Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Viernes 23 de junio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 37

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 14 de Diciembre de 2015

SUMARIO                                              


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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Se aprueba el Acuerdo suscrito por la Junta de Coordinación Política, en relación a la elección de los Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral en el estado de Chihuahua.

Los resolutivos Primero, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto se aprueban en votación económica. El resolutivo Segundo se desahoga mediante votación por cédula, resultado electos como Magistrados del Órgano Jurisdiccional Local en Materia Electoral los ciudadanos José Ramírez Salcedo, Víctor Yuri Zapata Leos, Jacques Adrián Jacquez Flores, Julio César Merino Enríquez y César Lorenzo Wong Meraz.

Rinden protesta de ley los ciudadanos Víctor Yuri Zapata Leos, Jacques Adrián Jacquez Flores y Julio César Merino Enríquez, como Magistrados del Órgano Jurisdiccional Local en Materia Electoral del estado de Chihuahua.

Asimismo, rinden protesta de ley los ciudadanos Fernando Chevalier Ruanova y Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo, como Magistrados del Órgano Jurisdiccional Electoral del estado de Puebla.










 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

APERTURA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (14:07 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Con gusto, señor Presidente. Conforme al registro de asistencia, le informo que se encuentran registrados 77 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Se abre la sesión del lunes 14 de diciembre correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las trece horas del día jueves diez de diciembre de dos mil quince, encontrándose presentes ciento dos ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del nueve de diciembre de dos mil quince.

(Comunicaciones)

Se recibieron de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, oficios con los que remite: en su calidad de Presidenta de la Delegación Permanente del Congreso Mexicano ante la Unión Interparlamentaria, el Informe relativo a la 133ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, celebradas en ginebra, Suiza, los días 17 al 21 de octubre de 2015 y en su calidad de Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, el Informe de la visita de trabajo realizada al Parlamento del Reino Unido, por parte de la Delegación del Senado mexicano, llevada a cabo los días 21 al 24 de octubre de 2015, en la ciudad de Londres.- Quedaron de enterado.

 

Se recibieron del Senador Zoé Robledo Aburto, oficios por los que informa de sus reuniones con representantes de Radio Independiente de México y con criadores mexicanos y brasileños de ganado cebú, en las instalaciones de la Feria Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor del ciudadano Álvaro Vizcaíno Zamora, como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que el pasado miércoles 9 de diciembre se recibió y turno directamente el nombramiento a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe sobre los resultados de la participación de la Armada de México en el Ejercicio Multinacional “UNITAS PACÍFICO LVI”, que se llevó a cabo del 13 al 26 de octubre de 2015.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y se derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política de la Ciudad de México, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- El Presidente de La Mesa Directiva informó que el miércoles 9 de diciembre se recibió y se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; del Distrito Federal; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Toma de protesta)

El Presidente de la Mesa Directiva tomó la protesta de ley a los ciudadanos Adriana Terrazas Porras y Jorge Toledo Luis como Senadores de la República.

(Dictamen de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural, República de Colombia, el diez de febrero de dos mil catorce.- Quedó de primera lectura.

(Proposición)

Los Senadores Layda Sansores San Román, Dolores Padierna Luna, Ana Gabriela Guevara, David Monreal Ávila y Mariana Gómez del Campo Gurza, remitieron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República a recomendar a las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos concluir la discusión de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición  Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares, incorporando en su redacción a los grupos vulnerables, específicamente a los de migrantes en tránsito por el territorio mexicano.- Se turnó a las Comisiones de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.

(Comunicación)

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Transición Energética, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Considerado de urgente resolución, se sometió a consideración de la Asamblea. El Presidente de la Mesa Directiva informó que la modificación de la colegisladora está considerada en el segundo párrafo del Artículo Vigésimo Segundo Transitorio, por lo que la discusión y votación versará únicamente sobre esa parte del proyecto de decreto. Para presentar el dictamen intervino el Senador David Penchyna Grub, por la Comisión de Energía. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular, por 81 votos en pro y 8 en contra. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la    Asamblea, un dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo que determina que las ciudadanas propuestas en la terna presentada por el Presidente de la República para sustituir a la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, reúnen los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para la presentación de los dos dictámenes intervino el Senador Fernando Yunes Márquez, por la Comisión de Justicia. Para presentar voto particular intervinieron los Senadores: Martha Angélica Tagle Martínez y Manuel Bartlett Díaz. En los  posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron: Layda Sansores San Román del PT; Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Luis Humberto Fernández Fuentes del PRD; María del Pilar Ortega Martínez del PAN; e Ivonne Liliana Álvarez García del PRI. En la discusión del dictamen intervinieron los Senadores: Isidro Pedroza Chávez del PRD, en contra; Manuel Bartlett Díaz del PT, en contra; Armando Ríos Piter del PRD, en contra; Rosa Adriana Díaz Lizama del PAN, a favor; Benjamín Robles Montoya del PRD, en contra; Angélica de la Peña Gómez del PRD, para razonar voto; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, en contra; Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI, a favor; Mario Delgado Carrillo del PRD, en contra; Martha Angélica Tagle Martínez, en contra; Zoé Robledo Aburto del PRD, en contra; y Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz del PRI, a favor. Para  rectificación de hechos, se concedió el uso de la palabra a los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI; Armando Ríos Piter del PRD; y Juan   Gerardo Flores Ramírez del PVEM. El dictamen fue aprobado por 86 votos en pro y 21 en contra. Conforme al punto sexto del Acuerdo aprobado para normar el procedimiento de esta elección, se realizó la votación por cédula de las candidatas que conforman la terna correspondiente a la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se recibieron un total de 111 votos: 79 a favor de Norma Lucía Piña Hernández; 7 a favor de Verónica Judith Sánchez Valle;  20 en contra; y 5 nulos. En consecuencia, se designó Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la ciudadana Norma Lucía Piña Hernández. Se comunicó la designación al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ciudadana tomó su protesta de ley.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo que determina que los ciudadanos propuestos en la terna presentada por el Presidente de la República para sustituir al Ministro Juan Nepomuceno Silva Meza, reúnen los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de   Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para presentar voto particular intervinieron los Senadores: Manuel Bartlett Díaz y Martha Angélica Tagle Martínez. En la discusión del dictamen intervinieron los Senadores: Dolores Padierna Luna, en contra; Luis Humberto Fernández Fuentes del PRD; David Penchyna Grub del PRI; Armando Ríos Piter del PRD, en contra. El dictamen fue aprobado por 79 votos en pro y 25 en contra. Conforme al punto sexto del Acuerdo aprobado para normar el procedimiento de esta elección, se realizó la votación por cédula de los candidatos que conforman la terna correspondiente a la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se recibieron un total de 111 votos: 81 a favor de Javier Laynez Potisek; 5 a favor de Álvaro Castro Estrada; 2 a favor de Alejandro Jaime Gómez Sánchez; 14 en contra; y 9 nulos. En consecuencia, se designó Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al ciudadano Javier Laynez Potisek. Se comunicó la designación al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ciudadano tomó su protesta de ley.

 

Se sometió a consideración de la    Asamblea, un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se ratifica la designación del ciudadano Óscar Guillermo Levín Coppel como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por un nuevo periodo adicional del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019.- Sin discusión. Se emitieron 80 votos en pro, 1 en contra y 1 abstención, el acuerdo no reunió la votación requerida, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. La Asamblea autorizó que el asunto se difiriera para próxima sesión.

 

Se sometió a consideración de la    Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Justicia, con punto de acuerdo por el que se aprueban los nombramientos de   Magistrados de Sala Regional y los nombramientos de Magistrados Supernumerarios de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.- Sin discusión, el acuerdo    fue aprobado por 94 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. En consecuencia, se ratificaron los nombramientos de   Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor de las ciudadanas y los ciudadanos: María Laura Camorlinga Sosa, Irma Cervantes Villarreal, Claudia Lucía Cervera Valeé, Siomar Eline Estrada Cruz, José Napoleón Fillat Martínez, Sergio Flores Navarro, Yazmín Alejandra González Arellanes, Ernesto Christian Grandini Ochoa, María Elda Hernández Bautista, Francisco Javier Marín Sarabia, Carlos Enrique Mendoza Ponce, Verónica Nava Ramírez, Mónica Guadalupe Osornio  Salazar, Jorge Mario Otero Velderrain, Virginia Pétriz Herrera, Juan Carlos Reyes Torres, Juan Carlos Roa Jacobo, Sara Rocha Mata, Juan Manuel Saldaña Pérez, María del Carmen Tozcano Sánchez y Paola Yaber Coronado. Asimismo, se ratificaron los nombramientos de Magistrados Supernumerarios de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor de los ciudadanos: Pedro Martín Ibarra Aguilera y José Luis Reyes Portillo. Los magistrados rindieron su protesta de ley.

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres Acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

1. En relación a la elección de los Magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral en los estados de Coahuila y Quintana Roo.

2. En relación a la elección de los Magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral en los estados de Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz.

3. En relación a la elección de los Magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral en el estado de Puebla.

La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. El Presidente de la Mesa Directiva informó que los resolutivos Primero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo del Acuerdo relativo a los estados de Coahuila y Quintana Roo; Primero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, relativo a los estados de Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz; y Primero, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, de los acuerdos, se someterían a consideración de la Asamblea en votación económica; los demás resolutivos serían resueltos a través de una votación por cédula. En consecuencia, en votación económica fueron aprobados los resolutivos antes referidos de los acuerdos respectivos. Los demás resolutivos se aprobaron en votación por cédula, de un total de 81 votos, resultaron electos por 75 votos a favor, de conformidad con lo establecido     por el artículo 116 constitucional, los siguientes:

a) Magistrados del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Coahuila:

1. C. Valeriano Valdés Cabello, por 3 años.

2. C. Ramón Guridi Mijares, por 5 años.

3. C. Elena Treviño Ramírez, por 7 años.

b) Magistrados del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Quintana  Roo:

1. C. Vicente Aguilar Rojas, por 3 años.

2. C. Nora Leticia Cerón González, por 5 años.

3. C. Víctor Venamir Vivas Vivas, por 7 años.

c) Magistrados del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Hidalgo:

1. C. Jesús Raciel García Ramírez, por 3 años.

2. C. Javier Ramiro Lara Salinas, por 3 años.

3. C. Mónica Patricia Mixtega Trejo, por 5 años.

4. C. María Luisa Oviedo Quezada, por 5 años.

5. C. Manuel Alberto Cruz Martínez, por 7 años.

d) Magistrados del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Tlaxcala:

1. C. Hugo Morales Alanís, por 3 años.

2. C. Luis Manuel Muñoz Cuahutle, por 5 años.

3. C. José Lumbreras García, por 7 años.

e) Magistrados del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Veracruz:

1. C. Javier Hernández Hernández, por 3 años.

2. C. José Oliveros Ruíz, por 5 años.

3. C. Roberto Eduardo Sigala Aguilar, por 7 años.

f) Magistrados del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Puebla:

1. C. Fernando Chevalier Ruanova, por 3 años.

2. C. Jorge Sánchez Morales, por 5 años.

3. C. Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo, por 7 años.

Los magistrados electos para los estados de Quintana Roo, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz, rindieron su protesta de ley. Asimismo, los ciudadanos Víctor Manuel Jiménez Viloria y Raymundo Wilfrido López Vásquez, que el día de ayer fueron electos por el Pleno para integrar el órgano jurisdiccional electoral local en el estado de Oaxaca rindieron su protesta de ley. Los magistrados Fernando Chevalier Ruanova y Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo, electos para integrar el órgano jurisdicción local del estado de Puebla fueron convocados para rendir su protesta en sesión posterior.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone el procedimiento del Acuerdo de la Asociación Transpacífico.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Cultura, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Fiscal de la Federación y del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, María Elena Barrera Tapia y Martha Angélica Tagle Martínez, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de reproducción humana asistida.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia agraria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6º de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para las Personas con Discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXX del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De las Senadoras Itzel Ríos de la Mora, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, María Elena Barrera Tapia, Anabel Acosta Islas, Margarita Flores Sánchez y Lucero Saldaña Pérez, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional del Derecho de Autor; al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a la Dirección General de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al gobierno de las entidades federativas a promover políticas de preservación, protección y fortalecimiento del patrimonio cultural y textil nacional, así como la ampliación de los apoyos para la innovación y posicionamiento de los trajes típicos el mercado nacional, regional e internacional.- Se turnó a la Comisión de Cultura.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a ampliar el plazo de la vacatio legis del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal 60 días adicionales, con la finalidad de socializar las nuevas disposiciones contenidas.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las acciones de prevención, detección y combate del virus del dengue y chikungunya, en los estados de Tabasco y Quintana Roo, conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2014.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a que en la próxima sesión ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil se haga un atento llamado a los gobernadores de los estados para que las dependencias respectivas en sus entidades atiendan y lleven a cabo de manera expedita las medidas de prevención y mitigación contenidas en los respectivos análisis de riesgos.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, en coordinación con las Secretarías de Agua y Medio Ambiente y del Campo del Estado de Zacatecas, implementen programas de concientización ciudadana relativos al uso responsable de los recursos hídricos.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Presidenta del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales a proceder a la donación de la línea ferroviaria "E" en su tramo Sánchez-Oaxaca, solicitada por diversos municipios del estado de Oaxaca.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar supervisiones en todas las instituciones educativas del estado de Zacatecas, con el objetivo de combatir las necesidades de infraestructura que sufren los planteles de esa entidad.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a entregar un informe integral de los diversos programas aplicados en el estado de Guerrero y ejecutados por el INAES correspondiente a los años fiscales de 2013 y 2014.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fomentar campañas de información para sensibilizar a las personas sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a para presentar un informe sobre el proceso de evaluación del desempeño docente, realizado durante el año 2015.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, en coordinación con las Secretarías de Seguridad Pública y del Campo del estado de Zacatecas, implementen las políticas y los recursos necesarios que efectivamente reduzcan los índices de inseguridad en el campo mexicano.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo para realizar los procedimientos necesarios, las convocatorias, las argumentaciones y trabajos legislativos pertinentes, para desarrollar, institucionalizar y emitir un reconocimiento anual específico del Senado de la República a la trayectoria empresarial mexicana con responsabilidad social.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

(Efemérides)

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Montañas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día de los Derechos Humanos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Derechos Humanos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día de los Derechos Humanos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las veintiún horas con veinte minutos y citó a la siguiente el próximo lunes catorce de diciembre a las trece    horas.

 

Fin de la sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, con la que remite su informe de actividades correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.







 



 



 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibieron dos oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite los siguientes:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS; Y SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE SALUD.







 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LOS DELITOS DE TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES E INHUMANOS O DEGRADANTES; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnense ambos proyectos a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

BANCO DE MÉXICO

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió del Banco de México, el informe anual sobre el ejercicio de las atribuciones que confiere al Banco de México la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase dicho informe a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: También se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 constitucional, en materia de bienestar animal.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.





 

Compañeros Senadores: Informo a ustedes que los integrantes de la Mesa Directiva han suscrito un Acuerdo para la conclusión de los proyectos de ley o Decreto enviados por la Cámara de Diputados durante las LIX, LX y LXI Legislaturas, el Acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo presentado.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. En virtud de no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, por favor levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo para dar concluidos los proyectos de ley o Decreto enviados por la Cámara de Diputados durante las LIX, LX y LXI Legislaturas.





 

Les informo que recibimos un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, que propone la creación de la Comisión Especial para el Diagnóstico y Reflexión sobre el texto que conforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. En virtud de no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo que ha sido presentado.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo por el que se crea la Comisión Especial por el Diagnóstico y Reflexión sobre el texto que conforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comuníquese.





 

En otro apartado de nuestra agenda, tenemos la primera lectura de diversos dictámenes, solicito a la Secretaría dé cuenta con ellos.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Tenemos para primera lectura el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; del Distrito Federal; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones constitucionales, en materia de Reforma Política de la Ciudad de México.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

(Dictamen de primera lectura)



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta electrónica y en el monitor de sus escaños, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, el dictamen queda de primera lectura.





 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

Diciembre 10, de 2015

H. ASAMBLEA:

Con fecha 22 de octubre de 2015, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual fue remitida por la H. Cámara de Diputados, para sus efectos constitucionales.

Estas Comisiones Unidas que suscribimos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 94; y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113;117; 135, fracción I; 163, fracción II; 166, párrafo 1; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, numeral 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187 y 190, párrafo 1, fracción VI, del Reglamento del Senado de la República, nos abocamos al análisis, discusión y valoración de la Minuta que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido de la Minuta de referencia realizamos los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187; 188; 189 y 190, párrafo 1, fracción VII, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES DE LA MINUTA

1. En sesión ordinaria del 21 de octubre de 2015, la H. Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal      de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con 402 votos en pro, 31 votos en contra y 0 abstenciones, turnándola a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.

2. En sesión ordinaria del 22 de octubre de 2015, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores dio cuenta al Pleno de la recepción de la Minuta enviada por la Colegisladora y mediante oficio No. DGPL-1P1A.-2753 turnó el asunto a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.
3. En reunión de trabajo del 2 de diciembre de 2015, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras nos reunimos con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de conocer el contenido y su opinión sobre las propuestas de la citada Minuta.

4. En reunión de trabajo los Senadores integrantes de estas Comisiones dictaminadoras nos abocamos al análisis del contenido de la citada Minuta, a efecto de emitir nuestras observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA MINUTA

Fortalecer el proceso de armonización contable, incorporando mayor precisión a las obligaciones a cargo de los entes públicos.

La Minuta propone la creación de los consejos de armonización contable de las entidades federativas como un instrumento de colaboración y apoyo para el Consejo Nacional de Armonización Contable en el seguimiento de las acciones que se realizan de los tres órdenes de Gobierno.

Las propuestas de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria buscan fortalecer el presupuesto basado en resultados y concentra las atribuciones en materia de regulación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

III. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA

A continuación, se describen las principales propuestas que conforman la Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, remitida por la H. Cámara de Diputados.

La Minuta que se dictamina propone lo siguiente:

Reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental

En la definición de entes públicos se ajusta la denominación de entes autónomos sustituyéndose por la de órganos autónomos con la finalidad de uniformar la referencia a este tipo de entes en la Ley.

Con la finalidad de auxiliar al Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en el cumplimiento de sus funciones, en la Minuta de referencia se incorpora la figura de los consejos de armonización contable de las entidades federativas, para lo cual el CONAC emitirá las Reglas de operación para regular su integración y funcionamiento.

Asimismo, la Minuta que se dictamina, define las atribuciones de los consejos de armonización contable de las entidades federativas, consistentes en lo siguiente:

● Brindar asesoría a los entes públicos de su entidad federativa y de los municipios de su estado o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según corresponda, para dar cumplimiento a las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que emita el Consejo;

● Establecer acciones de coordinación entre el gobierno de su entidad federativa con los municipios o los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según corresponda, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley;

● Requerir información a los entes públicos de su entidad federativa y de los municipios de su estado o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según corresponda, sobre los avances en la armonización de su contabilidad conforme a las normas contables emitidas por el Consejo;

● Analizar la información que reciban de los entes públicos de su entidad federativa y de los municipios de su estado o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según corresponda, e informar al Secretario Técnico del Consejo los resultados correspondientes;

● Proponer recomendaciones al Secretario Técnico del Consejo respecto de las normas contables y de la emisión de información financiera, y

● Las demás que determine el Consejo.

En este sentido, también se reforman las atribuciones del Secretario Técnico del CONAC, con el objeto de que reciba, evalúe y responda a las propuestas técnicas que presenten el comité, los consejos de armonización contable de las entidades federativas las instituciones públicas y privadas y los miembros de la sociedad civil; y dar seguimiento a los avances en la armonización de la contabilidad, a través de los informes que se reciban de ellos y de los entes públicos federales.

De igual forma, se establece que el registro que realiza el Secretario Técnico del CONAC sobre los actos que llevan a cabo los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se realice respecto de la obligación de adoptar las decisiones del Consejo; y que para ello, los consejos de armonización contable de las entidades federativas deberán remitir la información correspondiente.

En relación con el registro contable, se define que el Consejo determinará la forma en que los entes públicos registrarán los bienes bajo custodia de que, por su naturaleza, sean inalienables e imprescriptibles y con respecto al registro de las obras en proceso, la reforma propuesta acota la obligación exclusivamente al registro contable que debe realizarse en una cuenta contable específica del activo.

Con el objeto de mostrar en la información financiera los derechos que tienen los entes públicos sobre los fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos y contratos análogos, se define que se debe registrar lo siguiente:

● Cuenta de activo los derechos patrimoniales que se tenga en ellos,

● La participación que tengan en el patrimonio o capital de las entidades de la administración pública paraestatal, así como de las empresas productivas del Estado.

Por otro lado, en relación con la información financiera que deben generar los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; las entidades de la administración pública paraestatal y los órganos autónomos, de conformidad con las normas nacionales e internacionales de contabilidad, se adiciona como información contable al Estado de Actividades y al Estado de Flujos de Efectivo.

Asimismo, se modifica en el apartado de información presupuestaria, la clasificación que debe contener el Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, para identificar las clasificaciones siguientes:

● Administrativa;

● Económica (tipo de gasto);

● Por objeto del gasto, y

● Funcional.

Cabe señalar que sobre el contenido de la cuenta pública de los municipios, se precisa que se deberá establecer la información contable y presupuestaria conforme a lo que determine el Consejo, en atención a las características de los mismos.

Reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

La Minuta que se dictamina establece que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estará a cargo de la programación, presupuestación, evaluación y control presupuestario del gasto público federal correspondiente a las dependencias y entidades. Asimismo, la Secretaría de la     Función Pública, en términos de las disposiciones jurídicas que rigen sus funciones de control y auditoría, inspeccionará y vigilará el cumplimiento de las disposiciones de la Ley y de las que de ella emanen, respecto de dicho gasto por parte de las dependencias y entidades.

De igual forma, la Minuta señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público verificará periódicamente, al menos cada trimestre, los resultados de recaudación y de ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, con base en el sistema de evaluación del desempeño, entre otros, para identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público, así como aplicar las medidas conducentes.

Cabe señalar que la Minuta dispone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá las disposiciones para la aplicación y evaluación de los indicadores estratégicos en las dependencias y entidades.

Disposiciones transitorias

La Minuta establece que el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo que respecta a la integración y funcionamiento de los consejos de armonización contable de las entidades federativas la Minuta prevé que dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigor del Decreto, el Consejo Nacional de Armonización Contable emita las reglas de operación que deberán cumplir las entidades federativas. Asimismo, las entidades federativas deberán instalar sus consejos a más tardar treinta días después de la emisión de dichas normas.

Por lo que se refiere a la reforma en materia de evaluación del desempeño del gasto público y sus programas, la Minuta señala que entrará en vigor la modificación prevista en la fracción XIX del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establecida mediante Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013.

Asimismo, el Ejecutivo Federal deberá realizar las reformas necesarias al Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables, dentro de los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del Decreto.

De igual forma, la Minuta prevé que los trámites que se hayan iniciado ante la Secretaría de la Función Pública serán concluidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, para tal efecto, ambas dependencias realizarán las acciones necesarias para que la primera reciba dichos asuntos en trámite.

IV. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES A LA MINUTA.

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 163, fracción II; 166, párrafo 1; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187; 188; 189 y 190, del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, resultamos competentes para dictaminar la Minuta descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas consideramos que la presente Minuta hace más eficiente el diseño institucional relativo a dos aspectos fundamentales de la rendición de cuentas: la contabilidad gubernamental, la evaluación del desempeño. En ambos casos, se busca que las instituciones a cargo de dichas tareas lleven a cabo sus funciones de manera más eficiente y efectiva.

TERCERA. Estas Comisiones dictaminadoras concordamos con lo planteado por la Colegisladora y estimamos conveniente la aprobación de la Minuta en sus términos, ya que consideramos procedente incorporar aspectos de transparencia y rendición de cuentas, así como de seguimiento al ejercicio del gasto público.

CUARTA.- Existe plena coincidencia con la Colegisladora de aprobar las propuestas de reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de crear los consejos de armonización contable de las entidades federativas, como un instrumento de colaboración y apoyo para el Consejo Nacional de Armonización Contable en el seguimiento de las acciones que se realizan para la armonización contable de los tres órdenes de gobierno.

QUINTA.- Estas Comisiones consideramos relevantes las propuestas de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objeto de fortalecer el presupuesto basado en resultados y concentrar las atribuciones en materia de regulación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, verificando cada trimestre, los resultados de recaudación y de ejecución de los programas y presupuesto de las dependencias y entidades, el cual es obligatorio para los ejecutores de gasto.

Por lo anteriormente fundado y motivado, estas Comisiones Dictaminadoras que suscribimos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 4, fracción XII; 9, fracción IV; 11, fracciones VIII y XII; 15, párrafo tercero; 25; 29; 32; 46; 47, párrafo primero; 48; 55; 79, párrafo tercero y 80, párrafo segundo, y se adicionan un último párrafo al artículo 9 y un artículo 10 Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para quedar como sigue:
Artículo 4.-

I. a XI.

XII. Entes públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los órganos autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal federal, estatal o municipal;

XIII. a XXIX.

Artículo 9.-

I. a III.

IV. Emitir las reglas de operación del Consejo, del comité y de los consejos de armonización contable de las entidades federativas;

V. a XIV.

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Consejo podrá auxiliarse en los consejos de armonización contable de las entidades federativas, en términos de lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 10 Bis.- Cada entidad federativa establecerá un consejo de armonización contable, los cuales auxiliarán al Consejo en el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.

Los consejos de armonización contable de las entidades federativas tendrán las atribuciones siguientes:

I. Brindar asesoría a los entes públicos de su entidad federativa y de los municipios de su estado o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según corresponda, para dar cumplimiento a las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que emita el Consejo;

II. Establecer acciones de coordinación entre el gobierno de su entidad federativa con los municipios o los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según corresponda, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley;

III. Requerir información a los entes públicos de su entidad federativa y de los municipios de su estado o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según corresponda, sobre los avances en la armonización de su contabilidad conforme a las normas contables emitidas por el Consejo;

IV. Analizar la información que reciban de los entes públicos de su entidad federativa y de los municipios de su estado o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según corresponda, e informar al Secretario Técnico del Consejo los resultados correspondientes;

V. Proponer recomendaciones al Secretario Técnico del Consejo respecto de las normas contables y de la emisión de información financiera, y

VI. Las demás que determine el Consejo.

Los consejos de armonización contable de las entidades federativas se    integrarán y funcionarán de conformidad con las reglas de operación que emita el Consejo.

Artículo 11.-

I. a VII.

VIII. Recibir, evaluar y dar respuesta a las propuestas técnicas que presenten el comité, los consejos de armonización contable de las entidades federativas, las instituciones públicas y privadas, y los miembros de la sociedad civil;

IX. a XI.

XII. Dar seguimiento a los avances en la armonización de la contabilidad de los entes públicos, con base en la información que remitan los consejos de armonización contable de las entidades federativas y los entes públicos federales;

XIII. a XIV.

Artículo 15.-

El Consejo, por conducto de su Secretario Técnico, llevará un registro de los actos que, en términos del artículo 7 de esta Ley, realicen los entes públicos de las entidades federativas y de los municipios o los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para adoptar las decisiones del Consejo. Para tales efectos, los consejos de armonización contable de las entidades federativas deberán remitir la información relacionada con dichos actos, dentro de un plazo de quince días hábiles contado a partir de la fecha en la que concluya el plazo que el Consejo haya establecido para tal fin.

Artículo 25.- Los entes públicos, conforme lo determine el Consejo en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes bajo su custodia que, por su naturaleza, sean inalienables e imprescriptibles.

Artículo 29.- Las obras en proceso deberán registrarse invariablemente, en una cuenta contable específica del activo.

Artículo 32.- Los entes públicos deberán registrar en una cuenta de activo, los derechos patrimoniales que tengan en fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos y contratos análogos. Asimismo, deberán registrar en una cuenta de activo la participación que tengan en el patrimonio o capital de las entidades de la administración pública paraestatal, así como de las empresas productivas del Estado.

Artículo 46.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos autónomos, permitirán en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala:

I. Información contable, con la desagregación siguiente:

a) Estado de actividades;

b) Estado de situación financiera;

c) Estado de variación en la hacienda pública;

d) Estado de cambios en la situación financiera;

e) Estado de flujos de efectivo;

f) Informes sobre pasivos contingentes;

g) Notas a los estados financieros;

h) Estado analítico del activo, e

i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones siguientes:

1. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa;

2. Fuentes de financiamiento;

3. Por moneda de contratación, y

4. Por país acreedor;

II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las clasificaciones siguientes:

1. Administrativa;

2. Económica;

3. Por objeto del gasto, y

4. Funcional.

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y programa;

c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su origen en interno y externo;

d) Intereses de la deuda, y

e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones;

III. Información programática, con la desagregación siguiente:

a) Gasto por categoría programática;

b) Programas y proyectos de inversión, y

c) Indicadores de resultados, y

IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro.

Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de patrimonio deberán considerar por concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidas por transacciones, otros flujos económicos y el saldo final del ejercicio.

En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos.

Artículo 47.- En lo relativo a las entidades federativas, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos autónomos deberán producir, en la medida que corresponda, la información referida en el artículo anterior, con excepción de la fracción I, inciso i) de dicho artículo, cuyo contenido se desagregará como sigue:

I. a III.

Artículo 48.- En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios o los órganos     político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y las entidades de la Administración Pública Paraestatal municipal, los sistemas deberán producir, como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracciones I, incisos a), b), c), d), e), g) y h), y II, incisos a) y b) de la presente Ley.

Artículo 55.- Las cuentas públicas de los ayuntamientos de los municipios deberán contener la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 48 de la presente Ley conforme a lo que determine el Consejo, en atención a las características de los mismos.

Artículo 79.-


La Secretaría de Hacienda y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el ámbito de su competencia y de conformidad con el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, enviarán al Consejo los criterios de evaluación de los recursos federales ministrados a las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como los lineamientos de evaluación que permitan homologar y estandarizar tanto las evaluaciones como los indicadores para que dicho Consejo, en el ámbito de sus atribuciones, proceda a determinar los formatos para la difusión de los resultados de las evaluaciones, conforme a lo establecido en el artículo 56 de esta Ley.

Artículo 80.-

La Secretaría de Hacienda, con el apoyo técnico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entregará conjuntamente con las dependencias coordinadoras de los fondos, programas y convenios, el último día hábil del mes de abril de cada año a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un informe sobre las adecuaciones efectuadas, en su caso, a los indicadores del desempeño, así como su justificación.

….

Artículo Segundo.- Se reforman los artículos 6, párrafo primero y 111, párrafos primero y segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 6.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, estará a cargo de la programación, presupuestación, evaluación y control presupuestario del gasto público federal correspondiente a las dependencias y entidades. Asimismo, la Función Pública, en términos de las disposiciones jurídicas que rigen sus funciones de control y auditoría, inspeccionará y vigilará el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y de las que de ella emanen, respecto de dicho gasto por parte de las dependencias y entidades.

Artículo 111.- La Secretaría verificará periódicamente, al menos cada trimestre, los resultados de recaudación y de ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, con base en el sistema de evaluación del desempeño, entre otros, para identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público, así como aplicar las medidas conducentes. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las dependencias, respecto de sus entidades coordinadas.

El sistema de evaluación del desempeño a que se refiere el párrafo anterior será obligatorio para los ejecutores de gasto. Dicho sistema incorporará indicadores para evaluar los resultados presentados en los informes trimestrales, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos, la satisfacción del ciudadano y el cumplimiento de los criterios establecidos en el párrafo segundo del artículo 1 de esta Ley. La Secretaría emitirá las disposiciones para la aplicación y evaluación de los indicadores estratégicos en las dependencias y entidades. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos emitirán sus respectivas disposiciones por conducto de sus unidades de administración.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Consejo Nacional de Armonización Contable, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, emitirá las reglas de operación que deberán cumplir las entidades federativas para la integración y funcionamiento de sus consejos de armonización contable.

Tercero. Las entidades federativas deberán instalar sus consejos de armonización contable a más tardar a los treinta días naturales siguientes a la emisión de las reglas a que se refiere el artículo transitorio anterior.

Cuarto. En la fecha a que se refiere el transitorio Primero del presente Decreto, entrará en vigor la modificación prevista a la fracción XIX del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establecida en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013.

Quinto. El Ejecutivo Federal deberá realizar las reformas necesarias al Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables, de conformidad con lo previsto en este Decreto, dentro de los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

Sexto. Derivado de lo previsto en el presente Decreto, los trámites que se hayan iniciado ante la Secretaría de la Función Pública serán concluidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública realizarán las acciones que correspondan en el ámbito administrativo para que, dentro de los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reciba los asuntos en trámite, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior.

Las erogaciones que, en su caso, realicen las dependencias a que se refiere el párrafo anterior en cumplimiento a este Decreto, se cubrirán con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados para el ejercicio fiscal correspondiente.

Séptimo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en la sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, el 10 de diciembre de 2015.

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, y en virtud de que el dictamen se encuentra debidamente publicado en Gaceta Parlamentaria, queda de primera lectura.





 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Tesorería de la Federación.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

Diciembre 10, de 2015

H. ASAMBLEA:

Con fecha 19 de noviembre de 2015, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, la minuta Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Tesorería de la Federación, remitida por la H. Cámara de Diputados, para sus efectos constitucionales.

Estas Comisiones Unidas que suscribimos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 90; 93; 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 163, fracción II; 166, párrafo 1; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187 y 190, párrafo 1, fracción VI del Reglamento del Senado de la República, nos abocamos al análisis, discusión y valoración de la Minuta que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido de la Minuta de referencia realizamos los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187; 188; 189 y 190, párrafo 1, fracción VII del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES DE LA MINUTA

1. En sesión ordinaria del 18 de noviembre de 2015, la H. Cámara de Diputados aprobó la minuta materia de este dictamen con 375 votos en pro, 22 votos en contra y 0 abstenciones, turnándola a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.

2. En sesión ordinaria del 19 de noviembre de 2015, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores mediante oficio No. DGPL-1P1A.-4138 turnó la mencionada minuta a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. En reunión de trabajo del 2 de diciembre de 2015, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras nos reunimos con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de conocer el contenido y su opinión sobre las propuestas de la citada minuta.

4. En reunión de trabajo estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, revisamos el contenido de la citada Minuta, a efecto de emitir observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA MINUTA

La minuta que se dictamina tiene por objeto establecer:

i. Un marco legal aplicable a las funciones de tesorería que permita responder a los requerimientos actuales del gobierno federal y consolidar una Tesorería de la Federación eficiente, que origine la optimización de recursos en congruencia con las disposiciones legales que ha aprobado el Congreso de la Unión al respecto.

ii. Un instrumento jurídico que garantice la certidumbre jurídica respecto a las funciones que competen a la Tesorería de la Federación utilizando un lenguaje sencillo y claro para sus destinatarios.

Para lo anterior, en el proyecto que se estudia se regulan las funciones de tesorería en el orden que corresponde a los recursos de la hacienda pública, es decir, desde la entrada de ingresos del gobierno federal (recaudación), su administración, hasta la salida de dichos ingresos (pago).

III. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA

La minuta proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Tesorería de la Federación, remitida por la Cámara de Diputados de este H. Congreso de la Unión, establece la necesidad de contar con un marco legal que maximice la certeza jurídica en el manejo de los recursos públicos federales.

Por lo que se refiere al ámbito de aplicación y obligatoriedad del ordenamiento que se propone, se incluye un glosario con los términos que se utilizan con mayor frecuencia a lo largo del instrumento y la supletoriedad para el caso de los temas no previstos, así como lo relativo a la relación directa de la TESOFE con los auxiliares.

La minuta sujeta a dictamen, señala que las funciones de tesorería corresponden originalmente a la TESOFE y que deben mantenerse bajo su responsabilidad, sin perjuicio de que sean ejercidas por los auxiliares.

En el mismo tenor, la Minuta que se dictamina considera que la función de vigilancia sea ejercida por la TESOFE de forma directa, sin que pueda ser ejercida por los auxiliares, ello con la finalidad de comprobar la adecuada recaudación, manejo, ejercicio, administración, inversión, pago, reintegro o custodia de los recursos o valores de la propiedad o al cuidado del gobierno federal.

De igual manera, que la TESOFE cuente con las facultades necesarias para autorizar a los auxiliares a realizar las funciones de tesorería que determine, así como revocar o, en su caso, suspender dicha autorización por las causales que se detallan en la minuta.

Respecto a este punto, la Colegisladora consideró pertinente precisar que la suspensión antes referida surtirá efectos hasta en tanto se notifique al auxiliar correspondiente, con la finalidad de otorgarle certeza jurídica frente a la medida precautoria establecida por la TESOFE, en ese sentido propuso adicionar un tercer párrafo al artículo 8 del proyecto.

En relación con los mecanismos que permitan hacer más eficiente, seguro y eficaz el desarrollo de las funciones de tesorería, la minuta propone que la TESOFE cuente con atribuciones para que en caso de presentarse una contingencia instrumente e implemente medidas que aseguren la continuidad de sus operaciones.

En relación con la necesidad de evitar triangulaciones para el cobro de sanciones económicas o multas administrativas impuestas por autoridades federales, jurisdiccionales o administrativas a favor de la TESOFE, la Minuta plantea que las sanciones o multas sean consideradas créditos fiscales, para que se remitan al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a entidades federativas que hayan celebrado los convenios de colaboración correspondientes para efectuar su cobro a través del procedimiento administrativo de ejecución.

Por otra parte, la Minuta señala que las autoridades federales y locales proporcionarán el apoyo y la colaboración necesaria a la TESOFE o a los auxiliares, en el ámbito de sus competencias y en su caso, de conformidad con los convenios que suscriban.

En otro orden de ideas, la Minuta precisa que los temas relativos a la contabilidad de recursos y valores federales, son materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a fin de lograr la armonización con dicho ordenamiento jurídico, sin perjuicio de otorgar a la TESOFE atribuciones para recibir, revisar, integrar y controlar la información contable relativa al movimiento de los recursos y valores de la propiedad del Gobierno Federal.

Por otra parte, se incluye en la presente Minuta lo relativo al Sistema de Cuenta Única de Tesorería, debido a que su administración es una de las principales funciones de tesorería y permite que la TESOFE reciba directamente en sus cuentas los recursos del Gobierno Federal, que conozca las disponibilidades y cuente con información que permita administrar la liquidez, planear el cumplimiento oportuno de las obligaciones de pago a cargo del Gobierno Federal y llevar un mejor control en el ejercicio del gasto.

En la Minuta que se dictamina se aprueba la propuesta para que en el proyecto de Ley de Tesorería de la Federación se regule la función de recaudación y se precise que los bienes que pasen a propiedad del fisco federal, con motivo de la recaudación del SAT, sean transferidos por éste directamente al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y realice la aplicación de dichos bienes a la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente.

Asimismo, la Colegisladora estuvo de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo Federal para que en el Proyecto se regule la concentración y el pago de una indemnización al Fisco Federal ante la falta de concentración oportuna, así como en establecer la obligación de la TESOFE de devolver las cantidades concentradas o enteradas en exceso y el mecanismo para llevar a cabo dicha devolución.

De la misma manera, la Colegisladora coincidió en incluir expresamente en la Ley de Tesorería de la Federación los supuestos en los que los recursos no se concentrarán en la TESOFE, y que hasta la fecha se prevén anualmente en la Ley de Ingresos de la Federación, con el objetivo de incorporarlos en una disposición legal de vigencia indefinida.

Por otra parte, se prevé que la administración de los recursos que no son propiedad del Gobierno Federal, pero que tiene a su cuidado, se llevará a cabo de conformidad con los instrumentos jurídicos que se celebren entre la TESOFE y los propietarios de los recursos.

En otro orden de ideas, la Colegisladora concordó en prever en la Ley de Tesorería de la Federación las atribuciones de la TESOFE para constituir depósitos de recursos, así como los términos y condiciones en que pueden constituirse.

La Minuta señala que en el supuesto de que se entreguen a la TESOFE recursos sin haber señalado el concepto correspondiente o alguna instrucción de destino o aplicación, se consideren como depósitos en términos de la Ley de Tesorería de la Federación y, si después de dos años posteriores a su entrega, no se indica el concepto o instrucción de destino se apliquen al erario federal.

Al respecto, la Colegisladora consideró necesario precisar que la aplicación al erario federal de los recursos que se entregaron a la TESOFE debe realizarse atendiendo a la naturaleza de los recursos referidos.

En otro punto, la Minuta establece la facultad de la TESOFE para llevar a cabo operaciones de inversión de los recursos disponibles, conforme a las políticas y directrices que emita el Comité Técnico; no obstante, la Colegisladora estimó procedente ajustar el texto del proyecto para precisar los miembros que integrarán dicho órgano colegiado, incorporando la participación del Subsecretario de Ingresos en virtud de sus atribuciones en materia de política de ingresos y se prevé que el Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación que se emita, establezca lo relativo a la suplencia, organización y funcionamiento del citado Comité.

Asimismo, en la Minuta sujeta a dictamen, se contempla la implementación de un sistema electrónico de información sobre los valores o documentos que representen las inversiones financieras del Gobierno Federal y que mediante este sistema se pueda solicitar y emitir el certificado de los valores o documentos referidos que se encuentren en custodia de la TESOFE.

En otro orden de ideas, la Minuta que se dictamina establece que la TESOFE ejercerá los derechos patrimoniales de los valores o documentos que representen inversiones financieras del Gobierno Federal, señalando que estos derechos incluyen el aumento o reducción del capital social, la recaudación de los dividendos, utilidades, intereses, remanentes, cuotas de liquidación y, en su caso, la reinversión de utilidades que resulten de las inversiones financieras del Gobierno Federal, así como el monto que se obtenga por la venta de dichos valores.

Por otra parte, se fomenta el pago electrónico de obligaciones a cargo del Gobierno Federal o de terceros, en razón de que se promueve la transparencia y seguridad de las operaciones y se fomenta la gestión acorde con las mejores prácticas internacionales.

Adicionalmente, la Minuta prevé la obligación a cargo de los receptores o beneficiarios de realizar la devolución o reintegro de las cantidades que resulten improcedentes o en exceso efectuados por TESOFE.

En la Minuta se establece mantener la compensación de cantidades entre las dependencias, las entidades paraestatales y entre estas últimas y las dependencias y conservar la facultad de la TESOFE para operar el sistema de compensación de toda clase de créditos y adeudos, así como la atribución de la SHCP para operar la compensación entre la Federación y las entidades federativas o municipios, respecto de las cantidades que deben concentrar en la TESOFE con las cantidades por concepto de participaciones federales que les corresponda.

Para efectos de la regulación de garantías cuyo beneficiario sea el Gobierno Federal, la Minuta contempla que las garantías que aseguren el interés fiscal se constituyan en los casos y atendiendo a las formalidades y requisitos previstos por el Código Fiscal de la Federación.

De igual modo, se establece que la TESOFE cuenta con las facultades para expedir las disposiciones que regulen la actuación de los auxiliares para la calificación, aceptación, control, custodia, sustitución, cancelación, y devolución de las garantías no fiscales y que administre el sistema electrónico de información pública sobre este tipo de garantías con el fin de propiciar la transparencia y seguimiento de las mismas.

Por su parte, la intervención de la TESOFE en lo relativo a las garantías y avales a cargo del Gobierno Federal, consistirá en suscribir, conjuntamente con las demás unidades administrativas competentes de la SHCP, los documentos que amparen dichas garantías y avales, así como promover la cancelación de esas obligaciones o hacer efectivas las contragarantías que, en su caso, se hubieren pactado.

En la Minuta que se dictamina, se establece un plazo de dos años para la prescripción de depósitos al cuidado o constituidos ante la TESOFE y que, ante la imposibilidad de determinar la fecha a partir de la cual se pudo exigir la restitución del depósito, se establezca el plazo de tres años para su prescripción a favor del erario federal.

En el mismo tenor, se establece que el término de prescripción se interrumpe por cada gestión de devolución o entrega que realice el depositante o sus legítimos beneficiarios y se suspende desde la fecha en que se ejerzan las acciones ante los tribunales competentes y hasta que las mismas se resuelvan en definitiva.

La Colegisladora coincidió con el Ejecutivo Federal en que la TESOFE tenga facultad para declarar de oficio la prescripción de los depósitos que constituya; sin embargo, estimó necesario realizar un ajuste al proyecto a fin de que la aplicación de dichos depósitos se realice al erario federal en el concepto correspondiente de la Ley de Ingresos de la Federación.

En la Minuta que se analiza, la Colegisladora consideró procedente reconocer que las autoridades competentes para ordenar o autorizar los pagos, incluidas las dependencias de la Administración Pública Federal, pueden declarar de oficio la prescripción correspondiente, toda vez que cuentan con la información suficiente para realizar esa función; no obstante, observó que esto no acontece con la TESOFE, ya que ésta únicamente es responsable de realizar las operaciones de pago que se le instruyen, por lo que estimó necesario eliminar del Proyecto esa atribución para la TESOFE.

La Minuta que se analiza y dictamina otorga a la TESOFE facultad para emitir recomendaciones, cuya finalidad es evitar irregularidades y así, prevenir y mitigar riesgos operativos y administrativos, coadyuvando al adecuado ejercicio de las funciones de tesorería.

En ese sentido, se prevé la publicación en la página de Internet de la SHCP, por parte de la TESOFE, de aquellas observaciones y recomendaciones que emita, debido a que contribuye a la publicidad y transparencia en el ejercicio de sus funciones y de la administración que se realiza de los recursos y valores propiedad o al cuidado del Gobierno Federal.

En otro orden de ideas, la Colegisladora estimó pertinente la eliminación de la participación con carácter obligatorio de la TESOFE en los actos relacionados con la instalación, entrega y clausura de oficinas de la Federación que administren fondos y valores, dado que esta función obedecía a que hace tiempo las oficinas de gobierno recaudaban directamente mediante formas valoradas, actividad que en la actualidad se realiza utilizando el sistema bancario, siendo posible su monitoreo electrónico, sin perjuicio de las facultades que correspondan a los órganos internos de control sobre dicho tema.

En otro orden de ideas, la Colegisladora coincidió con la propuesta del Ejecutivo Federal de precisar la atribución de la TESOFE en materia de vigilancia de recursos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal para determinar el monto a resarcir por el o los probables responsables en caso de la no realización de la concentración o entero a la TESOFE; sin embargo, propuso un ajuste al proyecto para precisar el procedimiento mediante el cual se determine el monto a resarcir, a efecto de que prevalezca la garantía de audiencia del gobernado y se asegure una resolución pronta y expedita.

Asimismo, la Colegisladora concordó con la propuesta del Ejecutivo Federal para la aplicación de sanciones por parte de la TESOFE a quienes se ubiquen en los supuestos que establezca la Ley de Tesorería de la Federación, con la finalidad de inhibir las conductas o acciones ilícitas relativas al manejo de recursos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal, e incluir las conductas que se consideran faltas administrativas graves que, en cumplimiento de la legislación federal en materia de responsabilidades de los servidores públicos, serán sancionadas por la autoridad competente, a efecto de ser congruentes con las medidas anticorrupción, de fiscalización y control de los recursos públicos aprobadas por el Poder Legislativo Federal.

En el mismo tenor, la Minuta que se dictamina establece la aplicación de medidas de apremio con la finalidad de lograr el adecuado ejercicio de su función de vigilancia y para inhibir las conductas contrarias a las disposiciones jurídicas aplicables.

En relación con las sanciones, la Colegisladora estimó necesario adecuar el parámetro del importe de la multa a que se refiere el artículo 60, fracción I del proyecto, para quedar en el equivalente de 10,000 a 1,700,000 unidades de inversión (UDIS), sin que la multa mínima pueda ser menor al 1% del monto que se haya dejado de concentrar o enterar, en cuyo caso, se aplicará como multa mínima dicho porcentaje, debido a que la Colegisladora consideró de orden público e interés social desalentar la comisión de la conducta infractora sancionada por el precepto mencionado.

La Colegisladora también coincidió con el Ejecutivo Federal en que el Fondo de Garantía para Reintegros al Erario Federal, que tiene por objeto caucionar al personal que realiza funciones de recaudación, custodia, manejo o administración de recursos, valores o bienes de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal, ya no cumple con un objetivo de utilidad pública debido a que actualmente se han emitido disposiciones que prevén una caución a los servidores públicos, por lo que no es necesario retomarlo en la propuesta de Ley de Tesorería de la Federación.

Al respecto, la Colegisladora consideró necesario incorporar una precisión sobre el destino de los recursos que integran el Fondo de Garantía para Reintegros al Erario Federal, para señalar que su aplicación se realizará de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria brindando mayor transparencia y certidumbre jurídica.

Finalmente, la Colegisladora señaló que la Minuta que se dictamina no implica impacto presupuestario en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de conformidad con lo señalado en la opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

IV. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES A LA MINUTA

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 90; 93; 94, y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 163, fracción II; 166, párrafo 1; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187; 188; 189, y 190 del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos Segunda, resultamos competentes para dictaminar la Minuta descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA.- Estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos con lo planteado por la Colegisladora y estimamos conveniente la aprobación de la Minuta en sus términos, ya que la misma contempla las medidas necesarias para garantizar que la administración de los recursos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal se realice con calidad, eficiencia, eficacia y transparencia, con la finalidad de contribuir al equilibrio de las finanzas públicas y a la estabilidad económica del país.

TERCERA.- Estas Comisiones coincidimos con la Colegisladora en precisar el ámbito de aplicación y obligatoriedad de la misma, así como con el señalamiento de los sujetos y la supletoriedad para aquellos supuestos no previstos, toda vez que brinda certeza y seguridad jurídica a los destinatarios de la Ley.

De igual modo, estas Comisiones consideramos apropiado que se precise en la Minuta lo relativo a la relación directa de TESOFE con los auxiliares, independientemente de la subordinación jerárquica o normativa que tengan respecto de instancias superiores.

CUARTA.- Las que Dictaminamos concordamos en que la TESOFE cuente con las atribuciones para emitir las disposiciones que regulen las funciones de tesorería, mismas que le corresponden originalmente y que deben mantenerse bajo su responsabilidad, sin perjuicio de que sean ejercidas por auxiliares.

Así también, estas Comisiones Unidas coincidimos en que la función de vigilancia sea ejercida de forma directa por la TESOFE, sin que pueda ejercerse por los auxiliares debido a que dicha función comprende facultades que corresponden al Estado como autoridad, su trascendencia y a efecto de que los obligados cumplan con los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, economía, transparencia, control y rendición de cuentas, otorgando así mayor certeza jurídica.

QUINTA.- Las Comisiones Dictaminadoras consideramos apropiado establecer que la TESOFE cuente con facultades suficientes para autorizar discrecionalmente a los auxiliares la realización de las funciones de tesorería, así como para determinar las funciones que se le encomendarán a dichos auxiliares mediante la autorización correspondiente y para suspender o revocar las citadas autorizaciones.

De esta manera, estas Comisiones estimamos que con el establecimiento expreso de las causales de revocación se cumple con el principio de legalidad y certeza jurídica. De igual forma, con la inclusión de la facultad de la TESOFE para determinar la suspensión de la autorización otorgada a los auxiliares, se contará con una medida de precaución o de protección provisional a favor de la Hacienda Pública.

Por otra parte, estas Comisiones concordamos con el ajuste formulado por la Colegisladora al artículo 8 de la Minuta, para determinar el momento a partir del cual surtirá efectos la suspensión de la autorización del auxiliar correspondiente, siendo a partir de que se le notifique.

SEXTA.- Las que Dictaminamos estimamos conducente establecer en la Minuta la facultad de la TESOFE para emitir las disposiciones generales para que los auxiliares realicen las funciones de tesorería que le sean autorizadas.

Así también, consideramos adecuado que la TESOFE cuente con atribuciones para instrumentar e implementar procedimientos para garantizar la continuidad de la operación de las funciones de tesorería ante una eventual contingencia, desastre natural o amenaza a la seguridad nacional, estableciéndose de esta manera un marco de prevención y atención que garantiza la gestión de las operaciones que tiene a su cargo en condiciones de certidumbre y seguridad.

SÉPTIMA.- Estas Comisiones Unidas coincidimos con la Minuta, en que resulta pertinente la remisión de las sanciones económicas o multas administrativas impuestas por autoridades federales, jurisdiccionales o administrativas a favor de la TESOFE a las autoridades competentes para su cobro, toda vez que serán consideradas créditos fiscales y en tales circunstancias, su cobro se realizará a través del procedimiento administrativo de ejecución.

OCTAVA.- Se concuerda con la Colegisladora en que se debe prever la colaboración por parte de las autoridades federales y locales a la TESOFE o a los auxiliares, a efecto de establecer un marco jurídico de cooperación en los aspectos que se requieran para el ejercicio de las funciones de tesorería.

NOVENA.- Estas Comisiones Unidas coincidimos en la pertinencia de armonizar el marco jurídico en materia de contabilidad gubernamental, excluyendo de la Ley de Tesorería de la Federación los temas relativos a esta materia, pero manteniendo las atribuciones de la TESOFE para recibir, revisar, integrar y controlar la información contable relativa al movimiento de los recursos y valores de la propiedad del Gobierno Federal.

DÉCIMA.- Los integrantes de estas Comisiones Unidas consideramos que por ser la TESOFE el órgano rector del sistema de tesorería, se debe establecer en la Ley lo relativo a la Cuenta Única de Tesorería, favoreciendo el principio de unidad de caja para llevar a cabo la administración de todos los recursos públicos de manera más eficiente y transparente.

DÉCIMA PRIMERA.- Las que Dictaminamos estamos de acuerdo con la Minuta en que la Ley de Tesorería de la Federación regule la función de recaudación; de igual modo se coincide en que se disponga que los bienes que pasen a propiedad del fisco federal, con motivo de la recaudación del SAT, se transfieran directamente al SAE ya que así se evitan triangulaciones innecesarias.

DÉCIMA SEGUNDA.- Existe coincidencia con la Colegisladora en aprobar la regulación de la concentración en la Ley que se propone, así como el pago de una indemnización al fisco federal ante la falta de concentración oportuna y la obligación de la TESOFE para devolver las cantidades concentradas o enteradas en exceso, debido a que de ese modo se brinda mayor seguridad jurídica a los auxiliares.

Asimismo, se considera acertado incluir en un ordenamiento de vigencia indefinida como lo es la Ley que se propone, los supuestos en que por excepción los recursos no se concentrarán en la TESOFE.

DÉCIMA TERCERA.- Estas Comisiones Unidas estimamos oportuna la propuesta aprobada por la Colegisladora, de prever en la Minuta la colaboración de las áreas que tienen a su cargo información de los ingresos, egresos y deuda pública del Gobierno Federal, de facultar a la TESOFE para que integre la posición diaria de las disponibilidades, con el fin de otorgar seguridad jurídica y transparencia en la administración de los recursos federales, así como que la administración de los recursos que tiene bajo su cuidado el Gobierno Federal y no son de su propiedad, se lleve a cabo de conformidad con los instrumentos jurídicos que se celebren por la TESOFE y los propietarios de los recursos referidos.

DÉCIMA CUARTA.- Estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en establecer en la Ley las atribuciones de la TESOFE para constituir depósitos de recursos y regular en el referido ordenamiento los términos y condiciones en que pueden constituirse.

Asimismo, concordamos con la Colegisladora en aprobar que los recursos que se entreguen a la TESOFE sin concepto o alguna instrucción de destino o aplicación se consideren depósitos y, para el caso que no se indique el concepto o instrucción de destino dentro de los dos años posteriores a su entrega, que los recursos se apliquen al erario federal.

Al respecto, estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en el ajuste efectuado al artículo 30 de la Minuta para que la aplicación al erario federal de los recursos entregados a la TESOFE sin concepto o instrucción de destino o aplicación una vez transcurridos dos años posteriores a la fecha en que se haya realizado la entrega, se realice atendiendo a la naturaleza de los recursos.

DÉCIMA QUINTA.- Las que Dictaminamos coincidimos con la propuesta realizada por la Colegisladora para que en la Ley de Tesorería de la Federación se señalen los miembros que integrarán el Comité Técnico, así como con la inclusión del Subsecretario de Ingresos en dicho órgano colegiado, y que lo relativo a la suplencia, organización y funcionamiento de dicho Comité se regule en el Reglamento.

DÉCIMA SEXTA.- Estas Comisiones consideramos conveniente la implementación de un sistema electrónico que brinde de manera ágil y con la certeza que se requiere, información sobre valores o documentos que representen inversiones financieras del Gobierno Federal; asimismo, se considera acertado que a través del citado sistema se pueda solicitar y emitir el certificado de los valores o documentos referidos que se encuentren en custodia de la TESOFE.

Por otro lado, las que Dictaminamos estimamos procedente que la TESOFE ejerza los derechos patrimoniales de las inversiones financieras del Gobierno Federal, que incluyen el aumento o reducción del capital social, la recaudación de los dividendos, utilidades, intereses, remanentes, cuotas de liquidación y, en su caso, la reinversión de utilidades que resulten, así como el monto que se obtenga por la venta de los valores referidos.

DÉCIMA SÉPTIMA.- Estas Comisiones Unidas estimamos que es adecuado promover el pago electrónico de obligaciones a cargo del Gobierno Federal o a cargo de terceros, toda vez que se impulsa la transparencia, seguridad y eficiencia de las operaciones realizadas con recursos públicos.

DÉCIMA OCTAVA.- Las que Dictaminamos coincidimos con la Minuta en la previsión de la obligación a cargo de los receptores o beneficiarios de realizar la devolución o reintegro de las cantidades que resulten de pagos improcedentes o en exceso efectuados por la TESOFE, toda vez que se resguarda el interés público y los recursos del erario federal.

DÉCIMA NOVENA.- Estas Comisiones estamos de acuerdo en que la TESOFE opere un sistema de compensación de toda clase de créditos y adeudos de cantidades entre las dependencias, las entidades paraestatales y entre estas últimas y las dependencias, así como que la SHCP opere un procedimiento de compensación entre la Federación y las entidades federativas o municipios, con la finalidad de simplificar los trámites que deben realizarse para el cumplimiento de sus obligaciones relativas a la concentración de recursos federales.

VIGÉSIMA.- Estas Comisiones Unidas coincidimos con la propuesta de la Colegisladora relativa a que, con la finalidad de propiciar la transparencia y seguimiento de las garantías cuyo beneficiario sea el Gobierno Federal, las que aseguren el interés fiscal se constituyan con las formalidades y requisitos previstos por el Código Fiscal de la Federación y, para el caso de las garantías no fiscales, la TESOFE cuente con las facultades para expedir las disposiciones que regulen la actuación de los auxiliares para su calificación, aceptación, control, custodia, sustitución, cancelación y devolución, así como en la administración del sistema electrónico de información sobre las garantías no fiscales inscritas por los auxiliares.

Sobre este mismo tema, estas Comisiones Unidas concordamos con la Colegisladora en aprobar que la intervención de la TESOFE consista en suscribir, conjuntamente con las demás unidades administrativas competentes de la SHCP, los documentos que amparen las garantías y avales, así como promover la cancelación de esas obligaciones o hacer efectivas las contragarantías que se hubieren pactado.

VIGÉSIMA PRIMERA.- Estas Comisiones Unidas que dictaminamos estimamos pertinente que se establezca un plazo de dos años para la prescripción de depósitos y de tres años para el supuesto en el que no se pueda determinar la fecha a partir de la cual se pudo exigir su restitución.

Estas Comisiones Dictaminadoras concordamos con la Colegisladora en que el término de prescripción se interrumpa por cada gestión de devolución o entrega que realice el depositante o sus legítimos beneficiarios y se suspenda a partir de la fecha en que se ejerzan las acciones ante los tribunales competentes hasta su resolución en definitiva.
Las que Dictaminamos consideramos procedente el ajuste realizado por la Colegisladora para que la aplicación de los depósitos cuya prescripción se declare se haga al erario federal en el concepto respectivo de la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Estas Comisiones Unidas consideramos acertado regular la declaración de oficio de la prescripción de los créditos a cargo del Gobierno Federal y coincidimos con la propuesta de la Colegisladora de eliminar del proyecto de Ley de Tesorería de la Federación la atribución de la TESOFE para emitir la declaración de aquéllos cuyo pago se le haya encomendado, ya que únicamente las autoridades competentes para ordenar o autorizar los pagos cuentan con información suficiente para realizar dicha función.

VIGÉSIMA TERCERA.- Estas Comisiones Unidas estimamos apropiado el fortalecimiento de la función de vigilancia para determinar si las funciones de tesorería se han llevado a cabo de manera correcta, para detectar las oportunidades de mejora para el manejo de los recursos federales y así, dar cumplimiento a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, control y rendición de cuentas en el manejo de recursos federales.

VIGÉSIMA CUARTA.- Los integrantes de estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, consideramos que es acertado incluir la atribución de la TESOFE para emitir recomendaciones y publicar las mismas en la página de Internet de la SHCP, toda vez que dichas acciones contribuyen al adecuado ejercicio de las funciones de tesorería, a la publicidad y transparencia, así como a la prevención y mitigación de riesgos operativos y administrativos.

VIGÉSIMA QUINTA.- Las que Dictaminamos estimamos adecuados los ajustes realizados por la Colegisladora al artículo 54 de la Minuta, a fin de establecer el procedimiento correspondiente para determinar el monto a resarcir por el o los probables responsables en caso de que no se realice la concentración o entero, de esta manera se garantiza la protección a las garantías del gobernado.

VIGÉSIMA SEXTA.- Estas Comisiones Unidas concordamos en que, para efecto de inhibir las conductas ilícitas relativas al manejo de recursos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal, es necesario establecer la facultad de la TESOFE para aplicar las sanciones a quienes se ubiquen en los supuestos que señale la Ley de Tesorería de la Federación. Aunado a lo anterior, las que Dictaminamos estamos de acuerdo en que el catálogo de infracciones del ordenamiento referido atienda a los sujetos que realicen la conducta y a un criterio de graduación proporcional al perjuicio directo a la Hacienda Pública.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- Estas Comisiones Unidas estamos de acuerdo en la inclusión de las conductas que se consideren faltas administrativas graves, para que sean sancionadas por la autoridad competente, lo cual es acorde a las medidas anticorrupción, de fiscalización y control de los recursos públicos.

VIGÉSIMA OCTAVA.- Las que Dictaminamos estamos de acuerdo con la Minuta de que resulta necesario precisar la facultad de la TESOFE para aplicar, en el cumplimiento de su función de vigilancia, las multas que le permitan inhibir las conductas contrarias a las disposiciones jurídicas.

Por lo anterior, estas Comisiones Unidas consideramos acertado el ajuste de la Colegisladora para adecuar el parámetro del importe de la multa a que se refiere el artículo 60, fracción I de la propuesta, para quedar en el equivalente de 10,000 a 1,700,000 unidades de inversión (UDIS), sin que la multa mínima pueda ser menor al 1% del monto que se haya dejado de concentrar o enterar, en cuyo caso, se aplicará como multa mínima dicho porcentaje, lo anterior con el firme propósito de desalentar la comisión de conductas infractoras por parte de los particulares.

