETENDE REINSTALARLAS CANCHAS DEPORTIVAS EN EL RÍO SANTA CATARINA.

ANTECEDENTES

1. El paso del huracán Alex por Nuevo León en julio de 2010, fue catalogado como uno de los peores desastres en la historia del Estado. La destrucción que dejó, fue comparada con la del huracán Gilberto en septiembre de 1988 y de las torrenciales lluvias ocurridas en 1909, que provocaron el desbordamiento del río Santa Catarina que atraviesa la zona metropolitana de Monterrey.

Las más de 60 horas de intensas lluvias de la tormenta tropical Alex afectaron las actividades cotidianas de la población, serios daños a la infraestructura urbana y vial y en miles de viviendas, además de situaciones amenazantes para la salud, las telecomunicaciones, energía y agua, también hubo una parálisis de la actividad educativa y productiva. En la zona rural, la llegada del Alex significó incertidumbre y temor ante el desbordamiento de ríos y arroyos, el deslizamiento de cerros, la inundación de viviendas, caminos inhabilitados y puentes destruidos que dejaron a poblados incomunicados.

2. Santa Catarina, es un municipio que está ubicado a 9 kilómetros al poniente, de Monterrey, formando parte del área conurbada, colinda al norte con García, General Escobedo y Garza García; al oriente con Garza García, Monterrey y Santiago; al sur con Santiago y Coahuila y al poniente con Coahuila y García, N.L. Santa Catarina, fue el municipio más golpeado en su infraestructura por el paso del huracán Alex. Después del huracán La zona metropolitana de Monterrey se paralizó debido al desbordamiento del río Santa Catarina, que arrasó con vehículos y cortó el paso en las principales vías de la ciudad. La Confederación Patronal de la República Mexicana y la Cámara Nacional de Comercio calcularon el ausentismo laboral en más de 50 por ciento. Hasta el consulado de Estados Unidos suspendió actividades.

3. El desbordamiento del río Santa Catarina, trajo como consecuencia que las canchas deportivas que se encuentran sobre le cause colapsaran debido a la fuerza que traía el caudal derivado de la cantidad de lluvia y la fuerza con la cual corría el agua. En la actualidad el cauce del río Santa Catarina no se ve interrumpido en el área ya que no existe ninguna construcción que obstruya su paso. 

4. El 16 de febrero del presente año, el Gobernador del Estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón informo a los medios de comunicación que sostuvo una reunión con el Director de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra y dio a conocer que está por recibir la autorización por parte de la Comisión para la reinstalación de canchas deportivas en el Río Santa Catarina.

CONSIDERANDOS

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.
II. La autorización para rehabilitar las canchas de futbol en el Río Santa Catarían debe ser revisada de manera detallada, ya que la experiencia indica que el cauce del agua es natural y ya ha traído como consecuencia diversas pérdidas materiales en esos espacios gracias a las lluvias que pueden elevar el volumen del agua que pasa por ese río.

III. El Gobernador del Estado debe tomar en consideración que existe una experiencia previa de que las canchas o el aprovechamiento del espacio que pretende utilizar para actividades deportivas no es el idóneo pues ya han existido pérdidas materiales en ese lugar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón y al Director General de la Comisión Nacional del Agua -Roberto Ramírez de la Parra- a explicar a esta soberanía cuáles son las razones por las cuales se pretenden reinstalar las canchas deportivas en el Río Santa Catarina.

SEGUNDO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón a explicar a esta soberanía cómo se garantiza la integridad física y material de los habitantes del municipio de Santa Catarina en caso de otro accidente fluvial en el Río Santa Catarina.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la Republica, el 18 de febrero de 2016.

Atentamente

Sen. Raúl Gracia Guzmán.





 

Compañeros Senadores, les informo que las efemérides inscritas en nuestra agenda del día de hoy se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día del Ejército Mexicano”.