VIGÉSIMA NOVENA.- Estas Comisiones Unidas estimamos oportuno establecer las disposiciones transitorias que prevean el régimen aplicable para aquellas situaciones que se susciten previo a la entrada en vigor del proyecto de Ley de Tesorería de la Federación, así como la eliminación del Fondo de Garantía para Reintegros al Erario Federal en virtud de que ya no cumple con un objetivo de utilidad pública, además de que existen otros instrumentos que establecen mecanismos de caución a los servidores públicos de la Administración Pública Federal.

En ese sentido, también se concuerda con la Colegisladora en la precisión formulada para que la aplicación de los recursos del Fondo de Garantía para Reintegros al Erario Federal se realicen conforme a la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda, y se apliquen al Presupuesto de Egresos de la Federación de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

TRIGÉSIMA.- En suma, esta nueva Ley de Tesorería de la Federación además de adecuar el marco jurídico aplicable a las funciones de tesorería, nos permitirá contar con una tesorería eficiente, que origine la optimización de estructuras y permita el ahorro de recursos públicos.

Por lo anteriormente fundado y motivado, estas Comisiones Dictaminadoras que suscribimos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

Artículo Único. Se expide la Ley de Tesorería de la Federación:

LEY DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

TÍTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y tienen como objeto regular las Funciones de tesorería, así como las demás actividades relacionadas con éstas, las cuales estarán a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería de la Federación.

Las disposiciones de esta Ley serán observadas por las Dependencias, Entidades, tribunales federales administrativos, dependencias y entidades paraestatales de las Entidades Federativas, los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación y de las Entidades Federativas, los órganos constitucionales autónomos de la Federación y de las Entidades Federativas, los ayuntamientos de los municipios y las entidades paramunicipales, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que ejerzan Funciones de tesorería conforme a este ordenamiento, así como los servidores públicos y los particulares que realicen los supuestos previstos en dicha Ley.

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Auxiliares: a las unidades administrativas competentes de las Dependencias, Entidades, tribunales federales administrativos, dependencias y entidades paraestatales de las Entidades Federativas, los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación y de las Entidades Federativas, los órganos constitucionales autónomos de la Federación y de las Entidades Federativas, los ayuntamientos de los municipios y las entidades paramunicipales y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como el Banco de México, instituciones de crédito y entidades financieras autorizadas, particulares y demás personas que por disposición legal o autorización expresa de la Tesorería realicen a nombre de ésta, de manera permanente o transitoria, Funciones de tesorería, entre otros;

II. Concentración: el depósito de recursos públicos federales que realiza la Tesorería o los Auxiliares a la Cuenta Corriente o a las cuentas bancarias a nombre de la Tesorería, por concepto de contribuciones, productos y aprovechamientos que deriven de la aplicación de la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda;

III. Dependencia coordinadora de sector: a la que en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás disposiciones jurídicas aplicables corresponda orientar y coordinar la planeación, programación y presupuestación, conocer la operación, evaluar los resultados y participar en los órganos de gobierno de las Entidades que queden ubicadas en el sector bajo su coordinación;

IV. Cuenta Corriente: la prevista en la Ley del Banco de México;

V. Dependencias: las que con tal carácter se establecen en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, incluyendo sus órganos administrativos desconcentrados, y la Oficina de la Presidencia de la República;

VI. Entero: el depósito de recursos a la Tesorería que realiza cualquier ente público o particular a la Cuenta Corriente o a las cuentas bancarias a nombre de la Tesorería, por conceptos distintos a contribuciones, productos y aprovechamientos cuando así lo establezca una disposición jurídica;

VII. Entidades: los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sean considerados entidades paraestatales;

VIII. Entidades Federativas: las partes integrantes de la Federación a que se refiere el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IX. Funciones de tesorería: las actividades que corresponde realizar a la Tesorería para la gestión integral de los procesos vinculados con la recaudación, administración, pago y vigilancia respecto de los recursos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal, así como de las garantías otorgadas a favor del mismo, en términos de los Títulos Segundo y Tercero de esta Ley;

X. Reglamento: el Reglamento de esta Ley;

XI. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XII. Sistema de Cuenta Única de Tesorería: el conjunto de cuentas administradas y operadas por la Tesorería que comprende la Cuenta Corriente; las cuentas bancarias a nombre de la misma en el Banco de México y en las instituciones de crédito; aquellas cuentas que autorice la Tesorería a las Dependencias y Entidades en términos del último párrafo del artículo 18 de esta Ley; las cuentas bancarias que se abran para el cumplimiento de los fines de los fideicomisos públicos no considerados entidades paraestatales, los mandatos y los contratos análogos, y las cuentas bancarias que se abran para el manejo de recursos públicos federales relativas a Funciones de tesorería, y

XIII. Tesorería: la Tesorería de la Federación.

Artículo 3.- Para los fines previstos en esta Ley, la relación existente entre la Tesorería y los Auxiliares será directa, sin perjuicio de la subordinación jerárquica o normativa que, en su caso, tengan estos últimos respecto de sus instancias superiores o, tratándose de particulares, de la relación jurídica existente con otras personas.

Artículo 4.- En lo no previsto en esta Ley se aplicarán supletoriamente el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La interpretación de esta Ley para efectos administrativos, corresponde a la Secretaría por conducto de la Tesorería.

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS FUNCIONES DE TESORERÍA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 5.- Las Funciones de tesorería corresponden a la Tesorería y se realizarán directamente por ésta o, en su nombre, por conducto de los Auxiliares.

Las Funciones de tesorería deberán realizarse observando lo dispuesto en esta Ley, el Reglamento y las disposiciones que emita la Tesorería.

Las Funciones de tesorería que podrán realizar los Auxiliares son las siguientes:

I. La recaudación de recursos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal;

II La inversión de las disponibilidades, conforme a las políticas y directrices que emita el Comité Técnico a que se refiere el artículo 31 de la presente Ley;

III. La custodia de recursos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal;

IV. Los pagos a que se refiere esta Ley, y

V. La calificación, aceptación, control, custodia, sustitución, cancelación y devolución, según proceda, de las garantías no fiscales cuyo beneficiario sea el Gobierno Federal.

Artículo 6.- La Tesorería conservará en todo momento la facultad de ejercer directamente las Funciones de tesorería que realicen los Auxiliares.

La Tesorería y los Auxiliares, derivado del ejercicio de sus Funciones de tesorería, rendirán cuentas por el manejo de los recursos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 7.- La Tesorería podrá autorizar conforme a las disposiciones que emita para tal efecto, a los Auxiliares la realización de Funciones de tesorería y determinar en cada caso las Funciones de tesorería que podrán llevar a cabo, así como los términos y condiciones para su ejecución, para lo cual celebrarán los actos jurídicos que se requieran, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 8.- La Tesorería, previa audiencia que se otorgue al Auxiliar, podrá revocar la autorización otorgada conforme al artículo anterior en los casos siguientes:

I. Estar en estado de intervención gerencial, administración cautelar, disolución, liquidación o concurso mercantil;

II. Dejar de cumplir los requisitos para ser Auxiliar previstos en las disposiciones jurídicas aplicables;

III. Incumplir parcial o totalmente las obligaciones a cargo del Auxiliar que deriven de la autorización;

IV. Realizar Funciones de tesorería distintas a las expresamente autorizadas, o

V. Realizar Funciones de tesorería en contravención a lo previsto en esta Ley, el Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

La Tesorería podrá determinar la suspensión, como medida precautoria, desde el momento en que se tenga conocimiento de que el Auxiliar pudo incurrir en cualquiera de los supuestos previstos en las fracciones del párrafo anterior.

La suspensión a que se refiere el párrafo anterior surtirá efectos hasta que se notifique al Auxiliar correspondiente.

La revocación de la autorización procederá cuando, derivado del procedimiento a que se refiere el último párrafo de este artículo, se acredite que se incurrió en cualquiera de los supuestos señalados en las fracciones del párrafo primero de dicho artículo.

La Tesorería podrá a petición justificada del Auxiliar de que se trate, suspender o dar por terminada la autorización a que se refiere el artículo anterior.

El procedimiento de revocación, suspensión y terminación de la autorización a que se refiere este artículo, se realizará en los términos que establezca el Reglamento, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, procedan en términos de esta Ley.

Artículo 9.- La Tesorería determinará o convendrá, en términos del Reglamento, las tasas aplicables a las Funciones de tesorería, cuando no se encuentren previstas en esta Ley o no estén reguladas por alguna otra disposición.

Artículo 10.- Las Funciones de tesorería se podrán realizar utilizando equipos o sistemas automatizados, para lo cual se emplearán medios de identificación electrónica, así como la firma electrónica avanzada, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Los medios de identificación electrónica a que se refiere el párrafo anterior se establecerán en el Reglamento y producirán los mismos efectos que las disposiciones jurídicas otorgan a los documentos con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

Artículo 11.- La Tesorería tendrá a su cargo la emisión, custodia, control y distribución de las formas numeradas y valoradas que requiera para realizar directamente las Funciones de tesorería.

Artículo 12.- La Tesorería, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, instrumentará e implementará mecanismos de control, seguimiento y evaluación que permitan hacer más eficiente, seguro y eficaz el desarrollo de las Funciones de tesorería, así como procedimientos para la continuidad de la operación de las Funciones de tesorería ante contingencias, desastres naturales o amenazas a la seguridad nacional, en términos de las disposiciones que emita la Tesorería.

Artículo 13.- Las sanciones económicas o multas administrativas establecidas a favor de la Tesorería que impongan autoridades federales jurisdiccionales o administrativas, serán consideradas créditos fiscales y deberán remitirse por dichas autoridades para su cobro al Servicio de Administración Tributaria o, en su caso, a las Entidades Federativas, o sus municipios, que hayan celebrado los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal para llevar a cabo su cobro, a través del procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 14.- Las autoridades federales y locales, en el ámbito de sus atribuciones y, en su caso, de conformidad con los convenios que al efecto se suscriban, proporcionarán a la Tesorería el apoyo y la colaboración que requiera para el desarrollo de las Funciones de tesorería a su cargo o a cargo de los Auxiliares.

Los servidores públicos adscritos a la Tesorería y a los Auxiliares deberán proporcionar los informes que requieran la Tesorería y dichos Auxiliares, para el desempeño de las Funciones de tesorería a que se refiere esta Ley y el Reglamento.

Artículo 15.- La Tesorería recibirá, revisará, integrará y controlará la información contable del movimiento de los recursos públicos y valores de la propiedad del Gobierno Federal, en la forma y términos previstos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones que emanen de dicha Ley.

Artículo 16.- Durante el ejercicio de las Funciones de tesorería corresponderá a la Tesorería o a los Auxiliares ejercer la función de custodia de los recursos o valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal hasta su entrega, en los términos que establezca esta Ley y el Reglamento.

CAPÍTULO II
DEL SISTEMA DE CUENTA ÚNICA DE TESORERÍA

Artículo 17.- El Sistema de Cuenta Única de Tesorería será obligatorio para las Dependencias y Entidades, sin perjuicio de la autonomía presupuestaria que, en su caso, les corresponda en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Las cuentas que conforman el Sistema de Cuenta Única de Tesorería y sus recursos, por su naturaleza y fines, serán inembargables y no podrán ser objeto de medidas administrativas o judiciales que afecten su disponibilidad y liquidez, así como imprescriptibles, productivas y con las mejores condiciones para el Gobierno Federal.

Artículo 18.- Corresponde a la Tesorería operar el Sistema de Cuenta Única de Tesorería, a través del cual se llevará a cabo la administración unificada de los recursos públicos federales conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

La administración a que se refiere el párrafo anterior comprende la recaudación de recursos públicos federales, el pago a los beneficiarios finales y la inversión de las disponibilidades.

Los recursos públicos federales que se recauden por la Tesorería, directamente o a través de los Auxiliares, deberán concentrarse o enterarse a la Cuenta Corriente o a las cuentas bancarias a nombre de la Tesorería, y los pagos que se efectúen deberán realizarse con cargo a dicha Cuenta Corriente o a la cuenta bancaria a nombre de la Tesorería que la misma señale.

La Tesorería autorizará cuentas bancarias en los casos en que la Concentración o Entero a que se refiere el párrafo anterior o el pago no pueda realizarse en otras cuentas distintas a la Cuenta Corriente o a las cuentas bancarias a nombre de la Tesorería, de conformidad con lo previsto en las disposiciones que para tal efecto emita.

Artículo 19.- Las unidades administrativas responsables de las Dependencias o Entidades que hayan otorgado con cargo a su presupuesto, los recursos para constituir fideicomisos públicos no considerados entidades paraestatales o celebren mandatos o contratos análogos, o coordinen su operación, deberán incluir en los contratos correspondientes la previsión de que los recursos que conforman el patrimonio del fideicomiso, del mandato o del contrato análogo se inviertan invariablemente en la Tesorería, a la vista o en títulos de crédito emitidos por el Gobierno Federal que determine la propia Tesorería, salvo en aquellos casos en que la Secretaría o alguna disposición jurídica establezcan otro régimen de inversión.

Lo anterior, asegurando las condiciones óptimas de liquidez y seguridad de los recursos para su aplicación a los fines u objeto del fideicomiso, mandato o contrato análogo.

Artículo 20.- La Tesorería podrá disponer, en cualquier momento, que los recursos públicos federales que deban recaudar las Dependencias y Entidades, así como los pagos que éstas deban realizar, con cargo a las cuentas bancarias que autorice dicha Tesorería conforme al último párrafo del artículo 18 de esta Ley, se manejen o realicen, temporal o permanentemente, de manera centralizada en la propia Tesorería y que los recursos públicos federales que se mantengan en dichas cuentas bancarias se concentren en la Cuenta Corriente.

CAPÍTULO III
DE LA RECAUDACIÓN

Artículo 21.- La Tesorería tendrá a su cargo la recaudación de recursos y valores propiedad o al cuidado del Gobierno Federal.

La recaudación comprende la recepción y Concentración, así como la recepción y Entero de recursos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal.

Tratándose de bienes que pasen a propiedad del fisco federal conforme a las disposiciones fiscales, el Servicio de Administración Tributaria realizará la transferencia al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo, corresponderá al Servicio de Administración Tributaria realizar la aplicación de dichos bienes a la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio que corresponda a aquel en que se reciban estos bienes.

Artículo 22.- Los recursos que recaude el Gobierno Federal, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, deberán concentrarse el mismo día en que se efectúe la recaudación, salvo aquellos casos que el Reglamento establezca un plazo distinto para su Concentración.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda establezca un tratamiento distinto a los recursos que recaude el Gobierno Federal.

Artículo 23.- La Concentración realizada fuera del plazo previsto en el artículo anterior o de aquél establecido en otras disposiciones jurídicas aplicables, obliga a los Auxiliares a pagar una indemnización al fisco federal, conforme a lo siguiente:

I. Las instituciones de crédito, entidades financieras y los particulares pagarán intereses a la tasa anual de interés que resulte del promedio aritmético de las tasas de rendimiento equivalentes a las tasas de descuento de los Certificados de la Tesorería de la Federación a noventa y un días en colocación primaria que dé a conocer el Banco de México dentro del período que dure la falta de Concentración.

Si durante el período que comprende la falta de Concentración el Banco de México no da a conocer la tasa de interés a que se refiere esta fracción se utilizará la que resulte del promedio aritmético de las tasas de rendimiento equivalentes a las tasas de descuento de los Certificados de la Tesorería de la Federación a noventa y un días en colocación primaria, que haya dado a conocer el Banco de México en el mes inmediato anterior al de la fecha en que se originó la falta de Concentración.

En el caso de que por cualquier motivo se deje de publicar la tasa de descuento de los Certificados de la Tesorería de la Federación a noventa y un días en colocación primaria, se utilizará la que la sustituya.

Además del pago de la indemnización a que se refiere este artículo por falta de Concentración total o parcial de recursos por parte de instituciones de crédito, entidades financieras o particulares se les aplicará por concepto de pena convencional, una tasa igual a la señalada para dicha indemnización, la cual podrá reducirse hasta en un setenta por ciento, siempre y cuando obtengan opinión favorable del Servicio de Administración Tributaria, en los supuestos siguientes:

a. Cuando la falta de Concentración total o parcial de recursos sea detectada por la institución de crédito, entidad financiera o el particular con base en los controles internos que tenga establecidos para tal efecto, o

b. Cuando se trate de ilícitos penales cometidos por el personal de la institución de crédito, entidad financiera o del particular en perjuicio de los mismos.

La pena convencional a que se refiere esta fracción deberá establecerse en las disposiciones, autorizaciones o instrumentos correspondientes para ejercer la Función de tesorería de recaudación, y

II. Tratándose del resto de los Auxiliares, se pagarán cargas financieras sin exceder sus presupuestos autorizados, a la tasa anual que será 1.5 veces la que resulte de promediar la Tasa Ponderada de Fondeo Bancario dada a conocer diariamente por el Banco de México en su página de Internet durante el periodo que dure la falta de Concentración. En el caso de que por cualquier motivo se deje de publicar la mencionada tasa se utilizará la tasa de interés que el Banco de México dé a conocer en sustitución de la misma.

El monto de los intereses o cargas financieras se determinará dividiendo la tasa anual a que se refieren las fracciones I o II de este artículo, según corresponda, entre trescientos sesenta, y el resultado, hasta la centésima, se multiplicará por el número total de días transcurridos desde la fecha en que debió realizarse la Concentración y hasta el día en que la misma se efectúe. El resultado obtenido se multiplicará por el importe no concentrado oportunamente.

No será aplicable la indemnización a que se refiere este artículo cuando se acredite ante la Tesorería que la falta de cumplimiento oportuno de la Concentración se debió a una causa de fuerza mayor, caso fortuito o causa no imputable al Auxiliar. Tratándose de órganos públicos deberán contar además con la validación respectiva del órgano interno de control o su equivalente.

El Reglamento establecerá el procedimiento para realizar el pago de la indemnización a que se refiere este artículo.

Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará sin perjuicio de la obligación de concentrar a la Tesorería los importes no concentrados en el plazo que corresponda, así como de las multas y responsabilidades administrativas que deriven de la falta de Concentración oportuna.

Artículo 24.- No se concentrarán en la Tesorería los recursos provenientes de:

I. Las aportaciones de seguridad social destinadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas;

II. Las aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por patrones para el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y

III. Los remanentes de los procesos de desincorporación de Entidades concluidos, que se destinen para cubrir los gastos y pasivos derivados de los procesos de desincorporación de otras Entidades que sean deficitarios, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 25.- La Tesorería efectuará la devolución de las cantidades concentradas o enteradas en exceso.

Las solicitudes de devolución deberán realizarse ante la autoridad competente dentro de los tres meses siguientes al Entero o la Concentración realizadas.

Una vez recibida la solicitud correspondiente, dentro de un plazo de treinta días hábiles posteriores, la autoridad competente deberá dictaminar si la cantidad fue concentrada o enterada en exceso y, en su caso, remitirá a la Tesorería la solicitud de devolución de las cantidades que correspondan.

La Tesorería determinará la procedencia de la devolución dentro de los treinta días hábiles siguientes a la recepción del dictamen a que se refiere el párrafo anterior y, en caso de ser procedente, contará con un plazo de cinco días hábiles para realizar la devolución correspondiente.

En aquellos casos en que no se realice la devolución dentro del plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, además del pago principal se deberán pagar los intereses que correspondan en términos del Reglamento.

CAPÍTULO IV
DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y VALORES

Sección Primera
De la Administración

Artículo 26.- La administración de los recursos de la propiedad del Gobierno Federal a cargo de la Tesorería se realizará por la misma en términos que establezca el Reglamento.

Para llevar a cabo la administración de los recursos a que se refiere este artículo, la Tesorería tendrá a su cargo la integración de las proyecciones de los flujos de efectivo del Gobierno Federal, con base en la información de ingresos, egresos y deuda que le proporcionen las unidades administrativas competentes de la Secretaría, así como las Dependencias y Entidades, en las fechas que se requiera.

Artículo 27.- La Tesorería tendrá a su cargo la integración de la posición diaria de las disponibilidades que se mantengan en la Cuenta Corriente y sus cuentas bancarias, así como la proyección de las mismas, con base en la información de los flujos de efectivo a los que se refiere el artículo anterior, a efecto de prever la suficiencia de recursos públicos federales para el cumplimiento de las obligaciones de pago del Gobierno Federal.

Artículo 28.- La administración de los recursos al cuidado del Gobierno Federal se realizará en los términos que se pacten en los instrumentos jurídicos que al efecto se celebren con la Tesorería.

Sección Segunda
De los Depósitos ante la Tesorería

Artículo 29.- La Tesorería podrá constituir depósitos, en moneda nacional o extranjera, en los siguientes casos:

I. Por resolución de autoridades fiscales, administrativas o judiciales;

II. A solicitud de los sujetos obligados a que se refiere el párrafo segundo del artículo 1 de esta Ley;

III. A solicitud de los particulares por concepto de garantías que se otorguen para el cumplimiento de obligaciones no fiscales a favor del Gobierno Federal;

IV. A solicitud de quien constituya fideicomisos públicos no considerados entidades paraestatales, mandatos o contratos análogos, y

V. Los demás que establezcan otras disposiciones legales o lo autorice la Secretaría.

Las autoridades que exijan, soliciten o acepten la constitución de los depósitos a que se refiere este artículo, deberán comunicar oportunamente a la Tesorería las resoluciones que impliquen la devolución o aplicación del depósito, en términos de lo que establezca el Reglamento.

Artículo 30.- Los recursos entregados a la Tesorería sin concepto o instrucción de destino o aplicación se considerarán depósitos regulados por esta Sección.

La Tesorería aplicará al erario federal, en el concepto respectivo de la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda, los recursos a que se refiere el párrafo anterior, atendiendo a su naturaleza, si dentro de los dos años posteriores a la fecha en que se haya realizado la entrega de los recursos de que se trate no se señala el concepto del Entero o la instrucción del destino o aplicación de los mismos.

Sección Tercera
De la Inversión de las Disponibilidades

Artículo 31.- La Secretaría contará con un Comité Técnico que emitirá las políticas y directrices aplicables en materia de inversión y administración de la liquidez.

La Tesorería llevará a cabo las operaciones de inversión de las disponibilidades de conformidad con las políticas y directrices que emita el Comité Técnico a que se refiere el párrafo anterior, para lo cual podrá celebrar los contratos y demás actos jurídicos que sean necesarios.

El Comité Técnico estará integrado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien fungirá como Presidente; por el Titular de la Tesorería de la Federación, quien fungirá como secretario del Comité y, en caso de ausencia del Secretario, será quien presida dicho Comité; por el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público; por el Subsecretario de Ingresos, y por el Subsecretario de Egresos. Asimismo, podrá asistir en calidad de invitado, con voz pero sin voto, un representante del Banco de México que, en todo caso, será el Subgobernador que al efecto designe el Gobernador de ese instituto central.

El Reglamento establecerá lo relativo a la suplencia, organización y funcionamiento del Comité Técnico.

Sección Cuarta
De la Custodia de los Valores que Representan Inversiones Financieras del Gobierno Federal

Artículo 32.- Las Dependencias coordinadoras de sector deberán entregar a la Tesorería para su custodia, los valores o documentos que representen inversiones financieras del Gobierno Federal en personas morales en las que tenga participación en su capital social a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes a los de su emisión o expedición.

Cuando la administración de los valores o documentos a que se refiere este Capítulo se encomiende a alguna institución de crédito, éstos se depositarán en una institución para el depósito de valores autorizada conforme a la Ley del Mercado de Valores, quien tendrá a su cargo la custodia de dichos valores o documentos. En estos casos, la Tesorería únicamente conservará en guarda los certificados de custodia que los amparen, en sustitución de los valores o documentos respectivos.

La Secretaría, por conducto de la Tesorería, administrará un sistema electrónico de información sobre los valores o documentos a que se refiere esta Sección, en el cual las Dependencias coordinadoras de sector deberán incorporar la información que se les requiera en términos del Reglamento.

Artículo 33.- La Dependencia coordinadora de sector comunicará a la Tesorería la designación del servidor público que fungirá como representante del Gobierno Federal en el ejercicio de las facultades que impliquen la titularidad de las acciones, partes sociales o documentos que acrediten los derechos corporativos ante los órganos de gobierno, las asambleas de accionistas, de socios, de asociados o su equivalente de la persona moral de que se trate.

Para acreditar la representación del Gobierno Federal ante los órganos de gobierno o las asambleas previstas en el párrafo anterior, la Dependencia coordinadora de sector solicitará a la Tesorería la expedición del certificado de tenencia de los valores representativos del capital social que tenga en custodia, para lo cual se podrá utilizar el sistema electrónico de información a que se refiere el artículo 32 de esta Ley.

Artículo 34.- La Dependencia coordinadora de sector, a través del representante del Gobierno Federal que ejerza las facultades que impliquen la titularidad de las acciones, partes sociales o documentos que acrediten los derechos corporativos, deberá comunicar previamente a la Tesorería los casos en que dicho ejercicio implicaría la toma de decisión sobre derechos patrimoniales como, entre otros, la reducción o incremento de la participación del Gobierno Federal en el capital social de la misma o la distribución de utilidades, dividendos o remanentes. Asimismo, informará a la Tesorería, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de celebración de la sesión correspondiente, los acuerdos que se tomaron en dicha sesión.

El incremento de capital social requerirá previa autorización a que se refiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

En caso de aprobarse el incremento del capital social, la Dependencia coordinadora de sector deberá entregar a la Tesorería los valores o documentos que acrediten el mismo. Asimismo, cuando se trate de reducción del capital social, la Dependencia coordinadora de sector deberá solicitar a la Tesorería los valores o documentos correspondientes a fin de proceder a su cancelación.

Artículo 35.- La Secretaría, por conducto de la Tesorería, ejercerá las facultades que impliquen la titularidad de las acciones, partes sociales o los documentos que acrediten los derechos patrimoniales respecto de los valores a que se refiere esta Sección, en los términos que establezca el Reglamento.

Para efectos de esta Ley, se entiende que los derechos patrimoniales incluyen los aumentos o reducción al capital social de las personas morales, la recaudación de los dividendos, utilidades, intereses, remanentes o cuotas de liquidación, así como la reinversión de las utilidades que resulten de las inversiones financieras del Gobierno Federal y, en su caso, el monto que se obtenga por la venta de dichos valores.

Artículo 36.- Las personas morales a que se refiere esta Sección realizarán el Entero, por conducto de su Dependencia coordinadora de sector, de los montos correspondientes a los derechos patrimoniales a que se refiere el artículo anterior dentro de los dieciséis días naturales siguientes al de la aprobación respectiva por parte del órgano de gobierno, la asamblea de accionistas, socios o asociados o su equivalente de la persona moral de que se trate. A falta del Entero en el plazo previsto en el presente artículo se causarán intereses conforme a lo dispuesto en el Reglamento.

Artículo 37.- Al efectuarse la disolución y liquidación de las personas morales a que se refiere esta Sección, la Dependencia coordinadora de sector deberá realizar el Entero de la cuota de liquidación y del remanente del haber social que corresponda al Gobierno Federal, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO V
DE LOS PAGOS

Sección Primera
De los Pagos

Artículo 38.- La Tesorería efectuará los pagos que corresponda realizar al Gobierno Federal en función de las disponibilidades y de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

La Tesorería efectuará los pagos a cargo de un tercero en los términos que establezca el Reglamento.

Para efectos de este artículo, la Tesorería podrá contratar los servicios bancarios y financieros necesarios para ejercer de manera eficaz y eficiente la Función de tesorería de pago.

Artículo 39.- La Tesorería realizará los pagos de obligaciones a cargo del Gobierno Federal o de terceros, de forma electrónica, mediante transferencia de recursos para su depósito en las cuentas bancarias de los beneficiarios finales, de conformidad con lo previsto en el Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el párrafo anterior, las cuentas bancarias que la Tesorería autorice conforme al artículo 18, último párrafo de esta Ley.

Artículo 40.- La Tesorería será responsable de ejecutar las operaciones de pago que le instruyan los obligados al pago, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 41.- Las cantidades que resulten de pagos improcedentes o en exceso que realice la Tesorería o los Auxiliares, obligarán a los receptores o beneficiarios de los mismos a enterarlos por concepto de devolución o reintegro, el cual deberá realizarse en un plazo de tres días hábiles contado a partir de que su devolución les sea requerida por la autoridad que instruyó su pago, conforme al procedimiento previsto en el Reglamento.

La devolución o reintegro a que se refiere el párrafo anterior realizado fuera del plazo señalado, obliga al receptor o beneficiario a pagar los rendimientos financieros en la forma y términos que establezca el Reglamento.

Sección Segunda
De la Compensación

Artículo 42.- Corresponde a la Tesorería operar el sistema de compensación de créditos y adeudos recíprocos, líquidos y exigibles, entre las Dependencias, las Entidades, y entre estas últimas y las Dependencias, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 43.- La Secretaría operará un procedimiento de compensación entre la Federación y las Entidades Federativas o municipios, respecto de las cantidades que deban concentrar a la Tesorería las Entidades Federativas o municipios con las cantidades que les correspondan a éstos percibir por concepto de participaciones federales, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO VI
DE LAS GARANTÍAS

Artículo 44.- Las garantías que aseguren el interés fiscal, deberán otorgarse a favor de la Tesorería o de los Auxiliares facultados legalmente para aplicar el procedimiento administrativo de ejecución y cobrar créditos fiscales federales.

La garantía del interés fiscal deberá constituirse en los casos y con las formalidades y requisitos previstos en el Código Fiscal de la Federación.

Las garantías que para asegurar el interés fiscal expidan las instituciones de fianzas o de seguros autorizadas para expedirlas, se harán efectivas por los Auxiliares legalmente facultados, con sujeción a los procedimientos que establezcan los ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 45.- Las garantías no fiscales cuyo beneficiario sea el Gobierno Federal, se expedirán a favor de la Tesorería, quien las calificará, aceptará, controlará, custodiará, sustituirá, cancelará, devolverá y hará efectivas según proceda.

Para hacer efectivas las garantías no fiscales se debe realizar por lo menos el requerimiento de pago por el importe principal y, en su caso, la indemnización por mora o los accesorios que correspondan en términos de las disposiciones jurídicas aplicables o que se hubieren pactado conforme a dichas disposiciones, así como, en su caso, la aplicación de su monto al concepto de la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda.

Los Auxiliares, incluidas las autoridades judiciales y jurisdiccionales federales, realizarán los actos señalados en el primer párrafo de este artículo, excepto el hacer efectivas las garantías cuando su importe deba aplicarse al erario federal, lo cual corresponderá a la Tesorería de conformidad con la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

La Tesorería expedirá las disposiciones generales a que deberán sujetarse los Auxiliares, para realizar los actos referidos en el párrafo anterior.

Artículo 46.- La Tesorería administrará un sistema electrónico de información pública de las garantías a que se refiere el artículo anterior, para lo cual los Auxiliares deberán inscribir, en los términos que establezca el Reglamento, las garantías que hayan aceptado conforme al presente Capítulo.

El sistema a que se refiere el párrafo anterior debe contener:

I. Inscripción y seguimiento de las garantías a que se refiere este artículo, y

II. Interconexión con otros sistemas relativos a adquisiciones, arrendamientos y servicios; obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y cualquier otro de la misma naturaleza que permita obtener información de las obligaciones que se garanticen.

Artículo 47.- Las garantías no fiscales que acepten las Dependencias por contratos y actos administrativos; en procedimientos de contratación de obras o de adquisición y arrendamiento de bienes y prestación de servicios; de cumplimiento, por anticipos y otros conceptos, así como por permisos, autorizaciones, licencias, concesiones y otras obligaciones de naturaleza no fiscal, deberán tener como beneficiario al Gobierno Federal por lo cual se otorgarán a favor de la Tesorería de la Federación de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Tratándose de garantías no fiscales constituidas con motivo de los actos y contratos que celebren las Entidades, el beneficiario de la garantía correspondiente deberá ser la Entidad de que se trate, por lo que se otorgará a favor de su propia tesorería o unidad equivalente.

Artículo 48.- El cumplimiento de las obligaciones no fiscales podrá garantizarse en alguna de las formas siguientes:

I. Depósito de dinero constituido a través de certificado o billete de depósito, expedido por institución de crédito autorizada para operar como tal;

II. Fianza otorgada por institución de fianzas o de seguros autorizada para expedirla;

III. Seguro de caución otorgado por institución de seguros autorizada para expedirlo;

IV. Depósito de dinero constituido ante la Tesorería, de conformidad con el artículo 29 de esta Ley;

V. Carta de crédito irrevocable, expedida por institución de crédito autorizada para operar como tal, y

VI. Cualquier otra que, en su caso, determine la Tesorería mediante disposiciones de carácter general.

Artículo 49.- En los casos de otorgamiento de garantías y avales a cargo del Gobierno Federal, previstos en las leyes aplicables, la intervención de la Tesorería consistirá en suscribir, de manera conjunta con las demás unidades administrativas competentes de la Secretaría, los documentos que amparen dichas garantías y avales, así como promover, cuando proceda, la cancelación de dichas obligaciones o hacer efectivas las contragarantías que, en su caso, se hubieren pactado.

CAPÍTULO VII
DE LA PRESCRIPCIÓN

Artículo 50.- Los depósitos al cuidado o constituidos ante la Tesorería a que se refiere el artículo 29 de esta Ley, inclusive los rendimientos que en su caso generen, prescribirán a favor del erario federal en el plazo de dos años, contados a partir de la fecha en que pudo ser exigida jurídicamente su devolución o entrega por el depositante o por sus legítimos beneficiarios.

Cuando no sea posible determinar la fecha a que se refiere el párrafo anterior, el plazo de prescripción será de tres años contado a partir de la fecha en que se recibió el depósito por la Tesorería.

El término de prescripción a que se refiere este artículo se interrumpe por cada gestión de devolución o entrega que, mediante escrito, lleve a cabo el depositante o sus legítimos beneficiarios, y se suspenderá a partir del ejercicio de las acciones promovidas con ese objeto ante los tribunales competentes y hasta que se resuelvan en definitiva.

La Tesorería podrá declarar de oficio la prescripción de los depósitos que constituya y disponer su aplicación al erario federal en el concepto respectivo de la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda.

Artículo 51.- Los créditos a cargo del Gobierno Federal prescribirán en el término de dos años, contado a partir de la fecha en que el acreedor pueda legalmente exigir su pago, salvo que las leyes establezcan otro término, caso en el que se estará a lo que éstas dispongan.

El término de prescripción a que se refiere el párrafo anterior se interrumpe por cada gestión de cobro realizada, mediante escrito, por quien tenga legítimo derecho para exigir su pago, y se suspende a partir del ejercicio de las acciones promovidas con ese objeto ante los tribunales competentes y hasta la resolución definitiva.

Transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo, las autoridades competentes para ordenar o autorizar los pagos declararán de oficio la prescripción correspondiente.

TÍTULO TERCERO
DE LA VIGILANCIA DE LOS RECURSOS Y VALORES

CAPÍTULO I
DE LA VIGILANCIA

Artículo 52.- La Tesorería llevará a cabo, de manera directa, la función de vigilancia de las Funciones de tesorería, a fin de comprobar que la recaudación, manejo, ejercicio, administración, inversión, pago, reintegro o custodia de los recursos o valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal y, en general que dichas Funciones, se realicen conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, en el territorio nacional o en el extranjero, con independencia de quien las realice o deba realizarlas.

La función de vigilancia que confiere esta Ley a la Tesorería se ejercerá sin perjuicio de las atribuciones que en materia de control y fiscalización correspondan a otras autoridades.

Artículo 53.- La Tesorería, para el ejercicio de la función de vigilancia a que se refiere el artículo anterior, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Efectuar auditorías, revisiones, reconocimientos de existencias y otros actos de vigilancia en los términos que establezca el Reglamento;

II. Realizar actos de vigilancia que tengan por objeto la revisión de los procesos, procedimientos y sistemas de control relativos a la recaudación, manejo, ejercicio, administración, inversión, pago, reintegro, y custodia de los recursos o valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal y, en general, de las Funciones de tesorería, así como participar, en su caso, en los actos relativos al manejo de formas numeradas y valoradas conforme al Reglamento;

III. Solicitar y requerir la información y documentación que estime necesaria a los servidores públicos, a los Auxiliares, a los particulares y demás sujetos relacionados con la recaudación, manejo, ejercicio, administración, inversión, pago, reintegro o custodia de recursos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal o, en general, con las Funciones de tesorería.

El titular de la Tesorería queda facultado, en términos del artículo 142, párrafo tercero, fracción VI de la Ley de Instituciones de Crédito, para solicitar a las instituciones de crédito por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los estados de cuenta y cualquiera otra información relativa a las cuentas personales de los servidores públicos, Auxiliares y, en su caso, particulares relacionados con la investigación de que se trate;

IV. Establecer en las observaciones que formule, las acciones correctivas a efecto de subsanar las irregularidades detectadas en los actos de vigilancia y, en su caso, el plazo que corresponda conforme al Reglamento para concentrar o enterar a la Tesorería las cantidades que procedan;

V. Emitir recomendaciones para prevenir posibles irregularidades o para mejorar los procesos, procedimientos y sistemas de control relacionados con la recaudación, manejo, ejercicio, administración, inversión, pago, reintegro o custodia de recursos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal y, en general, con las Funciones de tesorería;

VI. Determinar y fincar el monto a resarcir por los responsables en caso de que no se haya realizado la Concentración o Entero a que se refiere la fracción IV de este artículo;

VII. Aplicar las medidas de apremio a que se refiere el artículo 59 de esta Ley;

VIII. Imponer las multas a que se refiere el artículo 60 de esta Ley;

IX. Suspender provisionalmente a los servidores públicos y a los Auxiliares para realizar Funciones de tesorería, en los términos que establezca el Reglamento;

X. Informar de las irregularidades detectadas durante el acto de vigilancia a las autoridades competentes para que, en su caso, éstas apliquen las sanciones que procedan;

XI. Coadyuvar con las Dependencias y Entidades que soliciten el apoyo de la Tesorería en materia de vigilancia de recursos o valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal, y

XII. Las demás que establezcan esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Las observaciones y recomendaciones a que se refieren las fracciones IV y V de este artículo deberán publicarse en la página de Internet de la Secretaría.

CAPÍTULO II
DE LOS MONTOS A RESARCIR

Artículo 54.- Cuando derivado de los actos de vigilancia a que se refiere esta Ley se detecte alguna irregularidad que implique la falta de Concentración o Entero de recursos a la Tesorería, concluido el acto de vigilancia de seguimiento correspondiente, la Tesorería determinará el monto a resarcir en cantidad líquida por el o los probables responsables.

Para efectos de lo anterior, se dictará el acuerdo de inicio del procedimiento respectivo en el que se señale la falta de Concentración o Entero, el monto de la misma y el o los probables responsables. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al o a los probables responsables, otorgando un plazo de diez días hábiles contado a partir de dicha notificación, para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos.

El desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas se realizará dentro de un plazo no menor a tres ni mayor de quince días, contado a partir de su admisión. En el caso de pruebas que ameriten ulterior desahogo, se concederá al interesado un plazo no menor de ocho ni mayor de quince días para tal efecto. Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya emitido la resolución definitiva.

Previa valoración de las pruebas admitidas y desahogadas y de la consideración de los alegatos formulados, la Tesorería concluirá el procedimiento, lo cual se hará constar en el acuerdo de cierre de instrucción, y dentro de los tres meses siguientes emitirá la resolución correspondiente en la que resuelva sobre la obligación de Concentración o Entero y, en su caso, se determine y finque el monto a resarcir, en cantidad líquida, por el o los responsables. La resolución a que se refiere este párrafo se deberá notificar personalmente.

Los responsables a los que se les finque un monto a resarcir podrán interponer el recurso de revisión en un plazo de quince días hábiles contado a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra.

El escrito de interposición del recurso de revisión deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto impugnado y será resuelto por el superior jerárquico.

El monto a que se refiere el párrafo anterior tendrá la naturaleza de crédito fiscal, se fijará en cantidad líquida y se actualizará para efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación, debiendo remitirse al Servicio de Administración Tributaria o, en su caso, a las Entidades Federativas o municipios que hayan celebrado convenios de colaboración administrativa a fin de que, si en un plazo de diez días hábiles contado a partir de su notificación, el o los responsables no realizan el pago, se inicie el procedimiento administrativo de ejecución para su cobro, conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 55.- Para efectos del procedimiento a que se refiere el artículo anterior, a falta de disposición expresa y en los casos en que no se contraponga, se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo respecto a las cuestiones procedimentales y el Código Fiscal de la Federación respecto a los conceptos fiscales.

CAPÍTULO III
DE LAS INFRACCIONES Y MEDIDAS DE APREMIO

Artículo 56.- Son infracciones de las personas físicas o morales que recauden, manejen, ejerzan, administren, inviertan, paguen, reintegren o custodien recursos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal, así como de los servidores públicos adscritos a los Auxiliares, por el incumplimiento de las obligaciones siguientes:

I. Omitir total o parcialmente, la Concentración o Entero de recursos a que se refiere esta Ley, y

II. Asentar hechos falsos o alterar los datos, informes, libros, registros, padrones, documentos e información que se les solicite durante el acto de vigilancia o coludirse con otras personas, aun cuando no estén sujetas al acto de vigilancia, con la finalidad de obtener algún beneficio para sí o para un tercero.

Artículo 57.- Son infracciones de los particulares, personas físicas o morales, que no tengan el carácter de Auxiliares, las siguientes:

I. Negarse a proporcionar o proporcionar de manera incompleta, los datos, informes o declaraciones que estén obligados a ministrar a la Tesorería, u oponerse a mostrar los datos, informes, libros, registros, padrones y demás documentación e información, cuya exhibición se les exija jurídicamente y que estén a su disposición, y

II. No comparecer ante la Tesorería, en los casos en que sean requeridos durante el acto de vigilancia previsto en el Capítulo I de este Título.

Artículo 58.- Para efectos de la legislación federal en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de fiscalización y control de recursos públicos, son faltas administrativas graves de los servidores públicos federales:

Las infracciones a que se refiere el artículo 56 de esta Ley;

I. No enterar a la Tesorería los dividendos, utilidades, cuotas de liquidación o remanentes derivados de las inversiones financieras del Gobierno Federal;

II. No informar los acuerdos en materia de reducción o incremento de la participación del Gobierno Federal en el capital social de la persona moral de que se trate, a que se refiere el artículo 34 de esta Ley, y

III. No cumplir las disposiciones generales que emita la Tesorería en materia de garantías no fiscales en términos del artículo 45 de esta Ley.

Artículo 59.- Para el ejercicio de las atribuciones a que se refiere este Capítulo, la Tesorería podrá imponer las medidas de apremio siguientes:

I. Apercibimiento, y

II. Las multas siguientes:

a) Multa por el importe equivalente de 2,700 a 27,000 unidades de inversión por no proporcionar, o proporcionar de manera incompleta, los avisos, datos, informes, libros, registros, padrones y demás documentos e información que se solicite con motivo del acto de vigilancia o por no prestar la colaboración que solicite la Tesorería ni proporcionarle las facilidades necesarias para el ejercicio de sus atribuciones, cuando se haya formulado el requerimiento correspondiente;

b) Multa por el importe equivalente de 27,000 a 200,000 unidades de inversión por negarse o resistirse a la práctica de cualquier acto de vigilancia, y

c) Multa por el importe equivalente de 27,000 a 300,000 unidades de inversión por no atender o atender parcialmente las observaciones que se emitan en el acto de vigilancia o con motivo del mismo.

En caso de reincidencia, las multas mínimas y máximas aplicables serán del doble de las establecidas en esta fracción.

La determinación del monto de la multa se realizará tomando en cuenta la capacidad económica de la persona a quien se aplique y la gravedad de la conducta.

La aplicación de la multa a que se refiere este artículo no releva ni libera de la obligación que hubiere dejado de cumplir ni de las responsabilidades administrativas o penales en que incurra.

Artículo 60.- La Tesorería, de conformidad con el procedimiento previsto en el Reglamento, podrá imponer las multas que correspondan a los particulares que cometan las infracciones previstas en los artículos 56 y 57 de esta Ley, conforme a lo siguiente:

I. Multa por el importe equivalente de 10,000 a 1,700,000 unidades de inversión, sin que la multa mínima pueda ser menor al 1% del monto que se haya dejado de concentrar o enterar, en cuyo caso se aplicará dicho porcentaje como mínimo, cuando se cometa la infracción prevista en el artículo 56, fracción I de esta Ley;

II. Multa por el importe equivalente de 27,000 a 700,000 unidades de inversión, cuando se cometa la infracción señalada en el artículo 56, fracción II de esta Ley, y

III. Multa por el importe equivalente de 2,700 a 27,000 unidades de inversión, cuando se cometan las infracciones previstas en las fracciones I y II del artículo 57 de esta Ley.

En caso de reincidencia, las multas mínimas y máximas aplicables serán del doble de las establecidas para la infracción que corresponda.

La determinación del monto de la multa se realizará tomando en cuenta la capacidad económica del infractor, el monto del daño o perjuicio causado al erario federal y la gravedad de la infracción.

Tratándose de la infracción a que se refiere el artículo 56, fracción I de esta Ley, la Tesorería podrá reducir entre el cincuenta y el setenta por ciento el monto de la multa que corresponda, siempre que la infracción se subsane antes de que se notifique la conclusión del acto de vigilancia y no exista reincidencia.

En el caso de las infracciones a que se refiere el artículo 57, fracciones I y II de esta Ley, antes de aplicar la multa prevista en la fracción III de este artículo, la Tesorería apercibirá al particular de que se trate para que cumpla con el requerimiento correspondiente dentro de un término no menor a tres días hábiles ni mayor a treinta días hábiles o justifique las razones que le impidan dar cumplimiento al citado requerimiento.

Las multas que se impongan en términos de este Capítulo constituirán créditos fiscales a favor del erario federal y se harán efectivas por el Servicio de Administración Tributaria o, en su caso, por las Entidades Federativas o Municipios que hayan celebrado convenios de colaboración administrativa, a través del procedimiento administrativo de ejecución.

La aplicación de la multa a que se refiere este artículo no releva ni libera al infractor de cumplir la obligación que hubiere dejado de cumplir ni de las responsabilidades administrativas o penales en que incurran.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero del ejercicio fiscal siguiente al de su aprobación.

SEGUNDO.- Se abrogan la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1985, y la Ley del Servicio de Inspección Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 1936.

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones jurídicas que se opongan a lo establecido en la presente Ley.

El Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y demás disposiciones jurídicas derivadas de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación que se abroga, seguirán vigentes en todo lo que no se opongan a la Ley de Tesorería de la Federación, hasta en tanto se expida el Reglamento de esta última o las disposiciones jurídicas que las sustituyan.

CUARTO.- Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, deberán sustanciarse y concluirse de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio o tramitación, salvo las solicitudes de autorización para ser Auxiliares, las cuales deberán sujetarse a lo dispuesto en esta Ley.

Los convenios, contratos, resoluciones y autorizaciones vigentes a la entrada en vigor de la presente Ley y que se hayan celebrado o emitido conforme a la Ley que se abroga, continuarán surtiendo sus efectos, en lo que no se opongan a la presente Ley.

QUINTO.- Tratándose de los recursos a que se refiere el artículo 30 de esta Ley que hayan sido entregados a la Tesorería con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, el sujeto que haya realizado la entrega deberá informar a la Tesorería el concepto o instrucción de destino o aplicación correspondiente, dentro del año siguiente a la entrada en vigor de esta Ley.
En caso de que la Tesorería no reciba la información señalada en el párrafo anterior, dentro de los tres meses siguientes al vencimiento del plazo mencionado en el citado párrafo, aplicará al erario federal dichos recursos en el concepto que corresponda de la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda.

SEXTO.- Los recursos disponibles del Fondo de Garantía para Reintegros al Erario Federal a que se refiere el artículo 55 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación que se abroga, deberán transferirse por la Tesorería a la Cuenta Corriente en el concepto que corresponda conforme a la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, y se aplicarán a cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo con lo previsto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

SÉPTIMO.- Los procedimientos de transferencia de bienes que pasaron a propiedad del fisco federal que tenga a su cargo el Servicio de Administración Tributaria en su calidad de Auxiliar y se encuentren en trámite a la entrada en vigor de la presente Ley, se realizarán por parte de dicho órgano administrativo desconcentrado en su calidad de entidad transferente en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

OCTAVO.- Las referencias realizadas en leyes, reglamentos o en cualquier otra disposición jurídica a la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación que se abroga se entenderán hechas a la presente Ley.

NOVENO.- La Tesorería de la Federación podrá disponer y transferir al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, los bienes respecto de los cuales no se puede determinar la fecha de adjudicación o de la que legalmente pueda disponer la Tesorería de la Federación que recibió por cualquier título con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley y que por su naturaleza sean susceptibles de transferirse. Este plazo constituye una excepción a lo señalado en el artículo 6 ter de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

DÉCIMO.- Para efectos de esta Ley, la Procuraduría General de la República se entenderá comprendida en el concepto de Dependencia a que se refiere el artículo 2 de la misma, hasta en tanto entren en vigor las disposiciones constitucionales relativas a la Fiscalía General de la República a que se refiere el Transitorio Décimo Sexto del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.

DÉCIMO PRIMERO.- Cuando en otras leyes, reglamentos, disposiciones de carácter general o cualquier otro instrumento normativo se haga referencia a los “servicios de tesorería”, se entenderá hecha a las “Funciones de tesorería” reguladas en la presente Ley, siempre y cuando dicha mención no se oponga a lo dispuesto en la misma.

Dado en la sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, el 10 de diciembre de 2015.

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Debido a que se encuentra publicado en Gaceta Parlamentaria, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.

Dé cuenta la Secretaría con el siguiente dictamen.





 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión Para la Igualdad de Género, que contiene proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso d) al artículo 106 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO D) AL ARTÍCULO 106 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos y a la comisión para la Igualdad de Género, para opinión, de la LXII legislatura del senado de la república, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por las senadoras Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las comisiones unidas encargadas del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA.

1.- En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentario” se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de las comisiones unidas.

2.- En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la iniciativa del presente dictamen, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo y todos aquellos antecedentes legales que sirven de sustento y se relacionan con la iniciativa objeto de estudio.

3.- En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de las propuestas en estudio y se hace una breve referencia a los temas que las componen.

4. En el apartado denominado “III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la propuesta, de acuerdo con el marco constitucional y legal vigente.

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones de las comisiones unidas”, los integrantes de las comisiones dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente dictamen.

Fundamentos legales y reglamentarios.

 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso (a, 86, 90 numeral 1, fracciones XIII y XXV, 93, 94, 102 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 183, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas comisiones unidas se abocaron al análisis, discusión y valoración del proyecto de decreto que se menciona y consideraron que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

DICTAMEN.

I.- Antecedentes Generales.

A.- Con fecha 22 de julio de 2015 las senadoras Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

B.- Con fecha 22 de julio de 2015, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó la iniciativa referida a las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, para su estudio y dictamen correspondiente; y a la comisión para la Igualdad de Género, para opinión.

C.- Con fecha 8 de octubre de 2015, la Mesa Directiva del Senado de la República, mediante oficio número DGPL- 1P1A.- 2193.26, emitió excitativa sobre la iniciativa en estudio, para que se presente su dictamen respectivo.

II.- Descripción general del contenido de la iniciativa.

La iniciativa en su exposición de motivos expresa:

1. Que desde el año 2001 el Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES ha liderado la ejecución de políticas de coordinación permanente entre las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de las autoridades estatales, municipales y de los sectores social y privado con un enfoque de género. Lo mismo sucede con el poder judicial federal el que, a través de su unidad de igualdad de género, cuenta con un ente que tiene por objeto sensibilizar y formar a quienes imparten justicia en perspectiva de género.

2. Que lo anterior responde a la necesidad de contar con una instancia especializada en derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género, con una expertisse en la materia, propia de cada dependencia, a fin de transversalizar el enfoque de género en el quehacer propio de éstas.

3. Que pese a ello, el Poder Legislativo, a diferencia de la administración pública federal y el Poder Judicial de la Federación, no cuenta (por mandato de ley) con mecanismos como los descritos, puesto que el objetivo de las comisiones para la Igualdad de Género es diverso.

4. Que la importancia de crear una Unidad para la Igualdad de Género al interior del Senado de la República obedece al cumplimiento de preceptos constitucionales y criterios de carácter internacional, entre ellos, la prohibición de toda discriminación basada en el género y el principio de igualdad jurídica entre mujeres y hombres.

5. Que por su parte la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mandata como una obligación de la Federación la formulación y conducción de “la política nacional integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”.

6. Que la creación de unidades para la igualdad de género también responde al cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado, al suscribir tratados sobre derechos humanos, en particular la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, que impone la adopción de acciones afirmativas, de carácter temporal para acelerar la igualdad de hecho entre hombres y mujeres.

7. Que, asimismo, el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer planteó la Recomendación General Número 6, por la cual prescribe instituir o fortalecer mecanismos, instituciones o procedimientos nacionales efectivos a nivel gubernamental elevado y con recursos, compromisos y autoridades suficientes, para asesorar acerca de las repercusiones que tendrán sobre las mujeres todas las políticas de gobierno; supervisar la situación general de las mujeres y ayudar en la formulación de nuevas políticas y aplicar eficazmente estrategias y medidas encaminadas a eliminar la discriminación.

8. Que las disposiciones relativas a los mecanismos para el adelanto de las mujeres de vinculan con la instalación de oficinas de género porque, precisamente estos mecanismos son rectores de las políticas de género, y tienen el mandato de vigilar y evaluar la implementación de la perspectiva de género al interior de las dependencias y entidades.

9. Que el 3 de diciembre de 2013 fue publicado el presupuesto de egresos de la federación 2014, en cuyo anexo 14 denominado de las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, mandataba la asignación de 36 millones de pesos al Poder Legislativo, desglosándose de acuerdo al tomo I del PEF 2014, en 6 millones de pesos para la acción “972 creación de la Unidad de Igualdad de Género”, distribuyendo 3 millones de pesos en esta acción a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, respectivamente.

10. Que con fecha 16 de octubre de 2014 la Mesa Directiva del Senado de la República signó el Acuerdo por el que se crea la Unidad de Género del Senado de la República, encontrándose dentro de sus trabajos la elaboración del Programa para la Igualdad de Género del Senado; del protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual.

11. Que quedan de manifiesto las oportunidades que se abren con la creación de un mecanismo al interior del Senado, capaz de transversalizar la perspectiva de género en las políticas que se adopten, de ahí la necesidad de concebirlo como una acción afirmativa inscrita desde la ley, unidad que debería contar con estructura y presupuestos propios.

12. Que, asimismo, esta Unidad deberá estar adscrita a la Mesa Directiva del Senado, corresponderá a una de las unidades administrativas con las que cuenta el Senado de la República y será supervisada en el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones por la comisión para la Igualdad de Género, misma que designará su titular quien, necesariamente, deberá ser una mujer con título profesional de carreras sociales, acreditar conocimiento y experiencia legislativa de más de 5 años en temas de derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género, además de contar con conocimientos en proceso legislativo.

13. Que con fecha 19 de marzo de 2015 se aprobó por el pleno de la Cámara de Diputados el dictamen de tres iniciativas por las cuales se propuso modificar la Ley Orgánica de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de crear la Unidad para la Igualdad de Género, misma que fue turnada con igual fecha a este Senado de la República para su dictamen y aprobación.

La iniciativa busca:

El reconocimiento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de la Unidad administrativa para la Igualdad de Género, adscrita a la Mesa Directiva del Senado de la República, creada por acuerdo de ésta el 16 de octubre de 2014, respondiendo así a una necesidad de concebirla como una acción afirmativa inscrita desde la ley.

Rango normativo de la ley que se propone reformar y crear:

La iniciativa propone la reforma de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos mediante la reforma del inciso c), del numeral 1, del artículo 106, en los siguientes términos:

ARTICULO106.

1. La Cámara de Senadores, para el desahogo de sus tareas legislativas y administrativas, contará con las siguientes dependencias:

a) …

b)…

c) Las unidades administrativas que acuerde la Mesa Directiva, las que dependerán de ésta, entre ellas, como una acción afirmativa, la Unidad para la Igualdad de Género.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial de la federación.

Segundo. El Senado de la República, dentro de los 60 días siguientes a la publicación del presente decreto, hará las modificaciones correspondientes al Estatuto para los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la República y al Estatuto del Servicio Civil de Carrera.

III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta.

A.- Marco constitucional.

La iniciativa en estudio es presentada de conformidad a las prerrogativas concedidas al Senado de la República en los artículos 71, fracción II, en relación al artículo 50, ambos constitucionales. El primero de ellos prescribe que “el derecho de iniciar leyes o decretos compete: II. A los diputados y senadores del congreso de la unión” y el artículo 50 que “el poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un congreso general, que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores.”

Por su parte, el artículo el artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena que el Congreso de la Unión se reúna en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las primeras se dividirán en un primer y segundo período, según las fechas en las que ellas se lleven a efecto. En ambos períodos, las reuniones tendrán por objeto el “estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución.”

Asimismo, el artículo 70, párrafo segundo ordena que “el congreso expedirá la ley que regulará su estructura y funcionamiento internos”, abundando su párrafo cuarto que “esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del ejecutivo federal para tener vigencia.”

Por último, el artículo 72, inciso f) preceptúa que “todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones: f) En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.”

B.- Marco legal.

La iniciativa objeto de este dictamen se presenta de conformidad a lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 164 Número 1, 169 y 172, todos del Reglamento del Senado de la República. El primero de ellos prescribe que “son derechos de los senadores: I. Presentar iniciativas de ley o de decreto ante la Cámara de Diputados, el Senado o la Comisión Permanente del congreso de la unión.” Por su parte, el artículo 164, número 1 ordena que “el ejercicio del derecho de iniciativa da principio al procedimiento legislativo. Consiste en la presentación de un proyecto de ley o decreto por parte de alguno o algunos de los sujetos facultados para ello por la Constitución.” Y su número 2 que “en el caso de los senadores, la iniciativa puede ser suscrita por uno o varios de ellos, sea a título personal o como parte de uno o más grupos parlamentarios”. A su turno, el número 5 del mismo artículo manda a la Mesa Directiva cuidar que dichas iniciativas cumplan con las normas que regulan su presentación, a saber, las contenidas en el artículo 169 del mismo cuerpo normativo.

En lo que respecta al artículo 172 del Reglamento del Senado de la República, se indica la manera en que ha de realizarse la presentación de toda iniciativa de ley ante el pleno del Senado.

C.- Viabilidad legal de la propuesta.

A la luz de lo preceptuado en al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual prescribe en su encabezado que “El varón y la mujer son iguales ante la ley”, institucionalizando la perspectiva de género en el orden jurídico mexicano, lo que se encuentra en plena armonía con el mandato constitucional consagrado en el párrafo final del artículo 1 por el cual “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género…” y la obligatoriedad del Estado, y de todas las autoridades que actúan en su representación, por la cual deberá “…promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad” consagrado en el párrafo tercero, también del artículo 1 constitucional, es que estas comisiones unidas consideran del todo ajustado a derecho la propuesta de reforma propuesta en la iniciativa en estudio, por cuanto mediante ella se pretende consagrar expresamente en la Ley Orgánica de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que a la Cámara de Senadores respecta, el reconocimiento legal de una unidad administrativa a través de la cual se realice la institucionalización de la perspectiva de género en el seno del Senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos, Unidad que por lo demás fue creada mediante acuerdo de la Mesa Directiva, en fecha 16 de octubre de 2014.

V.- Consideraciones de las comisiones unidas.

Sin lugar a dudas la puesta en marcha de la reforma político-electoral ha representado un gran desafío desde el punto de la igualdad de género en el poder legislativo, en especial, si se considera que a través de múltiples instrumentos internacionales México se ha comprometido a promover, respetar y garantizar la igualdad de género en todos y cada uno de los distintos órdenes de gobierno e instituciones de los poderes del Estado.

En este sentido, la recientemente creada Unidad de Género del Senado de la República ha sido concebida como aquella unidad administrativa a través de la cual se concretará el desarrollo de una igualdad jurídico-formal de género dentro de este órgano legislativo, precisamente, por ser ideado su reconocimiento legal como una acción afirmativa, vale decir, como una medida temporal encaminada a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres y corregir la distribución desigual de oportunidades y beneficios en este cuerpo legislativo; esto es lo que los juristas denominan como un modelo de igualdad de resultados1, el que en forma conjunta con la igualdad de oportunidades e igualdad de recursos han de ser consideradas a la hora de implementar una política pública de igualdad formal de género.

Conforme a este mismo razonamiento, la igualdad de género no es posible alcanzarla en términos universales puesto que ella siempre trae aparejada la desigualdad en otro ámbito del deseado, de forma inevitable.

En esta misma línea, la igualdad de resultados, entendida como una de las tres esferas de las llamadas acciones afirmativas, parte de la base que la distribución de los recursos tiene por objeto la consecución de un determinado logro material concreto, cualquiera sea éste.

Este modelo pone atención en algún resultado fijo, cualquiera que él sea.

Ahora bien, es innegable la relación existente entre igualdad de oportunidades e igualdad de resultados en cuanto ésta puede ser el móvil para alcanzar la primera. Así, “pueden existir desigualdades fácticas que tornen imposible que distintas personas tengan en los hechos las mismas oportunidades. Sin embargo, es posible conseguir esa igualdad fáctica de oportunidades en el futuro. Para que eso ocurra, puede ser necesario implementar un sistema de igualdad de resultados que vaya emparejando la cancha para lograr igualdad de oportunidades en el mediano o largo plazo.”2

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es ajena a estos tipos de modelos de igualdad. De esta forma, el artículo 4 de ella prescribe que “El varón y la mujer son iguales ante la ley”, institucionalizando la perspectiva de género en el orden jurídico mexicano, lo que se encuentra en plena armonía con el mandato constitucional consagrado en el párrafo final del artículo 1 por el cual “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género…” y la obligatoriedad del Estado, y de todas las autoridades que actúan en su representación, por la cual deberá “…promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad” consagrado en el párrafo tercero, también del artículo 1 constitucional. Esta última norma consagra, de manera expresa, la igualdad de resultado al establecer el imperativo jurídico para el Estado Mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre éstos el de igualdad de género.

Por su parte, habrá de percibirse estas acciones afirmativas, de las que trata la iniciativa en estudio, como aquellas“ acciones adoptadas para identificar y reemplazar prácticas discriminatorias y también para desarrollar prácticas que tengan como efecto una mayor inclusión y participación de la mujer y minorías en distintos ámbitos, como el mercado laboral. Estas políticas pretenden eliminar patrones de desventaja y exclusión social.”3

En este mismo orden de ideas, conforme lo mandatado en la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, económico, político, social y cultural, es decir, acciones positivas como la planteada mediante el reconocimiento legal de la Unidad para la Igualdad de Género de este Senado de la República.