EFEMÉRIDE PARA REFERIRSE A LA CONMEMORACIÓN DEL
19 DE FEBRERO, DÍA DEL EJÉRCITO MEXICANO.

El Ejército Mexicano es una de las instituciones armadas permanentes del país que tiene como objetivo principal el defender la integridad, independencia y soberanía de la nación, así como garantizar la seguridad interior. Su personal se forma con valores como honor, valor, honradez, lealtad y patriotismo, aunado al aprendizaje que reciben en las diversas escuelas militares que los preparan para desarrollarse con éxito, al mismo tiempo que cumplen con los objetivos de defender al país.

Haciendo una breve revisión de la historia, posterior a la independencia de México han existido tres ejércitos nacionales, a saber:

1. El Ejército Liberal surge a finales de 1821, formado por las unidades del ejército virreinal que proclamaron el Plan de Iguala y por las tropas revolucionarias insurgentes. Concluye en 1860 por Decreto del General Jesús González Ortega.

2. El Ejército Federal surge por las topas que se formaron durante la Revolución de Ayutla y en la Guerra de los Tres Años, el cual se robusteció durante la intervención francesa y se consolidó durante el gobierno de Porfirio Díaz.

3. El Ejército Constitucionalista surgió en noviembre de 1910 derivado del denominado “cuartelazo” del usurpador Victoriano Huerta contra el gobierno del entonces Presidente Francisco I. Madero. El General Venustiano Carranza, quien en ese entonces era gobernador de Coahuila, expidió un decreto el 19 de febrero de 1913 mediante el cual estableció formalmente la organización del ejército, encargado de sostener el orden constitucional de la República.

En conmemoración de ese hecho, en el año 1950 se instituyó el 19 de febrero como día del Ejército Nacional.

A diferencia del Ejército federal, el nuevo Ejército surgido de la Revolución tenía un nexo mucho más estrecho con el pueblo, pues del mismo pueblo emanaron sus integrantes.

Es así que la sociedad mexicana conmemora con orgullo el día 19 de febrero como el Día del Ejército, como reconocimiento a la entrega, el sentido del deber, al patriotismo, a la probada lealtad de las mujeres y hombres que forman parte del ejército mexicano.

Desde sus orígenes, el Ejército mexicano ha sido baluarte de nuestra soberanía, defensor de los más altos intereses de la nación y por ello, factor fundamental en la consolidación de las instituciones del Estado.

Nuestro país ha servido de ejemplo a otras naciones respecto de la institucionalidad de los miembros de las Fuerzas Armadas; su actuación y presencia en el espacio aéreo, en el mar, en tierra firme, en cada rincón de México, las instituciones armadas han dado solidez, estabilidad y confianza en virtud de que con notable espíritu de sacrificio, mañana, tarde y noche, se han esforzado por garantizar la tranquilidad de los mexicanos.

De esta forma, el Ejército Mexicano se ha consolidado para ser una Fuerza Armada capacitada, con gran movilidad táctica y estratégica, con alta capacidad de respuesta, formada con principios disciplinarios y arraigada vocación de servicio, dotada con los recursos humanos, tecnológicos y económicos que le permitan defender a la población de amenazas externas e internas.

Entre otras misiones, los integrantes del Ejército Mexicano dedican sus acciones a garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas, a prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y a la reconstrucción de las zonas afectadas por eventos climatológicos. Ahí donde sucede un fenómeno hidrometeorológico o un sismo que afecta seriamente a las poblaciones, veremos a un elemento del Ejército tendiendo la mano a quien lo necesite.

Es por estas y otras acciones que el Ejército Mexicano inspira confianza y respeto, así lo ha demostrado el constante nivel de confianza de la población y por ello, consideramos justo que las y los senadores integrantes de la presente Legislatura, les brindemos el amplio reconocimiento que se merecen.