A lo anterior, debe sumarse que la precitada ley contempla en la fracción VII, de su artículo 5 el concepto de “transversalidad” entendido éste como “el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas”, proceso éste del cual no escapa este Senado de la República como institución pública que es, más aún si se considera que la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) instituye que entre las atribuciones del INMUJERES la de establecer vínculos de colaboración con ambas cámaras del Congreso de la Unión, para impulsar acciones legislativas que garanticen el acceso equitativo y no discriminatorio al desarrollo, y la tutela de sus derechos humanos, para lo cual ambas cámaras deberán perfeccionar programas a través de los cuales se dé cumplimiento a la obligación de implementar unidades de género en la administración pública, de donde se desprende de forma unívoca e inequívoca el deber de la Cámara de Senadores de contar con una Unidad administrativa para la Igualdad de Género la que, en todo caso, al tener un reconocimiento legal cimienta y consolida su importancia y estatuye la fuerza vinculante de sus decisiones y acciones.

Consecuentemente con lo anterior, estas comisiones unidas han considerado lo mencionado por las proponentes en cuanto a que “el 3 de diciembre de 2013 fue publicado el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, en cuyo anexo 14 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, mandataba la asignación de 36 millones de pesos al Poder Legislativo, desglosándose de acuerdo al Tomo I del PEF 2014, en 6 millones de pesos para la acción “972 Creación de la Unidad de Igualdad de Género” distribuyendo 3 millones de pesos en esta acción a la Cámara de Diputados y al Senado de la República respectivamente.” Razón por la cual es posible concluir que existen los recursos materiales que sustenten el reconocimiento legal de la Unidad para la Igualdad de Género en este órgano legislativo.

Con ello se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 18, párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual mandata a las “comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente”, en el caso concreto y al ser evidente que el presupuesto se encuentra contemplado no es necesario el estudio correspondiente del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

Adicionalmente, el presente dictamen ha tenido a la vista la minuta turnada a estas mismas comisiones unidas, por la Mesa Directiva del Senado de la República con fecha 24 de marzo del año en curso, y que refiere al proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, decreto a través del cual se pretende dar reconocimiento legal a la Unidad para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. En el dictamen que contiene dicha minuta, se ha hecho alusión a un punto que cabe destacar, que es que ni el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) ni la comisión de Igualdad de Género “centran sus actividades en la transformación de la cultura organizacional del órgano legislativo, ni en la búsqueda de un parlamento que responda a las necesidades internas las mujeres y los hombres que conforman sus estructuras operativas, responsables de su funcionamiento, sus métodos y sus acciones. Actividades que son las que se pretende lleve a cabo en la unidad de igualdad de género, materia de la presente iniciativa.”

Este punto ha sido especialmente considerado por estas comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, en cuanto es posible afirmar que, como ha sido pensada, esta Unidad para la Igualdad de Género del Senado de la República, adscrita a la Mesa Directiva de este órgano, no tendrá duplicidad de funciones con la Comisión para la Igualdad de Género, siendo en el hecho bien diversos sus ámbitos de acción y la naturaleza jurídica que le sirve de sustento a una y otra.

De la misma manera, estas comisiones unidas han tenido en consideración la opinión emitida por la comisión para la igualdad de género, de fecha 10 de diciembre de 2015, la cual en sus 3 puntos resolutivos consigna que “La creación de una Unidad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Senado, se traduce en una acción afirmativa para lograr la igualdad sustantiva en el Poder Legislativo.” para lo cual “Han sido etiquetados recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para instrumentar acciones para la igualdad entre mujeres y hombres en el Poder Legislativo.” por lo que “Es preciso que la Unidad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Senado cuente con nivel de autoridad y recursos suficientes para su eficaz funcionamiento.”

Las Comisiones dictaminadoras consideran que si bien, las legisladoras plantearon la adición del inciso c), del numeral 1, del artículo 106 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar a la Unidad para la Igualdad de Género a las unidades administrativas acordadas por la Mesa Directiva, como una acción afirmativa, se estima conveniente, adicionar un inciso d) al artículo 106 para distinguir que se trata de una unidad técnica y señalar que aunque es una unidad adscrita a la Mesa Directiva del Senado de la República, se trata de una unidad técnica y no administrativa (pues no maneja recursos ni materiales, ni humanos).

Por otro lado, se propone que se incluya la disposición de que la Comisión para la Igualdad de Género supervisará el cumplimiento de sus objetivos, atribuciones y el Programa para la Igualdad de Género del Senado de la República, lo anterior, de conformidad con el Acuerdo de la Mesa Directiva de fecha 16 de octubre de 2014 por el que se crea la Unidad de Género del Senado de la República.

Finalmente, se estima pertinente establecer desde la ley las previsiones presupuestales indispensables para el buen funcionamiento de la unidad de referencia, pues uno de las recomendaciones enmarcadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer ha sido que estos mecanismos tengan un funcionamiento eficaz y evidentemente si no tienen recursos ni nivel de autoridad esto será imposible.

En ese sentido, se presentan las siguientes modificaciones al texto original:


TEXTO ORIGINAL

MODIFICACIONES

 

ÚNICO.- Se reforma el inciso c), del numeral 1, del artículo 106 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

ARTICULO 106.

1. La Cámara de Senadores, para el desahogo de sus tareas legislativas y administrativas, contará con las siguientes dependencias:

a) …

b)…

c) Las unidades administrativas que acuerde la Mesa Directiva, las que dependerán de ésta, entre ellas, como una acción afirmativa, la Unidad para la Igualdad de Género.

 

ÚNICO.-Se adiciona un inciso d) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 106.

1. La Cámara de Senadores, para el desahogo de sus tareas legislativas y administrativas, contará con las siguientes dependencias:

a) …

b) …

c) ...

d) Se crea la Unidad Técnica para la Igualdad de Género, adscrita a la Mesa Directiva del Senado de la República. La Comisión para la Igualdad de Género supervisará el cumplimiento de sus objetivos, atribuciones y el Programa para la Igualdad de Género del Senado de la República, además, contará con la estructura administrativa necesaria y el presupuesto suficiente para el cumplimiento de sus funciones.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo prescrito en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 85, 86, 89, 90, fracción XIII y XXV, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 171 numeral 2, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, sometemos al pleno del Senado de la República el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO C), DEL NUMERAL 1, DEL ARTÍCULO 106 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ÚNICO.-Se adiciona un inciso d) al artículo 106 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 106.

1. La Cámara de Senadores, para el desahogo de sus tareas legislativas y administrativas, contará con las siguientes dependencias:

a) …

b) …
c) ...

d) Se crea la Unidad Técnica para la Igualdad de Género, adscrita a la Mesa Directiva del Senado de la República. La Comisión para la Igualdad de Género supervisará el cumplimiento de sus objetivos, atribuciones y el Programa para la Igualdad de Género del Senado de la República, además, contará con la estructura administrativa necesaria y el presupuesto suficiente para el cumplimiento de sus funciones.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial de la federación.

Segundo. El Senado de la República, dentro de los 60 días siguientes a la publicación del presente decreto, hará las modificaciones correspondientes al Estatuto para los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la República y al Estatuto del Servicio Civil de Carrera.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a 9 de diciembre de 2015.

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO CON RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Antecedentes

Con fecha 22 de julio de 2015, las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo y Martha Elena García Gómez, integrantes delos Grupos Parlamentarios de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Acción Nacional respectivamente, presentaron ante el pleno de esta Cámara la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva mediante oficio número DGPL-1P1A.-322 y con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67 párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1 y 178 del Senado de la República, comunicó a esta Comisión el turno de la iniciativa a las Comisiones Unidas Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen, y a la Comisión para la Igualdad de Género para que emitiera su opinión.

Contenido de la Iniciativa

El proyecto de iniciativa propone reformar y adicionar un inciso c) a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior para incorporar a la Unidad de Género en las unidades administrativas de la Mesa Directiva, como una acción afirmativa para asegurar la igualdad sustantiva en el Senado de la República.

Esta Comisión con fundamento en lo dispuesto del artículo 185 del Reglamento del Senado de la República, opina la iniciativa al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Nuestro país ha avanzado poco a poco en la institucionalización de la perspectiva de género, desde el Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo en 1980, creado con miras a desarrollar e integrar la visión de género entre las políticas gubernamentales.

Posteriormente en el año de 1985 fue creada la Comisión Coordinadora para la III Conferencia Mundial sobre la Mujer en Nairobi, Kenia, así mismo, en 1993 se creó el Comité Nacional Coordinador de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China.

De los compromisos emanados de la IV Conferencia, se estableció el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000 Alianza para la igualdad, el cual estuvo a cargo de la Secretaría de Gobernación a través de la intervención de la Coordinación General de la Comisión Nacional de la Mujer (CONMUJER).

Posteriormente, en el año 2001 se crea la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, mediante la cual se crea el Instituto del mismo nombre.

Desde entonces, se ha venido impulsando el establecimiento de mecanismos para la igualdad entre mujeres y hombres, y en específico, la instalación de Unidades para la Igualdad de Género al interior de las Secretarías de Estado Federales y de las Secretarías estatales.

El Poder Judicial, también ha hecho lo propio y ha creado una Unidad de Género, con el propósito de incorporar la perspectiva de género en el quehacer judicial.

Los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres se encuentran orientados, entre otras cuestiones, para a diseñar, fomentar, aplicar, ejecutar, vigilar, evaluar, estimular y movilizar el apoyo de políticas que promuevan el adelanto de las mujeres.

Las Unidades de Género se han concebido como oficinas inscritas al interior de cada dependencia, a efecto de lograr incidir, tanto en el trabajo propio como en una cultura institucional con perspectiva de género.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, específicamente en el anexo 14 denominado Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, fueron asignados 36 millones de pesos al Poder Legislativo, de los cuales seis correspondían a la acción “972 Creación de la Unidad de Género” distribuyéndose en tres millones de pesos a cada Cámara respectivamente.

La creación de una Unidad de Género en el Senado de la República, se inscribe en los preceptos constitucionales, particularmente en el artículo 1° que reconoce los derechos humanos enmarcados en los tratados internacionales, de los cuales el Estado mexicano sea Parte, así como en el artículo 4° que consagra la igualdad jurídica entre mujeres y hombres y prohíbe explícitamente cualquier forma de discriminación basada en el género.

En ese contexto, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)1refiere que los Estados Partes deben comprometerse a seguir una política dirigida a eliminar la discriminación contra las mujeres (artículo 2°).
Adicionalmente este tratado plantea la puesta en marcha de medidas de carácter temporal, a efecto de acelerar la igualdad de hecho entre ambos sexos (artículo 4°).

Debe destacarse que en el marco de la Cuarta Conferencia de la Mujer se acordó que para lograr un funcionamiento eficaz de los mecanismos nacionales es preciso que:

a) Se los considere en las instancias más altas de gobierno que sea posible, y que estén bajo la responsabilidad de un ministro del gabinete;

b) Existan mecanismos o procesos institucionales que agilicen, según proceda, la planificación descentralizada, la aplicación y la vigilancia con miras a lograr la participación de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias, empezando por las de base;

c) Se disponga de suficientes recursos presupuestarios y capacidad profesional;

d) Haya oportunidades para ejercer influencia en la formulación de todas las políticas gubernamentales.

Incorporar una Unidad de Género en el Senado de la República atiende a la necesidad de implementar mecanismos para el adelanto de las mujeres y lograr la igualdad entre mujeres y hombres.

Mediante Acuerdo de la Mesa Directiva de fecha 16 de octubre de 2014, el Senado de la República creó la Unidad de Género del Senado, sin embargo, se considera indispensable contar con un mecanismo ad hoc desde la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Dadas las consideraciones hasta aquí vertidas nos manifestamos a favor de incorporar la Unidad de Género en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en atención a los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La creación de una Unidad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Senado, se traduce en una acción afirmativa para lograr la igualdad sustantiva en el Poder Legislativo.

SEGUNDO.- Han sido etiquetados recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para instrumentar acciones para la igualdad entre mujeres y hombres en el Poder Legislativo.

TERCERO.- Es preciso que la Unidad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Senado cuente con nivel de autoridad y recursos suficientes para su eficaz funcionamiento.

COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Debido a que el dictamen se encuentra publicado en Gaceta Parlamentaria, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.

Pasamos al siguiente dictamen.

1 Revista chilena de derecho, versión on-line ISSN 0718-3437, Rev. chil. Derecho vol.42 n°.1 Santiago abr. 2015, Rodolfo Figueroa G. Universidad Diego Portales, Chile. Disponible en http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372015000100008

2 Revista chilena de derecho, versión on-line ISSN 0718-3437, Rev. chil. Derecho vol.42 n°.1 Santiago abr. 2015, Rodolfo Figueroa G. Universidad Diego Portales, Chile. Disponible en http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372015000100008 

3 Revista chilena de derecho, versión on-line ISSN 0718-3437, Rev. chil. Derecho vol.42 n°.1 Santiago abr. 2015, Rodolfo Figueroa G. Universidad Diego Portales, Chile. Disponible en http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372015000100008 

1 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. Ratificada por México el 23 de marzo de 1981 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el18 de junio de 1981.





 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General y de los Estados Unidos Mexicanos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 47 Y 55 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos de la LXII legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la minuta con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las comisiones unidas encargadas del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA.

1.- En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentario” se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de las comisiones unidas.

2.- En el apartado denominado “I.- Antecedentes generales” se relata el trámite brindado a la minuta, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo.

3.- En el apartado denominado “II.- Descripción de la minuta” se exponen, de manera sucinta, los alcances de la propuesta en estudio.

4. En el apartado denominado “III.- Consideraciones de las comisiones unidas”, los integrantes de las comisiones dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente dictamen.

Fundamentos legales y reglamentarios.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 numeral 1, fracciones XIII y XXV, 93, 94, 102 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas comisiones unidas se abocaron al análisis, discusión y valoración de la minuta que se menciona y consideraron que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I.- Antecedentes Generales.

a.-Con fecha 7 de octubre de 2014, los diputados Silvano Aureoles Conejo y Margarita Elena Tapia Fonllem, integrantes del grupo parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

b.- Con fecha jueves 4 de noviembre de 2014, las diputadas María del Rocío García Olmedo, Rosalba de la Cruz Requena, María Leticia Mendoza Curiel, Socorro de la Luz Quintana León y María Guadalupe Sánchez Santiago, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, perteneciente al grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza y la diputada Ruth Zavaleta Salgado, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados.

c.- Con 25 de noviembre de 2014, la diputada Martha Lucía Mícher Camarena y el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados.

d.- Con fecha 15 de diciembre de 2014, la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

e.- Con fecha 19 de marzo de 2015, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen respectivo.

f.- Con fecha 24 de febrero de 2015, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la minuta que contiene el proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a las comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos para su conocimiento y elaboración del correspondiente dictamen.

II.- Descripción general del contenido de la minuta.

1.- La minuta en estudio da cuenta, inicialmente, de los trámites previos realizados por la comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a fin de determinar la factibilidad de las iniciativas en estudio. En especial, se hace referencia a:

a) Las fechas en las que se presentaron la iniciativas objeto de ella, haciéndose presente que las iniciativas presentadas por los diputados Elena Tapia y Silvano Aureoles, así como la de los diputados Martha Lucía Mícher Camarena y Miguel Alonso Raya, fueron originalmente presentadas el día 3 de marzo de 2014, luego de lo cual ambas fueron retiradas, siendo presentadas nuevamente en los meses subsecuentes, razón por la cual son objeto de análisis del dictamen aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados y que contiene la minuta en estudio.

b) Que con fecha 27 de mayo de 2014, el presidente de la comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de dicha soberanía, en nombre de la Junta Directiva, solicitó al Secretario de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara la opinión de dicho órgano respecto a las iniciativas en comento, con el fin de contar con mayores elementos técnicos y jurídicos para la elaboración del dictamen respectivo.

c) Que con fecha 3 de octubre de 2014, el licenciado Mauricio Arana Terán, coordinador de asesores de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, remitió respuesta a la petición, con un análisis y valoración de la propuesta presentada por la diputada Martha Lucía Micher Camarena y del diputado Agustín Miguel Alonso Raya.

d) Que con fecha 14 de octubre de 2014, nuevamente el presidente de la comisión elaboradora del dictamen, en nombre de la Junta Directiva, solicitó al Comité de Administración mayor información respecto a la aplicación de las iniciativas en comento, a fin de tener mayores elementos técnicos y jurídicos para la elaboración del dictamen respectivo.

e) Que con fecha 15 de octubre de 2014, el licenciado Fernando Flores Castellanos, secretario técnico del Comité de Administración, remitió respuesta a la petición, con un acuerdo signado por el comité en relación con las acciones, programas y proyectos legislativos en materia de igualdad de género, por el que se autorizan los lineamientos para la distribución y ejercicio del presupuesto asignado en el ejercicio fiscal de 2014, a acciones, programas y proyectos legislativos en materia de igualdad de género.

2.- En el apartado de “contenido de la iniciativa” el dictamen da cuenta de la exposición de motivos de las iniciativas propuestas, en los siguientes términos:

a) Iniciativa presentada por la diputada Elena Tapia y el diputado Silvano Aureoles, propone:

● Adicionar un numeral tres, al artículo 47 con el objeto de determinar, únicamente, que la Cámara de Diputados tendrá una Unidad de Género.

● Adicionar un artículo 55 A, en el que se especifique que la Unidad de Género es un órgano técnico responsable de asegurar la consolidación del proceso de implementación de la perspectiva de género en el quehacer legislativo en general.

● Adicionar un artículo 55 B, en el cual se describan, mediante nueve fracciones, las atribuciones de la unidad que se crea, entre las que destacan: la de capacitación al personal; armonización del marco jurídico interno con instrumentos internacionales de derechos humanos; formular propuestas para hacer compatible la vida laboral y familiar; fomentar el cumplimiento de la legislación general en materia de igualdad de género y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; proponer acciones de evaluación de las políticas internas para la igualdad; crear estadísticas oficiales del cumplimiento del principio de igualdad y; establecer convenios de colaboración con los congresos estatales.

● Adicionar un artículo 55 C, que establezca que la unidad tendrá nivel de coordinación general y se habilite a la Junta de Coordinación Política para ser el órgano responsable del nombramiento de la titular. Mediante cuatro fracciones se propone definir los requisitos que deberán reunir las personas aspirantes a encabezar la Unidad de Género: I. Ser ciudadana mexicana por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos; II. Haber cumplido 35 años de edad; III. Contar con título profesional en derecho, sociología o antropología; y IV. Acreditar conocimiento y experiencia legislativa de más de 5 años en temas de derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género, derecho parlamentario y proceso legislativo.

b) Iniciativa presentada por las diputadas María del Rocío García Olmedo, Rosalba de la Cruz Requena, María Leticia Mendoza Curiel, Socorro de la Luz Quintana León y María Guadalupe Sánchez Santiago, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Ruth Zavaleta Salgado, expone:

● Adicionar un numeral 3, al artículo 47 el numeral 3, que establezca que la Cámara de Diputados tendrá una Unidad para la Igualdad de Género.

● Adicionar un artículo 55 Bis, en el que se defina que la Unidad para la Igualdad de Género será el órgano técnico responsable de vigilar la conducción transversal con perspectiva de género en la estructura organizacional y desarrollo de las actividades institucionales y laborales, para cual deberá contar con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones. La sitúa dentro de la estructura organizacional en el nivel de coordinación y habilita a la Junta de Coordinación Política, a través de una adición al artículo 36 de la Ley Orgánica, para ser el órgano responsable del nombramiento de su titular.

En el apartado 2, del propio artículo 55 Bis, que se establezca un listado de lasnueve atribuciones de la unidad, que consisten en : proponer e instrumentar acciones orientadas a la igualdad sustantiva; vigilar y coadyuvar en la investigación interna de caso que se presenten de acoso u hostigamiento sexual, laboral o cualquiera otra forma de violencia, así como atender, orientar y canalizar las quejas por violaciones internas a los derechos humanos de las mujeres; elaborar un código de ética institucional; coadyuvar en el seguimiento para la aplicación de recursos etiquetados para la Unidad de Igualdad; coordinar la elaboración de publicaciones y contenidos editoriales con perspectiva de género; desarrollar e implementar herramientas metodológicas, para monitorear y evaluar las acciones realizadas en materia de igualdad; organizar y coordinar la formación y especialización del personal de todos los niveles en materia de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres; proponer modificaciones a la normatividad interna y a las estructuras organizacionales que aseguren la incorporación de la perspectiva de género e; impulsar y consolidar la producción y sistematización de información con perspectiva de género.

● Adicionar un numeral 2, al artículo 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, recorriendo el orden de sus subsecuentes numerales, con el fin de puntualizar que la Cámara incorporará la perspectiva de género, de forma transversal, en el desempeño de sus atribuciones, programas y acciones, con el objeto de garantizar a las mujeres y hombres, el ejercicio y goce de sus derechos humanos, en igualdad de condiciones y velará por que los órganos a su cargo así lo hagan.

c) Iniciativa presentada por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena y el diputado Miguel Alonso Raya, plantea:

● Adicionar un numeral 3, al artículo 47, para establecer que la cámara tendrá una Unidad para la Igualdad de Género.

● Adicionar un artículo 56 Bis, en el que instaure que la Unidad para la Igualdad de Género será el órgano técnico responsable de asegurar la institucionalización de la perspectiva de género en la cultura organizacional y en el quehacer legislativo.

Formula la incorporación de un listado de 12 fracciones a través de las cuales se definan sus atribuciones: presentar e instrumentar acciones orientadas a la igualdad sustantiva en la Cámara de Diputados; planificar, verificar y dar seguimiento a la incorporación transversal de la perspectiva de género en el trabajo parlamentario; diseñar un código de ética institucional; diseñar e implementar una política laboral que favorezca la compatibilidad entre la vida familiar y profesional, así como de corresponsabilidad familiar; coadyuvar en el seguimiento de la aplicación de los recursos etiquetados en el anexo 13 de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación; coordinar la elaboración de publicaciones y contenidos editoriales; desarrollar e implementar herramientas metodológicas, procesos y procedimientos para monitorear y evaluar las acciones realizadas en materia de igualdad; organizar y coordinar la formación y especialización del personal de todos los niveles en materia de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres; proponer modificaciones a la normatividad interna y a las estructuras organizacionales que aseguren la incorporación de la perspectiva de género; desarrollar estrategias para promover el avance progresivo de la igualdad de género en la Cámara de Diputados; impulsar y consolidar la producción y sistematización de información con perspectiva de género y por último; atender, orientar y canalizar las quejas por violación internas a los derechos humanos de las mujeres con la precisión de que en ningún caso la unidad de género podrá fungir como representante legal de las trabajadoras.

Se circunscribe en este mismo artículo a la unidad dentro de la estructura organizacional en el nivel de dirección general y se propone que el nombramiento de la persona titular conforme al procedimiento que para estos casos establece el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera.

Por último se precisa que deberá contar con los recursos para su eficaz desempeño así como la infraestructura adecuada para su funcionamiento.

d) Iniciativa presentada por la diputada Lucía Pérez Camarena formula:

● Adicionar un numeral 3, al artículo 47, en el que indica que la Cámara de Diputados tendrá una Unidad de Género para Lograr la Institucionalización y Transversalidad de la Perspectiva.

● Adicionar un segundo apartado al artículo 55 en el que se establezca que la unidad de género será el órgano técnico responsable de lograr la institucionalización de la perspectiva de manera transversal, conforme al principio de igualdad con la pretensión de impactar la cultura organizacional de la cámara. Se le habilita para contar con estructura y presupuesto propios y se le ubica dentro de la estructura administrativa en el nivel de dirección general.

● Reformar el artículo 55, incluyendo un listado taxativo de 8 fracciones que contenga las atribuciones de dicha unidad, todas ellas orientadas a avanzar hacia la igualdad sustantiva tanto en el desempeño legislativo, como en la cultura institucional a través de: asegurar la institucionalización de la perspectiva y transversalidad de género en la cultura organizacional y quehacer legislativo; revisar el presupuesto de género en la Cámara, para promover que cada área comprometa acciones afirmativas y sustantivas; coordinar la formación, capacitación y certificación del personal en materia de género e igualdad sustantiva; difundir y publicar información en materia de derechos humanos de las mujeres, no discriminación e igualdad sustantiva; planificar y promover estudios e investigaciones para instrumentar un sistema de información, registro, seguimiento y evaluación de la situación de las mujeres y los hombres; diseñar e implementar una política laboral libre de violencia, sin acoso laboral ni hostigamiento sexual; elaborar e implementar una política laboral que permita conciliar la vida laboral con la vida familiar; atender, asesorar, orientar y canalizar las quejas que se presenten por violaciones a los derechos humanos de las mujeres que laboran en la cámara.

3.- En el apartado de las consideraciones de la comisiones, se hace mención a los siguientes puntos:

a) Que “efectivamente como lo señalan las y los proponentes a través de la Unidad de Igualdad de Género, se pretende encontrar un equilibrio en el trato y en el acceso a oportunidades entre mujeres y hombres, basado en sus capacidades y no en razón del género”.

b) Que las iniciativas en estudio “responden también a la necesidad de crear una instancia que atienda a lo que el Instituto Nacional de las Mujeres ha señalado, cuando dice que la instauración y consolidación de Unidades de Género en la APF, bajo criterios homogéneos en relación con su estructura, atribuciones, funciones, capacidad de decisión, líneas de acción y vínculos de coordinación a establecer, da lugar a la conjunción de esfuerzos en torno a objetivos comunes y, permite avances significativos en la incorporación e institucionalización de la perspectiva y transversalidad de género”.

c) Que “las iniciativas se enmarcan también como lo advierten las y los proponentes, en una nutrida actividad en materia de derechos humanos de las mujeres de la que el Estado Mexicano es parte y por lo tanto sujeto obligado a acatar una serie de recomendaciones que abonan al objetivo de estas cuatro iniciativas, por ejemplo la Recomendación General número 6 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer exhorta a los estados parte a instituir o fortalecer mecanismos, instituciones o procedimientos nacionales efectivos a nivel gubernamental, para asesorar sobre de las repercusiones que tendrán sobre las mujeres las políticas gubernamentales; supervisar la situación general de la mujer y ayudar en la formulación de nuevas políticas y aplicar eficazmente estrategias y medidas encaminadas a eliminar la discriminación”.

d) Que “en el ámbito nacional, la institucionalización de la perspectiva de género tiene su fundamento jurídico en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en su artículo 4 reconoce la igualdad entre el varón y la mujer ante la ley y prohíbe expresamente en el artículo 1, toda discriminación motivada por razones de género. Esta igualdad jurídico-formal debe traducirse en la institucionalización de la perspectiva de género en el Estado mexicano y en la búsqueda de la igualdad sustantiva”.

e) Que “adicionalmente, debe tenerse presente la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, contiene la noción de transversalidad, que describe como: el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas” y que, asimismo, “la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) establece que entre las atribuciones del Inmujeres se encuentra la de establecer vínculos de colaboración con ambas Cámaras del Congreso de la Unión, para impulsar acciones legislativas que garanticen el acceso equitativo y no discriminatorio al desarrollo, y la tutela de sus derechos humanos”, para lo cual deberán perfilar programas que se refieran concretamente a la obligación de implementar unidades de género en la administración pública.

f) Que “en este mismo orden de ideas, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (Proigualdad) tiene entre sus objetivos el de incorporar las políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional, teniendo como una línea de acción, la creación y fortalecimiento de las unidades de género para el monitoreo de las acciones y programas para la igualdad”.

g) Que “también resulta ilustrativo… el que… con el objetivo de incorporar la perspectiva de género y el enfoque de igualdad en la cultura organizacional de las instituciones, actualmente se han creado 22 unidades de igualdad de género en diversas instancias del Poder Ejecutivo federal”. Entre éstas, “el 36% de las secretarías la unidad de género tiene nivel de dirección general adjunta”.

h) Que resulta igualmente relevante el hecho que “Cámara de Diputados ha asignado ya recursos que resuelven la inquietud de la suficiencia presupuestaria, dichos recursos están clasificados en el Ramo 01 Poder Legislativo, en el programa presupuestario R001 Actividades derivadas del trabajo legislativo, la cámara de diputados como unidad responsable…” siendo que el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al año 2015 propuso “la asignación de 4 millones de pesos para la operación de la unidad de igualdad en la cámara de diputados”.

i) Que “es importante que dentro de las atribuciones que se pretenden otorgar a la Unidad para la Igualdad de Género, se prevea la de no duplicar acciones que son competencia del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y/o de la Comisión de Igualdad de Género, aun cuando se tiene certeza de que ninguna de estas dos instancias constituye un órgano técnico responsable de asegurar la institucionalización de la perspectiva de género en la cultura organizacional y el quehacer legislativo”.

j) Que de esta suerte, ni CEAMEG ni la comisión de Igualdad de Género “centran sus actividades en la transformación de la cultura organizacional del órgano legislativo, ni en la búsqueda de un parlamento que responda a las necesidades internas las mujeres y los hombres que conforman sus estructuras operativas, responsables de su funcionamiento, sus métodos y sus acciones. Actividades que son las que se pretende lleve a cabo en la Unidad de Igualdad de Género, materia de la presente iniciativa”.

k) Que la Unidad para la Igualdad de Género “deberá contar con estructura y presupuesto propios, así como con infraestructura y recursos específicos para su operación, y tener funciones determinadas” razón por la cual será necesario que “figure en la estructura administrativa y en el Manual General de Organización de la Cámara de Diputados” con el objeto de “coordinarse con áreas estratégicas como son la Secretaría General y sus unidades administrativas de recursos humanos, planeación, programación y  presupuesto, así como áreas sustantivas y operativas de la Cámara de Diputados, como el CEAMEG”.

l) Que para el cumplimiento de sus fines la Unidad para la Igualdad de Género deberá trabajar en dos vertientes:

● “Cultura organizacional: implica la implementación del Programa de Cultura Institucional para la Igualdad (PCI), con el propósito de incorporar la perspectiva de género y la no discriminación al interior de la dependencia o entidad.

Transversalidad: supone la inserción de la perspectiva de género y el enfoque de igualdad en el diseño, planeación, presupuestación, ejecución y evaluación de los planes, programas y políticas públicas que lleva a cabo la dependencia o entidad”.

m) Que esta unidad ha de tener un perfil técnico, de donde deriva “la pertinencia de su ubicación en el artículo 55, dentro del capítulo séptimo de la Ley Orgánica del Congreso General, por ser éste el que aborda la organización técnica y administrativa del órgano legislativo”.

n) Que por lo anterior la “comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias considera procedentes las iniciativas que crean la unidad para la igualdad de género en la cámara de diputados, a través de la reforma la Ley Orgánica del Congreso, por lo que la iniciativa que también propone reformar el Reglamento, presentada por la diputada María del Rocío García Olmedo, sólo será atendida en lo que corresponde al primer ordenamiento. La comisión emitirá el presente dictamen conjunto en sentido positivo, integrando en una misma redacción las coincidencias, así como aquellas que en lo individual se estimen oportunas, para enriquecer la propuesta básica y dotarla de mayor certeza jurídica”.

La minuta busca:

Crear la Unidad para la Igualdad de Género, con la intención de logra una inclusión de políticas de género al interior de la Cámara de Diputados, circunscrita a la secretaría general de la misma, como órgano técnico responsable de asegurar la institucionalización de la perspectiva de género en la cultura organizacional, de conformidad con el Estatuto respectivo.

III.- Consideraciones de las comisiones unidas.

A la luz de las consideraciones contenidas en el dictamen de la comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados precedentemente expuestas, y lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la que prescribe, expresamente, que “el varón y la mujer son iguales ante la ley”, es que estas comisiones dictaminadoras estiman ajustado a derecho las adiciones propuestas en la minuta en estudio a los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y por la cual se propone crear una Unidad para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, circunscrita a la secretaría general de la misma, como órgano técnico responsable de asegurar la institucionalización de la perspectiva de género en la cultura organizacional, de conformidad con el Estatuto respectivo.

Adicionalmente, estas comisiones unidas tienen presente el señalamiento de la colegisladora en cuanto a los análisis técnicos remitidos por Servicios Administrativos y Financieros y Comité de Administración de la Cámara respecto de la propuesta de decreto presentada por la diputada Martha Lucía Micher Camarena y del diputado Agustín Miguel Alonso Raya como, asimismo, el acuerdo signado por el comité en relación con las acciones, programas y proyectos legislativos en materia de igualdad de género, por el que se autorizan los lineamientos para la distribución y ejercicio del presupuesto asignado en el ejercicio fiscal de 2014, a acciones, programas y proyectos legislativos en materia de igualdad de género; recursos que, conforme al dictamen aprobado por la colegisladora, se encuentran clasificados en el Ramo 01 Poder Legislativo, en el programa presupuestario R001 Actividades derivadas del trabajo legislativo, siendo la Cámara de Diputados la unidad responsable y los que, para el ejercicio del año 2015 ascenderían a de conformidad al Presupuesto de Egresos de la Federación, a “4 millones de pesos para la operación de la Unidad de Igualdad en la Cámara de Diputados” por lo que la implementación de las adiciones propuestas encontrarían un respaldo presupuestario suficiente y pertinente.

Igualmente, tienen especial consideración respecto de la descripción de funciones que efectúa la minuta en estudio, en cuanto se resalta que con la creación de esta Unidad para la Igualdad de Género no habrá duplicidad de funciones con las determinadas legalmente para la comisión legislativa de Igualdad de Género de la Cámara o al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres.
De esta forma, estas comisiones unidas razonan que con la creación de esta Unidad para la Igualdad de Género en la Cámara de Diputados se estará dando cumplimiento al imperativo jurídico asumido por el Estado Mexicano a partir de la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la     Mujer (CEDAW), en el año 1981, en lo que se refiere a adecuar su normatividad interna para combatir y erradicar prácticas que pudiere constituir una discriminación contra la mujer.

Asimismo, se hace constar en qué consiste la reforma propuesta a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se señala en el siguiente cuadro comparativo:

Texto legal vigente

Texto minuta

Artículo 47.
1. ...

2. ...

No hay correlativo.

Artículo 47.
1. ...

2. ...

3. En el ámbito de la Secretaría General la Cámara tendrá una Unidad para la Igualdad del Género.

ARTICULO 55.
1. …

No hay correlativo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hay correlativo.

Artículo 55.
1. ...

2. La Unidad para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados es el órgano técnico responsable de asegurar la institucionalización de la perspectiva de género en la cultura organizacional, de conformidad con el Estatuto respectivo y con las siguientes funciones:

a) Proponer acciones orientadas a la igualdad sustantiva en la Cámara de Diputados;

b) Coadyuvar con las instancias competentes para promover ambientes libres de acoso laboral, así como de acoso y hostigamiento sexual en la Cámara de Diputados;

c) Proponer ante las instancias competentes políticas laborales orientadas a la igualdad sustantiva, sin menoscabo de los principios de imparcialidad, objetividad, productividad, imparcialidad, disposición y compromiso institucional;

d) Colaborar con el centro de estudios para el logro de la igualdad de género en la elaboración de publicaciones y contenidos editoriales que consoliden el proceso de institucionalización e implementación de la perspectiva de género;

e) Contribuir en la formación y especialización del personal de todos los niveles en materia de perspectiva de género e igualdad sustantiva; y

f) Coadyuvar con el centro de estudios para el logro de la igualdad de género en la producción y sistematización de información con perspectiva de género.

3. La Unidad estará a cargo de un Coordinador nombrado en los términos que establezca el Estatuto para la Organización Técnica y Administrativa del Servicio de Carrera, de la Cámara de Diputados y contará con el personal suficiente para su eficaz desempeño, así como con la infraestructura adecuada para su funcionamiento.

En consecuencia, estas comisiones unidas coinciden plenamente con el razonamiento de la colegisladora vertido en el dictamen de la comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, básicamente en relación a que la propuesta de reforma contenida en la minuta resulta ajustada a derecho, de conformidad al párrafo primero, del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en general, los compromisos contenidos en instrumentos internacionales a los que México se encuentra obligado en razón de su fuerza vinculante y al respeto, promoción y defensa efectiva del derecho humano de igualdad entre las personas, con prescindencia de consideraciones de género, entre otras.

En mérito anterior, estas comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de este Senado de la República han acordado aprobar, en sus términos, la minuta objeto del presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo prescrito en el artículo 72, inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 85, 86, 89, 90, fracción XIII y XXV, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 135, 178, 182,183, 186, 188,190, 191, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos sometemos al Pleno del Senado de la República el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 47 Y 55 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Único. Se adiciona el numeral 3 al artículo 47 y los numerales 2 y 3 al artículo 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 47.
1. ...

2. ...

3. En el ámbito de la Secretaría General la Cámara tendrá una Unidad para la Igualdad del Género.
Artículo 55.

1. ...

2. La Unidad para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados es el órgano técnico responsable de asegurar la institucionalización de la perspectiva de género en la cultura organizacional, de conformidad con el Estatuto respectivo y con las siguientes funciones:

a) Proponer acciones orientadas a la igualdad sustantiva en la Cámara de Diputados;

b) Coadyuvar con las instancias competentes para promover ambientes libres de acoso laboral, así como de acoso y hostigamiento sexual en la Cámara de Diputados;

c) Proponer ante las instancias competentes políticas laborales orientadas a la igualdad sustantiva, sin menoscabo de los principios de imparcialidad, objetividad, productividad, imparcialidad, disposición y compromiso institucional;

d) Colaborar con el centro de estudios para el logro de la igualdad de género en la elaboración de publicaciones y contenidos editoriales que consoliden el proceso de institucionalización e implementación de la perspectiva de género;

e) Contribuir en la formación y especialización del personal de todos los niveles en materia de perspectiva de género e igualdad sustantiva; y

f) Coadyuvar con el centro de estudios para el logro de la igualdad de género en la producción y sistematización de información con perspectiva de género.

3. La Unidad estará a cargo de un Coordinador nombrado en los términos que establezca el Estatuto para la Organización Técnica y Administrativa del Servicio de Carrera, de la Cámara de Diputados y contará con el personal suficiente para su eficaz desempeño, así como con la infraestructura adecuada para su funcionamiento.

Transitorios.

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Cámara de Diputados, dentro de los 60 días siguientes a la publicación del presente Decreto, hará las modificaciones correspondientes al Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a 9 de diciembre de 2015.

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El dictamen se encuentra publicado en Gaceta Parlamentaria, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.

Pasamos al siguiente dictamen.





 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para el Fortalecimiento de la Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MARINA MERCANTE Y DE LA INDUSTRIA NAVAL MEXICANAS

(Dictamen de primera lectura)



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, queda de primera lectura de conformidad con lo dispuesto por el artículo 193 y el artículo 195 del Reglamento del Senado.

Honorable Asamblea:

Les informo que a petición de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, se retiró de su discusión el dictamen que contiene un proyecto de Decreto para adicional la fracción XXIX-V al artículo 73 constitucional en materia de derechos de las víctimas.

El motivo, según se explica, es profundizar en el proceso legislativo en cuanto al fondo de la reforma.





 

También les informo que la Mesa Directiva en Acuerdo con los grupos parlamentarios, acordó que todas las iniciativas inscritas en la agenda del día de hoy, se turnen de manera directa a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 59, 115 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI)

MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República del Honorable Congreso de la Unión, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 59, 115 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La historia política del México contemporáneo puede ser analizada mediante la revisión de las diversas reformas político-electorales que, desde 1977, han sido discutidas e implementadas en nuestro marco jurídico nacional. Cada una de ellas, fue, ha sido y seguirá siendo producto de un proceso de revisión de las condiciones prevalecientes en nuestro sistema democrático que expresa con claridad las necesidades y demandas de la sociedad mexicana ad hoc a la época en la que se llevan a cabo.

Tomando como punto de partida una de las reformas políticas que sin lugar a duda marcó un parteaguas en la vida democrática de nuestro México, encontramos la reforma electoral de 1977. En dicha Reforma, se ordenó la estructura de un colegio electoral, otorgaba el registro a más de una organización que permanecía en la clandestinidad (como el mencionado Partido Comunista); permitía las coaliciones; abría tiempos oficiales en radio y televisión para la promoción de las distintas fuerzas políticas; contenía la nueva fórmula de la representación proporcional (consistente en la repartición de escaños entre los partidos según el porcentaje nacional de sufragios que obtuviesen en ese rubro de votación, independientemente de los distritos electorales ganados o perdidos, garantizando de ese modo la presencia parlamentaria de todas las siglas y corrientes). Todas estas implementaciones tan novedosas en el marco jurídico de nuestro sistema electoral definitivamente fueron producto también de una ley secundaria denominada, Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LOPPE).

A partir de dichas reformas, es posible observar el desarrollo de un proceso democratizador que, a pesar de retrocesos contingentes, ha ido avanzando hacia la consolidación de las instituciones y del marco jurídico que regula los mecanismos de participación en la actualidad.

En el año de 1990 se logró a través de las Reformas realizadas a la Constitución en materia electoral, la expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) así como el surgimiento de un órgano especializado en materia de elecciones: el Instituto Federal Electoral, el cual nace como una institución imparcial encargada de dar certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales.

La creación y fortalecimiento del IFE como un organismo autónomo y ciudadano marcó un parteaguas en la preparación, organización y validación de las elecciones. El Instituto Federal Electoral posibilitó el surgimiento de una verdadera competencia electoral la cual privilegiaría por primera vez la participación directa de los ciudadanos así como el reconocimiento y apertura a todas las corrientes políticas en el país.

De manera muy breve, se podría decir que en los últimos 37 años, la democracia mexicana se consolidó a través de un conjunto de cambios iniciales que partieron de un otorgamiento de garantías para permitir la inclusión tanto de nuevos partidos como de grupos políticos en la contienda electoral y en la toma de decisiones en el Poder Legislativo (reformas de 1977 y 1986-1987); reforzados por una transformación estructural de nuestro régimen institucional que incrementó la confianza y transparencia en los procesos de elección (reformas de 1990; 1993-1994 y 1996); para finalmente incluir una serie de modificaciones que fortalecieron los derechos políticos de grupos específicos y la participación ciudadana en general (reformas de 2005; 2007 y 2008).

Dicho proceso de evolución y consolidación democrática, además se vio acompañado en cada reforma, por una serie de ajustes y adecuaciones a las reglas del juego electoral, mismos que fueron generados con la finalidad de mantener la vigencia de esa inercia e intención transformadora de nuestro marco jurídico ante los cambios observados en la realidad política del país, las coyunturas presentes entre la realización de una elección y otra, y la reconfiguración del poder político en México.

La reforma constitucional en materia política-electoral, recién entrada en vigor en febrero de 2014, representa el eslabón más reciente de esta serie de transformaciones históricas que ha llevado a México a un escenario de democratización en donde existen reglas de competencia política claras, instituciones electorales con un alto grado de confiabilidad y eficiencia, así como, mecanismos de democracia directa para la participación ciudadana.

La trascendente consolidación de los cambios logrados en dicha reforma fue resultado de diversos factores; sin embargo, resulta importante destacar la Reelección consecutiva de legisladores, misma en la cual los diputados federales podrán reelegirse hasta por tres periodos más, para sumar 12 años en ejercicio del encargo, y los senadores hasta por un periodo adicional, también para sumar 12 años de servicio. Por otra parte, también se estableció la reelección consecutiva de ayuntamientos, Síndicos y Regidores. En estos casos, será hasta por un por un periodo, sólo en los casos en que el Presidente Municipal dure 3 años en su encargo.

Todo esto, abona a consolidar la democracia. Ergo, da la oportunidad de recibir nuevamente la oportunidad por parte de los votantes a todos aquellos legisladores y funcionarios que desempeñan a cabalidad su función y crea una relación más directa entre los representantes y los electores al tener que regresar a buscar el voto en sus respectivas demarcaciones, fortaleciendo entonces la profesionalización de los servidores públicos y legisladores que requiere nuestro país.

La facultad legislativa nos permite cambiar el ordenamiento jurídico y por ende perfeccionar aquellos preceptos que merecen adaptarse a las necesidades. Es por ello que se considera imperante combatir recovecos legales que puedan dar cabida a dinastías legislativas que rompan la ratio legis de los principios nobles y democráticos de la reelección.

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. Se reforman los artículos 59, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 59. Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Supeditando la reelección al mismo principio, entidad federativa y en su caso, distrito por el cual fueron electos.
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada para fungir como representantes en su mismo municipio, por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas

I. […]

II. El número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra.

Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo distrito o principio bajo el cual fueron designados, por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sen. Miguel Romo Medina.

Fuentes:
1. Miguel Romo Medina en coautoría con David Reynoso Rivera Río (2015). “La Reforma Político- Electoral de 2014” publicado en el libro Reformas al Sistema Jurídico en México 2011-2014 editado por la Escuela Libre de Derecho y Editorial Porrúa.
2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Fernando F. Dworak. (2003)El legislador a examen. El debate sobre la reelección legislativa en México, México, FCE-Cámara de Diputados. Consultado el 12 de Noviembre de 2015.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador César Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del PAN)

El que suscribe, Senador OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, facción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción I del artículo 8, numeral 1 del artículo 164 y 169, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Constituyente Permanente por su digno conducto, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El gobierno municipal es la instancia más cercana al ciudadano que recoge las necesidades y problemas de la población, la cual debe dar solución a través de acciones de gobierno y políticas públicas concretas. Sin embargo, en muchos municipios esta acciones se han realizado de manera desordenada y sin la más mínima sistematización y sobre todo con un alto grado de improvisación, lo que impacta de manera directa en una mala utilización de los impuestos que pagan los contribuyentes mexicanos.

Hemos observado que el municipio mexicano ha sido reformado de manera importante desde las leyes en su estructura y en muchas de sus obligaciones y competencias, no obstante hay que decir que el siguiente paso ahora para el municipio tiene que ser el aterrizar esas reformas a acciones concretas que se traduzcan en buenas políticas públicas que beneficien de manera directa a la población, con lo que se logre un gobierno eficaz pero sobre todo, le den legitimación como un ente gubernamental que resuelve problemas y dé confianza a sus vecinos.

Si bien los gobiernos municipales enfrentan múltiples problemáticas para realizar una adecuada planeación de sus políticas públicas, el diseño institucional del Municipio en México es el principal detonador de las mismas .

La deficiencia en la calidad gubernamental, la falta de preparación de funcionarios públicos y la falta de transparencia en las finanzas públicas municipales son otros aspectos que según el IMCO ha dificultado la entrega de buenos resultados por parte de los gobiernos locales . Además, por lo general existe una alta rotación de funcionarios públicos (tras el cambio de administración), lo que propicia que no exista una “memoria institucional”, lo que dificulta la curva de aprendizaje.

Otro problema es que la implementación de las políticas públicas municipales por lo general se caracteriza por no realizar una evaluación sistémica que mida el impacto y la consecuencia de las mismas cuestión que esta iniciativa busca lograr .

El crecimiento de la mancha urbana es otro de los problemas a los que deben enfrentarse los municipios en la actualidad, pues dos terceras partes de la población en México viven en municipios que son parte de la zona metropolitana “es decir ciudades que exceden los límites territoriales del municipio”. Por tanto, la amplitud de la mancha urbana y el crecimiento poblacional propician que la sola administración de los servicios públicos básicos sea complicada, pues cada vez es más costoso brindar servicios públicos y la ineficiencia de los mismos crece debido a las dificultades económicas, es por esto que el realizar una planeación es estratégico para mejorar la eficacia de la aplicación de los recursos públicos.

A lo anterior hay que sumarse que los problemas de las ciudades metropolitanas por lo general están ligados, lo que ocasiona que sea poco eficiente tratar de atacar los problemas de manera desarticulada y con falta de visión y prospectiva metropolitana.

Por todo lo anterior, se evidencia la importancia de la planeación de políticas públicas municipales con la finalidad de cumplir con los compromisos hechos a la ciudadanía, tener la capacidad de solventar los problemas que de primera mano aqueja a los ciudadanos.

Así, el Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento donde en los municipios se plasma el ideario político de la planilla ganadora en las elecciones, las promesas y las necesidades identificadas a lo largo de la campaña y en el período de la transición de gobierno, a lo cual se busca dar solución por medio de acciones puntuales establecidas en el mismo plan, es por lo anterior que contar con un documento que concentre toda la información es fundamental para todo tomador de decisión.

El Ayuntamiento tiene la obligación de diseñar todo un sistema de planeación del desarrollo municipal, el cual tiene que concretarse en el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que se deriven de dicho plan. En esta planeación se deben de establecer los objetivos, metas, estrategias y prioridades para la asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución en los que se coordinarán las acciones y se evaluarán los resultados como debe ser en instrumentos de este tipo.

Una vez aprobado y publicado el Plan Municipal de Desarrollo por el Ayuntamiento debe ser obligatorio para las dependencias de la Administración Pública Municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias. En este sentido, los planes pueden modificarse o actualizarse en cualquier tiempo, por el Ayuntamiento, para actualizarlo a las necesidades y realidades del Municipio. Sin embargo, debe de cuidarse que dichas modificaciones sean excepcionales y no desfiguren la planeación general.

Así también, el Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento que permite ordenar las políticas mediante la definición de objetivos, estrategias, metas y acciones concretas y debe contener como mínimo, los siguientes criterios:

I. Diagnóstico: Manifestación de un análisis social, económico, político, urbano y regional del entorno del Municipio, con la finalidad de conocer la situación actual para determinar sus fortalezas y debilidades;

II. Visión: Representar lo que el Ayuntamiento pretende que el Municipio llegue a ser en el futuro. Debe ser congruente con el diagnóstico que se realizó, reflejando las fortalezas detectadas y considerando los cambios que se desean realizar;

III. Misión: Expresar el compromiso que asume el Ayuntamiento para llevar por buen camino su gestión. Debe expresar sus rasgos distintivos como institución, encauzar esfuerzos y motivar al personal para el logro de los objetivos;

IV. Objetivos estratégicos: Incorporar los medios o procesos a seguir para dar cumplimiento a los objetivos planteados;

V. Indicadores: Medir el nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos. Cada indicador debe estar ligado a la naturaleza del objetivo y expresarse en términos cuantitativos;

VI. Metas: Consideraciones de lo que se quiere alcanzar y el tiempo para lograrlo. Se debe establecer una meta cuantitativa, el plazo para lograrla, determinar la frecuencia de medición del avance del indicador, realizar el monitoreo y aplicar, en caso de desviaciones, las medidas correctivas oportunas; y

VII. Proyectos estratégicos: Establecer las acciones concretas a realizar para poder cumplir con los objetivos programados, que deben indicar fecha de inicio y de terminación, límites definidos en cuanto a componentes y asignación de recursos humanos, materiales y financieros.

Los anteriores elementos deben ser los indispensables con los que debe de contar un plan municipal. El Ayuntamiento deberá formular y aprobar el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los tres meses siguientes a la toma de posesión, considerando en él, las acciones a realizar durante el periodo que le corresponda, debiendo difundir el mismo entre la población para que conozca los compromisos municipales y tenga certeza de la actuación del gobierno municipal.

Hay que señalar, que en muchos casos este instrumento ha tenido un impacto limitado, pues al interior del ayuntamiento, no existen mecanismos que permitan el control del propio plan; además, es el presidente municipal quien lo realiza, por lo que, las sanciones encaminadas a corregir las acciones y compromisos que no se cumplieron, no son lo suficientemente fuertes y persuasivas, provocando que no se asegure la continuidad ni eficacia del plan.

Aunado a lo anterior hay que decir que estos instrumentos no han contado con un marco básico para saber sí la administración está cumpliendo, es decir no han incluido indicadores de las acciones ahí plasmadas, lo que hace que ni el ayuntamiento ni el ciudadano pueda tener un marco de referencia y de control con el cual pueda exigir resultados de lo que se comprometieron a realizar, sobre todo ahora que los presidentes municipales pueden reelegirse y los ciudadanos también deben de tener elementos tangibles de evaluación de la calidad de su gobierno y su administración. Es por esto que resulta estratégico que todo plan deba construirse a partir de elementos básicos que le darán forma y racionalidad a lo ahí planteado, así como indicadores claros.

Una vez que un gobierno municipal cuenta con una hoja de ruta con objetivos claros y partiendo de diagnósticos de calidad, ahora sí debe iniciarse el proceso de su cumplimiento y para asegurarse de ello el contar con una comisión de seguimiento a dicho Plan resulta elemental, ya que existirá una área encargada al interior del Ayuntamiento de verificar su cumplimiento. De tal manera que si no se llega a cumplir, pueda existir la posibilidad ponerlo de manifiesto en el seno del cabildo con elementos de convicción derivados de un proceso de seguimiento ordenado y sistematizado.

El plan municipal de desarrollo se debe de convertir en el eje de la política pública y también, indiscutiblemente de los presupuestos y de su impacto en el aparato gubernamental. Es decir, en la propuesta de presupuesto de ingreso del municipio que le hace llegar a los congresos locales, aquellos tendrán que justificar cuál sería el impacto en el cumplimiento de sus metas de dicho presupuesto. Asimismo resulta muy importante que los compromisos económicos como es el caso de la deuda que pretenda contraer estén alineados y sobre todo justificados dentro de los proyectos estratégicos que se fijen en dicho plan.

La actual propuesta de modificación constitucional pretende racionalizar las decisiones públicas del gobierno municipal, pero también racionalizar la oposición de los integrantes del ayuntamiento, porque si bien es cierto puede haber una oposición puntual de temas concretos y de coyuntura, no obstante, la oposición a partir del diseño y aprobación del Plan tiene que estar basada principalmente en el cumplimiento de dicho plan, independientemente de que se pueda oponer en cualquier tema que así lo consideré.

Uno de los problemas que se han presentado en los ayuntamientos es que no existen eficaces contrapesos al interior del mismo, es por esto que al dar la comisión de seguimiento a la primer minoría, se busca la posibilidad de activar controles al interior del cabildo, pero también la posibilidad de activar los controles sociales de la ciudadanía como podrán ser los observatorios ciudadanos, los medios de comunicación o las redes sociales, solo por mencionar algunos. En síntesis, la posibilidad de que el Plan pueda ser trasparentado va a permitir a la ciudadanía ser un control social y político a los actos de gobierno y sus políticas públicas.

Recordemos que para que un estado constitucional sea realmente considerado como tal, la premisa determinante es que cuente con un efectivo control del poder y qué mejor manera que empezar ese control, que en el primer orden de gobierno que ejerce poder en la estructura del Estado como es el caso del municipio y en un tema tan fundamental como son sus acciones de gobierno y sus políticas públicas.

Al sistema político le corresponde establecer los diseños de reclutamiento y sustitución de los dirigentes políticos, pero al sistema constitucional le toca establecer y diseñar los mecanismos para su control. Es por esto que el fijar nuevas formas de control resulta muy importante para el desarrollo de nuestro sistema democrático y sobre todo en las políticas públicas municipales.

Por todo lo anteriormente fundado y motivado se somete a la consideración del Constituyente Permanente el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo de la fracción segunda del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115.-….

I…

II…

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. Expedirán el Plan Municipal de Desarrollo el cual deberá de contar con indicadores y será vinculatorio para todas sus acciones de gobierno y sus políticas públicas a desarrollar.

….

III a X…

TRANSITORIOS

Artículo Primero.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.-Las Legislaturas de los Estados deberán reformar sus constituciones y leyes secundarias en un plazo no mayor a 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Tanto las reformas constitucionales como las legales, deberán contener como mínimo que el Plan Municipal de Desarrollo, deberá incluir diagnóstico, visión, misión, objetivos estratégicos, indicadores, metas y proyectos estratégicos. También precisará que para darle seguimiento a dicho plan existirá la Comisión de Seguimiento al interior del ayuntamiento la cual será presidida por la primera minoría.

Cámara de Senadores, el 14 de diciembre de 2015.

Sen. César Octavio Pedroza Gaitán.

Pablo Pineda, Planeación y Evaluación de Políticas Públicas en los Municipios de México. Guadalajara , Jalisco, México: Instituto de Estudios del Federalismo. 2014.
Ídem.
Véase Pablo Pineda, op. cit.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CUARTO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI)

ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, senador de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PROFESIONES, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El futuro de una nación en gran medida recae en su capital humano, es decir, en su juventud. Esto exige al Estado encausar sus acciones para ofrecer a este sector los servicios que pugnen por una alta profesionalización y que sirvan como herramientas que garanticen una preparación óptima, con miras a lograr mayor competitividad y capacidad de quienes deberán enfrentar los retos que se les presenten, lo cual siempre será en beneficio de todos.

La administración que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto es consciente de ello, tanto que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Eje “México con Educación de Calidad” reconoce que el mañana depende en gran medida de lo que hagamos hoy por la educación de nuestros jóvenes, por lo que “… es fundamental que la nación dirija sus esfuerzos para transitar hacia una Sociedad del Conocimiento”, con el fin de generar un capital humano de calidad que detone la innovación nacional.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) comparte dicha consideración al sostener que la juventud constituye la promesa de un cambio positivo en las sociedades, pues son los principales actores que responderán a los desafíos próximos, no sólo en materia laboral, sino también a los de carácter económico, tecnológico, social y político.

Asimismo, deben ponderarse las acciones que sirvan como instrumento para abatir el ingreso a la informalidad y el desempleo de las y los jóvenes, quienes concluyendo una carrera profesional, no lograr colocarse dentro del mercado laboral.

De acuerdo con el estudio “Tendencias mundiales del empleo 2014”, los jóvenes continúan siendo el sector más afectado según los datos de la Organización Internacional del Trabajo de2013, mismos que indican que alrededor de 74.5 millones de personas entre 15 y 24 años de edad, han estado desempleados, casi un millón más de lo registrado en 2012. En ese orden, la OIT determina que la tasa mundial de desempleo juvenil ha aumentado hasta el 13.1%, tres veces superior a la correspondiente para el desempleo de adultos.

En ese contexto, las propuestas que se elaboren sobre mecanismos que sirvan como medio para que los jóvenes estudiantes transiten de su etapa de formación académica al ejercicio profesional en el mercado laboral, y que a su vez constituyan instrumentos que procuren garantizar la calidad de los servicios profesionales que en el futuro ofrecerán a la sociedad, adquieren relevancia y se erigen en satisfactores de una necesidad real y urgente, ante los reiterados casos de incompetencia, irresponsabilidad y negligencia profesional o el indebido ejercicio de una profesión.

En tal virtud, la iniciativa que se pone a la consideración de la Asamblea, tiene por objeto incluir en el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la “práctica profesional” como un requisito para obtener la licencia o título y ejercer determinadas profesiones.

La propuesta se sustenta en 2 premisas fundamentales: la primera, consiste en crear un mecanismo que permita a los jóvenes egresar de las universidades o escuelas de estudios superiores con una preparación integral, que abarque tanto la obtención de conocimientos teóricos como la experiencia en la aplicación práctica de los mismos.

Dicho mecanismo tendría la virtud de ser un medio idóneo para que, en ciertas carreras y de manera previa a la obtención de un título, sea posible valorar las capacidades, la preparación y las aptitudes del aspirante a ejercer determinada profesión. En ese sentido, lo que se pretende es garantizar que quien obtenga un título, es porque previamente demostró tener, además de los conocimientos teórico-prácticos, la responsabilidad e integridad ética para ofrecer y prestar sus servicios en beneficio de quienes lo requieran, haciéndose merecedor de considerarse como un “profesional”, lo cual haría de la práctica profesional una garantía de la calidad profesional.

Asimismo, contribuiría a fortalecer la excelencia en la formación académica, a revalorar las profesiones y abriría la brecha para combatir el desprestigio profesional, la negligencia y la irresponsabilidad de aquellos que llamándose “profesionales”, son la causa de los daños que padecen las personas que depositan en ellos su confianza, su patrimonio, su salud, su integridad o su seguridad jurídica.

La segunda premisa tiene como objetivo provocar un campo de oportunidades para las y los jóvenes mexicanos; que la práctica profesional sea una puerta que les permita acceder a ofertas de trabajo, concretas y adecuadas a su perfil, ya que las instituciones públicas o privadas en las que se llevarían a cabo las prácticas, tendrían la ventaja de poder seleccionar, formar, evaluar y, en su caso, decidir la contratación de quienes demostraron ser idóneos para realizar determinada función, lo cual redundaría en un mutuo beneficio.

Para sostener la propuesta, es necesario establecer las diferencias de la práctica frente a las instituciones vigentes: la pasantía y el servicio social.

En México, los conceptos de “pasantía” y de “práctica profesional” son considerados sinónimos, basta citar el contenido del artículo 30 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, para corroborar lo afirmado:

“La Dirección General de Profesiones podrá extender autorización a los pasantes de las diversas profesiones para ejercer la práctica respectiva por un término no mayor de tres años.

Para los efectos de lo anterior, se demostrará el carácter de estudiantes, la conducta y la capacidad de los mismos, con los informes de la facultad o escuela correspondiente.

…”

No obstante lo referido en el dispositivo transcrito, cabe destacar que los conceptos tienen significado y alcance diverso.
Según la Real Academia de la Lengua Española, el término “pasantía” designa el ejercicio del estudiante en las facultades y profesiones; la actividad de la persona que asiste (apoya) y acompaña al maestro de una facultad, en el ejercicio de ella a fin de imponerse enteramente en su práctica.

Por su parte, entre las definiciones del concepto de “práctica”, están aquéllas que la refieren como el ejercicio de cualquier arte o facultad, conforme a sus reglas; como el ejercicio que bajo la dirección de un maestro y por cierto tiempo, tienen que hacer algunas personas para habilitarse y poder ejercer públicamente su profesión. Por último, también refiere el “contraste experimental de una teoría” o la puesta en práctica de los conocimientos abrevados.

Como puede observarse, la similitud de los conceptos se presta para confundirlos; sin embargo, la diferencia estriba en los momentos y las finalidades de uno y otro. La jurista Alma Elena Rueda Rodríguez sostiene que “… las prácticas profesionales generalmente forman parte de las actividades académicas, curriculares o de formación realizadas durante la universidad, siendo éstas la mayoría de las veces exigidas para poder obtener el grado académico. Generalmente es un crédito de carácter obligatorio durante el período educativo, ya que –como la propia palabra… lo refiere-, el alumno está ejercitándose o poniendo en ejecución algún conocimiento obtenido durante sus estudios… Se debe subrayar que las pasantías pueden formar o no parte de los estudios técnicos o profesionales…”.

En algunos casos se ha manifestado la relevancia que tienen las “prácticas profesionales” como elemento a considerar previo al otorgamiento de un título profesional:

“… debemos mencionar la necesaria implementación de… prácticas profesionales, en el entendido de que el título universitario debiera ser un prerrequisito para aspirar a obtener una licencia o certificación para el ejercicio, de tal forma que los conocimientos adquiridos en la universidad sean complementados con la práctica, para así lograr una buena preparación que se traduzca en mejores servicios profesionales.

En México las pasantías fueron obligatorias según los registros que existen de los siglos XVII y XVIII (por ejemplo) en los que consta que los pasantes en derecho realizaban prácticas profesionales bajo la dirección de algún abogado debidamente registrado y autorizado una vez que habían concluido los estudios de Bachiller en Leyes…, dichas prácticas tenían una duración aproximada de cuatro años, una vez que se concluían se presentaban los exámenes… con los que se obtenía el grado de licenciado…

… la pasantía o tirocinio profesional era un requisito indispensable para obtener la licencia para ejercer… cuyo principal propósito era la adquisición de experiencia forense y criterio jurídico por medio de la práctica, era un paso más en la formación del abogado y para la mayoría de ellos significaba un elemento esencial…

Desafortunadamente, en la actualidad esa formación… se ha simplificado cada vez más, y no se realizan los esfuerzos necesarios para establecer métodos adecuados de evaluación…”

También es necesario mencionar el alcance y las diferencias del “servicio social”, institución contemplada en el Capítulo VII de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º. Constitucional. Dicha figura es definida en el artículo 53 del citado ordenamiento:
“Se entiende por servicio social el trabajo de carácter temporal y mediante retribución que ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado.”

Desde sus orígenes esta institución ha estado vinculada con las necesidades sociales; ha sido el mecanismo por el que la comunidad universitaria tuvo posibilidad de vincularse con la sociedad, reflejándose con el paso del tiempo tanto en el marco legal como en la práctica educativa.

La esencia del servicio social era atender las necesidades más sentidas de la población, principalmente con acciones de atención sanitaria en las comunidades marginadas y en situación de pobreza.

Al pasar de los años fueron desapareciendo los programas de apoyo económico para la prestación del servicio social, situación que provocó una disminución en el interés de los jóvenes estudiantes para participar en programas de atención prioritaria en las comunidades y localidades del país, debido a que la política pública se concentró en programas con objetivos concretos que no respondían a las demandas de la población más necesitada.

A pesar de ello, con el establecimiento del servicio social como requisito obligatorio para los alumnos de estudios superiores, se lograron avances, pero estigmatizados por una diversidad de factores de variada índole, así como por la ausencia de homogeneidad de las normas que lo regulan a lo largo del territorio nacional, entre otras razones.

En la actualidad y sin importar el carácter obligatorio, existen una serie de problemas que tergiversan el propósito original y las finalidades legales del servicio social, los cuales fueron resaltados por el Dr. José Narro Robles, ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su “Plan Educativo Nacional 2012”, y que a continuación se citan:

“a) La falta de información y sensibilización de alumnos, profesores y autoridades educativas sobre la importancia y objetivos del servicio social y en particular de su función social, ha determinado que este proceso educativo sea considerado tan sólo como un requisito para la titulación, concibiéndolo como un mero trámite burocrático. Las instituciones receptoras de servicio social a su vez, lo entienden como un mecanismo para obtener mano de obra barata, por lo que en un alto porcentaje no existe congruencia entre las actividades planteadas en los programas y el perfil académico profesional del prestador de servicio social.

b) La falta de vinculación de los programas de servicio social con las necesidades de la sociedad; la mayoría de los alumnos se ubica en el sector público, en comunidades urbanas y realizando actividades administrativas, generalmente sin supervisión. Los docentes no reciben estímulos económicos por su contribución académica en el servicio social y una tercera parte de las instituciones de educación superior…ha incorporado el servicio social al currículo con el fin de articularlo con la docencia y la investigación.

c) Concentración de la demanda de prestadores por las instituciones del sector público y social en unas cuantas carreras, fundamentalmente para el área dela salud y de las disciplinas económico-administrativas, mientras que en el caso de disciplinas sociales, científicas y humanísticas la prestación del servicio social se sustenta en programas delas propias instituciones educativas porno encontrar una forma más adecuada de vinculación con la sociedad.”

Como puede observarse, si quisiéramos considerar que el objetivo de las prácticas profesionales está satisfecho con las instituciones vigentes, sería una hipótesis lejana a la realidad.

Ahora bien, no debe soslayarse la opinión del ministro José Ramón Cossío Díaz, que al hacer una disertación sobre el contenido del artículo 5º constitucional, puntualiza con claridad su alcance, enfatizando las características y la razón de las exigencias    actuales entorno a las profesiones, por lo que se estima oportuno reproducirla a continuación:

“El artículo 5º constitucional garantiza la libertad de trabajo… ello significa que cada cual puede dedicarse a la actividad lícita que desee, sin que nadie le pueda imponer forma alguna de trabajo, ni condiciones distintas a las previstas por el derecho. Se trata, en realidad, de una manera de impedir que el Estado intervenga en la elección o el desarrollo laboral más allá del establecimiento de ciertas condiciones mínimas de prestación. Sin embargo, existe un tipo de trabajo al que la Constitución le asigna diferente regulación: no ya la mera abstención o, al menos, la mínima intervención estatal sino, por el contrario, mediante una fuerte determinación de sus posibilidades y alcances. Me refiero, desde luego, a las actividades que para su ejercicio requieren título profesional.

El propio artículo… confiere competencia a las autoridades federales y locales para determinar qué actividades serán consideradas “profesionales” y, en consecuencia, requerirán título, así como las condiciones exigidas para su otorgamiento y las autoridades facultadas para hacerlo. Las diferencias de tratamiento jurídico entre la libertad de trabajo y la regulación profesional saltan a la vista. En el primer caso se garantiza la licitud de la actividad; en el segundo, contar con una autorización del Estado mexicano en la forma del “título profesional”. En el primer caso estoy ante una restricción prácticamente total al Estado con miras a que cada cual haga lo que mejor le acomode; en el otro, ante el ejercicio cierto y dirigido para certificar que una persona cuenta con capacidades específicas para desempeñar cierto tipo de actividades. ¿Qué explica diferencias tan importantes? Que en las sociedades modernas se ha considerado que el tratamiento de cierto tipo de situaciones humanas o naturales debe realizarse sólo por quien cuente con un determinado tipo de conocimientos; más aún, que el tipo de conocimientos requeridos deben enseñarse y certificarse por instituciones educativas de cierto nivel y capacidad, pues sólo así es posible garantizar su especificidad y, lo que es verdaderamente importante, el que sólo a ciertos sujetos calificados se les permita actuaren situaciones humanas o naturales consideradas importantes.

Definida así la situación actual, cabe preguntarnos si el modelo constitucional en vigor es suficiente para lograr lo que con él se quiere garantizar. Se trata de saber si el actual modelo de acreditación profesional permite, por un lado, que el sujeto cuente con los conocimientos necesarios para su eficaz desempeño y, por otro, que la sociedad cuente con la seguridad de que quien actúa como “profesional” es tal en el momento en que lo hace. La respuesta parece ser, desafortunadamente, negativa…

Por otra parte, la ampliación de las posibilidades de expedición de títulos no se ha acompañado de ninguna acción de certificación de conocimientos. Por ello, quien sale a la vida profesional no tiene necesidad alguna de acreditar la actualización de sus competencias ni el mantenimiento de su aptitud profesional. Una vez titulado, por siempre será profesionista.

Para ser fieles a la lógica general que distingue entre la libertad para trabajar y la obtención de un título reconocido para desempeñar ciertas actividades socialmente relevantes, se hace preciso hacer algunos cambios en nuestro orden jurídico. Por una parte… es necesario establecer los mecanismos para medir los conocimientos de quienes obtengan un título profesional para que puedan incorporarse a la práctica laboral. El título entonces, vendría a ser un elemento de capital importancia pero no el único medio de acreditación de las competencias profesionales requeridas…”.

Es así como la materia de esta iniciativa surge, ideándola como un instrumento que sirva a la sociedad y al país, pues permitirá medir y valorar los conocimientos, la capacidad y las aptitudes de quienes aspiren a obtener un título profesional. Esto con un triple propósito:

Primero. Fomentar la adecuada formación y estimular la sensibilidad de los jóvenes en relación a la alta responsabilidad y la ética que implica la obtención de un título, así como el consecuente ejercicio de una profesión. Es esencial despertar la conciencia de ese sector al ponerlos en contacto con la realidad y mostrarles que lo importante de la preparación académica no sólo es memorizar un cúmulo de información y obtener buenas notas, sino saber que la preparación que logren, si bien es cierto que les proveerá de un medio para vivir, también lo es que les permitirá cuidar de la confianza de aquellos a quienes les prestaran sus servicios, velando por cualquiera de sus bienes jurídicos que le confíen, ya sea su salud, su integridad, su patrimonio o su seguridad jurídica.

Segundo. Cumplir con la función del Estado de velar por los bienes jurídicos tutelados de todas las personas, al instaurar mayores medidas que les garanticen que quienes obtengan una licencia para ejercer una carrera, han sido evaluados tanto en lo teórico como en lo práctico, y puesta a prueba sus capacidades y aptitudes previamente. Aunque no hay certeza de que los casos de negligencia o de ejercicio indebido de una profesión desaparezcan, por lo menos se comenzará a tomar medidas que permitirán disminuir dichas incidencias.

Tercero. Estaremos contribuyendo a procurar que el capital humano de esta noble nación, esté preparado para atender las necesidades y exigencias que se presenten en lo futuro. Asimismo, coadyuvará para revalorar el prestigio de profesiones tales como la medicina, el derecho, la contaduría, la ingeniería, entre otras más.

En ese orden, se propone incluir la práctica profesional para que se convierta en un requisito constitucional para optar al título profesional, en aquellas carreras que en la ley de cada entidad federativa se determine necesaria para comprobar que el aspirante cuenta con los conocimientos y satisface las cualidades y capacidades esenciales para asegurar su ejercicio responsable y de calidad. Esta valoración tendrá que realizarse, previo a la aceptación del estudiante y, en su caso, al concluir las prácticas, por las instituciones públicas o privadas que se determinen para tales efectos.

Así, el propósito de la práctica profesional será consolidar la formación académica de los egresados de las diferentes licenciaturas, mediante el ejercicio práctico de los conocimientos adquiridos, lo que procurará su posible integración al mercado laboral.

La práctica profesional deberá realizarse durante un periodo y horario especifico y continuo, el cual deberá determinarse en la ley de cada una de las entidades federativas.

 Sin lugar a dudas, el ejercicio profesional constituye un ámbito de oportunidad y requiere que tanto el Congreso de la Unión, el Ejecutivo Federal, las entidades federativas y todos los sectores de la sociedad involucrados, comencemos a conocer y reconocer los serios problemas que se generarán en caso de no adoptar e instituir figuras que garanticen su debida atención, para ello es inevitable conocer a detalle las características del problema a fin de evitar vacíos en la legislación.

De esa manera, el reto es crear un proyecto y, eventualmente, un marco jurídico que abata la formación deficiente de los profesionales, que garantice una certificación objetiva, integral y que abarque el aspecto técnico y ético de acuerdo al perfil de cada profesión que así lo requiera.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente la Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de profesiones.

Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 5o. ...

La Ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Asimismo, determinarán los casos en los que la obtención del título para ejercer una profesión, requerirá como requisito esencial cumplir con prácticas mediante trabajo profesional previo.

...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 14 de diciembre de 2015.

Sen. Arturo Zamora Jiménez.

Cfr. Rueda Rodríguez, Alma Elena. Las prácticas profesionales y las pasantías desde la legislación comparada. Revista Latinoamericana de Derecho Social, número 19, julio a diciembre de 2014, pág. 112.
Cfr. Tendencias Mundiales del Empleo 2014 ¿Hacia un recuperación sin creación de empleos? Consulta
Rueda Rodríguez, Alma Elena. Las prácticas profesionales y las pasantías desde la legislación comparada. Ob. cit., pág. 114.
Matamoros Amieva, Erik Iván. La colegiación obligatoria de abogados en México. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2012, págs. 76 a 78.
Cfr. Narro Robles, José; MARTUSCELLI Quintana, Jaime y BARZANA García, Eduardo (Coord.) Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional. Primera edición, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM, 2012. Consulta en línea en el sitio Web: http://www.planeducativonacional.unam.mx/
Cossío Díaz, José Ramón. Regular las profesiones. Revista Hechos y Derechos, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, mayo 2, 2013. Consulta en línea en el sitio Web http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/HechosyDerechos/cont/15/art3.htm





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 9-C AL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

(Presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN)

La suscrita, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 9-C AL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, en virtud de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dentro del paquete de reformas del Sistema Nacional de Transparencia, faltó incluir las reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal a efecto de adecuarlo a los nuevos parámetros en materia de transparencia y el nuevo diseño orgánico de los órganos garantes de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, lo cual compete al Congreso de la Unión, en términos de lo dispuesto por el inciso A, fracción II del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así, es necesario adicionar un artículo al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal a efecto de que prevea la existencia y bases mínimas del funcionamiento del órgano garante del Distrito Federal en dichas materias (el “InfoDF”), así como la integración de sus órganos y la forma de nombrar a sus integrantes.

En relación con la facultad que dela Asamblea Legislativa para nombrar a los comisionados ciudadanos que integran el pleno del InfoDF, es necesario detallar el procedimiento a seguir para llevar a cabo dicho nombramiento, incluyendo diversos elementos innovadores que se deben tomar en cuenta para procesos de nombramiento de servidores públicos en el Distrito Federal, tales como:

I. Los aspirantes deberán de responder a pregunta técnicas aleatorias;

II. Las entrevistas de los aspirantes deberán ser públicas, grabadas en video y transmitidas en vivo a través del sitio de Internet de la Asamblea Legislativa;

III. Los ciudadanos interesados y las organizaciones de la sociedad civil podrán hacer llegar propuestas, preguntas u opiniones para los candidatos, para aplicarse durante el desahogo de las entrevistas;

IV. Se deberá convocar a un grupo técnico de tres especialistas en las materias de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales, a efecto de que acompañen el proceso del nombramiento; y

V. Dicho grupo técnico de especialistas deberá aplicar un instrumento técnico de evaluación de los perfiles y entrevistas de los aspirantes, a efecto de que la propuesta que se remita al pleno de esta Asamblea obedezca a criterios objetivos, garantizando a los ciudadanos la transparencia en el proceso del nombramiento.

Actualmente, no está previsto el procedimiento para llevar a cabo el nombramiento del comisionado presidente del InfoDF, por lo que es necesario prever detalladamente este procedimiento a efecto de dotar de transparencia al nombramiento del presidente del órgano garante del derecho humano de acceso a la información pública en el Distrito Federal.

Asimismo, el hecho de que la Asamblea Legislativa sea el órgano encargado de nombrar al presidente del InfoDF, va en contra de su autonomía constitucional y viola lo dispuesto en la parte final del artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso ñ) de la Constitución, en cuanto a que el InfoDF tiene la legitimidad constitucional para decidir sobre su organización interna.

Ahora bien, tras la entrada en vigor de la reforma Constitucional en materia de Transparencia de 07 de febrero de 2014, mediante la adición de una fracción VIII al Apartado A del artículo 6º Constitucional, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (el “INAI”), órgano autónomo garante de los derechos humanos de acceso a la información pública y de protección de datos personales a nivel federal, y en algunos casos actuando en carácter de órgano nacional, cuyo pleno se integra por siete comisionados, se le dotaron de atribuciones para que su presidente fuera nombrado por el pleno de dicho Instituto, en los siguientes términos: “El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la ley.

Por ello, debe homologarse el procedimiento para el nombramiento del comisionado presidente del InfoDF con lo dispuesto por nuestra Constitución para el comisionado presidente del INAI.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo9-Cal Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en los siguientes términos:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 9-C al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en los términos siguientes:

Artículo 9-C.- El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales es el órgano autónomo, imparcial y colegiado, responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, y tendrá plena autonomía técnica, de gestión, y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna.

El pleno del Instituto se integrará por cinco comisionados ciudadanos representantes de la sociedad civil y serán designados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en sesión del pleno de la Asamblea Legislativa, de conformidad con las siguientes bases:

I. La Asamblea Legislativa, a través de la Comisión de Transparencia a la Gestión, emitirá convocatoria pública abierta a más tardar sesenta días antes del día en el que concluya el periodo por el que fueron nombrados los comisionados, en la cual se invitará a organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación, colegios, barras y asociaciones de profesionistas, instituciones académicas y medios de comunicación, a presentar propuestas de candidatos, así como a la ciudadanía en general, para ocupar el cargo de comisionado ciudadano, siempre que cumplan con los requisitos señalados por la ley;

II. En la convocatoria se deberán establecer los plazos, lugares y horarios para la presentación de las solicitudes y documentos, así como los requisitos para ocupar el cargo y la forma de acreditarlos, y deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y, para su mayor difusión, en tres diarios de aquellos con mayor circulación en el Distrito Federal y en el sitio de Internet de la Asamblea Legislativa;

III. El plazo para la presentación de las candidaturas y documentos no podrá ser mayor de veinticinco días, contados a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en la Gaceta Oficial del Distrito Federal;

IV. Una vez concluido el plazo para la recepción de candidaturas, la Comisión de Transparencia a la Gestión de la Asamblea Legislativa deberá dar a conocer una lista con los aspirantes que cumplan con los requisitos legales, dentro de los siete días siguientes, contados a partir del día siguiente al del último día para la recepción de candidaturas;

V. Respecto de cada una de las personas que presenten su candidatura para ocupar el cargo de comisionado ciudadano, se deberá publicar, en el sitio de Internet de la Asamblea Legislativa, la versión pública de los documentos que integren su expediente, la cual deberá contener únicamente los datos personales estrictamente relacionados con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria respectiva;

VI. Posteriormente, la Comisión de Transparencia a la Gestión de la Asamblea Legislativa deberá entrevistar a cada una de las personas la lista dada a conocer, en reunión de trabajo, dentro de las dos semanas siguientes al día en el que se dé a conocer la lista de aspirantes;

VII. La Comisión de Transparencia a la Gestión de la Asamblea Legislativa deberá acordar el formato y los horarios de las comparecencias de los aspirantes, las cuales deberán ser públicas, grabadas en video y transmitidas en vivo a través del sitio de Internet de la Asamblea Legislativa;

VIII. La Comisión de Transparencia a la Gestión de la Asamblea Legislativa convocará a un grupo técnico de tres especialistas en las materias de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales, con el propósito de que elaboren y apliquen un instrumento técnico de evaluación a los aspirantes en función de su perfil y entrevista. Los tres integrantes del grupo técnico de especialistas deberán estar presentes en todas las entrevistas para hacer la valoración del desempeño de los aspirantes. Asimismo, el grupo técnico de especialistas deberá entregar a la Comisión de Transparencia a la Gestión de la Asamblea Legislativa, dentro de los tres días siguientes contados a partir del día en que tenga lugar la última entrevista, los resultados de la aplicación del instrumento técnico. Los diputados integrantes de la Comisión de Transparencia a la Gestión de la Asamblea Legislativa deberán tomar en consideración los resultados de las evaluaciones que emita el grupo técnico de especialistas;

IX. Los ciudadanos interesados y las organizaciones de la sociedad civil podrán hacer llegar a la Comisión de Transparencia a la Gestión de la Asamblea Legislativa, propuestas, preguntas u opiniones para los candidatos, que podrán aplicarse durante el desahogo de las entrevistas;

X. Concluido el proceso de entrevistas, la Comisión de Transparencia a la Gestión de la Asamblea Legislativa deberá seleccionar al aspirante que considere idóneo para desempeñar el cargo de comisionado, dentro de los quince días siguientes a la conclusión del periodo de entrevistas; y

XI. En la conformación del Pleno del Instituto se garantizará que exista equidad de género, por lo que deberá conformarse de al menos un cuarenta por ciento de comisionados ciudadanos de un género distinto al de la mayoría.

Los comisionados ciudadanos durarán en su cargo siete años, serán renovados de manera escalonada y no podrán reelegirse. No podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y serán sujetos de juicio político.

El comisionado presidente del Instituto será designado por los propios comisionados ciudadanos, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante la Asamblea Legislativa, en la fecha y en los términos que disponga la ley.

El Instituto tendrá un Consejo Consultivo, integrado por cinco consejeros que serán honoríficos, durarán en su cargo siete años, serán renovados de manera escalonada, no podrán reelegirse, y serán designados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en sesión del pleno de la Asamblea Legislativa, cumpliendo con las bases mínimas previstas en este artículo para el nombramiento de los comisionados ciudadanos.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.

TERCERO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberá realizar las adecuaciones necesarias a las leyes existentes, para la implementación de la reforma prevista en el presente Decreto, dentro de los ciento ochenta días siguientes a su entrada en vigor.

CUARTO.- El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:

a) Aprobará su proyecto de presupuesto, con sujeción a los criterios generales de política económica y los techos de gasto establecidos por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal;

b) Ejercerá directamente su presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa, sin sujetarse a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal;

c) Autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la autorización de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, siempre y cuando no rebase su techo global aprobado por la Asamblea Legislativa;

d) Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal; y

e) Realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus informes, a través de su propia tesorería, en los términos de las leyes aplicables.

QUINTO.- Los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal que hayan sido nombrados a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, continuarán como Comisionados Ciudadanos exclusivamente por el tiempo que fueron nombrados.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 14 de diciembre del 2015.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El que suscribe, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, senador integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 37, 40, 61, 61 BIS, 62, 64 Y 64 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En Septiembre del año 2000, 189 Jefes de Estado y de Gobierno, incluido México, reunidos en la Sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, aprobaron la Declaración del Milenio como medio para reafirmar la fe en la Organización y en su Carta como los cimientos indispensables para la construcción de un mundo más pacífico, más próspero y más justo.

En la Declaración del Milenio se plasmó la importancia de la libertad, la igualdad (de los individuos y de las naciones), la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la naturaleza y la responsabilidad compartida como seis valores fundamentales para las relaciones internacionales en el siglo XXI.

La Declaración del Milenio comprometió a los Países firmantes a establecer una nueva alianza mundial para reducir los niveles de extrema pobreza, estableciendo una serie de objetivos sujetos a un plazo fatal, conocidos como “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)” y cuyo vencimiento está fijado para el año 2015; los objetivos son los siguientes:

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer,

2. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años,

3. Mejorar la salud materna,

4. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades,

5. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y

6. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.

El objetivo consistente en mejorar la salud materna se subdivide en dos metas:

1. Reducir la Razón de la Mortalidad Materna (RMM) en tres cuartas partes entre 1990 y 2015, y

2. Lograr la cobertura universal de la asistencia especializada al parto para 2015.

En este sentido, ya he presentado dos proposiciones con punto de acuerdo, con el objetivo de llamar la atención del Gobierno Federal sobre esta grave problemática y urgirlos a implementar acciones que permitan dar cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, no obstante no han sido atendidas por el Gobierno Federal a pesar de haber sido aprobadas.
Así pues, quiero reiterar mi preocupación por la falta de interés del Gobierno Federal para abatir los grandes rezagos y saldar las deudas históricas con las mexicanas. De manera muy particular hago referencia a la salud materna.

No obstante lo anterior, independientemente de cualquier compromiso internacional, la Razón de Mortalidad Materna y la salud materno infantil, son problemáticas que debemos asumir como prioritarias, porque derivan de la fuerte discriminación de la que aún son víctimas las mujeres, las niñas y los niños en México, sin dejar de lado la pobreza y el rezago educativo y social al que se enfrenta más del 50% de la población.

Aún y cuando México se comprometió a reducir a 22 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos estimados, la RMM hoy en día es de 37.5 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos estimados.

Es importante señalar que México tienen una RMM 17 veces mayor que países como Suecia o tres veces mayor que países similares como es el caso de Chile. En México hay diferencias importantes, así, los municipios con población indígena (70%) tienen RMM hasta tres veces mayores que aquellos municipios sin población indígena, o RMM siete veces mayores entre mujeres que fallecieron en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con respecto a las que no cuentan con seguridad social.

Por ello, es fundamental asegurar que las medidas tendientes a atender esta problemática queden establecidas como reglas mínimas y generales en la legislación y dejen de estar sujetas al criterio de cada administración.

Así pues, se debe garantizar la atención universal gratuita durante el embarazo, parto y puerperio en cualquier institución del sector salud, independientemente de si las mujeres son derechohabientes o no; se deben fortalecer las acciones de Planificación Familiar; se deben garantizar los medios de comunicación y transporte para la atención del embarazo, parto y puerperio; y se deben desarrollar competencias técnicas de calidad en el personal de salud y en las parteras.

Porque está documentado que las principales fallas asociadas a la mortalidad materna son la calidad de la atención del parto y de la emergencia obstétrica, principalmente en unidades médicas hospitalarias, la falta de aplicación de la vacuna antitetánica y la falta de planificación familiar.

De igual manera, se ha detectado que las muertes maternas se asocian a deficiencias en la calidad de la atención prenatal, siendo esta la principal causa de la problemática de las muertes neonatales, situación vinculada, de nueva cuenta, a las pésimas coberturas de atención del parto por personal calificado.

Así las cosas, debemos asegurar la atención de las Emergencias Obstétricas en Unidades de Cuidados Intensivos, ya que no se resuelve la situación crítica de una mujer con urgencia obstétrica sino hasta que es recibida en un nivel con el servicio de terapia intensiva; y si a esto le sumamos el agravante de que en promedio solo existe un hospital en cada entidad con esa capacidad, la situación se torna más desoladora aún.

Por ello, considero que la lucha por la vida, pero sobre todo por la vida con calidad, debe ser la bandera del Estado, y por ello todos, desde nuestras posiciones, tareas y facultades y atribuciones debemos aportar nuestro esfuerzo para mejorar la salud materna y en razón de lo anterior, es que me permito someter a la consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. Se reforman los artículos 3 fracción IV; 37, 40, 61, 61 Bis, 62, 64 y 64 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. a III.

IV. La protección universal materno-infantil;
Artículo 37.-…

...

...

Para el caso de emergencias obstétricas, se brindará atención universal gratuita en cualquier institución del sector salud, independientemente de si las mujeres son derechohabientes o no.

Artículo 40.- ...

Para el caso de emergencias obstétricas, estas dos modalidades de servicios de salud, deberán brindar atención gratuita a las mujeres, de acuerdo con el convenio nacional celebrado entre ellas y las instituciones de Salud, los Servicios Estatales de Salud y los organismos públicos descentralizados.

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno–infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el período que va de la planificación familiar, embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.

…:

I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo el control del peso y la prevención y atención de la preeclamsia, anemia, diabetes gestacional o cualquier otro tipo de complicación;

I Bis. …;

I Ter. Atención psicológica que requiera la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio;

II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, atención prenatal, así como la prevención y detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas, incluyendo la aplicación de la prueba del tamiz ampliado, y su salud visual y auditiva;

III. …;

IV. …, y

V. ....

Artículo 61 Bis.- Toda mujer embarazada, independientemente de su edad, situación socioeconómica, origen étnico o racial, edad, religión, preferencias o cualquier otra circunstancia, tiene derecho a obtener servicios de salud en los términos a que se refiere el Capítulo IV del Título Tercero de esta Ley y con estricto respeto de sus derechos humanos.

Artículo 62.- En los servicios de salud se promoverá la organización interinstitucional de comités de prevención de la mortalidad materna e infantil, a efecto de conocer, sistematizar y evaluar el problema y adoptar las medidas conducentes.

Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:

I. …;

II. …;
II Bis.- …;

III. …;

IV. ...:

V. Acciones de orientación-consejería para la anticoncepción post evento obstétrico;

VI. Acciones para promover la vacunación antitetánica;

VII. Acciones para limitar la operación cesárea a casos médicamente indicados;

VIII. Acciones para promover la erradicación de la violencia hacia la mujer;

IX. Acciones interinstitucional para la prestación de atención expedita a las mujeres embarazadas que presenten una emergencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en las unidades con capacidad para la atención de emergencias obstétricas, sin tomar en consideración su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento o la falta de estas; y

X. Acciones para mejorar en los sistemas de comunicación disponibles para la atención de emergencias, caminos transitables e intérpretes culturales en comunidades indígenas.

Artículo 64 Bis.- La Secretaría de Salud impulsará la participación de los sectores público, social y privado, así como de la sociedad en general, para el fortalecimiento de los servicios de salud en materia de atención materno-infantil. Para tal efecto, promoverá la creación de Redes de Apoyo a la Salud Materno-Infantil, tanto en el ámbito federal, como en las entidades federativas y los municipios, con la finalidad de facilitar el acceso a las mujeres embarazadas a información relativa a la prestación de servicios de atención médica en esta materia, y en su caso, brindarles apoyo para el acceso a ellos.

Transitorios

PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Secretaría de Salud contará con un plazo de 24 meses, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las acciones necesarias para realización del convenio interinstitucional a que se hace referencia.

Dicho convenio tendrá por objeto prestar atención expedita a las mujeres en edad gestacional que presenten una emergencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en las unidades con capacidad para la atención de emergencias obstétricas, sin tomar en consideración su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.

Dado en el salón de sesiones, el 14 de diciembre de 2015.

Atentamente,}

Sen. Benjamín Robles Montoya.

http://www.cinu.org.mx/gig/Documentos/RaymundoCanalesMEXICO.pdf





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por el Senador Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del PRI)

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8° párrafo 1, fracción I, 164 párrafo 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El reto de la inclusión de las personas con discapacidad ha cobrado un significativo incremento de atención por parte de los profesionales y la sociedad en su conjunto en los últimos años. La problemática, dificultades y barreras que enfrentan las personas con discapacidad han sido expuestas y analizadas públicamente y cada vez son más las personas, instituciones y asociaciones que se incorporan a la tarea de mejorar las condiciones de vida y bienestar personal de este grupo poblacional.

En primer término, debe señalarse que el análisis que se realice en materia de discapacidad debe hacerse a la luz de los principios de igualdad y de no discriminación. Lo anterior en virtud de que la regulación jurídica tanto nacional como internacional que sobre personas con discapacidad se ha realizado, tiene como finalidad última evitar la discriminación hacia este sector social y, en consecuencia, propiciar una igualdad material entre las personas.

En primer lugar, debe indicarse que el texto constitucional protege a las personas con discapacidad, en virtud de que en su artículo 1º prohíbe de forma expresa toda discriminación, entre otras razones, por cuestión de discapacidades.

Es decir, la propia Constitución establece un vínculo entre el principio de no discriminación y las discapacidades como una categoría expresa de protección.

A efecto de desarrollar lo previsto en el artículo 1º constitucional, en relación a la proscripción de la discriminación en contra de personas con discapacidad, el 30 de mayo de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, misma que tiene como finalidad expresa, establecer “las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades”.

La anterior tendencia jurídica de proteger a las personas con discapacidad se refleja en los instrumentos internacionales de los cuales México es parte, cuyos derechos contenidos en los mismos conforman junto con los derechos previstos en la propia Constitución, un parámetro de regularidad normativa del resto de elementos jurídicos del país.

Si bien los principios de igualdad y de no discriminación se encuentran consagrados en instrumentos internacionales tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2, 4 y 26) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 2), debe señalarse que son pocos los tratados que sobre la materia de discapacidad se han emitido.

Al respecto, nuestro país forma parte de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. En dicho instrumento internacional, los Estados parte se comprometen a implementar todas las medidas necesarias para erradicar la discriminación en contra de las personas con discapacidad.

Debe resaltarse, que en tal Convención sí se define el término discapacidad (contrario a lo que sucede con nuestra Constitución y la ley general correspondiente, mismas que no realizan definición alguna del término), pues en su artículo 1º señala que la discapacidad “significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”.

Por otro lado, nuestro país es parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que tiene como objetivo la promoción, protección y aseguramiento del goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Esta Convención enuncia qué debe entenderse por la expresión “persona con discapacidad”, señalando en su numeral 1º, que se trata de aquellas personas con “deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

Como puede advertirse, al realizar una definición del término discapacidad, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, señala que tales deficiencias limitan la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales, que pueden ser causadas o agravadas por el entorno económico y social, mientras que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad indica que estas deficiencias, al interactuar con barreras contextuales, impiden la participación plena y efectiva en la sociedad.

Es decir, el instrumento internacional citado en último término, hace énfasis en que las limitaciones a una adaptación plena en el ámbito social, no surgen en razón de las diversidades funcionales per se, sino de la interacción de éstas con ciertas barreras sociales.

Lo anterior es coincidente con la doctrina que sostiene que debe superarse la visión de la discapacidad como un aspecto individual, en virtud del cual los problemas que enfrentan las personas con discapacidad atañen a su esfera personal, por lo que la Convención adopta el llamado modelo social, haciendo énfasis en la discapacidad como una construcción social que se encuentra determinada por la manera en que las personas son tratadas en un contexto. Por tanto, la Convención señala que la nota distintiva para la existencia de una discapacidad, no son las deficiencias que posee el individuo, sino las barreras que existen en una sociedad y que limitan su posibilidad de interactuar en el medio en igualdad de oportunidades.

Así, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, representa en México la adopción normativa del modelo social, pues aborda el factor humano, es decir, la existencia de una persona con una diversidad funcional y, por otra parte, prevé el factor social conformado por las barreras contextuales que causan una discapacidad.

El modelo social señala que la premisa que genera la discapacidad es el contexto en que se desenvuelve la persona, por lo que las medidas que propone se encuentran dirigidas a aminorar tales barreras. Así, las limitaciones son producidas por las deficiencias de la sociedad de prestar servicios apropiados que aseguren que las necesidades de las personas con discapacidad son tomadas en consideración. Dicho esquema se encuentra relacionado con el pleno reconocimiento de derechos fundamentales, tales como el respeto a la dignidad con independencia de cualquier diversidad funcional, la igualdad y la libertad personal, aspecto que incluye la toma de decisiones, teniendo como objeto la inclusión social basada en la vida independiente, la no discriminación y la accesibilidad universal en actividades económicas, políticas, sociales y culturales.

En suma, a la luz del modelo social, la discapacidad debe ser considerada como una desventaja causada por las barreras que la organización social genera al no atender de manera adecuada las necesidades de las personas con diversidades funcionales. En tal virtud, la deficiencia individual es la que genera una diversidad funcional, misma que al ponerse en contacto con una barrera social produce una discapacidad.

En razón de lo anterior, se debe distinguir la igualdad formal de la material. La primera se refiere al derecho de cualquier persona a un trato igual, y por tanto, a la ausencia de medidas discriminatorias. Sin embargo, el modelo social tiene como finalidad, la búsqueda de una igualdad material, que se caracteriza por la introducción de desigualdades que parten del reconocimiento de las diversas circunstancias en que se encuentran inmersas las personas.

Es decir, si partimos de la base de que no todas las personas son iguales, y por el contrario reconocemos la diversidad de las mismas, tanto en su aspecto individual así como en el contexto en el que se desenvuelven las mismas, podemos concluir que una normativa que simplemente prohíba la discriminación, no puede propiciar una igualdad de facto, ya que las premisas de las cuales parte la misma distan mucho entre sí.

En consecuencia, primero se debe perseguir la nivelación de las oportunidades de las cuales gozan las personas para su plena inserción social, pues sólo a partir de tal escenario es que las políticas de no discriminación adquieren plena vigencia.

Este cambio de paradigma implica modificar la manera de concebir a la discapacidad, tanto por parte de las autoridades, así como por la sociedad en general, lo cual se traduce en un nuevo enfoque en las relaciones jurídicas, políticas y sociales.

En virtud de lo anterior, el modelo social y sus postulados no se agotan en un plano meramente doctrinal, sino que poseen plena fuerza vinculante al haberse adoptado en la normativa que en nuestro país es aplicable para la discapacidad, ante lo cual se trata de principios jurídicos que son vinculantes en todas las ramas del Derecho, lo cual se conoce como principio de transversalidad.

Contrario a la ausencia de criterios en nuestro país, otros tribunales sí han tenido la oportunidad de manifestarse en torno a las personas con discapacidad, de lo cual se advierte una tendencia jurisprudencial que vale la pena tenerse en consideración. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que toda persona con alguna discapacidad y que se encuentre en situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, la cual obliga a los Estados a tomar medidas positivas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier índole, necesarias para eliminar cualquier forma de discriminación y propiciar su plena integración a la sociedad.

En virtud de las consideraciones vertidas, considero necesario modificar diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad a fin de ampliar el espectro de cobertura y aplicación de los principios referidos a la consecución de una situación óptima contextual para las personas con discapacidad.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 2 en sus fracciones I y XIII, recorriéndose esta última y las subsecuentes en el correspondiente orden de prelación; 3 y 5 en su párrafo primero y fracciones VIII y XII, adicionándose además las fracciones XIII y XIV del mismo dispositivo; todos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Accesibilidad universal. Las medidas pertinentes para asegurar la participación de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, en todos los ámbitos y servicios de su entorno social;

II. a XII. …

XIII. Eficacia horizontal. Se refiere a la exigencia de los principios contenidos en esta Ley tanto a las autoridades, así como a los particulares.

IV. a XXIX. ...

Artículo 3. Los derechos y libertades de las personas con discapacidad se encuentran protegidos por los principios de igualdad y de no discriminación reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que México sea parte y su aplicación se hará extensiva al derecho público y privado.

Artículo 5.Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el cumplimiento de los siguientes principios:

I. a VII. …

VIII. La accesibilidad universal;

IX. y X. …

XI. La transversalidad;

XII. El diseño universal;

XIII. La eficacia horizontal y

XIV. Los demás derivados de la presente Ley.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México D.F., el 14 de diciembre de 2015.

Atentamente

Sen. Alejandro Tello Cristerna.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE LA JUVENTUD Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

(Presentada por el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA AL AÑO 2016 COMO “AÑO DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN”

(Presentada por el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD)

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8º, numeral 1, fracción I y 164, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara Alta la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA AL AÑO 2016 COMO "AÑO DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN”, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países a nivel mundial.

Este fenómeno socava las instituciones democráticas, deforma los procesos electorales, pervierte el sentido de la ley y crea barreras burocráticas, con las solicitudes de sobornos.

La corrupción afecta al desarrollo económico ya que desalienta a la inversión extranjera, y a las pequeñas empresas nacionales les resulta imposible superar los gastos iniciales requeridos por la corrupción.

Sin embargo, la corrupción no solo impacta en el desarrollo económico, también afecta a la democracia y al estado de derecho, lleva a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, erosiona la calidad de vida y permite que prosperen el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.

El combate a la corrupción resulta fundamental para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales tienen por finalidad erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos.

Es por ello que el 31 de octubre de 2003, la Asamblea General dela ONU aprobó la designación del 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción. Asimismo aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual entró en vigor el 14 de diciembre de 2005.

Dicha Convención tiene como finalidad promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir eficazmente la corrupción, además de facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción.

Los países firmantes de la Convención se comprometieron a aplicar y mantener en    vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la gestión de asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas. Aunado a ello, se comprometieron a evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las medidas administrativas para determinar si son adecuados para combatir la corrupción.

Asimismo, cada Estado firmante adoptaría las medidas necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones.

México, como uno de los países firmantes se comprometió a llevar a cabo estas medidas. Medidas que son indispensables para enfrentar el grave problema de corrupción que tenemos.

Como muestra de ello, Transparencia Mexicana señala que en el país se cometen 220 millones de actos de corrupción al año con un costo aproximado de 400 mil millones de pesos. Además se tiene un promedio de dos actos de corrupción per cápita al año, el 50% de los mexicanos tiene obstáculos para realizar trámites y el 52% de la población confía muy poco en el Ministerio Público y en las policías ministeriales, por indicar algunos ejemplos.

Aún hay mucho por hacer en el mundo para combatir a la corrupción en todos los sectores de la sociedad: en el sector público y en el privado. México no se puede quedar atrás en este tema. La aprobación de las reformas constitucionales en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, así como de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública son una muestra de que hay voluntad para que el país cumpla con los objetivos de la Convención.

Es por ello que, en el marco del décimo aniversario de la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y en el contexto del Día Internacional contra la Corrupción, propongo declarar el próximo año como el “Año del Combate a la Corrupción”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA AL AÑO 2016COMO "AÑO DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN”.

ARTÍCULO PRIMERO. El Honorable Congreso de la Unión declara al año 2016 como "Año del Combate a la Corrupción".

ARTÍCULO SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, toda la correspondencia oficial del Estado, deberá contener al rubro o al calce la siguiente leyenda:"2016, Año del Combate a la Corrupción".

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero del año 2016 y concluirá su vigencia el 31 de diciembre del mismo año.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, el 14 de diciembre del 2015.

Atentamente,

Sen. Zoé Robledo Aburto.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, con la finalidad de favorecer la salvaguarda del derecho humano a un medio ambiente sano, a través de las acciones en esta materia por parte de las asociaciones sin fines de lucro, dedicadas a la protección al ambiente, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Una forma sencilla en la que puede conceptualizarse el medio ambiente, es como el espacio en el cual se llevan a cabo diferentes procesos relacionados con la vida. De la interacción del hombre con el medio ambiente, dependerá su subsistencia, pues de éste obtiene los elementos necesarios para la satisfacción de sus necesidades, precisamente así, para la vida.

En esa dimensión, en México la necesidad de un ambiente sano lo ha llevado a reconocerlo como un derecho humano, sustentado en el artículo4°de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como también, los mecanismos para su protección. Ello, además de la congruencia que al respecto se guarda conforme a los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito en esta asignatura.

Por ello, el cuidado del medio ambiente es un tema que preocupa y ocupa a todos los países. Las consecuencias de modelos de desarrollo, pasados y actuales, que no han tomado en cuenta al medio ambiente, se manifiestan inequívocamente en problemas de orden mundial como el cambio climático, hoy día, considerado como la mayor amenaza ambiental que la humanidad enfrentará en este siglo.

Razones por las que el aprovechamiento de los recursos que provee el medio ambiente deben ir aparejados de lo que se denomina “desarrollo sustentable”, esto es, la administración eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.

Conforme a Naciones Unidas, el desarrollo sustentable con especial cuidado al medio ambiente es la vía para lograr el crecimiento económico y combatir la pobreza, mejorando la equidad social.

Desafortunadamente, los esfuerzos de conservación de los recursos naturales y ecosistemas suelen verse obstaculizados por un círculo vicioso que repercute agotamiento de los recursos naturales, deterioro ambiental y más pobreza.

Y es que el mayor problema que presenta el medio ambiente hoy en día es aquel que tiene que ver con el daño que el hombre ha ido causándole. Por ello, además de las acciones de protección y desarrollo sustentable, las relativas a la responsabilidad ambiental juegan un papel preponderante para lograr los objetivos nacionales e internacionales.
La responsabilidad ambiental, como aquella relacionada con la imputabilidad a quien genere un daño ecológico, que implica una reparación del daño ambiental.

A este respecto, es de destacar la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que de acuerdo a su primer artículo es la que regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional, los mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

Son procedimientos independientes de las responsabilidades y los procedimientos administrativos, las acciones civiles y penales procedentes, a cargo de las personas e instituciones legitimadas de conformidad al artículo 28 de la legislación invocada, que a la letra señala:

“Artículo 28.- Se reconoce derecho e interés legítimo para ejercer acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, el pago de la Sanción Económica, así como las prestaciones a las que se refiere el presente Título a:

I. Las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente al daño ocasionado al ambiente;

II. Las personas morales privadas mexicanas, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la protección al ambiente en general, o de alguno de sus elementos, cuando actúen en representación de algún habitante de las comunidades previstas en la fracción I;

III. La Federación a través de la procuraduría, y

IV. Las Procuradurías o instituciones que ejerzan funciones de protección ambiental de las entidades federativas y del Distrito Federal en el ámbito de su circunscripción territorial, conjuntamente con la procuraduría.

Las personas morales referidas en la fracción II de este artículo, deberán acreditar que fueron legalmente constituidas por lo menos tres años antes de la presentación de la demanda por daño ocasionado al ambiente. Asimismo deberán cumplir por los requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Los legitimados en las fracciones I y II tendrán además derecho e interés legítimo para reclamar el pago de las erogaciones que hayan hecho para acreditar la responsabilidad ambiental.”

Como se lee, la fracción II del artículo transcrito concede legitimación a las personas morales privadas mexicanas, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la protección al ambiente en general, o de alguno de sus elementos. Ello, en congruencia y la lógica en la que el derecho al medio ambiente sano se contempla como de aquellos de “tercera generación”, basados en la solidaridad entre los humanos, por lo que solo pueden hacerse efectivos por la participación colectiva, de todos, gobiernos y sociedad.

Sin embargo, también es de advertir que en el mismo artículo prevé que dichas   personas morales privadas mexicanas, deben actuar en representación de algún habitante de las comunidades adyacentes al daño ocasionado al ambiente y acreditar que fueron legalmente constituidas, por lo menos tres años antes de la presentación de la demanda.
Sobre este particular, cabe destacar que a diferencia de esta acción, en una con un objeto similar, como son las acciones colectivas previstas en los artículos del 578 al 582 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no se exigen esos presupuestos de legitimación, como se advierte del diverso 585, en su fracción II.

“III. Las asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente constituidas al menos un año previo al momento de presentar la acción, cuyo objeto social incluya la promoción o defensa de los derechos e intereses de la materia de que se trate y que cumplan con los requisitos establecidos en este Código,…”

Como se advierte, a diferencia de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, el Código Federal de Procedimientos Civiles no contempla la necesidad de los requisitos de representación de algún habitante de las comunidades adyacentes al daño ocasionado al ambiente y la temporalidad en su constitución de cuando menos tres años. Esto se traduce al establecimiento de dos requisitos de legitimación distintos en dos mecanismos que tienen por objeto proteger al medio ambiente.

A su vez, esta imposición de mayores requisitos sin justificación alguna, repercutirá en una inhibición a las asociaciones civiles para el ejercicio de las acciones previstas en la citada Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, como un efecto contrario a la naturaleza misma de las acciones de defensa, protección, responsabilidad y reparación de daño en esta materia, que buscan fomentar la salvaguarda de los derechos individuales y colectivos a un medio ambiente sano.

Más aún, al tratarse de cargas injustificadas, contravendrían a los mismos artículos 4 y 17 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, como al 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratándose de la Protección Judicial que los Estados deben proporcionar a sus gobernados, sobre la cual refiere:

Artículo 25.

“1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados partes se comprometen:

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”

Así las cosas, con la finalidad de favorecer las acciones de responsabilidad en materia ambiental, y con ello, a la protección y a la reparación o compensación por daños ecológicos ocasionados en esta materia, la propuesta en concreto sería la eliminación de los requisitos injustificados y especificados en el presente documento, en analogía, incluso en mayoría de razón, a las acciones similares contempladas en el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Situación que además fortalecería el cumplimiento a los compromisos internacionales, como lo es la tutela judicial efectiva, máxime que redunda en beneficio y protección del derecho humano a un medio ambiente sano, también compromiso preponderante de carácter internacional y de solidaridad entre los humanos.

De esta forma, se suprimiría el requisito de legitimidad de actuar en representación de algún habitante de las comunidades adyacentes al daño ocasionado al ambiente y solamente acreditar que fueron legalmente constituidas, por lo menos, un año antes de la presentación de la demanda.

En mérito de lo anterior, se somete a la elevada consideración de esta honorable Soberanía, la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, para quedar como sigue:

Artículo 28.- Se reconoce derecho e interés legítimo para ejercer acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, el pago de la Sanción Económica, así como las prestaciones a las que se refiere el presente Título a:

I. Las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente al daño ocasionado al ambiente;

II. Las personas morales privadas mexicanas, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la protección al ambiente en general, o de alguno de sus elementos;

III. La Federación a través de la procuraduría, y

IV. Las Procuradurías o instituciones que ejerzan funciones de protección ambiental de las entidades federativas y del Distrito Federal en el ámbito de su circunscripción territorial, conjuntamente con la procuraduría.

Las personas morales referidas en la fracción II de este artículo, deberán acreditar que fueron legalmente constituidas por lo menos un año antes de la presentación de la demanda por daño ocasionado al ambiente. Asimismo deberán cumplir por los requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Los legitimados en las fracciones I y II tendrán además derecho e interés legítimo para reclamar el pago de las erogaciones que hayan hecho para acreditar la responsabilidad ambiental.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones, el 14 de diciembre del 2015.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 17 BIS, 31, 31 BIS Y 233 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del PAN)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PARA IMPULSAR EL INCREMENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA NACIONAL

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el Senador Carlos Romero Deschamps, del grupo parlamentario del PRI)

El que suscribe Carlos Romero Deschamps, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Tercera Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8o., numeral 1, fracción I; 164, numerales 1; y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el Artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El trabajo de menores es un tema de gran relevancia para el Estado Mexicano, dada su trascendencia y las consecuencias que pueden derivarse del mismo, debe de ser una prioridad en la agenda política de nuestro país.

Con el fin de salvaguardar los derechos humanos de los individuos, consagrados y reconocidos en el Artículo 4º de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde todas las decisiones y actuaciones del Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Es indispensable que las leyes que abordan el tema, lo hagan de una manera muy precisa, ya que cualquier error en su elaboración, implementación, interpretación o aplicación, trastocaría de manera significativa estos derechos.

Debemos considerar además, que los ordenamientos que forman parte de nuestro sistema jurídico deben de empatarse a través de un proceso armonizador, siendo un ejercicio necesario para el Estado Mexicano y sus instituciones, en virtud de que su inobservancia puede generar contradicciones, lagunas normativas e incertidumbre que impediría una adecuada aplicación y cumplimiento de la ley.

En este sentido, y derivado de la reforma constitucional al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de junio de 2014, se estableció que la edad mínima para que los menores puedan desempeñar una actividad laboral es de quince años cumplidos.  

Reforma subsumida en la fracción III del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años.

Por su parte, el 12 de junio de 2015, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las nuevas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de menores, reformando los artículos 5o., fracciones I y IV; 22; 22 Bis; 23; 174; 175, primer, segundo y tercer párrafos y fracción IV; 175 Bis, primer párrafo e inciso c); 176; 178; 179, 180, primer párrafo y fracción II; 191, 267; 362; 372, primer párrafo; 988, primer párrafo y 995 Bis; y derogando las fracciones I y II del artículo 372.

Es precisamente en este proceso armonizador en donde surge el objeto de esta iniciativa, misma que se desprende del contenido del artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo que establece lo siguiente:

“Artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo:

“Los mayores de quince años pueden prestar libremente sus servicios con las limitaciones establecidas en esta Ley. 

Los mayores de quince y menores de dieciséis necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de la Autoridad Política. 

Los menores trabajadores deben percibir el pago de sus salarios y ejercitar, en su caso, las acciones que les correspondan.”

De la simple lectura del artículo antes referido, se aprecia que existe poca claridad al respecto de la edad autorizada por la propia Ley en relación al trabajo de menores, anteponiendo que en el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con precisión tal circunstancia.

Así las cosas, y adentrándonos en un análisis de la literalidad del articulado en estudio, podemos señalar lo siguiente:

I. El primer párrafo del artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo, establece que los mayores de quince años pueden prestar libremente sus servicios con las limitaciones establecidas en esta Ley. 

Esto es, de la literalidad del párrafo en comento se desprende que para poder prestar libremente sus servicios los menores de edad deben de contar con dieciséis años cumplidos. Lo anterior, en virtud de que la Ley Federal del Trabajo en el artículo en cita, claramente establece que deben de ser mayores de quince años. 

Literalidad que contradice la reforma constitucional al artículo 123, que en la fracción III, del apartado A, establece con claridad la prohibición de la utilización del trabajo de los menores de quince años, de donde se deduce tangiblemente que los menores de edad con quince años cumplidos pueden realizar una actividad laboral, con las limitaciones que las propias leyes establecen.

II. Por su parte, el segundo párrafo del artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo, establece que los mayores de quince y menores de dieciséis necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de la Autoridad Política. 

Nuevamente, y basándonos en la literalidad del párrafo que se analiza, se desprende que si se señala nuevamente que los mayores de quince años, nos estamos refiriendo a los menores de edad con dieciséis años cumplidos, surgiendo posteriormente una duda razonable cuando el mismo párrafo establece que los menores de dieciséis, esto es, aquellos que cuentan con quince años cumplidos, lo que en primera vista parecería incongruente o bien repetitivo.

Es preciso señalar, que tal vez para los doctos en Derecho y tomando como base lo preceptuado en la reforma constitucional al artículo 123 en la materia, no queda duda que en los supuestos antes mencionados, derivados de la reforma al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo, publicada el 12 de junio de 2015, en el Diario Oficial de la Federación, nos estamos refiriendo a los menores de edad con quince años cumplidos, sin embargo, no debemos olvidar que nuestros ordenamientos jurídicos deben de ser precisos y congruentes con la totalidad del sistema jurídico y estar armonizados principalmente con nuestra Carta Magna, máxime que se analiza un tema delicado como es el trabajo de menores. 

Por lo tanto, si de la literalidad del artículo analizado se pudiere desprender otra circunstancia ajena a la voluntad del legislador, es menester aclararla, en virtud de que no existe lugar para las suposiciones, ni el entendimiento en base a lo que nuestro sentido común o conocimiento nos dicta, sino que debe de existir una base sólida que se derive del contenido y claridad de la propia ley, que indefectiblemente es su sustento.

Esto es, cualquier ciudadano que consulte la norma debe de entenderla y nosotros los Senadores de la República debemos de contribuir a ese entendimiento creando normas claras a todos, haciéndolas accesibles independientemente del nivel social, económico o académico de quien las necesite.

Por loanteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Decreto por el que se Reforma el Artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 22.-Los menores de edad con quince años cumplidos pueden prestar libremente sus servicios con las limitaciones establecidas en esta Ley. 

Los menores de edad con quince años cumplidos y hasta en tanto cumplan los dieciséis años, necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de la Autoridad Política. 

Los menores trabajadores deben percibir el pago de sus salarios y ejercitar, en su caso, las acciones que les correspondan.

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 14 de diciembre de 2015.

Atentamente,

Sen. Carlos Romero Deschamps.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III, APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE EDAD MÍNIMA PARA TRABAJAR

(Presentada por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el Senador Félix González Canto, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por los Senadores René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón, Carlos Alberto Puente Salas, Enrique Burgos García, Miguel Romo Medina, Anabel Acosta Islas, Lisbeth Hernández Lecona, Roberto Armando Albores Gleason y Ricardo Barroso Agramont, a nombre de los Senadores de los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM)

Los suscritos senadores René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón, Carlos Alberto Puente Salas, Enrique Burgos García, Miguel Romo Medina, Anabel Acosta Islas, Lisbeth Hernández Lecona, Roberto ARMANDO Albores Gleason y Ricardo Barroso Agramont, a nombre de los senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 numeral 3, 169, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Aval de Grupo que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para promover el desarrollo integral de los jóvenes, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La educación es considerada universalmente como el principal agente de cambio social; como factor fundamental de la superación individual y colectiva y como el sustento básico del crecimiento económico y del desarrollo social. Por tanto, el fortalecimiento del sistema educativo nacional debe tener la más alta prioridad en las políticas públicas para impulsar el desarrollo nacional.

La educación es una condición necesaria para desarrollar las capacidades inherentes y potenciales del ser humano. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje que permite a las personas adquirir conocimientos individual y socialmente valiosos para realizar actividades económicas cada vez más complejas y ampliar la participación social en el proceso del desarrollo nacional.

Tal como lo prescribe el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la importancia de las tareas formativas radica no sólo en la transmisión de los conocimientos acumulados, sino en el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, al tiempo que busca promover los valores fundamentales para la convivencia humana, el mejoramiento material y cultural de la sociedad.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que proveer una educación de calidad, podría impulsar el crecimiento económico anual en un 2 por ciento en los países de bajos ingresos.

El organismo señala asimismo, que con aptitudes de lectura básica sería posible librar de la pobreza al 12 por ciento de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

Un estudio publicado en la revista México Social, elaborado por un grupo de expertos sobre la situación de los jóvenes en México, señala que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), expresa los siguientes conceptos: la educación debe formar al hombre para aprender a ser, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a convivir en tolerancia y cooperación en su sociedad y el mundo. Los avances científicos y tecnológicos exigen que la educación sea pertinente y de calidad, de lo contrario, los educandos verán mermadas sus posibilidades de incorporarse al desarrollo y cumplir sus fines sociales y productivos.

En el mundo contemporáneo, en la sociedad de las tecnologías de la información, la competitividad de las naciones depende en buena medida del nivel de los conocimientos y habilidades de su población en la realización de todo tipo de labores, desde las más sencillas hasta las más complejas como son la posibilidad de generar conocimientos y desarrollar sus aplicaciones.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estipula que invertir en la educación hoy es más importante que nunca, ya que permitirá responder a los cambios demográficos y tecnológicos que están teniendo efecto en los mercados laborales.

Para nuestro país es un enorme reto proporcionar a la población una educación de calidad y pertinencia en los próximos años, tanto por las dimensiones de nuestra estructura demográfica, como por los rezagos e inequidades que padece la población en materia económica y social que limita las posibilidades de un amplio grupo social para acceder a las oportunidades de la educación.

México tiene uno de los sistemas de educación más grandes y complejos del mundo, tanto por el tamaño de su población y los recursos fiscales que destina a su operación, como por la cobertura alcanzada en educación básica, aunque esta desciende en los siguientes niveles educativos superiores.

El sistema educativo enfrenta severos problemas de calidad de los servicios, la orientación de gasto no es la más adecuada, los programas de estudio no son pertinentes y no hay la vinculación necesaria entre el proceso educativo y las actividades productivas en el país, por lo que coadyuva poco al desarrollo.

En el país, la matrícula del sistema educativo está conformada por 34 millones de estudiantes de los cuales 25.9 millones (76.2%) están inscritos en educación básica que considera los niveles preescolar, primaria y secundaria; y 8.1 millones (23.8%) estudian la educación media superior y superior que abarca los niveles de profesional técnico, bachillerato, normal, licenciatura universitaria y posgrado.

Por lo que respecta a la numeralia educativa, conviene resaltar que la matrícula en la secundaria es mayor a 6 millones de alumnos; en el nivel medio superior desciende a 4.6 millones, pero cerca del 13% de los inscritos abandona los estudios, tanto por razones económicas como por la falta de accesibilidad, o por problemas propios de la adolescencia a los que se suman los causados por adicciones.

Se observa una baja inscripción en los programas de formación de profesionales técnicos, así como en los bachilleratos técnicos y el bachillerato tradicional. La Subsecretaría de Educación Media Superior ha emprendido varios programas para elevar la calidad de los estudios y otros para combatir la deserción, y se apoya en el Programa de Becas de Oportunidades que alcanza la cifra de un millón de beneficiarios.

La matrícula de licenciatura universitaria (pública y privada) para el ciclo 2013-2014, fue de 3 millones de estudiantes, lo que implica un descenso de alrededor de 1.7 millones con respecto a la matrícula en el nivel anterior. El resultado es poco alentador; sólo el 36.5% de los jóvenes entre 15 y 29 años se encuentra inscrito en algún programa educativo y ello no es garantía de que lo concluyan.

Todo sistema educativo puede representarse como una pirámide en la cual la educación básica se encuentra en la base y la educación superior en el vértice. Lo anterior no sería grave si los jóvenes que toman una salida lateral encontraran un trabajo acorde a los estudios realizados y tuvieran oportunidad de adquirir competencias para su desarrollo personal y laboral. El problema se agudiza cuando estos jóvenes de 15 a 29 años ni estudian ni trabajan.

En este sentido, el estudio Panorama de la Educación 2015 de la OCDE, destaca que el número de personas que ni estudian ni trabajan aumentó en México en los últimos años, pues en 2014, 25% de los jóvenes de 20 a 24 años no estudiaban ni trabajaban, mientras que en el reporte de 2012 esa situación afectaba a sólo 22% de este grupo de la población.

En consecuencia, el país enfrenta una grave situación en la relación educación-empleo, problema que debe atenderse fortaleciendo los niveles medio superior y superior de nuestro sistema educativo.

Estos niveles de educación son claves porque cubren un periodo de la vida en la cual está definiéndose la personalidad, sus valores y actitudes, debido a que representa un piso firme de conocimientos y habilidades para realizar un trabajo productivo y creativo.

La educación media superior enfrenta problemas de calidad y crecimiento anárquico por la variedad de subsistemas y programas. Cubre el 69% de la demanda y su tasa de deserción es del 13%. De la baja calidad habla la última prueba de Enlace, ahora denominada Planea (Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes) y cuyos instrumentos se aplicaron en 2015 a los alumnos de sexto de primaria, tercero de secundaria y del último grado de Educación Media Superior. Esta prueba realizada a un millón 37 mil 775 estudiantes del último grado de educación media superior en el país, señala que el 81.2% no tiene los conocimientos suficientes en matemáticas y 64% de los alumnos se encuentran en los niveles más bajos en el área de lenguaje y comunicación.

Por su parte, la educación superior sólo abre espacios al 29% de la población y el 7% deserta. En las universidades tecnológicas abandonan los estudios el 35%. Las becas para coadyuvar a resolver los problemas económicos de los estudiantes son insuficientes para alentar una mayor inscripción y eficiencia terminal.

El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (Pronabes) cubre al 10% de los matriculados, procedentes de familias cuyo ingreso no supera los cuatro salarios mínimos, programa que influye en la tasa de deserción observada del 7% inferior a la de educación media superior que representa el 13%.

Un problema adicional a los observados respecto a la calidad, cobertura y deserción, tanto en la educación media superior como en la educación superior es el de la pertinencia, el de impartición de conocimientos y habilidades que no se corresponden en general, con las necesidades de capital humano que tiene el país y, en particular, con los requerimientos de la planta productiva.

El mercado laboral del país y del mundo es cada vez más complejo en la sociedad del conocimiento y del desarrollo científico-tecnológico. Por tanto, estos niveles educativos tienen que ajustar sus programas de estudio para el aprendizaje y la adaptación de sus egresados a los requerimientos de innovación y creatividad que la nueva economía demandará en el futuro.

Por otra parte, debe agregarse que por el bajo crecimiento de la economía en nuestro país en las últimas tres décadas, la mayor desigualdad en la distribución del ingreso y la reducción del mercado laboral entre la Población Económicamente Activa (PEA) es del 61% entre los jóvenes ya que muchos trabajan en la informalidad, mientras que el 75% percibe sólo hasta tres salarios mínimos y el desempleo duplica el promedio de la PEA nacional, afectando en mayor medida a jóvenes con mayor grado de educación.

Al respecto, en este año 2015, la OCDE así como organizaciones civiles nacionales han dado a conocer la situación de la educación en el país, a través de diversos estudios.

En este sentido, la OCDE destaca que México invierte 5.2% de su Producto Interno Bruto (PIB) en educación, un porcentaje similar al promedio de la OCDE. Sin embargo, el gobierno destina un mayor porcentaje de su gasto en la remuneración de los docentes, más que ningún otro país de la organización.

Asimismo, este organismo señala que a pesar de que la inversión en los sueldos de los profesores disminuyó del 83 al 81 por ciento, aún permanece como el que más paga a sus profesores de los países miembros de la organización.

También comenta que el presupuesto por alumno es insuficiente puesto que el gasto de México por cada estudiante en educación primaria es de 2,111 dólares (27,231.9 pesos), mientras que el promedio de la OCDE es de 6,741 dólares (86,958.9 pesos).

Por cada alumno de educación secundaria el Estado mexicano gasta 2,236 dólares (28,844.4 pesos), mientras que el promedio de la OCDE es de 8,267 dólares (106,644.3 pesos).

Mientras que por estudiante de educación superior el gasto es de 6,971 dólares (89,925.9 pesos), el promedio de la OCDE es de 12,907 dólares (166,500.3 pesos).