Es por ello que desde la más alta tribuna del país, expresamos nuestras felicitaciones a las mujeres y a los hombres que forman parte del Ejército Mexicano, quienes día con día empeñan su mejor esfuerzo en las tareas que nuestra Constitución y nuestras leyes otorgan al Ejército, felicitarlos por su disciplina, sentido del honor y lealtad al Estado y del prestigio ganado a pulso.

¡Feliz día del Ejército!

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de febrero de 2016.

Atentamente

Sen. Ricardo Barroso Agramont.





 

De la Senador Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de la Lengua Materna”.

EFEMERIDE DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA.

¡HJATZI YA KU!

México es uno de los 10 países más ricos en diversidad lingüística, ya que cuenta con 68 lenguas originarias y 364 variantes, de las cuales 64 se encuentran en muy alto riesgo de desaparición, según la tercera edición del mapa La diversidad cultural de México.

Desde hace 16 años, el 21 de febrero se conmemora como el Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por la UNESCO.

La conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna se formaliza el 21 de febrero en memoria de los estudiantes que en 1952 se manifestaron por el reconocimiento de su lengua, Bangla, como uno de los dos idiomas nacionales de lo que hoy es Bangladesh.

El Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) reconoce a México como una nación pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas; asimismo, garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad; el derecho de las personas indígenas, individual o colectivamente, que se vean involucradas bajo cualquier figura en un procedimiento judicial, a contar en todo momento con un intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura, esto con independencia de las competencias lingüísticas de la persona en la lengua española y en su propia lengua indígena, además de que se tomen en cuenta sus costumbres y especificidades culturales; y a aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos.

La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas fue expedida el 13 de marzo de 2003, cuyo objeto es normar el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas.

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, creado por dicho ordenamiento, tiene su propio objetivo: el fortalecimiento, la revitalización y el desarrollo de las lenguas indígenas; dentro de sus atribuciones, destaca el diseño de estrategias e instrumentos para el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales, en coordinación con los tres órdenes de gobierno y los pueblos y comunidades indígenas.

El naciente sentido, en el pluralismo jurídico mexicano se da la coexistencia de numerosos conjuntos de normas jurídicas positivas y de normas jurídicas indígenas y comunitarias, que se desarrollan en un mismo ámbito de tiempo y espacio, así se podrá garantizar como la conservación de nuestras lenguas como el respeto jurídico de todos nuestros indígenas.

Demostremos el orgullo que tenemos de ser mexicanos y sobre todo alcemos la voz en defensa de nuestra diversidad pues todos en conjunto somos un país enriquecido.

TÁRI SHUDI HRI MANI

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de febrero de 2016.

Atentamente

Sen. Sonia Rocha Acosta.





 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día del Ejército Mexicano”.

EFEMÉRIDE DÍA DEL EJÉRCITO MEXICANO

El Ejército Mexicano es el área terrestre de las Fuerzas Armadas de México, dependiente de la secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), responsable de defender la soberanía del país y ayudar a proteger a sus habitantes.

La historia del Ejército Mexicano, puede decirse así, que va de la mano de la historia misma del país y de sus luchas por lograr la independencia y la libertad. Por ello, a la fecha es el resultado de la evolución de las fuerzas revolucionarias emergidas del Ejército Constitucionalista, en base a su reorganización y modernización, misma que tuvo lugar a partir de 1925, año en que se estableció un Plan para profesionalizar al Ejército surgido de la Revolución Mexicana, con la reestructuración de la educación militar, la remodelación de los cuarteles y la construcción de nuevos planteles.

El Ejército Mexicano, organizado, administrado y preparado junto con la Fuerza Aérea Mexicana por la (SEDENA), tiene entre sus misiones las siguientes:

- Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación;

- Garantizar la seguridad interior;

- Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas;

- Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y

- En caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio a las personas y sus bienes y la reconstrucción de zonas afectadas.