Más aún, el organismo destaca que del gasto total que el Gobierno mexicano realizó para la educación en 2012, sólo 2.5 por ciento se destinó a infraestructura, el cual es mucho menor al promedio de 7.1 por ciento que en ese rubro invirtieron Brasil, Colombia, Irlanda, Portugal, Sudáfrica, Suiza y Turquía.

Al respecto, la Asociación Mexicanos Primero reveló que en México el gasto que se destina a la educación no está diseñado para que los niños aprendan. A través del estudio Malgasto Educativo resaltó que por cada 100 pesos que gasta el gobierno en educación, 84.3 se van en sueldos para los maestros, 4.4 en becas, 7.4 en pago de servicios públicos y programas educativos, mientras que sólo 70 centavos se destinan a libros y materiales escolares.

El estudio destaca también que del gasto educativo 85 por ciento está destinado al pago de la nómina magisterial, mientras que 3 por ciento se utiliza para poner sanitarios, ventanas, pisos, techos o pintar las paredes en las escuelas.
Mexicanos Primero concluye que el estudio Malgasto Educativo muestra que la falta de equidad en la asignación entre entidades federativas y un desequilibrio en el uso de los recursos, así como la falta de transparencia en el ejercicio del gasto, hacen que la educación no tenga calidad y agudice las brechas de desigualdad.

En este sentido, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se ha comprometido a llevar a cabo una gran transformación educativa, cuyo propósito principal, a través de la propuesta de la reforma educativa, ha sido recuperar la rectoría del Estado en este sector, mejorar la calidad de la educación y evaluar el desempeño de los maestros.

Tomando como base la propuesta de reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución en materia educativa, el Gobierno Federal promovió una verdadera transformación institucional a través del planteamiento de diversas leyes secundarias, todo ello, a efecto de establecer que la educación en México es obligatoria, laica, gratuita, pública, de calidad y con equidad, así como para plantear un nuevo modelo de ingreso y promoción magisterial mediante un sistema de evaluaciones, con el objetivo de mejorar tanto el salario magisterial, la infraestructura escolar y elevar el nivel educativo.

En este sentido, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa regula el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, en el que se define la evaluación de más de un millón de profesores de educación básica y media superior.

Asimismo, la ley General del Servicio Profesional Docente establece la evaluación del desempeño docente y sus programas de regularización.

Por último, a través de los cambios a la Ley General de Educación, se crea el Sistema de Información y Gestión Educativa.

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y en el marco de la implementación de la reforma educativa, se ha comprometido a mejorar la calidad de la educación, las condiciones del magisterio nacional, su formación, ingreso, promoción, permanencia, así como la evaluación de las realidades que circundan su desempeño.

A partir de ello, el Ejecutivo Federal ha asegurado que la reforma educativa está avanzando en beneficio de 36 millones de alumnos y poco más de 2 millones de maestros, que por primera vez se encuentran reconocidos en un sistema de información y gestión educativa.

De este modo, la dependencia ha informado que con la instrumentación del servicio profesional docente en todo el país, se están llevando a cabo los concursos de oposición para el ingreso de la educación básica y media superior.

Asimismo, señaló que se han creado diversos programas para la formación docente, la promoción de la función, la inclusión y la equidad educativa. Para ello, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 prevé recursos para la capacitación, la certificación, asistencia, técnica y equipamiento de maestros y de planteles escolares.

Por otro lado, en el Programa de Certificados de Infraestructura Educativa se estiman recursos por 49,519 millones de pesos destinados principalmente para educación básica, con 31,646 millones, para educación superior, 15,573 millones y 2,300 millones para media superior.

Lo anteriormente expuesto, motiva los argumentos fundamentales de la presente iniciativa para coadyuvar en el propósito de apoyar la Reforma Educativa a partir de reformas y adiciones a la Ley General de Educación, con objeto de que se adopten acciones ejecutivas conducentes en el sector educativo para corregir la situación vulnerable que en este ámbito viven los jóvenes de nuestro país. Se trata de pasar de las promesas a las acciones y generar normas protectoras para la formación académica de los jóvenes en beneficio del desarrollo de nuestro país.

Inicialmente se proponen acciones para reducir significativamente la tasa de deserción en los niveles de educación media superior, para lo cual se debe establecer la preferencia en el otorgamiento de becas a los jóvenes que tengan entre 15 y 19 años de edad, y la adopción de acciones ejecutivas que estimulen la permanencia de los jóvenes en los planteles escolares.

Otro propósito consiste en evitar que se desaproveche la preparación lograda por los jóvenes que generalmente, por razones económicas, se ven obligados a desertar de sus estudios en los niveles de educación media superior y educación superior. Para ello, se propone su participación en labores de promoción y asesoría en el sistema de la educación para adultos.

Una propuesta relevante se refiere a la necesidad de que en el sistema educativo nacional se implanten programas pertinentes para que en la educación de estos niveles se procure la impartición de conocimientos, habilidades o destrezas que permitan desarrollar actividades productivas con demanda en los mercados laborales nacionales y en las entidades federativas.

La iniciativa que se propone responde a la necesidad de establecer acciones ejecutivas para crear nuevas condiciones que gradualmente permitan eliminar las graves vulnerabilidades que padecen los jóvenes del país en el ámbito educativo y, de esa manera, dar contenido real y concreto a los propósitos del desarrollo social y nacional que postula el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos senadores y senadoras de la República proponemos la presente iniciativa con el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se adicionan una fracción XVII al artículo 7o; un tercer párrafo al artículo 32; una fracción VIII Bis al artículo 33; un tercer párrafo al artículo 44, recorriéndose en su orden los subsiguientes; y se reforma el primer párrafo del artículo 45; todos ellos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o.

I a XVI.

XVII. Promover el desarrollo integral de los jóvenes mediante acciones ejecutivas que incluyan a los jóvenes de manera prioritaria en los programas educativos para estimular la permanencia escolar y el esfuerzo académico.

Artículo 32.

En especial esas medidas se dirigirán a los jóvenes entre 15 y 29 años de edad.
Artículo 33.

I a VIII. …

VIII. Bis. Los jóvenes entre 15 y 29 años tendrán preferencia en el otorgamiento de becas de las instituciones de la educación que impartan el Estado y los particulares. Las autoridades establecerán, con el apoyo del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, el número y monto de las becas que deberán otorgarse preferentemente a los jóvenes.

IX a XVII.



Artículo 44.

Los servicios a los que se refiere el párrafo anterior serán dirigidos preferentemente a los jóvenes que hayan dejado los estudios escolarizados. Los jóvenes podrán participar en las actividades de promoción y asesoría de educación para adultos.

Artículo 45.- La formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio calificados. Estas acciones estarán dirigidas prioritariamente a jóvenes en edad de trabajar y hasta los 29 años.

...

...

...

...

TRANSITORIOS

Único.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 14 de diciembre de 2015.

Suscriben,

Sen. Emilio Gamboa Patrón.- Sen. Carlos Alberto Puente Salas.- Sen. René Juárez Cisneros.- Sen. Enrique Burgos García.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Miguel Romo Medina.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Roberto Albores Gleason.- Sen. Ricardo Barroso Agramont.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A FIN DE CREAR LA SECRETARÍA DE CULTURA

(Presentada por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

(Presentada por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS Y MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO XVII DEL TÍTULO TERCERO DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Presentada por la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT)







 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 106 y 108 de la Ley General de Salud, en materia de información para la salud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 106 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 108 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 106 de la Ley General de Salud, en relación al tema de datos de salud de carácter Público.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de febrero de 2015, la senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, presentó Iniciativa, que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 106 de la Ley General de Salud, en relación al tema de datos de salud de carácter Público.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.
3. Con fecha 04 de agosto de 2015, la Mesa Directiva del Senado de la República, autorizó la prórroga hasta por la mitad del plazo que marco el párrafo 1 del artículo 212 del Reglamento del Senado, como lo permite el párrafo 3 del mismo artículo, para la elaboración del dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 106 de la Ley General de Salud, en materia de información de datos para el consumo de los ciudadanos.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Senadora proponente plantea una propuesta por la que se reforma el artículo 106 de la Ley General de salud, en materia de información de datos para el consumo de los ciudadanos.

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE

PROPUESTA DE INICIATIVA

Artículo 106. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las autoridades de las comunidades indígenas cuando proceda, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, que generen y manejen la información a que se refiere el artículo 104 de esta ley, deberán suministrarla a la Secretaría de Salud, con la periodicidad y en los términos que ésta señale, para la elaboración de las estadísticas nacionales para la salud.

Artículo 106.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las autoridades de las comunidades indígenas cuando proceda, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, que generen y manejen información para la salud deberán suministrarla a la Secretaría de Salud, con la periodicidad y en los términos que esta señale en la normatividad respectiva.

 

La Secretaría de Salud, generará, recolectará, administrará y publicará en formatos de datos abiertos los datos y bases de datos del Sistema Nacional de Salud conforme a las características y criterios establecidos en la legislación aplicable.

III. CONSIDERACIONES

A.Las Comisiones Unidas Dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. La globalización en los últimos años ha avanzado a pasos agigantados, alcanzando características que la destacan como un aumento exponencial en la capacidad de intercambiar bienes y servicios y sobre todo una mayor interdependencia entre las personas, organizaciones y las tecnologías.

Las Tecnologías de Información y Comunicación, TIC, se hacen presentes dentro de la salud de una manera importante, ya que cabe señalar que la práctica clínica gira alrededor de datos, información y conocimiento. El desarrollo de infraestructura en comunicación permite el flujo de información entre todas las partes que integran un sistema de salud lo cual repercute que pueda ser más eficiente, mejorando la calidad de los servicios por una parte y por otra facilitando la gestión al ciudadano.

Las posibilidades que las TIC ponen a disposición de la comunidad entre otras ventajas, disminuir los desequilibrios y las desigualdades del acceso a los servicios de salud, optimización de la relación costo-beneficio y favorecimiento del desarrollo y crecimiento.

En el sector salud el flujo de información es sumamente importante, ya que hay factores que lo demuestran como un sector con alto grado de regulación y totalmente de gestión pública. La implementación de estas tecnologías dentro del sector salud genera un cambio, favoreciendo el desarrollo de herramientas dirigidas a áreas como planificación, información, gestión, prevención, promoción, siendo de gran utilidad para eficientar al sector sanitario.

C. En otro tenor de ideas se enfatiza que la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del 2013, establece en su artículo Décimo Cuarto Transitorio, que el Ejecutivo Federal tendrá a su cargo la política de inclusión digital universal, en la que se incluirán los objetivos y metas en materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnologías de la información y comunicación, y habilidades digitales, así como los programas de gobierno digital, gobierno y Datos Abiertos.

D. Por otro lado, el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, contempla establecer una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de México en la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Cabe decir, que uno de los objetivos primordiales es impactar, entro otros aspectos, en la calidad de los servicios de salud, en la innovación y transformación de la gestión gubernamental, en la educación y la generación de habilidades digitales en la población, en el desarrollo del ecosistema de economía digital y en el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad ciudadana. Este impulso será mediante el uso de las Tecnologías de la información y Comunicación, lo cual permitirá el desarrollo de la modernización y la mejora de los servicios y bienes públicos.

Cabe señalar que en dicho programa el objetivo que incumbe a este dictamen por la importancia del tema es el número 5 en especial el 5.2 como lo marca la siguiente:

Estrategia 5.2 Contribuir a la convergencia de los sistemas y a la portabilidad de coberturas en los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud mediante la utilización de TIC.

Líneas de acción

5.2.1 Impulsar la convergencia de los sistemas y la portabilidad de coberturas en los servicios de salud mediante la utilización de tecnologías de información y comunicación.

5.2.2 Establecer la personalidad única en salud a través de un padrón general de salud, incluyendo entre otra, información de beneficiarios y profesionales.

5.2.3 Fomentar la adopción y uso de Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud, en el Sistema Nacional de Salud.

5.2.4 Implementar el Certificado Electrónico de Nacimiento, la Cartilla Electrónica de Vacunación y el Expediente Clínico Electrónico, e integrar información biométrica de pacientes.

5.2.5 Impulsar el intercambio de la información clínica, homologada y apegada a estándares, de manera interinstitucional e intersectorial mediante TIC.

5.2.6 Expedir Guías de Intercambio para los Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud.

5.2.7 Instrumentar mecanismos innovadores de salud a distancia en múltiples plataformas, Telesalud y Telemedicina.

5.2.8 Fortalecer los mecanismos de difusión de información en salud alineados a la estrategia de datos abiertos.

5.2.9 Promover reformas al marco normativo en materia de salud que estén relacionadas con la aplicación de TIC.

5.2.10 Establecer bases y/o convenios de colaboración y diseñar disposiciones que garanticen la prestación de los servicios digitales de salud.

Por ende, en esta estrategia se destaca, contribuir a la convergencia de los sistemas y a la portabilidad de coberturas en los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud, mediante la utilización de Tecnologías de la Información y Comunicación, y cuyas líneas de acción 5.2, 5.2.3 y 5.3.4, establecen: impulsar la convergencia de los sistemas y la portabilidad de coberturas en los servicios de salud mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación, fomentar la adopción y uso de Sistemas de Información de Registro electrónico para la Salud, en el Sistema Nacional de Salud.

En específico el punto 5.2.8 hace referencia a Fortalecer los mecanismos de difusión de información en salud alineados a la estrategia de datos abiertos.

Por otro lado, en el Objetivo 6 del mismo instrumento hace mención a: “Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud” estrategia 6.4 Integrar un sistema universal de información en salud y línea de acción 6.4.6 Fortalecer los mecanismos de difusión de información en salud alineados a una estrategia de datos abiertos”.

E. Estas comisiones co-dictaminadoras estiman que la iniciativa de mérito es loable, ya que fortalece las estrategias que se han implementado en materia de Datos Abiertos, como lo es, la expedición del Decreto por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2015, el cual tiene por objeto regular la forma mediante la cual, los datos de carácter público, generados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y por las empresas productivas del Estado, se pondrán a disposición de la población como datos abiertos, con el propósito de facilitar su acceso, uso, reutilización y redistribución para cualquier fin, conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables.

F. Así mismo se hace referencia que en la Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos, se plasma quelos datos de carácter público que genera o administra el gobierno, son activos de los mexicanos que, previendo el debido cumplimiento en materia de protección de datos personales, deben poder ser utilizados por cualquier persona y para cualquier fin;

Los datos abiertos, son los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea, y pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos, por cualquier interesado; y que cuentan con las siguientes características mínimas:

  1. Gratuitos: Se obtendrán sin entregar a cambio contraprestación alguna;
  1. No discriminatorios: Serán accesibles sin restricciones de acceso para los usuarios;
  1. De libre uso: Citarán la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente;
  1. Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática;
  1. Integrales: Deberán contener, en la medida de lo posible, el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios;

 

  1. Primarios: Provendrán de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible;
  1. Oportunos: Serán actualizados periódicamente, conforme se generen, y,
  1. Permanentes: Se deberán conservar en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso público, se mantendrán disponibles a través de identificadores adecuados para tal efecto.

F. Sin embargo, para reforzar la propia propuesta, incumbencia del presente instrumento legislativo, es que se considera viable hacer adecuaciones, adicionando un párrafo al artículo 108 y con ello anexar el tema de poner a disposición de la población en formato de datos abiertos, la información para la salud.

Para efectos de lo anterior, se propone la siguiente redacción:

Ley General de Salud Vigente

Iniciativa

Propuesta de las Comisiones

Artículo 106. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las autoridades de las comunidades indígenas cuando proceda, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, que generen y manejen la información a que se refiere el artículo 104 de esta ley, deberán suministrarla a la Secretaría de Salud, con la periodicidad y en los términos que ésta señale, para la elaboración de las estadísticas nacionales para la salud.

Artículo 106. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las autoridades de las comunidades indígenas cuando proceda, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, que generen y manejen la información para la salud deberán suministrarla a la Secretaría de Salud, con la periodicidad y en los términos que ésta señale en la normatividad respectiva.

 

La Secretaría de Salud, generará, recolectará, administrará y publicará en formatos de datos abiertos los datos y bases de datos del Sistema Nacional de Salud conforme a las características y criterios establecidos en la legislación aplicable.

106.- …

(Sin modificaciones)

Artículo 108.- La Secretaría de Salud orientará la capacitación, producción, procesamiento, sistematización y divulgación de la información para la salud, con sujeción a los criterios generales que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a los cuales deberán ajustarse las dependencias y entidades del sector público y las personas físicas y morales de los sectores social y privado.

 

Artículo 108.- La Secretaría de Salud orientará la capacitación, producción, procesamiento, sistematización y divulgación de la información para la salud, con sujeción a los criterios generales que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a los cuales deberán ajustarse las dependencias y entidades del sector público y las personas físicas y morales de los sectores social y privado.

Asimismo, la Secretaría de Salud, pondrá a disposición de la población en general, en formato de datos abiertos, la información para la salud que administre, sujetándose para ello a las disposiciones jurídicas aplicables.

G. En este tenor de ideas es importante difundir la información en salud bajo este esquema, por ello con base en lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman que la materia de la Iniciativa en comento es de trascendencia, por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente Proyecto de Decreto de la Minuta en comento, con modificaciones:

PROYECTO DE DECRETO

Único: Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 106 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 108, de la Ley General de Salud.

Artículo 106. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las autoridades de las comunidades indígenas cuando proceda, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, que generen y manejen la información para la salud, deberán suministrarla a la Secretaría de Salud, con la periodicidad y en los términos que ésta señale, en la normatividad respectiva.
La Secretaría de Salud, generará, recolectará, administrará y publicará en formatos de datos abiertos los datos y bases de datos del Sistema Nacional de Salud conforme a las características y criterios establecidos en la legislación aplicable.

Artículo 108.- La Secretaría de Salud orientará la capacitación, producción, procesamiento, sistematización y divulgación de la información para la salud, con sujeción a los criterios generales que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a los cuales deberán ajustarse las dependencias y entidades del sector público y las personas físicas y morales de los sectores social y privado.

Asimismo, la Secretaría de Salud, pondrá a disposición de la población en general, en formato de datos abiertos, la información para la salud que administre, sujetándose para ello a las disposiciones jurídicas aplicables.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Salud, se concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Las Tecnologías de Información y Comunicación cada día se hacen presentes dentro de la salud de una manera importante, ya que la práctica clínica gira alrededor de ellas, y sobre todo alrededor de los datos, la información y el conocimiento. El desarrollo de infraestructura en comunicación permite el flujo de información entre todas las partes que integran un sistema de salud lo cual repercute en que pueda ser más eficiente, mejorando la calidad de los servicios por una parte y por otra facilitando la gestión al ciudadano, por ello, para mejorar la calidad de la atención.

Es fundamental la información que la Secretaría de Salud capta, por tal motivo, la mejoría de los procesos y procedimientos en la prestación del servicio médico, no deben ser sólo en un concepto, en un enunciado o en un compromiso demagógico, sino por el contrario, deben de ser una realidad.
Es por tales motivos que debemos seguir avanzando para brindar una atención de calidad y darle a la sociedad lo que hoy se demanda, que no es más que hacer efectivo su derecho a la salud dignamente.

Hoy en día, existe la Estrategia Digital Nacional, cuyo objetivo es una salud universal y efectiva, es el encargado de fomentar el uso y el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación en nuestro país.

En su objetivo 6 del mismo instrumento, hace mención sobre avanzar en la    construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud.

Y en su estrategia 6.4 menciona el integrar un sistema universal de información en salud, y en la 6.4.6 fortalecer los mecanismos de difusión de información en materia de salud alineados a una estrategia de datos abiertos.

Al tenor de lo anterior, se debe vigilar la correcta adecuación de criterios, bajo los cuales se deben generar, procesar, conservar, interpretar y asegurar el intercambio de información sobre salud, ya que dicha información deberá y estará concentrada por un eje rector como la Secretaría de Salud.

La reforma de este dictamen, fortalece las estrategias que se han implementado en materia de datos abiertos, como lo es la expedición del Decreto por el que se establece la regulación en materia de datos abiertos, publicado en febrero de este año, el cual tiene por objeto regular la forma mediante la cual, los datos de carácter público, generados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se pondrán a disposición de la población como datos abiertos, con el propósito de facilitar el acceso, a su uso, reutilización y redistribución para cualquier fin.

Por ello esta reforma consiste, precisamente, en que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las autoridades de las comunidades indígenas cuando proceda, así como las personas físicas y morales del sector social y privado que generen y manejen la información para la salud deberán suministrarla a la Secretaría de Salud, con la periodicidad y en los términos que esta señale en la normatividad respectiva.

Asimismo, como la Secretaría de Salud generará, recolectará, administrará y publicará en formatos de datos abiertos, los datos y bases de datos del Sistema Nacional de Salud, conforme a las características y criterios establecidos en la legislación aplicable.

De igual forma la Secretaría pondrá a disposición de la población en general, en formato de datos abiertos la información para la salud que administre, sujetándose para ello, a las disposiciones jurídicas aplicables.

Por ello, las comisiones dictaminadoras coincidimos en que la propuesta busca lograr una mayor seguridad en el manejo de la información, con la intención de que se avance en la eficacia de los servicios de atención médica.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Ortiz Domínguez.

Informo que no se han inscrito los grupos parlamentarios para fijar posicionamientos, en consecuencia, está a discusión en lo general el dictamen.
Tiene el uso de la palabra la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen que ha sido presentado.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, señor Presidente.

En lo personal, primero reconocer el trabajo tan importante que estamos por concluir en este periodo, a la Comisión de Salud, a la Mesa Directiva, nuestra amiga la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez y a todos quienes la integran, y en lo personal, este dictamen para mí tiene una gran importancia.

En la actualidad las tecnologías de información y comunicación tienen presencia en todos los aspectos de nuestra vida, facilitando nuestra quehacer diario; impulsar su expansión en diversos sectores del gobierno es de gran relevancia para coadyuvar el tránsito de nuestro país, hacia la sociedad de la información y del conocimiento. Actualmente la información se vuelve un requisito fundamental para que la población conozca sobre diversos acontecimientos con datos recientes que pueden ser actualizados constantemente.

En el sector salud una mejora en tecnología tendría un gran impacto como lo señaló la Senadora Maki Ortiz, favoreciendo la creación de herramientas dirigidas a diversas áreas de planificación, información de gestión, prevención promoción.

Destaco que la inclusión de las tecnologías de información de comunicación y salud, está prevista en el programa para un gobierno cercano y moderno 2013-2018, que contempla establecer una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de México en la sociedad de la información y del conocimiento; por lo que se debe contribuir a la convergencia de los sistemas y a la portabilidad de coberturas en los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud mediante la utilización de tecnologías.

Hoy es muy importante para alcanzar en el futuro la universalización del sistema, contar con tecnologías, solamente la portabilidad nos puede llevar al tránsito de la universalización de los mismos. Una de las estrategias de este programa hace referencia a fortalecer los mecanismos de difusión de información en salud, alineados a la estrategia de datos abierto.

Compañeros Senadores, el acceso a la información no sólo es un derecho sino una necesidad de los mexicanos, por lo que la difusión de información relativa a la salud para la sociedad mexicana toma gran relevancia a este tenor.

Asimismo, la introducción de las tecnologías de la información y comunicación en el sector de la salud se hace necesaria para facilitar el tránsito hacia la sociedad de la información y el conocimiento, requisito necesario para mantener a nuestro país a la vanguardia.

Por lo anterior expuesto, en el grupo parlamentario del PRI, estamos a favor del presente proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 106 y se adiciona un segundo párrafo al 108 de la Ley General de Salud.

Muchas gracias agradezco a todos mis compañeros Senadores el apoyo a este  dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Díaz Salazar.

Se inserta intervención del Senador Francisco Salvador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a don Martin Sandoval, Senador del estado de Illinois, en los Estados Unidos de América, invitado por el Senador Jesús Casillas Romero.

¡Sea usted bienvenido al Senado de la República!

En virtud de no haber más oradores inscritos ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado a efecto de informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 73 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 106 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 108 de la Ley General de Salud. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se declara el último miércoles del mes de mayo de cada año como el “Día Nacional de la Esclerosis Múltiple”.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL ÚLTIMO MIÉRCOLES DEL MES DE MAYO DE CADA AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE”

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la Iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se declara el último miércoles del mes de mayo de cada año como el “Día Nacional de la Esclerosis Múltiple”.

Una vez recibida por las comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 3 de Junio de 2015, las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez, Roberto Armando Albores Gleason, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y la Senadora María Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el último miércoles del mes de Mayo de cada año como el "Día Nacional de la Esclerosis Múltiple".

En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que se turnara a la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa propone declarar el último miércoles del mes de mayo de cada año como el "Día Nacional de la Esclerosis Múltiple".

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. La esclerosis múltiple, es considerada una enfermedad autoinmune, crónica, e inflamatoria del sistema nervioso central, se presenta en individuos genéticamente susceptibles e involucra a factores inmunológicos como anticuerpos, complementos y mediadores de la respuesta inmune que tenemos por nacimiento.

Dicha enfermedad es considerada desmielinizante inflamatoria idiopática, porque comienza por atacar la vaina de mielina que envuelve al nervio, encargado de transmitir las sensaciones al cerebro y a la médula espinal y constituye una de las causas más frecuentes de discapacidad neurológica en adultos jóvenes, es decir entre la segunda y tercera década de su vida. Una de las consecuencias de dicha enfermedad, es que desde su aparición hasta los 15 años después de padecerla, el paciente pierde paulatinamente motricidad hasta que se vuelve incapaz de caminar.

C. Algunos de los síntomas que se presentan aparecen con frecuencia o de forma moderada, por ejemplo: el cansancio, hormigueo, trastornos en la sensibilidad, alteraciones del equilibrio, temblor involuntario, rigidez, espasticidad, debilidad en las extremidades, alteraciones en la vista o en el funcionamiento de la vejiga o intestinos, además de cambios que se presentan en la salud mental. Y cabe mencionar que aún se desconocen las causas que originan este padecimiento que aparece de forma abrupta.

Así mismo de acuerdo con la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, este padecimiento es progresivo y aún no existe cura, sin embargo, puede ser tratado exitosamente, si se detecta a tiempo. Actualmente alrededor de 2.3 millones de personas viven con esclerosis múltiple en el mundo, aunque es muy probable que cientos de miles más sigan sin diagnosticar.

D. Esta enfermedad crónica afecta a alrededor de 14 mil mexicanos, por lo que es una de las diez causas de consulta neurológica más frecuente, constituyendo la causa no traumática más frecuente de invalidez en el adulto joven y tiene una frecuencia máxima de diagnóstico entre los 20 y 40 años, siendo dos veces más frecuente en el sexo femenino.

Así mismo existen diferentes tipos de esclerosis, por lo que los tratamientos pueden variar y abarcar moduladores inmunitarios, esteroides, medicamentos colinérgicos, antidepresivos, medicamentos para reducir los espasmos musculares y medicamentos para disminuir la fatiga, la administración adecuada de los medicamentos permiten aminorar los síntomas y retardar la progresividad de la enfermedad.

F. De acuerdo con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, la Esclerosis Múltiple no es fácil de detectar o diagnosticar, ya sea porque los síntomas tempranos pueden ser inespecíficos, porque otras enfermedades del Sistema Nervioso Central tienen algunos síntomas similares o porque aún no se cuenta con una prueba neurológica o de laboratorio definitiva que pueda confirmar o descartar dicha enfermedad. Sin embargo, se trabaja con investigación para clarificar el diagnóstico. El estudio indispensable para confirmar el diagnóstico es la resonancia magnética.

G. Hay que destacar que la esclerosis modifica la forma de vida de las personas ya que lamentablemente es una enfermedad que requiere una fuerte cantidad de dinero para iniciar los estudios necesarios para su diagnóstico y posteriormente seguir con el tratamiento.

Derivado de ello podemos decir que los costos y cuidados, conllevan también el deterioro emocional tanto del paciente como de sus familiares. No obstante, si se logra detectar a tiempo, las condiciones de vida del paciente pueden ser mejores.

H. Hay que señalar que en el año 2009 se lanzó por iniciativa de las Organizaciones de la Sociedad Civil a nivel internacional, el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, a partir de campañas de concientización sobre las características de la enfermedad y cómo incide en la vida de las personas que la padecen.

La Conmemoración de este Día se traduce en que la comunidad internacional de Esclerosis Múltiple compartan experiencias y se realicen campañas con y para todos aquellos afectados por la misma, centrándose en temas torales como: empleo, jóvenes que la padecen, accesibilidad, y las diferentes facetes de la enfermedad, entre otras.

El Día Mundial de la Esclerosis Múltiple es la única campaña de concientización de la misma a nivel global. La aceptación de la Conmemoración de este día ha sido tal que en 2013 se llevaron a cabo actividades en más de 68 países de todo el mundo, alcanzando a más de 300,000 personas.

I. Por lo anterior es de gran importancia que en nuestro país se declare el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, con la finalidad de poner el tema en la Agenda Nacional y sensibilizar a la sociedad, despertar la consciencia en la sociedad mexicana sobre esta enfermedad y realizar todas aquellas acciones necesarias para hacer frente, de manera integral, a la Esclerosis Múltiple.

Es por lo anteriormente vertido, que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, consideran la propuesta viable, es por ello que con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único.- El Honorable Congreso de la Unión declara el último miércoles del mes de mayo de cada año como el “Día Nacional de la Esclerosis Múltiple”.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea que el dictamen que está a discusión consta de un solo artículo, por lo que esta discusión se hará en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Como muchos saben, la esclerosis múltiple es un padecimiento progresivo y crónico que paulatinamente deteriora el sistema autoinmune del paciente y que tarda de uno a tres años o más en poder ser diagnosticado.

Afecta tres veces más a mujeres que a hombres y se presenta, por lo general, en personas de edades productivas de 20 a 40 años.

La falta de información sobre la enfermedad, sus síntomas y consecuencias en la salud hacen que pueda pasar por desapercibida por los pacientes, los profesionales de la salud o que, incluso, amigos y familiares no acepten el diagnóstico por ser desconocido.

Existen más de 30 síntomas que tienen que ver con problema visuales, de equilibrio, coordinación, la pérdida de la sensibilidad de uno o más miembros, cosquilleo constante, pérdida de la fuerza, disfunción de la vejiga y de los intestinos, disfunción cognitiva, espasticidad, fatiga en entornos calientes, anomalías en el habla, dolor y problemas sexuales.

Todos ellos representan una lucha diaria para las personas que han sido diagnosticadas con esclerosis múltiple.

Pero es más difícil para todos aquellos que no conocen la enfermedad y que por su situación geográfica o económica no han podido tener acceso a especialistas que los diagnostiquen y que puedan iniciar el tratamiento que mitigue, detenga y controle cada uno de los síntomas. Estos tratamientos cuestan más de 60 mil pesos mensuales y son un gasto catastrófico para cualquiera que lo padece.
Datos de la Organización Mundial de la Salud destacan que en el mundo hay aproximadamente 2 mil 300 millones de personas que la padecen.

A pesar de los grandes avances de los últimos años, lamentablemente no existe cura.

Actualmente en nuestro país ya se considera la principal causa de discapacidad neurológica entre la población económicamente activa y aproximadamente el 47 por ciento de las personas que viven con esta enfermedad no cuentan con seguridad social o se atienden en el sector privado y el otro 53 por ciento restante acude a los sistemas de salud públicos.

En relación con lo anterior, se consideró importante que una vez diagnosticada la esclerosis múltiple se atienda de inmediato, con un tratamiento modificador de la enfermedad, inmuno-opresores que pueden detener el progreso degenerativo y con ello evitar la aparición de brotes y el desarrollo de lesiones que de no controlarse pueden provocar la incapacidad a corto, mediano y largo plazo de manera      permanente.

Por lo anterior, es que cada 27 de mayo de cada año se celebra el “Día Mundial de la Esclerosis Múltiple” que se constituye como una campaña de concientización a nivel global, desde su lanzamiento en 2009.

Lo anterior refuerza las acciones a favor de esta enfermedad, con la única intención de proporcionar al público la información sobre la misma y con ello crear conciencia  sobre la manera en que este problema afecta la vida de millones de personas en el mundo.

Por ende, no debemos hacer caso omiso, debemos tomar conciencia con la finalidad de crear las acciones necesarias que puedan contribuir al diagnóstico, tratamiento y apoyo de personas con esclerosis que bien puedan integrarse a la sociedad si llevan el adecuado tratamiento.

Éstas y otras enfermedades hacen que sea urgente que tengamos un sistema integrado de salud que tenga la portabilidad, en donde está incluido el expediente electrónico que mencionaba la Senadora y también el padrón general de derechohabientes, para que un ciudadano pueda ir del trabajo formal a la informalidad con su información médica y de Chihuahua a Yucatán con esa misma información.

Y también un sistema convergente para que sea homologada la atención de la calidad en cualquier parte de la República. Solamente así podremos avanzar en darle a los mexicanos el sistema digno de salud que merecen.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Ortiz Domínguez.

Informo a la Asamblea que no hay inscritos en el apartado de posicionamientos de los grupos parlamentarios, por lo que pasamos a la discusión en lo general.

Insértese el posicionamiento de la Senadora María Elena Barrera Tapia, en el Diario de los Debates.

La Senadora María Elena Barrera Tapia: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño de la Senadora Anabel Acosta Islas.

La Senadora Anabel Acosta Islas: (Desde su escaño) Para solicitar, señor Presidente, que se incorpore en el Diario de los Debates mi presentación. Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se incorpora su posicionamiento íntegramente en el Diario de los Debates.

La Senadora Anabel Acosta Islas: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra la Senadora Sonia Rocha Acosta, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Con el permiso del señor Presidente. Buenas tardes.

Me gustaría hablar a favor del dictamen porque creo que es una enfermedad la esclerosis múltiple, neurológica y crónica degenerativa causada por el daño de la vaina de mielina, es decir, la cubierta protectora que rodea las neuronas.

Quiero decirles que adicional a lo que nuestra Presidenta de la Comisión de Salud, la doctora Maki, informó, es importante reconocer que es una enfermedad que ha afectado a hombres y mujeres entre 20 y 40 años. Esto implica que esas mujeres y esos hombres están en edad productiva y lo que implica es en todos los sentidos una afectación a las familias.

Como ya lo dijo la Senadora Maki, y por eso se dictaminó así en la Comisión de Salud, por lo que representa en la economía de las familias, en la formación de las familias y en todo sentido una afectación a la economía de las familias.

En nuestro país, 7 de cada 10 pacientes con esclerosis múltiple son diagnosticados entre 20 y 40 años de edad, según la Academia Mexicana de Neurología. El nombre de esclerosis múltiples significa tanto el número, como la condición de las áreas en las que se ha eliminado la mielina en el sistema nervioso central.

La esclerosis múltiple, enfermedad imprevisible del sistema nervioso central puede variar entre relevantemente benigna y algo incapacitante, hasta devastadora, a medida que se perturba la comunicación entre el cerebro y otras partes del cuerpo.

La gran mayoría de los pacientes se ven ligeramente afectados, pero en los casos peores, la esclerosis múltiple, una persona puede desarrollar incapacidad al escribir, al hablar o al caminar. Y yo ya lo mencioné, gran cantidad de estas personas están en etapa productiva, entre los 20 y los 40 años.

En México hay 15 mil pacientes con esclerosis múltiple y atenderlos es todo un reto por diversos factores: el diagnóstico tardío, que muchas veces pasa; falta de neurólogos que los atiendan y un tratamiento muy costoso, como ya lo dijo la Presidenta de la Comisión.

Por lo anterior vertido y con la finalidad de poner el tema en la agenda nacional, como sensibilizar a la sociedad y despertar la conciencia de la colectividad mexicana sobre esta enfermedad, y realizar todas aquellas acciones necesarias para hacer frente, de manera integral a esta enfermedad, esclerosis múltiple, es que me sumo a este importante logro de poder determinar el último miércoles del mes de mayo de cada año como “Día Nacional de la Esclerosis Múltiple”.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Rocha Acosta. ¿Alguna otra intervención?

Se inserta intervención del Senador Francisco Salvador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Al no haber más oradores inscritos, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal del dictamen.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 80 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el último miércoles del mes de mayo de cada año como el “Día Nacional de la Esclerosis Múltiple”. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II al artículo 63 de la Ley General de Turismo, en materia de Prestación de Servicios Turísticos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II AL ARTÍCULO 63 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE TURISMO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 63 de la Ley General de Turismo.

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 162, 176, 177, 178, 182, 187, 188, 190, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y análisis de la Iniciativa antes señalada, y conforme a las deliberaciones y al análisis que de la misma realizaron sus integrantes reunidos en pleno, presentan a la consideración de esta soberanía el presente Dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma bajo estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución.

ANTECEDENTES

I. El 24 de marzo de 2015, las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 63 de la Ley General de Turismo, misma que fue suscrita por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros y el Senador Francisco Salvador López Brito.

II. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República turnó dicha Iniciativa a las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

III. Una vez remitida la Iniciativa a estas Comisiones, se procedió a su estudio, análisis y la elaboración del dictamen correspondiente.
CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Iniciativa en estudio propone reformar la fracción II del artículo 63 de la Ley General de Turismo a fin de que la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos se oriente a las características de las líneas de producto y la demanda, la certificación en competencias laborales y fortalecimiento de la especialización del capital humano.

Lo anterior se debe a que la profesionalización de los recursos humanos es clave para fortalecer las ventajas competitivas del sector.

Señalan los promoventes que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) define la competitividad de los destinos turísticos mexicanos, enmarcada por una serie de elementos que requieren desarrollarse de manera armónica para contribuir a posicionarlos en el ámbito internacional como destinos de clase mundial, confiables, atractivos y sustentables, siendo los factores que sustentan la medición de la competitividad los siguientes:

Productividad: Uso de los recursos turísticos de manera ordenada y eficiente que genera mayor valor agregado, riqueza y bienestar.

Innovación: Posibilidad para desempeñar actividades y funciones de forma creativa y que le permite a un destino ser más eficiente y rentable además de garantizar la mejora continua de la experiencia del visitante.

Diversificación: Capacidad para entregar nuevos productos tanto a consumidores actuales como a los potenciales.

Especialización: Habilidad para entregar experiencias únicas a segmentos de mercado específicos y viajeros independientes.

Profesionalización: Planificación, gestión, seguimiento y control de los recursos humanos alineados con los objetivos estratégicos del sector.

Sustentabilidad: Considerar plenamente las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas.

La presente iniciativa se orienta al eje de la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos, ya que ellos son quienes brindan la atención, profesionalismo y calidez al turista, siendo desde su espacio generadores de iniciativas y propuestas creativas para el desarrollo de experiencias únicas, otorgando  servicios y productos especializados que garanticen la satisfacción del turista.

Refieren los promoventes que actualmente los prestadores de servicios turísticos se encuentran diversificados, desde las grandes empresas que engloban a los tour operadores, líneas terrestres de transporte, líneas áreas, cadenas hoteleras, parques de diversiones, desarrolladores y agencias donde principalmente predomina la cultura empresarial y es la que dicta lineamientos en varios factores los cuales incluyen la capacitación y  trazos de acción en el manejo de su producto turístico. Así como las MIPYMES turísticas que cuentan con una carente capacidad de organización y cultura empresarial orillando a nulos incentivos a la capitación y especialización en los temas de profesionalización dentro del sector. 

Ante esta realidad señalan que es necesario que en todos los niveles del sector se brinde capacitación y profesionalización que logre potencializar los esfuerzos orientados al desarrollo turístico en México.
Por lo anterior, la iniciativa propone que la Ley General de Turismo contemple los lineamientos a seguir dentro de la Profesionalización de los prestadores de servicios turísticos que ya están plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo y dentro del Programa Sectorial de Turismo.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de estas Comisiones Unidas reconocen que el turismo es pieza clave para el desarrollo de México, es un sector que ofrece un amplio espectro de opciones para contribuir en la lucha contra la pobreza en México.

La diversificación del sector turismo permite que éste sea fuente importante para el desarrollo y el empleo de aquellas personas que tienen acceso limitado al mercado laboral, tales como las mujeres, los jóvenes, las poblaciones rurales e indígenas.

El turismo es uno de los sectores que, pese a las crisis económicas, continúa teniendo un crecimiento sostenido, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT) hacia 2030 las llegadas de turistas internacionales alcanzarán los 1.800 millones. El Sr. Taleb Rifai Secretario General de la OMT,  ha señalado que “este crecimiento ofrece inmensas posibilidades, ya que pueden ser también años de liderazgo en los que el turismo desbroce el camino del crecimiento económico, el progreso social y la sostenibilidad ambiental”1.

Las previsiones de la OMT señalan que las llegadas internacionales de los destinos en economías emergentes podrían seguir creciendo a un ritmo que duplicaría al de aquellos que se encuentran en economías avanzadas (+4.4% al año frente al 2.2%).

Es de destacar que en 2013 el turismo tuvo avances sobresalientes en nuestro país. El Banco de México y la SECTUR reportaron en el documento: Resultados de la actividad turística. Enero-diciembre 20132, que el número de turistas internacionales alcanzó su nuevo máximo histórico, con 23.7 millones de turistas; el ingreso de divisas también registro un máximo histórico con 13.8 mil millones de dólares; por su parte, la balanza turística presentó un saldo positivo de 4,765.7 millones de dólares; y, el número de visitantes internacionales aumentó 1.4% con respecto a 2012, alcanzando los 77.8 millones de visitantes.

México como país es el primer receptor de estadounidenses que viajan hacia otros destinos del mundo con el 15.45% del mercado. Por regiones lo supera Europa con el 29.85% y El Caribe con el 16.66%, sin embargo, es quien más incremento tuvo en el periodo de enero a noviembre de 2013 con respecto al mismo periodo en 2012.

Es relevante mencionar que en la llegada de turistas a cuartos de hotel, el 78% fueron turistas nacionales y el 22% internacionales, y que de los 77.8 millones de visitantes internacionales que México tuvo en 2013, solo 23.7 millones pernoctaron en México y 54 millones fueron excursionistas sin pernocta.

Bajo este contexto, estas Comisiones Unidas reconocen la importancia de diversificar el turismo y fortalecer todas aquellas prácticas que favorezcan las ventajas competitivas que posicionen a nuestro país como un destino de clase mundial, incluyendo dentro de ellas la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos.

La iniciativa en estudio correctamente señala que la actividad turística tiene una acción intensa en capital humano. Los prestadores de servicios turísticos son pieza clave en la cadena productiva del sector, son los encargados de brindar atención, profesionalismo y calidez al turista, son generadores de experiencias únicas, de iniciativas y productos especializados que buscan garantizar la satisfacción del turista y la calidad del servicio, misma que generará un criterio positivo o negativo al destino. 

El Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 reconoce que los destinos del país requieren ser más competitivos, siendo la innovación, la calidad y la productividad elementos claves para ello.

Bajo este contexto el Objetivo 2 del mencionado programa sectorial denominado “Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística” pretende entender que el turismo mexicano no está aislado y que participa con el resto del mundo en un mercado cada vez más competido por lo que se hace necesario promover un turismo sustentable y de calidad que ofrezca productos y servicios innovadores, con mayor valor agregado y con una adecuada articulación de la cadena de valor. Con calidad, innovación y productividad se generarán las condiciones para que los visitantes tengan una experiencia única, que fortalezca la competitividad del turismo mexicano en el mundo y que haga que la industria turística se desarrolle, que multiplique su potencial y que sus beneficios alcancen a más mexicanos.

Bajo esta concepción, en materia de calidad, encontramos dos estrategias. La Estrategia 2.3 “Promover altos estándares de calidad en los servicios turísticos”, misma que contiene las siguientes líneas de acción:

2.3.1 Generar un esquema integral de estandarización y certificación que incentive la calidad en la prestación de los servicios turísticos.

2.3.2 Desarrollar el Sistema Nacional de Certificación que fomente de manera transversal y concurrente la certificación en los destinos y servicios turísticos.

2.3.3 Instrumentar un programa de verificación del cumplimiento a la normatividad aplicable.

2.3.4 Evaluar los efectos de los instrumentos de certificación para mejorar la oferta de bienes y servicios turísticos.

Por su parte, la Estrategia 2.4 “Impulsar la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos”, establece las siguientes líneas de acción:

2.4.1 Promover la profesionalización de prestadores de servicios turísticos, orientados a las características de las líneas de producto y la demanda.

2.4.2 Impulsar la capacitación de los prestadores de servicios y promover la certificación en competencias laborales.

2.4.3 Impulsar la generación de observatorios turísticos y el Sistema Nacional de Capacitación Turística para la detección de las necesidades del sector.

2.4.4 Fortalecer la especialización del capital humano en el sector y promover la formalización del empleo turístico.

2.4.5 Sistematizar la información de los prestadores de servicios, mediante un Registro Nacional de Turismo (RNT) orientado al fomento y la calidad.

De lo anterior se puede apreciar que la política turística nacional reconoce la importancia de la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos y la encamina a fortalecer la competitividad del sector.
Estas Comisiones Dictaminadoras consideran que México tiene todo lo necesario para convertirse en una potencia turística a nivel global y que a fin de contribuir a fomentar la competitividad de los destinos turísticos mexicanos se deben de impulsar toda una serie de elementos que deben desarrollarse de manera armónica, incluyendo dentro de ellos, la profesionalización, la que de acuerdo con el Programa Sectorial de Turismo se entiende como la planificación, gestión, seguimiento y control de los recursos humanos alineados con los objetivos estratégicos del sector.

El alinear la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos con los objetivos estratégicos del sector contribuirá a complementar una oferta de calidad en cada destino de México, para que se continúe ofreciendo a sus visitantes experiencias únicas que lleven a nuestros visitantes a regresar y a recomendar a México; además de que a través del ello se logrará reforzar y potencializar todos los esfuerzos encaminados a las líneas y metas nacionales.

Por ello, estas Comisiones Dictaminadoras consideran oportuno reformar la fracción II del artículo 63 para establecer que corresponde a la Secretaría de Turismo promover la competitividad de la actividad turística, y en coordinación con las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, fomentar: la profesionalización de quienes laboran en empresas turísticas orientadas a las características de las líneas de producto y la demanda, la certificación en competencias laborales y fortalecimiento de la especialización del capital humano.

Por todas las consideraciones antes vertidas, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Segunda que suscriben el presente dictamen, someten a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente:

DECRETO

QUE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

Artículo Único. Se reforma la fracción II al artículo 63 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 63. …

I.

II. La profesionalización de quienes laboran en empresas turísticas o prestan servicios en la actividad: orientados a las características de las líneas de producto y la demanda, la certificación en competencias laborales y fortalecimiento de la especialización del capital humano;

III. a VI. …

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 13 de octubre de 2015.

COMISIONES UNIDAS DE TURISMO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

1 Véase Organización Mundial del Turismo, comunicado de prensa “Los turistas internacionales llegarán a 1.800 millones en 2030”, consultado el 12 de agosto de 2015 en http://media.unwto.org/es/press-release/2011-10-11/los-turistas-internacionales-llegaran-1800-millones-en-2030

2 SECTUR. Resultados de la actividad turística. Enero-diciembre 2013, consultado el 11 de agosto de 2015 en http://consulmex.sre.gob.mx/montreal/images/Consulado/Comunicado/rat2013_18feb14.pdf

(Intervención del Senador Manuel Humberto Cota Jiménez)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, en consecuencia, la discusión se hará en lo general y en lo particular en un solo acto.

Al no haber oradores inscritos, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 82 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II al artículo 63 de la Ley General de Turismo. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Propiedad Industrial, en materia de reclamación en casos de registro de distintivos que caractericen determinado producto.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(Dictamen de segunda lectura)



(Intervención de la Senadora Mely Romero Celis)



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano)

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea que no hay oradores registrados para la presentación del dictamen por parte de las comisiones dictaminadoras, tampoco hay oradores inscritos para el posicionamiento de grupos parlamentarios, ni tampoco para la discusión en lo general.

Informo que se ha recibido, de parte del Senador Héctor Larios, del grupo parlamentario del PAN, una reserva al artículo 120 del proyecto.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos que no han sido reservados.

Se instruye a la Secretaría registre el sentido del voto de los Senadores Jesús Casillas y José María Martínez, a favor del dictamen.

Así se registra, Senador Martínez, con mucho gusto.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 77 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Queda aprobado en lo general los artículos no reservados del proyecto de reformas a la Ley de la Propiedad Industrial.

Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios Córdova, para referirse al artículo 120 del proyecto de Decreto.

Dé lectura la Secretaría a la propuesta de reserva presentada por el Senador Héctor Larios.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta de reserva.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por el Senador Héctor Larios.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén porque se acepte, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se acepte, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Por no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la propuesta presentada.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se acepte, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se acepte, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se acepta la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aceptada la propuesta de reserva presentada por el Senador Héctor Larios.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por tres minutos, para recoger la votación nominal del artículo 120 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Informo que estamos votando la propuesta del artículo 120 conforme a la propuesta presentada por el Senador Héctor Larios.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 87 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, queda aprobado el artículo 120 del proyecto de Decreto. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de la Propiedad Industrial. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Enseguida, pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adicionan la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de procedimiento por imposición de infracciones.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 110 BIS Y 116 BIS Y UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 128 TER DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la minuta que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 116 de la Ley Federal de Protección al Consumidor enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Los ciudadanos Senadores integrantes de estas comisiones unidas realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 117, numeral 1, 135 numeral 1, fracciones I y II, 177, numerales 1 y 2, 178, 182, 190, del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las comisiones dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados y turnada como Minuta a la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de la Cámara de Diputados.

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

En el capítulo de “Modificaciones” los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan cambios a la Minuta enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el objeto de sustentar su viabilidad desde el punto de vista jurídico.

II. Antecedentes

1. El 13 de octubre de 2010 los entonces Diputados Federales, Francisco Saracho Navarro, Hugo Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente, Rubén Moreira Valdez, Miguel A. Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Noé Fernando Garza Flores y Tereso Medina Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXI Legislatura presentaron en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 116 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la referida Iniciativa a la Comisión de Economía para su estudio y dictamen correspondiente.

3. El 23 de febrero de 2011 en sesión de trabajo de la Comisión de Economía, los integrantes de la Comisión, aprobaron el dictamen con 18 votos a Favor, 0 en Contra y 0 Abstenciones de 30 miembros que la integraban.

4. El 06 de abril de 2011 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue aprobado el referido dictamen con 271 votos a Favor, 0 en Contra y 1 Abstención.

En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales, la Minuta referida.

5. El 07 de abril de 2011 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Minuta, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.

III.- Contenido de la Minuta

La Minuta tiene por objeto, reformar el segundo párrafo, del artículo 116 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (En adelante, LFPC) para establecer que en caso de que las “partes” en un “Procedimiento Conciliatorio” decidan no someterse al arbitraje, la Procuraduría Federal del Consumidor (En adelante, Profeco) dará inicio al “Procedimiento por Infracciones a la LFPC”

Así, la colegisladora aprobó el siguiente:

“…Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 116 de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 116 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 116. ....

En caso de no aceptarse el arbitraje se dejarán a salvo los derechos de ambas partes y la procuraduría dará inicio al procedimiento previsto en el artículo 123 de esta ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al año siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación…”

IV. Consideraciones de las Comisiones

Primera.- Que la LFPC tiene por objeto la promoción y protección de los derechos y cultura del consumidor, procurando la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

En este sentido, la Profeco es la autoridad administrativa encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
Entre sus atribuciones en materia procedimental se encuentran:

a) Recibir quejas o reclamaciones de los consumidores de manera individual o grupal;

b) Aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores;

c) Procurar la solución de las diferencias entre consumidores y proveedores, y

c) Aplicar sanciones y demás medidas establecidas en la LFPC;

Segunda.- Que en el apartado IV “México Próspero” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se establece en la estrategia 4.7.5., la protección de los derechos del consumidor, mejorar la información de mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones comerciales claras y seguras.

En este sentido, el pasado 28 de abril de 2014 se publicó el “Acuerdo por el que se aprueba el “Programa Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor 2013-2018” (En adelante, PNPDC).

El PNPDC es un programa institucional, que establece las bases para asegurar el cumplimiento de estrategias y metas planteadas a mediano y largo plazo.

Entre los retos del PNPDC se encuentran la protección y promoción de los derechos de los consumidores, garantizando las relaciones comerciales equitativas que fortalezcan la cultura de consumo responsable y el acceso en mejores condiciones de mercado a productos y servicios, asegurando certeza, legalidad y seguridad jurídica dentro del marco normativo de los derechos humanos reconocidos para los consumidores.

Tercera.- Que la LFPC establece tres tipos de “Procedimientos” a sustanciarse ante la Profeco, a saber:

Procedimientos

Conciliatorio
(Audiencias Conciliatorias)

Arbitral
(Juicio Arbitral)

Por Infracciones a la Ley
(Sancionador)

 

La Profeco:

-Actúa como mediador para buscar la solución de una controversia entre consumidor y proveedor.

-Emite un “dictamen”, y

-En caso de no haber “conciliación” el conciliador exhortará a las partes para que designen como árbitro a la Profeco o algún árbitro independiente para solucionar el conflicto.
-Los acuerdos de trámite que emita el conciliador no admite recurso alguno.

 

La Profeco:

-Actúa como árbitro entre consumidores y proveedores cuando los interesados así la designen;

-El monto de lo reclamado no deberá exceder de $411,606.67. pesos, y

-Emite “Laudo Arbitral”

-Las resoluciones que se dicten dentro de este procedimiento arbitral admitirán como único recurso el de revocación.

 

La Profeco:

-Sanciona aquellos proveedores que incumplen la LFPC y a las Normas Oficiales Mexicanas.

-Notifica al presunto infractor de los hechos motivo del procedimiento.

-Tiene su origen en las quejas que interponen los consumidores y por monitoreo de medios de comunicación, denuncias, requerimientos donde se encuentran comportamientos que pudieran significar probables infracciones a la LFPC.

Cuarta.- Que para el caso que nos ocupa, el “Procedimiento Conciliatorio” es una herramienta para buscar una solución de las controversias entre consumidores y proveedores, mediante audiencias de conciliación en presencia de un abogado conciliador.

En este procedimiento, la conciliación podrá celebrarse vía telefónica o por otro medio idóneo, en cuyo caso la Profeco o las partes podrán solicitar que se confirmen por escrito los compromisos adquiridos.

En relación a este tema, de acuerdo con datos del “2do Informe de Labores de la Secretaria de Economía 2013-2014”, durante el periodo de septiembre de 2013 a junio de 2014, se recibieron 105,947 quejas. El porcentaje de conciliación de las quejas del último cuatrimestre de 2013 fue de 89% mientras que las ingresadas en 2014 a junio fueron de 84%.

En cuanto al monto recuperado a favor de los consumidores de las quejas concluidas  en los procedimientos conciliatorios, por infracciones a la ley  y arbitral en el periodo de septiembre de 2013 a junio de 2014, fue de 615.5 millones de pesos, cifra mayor a los 583.7 millones recuperados en igual periodo 2012-2013.

Monto recuperado en beneficio de los consumidores1

AÑO

MONTO DE LAS QUEJAS SOLUCIONADAS (Pesos Mx)

 

2009

 

1,106,182,523.37

 

2010

 

1,015,856,983.35

 

2011

 

941,052,918

 

2012

 

834,034,551

 

2013

 

710,776,491

Dentro de este procedimiento se sustancia el “Dictamen” que es la figura jurídica a través de la cual se cuantifica en calidad liquida la obligación contractual, protegiendo los derechos del consumidor, en el que se determina en cantidad cierta, exigible y liquida, el importe de las obligaciones incumplidas por el proveedor y teniendo el carácter de título ejecutivo, no negociable.

Para el periodo de septiembre de 2013 a junio de 2014 se emitieron 90 dictámenes por un monto total de 16.0 millones de pesos a favor de los consumidores ubicando el giro mueblero como al que mayor número de dictámenes se emitieron.

De acuerdo con los artículos 115 y 116 de la LFPC, este procedimiento culmina a través de:
a) La celebración de un “convenio” entre las partes, aprobado por la Profeco, y

b) La manifestación de las partes de no celebrar un acuerdo conciliatorio. En este caso, el conciliador exhorta a las partes a solucionar  sus diferencias en el “arbitraje” y designar a la Profeco o algún árbitro independiente para poner solución al conflicto. De no aceptar el arbitraje, el conciliador deberá dictar una resolución y dejar a salvo los derechos de ambas partes para acudir a otras instancias judiciales competentes.

Quinta.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 184, numeral 2, del Reglamento del Senado de la República, que a la letra dice:

“…De igual modo, las comisiones pueden recibir de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal o de cualquier ente público, de los distintos órdenes de gobierno, los elementos de información que estimen convenientes para el desahogo de sus trabajos…”.

En este tenor, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, solicitó la opinión a la Secretaría de Economía (En adelante SE), por tratarse de un tema, ámbito de su competencia con la finalidad de perfeccionar el trabajo legislativo.

La dependencia gubernamental, dio contestación a la petición, enviando a la Comisión Dictaminadora, la opinión con respecto a la iniciativa referida, bajo los siguientes argumentos:

“…A fin de robustecer el marco jurídico de protección a los derechos de las y los consumidores, y a efecto de evitar imprecisiones en el ley de la materia, se estima que la propuesta legislativa es viable, ya que si del contenido del expediente del procedimiento de conciliación se deduce que el proveedor incurrió en una violación a la ley, resulta pertinente que por disposición legal, se ordene el inicio del procedimiento por infracciones a la ley previsto en el artículo 123 de la LFPC; con lo cual se daría continuidad a la esencial actuación de protección de Profeco hacia la población consumidora.

No obstante lo anterior, no resulta jurídicamente correcto que la Profeco inicie en automático el procedimiento por infracciones a la ley, ya que se podría entender que en todos los casos en que no hubiese conciliación de las partes, se tuviera que iniciar el procedimiento, esto en virtud de que no todos los conflictos que se dan entre proveedores y consumidores provienen o derivan de una violación a la normatividad de la materia.

En este sentido, antes de iniciar dicho procedimiento se debe analizar si de la reclamación interpuesta por el consumidor se concluye que el proveedor ha violado las disposiciones jurídicas aplicables, de esta manera la Profeco estaría en posibilidades de evaluar el inicio de procedimiento por infracciones a la ley.

Por lo anterior, se propone adicionar un artículo 110 Bis y una nueva fracción al artículo 128 TER, con la finalidad de dotar a la Profeco de la posibilidad de que independientemente de que se lleve o no a cabo la conciliación, pueda iniciar un procedimiento por infracciones a la ley, cuando existan elementos para ello.

Asimismo, se busca que dicha autoridad sancione el incumplimiento de convenio que resulte de un procedimiento conciliatorio, como una herramienta para garantizar su observancia…”.

V. Modificaciones de las Comisiones

Estas Comisiones Dictaminadoras comparten la preocupación de la Secretaría de Economía, en el sentido que de aprobarse en sus términos la reforma que propone la Colegisladora tendría implicaciones jurídicas al pretender que la Profeco inicie en automático el “Procedimiento por Infracciones a la ley” (En adelante, PIL´s).

Asimismo, se detectó que en el texto existe un error de “estilo”, que no es de fondo pero si de forma, se tiene que respetar la secuencia de la LFPC al referirse a la “Procuraduría” y no a la “procuraduría” como lo establece en la Minuta.

Así las cosas, estas Dictaminadoras atendiendo a las observaciones de la Secretaría de Economía, proceden al desahogo de cada una de ellas.

1. Adicionar un artículo 110 Bis a la LFPC.

Estas Comisiones Dictaminadoras estiman que es adecuada la adición de este artículo dentro de las “Disposiciones Comunes” de los Procedimientos a los que se refiere la LFPC, sin embargo, al proponer que sea la Profeco quien determine si se  presumen violaciones a la ley para efecto de iniciar o no un “PIL´s” previsto en el artículo 123, no atiende la preocupación de la Colegisladora, pues deja nuevamente al arbitrio de la Profeco la determinación de los criterios para iniciar o no este procedimiento.

En este sentido, en la segunda “Consideración” del contenido de la Minuta, se desprende que la LFPC no es clara en cuanto al momento y los supuestos bajo los cuales debe abrirse un “PIL´s”, teniendo como consecuencia que la Profeco dé inicio a procedimientos de infracciones bajo criterios desconocidos para el consumidor, o en otras palabras, que no en todas las denuncias de los consumidores la Profeco se pronuncie si efectivamente existió violación a sus derechos.

Por lo que estas Comisiones Dictaminadoras estiman realizar adecuaciones de fondo y forma al texto propuesto por la SE con la finalidad de atender tanto los argumentos de la Colegisladora como los de la dependencia gubernamental.

Se propone establecer que la Profeco en todos los procedimientos (Conciliatorio y Arbitral) analice las constancias que integran el expediente y en caso de presumir que existen violaciones a la ley dará inicio a un “PIL´s”.

Siguiendo la opinión de la Profeco esta modificación daría continuidad a la esencial actuación de protección de Profeco hacia la población consumidora, toda vez que una vez que esta autoridad administrativa analice las constancias que integran el expediente y en caso de presumir que existen violaciones a la ley dará inicio a un “PIL´s”.

Ello no quiere decir, que este procedimiento sea automático. La Profeco previamente analizará las constancias y en caso de presumir que existen violaciones a la ley iniciará a un “PIL´s”, por lo que no se entenderá que en todos los casos en que no hubiese conciliación de las partes, se tendrá que iniciar el procedimiento.

Ley Federal de Protección al Consumidor

 

Texto Vigente

 

Texto
Minuta Cámara de Diputados

 

Texto
Opinión Secretaría de Economía

 

Texto
Dictamen
Cámara de Senadores

 

Sin correlativo

 

 

Sin correlativo

 

Artículo 110 Bis. Durante la sustanciación de los procedimientos previstos en el presente capítulo la Procuraduría, estudiará las constancias que integran el expediente y determinará si se presumen violaciones a la ley para efecto de iniciar o no el Procedimiento por Infracciones a la Ley previsto en el artículo 123.

 

Artículo 110 Bis.- Durante la sustanciación de los procedimientos previstos en el presente capítulo la Procuraduría, analizará las constancias que integran el expediente y en caso de presumir que existen violaciones a la ley dará inicio al Procedimiento por Infracciones a la ley previsto en el artículo 123.

 

2. Adicionar un artículo 116 Bis a la LFPC.

Estas Comisiones Dictaminadoras estiman adecuada la propuesta planteada por la SE en cuanto adicionar un “artículo 116 Bis”, toda vez que es complementaria a la adición del artículo 110 Bis.

Son válidos los tres supuestos que propone la SE, como condicionantes para que la Profeco actué de oficio para iniciar un PIL´S. Sin embargo, estas Dictaminadoras estiman necesario hacer adecuaciones a la fracción III, del artículo 116 Bis, para armonizar el texto que se propone en el artículo 110 Bis.

Ley Federal de Protección al Consumidor

 

Texto Vigente

 

Texto
Minuta Cámara de Diputados

 

Texto
Opinión Secretaría de Economía

 

Texto
Dictamen
Cámara de Senadores

 

Capítulo XIII Procedimientos
Sección Segunda
Procedimiento conciliatorio

ARTÍCULO 116.- En caso de no haber conciliación, el conciliador exhortará a las partes para que designen como árbitro a la Procuraduría o a algún árbitro independiente para solucionar el conflicto. Para efectos de este último caso, la Procuraduría podrá poner a disposición de las partes información sobre árbitros independientes.

En caso de no aceptarse el arbitraje se dejarán a salvo los derechos de ambas partes.

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 116.- …

 

 

 

 

 

 

 

En caso de no aceptarse el arbitraje se dejarán a salvo los derechos de ambas partes y la procuraduría dará inicio al procedimiento previsto en el artículo 123 de esta ley.

 

 

 

 

 

Sin Texto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se acepta la modificación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin Correlativo

 

Sin Correlativo

 

Artículo 116 Bis. En el caso de que culmine el Procedimiento Conciliatorio la Procuraduría dará inicio al Procedimiento previsto en el artículo 123 de esta Ley en los siguientes casos:

I. Si durante el procedimiento conciliatorio nunca se presentó el proveedor.

II. Por incumplimiento de un convenio celebrado en el procedimiento conciliatorio.

III. Cuando culmina el procedimiento conciliatorio sin arreglo entre las partes y las mismas deciden no someterse al arbitraje, la Procuraduría estudiará las constancias que integran el expediente y determinará si se presumen violaciones a la ley para efecto de iniciar o no el Procedimiento por Infracciones a la Ley.

 

Artículo 116 Bis. En el caso de que culmine el Procedimiento Conciliatorio la Procuraduría dará inicio al Procedimiento previsto en el artículo 123 de esta Ley en los siguientes casos:

I. Si durante el procedimiento conciliatorio nunca se presentó el proveedor.

II. Por incumplimiento de un convenio celebrado en el procedimiento conciliatorio.

III. Cuando culmina el procedimiento conciliatorio sin arreglo entre las partes y las mismas deciden no someterse al arbitraje, la Procuraduría analizará las constancias que integran el expediente y en caso de presumir que existen violaciones a la ley dará inicio al Procedimiento por Infracciones a la ley previsto en el artículo 123.

3. Adicionar una fracción IX, al artículo 128 TER.

El artículo 166 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, dispone que: “Un proyecto de ley o decreto es la resolución que la Cámara de Diputados remite al Senado mediante una minuta que contiene el expediente formado con todos los elementos relativos al asunto de que se trata”.

Para el caso que nos ocupa, la adición a una fracción IX, en el artículo 128 TER, a la LFPC, propuesta por la SE, no es materia de la Minuta enviada por la Colegisladora, no obstante, estas Comisiones Dictaminadoras, estiman que esta modificación abona en la protección de los derechos de los consumidores, al sancionar al proveedor que incumpla un convenio celebrado ante la Profeco.

Ley Federal de Protección al Consumidor

 

Texto Vigente

 

Texto
Minuta Cámara de Diputados

 

Texto
Opinión Secretaría de Economía

 

Texto
Dictamen
Cámara de Senadores

 

ARTÍCULO 128 TER.- Se considerarán casos particularmente graves: 
I a VII. ….

 

Sin Correlativo

 

ARTÍCULO 128 TER.- Se considerarán casos particularmente graves: 

I a VII. ….

VIII. Aquellas que vulneren los derechos contemplados en el Título Segundo de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y

IX. Cuando el proveedor incumpla un convenio celebrado ante la Procuraduría.

 

ARTÍCULO 128 TER.- Se considerarán casos particularmente graves: 

I a VII. ….

VIII. Aquellas que vulneren los derechos contemplados en el Título Segundo de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y

IX. Cuando el proveedor incumpla un convenio celebrado ante la Procuraduría.

VI. Resolutivo

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Artículo Único.- Se Adicionan los artículos 110 Bis y 116 Bis, y una fracción IX, al artículo 128 TER, de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue:

Ley Federal de Protección al Consumidor

Artículo 110 Bis.- Durante la sustanciación de los procedimientos previstos en el presente capítulo la Procuraduría, analizará las constancias que integran el expediente y en caso de presumir que existen violaciones a la ley dará inicio al Procedimiento por Infracciones a la ley previsto en el artículo 123.

Artículo 116 Bis.- En el caso de que culmine el Procedimiento Conciliatorio la Procuraduría dará inicio al Procedimiento previsto en el artículo 123 de esta Ley en los siguientes casos:

I. Si durante el procedimiento conciliatorio nunca se presentó el proveedor.

II. Por incumplimiento de un convenio celebrado en el procedimiento    conciliatorio.

III. Cuando culmina el procedimiento conciliatorio sin arreglo entre las partes y las mismas deciden no someterse al arbitraje, la Procuraduría analizará las constancias que integran el expediente y en caso de presumir que existen violaciones a la ley dará inicio al Procedimiento por Infracciones a la ley previsto en el artículo 123.

ARTÍCULO 128 TER.- Se considerarán casos particularmente graves: 

I a VII. ….

VIII. Aquellas que vulneren los derechos contemplados en el Título Segundo de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y

IX. Cuando el proveedor incumpla un convenio celebrado ante la Procuraduría.

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión,
el 24 de noviembre de 2015.

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

(Intervención de la Senadora María del Rocío Pineda Gochi)



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión. En virtud de no haber oradores inscritos ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 77 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Queda aprobado en lo general los artículos no reservados del proyecto de reformas a la Ley de la Propiedad Industrial.

Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios Córdova, para referirse al artículo 120 del proyecto de Decreto.

Dé lectura la Secretaría a la propuesta de reserva presentada por el Senador Héctor Larios.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta de reserva.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 92 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 110 Bis y 116 Bis y una fracción IX al artículo 128 TER de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la inciso e) del artículo 72 constitucional.





 

Informo a la Asamblea que tendremos varias votaciones nominales de manera consecutiva, ruego a todos permanecer en este recinto.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 231 de la Ley Federal de Derechos de Autor, en materia de protección contra el aprovechamiento indebido de obras cinematográficas.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 231 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la minuta que contiene Proyecto de Decreto por el que reforma la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 212, 226, 227 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las comisiones dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados y turnada como Minuta a la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de la Cámara de Diputados.

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

1. El 19 de diciembre de 2008 el entonces Diputado Federal, Fidel Antuña Bautista integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la referida Iniciativa a la Comisión de Cultura para su estudio y dictamen correspondiente.

3. El 16 de febrero de 2011 en sesión de trabajo de la Comisión de Cultura, los integrantes de la Comisión, aprobaron el dictamen con 17 votos a Favor, 0 en Contra y 1 Abstenciones de 30 miembros que la integraban.
4. El 08 de marzo de 2011 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue aprobado el referido dictamen con 381 votos a Favor, 4 en Contra y 3 Abstenciones.

En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales, la Minuta referida.

5. El 10 de marzo de 2011 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Minuta, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.

III.- Contenido de la Minuta

La Minuta tiene por objeto, reformar la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor para:

Establecer como infracción en materia de comercio, fijar, producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias de obras cinematográficas, cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto, sin la autorización de los respectivos titulares en los términos de esta ley.

Así, la colegisladora aprobó el siguiente:

“…Decreto que reforma la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor

Artículo Único. Se reforma la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor para quedar como sigue:

Artículo 231. Constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes conductas cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto:

I. y II. ...

III. Fijar, producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias de obras, fonogramas, videogramas, obras cinematográficas o libros, protegidos por los derechos de autor o por los derechos conexos, sin la autorización de los respectivos titulares en los términos de esta ley;

IV. a X. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación…”

IV. Consideraciones de las Comisiones

Primera.- Que la Ley Federal del Derecho de Autor (En adelante, LFDA) tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación, la protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones.

Segunda.- Estas Comisiones dictaminadoras coinciden plenamente con la Cámara de Origen, en cuanto a que la violación a los derechos de autor y de la propiedad intelectual se ha convertido en uno de los grandes problemas que vulneran el estado de derecho, en razón de que no sólo atenta contra los derechos de carácter patrimonial de los titulares de los derechos autoriales, sino que también repercute en pérdidas en la economía del país.
Tercera.- El fenómeno de la piratería como se denomina coloquialmente en el ambiente de los derechos de autor a la reproducción y explotación ilegal de obras, películas, discos, entre otros, se ha extendido cada vez más a diversos productos que se encuentran protegidos por los derechos de la propiedad intelectual, tales como medicinas, ropa, calzado y todo aquello que sea susceptible de ser copiado y vendido.

Cuarta.- Que a efecto de coadyuvar a prevenir el incremento y expansión de esta transgresión al marco jurídico legal, en materia de derechos de autor y de propiedad industrial, se deben implementar acciones que protejan el sector de la industria cinematográfica, en el sentido de evitar el uso de artefactos, dispositivos y/o equipos de audio, fotografía, video y/o comunicación para realizar grabaciones de películas.

Quinta.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la LFDA, el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial.

Los derechos de autor se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas:

1. Literaria;

2. Musical, con o sin letra;

3. Dramática;

4. Danza;

5. Pictórica o de dibujo;

6. Escultórica y de carácter plástico;

7. Caricatura e historieta;

8. Arquitectónica;

9. Cinematográfica y demás obras audiovisuales;

10. Programas de radio y televisión;

11. Programas de computo;

12. Fotográfica;

13. Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y

14. De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos.

15. Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la rama que les sea más afín a su naturaleza.

Quinta.- Que el arttículo 5 de la LFDA dispone que: “…La protección que otorga esta Ley se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión.

Por su parte, el artículo 6 de este multicitado marco jurídico dispone que: “…Fijación es la incorporación de letras, números, signos, sonidos, imágenes y demás elementos en que se haya expresado la obra, o de las representaciones digitales de aquellos, que en cualquier forma o soporte material, incluyendo los electrónicos, permita su percepción, reproducción u otra forma de comunicación.

En este sentido, y toda vez que las obras cinematográficas son obras que se encuentran protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor, la acción de realizar una grabación será ententida como fijación, en congruencia con los artículos 5, 6 y 13 fracción IX de este ordenamiento.
A continuación se ilustra con un cuadro comparativo la pretendida reforma.

Ley Federal del Derecho de Autor

Texto Vigente

Texto
Minuta Cámara de Diputados

 

Capítulo II
De las Infracciones en Materia de Comercio

Artículo 231.- Constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes conductas cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto:

I y II.- …

III. Producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por los derechos de autor o por los derechos conexos, sin la autorización de los respectivos titulares en los términos de esta ley;

IV. a X.-….

 

 

Artículo 231.- …

 

I y II.- …

III. Fijar, producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias de obras, fonogramas, videogramas, obras cinematográficas o libros, protegidos por los derechos de autor o por los derechos conexos, sin la autorización de los respectivos titulares en los términos de esta ley;

IV. a X.-….

V. Resolutivo

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, aprueban en sus términos la Minuta referida y someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Artículo Único.- Se reforma la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue:

Ley Federal del Derecho de Autor
Artículo 231.- …

I y II.- …

III. Fijar, producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias de obras, fonogramas, videogramas, obras cinematográficas o libros, protegidos por los derechos de autor o por los derechos conexos, sin la autorización de los respectivos titulares en los términos de esta ley;

IV. a X.-….

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión,
el 28 abril de 2015.

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

(Intervención de la Senadora María del Rocío Pineda Gochi)



(Intervención del Senador Francisco Salvador Lopez Brito)



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que la discusión se hará en lo general y en lo particular en un solo acto.

Al no haber oradores inscritos, ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 94 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

El siguiente asunto del Orden del Día es la votación nominal del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público que propone la ratificación del ciudadano Óscar Guillermo Levín Coppel, como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.

DESIGNACIÓN COMO VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

(Dictamen a discusión)



El dictamen fue discutido por esta Asamblea en la sesión del pasado jueves 10 y al realizar la votación no se logró la mayoría aprobatoria que exige el artículo 75 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

En consecuencia, está nuevamente a su consideración.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del dictamen.

Les reitero que el artículo 75 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario exige que este nombramiento se apruebe por mayoría de al menos dos terceras partes del total de los integrantes de la Cámara de Senadores.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 94 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el dictamen. En consecuencia, se ratifica la designación del ciudadano Óscar Guillermo Levín Coppel, como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, por un nuevo periodo adicional del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019. Comuníquese.
En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Óscar Guillermo Levín Coppel, por lo que solicito a las Senadoras y a los Senadores Alejandro Tello Cristerna, Jorge Luis Lavalle Maury, Armando Ríos Piter, Marco Antonio Blásquez Salinas y Manuel Cavazos Lerma, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

Ruego a la Asamblea ponerse de pie.

(Todos de pie)

Ciudadano Óscar Levín Coppel: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para un nuevo periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Óscar Guillermo Levín Coppel: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sí así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Muchas felicidades!

A nombre del Senado de la República le deseamos éxito en su encargo.

Solicito a la comisión designada acompañe al señor Levín Coppel, cuando desee retirarse de este salón de sesiones.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa de los Trescientos Años de la Fundación de la Ciudad de Ojinaga, Chihuahua.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DE LOS TRESCIENTOS AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE OJINAGA, CHIHUAHUA

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

Noviembre 26, de 2015

H. ASAMBLEA

Con fecha 23de octubre de 2014, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y Estudios Legislativos, Segunda, de la LXII Legislatura del Senado de la República, la Iniciativa con proyecto de Decreto que crea la Moneda Conmemorativa de los Trescientos Años de la fundación de Ojinaga, Chihuahua.

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117 y 135, fracción I;174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1. y 2;184; 186; 187; 190, párrafo 1,fracción VI, del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la Iniciativa que se menciona:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del 23 de octubre de 2014, las Senadoras Graciela Ortiz González, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo, y el Senador Patricio Martínez García del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la Iniciativa con proyecto de Decreto que crea la Moneda Conmemorativa de los Trescientos Años de la fundación de Ojinaga, Chihuahua.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores, mediante el Oficio No. DGPL-1P3A.-3051, turnó la Iniciativa antes señalada, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen.

3. En reunión ordinaria, los Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas revisaron el contenido de la propuesta de emisión de esta moneda conmemorativa, a fin de expresar sus observaciones y comentarios para  valorar su contenido e integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA INICIATIVA

Establecer las características de una Moneda Conmemorativa delos Trescientos Años de la fundación de Ojinaga, Chihuahua.

III. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

La Iniciativa en cuestión, expone entre otras consideraciones, las siguientes:

Situada en la confluencia del Río Conchos con el Río Bravo, la historia de la Ciudad de Ojinaga es muy antigua. Se remonta a la expedición de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca quien, tras su naufragio en Florida y buscando el camino de regreso a la ciudad de México, arribó a la confluencia de ambos ríos, lugar por el que internó al actual estado de Chihuahua y continuó su viaje rumbo a Paquimé y luego al estado de Sonora.

El 13 de julio de 1684, Juan Fernández de Mendoza toma posesión de estos terrenos en nombre del rey de España por lo que la situación de los mismos, en medio del desierto y a merced de los ataques de los indios hizo difícil la población permanente, hasta que finalmente, el 2 de junio de 1715 Juan Antonio Trasviña y Retes funda la Población San Francisco de la Junta de los Ríos, hoy la Ciudad de Ojinaga.

En 1759 quedó sometida la región de los Presidios Militares, hasta 1824 cuando se eligió el primer Ayuntamiento y adquirió la categoría de Municipio.

Mediante un Decreto expedido el 23 de octubre de 1865 emitido por el Presidente Benito Juárez, se le da la categoría de Villa, así como su nombre actual en honor al General Manuel Ojinaga Castañeda, quien habría sido nombrado por el Presidente Juárez, Gobernador y Comandante Militar del estado y jefe de todas las tropas que operaban en su jurisdicción. En el año de 1872, el Coronel Manuel Maya sitió a las fuerzas porfiristas del General Manuel Márquez, sublevado por el Plan de la Noria y lo obligó a rendirse con toda su gente, y fue hasta 1876 que el Coronel Fermín Fierro con una sección de tropas lerdistas derrotó en la Villa de Ojinaga, a una fuerza tuxtepecana comandada por el Coronel Susano Ortiz, quien cayó prisionero en unión de los Licenciados José Eligio Muñoz, Manuel G. Vidal, y otros jefes y oficiales.

El General Salvador R. Merado, quien ejercía el gobierno del estado y el mando de la División del Norte durante el régimen huertista, después de la ocupación de Ciudad Juárez por los revolucionarios y de haber perdido sus fuerzas en la batalla de Tierra Blanca, con la moral totalmente quebrantada, evacuó la ciudad de Chihuahua y se dirigió a la Ciudad de Ojinaga, considerándolo el único punto por donde podía ponerse en comunicación con su gobierno, pues Torreón se encontraba en poder de los revolucionarios.
En 1910, año de la Revolución Mexicana, en la Villa de Ojinaga tuvo lugar la derrota del último ejército federal en el estado de Chihuahua por las tropas de Francisco Villa.

Es esencial para la historia del país recordar la Batalla de Ojinaga ya que es considerada por historiadores como fundamental, siendo quizá la segunda más meritoria para el triunfo de la Revolución Mexicana. A esta victoria, la Secretaría de la Defensa Nacional también le da suma importancia. La Batalla de Ojinaga puso fin al último reducto del ejército Federal en el Norte de México que defendía la Presidencia de Victoriano Huerta. Los generales rebeldes no pudieron acabar con el lugar, por lo que el 11 de enero de 1914, Francisco Villa llegó a Ojinaga con un gran ejército, desplazando así al ejército de la ciudad.

En junio de ese mismo año se verificaría la batalla de Zacatecas, donde el General Villa logró hacerse de la ciudad venciendo a las fuerzas huertistas, lo que en el futuro le despejaría el camino a la Ciudad de México, no sin antes formar parte de  la convención de Aguascalientes convocada en octubre de 1914 por Venustiano Carranza, bajo la denominación de Gran Convención de jefes militares con mando de fuerza y gobernadores de los Estados.

Una cadena de eventos trascendentes se desatarían con posterioridad, como la ocupación de México por los ejércitos campesinos en diciembre de ese año comandados por los generales Francisco Villa y Emiliano Zapata, asumiendo los poderes militares y civiles en el año 1915, para que así con el triunfo de la revolución, en febrero de 1917, se publicara la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el presidente Venustiano Carranza, la cual recoge muchos ideales de la Revolución Mexicana.

En este sentido, 2015 será un año de profundo sentido histórico ya que se conmemoran los Trescientos Años  de la fundación de Ojinaga, Chihuahua, por lo que se propone la emisión de una moneda conmemorativa.

IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, A LA INICIATIVA.

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117 y 135, fracción I; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1. y 2; 184; 186; 187;188; 189; 190del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, resultan competentes para dictaminar la Iniciativa descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas coinciden con la emisión de una Moneda Conmemorativa de los Trescientos Años de la fundación de Ojinaga, en el Estado de Chihuahua como un reconocimiento  para recordar y enaltecer los hechos históricos y  los rasgos distintivos que enmarcan a su población.

La Ciudad de Ojinaga está ubicada  en la afluencia del Río Conchos con el Río Bravo, en la frontera con el Estado de Texas, en Estados Unidos de América, y recibe su nombre en honor al General Manuel Ojinaga Castañeda, militar liberal que combatió en la intervención francesa, nombrado gobernador y comandante militar del Estado de Chihuahua por el Presidente Benito Juárez.

 Su historia es antigua e importante, se remonta a la expedición de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, quien tras su naufragio en Florida y buscando el camino de regreso a la Ciudad de México, arribó a la confluencia de ambos ríos, lugar por el que se internó al actual Estado de Chihuahua, continuó su viaje rumbo a Paquimé, y después pasó de ahí al Estado de Sonora.

Misioneros franciscanos, provenientes de Julimes y Chihuahua, comenzaron a visitar la zona a mediados del Siglo XVII y fue declarada formalmente posesión de España el 13 de junio de 1684, en medio del desierto y a merced de los ataques de los indios, esto fue lo que dificultó que la población permaneciera de manera constante en el sitio.

Finalmente el 2 de junio de 1715, Juan Antonio Trasviña y Retes fundó la población con el nombre de San Francisco de la Junta de los Ríos, que por Decreto del año 1865 fue emitido por el Presidente Benito Juárez, y se le dio el carácter de Villa y el nombre de Ojinaga.

Años después, se llevó a cabo la batalla de Ojinaga, que fue librada el 10 de enero de 1914, cuando la Villa resistió, firme y valientemente el ataque de las fuerzas huertistas, hasta que llegaron las tropas del general Francisco Villa, mismas que pusieron fin al último reducto del ejército federal en el norte de México que defendía la Presidencia de Victoriano Huerta.

Este hecho simbólico, enmarcó una huella fundamental de la época revolucionaría en el Estado de Chihuahua, y  en todo el país.

Una cadena de eventos trascendentes se desatarían con posterioridad como la ocupación de México por los ejércitos campesinos, comandada por los generales Francisco Villa y Emiliano Zapata, asumiendo los poderes militares y civiles en el año 1915, para que así con el triunfo de la revolución, en febrero de 1917 se publicara la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el Presidente Venustiano Carranza.

Actualmente, Ojinaga es la segunda Ciudad fronteriza en importancia del Estado de Chihuahua, en ella está asentada la industria maquiladora y representa una de las ciudades con mayor enfoque y crecimiento en el futuro, dentro del territorio municipal, en donde se encuentra uno de los yacimientos más importantes de Gas-Shell, lo que la convierte en una ciudad estratégica para el desarrollo energético de la nación.

Su ubicación como ciudad fronteriza, la convierte también en un centro de intercambio comercial que le garantiza auge en el terreno de las importaciones con su vecino americano.

Unión, trabajo, progreso son las palabras que forman parte del Escudo del Municipio de Ojinaga, palabras que día a día cobran vigencia y renuevan el espíritu de lucha de sus habitantes, gente del desierto, gente preparada para el trabajo, dispuesta al progreso y unida ante la adversidad del clima les impone; pero de trato amable y respetuoso con quien visita su tierra, y cálida para hacer sentir su valores que lo identifican como pueblo, Ojinaga puede presumir sus raíces firmes y de una orgullosa actitud revolucionaria llena de unión, valor y heroísmo.

Tiene un futuro prometedor, lleno de progreso y crecimiento que les asegura a su gente trabajadora y que la identifican como parte de un gran Estado que es Chihuahua.

TERCERA. Estas Comisiones Unidas consideran que el uso de las monedas conmemorativas permite la difusión de ideas para consolidar en la memoria colectiva la importancia de los hechos históricos, que han transformado a este país.

CUARTA. Estas Comisiones Unidas reflexionan que la Iniciativa propone que sea una moneda onza troy de plata pura; tomando en cuenta que en esta LXII Legislatura las monedas conmemorativas han sido bimetálicas, se plantea que esta moneda sea similar a las monedas conmemorativas autorizadas por el Congreso y se lleven a cabo los ajustes correspondientes en este proyecto de Decreto.

QUINTA. Estas Comisiones Unidas, tomando en base lo anteriormente expuesto, y considerando que conforme al artículo 73, fracción XVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso tiene facultad para fijar las características de la moneda, y el Banco de México, conforme al artículo 3o., fracción I, de su Ley, el regular la emisión de la misma, estima conveniente aprobar la Iniciativa  en análisis, con las modificaciones mencionadas.

Por lo anteriormente fundado y motivado, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, que suscriben, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DE LOS TRESCIENTOS AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE OJINAGA, CHIHUAHUA.

ARTÍCULO ÚNICO. Se establecen las características de una moneda conmemorativa de los 300 años de la fundación de la Ciudad de Ojinaga, Chihuahua, de conformidad con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:

Valor nominal:

Veinte pesos.

Forma:

Circular.

Diámetro:

32 mm (treinta y dos milímetros).

Composición:

La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

1. Parte central de la moneda. Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:

 a) Contenido:

75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido:

2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso:

7.355 g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza:

0.294 g. (doscientos noventa y cuatro miligramos) en más o en menos.

2. Anillo perimétrico de la moneda. Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue:

a) Contenido:

92% (noventa y dos por ciento) de cobre; 6% (seis por ciento) de aluminio y 2% (dos por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido:

1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso:

8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza:

0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos) en más o en menos.

Peso total:

Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la misma, que corresponde a 15.945 g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco miligramos), y la tolerancia en peso por pieza 0.638 g. (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos.

Los cuños serán:

Anverso:

El Escudo Nacional con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", formando el semicírculo superior.

Reverso:

El motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo Segundo Transitorio del presente Decreto, apruebe el Banco de México a propuesta de la Ciudad de Ojinaga, Chihuahua.  Dicho motivo deberá referirse invariablemente, a los 300 años de su fundación.

Canto:

Estriado discontinuo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El gobierno del Estado de Chihuahua, a propuesta del Municipio de Ojinaga, enviará al Banco de México la propuesta del diseño del motivo que se contendrá en el reverso de la moneda a que se refiere el presente Decreto,  a más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En caso de que el gobierno del Estado de Chihuahua, no presente una propuesta del motivo indicado en este artículo, dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, corresponderá al Banco de México realizar el diseño de que se trate, a fin que se contenga el reverso de la moneda.

La moneda a que se refiere el Artículo Único de este Decreto podrá comenzar a acuñarse a los 90 días naturales posteriores a la fecha límite de entrega del diseño señalado en el párrafo primero del presente Transitorio.

TERCERO. Corresponderá a la Casa de la Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran para que el motivo que proponga el gobierno del Estado de Chihuahua, en los términos del Artículo Único, así como del Segundo Transitorio de este Decreto, pueda ser utilizado en el reverso de la moneda conmemorativa a que se refieren los citados artículos. En todo caso, los ajustes que se realicen en los términos de este artículo deberán ser acordes con las características esenciales del motivo propuesto.

CUARTO. Corresponderán al Banco de México todos los derechos de autor y cualquier otro proyecto de propiedad intelectual derivado del diseño y la acuñación de las monedas a que se refiere el artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, en México, Distrito Federal, el 26 de noviembre del 2015.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Informo igualmente que no hay oradores inscritos para presentar el dictamen y tampoco para fijar posicionamientos de los grupos parlamentarios.

Al no haber oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado, para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 84 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa de los Trescientos Años de la fundación de la Ciudad de Ojinaga, Chihuahua. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la Ley Agraria de 1915.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE LA LEY AGRARIA DE 1915

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

Noviembre 26, de 2015

H. ASAMBLEA:

Con fecha 7 de abril de 2015, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se aprueba la emisión de dos monedas conmemorativas del Centenario de la Ley Agraria de 1915, una de oro y otra de plata.

Estas Comisiones Legislativas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 114, numeral 1; 117; 135, numeral 1; 174; 175, numeral 1; 176; 177, numerales 1 y 2; 178; 182; 183, numerales 1 y 2; 184; 186; 187; 190; 191 y 192 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la Iniciativa que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, así como a la votación que del sentido del tema de la iniciativa de referencia realizaron los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187; 188; 189 y 190, numeral 1, fracción VII, del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. En la sesión de fecha 7 de abril de 2015, el Senador Manuel H. Cota Jiménez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se aprueba la emisión de dos monedas conmemorativas del Centenario de la Ley Agraria de 1915, de una de oro y otra de plata.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores mediante oficio No. DGPL-2P3A.-2996, remitió la Iniciativa antes señalada, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

3. En reunión Ordinaria, los C.C. Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron la revisión del contenido de la citada Iniciativa y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma para integrar el presente Dictamen.

II. OBJETO DE LA INICIATIVA

Se propone la acuñación de dos monedas conmemorativas con motivo del Centenario de la promulgación de la Ley Agraria de 1915.

III. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

En las consideraciones de la Iniciativa en comento, se señala que la Ley Agraria de 1915 fue el primer ordenamiento nacional que se estableció como rama autónoma y específica, empeñada en rescatar los objetivos fundamentales de las luchas agrarias. Sus principales consignas convertidas en norma, fueron la justa repartición y distribución de la tierra mediante el expolio de haciendas.

Dicho ordenamiento fue expedido por el entonces Presidente de la República Venustiano Carranza el 6 de enero de 1915 en la ciudad de Veracruz, Ver. Las ideas y consignas del eminente abogado Luis Vicente Cabrera Lobato, entonces Secretario de Hacienda, fueron la base para la redacción de lo que se constituyó como un documento legal radicalmente avanzado a su tiempo, que ya rompía los esquemas de la anquilosada clasificación doctrinaria del derecho, en privado y público, para dar nacimiento a una nueva y desconocida clasificación que ha ido tomando forma desde entonces el “derecho social”.

Basta tomar como referencia el apartado de derechos sociales consagrados en la Constitución de 1917, para darnos cuenta que ya dos años antes se consagraban principios de justicia social a nivel normativo. No obstante, para lograr que ello tuviera lugar, diversos fueron los movimientos sociales que lucharon por una solución para los problemas referentes a la propiedad de la tierra y el rezago del campo.

La Revolución Mexicana que tuvo su estallido en 1910 encabezada por Francisco l. Madero, fue el inicio de una etapa determinante que dio vida a la exigencia pública y oficial por una mejor distribución de la tierra. Momento fundamental, que sentó las bases para lo que después tomó forma a través de la más reconocida de las consignas zapatistas de esa revolución "la tierra es del que la trabaja".

Fue Francisco l. Madero sin duda, el primero que estampó en un documento revolucionario como lo fue el Plan de San Luis, no solo el convocar al pueblo de México a derrocar por medio de las armas al gobierno de Porfirio Díaz, sino además el propósito de restituir las tierras a favor de los campesinos.

Ya en 1911, ante las dificultades de gobernabilidad del Gobierno Maderista, encontramos en el Plan de Ayala de Emiliano Zapata, un documento renovador de la causa agraria de la Revolución, que reafirmó la exigencia inmediata y efectiva de la restitución de las tierras a los campesinos.

Fundamental, de igual modo, fue el Plan de Guadalupe; documento redactado por Venustiano Carranza, que no obstante, que tenía como principal objetivo eliminar la pretensión de legitimidad que buscaba Victoriano Huerta, fue determinante para restablecer el orden político y jurídico en el país, al encontrar respaldo de Francisco Villa, Álvaro Obregón y, Emiliano Zapata como principales figuras revolucionarias. Tolos los anteriores documentos, son claros antecedentes que hicieron posible que se expidiera la Ley Agraria del 6 de enero de 1915.

Dicho ordenamiento, se fundamentó en la propuesta de Andrés Molina Enríquez, que se redactó finalmente en el Heroico Puerto de Veracruz por Luis Cabrera, como colaborador de Venustiano Carranza. El objetivo de la misma, fue el de lograr una justa repartición de las tierras mediante el expolio de las haciendas y sentó las bases programáticas para resolver de forma paulatina el problema del rezago agrario.

Gracias a la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, y a través de sus 100 años de vigencia, hoy en día existen miles de núcleos agrarios, a través de ellos, los campesinos, comuneros y ejidatarios son quienes contribuyen día a día al desarrollo agropecuario del país, y garantizan gran parte de los alimentos de las familias mexicanas.

Además de lo anterior, la Ley Agraria fue el punto de referencia para lo que posteriormente se plasmaría en la Constitución de 1917, a través del Artículo 27, donde se otorgó la garantía, en aquel momento de la propiedad social y colectiva de la tierra y, de los derechos comunales, que hoy en día no son otra cosa, sino derechos reconocidos en sede constitucional, es decir, intrínsecos a la persona, y resguardados bajo el principio de progresividad.

Dentro de la tradición jurídica romana o civilista a la cual pertenecemos, encontramos pocas pero significativas instituciones propias y genuinamente mexicanas, una de ellas y quizá la más importante junto con el Amparo, es sin duda alguna, el Ejido, figura consagrada en sede jurídica por primera vez en la Ley Agraria en comento.

El pasado 6 de enero del presente año, se cumplieron cien años de la expedición de la primera Ley Agraria, instrumento determinante para otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra, y el desarrollo del sector agrario. Sin duda, a través de todos esos años en el devenir de su vigencia, el problema del rezago agrario sigue combatiéndose, no obstante ello, es justo afirmar que la expedición de dicho ordenamiento, superó el propósito de sentar la bases para la distribución de la propiedad agrícola, ya que a lo largo de su entrada en vigor y hasta 1992, en nuestro país se continuaron realizando numerosas asignaciones de derechos, ello sin omitir el período de mayor avance en materia del abatimiento del problema agrario, que se registró en el gobierno del General Lázaro Cárdenas del Río.

La lucha por la tierra, por su posesión, propiedad y aprovechamiento a través de una mejor distribución de la misma, no ha sido una más, sino la demanda fundamental de los dos más grandes movimientos emancipatorios de nuestro pueblo, que primero tuvieron como producto la Independencia, y que después dieron como resultado la Revolución Mexicana.

El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, así como el Banco de México, se han distinguido por conmemorar los acontecimientos históricos que han marcado el rumbo de la nación, la celebración de sendas instituciones de fechas tan importantes tienen un significado particular en el fortalecimiento de la memoria colectiva, cada una desde su trinchera y con los instrumentos que están al amparo de sus competencias.

Es con base a estas consideraciones, que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa.

IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, A LA INICIATIVA

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 114, numeral 1; 117; 135, numeral 1; 174; 175, numeral 1; 176; 177, numerales 1 y 2; 178; 182; 183, numerales 1 y 2; 184; 186; 187; 190; 191 y 192 del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, resultan competentes para dictaminar la Iniciativa descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras coinciden en que la acuñación de monedas conmemorativas del Centenario de la promulgación de la Ley Agraria de 1915, es una manera adecuada para reconocer la gran trascendencia de los movimientos sociales que se han gestado con motivo de la lucha por la posesión, propiedad y aprovechamiento de la tierra, a través de una mejor distribución de la misma, lo cual representa la demanda fundamental de los dos más grandes movimientos emancipatorios de nuestro pueblo, que primero tuvieron como producto la Independencia, y que después dieron como resultado la Revolución Mexicana.

TERCERA. En ese entendido, estas Comisiones Dictaminadoras consideran que la Ley Agraria de 1915 ha probado ser un instrumento invaluable para el logro de los objetivos antes señalados, y que a través de ella se lograron sentar la bases para la distribución de la propiedad agrícola que hoy en día, se continúan realizando numerosas asignaciones de derechos, y se ha logrado en gran medida el abatimiento del problema agrario en México.

CUARTA. Las Comisiones que dictaminan consideran que es tiempo de destacar, reconocer y celebrar los grandes logros que se han obtenido a través de la promulgación y aplicación de la Ley Agraria de 1915.

QUINTA. Las Comisiones Dictaminadoras tienen en consideración que el amplio uso de las monedas permite la difusión de ideas y el esparcimiento del conocimiento del legado histórico y cultural, constituyendo un gran medio para consolidar en la memoria colectiva la importancia de las instituciones y de las acciones emprendidas por las mismas al servicio del pueblo mexicano.

En ese sentido, tomando en consideración que el objetivo del proyecto de la Iniciativa que se dictamina es que la mayoría de los mexicanos tengan la oportunidad de rememorar el Centenario de la promulgación de la Ley Agraria de 1915, los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos en la importancia que tiene emitir una moneda que conmemore ese hecho. Sin embargo, una vez analizada en todos sus puntos la Iniciativa del Senador Manuel H. Cota Jiménez, en la que se propone acuñar dos monedas conmemorativas, una con valor nominal de cien pesos y la otra de veinte pesos, con contenido de 31.103 gramos de oro puro, y de 27.0 gramos de plata Ley 0.925, respectivamente. Estas Comisiones Unidas consideran conveniente que se realicen los ajustes necesarios para que el proyecto de Decreto de esta Iniciativa sólo considere una moneda de cuño corriente con valor nominal de 20 pesos, en los términos que aprueban las Comisiones que dictaminan.

En ese sentido, las Comisiones Dictaminadoras proponen que para conmemorar el Centenario de la promulgación de la Ley Agraria de 1915, se lleve a cabo la acuñación de una única moneda de cuño corriente, con valor nominal de 20 pesos, ya que en virtud de su extensa distribución nacional y de la gran aceptación que tiene entre los habitantes del país, se considera que es el instrumento idóneo para dar la más amplia difusión a tan importante evento histórico. Para tal efecto, se hacen los ajustes necesarios en el Proyecto de Decreto que se presenta a consideración.

SEXTA. Estas Comisiones Dictaminadoras, coinciden en que el diseño principal del anverso de la moneda, sea propuesto por Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por ser la encargada de estudiar en mayor grado la Ley materia de este Decreto y por tener presentes los derechos sociales y su aplicación en beneficio de aquéllos protegidos por los mismos.

SÉPTIMA. Las que dictaminan, tomando en base lo anteriormente expuesto, y considerando que conforme al artículo 73, fracción XVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso tiene facultad para fijar las características de la moneda, estima conveniente aprobar con las modificaciones expuestas en los párrafos anteriores.

Por lo anteriormente fundado y motivado, estas Comisiones Dictaminadoras que suscriben, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE LA LEY AGRARIA DE 1915.

ÚNICO. Se establecen las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la Ley Agraria de 1915, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2º de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos:

VALOR NOMINAL: Veinte pesos.
FORMA:                  Circular.
DIÁMETRO:             32.0 mm (treinta y dos milímetros).
COMPOSICIÓN:      La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:
1. Parte central de la moneda. Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:

a) Contenido:

75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido:

2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso:

7.355 g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza:

0.294 g. (doscientos noventa y cuatro miligramos) en más o en menos.

2. Anillo perimétrico de la moneda. Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue:

a) Contenido:

92% (noventa y dos por ciento) de cobre; 6% (seis por ciento) de aluminio y 2% (dos por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido:

1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso:

8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza:

0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos) en más o en menos.

Peso total:

Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la misma, que corresponde a 15.945 g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco miligramos), y la tolerancia en peso por pieza 0.638 g. (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos.

Los cuños serán:

Anverso:

El Escudo Nacional con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", formando el semicírculo superior.

Reverso:

El motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo Segundo Transitorio del Presente Decreto, proponga la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano al Banco de México. Dicho motivo deberá relacionarse con el centenario de la Ley Agraria de 1915.

Canto:

Estriado discontinuo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- A más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano enviará al Banco de México la propuesta del diseño del motivo a quedar contenido en el reverso de la moneda a que se refiere el presente Decreto, el cual deberá incluir la leyenda “Centenario de la Ley Agraria, 1915-2015”. En caso de que la referida Secretaría no presente la propuesta del motivo indicado dentro del plazo establecido en este artículo, corresponderá al Banco de México definir las características generales del diseño de que se trate.

TERCERO.- La moneda a que se refiere el presente Decreto podrá empezar a acuñarse a los 90 días naturales posteriores a la fecha de entrega del diseño señalado en el artículo Segundo Transitorio del presente Decreto.
CUARTO.- Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran para que el diseño del motivo que se proponga en los términos de este Decreto pueda ser utilizado en el reverso de la moneda conmemorativa a que se refiere el presente Decreto. En todo caso, los ajustes técnicos que se realicen en los términos de este artículo deberán ser acordes con las características esenciales del motivo propuesto.

QUINTO.- Corresponderán al Banco de México todos los derechos de propiedad intelectual que se derivan del diseño y la acuñación de la monedas a que se refiere el artículo 2o de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, en México, Distrito Federal,
el 26 de noviembre del 2015.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea que el dictamen consta de un solo artículo, por lo cual, la discusión se hará en un solo acto en lo general y en lo particular.

Al no haber oradores para la presentación del dictamen, ni para posicionamientos de grupos parlamentarios, se le concede el uso de la palabra al Senador Humberto Cota Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Manuel Humberto Cota Jiménez: Con su permiso, señor Presidente.

En mi condición de Senador de la República, adicionalmente como líder de una organización de campesinos, que es la Confederación Nacional Campesina, permítanme en mi intervención, en primer tiempo, iniciar haciendo un reconocimiento a los Senadores José Francisco Yunes Zorrilla, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; al Senador Raúl Gracia Guzmán, que es Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, y a los Senadores y Senadoras integrantes de estas comisiones, por el esfuerzo conjunto para analizar y dictaminar la iniciativa presentada por un servidor, objeto del presente dictamen y que tiene como finalidad la emisión de una moneda conmemorativa con motivo del cumplimiento del Centenario de la Ley Agraria.

La Ley Agraria del 6 de enero de 1915 fue el primer ordenamiento nacional que se estableció como rama autónoma y específica, tuvo como propósito rescatar los objetivos fundamentales de las luchas agrarias. Sus principales consignas convertidas en norma, fueron la justa repartición y distribución de la tierra en México.

Expedida por el Presidente Venustiano Carranza, en el Puerto de Veracruz, con las ideas y consignas del eminente abogado Luis Vicente Cabrera Lobato, entonces Secretario de Hacienda, fueron la base para la redacción de lo que se constituyó como un documento legal, radicalmente avanzado a su tiempo, que ya rompía los esquemas de la anquilosada clasificación doctrinaria del derecho, en privado y público, para dar nacimiento a una nueva y desconocida clasificación que ha ido tomando forma desde entonces el derecho social, no sólo en México, es ejemplar en el mundo.

La Revolución Mexicana tuvo su estallido en 1910, sentó las bases para lo que después tomó forma a través de las más reconocidas consignas zapatistas de esa revolución: “La tierra es de quien la trabaja”.

Gracias a la Ley Agraria existen miles de núcleos agrarios, a través de ellos los campesinos, comuneros y ejidatarios son quienes contribuyen, día a día, al desarrollo agropecuario del país y garantizan con ello gran parte de los alimentos de las familias mexicanas.

La Ley Agraria fue el punto de referencia para lo que posteriormente se plasmaría en la Constitución de 1917, a través del artículo 27, donde se otorgó la garantía de la propiedad social y colectiva de la tierra.

El 6 de enero del presente año se cumplieron 100 años de la expedición de la Ley Agraria, instrumento determinante que otorga certeza jurídica en la tenencia de la tierra, y el desarrollo del sector agrario.

La lucha por la tierra, por su posesión, propiedad y aprovechamiento a través de una mejor distribución de la misma, fue la demanda fundamental de los dos más grandes movimientos de nuestro pueblo: la Independencia y la Revolución.

Indiscutiblemente que los posesionarios de la tierra ven en ella, no sólo propiedad, ven en ella justicia social, ven en ella y con agrado dicen: “Que a 100 años de ese acontecimiento falta, pues, sólo emparejar esa justicia social de lo que ellos siembran, de lo que ellos producen y con tanta dificultad venden”.

Por ello, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, así como el Banco de México, se han distinguido por conmemorar los acontecimientos históricos que han marcado el rumbo de la nación. En este sentido, nuestro reconocimiento a este banco central del Estado mexicano.

Para los que representamos los diferentes intereses de la gente del campo, conmemorar este importante acontecimiento es rendir tributo a los miles de mexicanos que dieron hasta la vida para que a sus hijos se les respetara el derecho de ser reconocidos como los dueños de la tierra.

En ese sentido, el próximo 6 de enero del 2016, llevaremos a cabo un evento en el estado de Veracruz para conmemorar los 101 años de lucha por la desconcentración de la propiedad de la tierra y su distribución entre los campesinos de nuestro país.

Estamos convencidos de que es tiempo de destacar, reconocer y celebrar los grandes logros que se han obtenido a través de la promulgación y aplicación de la Ley Agraria de 1915.

Es por lo anterior que quiero pedirles a todas y a todos ustedes su voto a favor de este dictamen para conmemorar este importante acontecimiento con la emisión de una moneda conmemorativa del Centenario de la Ley Agraria de 1915.

En nombre de los campesinos y campesinas de México, gracias a todas y a todos ustedes.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se ha agotado la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 93 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la Ley Agraria de 1915. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72.





 

Tenemos la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.

PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO, SUSCRITO EN CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL, REPÚBLICA DE COLOMBIA, EL 10 DE FEBRERO DE 2014

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No se han registrado oradores para presentar el dictamen, ni para posicionamientos de los grupos parlamentarios.

Tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Morón Orozco, a favor del dictamen, en la discusión en lo general.

El Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

México todavía tiene un gran desafío ante los nuevos escenarios que se abren en su relación con América Latina, este desafío no sólo implica recuperar un liderazgo que con las últimas administraciones se ha perdido o, al menos, debilitado.

También es nuestra responsabilidad abrir nuevos caminos de entendimiento democrático en la región, en la definición de lo que hoy es América Latina.

Somos latinoamericanos no sólo por una situación geopolítica, también lo somos por compartir una continuidad cultural desde nuestra antigüedad precolombina, por pelear juntos por nuestras independencias, por convicción política y por voluntad de tender lazos solidarios y generosos con nuestros hermanos latinoamericanos.

Es por esto que antes de plantearnos incursiones temerarias en la vida política interna de otros países de América Latina, debemos replantear nuestra figura de mediadores de primer nivel en las relaciones diplomáticas entre los países latinoamericanos.

No será fácil en los años que están por venir, una polarización social y política amenaza a las sociedades latinoamericanas y amenaza también con revertir y desmontar los logros y conquistas en política social de los últimos gobiernos progresistas.

Es por eso que el dictamen que hoy se somete a consideración de esta Soberanía debe entenderse más como una alternativa para la integración económica y cultural de la región que como un elemento que nos obligue a renunciar a otras alianzas con otros países hermanos.

Colaboraremos con genuina voluntad legislativa para que los objetivos de la Alianza del Pacífico se cumplan. La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración regional conformado por Colombia, Chile, Perú y México, constituido en abril del 2011 y formalizado el 6 de junio de 2012, con la suscripción del Acuerdo Marco.
Sus objetivos son: construir de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales, personas y economías; impulsar un mayor crecimiento,        desarrollo económico y competitividad de las economías de sus integrantes, con miras a lograr mayor bienestar, superar la desigualdad socioeconómica e impulsar la inclusión social de sus habitantes; convertirse en una plataforma de articulación política, integración económica y comercial, y proyección al mundo, con énfasis en la región Asia-Pacífico.

En este Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico que hoy votaremos, se ratifican y reconocen los fundamentos económicos, comerciales y jurídicos del convenio inicial de la Alianza del Pacífico, y además se determinan los ámbitos de aplicación y validez económica, comercial y cultural de la alianza, así como los procedimientos jurídicos y comerciales entre los países integrantes.

Es necesario razonar nuestro voto a favor, precisamente, para fortalecer la decisión de esta Soberanía y valorar los retos que se abren con este protocolo, con la misma Alianza del Pacífico y con un mundo global que cada vez más exige a regiones como América Latina subordinarse económicamente a mercados en situaciones totalmente desfavorables.

Y éste es el primer reto de esta Alianza: que este acuerdo no represente ventajas tan sólo para unos cuantos y enormes desventajas para los sectores más vulnerables; que tampoco se vaya definiendo como un instrumento para menguar la soberanía y la autonomía de nuestros países, digo esto ante los señalamientos que afirman que esta Alianza estará subordinada a los intereses de los Estados Unidos o dependerá en gran medida de los intereses de los organismos multilaterales de crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo.

No queremos alianzas vacías, meramente protocolarias. Esperamos que este protocolo contribuya a que todos los sectores de la producción en México se sientan favorecidos y que se consolide una infraestructura en transporte con los demás países latinoamericanos, que es una de las grandes exigencias de nuestra economía.

Como se ha dicho en esta tribuna infinidad de veces en los últimos días: primero están las personas en nuestro ejercicio legislativo.

Necesitamos ir más allá de una alianza de meros consumidores o de mercado. Necesitamos alianzas entre sociedades.

¿Cómo evaluaremos los resultados de esta Alianza?, ¿en qué momento es absolutamente necesario preguntarse si vamos por buen rumbo?, ¿cómo no caer en el triunfalismo, como ocurrió con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y más bien empujar otro tipo de alianzas más pertinentes para nuestro desarrollo?

Como integrante y Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe de este Senado de la República, doy mi voto a favor, mi voto de confianza a la aprobación de este protocolo y espero que la integración económica, pero también social, de América Latina no sea más una vieja promesa de nuestra propia historia.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Morón Orozco.

Se insertan las intervenciones de las Senadoras Gabriela Cuevas Barrón, María del Rocío Pineda Gochi y Mariana Gómez del Campo Gurza.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



>

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

Líneas Dictamen Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico

Con su venia, Señor Presidente.

América Latina es una región con una economía muy dinámica que hoy en día experimenta una transformación política y social que marca un antes y un después en la historia de la región, pues somos testigos del inicio de una etapa en la que impera un ambiente de cooperación cercana y la voluntad para establecer un diálogo permanente.

Atrás hemos dejado las confrontaciones ideológicas arcaicas que nos distraían de los problemas fundamentales de nuestros pueblos: el combate a la desigualdad y el pobre desarrollo económico.

Como región, hoy somos conscientes de la importancia que tienen la innovación y la tecnología para competir con otros mercados y traer prosperidad a nuestros ciudadanos; en este nuevo contexto, la Alianza del Pacífico es el único mecanismo de integración capaz de capitalizar las sinergias regionales para explotar el potencial económico de América Latina, pues desde su establecimiento generó un nuevo dinamismo en los procesos de integración latinoamericana que no se veía en muchos años.

Desde su creación en 2011, la Alianza del Pacífico generó una expectativa a nivel internacional positiva al plantearse tres objetivos muy claros:

Construir un área de integración profunda que permita avanzar hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.

Impulsar un mayor crecimiento económico y desarrollo social de sus poblaciones para lograr un mayor bienestar y reducir las desigualdades socioeconómicas, y

Conformar una plataforma de articulación política e integración económica y comercial con proyección mundial, en especial hacia el Asia Pacífico.

A cuatro años de distancia, es posible aseverar que es un mecanismo no sólo exitoso sino que no tiene precedente alguno al lograr una integración ágil y concreta.

Sobre sus resultados, basta con mencionar que hoy, la Alianza del Pacífico representa a nivel América Latina, el 37 por ciento del PIB, 36 por ciento de la población total, 52 por ciento de las exportaciones, 51 por ciento de las importaciones, el 44 por ciento de la inversión extranjera directa y capta el 39 por ciento del turismo.

Además, la Alianza del Pacífico es la novena economía a nivel mundial según datos del Fondo Monetario Internacional y la octava potencia exportadora según la Organización Mundial del Comercio.

Cabe mencionar que una de las principales fortalezas de los países de la Alianza del Pacífico son sus recursos humanos, en su mayoría jóvenes que constituyen una importante fuerza de trabajo calificada y un mercado atractivo con poder adquisitivo en constante crecimiento.

La Alianza es un mecanismo de vanguardia a nivel mundial, porque contempla temas sensibles y cercanos a la ciudadanía como la preservación del medio ambiente, la promoción cultural, así como el intercambio académico y estudiantil, lo que lo convierte en un mecanismo de integración moderno.
La estructura institucional de la Alianza del Pacífico es incluyente, pues da voz a todos los sectores sociales, desde los empresarios hasta los académicos, cuyas perspectivas y necesidades son tomadas en cuenta de forma seria.

Otro importante elemento que genera una marcada diferencia entre la Alianza del Pacífico con otros acuerdos en el mundo es el Mercado Integrado Latinoamericano, la integración bursátil transnacional de las bolsas de valores de los Estados Parte, el cual respeta la independencia y la autonomía regulatoria de cada país manteniendo la premisa del crecimiento en conjunto como mercado integrado.

El instrumento jurídico base de la Alianza es el Acuerdo Marco, cuya estructura se adapta a las instituciones previamente establecidas por los Tratados de Libre Comercio vigentes entre los Estados Parte.

En los últimos años, el proceso de integración de la Alianza del Pacífico entró a una etapa de actualización temprana de las disposiciones del Acuerdo Marco, dando paso a las negociaciones del Protocolo Adicional que ya ha sido ratificado por Colombia y Perú semanas atrás, y cuyos trabajos para su aprobación avanzan en el Senado de la República de Chile.

El Protocolo Adicional fue firmado el 10 de febrero de 2014 en Cartagena de Indias, Colombia, durante la VIII Cumbre de Presidentes, y establece el marco jurídico para el comercio de bienes, servicios e inversiones, además, contempla la eliminación de los aranceles en un 92 por ciento de los productos, mientras que el 8 por ciento restante se desgravará de forma gradual y está concentrado principalmente en el sector agrícola como el maíz, trigo, café, plátano, frijol y papa, con excepción del azúcar y sus derivados, que son productos considerados como sensibles.

Las disposiciones de este Protocolo Adicional aseguran la coexistencia entre los acuerdos internacionales preexistentes de los Estados Parte, incluidos los acuerdos bilaterales o multilaterales, que en ejercicio pleno de su política comercial decidan suscribir en el futuro.

Este instrumento internacional contiene además, disposiciones sobre reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, comercio electrónico, telecomunicaciones y solución de controversias.

El Protocolo Adicional al Acuerdo Marco surge como una poderosa herramienta para conformar un mercado integrado con normas homologadas para un comercio libre, competitivo y complementario con altos niveles de vinculación productiva y tecnológica, conformando el bloque económico latinoamericano más abierto a la economía mundial con la capacidad de hacerle frente a los cambios y ventajas comparativas de otras regiones, como es el caso de Asia Pacífico.

De esta manera, la Alianza del Pacífico representa una importante oportunidad para México de posicionarse como un actor protagónico en la integración regional.

Quiero expresar mi agradecimiento la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, y al Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial por el arduo trabajo de análisis y dictaminación de este Protocolo que hoy será discutido por este Senado de la República, que sin duda tiene claro que a nivel América Latina y el Caribe, entre más integrados estemos será más fácil competir a nivel global.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No hay más oradores inscritos, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado, para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 96 votos a favor, cero en contra y 1 abstención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural, República de Colombia, el 10 de febrero de 2014. Remítase al Ejecutivo Federal.





 

Tenemos el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Álvaro Vizcaíno Zamora, como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Dicho dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO COMO SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión el dictamen.

Se concede el uso de la palabra al Senador Omar Fayad Meneses, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Seguridad Pública.

El Senador Omar Fayad Meneses: Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros:

A nombre de la Comisión de Seguridad Pública, vengo a presentarles el dictamen que se pone a consideración del Pleno con la ratificación del nombramiento del ciudadano Álvaro Vizcaíno Zamora, para ocupar el cargo de Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que hiciera el titular del Poder Ejecutivo Federal, de acuerdo con lo señalado en el último párrafo del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

La propuesta de ratificar se sustenta en la idoneidad técnica, legal y de experiencia que se encontró en el ciudadano que se propone.

Como se desglosa en sus estudios y en el perfil profesional y académico que nos llevaron a aprobar este dictamen con el consenso de todos los grupos parlamentarios representados en la Comisión de Seguridad Pública.

Como académico, Álvaro Vizcaíno Zamora se ha desempeñado como profesor en los niveles de licenciatura y postgrado en materias afines al derecho penal, aunado a su trabajo como investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Su actividad profesional la ha desarrollado a lo largo de 25 años en áreas dedicadas a la prevención del delito y servicios a la comunidad tanto en el ámbito académico, administrativo como en el operativo del Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República, en la Policía Federal y en el propio secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cuenta con el grado de Maestro y el nivel de Doctorado en Ciencias Jurídicas, así como con estudios de postgrado enfocados a los juicios orales.

Del análisis realizado por los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, se determinó que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 17 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para ocupar el cargo.

Es ciudadano mexicano por nacimiento, sin aceptar otra nacionalidad, está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, tiene la edad requerida y cuenta con un título profesional debidamente registrado de los niveles de licenciatura, de maestría y Doctorado.

Es un servidor público que cuenta con capacidad reconocida y probidad, así como con cinco años de experiencia en las áreas correspondientes a su función, además de no haber sido jamás sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor público.

Compareció ante las y los Senadores integrantes de la Comisión de Seguridad Pública para atender las garantías de audiencia y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, 242 y 255 del Reglamento del Senado, en donde se valoraron los méritos y proyectos expuestos, considerando que cumpla a cabalidad con las exigencias del servicio para cumplir satisfactoriamente, decidiendo otorgarle el voto de confianza para ratificar su nombramiento.
En lo particular, compañeras y compañeros Senadores, me parece que esta ha sido una buena oportunidad para que en la Comisión de Seguridad Pública pudiéramos hacer un ejercicio acorde a la necesidad que tenemos de sacar adelante la aprobación de este tipo de nombramientos, como lo señala la ley de la materia y nuestro Reglamento, a fin de que podamos dejar al Ejecutivo en aptitud de poder atender un área muy importante en la que ya se vislumbran cambios relevantes por las decisiones que toma; cambios relevantes en materia del Presupuesto de Egresos de la Federación, en donde habrá una transformación de los fondos que atienden la seguridad pública.

Se plantea un cambio en las reglas de operación, por ende, esta área tiene que estar ocupada por un titular que conozca profundamente la materia, en virtud de que estos cambios que se darán en los fondos de la seguridad, que están planteados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, van a cobrar vida los primeros días del mes de enero próximo.

Y seguros estamos que el trabajo que haga Álvaro Vizcaíno Zamora en conjunto con las demás instancias que forman parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública, darán una mejor alternativa en esta materia a los municipios del país, a las entidades federativas, al Distrito Federal y a la Federación.

Es así como creemos que pueden modificarse de manera positiva las cosas, con el acuerdo de todos, hoy tenemos la voluntad política de hacerlo juntos, tuvo un amplio consenso dentro de la Comisión de Seguridad Pública.

Hoy vengo a pedirle al Senado que comparta la opinión de la Comisión de Seguridad Pública, ratificando el nombramiento que hace el Presidente de la República, sobre la persona de Álvaro Vizcaíno Zamora para convertirse a partir de hoy en el nuevo Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Estamos seguros que cada miembro de la comisión vio con interés y con cuidado este punto resolutivo de este dictamen de la comisión.

Estamos seguros que cada uno revisó ampliamente el expediente, el currículum, los antecedentes y vieron en Álvaro Vizcaíno Zamora la posibilidad de tener a alguien profesional y conocedor de la materia que pueda coadyuvar a transitar en este momento complejo que, además si lo hacemos esta tarde, al ratificarlo estaremos otorgando la posibilidad que pueda ya concurrir a la próxima y última reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública de este año, ya en calidad de Secretario Ejecutivo.

Y también podemos poner en condición de que pueda ya darle atención esmerada, que la requieren todos aquellos presidentes municipales que han presentado inquietudes, precisamente en materia de reglas de operación o de asignación de fondos.

Por eso es que hoy les pido, compañeras y compañeros, que ojalá que todos los    grupos parlamentarios aquí representados en el Senado, nos apoyen y compartan el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, ratificando el nombramiento de Álvaro Vizcaíno Zamora como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad    Pública.

A nombre de la propia Comisión de Seguridad Pública, mis más sentidas gracias anticipadas por el apoyo que sirvan brindarle a este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Fayad Meneses.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia. Compañeras y compañeros Senadores:

Ante el panorama desolador que nuestro país vive en materia de seguridad pública, en materia de salvaguardar la integridad de las personas y la seguridad ciudadana, qué bueno que vamos a hacer hoy este nombramiento.

Si quisiera plantearles y ojalá y pudieran poner atención, ¿Por qué es importante?

Revisamos las estadísticas de lo que está pasando en el país, por supuesto, las estadísticas oficiales, no las estadísticas reales, pero aun con estas estadísticas oficiales lo que sucede en México es una situación muy complicada de homicidios dolosos, en 2014 tuvimos 15 mil 653; en lo que va del presente año, tenemos 14 mil 69 secuestros, en 2014 mil 395, en lo que va del año 855; extorsiones, 5 mil 773, en 2014; 4 mil 279, en 2015.

Robo de vehículo con violencia, 47 mil 961 en 2014; 37 mil 519 en 2015; y robo de vehículo sin violencia 116 mil 703, en 2014; y 93 mil 427 en 2015; es decir, si nos atenemos a las cifras vamos a ver que los delitos de alto impacto van a la baja, pero yo creo que el señor Álvaro Vizcaíno Zamora tiene una enorme responsabilidad ante este panorama.

Se ha sacado la rifa del tigre al aceptar ser Secretario Ejecutivo del Sistema         Nacional de Seguridad Pública, que con fundamento en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Ejecutivo ha propuesto para que lo     ratifiquemos el día de hoy, y cada vez que ratificamos somos corresponsables de quien ratificamos.

Ya el Senador Fayad Meneses dio con mucha puntualidad cuales son los merecimientos profesionales y académicos de Álvaro Vizcaíno Zamora. Nosotros queremos resaltar que dentro de los empleos que ha tenido, ha sido el Secretario Ejecutivo adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la época de Genaro García Luna. Todos recordamos a García Luna, porque fue el encargado de operar aquella guerra inútil que nunca ha entendido el pueblo de México, desatada por Calderón contra el narcotráfico, en donde murieron más de cien mil personas.

Vamos a darle el beneficio de la duda al señor Álvaro Vizcaíno Zamora, pero es necesario decirle que el pueblo de México está “apanicado” por los baños de sangre que se dan en todo el país, que van sembrando el terror y la desesperanza a lo largo y ancho de México.

Sin duda que su tarea es monumental, apaciguar al país no es una tarea fácil y menos con el panorama desolador que existe en nuestra patria. Hay que atender hoy las ocurrencias descabelladas de un secretario que no le importa la gobernabilidad de México, que sólo le interesa su idea aviesa y absurda de imponer una ley que lastima y ha enardecido con razón al Magisterio Nacional.
Sinceramente espero que el señor Álvaro Vizcaíno Zamora, por instrucciones del Presidente, no haga caso de estas ocurrencias que están desestabilizando al país, y metiendo a maestros y normalistas inocentes a la cárcel con el argumento de que   alteran el orden público y le hagan entender a este secretario que la Policía Federal       no es para reprimir a los disidentes de un régimen o de una ley absurda, sino              para salvaguardar la integridad de las personas, la seguridad ciudadana, así como preservar el orden y la paz pública, respetando en todo momento los derechos   humanos.

Por lo tanto, queremos dejar claro que no damos cheques en blanco; estaremos vigilantes de la actuación del señor Álvaro Vizcaíno Zamora.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Armando Ríos Piter.

El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Si me permite una pregunta el orador.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Le acepta la pregunta? Senador Demédicis Hidalgo.

Adelante. Senador Ríos Piter.

El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) ¿Cómo está la seguridad en su estado, Morelos, mi querido Senador Demédicis Hidalgo?

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Sería largo de enumerar lo que está pasando en Morelos, sólo decirle que Morelos es un estado fallido.

Hoy la población morelense vive en el terror permanente, producto de que el mando único de nuestra entidad federativa es parte de ese terror que se está sembrando en la población.

Entonces yo espero que don Álvaro Vizcaíno Zamora atienda pronto a nuestra entidad federativa, compañero Senador Ríos Piter.

No damos cheques en blanco, yo espero que Álvaro Vizcaíno Zamora lo entienda.

Hacemos un llamado al ciudadano Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y al Secretario de Gobernación para que ya paren, ya paren esta situación de guerra contra los maestros y liberen, con carácter de urgente, a los presos políticos que se han generado con esta situación.

Y por último, como educador y como maestro, yo quiero dejar claro que los maestros y normalistas de México no somos delincuentes, somos educadores que seguiremos protestando contra una ley que no garantiza condiciones básicas para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y menos para garantizar la educación de calidad que requiere el pueblo de México.