Por decreto presidencial, el 22 de marzo de 1950 se estableció que el 19 de febrero se celebraría como Día del Ejército Mexicano, que tiene como objetivo conmemorar la creación del actual Instituto Armado Mexicano.

Día propicio para reflexionar sobre la lealtad, patriotismo, disciplina e historia de hombres y mujeres mexicanos encargados de la defensa de la soberanía nacional y la integridad y seguridad de sus habitantes. Militares, servidores públicos, ciudadanos, habitantes e integrantes del pueblo de México.

Por ello, también muy propicio en el marco de esta conmemoración, hacer un sincero reconocimiento y felicitación a todos aquellos hombres y mujeres que de manera ejemplar, honorable, honrosa y patrióticamente sirven a la ciudadanía en las filas del Ejército Mexicano.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de febrero de 2016.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de la Lengua Materna”.

DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA
21 DE FEBRERO

El Día Internacional de la Lengua Materna se celebra todos los años el día 21 de Febrero, siendo proclamado así en una conferencia de la UNESCO en Noviembre de 1999.

Este día está dedicado como recordatorio de lo ocurrido a los manifestantes de la lengua Bengalí, quienes fueron atacados por la policía y el ejerció del estado Pakistaní durante su manifestación sobre los derechos lingüísticos en Dhaka Bangladés.
El objetivo de este día es promover el multilingüismo y la diversidad cultural en todo el mundo, creando una conciencia de respeto y entendimiento.

Este tema pone de relieve la importancia de las lenguas maternas para la educación de calidad y la diversidad lingüística a la hora de avanzar en la aplicación de la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para este 2016 el tema de la ONU es: Educación de calidad, lengua(s) de instrucción y resultados del aprendizaje

La UNESCO otorga la misma importancia a la promoción de la diversidad lingüística en Internet, apoyando los contenidos locales pertinentes y fomentando la adquisición de competencias básicas en materia de información y medios de comunicación. A través del proyecto Sistemas de Conocimiento Locales e Indígenas, la UNESCO destaca la importancia de las lenguas maternas y locales como medios para salvaguardar y compartir las culturas y los conocimientos indígenas, que son grandes minas de sabiduría.

El uso de las lenguas maternas en el marco de un enfoque plurilingüe es un componente esencial de la educación de calidad, que es la base para empoderar a las mujeres y a los hombres y a sus sociedades. Debemos reconocer y promover este potencial para no dejar a nadie rezagado y construir un futuro más justo y sostenible para todos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de febrero de 2016.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, María Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, sobre el “Día del Ejército Mexicano”.

EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA DEL EJÉRCITO MEXICANO

El 19 de febrero conmemoramos el Día del Ejército Mexicano. Institución que nos llena de orgullo a las mexicanas y mexicanos. Su origen, en defensa de las instituciones ante un gobierno usurpador legitima el deseo de contar con una república, popular y democrática en pleno respeto a la Constitución Política.

A 103 años de su surgimiento celebramos el Día del Ejército Mexicano con profundo orgullo, con respeto y agradecimiento a cada uno de quienes integran esta gran institución y que anteponen el servicio a la Patria ante cualquier tipo de intereses personales.

Hombres y mujeres valientes que presentan en defensa de México y los mexicanos el valor más importante que un ser humano puede tener: la vida misma.

 Nuestro Instituto Armado Mexicano funge como respaldo de las instituciones nacionales y que ha dado muestra de su profesionalismo y capacidad durante todas estas décadas.

Siempre presto ante cualquier desastre, emergencia o riesgo para la población, sabemos que el Ejército Mexicano estará ahí con nosotros, brindándonos el apoyo necesario para reestablecer la seguridad y el bienestar.

Recordar esta fecha es una muestra del agradecimiento que todos le debemos, del respeto y cariño a nuestro glorioso Ejército Mexicano

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de febrero de 2016.

Atentamente

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Erika Ayala Ríos.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de la Justicia Social”.

DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL
20 DE FEBRERO

El Día Mundial de la Justicia Social (World Day of Social Justice) se celebra todos los años el 20 de Febrero. La Declaración se centra en garantizar resultados equitativos para todos a través del empleo, la protección social, el diálogo social, y los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

La justicia social es fundamental para una convivencia pacífica en sociedad. Que previamente se define en cada país, tomando en cuenta los derechos humanos, la igualdad de género, etc.

Se considera promover la justicia social cuando damos énfasis a éstos derechos tan importantes para cualquier ser humano, sin importar su edad, su raza, su etnia, su religión, su cultura, sus gustos, etc.

Cuándo se festeja el día de la justicia social también se apoya la promoción del trabajo decente, el bienestar social, la igualdad de sexos, etc.

Cuando en no pocas plazas del mundo se expresa el rechazo a las consecuencias de la liberalización financiera y son muchos los hogares que las sufren, resulta pertinente que la comunidad internacional se haya propuesto insistir en la imperiosa necesidad de retomar la justicia social como inspiración y sustento de estrategias de desarrollo que -en democracia- promuevan crecimiento económico con inclusión social, a través de la promoción de más y mejores trabajos.

Para las Naciones Unidas, la búsqueda de la justicia social para todos es el núcleo de nuestra misión global para promover el desarrollo y la dignidad humana. El Tema para este 2016: Una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos.

La celebración del Día Mundial de la Justicia Social debe apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de febrero de 2016.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

De las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI, sobre el 106 aniversario de la fundación de la Cruz Roja Mexicana.







 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el 106 aniversario de la fundación de la Cruz Roja Mexicana.

EFEMERIDE 106 ANIVERSARIO CRUZ ROJA MEXICANA

La Cruz Roja Mexicana es una institución no lucrativa, de interés social y voluntaria que presta auxilio a la población que se encuentre en riesgo o en desastre. Es parte de la organización internacional CRUZ ROJA y MEDIA LUNA ROJA, cuyo fin es aliviar el dolor humano mediante atenciones inmediatas de acuerdo a cada situación en particular.

En agosto de 1909, una serie de lluvias torrenciales afectaron la parte norte de nuestro país con graves desastres en la ciudad de Monterrey en más de la mitad de su entonces población. Fue necesario mandar apoyo de la ciudad de México, con víveres y ayuda humanitaria a través de una brigada que constituyó la primera de la Cruz Roja Mexicana. Poco después, con fecha 21 de febrero de 1910,  el General Porfirio Díaz expidió el decreto número 401 por el que se reconoció oficialmente la creación de la Cruz Roja Mexicana.

De ahí, que esta fecha sea considerada como la propicia para celebrar la fundación de la Cruz Roja Mexicana. Ya en 1912 obtuvo el reconocimiento del Comité Internacional de la Cruz Roja y en 1923 de la Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Liga de Sociedades).

Dese su creación en México, la historia de la Cruz Roja Mexicana ha caminado de la mano de la historia misma de la nación, pues por ejemplo, enseguida de esa fecha las brigadas de la Cruz Roja Mexicana entran en acción para auxiliar a los combatientes de la Revolución Mexicana. Luego, la invasión norteamericana en Veracruz, los brotes de tifoidea e influenza española, los terremotos de 1912 y 1919, la Guerra Cristera, la erupción del volcán Paricutín, los terremotos de 1985 y en fin, en cada episodio de la historia y hasta nuestro días, la Cruz Roja Mexicana ha brindado su apoyo en los eventos de desgracia por los que ha atravesado la población mexicana.

Por ello, que en la fecha de aniversario de su fundación, sea una oportunidad para recordar y reconocer la labor y asistencia humanitaria a la que se ha abocado sin descanso nuestra honorable Cruz Roja Mexicana.

Un reconocimiento y felicitación muy especial a Cruz Roja Mexicana a través de quienes colaboran en esta noble institución y día a día sirven a la población mexicana; en el marco del 106 Aniversario de su Fundación, el 21 de febrero.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de febrero de 2016.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día del Ejército Mexicano”.

EFEMÉRIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI,
CON MOTIVO DEL “DÍA DEL EJÉRCITO MEXICANO”, OBSERVADO EL 19 DE FEBRERO.

En la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, celebramos el “Día del Ejército Mexicano”, el cual fue instituido por Miguel Alemán Valdés mediante decreto presidencial publicado el 22 de marzo de 1950 y que tiene como objetivo, conmemorar la creación del instituto armado encargado de la defensa de la Soberanía Nacional. 

Hablar del Ejército Mexicano, es hacer alusión a una institución de honorabilidad, grandeza y lealtad que, desde su creación en 1913, se ha conducido con valentía, empatía y solidaridad, virtudes que le han permitido conservar la credibilidad y confianza de la población de nuestro país.

Hoy, reconocemos a las personas que dan vida a esta emblemática institución del Estado mexicano, a la cual le tenemos gran respeto, admiración y gratitud.

Aunque el “Día del Ejército Mexicano” se celebró por primera ocasión en 1951, es oportuno precisar que el origen de las fuerzas armadas de nuestro país se remonta al 19 de febrero de 1913, fecha en la que Don Venustiano Carranza integró el Ejército Constitucionalista con el objetivo de combatir y desconocer a Victoriano Huerta como Jefe del Poder Ejecutivo.  

En el Ejército Mexicano converge lo mejor de nuestra historia y la esperanza de un porvenir más próspero. A través del tiempo, ha evolucionado para responder a las necesidades, exigencias y retos impuestos por la dinámica inherente a la sociedad mexicana.

Además de sus funciones tradicionales, también se ha preocupado por tener mayor cercanía con la población en los momentos más complejos, prueba de ello es que desde 1969 tiene a su cargo el auxilio de la población civil en casos de desastres naturales.

Las amenazas y peligros que actualmente enfrenta el Ejército Mexicano han cambiado respecto a las del México de principios del siglo XX, pero lo que se mantiene igual, es su inquebrantable compromiso con la salvaguarda nacional.

Su solidaridad se manifiesta cuando auxilian a la población civil; realizan acciones cívicas y obras sociales, pero también cuando, en caso de desastres, prestan ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas, el resguardo de sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

El Ejercito Mexicano ha demostrado a través de la historia, que la honestidad, la lealtad y la valentía, son el único camino a seguir, manteniéndose firme en sus convicciones de responsabilidad, logrando la gratitud y el reconocimiento de todos los mexicanos.

A más de cien años del surgimiento del Ejército Mexicano, reiteramos nuestro respeto, admiración y agradecimiento, a las mujeres y hombres que con firme convicción materializan los ideales de nuestras fuerzas armadas.

No es posible visualizar el México del siglo XXI, sin la sobresaliente actuación del Ejército, siempre en busca de cumplir con la legalidad y el Estado de Derecho.

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos seguros de que el Ejército Mexicano seguirá construyendo una historia de éxito. Los invitamos a que, con disciplina, valor, lealtad y vocación de servicio, continúen enalteciendo la importante labor que implica la defensa y auxilio de la población de nuestro país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de febrero de 2016.

Suscribe

Grupo Parlamentario del PRI.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente que tendrá lugar el martes 23 de febrero a las 11:00 horas.

La Mesa Directiva les recuerda que el registro de asistencia estará abierto únicamente 30 minutos después de iniciada la sesión.

(Se levantó la sesión a las 14:43 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Av. Paseo de la Reforma 135,

Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc,

Ciudad de México

Teléfonos: 53-45-30-00
Exts. 5405/5408

Internet: http://www.senado.gob.mx
Correo electrónico: diario_debates@senado.gob.mx

Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

http://senado.senado.gob.mx:80/index.php?watch=13&mn=1&id=2792&lg=63&anio=1