Por su atención, muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

Efectivamente nos encontramos ante un inminente nombramiento de una responsabilidad fundamental para la vida de nuestro país, ya que afirmamos desde nuestro grupo parlamentario, que hay un desgobierno político de la seguridad, y al haber un desgobierno político de la seguridad, vemos con claridad que no hay una propuesta de fondo para combatir las causas estructurales que hasta el momento han permitido las condiciones de inseguridad en todo el país.

De manera particular, y retomando palabras del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, en Michoacán se vive una de las peores situaciones de la historia.

Hoy como nunca, los delitos de alto y bajo impacto han aumentado.

El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, miente cuando dice que: “El mando único es la solución”.

Vivimos en una prueba de ensayo-acierto, ensayo-error. Y en Michoacán hemos vivido error tras error.

Sin embargo, confiamos hoy en que un experto como Vizcaíno Zamora podrá puntualizar y sacar a flote este desgobierno político de la seguridad pública con dos acciones fundamentales: la primera tiene que ser la simplificación de las reglas de operación para ejecutar los recursos públicos en el tema de seguridad, y me refiero no sólo a los recursos del SUBSEMUN, para que de manera efectiva éstos aterricen en los municipios. Incluso en aquellos municipios donde alcaldes o cabildos irresponsables han renunciado a su responsabilidad constitucional de sacar adelante el tema de la seguridad y brindar a la ciudadanía, a las personas de ese municipio, incluso, ahí tienen que aterrizar esos recursos.

Esperamos las simplificaciones de las reglas de operación, esperamos una dedicación extrema del señor Vizcaíno Zamora en este tema y, obviamente, esperamos una mejor distribución de competencias para que en los estados y en los municipios con un más alto índice de delincuencia, tanto organizada como desorganizada, y hoy que vemos la delincuencia desorganizada en la tierra caliente de Michoacán, vemos que es más terrible aún que lo que estábamos acostumbrados a vivir.

Esperamos la ejecución inmediata de los programas de seguridad pública, la simplificación de las reglas de operación votadas a favor del dictamen, porque le apostamos a aclarar las cosas de la mejor manera.

Muchas gracias, es cuanto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Mendoza Mendoza.

¿Alguna otra intervención?

Al no haber más oradores inscritos, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal del dictamen.



Ruego a la Asamblea ponerse de pie.

(Todos de pie)

Ciudadano Álvaro Vizcaíno Zamora: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la  Unión?

El ciudadano Álvaro Vizcaíno Zamora: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Muchas felicidades, señor Secretario!

A nombre del Senado de la República le deseamos éxito en su encomienda.

Solicito a la comisión designada acompañe al señor Vizcaíno Zamora, cuando desee retirarse del salón de sesiones.

Compañeros Senadores, les informo que a petición de la Comisión de Derechos Humanos, se retiró del Orden del Día de la sesión la discusión del dictamen sobre la designación de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de consejos de armonización contable.





 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario)

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense su segunda lectura y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura del dictamen para que se      ponga a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión. Al no haber oradores ni artículos reservados háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 82 votos a favor, cero en contra y 1 abstención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Tesorería de la Federación.

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario)

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense su segunda lectura y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen. Quienes estén porque se dispense, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se dispense, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión. Al no haber oradores inscritos ni artículos reservados, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal del dictamen.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 80 votos a favor, cero en contra y 2 abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se expide la Ley de Tesorería de la Federación. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la discusión de dos dictámenes, en sentido negativo, que proponen desechar proyectos recibidos por la Colegisladora. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

En consecuencia, pasaremos a su discusión de manera conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes negativos.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Con gusto, señor Presidente.





 

De las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para reformar diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE CULTURA
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores le fue turnado por la Mesa Directiva del Senado de la República Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de itinerarios culturales, aprobado por la Cámara de Diputados el 28 de abril de 2015.

Con fundamento en el inciso e) del artículo 72  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 135, 150, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, estas comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen en relación con el Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en relación con la figura de itinerarios culturales, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 4 de diciembre de 2014, las entonces diputadas Bárbara Romo Fonseca y Lourdes Eulalia Quiñones Canales, de los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano del Poder Legislativo turnó la iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y dictamen.

3. La propuesta de las entonces diputadas fue aprobada con modificaciones por la Comisión de Cultura y Cinematografía de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados el 15 de abril de 2015.

4. El 28 de abril del mismo año, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del Proyecto de decreto que reforma el artículo 5° y adiciona los artículos 43 bis y 45 bis de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de itinerarios culturales por trescientos un votos a favor, ninguno en contra y sin abstención. En esa misma fecha es turnado a la Cámara de Senadores para efectos del inciso A del artículo 72 constitucional.

5. El 3 de septiembre de 2015, el Proyecto de decreto es comunicado por la Mesa Directiva del Senado de la República y turnado a la Comisión de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera de este órgano del Poder Legislativo para su estudio y dictamen.

6. El documento fue turnado a los integrantes de la comisión el 8 de septiembre de 2015 para darlo por recibido en los términos del numeral I del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República.

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio del Proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados a fin de realizar el análisis y viabilidad del mismo.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO

El proyecto de decreto que se analiza corresponde a una propuesta inicialmente presentada durante la Legislatura LXII, por las entonces diputadas Bárbara Romo Fonseca y Lourdes Eulalia Quiñones Canales, sobre aquellos bienes inmuebles declarados “Patrimonio Cultural de la Humanidad” por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El propósito de la iniciativa original era la de hacer extensiva dicha declaratoria de la UNESCO a la adscripción al régimen de monumentos o zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos vigente en la legislación nacional.

La justificación de la propuesta se relaciona con la adscripción del denominado Camino Real Tierra Adentro como patrimonio Cultural de la Humanidad en el de 2010, no obstante, las legisladoras consideraron que por ese motivo, el conjunto de bienes que integran al Camino Real Tierra Adentro, debían ser protegidos desde la perspectiva de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en virtud de que reúne elementos arquitectónicos, tecnológicos y paisajísticos de manera individual y desde la perspectiva de conjunto, únicos en México. Al adquirir la condición de monumentos, este conjunto de bienes quedaría automáticamente adscrito al régimen especial de protección y preservación de los bienes culturales de México bajo la tutela del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

El Camino Real Tierra Adentro se compone de 60 sitios específicos relacionado con las actividades de la producción de la plata y otras actividades comerciales, religiosas y culturales. Se extiende a lo largo de 2 mil novecientos kilómetros y abarca un recorrido por once entidades federativas y una parte del territorio de Estados Unidos de América.

La propuesta original de la iniciativa, considera que la figura de itinerario cultural, bajo la que el Camino Real Tierra Adentro fue adscrita al Patrimonio Cultural de la Humanidad, no tienen un categoría equivalente en la legislación de monumentos y zonas, por lo cual, propusieron, inicialmente, que todos los bienes adscritos al régimen de la UNESCO, fueran automáticamente declarados monumentos, además de incorporar la conceptualización de itinerarios culturales como objeto jurídico.

Los integrantes de la Comisión de Educación y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados reconocieron la importancia de la reflexión, no obstante, consideraron, en primer término, que era innecesaria la extensión de la declaratoria, toda vez que los inmuebles reconocidos por la UNESCO, ya habían sido declarados por decreto o ministerio de ley como monumentos arqueológicos o históricos. Por esa razón consideraron improcedente hacer extensiva la declaratoria.

Asimismo, los legisladores observaron que el carácter Federal de la Ley sobre monumentos y zonas y su condición de ley especial, no aplica a los bienes distintos a los monumentos que están bajo jurisdicción de los órdenes de gobierno estatal y municipal. Un bien que no cumpla con las estipulaciones de los monumentos y que, de acuerdo, a la legislación local sea resguardado o protegido por la autoridad estatal, no podría ser incorporado al régimen de protección de la ley Federal, salvo si fuese declarado como tal por la autoridad de ese orden de gobierno, lo cual resulta invasivo de las competencias estatales en cuanto a su patrimonio cultural.

En segundo término, los legisladores integrantes de la Comisión de Educación y Servicios Educativos consideraron que, si bien no podía hacerse extensiva la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad a la figura de monumento por el solo hecho de la adscripción al régimen de la UNESCO, optaron por integrar la figura de itinerario cultural como un objeto jurídico en la ley, con la finalidad de adscribir al régimen de protección a determinados bienes relacionados por sus cualidades históricas, técnicas y de funcionalidad, localizados en lugares distintos tal como ocurre con el conjunto de bienes que integran el Camino Real Tierra Adentro.

Para ello, tomaron en consideración las directrices prácticas para la aplicación de la convención del Patrimonio Mundial de la Humanidad, emitidas el 8 de enero de 2008, de acuerdo con las cuales los itinerarios culturales se definen como: “el conjunto de elementos tangibles cuyo significado cultural proviene de intercambios y de un diálogo multidimensional entre países o regiones, y que ilustra la interacción del movimiento, a lo largo de la ruta, en el espacio y el tiempo”.

La adopción de la figura de itinerario cultural por los diputados también se basó en la definición del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), organismo asociado a la UNESCO, de acuerdo con la cual se trata de “una vía de comunicación terrestre, acuática, mixta o de otra naturaleza, físicamente determinada y caracterizada por tener su propia y específica dinámica y funcionalidad histórica, manifiesta en intercambios continuos multidimensionales y recíprocos de personas, bienes, ideas, conocimientos y valores en el interior de un país o entre varios países y regiones durante un periodo significativo de tiempo. Los itinerarios culturales han generado de esta manera una inter-fecundación de las culturas en el tiempo y en el espacio, lo que se refleja tanto en su patrimonio tangible como intangible”.

Con base en estas reflexiones, los integrantes de la comisión dictaminadora consideraron procedente la incorporación de la figura de itinerarios culturales a los artículo 5°, 43 bis y 45 bis con base en el siguiente texto:

ARTICULO 5o.- Son monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de monumentos e itinerarios culturales los determinados expresamente en esta Ley y los que sean declarados como tales, de oficio o a petición de parte.

Artículo 43 bis.- Por determinación de esta Ley son itinerarios culturales:

Toda vía de comunicación terrestre, acuática, mixta o de otro tipo, físicamente determinada y caracterizada por poseer su propia y específica dinámica y funcionalidad histórica, la cual es resultado y reflejo de movimientos interactivos de personas, así como de intercambios multidimensionales, continuos y recíprocos de bienes, ideas, conocimientos y valores entre pueblos, países o continentes a lo largo de considerables periodos de tiempo.

Artículo 45 bis.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, son competentes en materia de itinerarios culturales.

Tomadas en cuenta las reflexiones de los integrantes de la Comisión dictaminadora de la Cámara de Diputados y su aprobación por el Pleno de la misma, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera hacen las siguientes consideraciones al contenido del proyecto de decreto.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972, tiene su fundamento constitucional en la fracción XXV del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos, el cual establece la facultad del Congreso para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional. La Ley establece los principios y disposiciones fundamentales para la preservación de los bienes culturales que, por decisión de la autoridad legitimada para ello o por determinación de ley, integran el conjunto de bienes que la Nación considera de utilidad pública su conservación en el tiempo.

SEGUNDA.- La Ley recoge la experiencia que en materia de protección del patrimonio cultural se desarrolló en nuestro país a lo largo del siglo XX, tanto desde la perspectiva científica y técnica como desde el punto de vista jurídico. El espíritu normativo de la ley sitúa a la protección y conservación de los bienes culturales tangibles como un asunto de interés social y nacional, y deposita en el orden Federal de gobierno el principio de autoridad para llevar a cabo las acciones que, en representación del interés público, sean necesarias para proteger, conservar, investigar y difundir el legado cultural de la Nación. La legislación vigente, inscribe en un régimen de protección a los bienes muebles e inmuebles que son resultado de las expresiones y manifestaciones de las civilizaciones que habitaron el territorio nacional antes del establecimiento de la hispánica, de los bienes que por determinación de ley o por la vía de declaratoria estén vinculados con la historia de la nación o, bien, fueron destinados al culto religioso, así como los que por sus cualidades revisten un valor estético relevante cuya protección es de interés nacional.

TERCERA.- El marco jurídico al que se adscribe el patrimonio cultural bajo las figuras de monumentos y zonas de monumentos, le otorga una condición jurídica que, en el caso de los bienes arqueológicos, por disposición expresa de la ley, los hace propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles y, en el caso de los bienes artísticos y los bienes históricos, los sujeta a modalidades de uso, conservación y traslado de dominio con el propósito esencial de garantizar su salvaguarda, con independencia de si se trata de bienes públicos o de propiedad particular. Esta naturaleza jurídica resume, en gran medida, un debate histórico e ideológico para mantener libres del comercio y del saqueo a los bienes arqueológicos y evitar, entre otros fines, la destrucción de los inmuebles arqueológicos, históricos o artísticos, amenazados por el desarrollo urbano y los intereses inmobiliarios. La Ley sienta las bases de una Política de Estado sustentada en el interés social y el orden público, privilegiando la acción gubernamental en la defensa de los elementos que se considera son la expresión de la historia, identidad e idiosincrasia nacionales.

CUARTA.- Además de la protección, la conservación y la recuperación del patrimonio cultural, actividades declaradas de utilidad pública, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, declara de utilidad pública, además, a la investigación y a la restauración de los monumentos y zonas de monumentos, reconocimiento que sitúa a estas actividades como elementos de primer orden en los propósitos de la Ley. Desde esta perspectiva, la protección, conservación y recuperación no pueden ser disociadas de las labores de la investigación y restauración.

QUINTA.- Una característica relevante de la Ley promulgada en 1972, fue la introducción del concepto de zona de monumentos, para designar el área específica en la que se localizan diferentes edificaciones, asociadas entre sí, de una misma categoría, ya sean arqueológicas, históricas o artísticas. Esta figura jurídica, se sustenta únicamente en la ley y da continuidad a otras modalidades jurídicas que, en diferentes momentos fueron adoptadas en leyes previas, entre ellas, La Ley de Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural, de 1934; la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural, de 1932; y la Ley del Patrimonio Cultural de la Nación, la cual contenía un capítulo referido a Lugares típicos, pintorescos o de belleza natural.

SEXTA.- Cabe destacar que al promulgar la Ley de 1972, se enmendaron imprecisiones y preceptos inconstitucionales del texto de la Ley del Patrimonio Cultural promulgada en 1970. Asimismo, su ámbito de protección se enmarcó únicamente en las facultades legislativas del Congreso de la Unión en materia de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación fuera de interés nacional, dejando de lado los demás bienes calificados como de interés cultural de acuerdo a ley federal previa. Sin duda, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, como ha sido señalado, representó un esfuerzo genuino por alcanzar un instrumento jurídico que garantizara la protección y conservación efectiva del patrimonio cultural, con apego a los principios constitucionales y a las garantías individuales.

SÉPTIMA.- Es de reconocerse el esfuerzo analítico de la colegisladora al proponer la incorporación de nuevas categorías a la Ley vigente, en virtud de que, al paso de los años, han debido enfrentarse diferentes ajustes a efecto de actualizar sus preceptos. Destacan la equiparación de los vestigios y restos fósiles a los monumentos arqueológicos; la incorporación de la figura de derecho de audiencia del que carecía la ley desde su origen; la actualización de la comisión de delitos cometidos en contra de los monumentos y las zonas de monumentos; así como la integración al régimen de protección a los bienes culturales subacuáticos bajo la figura, según corresponda, de los monumentos arqueológicos e históricos.

OCTAVA.- La delimitación expresa de la fracción XXV del artículo 73 constitucional, se refiere a la facultad exclusiva de legislar sólo sobre la categoría de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, esto es, la posibilidad de que el Congreso Federal pueda incidir en un ámbito normativo de aquello que por sus cualidades originarias, históricas, arquitectónicas o estéticas puedan ser calificadas bajo esta triple categorización. Si bien, esta conceptualización basada en criterios estrictamente patrimonialistas, ha sido útil para distinguir y asignar responsabilidades públicas, no sólo entre la autoridad Federal, también ha permitido delimitar con claridad hasta dónde puede actuar la Federación y desde dónde inicia la responsabilidad de conservación del patrimonio cultural de las entidades Federativas.

NOVENA.- Delimitado así, el noble propósito de integrar la figura de itinerarios culturales a las disposiciones normativas de la ley, excede las atribuciones del Congreso Federal, pues tal categoría no constituye un objeto jurídico que el legislador pueda regular conforme a lo dispuesto por la fracción XXV del artículo 73 constitucional, sobre todo, pues conforme a las disposiciones del artículo 124 constitucional, las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados. Esta circunstancia coloca la figura de itinerarios culturales en una circunstancia de indeterminación jurídica y en condiciones de derrotabilidad bajo la perspectiva de una norma de principio de mayor jerarquía, pues la fracción XXV a la que se ha aludido, no la incluye dentro de las categorías de los monumentos de interés nacional.

DÉCIMA.- Es de señalarse que, como lo refiere el dictamen de la colegisladora, muchos de los bienes que integran el itinerario cultural Camino Real Tierra Adentro constituyen bienes inmuebles que por ministerio de ley o por declaratoria son monumentos históricos. Al incorporar la categoría de itinerario cultural, los bienes que integran el recorrido del también llamado camino de la plata, adquirirían dos condiciones jurídicas en la misma ley, la de monumento histórico y la de itinerario cultural, cuyas consecuencias jurídicas en realidad serían de poco significado, pues, en cualquier caso, estarían bajo la competencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia para los efectos de su protección, preservación y difusión.

DÉCIMA PRIMERA.- Cabe señalar que el itinerario cultural Camino Real Tierra Adentro es la expresión de fenómenos sociales concurrentes en un momento histórico de la Nación. Constituye un conjunto de bienes que, por su relación, los distingue de manera especial de otros, incluso de aquellos que se encuentran en las denominadas zonas de monumentos. Es un conjunto único en su tipo en nuestro país. Desde la perspectiva cultural tiene un gran significado, pero desde la perspectiva jurídica, regular su preservación como algo distinto a los monumentos históricos o zonas de monumentos históricas, no le agrega una protección diferente a la que se le confiere actualmente, esto es, como bienes históricos individualizados y zonas de momentos específicas, y sería tanto como legislar sobre la particularidad.

DÉCIMA SEGUNDA.- Es de tomarse en cuenta que Zacatecas es una de las ciudades que integran el Camino Real Tierra Adentro, considerada también Patrimonio Cultural de la Humanidad y, sin embargo, esta ciudad no cuenta con una declaratoria de zona de monumentos históricos bajo el régimen de protección de la Ley Federal de Monumentos y Zonas de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos. No obstante, existe un conjunto de inmuebles históricos catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de manera individualizada y la ciudad constituye uno de los más sitios de mayor interés cultural por el nivel de preservación que ha logrado.

DÉCIMA TERCERA.- Los senadores que integran las comisiones que concurren al dictamen, son de la opinión de que así como la figura de itinerarios culturales no constituye una materia específica de la cual el Congreso tenga facultad para regular, también son de la opinión de que integrarla al orden jurídico no significaría una condición diferente sobre las labores de protección, preservación y difusión que llevan a cabo tanto el Instituto Nacional de Antropología e Historia como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

DÉCIMA CUARTA.- No obstante, las dictaminadoras no dejan de observar la relevancia de reconocer, identificar y resguardar los bienes culturales como el Camino Real Tierra Adentro, así como otros vestigios tales como los sistemas de caminos del mundo maya, denominados Sacbe´ob, entre ellos, el sacbéCobá-Yaxunáde aproximadamente 100 kilómetros de largo, el que une a Aké con Izamal de 32 kilómetros, el de Ucí-Cansahcab de 18 kilómetros y el de Uxmal-Kabah de 18 kilómetros.

Con base en las anteriores consideraciones, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios legislativos, Primera someten a consideración del pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en el apartado D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente resolución con Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se desecha el Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de itinerarios culturales, aprobado por la Cámara de Diputados el 28 de abril de 2014.

México, D.F., el 4 de noviembre de 2015

COMISIÓN DE CULTURA
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.





 

Y otro en relación con el proyecto de Decreto para adicionar el párrafo al artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

PROYECTO DE DECRETO PARA ADICIONAR UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE CULTURA
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores le fue turnado por la Mesa Directiva del Senado de la República Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 30 de la Ley Federal del derecho de Autor, aprobado por la Cámara de Diputados el 19 de marzo de 2015.

Con fundamento en el inciso e) del artículo 72  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 135, 150, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, estas comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen en relación con el Proyecto por el que se adiciona un párrafo al artículo 30 de la Ley Federal del derecho de autor, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 9 de octubre de 2014, el entonces diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados Iniciativa con proyecto por el que se adiciona un párrafo al artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

2. La iniciativa fue turnada el 9 de octubre de 2014 por la Mesa Directiva de ese órgano del Poder Legislativo a la Comisión de Cultura y Cinematografía para su estudio y dictamen.

3. El 11 de diciembre del mismo año, los integrantes de la comisión se reunieron para discutir y aprobar el proyecto de dictamen que sería sometido al Pleno de la cámara de Diputados.

4. El dictamen de la iniciativa fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el 19 de marzo de 2015, con 336 votos a favor, ninguno en contra y sin abstención. El Proyecto de decreto fue turnado a la Cámara de Senadores para los efectos del artículo 72 constitucional.

5. El 24 de marzo de 2015 se recibe el Proyecto de decreto en la Cámara de Senadores y, en esa fecha, es turnada a las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera para su estudio y dictamen.

6. Para efectos de la fracción I del artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Senadores, los presidentes de las comisiones hicieron llegar copia del expediente a los integrantes de cada uno de los cuerpos colegiados.
7. Las comisiones realizaron el estudio y dictamen correspondiente y con esta fecha, presentan el siguiente instrumento para su discusión y, en su caso, aprobación del Pleno del Senado de la República.

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio del Proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados a fin de realizar el análisis y evaluar las consecuencias jurídicas del mismo.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO

El proyecto de decreto que se analiza corresponde a una propuesta presentada durante la Legislatura LXII, por el entonces Diputado Luis Armando Córdova Díaz del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se trata de la Iniciativa con proyecto por el que se adiciona un párrafo al artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor a efecto de que los derechos de autor de carácter patrimonial, sean extensibles en el tiempo siempre que exista, un legatario expresamente señalado por el autor por vía testamentaria.

El propósito es que el autor pueda dotar de certeza a quienes sean los herederos de una obra, con la finalidad de que puedan gozar del beneficio de la regalía generada por la explotación de las obras, siempre que el legatario, esté debidamente establecido en el instrumento legal correspondiente que, de acuerdo con el autor de la iniciativa, es el testamento.

De acuerdo con el iniciante, la actual redacción del artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor, resulta omisa respecto de la posibilidad de que el derecho patrimonial fuese considerado en la sucesión testamentaria del autor. Incluso, interpreta que el artículo 33 de la Ley, únicamente establece un plazo de cinco años cuando, entre otras circunstancias, la hipótesis de ausencia de sucesión testamentaria se establezca.

En este sentido, la propuesta señala que, en tanto el derecho de autor quede plasmado en un testamento, el derecho patrimonial de autor podrá mantener la condición transmisible por herencia sucesiva. Con ello, se dota a los verdaderos beneficiarios de las obras literarias y artísticas de la decisión libre y voluntaria de desprenderse del mismo, en caso de que su deseo sea que forme parte del patrimonio de todas y todos los mexicanos. Desde esta perspectiva, se modifican los términos vigentes, que establecen de manera arbitraria y sin justificación de modo, tiempo o lugar un término de preclusión (de cinco años), en perjuicio de los herederos de quien es y será reconocido como un talento nacional como creador de una obra que bien debe preservarse, con independencia de quienes ostentan la propiedad de la misma o reciban la correspondiente regalía que ésta genere.

En apoyo a su planteamiento, el proponente relaciona los diferentes momentos en que el legislador amplio los términos de explotación de las obras en beneficio del autor o sus causahabientes, periodo que se amplió de 20 a 25 años en el año de 1956. Más tarde, se amplió a 50 años, para alcanzar 75 a la muerte del autor a partir de 1993. Actualmente, los derechos autorales se ampliaron a cien años con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2003.

El Proyecto de decreto es el siguiente:

Artículo 30.- El titular de los derechos patrimoniales puede, libremente, conforme a lo establecido por esta Ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas.

Toda transmisión de derechos patrimoniales de autor será onerosa y temporal. En ausencia de acuerdo sobre el monto de la remuneración o del procedimiento para fijarla, así como sobre los términos para su pago, la determinarán los tribunales competentes.

Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales y las licencias de uso deberán celebrarse, invariablemente, por escrito, de lo contrario serán nulos de pleno derecho.

Tratándose de sucesiones, los derechos patrimoniales de autor, no serán considerados de dominio público en tanto exista legatario establecido dentro del testamento.

Tomadas en cuenta las reflexiones de los integrantes de la Comisión dictaminadora de la Cámara de Diputados y su aprobación por el Pleno de la misma, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera hacen las siguientes consideraciones al contenido del proyecto de decreto.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La Ley Federal del Derecho de Autor es una norma reglamentaria del  artículo 28 constitucional que tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación, la protección de los derechos de los autores y de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como los derechos de los editores, productores y organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, interpretaciones o ejecuciones, ediciones, fonogramas o videogramas. Asimismo, la ley establece los principios y bases de los derechos morales y patrimoniales de los autores, y regula como uno de los objetos clave de la legislación en la materia la protección a las obras editadas a través de cualquier medio de  reproducción.

SEGUNDA.- El artículo 28 constitucional establece que “no serán considerados como monopolio los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora”. Desde esta perspectiva, el derecho autoral es considerado un privilegio protegido por el Estado en función de lo que determine la ley reglamentaria al respecto.

Este derecho, señala el artículo 28, se les concede de manera personal a los autores y a los artistas.

TERCERA.-  Para el cumplimiento de los propósitos de la ley, el Estado mexicano ha depositado en el Instituto Federal del Derecho de Autor, autoridad de carácter administrativa en materia de derecho de autor, y en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, específicamente facultado en materia comercial respecto de la explotación de obras artísticas o literarias, la responsabilidad de proteger, procesar las diferencias entre particulares, substanciar procedimientos y emitir resoluciones en relación con los litigios sobre el uso y explotación de los derechos de autor y de conexos de las obras protegidas por la legislación.

CUARTA.- El Proyecto de decreto aprobado por los integrantes de la Cámara de Diputados, configura una propuesta para que los “legatarios” señalados por voluntad del autor en la sucesión testamentaria, puedan gozar de los privilegios del derecho patrimonial derivado de la explotación de las obras literarias o artísticas. Asimismo, se establece que no podrán ser de dominio público las obras en tanto exista una secesión expresamente señalada.

QUINTA.- Tratándose de que la naturaleza del derecho de autor fuera equivalente a un derecho real de propiedad, de conformidad con el Código Civil Federal, la figura del legatario no corresponde necesariamente a la del heredero; la primera, es de carácter particular, “no tiene más cargas que las que expresamente le imponga el testador, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria con los herederos” (artículo 1285 del Código Civil Federal) y, la segunda, es de carácter universal, en el sentido de que se heredan activos y pasivos (como de manera extensiva podría ser un contrato de cobro de regalías suscrito previo a la sucesión testamentaria).

SEXTA.- Debe señalarse que el artículo 29 de la Ley Federal del Derecho de Autor lo siguiente:

Artículo 29.- Los derechos patrimoniales estarán vigentes durante:

I. La vida del autor y, a partir de su muerte, cien años más.

Cuando la obra le pertenezca a varios coautores los cien años se contarán a partir de la muerte del último, y
II. Cien años después de divulgadas.

Si el titular del derecho patrimonial distinto del autor muere sin herederos la facultad de explotar o autorizar la explotación de la obra corresponderá al autor y, a falta de éste, corresponderá al Estado por conducto del Instituto, quien respetará los derechos adquiridos por terceros con anterioridad.

Pasados los términos previstos en las fracciones de este artículo, la obra pasará al dominio público.

SEPTIMA.- El Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas (Acta de París), sobre la protección de las obras y derechos de los autores, suscrito por nuestro país el 24 de julio de 1971 y ratificado por el Senado de la República el 28 de diciembre de 1973, establece en su artículo 7, inciso 1), que “La protección concedida por el presente Convenio se extenderá durante la vida del autor y cincuenta años después de su muerte” y en el inciso 8) señala que “En todos los casos, el plazo de protección será el establecido por la ley del país en el que la protección se reclame; sin embargo a menos que la legislación de este país no disponga otra o esa, la duración no excederá del plazo fijado en el país de origen de la obra” (de la traducción oficial del convenio).

OCTAVA.- Debe señalarse que, entre otros, los propósitos de las leyes que protegen el derecho de autor, es el establecimiento de un equilibrio respecto de los privilegios de explotación de la obra por parte de su creador y el interés público por disponer de su obra. Este equilibrio se sustenta en diferentes dispositivos de ley, como son, las limitaciones al derecho patrimonial (Título VI de la Ley) y la figura de dominio público de la obra de autor (Capítulo III del Título VI de la Ley), de acuerdo con el cual las obras bajo esta condición pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores.

NOVENA.- Los integrantes de las comisiones que concurren al dictamen, no dejan de observar que, a lo largo del siglo XX, la vigencia de los derechos patrimoniales se han modificado significativamente en sus términos, además de que se han establecido límites para que la transmisión de tales derechos sólo excepcionalmente sean mayores a 15 años cuando la naturaleza de la obra o la magnitud de la inversión requerida así lo justificase (artículo 33 de la ley) y sobre la base de que todo convenio de transmisión de obra debe ser inscrito en el Registro Público del Derecho de Autor para que surta efectos contra terceros.

DÉCIMA.- Cuando se emitieron las primeras disposiciones para la protección del derecho de autor en Los Estados Unidos Mexicanos, su vigencia era de veinte años después de la muerte del autor (La Ley Federal Sobre el Derecho de Autor publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1948), hasta llegar en el año de 2003, a cien años después de la muerte del autor. Cabe señalar que este periodo de tiempo es mayor al de la gran mayoría de los países del mundo: Argentina, hasta 60 años después de la muerte del autor; Brasil, 60 años después de la muerte del autor; Chile, 50 años después de la muerte del autor y España, entre 70 y 80 años, después de la muerte del autor conforme a la norma vigente.

DÉCIMA PRIMERA.- Es de tomar en cuenta que el señalamiento expreso de que la vigencia de la titularidad de los derechos patrimoniales sea durante la vida del autor y cien años después de su muerte, contribuye a que su obra no ingrese al dominio público, con independencia de que no exista un testamento o la designación de un legatario, pues el goce de los derechos patrimoniales después de fallecido el autor, está regulada por la legislación civil. Adicionalmente, la propuesta contenida en el proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados impone mayores requisitos a los titulares de los derechos patrimoniales al requerirse que los beneficios de su obra queden plasmados en un testamento.

DÉCIMA SEGUNDA.- Los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de   Estudios Legislativos, Primera en atención al equilibrio que debe mediar entre las prerrogativas del autor y de la sociedad respecto de los beneficios que genera la difusión de las obras literarias y artísticas, no sólo en lo económico sino en lo educativo y cultural; tomando en cuenta que México es uno de los países de mayor vigencia del derecho patrimonial en beneficio del autor y sus descendientes; y de lo establecido por el artículo 28 constitucional, en el sentido de que no serán considerados monopolios los privilegios que por determinado tiempo se conceda a los artistas y autores, consideran improcedente la propuesta de ampliar el plazo de cien años de vigencia del derecho patrimonial por la vía de la sucesión testamentaria, sea mediante la figura del legatario o de heredero.

Con base en las anteriores consideraciones, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios legislativos, Primera someten a consideración del pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en el apartado D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente resolución con Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se desecha el Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 30 de la Ley Federal del derecho de Autor aprobado por la Cámara de Diputados el 19 de marzo de 2015.

México, D.F., el 4 de noviembre de 2015

COMISIÓN DE CULTURA
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria.

Están a discusión. Al no haber oradores a favor o en contra, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 75 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, quedan desechados los siguientes asuntos:

El proyecto de Decreto para reformar diversas disposiciones a la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Y

El proyecto de Decreto para adicionar un párrafo al artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Se devuelven a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 constitucional.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen, en sentido negativo, de las Comisiones Unidas de Marina; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley Federal del Mar.

PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL MAR

(Dictamen a discusión)



El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, está a discusión. En virtud de no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que propone desechar el proyecto de Decreto.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que desecha el proyecto de Decreto ya descrito. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar al promovente.





 

Tenemos la discusión de diversos dictámenes emitidos por comisiones que contienen puntos de Acuerdo.

Todos están incluidos en la Gaceta Parlamentaria. Solicito a la Secretaría dé cuenta de ellos.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a los dictámenes de la Comisión de Salud, con los siguientes puntos de Acuerdo:

Que exhorta a la Secretaría a evaluar la realización e implementación de un programa integral y específico para fortalecer el tratamiento de la obesidad mórbida a través de cirugía bariátrica.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer un programa integral y específico para fortalecer el tratamiento de la obesidad mórbida a través de cirugía bariátrica.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración delos Puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 16 de abril de 2015, las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva HadamiraGastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la Senadora María Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer un programa integral y específico para fortalecer el tratamiento de la obesidad mórbida a través de cirugía bariátrica.
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

Las Senadoras proponentes consideran importante que se refuercen los tratamientos de la obesidad mórbida, a través de la cirugía bariátrica, como una opción segura y eficiente para combatir el problema.

III. CONSIDERACIONES

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, la obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Dicha acumulación es factor de riesgo para numerosas enfermedades crónicas, entre las que se incluyen la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

Las causas de dicha condición se ven vinculadas a un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas, derivado del aumento a nivel mundial, de la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes, aunado a lo anterior, ha descendido la actividad física de las personas, por diversas razones que pueden ser económicas, geográficas, entre otras, que incluyen la falta de tiempo por largas jornadas de trabajo y largos trayectos recorridos para llegar de su casa al trabajo y viceversa, en el caso de los menores, falta de seguridad pública en las calles que les impiden salir a jugar; además de la dinámica que ha tendio la tecnología por la cual las personas pasan largos periodos de tiempo sentados frente a una computadora, o cualquier aparato electrónico móvil, que reducen la actividad física de las personas de cualquier edad.

Cifras de la OMS, destacan que en 2013, se reportó la existencia de 42 millones de infantes menores de cinco años con sobrepeso, lo cual posiciona a la obesidad infantil como uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI, toda vez que dicho problema se agravará conforme crezca la persona y se convierta en adulta, sobrevendrán consecuencias de enfermedades prematuras como diabetes, enfermedades cardiovasculares, renales del hígado, entre otras cuyos tratamientos representan un gran costo para el gobierno, además de que implica un número muy importante de personas en edad productiva que no van a producir, ya que el sobrepeso y la obesidad en conjunto con las enfermedades que se deriven, pueden ser incapacitantes.

Así mismo se destaca que el 65% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad causan más muertes que la insuficiencia ponderal. Entre esos países se incluyen todos los de ingresos altos y medianos. El 44% de los casos mundiales de diabetes, el 23% de cardiopatía isquémica y el 7-41% de determinados cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad.

Finalmente entre las recomendaciones que destaca la OMS, esta en primer lugar una dieta saludable, con la finalidad de mantener un peso saludable, reducir la ingesta total de grasas y sustituir las grasas saturadas por las insaturadas, aumentar el consumo de frutas, hortalizas, legumbres, cereales integrales y frutos secos, así como la reducción de la ingesta de azúcar y sal. En segundo lugar se recomienda la actividad física regular que ayuda a mantener un cuerpo sano.

B. En México, la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en 2012, arrojó que para el grupo poblacional de entre 5 a 11 años de edad, la prevalencia en general es de 34.4%, de la cual 19.8% tienen sobrepeso y 14.6% obesidad, lo anterior equivale a 5 millones 664 mil 870 infantes, los adolescentes por su parte, que comprenden el grupo poblacional de los 12 a los 19 años de edad, tienen una prevalencia de sobrepeso y obesidad de 35% y finalmente 69.4% de las mujeres mayores de 40 años tienen una prevalencia de 69.4% y en el caso de los hombres la prevalencia es de 73% en sobrepeso y obesidad.

Derivado de la gran problemática que el sobrepeso y la obesidad representan en nuestro país, es que se han impulsado diversas estrategias encaminadas a reducir dicha tendencia a la alza en la población mexicana, ejemplo de ello, han sido estrategias como la “Campaña Chécate, Mídete, Muévete”, que tuvo resultados de efectividad de 85% en recordación y alrededor de 61% de la audiencia decidió cambiar hábitos, dicha campaña tuvo 9 de 10 puntos de aceptación entre la población.

Así mismo, se obtuvieron descensos en el número de casos nuevos de diabetes e hipertensión para 2014, disminuyendo de 397 mil 192 casos de diabetes en 2013 a 378 mil 950 casos en 2014, y de 501 mil 416 casos de hipertensión en 2013 a 476 mil 411 casos en 2014.

C. Una de las alternativas que se propone por parte de las legisladoras para el tratamiento y atención del sobrepeso y más que nada para la obesidad mórbida, tiene que ver con las cirugías bariátricas, dicha cirugía es un procedimiento quirúrgico efectivo realizado sobre el estómago o intestinos que ayuda a perder peso en una persona con obesidad mórbida, de acuerdo con la Guía de Referencia Rápida, de la Secretaría de Salud. Para la realización de la misma, se requiere:

● Debe involucrarse la participación de un equipo multidisciplinario: médico internista, gastroenterólogo, cirujano general, anestesiólogo, endocrinólogo, psicólogo, nutricionista-dietista y trabajador social;

● Debe documentarse en el expediente clínico la indicación y necesidad de la cirugía bariátrica, la evaluación diagnóstica, plan de alimentación, evaluación psicológica, metas y objetivos que contribuyan a un seguimiento oportuno y eficiente;

● El equipo médico debe informar al paciente que la obesidad es una enfermedad crónica que requiere de un tratamiento a largo plazo e individualizado;

● Se debe informar al paciente los beneficios en salud y efectividad de la cirugía bariátrica a corto y largo plazo;

● La Organización Mundial de la Salud y Guías Internacionales recomiendan que el punto de corte del índice de masa corporal debe ser mayor a 30kg/m2;

● La elección sobre el tipo de procedimiento quirúrgico o el tipo de abordaje dependerá de experiencia local, tanto del cirujano como de la institución, preferencia del paciente y estratificación del riesgo quirúrgico.

Como bien es señalado, el procedimiento requiere de una atención integral con la finalidad de determinar la viabilidad de la intervención en el paciente y el compromiso que dicho paciente debe adquirir con la finalidad de que la cirugía bariátrica sea exitosa, ya que requiere del seguimiento de recomendaciones previas y posteriores a la cirugía.

D. La cirugía bariátrica actualmente se realiza en diversas instituciones de nuestro país, ejemplo de ello, es el Instituto Nacional de Seguridad Social, que cuenta con la Clínica de Diabetes Mellitus y Obesidad en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, para aquellas personas que excedan más del 50% de su peso ideal. De esta forma, a través de la evaluación de especialistas en nutrición, endocrinología, psicología o psiquitatría y medicina interna, se valora la candidatura de los pacientes para dicha intervención quirúrgica, con la finalidad de que se modifique la anatomía del sistema digestivo y se disminuya en el paciente o restrinja la absorción de alimentos, con lo cual mejora la calidad y esperanza de vida de las personas.

Dicha Institución, desde 2008, ha obtenido resultados como la realización de 170 intervenciones de cirugía bariátrica, actualmente da seguimiento a 350 pacientes, además el 98% de los pacientes que ya padecían diabetes, han logrado después del procedimiento, dejar el consumo de fármacos, debido al cambio de hábitos de alimentación y actividad física que han mejorado notablemente su salud y lo más importante, todos los pacientes que realmente se comprometen con el tratamiento, adquieren confianza ya que previo a la cirugía logran bajar entre 20 a 30 kilos de su peso actual, con la finalidad de reducir riesgos durante el procedimiento.

En el mismo tenor, el Gobierno del Distrito Federal, con datos de su Segundo Informe de Gobierno 2013-2014, destacó el establecimiento de la Clínica Integral de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas n el Hospital General Dr. Rubén Leñero y la Clínica de la Obesidad en el Hospital General Tlahuac, la primera otorga atención desde 2009 y la segunda desde 2012.

La importancia de dichas clínicas deriva desde su instauración hasta septiembre de 2014, en la realización de 1,142 cirugías (bypass gástrico, manga gástrica, cirugía de conversión, banda gástrica, entre otras) dependiendo de la que sea mejor para los pacientes, sólo en 2014 se realizaron 303 cirugías, con 450 pacientes en lista de espera. Lo anterior con óptimos resultados a partir de la seria valoración, seguimiento del protocolo, citas pre-quirúrgicas con el personal multidisciplinario para evaluar el compromiso del paciente con el tratamiento.

Es importante destacar que las instituciones previa la aplicación del tratamiento destacan que no se trata de un tema estético, ya que va más allá, para mejorar en general la calidad de vida de las personas y el riesgo de muerte por enfermedades como la hipertensión, diabetes, renales, del hígado, o del sistema respiratorio o pulmonares como obstrucciones de las vías aéreas durante el sueño, problemas en las articulaciones, entre otras.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la propuesta de fortalecer a través de un programa, la ejecución de tratamientos contra la obesidad mórbida, que incluyan la cirugía bariátrica, de tal manera que se mejore la calidad de vida de las personas, su esperanza de vida y en su caso, pueda volver a ser productiva, por elloy con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud con la finalidad de que evalúe la realización e  implementación de un programa integral y específico para fortalecer el tratamiento de la obesidad mórbida a través de la cirugía bariátrica, que permita impulsar dicha política como una opción segura y eficiente para combatir el problema.

COMISIÓN DE SALUD.

(Intervención de la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora)



(Intervención del Senador Francisco Salvador López Brito)







 

En torno al cáncer gástrico.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades en materia de salud con el objetivo de mejorar la prevención, detección y tratamiento del cáncer gástrico.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 24 de septiembre de 2015, la Senadora Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades en materia de salud a mejorar la prevención, detección y tratamiento del cáncer gástrico.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La Legisladora proponente, señala la importancia de mejorar la prevención, detección y tratamiento del cáncer gástrico.

III. CONSIDERACIONES

A. El cáncer es el nombre común que recibe un conjunto de enfermedades relacionadas en las que se observa un proceso descontrolado en la división de las células del cuerpo. Puede comenzar de manera localizada y diseminarse a otros tejidos circundantes. En general conduce a la muerte del paciente si este no recibe tratamiento adecuado y oportuno. Se conocen más de 200 tipos diferentes de cáncer. Los más comunes son: de piel, pulmón, mama, cérvico-uterino, colorrectal y gástrico.

Por otra parte la Organización Mundial de la Salud, OMS, manifiesta que el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células que puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo y se muestra como un tumor que suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo.

Así mismo, tenemos que el cáncer gástrico se sigue considerando una prioridad de salud global al ser la cuarta causa de muerte por cáncer en el mundo, aun cuando en las últimas cinco décadas, en algunas regiones, se ha observado una disminución en su incidencia y mortalidad, A nivel mundial, en 2012 se presentó casi un millón de casos nuevos y cerca de 723 000 muertes por esta neoplasia, que se presenta principalmente en países en desarrollo. En México, el cáncer gástrico es un problema de salud pública pues se ubica como la quinta causa de muerte por cáncer, con una tendencia que no muestra disminución a través del tiempo. En particular, la dieta y el consumo de alcohol y de tabaco, además de la infección por Helicobacter pylori, probablemente esta sea la infección bacteriana crónica de mayor prevalencia en el mundo aproximadamente 50% de la población la contrae llegando a tasas de hasta 70% en países desarrollados.

B. En México a pesar de que se han hecho esfuerzos el cáncer se ha intensificado y cada día se enquista más en nuestra sociedad, la tasa de mortalidad por cáncer en los últimos 30 años, entre 1980 y 2011 creció 56%, según la Secretaría de Salud. En esos años, esta tasa pasó de 39.5 muertes por cada 100 mil habitantes a 61.7 por cada 100 mil.

De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el número absoluto de defunciones por cáncer se incrementó, entre los años 2004 y 2013, en casi 20%, al haber pasado de 64 mil 333 en el primer año de referencia, a una suma de 78 mil 582 en 2013, en el que se llegó al récord histórico en el número absoluto de defunciones anuales por tumores (neoplasias), señaló en las “Estadísticas a Propósito del Día Mundial Contra el Cáncer” de 2013, que el cáncer de estómago se encuentra entre las principales causas de morbilidad hospitalaria en los hombres de entre 75 y 79 años de edad, lo anterior representa una prevalencia de 47 casos por cada 100 mil habitantes de este grupo de edad en específico, le siguen los que tienen entre 65 y 74 años de edad, con una prevalencia de 38 por cada 100 mil habitantes.

En 2011, la prevalencia de mortalidad por causa de tumores malignos, demostró en las mujeres muertes por cáncer cervico-uterino, seguido de cáncer de estómago, mientras que en los hombres, era de cáncer de próstata, seguido de cáncer de pulmón y cáncer de estómago, entre las principales causas.

Como bien lo señala el INEGI y la legisladora proponente, el cáncer gástrico se ha colocado a lo largo de un extenso periodo de tiempo, dentro de los primeros tres lugares a nivel mundial de mortalidad, en cuanto a tumores malignos refiere.

De acuerdo con el Perfil Epidemiológico de los Tumores Malignos en México, desarrollado por la Secretaría de Salud y publicado en 2011, con cifras de la Dirección General de Información en Salud, DGIS, demostró que las entidades más afectadas por cáncer de estómago están:

● Chiapas y Yucatán con una prevalencia de 8.0 por cada 100 mil habitantes por entidad federativa;

● Guerrero y Morelos con una prevalencia de 7.0 por cada 100 mil habitantes por entidad federativa;

● Campeche, Oaxaca, el Distrito Federal y Baja California Sur con una prevalencia de 6.6, 6.6, 6.5 y 6.2 por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

Por ello, se considera importante que la Secretaría de Salud implemente las medidas necesarias que promuevan la prevención con atención médica temprana y capacitación de personal profesional de la salud para un diagnóstico temprano.

C. Cabe mencionar que el cáncer de estómago en etapa inicial pocas veces causa síntomas, razón por la cual es tan difícil de detectar tempranamente, los signos y síntomas que pueden presentarse son entre otros, la pérdida del apetito, el dolor abdominal, acidez (agruras) o indigestión, náusea, vómitos, síntomas que suelen ser confundidos con otras dolencias que no son cáncer, tal como un virus o una úlcera estomacal. Esto también ocurre con otros tipos de cáncer. No obstante, sólo aproximadamente uno de cinco cánceres de estómago en los Estados Unidos se detectan en una etapa inicial, antes de que se hayan propagado a otras áreas del cuerpo, un factor que influye en esta incidencia suele ser el consumo de antiácidos (habitualmente con compuestos de aluminio y magnesio) que suelen aliviar los síntomas, a pesar de que los antiácidos son seguros y por lo regular se venden sin receta médica, siempre se deben administrar con precaución y no se deben tomar junto con otros medicamentos, la NORMA Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, sobre Servicios básicos de salud, Promoción y educación para la salud en materia alimentaria y Criterios para brindar orientación, en su Apéndice Informativo E1.2.2 especifica que el consumo prolongado de antiácidos puede interferir con la absorción de hierro, ya que medicamentos cono el omeprazol que no es ningún protector gástrico, sino más bien un potente inhibidor del tan necesario ácido gástrico para la digestión y neutralización de microbios.

Está demostrado por la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos que el uso crónico de antiácidos produce el agotamiento del magnesio en el cuerpo hasta niveles muy peligrosos para la salud. No se trata de suspender la administración de los antiácidos en aquellas personas que por sus condiciones de salud los necesitan, sino que el médico debería solicitarles chequeos de sus niveles de magnesio y eventualmente recomendarles una complementación de este mineral, por todo lo anterior expuesto que a pesar de que los antiácidos pueden hacer que algunos malestares digestivos desaparezcan, no es recomendable consumirlos regularmente sin supervisión médica, debido a que a la larga puedan desencadenar complicaciones más graves.

D. En nuestro país no existe una política articulada e integral, orientada a la prevención, diagnóstico, tratamiento y control del cáncer gástrico. Por ende, se destaca que uno de los objetivos para ir contrarrestando este padecimiento es garantizar a los pacientes que padecen cáncer de estómago, a acceder a tratamientos eficaces, seguros y adecuados de acuerdo a la etapa de su enfermedad, por lo que será necesario identificar, desarrollar e implementar programas o acciones que además del acceso, garanticen la calidad y continuidad de los tratamientos y servicios de salud para quienes viven con este padecimiento, con el objetivo de extenderles la esperanza y calidad de vida.

Las políticas públicas sanitarias vigentes para combatir el cáncer de gástrico resultan insuficientes para atender este grave problema de salud. Por ende, se deben redoblar esfuerzos a la par de los realizados en contra del cáncer de mama y cérvico-uterino, para que se disminuya la prevalecía de este padecimiento que cada vez se enquista más en la población mexicana, por ello, esta Comisión dictaminadora coincide con el Proponente en aras de dar una mejor calidad de vida e ir contrarrestando este tipo de cáncer.

E. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, coincide con la legisladora proponente y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, se incluya el cáncer gástrico dentro del Programa Integral de Cáncer, que se encuentra en proceso de elaboración, a partir de la prevalencia y tasa de mortalidad que se registra en México por esta causa. Asimismo, se elaboren los lineamientos para la prevención y atención de este padecimiento y se informe a esta Soberanía.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General, para que se considere la viabilidad de incluir el diagnóstico y tratamiento del cáncer gástrico en el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que impulse una campaña nacional, que informe sobre la prevención y los factores de riesgo que pueden originar el cáncer gástrico y las causas, síntomas y consecuencias que se derivan de dicho padecimiento, con especial énfasis en la población adulta y personas adultas mayores, que son más vulnerables a dicha enfermedad.

CUARTO. El Senado de la República, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que de manera coordinada implementen diversas campañas de información y concientización en relación a los riesgos para la salud que representa el exceso del consumo de antiácidos, al ser de libre venta.

COMISIÓN DE SALUD.

(Intervención del Senador Francisco Salvador López Brito)







 

Que exhorta a la Secretaría de Salud y al gobierno de Zacatecas a revisar, analizar e implementar acciones concretas para mejorar la atención médica en el estado, con el objetivo de atender con mayor rapidez urgencias como la suscitada en el municipio de Mazapil.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta la Secretaría de Salud y al Gobierno de Zacatecas a revisar, analizar e implementar acciones concretas para mejorar la atención médica en el estado, con el objetivo de atender con mayor rapidez hechos como el suscitado en el municipio de Mazapil.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 14 de agosto de 2015, el Senador David Monreal Ávila, del Grupo parlamentario del Partido del Trabajo presentó Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta la Secretaria de Salud y al Gobierno de Zacatecas a revisar, analizar e implementar acciones concretas para mejorar la atención médica en el estado, con el objetivo de atender con mayor rapidez hechos como el suscitado en el municipio de Mazapil.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El Senador proponente considera importante el revisar, analizar e implementar acciones concretas para mejorar la atención médica en el estado de Zacatecas, con el objetivo de atender con mayor rapidez, hechos como el suscitado en el municipio de Mazapil.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia de la proposición con Punto de Acuerdo, el cual está enfocado a mejorar la atención médica en el estado de Zacatecas, con el objetivo de atender con mayor rapidez hechos como el suscitado en el municipio de Mazapil.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, con cifras de 2012 señala que cada año mueren cerca de 1.3 millones de personas en las carreteras a nivel mundial, y entre 20 y 50 millones de personas padecen traumatismos no mortales, causados por los accidentes viales, pero aquellos traumatismos que son mortales, constituyen la principal causa de defunción entre las personas que van de los 15 a los 29 años de edad.

Aunado a lo anterior, la OMS nos ofrece cifras que indican que el 90 por ciento de las muertes en carretera, se producen en los países de ingresos bajos y medianos, a los que solo corresponde el 48 por ciento del parque vehicular.

Además los servicios de salud, son todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así mismo, se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud.

B. En México, de acuerdo con el Tercer Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial, en 2013, se destaca que anualmente fallecen en México, alrededor de 16 mil 500 personas a causa de accidentes viales, lo que representa un grave problema de seguridad y salud pública al ser la primera causa de muerte en niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 14 años de edad y la segunda causa entre jóvenes de 15 a 29 años de edad.

Tan sólo en 2012, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, poco más de 6 millones 900 mil personas fueron víctimas de un accidente, de las cuales más de 1 millón 400 mil tuvieron como consecuencia una discapacidad, tomando en cuenta que los datos son respecto de accidentes en general.

C. El Municipio de Mazapil es uno de los 58 municipios del estado mexicano de Zacatecas. Está ubicado en el norte del estado y cubre el 36% del territorio del mismo, el más grande de Zacatecas y el décimo tercer municipio más grande de la República Mexicana, sobresale majestuosamente el templo de San Gregorio Magno, edificio del siglo XVIII, destaca por su grandiosidad y por el número de fieles que visitan, la capilla de Nuestro Padre Jesús, santo patrono del pueblo.

La principal festividad de Mazapil se celebra del 29 de julio al 6 de agosto en su honor, y durante esa semana se llevan a cabo procesiones y diversas fiestas, lamentablemente, estas festividades se han visto afectadas e inclusive canceladas debido a accidentes que se han presentado desde hace unos años.

Ejemplo de ello, en el año 2003, peregrinos de Mazapil viajaban rumbo a la fiesta patronal de Concha del Oro, pero la falla de frenos en el autobús los llevó al vacío, años después en diciembre de 2010, la pólvora de los juegos pirotécnicos explotó dentro de la casa parroquial de la Inmaculada Concepción, destrozando la vida de Gustavo y su hermano Luis González Guerrero, de 14 y 18 años. Hubo más de 10 heridos, entre ellos el párroco Dionisio Muñoz debido a la explosión.

El más reciente accidente sucedió el 29 de julio del año en curso, un camión de carga se quedó sin frenos y atropelló a decenas de participantes de una peregrinación que pasaba por el centro de Mazapil, lo que provocó la muerte de 27 personas, quedando en el lugar 14 muertos, de los cuales nueve eran mujeres, cinco hombres.

Diversos medios de comunicación, informaron que los peregrinos lesionados fueron hospitalizados en Saltillo, Coahuila; en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el Hospital Universitario y en la clínica privada La Concepción, así como en el Hospital Muguerza, el Hospital General y en el Hospital del Niño. De la misma forma, algunos heridos fueron trasladas a la clínica del ISSSTE de Monterrey, Nuevo León.

Debemos señalar que, sólo un centro hospitalario en el estado fue el encargado de apoyar en esta situación, exhibiendo que el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Concepción del Oro, no estaba preparado para una tragedia de esta magnitud, por lo que los nosocomios de Saltillo, Coahuila, y Monterrey, Nuevo León, también recibieron a varios de los heridos, a fin de dar la asistencia médica necesaria.

D. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, inició una investigación de oficio por las posibles omisiones de la Dirección de Transporte y Vialidad del Estado y ante la detención del presunto responsable de la tragedia, aunado a esto se dio a conocer que el vehículo que causó el accidente fatal en Mazapil, al momento de atropellar a los peregrinos que caminaban por el centro de la cabecera municipal, transportaba 21 toneladas de material.

Antes estos informes, se entiende que el vehículo transitaba en una avenida en la que no estaba permitido el paso a transportes, aunado a eso, diversos testigos mencionan que el chofer saltó del vehículo en movimiento al perder el control, situación que ocasionó mayores daños.

D. Finalmente, se considera importante, que las autoridades, enfoquen sus acciones tendientes a reducir los accidentes vehiculares, a modificar la cultura de la población, para que tomen en cuenta las recomendaciones que son para beneficio de ellos mismos y que en la mayoría de los casos les pueden salvar la vida o disminuir el riesgo de contraer una discapacidad a partir del traumatismo ocasionado.

Por lo anterior, esta Comisión coincide con la propuesta en que se requiere crear un fondo de apoyo y programa que permita la rápida movilización de ambulancias y servicios médicos a cualquier parte del territorio, con el objetivo de atender con mayor rapidez a los heridos que requieren de atención médica inmediata.

Así como, que las autoridades municipales, estatales y federales establezcan un programa de actualización y de revisión de todos los transportistas del estado para que se encuentren registrados debidamente ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, todo lo anterior expuesto con la única finalidad de evitar situaciones como las ocurridas en Mazapil, vuelvan a ocurrir.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con las propuestas y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y al Gobierno de Zacatecas a revisar, analizar e implementar acciones concretas para mejorar la atención médica en el estado, con el objetivo de atender con mayor rapidez urgencias como la suscitada en el municipio de Mazapil.

COMISIÓN DE SALUD.





 

El que exhorta a informar sobre los resultados de las acciones realizadas por doctores del Hospital Mercy de San Diego, California, quienes realizaron jornadas quirúrgicas a niñas y a niños con problemas de labio y paladar hendido, entre otras patologías.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud en coordinación con el Gobierno del Estado de Michoacán, a fin de que investigue cuáles son los resultados de las acciones realizadas por doctores del Hospital Mercy de San Diego California quienes han realizado jornadas quirúrgicas a niñas y niños con problemas de labio y paladar hendido entre otras patologías.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 8 de septiembre de 2015, la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud en coordinación con el Gobierno del Estado de Michoacán, a fin de que investigue cuáles son los resultados de las acciones realizadas por doctores del Hospital Mercy de San Diego California quienes han realizado jornadas quirúrgicas a niñas y niños con problemas de labio y paladar hendido entre otras patologías.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La proposición de mérito señala la importancia del tratamiento de pacientes con labio y paladar hendido, por lo que exhorta a la Secretaría de Salud en coordinación con el Gobierno del Estado de Michoacán, a fin de que investigue cuáles son los resultados de las acciones realizadas por doctores del Hospital Mercy de San Diego California quienes han realizado jornadas quirúrgicas a niñas y niños con problemas de labio y paladar hendido entre otras patologías.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia de la proposición con Punto de Acuerdo, el cual está enfocado en que investigue cuáles son los resultados de las acciones realizadas por doctores del Hospital Mercy de San Diego California quienes han realizado jornadas quirúrgicas a niñas y niños con problemas de labio y paladar hendido entre otras patologías.

B. El derecho a la salud de la infancia incluye los cuidados prenatales y postnatales de las madres. Un lactante tendrá muchas menos posibilidades de sobrevivir si la madre fallece debido a complicaciones surgidas durante el embarazo o el parto, por lo tanto, es fundamental que una mujer embarazada pueda beneficiarse de cuidados durante su embarazo así como durante y después del parto. Estos cuidados deben estar garantizados, en la medida de lo posible, por personal médico calificado para asegurar la buena salud de la madre y del niño.

Respecto a lo anterior, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, conforme a su Informe Técnico No. 438, de los Factores Genéticos y Malformaciones Congénitas, en lo que respecta al labio leporino y el paladar hendido, señala que las malformaciones del tubo neural son causas de mortalidad muy importantes durante la vida intrauterina y en los infantes recién nacidos, se piensa que aproximadamente uno de cada 700 nacen en el mundo ya sea con labio leporino y/o paladar hendido.

El paladar hendido y el labio leporino, se manifiestan físicamente, cuando el labio superior y el paladar no se desarrollan correctamente, durante los primeros meses de embarazo de la mujer, además de la complicación física, también puede haber complicaciones para comer, hablar, infecciones de oídos que pueden llevar hasta la pérdida de la audición y problemas con la alineación de los dientes.

C. Por más de dieciocho años un grupo de médicos proveniente del Hospital Mercy en San Diego California, llevaron a cabo, operaciones para corregir malformaciones congénitas como: labio y/o paladar hendido (labio y paladar abierto) sindactilia (dedos pegados), polidactilia (dedos de más), nevo piloso (lunar negro con vello), hemangioma (lunar rojo), secuelas de quemadura (cicatriz queloide), hernias, criptorquidias (testículos sin descender) y estrabismo (ojos encontrados), esto logrado a las gestiones y el trabajo realizado tanto por el Club Rotario Camelinas, el DIF Michoacán y el DIF Morelia.

No obstante, la intención del Hospital Mercy, se han derivado diversas complicaciones en los pacientes atendidos, dejando secuelas en los pacientes y generando daños irreversibles en ellos, afectando su integridad humana, todo lo anterior como consecuencia de permitirse operaciones masivas sin que se hubiese vigilado y supervisado adecuadamente por las autoridades sanitarias.

D. Aunado a lo anterior las jornadas en colaboración con el Hospital Infantil de Morelia que se realizaron en la capital del estado fueron suspendidas al ver que los resultados y las consecuencias eran negativas para los pacientes, sin embargo, en abril de 2015 la Secretaría de Salud en el Estado autorizó que nuevamente se interviniera a más de 350 niños, aun y cuando personal médico del hospital infantil “Eva Sámano de López Mateos” documentó los diferentes casos en los que los pacientes tuvieron secuelas por dichas intervenciones.

Por lo anteriormente expuesto esta Comisión coincide con la proponente en hacer un llamado respetuoso a las autoridades de Salud y al Gobierno del Estado de Michoacán para que se investiguen, revisen y reparen los daños posibles en las personas afectadas por estos hechos; así como de probarse la responsabilidad de los doctores originarios de San Diego, frenar y prohibir toda atención médica.

Finalmente por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, coincide con la legisladora proponente y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud para que en coordinación con el Gobierno del Estado de Michoacán, se informe a esta Soberanía sobre los resultados de las acciones realizadas por doctores del Hospital Mercy de San Diego California quienes realizaron jornadas quirúrgicas a niñas y niños con problemas de labio y paladar hendido entre otras patologías.

COMISIÓN DE SALUD.





 

Que exhorta informar sobre los avances en cumplimiento de los objetivos y propósitos del Programa Sectorial de Salud 2013-2018.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a cumplir con los objetivos y propósitos del Programa Sectorial de Salud 2013-2018.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de septiembre de 2015, la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo presentaron Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Titular de la Secretaria de Salud, con la finalidad de cumplir con los objetivos y propósitos del programa sectorial de salud 2013-2018.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La legisladora proponente destaca su preocupación en torno al avance de los objetivos y propósitos del Programa Sectorial de Salud PROSESA 2013-2018, con diversos objetivos entre los cuales destaca la protección a la salud, la prevención de las enfermedades, el asegurar el acceso efectivo a esos servicios con calidad. Así como promover la optimización y el uso efectivo de los recursos asignados a las instituciones de salud en nuestro país.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia de la proposición con Punto de Acuerdo, el cual está enfocado a cumplir con los objetivos y metas del Programa Sectorial de Salud PROSESA, con diversos objetivos entre los cuales destaca la protección a la salud, la prevención de las enfermedades, el asegurar el acceso efectivo a esos servicios con calidad. Así como promover la optimización y el uso efectivo de los recursos asignados a las instituciones de salud en nuestro país.

B. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 26 apartado A que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización. La Constitución establece asimismo específicamente que habrá un Plan Nacional de Desarrollo, al que se sujetarán, obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 aprobado por Decreto publicado el 20 de mayo de 2013 en el Diario Oficial de la Federación es el principal instrumento de planeación de esta administración; define las prioridades nacionales que busca alcanzar el gobierno mediante objetivos, estrategias y líneas de acción.

A su vez, la Ley de Planeación señala en su artículo 16 fracción IV que las dependencias de la Administración Pública Federal deberán asegurar la congruencia de los programas sectoriales con el Plan Nacional de Desarrollo y programas especiales que determina el Presidente de la República. Para la elaboración de los programas sectoriales, en términos de elementos y características, se publicó el 10 de junio de 2013 el Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013 2018.

En este sentido, el Programa Sectorial de Salud PROSESA 2013-2018 es el instrumento mediante el cual el Gobierno de la República formula las estrategias y acciones con las que se propone alcanzar los objetivos en materia de salud, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece seis objetivos asociados a las Metas Nacionales: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global y a las tres estrategias transversales: Democratizar la Productividad; Gobierno Cercano y Moderno; y Perspectiva de Género. Dichos Objetivos son los siguientes:

1. Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades.

2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.

3. Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida.

4. Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país.

5.  Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud.

6. Avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectora de la Secretaría de Salud.

Para el logro de esos objetivos se delinean 39 estrategias que involucran 274 líneas de acción específicas y 9 estrategias transversales, así mismo para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos se miden a través de 16 indicadores de resultado reconocidos como prioritarios tanto por las instituciones de salud como por las organizaciones de la sociedad civil y por los organismos internacionales.

C. La Secretaría de Salud se ha propuesto dar seguimiento puntual al avance de las metas establecidas por lo que la Dirección de Evaluación del Desempeño de los Sistemas de Salud, perteneciente a la Dirección General de Evaluación del Desempeño, presenta anualmente el avance de los indicadores, este seguimiento periódico del comportamiento de los indicadores respecto de las metas establecidas permite validar si las estrategias y líneas de acción propuestas son las correctas o es necesario realizar ajustes, de tal forma que se pueda asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos por esta administración.

Respecto a lo anterior, el Tercer Informe de Gobierno, ofrece un balance general de la Administración Pública Federal y se da cuenta de las reformas, políticas, programas y acciones impulsadas por esta administración el cual arrojó algunas cifras respecto indicadores del PROSESA, es así como tenemos que el indicador capta el acceso a las vacunas que correspondan a los menores de un año, indicador se considera estratégico debido a que es el periodo crítico donde mayor valor agregado en salud se obtiene de la vacunación.

En el año 2013, casi 84 niños de cada 100 nacidos vivos habían recibido todas sus vacunas. Esta cifra representó un avance de 90% hacia la meta para 2018. Es de notar que en el último año se revisó la forma en que se registraba este indicador entre las diferentes instituciones de salud.

Aunque, por otro lado respecto a la prevalencia de obesidad en niños de 5 a 11 años de edad, indicador que mide el efecto de las acciones de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes enfocadas a la población infantil, tenemos que en el año 2012.

Continuando con lo anterior, tenemos que para el objetivo 2 que versa sobre el asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad, este indicador mide el efecto de las acciones que la Secretaría de Salud, en coordinación con las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud, en 2015, en promedio 16 de cada 100,000 mujeres murieron por este tipo de cáncer, logrando la disminución de la tasa en comparación con 2012 y con 2011, logrando un avance de casi 22% en la consecución de la meta establecida para 2018.

D. No obstante, superar los retos planteados y mantener los logros alcanzados requiere fortalecer la función de rectoría de la Secretaría de Salud dentro del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con la Ley General de Salud, es la encargada de ejercer la rectoría del sector.

El diagnóstico permite identificar las estrategias necesarias para abordar los principales retos. No obstante, no se puede dejar de mencionar que la responsabilidad del gobierno para garantizar el derecho a la protección de la salud abarca múltiples aspectos, desde la regulación hasta la prestación.

Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus atribuciones informen detalladamente a esta Soberanía sobre los avances en el cumplimiento de los objetivos y propósitos del Programa Sectorial De Salud 2013-2018 (PROSESA).

COMISIÓN DE SALUD.





 

Que exhorta a reforzar las políticas públicas de difusión e información para prevenir y disminuir la mortalidad materno-infantil en el país.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen cuatro Proposiciones con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar diversas acciones en torno a la promoción de la salud materno-infantil.

Una vez recibidos por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de los referidos Puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de septiembre de 2015, el Senador Héctor Yunes Landa, integrante     del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar políticas     públicas de difusión e información para prevenir y disminuir la mortalidad materna en el país.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 29 de septiembre de 2015, las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la Senadora María Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas, a comunicar a las mujeres embarazadas y en estado de lactancia, sobre los riesgos del uso nocivo del alcohol, a fin de prevenir los casos de niñas y niños afectados por el síndrome “Alcohólico fetal”.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 30 de septiembre de 2015, las y los Senadores Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y sus homólogas en las entidades federativas, a fortalecer las acciones, estrategias y políticas de gobierno, así como campañas de información y concientización, para reducir la mortalidad infantil.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directica dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

4. Con fecha 28 de octubre de 2015, la Senadora Lisbeth Hernández Lecona y el Senador Daniel Amador Gaxiola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia y al gobierno del estado de Morelos a adoptar el programa “Ve.Ve!!! Piénsalo Bien”, como modelo de prevención del embarazo adolescentes, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directica dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO

Las y los Senadores proponentes, destacan la importancia de continuar implementando y reforzando las políticas públicas enfocadas en disminuir la mortalidad infantil.

III. CONSIDERACIONES

A. Entre los Objetivos del Desarrollo del Milenio adoptados desde 2000 por la comunidad internacional, la Organización Mundial de la Salud consideró la importancia de incluir la reducción de la Mortalidad Materna, toda vez que las muertes que se ocasionan por esta causa, pueden ser prevenidas, comprometiéndose los países que tomaron parte, a reducir la mortalidad materna en un 75% entre 1990 y 2015.

No obstante, desde 1990, dicho objetivo solo ha logrado reducir esta causa de muerte al 45%, cifras de dicha Organización destacan que cada día mueren a nivel mundial 800 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto, tan solo en 2013, murieron más de 280 mil mujeres.

B. En México, la evolución de la Razón de Mortalidad Materna, disminuyó de 56.1 en 2002 a 38.3 muertes por cada 100 mil nacidos vivos en 2013, sin embargo, las cifras no ha sido constantes por lo que el promedio anual se mantuvo en 49.1 muertes por cada 100 mil nacidos vivos y equivale en promedio a 1019.5 muertes maternas.

Al respecto, varios estados de la República que ya cumplieron o están cerca de cumplir con el Objetivo del Milenio, como Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, cuyo porcentaje de avance en la disminución de las muertes para 2013 fue de 71.3, 74.1 y 81.7%, con respecto a la mortalidad que tenían en 1990. Sin embargo, existen otras entidades federativas como Aguascalientes, Coahuila, Tamaulipas, Campeche y Quintana Roo, cuya Razón de Mortalidad Materna en 2013 se incrementó, con respecto a lo que tenían en 1990, dichos aumentos fueron de 12, 117.5, 21.6, 4.7 y 36.7% respectivamente, cifras alarmantes para los estados, ya que a 23 años de los Objetivos del Milenio, la tendencia debe ir a la baja, finalmente en el resto del país, se ha disminuido la Razón de la Mortalidad Materna, pero no y en el resto del país, no han logrado superar los 70 puntos porcentuales de disminución por lo que deben seguir reforzando las políticas públicas al respecto.

Otro avance al respecto tiene que ver con la evolución de la proporción de partos atendidos por personal capacitado, por entidad federativa, cuyo porcentaje se ha incrementado favorablemente de 76.7% en 1990 a 96.1% en 2013, lo cual se traduce en mejor atención en caso de urgencias o complicaciones.

C. Entre las causas relacionadas con las muertes maternas evitables, se encuentran el aborto, la enfermedad hipertensiva del embarazo, la hemorragia del embarazo, parto y puerperio, sepsis y otras infecciones puerperales, complicaciones venosas, VIH-Sida, entre otras. Sin embargo, otra causa en común que se relaciona con todas las anteriores, es la edad, ya que las mujeres que tienen entre 15 y 19 años de edad, o menores, tienen un gran riesgo de fallecer.

A nivel mundial de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en México se registran diariamente un total de 1,252 partos, en mujeres de entre 12 y 19 años de edad, el mayor porcentaje se encuentra en Chiapas, Nayarit, Michoacán, Veracruz, Chihuahua, Hidalgo y el Estado de México, por señalar algunos, sin embargo, aunado a que en dicho periodo las mujeres no han terminado de desarrollarse ni física ni emocionalmente, se encuentran la mayoría en situación de pobreza, en familias de ingresos bajos y educación nula o menor, principalmente en zonas rurales.

Dichos factores económicos, sociales, geográficos y físicos, entre otros, incrementan de manera sustancial la probabilidad de tener embarazos no planeados pero además de tener grandes riesgos de complicaciones durante el embarazo, el parto o puerperio.

De acuerdo con la Estrategia Nacional Para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, en México viven 22.4 millones de adolescentes de entre 10 y 19 años de edad, población objetivo que puede ver su vida obstaculizada por la ocurrencia de un embarazo no planeado, con consecuencias que tienen que ver desde renunciar a estudios, trabajar o tener complicaciones en la salud, debido a la edad, entre otras.

Por ello dicha Estrategia promueve de manera general una visión integral, donde se tomen en cuenta aspectos educativos, medios de comunicación masiva, centros de salud y hospitales, programas de desarrollo juvenil y expansión de oportunidades, donde las y los adolescentes, dejen de percibir el embarazo a esa edad como su destino, por la falta de oportunidades tanto de educación como de empleo.

Existen diversos programas enfocados en hacer conciencia entre la población adolescente para reducir los embarazos a temprana edad, tal es el caso de la estrategia “Es tu vida. Es tu futuro. Hazlo Seguro”, a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto Nacional de las Mujeres, mismas que han dado por resultado la disminución del 2% de éstos casos.

Sin embargo hace falta mucho por hacer y por ello, los legisladores proponentes, hacen mención del Programa “Ve-Ve!!! Piénsalo Bien” que se enfoca en la reducción de embarazos en adolescentes, deserción escolar, contagio de enfermedades de transmisión sexual, entre otros relacionados, con el apoyo de material didáctico como el uso de bebés electrónicos y chalecos que simulan el vientre de nueve meses de gestación, con personal calificado que informa, con la finalidad de reducir el embarazo en adolescentes.
D. Finalmente, en el tema de la salud materno-infantil, se expone un tema que tiene en común con todos los anteriores, que lamentablemente la falta de información puede llevar siempre en el menoscabo de las personas, en este caso, el riesgo directo impacta en la salud del bebé en la etapa de gestación o bien, en la etapa de lactancia según sea el caso, nos referimos al Síndrome Alcohólico Fetal.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, consumir alcohol en exceso durante el embarazo, puede conducir a un aborto espontáneo, o una variedad de discapacidades conocidas como trastornos del espectro alcohólico fetal, cuyas características, es que los infantes pueden nacer con defectos físicos y mentales característicos, como baja estatura y cabeza y cerebro pequeños.

La importancia de advertir sobre los riesgos de consumir alcohol, tiene que ver con que los infantes solo podrán tener tratamiento pero jamás una cura, ya que las discapacidades obtenidas serán para toda la vida e incluyen dificultades de aprendizaje, problemas de conducta y de lenguaje, retraso en la adquisición de habilidades sociales y motoras y problemas de memoria y déficit de atención.

De acuerdo con el Instituto Materno Infantil del Estado de México, “…cuando una mujer embarazada bebe alcohol, éste viaja a través de la sangre hasta la placenta, esto significa que cuando una madre embarazada se toma un vaso de vino, su bebé también se toma un vaso de vino. El alcohol se descompone mucho más lentamente en el cuerpo del bebé lo que implica que los niveles de alcohol se mantengan elevados por más tiempo en los fetos…”

Al respecto, solo se estima que dicho síndrome ocurre en uno dos nacimientos por cada mil, toda vez que aún no se tienen indicadores que demuestren la prevalencia de éste. Y con respecto a la etapa de lactancia, ocurre que se recomienda tomar tepache, pulque o cerveza, para tener más leche, sin embargo, lo único que provoca es que el infante se quede dormido por más tiempo, al encontrarse bajo los efectos del alcohol.

Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con las propuestas y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, refuercen las políticas públicas de difusión e información para prevenir y disminuir la Mortalidad Materno-infantil en el país.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia a revisar el programa “Ve.Ve!!! Piénsalo Bien” implementado por el Gobierno del Estado de Morelos, e incluir en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, aquellas cualidades que se considere ayuden como modelo de prevención del embarazo en adolescentes.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, informen a las mujeres embarazadas y en estado de lactancia, sobre los riesgos del uso nocivo del alcohol, a fin de prevenir los casos de infantes con Síndrome Alcohólico Fetal.

COMISIÓN DE SALUD.





 

Que exhorta a diseñar e implementar un programa que rehabilite el Hospital General del municipio de Guadalupe, en el estado de Zacatecas.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a exhortar a la Secretaría de Salud, al Gobierno del Estado de Zacatecas y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el ámbito de sus atribuciones, se consideren y destinen recursos para la rehabilitación del Hospital General del municipio de Guadalupe, Zacatecas.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 22 de abril de 2015, el Senador David Monreal Ávila, del Grupo parlamentario del Partido del Trabajo presentó Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al Gobierno del Estado de Zacatecas y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el ámbito de sus atribuciones, se consideren y destinen recursos para la rehabilitación del Hospital General del municipio de Guadalupe, Zacatecas.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El proponente pretende mediante proposición con punto de acuerdo, exhortar a la Secretaría de Salud, al Gobierno del Estado de Zacatecas y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el ámbito de sus atribuciones, se consideren y destinen recursos para la rehabilitación del Hospital General del municipio de Guadalupe, Zacatecas.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos consagrado en el numeral 4° de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es considerar y que se destinen recursos para la rehabilitación del Hospital General del municipio de Guadalupe, Zacatecas, a fin de garantizar el acceso a los servicios de salud en la entidad.

B. El Derecho a la Protección de la Salud es una garantía fundamental establecida en el marco legal mexicano de la que gozan todas las personas, en consecuencia, la legislación en la materia, tiene el propósito de fijar las bases y modalidades para que el acceso a los servicios de salud esté al alcance de toda la población; así encontramos la implementación de programas y acciones tendientes a lograr estos fines mediante la intervención concurrente de la Federación y de los gobiernos de los estados, en este particular este tema como lo es la rehabilitación del Hospital General del municipio de Guadalupe, Zacatecas.

C. Al respecto tenemos que el Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es el Estado quien organizará, un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación, para ello señala también que habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

Que el Artículo es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, conforme lo establece el Artículo 74, fracción IV, de la Constitución Mexicana, aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal.

Que derivado de lo anterior, se reconoce que el Ejecutivo Federal, puede enviar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal    correspondiente, lo que se estime suficiente para el desarrollo de los objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de salud, no obstante, también es facultad de la Cámara de Diputados Federal, modificar dicho Proyecto de Presupuesto, si así lo considera pertinente.

Actualmente en nuestro país, el gasto público en salud equivale a 6.2% del Producto Interno Bruto, considerablemente por debajo de la media, que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es de 9.3%, tal es el caso de Chile y Brasil que destinan entre el 9 y 11% de su PIB. Así mismo, se destaca en nuestra población, un gasto de bolsillo de alrededor de 45% por ciento, que implica el gasto que realiza a diario la población mexicana, para la atención y tratamiento de sus enfermedades.

De lo anterior, es de destacarse, que el Presupuesto de Egresos de la Federación asignado para el Ejercicio Fiscal 2015 (PEF 2015) para el Ramo 12 “Salud” ascendió a 134 mil 847.6 millones de pesos (mdp); es decir, 0.1% menor a la propuesta original del Ejecutivo Federal; en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015. En términos reales, el presupuesto por ejercer en 2015 es 0.1% mayor a lo aprobado el año anterior.

D. Aunado a esto, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), recibe al año 18 mil solicitudes entre gestiones de ayuda, orientación e inconformidades; tan solo en el primer semestre de 2015 se recibieron 650 quejas. Cifras de la misma Comisión arrojan que el número de inconformidades paso de 651 existentes en 2010 a 2 mil 50 en 2014.

Los estados que presentan un mayor número de peticiones ante la CONAMED son Campeche, que registra un 95 por ciento; Colima, 90 por ciento; Tamaulipas, 48; Michoacán 47; Zacatecas, 43 y Quintana Roo, 34.

El sector salud en la República Mexicana, en los últimos años ha sufrido un sin fin de daños y los más afectados son los derechohabientes quienes en cada visitan a su unidad médica sufren por la falta de medicamentos, mala atención proporcionada por el personal y por el gran deterioro y abandono en que se encuentran los hospitales, clínicas, centros de salud, etcétera.

En el Estado de Zacatecas en particular cada vez se agudiza ejemplo de ello es Hospital General de los Servicios de Salud de Zacatecas, ubicado en el municipio de Guadalupe, el cual está en abandono desde hace cinco años y presenta un gran deterioro que se agrava día con día, esto derivado de que no se cuentan con los recursos necesarios para que el Hospital General se rehabilite en su totalidad, aunado a esta situación se informó que las instalaciones de este hospital seguirán en desuso, debido a que no existen proyectos para que estas instalaciones puedan ser utilizadas.

Finalmente es importante el resaltar el hecho de que el sector salud en el Estado de Zacatecas está en riesgo de perder sus recursos federales, debido a que no han elevado el estatus de dicho sector, es decir que no se ha llevado a la creación de una Secretaría de Salud en dicho Estado.

La Comisión considera que si México pretende lograr los objetivos, estrategias y líneas de acción, previstos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, por lo que corresponde al Programa Sectorial de Salud, que prevé consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de las enfermedades; asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad; reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida; cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país; asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud; y avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, se necesita que el Presupuesto asignado a dicho rubro, se incremente cada ejercicio fiscal, de manera proporcional no sólo al alcance de los objetivos, sino a la realidad social, que en materia de salud existe en la población mexicana.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente la Secretaría de Salud y al Gobierno del Estado de Zacatecas a que en la medida de sus facultades diseñen e implementen un programa que rehabilite el Hospital General del municipio de  Guadalupe.

COMISIÓN DE SALUD.





 

Que exhorta a reforzar e implementar nuevas acciones y campañas orientadas a la prevención y detección oportuna de cáncer de mama.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen tres Proposiciones con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar diversas acciones en torno al cáncer de mama.

Una vez recibidos por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de los referidos Puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 07 de octubre de 2015, las y los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron Proposición con Puntos de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a que, en el marco del “Mes de sensibilización del Cáncer de Mama”, refuercen o implementen las acciones y campañas orientadas a la prevención y detección oportuna de esta enfermedad.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 28 de octubre de 2015, las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud la Inclusión de una asignatura en oncología dentro de los programas y planes de estudio para la formación de médicos generales, con el objetivo de fomentar la especialización de médicos en esa materia.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 28 de octubre de 2015, la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Quintana Roo, a implementar acciones inmediatas para garantizar la detección oportuna de Cáncer de mama.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directica dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO

Las y los Senadores proponentes, destacan la importancia de continuar implementando y reforzando las políticas públicas enfocadas en fomentar acciones para prevenir y disminuir la mortalidad por cáncer de mama.

III. CONSIDERACIONES

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es un problema de salud pública a nivel mundial, donde una de cada 8 mujeres tiene o va a desarrollar el cáncer de mama en el lapso de su vida y que represente a por lo menos el 12% de la población femenina actual.

Anualmente se registran alrededor de 1 millón de casos nuevos y para el año 2030, el Banco Mundial estima que la incidencia del cáncer aumentará un 70% en países de ingresos medios y el 82% en los países más pobres.

En el mismo sentido, la tendencia al alza es evidente en las cifras más recientes de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde se destaca que la enfermedad mató a 8,2 millones en 2012. En el informe GLOBOCAN de la OMS publicado en el año 2012: Estimated Cancer Incidente Mortality and Prevalence Worldwide, se muestra un aumento del 8% en comparación con un estudio realizado en 2008.

Asimismo La IARC observó un aumento del 20% en la incidencia y 14% en la mortalidad por cáncer de mama en los cuatro años transcurridos entre las dos encuestas realizadas del año 2008 al 2012. Sólo en 2012, en todo el mundo, 522.000 mujeres perdieron esta batalla.

De acuerdo con el Departamento de Información sobre el Cáncer de la IARC, tal incremento en la prevalencia de la enfermedad, en los países en desarrollo, se debe a dos factores:

1) Los cambios en el estilo de vida, y

2) Los avances clínicos que no están llegando a las mujeres que viven en estos países. Los más pobres tienden a tener más difícil el acceso a la atención adecuada en el momento oportuno; y en el caso del cáncer, el tiempo es fundamental para aumentar la supervivencia.

El objetivo a nivel mundial, consiste en entender mejor las dificultades que enfrentan los pacientes más pobres y ampliar la red de prevención, diagnóstico y tratamiento.

B. En México, las expectativas no si mejores, ya que al año se diagnostican alrededor de 20 mil 444 nuevos casos, con una tasa de mortalidad de 35.4 casos por cada 100 mil mujeres y 5 mil 700 decesos al año, es decir, representa poco más de una cuarta parte de los diagnósticos que se realizan anualmente.

No obstante, desde 2007 se han implementado grandes acciones como la inclusión de su tratamiento dentro de las enfermedades que atiende el esquema del Seguro Popular en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, CAUSES, lo cual implicó desde 2007 y hasta 2013, el tratamiento de más de 50 mil 700 casos de cáncer de mama y un gasto en tratamientos en 2014, de mil 800 millones de pesos.

Así mismo, la Secretaría de Salud se enfocó en lo que va de la presente administración, en la adquisición de 200 mastógrafos, pasando de 500 a 700 y el establecimiento de 9 Centros más de Atención de Cáncer de mama y con todo ello, se logró en 2014, la aplicación de más de 2 millones de mastografías, sin embargo, lo anterior sigue siendo menor, tomando en cuenta que la población objetivo de mujeres en edad de riesgo que van de los 40 a los 59 años de edad, asciende a poco más de 11 millones 400 mil mujeres, por lo que preocupa, si la información llega a todas las mujeres que lo necesitan, desde saber realizar una autoexploración, hasta saber cuándo es necesario acudir a un médico para una revisión más profunda.

C. En la actualidad nuestro país cuenta con diversos retos entre los que debemos destacar:

● La implementación de un Modelo de capacitación a promotores de la salud y trabajadores comunitarios, a través de la promoción de las Guías de Práctica Clínica.

● Promover en el Sistema Nacional de Salud, la inclusión en el tratamiento del cáncer de mama, de elementos clínicos-psicológicos necesarios para la asistencia médica, psicológica y atención preventiva integrada a la salud que facilite la mejoría y bienestar de las pacientes.

● Promover convenios con instituciones médicas y académicas para la profesionalización de oncólogos, radiólogos y médicos de primer contacto a fin de fortalecer la detección oportuna y tratamiento integral para el cáncer de mama.

Implementación de campañas de prevención, detección oportuna y atención de cáncer de mama en hombres, para reducir la mortalidad por esta causa.

Por ello y a pesar de los avances que pueda haber en torno al tema en nuestro país, las autoridades sanitarias deben continuar reforzando dichas medidas hasta en tanto no se vislumbre una reducción en las cifras negativas derivadas de este padecimiento.

Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con las propuestas y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, refuercen e implementen nuevas acciones y campañas orientadas a la prevención y detección oportuna del Cáncer de Mama, principalmente en aquellas entidades con mayor prevalencia.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud, para que se promuevan convenios con instituciones médicas y académicas para la profesionalización de oncólogos, radiólogos y médicos de primer contacto a fin de fortalecer la detección oportuna y tratamiento integral para el cáncer de mama.

COMISIÓN DE SALUD.

(Intervención del Senador Francisco Salvador López Brito)







 

Tenemos también de la Comisión de Cultura los siguientes dictámenes con punto de Acuerdo.

Que exhorta a llevar a cabo las acciones necesarias para promover el fomento a la lectura.

COMISIÓN DE CULTURA

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE CULTURA

H. ASAMBLEA:

Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes llevar a cabo las acciones pertinentes para promover el fomento a la lectura entre la población mexicana, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del 28 de abril de 2015, Los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron, ante el Pleno del Senado de la República, proposición con Punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a llevar a cabo las acciones pertinentes para promover el fomento a la lectura entre la población mexicana.

2. La proposición fue fundada en términos del artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el artículo 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica.

3. En esa misma fecha, la proposición fue turnada por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores a la Comisión de Cultura para su estudio y dictamen.

4. El Punto de Acuerdo fue distribuido en su oportunidad entre los integrantes de la Comisión de Cultura para los efectos del numeral I del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La propuesta de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional considera que la lectura es un instrumento fundamental para el desarrollo de la creatividad humana y crucial para la adquisición de nuevos conocimientos a través de la lectura. Los beneficios de la lectura resultan incuestionables en el desarrollo integral de las personas, por lo que consideran que una función esencial del Estado es fomentar la lectura en la población.

No obstante, el conjunto de senadores proponentes citan datos que invitan a la reflexión. En la Encuesta Nacional de Lectura elaborada en el año de 2006, el 56 por ciento de los mexicanos manifestó haber leído alguna vez un libro, cifra que cayó en un diez por ciento seis años después. Asimismo, señalan los senadores que, en 2006, los mexicanos leían en promedio 2.9 libros por año y, según la encuesta realizada en 2012, esta proporción se mantuvo prácticamente igual, en 2.94 libros al año.

El Estado mexicano ha sido un impulsor determinante de la lectura en nuestro país. Tan sólo en el año de 2012, de los 330.7 millones de libros producidos, el 57 por ciento estuvieron a cargo de las instituciones públicas. Además, el 31 por ciento de las publicaciones editadas por empresas editoriales privadas, fueron destinadas al abastecimiento de los diferentes programas de gobierno para la educación y el fomento de la lectura.

Los senadores que suscriben la propuesta, señalan que en el Senado de la República se han discutido en diferentes ocasiones el tema del fomento de la lectura, de cuyos resultados fue la incorporación de más instituciones representativas a la Comisión Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, con la finalidad de que participen en este órgano consultivo, más actores vinculados a la labor editorial pública y privada.

Con esa perspectiva es que proponen respetuosamente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en coordinación con las entidades federativas, llevar a cabo las acciones pertinentes para promover el fomento a la lectura entre la población mexicana.

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La lectura no constituye uno de los hábitos de mayor arraigo entre los mexicanos, pero sin duda, conjuntamente con la escritura, representa uno de los instrumentos que favorecen el desarrollo integral de la capacidad de las personas. La lectura es el medio más acreditado para la obtención del conocimiento que será útil a lo largo de la vida para la resolución de los problemas comunes y cotidianos de cualquier ciudadano, incluso, de la sociedad. Gracias al desarrollo de esta competencia, es posible profundizar en el pensamiento abstracto, indispensable para la llevar a cabo operaciones matemáticas y, en un contexto social, la asunción de un mayor nivel de reflexión crítica.

SEGUNDA.- México es uno de los países del conjunto de la Organización para la Cooperación Económica (OCDE) que mayores rezagos tiene en cuanto a los niveles de comprensión de lectura. De acuerdo con la aplicación de la prueba PISA, cuyos resultados se publicaron en el año 2012, en lectura, el 41% de los alumnos mexicanos no alcanzaron el nivel de competencias básico (nivel 2), cuando el promedio de los jóvenes de los países de la OCDE, para ese nivel, promedia el 18%; menos del 0.5% los alumnos mexicanos de 15 años logra los niveles de competencia más altos (niveles 5 y 6), cuyo promedio general de la OCDE es del 8%; el alumno promedio en México obtiene 424 puntos, en tanto que el puntaje promedio en la OCDE es de 496, una diferencia con México que equivale poco menos de dos años de escolaridad respecto de sus pares.

TERCERA.- Asimismo, un estudio publicado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLALC, bajo auspicios de la UNESCO, ratifica el alto número de personas no lectoras en México: 73 por ciento. Este porcentaje está muy por encima de otros países hispanoamericanos, como España, 39 por ciento; Uruguay, 34 por ciento; República Dominicana, 32 por ciento; Argentina, 30 por ciento y Chile, 20 por ciento. Ahora bien, el porcentaje de lectores mexicanos, es decir, de las personas que señalaron que sí leen, expresa que su hábito para la lectura tiene el propósito de adquirir conocimientos generales y la actualización cultural en un 36 por ciento, en tanto que, por cubrir una necesidad académica, se tiene un 21 por ciento y, sólo el 16 por ciento, lo hace por placer, gusto o necesidad espontánea.

CUARTA.- El mismo estudio de CERLALC señala que el promedio de libros leídos por habitante es de 10.3 para España; 8.5 para Portugal; 5.4 para Chile; 4.6 para Argentina; 4 para Brasil; 2.9 para México y 2.2 para Colombia. Este indicador debe tomarse con ciertas reservas en virtud de que los libros editados no necesariamente representan el indicar preciso sobre los leídos por quien los adquiere, además de que es práctica común que muchos lectores lean libros que ellos no adquirieron necesariamente, por ejemplo, en bibliotecas, librerías, prestados, etcétera. Cabe destacar que del 27 por ciento de las personas mayores de 16 años en México que manifestaron leer, 59 por ciento lo hace a partir de libros comprados y 20 por ciento hace la lectura en bibliotecas.

QUINTA.- No obstante los estudios citados, recientemente se dio a conocer la Primera Encuesta Nacional sobre Consumo de Medios Digitales y Lectura, financiada por la Fundación A Leer IBBY México y Banamex, aplicada a jóvenes de entre 12 y 29 años de edad, la cual informa acerca de la lectura que se realiza a través de dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, equipos de cómputo de escritorio y portátiles, tablets y demás equipos. Aunque con una tasa de rechazo a la encuesta del 48 por ciento, el estudio indica que los jóvenes sí están interesados por la lectura, pues ocho de cada diez manifiesta que le gusta leer. En medios electrónicos, destacan como usos específicos, la lectura de libros (27 por ciento), la lectura de revistas en línea (12 por ciento) y escribir artículos o hacer comentarios en un blog (11 por ciento).

SEXTA.- Asimismo, la encuesta establece que en los últimos tres meses los jóvenes entre 12 y 29 años, señalan haber leído por obligación de escuela y trabajo un libro o parte de un libro en un 40 por ciento y por gusto o interés personal, un 61 por ciento. En medios impresos por obligación leyeron 53 por ciento; 21 por ciento en medios digitales y 26 por ciento lo hizo en ambos. Por gusto o interés personal, lo hicieron 49 por ciento en medios impresos; 25 por ciento en medios digitales y 26 por ciento en ambos.

SÉPTIMA.- Cabe destacar que tanto la Secretaría de Educación Pública como el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, además de otras instituciones públicas como las universidades, llevan a cabo importantes trabajos para fomentar la lectura en la población. Destacan de manera particular el Programa Nacional de Lectura, el cual se conforma de los 32 programas estatales correspondientes a los que se destinaron para toda la República en el año de 2013 más de 28 millones de pesos y en el año de 2012, 25.77 millones de pesos.

OCTAVA.- Por cuanto hace al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, mención especial merece el Fondo de Cultura Económica, institución concebida por Daniel Cosío Villegas en la década de los años cuarenta que, en su momento, permitió el acceso a autores que difícilmente serían traducidos por las editoriales comerciales. Quienes suscribimos el presente dictamen, conocemos las colecciones como los Breviarios, la Colección Popular, La Ciencia para Todos, Breves Historias de la República Mexicana y Diccionarios, entre otras tantas o, también, mediante publicaciones especializadas en economía, política, derecho, sociología, historia y ensayo literario, por mencionar algunas.

NOVENA.- Otro momento de gran relevancia lo constituye la Red Nacional de Bibliotecas, fundada el 2 de agosto de 1983, cuyo propósito fue crear una red de espacios públicos para la lectura y la consulta pública, que llegara, en principio, a las principales cabeceras municipales del país y que actualmente se compone de más de 7 mil 200 bibliotecas. Sobresale, también, la realización continúa por más de 34 años de la Feria del Libro Infantil y Juvenil que, en el año de 2014, convocó la participación de 350 fondos editoriales especializados y la visita de 340 mil personas. No obstante este programa, existe una producción editorial con sector privado para la divulgación de un amplio catálogo de autores y obras de todo tipo a través del propio Conaculta, el Fondo de Cultura Económica, Educal y la Dirección de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, entre otras instituciones.

DÉCIMA.- Quienes integran la Comisión de Cultura del Senado de la República también reconocen los esfuerzos que se realizan desde las instituciones de cultura y educativas de las entidades federativas, cuyo trabajo permite que el libro y las acciones de fomento al mismo tengan presencia en prácticamente todos los municipios del país y, conjuntamente con la Red Nacional de Bibliotecas, constituyen una estructura institucional que debe ser aprovechada de manera intensiva para incrementar los niveles de lectura de los mexicanos.

DÉCIMA PRIMERA.- Los integrantes de la dictaminadora son de la opinión de que la lectura y el libro son elementos esenciales para crear una sociedad informada y crítica en donde los ciudadanos tengan claridad sobre sus derechos y sus obligaciones y, en consecuencia, de una sociedad con un alto sentido de ciudadanía. Por ello, es esencial hacer de la lectura y el libro instrumentos claves de la democracia y la cohesión social, como medios que contribuyen al bienestar social.

Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 del artículo 95 y en los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), para que en el ámbito de sus facultades y en coordinación con las entidades federativas, lleve a cabo las acciones necesarias para promover el fomento a la lectura entre la población mexicana.

Salón de comisiones del Senado de la República, el 24 de noviembre de 2015

Sen. Blanca Alcalá Ruiz.- Sen. Javier Lozano Alarcón.- Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Gerardo Sánchez García.

COMISIÓN DE CULTURA.

(Intervención del Senador Gerardo Sánchez García)







 

Por el que se solicita llevar a cabo las emisiones una colección de estampillas postales conmemorativa denominada “Forjadores de Nuestra Cultura”.

COMISIÓN DE CULTURA

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE CULTURA

H. ASAMBLEA:

Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes llevar a cabo las acciones pertinentes para promover el fomento a la lectura entre la población mexicana, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del 5 de noviembre de 2015, las senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Graciela Ortiz González del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron, ante el Pleno del Senado de la República, proposición con Punto de acuerdo por el que exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Servicio Postal Mexicano a difundir y reconocer la trayectoria de los forjadores de nuestra cultura.

2. La proposición fue fundada en términos del artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 del artículo 95 y los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la Republica.

3. En esa misma fecha, la proposición fue turnada por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores a la Comisión de Cultura para su estudio y dictamen.

4. El Punto de Acuerdo fue distribuido en su oportunidad entre los integrantes de la Comisión de Cultura para los efectos del numeral I del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

El grupo de senadoras proponentes del Punto de acuerdo exponen que la Nación mexicana ha sido forjada a través de múltiples acontecimientos históricos, por grandes decisiones políticas y por la expresión de la cultura de los pueblos y naciones que, de origen, le han conferido identidad e idiosincrasia. Los mexicanos, señalan, están orgullosos de la Nación que han heredado y construido a lo largo del tiempo. Pocos pueblos reúnen un pasado de más de treinta siglos, con civilizaciones plenamente consolidadas y que hoy son expresión de la diversidad que nos caracteriza en el tiempo.

Los creadores mexicanos han acompañado el proceso de formación de la nación mexicana y, en más de un sentido, constituyen parte de su proceso de construcción. Personalidades como Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Ruiz de Alarcón y más tarde, Francisco Javier Clavijero, Lucas Alamán, Pablo Macedo, Rosendo Pineda, Justo Sierra, Ramón Corral y Olegario Molina, dieron cuenta de una obra literaria y reflexión abundante en la consolidación del Estado y a la Nación. Más tarde, entre otros tantos artistas, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Roberto Montenegro, José Pablo Moncayo, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, Xavier Villaurrutia, Octavio Paz, José Revueltas, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco y Carlos Fuentes, entre otros tantos, hicieron sus aportaciones para conformar un legado dispuesto para la reflexión y el diálogo profundo sobre México.

Las proponentes señalan que todos estos autores fueron reconocidos en su momento y aún hoy día. Sin embargo, actualmente existen innumerables creadores, artistas, intérpretes y ejecutantes de gran trayectoria y reconocimiento que, por la calidad de su obra, se considera deben ser reconocidos en vida, a fin de que su legado también sea objeto de estudio, análisis, discusión y difusión antes de que su producción intelectual quede detenida. La idea de las legisladoras es valorar en vida el talento, esfuerzo y dedicación de muchos mexicanos cuya creatividad enriquece, desde hoy mismo, la diversidad cultural de nuestro país hacia el futuro, en el tiempo, por el hecho de que se trata de los forjadores de la cultura viva de nuestro país.

Y en ese sentido, proponen que el reconocimiento que pone a consideración el Senado de la República a las instituciones de gobierno, sea a través de un medio de utilizado por más de 420 años para comunicar personas, esto es, llevar a cabo la edición de series de timbres postales, tal como se ha hecho para prácticamente todos los próceres de nuestra historia y que, en muchos casos, ha dedicado ediciones para connotados creadores culturales de México.

Se trata de crear una colección especial de estampillas postales, a cargo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y del Servicio Postal Mexicano, con la temática de los artistas e intelectuales que, en vida, gozan del reconocimiento público por la importancia e influencia de su obra y, que este sea, un motivo para hacer un homenaje a los creadores vivos de las artes y humanidades, con una trayectoria de por lo menos 25 años, que se considera han contribuido a enriquecer el acervo cultural de la Nación.

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- El arte y la cultura son las expresiones más sensibles de los pueblos y naciones. A través de ellas podemos conocer la profundidad de sus tradiciones, valores y aspiraciones. En el arte y la cultura se refleja, al mismo tiempo, el sentimiento y la reflexión continua que sobre sí misma hace una a sociedad por conducto de sus artistas. La amplitud de disciplinas y manifestaciones generadas por medio de las expresiones de la cultura, desde la tradición popular hasta los lenguajes del arte cinematográfico o el audiovisual, constituyen una oportunidad inagotable para la transmisión de mensajes que socializan sentimientos, información y análisis críticos, desde perspectivas que reflejan sociedades diversas y plurales.

SEGUNDA.- En el caso particular de México, la tradición cultural puede remontarse treinta siglos atrás, desde la época en que producían vasijas de barro, talados en piedra y figuras en jade, testimonio de las civilizaciones que habitaron el territorio nacional en épocas pretéritas, así como los diferentes géneros y momentos del arte colonial y un sin fin de manifestaciones de gran relevancia de los siglos XX y XXI, entre otras, la pintura mural, la música mexicana de concierto y la literatura, disciplinas que ocupan un lugar destacado a nivel mundial. México es, en más de un sentido, un gran productor cultural y un producto de su propia cultura.

TERCERA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura coinciden con las proponentes respecto de la existencia de diversos mecanismos de apoyo a la labor de quienes enriquecen el acervo cultural de nuestro país, acciones que contribuyen al financiamiento de la producción y difusión de obras artísticas o, bien, el amplio catálogo de premios y reconocimientos que se confieren a través de instituciones públicas de gobierno, universidades y organizaciones sociales, sin embargo, la naturaleza de éstos reconocimientos es individualizada.

CUARTA.- También esta dictaminadora tiene conocimiento sobre los diferentes programas y actividades de difusión cultural derivada de una policía pública que, entre sus cualidades, ha mantenido una actividad constante por décadas, con independencia de que se hayan constituido nuevos programas o se hayan dado de baja otros. Entre los programas de reconocimiento más acreditados en la sociedad y en la comunidad artística destaca el Premio Nacional de Ciencias y Artes, que constituye la más alta distinción que otorga el gobierno mexicano y a la que puede aspirar un creador. Asimismo, es de reconocerse la labor del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, mecanismo institucional que reconoce a los creadores eméritos, a los creadores artísticos y a los jóvenes creadores, además del apoyo que brinda a intérpretes o ejecutantes y a estudiantes de disciplinas artísticas de posgrado en el extranjero

QUINTA.- Con independencia de esta labor institucionalizada, una actividad que podría significar un apoyo a la difusión de la persona y obra de artistas que el día de hoy contribuyen a forjar nuestra cultura, es agruparlos en un proyecto común y significativo, como se propone en el Punto de acuerdo en análisis, esto es, mediante la emisión de una serie de estampillas que permitan reconocer en vida a éstos creadores de cultura por un medio que, durante mucho tiempo, ha brindado reconocimiento a las personalidades de mayor influencia de nuestra patria.

SEXTA.- Esta dictaminadora es de la opinión de que el reconocimiento a los autores y su obra debe, preferentemente, realizarse en vida. Asimismo, tal actividad puede generar la inquietud en la población para conocer sobre los creadores de nuestro tiempo, como una forma de incentivar en el futuro un interés respecto de la producción y diversidad cultural característica de nuestro país. De este modo, además de los premios y reconocimientos que se hacen desde las instituciones de cultura, la difusión de estampillas puede realizarse como una vía alternativa, como un espacio nuevo de difusión cultural.

SÉPTIMA.- Asimismo, para fortalecer esta difusión, debe existir un lugar especializado en donde puede el público especializado en la materia de la filatelia y el público en general, conocer los mecanismos de producción de estampillas y las reproducción más sobresalientes que, a lo largo del tiempo, ha editado las instituciones oficiales de servicio postal, como una forma de acercamiento entre la gente y los forjadores de la cultura.

Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 del artículo 95 y en los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se solicita respetuosamente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Servicio Postal Mexicano llevar a cabo la emisión de una colección de estampillas postales conmemorativa denominada “Forjadores de Nuestra Cultura”, para hacer un homenaje a los creadores mexicanos y residentes en el país cuya obra se considera ha contribuido a enriquecer el acervo cultural de la Nación.

SEGUNDO.- Se somete a consideración del Servicio Postal Mexicano, SEPOMEX, instale una sala adecuada de exhibición permanente y exposiciones temporales, habilitada y equipada para la visita pública y especializada en los ejemplares de timbres, placas de impresión y demás objetos de interés cultural e histórico relacionados con la actividad de la filatelia.

Salón de comisiones del Senado de la República, el 24 de noviembre de 2015

Sen. Blanca Alcalá Ruiz.- Sen. Javier Lozano Alarcón.- Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Gerardo Sánchez García.

COMISIÓN DE CULTURA.

(Intervención del Senador Teófilo Torres Corzo)







 

Tenemos de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con los siguientes puntos de Acuerdo.

Que exhorta al Ejecutivo Federal a contribuir para informar, promover y difundir el contenido de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en los niveles de educación primaria, secundaria y media superior.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)







 

El que exhorta a reforzar medidas de prevención y atención a la violencia y maltrato infantil.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)



(Intervención de la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera)







 

Por el que se solicita informar cuáles son las medidas que se implementaron respecto a las jornadas laborales de las niñas, niños y adolescentes en el país.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a realizar inspecciones de manera permanente en los centros laborales del país a fin de erradicar la explotación laboral infantil.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a realizar un análisis de las observaciones que se han hecho en el proyecto de Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)







 



 

Tenemos también los siguientes dictámenes con punto de Acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe:

Por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de Brasil afectado por el desastre en el poblado de Bento Rodríguez, municipio de Mariana, en el estado de Minas Gerais.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)







 

Por el que el Senado de la República reconoce la evolución política de la República de Guatemala tras la crisis política por casos de corrupción.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se desecha la proposición que exhorta al gobierno de los Estados Unidos de América a acatar la resoluciones de las Naciones Unidas y reconocer la Independencia de Puerto Rico.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)







 

Por el que exhorta al gobierno federal a fungir como un interlocutor en el proceso de normalización de relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos de América.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a establecer un mecanismo de diálogo permanente con Cuba.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se solicita información sobre la retención del señor Tarek William Saab, defensor del pueblo de Venezuela.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)







 

Asimismo, tenemos los siguientes dictámenes con punto de Acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales:

Que exhorta a realizar una visita de verificación para determinar si se está cumpliendo con la norma oficial correspondiente en la localidad de José Vista Hermosa, del municipio de Cuautepec en el estado de Hidalgo.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a apoyar a las autoridades municipales en la implementación de programas de reforestación con árboles frutales en las áreas verdes de su territorio.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a informar sobre los problemas ambientales más severos de las entidades federativas que conforma la Península de Yucatán.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a redoblar esfuerzos a fin de cumplir con la Meta 11 de Aichi y conseguir una cobertura de Áreas Naturales Protegidas terrestres del 17% y marinas del 10% del territorio nacional.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a establecer una mesa de trabajo con representantes del poblado de Akumal a fin de garantizar el nivel de acceso al público a la playa en la bahía de ese lugar.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a realizar un estudio sobre el estado en que encuentran las áreas naturales protegidas catalogadas como reservas de la biósfera de Calakmul, de Montes Azules, de Lacan-Tún, así como de las zonas de nuestro país que sean parte de la selva maya.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)



(Intervención del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz)







 

En relación con el rescate de la Laguna de Tuxpan, en el municipio de Iguala, Guerrero.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta sobre el uso responsable de bolsas de plástico que permitan reducir la generación de residuos.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)







 

En torno a la construcción de una gasolinera en zonas hoteleras de Cancún, Quintana Roo.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)







 

Sobre el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana en cuanto al tráfico ilegal de animales en peligro de extinción y en riesgo.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)







 

También tenemos los siguientes dictámenes con punto de Acuerdo de la Comisión Para la Igualdad de Género:

Por el que se solicita un informe sobre los mecanismos de capacitación y formación profesional para las y los jueces del Distrito Federal.

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a realizar acciones que permitan empoderar a las niñas y a los adolescentes.

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a fortalecer las unidades de género de las áreas de la Administración Pública Federal.

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a fortalecer las acciones que contribuyan a visibilizar, concientizar y erradicar la violencia hacia las mujeres.

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a reforzar y rediseñar campañas permanentes de sensibilización entre la población que contribuyan a erradicar discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral.

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

(Dictamen a discusión)







 

Por el que el Senado de la República asume el compromiso de iniciar los trabajos y realizar lo conducente a fin de lograr la certificación de este órgano legislativo en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación.

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

(Dictamen a discusión)







 

Asimismo, tenemos los siguientes dictámenes con punto de Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos:

Por el que se solicita un informe sobre el criterio utilizado para la elección de candidatos en postulaciones dentro de los organismos internacionales.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se solicita fortalecer la coordinación y la implementación de políticas públicas, planes, acciones y programas encaminados a prevenir y eliminar la discriminación en el país.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a informar sobre la situación de los protocolos de actuación contra el delito de trata de personas que aplica la Procuraduría del estado de Chiapas.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se solicita al titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social que impulsa la armonización en normatividad de la dependencia a su cargo.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a fortalecer la estrategia nacional y a reorientar las políticas públicas tendientes a garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se solicita al Congreso del Estado de Querétaro a garantizar la armonización de la Ley de Derechos Humanos de dicho estado con los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en esa materia.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se solicita informar sobre las acciones que se han realizado para garantizar los derechos de los ciudadanos Jessica Moreno y Alejandro Gaytán.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se solicita información sobre las medidas instrumentadas para garantizar el respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades integrantes del mando único en el estado de Morelos.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se solicita instrumentar y fortalecer las políticas de prevención y atención de desplazamiento interno forzado.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se solicita garantizar acceso a los servicios y la satisfacción de las necesidades básicas.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se solicita informar sobre las investigaciones y el cumplimiento de las recomendaciones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en el estado de Puebla.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)







 

Tenemos también los siguientes dictámenes con puntos de Acuerdo de la Comisión de Salud:

Que exhorta a emitir una Norma Oficial Mexicana para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)



(Intervención del Senador Francisco Salvador López Brito)







 

Que exhorta a generar acciones, previsiones y mecanismos para la actualización de los protocolos de atención médica de urgencias.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y dictamen dos Proposiciones con Punto de Acuerdo que exhortan respetuosamente a la Secretaría de Salud en coordinación con las entidades federativas a generar acciones, previsiones y mecanismos para la actualización de los protocolos de atención médica de urgencia, así como capacitar al personal del Sistema Nacional de Salud de las diferentes instituciones que lo conforman en materia de atención de calidad y trato a los usuarios.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 27 de octubre de 2015, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en coordinación con las entidades federativas, implementen programas de capacitación en materia de calidad de atención y trato al usuario para que el personal que labora en las clínicas y hospitales públicos del país, a fin de mejorar la calidad del servicio.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 10 de noviembre de 2015, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a las autoridades sanitarias de los tres órdenes de Gobierno, para que en el marco de sus funciones lleven a cabo la actualización de los protocolos de atención médica de urgencia, así como la capacitación del personal de salud ante casos de esta naturaleza.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

Las Senadoras y Senadores proponentes, consideran importante contar con un servicio de salud que garantice que el personal se encuentra capacitado para responder ante cualquier situación de emergencia mediante la actualización de los protocolos de atención, de la misma manera los proponentes consideran que la calidad en la atención y trato al usuario debe fortalecerse para contar con un Sistema Nacional de Salud que garantice la salud de los mexicanos.

III. CONSIDERACIONES

A. La Organización Mundial de la Salud (OMS) al margen del Marco Conceptual de la Clasificación Internacional para la Seguridad del Paciente en su versión 2012, define una atención sanitaria de alta calidad como la que “identifica las necesidades de salud de los individuos o de la población de una forma total y precisa y destina los recursos necesarios (humanos y otros) a estas necesidades, de forma oportuna y tan efectiva como el estado actual del conocimiento lo permite”, de manera adicional, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos (IOM, por sus siglas en inglés) define la calidad de la atención como: “grado en que los servicios sanitarios para los individuos y las poblaciones aumentan la probabilidad de resultados de salud deseados y son consistentes con el estado actual de los conocimientos científicos”.

Para mejorar es necesario contar con un “Sistema de Gestión de la Calidad”, la existencia de este tipo de programas dará mejor salud a la población, la OMS en un informe publicado en 2010 sobre la financiación de los sistemas de salud, explica que la mala calidad en los servicios de salud significa un desperdicio entre el 20 y el 40% de todo el gasto en salud en cualquier país y en cualquier sistema, es por ello que los proponentes retomen el tema de la Calidad como prioridad.

Los sistemas de salud en el mundo han surgido como la respuesta social organizada cubrir las necesidades de salud de la población y así promover el desarrollo armónico de las comunidades y sus individuos, es así como los sistemas evolucionan con el tiempo, derivado del desarrollo de estos, es que ha crecido la complejidad de los mismos, por eso se hacen cada vez más evidentes los problemas de coordinación entre servicios dentro de los centros asistenciales y de niveles en el sistema de salud, así como los problemas de atención de calidad y continuidad que plantean los cada vez más prevalentes problemas de salud crónicos, por lo que se ha ido poniendo en primera línea la necesidad de diseñar y gestionar procesos de atención de forma integral.

En el 2010, la OMS declaró que un sistema de salud funciona adecuadamente si cumple los siguientes objetivos:

Mejorar la salud de la población;
Reducir las inequidades en salud;
Proveer acceso efectivo con calidad y
Eficiencia en el uso de los recursos.

B. Si bien la calidad es una propiedad de los servicios y sistemas de salud, la acompañan la atención médica, la provisión de los servicios, el financiamiento, las políticas en salud, la regulación, la conducción, la formación y capacitación de los recursos humanos en salud, la investigación y todos los agentes involucrados en el sistema, es por ello que, se debe continuar a fin de lograr la consolidación de esquemas que permitan vigilar el cumplimiento de las normas aplicables a los prestadores de servicios de salud y dar seguimiento al desempeño de los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud, así como a los compromisos y corresponsabilidades entre las instituciones y los diferentes grupos poblacionales.

Para alcanzar estas metas se requieren de mecanismos de supervisión y análisis de indicadores de calidad en salud, así mismo desarrollar e implementar indicadores que permitan medir el impacto de la calidad en salud, un ejemplo, de lo anterior es el que implica contar con un sistema consolidado de prevención, así mismo, la promoción de un médico familiar que sea el responsable de los diagnósticos y atenciones en la mayoría de los casos, pero que dé seguimiento personalizado a los pacientes en todas las referencias y contra-referencia de los distintos niveles de atención, esto no solo implicaría un enfoque diferente de atención basada en la persona y una posibilidad de promover más atenciones preventivas, significa que cada persona contaría con un profesional de la salud y su equipo, aspectos relevantes a la calidad de la atención, si bien es cierto un país tiene que contar con atención secundaria y terciaria y se ha promovido que la infraestructura sea cada vez más especializada, también es fundamental la integración de redes de servicios de salud.

Es por ello que aunque el énfasis de las reformas de calidad en materia de salud va más encaminados a la regulación, acreditación, certificación y licenciamiento, sin embargo, los avances orientados a garantizar la seguridad de las intervenciones asistenciales y a fomentar la evaluación de las tecnologías.

C. En México, se cuenta con un sistema de salud mixto con participación de seguridad y protección social, condicionado desde su creación a la segmentación y fraccionamiento de la cobertura en salud, que constituyen retos persistentes con implicaciones directas en la calidad.

Aunado a lo anterior, se cuenta con el Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS), herramienta a través de la cual los establecimientos reportan un conjunto de indicadores agrupados en 9 áreas y que se generan a partir de información recolectada, sugiere que los mismos tienden a reportar valores mayores que los que se obtienen a partir de fuentes alternativas, en particular encuestas nacionales, y que la heterogeneidad entre entidades tiende a ser menor, lo que señala la necesidad de revisar dicho sistema para asegurar la confiabilidad de la información que proporciona.

Estos retos se constituyen en barreras para el sistema de salud, ya que se traducen en servicios menos atractivos para la población, tanto en lo que se refiere a la conveniencia de los mismos (horarios, días de atención, ubicación), como en su efectividad (capacidad resolutiva).

Esto es, abordar de forma directa la calidad estructural y técnica de los servicios para hacer frente a las emergencias, así como incidir en el trato a los usuarios, elementos necesarios para dar garantía a los usuarios y de esta forma conseguir que problemas de salud se resuelvan dentro del Sistema Nacional y además de ello estén en la posibilidad de ser aprovechados igualmente para acciones de prevención y promoción de la salud, la falta de vinculación, y seguimiento en su implementación así como un monitoreo deficiente del cumplimiento, mismos que han condicionado la deficiencia en la calidad de los servicios de salud en el país.

D. Es por ello que el Estado Mexicano, en su Constitución Política artículo cuarto, considera dentro del rubro de los derechos humanos, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, establece que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y el papel de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, en el mismo sentido tenemos que, la Ley General de Salud (LGS), reglamenta el derecho a la protección de la salud que establece la Constitución sus disposiciones son de orden público e interés social, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, su artículo séptimo habla sobre la coordinación del Sistema Nacional de Salud a cargo de la Secretaría de Salud y que le corresponde, entre otras atribuciones, establecer y conducir la política nacional en materia de salud y coordinar los programas de servicios de salud de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines que en su caso se determinen.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con lo anterior, en su artículo 39 establece que a la Secretaría de Salud le corresponde establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general, para el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica tenemos que el artículo 48 indica que “(…)los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea, y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares”.

Respecto a lo anterior, el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud establece en su Artículo 18 las atribuciones de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, como lo son conducir la política nacional para elevar la calidad de los servicios de atención médica y asistencia social;

Establecer los instrumentos de rectoría necesarios para mejorar la calidad y la seguridad de los pacientes en los servicios de atención médica y de asistencia social, así como promover, supervisar y evaluar su cumplimiento;

Desarrollar y aplicar modelos para el monitoreo y evaluación de la calidad de los servicios de atención médica que proporcionan los sectores público, social y privado;

Diseñar, operar y evaluar mecanismos que promuevan la calidad en los servicios de atención médica;

Establecer las bases para el desarrollo de competencias que incidan en la mejora de la calidad de los servicios de atención médica y asistencia social;

Diseñar y operar sistemas de reconocimiento a los establecimientos para la atención médica y proponer esquemas de incentivos en el Sistema Nacional de Salud, a fin de conducir el desempeño hacia mejores niveles de calidad en los servicios de salud;

Regular y operar el Programa de Estímulos a la Calidad del Desempeño del Personal de Salud;

Impulsar la participación ciudadana como mecanismo para la evaluación de la calidad de los servicios de atención médica y asistencia social,

La gran variedad de instrumentos de política sanitaria en México  tienen su sustento no solo en el marco jurídico, sino también en la definición de prioridades nacionales, objetivos, y metas sanitarias e incluye: políticas nacionales, planes y programas estratégicos, así como agendas sanitarias concertadas a nivel mundial y regional, como es el caso del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el cual se elabora para cada nueva administración y da cumplimiento a la Constitución.

Como a la Ley Federal de Planeación, define las políticas nacionales de salud entre otras y sus objetivos, acciones específicas, así como indicadores para medir los avances obtenidos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, del que se desprende el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 (PROSESA), el cual define los objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de salud en un marco guiado por el ordenamiento jurídico aplicable en materia de salud y por el PND, el cual tiene como Objetivo: “asegurar el acceso a los servicios de salud, respecto de su Estrategia “avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal”, cuya línea de acción es “garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral”, el mismo objetivo contiene la estrategia “hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud, con la línea de acción “garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud”, aunque están íntimamente relacionados el objetivo “garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad, que incluye entre otras, las líneas de acción siguientes:

● Instrumentar mecanismos que permitan homologar la calidad técnica e interpersonal de los servicios de salud;

● Mejorar la calidad en la formación de los recursos humanos y alinearla con las necesidades demográficas y epidemiológicas de la población;

● Garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros.

E. En relación con lo anterior, aunado a los esfuerzos sectoriales enfocados a la homologación de la calidad y la integración son las “Guías de Práctica” o “Protocolos Clínicos”, se han creado organismos o programas específicos en diversos países para construir y/o fomentar el uso de estas herramientas, como el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud CENETEC-Salud en México, el National Institute for Health and Care Excellence NICE en el Reino Unido  o la National Clearinghouse Guidelines NGC en los Estados Unidos, no siempre, sirven para la consolidación de la información sectorial en salud y el intercambio de la misma, y el intercambio de servicios de salud entre los diferentes subsistemas que componen el Sistema Nacional, así es como se impulsa el cumplimiento de estándares de calidad técnica y seguridad del paciente en las instituciones de salud, es mediante la aplicación de estos mecanismos que solamente se pueden alcanzar los mecanismos para homologar la calidad técnica e interpersonal de los servicios y fomentar el uso de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), guías de práctica clínica, manuales y lineamientos para estandarizar la atención en salud.

F. Finalmente, si en México se hiciera una evaluación actual del sistema, nos daríamos cuenta que las condiciones actuales del sistema no son adecuadas para que los pacientes elijan a su prestador de servicios de salud, la interacción, coordinación y comunicación de infraestructura, se debe establecer un entorno que permita la creación de mecanismos para la planeación, operación y evaluación de las acciones de salud, un ejemplo es la atención interinstitucional de la emergencia obstétrica, uno de los primeros proyectos que promovió la oportunidad y la calidad de la atención por encima de la historia del sistema de salud, trabajo de todas las instituciones para que el acuerdo político se convirtiera en una realidad en las unidades médicas y en un derecho exigible por la población de todo el país.

No obstante, una mayor calidad de la atención implica mejorar la planeación en la política pública nacional, precisamente porque es el camino hacia la obtención de los resultados deseables en salud, resulta conveniente seguir avanzando y no cejar en la promoción y fortalecimiento de la cultura de la calidad y seguridad de los pacientes en todos los ámbitos que competen a los actores involucrados en el Sistema de Salud, siempre buscando beneficiar a los usuarios y la mejora continua de la calidad.

Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados que esta Comisión de Salud, coincidimos con las propuestas, por ello con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud para que en coordinación con las entidades federativas genere acciones, previsiones y mecanismos para la actualización de los protocolos de atención médica de urgencia, así como capacitación, para el personal del Sistema Nacional de Salud de las diferentes instituciones que lo conforman, en materia de atención de calidad y trato a los usuarios.

COMISIÓN DE SALUD.





 

Que exhorta a reforzar las acciones que coadyuven a la prevención y erradicación de enfermedades no transmisibles relacionadas con la obesidad.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fueron turnadas para su estudio y dictamen cuatro Proposiciones con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias para garantizar el buen control de la diabetes en México, así como la prevención y erradicación de enfermedades no transmisibles relacionadas con la obesidad.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de los referidos Puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 05 de Noviembre de 2015, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a sus homólogas en las 32 entidades del país a reforzar las acciones encaminadas a fomentar hábitos saludables que coadyuven a la prevención y erradicación de enfermedades no transmisibles relacionadas con la obesidad.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 12 de Noviembre de 2015, los Senadores Francisco Salvador López Brito, Maki Esther Ortiz Domínguez y Roberto Gil Zuarth, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Titular de la Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias para garantizar el buen control de la diabetes en México.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

3.- Con fecha 12 de Noviembre de 2015, los Senadores Francisco Salvador López Brito, Maki Esther Ortiz Domínguez y Roberto Gil Zuarth, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Titular de la Secretaría de Salud a promover la educación efectiva para el paciente que vive con cualquier tipo de diabetes, la capacitación como educadores en diabetes a los profesionales de la salud y la información clara al público en general acerca de su tratamiento y prevención.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

4.- Con fecha 12 de Noviembre de 2015, los Senadores Francisco Salvador López Brito, Maki Esther Ortiz Domínguez y Roberto Gil Zuarth, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Titular de la Secretaría de Salud a garantizar el acceso al tratamiento completo que permite el control óptimo de la diabetes tipo I, así como a modificar la Norma Oficial Mexicana y las Guías de Práctica Clínica, para que se precisen las diferencias entre los tipos de diabetes.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO.

1.- Los proponentes hacen hincapié, en que es de vital importancia que se garantice la prevención y erradicación de enfermedades no transmisibles relacionadas con la obesidad.

2.- Por otra parte los 3 puntos de acuerdo subsecuentes coinciden en que debe ser imperante que se exhorte a la Secretaría de Salud a garantizar el acceso al tratamiento completo que permite el control óptimo de la diabetes tipo I, así como a modificar la Norma Oficial Mexicana y las Guías de Práctica Clínica para que se precisen las diferencias entre los tipos de diabetes.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de vital importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud.

B. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cuatro tipos principales de enfermedades no transmisibles (ENT) son: las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. Se les denomina así, porque éstas no se transmiten de persona a persona y se caracterizan porque evolucionan de manera paulatina y de manera prolongada.

De las 38 millones de muertas a nivel mundial provocadas por las ENT, el 82% de éstas son atribuidas a estos cuatro padecimientos.  Hábitos como el consumo de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y las dietas malsanas incrementan el riesgo de morir por estas causas.

Las ENT son un reto en materia de desarrollo, ya que de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), una persona con sobrepeso gasta 25% más en servicios de salud, gana 18% menos que el resto de la población sana y presenta ausentismo laboral.

Como bien sabemos somos el primer lugar en el sobrepeso y obesidad infantil y segundo en adultos, por ende, tenemos un grave problema de salud pública que día a día se enquista en nuestra sociedad.

C. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazment