Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 23 de mayo de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 34

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 08 de Diciembre de 2015

SUMARIO                                              


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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ADQUISICIÓN POR NACIMIENTO DE LA NACIONALIDAD MEXICANA

(Dictamen de segunda lectura)

Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Asuntos Migratorios.

Para presentar el dictamen, intervienen los Senadores Enrique Burgos García, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales; María Cristina Díaz Salazar, a nombre de la Comisión de Gobernación; y Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, presentan propuesta de modificación que se aprueba.

Para presentar posicionamiento de los grupos parlamentarios, intervienen los Senadores Héctor Larios Córdova, Arturo Zamora Jiménez, Angélica de la Peña Gómez, David Penchyna Grub, se inserta su intervención, y Sonia Rocha Acosta, se inserta su intervención.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del Apartado A del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de adquisición por nacimiento de la nacionalidad mexicana. Se remite a la Cámara de Diputados.













































PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY AGRARIA Y DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Dictamen de segunda lectura)

Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos. Para presentar el dictamen, interviene la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, a nombre de la Comisión de Reforma Agraria.

Para su discusión en lo general, intervienen los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez, Daniel Gabriel Ávila Ruiz y María Hilaria Domínguez Arvizu.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Agraria y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se remite a la Cámara de Diputados.

















































 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

APERTURA

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: (11:36 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 72 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Se abre la sesión del martes 8 de diciembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos previstos en la agenda del día de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con ocho minutos del día jueves tres de diciembre de dos mil quince, encontrándose presentes ochenta y dos ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del primero de diciembre de dos mil quince.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, su Programa Anual de Trabajo del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Graciela Ortiz González, su informe de actividades legislativas correspondiente a la lxii Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Eviel Pérez Magaña, su informe de actividades legislativas y de gestión social, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la lxii Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, el informe de la delegación que visitó la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en el contexto de la Cumbre para la adopción de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y eventos alternos, celebrada del 24 al 27 de septiembre de 2015, en Nueva York, Estados Unidos y su Informe de actividades del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Marina, su informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura y su Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, su informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura y su Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió del Senador Zoé Robledo Aburto, Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, por la que informa sobre la reunión que sostuvo con los ciudadanos Agustín Torres Ibarrola, Director General de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma; Ernesto Gutiérrez, Gerente General; Eduardo Escobedo Miramontes, Estrategia Total; y Pablo Gálvez, Estrategia Total, todos de la misma organización.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Marcela Guerra Castillo, en relación a las pérdidas económicas y afectaciones de las operaciones aeroportuarias que se verificaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el mes de noviembre del año en curso por fenómenos meteorológicos, consistentes en bancos de niebla.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Se recibió de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, el informe Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al periodo enero-junio 2015.- Quedó en poder de la Secretaría para consulta de los señores senadores. Se pondrá a consideración de la Asamblea en la siguiente sesión.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe sobre los resultados de la participación de la Armada de México en los ejercicios “DAWN BLITZ 2015”, que se llevaron a cabo del 24 de agosto al 9 de septiembre de 2015.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, durante el periodo enero-septiembre de 2015.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el “informe Anual 2014 de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”.- Se remitirá a las Comisiones Contra la Trata de Personas y de Derechos Humanos.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en Ankara, Turquía, el 17 de diciembre de 2013.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, su Informe semestral de labores, correspondiente al periodo del 1 de junio al 15 de noviembre de 2015.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite el expediente del proyecto de Decreto para adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, devuelto para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibieron de la Cámara de Diputados, oficios por los que comunica: modificaciones en la integración de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas y la integración de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas.- Quedaron de enterado. Se comunicaron a los Senadores integrantes en cada caso y a la Junta de Coordinación Política.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se designa a tres académicos de reconocimiento nacional como integrantes del Consejo Técnico para las Alternativas de Regulación.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva, para dar cumplimiento al artículo 219 del Reglamento del Senado, para la conclusión de los asuntos que no han recibido dictamen.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

La Presidencia dio lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

(Iniciativas)

El Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 9 y 14 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa y los artículos 55 y 59 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que expide la Ley de Capitalidad de la Ciudad de México.- Se turnó a las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Federalismo.

 

El Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan el artículo 10 bis y un párrafo al artículo 157 de la Ley Federal de Sanidad Animal y se adiciona un inciso X) al artículo 254 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Salud.

 

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 59, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 19 Bis de la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II al artículo 63 de la Ley General de Turismo.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Ley de Vivienda.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de la Propiedad Industrial.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 110 Bis y 116 Bis y una fracción IX al artículo 128 TER de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a explorar la posibilidad de ampliar el esquema de vacunación para incluir a los niños que hayan cumplido 11 años de vida, en la inmunización para prevenir la infección por los diferentes tipos de virus del Papiloma Humano.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición sobre los migrantes hondureños que han sido mutilados por el tren conocido como “La Bestia”, a su paso por nuestro país.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a intensificar campañas de consumo de la leche líquida de origen mexicano, para aumentar la ingesta por habitante, y con ello apoyar a productores nacionales de lácteos afectados por la caída de precios.

2) Que exhorta a la Coordinación General de Minería a enviar un informe sobre los resultados de la ejecución del Programa de Desarrollo Minero 2013-2018.

Los dos dictámenes, sin discusión, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como al gobernador del estado de México y al jefe de gobierno del Distrito Federal a remitir un informe sobre el proyecto de ampliación de algunas de las líneas del Sistema de Transporte Colectivo, así como un informe sobre el proceso de planeación, programación y licitación para la construcción de dichas obras.

2) Que exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un informe sobre la cancelación de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro.

3) Que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe con las afectaciones que sufrirá el Programa de Trabajo para la Transición Digital Terrestre, debido al recorte en el presupuesto para el 2015.

4) Que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público a que, una vez analizada la conveniencia del proyecto, se destinen los recursos necesarios del presupuesto correspondiente a 2016, para la terminación del Eje Interestatal Topolobampo-Chihuahua en el tramo: Fuerte-Choix a los límites de los Estados de Sinaloa y Chihuahua.

5) Por el que se desechan dos proposiciones sobre la entrega de televisores digitales.

6) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a suspender el proceso de licitación del Tren México-Querétaro.

Los seis dictámenes, sin discusión, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Marina, con punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición que solicitaba un informe sobre la relación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Alberto Torres García como Jefe de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Intervinieron los Senadores: Dolores Padierna Luna del PRD, Mario Delgado Carrillo del PRD y Manuel Bartlett Díaz del PT. El Acuerdo fue aprobado por 80 votos en pro. El funcionario rindió su protesta de ley.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República hace votos para que el gobierno, las instituciones electorales, los partidos y coaliciones políticas, así como a la sociedad civil de la República Bolivariana de Venezuela contribuyan para que las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015 sean libres, transparentes, justas, equitativas y con estricto respeto a los derechos humanos.- Intervinieron los Senadores: Mariana Gómez De Campo Gurza, por la comisión; Patricio Martínez García del PRI; Blanca Alcalá Ruíz del PRI; Alejandro Encinas Rodríguez del PRD; Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; Víctor Hermosillo y Celada del PAN, y Luisa María Calderón Hinojosa del PAN. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Dictamen de Primera Lectura)

Se recibió de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, un dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor.- Con la autorización de la Asamblea, quedó de primera lectura.

(Comunicaciones)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un oficio de la Comisión de Derechos Humanos, por el que informa de modificaciones a la convocatoria para la designación de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en cuanto a las fechas de su publicación y para recibir postulaciones.- Fue aprobado en votación económica.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se recibió un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para remitir a la Comisión de Justicia los expedientes de los candidatos registrados para ocupar el cargo de magistrado del órgano jurisdiccional local de los estados de Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo y Nayarit.- Fue aprobado en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencia en memoria de las personas fallecidas en los acontecimientos ocurridos en San Bernardino, California.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, oficio por el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 3 de diciembre de 2015.- Fue aprobada, en votación económica.

 

Se recibió de la Senadora Graciela Ortiz González, oficio por el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 4 de diciembre de 2015.- Fue aprobada, en votación económica.

Para referirse a las solicitudes licencia, intervinieron los Senadores: Luis Sánchez Jiménez del PRD, Miguel Romo Medina del PRI, Fernando Herrera Ávila del PAN y Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y Lilia Merodio Reza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se declara el 30 de noviembre de cada año, como el “Día Nacional de los Trastornos de la Conducta Alimentaria”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

De los Senadores Zoé Robledo Aburto y Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se modifican los artículos 20, 21 y 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma la fracción II del artículo 170 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma el Apartado C del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 60 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los poderes públicos de las entidades federativas a realizar las acciones necesarias para la adecuada implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Centro Nacional para la Prevención y el Control de VIH/SIDA a seguir fortaleciendo el Programa de Acción Específico Respuesta al VIH, Sida e ITS 2013-2018 a efecto de poder cumplir con la estrategia de la ONUSIDA para 2016-2021.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre de Senadores de diversos grupos parlamentarios, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se adhiere a la conmemoración del 29 de noviembre Día Internacional de Solidaridad con el pueblo Palestino, decretado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, como el Día de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo relativo al Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se requiere al Presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica proceda a investigar si la persistencia de las altas comisiones por parte de las administradoras de fondos para el retiro responde a prácticas que distorsionan el mercado.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Del Senador Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República celebra la participación de México en la COP21 y la CMP11; y ratifica su compromiso con las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas a realizar las investigaciones pertinentes sobre el probable desvío de recursos en el ayuntamiento de Tapachula durante la administración de Samuel Chacón Morales, Presidente Municipal en el periodo 2012-2015.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal y de las entidades federativas, así como a los congresos locales, a conceder el indulto a aquellas madres en reclusión violentadas en sus derechos humanos, que compurgan penas menores a 5 años o que tienen sentencias por delitos no graves.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, Cristina Díaz Salazar, Hilaria Domínguez Arvizú, Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas y sus municipios a utilizar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en obra pública accesible y con criterios de inclusión.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se suma al llamado del Secretario General de la Organización de Estados Americanos a favor de la paz en Venezuela; y hace votos para que las elecciones del próximo 6 de diciembre se celebren en condiciones pacíficas y democráticas.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a fortalecer la estrategia de comunicación y difusión para concientizar a la ciudadanía de los cambios incorporados en el Reglamento del Distrito Federal, en materia de infracciones.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a aprobar la iniciativa para aumentar el salario mínimo a 86 pesos; y a las legislaturas de los estados a dar celeridad al proceso de desindexación del salario mínimo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a las dependencias integrantes del gabinete de seguridad del Gobierno Federal y el del gobierno del estado de Guerrero a que, de manera urgente, se ponga en marcha una estrategia integral con el objetivo atender la inseguridad que se vive en el municipio de Pungarabato y en todos los municipios de la tierra caliente de dicho estado.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a emitir un informe que explique cómo se resolverá el conflicto que sostienen las diferentes federaciones del deporte y el Comité Olímpico Internacional, el cual pone en riesgo la participación de México en las próximas olimpiadas a realizarse en Río de Janeiro 2016.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

 

De la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar acciones enfocadas a informar la gravedad de adquirir cáncer de pulmón por inhalar humo de leña.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a informar el impacto que tendrá el Instituto Nacional de Geriatría en programas y proyectos, derivado del recorte presupuestal previsto para 2016.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Ivonne Liliana Álvarez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a incorporar al municipio de Pesquería, Nuevo León, en la lista de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para recibir Subsidio para la Seguridad de los Municipios, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

(Efemérides)

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Suelo y Año Internacional de los Suelos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Suelo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.- Se insertó en el Diario de los Debates.

Las Senadoras Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, remitieron efeméride sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de los Voluntarios.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Suelo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las quince horas con diecisiete minutos y citó a la siguiente el próximo martes ocho de diciembre a las once horas.

 

Fin de la Sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibieron las siguientes comunicaciones.

De la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite su informe de actividades como Presidenta del Parlamento Latinoamericano, comprendido de mayo a noviembre de 2015.







 

Del Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de su participación en la Reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 2015, celebrada el 1 de octubre del año en curso, en París, Francia.







 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite su informe de actividades correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.







 



 



 

De la Comisión Especial de Movilidad, con la que remite su informe de actividades correspondientes al tercer año de ejercicio de la pasada Legislatura y su programa de trabajo para el primer año de ejercicio de la actual Legislatura.







 

De la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, con la que remite su informe de actividades correspondientes al tercer año de ejercicio de la pasada Legislatura y su programa de trabajo para el primer año de ejercicio de la actual Legislatura.







 

De la Comisión de Cultura, con la que remite sus correspondientes programas de trabajo para el primer año de ejercicio de esta LXIII Legislatura.







 

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la que remite sus correspondientes programas de trabajo para el primer año de ejercicio de esta LXIII Legislatura.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: La Asamblea ha quedado debidamente enterada de cada una de las comunicaciones.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió una comunicación del Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de Acuerdo.

“Único.- Se concede licencia al Senador Eviel Pérez Magaña para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 3 de diciembre de 2015”.

Al no haber quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse este Acuerdo.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En consecuencia, se concede licencia al Senador Eviel Pérez Magaña para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 3 de diciembre del año en curso.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite la propuesta de designación del ciudadano Óscar Guillermo Levín Coppel, como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por un nuevo periodo adicional del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, su primer informe de actividades.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Remítase a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Gobernación.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio suscrito por el Diputado Tristán Canales Najjar, Presidente de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General, por el que informa de la elección de la Mesa Directiva de dicha comisión, para el periodo comprendido del 2 de diciembre de 2015 al 21 de enero de 2016.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Comuníquese a los Senadores integrantes de dicha comisión y a la Junta de Coordinación Política.





 

CONTRALORÍA INTERNA

Tenemos la discusión del Informe Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al periodo enero-junio 2015.

Esta información está disponible para su consulta en el portal electrónico del Senado, en el vínculo correspondiente a la Contraloría Interna.

A efecto de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al periodo enero-junio 2015. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el informe, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobado el informe. En consecuencia, túrnese a la Auditoría Superior de la Federación el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al periodo enero-junio del 2015.

Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, ¿con qué objeto?

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para sugerir un tema al Orden del Día.

Como de todos es sabido, en las elecciones del pasado domingo en el Distrito 01 de Aguascalientes, el Partido del Trabajo no sólo alcanzó, sino rebasó el umbral a efecto de poder retener su registro como partido político.

Como miembro de este partido, como coordinador de la estrategia de defensa jurídica del Partido del Trabajo y como vocero, quiero expresar ante todos ustedes el reconocimiento de nuestro dirigente nacional, el profesor Alberto Anaya Gutiérrez, por las finas consideraciones que la Junta de Coordinación Política tuvo en momentos muy difíciles para nuestro partido.

Estamos conscientes de que había algunas tentaciones de disolver nuestra bancada, de inclusive sobreponer otra denominación a la misma, pero gracias a la fina actuación, a la republicana actuación del INE y también del Tribunal de la Sala Superior, y no se diga a la defensa magistral que nuestros asesores realizaron y al voto popular del honorable pueblo de Aguascalientes, pudimos retener nuestro registro.

Tengo también que reconocer a nuestros partidos hermanos, PRD y Movimiento Ciudadano, el hecho de que hayan marchado solidariamente con nosotros en aquella elección.

Somos gente de trabajo, somos gente de alegría. Llegamos a sesionar, inclusive, en la acera pública, porque nos habían cerrado las puertas de nuestra instalación oficial; pero no obstante, con trabajo, con mucha participación y gran voluntad, es que hemos logrado sostener nuestro registro.

Probablemente concluido el cómputo distrital en las próximas horas, el INE decida restablecernos nuestros derechos y aquí estaremos como férrea oposición, pero siempre marcando la línea republicana.

Es cuanto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Senador Blásquez Salinas, la Asamblea ha escuchado su comentario. Gracias y felicidades.





 

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y modifican los artículos 132, 165 y 170 de la Ley Federal del Trabajo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 132, 165 Y 170 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Héctor Yunes Landa: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La relación entre maternidad y trabajo ha sido un tema sin resolver desde el siglo pasado; sin embargo, en los tiempos que estamos viviendo, éste ha ido adquiriendo nuevas connotaciones debido al aumento de la participación laboral de las mujeres.

Actualmente, en pleno siglo XXI, las mujeres enfrentan todavía una clara discriminación por su condición de trabajadoras y madres, porque no existen reglas suficientemente definidas que permitan articular sus demandas laborales y familiares entre trabajo y maternidad.

No es admisible que en nuestro país la maternidad se constituya como la principal fuente de discriminación laboral.

En este escenario, no debemos olvidar que la protección de la maternidad constituye un derecho fundamental de las mujeres, y que ello está garantizado en el artículo 5o. de nuestra Constitución, en donde se afirma que todas las personas tienen derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos.

Lo anterior es responsabilidad del Estado, pero también de la sociedad, la que debe valorar la maternidad en su justa dimensión, nunca como un problema sino como lo que realmente es, un estado fisiológico natural.

Países como Colombia, Chile y Argentina han tenido la sensibilidad política suficiente para modificar sus leyes laborales y agregar en ellas medidas y tiempos más justos para las mujeres embarazadas y para el periodo de postparto.

Para avanzar en igualdad de género necesitamos que los gobiernos actúen porque las políticas públicas son la mejor herramienta para avanzar hacia la igualdad y la equidad que cualquier sociedad democrática exige.

Por ello, hoy, desde esta tribuna propongo una iniciativa con proyecto de Decreto para buscar soluciones al gran problema de la desigualdad y discriminación por maternidad que enfrentan las mujeres mexicanas.

Asimismo, se destaca la importancia que da la Organización Mundial de la Salud a la lactancia materna al afirmar que ésta es recomendable hasta los primeros dos años de edad, ya que proporciona toda la energía y los nutrientes que necesita durante sus primeros meses de vida, aportando al menos la mitad de sus necesidades nutricionales durante la segunda mitad del primer año y hasta un tercio en el segundo año de edad, reduciendo así la mortalidad infantil.
Entre las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo que propongo ante ustedes, destacan:

Conceder, en caso de fallecimiento de la madre durante la licencia de maternidad, una licencia de paternidad con goce de sueldo por el tiempo restante al término de la licencia otorgada a la madre.

Proteger la maternidad de las mujeres trabajadoras gozando de la protección especial del Estado a través de, si me permiten el término, inmunidad laboral materna, una especie de fuero maternal, otorgándoles además de los derechos ya considerados las siguientes fracciones del artículo 170:

“II. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a disfrutar de una licencia de maternidad por catorce semanas remuneradas con el salario íntegro percibido al comienzo de su licencia, dividida en dos periodos de cuatro o dos semanas anteriores y diez o doce posteriores al parto, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o del servicio de salud que otorgue el patrón.

III. La trabajadora que adopte un infante disfrutará de una licencia de seis semanas con goce de sueldo, posteriores al día de la entrega oficial del menor que se adopte.

IV. Para las trabajadoras que hayan tenido un parto prematuro, se sumarán con goce de sueldo, los días de diferencia entre la fecha de parto y la fecha en que el producto llegue a término, a las catorce semanas con licencia de maternidad que establece la fracción II.

V. Cuando el producto haya nacido con cualquier tipo de discapacidad o requiera la atención médica hospitalaria, la licencia podrá ser de hasta dieciséis semanas posteriores al parto con goce de sueldo, previa presentación del certificado médico correspondiente.

VI. La trabajadora que durante el embarazo sufra un aborto espontáneo de forma accidental o inducido bajo las causales no punibles establecidas en el Código Penal Federal, tiene derecho a una licencia de dos a cuatro semanas remuneradas con el salario íntegro percibido.

VII. Los periodos de licencia a los que se refieren la fracción II se prorrogarán con goce de sueldo por el tiempo necesario en el caso de que la mujer se encuentra imposibilitada para trabajar a causa del embarazo o del parto, con goce de sueldo.

IX. Ninguna trabajadora puede ser despedida en los primeros doce meses a partir de la fecha del parto, con excepción de las causas de recesión de la relación de trabajo establecidas en el artículo 47 de esta ley.

No producirá efecto alguno el despido que el patrón comunique a la trabajadora posterior a la fecha del parto, en los términos del párrafo anterior, o por incapacidad médica a consecuencia del embarazo o parto, estando obligado a conservar el puesto a la trabajadora.

X. A regresar al puesto que desempeñaba, al terminar los periodos de licencia establecidos en cualquiera de los supuestos de las fracciones II, III, IV, V, VI y VII; o por incapacidad médica a consecuencia del embarazo o parto”.

Amigas y amigos Senadores, estoy cierto que estas modificaciones que propongo son un acto de justicia y de igualdad con todas las mujeres en edad fértil, así como de apoyo a la lactancia y a la maternidad significa valorar como sociedad la importancia que merece la maternidad y la libertad para las mujeres de tomar esta decisión en el momento en que ellas lo determinen.

Esta es sólo una de las adecuaciones que debemos hacer como representantes del Poder Legislativo para garantizar el derecho de las mujeres a no ser discriminadas por el solo hecho de estar embarazadas o haber tenido un parto o un aborto. Debemos contribuir con responsabilidad y sensibilidad a que la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres constituyan una pieza central de cualquier avance que se proponga nuestro país.

En todos los ámbitos, en todas las materias la igualdad entre hombres y mujeres es clave para nuestro desarrollo y para nuestra democracia. Movamos a México a la igualdad, a la tolerancia y al respeto.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Yunes Landa.

Preguntan los Senadores Martha Palafox Gutiérrez, Salvador López Brito, Arturo Zamora, Armando Neyra y un servidor también, si les permite suscribirse a su iniciativa. Gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 3o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Francisco Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia.

Comparezco ante esta Soberanía para presentar y poner a su consideración iniciativa con proyecto de Decreto a través de la cual se pretende modificar el artículo 3o., fracciones I y IV de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a fin de realizar las acciones necesarias para incluir a las actividades entomológicas; es decir, aquellas actividades que consisten en el aprovechamiento de los insectos con el objetivo alimentario, como una alternativa para contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de nuestro país, asimismo generar fuentes de ingresos adicionales a las personas que se dedican a estas actividades agropecuarias y con ello lograr una buena normatividad, su regulación y el adecuado control bajo las siguientes consideraciones.

Actualmente el concepto de “víveres mundiales”, definido como la relación entre los alimentos producidos y la población mundial, ha tomado una mayor importancia debido a las malas condiciones alimentarias que prevalecen en nuestro planeta y, desde luego, en nuestro país; teniendo por un lado, altos índices de desnutrición y por el otro padecimientos crónicos como la obesidad, la diabetes e hipertensión; situaciones que incitan a identificar alternativas que permitan mejorar la demanda, distribución, disponibilidad y calidad en los alimentos.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el aporte calórico debe ser de 2 mil a 2 mil 500 kilocalorías por día para un varón adulto y mil 500 a 2 mil kilocalorías por día para la mujer; sin embargo, no en todos los países es posible alcanzar estas cifras en las dietas alimenticias debido a carencias de alimentos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, reportó en el año 2013, más de 870 millones de personas en el mundo que carecieron de alimentos y pronostican que los próximos 35 años la demanda de cárnicos pudiera duplicarse, por lo que muchos científicos buscan desarrollar un plan basado en el consumo de fuentes alternativas de alimentos; y una de las más analizadas son los insectos.

Durante años la FAO ha promovido la ingesta de insectos ya que estos pueden ofrecer un ideal aporte proteínico. En un buen número de países a nivel mundial se consumen actualmente más de 527 especies diferentes de insectos. Según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, PROFECO, en México se han contabilizado 549 especies de insectos comestibles; los estados con mayor consumo y, desde luego, la prevalencia de estas especies son de Yucatán, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Morelos y el Estado de México; asimismo, los principales productores son los estados del centro, sur y sureste del país.

Además del alto contenido proteínico, los insectos aportan a la dieta humana minerales, vitaminas y grasas, pero se debe considerar que el aporte nutritivo depende de cada una de las especies, su hábitat y la preparación de los platillos que acompañen a los insectos. Un ejemplo de ello, son los chapulines, que contienen entre el 70 y 77 por ciento de proteínas, más que el 50 y 57 que proporcionan los diferentes cárnicos; los gusanos tienen entre el 20 y el 40 por ciento, existiendo 16 especies con más del 50 por ciento de elementos proteicos.

Presentamos una tabla en la cual se demuestra la gran riqueza natural que tiene nuestro país, destacada ante otros países del mundo, abejas y avispas; y viene el contenido proteico de cada una de ellas y los estados en los que encontramos un alto número de especies: chapulines, escamoles, escarabajos, gusano rojo de maguey, hormigas, jumiles, mariposas, moscas, entre otros.

De acuerdo a la FAO en su publicación denominada “La contribución de los insectos a la seguridad alimentaria, los medios de vida y el medio ambiente” publicada en el 2013, la entomofagia es el consumo de los insectos por los seres humanos. La ingesta de insectos complementa la dieta de aproximadamente 2 mil millones de personas y se trata de un hábito que siempre ha estado presente en la conducta alimentaria de los seres humanos, sobre todo en regiones de Asia, África y América Latina.

La recolección y comercialización no controladas, se estima que cada año en México produce cerca de las 30 toneladas de gusano blanco, 30 toneladas de escamoles, 15 toneladas de gusano rojo, por lo que se advierte que es necesario instrumentar una explotación programada para evitar desabasto y grandes fluctuaciones en el precio de insectos; y de esta manera poder consolidar mercados estables y, desde luego, evitar su sobreexplotación.

Asimismo, el consumo de insectos podrá genera ingresos y un empleo seguro para la cría y recolección a nivel nacional, lo cual permitirá realizar esta actividad de una manera más eficaz y profesional.

Finalmente, como sucede en la mayoría de los países en desarrollo, el no contar con una clara legislación que guie el uso de los insectos como alimento y actividad productiva. Es una de las mayores áreas de oportunidad para el desarrollo industrial de este sector.

El establecimiento de normas y reglamentos persigue y perseguirá el objetivo de garantizar que las personas que adquieran estos productos sean de calidad y aptas para el consumo humano y generen, por consiguiente, fuentes alternativas de ingreso, pues estos productos ya son comercializados sin tener ninguna restricción desde el punto de vista normativo o sanitario en cuanto a las características que deben de cubrir.

 Con base en los fundamentos y motivos expuestos anteriormente, se somete a consideración del Pleno del Senado de la República la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 3o. fracciones I y IV de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a fin de realizar las acciones necesarias para incluir a las actividades entomológicas como una alternativa para contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro país y generar fuentes de ingresos adicionales a las personas que se dedican a estas actividades agropecuarias.

Artículo Único. Se modifican las fracciones I y IV del artículo 3o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar de la siguiente manera:

Fracción I. Incluir el aprovechamiento de insectos.

Fracción IV. Incluir la combinación de agricultura, ganadería e insectos para, precisamente, normar esta importante, antigua, histórica y gran actividad que tenemos en nuestro país, orgullo ante todo el mundo.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador López Brito. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones constitucionales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REQUISITOS PARA SER MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

(Presentada por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quisiera solicitar su autorización para presentar en un solo acto cinco iniciativas que tengo enlistadas en torno a un conjunto de reformas en materia del Poder Judicial de la Federación.

Considero que como son complementarias entre sí, pudieran abordarse en un solo acto y turnarse a las mismas comisiones dictaminadoras.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Adelante, Senador Encinas Rodríguez, y tendremos la consideración del tiempo, dado que son cinco iniciativas.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Voy a ser muy puntual y muy breve, dada la abundancia de la asistencia que tenemos aquí en el Senado de la República, pero a nuestro querido Canal del Congreso, nos dirigimos con toda puntualidad.

Se trata de un conjunto de reformas que buscan avanzar en la reforma de un poder intocado, el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Federal Electoral y el actuar en que se desempeñan los jueces federales en las distintas materias.

Si bien hubo un intento de reforma a finales de los años 90’s durante el gobierno de Ernesto Zedillo, pues lo cierto es que esta reforma no sólo no prosperó ni garantizó transparencia rendición de cuentas y poder fiscalizar adecuadamente el desempeño de la autoridad judicial.

Ha llegado el momento de entrar a fondo a hacer una reforma al conjunto de las instituciones que conforman el Poder Judicial de la Federación; y por eso una primera reforma a la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de modificar de fondo el mecanismo de elección de las ministras o los ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hoy estamos por concluir el proceso de análisis sobre la legibilidad de dos ternas para cubrir vacantes en la Suprema Corte y creo que ha mostrado con toda nitidez que el modelo actual para la designación y nombramiento de los ministros de la Corte, se encuentra plenamente agotado.

No solamente no garantiza su autonomía, sino que es sumamente limitativo para que mujeres y hombres de la sociedad mexicana pudieran participar en este proceso de selección de integrantes de la Suprema Corte.

Y por ello, más en un país donde rige un sistema presidencialista, en donde este poder unipersonal es tan fuerte, es muy oportuno quitar esa facultad del Ejecutivo Federal y trasladarla al Senado de la República, un órgano de representación popular, electo por voto universal libre, directo y secreto y, al mismo tiempo, con una conformación plural.

Estamos proponiendo en esta modificación al artículo 71, en su fracción II, establecer como facultad del Senado de la República la designación de los ministros de la Suprema Corte a partir de un propuesto de auscultación pública en donde el Senado, no solamente cumpliendo con el principio de igualdad de género, pueda hacer un proceso de selección abierta a todas las ciudadanas y ciudadanos mexicanos y sea por mayoría calificada de sus miembros presentes en la Asamblea quienes hagan esta elección.

Junto con ello y en el ánimo de dotar de verdadera autonomía al órgano de fiscalización de la Suprema Corte de Justicia, estamos planteando una reforma también en el artículo 71, en su fracción II, a fin de que el titular, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sea al mismo tiempo quien presida el Consejo de la Judicatura.

El Consejo de la Judicatura es el órgano de control que lleva a cabo la fiscalización del desempeño de la autoridad judicial, desde los jueces, los secretarios de acuerdo, hasta los Ministros de la Corte, y no puede ser juez y parte el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y ocupar al mismo tiempo el cargo de Presidente del Consejo de la Judicatura, por lo cual estamos planteando que el Presidente del Consejo de la Judicatura sea electo entre los miembros que integran el Consejo de la Judicatura, para que éste goce de plena autonomía.

Y en esta lógica de fortalecer la autonomía de los órganos de carácter judicial, queremos también plantear aquí una reforma en el artículo 71, en su fracción II, a fin de establecer dentro de los requisitos para formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el hecho de que quien quiera postularse no haya sido Magistrado Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto en el ánimo de fortalecer y darle una autonomía política real al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien hoy que tiene la posibilidad de aspirar a formar parte de la Suprema Corte, no solamente tenga más autonomía, sino en muchas ocasiones para congraciarse con el Ejecutivo Federal se ha visto reducido a un tribunal de consigna.

Necesitamos autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que concluyan sus integrantes la carrera judicial al momento en que concluyan sus labores y no puedan formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y dos iniciativas más, también al artículo 71, en su fracción II, la primera en congruencia con lo que han venido siendo las reformas en materia de transparencia y rendición de cuentas, en donde se estableció en la última Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, un capítulo denominado de transparencia judicial, en donde estamos planteando la eliminación del anonimato del cual gozan hoy los jueces que encubiertos en ese anonimato cometen muchas resoluciones que van en contra de los intereses de los ciudadanos e, incluso, son violatorios de la ley.

Nadie conoce quién es el Juez Primero de Distrito en Materia Penal del Reclusorio Oriente, o cuál es el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil o en Derecho Mercantil, y eso ha dado pauta a que en ese anonimato haya arbitrariedades en la resolución de los jueces, sin que nadie conozca sus verdaderos rostros o su identidad.

Y por eso estamos planteando el hecho de que, con apego a las normas en materia de transparencia y acceso a la información pública, se debe poner a disposición de los particulares, en el sitio de internet correspondiente, la información a las obligaciones comunes y específicas en materia de transparencia para el Poder Judicial y, salvo casos excepcionales debidamente justificados, toda información pública sobre una resolución judicial deberá especificar el nombre del juez o magistrado que lo emite.

Asimismo, se debe regular, recuperar, documentar, seleccionar y difundir para conocimiento público las sesiones de los Tribunales Colegiados de Circuito. Esto ayudaría a abundar en la transparencia y en la rendición de cuentas y ayudaría a tener certeza de quiénes son las autoridades responsables de la impartición de justicia.

Y finalmente, otra iniciativa, también al artículo 71, fracción II, para regular la acción y el desempeño de los secretarios de acuerdo de los juzgados, quienes hasta ahora con mucha discrecionalidad ante la ausencia de los jueces responsables en cada una de las materias, pueden emitir resoluciones que violan la ley, vulneran los derechos de los ciudadanos e, incluso, ha llegado a casos extremos de secretarios de acuerdo que dictan autos de libertad a verdaderos delincuentes ligados a la pederastia, como me consta en varios casos aquí en el Distrito Federal o, incluso, a gentes vinculadas con delitos contra la salud; y desde la autorización de la operación de un giro negro, el permiso de construcción, violando el uso de suelo, hasta la libertad de delincuentes, recae ante la ausencia de un juez en secretarios de acuerdo que constituyen verdaderas violaciones al estado de derecho.

Son estas las cinco iniciativas, señor Presidente, que espero podamos entrar a discusión, porque buena falta le hace a este país una reforma profunda a este poder intocado, el Poder Judicial.

Y hay que recordar que la impunidad que vive el país es la principal fuente de la cual se abreva la corrupción, uno de los principales males que corroe la vida pública y a todas las instituciones públicas en el país.

Muchísimas gracias.

Iniciativas







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REFORMA JUDICIAL

(Presentada por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN MATERIA DE INMEDIACIÓN PROCESAL

(Presentada por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

(Presentada por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MINISTROS O MINISTRAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

(Presentada por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD)



El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Adelante, Senador Isidro Pedraza Chávez.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para que le pregunte al orador si acepta que me adhiera a sus iniciativas. Y pedirle además que, en términos del artículo 59, fracción III, le pida a la Secretaría que lea ese artículo que tiene que ver con la rectificación de quórum.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna Luna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

En el mismo sentido, pedirle al Senador Alejandro Encinas, si puedo suscribir estas propuestas sobre el Poder Judicial.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Con mucho gusto, en los 2 casos es una distinción.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muy bien, las ha aceptado. Gracias.

Vamos a dividir las iniciativas del Senador Encinas Rodríguez y a turnarlas de la siguiente manera:

De las 5 iniciativas que presentó, las 3 iniciativas de reformas constitucionales sobre el procedimiento de elección de los ministros, sobre los requisitos para integrar el Consejo de la Judicatura y sobre los requisitos para Ministro de la Suprema Corte se turnan a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Las 2 iniciativas de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, una en materia de inmediación procesal y otra en materia de transparencia, se turnan a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Sí, Senador Pedraza Chávez.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Una vez hecho el turno de estas iniciativas, yo quisiera pedirle nuevamente que solicite a la Secretaría la lectura del artículo 59, en su fracción III, numeral 3, que tiene que ver con el quórum.

Habemos aquí 9 Senadores, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Sí, Senador Pedraza Chávez. Vamos a hacer lo siguiente.

Vamos a abrir el sistema electrónico para el registro de asistencia, para verificar el quórum, se abre por 10 minutos, mientras seguimos trabajando.





 

Informo a la Asamblea que la iniciativa que presentó la Senadora Layda Sansores San Román, que tiene que ver con la reforma al artículo 13 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se turna a las Comisiones Unidas de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

(Presentada por la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT)

Layda Sansores San Román, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa por la que se reforma yadiciona la fracción I, II del artículo 13 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En materia de desarrollo económico en nuestro país existe una ambigüedad en el marco jurídico para la adquisición de bienes y servicios de la Administración Pública, que vulnera  los derechos de las  micro pequeñas y medianas  empresas también conocidas como MIPYMES al dejar a juicio, criterio o selección de los servidores públicos responsables en formular las convocatorias de los procedimientos en las citadas adquisiciónes la inclusión de este beneficio. Esta circunstancia obstaculiza que la MYPIMES puedan teneracceso anticipos hasta por un máximo del 50%en las contrataciones.

Las micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES constituyen la columna vertebral de la economía nacional, generan el 72% de los empleos formales de la economía lo que las convierte en el mayor empleador del país. Por su importancia es imperativo instrumentar acciones para mejorar el entorno económico y apoyar directamente a estas empresas, con el propósito de crear las condiciones que contribuyan a su reforzamiento, crecimiento y consolidación, en un ambiente equitativo.

Con base a los datos del  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), nuestro país cuenta con más de cinco millones empresas, que emplean cerca de 28,000 millones de personas de las cuales:

• El 95.2% cerca de 4.8 millones de las compañías son microempresas.

• El 4.3% más de doscientas mil son pequeñas empresas.

• El 0.3% más de 15 mil son medianas.

• El 0.2% más de 10 mil  son grandes empresas.

Como se puede notar, la diferencia entre el número de micro empresas contra el de grandes empresas es abismal, algunos países del continente incluso considerados con menor desarrollo económico que nuestro país,se aprecian más empresas grandes que México ejemplo:

• En Bolivia, 99.4% de las empresas son Pymes y 0.6% de empresas grandes.

• En Chile, un 99% son Pymes, frente a un 1% de empresas grandes.

• En El Salvador un 2.9% son empresas grandes.

• Y solo como referencia el caso de Estados Unidos donde el 8.9% son empresas grandes.

No se trata que la ley fortalezca la creación de más micro, pequeñas y medianas empresas, se trata de que las ya existentes crezcan, se fortalezcan y se transformen en más  empresas grandes, en beneficio de la generación de más empleo y de una mejor economía para las familias mexicanas

Por ello es importante  conocer que las cifras en materia de adquisiciones en bienes y servicios  para el Estado Mexicano por el procedimiento que sea ,demuestran que las micro, pequeñas y mediana empresas son  constantemente desplazadas porlas grandes empresas, esto significa que el Estado Mexicano no está cumpliendo con la justa distribución del ingreso, que proviene en buena medida de la recaudación publica de los mexicanos que curiosamente son los mismos que integran y constituyen las micro y pequeñas empresas, al ser los responsable de la generación de más empleo en el país .

Si tomamos en cuenta los anteriores argumentos estos sustentan cabalmente la necesidad de perfeccionar el marco jurídico y dejar claro desde la Ley y no mediante normas secundarias que no se cumplen, la responsabilidad del Estado Mexicano para apoyar a las micro pequeñas y medianas empresas de manera clara y realista, tomando en cuenta los siguientes planteamientos:

1. Las Dependencias, y Entidades que conforman la Administración Pública están obligadas a conformar anticipadamente el presupuesto que les permita administrar correctamente sus funciones y obligaciones y contemplar sus necesidades en materia de adquisiciones de bienes y servicios.

2. Que con anticipación antes del inicio de cada ejercicio fiscal y a través de su cabeza de sector las Dependencias Y Entidades de la Administración Pública conocen el presupuesto que les ha sido asignado para las adquisiciones de bienes y servicios entre otros.

3. Que por lo tanto los anticipos no representan ninguna erogación adicional al presupuesto otorgado.

4. Que no representarían riesgo alguno para la economía nacional, ya que la propia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público contempla las garantías necesarias para la celebración de contratos que hayan cumplido con cualquiera de los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios.

5. Y que además para celebración de contratos en la adquisición de bienes y servicios, se contempla un sin número de sanciones para su debido cumplimiento.

6. Que esto no significaría nunca un financiamiento pero si un apoyo para los bajos niveles de capitalización de las micro y pequeñas empresa sin ningún costo adicional para el Estado cumpliendo cabalmente con lo establecido en artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos particularmente sobre la más justa distribución del ingreso y la riqueza, que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege, la competitividad otorgando un conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

Esto cobra mayor relevancia, cuando en la actual normatividad en la materia se contempla el apoyo de anticipos para las micro pequeñas y medianas empresas hasta por un 50%, pero se enfrenta al vocablo denominado previsión el cual genera una vaguedad léxicaprovoca una tergiversación que deja a juicio de los servidores públicos responsables se otorgue o no este beneficio para las micro, pequeñas y medianas empresas,contrario a la lógica de progreso, equidad a favor de las mayorías más vulnerables de conformidad a la normatividad :

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

Artículo 13. Las dependencias y entidades no podrán financiar a proveedores. No se considerará como operación de financiamiento, el otorgamiento de anticipos, los cuales en todo caso, deberán garantizarse en los términos del artículo 48 de esta Ley.

Artículo 48.- Los proveedores que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán garantizar: I. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías deberán constituirse por la totalidad del monto de los anticipos,

Artículo 45.- El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente:

IX. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían, los cuales no podrán exceder del cincuenta por ciento del monto total del contrato;

Reglamento de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Artículo 2.- Adicionalmente a las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley, para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

VII. MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

Artículo 11.- El porcentaje del anticipo a otorgar a las MIPYMES, en el supuesto a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley, deberá ser previsto por la dependencia o entidad en la convocatoria a la licitación pública, en la invitación a cuando menos tres personas o en la solicitud de cotización, para lo cual atenderán, entre otros factores, al monto de la contratación, al costo financiero del mercado y el tiempo de fabricación del bien de que se trate, procurando en todos los casos dar el mayor porcentaje posible.

No obstante lo anterior menos del 0.2% de las convocatorias para la adquisición de bienes y servicios por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Publica establecieron en sus bases de convocatoria, el otorgamiento del mayor porcentaje, que sería del 50% de anticipo para las MIPYMES.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN I, II AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Primero y único: Reforma al párrafo y se adiciona las fracciones I, II al artículo 13 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Artículo 13. Las dependencias y entidades no podrán financiar a proveedores. No se considerará como operación de financiamiento, el otorgamiento de anticipos, los cuales en todo caso, deberán garantizarse en los términos del artículo 48 de esta Ley.

Para el caso de las MIPYMES, el anticipo, necesariamente quedara establecido por la dependencia o entidad en la convocatoria de la licitación pública, en la invitación a cuando menos tres personas o en la solicitud de cotización, para lo cual atenderán, entre otros factores, al monto para la contratación, al costo financiero del mercado y el tiempo de fabricación del bien de que se trate, otorgando en todos los casos el mayor porcentaje posible y de conformidad a la estratificación establecida por la Secretaria de Economía de común acuerdo con la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico de conformidad a lo siguiente:

I Para el micro empresas que cuentan de 0 a 10 trabajadores en el sector industrial, comercial y de servicios, para adquisiciones de bienes y servicios por un monto total de hasta diez millones de pesos.

II Para las pequeñas empresas que cuentan de 11 a 50 trabajadores en los sector industrial y de servicios y de 11 a 30 trabajadores en el sector comercial y para adquisiciones de bienes y servicios por un monto total de hasta de quince millones de pesos.

III Para las pequeñas empresas que cuentan de 11 a 50 trabajadores en los sector industrial y de servicios y de 11 a 30 trabajadores en el sector comercial y para adquisiciones de bienes y servicios por un monto total de hasta veinte millones de pesos.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 8 de diciembre de 2015.





 

Asimismo, la iniciativa que reforma la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que también presenta la Senadora Layda Sansores San Román, se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT)

Layda Sansores San Román, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este proyecto responde a la exigencia de la sociedad civil, que se ha manifestado a través de diversas organizaciones no gubernamentales y de personas que viven en condiciones de exclusión por cuestiones de discapacidad y que han levantado la voz para ser admitidos y admitidas como integrantes plenas de nuestra sociedad y contribuir con sus muchos talentos al desarrollo de nuestro país.

Es importante reconocer que más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. Se prevé que en los años futuros, la discapacidad sea un motivo de preocupación mayor, pues su prevalencia está aumentando; lo que se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de adquirir una discapacidad es superior entre los adultos mayores, sin contar además con el incremento mundial de enfermedades crónico degenerativas, tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de salud mental.

Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones de la participación de la persona que las presenta, dichas insuficiencias son problemas que afectan no solo a su estructura o función corporal sino que limitan también su interacción social, ya que se dificulta el ejecutar acciones o tareas, así como se les restringe la participación en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.

En México el tema de la discapacidad ha sido primordial y lo fundamenta desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el capítulo I de los Derechos Humanos y sus Garantías en el artículo 1.- que a la letra se transcribe:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano  sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

En 2001 propone a la ONU crear la convención internacional para proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad la cual es aprobada y entra en vigor en mayo del 2008, el propósito de esta es promover y asegurar las condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad.

Por todo lo anterior y por la reforma de 2011 en materia de derechos humanos ratificamos que en México se han tenido avances sustanciales; sin embargo, este avance en el andamiaje legal del país no se ha visto reflejado en la vida cotidiana de las personas con discapacidad, hoy se enfrentan a un mundo ajeno y distante de su circunstancia y necesidades específicas.

Por ello, en la presente iniciativa se proponen acciones específicas que además de observar los derechos humanos básicos lograrían materializarlos en la vida cotidiana y acercar a este sector tan vulnerable y olvidado, a la vida productiva, lo que de entrada cambiaría su estado de vulnerabilidad y el tan recurrido concepto de inclusión tendría plena vigencia.

De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, presentada en 2001, las personas con discapacidad “son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”.

Según el último censo (INEGI, 2010), las personas que tienen algún tipo de discapacidad en México son 5 millones 739 mil 270, de las cuales el 14.6% son jóvenes entre 15 y 29 años de edad. Los motivos que producen discapacidad en las personas pueden ser variados, pero el INEGI los clasifica en cuatro grupos de causas principales: nacimiento, enfermedad, accidente y edad avanzada.

De cada 100 personas discapacitadas:

• 32 la tiene porque sufrieron alguna enfermedad.

• 23 están afectados por edad avanzada.

• 19 la adquirieron por herencia, durante el embarazo o al momento de nacer.

• 18 quedaron con lesión a consecuencia de algún accidente.

• 8 debido a otras causas.

Empleo

En materia de empleo se puede decir que este ofrece muchas oportunidades de participación social, desde la independencia económica hasta la formación de una familia y el sentimiento que se contribuye a la economía nacional (ONU, 2006).

De igual forma, el Programa Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2009-2012, señala en el Objetivo 5: "Garantizar el desarrollo y la aplicación de políticas de inclusión laboral, autoempleo y capacitación de las personas con discapacidad", objetivo que plantea múltiples estrategias, desde "estimular y fortalecer la participación de las empresas y organismos empresariales en acciones de inclusión laboral de las personas con discapacidad…" hasta "promover la formación, así como asegurar que la capacitación que se imparta en los centros de trabajo, sea accesible para los trabajadores con discapacidad" (Gobierno Federal, 2009: 109). (INEGI, LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2010).

Los datos demuestran que las políticas antes mencionadas o no se han implementado o no son suficientes para la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, ya que son 3.7 millones de personas de más de 12 años de edad que entran en el rubro de población no económicamente activa; los cuales de cada 100 personas con discapacidad 37 se dedican a quehaceres del hogar, 29 tienen una discapacidad permanente para trabajar, 14 se dedican a otra actividad no económica 14 ya están pensionados o jubilados y solo 5 se encuentran estudiando; los datos también muestran que influye tanto el sexo como la zona geográfica donde se encuentran, el sexo femenino es mayor en indicies de probación económicamente no  activa, y la zona del centro y norte del país es donde hay más personas con discapacidad desempleadas; mientras que de  las personas económicamente activas, de cada 100 personas con discapacidad, 27 dedican menos de 34 horas a la semana a su empleo, 39 trabajan entre 35 y 48 horas y 30 laboran más de 48 horas, (INEGI, CENSO, 2010). Lo que nos demuestra la importancia de atender esta asignatura pendiente. Existe pues, una fuerza productiva potencial de ese tamaño que hoy esta desaprovechada.

Además cabe destacar que el actual Presidente de la República cita lo siguiente: “se buscará asegurar la vigencia efectiva de los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral, lo que transita por su inclusión al mercado de trabajo y la dinámica social, además de impulsar, con el apoyo de los medios de comunicación y la sociedad civil, estrategias que coadyuven a transformar la actual cultura excluyente y discriminatoria en una abierta a la tolerancia y la diversidad” (Lic. Enrique Peña Nieto, Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018, pág. 53)

Respaldada por todo el fundamento anterior se propone que la Administración Pública Federal contrate en cuando menos el 3 por ciento de su plantilla laboral a personas con discapacidad lo que realmente permitiría aprovechar su talento y capacidad y, mandaría una señal clara a los estados y municipios a efectuar lo propio.

En materia de Salud

El elemento fundamental del ser humano para su subsistencia es la salud, y es uno de sus derechos más importantes ya que le permite disfrutar de otros como la educación, el trabajo, etc, En México este derecho se encuentra estipulado en la Constitución Política en su artículo cuarto por lo que el sistema de salud debe brindarle atención a toda la población sin excepción, pero en el caso de las personas con discapacidad se han creado diversas normatividades que les dan prioridad para su inclusión.

En el Artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se señala:

Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. En particular, los Estados Partes:

a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población;

b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores; (ONU, 2006, págs. 20-21).

Así también el actual poder Ejecutivo se ha planteado poner principal énfasis en proveer una red de protección social que garantice el derecho a la salud a todos los mexicanos y “En materia de salubridad, el objetivo es asegurar el acceso a los servicios de salud. En otras palabras, se busca llevar a la práctica este derecho constitucional. Para ello, se propone fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud y promover la integración funcional a lo largo de todas las instituciones que la integran. Asimismo, se plantea reforzar la regulación de los establecimientos de atención médica, aplicar estándares de calidad rigurosos, privilegiar el enfoque de prevención y promoción de una vida saludable, así como renovar la planeación y gestión de los recursos disponibles”. (Lic. Enrique Peña Nieto, Plan Nacional de Desarrollo , 2013-2018, pág. 53).

Resulta realmente esperanzador ver que haya una gran variedad de Países, leyes, instituciones, personas, etc. Interesados en buscar el bienestar y la inclusión de las personas con discapacidad, pero las estadísticas dicen que hay que seguir trabajando, que se tiene que lograr que esas políticas, esos tratados dejen de estar solo en papel y se conviertan en una real mejora en la vida de las personas,

De cada 100 usuarios con discapacidad, 36 acuden a Centros de salud u hospitales de la Secretaría de Salud (SSA), 33 al Seguro Social (IMSS) incluye usuarios de IMSS Oportunidades, 20 a consultorios, clínicas u hospitales privados, 7 al ISSSTE (incluye el nacional y el estatal), 3 a otro lugar y 1 a los servicios médicos de Pemex, Defensa o Marina. (INEGI, CENSO , 2010).

Es importante resaltar que los jóvenes entre 15 y 29 años ocupan el menor porcentaje en derechohabiencia y hacen mayor uso de los hospitales y el sistema de salud que el Estado proporciona.

Es importante mencionar que la zona geográfica es un factor que influye en gran medida para la derechohabiencia, los estados del centro y norte del País tienen un porcentaje de población con discapacidad derechohabiente por arriba del promedio nacional (68.8%), destacan Colima (86.4%), Aguascalientes (84.8%) y Campeche (82.7%); en cambio, 11 entidades, del centro-sur y del sureste, están por debajo de dicho promedio, entre ellas, Puebla (52%), Michoacán (53.2%) y Oaxaca (53.9 por ciento). (INEGI, CENSO , 2010).

La zona centro-norte y la norte del país, al tener un nivel de desarrollo económico y social más amplio y más formal, brindan mayor cobertura de afiliación a su población, entre ellas, las personas con discapacidad; en cambio, la región centro sur y la sureste proporcionan menos oportunidades de cobertura. Ello impacta tanto en el tipo de instituciones de derechohabiencia como a las que se asiste. En la región centro-norte, la principal institución que concentra más derechohabientes y usuarios es el IMSS, mientras que en la región centro-sur y en la sureste es el Seguro Popular; lo que es un indicio de las dificultades de acceso a la salud de la población con discapacidad, sobre todo de los niños y los jóvenes. (INEGI, LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2010, pág. 68).

Como ya se pudo observar en México no se cuenta con la suficiente infraestructura para la atención de la población con Discapacidad y más por parte de la Secretaría de Salud que es quien brinda el mayor servicio a este sector de la población. En México se cuenta con el Instituto Nacional de Rehabilitación y es único hospital especializado en la atención a  personas con discapacidad; los Estados de la República a través del Sistema DIF forma los Centros de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) donde se brindan los siguientes servicios Rehabilitación integral, consulta médica, comunicación humana, ortopedia, psiquiatría; pero no atienden nada relacionado con procesos quirúrgicos, además  del poco espacio y personal con el que cuentan y la selección que hacen para poder recibir a los pacientes, por ejemplo en el CREE de Michoacán pacientes que fueron operados en diciembre en el Instituto Nacional de Rehabilitación regresan a su lugar de origen para continuar con su tratamiento, se les han asignado citas hasta marzo del siguiente año cuando es bien sabido que si no se recibe pronta rehabilitación la parte intervenida se puede pegar y perder la movilidad.

Por tal motivo se propone construir equipar y mantener en buenas condiciones dos Institutos Nacionales más de Rehabilitación esto con la finalidad que todo el País pueda recibir más y mejor atención, se pretende dividir al País en 3 regiones Norte, Centro y Sur, considerando que el Centro ya tiene solo se tendrían que construir y equipar dos más; esto se propone se haga uno por legislatura y los recursos se etiqueten por año legislativo; ya que si bien es una inversión fuerte la que se necesita también está comprobado de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2010 (ENIGH 2010), instrumento que brinda la mayor información sobre el monto, procedencia y distribución de ingresos y gastos de los hogares en México, cuentan con al menos un integrante con discapacidad 16.4% de los hogares del país. En ellos se gasta el doble en cuidados a la salud que en los que no albergan a personas con esta condición entre sus residentes (4.6 frente a 2.4%) y se utiliza más, dicho gasto, en atención primaria o ambulatoria (77.2%) y medicamentos sin receta (16.1%) que en atención hospitalaria (6.7 por ciento), el gasto promedio en cuidado a la salud en hogares con personas con discapacidad es 40% más alto que el de su equivalente sin discapacidad ($1,634.80 frente a $1,163.50 pesos), lo cual pone en evidencia el impacto que tiene el desembolso monetario para la atención a la salud en el primer tipo de hogares. lo que a largo plazo representa un mayor gasto, a diferencia de la construcción de los Institutos que serían una Inversión.

Para poder darle viabilidad a esta propuesta se ha hecho un análisis Al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 el cual tiene un gasto total neto por la cantidad de $4'467,225'800,000 de los cuales $607 millones 962 mil 491 pesos corresponden para la atención a grupos vulnerables (personas con discapacidad), si se divide entre los 5 millones 739 mil 270 personas con discapacidad, estamos hablando que a cada persona con discapacidad le correspondería $105 pesos con 93 centavos para su atención; es imposible que el estado pueda cubrir la demanda con este presupuesto; esto sin contar que en los últimos años el presupuesto para este rubro ha sufrido una reducción cuando el número de personas con discapacidad aumenta, así como sus necesidades y siendo los jóvenes quienes representan el mayor número de personas sin acceso a la salud por encontrarse en una edad donde dejan de ser derechohabientes por parte de su familia y no cuentan con un empleo para ser derechohabientes por sí mismos.

Por tal motivo se somete a análisis y consideración que del Presupuesto total por el orden de los $4'467,225'800,000 se hiciera un recorte equitativo delas unidades programáticas del .01% que es equivalente a 44 mil 672 millones 258 mil pesos, que serviría para la atención de las personas con Discapacidad y para la propuesta de creación y atención hospitalaria.
En materia de educación

Con el objetivo de lograr una sociedad más justa y democrática, se propone que en el sistema educativo se desarrolle y promueva una cultura de respeto e inclusión para este sector en todos los niveles educativos, ya que:

De cada 100 personas de 15 años y más con discapacidad:

• 36 no cursan ningún grado escolar.

• 46 tienen educación básica (primaria y secundaria) incompleta.

• 7 tienen educación básica completa.

• 5 han cursado algún grado de educación media superior.

• 4 cuentan con educación superior.

Esto será a través de la inclusión de modelos educativos hospitalarios que les permitan continuar con sus estudios, aun estando periodos largos en el Hospital, o en el CREE.

En materia de transporte

Para que la inclusión se pueda llevar realmente a cabo las personas con alguna discapacidad necesitan salir de sus casas y desenvolverse dentro de la sociedad pero también es bien sabido que en la mayoría de las ocasiones esto representa una limitante ya que si no cuentan con automóvil propio es muy difícil trasladarse y eso hablando solo de las algunos tipos de discapacidad, por tal motivo se propone que el estado proporcione medios de transporte con las adecuaciones necesarias que atiendan las diferentes discapacidades, y como ejemplo se puede hacer mención del estado de Tabasco que invirtió 7 millones 991 pesos para la adquisición de cuatro autobuses especialmente adaptados con rampas de acceso a sillas de ruedas, y que serán operados por el Sistema de Transporte TransBus a través de un convenio de comodato; para este rubro se han etiquetado un total de 500 millones de pesos para todo el país, el recurso está ahora hay que corroborar que se utilice en transporte para la inclusión de las personas con discapacidad y así como tabasco sean los 30 estados y el Distrito Federal los que permitan la movilidad de este grupo vulnerable,

En Conclusión, esta iniciativa pretende contribuir al avance que como sociedad merecemos entendiendo a los demás con o sin discapacidad como si fuéramos nosotros mismos.

Lo antes mencionado se fundamente en información fidedigna proporcionada por:

• (INEGI, CENSO, 2010)
http://cuentame.inegi.gob.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P.

(ley general para la inclusion de las personas con discapacidad),

Ley para Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán,

• (Lic. Enrique Peña Nieto, Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018),

• (INEGI, LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2010),

• (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos),

• (Norma Oficial Mexicana, 2013),

• (Presupuesto de Egresos de la Federacion, 2014)

Por lo antes expuesto, la ciudadana que suscribe la presente iniciativa, somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA QUEDAR COMO SE ESTABLECE EN EL SIGUIENTE:

DECRETO

Artículo Único: Se adicionan al artículo 2 las fracciones XXIX, XXX, XXXI, XXXII; Se adiciona al artículo 7 del Título Segundo, Capítulo I de la Salud y Asistencia Social, las fracciones XIII, XIV y XV; Se adiciona al artículo 11 del capítulo II “Trabajo y Empleo” las fracciones VIII, IX y X; Se complementan las fracciones II y IX del artículo 12; Se adiciona al artículo 19 del capítulo V transporte público y Comunicaciones, la fracción VI; todos, correspondientes a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para quedar como sigue:

DICE

DEBE DECIR

Artículo 2.

I a XXVIII…

 

 

XXIX. Acciones afirmativas: Consisten en apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural; 

XXX. Sensibilización.- Es el proceso de concientización dirigido a la sociedad en general, para fomentar actitudes receptivas e incluyentes, así como percepciones positivas de las personas con discapacidad y del respeto a sus derechos y libertades fundamentales;

XXXI. Trabajo Integral.- Todo programa o proyecto encaminado a dar empleo a las personas con discapacidad, garantizando igualmente su permanencia, fomentando su desarrollo laboral en igual de condiciones que las demás personas trabajadoras;

XXXII. Trabajo protegido: Todo aquel programa o proyecto encaminado a dar empleo a las personas con discapacidad que no pueden ser incorporadas al trabajo común, por no alcanzar a cubrir los requerimientos de productividad y que se caracteriza por la subvención que hace el gobierno o los particulares a las fuentes de trabajo;

Artículo 7…
I a XII…

 

 

XIII. Construir, equipar y mantener en buenas condiciones dos Centros Médicos Especializados de tal forma que República Mexicana se divida en 3 regiones Norte, Centro y Sur, considerando que la zona centro ya cuenta con el Instituto Nacional de Rehabilitación, quedando pendientes la zona Norte y la zona Sur que permita la orientación, prevención, detección, atención, estimulación temprana, atención integral o especializada, rehabilitación, habilitación, tratamiento, así como  la atención médica con procedimientos quirúrgicos que sean necesarios para salvaguardar la vida de las personas con alguna discapacidad,

XIV. En los casos de menores  de edad y/o personas que se encuentran cursando un periodo escolar, y por su discapacidad tengan que pasar un periodo de más de 20 días hábiles en el hospital, este deberá contar con asesores pedagógicos los cuales tendrán la función mantenerlos actualizados en su formación escolar.

XV. El patrimonio del Instituto se integra con:

I. La partida presupuestal que le autorice el H. Congreso de la Unión;

II. Los bienes muebles e inmuebles que le asigne el Gobierno Federal;

III. Los bienes que adquiera por cualquier otro título;

IV. Los fondos que se obtengan por el de programas específicos; y

V. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas y morales.

Artículo 11…

I a VII…

 

VIII. Las demás que dispongan otros ordenamientos

VIII. La Administración Pública       Federal deberá contratar a personas   con discapacidad en cuando menos     un 3% para puestos de base y  confianza.

 

IX. En caso de necesitar un periodo de incapacidad laboral por cuestiones relacionadas con su discapacidad, quedan amparados laboralmente y se les proporciona la garantía para     conservar sus puestos, así como también se les garantiza que por   ningún motivo se les suspenderá su sueldo.

 

X. Las demás que dispongan otros ordenamientos

Artículo 12…

I…

 

II. Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado;

II. Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas, reglamentos así como sanciones administrativas que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas ya que toda institución educativa sin importar el grado académico deberá hacer las adecuaciones necesarias que permitan el fácil acceso de las personas con discapacidad esta de forma  permanente o temporal, las rampas deberán tener  una inclinación exacta permitiendo que una persona en silla de ruedas pueda hacer uso de esta sin necesidad de ayuda.

III. Establecer mecanismos a fin de que las niñas y los niños con discapacidad gocen del derecho a la admisión gratuita y obligatoria así como a la atención especializada, en los centros de desarrollo infantil, guarderías públicas y en guarderías privadas mediante convenios de servicios. Las niñas y niños con discapacidad no podrán ser condicionados en su integración a la educación inicial o preescolar;

III. Impulsar cursos, talleres y seminarios en todos los niveles del sistema educativo sobre el respeto e inclusión de las personas con discapacidad.

Las instituciones que tengan un área muy amplia (principalmente universidades) tendrán la  obligación de  contar con por lo menos dos carros o medios de trasporte que permita el fácil acceso a las instalaciones.

IV a VII…

 

IX. Diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes, estenógrafos del español y demás personal especializado en la difusión y uso conjunto del español y la Lengua de
Señas Mexicana;
.

IX. Diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes, estenógrafos del español y demás   personal especializado en la difusión y uso conjunto del español y la Lengua de   Señas Mexicana; Así como la incorporación de estos dentro de la Administración Pública, en los Congresos Estatales, Empresas Públicas y Privadas.

X a XIV…

 

Artículo 19…

I a V…

 

 

VI. Implementar en las ciudades capitales de cada entidad federativa y el Distrito Federal sistemas de transporte para personas con discapacidad que estén totalmente equipados de acuerdo a la clasificación de las discapacidades, tales como elevador para las sillas de ruedas, timbre especial para personas ciegas, señalamientos para personas mudas, sistema braille en las paradas de transporte público y todas aquellas que se consideren pertinentes para la inclusión plena de este sector en la vida productiva y social.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El H. Congreso de la Unión deberá destinar la suficiencia presupuestaria a las dependencias involucradas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año inmediato siguiente a su aprobación.

TERCERO.- Se abrogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente ordenamiento.

Dado en el Senado de la República, el 8 de diciembre de 2015.





 

En otro apartado de nuestra agenda, tenemos la primera lectura de diversos dictámenes. Solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Tenemos para primera lectura el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa de los Trescientos Años de la Fundación de la Ciudad de Ojinaga, Chihuahua.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DE LOS TRESCIENTOS AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE OJINAGA, CHIHUAHUA

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA

Con fecha 23de octubre de 2014, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y Estudios Legislativos, Segunda, de la LXII Legislatura del Senado de la República, la iniciativa con proyecto de Decreto que crea la Moneda Conmemorativa de los Trescientos Años de la fundación de Ojinaga, Chihuahua.

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117 y 135, fracción I;174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1. y 2;184; 186; 187; 190, párrafo 1,fracción VI, del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración dela Iniciativa que se menciona:2

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del 23 de octubre de 2014, las Senadoras Graciela Ortiz González, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo, y el Senador Patricio Martínez García del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la iniciativa con proyecto de Decreto que crea la Moneda Conmemorativa de los Trescientos Años de la fundación de Ojinaga, Chihuahua.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores, mediante el Oficio No. DGPL-1P3A.-3051, turnó la iniciativa antes señalada, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen.

3. En reunión ordinaria, los Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas revisaron el contenido de la propuesta de emisión de esta moneda conmemorativa, a fin de expresar sus observaciones y comentarios para valorar su contenido e integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA INICIATIVA

Establecer las características de una Moneda Conmemorativa delos Trescientos Años de la fundación de Ojinaga, Chihuahua.

III. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

La iniciativa en cuestión, expone entre otras consideraciones, las siguientes:

Situada en la confluencia del Río Conchos con el Río Bravo, la historia de la Ciudad de Ojinaga es muy antigua. Se remonta a la expedición de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca quien, tras su naufragio en Florida y buscando el camino de regreso a la ciudad de México, arribó a la confluencia de ambos ríos, lugar por el que internó al actual estado de Chihuahua y continuó su viaje rumbo a Paquimé y luego al estado de Sonora.

El 13 de julio de 1684, Juan Fernández de Mendoza toma posesión de estos terrenos en nombre del rey de España por lo que la situación de los mismos, en medio del desierto y a merced de los ataques de los indios hizo difícil la población permanente, hasta que finalmente, el 2 de junio de 1715 Juan Antonio Trasviña y Retes funda la Población San Francisco de la Junta de los Ríos, hoy la Ciudad de Ojinaga.

En 1759 quedó sometida la región de los Presidios Militares, hasta 1824 cuando se eligió el primer Ayuntamiento y adquirió la categoría de Municipio.

Mediante un Decreto expedido el 23 de octubre de 1865 emitido por el Presidente Benito Juárez, se le da la categoría de Villa, así como su nombre actual en honor al General Manuel Ojinaga Castañeda, quien habría sido nombrado por el Presidente Juárez, Gobernador y Comandante Militar del estado y jefe de todas las tropas que operaban en su jurisdicción. En el año de 1872, el Coronel Manuel Maya sitió a las fuerzas porfiristas del General Manuel Márquez, sublevado por el Plan de la Noria y lo obligó a rendirse con toda su gente, y fue hasta 1876 que el Coronel Fermín Fierro con una sección de tropas lerdistas derrotó en la Villa de Ojinaga, a una fuerza tuxtepecana comandada por el Coronel Susano Ortiz, quien cayó prisionero en unión de los Licenciados José Eligio Muñoz, Manuel G. Vidal, y otros jefes y oficiales.

El General Salvador R. Merado, quien ejercía el gobierno del estado y el mando de la División del Norte durante el régimen huertista, después de la ocupación de Ciudad Juárez por los revolucionarios y de haber perdido sus fuerzas en la batalla de Tierra Blanca, con la moral totalmente quebrantada, evacuó la ciudad de Chihuahua y se dirigió a la Ciudad de Ojinaga, considerándolo el único punto por donde podía ponerse en comunicación con su gobierno, pues Torreón se encontraba en poder de los revolucionarios.

En 1910, año de la Revolución Mexicana, en la Villa de Ojinaga tuvo lugar la derrota del último ejército federal en el estado de Chihuahua por las tropas de Francisco Villa.

Es esencial para la historia del país recordar la Batalla de Ojinaga ya que es considerada por historiadores como fundamental, siendo quizá la segunda más meritoria para el triunfo de la Revolución Mexicana. A esta victoria, la Secretaría de la Defensa Nacional también le da suma importancia. La Batalla de Ojinaga puso fin al último reducto del ejército Federal en el Norte de México que defendía la Presidencia de Victoriano Huerta. Los generales rebeldes no pudieron acabar con el lugar, por lo que el 11 de enero de 1914, Francisco Villa llegó a Ojinaga con un gran ejército, desplazando así al ejército de la ciudad.

En junio de ese mismo año se verificaría la batalla de Zacatecas, donde el General Villa logró hacerse de la ciudad venciendo a las fuerzas huertistas, lo que en el futuro le despejaría el camino a la Ciudad de México, no sin antes formar parte de  la convención de Aguascalientes convocada en octubre de 1914 por Venustiano Carranza, bajo la denominación de Gran Convención de jefes militares con mando de fuerza y gobernadores de los Estados.

Una cadena de eventos trascendentes se desatarían con posterioridad, como la ocupación de México por los ejércitos campesinos en diciembre de ese año comandados por los generales Francisco Villa y Emiliano Zapata, asumiendo los poderes militares y civiles en el año 1915, para que así con el triunfo de la revolución, en febrero de 1917, se publicara la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el presidente Venustiano Carranza, la cual recoge muchos ideales de la Revolución Mexicana.

En este sentido, 2015 será un año de profundo sentido histórico ya que se conmemoran los Trescientos Años  de la fundación de Ojinaga, Chihuahua, por lo que se propone la emisión de una moneda conmemorativa.

IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, A LA INICIATIVA.

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117 y 135, fracción I; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1. y 2; 184; 186; 187;188; 189; 190del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, resultan competentes para dictaminar la Iniciativa descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas coinciden con la emisión de una Moneda Conmemorativa de los Trescientos Años de la fundación de Ojinaga, en el Estado de Chihuahua como un reconocimiento  para recordar y enaltecer los hechos históricos y  los rasgos distintivos que enmarcan a su población.

La Ciudad de Ojinaga está ubicada  en la afluencia del Río Conchos con el Río Bravo, en la frontera con el Estado de Texas, en Estados Unidos de América, y recibe su nombre en honor al General Manuel Ojinaga Castañeda, militar liberal que combatió en la intervención francesa, nombrado gobernador y comandante militar del Estado de Chihuahua por el Presidente Benito Juárez.

 Su historia es antigua e importante, se remonta a la expedición de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, quien tras su naufragio en Florida y buscando el camino de regreso a la Ciudad de México, arribó a la confluencia de ambos ríos, lugar por el que se internó al actual Estado de Chihuahua, continuó su viaje rumbo a Paquimé, y después pasó de ahí al Estado de Sonora.

Misioneros franciscanos, provenientes de Julimes y Chihuahua, comenzaron a visitar la zona a mediados del Siglo XVII y fue declarada formalmente posesión de España el 13 de junio de 1684, en medio del desierto y a merced de los ataques de los indios, esto fue lo que dificultó que la población permaneciera de manera constante en el sitio.

Finalmente el 2 de junio de 1715, Juan Antonio Trasviña y Retes fundó la población con el nombre de San Francisco de la Junta de los Ríos, que por Decreto del año 1865 fue emitido por el Presidente Benito Juárez, y se le dio el carácter de Villa y el nombre de Ojinaga.

Años después, se llevó a cabo la batalla de Ojinaga, que fue librada el 10 de enero de 1914, cuando la Villa resistió, firme y valientemente el ataque de las fuerzas huertistas, hasta que llegaron las tropas del general Francisco Villa, mismas que pusieron fin al último reducto del ejército federal en el norte de México que defendía la Presidencia de Victoriano Huerta.

Este hecho simbólico, enmarcó una huella fundamental de la época revolucionaría en el Estado de Chihuahua, y  en todo el país.

Una cadena de eventos trascendentes se desatarían con posterioridad como la ocupación de México por los ejércitos campesinos, comandada por los generales Francisco Villa y Emiliano Zapata, asumiendo los poderes militares y civiles en el año 1915, para que así con el triunfo de la revolución, en febrero de 1917 se publicara la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el Presidente Venustiano Carranza.

Actualmente, Ojinaga es la segunda Ciudad fronteriza en importancia del Estado de Chihuahua, en ella está asentada la industria maquiladora y representa una de las ciudades con mayor enfoque y crecimiento en el futuro, dentro del territorio municipal, en donde se encuentra uno de los yacimientos más importantes de Gas-Shell, lo que la convierte en una ciudad estratégica para el desarrollo energético de la nación.

Su ubicación como ciudad fronteriza, la convierte también en un centro de intercambio comercial que le garantiza auge en el terreno de las importaciones con su vecino americano.

Unión, trabajo, progreso son las palabras que forman parte del Escudo del Municipio de Ojinaga, palabras que día a día cobran vigencia y renuevan el espíritu de lucha de sus habitantes, gente del desierto, gente preparada para el trabajo, dispuesta al progreso y unida ante la adversidad del clima les impone; pero de trato amable y respetuoso con quien visita su tierra, y cálida para hacer sentir su valores que lo identifican como pueblo, Ojinaga puede presumir sus raíces firmes y de una orgullosa actitud revolucionaria llena de unión, valor y heroísmo.

Tiene un futuro prometedor, lleno de progreso y crecimiento que les asegura a su gente trabajadora y que la identifican como parte de un gran Estado que es Chihuahua.

TERCERA. Estas Comisiones Unidas consideran que el uso de las monedas conmemorativas permite la difusión de ideas para consolidar en la memoria colectiva la importancia de los hechos históricos, que han transformado a este país.

CUARTA. Estas Comisiones Unidas reflexionan que la Iniciativa propone que sea una moneda onza troy de plata pura; tomando en cuenta que en esta LXII Legislatura las monedas conmemorativas han sido bimetálicas, se plantea que esta moneda sea similar a las monedas conmemorativas autorizadas por el Congreso y se lleven a cabo los ajustes correspondientes en este proyecto de Decreto.

QUINTA. Estas Comisiones Unidas, tomando en base lo anteriormente expuesto, y considerando que conforme al artículo 73, fracción XVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso tiene facultad para fijar las características de la moneda, y el Banco de México, conforme al artículo 3o., fracción I, de su Ley, el regular la emisión de la misma, estima conveniente aprobar la Iniciativa  en análisis, con las modificaciones mencionadas.

Por lo anteriormente fundado y motivado, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, que suscriben, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DE LOS TRESCIENTOS AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE OJINAGA, CHIHUAHUA.

ARTÍCULO ÚNICO. Se establecen las características de una moneda conmemorativa de los 300 años de la fundación de la Ciudad de Ojinaga, Chihuahua, de conformidad con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:

Valor nominal:

Veinte pesos.

Forma:

Circular.

Diámetro:

32 mm (treinta y dos milímetros).

Composición:

La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

1. Parte central de la moneda. Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:

 a) Contenido:

75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido:

2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso:

7.355 g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza:

0.294 g. (doscientos noventa y cuatro miligramos) en más o en menos.

2. Anillo perimétrico de la moneda. Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue:

a) Contenido:

92% (noventa y dos por ciento) de cobre; 6% (seis por ciento) de aluminio y 2% (dos por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido:

1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso:

8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza:

0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos) en más o en menos.

Peso total:

Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la misma, que corresponde a 15.945 g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco miligramos), y la tolerancia en peso por pieza 0.638 g. (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos.

Los cuños serán:

Anverso:

El Escudo Nacional con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", formando el semicírculo superior.

Reverso:

El motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo Segundo Transitorio del presente Decreto, apruebe el Banco de México a propuesta de la Ciudad de Ojinaga, Chihuahua. Dicho motivo deberá referirse invariablemente, a los 300 años de su fundación.

Canto:

Estriado discontinuo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El gobierno del Estado de Chihuahua, a propuesta del Municipio de Ojinaga, enviará al Banco de México la propuesta del diseño del motivo que se contendrá en el reverso de la moneda a que se refiere el presente Decreto,  a más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En caso de que el gobierno del estado de Chihuahua, no presente una propuesta del motivo indicado en este artículo, dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, corresponderá al Banco de México realizar el diseño de que se trate, a fin que se contenga el reverso de la moneda.

La moneda a que se refiere el Artículo Único de este Decreto podrá comenzar a acuñarse a los 90 días naturales posteriores a la fecha límite de entrega del diseño señalado en el párrafo primero del presente Transitorio.

TERCERO. Corresponderá a la Casa de la Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran para que el motivo que proponga el gobierno del estado de Chihuahua, en los términos del Artículo Único, así como del Segundo Transitorio de este Decreto, pueda ser utilizado en el reverso de la moneda conmemorativa a que se refieren los citados artículos. En todo caso, los ajustes que se realicen en los términos de este artículo deberán ser acordes con las características esenciales del motivo propuesto.

CUARTO. Corresponderán al Banco de México todos los derechos de autor y cualquier otro proyecto de propiedad intelectual derivado del diseño y la acuñación de las monedas a que se refiere el artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, en México, Distrito Federal, a 26 de noviembre de 2015.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria.

Debido a que se encuentra publicado en Gaceta Parlamentaria y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa del Centenario de la Ley Agraria de 1915.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE LA LEY AGRARIA DE 1915

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

Con fecha 7 de abril de 2015, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se aprueba la emisión de dos monedas conmemorativas del Centenario de la Ley Agraria de 1915, una de oro y otra de plata.

Estas Comisiones Legislativas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 114, numeral 1; 117; 135, numeral 1; 174; 175, numeral 1; 176; 177, numerales 1 y 2; 178; 182; 183, numerales 1 y 2; 184; 186; 187; 190; 191 y 192 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la iniciativa que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, así como a la votación que del sentido del tema de la iniciativa de referencia realizaron los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187; 188; 189 y 190, numeral 1, fracción VII, del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. En la sesión de fecha 7 de abril de 2015, el Senador Manuel H. Cota Jiménez, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se aprueba la emisión de dos monedas conmemorativas del Centenario de la Ley Agraria de 1915, de una de oro y otra de   plata.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores mediante oficio No. DGPL-2P3A.-2996, remitió la iniciativa antes señalada, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

3. En reunión Ordinaria, los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron la revisión del contenido de la citada iniciativa y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma para integrar el presente Dictamen.

II. OBJETO DE LA INICIATIVA

Se propone la acuñación de dos monedas conmemorativas con motivo del Centenario de la promulgación de la Ley Agraria de 1915.

III. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

En las consideraciones de la iniciativa en comento, se señala que la Ley Agraria de 1915 fue el primer ordenamiento nacional que se estableció como rama autónoma y específica, empeñada en rescatar los objetivos fundamentales de las luchas agrarias. Sus principales consignas convertidas en norma, fueron la justa repartición y distribución de la tierra mediante el expolio de haciendas.

Dicho ordenamiento fue expedido por el entonces Presidente de la República Venustiano Carranza el 6 de enero de 1915 en la ciudad de Veracruz, Ver. Las ideas y consignas del eminente abogado Luis Vicente Cabrera Lobato, entonces Secretario de Hacienda, fueron la base para la redacción de lo que se constituyó como un documento legal radicalmente avanzado a su tiempo, que ya rompía los esquemas de la anquilosada clasificación doctrinaria del derecho, en privado y público, para dar nacimiento a una nueva y desconocida clasificación que ha ido tomando forma desde entonces el “derecho social”.

Basta tomar como referencia el apartado de derechos sociales consagrados en la Constitución de 1917, para darnos cuenta que ya dos años antes se consagraban principios de justicia social a nivel normativo. No obstante, para lograr que ello tuviera lugar, diversos fueron los movimientos sociales que lucharon por una solución para los problemas referentes a la propiedad de la tierra y el rezago del campo.

La Revolución Mexicana que tuvo su estallido en 1910 encabezada por Francisco l. Madero, fue el inicio de una etapa determinante que dio vida a la exigencia pública y oficial por una mejor distribución de la tierra. Momento fundamental, que sentó las bases para lo que después tomó forma a través de la más reconocida de las consignas zapatistas de esa revolución "la tierra es del que la trabaja".

Fue Francisco l. Madero sin duda, el primero que estampó en un documento revolucionario como lo fue el Plan de San Luis, no solo el convocar al pueblo de México a derrocar por medio de las armas al gobierno de Porfirio Díaz, sino además el propósito de restituir las tierras a favor de los campesinos.

Ya en 1911, ante las dificultades de gobernabilidad del Gobierno Maderista, encontramos en el Plan de Ayala de Emiliano Zapata, un documento renovador de la causa agraria de la Revolución, que reafirmó la exigencia inmediata y efectiva de la restitución de las tierras a los campesinos.

Fundamental, de igual modo, fue el Plan de Guadalupe; documento redactado por Venustiano Carranza, que no obstante, que tenía como principal objetivo eliminar la pretensión de legitimidad que buscaba Victoriano Huerta, fue determinante para restablecer el orden político y jurídico en el país, al encontrar respaldo de Francisco Villa, Álvaro Obregón y, Emiliano Zapata como principales figuras revolucionarias. Tolos los anteriores documentos, son claros antecedentes que hicieron posible que se expidiera la Ley Agraria del 6 de enero de 1915.

Dicho ordenamiento, se fundamentó en la propuesta de Andrés Molina Enríquez, que se redactó finalmente en el Heroico Puerto de Veracruz por Luis Cabrera, como colaborador de Venustiano Carranza. El objetivo de la misma, fue el de lograr una justa repartición de las tierras mediante el expolio de las haciendas y sentó las bases programáticas para resolver de forma paulatina el problema del rezago agrario.

Gracias a la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, y a través de sus 100 años de vigencia, hoy en día existen miles de núcleos agrarios, a través de ellos, los   campesinos, comuneros y ejidatarios son quienes contribuyen día a día al desarrollo agropecuario del país, y garantizan gran parte de los alimentos de las familias  mexicanas.

Además de lo anterior, la Ley Agraria fue el punto de referencia para lo que posteriormente se plasmaría en la Constitución de 1917, a través del Artículo 27, donde se otorgó la garantía, en aquel momento de la propiedad social y colectiva de la tierra y, de los derechos comunales, que hoy en día no son otra cosa, sino derechos reconocidos en sede constitucional, es decir, intrínsecos a la persona, y resguardados bajo el principio de progresividad.

Dentro de la tradición jurídica romana o civilista a la cual pertenecemos, encontramos pocas pero significativas instituciones propias y genuinamente mexicanas, una de ellas y quizá la más importante junto con el Amparo, es sin duda alguna, el Ejido, figura consagrada en sede jurídica por primera vez en la Ley Agraria en comento.

El pasado 6 de enero del presente año, se cumplieron cien años de la expedición de la primera Ley Agraria, instrumento determinante para otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra, y el desarrollo del sector agrario. Sin duda, a través de todos esos años en el devenir de su vigencia, el problema del rezago agrario sigue combatiéndose, no obstante ello, es justo afirmar que la expedición de dicho ordenamiento, superó el propósito de sentar la bases para la distribución de la propiedad agrícola, ya que a lo largo de su entrada en vigor y hasta 1992, en nuestro país se continuaron realizando numerosas asignaciones de derechos, ello sin omitir el periodo de mayor avance en materia del abatimiento del problema agrario, que se registró en el gobierno del General Lázaro Cárdenas del Río.

La lucha por la tierra, por su posesión, propiedad y aprovechamiento a través de una mejor distribución de la misma, no ha sido una más, sino la demanda fundamental de los dos más grandes movimientos emancipatorios de nuestro pueblo, que primero tuvieron como producto la Independencia, y que después dieron como resultado la Revolución Mexicana.

El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, así como el Banco de México, se han distinguido por conmemorar los acontecimientos históricos que han marcado el rumbo de la nación, la celebración de sendas instituciones de fechas tan importantes tienen un significado particular en el fortalecimiento de la memoria colectiva, cada una desde su trinchera y con los instrumentos que están al amparo de sus competencias.

Es con base a estas consideraciones, que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa.

IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, A LA INICIATIVA

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 114, numeral 1; 117; 135, numeral 1; 174; 175, numeral 1; 176; 177, numerales 1 y 2; 178; 182; 183, numerales 1 y 2; 184; 186; 187; 190; 191 y 192 del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, resultan competentes para dictaminar la iniciativa descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras coinciden en que la acuñación de monedas conmemorativas del Centenario de la promulgación de la Ley Agraria de 1915, es una manera adecuada para reconocer la gran trascendencia de los movimientos sociales que se han gestado con motivo de la lucha por la posesión, propiedad y aprovechamiento de la tierra, a través de una mejor distribución de la misma, lo cual representa la demanda fundamental de los dos más grandes movimientos emancipatorios de nuestro pueblo, que primero tuvieron como producto la Independencia, y que después dieron como resultado la Revolución Mexicana.

TERCERA. En ese entendido, estas Comisiones Dictaminadoras consideran que la Ley Agraria de 1915 ha probado ser un instrumento invaluable para el logro de los objetivos antes señalados, y que a través de ella se lograron sentar la bases para la distribución de la propiedad agrícola que hoy en día, se continúan realizando numerosas asignaciones de derechos, y se ha logrado en gran medida el abatimiento del problema agrario en México.

CUARTA. Las Comisiones que dictaminan consideran que es tiempo de destacar, reconocer y celebrar los grandes logros que se han obtenido a través de la promulgación y aplicación de la Ley Agraria de 1915.

QUINTA. Las Comisiones Dictaminadoras tienen en consideración que el amplio uso de las monedas permite la difusión de ideas y el esparcimiento del conocimiento del legado histórico y cultural, constituyendo un gran medio para consolidar en la memoria colectiva la importancia de las instituciones y de las acciones emprendidas por las mismas al servicio del pueblo mexicano.

En ese sentido, tomando en consideración que el objetivo del proyecto de la iniciativa que se dictamina es que la mayoría de los mexicanos tengan la oportunidad de rememorar el Centenario de la promulgación de la Ley Agraria de 1915, los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos en la importancia que tiene emitir una moneda que conmemore ese hecho. Sin embargo, una vez analizada en todos sus puntos la iniciativa del Senador Manuel H. Cota Jiménez, en la que se propone acuñar dos monedas conmemorativas, una con valor nominal de cien pesos y la otra de veinte pesos, con contenido de 31.103 gramos de oro puro, y de 27.0 gramos de plata Ley 0.925, respectivamente. Estas Comisiones Unidas consideran conveniente que se realicen los ajustes necesarios para que el proyecto de Decreto de esta iniciativa sólo considere una moneda de cuño corriente con valor nominal de 20 pesos, en los términos que aprueban las Comisiones que dictaminan.

En ese sentido, las Comisiones Dictaminadoras proponen que para conmemorar el Centenario de la promulgación de la Ley Agraria de 1915, se lleve a cabo la acuñación de una única moneda de cuño corriente, con valor nominal de 20 pesos, ya que en virtud de su extensa distribución nacional y de la gran aceptación que tiene entre los habitantes del país, se considera que es el instrumento idóneo para dar la más amplia difusión a tan importante evento histórico. Para tal efecto, se hacen los ajustes necesarios en el proyecto de Decreto que se presenta a consideración.

SEXTA. Estas Comisiones Dictaminadoras, coinciden en que el diseño principal del anverso de la moneda, sea propuesto por Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por ser la encargada de estudiar en mayor grado la Ley materia de este Decreto y por tener presentes los derechos sociales y su aplicación en beneficio de aquéllos protegidos por los mismos.

SÉPTIMA. Las que dictaminan, tomando en base lo anteriormente expuesto, y considerando que conforme al artículo 73, fracción XVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso tiene facultad para fijar las características de la moneda, estima conveniente aprobar con las modificaciones expuestas en los párrafos anteriores.

Por lo anteriormente fundado y motivado, estas Comisiones Dictaminadoras que suscriben, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE LA LEY AGRARIA DE 1915.

ÚNICO. Se establecen las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la Ley Agraria de 1915, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2º de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos:

VALOR NOMINAL:

Veinte pesos.

FORMA:

Circular.

DIÁMETRO:

32.0 mm (treinta y dos milímetros).

COMPOSICIÓN:

La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

1. Parte central de la moneda. Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:

a) Contenido:

75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido:

2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso:

7.355 g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza:

0.294 g. (doscientos noventa y cuatro miligramos) en más o en menos.

2. Anillo perimétrico de la moneda. Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue:

a) Contenido:

92% (noventa y dos por ciento) de cobre; 6% (seis por ciento) de aluminio y 2% (dos por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido:

1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso:

8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza:

0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos) en más o en menos.

Peso total:

Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la misma, que corresponde a 15.945 g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco miligramos), y la tolerancia en peso por pieza 0.638 g. (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos.

Los cuños serán:

Anverso:

El Escudo Nacional con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", formando el semicírculo superior.

Reverso:

El motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo Segundo Transitorio del Presente Decreto, proponga la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano al Banco de México. Dicho motivo deberá relacionarse con el centenario de la Ley Agraria de 1915.

Canto:

Estriado discontinuo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- A más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano enviará al Banco de México la propuesta del diseño del motivo a quedar contenido en el reverso de la moneda a que se refiere el presente Decreto, el cual deberá incluir la leyenda “Centenario de la Ley Agraria, 1915-2015”. En caso de que la referida Secretaría no presente la propuesta del motivo indicado dentro del plazo establecido en este artículo, corresponderá al Banco de México definir las características generales del diseño de que se trate.

TERCERO.- La moneda a que se refiere el presente Decreto podrá empezar a acuñarse a los 90 días naturales posteriores a la fecha de entrega del diseño señalado en el artículo Segundo Transitorio del presente Decreto.

CUARTO.- Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran para que el diseño del motivo que se proponga en los términos de este Decreto pueda ser utilizado en el reverso de la moneda conmemorativa a que se refiere el presente Decreto. En todo caso, los ajustes técnicos que se realicen en los términos de este artículo deberán ser acordes con las características esenciales del motivo propuesto.

QUINTO.- Corresponderán al Banco de México todos los derechos de propiedad intelectual que se derivan del diseño y la acuñación de la monedas a que se refiere el artículo 2o de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República en México, Distrito Federal, a 26 de noviembre de 2015.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria.

Debido a que se encuentra publicado en Gaceta Parlamentaria y con fundamento en los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO H) DE LA FRACCIÓN XXVII DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LA IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS INDÍGENAS

(Dictamen a discusión)



El dictamen se encuentra publicado en Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, está a discusión. En virtud de no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que propone desechar el proyecto de Decreto.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen por el que se desecha el proyecto de Decreto. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar al promovente.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del Apartado A del artículo 30 constitucional, en materia de nacionalidad.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ADQUISICIÓN POR NACIMIENTO DE LA NACIONALIDAD MEXICANA

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria.

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Enrique Burgos García, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

El Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias, señor Presidente, con su anuencia. Honorable Asamblea:

En nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, cumplo con la honrosa encomienda de presentar a ustedes el dictamen favorable a una propuesta muy significativa para asegurar que nuestros compatriotas que han adquirido la nacionalidad de origen, por efectos del llamado ius sanguinis a su vez la puedan transmitir plenamente a sus hijas e hijos, aun cuando éstos no nazcan en el territorio nacional.

Estamos ante una proposición que nos ha obligado a ver con amplitud en el contexto de la política de amplia tutela de derechos a los nacionales mexicanos, para que sus hijos tengan acceso a esa nacionalidad, a partir del derecho humano, a tener un vínculo político y jurídico con un Estado-Nación, es un asunto que implica un derecho humano esencial.

Quiero dejar constancia de reconocimiento a las tareas desarrolladas por mis compañeras y compañeros de las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Gobernación; de Estudios Legislativos, Segunda; y de Asuntos Migratorios, y de manera muy particular a sus presidentes, los Senadores María Cristina Díaz Salazar, Alejandro Encinas Rodríguez y Ana Gabriela Guevara Espinoza, incluida la modificación que por claridad de redacción planteamos entorno al dictamen ya aprobado en estas comisiones.

Esta última es precisamente la autora de la iniciativa que motiva el dictamen puesto a su consideración, y en la Comisión de Puntos Constitucionales pensamos que esta propuesta está inspirada en la pertinencia de atender y resolver un problema presente para el efectivo derecho a la nacionalidad mexicana de muchas personas que deben tenerla de origen, como ahora lo sostendremos.

En el dictamen que hemos traído al Honorable Pleno ilustra la evolución del artículo 30 constitucional, en el cual se comprenden los criterios para que una persona obtenga la nacionalidad mexicana de origen o por naturalización.

En el caso de la de origen, a partir del llamado ius sanguinis o derecho por causa de consanguinidad, desde la expedición misma de la Constitución de 1917, se estableció que era mexicanos por nacimiento los hijos de padres mexicanos, nacieran dentro o fuera de nuestro país, si sus progenitores eran mexicanos por nacimiento.

Con la reforma de 1934 se preservó el concepto de otorgamiento de la nacionalidad de origen o por nacimiento a los hijos de padres mexicanos, de padre mexicano y madre extranjera; o de madre mexicana y padre desconocido que nacieran en el extranjero.

Afortunadamente, con la reforma de 1969 se suprimió el tono inapropiado del texto de 1934, y se confirió la misma consideración para el otorgamiento de la nacionalidad mexicana por nacimiento a los hijos de padres mexicanos, de padre mexicano o de madre mexicana, que nacieran en el extranjero; sin embargo, en este distinguido Pleno se recordará la reforma constitucional de 1997 a los artículos 30, 32 y 37 para evitar la pérdida de la nacionalidad mexicana a los compatriotas a quienes otro Estado les atribuyera obviamente por sus propias normas y también otra nacionalidad.

En esta reforma se estableció un principio constitucional relevante en el artículo 37, en el sentido de que ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.

En esta reforma también se estableció que serían mexicanos por nacimiento quienes nacieran en el extranjero y fueran en una vertiente hijos de padres mexicanos o de padre o madre mexicanos que hubiesen nacido en territorio nacional; y en otra vertiente, hijos de padres mexicanos o de padre o madre mexicanos por naturalización; es decir, en esta reforma se restringió la asignación de la nacionalidad mexicana de origen al nacido en el extranjero, cuyos padres o cuyo padre o madre fueran mexicanos por nacimiento, pero no hubiesen nacido en territorio nacional, y se amplió el otorgamiento de la nacionalidad mexicana de origen al nacido en el extranjero, cuyos padres o cuyo padre o madre fueron mexicanos por naturalización.

Déjenme reexpresarlo así. Para unos hijos de mexicanos se restringió y para otros hijos de mexicanos se amplió el otorgamiento de la nacionalidad de origen del Estado mexicano.

En esta reforma se generó una acción gubernamental que parecería paradójica, cuando no, encontrada o de plano contradictoria en sustentación.

Si la mexicana o mexicano lo es por naturalización, sus hijos tienen reconocida la nacionalidad mexicana de origen, pero si la mexicana o mexicano lo son por nacimiento, pero no nacieron dentro del territorio nacional, sus hijos no tienen reconocida la nacionalidad mexicana.

Este es el punto específico que deseamos presentar a la reflexión de ustedes para solicitar su voto a favor de este dictamen:

Tomar el derecho más amplio o reconocido a los mexicanos por naturalización, para transmitir esa nacionalidad a sus hijos con carácter de originario y dar el mismo tratamiento amplio y generoso a los mexicanos por nacimiento para que transmitan a sus hijos la nacionalidad mexicana de origen, aunque aquéllos no hubiesen nacido en territorio nacional.

Esta es una cuestión de principios en aras de establecer un criterio de igualdad para el otorgamiento de la nacionalidad mexicana de origen, tanto para hijos de mexicanos por naturalización, como para hijos de mexicanos por nacimiento o de origen.

Ahora bien, ésta no es una cuestión ajena a la realidad del movimiento de nuestros compatriotas en otras latitudes, y particularmente con respecto a la gran comunidad de connacionales que han migrado a los Estados Unidos de América o algunas partes de Europa. Sus movimientos pueden generar situaciones que generen la condición de apátrida que debemos rechazar.

En efecto, si el Estado de la comunidad internacional donde han nacido los hijos de compatriotas que no nacieron en territorio nacional, no les otorga la nacionalidad, entonces se convertirían literalmente en apátridas, en contravención del derecho a adquirir la nacionalidad que se contiene en los artículos 24, párrafo tercero, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 24, párrafo primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Al elaborar este dictamen favorable, pensamos y sostenemos que ésta es una cuestión en la cual nos corresponde participar en su solución con base en la actuación del órgano revisor de la Constitución.

Es nuestro deber, a la luz de los simples ejemplos que quiero poner a su consideración.

Si una mexicana por nacimiento tiene un hijo nacido en el extranjero y éste a su vez tiene descendencia en el extranjero, el nieto de la primera no adquirirá la nacionalidad mexicana; y si el país donde nació no le concede la nacionalidad por ser hijo de extranjera, se enfrentará a una situación de apátrida.

Por otro lado, si una pareja de compatriotas que migró a los Estados Unidos tiene descendencia nacida en ese país y sus hijas o hijos tienen descendencia con hijos de mexicanos en la misma situación, esta última descendencia tampoco adquirirá la nacionalidad mexicana.

A partir de la reforma de 1997, ante la situación creada para hijos de mexicanos por nacimiento que no hubieran nacido en el territorio nacional y la ausencia de una norma específica para resolver la cuestión de eventuales apátridas, los Juzgados de la Federación han resuelto los asuntos con base en el principio de interpretación por mayoría de razón, en el sentido de que si los hijos de mexicanos por naturalización son mexicanos por nacimiento, la misma solución debe darse a los casos de hijos de mexicanos por nacimiento que a su vez no hubiesen nacido en territorio del país.

Es una solución adecuada, pero que requiere de litigios, de gestiones y, por supuesto, de costos que le son inherentes.

Con la reforma que se plantea a ustedes puede lograrse la solución pertinente para cualquiera que esté en esta hipótesis y no sólo para quien demande la protección y amparo de la justicia de la Unión, ante la negativa de la autoridad administrativa a reconocer su nacionalidad mexicana de origen.

Respetable Asamblea: México tiene la tradición de construcción del pueblo de nuestro Estado a partir del mestizaje o la fusión de sus pueblos originarios y de pueblos del otro lado del Atlántico para el surgimiento de nuestra nación.

La nacionalidad mexicana, ese producto de ese trayecto decantado de la etapa colonial hasta la independencia y de la formación de la identidad nacional, son una cultura propia.

En ese recorrido centenario hemos privilegiado el generoso otorgamiento de la nacionalidad a quien nace en nuestro suelo patrio y también a quienes por razones de consanguinidad en primer grado, descienden de un mexicano por nacimiento.

Nuestra fortaleza cultural y de identidad social debe ser una sólida razón para que en la Constitución se reconozca que los hijos de mexicanas o mexicanos por nacimiento tienen derecho a la nacionalidad mexicana de origen, aunque sus padres no hubiesen visto la primera luz en territorio nacional, porque su nacionalidad no puede depender de esa circunstancia geográfica, sino de que sus padres sean plenamente mexicanos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Burgos García.
Se concede el uso de la tribuna a la Senadora María Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:

La finalidad del dictamen que hoy ponemos a su consideración y mediante el cual se reforma la fracción II del apartado A del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la de reconocer en amplio sentido el status de las personas con posibilidad de obtener la nacionalidad mexicana por nacimiento.

La nacionalidad es una capacidad especial que nos define derechos y obligaciones específicos para determinadas personas individuales o colectivas, a quienes la Constitución considera integrantes permanentes del Estado y, por tanto, receptores de sus normas de convivencia.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, de la cual México es Parte, en su artículo 15 señala que toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

En nuestro caso en particular, la nacionalidad mexicana es un reflejo de nuestros valores y de nuestra cultura milenaria de la historia y el trabajo realizado durante muchos años para construir esta nación.

La nacionalidad mexicana es también un vínculo entre sus más de 120 millones de connacionales que viven dentro del territorio nacional, así como de quienes viven fuera de nuestro país.

En ese sentido, es importante recordar que según estimaciones del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, habitan fuera de nuestro país cerca de 12 millones de mexicanos concentrados su mayoría en el continente americano, especialmente en Norteamérica; en segundo lugar se concentran en Europa con 103 mil 814, posteriormente Asia con 11 mil 180 y finalmente en Oceanía y África con 5 mil personas.

Esta situación refleja que existe un número importante de ciudadanos que han decidido, por diferentes motivos, trasladarse fuera de nuestras fronteras con la finalidad de establecerse de manera temporal o por un periodo indeterminado de tiempo.

Debido a este hecho, la inmigración mexicana ha motivado la formación de familias en diferentes países del mundo, existiendo descendientes de mexicanos de distintas generaciones viviendo en países como Alemania, Japón o España, donde las leyes nacionales en materia de nacionalidad se basa en el principio ius sanguinis, es decir, en el principio de nacionalidad por medio de descendencia y por lo tanto, no concede la nacionalidad a los nacidos de padres que, por ejemplo, ostentan la nacionalidad mexicana.

La iniciativa presentada por la Senadora Ana Gabriela Guevara propone, de manera justa y adecuada, reformar el artículo 30 constitucional con la finalidad de poder otorgar la nacionalidad mexicana a toda persona que haya nacido en el extranjero, hijo de padres mexicanos, de padre mexicano o madre mexicana, de manera que los nacidos con estas características puedan obtener nuestra nacionalidad y no caigan en un vacío jurídico que les impida obtener la nacionalidad del país donde nacieron, así como la nacionalidad del país de sus padres.

Estoy segura que con la aprobación del presente dictamen estaremos haciendo una gran aportación para todos nuestros ciudadanos y para nuestras leyes en materia de nacionalidad para que los descendientes de los mexicanos en el exterior puedan seguir ostentando orgullosamente la nacionalidad mexicana.

Muchas gracias, señor Presidente.

Es cuanto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Díaz Salazar.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, complementando lo que ha señalado tanto el Senador Enrique Burgos García, como la Senadora María Cristina Díaz Salazar, consideramos que esta iniciativa de reforma a la fracción II del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue presentada por la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, es una reforma de gran trascendencia y que no podemos verla disociada de otras reformas que anteriormente hemos planteado aquí en el Senado de la República y que están asociadas al derecho a la identidad y al reconocimiento de la nacionalidad y la ciudadanía a las y los mexicanos que por razones muy distintas a su interés particular, tuvieron que migrar a otro país en búsqueda de una oportunidad que no lograron en el lugar donde nacieron.

Yo traigo aquí, para que nos demos cuenta de la magnitud de esta reforma, el último informe, el Anuario de Migración y Remesas 2015, publicado por la Secretaría de Gobernación, que da cuenta que actualmente existen 11 millones 500 inmigrantes mexicanos solamente en los Estados Unidos, y se estima que por cada migrante mexicano, hay dos mexicanos de segunda o tercera generación en ese país.

Es decir, esta reforma va a permitir que 23 millones de hijos nacidos de padre o madre mexicana puedan tener el derecho a la doble nacionalidad; y si a ello le sumamos la reforma que hicimos en materia Político Electoral, para permitir la credencialización de los mexicanos en el exterior, vamos a consolidar un doble instrumento para fortalecer el derecho a la identidad, a la pertenencia, a la ciudadanía y a la nacionalidad de nuestros connacionales que viven en el extranjero.

Hay quien dice que lo que interesa a los mexicanos en el exterior es el reconocimiento de sus derechos políticos en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos, indudablemente tienen razón, pero a una inmensa mayoría también les interesa ejercer sus derechos políticos y su nacionalidad en nuestro país. Esto es un derecho que nuestros connacionales en el extranjero decidan y que tengan la oportunidad, no solamente de obtener la nacionalidad y la ciudadanía mexicana aquellos hijos inmigrantes de padre o madre mexicana por nacimiento, sino que también puedan ejercer su derecho al voto, sus derechos políticos, a pesar de que tuvieron que migrar forzosamente de nuestro país.

Creo que es una iniciativa que bien vale la pena aprobar, muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron propuestas de modificación sobre este dictamen en el artículo a discusión, mismas que someteremos a su consideración. El texto correspondiente a las modificaciones está publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy. Si la Asamblea las acepta, la discusión del articulado será con las modificaciones incorporadas y que se han recibido de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Solicito a la Secretaría dé lectura a dichas modificaciones.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura a la propuesta.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten las modificaciones presentadas por la Comisión de Puntos Constitucionales.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que las modificaciones se integren al dictamen para su discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si se autorizan, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones ya descritas.

Pasamos a posicionamientos de los grupos parlamentarios.

Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN, para fijar la posición de su grupo con respecto a este dictamen.

El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente.

Fundamentalmente quisiera resaltar la alta sensibilidad de la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza. Es un tema que, sin duda alguna, se nos pasó a todos.

En todos los países del mundo, los hijos de los originarios de ese país, nacidos en el extranjero, tienen nacionalidad del país de origen de los padres.

En el caso de México, desde siempre, solamente los hijos de padres mexicanos que nacían en barcos, embajadas o consulados, tenían derecho de tener la nacionalidad mexicana.

Tenemos, desde el 2003, la doble nacionalidad, permitimos, y desde luego que es un derecho humano que los extranjeros que nacen en México hijos de padres extranjeros, tienen la nacionalidad mexicana y la nacionalidad de los padres; y ese derecho no se lo otorgamos a los hijos de mexicanos que nacieron en el extranjero.

Yo celebró que se haya presentado esta iniciativa, que la Comisión de Gobernación ha trabajado de esta manera acelerada, porque es un tema que restituye derechos que lamentablemente no habíamos concedido.

Gracias, señor Presidente.

Es cuanto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Larios Córdova.

Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Arturo Zamora Jiménez: Con su venia, señor Presidente. Muy buenas tardes.

El derecho a la nacionalidad es un derecho inherente a todas las personas. Todas las personas tienen derecho a la ciudadanía, sin duda alguna, como también tienen derecho a la nacionalidad.

Este es un derecho que nace precisamente en función del ius sanguinis, el derecho de sangre genera para las personas una serie de posibilidades que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con el origen de las personas, que tienen que ver con la esencia misma de la persona, no importa cuántas generaciones sean.

Por esa razón, yo celebro esta gran sensibilidad que ha tenido la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza y, por supuesto, también por todas y cada una de las comisiones que en este momento nos permiten tomar conciencia de una reforma a un artículo de la Constitución General de la República, concretamente a la fracción II del artículo 30 de nuestra Carta Magna.

No puede haber condicionante a una persona porque haya nacido en un territorio  distinto, siendo hijo o siendo descendiente de una mujer o de un hombre que sea mexicano.

No puede haber un límite en ese sentido, porque estaríamos impidiendo un derecho que, como lo dije, es un derecho inherente a las personas por razón de que tienen un vínculo sanguíneo con sus padres que habiendo nacido en el territorio nacional tienen todo el derecho de considerarse como mexicanos y tener la nacionalidad mexicana y gozar por tanto de todas las facultades, derechos y obligaciones que tiene cualquier mexicano.

Por esa razón los connacionales, aunque haya nacido en el extranjero, aunque ellos hayan nacido por cualquier razón en el extranjero tendrán derecho a esto a partir del voto que seguramente en unos momentos más estaremos otorgando a esta importante iniciativa.

Quiero compartir con ustedes, compañeras y compañeros legisladores, que hay un vació legal que, seguramente hoy estaremos subsanando, y este vacío legal tiene una razón de ser fundamental que, como lo dije, es el esencial derecho a la pertenencia de una nación y es el derecho esencial a la identidad de las personas y, sobre todo, es la garantía para impedir o evitar que haya apátridas que seguramente si nacieron en otro país y no tienen esa posibilidad de ser reconocidos también tengan el reconocimiento de su patria de origen.

Y en este sentido, creo que uno de los beneficios de la iniciativa que hoy se convierte ya en un dictamen que estaremos a punto de votar y que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propone que sea en sentido positivo.

Tiene otra ventaja muy importante, el tratarse de una reforma constitucional donde sí se aplica la retroactividad porque es una reforma constitucional benéfica y esto quiere decir que cualquier persona que esté en esas condiciones por el sólo hecho de ser hijo de padre o madre mexicanos, aunque haya nacido en extranjero, tendrá derecho pleno a la nacionalidad mexicana.
Y por esa razón, los invito compañeras y compañeros, a votar a favor del presente dictamen.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Zamora Jiménez.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores:

No quise dejar pasar la oportunidad de dar mi opinión sobre esta iniciativa que hoy está dictaminando la Comisión de Puntos Constitucionales, junto con la Comisión de Gobernación, y la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, además de la Comisión de Asuntos Migratorios.

Reformar este artículo 30 del segundo capítulo del primer título de nuestra Constitución, es muy importante porque parecía que seguía quedándose como un lastre, con una gran cantidad de prejuicios que hoy, afortunadamente, se están subsanando, respecto de personas que nacen en el extranjero y que no son reconocidos plenamente sus derechos como lo inscribe el artículo 30.

Ahora estamos subsanando este pendiente que va en esta dinámica de que las personas tengan derecho a ser reconocidas plenamente en uno de los derechos básicos, fundamentales de toda persona humana, es decir, el derecho, además de la identidad, también el derecho a una nacionalidad, pero en el ámbito de este enfoque de que las diferencias que delimitan las nacionalidades y las soberanías de los Estados no puede ser de ninguna manera un impedimento para conocer y reconocer la realidad que acontece prácticamente en todo el mundo y, sobre todo, indico este concepto que yo siempre estoy invocando, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que somos sólo una sola familia humana.

De tal manera que, los límites de las nacionalidades, los límites que han prevalecido, también en nuestra Constitución respecto de que parecía algo fundamental el origen de nuestro nacimiento, quién es nuestra madre y nuestro padre y las nacionalidades de ambos, hoy se están resolviendo en esta reforma a la fracción II del Apartado A del artículo 30 constitucional.

De tal manera que celebramos estas reformas que, insisto, garantizan los derechos a la nacionalidad, también incluyendo a aquellos hijos de padres mexicanos por nacimiento o padre o madre mexicanos por nacimiento.

Es cuanto, y esperemos que pronto esta iniciativa a la Constitución, pueda seguir cursando el proceso del poder revisor y pronto sea promulgada en el Diario Oficial de la Federación.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Informo a la Asamblea que el Senador David Penchyna Grub, ha hecho llegar su intervención sobre este asunto, misma que se integra al Diario de los Debates.

El Senador David Penchyna Grub: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea que la Senadora Sonia Rocha Acosta, ha hecho llegar su intervención sobre este asunto, misma que se integra al Diario de los Debates.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Occidente, del estado de Sinaloa, invitados por el Senador Aarón Irizar López.

¡Bienvenidos al Senado de la República!

Asimismo, damos también la más cordial bienvenida a la organización social “Ya no soy espectador”, de Ciudad Juárez, Chihuahua, invitados por el Senador Javier Corral Jurado.

¡Bienvenidos al Senado!

Al no haber más oradores inscritos y tratándose de un solo artículo, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 85 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del Apartado A del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de adquisición por nacimiento de la nacionalidad mexicana. Se remite a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Pasamos al desahogo de diversos dictámenes con puntos de Acuerdo, emitidos por diversas comisiones y sobre los cuales no hay reservas para su discusión.

Dé cuenta la Secretaría.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy cuenta con los dictámenes sobre los que no hay reservas.





 

Tenemos los siguientes dictámenes con puntos de Acuerdo de la Comisión de Salud:

Que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Sonora a informar sobre las medidas tomadas para atender el desabasto de vacunas de tuberculosis a principios de este año.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen, la proposición con punto de Acuerdo relativa a exhortar a la Secretaría de Salud y al gobierno del estado de Sonora a tomar medidas conducentes para subsanar las denuncias de los medios de información respecto de la dotación de vacunas de tuberculosis.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 21 de Abril de 2015, la Senadora Ana Gabriela Guevara integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y al gobierno del estado de Sonora a tomar medidas conducentes para subsanar las denuncias de los medios de información respecto de la dotación de vacunas de tuberculosis.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La legisladora proponente pretende mediante proposición con punto de acuerdo, exhortar a la Secretaría de Salud y al gobierno del estado de Sonora a tomar medidas conducentes para subsanar las denuncias de los medios de información respecto de la dotación de vacunas de tuberculosis.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia del punto de Acuerdo, como lo es la información oportuna respecto de la programación, planificación, demanda, presupuestos etiquetados, en la aplicación puntual de la vacuna contra la tuberculosis.

B. Según la Organización Mundial de la Salud, la tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades transmisibles más mortales, al respecto se calcula que en 2013 contrajeron la enfermedad 9 millones de personas y que 1,5 millones, de los cuales 360 000 eran VIH-positivos, fallecieron por esta causa.

Entre 2000 y 2013, a nivel mundial se salvaron 37 millones de vidas gracias a diagnósticos y tratamientos eficaces. Sin embargo, dado que la mayoría de las muertes son evitables, se busca alcanzar las metas mundiales para 2015, fijadas en el contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

C. En México, de acuerdo con el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, la Estrategia 1.3, establece “Realizar acciones orientadas a reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedades transmisibles de importancia epidemiológica o emergentes y reemergentes” y de manera específica, el numeral 1.3.7, destaca, “Promover la participación del personal de salud y de la población para detección y tratamiento oportuno de la tuberculosis”.

A partir de ello, el perfil epidemiológico en nuestro país, demuestra que desde 1995, la tasa de morbilidad ha disminuido de 18.7 a 13.6 en 2014, si bien representa un avance significativo, no ha habido mejoras en la prevención, ya que en 1995 se registraron 17 mil 157 casos de tuberculosis pulmonar y en 2014, se registraron 16 mil 237 casos de dicha enfermedad, con un promedio anual de 15 mil 090 casos, con un incremento significativo en 2013 y 2014 de estos, con respecto de las cifras en 2012 y años anteriores.

Por otra parte el sector salud tiene en promedio una cobertura de vacunación de BGC, para prevenir la tuberculosis, de 88.31%, misma que debe ser aplicada desde el nacimiento.

Sin embargo, México está entre los 5 primeros lugares de Latinoamérica, con más casos nuevos de tuberculosis, siendo la más común, la pulmonar.

Asimismo de acuerdo con el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, de la Secretaría de Salud, las entidades federativas con mayores decesos, son Baja California, Veracruz, Nuevo León, Chiapas, Jalisco, Sonora, Guerrero y Tamaulipas, con cifras de 2013.

De acuerdo con el Programa de Acción Específico, Prevención y Control de Tuberculosis, 2013-2018, las comorbilidades más frecuentes asociadas a Tuberculosis, son la desnutrición, diabetes, alcoholismo y VIH-Sida.

D. Finalmente respecto de la proposición tenemos que los medios de comunicación estatales de Sonora quienes expresaron la existencia de una demanda considerable en la solicitud de vacunas para recién nacidos, donde señalan que el Centro de Salud Urbano de la localidad agotó la vacuna BCG y está a la espera de la próxima remesa para tener completo el esquema de vacunación, se informó que desde hace unos días la vacuna BCG, que previene enfermedades como tuberculosis meníngea, se escaseó, pero próximamente la Secretaría de Salud cubriría esa necesidad.

Por ello la Comisión dictaminadora coincide con la proponente en que en estos tiempos de programación, de planificación, de conocimientos específicos de la demanda, de presupuestos etiquetados, es importante vigilar y abastecer de manera oportuna los centros de salud de toda la República Mexicana.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del estado de Sonora a informar sobre las medidas tomadas para atender el desabasto de vacunas de tuberculosis en dicha Entidad Federativa, a principios de este año.

COMISIÓN DE SALUD.





 

Que exhorta a revisar y, en su caso, actualizar la normatividad en materia de clínicas y establecimientos de medicina estética.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a fortalecer los mecanismos de control y vigilancia de las denominadas sustancias nootrópicas.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a reforzar acciones de prevención, detección y combate del virus del Dengue y Chikungunya.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a informar sobre los permisos que se han otorgado a los anunciantes de alimentos y bebidas no alcohólicas para publicitar sus productos en televisión abierta y restringida, así como en salas de exhibición cinematográfica.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen, una proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), a que informe sobre los permisos que se han otorgado a los anunciantes de alimentos y bebidas no alcohólicas, para publicitar sus productos en televisión abierta y restringida, así como en salas de exhibición cinematográfica, y no cumplen con los criterios nutrimentales establecidos en su respectiva normatividad.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 14 de abril de 2015, el Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), a que informe sobre los permisos que se han otorgado a los anunciantes de alimentos y bebidas no alcohólicas, para publicitar sus productos en televisión abierta y restringida, así como en salas de exhibición cinematográfica, y no cumplen con los criterios nutrimentales establecidos en su respectiva normatividad.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El presente punto de acuerdo concurre en un tema sumamente importante en nuestro país que se ha vuelto de salud pública como lo es la nutrición, por ello la preocupación del proponente es que con esta proposición con punto de Acuerdo se exhorte respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), a que informe sobre los permisos que se han otorgado a los anunciantes de alimentos y bebidas no alcohólicas, para publicitar sus productos en televisión abierta y restringida, así como en salas de exhibición cinematográfica, y no cumplen con los criterios nutrimentales establecidos en su respectiva normatividad.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia de la proposición con Punto de Acuerdo, informar sobre los permisos que se han otorgado a los anunciantes de alimentos y bebidas no alcohólicas, para publicitar sus productos en televisión abierta y restringida, así como en salas de exhibición cinematográfica, y no cumplen con los criterios nutrimentales establecidos en su respectiva normatividad, ya que el impacto se ve reflejado en la salud de la población mexicana.

B. La obesidad y el sobrepeso en los últimos años ha ganado terreno de forma negativa, a nivel mundial, datos fuertes marcan que mil millones de adultos tienen sobrepeso. Si no se actúa, esta cifra superará los 1500 millones en muy pocos años.

Este es un tema de salud pública que cada día avanza a pasos agigantados y se enquista en diversas sociedades y en la nuestra especialmente en los menores.

El sobrepeso y la obesidad es el principal factor de riesgo de discapacidad y muerte para los mexicanos, se asocia principalmente con diabetes y enfermedades cardiovasculares, pero también con trastornos óseos y musculares y algunos tipos de cáncer.

C. Hoy en día en México hay aproximadamente más de 5 millones de niños con sobrepeso u obesidad. Así mismo la ENSANUT 2012, reportó para la población en edades de los 5 a los 11 años, la prevalencia en 2012 fue de 34.4% (19.8% de sobrepeso y 14.6% de obesidad), lo que equivale a aproximadamente 5,664,870 infantes con sobrepeso u obesidad en nuestro país, 36.9% niños y 32% niñas. El 35% de los adolescentes con sobrepeso u obesidad, lo cual equivale a 6,325,131 personas que van desde los 12 a los 19 años, 35.8% son mujeres y 34.1% son hombres. Y los adultos, donde el 69.4% son mujeres con sobrepeso y obesidad contra el 73% que son hombres con el mismo problema. Los aumentos en las prevalencias de obesidad en México se encuentran entre los más rápidos documentados en el plano mundial.

D. Lo anterior es preocupante por los efectos negativos que se obtendrán a corto, mediano y largo plazo, ya que es una peligro latente, por una parte para los infantes, que afecta su crecimiento, desarrollo, rendimiento escolar e intelectual, el desarrollo de capacidades y, por otra parte, en los adultos con rendimiento en el trabajo, el ingreso laboral, y la repercusión que todo esto implica en el ámbito social y económico de nuestro país.

Para ello se deben visualizar acciones integrales que puedan confrontar el problema, al respecto sabemos que el Gobierno Federal presentó en 2013 la Estrategia Nacional para el Control y la Prevención del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, con el Objetivo General de mejorar los niveles de bienestar de la población y contribuir a la sustentabilidad del desarrollo nacional al desacelerar el incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los mexicanos, a fin de revertir la epidemia de las enfermedades no transmisibles, particularmente la diabetes mellitus tipo 2, a través de intervenciones de salud pública, un modelo integral de atención médica y políticas públicas intersectoriales.

Para ello en dicha estrategia se señaló también la importancia de:

1. Promover la consolidación de una cultura que facilite la adopción de estilos de vida que mantengan la salud de las personas.

2. Detectar oportuna y masivamente el universo de casos de sobrepeso, obesidad y diabetes para garantizar su adecuado control y manejo.

3. Generar una plataforma que permita contar con recursos humanos capacitados e insumos suficientes para hacer efectivo el acceso a los servicios de salud.

4. Incrementar el número de pacientes en control metabólico con diabetes mellitus tipo 2.

E. En este tenor de ideas cabe señalar que son muchos factores los que conllevan a que tengamos las cifras señaladas y que cada vez van en aumento. Por ello hay que resaltar que de acuerdo con la evidencia, la publicidad de alimentos y bebidas es uno de los factores que promueven cambios en los patrones de alimentación que fomentan la obesidad al promover productos de bajo o nulo valor nutricional.

F. En nuestro país, la población infantil se encuentra expuesta a infinidad de anuncios de alimentos y bebidas diariamente. Por lo tanto, es necesario una regulación para reducir la exposición de los niños a la promoción y publicidad de alimentos con alto contenido de grasas, azúcares y sal a fin de reducir los riesgos para la salud sería de gran relevancia y dicha política debería cubrir la publicidad dirigida a los niños en todos los canales de comunicación (radio, televisión, medios impresos, internet, etc) y establecer mecanismos de sanción cuando se incumplan. Además, de acuerdo a las recomendaciones de expertos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) debe cubrir a menores de 16 años y los productos que se publiciten deben cumplir criterios nutricionales establecidos por un grupo de expertos que no tengan conflictos de interés.

Así mismo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública, la publicidad de alimentos y bebidas, dirigida a niños, suele ser de productos no saludables como: cereales y bebidas azucaradas; botanas dulces y saladas; y comida rápida.

Este mismo órgano menciona que luego de grabar 600 horas de televisión, el análisis mostró que de 12, 311 comerciales grabados, el 23.3% corresponde a bebidas y alimentos; siendo las botanas dulces las de mayor frecuencia con el 27.3% de los avisos; sobre todo en horario de programas infantiles. Entre los hallazgos del estudio se encuentro que el 68% de los niños encuestados refirió haber comprado productos que vieron en televisión; sus razones fueron el sabor, ansía, hambre, y por un regalo. Además un 72% de los niños afirmó ver TV en las tardes y un 38% en las noches cuando no hay restricciones a la publicidad.

Por ello es que se implementaron estrategias contundentes y en Abril de 2014 se emitieron, en el Diario Oficial de la Federación, los LINEAMIENTOS por los que se dan a conocer los criterios nutrimentales y de publicidad que deberán observar los anunciantes de alimentos y bebidas no alcohólicas para publicitar sus productos en televisión abierta y restringida, así como en salas de exhibición cinematográfica, conforme a lo dispuesto en los artículos 22 Bis, 79, fracción X y 86, fracción VI, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad.

En lo cual en su argumentación destaca que la población escolar (5-11 años) la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue de 19.8 y de 14.6%, respectivamente. Con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, la diabetes mellitus afecta actualmente al 9.2% de la población del país, lo que representa un incremento de 2.2 puntos porcentuales respecto de 2006. Dado su papel como causa de enfermedad, la obesidad aumenta la demanda por servicios de salud y afecta el desarrollo económico y social de la población

Así mismo, se hace mención que ante la urgencia de proteger a los niños mexicanos en riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con el sobrepeso y la obesidad y tomando en consideración el principio del interés superior de la niñez, se tiene como objetivo reducir la exposición que los niños tienen frente a la publicidad de productos con un alto contenido calórico.

También con los lineamientos se busca contribuir al seguimiento de una dieta correcta de los niños mexicanos, modificando la información que reciben a través de la televisión abierta y restringida, así como en las salas de exhibición cinematográfica, tomando en cuenta los estándares internacionales en esta materia.

G. Por otro lado, se hace mención que en el artículo 216 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y radiodifusión, se establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones debe supervisar que en la programación y publicidad dirigida a la población infantil se respeten las normas en materia de salud y los lineamientos establecidos que regulan la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil.

H. Por todo lo anterior y basado en el principio del interés superior de la salud de la niñez, implica que las políticas, acciones y toma de decisiones del Estado relacionadas con dichos menores deben orientarse al beneficio directo del infante a quien van dirigido, es por ello que esta comisión dictaminadora está de acuerdo con el punto de Acuerdo con el fin de ir bajando los índices de obesidad y sobrepeso infantil.

Por ello y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que informe a esta Soberanía, sobre los permisos que se han otorgado a los anunciantes de alimentos y bebidas no alcohólicas, para publicitar sus productos en televisión abierta y restringida, así como en salas de exhibición cinematográfica, y no cumplen con los criterios nutrimentales establecidos en su respectiva normatividad, especificando lo siguiente:

1. Marca y denominación del producto.
2. Medio publicitario que se utiliza.
3. Temporalidad del Permiso otorgado.
4. Estudio que acredita que no existe una audiencia superior al 35% de personas entre 4 y 12 años.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a que informe en la medida de sus atribuciones, sobre el cumplimiento de las normas en materia de salud y programación dirigida a la población infantil.

COMISIÓN DE SALUD.

(Intervención del Senador Francisco Salvador López Brito)







 

Que exhorta a informar sobre las investigaciones llevadas a cabo a partir de los hechos sucedidos en el Hospital General Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fueron turnadas para su estudio y dictamen, tres proposiciones con punto de Acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Salud, del Gobierno del Estado de Sinaloa y del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que en el ámbito de sus competencias, se investigue y sancione, las posibles omisiones por parte de las autoridades y personal del Hospital Regional Número 1 de Culiacán, Sinaloa.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 24 de septiembre 2015, la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a ejecutar de forma inmediata las acciones conducentes a fin de esclarecer los hechos y, en su caso, implementar las medidas o sanciones correspondientes a quien o a quienes resulten responsables de los hechos sucedidos en el Hospital General Regional Número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 29 de septiembre de 2015, el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presento una Proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social para rendir un informe detallado de las causas del deceso de doce recién nacidos en las últimas dos semanas en el Hospital Regional I del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa; así como también indicar las medidas a realizar a fin de evitar que siga incrementándose el número de muertes de neonatos en este nosocomio.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

3.-Con fecha 6 de octubre de 2015, las Senadoras Angélica de la Peña Gómez integrante del Partido de la Revolución Democrática, Martha Elena García Gómez del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y Diva Hadamira Gastélum Bajo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una proposición con punto de Acuerdo, que exhorta al gobierno del estado de Sinaloa a investigar y sancionar las posibles omisiones por parte de las autoridades y personal del Hospital Regional número 1 de Culiacán, Sinaloa, que tuvieron como consecuencia la muerte de 12 recién nacidos y se proporcione a las víctimas la protección y acompañamiento correspondiente.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

Los tres puntos de acuerdo concurren en un tema sumamente importante en nuestro país que se ha vuelto de salud pública como lo es el esclarecer los hechos y, en su caso, implementar las medidas o sanciones correspondientes a quien o a quienes resulten responsables de los hechos sucedidos en el Hospital General Regional Número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, por ello la preocupación de los proponentes es que con estas tres Proposiciones con Punto de Acuerdo se exhorte respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Gobierno del Estado de Sinaloa y al Instituto Mexicano del Seguro Social a tomar acciones que resuelvan esta problemática.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia de las proposiciones con punto de Acuerdo, como lo es esclarecer los hechos y, en su caso, implementar las medidas o sanciones correspondientes a quien o a quienes resulten responsables de los hechos sucedidos en el Hospital General Regional Número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

Los servicios de salud, son todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así mismo, se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud.

B. Actualmente los servicios de salud que demanda la sociedad mexicana deben ser de calidad, deben ser convergentes en todo el sector y sobre todo implica que todo profesional de la salud lleve los protocolos médicos, ya que en sus manos tienen la salud y en muchos casos la vida del paciente.

Sabemos que se han hecho acciones y estrategias para tener servicios de salud eficaces, sin embargo, no es lo suficiente para lograrlo en todo el sector salud, tanto que se han visto casos en donde el paciente ha presentado algún padecimiento o alguna emergencia y su salud se vio deteriorada por la mala praxis del profesional de la salud, ejemplo de ello es que En el municipio de Culiacán, Sinaloa, en fechas recientes se han registrado el deceso de doce recién nacidos en el Hospital Regional número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde hasta el momento se ha indicado por parte de la Dirección General del IMSS que la causa de estas muertes probablemente se deba a la existencia de una bacteria llamada Klebsiella, la cual puede provocar infecciones respiratorias, urinarias o septicemia más aún cuando se trata de partos prematuros.

Las pruebas a esta bacteria dieron positivo en al menos en tres de los casos y continúan los análisis, sin embargo, algunos de los médicos creían que se trataba de sepsis, que es la reacción a una infección severa provocada por otras causas, pues estos niños nacieron prematuros y con bajo peso, razón por la cual adquirieron la enfermedad, así como también se indica que ya estaban infectados porque la madre traía problemas de vías urinarias.

C. El IMSS, encabeza cada año las listas de quejas documentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por encima del Ejército y el resto de las instituciones de seguridad. Particularmente en Sinaloa, la Comisión Estatal registró en 2014, mil 311 quejas. Hasta el momento, no ha emitido un comunicado oficial que indique las causas reales de estas muertes ni las medidas que está tomando para evitar futuros decesos.

Hoy en día en México, existe un detrimento en la calidad de los servicios de atención médica entre muchos otros aspectos, uno de ellos y el más grave como lo observamos, es la negligencia médica, en la que se involucra a los profesionales de la salud como los casos compartidos en este instrumento legislativo, que cabe señalar son pocos de los muchos que existen y que van en aumento.

D. Derivado de lo anterior hay que señalar que de acuerdo a la NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio, la atención del recién nacido vivo implica la asistencia en el momento del nacimiento, así como el control a los 7 días y a los 28 días. Toda unidad médica con atención obstétrica deberá tener normados procedimientos para la atención del recién nacido que incluyan reanimación, manejo del cordón umbilical, prevención de cuadros hemorrágicos con el empleo de vitamina K 1 mg. intramuscular y la prevención de la oftalmía purulenta, examen físico y de antropometría (peso, longitud y perímetro cefálico), tablas para la valoración de Apgar del APENDICE B (Normativo), así como para valorar la edad gestacional, madurez física y madurez neuromuscular, vacunación BCG y antipoliomielítica, el alojamiento conjunto madre/hijo y la lactancia materna exclusiva.

El 6 de enero de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución por la que se modificó la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993 (NOM 007) que busca disminuir los daños obstétricos y los riesgos para la salud de las mujeres y de sus hijos en el marco de la atención del embarazo, el parto y el puerperio. Esta norma pone énfasis en la realización de actividades preventivas de riesgos durante el embarazo, así como la racionalización de ciertas prácticas que se llevan a cabo de forma rutinaria y que aumentan los riesgos o que son innecesarias. Asimismo, se plantea la necesidad de fortalecer la calidad y calidez de los servicios de atención médica durante el embarazo, el parto y el puerperio.

E. Finalmente, los familiares de los neonatos aseguran que las muertes fueron causadas por negligencia médica, indicando que se tardó mucho en brindar atención a los infantes; por lo que la dirección del IMSS informó que enviará a un grupo de cinco epidemiólogos para investigar la causa de los decesos, por el momento ya se ordenó aislar la zona de cuneros del hospital para realizar las averiguaciones pertinentes.

Es por lo anterior que en aras de esclarecer además de brindar la información necesaria a madres que han perdido a sus hijas e hijos, quienes aún continúan sin conocer la causa real del deceso; y con ello contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud y contrarrestar la negligencia médica, la comisión dictaminadora está de acuerdo con los que suscriben el punto de acuerdo en análisis.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Gobierno del Estado de Sinaloa, para que en el ámbito de sus competencias, informen sobre las investigaciones llevadas a cabo, a partir de los hechos sucedidos en el Hospital General Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, y las medidas adoptadas a partir de las muertes de neonatos en este nosocomio.

COMISIÓN DE SALUD

(Intervención del Senador Francisco Salvador López Brito)







 

Otro, que exhorta al gobierno federal a fortalecer e impulsar campañas de concientización dirigidas a jóvenes sobre los efectos nocivos del abuso del alcohol.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen dos proposiciones con punto de Acuerdo que exhortan al Gobierno Federal y al de las entidades federativas a fortalecer e impulsar campañas de concientización dirigidas a jóvenes, sobre los efectos nocivos del abuso del alcohol, así mismo para que, en el marco de la campaña “Juntos contra la Ilegalidad”, continúe con los operativos de vigilancia sanitaria para proteger la salud de los mexicanos y promover el Estado de derecho en el país.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de los referidos puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 8 de octubre de 2015, las Senadoras Blanca Alcalá Ruíz, Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura, presentaron proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al de las entidades federativas a fortalecer e impulsar campañas de concientización dirigidas a jóvenes, sobre los efectos nocivos del abuso del alcohol.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 15 de octubre de 2015, los Senadores y Senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura, presentaron proposición con punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente al Gobierno de la República para que, en el marco de la campaña “Juntos contra la Ilegalidad”, continúe con los operativos de vigilancia sanitaria para proteger la salud de los mexicanos y promover el Estado de derecho en el país, así mismo reconoce a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por haber logrado el mayor aseguramiento de bebidas alcohólicas ilegales en la historia del país.
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO

En el primer tema, las Senadoras proponentes consideran importante que se fortalezcan e impulsen campañas de concientización dirigidas a jóvenes, sobre los efectos nocivos del abuso del alcohol. Ya que el uso nocivo del alcohol afecta de manera contundente cada día más y los jóvenes son presa fácil de esta adicción.

Así mismo en un segundo punto de Acuerdo los senadores y senadoras proponentes reconoce a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por haber logrado el mayor aseguramiento de bebidas alcohólicas ilegales en la historia del país y exhorta respetuosamente al Gobierno de la República para que, en el marco de la campaña “Juntos contra la Ilegalidad”, continúe con los operativos de vigilancia sanitaria para proteger la salud de los mexicanos y promover el Estado de derecho en el país.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de vital importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud.

B. El uso nocivo del alcohol tiene graves repercusiones en la salud pública y es considerado uno de los principales factores de riesgo de la mala salud a nivel mundial.

El alcoholismo es considerado como una enfermedad que no distingue fronteras sociales, culturales, económicas, de género, ni de edad; se ha propagado por todo el mundo hasta situarse como una de las principales causas que provocan la muerte de millones de personas al año, no solo perjudica la salud física del bebedor, sino también, la salud mental del enfermo y los daños colaterales son desastrosos ya que la carga es hacia la familia.

Cabe mencionar que un gran porcentaje de los accidentes automovilísticos están vinculados al consumo de bebidas alcohólicas. Por ende, podemos decir que el consumo del alcohol es nocivo y con efectos perjudiciales en la sociedad.

C. En el marco del proyecto de la Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol de la OMS, el concepto de uso nocivo del alcohol es una noción amplia que abarca el consumo de alcohol que provoca efectos sanitarios y sociales perjudiciales para el bebedor, para quienes lo rodean y para la sociedad en general, así como las pautas de consumo de alcohol asociadas a un mayor riesgo de resultados sanitarios perjudiciales. El uso nocivo del alcohol compromete tanto el desarrollo individual como el social, y puede arruinar la vida del bebedor, devastar a su familia y desgarrar la urdimbre de la comunidad.

El grado de riesgo por el uso nocivo del alcohol varía en función de la edad, el sexo y otras características biológicas del consumidor, así como de la situación y el contexto en que se bebe. Algunos grupos y personas vulnerables o en situación de riesgo presentan una mayor sensibilidad a las propiedades tóxicas, psicoactivas y adictivas del etanol. Al mismo tiempo, las pautas de consumo de alcohol que entrañan poco riesgo a nivel individual pueden no estar asociadas con la aparición de efectos sanitarios y sociales negativos ni con un aumento significativo de las probabilidades de que éstos ocurran.

Así mismo se menciona que la Organización Panamericana de la Salud define a las políticas públicas acerca del alcohol “como cualquier esfuerzo o decisión de parte de un gobierno para minimizar o prevenir las consecuencias relacionadas con el consumo del alcohol.”

D. En México cerca de tres millones de adolescentes tienen problemas de alcoholismo o de abuso en el consumo y cada vez se inician a edades más tempranas. Las mujeres consumen cada vez mayores cantidades de alcohol, particularmente las adolescentes.

Cabe mencionar que de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud 2010, el porcentaje de jóvenes de ambos sexos que en 2010 tomó bebidas alcohólicas, se incrementó en casi 10 puntos porcentuales con respecto al 2005.

En el caso de los hombres, el porcentaje de aquellos que han tomado bebidas alcohólicas pasó de 52.6% en 2005, a 58.7% en 2010. Mientras que en el caso de las mujeres, el porcentaje creció en el mismo periodo, pasando de 32.1% en 2005 a 45.6% en 2010.

Así mismo la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, señala que el uso nocivo de alcohol ha aumentado entre las mujeres, especialmente entre las adolescentes, ya que la dependencia en los hombres se duplicó de 3.5% a 6.2% y en las mujeres se triplicó de 0.6% a 2% en el periodo de 2002 a 2011.

La Encuesta Nacional ya citada, marca que “el consumo de altas cantidades por ocasión de consumo es el patrón más reportado con una tercera parte de la población”, a esto se le ha llamado comúnmente “consumo explosivo”.

E. Sabemos que el alcohol se ha convertido en un problema de salud pública en nuestro país y que va en incremento, donde el 65 por ciento de la población de entre 17 a 65 años de edad ha consumido o consume de manera habitual bebidas embriagantes, según la encuesta ya citada, el alcohol es el principal problema de adicción en México, pues mientras que en el año 2008, en la población total de entre 12 a 65 años de edad, el 61.3% aceptaron haber consumido alguna vez bebidas alcohólicas; para el año 2011 la cifra incrementó a 71.3%, así mismo, de 2008 a 2011 la dependencia de alcohol aumentó un 1.2%.

Se debe subrayar que las entidades federativas en las que se presentó, en el último año, mayor dependencia al alcohol y por encima del promedio nacional son: Puebla, Tlaxcala, Morelos, el Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato, en estas regiones son los jóvenes los más afectados y quienes se encuentran considerados dentro del 12.6% de hombres y mujeres que inician su adicción entre los 16 y 19 años, de acuerdo con datos de la ya referida Encuesta Nacional de Adicciones 2011.

Por su parte la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A. C. MÉXICO, señala que cada año miles de jóvenes se suman a la población con problemas de alcoholismo, especialmente menores entre los 9 y los 12 años, lo que agrava el problema.

F. Hoy en día los adolescentes son el grupo social muy vulnerable a esta adicción que manifiesta los niveles más elevados de consumo de alcohol, que beben por lo menos una vez a la semana o grandes cantidades en una sola ocasión, las causas son distintas que pueden ser el ocio e inactividad, hasta problemas familiares o conflictos derivados de su contexto.

Por ende, podemos decir que estamos frente a un grave problema de salud pública el abuso del alcohol, puede causar enfermedades como cirrosis hepática, diabetes mellitus, cáncer, desórdenes neuropsiquiátricos, daños en el corazón, hígado, estómago y sistema nervioso; además, puede causar desnutrición y anemia. Así mismo va relacionado con conceptos delicados como el suicidio y violencia, accidentes de tráfico, caídas, traumatismos, envenenamientos, por mencionar los más frecuentes. También es considerado como un factor importante en el surgimiento de problemas sociales y de desarrollo, como son violencia familiar, abuso de menores, ausentismo laboral y deserción escolar.

G. Por otro lado se menciona el alcohol adulterado contiene, por lo general, una sustancia extremadamente tóxica llamada metanol, de la cual una pequeña dosis puede resultar fatal. Implica riesgos múltiples que van desde el mareo, las convulsiones, el dolor abdominal, hasta alteraciones visuales que pueden ir desde visión borrosa hasta ceguera, temporal o permanente, Situación que puede evolucionar hasta el estado de coma. Asimismo, pueden resultar en dañados de forma irreversible al cerebro, al corazón, al hígado y al páncreas. Tratándose del consumo de metanol, los efectos inician entre los 30 minutos y las 72 horas después de haberlo consumido. Al comienzo se confunde con una borrachera, pero es algo más grave: se presentan alteraciones visuales, que pueden ir desde visión borrosa hasta ceguera, temporal o permanente.

Se estima que de cada 10 botellas presentes en el mercado mexicano, cuatro (40%) son de licor adulterado. El cálculo de mercado ilegal anual en botellas, es de alrededor de 26 millones.

H. En ese contexto, en el mes de Julio de 2015 se dio origen a la campaña Juntos contra la Ilegalidad, la cual invita a la ciudadanía a comprobar la autenticidad del producto a través de la lectura de código en marbetes. Entre las principales acciones, se difundirá información veraz, clara y oportuna que motive a los consumidores a denunciar prácticas comerciales sospechosas e ilegales; así mismo, se fortalecerán operativos estratégicos en colaboración con las autoridades fiscales y sanitarias que permitan eliminar los productos ilegales.

En este tenor de ideas el pasado 8 de octubre, en el marco de la campaña ya mencionada “Juntos contra la Ilegalidad”, en la que participan el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría General de la República (PGR), la industria formal de vinos y licores, y la Secretaría de Salud (SSA), a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), anunciaron el decomiso histórico que haya hecho la COFEPRIS desde su conformación en 2001, de más de un millón de litros de bebidas adulteradas, se encontraron 985 mil botellas, 985 mil litros de producto terminado con graves irregularidades en el proceso de fabricación, en total se anuncio un millón, 15 mil litros de alcohol ilegal. Cabe señalar que los aseguramientos de este tipo de bebidas entre el 2010 y el 2015, ya representa 3.3 millones de litros asegurados.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la propuesta de exhortar a la Secretaria de salud, para que se fortalezca e impulsen campañas de concientización dirigidas a jóvenes sobre los efectos nocivos del abuso del alcohol, de tal manera que se mejore la calidad de vida de las personas, su esperanza de vida y en su caso, pueda volver a ser productiva, por ello y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, para que a través de la Secretaría de Salud y sus homólogas en las entidades federativas, en el marco de sus atribuciones, fortalezcan e impulsen campañas de concientización dirigidas a jóvenes, sobre los efectos nocivos del abuso del alcohol.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la República para que, en el marco de la campaña “Juntos contra la Ilegalidad”, continúe con los operativos de vigilancia sanitaria para proteger la salud de los mexicanos y promover el Estado de derecho en el país. Así mismo reconoce el trabajo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por haber logrado, en el mes de octubre del presente año, el mayor aseguramiento de bebidas alcohólicas ilegales desde su creación.

COMISIÓN DE SALUD.

(Intervención del Senador Francisco Salvador López Brito)







 

Que exhorta a poner en práctica las 60 recomendaciones, resultado de la Segunda Conferencia Internacional Sobre Nutrición.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen, una proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que suscriba y adopte los resolutivos de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición contenidos en la Declaración de Roma sobre la Nutrición.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 9 de abril de 2015, el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que suscriba y adopte los resolutivos de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición contenidos en la Declaración de Roma sobre la Nutrición.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El presente punto de acuerdo concurre en un tema sumamente importante en nuestro país que se ha vuelto de salud pública como lo es la nutrición, por ello la preocupación del proponente es que con esta proposición con punto de Acuerdo se exhorte respetuosamente al Ejecutivo Federal a que suscriba y adopte los resolutivos de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición contenidos en la Declaración de Roma sobre la Nutrición.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia de la proposición con Punto de Acuerdo, la Nutrición, es materia de la presente Comisión, ya que el impacto se ve reflejado en la salud de la población mexicana.

B. La nutrición y la salud son partes fundamentales de nuestra vida. Una correcta nutrición es vital. Si no nos nutrimos adecuadamente nuestra salud se deteriora en forma progresiva. Así mismo, estos dos conceptos están conectados a una buena alimentación. A una alimentación balanceada. Ya que el ser humano puede ingerir muchos tipos de alimentos, pero eso no significa que se esté nutriendo de manera adecuada.

Una buena nutrición en la infancia, es parte toral del desarrollo del menor, en esta etapa los infantes pueden adquirir los hábitos correctos, para el cuidado de su salud e integridad física. Si el menor está bien alimentado durante los primeros años de vida puede tener un efecto positivo en su salud a largo plazo, así como en su habilidad para aprender, comunicarse, pensar, socializarse y adaptarse a nuevos ambientes y  personas.

C. Por su lado la Malnutrición es el estado que aparece como resultado de una dieta desequilibrada, en la cual hay nutrientes que faltan, o de los cuales hay un exceso, o cuya ingesta se da en la proporción errónea. Puede tener como causa también la sobrealimentación.

Pueden surgir diferentes desórdenes nutricionales, dependiendo de qué nutrientes son infra o sobreutilizados en la dieta. Es decir, que la malnutrición es aquella nutrición deficiente o desequilibrada debido a una dieta pobre o excesiva.

La Organización Mundial de la Salud define la Desnutrición como la mayor amenaza individual a la salud pública mundial. La mejora de la nutrición es vista de modo amplio como la forma de ayuda más efectiva. Entre las medidas de emergencia para aliviar la malnutrición se encuentran el suministro de los micronutrientes deficitarios a través de sobres de polvo fortalecido, o mediante crema de cacahuete, o directamente a través de suplementos. El modelo de alivio del hambre seguido por diferentes agencias humanitarias demanda de modo cada vez más frecuente el suministro de vales o dinero en metálico a las personas malnutridas o que sufren una situación de hambre, de modo que puedan comprar el alimento a los agricultores locales en vez de adquirir comida de países donantes, ya que esta segunda opción supone un gasto ineficaz de dinero o de transporte.

La escasez de alimentos puede ser un factor que contribuya a la malnutrición en países con falta de tecnología. La FAO estima que el 80% de niños malnutridos viven en el mundo en desarrollo.

D. Por su parte algunos de los elementos que lleva una malnutrición son la obesidad y sobrepeso, la anemia, la desnutrición.

EN CUANTO AL SOBREPESO Y OBESIDAD: La Organización Mundial de la Salud, OMS, define a la obesidad y al sobrepeso como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, son el quinto factor principal de riesgo, de defunción en el mundo. Un dato alarmante que señala esta Organización, es que cada año fallecen alrededor de 2.8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso y la obesidad, además también se le atribuyen como la causa de la diabetes en 44%, de cardiopatías isquémicas en 23%, y algunos cánceres entre el 7% y el 41%.
Datos fuertes marcan que mil millones de adultos tienen sobrepeso. Si no se actúa, esta cifra superará los 1500 millones en 2015.

Por su parte en México la ENSANUT 2012, reportó que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de cinco años, registró un ligero pero significativo ascenso a lo largo del tiempo con casi 2 puntos porcentuales de 7.8% en 1988 a 9.7% en 2012. La principal región con aumento, fue el Norte del país con una prevalencia de 12% en 2012, con 2.3 puntos porcentuales por encima del promedio nacional.

Para la población en edades de los 5 a los 11 años, la prevalencia en 2012 fue de 34.4% (19.8% de sobrepeso y 14.6% de obesidad), lo que equivale a aproximadamente 5,664,870 infantes con sobrepeso u obesidad en nuestro país, de los cuales 36.9% son niños y 32% son niñas. Aunque la prevalencia no aumentó de 2006 a 2012, según lo indica la ENSANUT, tampoco disminuyó y es un número muy grande de la población que está siendo afectada, lo anterior, representa a la tercera parte de la población infantil, en este rango de edades.

Así mismo la ENSANUT 2012, señala que el 35% de los adolescentes tienen sobrepeso u obesidad, lo cual equivale a 6, 325, 131 personas que van desde los 12 a los 19 años, poco más de uno de cada 5 tiene sobrepeso y uno de cada 10 tiene obesidad.

Por ende, nos enfrentamos a un problema de salud pública que se debe frenar.

OTRO TEMA RELEVANTE  ES LA ANEMIA Y LA DESNUTRICIÓN: La anemia provoca deficiencias en el desarrollo cognitivo de los niños, en especial en sus habilidades psicomotrices, cognitivas y de socialización. En los adultos, está asociada a la disminución de la capacidad para realizar labores manuales y físicas, reduciendo así la productividad, además desempeña un papel importante para el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas; por lo que comer la cantidad necesaria de alimentos adecuados que requiere nuestro cuerpo es clave para la salud.

Hay que señalar que a nivel mundial aproximadamente de 2.000 millones de personas sufren de anemia. Esta es una de las principales causas de mortalidad materna y de deficiencias cognitivas en los niños y niñas pequeños.

Los infantes más afectados están entre las edades de 6 a 24 meses de edad según un estudio denominado “Cómo proteger y promover la nutrición de madres y niños en América Latina y el Caribe”, publicado por el Banco Mundial en 2012, además señala que en América Latina y el Caribe, unos 22.5 millones de infantes tienen anemia, y la máxima prevalencia de la malnutrición crónica, se concentra en los niños entre 6 y 24 meses de edad.

La prevalencia de la anemia es del 47,4% en los niños en edad preescolar, y afecta a 293 millones de ellos en todo el mundo. La máxima prevalencia se da en África (67,6%) y Asia Sudoriental (65,5%).

Por su parte en México, 13.9% de los niños menores de 5 años y 9.3% de los niños de 5 a 11 años tienen de­ficiencia de hierro. La anemia y la de­ficiencia de hierro en menores de 2 años pueden tener consecuencias irreversibles en edades más tardías, como disminución de habilidades en la lectoescritura, en el lenguaje,  presentan menor coe­ficiente intelectual, afectación en el desarrollo motor fi­no y grueso e incapacidad de resolución de problemas. A nivel nacional la prevalencia de anemia en México en menores de 5 años fue del 23.3 por ciento; en niños de 5 a doce años del 10.1 por ciento.

Cabe señalar que en 2013, se dio a conocer un Ranking Nacional de Nutrición Infantil, con el objetivo de ofrecer una herramienta que a partir de la información de las Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición (ENSANUT), y de este estudio se destacó lo siguiente:

Las prevalencias mundiales de desnutrición crónica van a la baja. No obstante, en México 11 estados incrementaron su prevalencia en los últimos 6 años. Además 19 estados del país siguen teniendo una prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años de 2 dígitos, mientras que lo esperado para una población sana es del 2.5%.

E. En décadas se han venido haciendo acciones y estrategias para contrarrestar lo mencionado ejemplo de ellos, es que en Diciembre de 1992 se realizó la Primer Conferencia sobre Alimentación y Nutrición (CIN) convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAQ) y la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) tras el reconocimiento de la grave situación del hambre y la desnutrici6n en el mundo, considerada en el periodo 1990-1992 en 1000 millones de personas sub nutridas.

A 22 años de la primera reunión se han reconocido los siguientes avances: al considerar que el total de personas hambrientas disminuyó en 132 millones pasando del 18.6 por ciento de la población mundial en 1990- 1992 al 12.5 por ciento en 2010- 2012. Por otra parte, en la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición celebrada del 18 al 21 de noviembre de 2014 en Roma, Italia sin negar dichos avances se plantearon nuevos retos ante la persistente situación del hambre y la desnutrición con Sus múltiples aristas.

F. En esta Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2) se emitió  la Declaración de Roma sobre la Nutrición y el Marco de acción técnico correspondiente para orientar su aplicación. La Declaración compromete a los países a erradicar el hambre y a prevenir todas las formas de malnutrición en el mundo, especialmente la desnutrición infantil y la anemia en las mujeres y niños, entre otras carencias de micronutrientes, así como a invertir la tendencia al aumento de la obesidad.

En este Marco se recomienda una serie de medidas para la creación de un entorno favorable a una acción eficaz y el fortalecimiento los sistemas alimentarios sostenibles, por ejemplo, mediante inversiones a favor de la agricultura de los pobres y la agricultura en pequeña escala para mejorar las dietas y los niveles de nutrición, la promoción de la educación e información nutricionales, la protección social, el fortalecimiento de los sistemas sanitarios para hacer frente a condiciones específicas, la mejora de los servicios de agua, saneamiento e higiene, y la mejora de la inocuidad de los alimentos.

También en esta Segunda Conferencia de Alimentación y Nutrición los ministros, 23 viceministros, 100 parlamentarios, 150 representantes de la Sociedad Civil, 100 del sector privado, 2200 participantes de los 170 países miembros.

Entre las más importantes aportaciones que hicieron los participantes a la Conferencia, se encuentran:

"Que la desnutrición es la primera causa de las enfermedades en el mundo".
"La Seguridad Alimentaria y la desnutrici6n requieren un enfoque integral de la agricultura y la salud"

En Resumen esta Declaración aborda los múltiples desafíos que representa la malnutrición. De esta forma se englobaron 60 recomendaciones que orientan las decisiones y las políticas públicas adecuadas que los gobiernos deben adoptar en favor de la nutrición, la salud y la agricultura encaminadas a una mejor alimentación.

G. Lograr la seguridad alimentaria es una tarea compleja que incumbe en primer lugar a los gobiernos. Estos han de crear un entorno favorable para un buen desarrollo del país. Por ello la preocupación por la persistencia del hambre que, en tal escala, constituye una amenaza para las sociedades nacionales y, por distintas vías para la estabilidad de la propia comunidad internacional.

H. Por ende, el gobierno federal debe garantizar las siguientes acciones:

1. Supervisar los reglamentos que creen entornos favorables a la salud y fomenten opciones saludables para todos, al tiempo que se protege, educa y faculta a los consumidores.

2. Se adopten políticas que respalden la producción y elaboración de alimentos de buena calidad que sean inocuos y beneficiosos para una dieta saludable, incluidas medidas dirigidas a diversificar la producción de alimentos.

3. Se apoyen políticas, programas y leyes que mejoren el acceso a dietas saludables a través de la reducción de la pobreza, la creación de empleo y la protección social.

4. Que se apoyen con políticas que potencien el papel de las mujeres y les brinden apoyo en su función como productoras y generadoras de ingresos.

5. Se apruebe el aumento y priorización de asignaciones presupuestarias para abordar el problema de la malnutrición y la inseguridad alimentaria.

6. Supervisen los diferentes sectores para garantizar la coherencia de las políticas públicas en materia de comercio, desarrollo económico, agricultura, salud y educación.

Es por ello que se tiene un grave problema que se debe contrarrestar, por ende esta comisión dictaminadora considera favorable la proposición con punto de acuerdo con el fin de mejorar la nutrición de nuestros menores.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a que ponga en práctica las 60 recomendaciones que son resultado de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición. Así mismo a adoptar las metas nacionales de nutrición para su consecución antes de 2025, así como un conjunto de indicadores nacionales y las opciones de políticas comprendidas en el Marco de Acción aprobada en dicha conferencia.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a que se promuevan acuerdos de colaboración dentro de los distintos parlamentos para mejorar la nutrición.

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a garantizar el derecho a todas las personas a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos suficientes, en consonancia con el Derecho a una Alimentación adecuada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas.

COMISIÓN DE SALUD.

(Intervención del Senador Francisco Salvador López Brito)







 

Tenemos también los siguientes dictámenes con puntos de Acuerdo de la Comisión de Cultura :

Que exhorta a los Diputados de la LXI Legislatura del Congreso del estado de Guerrero, a discutir la posibilidad de declarar patrimonio cultural tangible e intangible al Salto de la Quebrada.

COMISIÓN DE CULTURA

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE CULTURA

H. ASAMBLEA:

Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Educación Pública a proponer ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura la inscripción del espectáculo de clavados La Quebrada en el Puerto de Acapulco, Guerrero, como patrimonio cultural inmaterial de México, así como su inclusión en el inventario del patrimonio cultural inmaterial para el municipio de Acapulco, Guerrero, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del 24 de febrero de 2015, el Senador René Juárez Cisneros del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó, ante el Pleno del Senado de la República, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Educación Pública a proponer ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura la inscripción del espectáculo de clavados La Quebrada en el Puerto de Acapulco, Guerrero, como patrimonio cultural inmaterial de México, así como su inclusión en el inventario del patrimonio cultural inmaterial para el municipio de Acapulco.

2. La proposición fue fundada en términos del artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el artículo 276, del Reglamento del Senado de la Republica.

3. En esa misma fecha, la proposición fue turnada por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores a la Comisión de Cultura para su estudio y dictamen.

4. El punto de Acuerdo fue distribuido en su oportunidad entre los integrantes de la Comisión de Cultura para los efectos del numeral I del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

El Senador René Juárez Cisneros señala en su propuesta que, en las últimas décadas, la conceptualización del patrimonio cultural considera muchos más bienes que los monumentos y colecciones de objetos. La reflexión en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha ampliado el universo de bienes relevantes para la humanidad con base en las tradiciones y expresiones culturales vivas heredadas de nuestros antepasados y vigentes por medio de la tradición oral, las artes del espectáculo, los usos sociales, los rituales y demás formas de manifestación cultural vivas.
Así como el patrimonio material constituye una fuente de identidad, el patrimonio inmaterial es un factor de mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización, y constituye una fuente de conocimientos y técnicas que se transmiten de una generación a otra y, por su naturaleza, son expresión de la igualdad de las     culturas.

Para el proponente, el patrimonio tiene una serie de cualidades que son relevantes para las personas, comunidades e, incluso, pueblos y naciones. En ellas destaca su carácter tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo; su carácter integrador, por cuanto que crea vínculos entre el pasado y el futro a través del presente; representativo, porque expresa valores y conocimientos de un pueblo, además de que su permanencia está sustentada en la comunidad misma.

Conforme lo establece la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO a que hace referencia el promotor del punto de Acuerdo, el patrimonio cultural inmaterial se constituye por los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes. Para la UNESCO, dicho patrimonio se manifiesta a través de tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma; artes del espectáculo; usos sociales, rituales y actos festivos; conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y técnicas artesanales tradicionales.

México se adhirió a la convención en abril de 2006 y, para efectos de la convención, adquirió una serie de compromisos como la de elaborar una lista representativa de aquellas expresiones vigentes en el territorio nacional, que se consideran deben formar parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y, destacar de ellas, las que requieran medidas urgentes para evitar su desaparición o pérdida.

Para el Senador que hace la propuesta, el Salto de la Quebrada constituye uno de los atractivos turísticos de mayor tradición y atracción de Acapulco de Juárez y del estado de Guerrero. Se trata de una tradición que inició en la década de los años treinta como resultado de la convivencia entre los pescadores de la región, a quienes resultaba atractivo realizar los saltos desde el famoso peñasco llamado La Quebrada, de 35 metros de altura, para caer en el agua cuando esta alcanzaba los 4 metros de profundidad conforme lo permitan las olas y corrientes de agua del mar.

Esta actividad se formalizó en el año de 1934, cuando se constituyó la Asociación de Clavadistas Profesionales de La Quebrada, la cual cumplió su 80 aniversario en 2014. Asimismo, el autor señala que anualmente, el acantilado de La Quebrada es sede de un campeonato mundial de clavados de altura en el que participan clavadistas de diferentes partes del mundo.

Los clavadistas de La Quebrada han sido reconocidos a nivel internacional dando promoción al propio puerto de Acapulco de Juárez, haciendo de su actividad un       centro de atracción para que turistas, nacionales y extranjeros, encuentren un punto más de esparcimiento y recreación. Su trabajo contribuye a que este destino turístico mantenga su posición a nivel nacional como uno de los sitios de interés turístico más visitados.

Con base en estas consideraciones es que se propone hacer un exhorto a las secretarias de Relaciones Exteriores y de Educación Pública a proponer ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura la inscripción del espectáculo de clavados La Quebrada en el Puerto de Acapulco, Guerrero, como patrimonio cultural inmaterial de México, así como su inclusión en el inventario del patrimonio cultural inmaterial para el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.
Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- El 20 de abril de 2006 entró en vigor la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural de la Humanidad, instrumento que establece las bases para el reconocimiento de una serie de manifestaciones y expresiones de orden cultural, cuya integridad y permanencia en el tiempo, se considera indispensable para la humanidad. Uno de los supuestos bajo los que nace esta convención en el año de 2003, es el principio de la igualdad de las culturas y la necesidad de salvaguardarlas a través de la promoción y difusión de sus características a cargo de las instituciones de los Estados de donde son originarias.

SEGUNDA.- Actualmente, son 163 Estados los que han suscrito la convención, quienes participan del reconocimiento de la gran diversidad cultural que sustenta las relaciones entre comunidades, pueblos y naciones, por lo que, su reconocimiento y salvaguarda, contribuye a establecer relaciones más justas, horizontales y de equidad entre las culturas. El propósito central de la convención es la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial; el respecto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e individuos de que se trata; la sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento recíproco y la cooperación y asistencia internacionales.

TERCERA.- Conforme lo establece el numeral 2 del artículo 2 de la convención, el “patrimonio cultural inmaterial” se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes:

a) Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial;

b) Artes del espectáculo;

c) Usos sociales, rituales y actos festivos;

d) Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;

e) Técnicas artesanales tradicionales.

Conforme a lo establecido por la convención y a con base en las diferentes expresiones y manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, es de indicarse que la categoría de Artes del espectáculo se refiere a la música vocal o instrumental, la danza y el teatro hasta la pantomima, la poesía cantada y otras formas de expresión. Abarcan numerosas expresiones culturales que reflejan la creatividad humana y se encuentran también, en cierto grado, en otros muchos ámbitos del patrimonio cultural inmaterial.

CUARTA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura consideran que un elemento esencial para la determinación del tipo de manifestaciones y tradiciones que se deben promover en términos de la convención, no sólo se refieren a un elemento que identifica a una región o a un grupo social, sino al conjunto de elementos que, a través de las mismas, expresan la creatividad humana en diferentes momentos de la historia. Es de señalarse también que, uno de los elementos de los que se pretende salvaguardar al patrimonio cultural inmaterial, es precisamente las presiones del turismo de que son objeto pues, muchas veces, en aras de su difusión o comercialización, pierden o dejan de lado elementos de su originalidad.
QUINTA.- México ha sido distinguido por parte de la UNESCO con el reconocimiento de diferentes manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de características muy diferentes a lo que podría ser el Salto de La Quebrada. Éstas son: Xtaxkgakget Makgkaxtlawana (Centro de las Artes Indígenas para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial del pueblo totonaca de Veracruz, México); el Mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta; la cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva, paradigma de Michoacán; los parachicos en la fiesta tradicional de enero de Chiapa de Corzo; La ceremonia ritual de los Voladores y la pirekua, canto tradicional de los p’urhépechas.

SEXTA.- Cabe destacar que, de conformidad con el artículo 11 de la convención, los Estados parte se comprometen, a adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio con participación de las comunidades, grupos y organizaciones no gubernamentales pertinentes. Una vez identificadas las expresiones y manifestaciones, para su inscripción y reconocimiento, es indispensable que se cumplan los siguientes requisitos:

• Que el elemento es patrimonio cultural inmaterial, en el sentido del artículo 2 de la Convención.

• La inscripción del elemento contribuirá a dar a conocer el patrimonio cultural inmaterial, lograr que se tome conciencia de su importancia y a propiciar el diálogo, poniendo así de manifiesto la diversidad cultural a escala mundial y dando testimonio de la creatividad humana.

• Se elaboran medidas de salvaguardia que podrían proteger y promover el elemento.

• La propuesta de inscripción del elemento se ha presentado con la participación más amplia posible de la comunidad, el grupo o, si procede, los individuos interesados y con su consentimiento libre, previo e informado.

• El elemento figura en un inventario del patrimonio cultural inmaterial presente en el (los) territorio(s) del (los) Estado(s) Parte(s) solicitante(s), de conformidad con los artículos 11 y 12 de la Convención.

SÉPTIMA.- De acuerdo con el tipo de elementos que han sido reconocidos por la convención como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, 364 a la fecha, las artes del espectáculo van desde expresiones de música vocal o instrumental, la danza y el teatro (incluida la pantomima), la poesía cantada y otras formas de manifestación cultural. Su existencia hace referencia a relaciones entre personas, grupos y comunidades con base en sus valores, creencias y tradiciones y de ahí la relevancia de su salvaguardia. La UNESCO señala específicamente respecto de las Artes del espectáculo en relación con el turismo lo siguiente: “La música, la danza y el teatro son con frecuencia elementos fundamentales de la promoción cultural destinada a atraer al turismo, y suelen formar parte de los espectáculos ofrecidos en los viajes organizados de las agencias turísticas. Aunque pueda atraer más visitantes, aumentar los ingresos de una comunidad o un país determinados y ofrecer un escaparate a su cultura, la promoción cultural de este tipo puede dar lugar a que surjan formas de presentación de las artes del espectáculo adulteradas para el mercado turístico…”

OCTAVA.- El Estado de Guerrero, sede de la atracción turística de clavados en La Quebrada, promulgó la Ley número 239 para el Fomento y Desarrollo de la Cultura y las Artes del Estado de Guerrero. En la fracción XVI del artículo 8° se define al patrimonio cultural Inmaterial o Intangible al conjunto de usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural; se expresa fundamentalmente en tradiciones orales y lingüísticas; artes del espectáculo; usos sociales, rituales y actos festivos; conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional.

NOVENA.- Asimismo, el artículo 67 declara de interés público la preservación de las tradiciones, costumbres, festividades, certámenes y cualquier otra expresión cultural tangible o intangible de los pueblos y comunidades, por lo que las autoridades competentes en esta materia establecerán programas especiales para su preservación, fomento, desarrollo y difusión. Asimismo el segundo párrafo del artículo 87, establece que el Estado y los Ayuntamientos de Guerrero, “a través de la Secretaría, podrán emitir declaratorias de patrimonio cultural tangible e intangible, según sea el caso, sobre bienes culturales que tengan relevancia para los habitantes del estado, y que no cuenten con declaratoria federal. La Secretaría, conjuntamente con los Ayuntamientos y los interesados, promoverá el reconocimiento de estas declaratorias a nivel nacional y en su caso internacional.”

DÉCIMA.- Cabe destacar que la promulgación de la citada ley del estado de Guerrero, incluyó un artículo segundo transitorio que textualmente señala: “Se derogan los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Sétimo y Noveno de la Ley de Fomento a la Cultura, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, Número 38 el martes 10 de mayo de 1988, hasta en tanto se emite la Ley correspondiente a la protección del patrimonio cultural del Estado.” Bajo este supuesto, la única figura posible a considerar para la protección de el Salto de La Quebrada es que la autoridad de esa entidad federativa lo declare como un bien cultural Inmaterial o intangible.

DÉCIMA PRIMERA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura son de la opinión de que la decisión de considerar al Salto de La Quebrada como una expresión del patrimonio cultural inmaterial en el marco de la legislación del Estado de Guerrero, y no sólo como una práctica deportiva por cuanto a quienes la realizan y recreativa para los turistas que la disfrutan, corresponde esencialmente a la ciudadanía y autoridades del Estado, en especial, a los ciudadanos del puerto de Acapulco, sede de esta memorable atracción turística.

Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 del artículo 95 y en los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta muy respetuosamente a los Diputados de la LXI Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero discutir la posibilidad de declarar patrimonio cultural tangible e intangible al Salto de la Quebrada, tradición turística característica del puerto de Acapulco, en términos de la Ley número 239 para el Fomento y Desarrollo de la Cultura y las Artes del estado de Guerrero.

Salón de comisiones del Senado de la República, a 24 de noviembre de 2015.

POR LA COMISION DE CULTURA

Sen. Blanca Alcalá Ruiz, Presidenta.- Sen. Javier Lozano Alarcón, Secretario.- Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, Secretario.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Gerardo Sánchez García.

(Intervención del Senador René Juárez Cisneros)







 

Por el que se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia un informe de los trabajos de salvamento arqueológico en la zona en donde se edificará el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

COMISIÓN DE CULTURA

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE CULTURA

H. ASAMBLEA:

Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia a informar sobre los hallazgos arquitectónicos en la zona del Lago de Texcoco, presentado por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del 21 de abril de 2015, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó, presentó ante el Pleno del Senado de la República, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia a informar sobre los hallazgos arquitectónicos en la zona del Lago de Texcoco.

2. La proposición fue fundada en términos del artículo 8, numeral 1, fracción II, así como los artículos 95, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la Republica.

3. La proposición fue turnada en esa misma fecha por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores a la Comisión de Cultura del Senado de la Republica para su estudio y dictamen.

4. La presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia de la proposición con punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida y para los efectos del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La propuesta de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván tiene como finalidad que el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Nacional Autónoma de México, emitan un dictamen sobre la existencia de zonas arqueológicas en el Lago de Texcoco, donde se va a construir el nuevo aeropuerto y que, una vez elaborado, sea enviado al Senado de la República. La solicitud obedece a diferentes inquietudes surgidas en torno a la realización de obras en un sitio en el que se tienen su habitad más de cien especies diferentes de aves. Muchas de ellas migratorias y en donde se estableció, en el año de 1325, la cultura mexica.

El lago de Texcoco fue sede de la ciudad de Tenochtitlan, donde fueron edificadas templos dedicados al Agua y al Sol, así como obras hidráulicas como el albarradón diseñado por Netzahualcóyotl, cuya finalidad era contener el desbordamiento de los lagos ubicados en el norte de Texcoco.

Para quien propone la resolución con punto de acuerdo, constituye de gran importancia la intervención de las autoridades responsables de la protección y preservación del patrimonio cultural, en virtud de que la magnitud de las obras del nuevo aeropuerto, implicarán trabajos en una parte importante de la superficie del Lago de Texcoco.

La proponente señala que los trabajos de investigación arqueológica han reportado hallazgos menores, sin embargo, sostiene que la autoridad omite reconocer la localización de, al menos, 28 sitios arqueológicos y 270 puntos con vestigios de las culturas prehispánicas. Y sostiene que se ha tratado de minimizar el valor histórico de los hallazgos con la finalidad de justificar la construcción del nuevo aeropuerto.

Los asentamientos humanos en el Lago de Texcoco constituyen un elemento clave en el estudio de las civilizaciones que habitaron Mesoamérica y una de las áreas menos estudiadas de la cuenca de México. La proponente es de la opinión de que, las áreas de suelos profundos, pueden contener información sobre la explotación de la sal y de los recursos acuáticos en aquella época. También resulta relevante su investigación por el hecho de que pueden entenderse los sistemas de ingeniería hidráulica de que hicieron uso los “aztecas”, para regular los niveles de agua en toda la zona lacustre.

La senadora proponente señala que las autoridades del INAH han informado que hacen falta investigaciones en la poligonal, aunque reconocen la importancia de los estudios realizados, porque han permitido conocer elementos de la vida de las poblaciones ribereñas. Asimismo, la proponente indica que el instituto no ha hecho mención sobre el uso de herramientas de geofísica o del radar de penetración, entre otros instrumentos técnicos de apoyo a los trabajos de investigación arqueológica.

Por lo cual, resulta necesario hacer estudios integrales para la realización de trabajos de salvamento arqueológico, así como excavaciones controladas en los 28 sitios que, a decir de la Senadora, han sido reconocidos por los investigadores. Cabe señalar que, a casi tres años de trabajos, el INAH no ha emitido un dictamen respecto de la construcción de las cuatro mil 431 hectáreas que supone la construcción del nuevo aeropuerto. Por ello, solicita la emisión del dictamen con el apoyo e intervención de la Universidad Nacional Autónoma de México y de otros centros de investigación para determinar la existencia de zonas arqueológicas o áreas de vestigios.

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública cuyos objetivos son realizar

investigación científica sobre antropología e historia relacionada con la población del país, la conservación y restauración del patrimonio cultural arqueológico, histórico y paleontológico, así como la promoción y difusión de las materias y actividades que tiene encomendadas por ley. De manera específica, el instituto es competente en todo lo relacionado con la recuperación, investigación, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio arqueológico e histórico.

SEGUNDA.- El INAH se fundó en el año de 1939, momento en el que se concreta institucionalmente una vocación del Estado mexicano por mantener en la esfera de protección de la Nación, los bienes de las culturas que habitaron el territorio nacional antes de la hispánica y de todos aquellos bienes que, en su oportunidad, constituyeron el legado de la época colonial y las primeras etapas del México independiente que sea de interés nacional. En el primer caso, los bienes arqueológicos fueron declarados propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles. En el caso de los bienes muebles e inmuebles históricos, adquirieron la misma condición cuando estuvieran bajo el dominio de la Nación y, los de propiedad particular, sujetos a condiciones de uso, conservación y traslado de dominio.

TERCERA.- Desde entonces a la fecha, el INAH ha sido el organismo que, con la colaboración de otras dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas, ha encabezado los trabajos de preservación del legado cultural del país. Esta circunstancia ha posibilitado mantener una política de preservación y difusión del patrimonio cultural arqueológico e histórico uniforme, permanente y ligada a los propósitos de la educación y el desarrollo social, además de la promoción internacional del legado cultural de México al mundo.

CUARTA.- Es de señalarse que la construcción del nuevo aeropuerto en la zona del Lago de Texcoco constituye uno de los actos de política pública más relevantes en términos de obra pública para la presente administración. Para efectos de la obra, se han dispuesto 4 mil 431 hectáreas del ex vaso del Lago de Texcoco,

ubicado en los municipios de Texcoco, Atenco y Ecatepec, en el Estado de México, en una zona contigua al actual aeropuerto, cuyo costo se estima en 169 mil millones de pesos (de los cuales l 58 por ciento serán financiados con recursos públicos y el 42 por ciento a través de la banca comercial). Entre las obras que supone su construcción se encuentran soluciones hidráulicas y de regulación de agua mediante la construcción de 24 plantas de tratamiento y 25 kilómetros de drenajes; medidas de conectividad y movilidad con la zona urbana y al interior de sus instalaciones, además de tres pistas en su fase inicial para alcanzar 6 a largo plazo.

QUINTA.- Uno de los argumentos que se exponen con motivo de la construcción del nuevo aeropuerto, es la realización de un conjunto de obras hidráulicas que requiere la ciudad de México desde hace varias décadas, encaminadas a mejorar el sistema de drenaje de la zona metropolitana y evitar inundaciones. Entre ellas: la construcción del Túnel Churubusco Xochiaca y del túnel Chilmahuacán II; el entubado del Río de la Compañía; la conservación de los cuerpos de agua más importantes del Lago de Texcoco; la construcción de 24 plantas de tratamiento de aguas; el saneamiento de 9 ríos de la zona oriente y la construcción de nuevos cuerpos de agua en la zona para contener el agua de lluvias extraordinarias, tres veces más que los actuales cuerpos de agua que realizan esta función.

SEXTA.- Diversas opiniones se han generado respecto del hallazgo de vestigios arqueológicos en la zona del vaso del Lago de Texcoco. De acuerdo con fuentes informativas, el 14 de junio, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México informó que, durante excavaciones, se han encontrado vestigios antiguos en 28 puntos del terreno, que, según precisión del INAH, arrojaron la existencia de tiestos erosionados, fragmentos de lasca de sílex y obsidiana, basaltos, restos cerámicos y lítico, fragmentos de cajetes y ollas, navajillas en obsidiana verde y lascas de desecho en obsidiana gris. No obstante, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha informado que hacia el segundo semestre de 2016, podría contar con elementos, para emitir una opinión técnica respecto de los vestigios que han sido localizados en el sitio.

SÉPTIMA.- Para ello, diseñó un programa de trabajo compuesto de 15 etapas. Actualmente está en la fase de investigación, la cual permitirá, después del análisis de laboratorio, determinar el valor arqueológico, histórico y paleontológico de los bienes localizados. Investigaciones previas realizadas en el Lago de Texcoco por el arqueólogo por la Universidad de Michigan, Jeffrey R. Parsons, permitieron identificar más de mil lugares con restos arqueológicos y paleontológicos, en donde se recuperaron más de 10 mil objetos prehispánicos y, en su opinión, “Sería importante ir hacia (la localidad de) Texcoco y todo el oriente de la zona. Nosotros reconocimos 22 kilómetros cuadrados en la parte central del Lago (de los más de 44 kilómetros cuadrados), así que aún faltan zonas por explorar, como Ateneo y Nexquipáyac, sitios que hasta hoy son completamente desconocidos” (Excélsior, 13 de abril de 2015, artículo de Juan Carlos Talavera).

OCTAVA.- Cabe destacar que distintos especialistas han señalado la posibilidad que, en el territorio denominado Mesoamérica, fuera habitado por entre cinco y diez millones de personas antes de la llegada de los españoles a las costas del actual Estado de Veracruz. Esta circunstancia lleva a la conclusión de que en la superficie y en el subsuelo yacen una gran cantidad de objetos de vida cotidiana, edificaciones, tumbas, caminos y demás objetos que facilitaron a las civilizaciones antiguas el desarrollo de sus actividades normales. El Valle de México en su conjunto no es la excepción, donde además abundan vestigios y restos de bienes muebles e inmuebles históricos.

NOVENA.- Esta gran bastedad de bienes de valor cultural esparcidos por gran parte del territorio nacional, incluidas zonas urbanas y vías de comunicación, ha llevado a las instituciones a establecer programas de salvamento arqueológico que, en México, se han desarrollado por más de cuarenta años. El fundamento de tales programas, es el reconocimiento de que todos los bienes constituyen elementos de investigación que aportan información relevante para el conocimiento de las culturas pretéritas. Sin embargo, cabe destacar que los objetos y edificaciones no siempre presentan las mismas condiciones de oportunidad para su conservación, en particular, cuando se trata de vestigios o restos localizados en zonas muy urbanizadas o en el contexto de desarrollos de infraestructura. En virtud de lo anterior, la finalidad es realizar el salvamento, en lo posible, de aquellos bienes que podrán entrar en los esquemas de protección y conservación institucional.

DÉCIMA.- El salvamento arqueológico es un formato de intervención especial cuando se realizan obras tales como carreteras, obras hidráulicas y de servicios o construcción de inmuebles, entre otras. A través del mismo, se documenta los vestigios hallados, se toman datos de carácter científico, se generan la reproducción en imagen y video necesarias y, al final, se recuperan los bienes susceptibles de recolectarse y, en el caso de estructuras, se vuelven a cubrir. La actuación de los arqueólogos especializados se basa, por una parte, en la localización de vestigios al momento de la realización de las obras de infraestructura y, en otras ocasiones, en los testimonios documentales e históricos respecto de la existencia de asentamientos de ciudades o pueblos a que hacen referencias relatos, mitos o crónicas y que han sido ocupados por las grandes urbes de nuestro tiempo y sus vías de comunicación.

DÉCIMA PRIMERA.- Cabe señalar que existe una larga tradición de ciudades míticas que se presume existieron en algún tiempo y lugar, muchas de estas referencias han sido identificadas por arqueólogos con ciudades existentes, como en el caso de Teotihuacán o Tula. No obstante, es de señalarse que muchas otras no han sido plenamente identificadas o, cuando menos, no hay elementos científicos que permitan afirmar tal descubrimiento. Entre ellas, podemos señalar a la ciudad de Temocachán, la cual se localiza según las crónicas donde se yerguen dos grandes pirámides, al norte de la actual ciudad de México (León-Portilla, Miguel, en el mito y en la historia, Arqueología Mexicana, número 67, mayo-junio, 2004). Lo mismo ocurre con la mítica ciudad de Aztlán, de donde se supone son originarios los mexicas como lo relata el Códice Ramírez.

DÉCIMA SEGUNDA.- Es de señalarse que, a pesar de las referencias contenidas en las crónicas sobre la existencia de ciudades y pueblos en diferentes zonas del territorio nacional, no se cuenta con datos que permitan presumir su existencia de vestigios en el vaso del Lago de Texcoco, aunque sí en las inmediaciones de lo que fue el lago en su momento. Lo anterior en virtud de lo expuesto por la Senadora proponente, respecto de la posible existencia de zonas arqueológicas en el lugar en donde se llevan a cabo las obras de nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Hasta ahora, se sabe del descubrimiento de un basamento del alrededor de diez metros cuadrados, en el cual se encontró una ofrenda con vasijas de barro y estatuas de jadeíta en lo que probablemente era un altar.

DÉCIMA TERCERA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura reconocen la dificultad que ofrece el desarrollo de infraestructura en cualquier parte del territorio nacional, precisamente por la existencia de vestigios arqueológicos, pues México es sede de las llamadas civilizaciones originarias del mundo. En esa virtud, es admisible considerar que el desarrollo urbano ha sido un factor que, sin proponérselo, genera circunstancias encontradas respecto de la conservación y preservación de bienes arqueológicos e, incluso, históricos. No obstante, las políticas implementadas por el INAH a lo largo de su historia, a través del salvamento arqueológico, permiten documentar e investigar elementos culturales que, muchas veces, no es posible conservar.

DÉCIMA CUARTA.- Sin embargo, estas comisiones tienen la convicción de que esta circunstancia no se ha presentado en sitios que han sido declarados como zonas de monumentos arqueológicos o históricos, sino en lugares en donde el desarrollo de infraestructura y servicios topa con elementos culturales de épocas pretéritas. De hecho, la zona arqueológica conocida como el Templo Mayor, no dejó de ser objeto de un amplio debate dado que, en su proceso de investigación y puesta en valor, fue necesario remover algunos inmuebles de valor históricos de esa zona. No obstante, en el caso del vaso del Lago de Texcoco, sin duda es necesario estar atentos al desarrollo de los trabajos de salvamento arqueológico a fin de obtener y rescatar la mayor información científica posible sobre las culturas pretéritas que interactuaron en esa zona.

Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 del artículo 95 y en los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia presentar a esta Soberanía un informe pormenorizado de los trabajos de salvamento arqueológico en la zona en donde se edificada el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, así como los avances de la investigación sobre los vestigios arqueológicos, históricos y paleontológicos localizados en la zona.

Salón de comisiones del Senado de la República, a 24 de noviembre de 2015.

POR LA COMISION DE CULTURA

Sen. Blanca Alcalá Ruiz, Presidenta.- Sen. Javier Lozano Alarcón, Secretario.- Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, Secretario.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Gerardo Sánchez García.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame la Secretaría.

Sonido en el escaño del Senador Armando Neyra Chávez.

El Senador Armando Neyra Chávez: (Desde su escaño) Por favor, mi voto a favor de la anterior votación, porque tuve una necesidad.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se toma registro de su voto a favor del anterior dictamen, por supuesto Senador Neyra Chávez.

Continúe la Secretaría.





 

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Uno más, por el que se invita al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a participar en una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República, con el objeto de conocer la propuesta del titular del Ejecutivo Federal, de crear la Secretaría de Cultura.

COMISIÓN DE CULTURA

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE CULTURA

H. ASAMBLEA:

Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con punto de Acuerdo en relación  con los recursos etiquetados como proyectos culturales y para citar a una reunión de trabajo al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del 10 de septiembre de 2015, mediante oficio n° DGPL-1P1A.-690, el vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó proposición con punto de Acuerdo del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incrementar en un 25 por ciento los recursos destinados para cultura en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.

2. En esa misma fecha, con oficio n° DGPL-1P1A.-669, suscrito también por el Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, se turnó a la Comisión de Cultura la proposición con punto de Acuerdo del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita un incremento de recursos destinados para cultura en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.

3. Por disposición de la Mesa Directiva, los resolutivos coincidentes de ambos puntos de Acuerdo, numerales 1 y 2, relativos al presupuesto, se turnaron de manera directa a la Cámara de Diputados. El primer resolutivo por tratarse de una solicitud de incremento de recursos para el sector cultural, en un caso del 25 por ciento y, en otro, del 50 por ciento, precisamente por la competencia de este órgano del Poder Legislativo en materia presupuestal.

4. El segundo resolutivo de ambos puntos de Acuerdo, también se turnó por la Presidencia de la Mesa Directiva a la Cámara de Diputados, en virtud de tratarse del establecimiento de mecanismos de control presupuestal y transparencia, a fin de evitar subejercicios en el subsector y lograr una aplicación transparente de los recursos etiquetados a estados, municipios y organizaciones de la sociedad civil.

5. Aunque similares en su estructura, las dos propuestas tiene diferencias en los resolutivos: en uno convoca a un foro en donde participen representantes del sector artístico y cultural, además de instituciones gubernamentales para revisar el presupuesto asignado al desarrollo cultural y plantear un enfoque estratégico de la cultura en términos de la cohesión social y la reconstrucción del tejido social.

6. El resolutivo cuarto, que aparece únicamente en el documento turnado a la comisión con el n° DGPL-1P1A.-690, se añade la solicitud que exhorta al titular del Ejecutivo a que explique las razones para la creación de la Secretaría de Cultura, sus alcances, y beneficios.

7. Ambas proposiciones fueron distribuidas en su oportunidad entre los integrantes de la Comisión de Cultura para los efectos del numeral I del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República.

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

El Senador proponente de las dos resoluciones con punto de Acuerdo, expresa su preocupación sobre la insuficiencia del presupuesto asignado al subsector cultural para el logro de sus objetivos, los mecanismos de asignación presupuestal y la forma en que la cultura puede servir como un medio de prevención y combate a la delincuencia. Para ello, solicita un incremento del presupuesto asignado al sector cultural, toda vez que, para el año de 2015 fue objeto de una disminución respecto del año de 2012: de 17 mil 393.3 millones de pesos a 15 mil 373.3 millones de pesos.

Además de la reducción presupuestal de que fueron objeto las instituciones agrupadas en el subsector cultural, el autor hace referencia a fuentes informativas respecto del procedimiento de etiquetado de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación a cargo de los diputados que, en algunas ocasiones, se trata de proyectos que no se llevan a cabo o quedan inconclusos. En este sentido señala sobre 20 proyectos que, a decir del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, no reclamaron su apoyo, lo que propició un subejercicio de 54 millones 631 mil pesos.

También se refiere a las protestas que diversos miembros de la comunicada artística y cultural del país han hecho al titular del Ejecutivo, a través de una carta, en la que se le solicita restituir el presupuesto asignado al sector cultural para continuar proyectos y programas artísticos suspendidos durante el primer semestre. La carta basa su argumentación en el reconocimiento de la cultura como un derecho humano garantizado por el artículo 4° constitucional, lo cual constituye un medio para mejorar la calidad de vida y convivencia de los ciudadanos, además de ser “un garante de la libertad y el desarrollo democrático y una herramienta fundamental para superar la pobreza y la inseguridad”.

El promovente considera que, en los recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de cada año, existe una falta de control y transparencia en la asignación de los recursos para el desarrollo de proyectos en estados y municipios e, incluso, en los que entregan a organizaciones de la sociedad civil que no son donatarias autorizadas. Los recursos se asignan, a decir del promotor, sin expedientes técnicos o sobre proyectos inexistentes, lo cual conduce al subejercicio de recursos públicos.

En el contexto del presupuesto de base cero, se ha informado sobre la fusión de cinco programas vigentes cuya ejecución se realizaba de manera coordinada entre las instituciones federales y estatales de cultura. Estos son: Ciudades patrimonio,    Programa de apoyo a comunidades para restauración de monumentos y bienes   artísticos de propiedad federal, apoyo a instituciones estatales de cultura, apoyo a infraestructura cultural de los estados y el Programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias. Estos programas quedarán enmarcados en el programa de apoyos a la cultura dentro del Presupuesto de Egresos, precisamente en el apartado en donde, tradicionalmente, aparecían la relación de proyectos de cultura etiquetados por los diputados.

El senador se pronuncia por implementar reglas y mecanismos de control para la asignación de recursos a estados, municipios y organizaciones que permitan transparentar su ejecución y favorecer de manera efectiva su contribución a la reconstrucción del tejido social del país y a la cohesión social.

Por ello, propone, además del incremento de los recursos al sector cultural, llevar a cabo un Foro de Cultura que permita un diálogo entre gremios y organizaciones con los representantes de las instituciones de prevención del delito y combate a la delincuencia, para lograr un acuerdo estratégico que permita hacer un programa de concurrencia de recursos para la cultura como medio de comunicación con la sociedad, de nuestra historia y valores sociales. Y en ese sentido se señala que, el 2 de septiembre, en ocasión al mensaje presidencial con motivo del 3° informe de gobierno, se anunció la propuesta de crear la Secretaría de Cultura, hecho que lleva a la reflexión sobre su justificación y beneficios.

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- El fenómeno de los recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación destinado a actividades culturales, ha tenido diferentes consecuencias que debe ser analizadas detenidamente pues constituye una alternativa de acceso a recursos públicos para el desarrollo de proyectos inversión, restauración, conservación, promoción, difusión, capacitación y demás opciones posibles en el universo de la acción cultural por una vía diferente a su solicitud a través de las instituciones públicas del Ejecutivo.

SEGUNDA.- Esta asignación de recursos a cargo de los diputados se lleva a cabo con base en las facultades que les confiere la fracción IV del artículo 74 constitucional, conforme a la cual, corresponde a la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo. Con base en ello, los diputados, con la aprobación de su asamblea, asignan recursos para diferentes programas, entre ellos, en el anexo del PEF denominado Proyectos de Cultura.

TERCERA.- Se trata de una asignación presupuestal a proyectos registrados previamente por la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, cuyos proponentes deben llenar un registro y presentar un proyecto para ser considerados dentro de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año. En virtud de que la asignación presupuestal no puede ser administrada desde la Cámara de Diputados, los recursos son entregados a los beneficiarios de los recursos, etiquetados para Proyectos de Cultura, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, organismo que con los años generó un procedimiento para ajustar las entregas de recursos con base en las disposiciones fiscales a que debe sujetarse todo tipo de proyectos que se realice con recursos públicos de orden Federal.

CUARTA.- No obstante, es de señalarse que muchos de los proyectos no cuentan con una adecuada fiscalización respecto a la aplicación de los recursos, ni los propósitos de los mismos están alineados con objetivos de la política pública en la materia. Incluso, se entregaban comprobantes del ejercicio del gasto, pero no una evaluación de impacto sobre la realización de las actividades. Cabe destacar que algunas de las actividades a que se da lugar, obedecen más a gestiones directas con legisladores en lo individual, que a un diseño de acciones y programas sistematizados y alineados con los planes estatales o federales en la materia.

QUINTA.- Es correcto señalar que el presupuesto asignado a las instituciones de cultura se ha modificado en sus montos entre los años de 2011 y 2014, pero esto se debe a diferentes impactos y presiones presupuestales, entre ellas, la rehabilitación de la Cineteca Nacional y los Estudios Churubusco, además de la creación del Centro Cultural Elena Garro o la habilitación de la Ciudad de los Libros en la Ciudadela, proyectos de la pasada administración de gobierno que, a la fecha, se están concluyendo y cerrando sus números definitivos. El esquema presupuestal presenta las siguientes asignaciones anuales:

DEPENDENCIA

PEF AÑO 2011

PEF AÑO 2012

PEF AÑO 2013

PEF AÑO 2014*

INAH

3 168 781 445

3 279 665 185

3,391,670,337

3,520,581,433

INBA

2 389 809 605

2 689 949 986

2,885,877,757

2,856,540,144

RADIO EDUCACION

82 838 248

92 660 954

97,320,826

53,441,249

CONACULTA

5 436 947 850

5 627 241 025

9,127,023,338

5,260,422,502*

CCC

58 772 816

71 596 426

75,671,036

42,985,983

CECUT

94 876 358

121 595 053

109,677,646

93,094,680

EDUCAL

50 913 282

63 818 479

64,995,939

54,639,217

ESTUDIOS CHURUBUSCO

64 284 011

105 197 101

128,391,358

79,264,493

FID. CINETECA NACIONAL

61 604 332

155 018 086

47,366,594

47,813,246

FCE

202 144 741

258 628 561

247,747,545

237,756,224

IMCINE

356 154 945

368 617 714

   374,575,584

343,680,202

CANAL 22

232 670 248

245 853 220

231,458,278

200,986,795

Total

12,199,797,881

13,079,841,790 *

16,781,776,238

12,830,103,676

SEXTA.- Es de señalarse que las variaciones presupuestales entre los años de 2013 y de 2014 están relacionadas con el impacto que hace la suma de recursos etiquetados en el presupuesto asignado al CONACULTA, la cual se incluye en la integración presupuestal. De la misma forma, las situaciones de no ejercicio de estos recursos implican que los subejercicios por los mismos, sean motivo de observación a dicha institución, cuando lo ejecutores directos del gasto son aquellos que fueron designados desde la Cámara de Diputados.

SÉPTIMA.- En un boletín informativo emitido por el Grupo Parlamentario de la Cámara de Diputados del que forma parte el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, se indica que la cantidad de recursos solicitados para este año, por parte de instituciones estatales, municipales y organizaciones de la sociedad civil, alcanza un monto superior a 32 mil millones de pesos, correspondientes a tres mil 439 proyectos registrados en el marco de la convocatoria lanzada por la Comisión de Cultura y Cinematografía que cerró el 28 de octubre de este año.

Todos los aspirantes debieron atender y cumplir los criterios y trámites para ser elegibles a la obtención de recursos etiquetados, entre ellos:

• Solamente serán apoyados aquellos proyectos estrictamente culturales y artísticos que justifiquen y fundamenten la utilidad social de las actividades culturales a desarrollar.

• Las atribuciones legales del CONACULTA, se refieren únicamente a aspectos culturales y artísticos, por lo que no se apoyarán proyectos de naturaleza distinta a sus objetivos institucionales.

• Es importante entregar toda la documentación e información solicitada, a fin de facilitar la adecuada gestión y agilizar el pago de los recursos autorizados.

• El nombre y monto del proyecto cultural deberá coincidir con la información señalada en el Anexo 39.1 del PEF 2015 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2014.

• Es necesario presentar el presupuesto calendarizado y desglosado, detallando cada concepto, los bienes y servicios a contar o adquirir y su monto.

• Los beneficiarios que obtuvieron recursos otorgados por el CONACULTA en años fiscales anteriores, deberán comprobar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en materia de rendición de cuentas, señaladas en el instrumento jurídico de dichos apoyos.

• Para asegurar la confidencialidad de la solicitud, solamente se otorgará información al titular o representante legal de la institución o a la persona que designen de manera oficial.

• Si el proyecto es de infraestructura cultural y se consideran recursos para construcción, rehabilitación, remodelación, mantenimiento y equipamiento de espacios culturales, deberá acreditarse documentalmente la propiedad del inmueble.

• Para proyectos relacionados con inmuebles de carácter histórico o artístico, deberá presentarse la autorización correspondiente del INAH o el INBA.

• Se deberá abrir una cuenta bancaria, exclusiva para el manejo de los recursos otorgados para el desarrollo del proyecto y asegurarse de mantenerla activa para facilitar el depósito de los recursos.

• La SHCP requiere un tiempo perentorio para otorgar los recursos autorizados.

• El representante legal de una organización de la sociedad civil, deberá presentar, además del resto de la documentación solicitada:

• La Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las OSC (CLUNI) y el comprobante de presentación del Informe Anual 2014 ante el INDESOL.

• El oficio de autorización de la SHCP para recibir donativos deducibles de impuestos para el ejercicio fiscal correspondiente, dentro de la clasificación otorgada por el SAT a las asociaciones dedicadas a actividades culturales y artísticas (Artículo 95 Fracción XII Ley del ISR).

• Acreditar que su objeto social se refiere a actividades culturales y artísticas, conforme lo señalado en las fracciones III y IV del Art. 97 de la Ley del ISR.

• Acuse de opinión del SAT, relativo al cumplimiento favorable de sus obligaciones fiscales.

OCTAVA.- Es de señalarse que todas las asignaciones presupuestales a Proyectos de Cultura que se hacen en el PEF, en principio, tienen como base la existencia de un proyecto que sustenta tal asignación y responsables directos de la ejecución del gasto. También representa una oportunidad para que instituciones, estatales, municipales y organizaciones de la sociedad civil desarrollen proyectos financiados por una vía distinta al de los programas normales de operación del CONACULTA y de las instituciones que coordina. Es de señalarse que los proyectos realizados en el año de 2013 por la vía de los etiquetados representó el financiamiento a 803 proyectos de un total de 905 considerados (89% del total) y un gasto equivalente a $3,590.3 millones de pesos entregados (92% de los recursos asignados). La diferencia, equivalente al 8% del presupuesto para este programa para ese año, no fue posible ejercerla debido a diversas causas, entre las que destacan, relevos en las administraciones municipales, provocando el rechazo a la recepción del recurso; renuncia directa de los beneficiarios a sus proyectos; proyectos no alineados a fines culturales; cuantiosas fe de erratas en la formulación de proyectos e incumplimiento de los beneficiarios de los requisitos fiscales; entre otros.

NOVENA.- Como la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados únicamente abre una convocatoria y registra los proyectos susceptibles de recibir financiamiento, siempre que cumplan con los requisitos establecidos, los proyectos elegidos tienen poca relación entre ellos, por lo cual, difícilmente pueden cumplir un propósito distinto al objeto concreto de la solicitud; esto es, que la suma de los proyectos contribuye a los propósitos que sugiere el proponente en términos del restablecimiento del tejido social o crear opciones para que la población joven no se exponga a situaciones de violencia a partir de las decisiones que toma.

DÉCIMA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura de la Cámara de Senadores son de la opinión de que la asignación de recursos etiquetados a proyectos culturales, constituye una facultad de la Cámara de Diputados de la que esta colegisladora no puede sino externar sus inquietudes respecto de su aplicación y fiscalización de recursos, con base en el respeto y cortesía parlamentaria que debe prevalecer entre ambas cámaras del Congreso de la Unión. No obstante, recogen la propuesta de reflexionar en torno a la creación de la nueva dependencia que tendrá como función sustantiva la atención especializada al desarrollo cultural del país.

Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 del artículo 95 y en los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se invita al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para que participe en una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República con el objeto de conocer la propuesta del titular del Ejecutivo de crear la Secretaría de Cultura.

Salón de comisiones del Senado de la República, a 24 de noviembre de 2015.

POR LA COMISION DE CULTURA

Sen. Blanca Alcalá Ruiz, Presidenta.- Sen. Javier Lozano Alarcón, Secretario.- Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, Secretario.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Gerardo Sánchez García.





 

En torno al Parque Natural Molino de Flores, Nezahualcóyotl.

COMISIÓN DE CULTURA

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE CULTURA

H. ASAMBLEA:

Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia a realizar los trabajos de restauración del conjunto de edificaciones de la exhacienda Molino Flores y a promover ante el Ejecutivo su declaratoria como zona de monumentos históricos.

ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del 22 de septiembre de 2014, el Senador Francisco Salvador López Brito del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó, ante el Pleno del Senado de la República, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia a realizar los trabajos de restauración del conjunto de edificaciones de la exhacienda Molino Flores y a promover ante el Ejecutivo su declaratoria como zona de monumentos históricos.

2. La proposición fue registrada ante la Mesa Directiva con la denominación siguiente: proposición con punto de Acuerdo mediante el cual el H. Senado de la República exhorta, respetuosamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de su Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, a que, en ejercicio de las atribuciones conferidas a dichas entidades, realicen las diligencias necesarias para ejecutar una restauración mayor de los diferentes edificios que constituyen las ruinas de lo que fue la hacienda “Molino de Flores”, ubicados dentro del Parque Nacional Molino de Flores en el Municipio de Texcoco, Estado de México. Así mismo se exhorta al INAH para que tenga a bien proponer al Ejecutivo Federal se expida la declaratoria de zona de monumentos históricos para el ya mencionado parque. Aunado a lo anterior, se exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que, en atención a sus obligaciones jurídicas, procuren la protección, conservación, restauración y desarrollo del Parque Nacional en comento. Por último se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y en ejercicio de sus atribuciones, etiquete presupuesto a favor de la recuperación del parque que nos ocupa.

3. La proposición fue fundada en términos del artículo 8, numeral 1, fracción II, así    como en el artículo 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la Republica.

4. La proposición fue turnada en esa misma fecha por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores a la Comisión de Cultura del Senado de la Republica para su estudio y dictamen.

5. La presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia de la proposición con punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida y para los efectos del numeral 1 artículo 183 del Reglamento del Senado de la República.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

El Senador Francisco Salvador López Brito propone emitir una resolución para que diversas autoridades del orden Federal de Gobierno, participen en la restauración integral de la exhacienda Molino de Flores, conjunto de inmuebles arquitectónicos rodeados por un parque nacional con el mismo nombre, cuyas instalaciones, siglos atrás, fueron utilizada para diversas actividades económicas, entre ellas, la producción de paños y telas, como molino de trigo y para la producción de pulque. El conjunto de inmuebles fue construido y modificado a lo largo del tiempo, desde el año de 1567, en que inicia su construcción, hasta presumiblemente el año de 1892, cuando fue terminada la hacienda.

La exhacienda Molino de Flores es actualmente un lugar atractivo para la visita familiar con una afluencia constante cada semana (7 mil personas), en especial, durante los fines de semana feriados (hasta 20 mil personas). No obstante, es de señalarse que sus instalaciones presentan serios problemas de conservación; aunque los vestigios resultan atractivos a la visita, existen muros de habitaciones que se derrumbaron en otros momentos, probablemente durante la etapa de la Revolución, cuando campesinos de la región incendiaron y destruyeron las instalaciones.

Este es el caso de la casa principal, la cual no tienen techos ni escaleras y de la que se aprecian algunos elementos de madera incrustados en las paredes. Lo mismo ocurre con la edificación conocida como la Casa I, de la cual queda únicamente la fachada y que, en el tiempo, puede representar un riesgo para la visita pública. Asimismo, se llevan a cabo actividades de gastronomía en diferentes locales, los cuales no presentan una estructura uniforme, sino que constituyen un elemento ajeno a la visual general de los inmuebles.

Actualmente, refiere el autor de la propuesta, las actividades que se realizan en la derruida exhacienda Molino de Flores alcanzan 1 millón 589 mil pesos en las semanas normales y hasta 4 millones 540 mil pesos en semanas feriadas. Por ello, considera, que de llevarse a cabo la restauración integral del sitio, la derrama económica podría incrementarse en un 300 por ciento, información sustentada en el Diagnóstico integral de conservación del Parque Nacional Molino de Flores, Texcoco, Estado de México de la Arquitecta Adriana Fernández Landero y otros.

Por ese motivo, subraya el proponente, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia realice las diligencias necesarias para ejecutar una restauración mayor de los diferentes edificios que constituyen las ruinas de lo que fue la Hacienda “Molino de Flores”; que el Instituto Nacional de Antropología e Historia proponga al Ejecutivo Federal la declaratoria de Zona de Monumentos Históricos para el Parque Nacional Molino de Flores; que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, procuren la protección, conservación, restauración y desarrollo del Parque Nacional y el Titular del Ejecutivo Federal instruya a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que, en ejercicio de sus atribuciones, incremente o etiquete presupuesto a favor de la recuperación del Parque Nacional Molino de Flores.

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- El marco jurídico al que se adscriben los bienes identificados como de interés nacional por sus cualidades culturales, bajo las figuras de monumentos y zonas de monumentos, a través de la Ley Federal que regula la materia, les confiere una condición jurídica que, en el caso de los bienes arqueológicos, los hace propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles y, en el caso de los bienes artísticos y los bienes históricos, los sujeta a modalidades de uso, conservación y traslado de dominio con el propósito esencial de garantizar su salvaguarda, con independencia de si se trata de bienes públicos o de propiedad particular. La Ley sienta las bases de una Política de Estado sustentada en el interés social y el orden público, privilegiando la acción gubernamental en la defensa de los elementos que se considera son la expresión de la historia, identidad e idiosincrasia nacionales.

SEGUNDO.- De conformidad con la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, los monumentos históricos son aquellos que están relacionados con la historia de la nación a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país. Adquieren la condición de monumentos por determinación de la ley o por declaratoria. Son monumentos históricos por determinación de ley los inmuebles construidos entre los siglos XVI al XIX destinados a templos y y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares.

TERCERA.- Los bienes inmuebles incorporados al régimen de protección por declaratoria, requieren de cubrir el procedimiento establecido por la ley, mediante el cual, el titular del Ejecutivo o el Secretario de Educación Pública, emiten la declaratoria correspondiente a partir del expediente que el Instituto haya integrado, en donde se reúnen los elementos de valoración de carácter técnico e histórico que sustentan la declaratoria del inmueble de que se trate. Es de señalarse que, conforme lo establece la Ley General de Bienes Nacionales, en el caso de los inmuebles históricos propiedad de la Nación, tienen la condición de bienes de dominio público susceptibles de concesión, permiso o autorización de uso o, incluso, de acuerdo a la Ley Federal sobre Monumentos, de cambio de destino mediante decreto del Ejecutivo Federal, lo cual, no significa que pierdan su condición de monumento y, en cualquier caso, bajo la opinión del propio instituto.

CUARTA.- El conjunto de edificaciones que integran la exhacienda Molino de Flores han sido catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como un conjunto único con calidad de monumento histórico, en la inteligencia de que fue incluido en el Catálogo Nacional de Monumentos a cargo de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El INAH tiene documentado y con número de calve los casos de: la tienda de raya, el tinacal y horno; la capilla de San Joaquín; la Casa Grande; el  Colegio y la casa de visita; la casa de máquinas; la troje 1; la casa de peones; los arcos, acueducto y pozo de carga; la Capilla del Señor de la Presa; y el Puente. Cada uno de ellos señalado en términos de su uso, entre los que destacan el uso religioso, museo, habitaciones (oficinas), y ruinas.

QUINTA.- Es de señalarse que la exhacienda Molino de Flores fue declarada Parque Nacional por el entonces Presidente Lázaro Cárdenas, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 5 de noviembre de 1937, cuya  finalidad fue proteger el sitio, además de los vestigios arqueológicos del llamado “Baño de Netzahualcóyotl” y el bosque en la zona para beneficio de la población residente en el municipio de Texcoco, Estado de México. La superficie que integra el Parque Nacional es de 50.22 hectáreas en terrenos de propiedad federal y ejidal. Actualmente el Parque Nacional es administrado por el ayuntamiento de Texcoco y a su cargo están cualquier resolución administrativa, salvo en lo referente a las intervenciones o mantenimiento en los inmuebles del conjunto de la exhacienda, toda vez que, por disposición de ley, toda intervención que se realice en los mismos, deberá ser autorizada por el INAH.

SEXTA.- Cabe señalar que conforme al cuarto párrafo de la Ley de Bienes      Nacionales, “Cuando los inmuebles federales considerados como monumentos arqueológicos, históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la          declaratoria correspondiente, se encuentren dentro de la zona federal marítimo terrestre, de los terrenos ganados al mar, de las áreas naturales protegidas o de cualquiera otra sobre la cual, conforme a las disposiciones legales aplicables, corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ejercer sus atribuciones, ambas dependencias deberán establecer conjuntamente los mecanismos de coordinación que correspondan”.

SÉPTIMA.- No obstante lo anterior, el 3 de noviembre de 1995, la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca suscribió un acuerdo de coordinación con el Gobierno del Estado de México, cuyo objeto es establecer las bases mediante las cuales esta dependencia del Ejecutivo, por conducto del Instituto Nacional de Ecología, transfiere al Gobierno de dicho Estado, la administración de diversos parques nacionales ubicados dentro de su territorio. Con base en ese acuerdo se transfirió indefinidamente la administración y mantenimiento de diferentes parques nacionales, entre ellos, el parque “Molino de Flores Nezahualcóyotl”. El numeral 5 de la cláusula quinta establecer que el Gobierno del Estado se compromete a: Dar mantenimiento y conservar en buenas condiciones de uso las instalaciones y bienes con que cuentan "Los Parques", mismos que de conformidad con el presente instrumento se le transfieren, quedando bajo su custodia y operación.

OCTAVA.- Asimismo, el numeral 7 de la misma cláusula señala que las autoridades del Estado realizarán las gestiones conducentes a efecto de que los gobiernos municipales de la entidad y los grupos de ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, concesionarios, permisionarios y en general de cualquier otra índole, que se     encuentren asentados en "Los Parques" participen conjuntamente con él en las labores de administración a que se refiere el presente instrumento. Sin duda, la participación de la sociedad constituye uno de los elementos de mayor eficacia para la conservación de los bienes culturales y naturales, no obstante, por la naturaleza histórica de las edificaciones de la exhacienda y su estado de conservación, hacen necesaria la intervención de la autoridades de los tres órdenes de gobierno para llevar a cabo su restauración integral.

NOVENA.- Una empresa como la restauración integral de la exhacienda Molino de Flores, debe ser estudiada desde la perspectiva científica y técnica, en virtud de las edificaciones que integran el conjunto, han sido intervenidas en diferentes momentos de la historia y, en muchos casos, no responden a su diseño y materiales originales. Asimismo, de otras, son quedan vestigios de las originales, lo cual plantea la imposibilidad de su restauración, a fin de respetar las tendencias internacionales de la conservación de los monumentos.

DÉCIMA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura descartan la posibilidad de proponer la declaratoria de zona de monumentos, en virtud de que el sitio constituye una unidad y, fuera del mismo, no existen otro monumento asociado que guarde una relación histórica, arquitectónica o cultural con el mismo. De hecho, la condición jurídica del conjunto de inmuebles no cambiaría, pues ya es considerada monumento histórico por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo que sujeta a Molino de Flores al régimen de protección como lo establece la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Cabe destacar que la zona cuenta con una declaratoria de Parque Natural, lo que permite su protección desde una perspectiva de conjunto, es decir, con base en sus valores culturales, a cargo del INAH, y naturales, bajo la coordinación de las instituciones de la entidad.

DÉCIMA PRIMERA.- Con respecto al exhorto que hace el proponente a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas para que procure la conservación, restauración y desarrollo del Parque Nacional de Molino de Flores Nezahualcóyotl, esta dictaminadora considera que deben prevalecer los términos del Acuerdo de Coordinación suscrito entre la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y el Gobierno del Estado de México, en el cual se establecen obligaciones para cada una de las partes y, en ese sentido, consideran debe realizarse el exhorto. Con esa finalidad se citan los términos de la cláusula cuarta:

CUARTA.- Para el cumplimiento del presente Acuerdo, la "SEMARNAP" por conducto del Instituto Nacional de Ecología y la Delegación Federal de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en el Estado de México se compromete a:

1. Entregar al "Gobierno del Estado" para su administración "Los Parques" con las instalaciones y bienes muebles e inmuebles con que cuenten, los cuales quedarán bajo su guarda y custodia para su operación.

2. Supervisar y evaluar las acciones de administración que se lleven a cabo en "Los Parques".

3. Aprobar y, en su caso, expedir conforme a la legislación aplicable en la materia el programa de manejo de cada uno de "Los Parques".

4. Evaluar y, en su caso, aprobar el programa de trabajo que le presente anualmente el "Gobierno del Estado", para la realización de las acciones que se llevarán a cabo en cada uno de "Los Parques".

5. Dar a conocer oportunamente al "Gobierno del Estado" los lineamientos y criterios ecológicos que se determinen para la administración de "Los Parques", a efecto de que los considere en la elaboración anual del programa de trabajo y en la ejecución de las acciones derivadas del mismo.

6. Otorgar el apoyo y la asesoría técnica que requiera el "Gobierno del Estado" en la elaboración y ejecución de los programas de manejo y anuales de trabajo.

7. Proporcionar al "Gobierno del Estado" los detalles de la superficie, infraestructura, bienes materiales e insumos que con motivo del presente Acuerdo de Coordinación se le transfieren.

8. Entregar al "Gobierno del Estado" una relación detallada de las concesiones, permisos, licencias, contratos y convenios que existan en "Los Parques" con terceras personas, respecto de la prestación de servicios, explotación comercial o de cualquier otra naturaleza jurídica, así como copia de los estudios, proyectos y demás documentos existentes relacionados con dichas áreas naturales.

9. Proporcionar asistencia técnica al personal encargado de realizar las actividades concernientes en materia forestal.

10. Promover acciones de difusión a nivel nacional y estatal en las que se resalten las actividades de conservación y desarrollo que se ejecuten en "Los Parques", a efecto de propiciar un mayor interés por los mismos y la cultura ecológica en general.

11. Promover la participación de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como de los sectores social y privado interesados en la conservación, protección y desarrollo de "Los Parques", en especial de instituciones dedicadas a la investigación y la educación superior, a efecto de que desarrollen actividades de investigación científica, monitoreo ambiental, capacitación, educación y asesoría técnica, y apoyen la ejecución de programas ecoturísticos que generen empleos en beneficio de los habitantes de la zona.

12. Asignar a los trabajadores que actualmente presten sus servicios en "Los Parques" para que continúen haciéndolo en apoyo al "Gobierno del Estado" en sus labores de administración.

Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 del artículo 95 y en los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de México y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evaluar los términos y resultados del acuerdo de transferencia de la administración de diversos parques nacionales ubicados en esa entidad específicamente para el caso del Parque Natural Molino de Flores Nezahualcóyotl.

SEGUNDO.- Se solicita respetuosamente a las autoridades de la Secretaría de Cultura del Estado de México, del ayuntamiento de Texcoco y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hacer un diagnóstico sobre el estado de conservación de la exhacienda Molino de Flores y una estimación del costo de su restauración integral.

TERCERO.- Se solicita respetuosamente que los resultados de la evaluación del acuerdo y del diagnóstico y estimación de costo de la restauración integral de la exhacienda Molino de Flores a que hacen referencia los resolutivos previos, sean informados a esta soberanía.

México, D.F., a 24 de noviembre de 2015

POR LA COMISION DE CULTURA

Sen. Blanca Alcalá Ruiz, Presidenta.- Sen. Javier Lozano Alarcón, Secretario.- Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, Secretario.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Gerardo Sánchez García.





 

También tenemos los siguientes dictámenes con puntos de Acuerdo de la Comisión de Recursos Hidráulicos:

En torno al proyecto hidráulico “Monterrey VI”,

COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta llevar a cabo las acciones necesarias que garanticen a la población un suministro de agua de calidad.

COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a implementar una campaña de concientización dirigida a que la población cumpla con el pago por el uso de agua potable.

COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS

(Dictamen a discusión)







 

Asimismo, tenemos 3 dictámenes con puntos de Acuerdo de la Comisión de Pesca y Acuacultura:

El que exhorta a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a fin de respetar la preferencia de otorgar concesiones y permisos a los habitantes de las comunidades locales.

COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a agilizar la entrega de los recursos y apoyos a las comunidades pesqueras de Sinaloa afectadas por el fenómeno meteorológico “Marty”.

COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a conjuntar esfuerzos para lograr la reconversión de las actividades productivas de los pescadores de la comunidad de San Felipe, Baja California.

COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA

(Dictamen a discusión)







 

Asimismo, tenemos los siguientes dictámenes con puntos de Acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales:

Que exhorta a seguir fortaleciendo los programas de mitigación y adaptación al cambio climático y de protección de la capa de ozono.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a presentar un informe sobre las condiciones en las que se encontraban los animales asegurados a UMA, el Club de los Animalitos, en Tehuacán, Puebla.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a fortalecer la política nacional para la conservación, protección y vigilancia en las áreas de desove de la tortuga marina.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)







 

Sobre los trabajos que realiza la empresa Vivo Resorts en el paraje “El Palmarito”, ubicado en el municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)







 

Sobre los efectos negativos del cambio climático.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a fortalecer las acciones que permitan un manejo integral de pilas y baterías.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)







 

Sobre la reforestación y conservación de forma integral y coordinada.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)







 

En torno al Área Natural Protegida estatal “Sierra de Picachos”.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)







 

Así también, tenemos los siguientes dictámenes con puntos de Acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte:

Sobre las Acciones Ejecutivas dadas a conocer por el Presidente Barack Obama, el 20 de noviembre de 2014.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)







 

En relación con la entrega de actas de nacimiento de niñas y niños nacidos en territorio norteamericano de madres y padres inmigrantes.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)







 

Sobre el margen de maniobra de las agencias de seguridad estadounidenses en territorio nacional.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)







 

Sobre la situación de los trabajadores de las representaciones diplomáticas de México en Estados Unidos de América.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)







 

En torno a la “Iniciativa Mérida”.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)







 

Por el que condena las agresiones cometidas en contra del ciudadano Guillermo Rodríguez, en Boston, Massachusetts.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)







 

Por el que felicita al Ministro de Canadá.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)







 

Por el que felicita al Ministro de Canadá.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)







 

Sobre los colegios de profesiones de Québec para estudiantes mexicanos que deseen colegiarse o certificarse.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se desecha la proposición que exhortaba a enviar una carta al Secretario de Estado de los Estados Unidos.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se desecha la proposición que exhortaba al gobierno federal de los Estados Unidos de América, a poner en libertad a ciudadanos cubanos.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)







 

También tenemos los siguientes dictámenes con puntos de Acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe:

Sobre las inundaciones en el norte de la República de Chile.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
AMÉRICA, LATINA Y EL CARIBE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo chileno por las inundaciones sufridas en el norte de la República de Chile.

En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión encargada del análisis y dictamen de dicho instrumento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

A. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión Dictaminadora.

B. En el apartado denominado Antecedentes Generales, se relata el trámite brindado al instrumento parlamentario, desde su remisión al Senado de la República hasta la elaboración del dictamen respectivo.

C. En el apartado denominado Objeto y descripción de la Proposición, se exponen de manera concisa la motivación, la fundamentación y los alcances de la propuesta en estudio.

D. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del dictamen.

Fundamentos legales y reglamentarios

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción I, 182, 183, 190, 191 y demás relativos aplicables del Reglamento del Senado de la     República, esta Comisión Dictaminadora se abocó al análisis, estudio y discusión de la proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo chileno por las inundaciones sufridas en el norte de la República de Chile.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el presente dictamen con proyecto de resolución, al tenor de los siguientes:

Antecedentes Generales

1. En sesión del Senado de la República de fecha 8 de abril de 2015, se presentó la propuesta con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo chileno por las inundaciones sufridas en el norte de la República de Chile, suscrita por los Senadores Mariana Gómez Del Campo Gurza, Lizette Clavel Sánchez, María Hilaria Domínguez Arvizu, Ma. Del Rocío Pineda Gochi, Luciano Borreguin González y Ernesto Javier Cordero Arroyo.

2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, el instrumento antes referido fue turnado para su análisis y dictamen correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, mediante el oficio número DGPL-2P3A.-3091 con fecha 8 de abril de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del Senado, la propuesta mencionada fue enviada a los integrantes de esta Comisión Dictaminadora para sus comentarios y propuestas, a fin de estar en posibilidades de proceder a elaborar el dictamen correspondiente.

Objeto y Descripción de la Proposición

La proposición en estudio señala que entre los días 24 y 26 de marzo de 2015, fuertes lluvias afectaron el norte del territorio de la República de Chile, particularmente las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, con un resultado de 25 personas fallecidas, 125 desaparecidos y más de 29 mil damnificados.

El día 25 de marzo del presente año, se declaró Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en toda la región de Atacama, la cual las fuerzas Armadas de Chile tomaron el control de la zona, ya que identificaron saqueos registrados en comercios, así como acaparamiento de alimentos y productos de primera necesidad .

Los gobiernos de Bolivia, de Estados Unidos de América y Japón se solidarizaron con la República de Chile donando diversos materiales de primera necesidad por 200 mil dólares a los damnificados; además, el Gobierno de México informó que destinaría 100 mil dólares en suministros para los afectados.

En consecuencia, la Senadores Mariana Gómez Del Campo Gurza, Lizette Clavel Sánchez, María Hilaria Domínguez Arvizu, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Luciano Borreguín González y Ernesto Javier Cordero Arroyo,   proponen el  siguiente:

Único.- El Senado de la República se solidariza con el pueblo chileno que ha sido afectado por las inundaciones en el norte de la República de Chile y envía sus condolencias a las familias de las personas fallecidas.

La Comisión habiendo dado cuenta del contenido del instrumento parlamentario que es objeto de estudio, emite en un solo acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de analizar la política exterior que desarrolla el Ejecutivo Federal, en lo particular la implementada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo anterior proporciona el sustento jurídico para que esta Comisión Dictaminadora considere que dentro de las funciones de este órgano legislativo se encuentra la materia de los planteamientos incluidos en la Proposición.

SEGUNDO. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1 y 135 numeral 1 fracción I del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión es competente para expresar su solidaridad con el pueblo chileno por las inundaciones sufrida en el norte de la República de Chile.

TERCERO. Que de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección Regional de la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (ONEMI), en relación a los eventos ocasionados por las inundaciones sufridas en el norte de la República de Chile entre los días 24 y 26 de marzo, al momento se reportan 31 personas fallecidas informadas por el Servicio Médico Legal, 16 desaparecidas (conforme a denuncias realizadas a través de Carabineros o la Policía de Investigaciones en todo el país) y 16 mil 588 damnificados.

Además, desde el día miércoles 20 de mayo del 2015, se dio por finalizado el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe que se mantenía para la región de Atacama.

Por su parte, el Ministerio de Salud mantuvo una alerta sanitaria para las comunas de Copiapó, Chañaral, Caldera, Tierra Amarilla, Diego de Almagro, Alto del Carmen, Freirina, Huasco y Vallenar en la región de Atacama.

Con el fin de disponer de recursos para las personas afectadas, la ONEMI mediante la División de Abastecimiento en coordinación con el Estado Mayor Conjunto, trasladó elementos a las regiones de la zona norte, con el fin de atender adecuadamente los requerimientos que se encuentran levantados en las distintas comunas, permitiendo responder a las personas afectadas.

CUARTO. Que el Embajador de la República de Corea del Sur en Chile, Yu, Ji-eun expresó sus condolencias por la tragedia ocurrida en el norte de Chile, y anunció la donación de $100 mil Dólares, en artículos de primera necesidad destinados a los damnificados por las inundaciones.

También, el Gobierno de Colombia entregó 15 toneladas de ayuda humanitaria para atender a los casi 30 mil afectados por las inundaciones que causaron las fuertes lluvias en el norte del país; esta ayuda está compuesta por frazadas, colchonetas inflables, kits de aseo personal y gran cantidad de alimentos y agua, entre muchos otros elementos de primera necesidad destinados a la atención inmediata de las personas damnificadas. La carga humanitaria fue entregada por el embajador de Colombia en Chile, Álvaro Mauricio Echeverry Gutiérrez.

La Cancillería de Panamá expresó sus condolencias a Chile en un comunicado.

El Ministerio de Comercio de China ofreció a Chile  500 mil dólares para recuperarse tras las inundaciones del norte del país.

Koo Yuen Kim, Presidente de la empresa Perfect China, entregó al Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Chile, una donación de 100 millones de pesos chilenos para ayudar a las víctimas de la catástrofe.

QUINTO. Que el gobierno de Chile requirió la ayuda del Sistema de Naciones Unidas, solicitando la cooperación del Equipo de Evaluación y Coordinación en casos de Desastres (UNDAC por sus siglas en inglés), de la cual México es miembro.

La Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que a través de su Embajada en Chile, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) canalizó apoyo a los afectados por las inundaciones en la República de Chile, con las necesidades identificadas por la ONEMI.
Lo anterior se suma al envío a la zona siniestrada del experto en desastres naturales, Raúl Gutiérrez Haaz, miembro de los Equipos de la UNDAC y funcionarios de la Coordinación Nacional de Protección Civil de México.

La Cancillería mexicana puntualizó que estas acciones responden al llamado de las autoridades de ese país, “a la hermandad histórica que nos une a ese pueblo y en coincidencia con la práctica de apoyar a países que enfrentan situaciones de emergencia por la ocurrencia de fenómenos naturales”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera viable aprobar la proposición objeto de dictamen, así pues la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República se solidariza con el pueblo chileno que ha sido afectado por las inundaciones en el norte de la República de Chile y envía sus condolencias a las familias de las personas fallecidas.

Dado en el Senado de la República, a los 8 días del mes de diciembre de 2015.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

SENADORES

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA
Presidenta

 

 

 

SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI
Secretaria

 

 

 

SEN. RAÚL MORÓN OROZCO
Secretario

 

 

 

SEN. FÉLIX ARTURO GONZÁLEZ CANTO
Integrante

 

 

 

SEN. MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU
Integrante

 

 

 

SEN. HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL
Integrante

 

 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
Integrante

 

 

 

SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA
Integrante

 

 

 

SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO
Integrante

 

 

 





 

Por el naufragio de una embarcación que provocó la muerte de 21 migrantes en Haití.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Haití por el naufragio de una embarcación que provocó la muerte de 21 migrantes.

En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión encargada del análisis y dictamen de dicho instrumento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

A. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión Dictaminadora.

B. En el apartado denominado Antecedentes Generales, se relata el trámite brindado al instrumento parlamentario, desde su remisión al Senado de la República hasta la elaboración del dictamen respectivo.

C. En el apartado denominado Objeto y descripción de la Proposición, se exponen de manera concisa la motivación, la fundamentación y los alcances de la propuesta en estudio.

D. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del dictamen.

Fundamentos legales y reglamentarios

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción I, 182, 183, 190, 191 y demás relativos aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora se abocó al análisis, estudio y discusión de la proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Haití por el naufragio de una embarcación que provocó la muerte de 21 migrantes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el presente dictamen con proyecto de resolución, al tenor de los siguientes:

Antecedentes Generales

1. En sesión del Senado de la República de fecha 23 de abril de 2015, se presentó la propuesta con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Haití por el naufragio de una embarcación que provocó la muerte de 21 migrantes, suscrita por los Senadores Mariana Gómez Del Capo Gurza, Lizette Clavel Sánchez, María Hilaria Domínguez Arvizu, María del Rocío Pineda Gochi, Luciano Borreguín González y Ernesto Javier Cordero Arroyo.

2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, el instrumento parlamentario antes referido fue turnado para su análisis y dictamen correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, mediante el oficio número DGPL-2P3A.-4058 con fecha 23 de abril de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del Senado, la propuesta mencionada fue enviada a los integrantes de esta Comisión Dictaminadora para sus comentarios y propuestas, a fin de estar en posibilidades de proceder a elaborar el dictamen correspondiente.

Objeto y Descripción de la Proposición

La proposición en estudio señala que el 8 de abril de 2015, un pequeño bote que trasportaba alrededor de cincuenta inmigrantes haitianos, el cual se dirigía a la isla de Providenciales en las Turcas y Caicos, se enfrentó a mal tiempo lo que provocó que el golpeara un arrecife y se hundiera; rescatistas acudieron de inmediato a la zona del siniestro y lograron salvar a doce personas, sin embargo veintiún migrantes perdieron la vida.

Menciona que a causa de la pobreza que azota al país caribeño, muchas personas buscan atravesar el mar de manera ilegal para llegar a las Islas Bahamas o Turcas y  Caicos.

Finalmente, el instrumento señala que el Gobierno haitiano recomienda constantemente a sus ciudadanos a dejar de “aventurarse” viajando hacia otras islas del Caribe, pues los vuelve vulnerables a este tipo de eventos, asimismo las autoridades ya investigan al propietario de la embarcación.

En consecuencia, la Senadores Mariana Gómez Del Capo Gurza, Lizette Clavel Sánchez, María Hilaria Domínguez Arvizu, Ma. del Roció Pineda Gochi, Luciano Borreguin González y Ernesto Cordero Arroyo proponen:

Único.- El Senado de la República se solidariza con el pueblo haitiano por el naufragio de una embarcación que provocó la muerte de veintiún migrantes, al tiempo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que impulse la aplicación de programas de organizaciones como la Organización Internacional para las Migraciones, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, en el territorio de la República de Haití.

La Comisión habiendo dado cuenta del contenido del instrumento parlamentario que es objeto de estudio, emite en un solo acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de analizar la política exterior que desarrolla el Ejecutivo Federal, en lo particular la implementada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo anterior proporciona el sustento jurídico para que esta Comisión Dictaminadora considere que dentro de las funciones de este órgano legislativo se encuentra la materia de los planteamientos incluidos en la Proposición.

SEGUNDO. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1 y 135 numeral 1 fracción I del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión es competente para expresar su solidaridad con el pueblo haitiano por el naufragio de una embarcación que provocó la muerte de veintiún migrantes.

TERCERO. Que en este país afectado por una pobreza extrema, con más de 70% de la población que vive con menos de dos dólares por día, los habitantes buscan atravesar el mar ilegalmente para alcanzar las islas Bahamas o Turcas y Caicos; por esta razón decenas de haitianos mueren cada año, pues se aventuran a ese tipo de travesías con el objetivo de alcanzar las costas de otros países latinoamericanos y caribeños en busca de ofertas laborales y mejor calidad de vida, esta situación se acrecentó tras el devastador terremoto de 2010.

Las autoridades de Haití quieren poner fin a estos viajes clandestinos, pero el desempleo endémico en el país desmotiva especialmente a los jóvenes que no encuentran una forma de proyectarse un futuro mejor.

CUARTO. Que la cifra de muertos a causa de las travesías que se realizan hacia otras islas caribeñas es mayor, pues el fenómeno se repite constantemente, cabe señalar algunos eventos similares:

• En 2010 una embarcación cargada de inmigrantes haitianos se volcó antes de llegar a la costa de las Islas Vírgenes británicas, lo que provocó la muerte de al menos cinco personas.

• El 23 de noviembre de 2013 al menos treinta haitianos murieron y un centenar fue rescatado a unos 24 kilómetros al suroeste de Bahamas, tras naufragar la embarcación sobrecargada en que viajaban.

• El 25 de diciembre de 2013, dieciocho haitianos murieron en aguas de islas Turcas y Caicos después que un bote de vela que transportaba más de 50 personas cuando era remolcado al puerto

• El 8 de abril de 2015, veintiún haitianos perdieron la vida después de que su barco golpeará un arrecife a causa del mal tiempo mientras trataba de regresar a la costa.

Por lo anterior se puede observar que este fenómeno es constante y que no solo ha sido una embarcación haitiana la que ha naufragado en busca de mejores condiciones de vida.

QUINTO. Que en el caso del naufragio que señala el Punto de Acuerdo, debido al mal tiempo, la embarcación dio media vuelta pero naufragó en la costa haitiana, asimismo los cuerpos fueron a parar en las orillas de la comuna de Borgne, al oeste de Cabo Haitiano, la segunda ciudad del país.

Las autoridades informaron de que había sobrevivientes del naufragio pero que aún no estaban en condiciones de anunciar cuántos. Sin embargo la directora de Defensa Civil haitiana, Alta Jean-Baptiste, mencionó que 12 migrantes habían sobrevivido.

SEXTO. Que entre 1995 y 2003 nuestro país apoyó 25 proyectos de cooperación en sectores como la agricultura, el medio ambiente y la gestión pública.

Entre 2004 y 2008, la ayuda se centró en el envío de varias toneladas de alimentos y medicamentos para contribuir a sortear los problemas derivados del paso de varios huracanes.

En 2009, junto con la Organización de los Estados Americanos, se apoyó la organización de las Cumbres Hemisféricas de Coordinación de la Cooperación Internacional hacia Haití.

En 2010, el arribo de la primera aeronave a Puerto Príncipe 36 horas después del terremoto, puso en marcha un puente aéreo para trasladar personal especializado, equipos de tarea y ayuda humanitaria, puesto en operación por las fuerzas armadas mexicanas, el cual fue constituido por alrededor de 1,300 personas, incluyendo médicos, paramédicos, rescatistas, ingenieros, tripulación de aeronaves y buques, así como técnicos de distintas disciplinas vinculadas al salvamento y rescate, tanto de instituciones públicas como de organizaciones privadas, en un ejercicio mixto y solidario desde un principio.

Entre enero y junio de 2010 se enviaron suministros por alrededor de 15 mil toneladas de ayuda gubernamental y de la sociedad civil por medio de nueve aeronaves y cinco buques que realizaron 30 vuelos y 20 travesías, asimismo el operativo desplegado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para otorgar alimentos a damnificados en la localidad de Carrefour. Ahí, la SEDENA instaló una cocina de campaña por medio de la cual se elaboraron 16 mil raciones alimenticias diarias por cerca de 45 días (entre el 19 de febrero y el 4 de mayo de 2010).

La cooperación de México, ha sido una práctica recurrente en sus relaciones con este país, siendo solidaria y sostenida, refrendando con ello el perfil humanitario de la política exterior mexicana de conformidad con el mandato constitucional de la cooperación internacional para el desarrollo. De igual forma contribuye en la racionalización y efectividad de los esfuerzos de ayuda internacional convocados por el Sistema de Naciones Unidas.

Actualmente, Haití es el principal receptor de la cooperación mexicana para el desarrollo. Su alcance incluye a la población de los 10 departamentos políticos de Haití.

SÉPTIMO. Que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuenta con 203 proyectos en la República de Haití, entre los que destacan: Apoyo para Fortalecimiento Institucional en el Sector Transporte; Ampliación de la Alianza de Pequeños Agricultores de Sorgo en Haití (SMASH); Apoyo al Plan de Educación y a la Reforma en Haití - IV; Mejores Prácticas del Sistema Chileno de Inversión Pública para Haití; Apoyo al Sector Transporte de Haití IV; Programa de Liderazgo a Nivel Municipal y Comunitario en Norte de Haití - Fase I; Apoyo a Programas CARICOM y Haití; entre otros.

En materia de migración, el BID implementa actualmente los siguientes proyectos en América Latina:

Estudio Tendencias Socioeconómicas.

Tiene como objeto identificar tendencias socioeconómicas a mediano y largo plazo de los países de la comunidad del caribe, miembros del banco, Haití y República Dominicana, así como las tendencias de innovación tecnológica y migración en los Estados Unidos de América que afectan al Caribe con el objeto de proporcionar elementos de juicio que permitan mejorar las políticas de desarrollo vigentes.

Migración y Desarrollo.

Su objeto es generar análisis que sirvan a los Gobiernos como base para la formulación de políticas públicas dirigidas a que la migración se convierta en un factor positivo para el desarrollo de América Latina.
Fortalecimiento de la Gestión e Inversiones Programa 3x1 para Migrantes (Mexico).

El Programa 3x1 para Migrantes gestionado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), se orienta a apoyar las iniciativas de migrantes radicados en el extranjero para concretar proyectos de desarrollo local (infraestructura básica y social y proyectos productivos) en sus comunidades de origen, mediante la concurrencia de recursos de inversión compartida entre la Federación, los estados, los municipios y los migrantes. Por cada peso mexicano que aportan los migrantes, los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, respectivamente, aportarán cada uno un peso mexicano adicional, de ahí el nombre del Programa 3x1.

Gestión en Manejo de Migración (Costa Rica)

En las últimas 2 décadas el flujo migratorio ha sido muy inestable y la situación empeoro en los últimos anos, especialmente después del Huracán Mitch. Esta cooperación técnica fortalecerá la gestión de manejo de la migración.

Apoyo al Servicio de Migración (Nicaragua)

Apoyar el proceso de modernización de la DGME mediante la adecuación de las bases legales e institucional-operativas para una mejor atención al público.

OCTAVO. Que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha implementado los siguientes programas en México:

Programa conjunto de Migrantes en Tránsito

Sus objetivos son: Fortalecer a las instituciones estatales y a las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la atención y asistencia a las personas migrantes, especialmente las más vulnerables; mejorar la infraestructura y dotación de insumos para los albergues y casas del migrante en las comunidades de mayor flujo migratorio; y lograr mayor cohesión social en las comunidades de tránsito, de modo que se traduzca en una mejor relación entre estas últimas, los albergues y las personas migrantes.

Programa de Atención a Migrantes Retornados (PAMIR/PRIM)

Su objeto es brindar apoyo en la coordinación logística y operativa para los procedimientos de repatriación de mexicanos que lleva a cabo el Gobierno federal al dar asistencia post-arribo y durante el tránsito por medio de la coordinación de traslados terrestres.

Este programa busca aumentar la seguridad de las y los migrantes a su regreso a nuestro país, además de brindar apoyo y acompañamiento en el traslado, garantizando el retorno a las comunidades de origen en condiciones seguras y ordenadas; así también los mantiene informados sobre servicios disponibles para facilitar el proceso de reinserción socioeconómica.

El total de beneficiarios de este programa durante el periodo 2013-2014 ha sido de 10 mil 636 personas.

Proyecto de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades del Instituto Nacional de Migración (INM).

Este proyecto, financiado por el Fondo de la OIM para el Desarrollo, tiene por objetivo fortalecer las capacidades de los funcionarios del INM a través de cursos focalizados en materia de trata de personas, secuestro y derechos humanos. Con este programa se busca hacer más eficiente la gestión migratoria a partir de la especialización de la estructura operativa y administrativa del Instituto mediante la capacitación institucional y en estricto apego a los derechos humanos.

Los talleres de capacitación, impartidos por personal especializado de la OIM México, en conjunto con el INM, abarcan los siguientes temas: marco jurídico de las migraciones; atención en situaciones de crisis; perspectiva de género en la migración; trata y tráfico de personas; atención a migrantes víctimas de secuestro; y estaciones migratorias en el mundo.

Combate a la Trata de Personas, Género y Niñez Migrante

La OIM ha capacitado a más de 5 mil representantes del gobierno y de la sociedad civil, a través de cursos dirigidos principalmente a funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM). Se han impartido talleres a agentes migratorios desplegados en las estaciones migratorias y puntos de internación, Oficiales de Protección a la Infancia (OPI), Grupos Beta, y recientemente a los funcionarios del Programa de Repatriación Humana y Programa Paisano. Se ha capacitado a funcionarios de protección consular de mexicanos en el exterior, funcionarios consulares centroamericanos y sudamericanos en México.

Las capacitaciones que ofrece la OIM se enfocan en los conceptos básicos de la trata de personas, el marco legislativo internacional y nacional en la materia, la identificación de víctimas, técnicas de entrevista, y sobre todo en la protección y asistencia integral a víctimas, promoviendo siempre la coordinación intersectorial y el trabajo en red. A lo largo de estos cursos de capacitación, se aplica una visión transversal de los derechos de las víctimas, haciendo particular énfasis en el interés superior de la niñez y la perspectiva de género.

En el 2014, la OIM y el DIF han lanzado el Protocolo de atención a niñas, niños y adolescentes en territorio mexicano, con la finalidad de garantizar el respeto de los derechos tanto de nacionales como de extranjeros, además de permitir una evaluación adecuada del interés superior de la niñez.

Programa Regional para el Fortalecimiento de las Capacidades para la Protección y Asistencia de Personas Migrantes en Situación de Vulnerabilidad en Mesoamérica.

Desde el 2010, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, a través de la Oficina de Población y Migración Internacional, la cual forma parte de la Oficina de Población, Refugiados y Migración, ha apoyado mediante este programa regional el abordaje integral de las vulnerabilidades de las personas migrantes en Mesoamérica, una región caracterizada por grandes flujos migratorios tanto dentro de la misma región como desde fuera del continente. Los abusos y los actos criminales perpetrados contra las personas migrantes (especialmente los migrantes en tránsito) que constituyen una preocupación cada vez mayor. 

El Programa Mesoamérica se centra en:

• El fortalecimiento de capacidades de las entidades gubernamentales y la sociedad civil con el fin de mejorar la detección de personas migrantes que requieran protección para un adecuado abordaje de la necesidad de asistencia de grupos específicos.

• Proveer asistencia directa a las personas migrantes más vulnerables, como son las víctimas de trata de personas, niñas y niños no acompañados o separados de sus familias, así como a mujeres que puedan ser especialmente indefensas ante situaciones de abuso o explotación.

• Empoderamiento de grupos vulnerables para contribuir a su propia seguridad al incrementar la concientización sobre sus derechos y los riesgos asociados a la  migración.

En el caso particular de la República de Haití, la OIM se ha comprometido a apoyar al Gobierno caribeño para hacer frente a los complejos retos de la gestión de fronteras mediante la racionalización de los procedimientos involucrados en la gestión de la migración, gestión de fronteras y operaciones. Sobre la base de las principales observaciones y recomendaciones formuladas en una evaluación de frontera en 2014 realizado por la OIM y las autoridades fronterizas del país, la OIM está buscando desarrollar un proyecto que evalué las principales brechas en el sistema de gestión de la migración haitiana a través de una mayor cooperación regional y la integración y el refuerzo general de la gestión de fronteras y de la ley.

A petición del Consulado General de Brasil en Port-au-Prince, la OIM establecerá y operará un "Centro de Solicitud de Visas Brasil” dedicado exclusivamente a los solicitantes haitianos que buscan una migración segura y legal. El Centro de Solicitud ofrecerá una gama completa de servicios de apoyo de visado.

A los migrantes haitianos, que corresponden a los criterios de elegibilidad preestablecidos, se les ofrecerá asistencia para el retorno voluntario, lo que incluirá el transporte de regreso a sus comunidades de origen en Haití, así como apoyo para la reintegración.

Los posibles participantes, ubicados en las Islas Turcas y Caicos y las Bahamas, se les informará de los ejercicios del régimen de retorno a través de una campaña de información dirigida por la OIM y las autoridades de las Islas. La campaña incluirá panfletos de los lugares y puestos de trabajo durante las visitas de cumplimiento operacional, anuncios en los edificios de los ministerios públicos, ejercicios de participación comunitaria entre agencias y, posiblemente, cuñas de radio.

La asistencia previa a la partida, así como el apoyo post-llegada y la reintegración, completarán el ciclo de ayuda. Se prestará especial atención a las necesidades específicas de las mujeres, hombres, niños y niñas, el género se incorporará en todas las sensibilizaciones y actividades de reintegración de migrantes.

El apoyo a la reintegración a su regreso a Haití también incluirá iniciativas de desarrollo basadas en la comunidad alineadas con "Planes Especiales para la Costa Norte" del Gobierno haitiano, como las actividades intensivas en trabajo y generación de ingresos, incubadoras de pequeñas empresas y otras iniciativas de estabilización para fomentar el desarrollo económico.

Por otro lado, en enero de 2012 Haití se convirtió en elegible para la visa de trabajo temporal para personas no calificadas H2, a un programa que permite a los empleadores estadounidenses contratar a trabajadores extranjeros por un periodo determinado de tiempo bajo la condición de que no haya mano de obra estadounidense desempleada, dispuesta o capaz de realizar el trabajo.

NOVENO. Que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha implementado los siguientes proyectos en la región:

Iniciativa Conjunta Migración y Desarrollo (El Salvador)

Los objetivos de esta iniciativa son articular las variables de migración y desarrollo involucrando los actores claves del territorio para fortalecer y propiciar el desarrollo a nivel local; abordar las transformaciones y oportunidades generadas por la migración en el plano local; involucrar a gobiernos locales en el desarrollo de los proyectos que se impulsan a nivel territorial para garantizar la sostenibilidad de los mismos; promover la creación de alianzas y sinergias en el tema de flujo de personas y desarrollo.

Desde PNUD se está apoyando en la asistencia técnica, coordinación y trabajo con los gobiernos locales y actores claves del proyecto para garantizar la buena ejecución del mismo y que este pueda tener impacto en los beneficiarios con quienes se está trabajando. La coordinación global del proyecto se lleva desde PNUD Bruselas, con quienes se articula todo el trabajo conjuntamente con PNUD El Salvador. A nivel territorial los socios en la ejecución del Proyecto son las Agencias de Desarrollo Económico Local ADEL, con las que se trabaja en los territorios de Morazán y La Unión.

Programa “Juventud, empleo y migración para reducir la inequidad en Ecuador”.

El programa contribuye a la creación de un entorno favorable para la generación de empleo digno especialmente dirigido a la población joven, que, en el caso del Ecuador,  es la que soporta los más altos niveles de subempleo y desempleo y condiciones precarias en el trabajo, lo que, junto a factores, motiva la migración forzosa de las juventudes.

Programa Conjunto de Migrantes en tránsito en México.

Los objetivos de este programa son mejorar la seguridad humana de los migrantes en tránsito a través del fortalecimiento de las capacidades de las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil. Y crear herramientas para el trabajo y reforzamiento de la protección de este grupo vulnerable, y generar cambios significativos asociados a las vulnerabilidades que enfrentan en el paso por el territorio mexicano.

Programa Conjunto para Mejorar la Seguridad Humana de Migrantes Temporales Ngäbe y Buglé en Costa Rica y Panamá.

Los objetivos del Programa Conjunto son los siguientes:

• Potenciar y fortalecer las capacidades de las familias migrantes de la Comarca Ngäbe Buglé con el fin de alcanzar niveles de vida mínimos través de la producción autosuficiente de alimentos y la comercialización de los excedentes de producción.

• Mejorar la salud y la seguridad personal, económica y política de los migrantes      Ngäbe Buglé a través de una mayor cobertura y acceso efectivo a servicios sociales, laborales y de salud (incluyendo alternativas para el cuidado de niños) que sean públicos o de base comunitaria asegurando la sensibilidad cultural y de género, durante su ruta migratoria.

• Crear y fortalecer las condiciones personales, sociales, institucionales y legales, así como las políticas necesarias que permitan a los migrantes de Ngäbe y Buglé promover y proteger su propia seguridad humana.

OCTAVO. Que el establecimiento de contactos oficiales entre México y Haití se remonta a 1882, año en el que se establecieron relaciones consulares. Las relaciones diplomáticas se formalizaron en 1929 por iniciativa de México.

Aunque siempre se ha tenido una buena relación bilateral con Haití, esta se intensificó a partir de 2009 con la realización de un Seminario en Materia de Cooperación y de la Conferencia Hemisférica de Cooperación, eventos que se realizaron en la Cancillería mexicana en septiembre y noviembre, respectivamente.

En abril de ese año la entonces Canciller mexicana Patricia Espinosa Cantellano, acompañada de la otrora Primera Dama, Margarita Zavala de Calderón, visitó Haití para supervisar el desarrollo de los proyectos de cooperación y ayuda a Haití con motivo del terremoto de enero de 2010.

El 12 de abril de 2012, el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa realizó una visita de trabajo a Haití. En el marco de la visita, el Mandatario se reunió con el Presidente Michel Joseph Martelly, con quien abordó temas relevantes de la agenda bilateral, así como los relacionados con el apoyo de México para el desarrollo del país caribeño.

En mayo del 2015, en el marco de la X Reunión del Foro Económico Mundial sobre América Latina, que se celebró en la Riviera Maya, la relación de colaboración bilateral fue revisada lográndose la firma del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones México-Haití, en donde los presidentes de ambas naciones identificaron al turismo como área de colaboración.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera viable aprobar la proposición objeto de dictamen, así pues la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República se solidariza con el pueblo haitiano por el naufragio de una embarcación que provocó la muerte de veintiún migrantes.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, impulse la aplicación de programas de entes como la Organización Internacional para las Migraciones, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, en el territorio de la República de Haití.

Dado en el Senado de la República, a los 8 días del mes de diciembre de 2015.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

SENADORES

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA
Presidenta

 

 

 

SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI
Secretaria

 

 

 

SEN. RAÚL MORÓN OROZCO
Secretario

 

 

 

SEN. FÉLIX ARTURO GONZÁLEZ CANTO
Integrante

 

 

 

SEN. MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU
Integrante

 

 

 

SEN. HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL
Integrante

 

 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
Integrante

 

 

 

SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA
Integrante

 

 

 

SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO
Integrante

 

 

 





 

En solidaridad ante las explosiones ocurridas en Bogotá, Colombia.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo colombiano por la explosión ocurrida en la ciudad de Bogotá.

En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión encargada del análisis y dictamen de dicho instrumento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

A. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión Dictaminadora.

B. En el apartado denominado Antecedentes Generales, se relata el trámite brindado al instrumento parlamentario, desde su remisión al Senado de la República hasta la elaboración del dictamen respectivo.

C. En el apartado denominado Objeto y descripción de la Proposición, se exponen de manera concisa la motivación, la fundamentación y los alcances de la propuesta en estudio.

D. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del dictamen.

Fundamentos legales y reglamentarios

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción I, 182, 183, 190, 191 y demás relativos aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora se abocó al análisis, estudio y discusión de la proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo colombiano por la explosión ocurrida en la ciudad de Bogotá.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el presente dictamen con proyecto de resolución, al tenor de los siguientes:

Antecedentes Generales

1. En sesión del Senado de la República de fecha 19 de marzo de 2015, se presentó la propuesta con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo colombiano por la explosión ocurrida en la ciudad de Bogotá, suscrita por los Senadores Mariana Gómez Del Capo Gurza, Lizette Clavel Sánchez, María Hilaria Domínguez Arvizu, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Luciano Borreguín González, Ernesto Javier Cordero Arroyo y Félix Arturo González Canto.

2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, el instrumento parlamentario antes referido fue turnado para su análisis y dictamen correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, mediante el oficio número DGPL-2P3A.-2541 con fecha 19 de marzo de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del Senado, la propuesta mencionada fue enviada a los integrantes de esta Comisión Dictaminadora para sus comentarios y propuestas, a fin de estar en posibilidades de proceder a elaborar el dictamen correspondiente.

Objeto y Descripción de la Proposición

La proposición en estudio señala que el 12 de marzo de 2015 ocurrió una explosión en el barrio de Quiroga de la Ciudad de Bogotá, Colombia, que dejó un saldo de cinco policías y tres civiles heridos, así como daños a inmuebles.

En consecuencia, los Senadores los Senadores Mariana Gómez Del Capo Gurza, Lizette Clavel Sánchez, María Hilaria Domínguez Arvizu, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Luciano Borreguín González, Ernesto Javier Cordero Arroyo y Félix Arturo González Canto proponen:

Primero.- El Senado de la República expresa su solidaridad con el pueblo colombiano ante la explosión ocurrida en la ciudad de Bogotá, Colombia, en donde resultaron heridas ocho personas y confía en un pronto esclarecimiento de los hechos.

La Comisión habiendo dado cuenta del contenido del instrumento parlamentario que es objeto de estudio, emite en un solo acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de analizar la política exterior que desarrolla el Ejecutivo Federal, en lo particular la implementada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo anterior proporciona el sustento jurídico     para que esta Comisión Dictaminadora considere que dentro de las funciones de este órgano legislativo se encuentra la materia de los planteamientos incluidos en la Proposición.

SEGUNDO. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1 y135 numeral 1 fracción I del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión es competente para expresar su solidaridad con el pueblo colombiano por las explosión ocurrida en el barrio de Quiroga, Colombia.

TERCERO. Que entre el 6 de febrero y el 12 de marzo de 2015, los habitantes de la ciudad de Bogotá han sido testigos de seis atentados en la ciudad:

El 6 de febrero dos artefactos explosivos fueron dejados en el barrio La Macarena de Bogotá, muy cerca a la Plaza de Toros La Santamaría, en pleno centro de la ciudad. Aquella vez las alertas permitieron que las autoridades identificaran dos paquetes sospechosos que se confirmó eran explosivos y por ello pudieron desactivar las cargas que al parecer, según declaraciones del Alcalde Gustavo Petro, estarían dirigidos a un Comando de Atención Inmediata de la Policía. Aunque estos artefactos no fueron detonados, este hecho representa un antecedente inmediato.

El 10 de febrero, un artefacto explosivo fue lanzado contra la sede del partido político “Opción Ciudadana” en el Barrio Teusaquillo, cerca de las 20:15 horas, dejando una persona con heridas leves y cerca de 32 viviendas con daños.

El 2 de marzo se registró una detonación contra un estacionamiento del Barrio de Villa Gladys, en la calle 67 esquina con carrera 113, que dejó como saldo tres personas heridas y el mismo número de buses del Sistema Integrado de Transporte Público averiados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera viable aprobar la proposición objeto de dictamen con las correcciones señaladas en las Consideraciones TERCERA, así pues la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.-El Senado de la República expresa su solidaridad con el pueblo colombiano ante las explosiones ocurridas en la ciudad de Bogotá, Colombia, en donde resultaron heridos algunos ciudadanos y confía en un pronto esclarecimiento de los hechos.

Dado en el Senado de la República, a los 8 días del mes de diciembre de 2015.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

SENADORES

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA
Presidenta

 

 

 

SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI
Secretaria

 

 

 

SEN. RAÚL MORÓN OROZCO
Secretario

 

 

 

SEN. FÉLIX ARTURO GONZÁLEZ CANTO
Integrante

 

 

 

SEN. MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU
Integrante

 

 

 

SEN. HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL
Integrante

 

 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
Integrante

 

 

 

SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA
Integrante

 

 

 

SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO
Integrante

 

 

 





 

En solidaridad con los pueblos de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, afectados por la erupción del volcán Calbuco.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con los pueblos de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, afectados por la erupción del volcán Calbuco.

En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión encargada del análisis y dictamen de dicho instrumento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

A. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión Dictaminadora.

B. En el apartado denominado Antecedentes Generales, se relata el trámite brindado al instrumento parlamentario, desde su remisión al Senado de la República hasta la elaboración del dictamen respectivo.

C. En el apartado denominado Objeto y descripción de la Proposición, se exponen de manera concisa la motivación, la fundamentación y los alcances de la propuesta en estudio.

D. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del dictamen.

Fundamentos legales y reglamentarios

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción I, 182, 183, 190, 191 y demás relativos aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora se abocó al análisis, estudio y discusión de la proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con los pueblos de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, afectados por la erupción del volcán Calbuco.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el presente dictamen con proyecto de resolución, al tenor de los siguientes:
Antecedentes Generales

1. En sesión del Senado de la República de fecha 28 de abril de 2015, se presentó la propuesta con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con los pueblos de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, afectados por la erupción del volcán Calbuco, suscrita por los Senadores Mariana Gómez Del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito.

2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, el instrumento parlamentario antes referido fue turnado para su análisis y dictamen correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, mediante el oficio número DGPL-2P3A.-4261 con fecha 28 de abril de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del Senado, la propuesta mencionada fue enviada a los integrantes de esta Comisión Dictaminadora para sus comentarios y propuestas, a fin de estar en posibilidades de proceder a elaborar el dictamen correspondiente.

Objeto y Descripción de la Proposición

La proposición en estudio señala que el día 22 abril de 2015 el volcán Calbuco,  localizado al sureste del lago Llanquihue al sur de Chile, tuvo una sorpresiva primera erupción, que emitió 40 millones de metros cúbicos de material volcánico. Al día siguiente el 23 de abril, tuvo una segunda erupción, arrojando 170 millones de metros cúbicos de ceniza, la cual afectó la región de los Lagos, cercana a las ciudades de Puerto Montt y Puerto Varas al norte de Santiago, Chile; así como las regiones aledañas y territorio argentino.

Menciona que más de cinco mil personas fueron evacuadas de las comunidades cercanas al volcán, suspendiéndose clases en las localidades de ambos lados de la cordillera. La presidenta Michelle Bachelet visito a las familias en los albergues, revisando que se encontraran en buenas condiciones.

Cabe destacar que el volcán continúa expulsando cenizas formando una columna de humo de unos dos kilómetros sobre el cráter; existe un riesgo de una nueva erupción por lo que las autoridades mantienen la zona de exclusión de 20 kilómetros en torno al volcán y otras medidas preventivas.

Por lo anteriormente expuesto los Senadores Mariana Gómez Del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito proponen el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República se solidariza con los pueblos de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, afectados por la erupción del volcán Calbuco, y exhorta respetuosamente a la Secretaria de Relaciones Exteriores a estrechar la cooperación con la República de Chile en materia de desastres naturales.

La Comisión habiendo dado cuenta del contenido del instrumento parlamentario que es objeto de estudio, emite en un solo acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 76 fracción I de la Constitución Política   de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de analizar la política exterior que desarrolla el Ejecutivo Federal, en lo particular la implementada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo anterior proporciona el sustento jurídico para que esta Comisión Dictaminadora considere que dentro de las funciones de este órgano legislativo se encuentra la materia de los planteamientos incluidos en la Proposición.

SEGUNDO. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1 y 135 numeral 1 fracción I del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión es competente para expresar su solidaridad con el pueblo de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil afectados por la erupción del Volcán Calbuco.

TERCERO. Que la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI) declaró que en los días 22 y 23 de abril del 2015, se evacuaron a 8 mil 935 personas (4 mil 900 en Ensenada, 2 mil en Chamiza, mil 750 en Lago Chapo y Correntoso, 204 en Colonia Tres Puentes y 81 en Peulla); informó que se suspendieron actividades escolares en varias regiones cercanas al volcán. Finalmente, comunicó el desborde del río Blanco, con afectación a dos puentes y 60 viviendas aledañas.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que 338 viviendas   resultaron con daños leves, 70 con daños moderados, cuatro con daños mayores y 51 con daños irreparables, en las comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, mientras que en las zonas de Río Blanco, Lago Chapo y Correntoso, se estimaron afectaciones a 300 agricultores.

Autoridades chilenas reportaron que el 30 de abril, comenzó un tercer pulso eruptivo en el volcán Calbuco, su columna eruptiva se alzó hasta los cinco kilómetros y se dispersó principalmente hacia el sureste, el cual observó actividad sísmica.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) y su Red Nacional de Vigilancia Volcánica, informó que entre el 1 y el 15 de junio la actividad sísmica del  volcán Calbuco registró valores promedios considerados bajos, confirmando un  descenso paulatino en la actividad durante las últimas semanas, por lo que recomienda restringir el acceso hacia los faldeos y la zona de cráter, sobre la base de la historia geológica el volcán Calbuco, por lo que es posible que el ciclo eruptivo se extienda por varios meses.

Las afectaciones no alcanzaron sólo el territorio de Chile sino también columna de cenizas alcanzaba hasta a mil 630 kilómetros del sitio en el sur de Brasil y el estado de Río Grande do Sul en Brasil.

La erupción también afectó a las localidades turísticas argentinas de Bariloche, Villa La Angostura y San Martín de Los Andes, según datos de la Agencia Centro de Avisos de Cenizas Volcánicas de Buenos Aires, donde se suspendieron las clases y los turnos regulares de los centros sanitarios se abocaron en atender únicamente cuestiones vinculadas con la emergencia.

CUARTO. Que de acuerdo con datos del Gobierno de la República de Chile, para intercambiar buenas prácticas sobre atención a desastres naturales y desarrollar un proyecto conjunto, se unieron con el Gobierno de México a través de una iniciativa llamada Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) para mejorar la tecnología de viviendas para población vulnerable con énfasis en la prevención y respuesta a desastres naturales, que está en el marco del Fondo Conjunto de Cooperación Chile-México el cual tiene recursos por cerca de 200 mil dólares y que actualmente se encuentra en la primera fase.

El proyecto conjunto busca facilitar el intercambio de conocimientos, para generar mejoras en el diseño y gestión de los programas de habitabilidad o vivienda en contextos de vulnerabilidad. Asimismo, el plan pretende llegar a mejorar la calidad de vida de la población vulnerable y promover el uso de tecnologías sustentables y amigables con el medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera viable aprobar la proposición objeto de dictamen, así pues la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República se solidariza con los pueblos de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, afectados por la erupción del volcán Calbuco, y exhorta respetuosamente a la Secretaria de Relaciones Exteriores a estrechar la cooperación con la Republica de Chile en materia de desastres naturales.

Dado en el Senado de la República, a los 8 días del mes de diciembre de 2015.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

SENADORES

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA
Presidenta

 

 

 

SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI
Secretaria

 

 

 

SEN. RAÚL MORÓN OROZCO
Secretario

 

 

 

SEN. FÉLIX ARTURO GONZÁLEZ CANTO
Integrante

 

 

 

SEN. MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU
Integrante

 

 

 

SEN. HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL
Integrante

 

 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
Integrante

 

 

 

SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA
Integrante

 

 

 

SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO
Integrante

 

 

 





 

En solidaridad con Guatemala afectado por el alud en El Cambray II.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Guatemala por el deslave y envía sus condolencias a los familiares de los fallecidos.

En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión encargada del análisis y dictamen de dicho instrumento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

A. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión Dictaminadora.

B. En el apartado denominado Antecedentes Generales, se relata el trámite brindado al instrumento parlamentario, desde su remisión al Senado de la República hasta la elaboración del dictamen respectivo.

C. En el apartado denominado Objeto y descripción de la Proposición, se exponen de manera concisa la motivación, la fundamentación y los alcances de la propuesta en estudio.

D. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del dictamen.

Fundamentos legales y reglamentarios

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción I, 182, 183, 190, 191 y demás relativos aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora se abocó al análisis, estudio y discusión de la proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Guatemala por el deslave y envía sus condolencias a los familiares de los fallecidos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el presente dictamen con proyecto de resolución, al tenor de los siguientes:

Antecedentes Generales

1. En sesión del Senado de la República de fecha 7 de octubre de 2015, se presentó la propuesta con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Guatemala por el deslave y envía sus condolencias a los familiares de los fallecidos, suscrita por la Senadora Mariana Gómez Del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, el instrumento parlamentario antes referido fue turnado para su análisis y dictamen correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, mediante el oficio número DGPL-1P1A.-2111 con fecha 7 de octubre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del Senado, la propuesta mencionada fue enviada a los integrantes de esta Comisión Dictaminadora para sus comentarios y propuestas, a fin de estar en posibilidades de proceder a elaborar el dictamen correspondiente.

Objeto y Descripción de la Proposición

La proposición en estudio señala que el 1° de octubre, un alud de tierra ocurrió en la comunidad minera “El Cambray II”, el cual arrasó con las viviendas que se encontraban a su paso; este deslave tuvo lugar en una zona que había sido catalogada como riesgosa debido a la explotación minera que se practica en la zona así como por las características particulares de la tierra.

Menciona que tras el desastre cerca de 128 viviendas fueron sepultadas lo cual provocó la muerte de más de 130 personas y dejó alrededor de 300 desaparecidos.

Finalmente, la proposición puntualiza que México envió una misión de rescate integrada por expertos de la Secretaría de Defensa Nacional, la Policía Federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Protección Civil.

Por lo anteriormente expuesto la Senadora Mariana Gómez Del Campo Gurza propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Guatemala afectado por el laúd en El Cambray II, y envía sus condolencias a los familiares de los fallecidos.

La Comisión habiendo dado cuenta del contenido del instrumento parlamentario que es objeto de estudio, emite en un solo acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 76 fracción I de la Constitución Política   de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de analizar la política exterior que desarrolla el Ejecutivo Federal, en lo particular la implementada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo anterior proporciona el sustento jurídico para que esta Comisión Dictaminadora considere que dentro de las funciones de este órgano legislativo se encuentra la materia de los planteamientos incluidos en la Proposición.

SEGUNDO. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1 y 135 numeral 1 fracción I del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión es competente para expresar su solidaridad con el pueblo de Guatemala por el deslave ocurrido en la zona de Cambray II.

TERCERO. Que el deslave en comento ha dejado ya al menos 263 muertos y 374 desaparecidos, sin embargo las precipitaciones pluviales y el continuo deslizamiento del terreno han complicado la búsqueda de sobrevivientes y el rescate de los cuerpos.

Sin embargo, las autoridades guatemaltecas en colaboración de distintas delegaciones de ayuda internacionales han intensificado las labores de búsqueda y de identificación de cadáveres en una morgue provisional en dicha localidad.

En la zona de Cambray II han logrado rescatar 161 cadáveres, de los cuales solo 40 han sido identificados (28 adultos y 12 niños); ante esto las autoridades reconocieron que quizá no todos los cuerpos sean recuperados o identificados. Por su parte, el Secretario de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), comentó que la intención es recuperar la mayor cantidad de cuerpos posibles y a su vez el área será declarada como “camposanto”. 

El Presidente de Guatemala, Alejandro Maldonado señaló que los protocolos adoptados para actuar ante este deslizamiento de tierra fueron los correctos pues de haber actuado tardíamente no se hubiesen salvado a las 34 personas que lograron salir con vida; en sesión del Gabinete, Alejandro Maldonado instruyó a seguir con los trabajos de búsqueda en el área afectada.

El Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Víctor Corado, señaló que en las tareas de rescate se involucraron 100 excavadoras, 50 camiones de volteo, 5 ambulancias, 30 máquinas, 3 Unidades de Búsqueda y Rescate de Estructuras Colapsadas (BREC), 46 patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) y un gran número de voluntarios.

Por su parte el Ministro de Salud, Mariano Rayo, comentó que se presentó un listado de medicamentos que se necesitan para la atención de sobrevivientes que se  encuentran en el albergue habilitado por las autoridades. Además, el Viceministro de Salud, Israel Lemus, explicó que la mayoría de personas murió debido a numerosos traumas “abruptos y bruscos” y aclaró que no había riesgo de infección por enfermedades contagiosas.

Por otra parte el titular de la CONRED mencionó que se debe aprender de lo ocurrido y prever situaciones que causen este tipo de desgracias, ante esto exhorta a la población de no hacer caso omiso de las recomendaciones y anuncios que se tienen, pues existían dos informes de peligro para la comunidad que vivía ahí, el ultimo con fecha de 5 de noviembre de 2014 en el que se menciona del peligro a causa de la “socavación y erosión en los terrenos y viviendas” provocado por la crecida del río Pinula sufrida durante varios años.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera viable aprobar la proposición objeto de dictamen, así pues la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Guatemala afectado por el alud en El Cambray II, y envía sus condolencias a los familiares de los fallecidos.

Dado en el Senado de la República, a los 8 días del mes de diciembre de 2015.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

SENADORES

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA
Presidenta

 

 

 

SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI
Secretaria

 

 

 

SEN. RAÚL MORÓN OROZCO
Secretario

 

 

 

SEN. FÉLIX ARTURO GONZÁLEZ CANTO
Integrante

 

 

 

SEN. MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU
Integrante

 

 

 

SEN. HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL
Integrante

 

 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
Integrante

 

 

 

SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA
Integrante

 

 

 

SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO
Integrante

 

 

 





 

En solidaridad con el pueblo de Colombia por la caída de una avioneta en la ciudad de Bogotá.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Colombia por la caída de una avioneta en la ciudad de Bogotá.

En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión encargada del análisis y dictamen de dicho instrumento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

A. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión Dictaminadora.

B. En el apartado denominado Antecedentes Generales, se relata el trámite brindado al instrumento parlamentario, desde su remisión al Senado de la República hasta la elaboración del dictamen respectivo.

C. En el apartado denominado Objeto y descripción de la Proposición, se exponen de manera concisa la motivación, la fundamentación y los alcances de la propuesta en estudio.

D. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del dictamen.

Fundamentos legales y reglamentarios

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción I, 182, 183, 190, 191 y demás relativos aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora se abocó al análisis, estudio y discusión de la proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Colombia por la caída de una avioneta en la ciudad de Bogotá.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el presente dictamen con proyecto de resolución, al tenor de los siguientes:

Antecedentes Generales

1. En sesión del Senado de la República de fecha 27 de octubre de 2015, se presentó la propuesta con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Colombia por la caída de una avioneta en la ciudad de Bogotá, suscrita por la Senadora Mariana Gómez Del Campo Gurza.

2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, el instrumento parlamentario antes referido fue turnado para su análisis y dictamen correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, mediante el oficio número DGPL-1P1A.-3140 con fecha 27 de octubre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del Senado, la propuesta mencionada fue enviada a los integrantes de esta Comisión Dictaminadora para sus comentarios y propuestas, a fin de estar en posibilidades de proceder a elaborar el dictamen correspondiente.

Objeto y Descripción de la Proposición

La proposición en estudio señala que el día 18 de octubre de 2015, una avioneta bimotor cayó en una zona cercana al Dorado en Bogotá, Colombia, registrando seis muertos y catorce heridos. El Hospital Simón Bolívar reportó que permanecían en estado crítico cinco adultos y una menor de edad con quemaduras de segundo y tercer grado.

Además, señala que dicha avioneta se dirigía al aeropuerto de Guaymaral para recoger al ex Presidente colombiano Andrés Patrana quien pidió al Gobierno investigar el incidente.

Por lo anteriormente expuesto la Senadora Mariana Gómez Del Campo Gurza propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Colombia por la caída de una avioneta en la ciudad de Bogotá y envía sus condolencias a los familiares de los fallecidos.

La Comisión habiendo dado cuenta del contenido del instrumento parlamentario que es objeto de estudio, emite en un solo acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de analizar la política exterior que desarrolla el Ejecutivo Federal, en lo particular la implementada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo anterior proporciona el sustento jurídico para que esta Comisión Dictaminadora considere que dentro de las funciones de este órgano legislativo se encuentra la materia de los planteamientos incluidos en la Proposición.

SEGUNDO. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1 y 135 numeral 1 fracción I del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión es competente para expresar su solidaridad con el pueblo de Colombia por la caída de una avioneta en la ciudad de Bogotá.

TERCERO. Que según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., alrededor de las 16:13 horas del domingo 18 de octubre en la localidad de Engativá, en el noroeste de la ciudad de Bogotá, colisionó la avioneta con matrícula HK3917G con cuatro personas a bordo.

La IDIGER acordonó 4 manzanas y evacuó 150 viviendas para garantizar la seguridad de la zona y de los habitantes de la misma.

Las personas a bordo fallecieron calcinadas tras el impacto y otra mujer, dueña del inmueble, que se encontraba en el domicilio siniestrado falleció en el momento.

Cabe destacar que en los videos disponibles en internet, se puede apreciar el apoyo de los vecinos de la zona del siniestro que rescatan a los heridos en espera del arribo de los cuerpos de paramédicos y de bomberos.

CUARTO. Que el jueves 5 de noviembre por la noche, el Hospital Simón Bolívar informó del fallecimiento de Gloria Antonio, la décima víctima mortal del accidente; el Hospital indicó que aún permanece hospitalizada la menor de 11 años de nombre Paula Vargas, quien también resultó afectada por el impacto de la aeronave y presenta quemaduras en el 45 por ciento de su cuerpo.

Se informó que el lunes 19 falleció una mujer de 36 años, el viernes 23 de octubre falleció una mujer madre de la menor que permanece hospitalizada, el 24 de octubre murió el padre de la menor y el 31 de octubre falleció otro hombre que se encontraba en el lugar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera viable aprobar la proposición objeto de dictamen, así pues la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Colombia por la caída de una avioneta en la ciudad de Bogotá y envía sus condolencias a los familiares de los fallecidos.

Dado en el Senado de la República, a los 8 días del mes de diciembre de 2015.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

SENADORES

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA
Presidenta

 

 

 

SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI
Secretaria

 

 

 

SEN. RAÚL MORÓN OROZCO
Secretario

 

 

 

SEN. FÉLIX ARTURO GONZÁLEZ CANTO
Integrante

 

 

 

SEN. MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU
Integrante

 

 

 

SEN. HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL
Integrante

 

 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
Integrante

 

 

 

SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA
Integrante

 

 

 

SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO
Integrante

 

 

 





 

En solidaridad con el pueblo Brasil, afectado por la explosión en la ciudad de Río de Janeiro, el 19 de octubre pasado.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Alguna Senadora o Senador desea reservar alguno de los dictámenes para discusión en lo particular?

En virtud de no haber reserva, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobados los dictámenes. Comuníquense.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Agraria y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de participación de ejidos y comunidades en administración de Áreas Naturales Protegidas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY AGRARIA Y DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Reforma Agraria, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias, señor Presidente.

Voy a hablar a nombre de la Comisión de Reforma Agraria, que está integrada por gente muy valiosa, con mucha información y afecto por las tierras de propiedad comunal y social.

Es a nombre de 52 millones de habitantes, de casi 5 millones de titulares de derechos y de 1.6 millones de pequeños propietarios, es una pequeña reforma propuesta desde el año 2012, pero que con ella queremos iniciar, hacer visible el tema agrario, no porque haya terminado el reparto agrario está terminado el asunto agrario por lo contrario, empezamos hoy a hacer un trabajo muy serio y a fondo para que haya mejores oportunidades de vida de quienes tienen los derechos a la tierra, y a estas Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 116 de la Ley Agraria; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

En noviembre de 2012 el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, integrante del grupo parlamentario, entonces, del PRD, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 116 de la Ley Agraria, y adicionan distintas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, esta iniciativa busca fortalecer la política en materia de protección de áreas naturales, estableciendo la denominación de áreas de conservación.

De igual forma busca establecer que en las zonas sobre en las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, se lleven a cabo a través de los programas de ordenamiento ecológico, incluyendo las tierras comunales y ejidales y la propiedad privada.

En las dos últimas décadas, el acelerado crecimiento demográfico y su visible concentración en las zonas urbanas, junto con la demanda de alimentos, vestido, energía y muchos otros satisfactores que demanda el desarrollo tecnológico, ejercen una fuerte presión sobre el espacio rural para ser usado en actividades que no tienen ninguna relación con su vocación natural, que si bien, son necesarias y justificables, éstas deben ser reguladas de tal modo que se reduzca su impacto ambiental negativo.

Desde esta perspectiva, varios ordenamientos legales atienden la protección del medio ambiente a nivel constitucional. El párrafo cuarto, del artículo 4o. constitucional, establece el derecho fundamental de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Asimismo, determina que el Estado garantizará el respeto a ese derecho.

El artículo 27 de nuestra Constitución establece que la propiedad de las tierras y aguas, comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo a la propiedad privada.

Lo anterior tiene el propósito de llevar a cabo un adecuado ordenamiento territorial para que de forma equilibrada, equitativa y sustentable, se dé un continuo desarrollo económico y social de nuestro país.

En este tenor de ideas, es de destacar que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, reglamentaria de las disposiciones de la Constitución, que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, además su disposición son de orden público e interés social.

Estas comisiones unidas coinciden con el Senador iniciante, en que si bien actualmente el 12 por ciento del territorio nacional se encuentra bajo alguna categoría de protección pública, como reservas de la biósfera, parques nacionales, santuarios de vidas silvestres, entre otros, sigue siendo imperativo incrementar esa superficie, lo anterior dándole la justa importancia a la conservación de la biodiversidad y su aprovechamiento racional como promotores del desarrollo sustentable.

Asimismo, quienes suscribimos el presente dictamen, concordamos con el Senador promovente sobre la relevancia que ha tomado el ordenamiento ecológico del territorio para definir y orientar acciones que hagan posible un uso racional del espacio terrestre, dotando de instrumentos para la determinación de los lineamentos y estrategias ecológicas para la preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, y para la localización de actividades productivas y de asentamientos humanos.

En este sentido, no debemos olvidar que entre 10 y 12 por ciento de las especies del planeta se distribuyen en el territorio nacional, y que de igual forma, 32 por ciento de la fauna nacional de vertebrados es endémica de México, lo que posiciona al país como el tercer país megadiverso en el mundo, pues ocupa el primer lugar en riqueza de reptiles, el segundo en mamíferos y el cuarto en anfibios y plantas.

Además, en el territorio están presentes los 5 tipos de ecosistemas; 9 de los 11 tipos de hábitat; 51 de las 91 ecosregiones identificadas, y 25 de las 28 categorías de suelos reconocidos.

Las comisiones unidas que dictaminan, reconocen la importancia de regular dentro de la Ley Agraria, en materia de preservación y conservación de ecosistemas y hábitats naturales. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que para tener éxito en la conservación de los ecosistemas naturales, se debe informar y obtener una aprobación consensuada de los sujetos directamente afectados.

Un instrumento ideal para complementar la estrategia nacional de conservación de especies y ecosistemas en México, es destinar voluntariamente predios a la conservación, por lo que quienes suscribimos el presente dictamen creemos que tal propuesta debe incorporarse en los artículos 23, 79 y 121 de la Ley Agraria, para plasmar dentro de este ordenamiento el que los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios puedan destinar áreas voluntariamente a la conservación, de la manera siguiente:

Artículo 23, fracción V.- Tratándose de las tierras de uso común, aprobación de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, así como de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute de terceros.

X.- Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común, así como su origen, su régimen de explotación o de conservación.

Artículo 79.- Terminaría diciendo: “o destinarlos voluntariamente a la conservación”.

Artículo 121.- Se agrega un párrafo: “Asimismo, el dueño o poseedor podrá destinar áreas voluntariamente a la conservación, ya sean tierras agrícolas, ganaderas o forestales”.

La conservación de los recursos naturales es de vital importancia en virtud de que los ecosistemas proporcionan bienes y servicios ambientales, siendo indispensables para la preservación del patrimonio natural y cultural de la nación.

Además de ello, las áreas naturales han sido fuente inagotable de proyectos de investigación y ofrecen oportunidades para la recreación, el turismo, y son una fuente insustituible para la mitigación y adaptación al cambio climático.

Las acciones y políticas públicas que se implementan desde el Estado, deben necesariamente invitar a la participación de todos los actores de la sociedad, como sucede ya en la constitución de áreas naturales protegidas, pues como atinadamente menciona el Senador iniciante, en mayo del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que tuvo por objeto el fortalecimiento jurídico de la certificación voluntaria de predios como medios para complementar la política en materia de áreas naturales protegidas, creando las áreas destinadas voluntariamente a la conservación.

Dicha reforma impulsó la forma en la toma de decisiones de los dueños de la tierra y de la sociedad en general, en la conservación de los recursos naturales.

Así, las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, representan una alternativa de conservación para las comunidades, organizaciones sociales, personas morales, públicas o privadas, y de todas aquéllas interesadas en destinar voluntariamente a la conservación, predios de su propiedad mediante un certificado que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por medio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, donde ésta última funge como fedatario de la voluntad de los propietarios en proteger el patrimonio natural de sus predios.

Una característica importante de la conservación voluntaria es que son los mismos propietarios quienes definen sus estrategias de manejo para la adecuada administración de aquellos predios que logren la certificación, pues éstos necesariamente deben tener las características y elementos biológicos originales de cada región, sin que hayan sufrido ningún cambio o casi no se hayan modificado.

Según datos de la CONANP, existe un importante número de reservas privadas o comunitarias que se han certificado en el lapso entre junio de 2002 y abril de 2013, con un total de 342 áreas certificadas en 19 estados del país, las cuales equivalen a más de 378 mil hectáreas.

Por otra parte, en el considerando tercero del presente dictamen ya se ha resaltado la importancia de México como un país megadiverso y de ahí la relevancia que alcanza el tema medioambiental, más aún, cuando se tienen cifras tan altas de deforestación.

Quienes integramos estas comisiones unidas estamos claros de que un gran porcentaje de la biodiversidad se encuentra en terrenos de propiedad social, pues representan cerca del 53 por ciento de la tenencia de la tierra en México, albergando alrededor del 80 por ciento de bosques y selvas del país.

De igual forma, la propiedad privada ocupa el segundo lugar respecto de la tenencia de la tierra al ostentar casi el 37 por ciento del total de la superficie territorial del país.

Por esta razón, encontramos atinada la propuesta del Senador iniciante en tratar de definir con mayor claridad, dentro de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la participación de estas dos formas de tenencia de la tierra en la conservación de las riquezas naturales de la nación.

Respetando el espíritu de la reforma, el Senador promovente, quien dentro de su exposición de motivos alude reiteradamente al fortalecimiento de la certificación de áreas destinadas voluntariamente a la conservación como medio para complementar la política en materia de áreas naturales protegidas, es que quienes suscribimos el presente dictamen consideramos pertinente reformar los artículos 47, 77 Bis, primer párrafo, y inciso g) de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de definir con mayor claridad de la ley la participación de los ejidos y comunidades agrarias en el destino de tierras de conservación acordes con el reordenamiento ecológico del territorio que corresponda; por lo tanto, invitamos a que nos acompañen en la aprobación de esta reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y a la Ley Agraria.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Calderón Hinojosa.

No se han registrado oradores para posicionamientos de los grupos parlamentarios. En consecuencia, pasamos a la discusión en lo general.

Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, a favor del dictamen.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, en primer lugar reconocer a la Presidenta de la Comisión de Reforma Agraria, a la Senadora Luisa María Calderón y a la Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, la Senadora Graciela Ortiz González por la buena disposición y la voluntad para analizar a fondo esta iniciativa que llevó un buen tiempo de análisis y discusión, la presentamos en noviembre de 2012.

Hubo opiniones de la Senadora Silvia Garza, de la Comisión Especial de Cambio Climático; hubo opinión de distintas comisiones, y finalmente llegamos a un buen acuerdo para modificar tanto la Ley Agraria, como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente a fin de fortalecer la protección de las áreas naturales e impulsar la implementación de programas de ordenamiento ecológico en las zonas en donde la nación ejerce soberanía en su jurisdicción, y así como también en las tierras comunales, ejidales y de propiedad privada puedan éstas, de manera voluntaria, establecer reservas naturales en la preservación de los recursos naturales.

Con esta, reforma se establece que los pequeños propietarios al igual que los ejidos y las comunidades pueden destinar de manera voluntaria áreas agrícolas, ganaderas o forestales para la conservación de los recursos al tiempo que permita ampliar la participación de los ejidos y las comunidades agrarias en la definición del destino en el uso de sus tierras y en la conservación de los recursos apegados al ordenamiento ecológico del territorio que corresponda.

Con esto las áreas naturales voluntarias sociales o privadas podrán obtener los certificados emitidos por el gobierno mexicano al momento de establecerse como áreas naturales voluntarias lo que les permitirá acceder a recursos económicos nacionales o internacionales para la preservación de los mismos.

No es un asunto menor y menos en la situación actual por el que está atravesando el país, y el tratamiento que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se está dando hoy a este tema.

Porque lamentablemente en los últimos meses y con el pretexto del Presupuesto Base Cero, se inició un desmantelamiento de un capital humano e institucional que a lo largo de décadas se había venido construyendo en nuestro país, ya que desde los años 80’s, cuando se publicó la primera Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, se desarrollaron un conjunto de instituciones, de programas, de políticas públicas y de formación de personal profesional altamente calificado, que hoy prácticamente se está tirando por la borda, ya que con el pretexto de la insuficiencia de recursos y los cambios que se han registrado en la Secretaría de Medio Ambiente, se han presentado recortes presupuestales fundamentales a la Comisión Nacional Forestal, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y al Instituto Nacional de Ecología y de Cambio Climático, lo cual ha ido acompañado de despidos de profesionales, esos profesionales que a lo largo de décadas se fueron formando, quienes eran los especialistas en la implementación de estos programas.

Y con ello, pues tengo que señalar aquí, lamentablemente en esta tribuna, que no solamente se desmantelan el entramado constitucional que se había venido construyendo, sino que hoy, por ejemplo, se han despedido de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a 300 directores de reservas, guardaparques y administrativos que fueron desplazados por personal sin experiencia, y al mismo tiempo, hasta hoy, han sido despedidos la mitad del personal de la Comisión Nacional Forestal, y la cuarta parte del personal técnico y profesional del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, lo cual pone en riesgo un buen número de las reservas naturales que a lo largo de las décadas este personal había venido certificando; actualmente, lo dijo la Senadora Calderón Hinojosa, en nuestro país existen 177 áreas naturales que abarcan 26 millones de hectáreas, éstas representan el 13 por ciento del territorio nacional, en un país en donde convergen dos de las grandes zonas megadiversas del mundo, el área megadiversa de América del Norte y el área megadiversa de Mesoamérica, y su preservación es fundamental para la conservación del hábitat y la biodiversidad, una de las más importantes del mundo, que existe en nuestro país.

Y sumado a estos 26 millones de hectáreas que están costeadas como áreas naturales protegidas, actualmente existen certificadas 400 mil hectáreas de reservas ecológicas voluntarias, resultado del esfuerzo y del personal técnico que ahora ha sido despedido.

Yo espero que con estas reformas no solamente se alienten los procesos de autorregulación y los procesos para la certificación voluntaria de áreas naturales y para preservar los recursos, la vasta riqueza de recursos naturales y la biodiversidad que existe en el país, sino también para que haya una rectificación desde la instancia responsable de estos temas y por parte del gobierno federal para no seguir mermando ni dilapidando los recursos que son fundamentales, es un tema de seguridad nacional, es un tema estratégico, que es la preservación de los recursos naturales en nuestro país. Agradezco el dictamen de las comisiones unidas, y esperamos contar con el voto de todas y todos los integrantes del Senado.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Se concede el uso de la palabra al Senador Daniel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, para hablar favor del dictamen.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Con su permiso, señor Presidente, Roberto Gil Zuarth, Senador por el Estado Libre y Soberano de Chiapas de Corzo.

Nuestro país, cuenta con una gran diversidad de ecosistemas, los cuales, además de ser reconocidos internacionalmente, representan un alto valor económico y ambiental por los beneficios que las áreas naturales aportan, como la purificación del aire, el desarrollo y conservación de la biodiversidad, la captación y almacenamiento de reservas hídricas.

A nivel internacional, México ocupa los primeros lugares en la diversidad de flora y fauna que viven en sus ecosistemas, y de los servicios ambientales que generan, por esto consideramos de gran importancia y prioritario proteger y conservar las áreas naturales y las especies vegetales y animales que hoy enfrentan una severa sobreexplotación.

No debemos olvidar que entre el 10 y el 12 por ciento de las especies del planeta se distribuyen en nuestro territorio nacional, en el que también se encuentran los 5 tipos de ecosistemas que existen, 9 de los 11 tipos de hábitat, 51 de los 191 ecorregiones identificadas y 25 de las 28 categorías de suelos reconocidos.

Si bien nuestra legislación contempla disposiciones para la protección, conservación y restauración de las áreas naturales por parte de autoridades y particulares, es importante también fortalecer y ampliar dichas disposiciones para lograr una efectiva protección del patrimonio ecológico nacional.

Actualmente el 12 por ciento del territorio nacional se encuentra bajo alguna categoría de protección pública como reservas de la biósfera, parques nacionales, santuarios de vida silvestre, entre otros. Sin embargo, estamos conscientes de que un gran porcentaje de la biodiversidad se encuentra en terrenos de propiedad social, pues representa cerca del 53 por ciento de la tenencia de la tierra en México, albergando alrededor del 80 por ciento de los bosques y selvas del país.

De igual forma, la propiedad privada ocupa el segundo lugar respecto de la tenencia de la tierra al ostentar un poco más del 37 por ciento del total de la superficie territorial del país. Ante ello, el dictamen que hoy discutimos propone reformas a la Ley Agraria y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el fin de fortalecer las acciones en materia de protección de áreas naturales, incorporando para este fin a las tierras de propiedad social o de propiedad privada que puedan ser destinadas voluntariamente a la conservación de las áreas naturales.

En concreto, el dictamen propone reformar los artículos 23, 79 y 121 de la Ley Agraria, para establecer que los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios y poseedores puedan destinar áreas voluntariamente a la conservación, como ya lo he mencionado, la conservación de los recursos naturales es de vital importancia en virtud de que los ecosistemas proporcionan bienes y servicios ambientales.

Por otra parte, también se propone reformar los artículos 47 y 77 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para precisar la participación de los ejidos y comunidades agrarias en el destino de las tierras de conservación, además de proporcionar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar la protección de los ecosistemas y su biodiversidad.

Esta reforma permitirá que ejidatarios, comuneros y demás propietarios puedan destinar porciones de sus tierras para la conservación del patrimonio ambiental de México.

En el caso de mi estado, Yucatán, es fundamental llevar a cabo estas acciones, puesto que la extensión territorial de Yucatán es de 39 mil 524 kilómetros cuadrados, en los cuales se contempla una reserva territorial de 9 mil 569 hectáreas distribuidas en varios municipios.

Según datos de 2014, en Yucatán existen aproximadamente 2 millones 656 mil 450 hectáreas de selva y un área de 135 mil 210 hectáreas de vegetación hidrófila, lo que es una gran oportunidad para aplicar políticas públicas para garantizar su conservación y su buen uso.

A nivel nacional, gran parte de las áreas naturales se encuentran en terrenos de la propiedad social y de la propiedad privada, y por este motivo consideramos de gran importancia crear los instrumentos necesarios para que ya sea de ejidos o de propiedad privada, se puedan aportar para la conservación de la riqueza natural de nuestro país.

Es importante señalar que los propietarios son quienes determinan la adecuada administración de los predios que aporten para la conservación en correspondencia con el ordenamiento ecológico del territorio, ya que estos deben tener las características y elementos biológicos de cada región, sin que haya sufrido ningún cambio.

Por último, y no por ello menos importante, es menester expresar que las áreas naturales han sido un gran aliado para la mitigación y adaptación al cambio climático. Por eso es importante reafirmar nuestro compromiso ante sus efectos con acciones de conservación y protección de las áreas naturales, ecosistemas y biodiversidad que en conjunto constituyen la barrera para mitigar los efectos del cambio climático.

Una forma de lograr lo anterior, es destinar predios para dicha conservación ambiental. Por todo lo anterior, yo les quiero pedir en su voto a favor para que esta propuesta del Senador Encinas Rodríguez, cumpla los objetivos en la protección ambiental.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ávila Ruiz.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu: Muchas gracias, señor Presidente de esta Soberanía. Compañeras y compañeros Senadores:

El dictamen que nos ocupa ahora, de Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de las Estudios Legislativos, tiene el objetivo de poder preservar las zonas de conservación de los ejidos y de las comunidades.

En la reunión plenaria que tuvimos para analizar esta propuesta de reformas que nos hizo el Senador Alejandro Encinas, tuvimos que hacerle algunas adecuaciones y modificaciones, porque se requería que los ejidos, las comunidades de bienes comunales y los hermanos de comunidades indígenas, así como los auténticos pequeños propietarios, en lugar de que fuera obligatorio, que fuera voluntaria.

Y debería ser así, porque hay dos puntos de vista en esto:

Primero, es verdad que se ocupa y ser requiere la conservación de nuestras zonas de bosques, selvas y ecología para mejorar y evitar la tala inmoderada, la biósfera que ha sido y todo lo que son nuestro bosques y selvas en el territorio nacional.

También habría que buscar la voluntad democrática y soberana de los propios poseedores, jurídicamente de los sujetos agrarios, como son los ejidatarios, los comuneros y los pequeños propietarios o los mismos posesionarios, que es una nueva figura que se tiene hoy en el campo en el territorio nacional.

De ahí la necesidad de hacer las adecuaciones y tratarlo como la conservación, destinarlo voluntariamente.

¿Por qué así? Porque también hemos visto que muchas zonas de reserva que se han decretado y otras que las han declarado de utilidad pública, a veces no son ocupadas.

Dice la ley que dan cinco años y si en cinco años no son utilizadas para el fin del que fueron objeto, tiene que ser restituido al ejido a la comunidad.

En este caso, muchas veces se dice que es para utilidad pública, que es para conservación de bosques y selvas, y muchas veces hemos visto hoteles u ocupaciones y destinos diferentes para lo que fue objeto de esa expropiación, o de esa solicitud que le hicieron a los ejidos y las comunidades.

En nuestro país, en efecto, el 13 por ciento del territorio nacional, de las 2 mil 955 comunidades de bienes comunales, es donde radica todavía más los bosques y las selvas y donde puede entrar la conservación de lo que hoy proponemos a esta Soberanía, las reformas a la Ley Agraria y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Quiero exhortar a mis compañeras y compañeros Senadores para votar a favor de este dictamen, y lo digo porque estoy plenamente segura, voluntariamente nuestros sujetos agrarios, los ejidatarios, los comuneros, los pequeños propietarios habrán de destinar para mejorar el ambiente del equilibrio ecológico, biósfera y desde luego nuestros bosques y selvas, en donde la tala ha sido indiscriminadamente, brutalmente se ha acribillado a nuestro territorio nacional.

Y hoy con los proyectos que tiene CONAFOR, seguramente va a ayudar a las zonas marginadas, a los pueblos hermanos indígenas, también ellos a generar empleo y a conservar nuestros bosques y nuestras selvas y alimentar más lo que debe de ser todo lo que hoy, los montes han quedado totalmente al descubierto, que pudiera, a través de los proyectos de reforestación, crear las zonas de conservación, pero respetando la voluntad democrática y soberana de los órganos supremos de estas figuras jurídicas, como es el ejido y la comunidad de bienes comunales a través de sus órganos, que es la Asamblea General de Ejidatarios o de Comuneros.

Por eso, mi grupo parlamentario, del que yo formo parte, del Partido Revolucionario Institucional, votaremos a favor de este dictamen, porque viene a apoyar los bosques y las selvas del territorio nacional y respeta totalmente la libertad y la voluntad de los sujetos agrarios.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Domínguez Arvizu.

Pregunto a la Asamblea, si hay alguna reserva al dictamen. Al no haber más oradores inscritos ni reservas presentadas, ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes de la licenciatura en derecho, asignatura “Teoría Económica” de la Universidad Siglo XXI, de Pachuca de Soto, Hidalgo.

Así como al Colegio de Bachilleres del municipio de Progreso, estado de Hidalgo, invitados por el Senador David Penchyna Grub.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!



La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 85 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Agraria y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuecia, está discusión en lo general.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, señor Presidente.

Vengo hablar a favor de este dictamen, previo a la reunión de nuestra Comisión de Pesca y Acuacultura y a la discusión que hubo y la aportación que cada uno de los integrantes tuvimos, porque es muy importante regular la pesca ilegal.

La pesca ilegal ha generado mucho dinero exactamente a los que están fuera de la ley, pero al pescador, al que se queda en el campo pesquero, a la gente que cuida la parte ambiental, la gente que sabe que la depredación, que la captura fuera de tiempo, en temporada de veda no es la apropiada, a esa gente no se beneficia.

Esta propuesta tiene mucha claridad, se trata de cuidar nuestra fauna y nuestra flora silvestre. Me parece que las últimas discusiones que ha habido en esta Cámara son muy pertinentes, hemos hablado bastante acerca del medio ambiente, hemos dicho cómo la cultura ambientalista no la hemos cultivado y cómo poco importa el impacto que tiene la situación de no cuidado del medio ambiente.

Por eso en nuestra comisión, en la Comisión de Pesca y Acuacultura, con quienes la integramos, creemos que es importante iniciar en esta etapa de sanciones, porque lo que nos otros queremos es un ordenamiento pesquero claro, que la norma jurídica cada vez sea más adecuada.

Nos hemos dedicado exactamente a cuidar otros marcos jurídicos y hemos dejado de vista el tema de la pesca y la acuacultura; yo les recuerdo que fueron dos materias las que crecieron el año pasado, y la pesca y la acuacultura exactamente fueron las que tuvieron un mayor crecimiento.

Por eso nosotros consideramos importante establecer en la codificación penal esta regulación que tiene que ver con la pesca ilegal.

Esta propuesta que estamos haciendo es para reformar el Código Penal Federal, es un dictamen que lo tienen ustedes a la vista, y que tiene como propósito modificar el Código Federal de Procedimientos Penales; estas conductas que se califican como delitos graves para todos los efectos legales, de manera importante con valores fundamentales a la sociedad, sobre todo en lo que tiene que ver con pesca ilegal.

Por su atención, muchas gracias.

Intervención



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Daniel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Con su permiso, señor Presidente Roberto Gil Zuarth, Senador por el Estado Libre y Soberano de Chiapas de Corzo.

Señoras y señores Senadores, muy buenas tardes.

Quiero iniciar mi intervención haciendo un reconocimiento a las Senadoras y Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; de Estudios Legislativos, Segunda; de Pesca y Acuacultura, porque realizaron un esfuerzo conjunto para analizar y dictaminar 8 iniciativas, de las cuales un servidor presentó 2 para reformar la legislación penal con el objetivo de proteger y preservar los recursos naturales.

Vengo a expresar mi posicionamiento a favor de este dictamen que propone reformar el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, con la finalidad de ajustarlo al contexto social actual para contar con un instrumento jurídico que contribuya de manera eficaz a proteger los recursos naturales en peligro de extinción, en veda, un tema en el que hemos venido trabajando y del que no quitaremos el dedo del renglón porque se trata de preservar nuestro medio ambiente y recursos naturales.

El dictamen que hoy está a nuestra consideración tiene 3 propósitos particulares:

Primero.- Establecer como delito federal grave la captura, la posesión, el transporte, el comercio, el daño de cualquier especie de flora o de fauna silvestre, terrestre o acuática en peligro de extinción y en periodos de veda protegida por la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, por las Normas Oficiales Mexicanas en la materia, así como por los acuerdos de veda emitidos por las autoridades competentes.

Segundo.- Tipificar como delito la caza, pesca o captura de fauna silvestre, terrestre o acuática como un medio no permitido por las normas respectivas.

Tercero.- Sancionar estas conductas con pena privativa de la libertad que va de 1 a 9 años de prisión sin derecho a obtener libertad bajo caución, y con una multa de 300 a 3 mil días de salario.

Con estas modificaciones a la legislación penal federal, avanzaremos de manera importante en la protección de nuestros recursos naturales en peligro de extinción, ya que si bien es cierto, hay recursos renovables muy dinámicos y diversos como la pesca, su uso responsable representa el gran desafío de nuestro días, máximo cuando se ha realizado una sobreexplotación de determinadas especies de flora y fauna.

En la Península de Yucatán, por ponerles un ejemplo, hoy en día existen diversas especies marinas en peligro de extinción, como lo es el Pepino de Mar, el Caracol Rosado, el Caracol Blanco, para los cuales se han emitido acuerdos de veda con la intención de proteger los periodos de mayor vulnerabilidad, y de esa manera garantizar niveles de abundancia sustentables que permitan su aprovechamiento responsable.

Lamentablemente, poco o nada se han respetado estas disposiciones, ya que se carece de sanciones ejemplares y, en consecuencia, la pesca furtiva ha causado mucho daño al medio ambiente y ha potencializado el riesgo de extinción de nuestras ya de por sí especies marinas en peligro de extinción.

En la costa nororiente de Yucatán, en mi estado nativo, que abarca municipios como Dzilam de Bravo, Río Lagartos, San Felipe, El Cuyo, Las Coloradas, Celestún, Progreso, Dzilam González, la pesca furtiva de especies como el pepino de mar ha generado bloqueos, manifestaciones y enfrentamientos armados entre pescadores que trabajan honestamente y dentro de la ley, y pescadores furtivos, así como entre los propios pescadores furtivos pertenecientes a diferentes grupos o comunidades, lo que ha dejado personas lesionadas y lamentablemente algunos fallecimientos.

La tipificación de la pesca furtiva como delito grave, sin duda alguna representa un frente eficaz para inhibir y combatir la captura, la posesión, el transporte, el comercio, el daño y, por supuesto, la privación de la vida de cualquier especie marina en peligro de extinción y, además, indirectamente, contribuirá en la cohesión social de las poblaciones de pescadores yucatecos y, también, de otras entidades federativas como Campeche, donde también hay pepino de mar.

Por lo anterior, yo quiero pedirles un voto a favor de esta reforma al Código Penal Federal y al Código Penal de Procedimientos Penales.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ávila Ruiz.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia.

A la Comisión de Pesca y Acuacultura de este Senado de la República se nos turnó esta iniciativa de modificación al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales, con el objetivo de regular y normar la pesca, la captura de algunas especies marinas y, desde luego, este dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con la opinión de la Comisión de Pesca y Acuacultura.

La estamos dictaminando en el sentido favorable, ya que la pesca constituye para nuestro país una fuente fundamental tanto de recursos económicos como alimentarios a la cual hay que cuidar.

Hay en los últimos años una estabilización en las capturas comerciales de la pesca de captura, pero sigue siendo una de las actividades que generan empleos y recursos para miles de familias en nuestro país.

Lamentablemente se están presentando algunos problemas en estas pesquerías, como lo son elevados índices de sobreexplotación, sobrecapacidad de la diferente flota pesquera, presencia de enfermedades, capturas excesivas de juveniles y deterioro de su hábitat, entre otros; a todos estos conflictos hay que adicionar una de las más graves y conflictivas que se presentan en nuestros litorales: mar abierto y cuerpos de aguas interiores, que es la pesca ilegal, la pesca clandestina.

La gran extensión de nuestros mares y costas, la deficiente tarea de inspección y vigilancia, así como el atractivo valor comercial que muchas de las especies representan, agudizan la práctica de acciones ilícitas en detrimento de sus organismos y en perjuicio de la población pesquera.

La situación actual en la que se encuentran gran parte de los recursos pesqueros, tal como lo determina la Carta Nacional Pesquera, instrumento que presenta el diagnóstico y evaluación integral de la actividad pesquera y acuícola, así como de los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas en aguas de jurisdicción federal, precisa que cerca del 20 por ciento de las pesquerías muestran síntomas de deterioro, 70 por ciento en explotación plena y sólo 10 por ciento en desarrollo, esto es indicativo de que es necesario reforzar las medidas de administración y vigilancia, así como fomentar el uso racional y responsable de estos recursos.

Es por lo anterior que las reformas que se presentan el día de hoy mediante este dictamen a diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, en su artículo 420, fracción II, se derogan las fracciones II Bis, la III, la IV y la V además de modificaciones al artículo 124, representan para la pesca de captura, en nuestro país, instrumento legislativo y jurídico que apoyará la pesca ordenada y responsable de nuestro país y, por ende, a favor de la actividad comercial de la seguridad alimentaria de nuestro país, y para los pescadores responsables y ordenados representa un gran aliado jurídico para que la actividad pesquera se desarrolle dentro de las mejores prácticas responsables que México ha generado para nuestro propio país y el mundo.

Los invito a votar a favor de este dictamen que va en favor de la pesca y de los mismos pescadores responsables y ordenados de nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador López Brito. Pregunto a la Asamblea si hay alguna reserva al dictamen.

Al no haber oradores ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar a la Asamblea de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 83 votos a favor, 1 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se declara el 9 de mayo de cada año como el "Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal".

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL DÍA 9 DE MAYO DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA NACIONAL DE LA SALUD MATERNA Y PERINATAL”

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y dictamen la iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se declara el 9 de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 18 de marzo de 2015, las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el 09 de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”.

Con la misma fecha, en sesión Plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa en estudio tiene como objetivo que se declare el día 9 de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos; hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud materna y perinatal.

Las legisladoras proponentes, destacan de la Organización Mundial de la Salud, OMS, la definición de salud materna como: “La salud de la mujer en un ámbito concreto de su manera de vivir, realizarse y pertenecer a una familia en una sociedad, promoviendo la capacidad y la autonomía para que su condición de madre no haga peligrar su propia vida. De este modo, la maternidad saludable es esperanza para las mujeres, para sus hijos, sus familias y para la misma sociedad a la que pertenecen.”

Así mismo datos de dicha Organización que indican que cada minuto no menos de una mujer muere como consecuencia de complicaciones durante el embarazo y el parto y por cada mujer fallecida al dar a luz, otras 20 sufren lesiones, infecciones o enfermedades, lo que equivale a 10 millones de mujeres que anualmente sufren complicaciones de salud materna, específicamente:

• Diariamente mueren 800 mujeres por complicaciones del embarazo y el parto como:

- Hemorragias graves;
- Infecciones;
- Abortos peligrosos;
- Trastornos hipertensivos de la gestación (preeclampsia y eclampsia) y
- Parto obstruido.

• De 135 millones de partos anuales, 20 millones presentan complicaciones posteriores relacionadas con el embarazo, como fiebre, anemia, fístulas, incontinencia, esterilidad y depresión;

• Anualmente se reportan 16 millones de embarazos en niñas de entre 15 y 19 años de edad, donde los países de ingresos bajos y medianos registran las tasas más altas por complicaciones del embarazo y parto en esta edad;

• En países menos desarrollados se registra una razón de mortalidad de 230 por cada 100 mil nacimientos, frente a países desarrollados cuya tasa es de 16 por cada 100 mil nacimientos.

• Anualmente se practican en el mundo alrededor de 22 millones de abortos clandestinos, que provoca la muerte de aproximadamente 47 mil mujeres y discapacidades en 5 millones de mujeres.

B. En México, de acuerdo con el Programa de Acción Específico 2013-2018, son 10 las entidades por lugar de residencia que contribuyen con el 61% de la Mortalidad Materna y son el Estado de México, Veracruz, Chiapas, Puebla, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Chihuahua y Baja California, a nivel nacional las principales causas de muerte materna son la hipertensión y las hemorragias.

Si bien es cierto, se ha trabajado por disminuir la Razón de Mortalidad Materna en nuestro país, a partir de los Objetivos del Milenio, no se ha logrado llegar al objetivo, sin embargo, es de destacarse diversas acciones que han contribuido a disminuir la tendencia, tales como:

• En 2002, se estableció la Búsqueda Intencionada y Reclasificación de las Muertes Maternas en todo el país, con la finalidad de subsanar la mala clasificación de estas defunciones, lo cual rescató de la estadística, entre el 10 y 30% de defunciones, que inicialmente no se reconocían como maternas;

• En 2004, se acordó la obligatoriedad en las instituciones públicas y privadas del Sistema Nacional de Salud, de los componentes del Programa de Acción Arranque Parejo en la Vida y de la Vigilancia Epidemiológica Activa de las defunciones maternas;

• En 2009, se implementó el Convenio General de Colaboración que celebraron la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el objeto de promover una    mayor colaboración entre instituciones y garantizar la atención de emergencias obstétricas;

• En 2011, se implementó el Módulo de muertes Maternas en la Plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, como una herramienta para identificar riesgos en la salud materna, previa a la defunción;

• Asimismo en 2011, se reactivó el Convenio de Colaboración Institucional con la finalidad de crear el Sistema para el Registro de las Emergencias Obstétricas;

• En 2012, se incorporaron a esta modalidad de servicios 414 unidades hospitalarias de Alta Resolutividad.

Se logró la atención de 2 mil 274 pacientes con diferente adscripción o derecho habiencia.

C. En salud perinatal, se retomaron acciones como Hospital Amigo del Niño y la Niña, la Capacitación en Lactancia Materna y la Implementación de Bancos de Leche Humana. Asimismo en 2012 se realizaron 3 cursos de formación y actualización de evaluadores externos, así como la evaluación de 25 hospitales para otorgar la nominación de Hospital Amigo del Niño y la Niña bajo criterios de la Organización Mundial de la Salud, de los cuales se lograron 24 de los 25 propuestos.

Así mismo de 2005 a 2012, se implementó capacitación de reanimación neonatal, derivado de que la muerte por hipoxia-asfixia ocupa el cuarto lugar; incrementó 98% la cobertura para la detección de hipotiroidismo congénito, mediante el tamiz neonatal; entre otras acciones enfocadas a la reducción de salud perinatal.

Sin embargo, existen retos específicos del Gobierno Federal, enfocados en la salud materna y perinatal con la finalidad de reducir la mortalidad materno-infantil, entre dichos retos se destacan en el Programa de Acción Específico de Salud Materna Perinatal, 2013-2018:

1. Acceso de las mujeres y los hombres a la información y educación en salud reproductiva incluyendo planificación familiar y anticoncepción.

2. Atención Preconcepcional, Prenatal integral, efectiva, oportuna y programada a toda embarazada con énfasis en los grupos vulnerables, con intervenciones efectivas en la línea de vida.

3. Consejería en durante la edad fértil, el embarazo, parto y puerperio en metodología anticonceptiva y APEO y lactancia desde el embarazo durante el parto y el puerperio.

4. Reorganización del modelo de atención del parto institucional con pertinencia cultural.

5. La Creación y fortalecimiento de redes obstétricas de atención hasta el puerperio.

6. Acceso a la atención de la emergencia obstétrica (AEO) e integración de los servicios de urgencias y formación de los Equipos de Respuesta Inmediata (ERI)

7. Control prenatal integral.

8. Identificación de riesgos y enfermedades concomitantes VIH/SIDA y la enfermedad de Chagas en zonas endémicas con pruebas rápidas y de laboratorio.

9. Perspectiva de género e interculturalidad con respeto a los Derechos Humanos.

10. Atención obstétrica de bajo riesgo en el primer Nivel y manejo calificado en el 2o Nivel y de la emergencia obstétrica, con intervenciones de probada eficacia.

11. Reducción de cesáreas necesarias.

12. Referencia y Contra Referencia efectiva y Manejo de Eslabones Críticos y morbilidad severa, entre otros.

13. Capacidad suficiente de personal profesional para la Atención Preconcepcional, Prenatal, Parto, puerperio seguro y respetuoso, del recién nacido, las 24 horas, los 365 días del año.

14. Formación, capacitación y actualización de personal en obstetricia, parto seguro y emergencias obstétricas y neonatales.

15. Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) en Emergencias Obstétricas.

16. Fortalecimiento de capacidades gerenciales.

17. Equipo e insumos esenciales para la atención Preconcepcional, Prenatal y Perinatal así como para parteras tradicionales.

18. Fortalecer el abasto y disponibilidad de insumos esenciales • Apoyar la ampliación y modernizar las unidades con capacidad resolutiva obstétrica.

19. Remodelación de servicios.

20. Nuevas unidades que cumplan con la normatividad.

21. Armonizar los sistemas de información registro y vigilancia de la salud materna e Historia Clínica Perinatal.

22. Integración de Comités de Morbilidad Severa y Mortalidad Materna, eficientes, con participación comunitaria que retroalimenten las políticas públicas.

23. Vigilar el cumplimiento de Normas y Procedimientos.

24. Monitoreo y supervisión del uso eficiente de los recursos.

25. Investigación Cuali y Cuantitativa que impacte en la calidad de la atención.

D. Finalmente estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos en la necesidad de atraer la atención de la población en general, con un día que conmemore la Salud Materna y Perinatal y concientizar de esta manera, de que no solo las autoridades tienen la responsabilidad de crear estrategias en torno a la salud materna y perinatal, sino que también es imperante, que mujeres y hombres, sean conscientes de la necesidad de revisiones médicas previas y durante el embarazo, con la finalidad de prevenir posibles complicaciones que tengan consecuencias como al muerte de la madre o el producto.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. El Honorable Congreso de la Unión declara el día 09 de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea que el dictamen de la Comisión de Salud consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular.

En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Ortiz Domínguez, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud materna es la salud de la mujer en un ámbito concreto de su manera de vivir, realizarse y pertenecer a una familia en una sociedad, promoviendo la capacidad y la autonomía para que su condición de madre no haga peligrar su propia vida. De este modo, la maternidad saludable es esperanza para las mujeres, para sus hijos, sus familias y para la misma sociedad a la que pertenecen.

El interés de la reducción de la mortalidad materno-infantil proviene desde su inclusión con los Objetivos del Milenio 2015.

De la misma manera, y con la finalidad de incrementar los resultados, la Organización Panamericana de la Salud aprobó en 2011 un plan para acelerar la reducción de la mortalidad materna y la morbilidad materna grave, con objetivos como contribuir a acelerar la reducción de la mortalidad materna, prevenir la morbilidad materna grave, fortalecer la vigilancia de la mortalidad y morbilidad maternas a través de cuatro áreas estratégicas como la prevención de embarazos no deseados o de las complicaciones derivadas de ellos.

El acceso de salud a servicios de maternidad asequibles y de calidad dentro del sistema coordinado y atención de salud, recursos humanos calificados e información estratégica para la acción y la rendición de cuentas.

En México se ha evolucionado favorablemente en torno a la disminución de la razón de morbilidad materna, ya que se disminuyó de 59.9 en 2002 a 38.3 en 2013. Las muertes por cada 100 mil nacidos vivos.

Lo anterior se ha logrado gracias a diversas estrategias impulsadas como el Programa de Arranque Parejo en la Vida, el sistema médico para una nueva generación, la estrategia de embarazo saludable y el convenio interinstitucional de emergencias obstétricas.

Cabe mencionar que éste último se consagró para fortalecer la estrategia en la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a partir de su aprobación en el Congreso de la Unión y su reciente publicación en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de noviembre de 2015.

No obstante los esfuerzos, es necesario seguir insistiendo en este tema, el día de hoy lo hacemos con la finalidad de promover el 9 de mayo, como cada año, el Día Nacional de Salud Materna y Perinatal.

Lo anterior toda vez que queremos que cada año se genere conciencia entre la población con la finalidad de llamar la atención de las autoridades en salud, médicos, enfermeras, parteras, algún miembro de la familia o amigo que conozca alguna mujer embarazada y que pueda difundir la importancia de un chequeo periódico previo y durante el   embarazo.

De tal manera que se detecte de manera oportuna cualquier complicación que pudiera ser grave o incluso comprometer la vida de la madre.

Por ello, compañeras y compañeros Senadores, las Comisiones Unidas de Salud; y Estudios Legislativos, solicitamos su voto a favor del presente dictamen con la finalidad de promover la salud materna y perinatal y reducir así las causas de muerte prematura en nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Ortiz Domínguez.

El presente dictamen está a discusión.

La Senadora María Elena Barrera Tapia hace entrega de la exposición de motivos para este dictamen, a favor del mismo, el cual se instruye que se integre al Diario de los Debates.

La Senadora María Elena Barrera Tapia: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Se inserta intervención de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Se inserta intervención de la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu.

La Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Se inserta intervención de la Senadora Sonia Rocha Acosta.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Se inserta intervención del Senador Francisco Salvador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar del resultado de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 79 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 9 de mayo de cada año como el “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 13 y 3o. de la Ley General de Salud, en materia de salud bucodental.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I APARTADO B DEL ARTÍCULO 13 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV BIS 3 AL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y dictamen la iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1 Bis; 3 y 6 de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de febrero de 2015, el Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1 Bis; 3o. y 6 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa en estudio tiene por objeto la inclusión de la salud bucodental, como materia de salubridad general, tal como se propone en el siguiente:

“Artículo 1o. Bis. …

Para la correcta atención médica, la aplicación de salud pública y asistencia social, las autoridades sanitarias dispondrán del constante aprendizaje y actualización de la ciencia médica en los centros de educación superior así como de instituciones hospitalarias con el personal médico calificado e instrumental adecuado y suficiente que garantice la salud de la población.

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. a IV BIS 2. …

IV Bis 3.La salud bucal;

V. a XXVIII. …

Artículo 6o. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acción es de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;

I BIS. Actualizar de forma permanente los métodos, técnicas y criterios de su operación, con base en los niveles de prevención, control y vigilancia epidemiológica de las enfermedades de mayor frecuencia;

II. a IX.-

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos; hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud bucodental.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el derecho a la salud significa que los gobiernos deben crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Para ello, mediante el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, se establece que entre las medidas que se deberán adoptar a fin de asegurar la plena efectividad del derecho a la salud, figurarán:

• La reducción de la mortalidad infantil y garantizar el sano desarrollo de los infantes;

• El mejoramiento de la higiene del trabajo y del medio ambiente;

• La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra Índole, y la lucha contra ellas;

• La creación de condiciones que aseguren el acceso de todos a la atención de la salud.

Aunado a lo anterior, en el 2000, dicho Pacto adoptó una Observación General, donde se afirma que el derecho a la salud no sólo abarca la atención de salud oportuna, sino también los factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.

B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud bucodental puede definirse como la ausencia de dolor orofacial crónico, cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos congénitos como labio leporino o paladar hendido, enfermedades periodontales, caries dental y pérdida de dientes entre otras enfermedades y trastornos que afectan la boca y la cavidad bucal.
Así mismo destaca que las dolencias bucodentales comparten factores de riesgo con las cuatro enfermedades crónicas más importantes, como las enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes, ya que señala que se ven favorecidas por las dietas malsanas, el tabaquismo y el consumo nocivo de alcohol que va de la mano con otro factor de riesgo que es una higiene bucodental deficiente.

A nivel mundial, cifras de las OMS, destacan la caries dental y las periodontopatías, como las enfermedades más comunes, la primera tiene una prevalencia de entre el 60 y el 90% entre la población de los escolares de todo el mundo y la segunda, puede desembocar en la pérdida de dientes entre los adultos de edad madura, con una prevalencia de entre 5 y 20%.

Por ello, es que la OMS emite ciertas recomendaciones como la sensibilización de la población acerca de la salud bucodental, con la cual se pueden prevenir múltiples enfermedades.

C. En México de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, existen varias enfermedades en torno a una deficiente salud bucodental, ejemplo de ello y una de las más comunes, es la prevalencia de caries dental en escolares de entre 6 a 12 años de edad.

En promedio, a nivel nacional, es que el 60.37% de la población tiene caries, siendo los cinco estados con mayor prevalencia el Estado de México con 87.69%, el Distrito Federal con 77.52%, Tabasco con 76.45%, Morelos con 75.38% y Veracruz con 75.26% y el único estado por debajo de 40% de prevalencia, es Yucatán con 26.31%.

Lo anterior demuestra que el grueso de la población en México, tiene problemas de caries, lo cual se traduce en una deficiente salud bucodental que puede derivar en otras enfermedades como las ya mencionadas que pueden ser desde la pérdida de dientes hasta algún tipo de cáncer.

Actualmente ya se realizan acciones en torno al tema, ejemplo de ello, son el Programa de Salud Bucal, con el cual se busca disminuir la carga de morbilidad bucal en la población, a través de medidas para establecer, fortalecer y vigilar, políticas, estrategias y programas estatales e institucionales, así como evaluar las condiciones de salud bucal y ampliar equitativamente la atención odontológica con ética, calidad y eficiencia para mejorar la calidad de vida de la población.

Así mismo, si bien a partir del Programa Sectorial de Salud Bucal se destacó la promoción, prevención y tratamiento en los preescolares y escolares, la cobertura aún es mucho menor que la de otros programas de atención a la infancia y adolescencia, como el programa de vacunación. Esto se hace evidente cuando sólo uno de cada diez adolescentes de entre 15 a 19 años (9.8%) mantienen una Óptima Salud Bucal. Los resultados aportan elementos para la implementación de nuevas acciones que favorezcan la ampliación de cobertura en los ámbitos local, jurisdiccional, estatal y nacional priorizando la promoción y prevención.

Además a partir de los resultados del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales, 2013, se concluyó que tan sólo 4% de la población que acude a los Servicios de Salud tiene una Óptima Salud Bucal. Sin embargo, es necesario reforzar la Ley con la finalidad de tener las herramientas que ayuden a la aplicación de estudios más detallados para explicar la salud bucodental en México y la creación de estrategias que reviertan la tendencia en nuestro país.

Por ende, es imperante que se legisle en la materia con la finalidad de que al integrar dicho tema como materia de salubridad general, se logre concientizar a la población, a través de la elaboración de campañas y estrategias con objetivos específicos, que indiquen la importancia de una adecuada salud bucodental y los beneficios y enfermedades que se pueden prevenir.

No obstante lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras consideran importante realizar ciertas modificaciones al decreto con la finalidad de dar viabilidad jurídica para su aplicación, por ello se destaca quelas reformas propuestas a los artículo 1o. y 6o. de la Ley General de Salud, no se consideran viables, en virtud de que la actualización y capacitación de los prestadores de servicios de salud general, ya se encuentran previstas en el Capítulo III sobre la Formación, Capacitación y Actualización del Personal de la Ley General de Salud, en cuyo artículo 92, se establece que las Secretarías de Salud y de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, impulsarán y fomentarán la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos para los servicios de salud, de conformidad con los objetivos y prioridades del Sistema Nacional de Salud, de los sistemas estatales de salud y de los programas educativos, por lo que de aprobar dicha propuesta habría duplicidad en la propia Ley.

Sin embargo, no se advierte inconveniente para que la salud bucal se incluya en materia de salubridad general, armonizando el término con la Ley General de Salud e incluirlo en el artículo 13, como parte de los servicios que deberán organizar, operar, supervisar y evaluar los gobiernos de las entidades federativas.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se reforma la fracción I apartado B del artículo 13 y se adiciona una fracción IV BIS 3 al artículo 3º de la Ley General de Salud.

Artículo 3o.- …

I a IV Bis 2. …

IV Bis 3. Salud bucodental

V. a XXVIII. …

Artículo 13. …

A. …

I a X. …

B. …

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, IV Bis 3, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta Ley, de conformidad con las disposiciones aplicables;

II. a VII. …

C. …

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora       Secretaria.

En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Ortiz Domínguez, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento correspondiente.

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Como bien sabemos, el tema de la salud bucodental es uno de los aspectos de la salud más fáciles de identificar; sin embargo, en la actualidad debido a la falta de prevención se considera ya un problema de salud pública.

La Organización Mundial de la Salud define la salud bucodental como la ausencia de dolor orofacial crónico, cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos congénitos como labio leporino o paladar hendido, enfermedades periodentales, caries dentales y pérdida de dientes, así como otras enfermedades y trastornos que afectan la boca y la cavidad bucal.

Se estima que en todo el mundo entre el 60 y el 90 por ciento de los escolares tiene caries dental y entre 5 y 20 de la población adulta sufre la pérdida de dientes. La prevalencia de cáncer de boca equivale a 10 casos por cada 100 mil habitantes; 1 de 500 y 700 nacimientos sufre de labio leporino y paladar hendido y entre 40 y 50 por ciento de las personas que tienen VIH/SIDA sufren infecciones fúngicidas, bacterianas o víricas.

El objetivo de mantener una buena salud bucodental no tiene que ver sólo con la estética de una sonrisa, va más allá, ya que el nivel de bacterias, de las cuales existen 700 clases que se pueden encontrar, pueden provocar hasta 200 tipos de enfermedades que pueden ir desde una simple molestia hasta la pérdida de la vida misma.

En México, las infecciones bucales constituyen un importante problema de salud pública, ya que por su prevalencia se encuentran entre los cinco servicios de salud de mayor demanda a nivel secundaria, entre 70 y 85 por ciento de los menores de entre 12 y 15 años registran de la misma manera.

A nivel nacional, se cuenta con un promedio nacional en prevalencia de caries de 60.37 por ciento, siendo los estados con mayor incidencia el Estado de México con 87.69 por ciento, el Distrito Federal con 77.52, Tabasco con 76.45 por ciento, Morelos con 75.38 por ciento y Veracruz con 75.26 por ciento.

Actualmente la Ley General de Salud prevé en su artículo 27, que para los efectos del derecho a la protección de la salud se consideran servicios básicos de salud los referentes a la prevención y el control de las enfermedades bucodentales.
Asimismo, el artículo 12 del mismo ordenamiento jurídico prevé que la educación para la salud debe tener por objeto orientar y capacitar a la población en materia de salud bucal.

Sin embargo, lo anterior no ha sido suficiente y se considera oportuno incluir en el artículo 3o. de la Ley General de Salud como materia de salubridad general la salud bucodental y de marcar en el artículo 13, apartado B, fracción I, que corresponde a los gobiernos de las entidades federativas organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general en materia de salud bucodental.

Es por todo lo anterior, compañeras y compañeros Senadores, que en nombre de las Comisiones de Salud y Estudios Legislativos, pedimos su voto a favor del presente dictamen.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Ortiz Domínguez.

Este dictamen está a discusión en lo general. Informó a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen, se han inscrito los Senadores Martha Palafox Gutiérrez, a favor; y Jesús Casillas Romero, a favor.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Palafox Gutiérrez.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias, señor Presidente.

Como integrante de la Comisión de Salud, mi voto es a favor de la iniciativa que reforma la fracción I del Apartado B del artículo 13 y adiciona una fracción IV Bis 3 al artículo 3o. de la Ley General de Salud.

La salud bucal es uno de los graves problemas en nuestro país. Se encuentra la caries dental tanto en niños como en adultos mayores, que son los grupos poblacionales más afectados, ya que de acuerdo con el Programa Nacional de Salud existe una gran incidencia y prevalencia.

De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, la caries afecta entre 60 y 90 por ciento de la población escolar que, por diversas razones, no pueden seguir una profilaxis dental adecuada para prevenir infecciones de esta naturaleza.

Por ser esta enfermedad una constante en nuestra población, me uno con gusto a esta iniciativa, toda vez que con anterioridad he presentado dos puntos de Acuerdo para la prevención de la caries dental, exhortando a las autoridades sanitarias a incentivar campañas en las escuelas de educación primaria para la prevención contra la caries dental.

Por lo que este voto se expresa a favor de la iniciativa que adiciona como materia de salubridad general a la salud bucal, así como la reforma para alcanzar en forma permanente los criterios, técnicas y objetivos del Sistema Nacional de Salud con base en los niveles de prevención, control y vigilancia epidemiológica de las enfermedades más frecuentes, propuesta por el Senador Benjamín Robles Montoya, del Partido de la Revolución Democrática.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Palafox Gutiérrez.

Tiene el uso de la palabra, para referirse a este dictamen, el Senador Jesús Casillas Romero.

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, casi un tercio de la población en los países de desarrollo, es decir, alrededor de mil 300 millones de personas, requieren alivio del dolor bucodental por lo menos 3 veces en la vida. Mientras que los otros dos tercios restantes, aproximadamente 2 mil 400 millones de personas, necesitan por lo menos 5 extracciones.

En México, cuando mucho el 20 por ciento de los niños y adolescentes y 3.6 por ciento de los adultos están libres de caries dentales. Es alarmante que la gran mayoría presenta problemas de salud bucal en nuestro país, ello no obstante, que se trata de problemas completamente prevenibles.

El asunto es grave, pues ante este escenario prácticamente todos los adultos presentamos algún problema bucal y cómo no habría de serlo, si desde la niñez ya tenemos un problema bastante crecido.

En mérito de los índices y de información dada a conocer, es indispensable que en el país prestemos especial atención al problema de salud bucodental, poner énfasis en programas y servicios de promoción y prevención, y promover medidas de saneamiento básico.

Para ello, es indispensable y atinado que el tema de la salud bucal se incluya en la materia de salubridad general, armonizando el término con la Ley General de Salud e incluirlo en el artículo 13 como parte de los servicios que deberán organizar, operar, supervisar y evaluar los gobiernos de las entidades federativas.

Lo anterior, congruente, además, con las consideraciones de la Organización Mundial de Salud y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los que se contempla claramente que los gobiernos deben crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible y que este derecho a su vez, no sólo abarca la atención de salud oportuna, sino también los factores determinantes de la salud como el acceso al agua limpia y potable, a condiciones sanitarias adecuadas, al suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda digna, condiciones sanas en el trabajo y en el medio ambiente y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.

Por ello, es apremiante incluir la salud bucal en la materia de salud general, razón por la cual, para el caso del presente dictamen, anticipo mi voto a favor, el voto a favor de los niños, el voto a favor de acentuar las medidas preventivas para una mejor salud bucal, un voto por mejorar las condiciones de ese lamentable 80 por ciento de pequeños que, ya desde su temprana edad, padecen algún problema de esa naturaleza.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador Casillas Romero.

Se inserta intervención del Senador Francisco Salvador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Al no haber mas oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar en su momento del resultado de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto, en lo general y en lo particular.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a alumnos de la preparatoria Atotonilco, de Tula, Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta Asamblea.

¡Sean ustedes bienvenidos!



La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 72 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del apartado B del artículo 13 y se adiciona una fracción IV Bis 3 al artículo 3o. de la Ley General de Salud. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Ley de Vivienda, en materia de vivienda sustentable y de calidad.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY DE VIVIENDA

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y dictamen la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Ley de Vivienda.

Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les confieren el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2; 117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Decreto por el que se reforma la disposición de la Ley de Vivienda en materia de la utilización de insumos básicos que aseguren la calidad y sustentabilidad de la vivienda.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 3 de junio de 2015, las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Días Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez, y el Senador Braulio Fernández Aguirre integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y María Elena Barrera Tapia, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron la iniciativa con proyecto de Decreto, mediante el cual se reforma el artículo 81 de la Ley de Vivienda.

2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen correspondientes.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa señala como antecedente la catástrofe del pasado 25 de mayo en Cuidada Acuña, donde se presentó un tornado de 6 segundos de duración. Este fenómeno hidro-meteorológico causó la lamentable pérdida de 14 personas y 229 heridos y dentro de los daños materiales ocasionados 247 casas se declararon en pérdida total.

Afirma que las autoridades hicieron un recorrido por la zona del desastre, y comprobaron que la resistencia de los materiales de las casas fue insuficiente para contener los efectos del tornado, por la deficiente calidad de los mismos.

Agrega que el Plan Nacional de Desarrollo ha cumplido sus avances en materia de vivienda e infraestructura social básica en los últimos 20 años, sin embrago; no han sido uniformes en todas las regiones y localidades del país.

Se estima que en los próximos 20 años se demandarán 10.8 millones de viviendas debido a la creación de nuevos hogares. Ésta demanda debe ser satisfecha y debe garantizar que sean construidas con los mejores materiales a fin de que se cumpla con el derecho a una vivienda digna y segura para sus moradores.

Retoma que en el Censo Nacional de Población y Vivienda en 2010 se reveló que de las viviendas en México, el 86.3% cuenta con material durable en paredes, el 71.6% material durable en techo y el 93.8% en pisos. Sin embargo, “material durable” no quiere decir que garantiza la mayor calidad para su construcción.

Destaca los artículos 71 y 72 de la Ley de Vivienda los cuales establecen que se debe garantizar la seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados, así como eficientes y ambientalmente amigables, sin embargo estos no deben dejar de lado la calidad y resistencia en atención a la seguridad de los habitantes.

Derivado del artículo 81 de la Ley de Vivienda, resalta la obligación del Gobierno Federal de “fomentar” que los insumos básicos utilizados para construcción de vivienda, cumplan con las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas expedidas por la autoridad competente.

Finalmente enfatiza que si bien el cuerpo normativo en conjunto permite ver que el espíritu del legislador es que la vivienda esté adaptada al entorno y construida sustentablemente, resulta pertinente establecer en el articulado que sea responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, en sus respectivas competencias que se garantice la utilización de materiales de calidad adecuada en la construcción de vivienda a fin de evitar una nueva tragedia, cualquiera que sea la causa.

El proyecto de Decreto que se acompaña a la iniciativa, es del tenor literal siguiente:

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 81 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 81- Las autoridades de los tres órdenes de gobierno en sus respectivas competencias, garantizarán la utilización de insumos básicos para la construcción de vivienda, los cuales deberán ser de calidad óptima y cumplir con las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Las Comisiones dictaminadoras hacen referencia al derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa como una prerrogativa constitucional contenida en el artículo 4° de la carta magna, cuya instrumentación y apoyos para poder alcanzar el pleno ejercicio del referido derecho se establecen en la Ley de Vivienda.

SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas coinciden con las argumentaciones y el objetivo de la Iniciativa que se dictamina, consistente en reformar el artículo 81de la Ley de Vivienda, para incorporar el uso de materiales para la construcción de la vivienda siendo éstos de óptima calidad, cumpliendo con las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas, para garantizar a la población la seguridad resistencia y calidad ante cualquier eventualidad.

Los materiales básicos para la construcción de la vivienda son determinantes para que se pueda considerar a dicho inmueble como digno, decoroso y adecuado para sus habitantes.

TERCERA. Los integrantes de las Comisiones de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, coinciden ampliamente con las motivaciones y los propósitos fundamentales de la Iniciativa que se dictamina, pero es necesario advertir la naturaleza de la Ley de Vivienda en orden a comprender la esfera jurídica sobre la cual tiene fuerza imperativa y los alcances que puede abarcar.

En el orden jurídico nacional podemos distinguir cuatro órdenes jurídicos: el federal, el estatal o local, el del Distrito Federal y un orden jurídico superior de carácter nacional que se integra por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes generales.

Las Leyes Generales son aquellas facultadas por la Constitución para incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales, esto es gracias al mandato constitucional del poder revisor que renuncia expresamente a su potestad para distribuir atribuciones obligando al Congreso General a dictar las leyes específicas sobre las materias que han sido establecidas como concurrentes.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no reconoce expresamente la facultad del Congreso de la Unión para dictar leyes que distribuyan competencias válidamente en materia de vivienda.

En este orden de ideas la Ley de Vivienda no puede mandatar a los tres órdenes de gobierno bajo el esquema de concurrencia de facultades, pues no cuenta con el mandato constitucional para establecer dichas atribuciones.

Es por todo lo anterior que se considera inviable obligar a los tres órdenes de gobierno por medio de la Ley de Vivienda, ya que se invadirían facultades estatales y municipales.

Consecuentemente se estima necesario que se prevea en la Ley específica los instrumentos necesarios para que el gobierno Federal fomente en los tres órdenes de gobierno que en la construcción de vivienda en el país se utilicen materiales que cumplan con lo establecido en las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas, que aseguren la calidad y sustentabilidad de la vivienda.

CUARTA. Estas Comisiones dictaminadoras, coinciden ampliamente en las razones que fundamentan esta iniciativa y consideran pertinente que el Gobierno Federal fomente en los demás órdenes de gobierno el uso de insumos básicos de para la construcción en atención a las normas oficiales que aseguren la calidad y sustentabilidad de la vivienda.

En tal virtud, y por razones de técnica legislativa, las Comisiones que dictaminan consideran pertinente realizar modificaciones al proyecto de Decreto propuesto, cuyos cambios pueden advertirse en el cuadro comparativo siguiente:


Proyecto de Decreto de la Iniciativa:

Proyecto de Decreto propuesto por las Comisiones Dictaminadoras:

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 81 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 81.-Las autoridades de los tres órdenes de gobierno en sus respectivas competencias garantizarán la utilización de insumos básicos para la construcción de vivienda, los cuales deberán ser de calidad óptima y cumplan con las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas.

TRANSITORIO
PRIMERO. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 81 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 81.-El Gobierno Federal fomentará en los tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias la utilización de insumos básicos para la construcción de vivienda, que cumplan con las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas, para que los mismos aseguren la calidad y sustentabilidad de la vivienda.
TRANSITORIO
ÚNICO. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

IV. TEXTO NORMATIVO

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY DE VIVIENDA

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 81 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 81.- El Gobierno Federal fomentará en los tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias la utilización de insumos básicos para la construcción de vivienda, que cumplan con las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas, para que los mismos aseguren la calidad y sustentabilidad de la vivienda.

TRANSITORIO

ÚNICO. Este Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, a 18 de noviembre de 2015.

COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora María Elena Barrera Tapia, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento correspondiente.

La Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su permiso, señor Presidente.

La propuesta legislativa que a continuación expongo representa un ajuste al marco jurídico en materia de vivienda, sobre todo para fomentar que los materiales que se utilizan en la construcción de las mismas sean de óptima calidad con la finalidad de que en situaciones de desastres las pérdidas sean mínimas y minorizar el riesgo de sus habitantes.

En días pasados, ustedes recordarán que el huracán “Patricia” dejó ver qué tan vulnerables somos ante estos hechos y efectos que la naturaleza nos trae; es por ello, que debemos estar preparados y ajustar las políticas que sean necesarias para salvaguardar a la población.

Por tener alguna información adicional, les quiero comentar que el Censo Nacional de Población y Vivienda en 2010 nos deja ver que del total de viviendas que hay en nuestro país, sólo el 86.3 por ciento cuenta con material durable en sus paredes, 71.6 por ciento tiene material durable en el techo y el 93.8 por ciento en los pisos. Debemos tener en cuenta, entonces, que el material durable no quiere decir que tenga la mejor calidad.

Por otro lado, el Centro Nacional de Prevención de Desastres estima que en México 2 de cada 3 viviendas son informales, es decir, se edificaron sin respetar ya sea los usos de suelo o los reglamentos para su edificación.

Ante esta circunstancia y ante los fenómenos naturales, las viviendas que sufren más daños son las que no cuentan con elementos estructurales adecuados para resistir las fuerzas laterales producidas por vientos, por movimientos de la tierra o bien, por la lluvia.

Tenemos la estimación de que en los próximos 20 años la demanda de vivienda será de 10.8 millones, misma que deberá ser satisfecha y cumplir con la calidad necesaria a fin de hacer valer el derecho a una vivienda digna y segura para todas las familias mexicanas.

Entonces, por ello consideramos que es de suma importancia atender esta situación que, si bien el Plan Nacional de Desarrollo ha estado cumpliendo exitosamente con los avances pertinentes en esta materia, también de infraestructura social, consideramos que no son suficientes ni uniformes en todas las regiones y localidades de nuestro país.

El Poder Ejecutivo tiene una constante práctica de fomentar que los insumos básicos utilizados para la construcción de vivienda cumplan con las Normas Mexicanas y las Normas Oficiales Mexicanas, y es por ello que estimamos necesario que se ajuste este artículo.

Por lo anterior expuesto, se deben de establecer las previsiones legales para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, fomenten que para la construcción de viviendas los insumos que se utilicen cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Mexicanas; es decir, que se cerciore la calidad de materiales con los que son construidas las viviendas y que permita así tener un nivel adecuado de seguridad, sobre todo para las familias que los habitan.

Por su voto, muchísimas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Barrera Tapia.

Hemos recibido por escrito la intervención de la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera. Se instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios se integre al Diario de los Debates esta opinión que tiene a favor del dictamen.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: En virtud de que no hay oradores registrados, ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar, en su momento, el resultado de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 73 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Ley de Vivienda. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.

Tenemos la discusión de dictámenes en sentido negativo, que proponen desechar proyectos recibidos de la Colegisladora. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. En consecuencia, pasamos a su discusión conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes en sentido negativo.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Están a discusión los siguientes dictámenes:





 

De las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto para reformar los artículos 2o. y 27 de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2o. Y 27 DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE CULTURA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores le fue turnado por la Mesa Directiva del Senado de la República proyecto de Decreto por el que se reforman los artículo 2° y 27 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, aprobada por la Cámara de Diputados el 22 de abril de 2013 para efectos del apartado A del artículo 72 Constitucional.

Estas comisiones dictaminadoras, con fundamento en la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen en relación con el proyecto de Decreto referido, con base en los siguientes antecedentes:

ANTECEDENTES

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión celebrada el 11 de diciembre de 2013, la Diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, presentó la iniciativa con proyecto que Decreto que reforma los artículos 2o. y 27 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

2. En esa fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. El 19 de febrero de 2014, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos aprobó el dictamen, mismo que fue discutido en el Pleno de la Cámara de Diputados el 22 de abril del mismo año.

4. El proyecto de Decreto fue aprobado por 422 votos a favor y ninguno en contra y turnado en esa misma fecha a la Cámara de Senadores para los efectos señalados en el artículo 72 Constitucional.

5. El 23 de abril fue turando el proyecto de Decreto con su expediente a las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y dictamen.

6. Las Presidencias de las comisiones de estudio lo hicieron llegar a los integrantes de las respectivas comisiones para los efectos del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República.

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio de la iniciativa a fin de realizar el análisis y viabilidad de la misma.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO

La iniciativa presentada por la Diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León y aprobada más tarde por el Pleno de la Cámara de Diputados, propone reconocer que las zonas de monumentos arqueológicos, además de constituir bienes propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, cumplen con una función social vinculada a las tradiciones e idiosincrasia de las comunidades que habitan en las regiones colindantes. Esta circunstancia no está reflejada en las normas que protegen a los monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, en virtud de que las disposiciones están dirigidas específicamente a la preservación, catalogación, investigación y difusión de los bienes.

El dictamen del proyecto de Decreto sostiene que las zonas y monumentos arqueológicos tienen un alto impacto social en la población que reside en las zonas colindantes a los sitios, por lo que se propone establecer en la ley la preeminencia de la participación por parte de quienes viven en su entorno, a fin de fomentar el arraigo social. Uno de los argumentos que justifican esta propuesta es el valor simbólico – significativo de estos sitios, pues más allá de representar vestigios del pasado, tienen una función relevante en los contextos territoriales y culturales contemporáneos por su valor de uso y representación social que, incluso, pueden derivarse o no de las tradiciones de la época prehispánica.

Son tres las observaciones que se consideran en la propuesta:

a) Los bienes culturales tienen tres tipos de valores: el valor formal, el valor de uso y el valor simbólico-significativo. Este reconocimiento no se refleja en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

b) Los monumentos y zonas tienen funciones relevantes en sus contextos territoriales y culturales contemporáneos por sus valores de uso y simbólico-significativo actuales.

c) La Ley brinda el tipo de protección como curatorial o clásica “fundada en el conocimiento y estudio técnico del diseño, en su construcción y en materiales”. Aunque la aproximación curatorial profundiza en los significados del bien cultural; su análisis          es más historicista que adaptativo a los simbolismos y usos del bien en el tiempo presente.

Para fortalecer el sentido de preservación privilegiado en la legislación vigente, se cita la definición que se hace de monumentos arqueológicos, como aquellos bienes muebles e inmuebles anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas (artículo 28).  De igual modo, en su artículo 39 se reconoce como zonas arqueológicas al área que comprende varios monumentos arqueológicos inmuebles, o que presuma su existencia. Sin embargo, esta Ley sólo ofrece un tipo de conservación formal, dejando de lado la conservación y valor de uso, simbólico y significativo. Dicho de otro modo, esta ley en su artículo 2 no reconoce que el valor de las piezas no se reduce sólo a su mera existencia y conservación física.

Esta condición es identificada en el expediente del proyecto de Decreto como una omisión de la ley, a la cual es necesario subsanar bajo la figura de utilidad pública y social que cumplen los bienes culturales, con el señalamiento expreso de hacer del patrimonio arqueológico, además de bienes propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles, un ejercicio de rectoría que reconozca y respete su función social, promoviendo la participación de la sociedad civil en el fomento del arraigo social en torno a los bienes arqueológicos para que se beneficien de su conocimiento.

La propuesta normativa aprobada por la Cámara de Diputados es la siguiente:

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS

Texto original

Proyecto de Decreto

ARTICULO 2o.- Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.

ARTICULO 2o.- Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos, y la función social que estos representan.

ARTICULO 27.- Son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles.

ARTICULO 27.- Son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles. Se ejercerá sobre ellos una rectoría que reconozca y respete su función social. Se promoverá que la sociedad civil participe en el fomento del arraigo social en torno a los bienes arqueológicos y que se beneficie de su conocimiento.

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972, recoge la experiencia que en materia de protección del patrimonio cultural se desarrolló en nuestro país a lo largo del siglo XX, tanto desde la perspectiva científica y técnica como desde el punto de vista jurídico. El espíritu normativo de la ley sitúa a la preservación del patrimonio cultural como un asunto de interés social y nacional, y deposita en el orden Federal de gobierno el principio de autoridad para llevar a cabo las acciones que, en representación del interés público, sean necesarias para proteger, conservar, investigar y difundir el legado cultural de la Nación. La legislación vigente, sustentada en la fracción XXV del artículo 73 Constitucional, inscribe en un régimen de protección los bienes muebles e inmuebles producto de las civilizaciones que habitaron el territorio nacional antes del establecimiento de la hispánica, los bienes que por determinación de ley o por la vía de declaratoria estén vinculados con la historia de la nación o, bien, fueron destinados al culto religioso, así como aquellos que por sus cualidades revisten un valor estético relevante cuya protección es de interés nacional.

SEGUNDA.- El marco jurídico al que se adscribe el patrimonio cultural bajo las figuras de monumentos y zonas de monumentos les otorga una condición jurídica que, en el caso de los bienes arqueológicos, por disposición expresa de la ley, los hace propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles y, en el caso de los bienes artísticos y los bienes históricos, los sujeta a modalidades de uso, conservación y traslado de dominio con el propósito esencial de garantizar su salvaguarda, con independencia de si se trata de bienes públicos o de propiedad particular. Esta naturaleza jurídica resume, en gran medida, un debate histórico e ideológico por mantener libres del comercio y del saqueo a los bienes arqueológicos y evitar, entre otros fines, la destrucción de los inmuebles arqueológicos, históricos o artísticos, amenazados por el desarrollo urbano y los intereses inmobiliarios y comerciales. La Ley sienta las bases de una Política de Estado sustentada en el interés social y el orden público, privilegiando la acción gubernamental en la defensa de los elementos que se considera son la expresión de la historia, identidad e idiosincrasia nacionales.

TERCERA.- Los señalamientos expresados en el proyecto de Decreto aprobado por la colegisladora dan cuenta un hecho relevante característico de la ley, que es el sentido preeminente de la preservación que las normas jurídicas le ha dado a los bienes muebles e inmuebles culturales de valor relevante para la Nación, por encima del uso y aprovechamiento por parte de sectores de la sociedad. No obstante, debe tenerse presente que el primer párrafo del artículo 2° reconoce como de utilidad pública, además de los elementos de preservación, a la investigación y la recuperación de los monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.

Cuarta.- El criterio de la utilidad pública reconocida en la ley está basado en la función social de orden simbólico y de identidad que cumplen los monumentos respecto de la sociedad en su conjunto, no únicamente de las comunidades circunvecinas a los sitios identificados como arqueológicos. Se trata de un reconocimiento jurídico que, adicionalmente a la protección y conservación de los bienes muebles e inmuebles, establece obligaciones para las instituciones del Estado en cuanto a la difusión y la realización de campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos. Así lo señala el párrafo segundo del propio artículo 2°.

Quinta.- La función social de los monumentos arqueológicos puede ser reconocida por los elementos de identidad y significación que generan respecto de los grupos sociales, en particular, en el contexto de algunas comunidades y pueblos indígenas, aunque no de manera exclusiva. Sin embargo, esta función social no puede decretarse a través de la legislación: la función social que cumplen los monumentos no es equivalente a la utilidad pública que respecto de esos vienes tiene el Estado en relación con su investigación, conservación, restauración y recuperación. La norma obliga a las instituciones, en este caso, Federales, a realizar un cierto tipo de actividades de orden técnico y especializado, pero no puede obligar a las instituciones a que los bienes culturales de que se trate cumplan una función social. De suyo, los monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, pueden tenerla, pero no por virtud de ninguna ley.

SEXTA.- El enunciado propuesto para su adición en el artículo 2° se interpreta en este sentido, pues una lectura sería que “es de utilidad pública… la función social que éstos representan” (los monumentos). Se trata de una norma cuyo significado y consecuencia jurídica sería difícil de precisar, pero sobre todo, de traducir en una política pública diferente a lo que señala el párrafo segundo del mismo precepto. Cabe destacar que cuando se publicó la ley, la interpretación del concepto de utilidad pública no tenía que ver con las atribuciones del Estado para ejercer dominio sobre la propiedad particular, sino el sentido que la propuesta pretende enfatizar, es decir, reconocer la función social que ciertas actividades cumplen respecto de los monumentos.

SÉPTIMA.- De la misma forma, al definir la naturaleza jurídica de los monumentos y zonas de monumentos arqueológicos como propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, tal como lo establece el artículo 27 de la ley, queda definida no sólo la condición jurídica de este tipo de bienes, sino se sientan las bases de lo que significa la política de Estado en esta materia. En primer término, no existe propiedad particular sobre los bienes arqueológicos; cualquier objeto susceptible de entrar en la hipótesis de bien arqueológico, es propiedad de la Nación. En segundo término, su condición de inalienables imposibilita su transferencia, adjudicación, cesión o venta, una condición equiparable en las personas a sus derechos fundamentales. En tercer término, son imprescriptibles porque su condición jurídica no cambia en el tiempo.

OCTAVA.- Los términos del reconocimiento propuesto para la participación de la sociedad civil incurren en la misma perspectiva antes analizada. La sociedad civil puede participar en la protección o en la difusión de los valores del patrimonio cultural y, probablemente, esto fortalecerá el arraigo de las personas al sitio de su origen o elección. Pero esto no puede ser un propósito normativo, porque el arraigo tiene que ver con una decisión libre de cada persona en función de aquellos elementos que elige o se siente cercano desde su perspectiva, historia o tradición. Se considera que esta condición potestativa no puede adjudicarse a la sociedad civil por vía de la legislación.

NOVENA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda, comprenden el propósito que anima el proyecto de dictamen aprobado por la colegisladora, en el sentido de garantizar el uso de los monumentos, sobre todo, arqueológicos para todos aquellos pueblos y comunidades que aún realizan algún tipo de práctica asociada con sus costumbres y tradiciones. De hecho, no existe una prohibición para tales actividades, con independencia de si se trata de tradiciones vigentes, renovadas o nuevas.

DÉCIMA.- A manera de ejemplo, conviene señalar que en el caso de la zona arqueológica de Yaxchilán, año con año pobladores de la región de la lacandona, realizan una ceremonia en la que llevan ofrendas y flores a un monolito con la figura de un guerrero descabezado, cuya cabeza se encuentra en una habitación al lado de donde está el cuerpo. Asimismo, la zona arqueológica de Teotihuacán es visitada durante el equinoccio de primavera por cientos de miles de personas para “cargarse de energía” y la autoridad lo único que hace es cuidar que todo se lleve bajo condiciones que no representen un riesgo para los turistas. También en la zona arqueológica del Tajín se realizan ceremonias de los llamados voladores de Papantla a la que concurren toda clase de personas, entre originarios y turistas.

DÉCIMA PRIMERA.- Lo señalado en al párrafo anterior es una muestra de la convivencia de las tradiciones en zonas delimitadas jurídicamente y bajo una condición de protección especial, del que el Estado es el responsable ante la Nación en cuanto a su preservación, investigación y difusión. No obstante, dichas prácticas deben mantener una relación con la sociedad a partir de una política pública abierta a la diversidad y pluralidad de manifestaciones de orden cultural, que es la dimensión en donde se considera debe operar la propuesta normativa aprobada por la Cámara de Diputados.

Con base en las anteriores consideraciones, los integrantes de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios legislativos, Segunda someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en el apartado D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente resolución con:

PUNTODE ACUERDO

ÚNICO.- Se desecha el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículo 2° y 27 de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, aprobado por la Cámara de Diputados el 22 de abril de 2014.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 1° de diciembre de 2015.

POR LA COMISIÓN DE CULTURA

Sen. Blanca Alcalá Ruiz, Presidenta.- Sen. Javier Lozano Alarcón, Secretario.- Sen. Manuel Camacho Solís, Secretario.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Gerardo Sánchez García.

POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente.- Sen. María del Pilar Ortega Martínez, Secretario.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi, Secretaria.- Sen. René Juárez Cisneros.- Sen. Luis Fernando Salazar Fernández.





 

De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bancos de sangre.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE BANCOS DE SANGRE

(Dictamen a discusión)



(Intervención del Senador Francisco Salvador López Brito)







 

Y otro, de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar los artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud, en materia de medicamentos homeopáticos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 28 BIS Y 226 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud, en materia de medicamentos homeopáticos.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 14 de abril de 2015, la Diputada María Elia Cabañas Aparicio, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 28 de abril de 2015, se sometió ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen de la Comisión de Salud, respecto de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de medicamentos homeopáticos. Aprobándose con 350 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones.
Con la misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó a la Cámara de Senadores, la minuta en materia de bancos de sangre.

3. Con fecha 28 de febrero de 2013, se recibió de la Cámara de Diputados, la minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bancos de sangre.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva, turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda la minuta de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La propuesta señala que los medicamentos homeopáticos, únicamente pueden ser prescritos por médicos homeópatas que tengan los conocimientos y estudios necesarios para ejercer esta profesión, así como dichos medicamentos homeopáticos solo podrán expenderse o suministrarse en farmacias homeopáticas. Lo anterior se traduce jurídicamente de la siguiente manera:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 28 BIS Y 226 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los Artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 28 Bis.- …

1. a 5. …

Los medicamentos homeopáticos únicamente deberán ser prescritos por un médico homeópata.

Artículo 226.- …

I. a VI. …

Los medicamentos homeopáticos solamente deberán expenderse o suministrarse en farmacias homeopáticas.

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario Oficial de la Federación.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en la necesidad de mantener vigente la legislación de la materia.
B. La homeopatía proviene del griego HOMOIOS, que significa semejante y PATHOS que significa enfermedad, y se reconoce como el método terapéutico basado en la ley farmacológica de los semejantes o principio de similitud, según la cual todo producto que administrado en dosis mínimas al organismo humano sano, provoca determinados trastornos, puede en dosis terapéuticas homeopáticas, hacer desaparecer la misma patogénesis en el hombre enfermo.

De tal manera que mientras la medicina alopática ortodoxa, se basa en la aplicación de elementos que contrarrestan la enfermedad, la homeopatía pretende curar cada afección aplicando, en cantidades aparentemente insignificantes, sustancias que, administradas a un individuo sano) provocarían unos trastornos semejantes a los que muestra el paciente.

Ejemplo de lo anterior, se puede observar con un paciente cuyos síntomas son similares a la picadura de una abeja, posiblemente le recomienden una dilución homeopática del veneno que éstas inoculan.

Desde tiempo atrás, la medicina alternativa ha sido aceptada y reconocida por los usuarios, los profesionales de la salud, como la Organización Mundial de la Salud, derivado de las aportaciones al conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano.

Tal es el caso de la homeopatía, misma que se reconoció en México como práctica médica, mediante decreto en 1906, durante el mandato del Presidente Porfirio Díaz. Sin embargo, dicha disciplina ya se impartía por médicos procedentes de Cataluña España, en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, que data de 1849 y actualmente es del Instituto Politécnico Nacional, posteriormente, se creó además en 1920, la Escuela Libre de Homeopatía. Asimismo existe la escuela de Homeopatía de México, A.C. y el Instituto Superior de Medicina Homeopática de Enseñanza e Investigación.

Sobre dicha medicina alternativa, se destaca que los tratamientos homeopáticos permiten aprovechar los sistemas de regulación interna, por eso, en primera instancia, se busca no agredir al organismo y evitar una lucha constante entre el fármaco alópata y los sistemas internos, utilizando medicamentos homeopáticos.

C. Ahora bien, por lo que respecta a la propuesta de la minuta en primer término referimos a la adición que se realiza al artículo 28 Bis, la cual señala:

Artículo 28 Bis.- Los profesionales que podrán prescribir medicamentos son:

1. Médicos;

2. Homeópatas;

3. Cirujanos Dentistas;

4. Médicos Veterinarios en el área de su competencia, y

5. Licenciados en Enfermería, quienes únicamente podrán prescribir cuando no se cuente con los servicios de un médico, aquellos medicamentos del cuadro básico que determine la Secretaría de Salud.

Los profesionales a que se refiere el presente artículo deberán contar con cédula profesional expedida por las autoridades educativas competentes. Los pasantes en servicio social, de cualquiera de las carreras antes mencionadas y los enfermeros podrán prescribir ajustándose a las especificaciones que determine la Secretaría.

Los medicamentos homeopáticos únicamente deberán ser prescritos por un médico homeópata.

Artículo 226.- Los medicamentos, para su venta y suministro al público, se consideran:

I. Medicamentos que sólo pueden adquirirse con receta o permiso especial, expedido por la Secretaría de Salud, de acuerdo a los términos señalados en el Capítulo V de este Título;

II. Medicamentos que requieren para su adquisición receta médica que deberá retenerse en la farmacia que la surta y ser registrada en los libros de control que al efecto se lleven, de acuerdo con los términos señalados en el capítulo VI de este título. El médico tratante podrá prescribir dos presentaciones del mismo producto como máximo, especificando su contenido. Esta prescripción tendrá vigencia de treinta días a partir de la fecha de elaboración de la misma.

III. Medicamentos que solamente pueden adquirirse con receta médica que se podrá surtir hasta tres veces, la cual debe sellarse y registrarse cada vez en los libros de control que al efecto se lleven. Esta prescripción se deberá retener por el establecimiento que la surta en la tercera ocasión; el médico tratante determinará, el número de presentaciones del mismo producto y contenido de las mismas que se puedan adquirir en cada ocasión.

Se podrá otorgar por prescripción médica, en casos excepcionales, autorización a los pacientes para adquirir anticonvulsivos directamente en los laboratorios correspondientes, cuando se requiera en cantidad superior a la que se pueda surtir en las farmacias;

IV. Medicamentos que para adquirirse requieren receta médica, pero que pueden resurtirse tantas veces como lo indique el médico que prescriba;

V. Medicamentos sin receta, autorizados para su venta exclusivamente en farmacias, y

VI. Medicamentos que para adquirirse no requieren receta médica y que pueden expenderse en otros establecimientos que no sean farmacias.

No podrán venderse medicamentos u otros insumos para la salud en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes.

Los medicamentos homeopáticos solamente deberán expenderse o suministrarse en farmacias homeopáticas.

A través de la propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto original y el dictamen de la Colegisladora, reiteradamente se destaca:

1. Que las industrias que fabrican medicina alterna, como los medicamentos homeopáticos, no cuentan en la actualidad con el soporte técnico necesario para comprobar su eficacia.

2. Que en la actualidad los medicamentos homeopáticos no deben identificar su actividad farmacológica, que se refiere a la de tipo biológico que describe los efectos benéficos o adversos de un activo.

3. Que el hecho de no ser un requisito indispensable, para un medicamento  homeopático, la descripción de los efectos positivos o negativos de sus componentes, ello significa indudablemente un riesgo para los consumidores, quienes no tendrán la certeza ni comprobación científica de que estos medicamentos serán realmente eficaces.

4. Que en la actualidad, para solicitar un registro sanitario de un medicamento homeopático, se requiere únicamente presentar información de la patogenesia de sus principios activos, lo cual significa que se deberá proporcionar información de la utilidad de sus activos, sin necesidad de presentar evidencia científica de la utilidad de este tipo de medicamentos.

5. Que es necesario que se protejan los intereses de todos los consumidores y se garantice que todos los medicamentos al alcance de los consumidores, estén fabricados en un establecimiento que cuente con las medidas necesarias y se demuestre que dichos medicamentos tienen las propiedades farmacológicas y científicas que se le asumen.

D. Actualmente la homeopatía, es una disciplina que tiene presencia en diversos hospitales y centros de servicio y clínicas de medicina alternativa.

De tal manera que se estima la existencia de mil consultorios y farmacias homeopáticas, que tienen presencia en más de 30 mil farmacias nacionales, supermercados y tiendas naturistas que venden productos homeopáticos que no requieren receta.

En México, la legislación para la comercialización de insumos para la salud, regulan:

REQUISITOS GENERALES PARA COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS PARA LA SALUD.

MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS

MEDICAMENTOS HERBOLARIOS

MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS

Licencia Sanitaria (Artículos 198 y 373 de la Ley General de Salud)

Si

Si

Si

Clasificación para su comercialización de acuerdo al artículo 226 de la Ley General de Salud

Si

Fracciones I a VI y I a IV venta con receta

Si

Fracción VI y I a IV venta con receta

Si

Fracción IV a VI y I a IV venta con receta

Publicidad (Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad)

Si

Si

Si

Certificación de las Buenas Prácticas de Fabricación. NOM-059-SSA1-2013

Si

Si

Si

Instalación y Operación de la Farmacovigilancia NOM-220-SSA1-2002

Si

Si

Si

Etiquetado de medicamentos y de remedios herbolarios NOM-072-SSA1-2012.

Si

Si

Si

Ahora bien, como bien se observa en el cuadro anterior, los medicamentos homeopáticos y herbolarios, deben cumplir con licencia sanitaria, además se clasifican para su comercialización, de acuerdo al artículo 226 de la Ley General de Salud, fracciones IV, V y VI, que destacan aquellos que requieren una sola receta médica, pero que se pueden resurtir, debido a que no representan un riesgo real para la salud, así mismo aquellos que no requieren receta pero que solo se pueden comercializar en farmacias y finalmente aquellos que no solo no requieren receta sino que se pueden expedir en cualquier establecimiento.

Finalmente observamos que deben cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas que tienen que ver con certificación de las Buenas Prácticas de Fabricación, la Instalación y Operación de la Farmacovigilancia y el Etiquetado de medicamentos y de remedios herbolarios.

Ahora bien, por lo que se alude a la modificación del Artículo 28 Bis, que tiene que ver con la limitación de que los medicamentos homeopáticos deberán ser prescritos únicamente por un médico homeópata, tiene varias implicaciones, la primera de ellas tiene que ver con la generalidad con que se refiere a los medicamentos homeopáticos, una vez señalado que su clasificación varía en aquellos que se pueden vender únicamente con receta, sin receta pero solo en farmacias y sin receta y en cualquier establecimiento.

El ejemplo más sencillo con el cual podemos dimensionar el impacto económico y de acceso a un medicamento, se puede demostrar con las pomadas de árnica, que es simplemente un ungüento que se puede adquirir en cualquier lugar, que no causa mayores efectos que menoscaben la salud de las personas y que se utilice generalmente para el alivio de cualquier golpe, moretón, por señalar algunos. Como la pomada de árnica, hay una gran cantidad de productos que corren la misma suerte y que de aprobar la modificación al artículo 28 bis en comento, se verían limitados a su comercialización únicamente con receta, prescrita por un médico homeópata.

Así mismo, dicha propuesta excluye la licenciatura en homeopatía, ya que actualmente, la Ley General de Salud reconoce tanto a los médicos homeópatas como a los licenciados en homeopatía, al señalar que únicamente los médicos homeópatas podrán recetar medicamentos homeopáticos, limita el poder de ejercicio profesional de los licenciados en homeopatía, quienes no tendrán derecho a emitir recetas, por lo que la propuesta deja sin objeto alguno la licenciatura en homeopatía.

Finalmente por lo que respecta a la reforma propuesta en el artículo 226 de la Ley General de Salud, donde se propone que los medicamentos homeopáticos solo se puedan comercializar en farmacias, se alude a la certeza del paciente, de que los medicamentos homeopáticos no deben describir efectos positivos o negativos y que ello contraviene el derecho del consumidor de tener certeza de la efectividad del        producto.

Sin embargo, ni la redacción del artículo 28 bis, ni del artículo 226 propuestas, invocan a una modificación de los requisitos y procedimientos de la elaboración de los medicamentos homeopáticos, para corroborar su efectividad.

Contrario a ello, únicamente limitan su punto de venta, de 30 mil establecimientos en los que actualmente comercializan sus productos, de acuerdo a la clasificación del propio artículo 226 de la Ley General de Salud, a mil establecimientos. Lo cual no solo afecta la industria de la homeopatía, sino a los trabajadores que intervienen para su comercialización, desde la elaboración, distribución, etcétera, hasta la afectación en la economía de los usuarios que no se podrán acceder tan fácilmente a estos productos, como actualmente se hace.

Por ello se reitera que el objeto de las modificaciones, no solo no corresponde con la fundamentación a la que se alude, sino que afectará la economía y los empleos que la elaboración de medicamentos homeopáticos representa en nuestro país.

E. Por todo lo anteriormente expuesto, estas Comisiones dictaminadoras consideran que la presente minuta queda sin materia, por lo que se desecha en su totalidad con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. Se desecha la minuta con proyecto de Decreto por el que se adicionaban los artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud, en materia de medicamentos homeopáticos, turnada el pasado 29 de abril de 2015, por los argumentos vertidos en el apartado de Consideraciones.

(Intervención del Senador Francisco Salvador López Brito)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Están a discusión los dictámenes.

Por no haber reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto.



La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 78 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: En consecuencia, quedan desechados los siguientes asuntos:

El proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2o. y 27 de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

El proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bancos de sangre.

Y el proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud, en materia de medicamentos homeopáticos.

Se devuelven a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 constitucional.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 112 de la Ley General de Salud, en materia de enfermedades cardiovasculares.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 112 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 21 de mayo de 2014, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Senadora proponente formuló una iniciativa mediante la cual pretende reformar la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud, con el objetivo de incluir la prevención, diagnóstico y control de enfermedades cardiovasculares dentro de los objetivos de la educación para la salud. Y por ende, quedar de la siguiente manera:

Ley General de Salud vigente

Propuesta de reforma Iniciativa

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud;

II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud, y

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidady rehabilitación de las personas condiscapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Artículo 112.

 

I. y II. …

 

 

 

 

 

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de prevención, diagnóstico y control de enfermedades cardiovasculares, nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en la necesidad de legislar en este tema de interés público.

B. Las enfermedades cardiovasculares, son aquellas que afectan al corazón y los vasos sanguíneos, y representan una de las principales causas de muerte. Estas pueden describirse de forma general como afecciones del aparato circulatorio, destacando de entre ellas la enfermedad isquémica del corazón, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad hipertensiva entre otras. Estos padecimientos son importantes causas de discapacidad, morbilidad y muerte prematuras.

C. Se enfatiza que de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportan que en el mundo las enfermedades cardiovasculares son responsables de aproximadamente 17 millones de muertes por año, casi un tercio del total. Entre ellas, las complicaciones de la hipertensión causan anualmente 9.4 millones de muertes.

D. En México, de acuerdo con cifras del anexo estadístico del Segundo Informe de Gobierno, señala que en las personas de entre 15 a 64 años de edad, las enfermedades cardiovasculares, representan la cuarta causa de muerte con más de 27 mil decesos en 2014 y la primera causa de muerte en personas de más de 65 años de edad, con más de 85 mil personas fallecidas en el mismo año.

Así mismo, de acuerdo al Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI), en el 2012 ocurrieron 35 mil 252 casos isquémicos y 35 mil 252 de otros padecimientos como la cardiopatía coronaria, reumática, congénita, cerebrovasculares, arteriopatías periféricas y trombosis venosas profundas y embolias pulmonares.

El riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular aumenta con la edad, genética y género, sin embargo, en la mayoría de casos se puede prevenir mediante una dieta equilibrada, actividad física y si se modifican situaciones de sobrepeso, obesidad, consumo de tabaco, presión arterial, la diabetes y colesterol elevado.

D. La Secretaría de Salud estima que para el año 2050, en México existirán 32.4 millones de adultos mayores con enfermedades cardiovasculares, lo que representaría el 25% de la población total. De acuerdo con la Sociedad Mexicana de Cardiología, en los últimos 11 años el número de muertes anuales por enfermedades del corazón creció 60 por ciento.

Dentro de las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión es un factor de riesgo preponderante. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT), la hipertensión afecta a 3 de cada 10 adultos mexicanos, es decir, su prevalencia es de 31.5% y es más alta en adultos con obesidad y/o diabetes.

E. Estas enfermedades representan un impacto económico importante ya que, la OMS prevé que durante el periodo 2011-2025 la pérdida acumulada de producción asociada con las enfermedades no transmisibles en los países de ingresos bajos y medianos será de 7 mil 028 billones de dólares. La pérdida anual es de aproximadamente 5mil millones de dólares, a causa de las principales enfermedades no transmisibles y representa alrededor del 4% del producto interno bruto en esos países. Las enfermedades cardiovasculares, entre ellas la hipertensión, son motivo de casi la mitad del costo.

En México, una fracción muy importante del presupuesto económico destinado al sector salud es, principalmente absorbido por las enfermedades crónicas esenciales en el adulto y sus complicaciones, por ello, el costo de su atención es sumamente elevado e impacta de forma radical a nuestro sistema de salud.

G. Estas Comisiones Dictaminadoras consideran que la prevención de estas enfermedades, incluyendo las dentro de los objetivos de la educación para la salud, propiciará la formulación y desarrollo de programas, en los que se difundan los factores de riesgo, metas de salud de los pacientes, conocimiento de las enfermedades, importancia de un diagnóstico oportuno y lo indispensable de su adecuado tratamiento, así como la forma de retrasar o prevenir estos males desde edades tempranas.

H. Por ende, si se enfoca a través de la educación para la salud se considera que este problema de salud pública se puede contrarrestar, ya que cada día crece más en nuestro país, por ello es que estas Comisiones están de acuerdo con la proponente. Sin embargo, para respetar el espíritu de la fracción III del artículo 112, se sugiere trasladar la propuesta al final de la propia fracción y de esta forma pueda ser mejor interpretada, cuando así se disponga, así como por técnica legislativa. Al respecto se propone:

 

Ley General de Salud vigente

 

Propuesta de reforma Iniciativa

 

Propuesta de las Comisiones dictaminadoras

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud;

II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud, y

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidady rehabilitación de las personas condiscapacidad y detección oportuna de enfermedades.

 

Artículo 112.

 

I. y II. …

 

 

 

 

 

 

 

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de prevención, diagnóstico y control de enfermedades cardiovasculares, nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Artículo 112.

 

I. y II. …

 

 

 

 

 

 

 

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades, así como, la prevención, diagnostico y control de las enfermedades cardiovasculares.

Por lo anteriormente señalado, se concluye que la propuesta en análisis resulta viable con cambios.
Con base en lo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se modifica la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 112.

I. y II. …

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, activación física para la salud, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades, así como, la prevención, diagnóstico y control de las enfermedades cardiovasculares.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, señora Secretaria.

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, para presentar el dictamen a nombre de las comisines, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Gracias, señor Presidente, con su venia. Compañeras y compañeros Senadores:

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada año mueren más personas por este tipo de enfermedades que por cualquier otra causa, ya que afectan por igual a ambos sexos y más del 80 por ciento se produce en países de ingresos bajos y medios.

Es alarmante mencionar que se calcula que en 2030 a nivel mundial fallecerán 23.3 millones de personas por este tipo de enfermedades, sobre todo por cardiopatías, y se prevé que sigan siendo la principal causa de muerte.

Algunos tipos de estas enfermedades son: cardiopatía coronaria, insuficiencia cardiaca, arritmias, presión arterial alta, cardiopatía congénita y accidente cerebrovasculares.

Sin embargo, la mayoría de éstas pueden prevenirse actuando sobre todos los factores de riesgos, como es el consumo del tabaco, las dietas malsanas, la obesidad, la inactividad física, la hipertensión arterial, la diabetes o el aumento de los lípidos.

Una acción global requiere combinación de medidas que traten de reducir los riesgos en la totalidad de la población y de reforzar estrategias dirigidas hacia los individuos de alto riesgo que ya padecen alguna de estas enfermedades.

Aunado a lo anterior, el costo de las consecuencias de estas enfermedades es muy alto, ya que el tratamiento de algunas requiere de dispositivos como marcapasos, válvulas prostéticas y parches para cerrar comunicaciones entre cavidades del corazón; por ende, el costo no sólo golpea al bolsillo del paciente, sino también al Sistema Nacional de Salud.

De acuerdo con datos del Tercer Informe de Gobierno, se destaca la tendencia ascendente de las muertes provocadas por enfermedades del corazón, misma que es alarmante cuando vemos que en tan solo quince años esto se ha duplicado.

Lo anterior, toda vez que en el año 2000 se reportaron 68 mil 716 casos de decesos, contra el 2014 donde se reportaron alrededor de 116 mil 950 muertes, y este 2015 donde se estima que habrá un total de 120 mil 807 muertes por enfermedades del corazón. Lo anterior, equivale a una tasa de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón de 65.1 decesos por cada 100 mil habitantes.

Por ende, podemos decir que va en aumento, lo cual nos lleva a realizar una tarea ardua de forma integral, ya que además somos el primer lugar de obesidad, padecimiento que también conlleva al origen de enfermedades cardiovasculares.

Por ello, este dictamen pretende dar una herramienta más para disminuir el índice de este tipo de enfermedades y reforma el artículo 12 de la Ley General de Salud, para establecer que la educación para la salud tendrá por objeto prevención, diagnóstico y control de enfermedades cardiovasculares.

Por todo esto, compañeras y compañeros Senadores, a nombre de las Comisiones Unidas de Salud; y Estudios Legislativos, pido su voto a favor en los términos que se presenta este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Ortiz Domínguez.

Está a discusión, y en este sentido la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, ha entregado sus motivos mediante escrito a favor del presente dictamen, por lo que solicito se integre al Diario de los Debates.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escaleras: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



Se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, desde su escaño.

El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Quiero compartir con todas nuestras compañeras y compañeros Senadores y, desde luego, con todo el público, toda la ciudadanía que nos ve a través del Canal del Congreso, la importancia de prevenir estas enfermedades cardiovasculares.

Por su alta morbilidad y mortalidad por los elevados problemas de discapacidad que afectan laboral y socialmente a las personas portadoras de ellas, por los elevados costos de su atención que, como ya comentaba la proponente de este dictamen, van en constante ascenso, es que debemos apoyar definitivamente este dictamen que va precisamente a incidir en temas de educación de la salud para la prevención de enfermedades cardiovasculares y que tienen que ver con temas que aparentemente son muy sencillos.
Pero los que debemos retomarlos con toda la fortaleza y con todo el presupuesto que sea necesario, puesto que prevenir representa menos costos para el Estado que atender las enfermedades cardiovasculares; y son tan sencillos como tener una alimentación saludable, como hacer ejercicio diariamente y, desde luego, llevar una vida sana.

Por su atención, muchas gracias.

Los invito a dar el voto a favor a este importante dictamen.

Muchas gracias, señor Presidente.

Intervención.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador López Brito.

En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar el resultado de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Marta Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 77 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se modifica la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.





 

Hago de su conocimiento que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 691 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por los Senadores Jesús Casillas Romero y Carlos Romero Deschamps, del grupo parlamentario del PRI)

Los suscritos, Senadores JESÚS CASILLAS ROMERO y CARLOS ROMERO DESCHAMPS, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I  y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 691 de la Ley Federal del Trabajo, para garantizar la adecuada tutela de los intereses de los menores de edad en los conflictos laborales, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las normas del trabajo cobran su mayor importancia, cuando realmente están dirigidas a coadyuvar al objetivo del desarrollo de las personas a través del propio trabajo, en condiciones que permitan las actividades laborales con libertad, en condiciones de seguridad, salud y dignidad.

Bajo esta premisa, el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo atinadamente estatuye que el trabajo en nuestro país es un derecho y un deber sociales, y por ningún motivo un artículo de comercio; congruente además con las consideraciones al respecto por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que enmarcan el trabajo como un factor determinante para alcanzar la dignidad, el bienestar y el desarrollo como seres humanos.

Hacer realidad estas hipótesis, implica la protección al trabajo desde diversas perspectivas que resultan en su conjunto indispensables para lograr sus objetivos, entre ellas, se localiza la seguridad social, el salario y las condiciones de trabajo en base a derechos y obligaciones entre empleadores y trabajadores, obviamente resultantes o producto del vínculo de la relación laboral.

Esa tarea no es sencilla, máxime si reflexionamos que no todas las relaciones laborales pueden tazarse por igual, pues además de las aristas de cada trabajo, es necesario considerar también la perspectiva de un trabajador, de acuerdo a su particular condición. Así, es necesario y así se contempla en la legislación laboral mexicana, normatividad con contenido exclusivo, por ejemplo, para mujeres en situación de maternidad o menores de edad.

Para este último caso, el de los menores de edad, con disposiciones que encierran un distinto ámbito de tutela, acorde y especialmente dirigidas a salvaguardar sus derechos desde esa condición, concediéndoles prerrogativas diferentes a los adultos.

Así es de señalar, de manera meramente enunciativa, algunas disposiciones como las siguientes:

• La prohibición para el trabajo a menores de 15 años;

• Que el trabajo de los menores sea compatible con sus estudios;

• Sujeto a vigilancia y protección especiales de las autoridades del trabajo;

•La prohibición de labores peligrosas o insalubres;

• Una jornada máxima de 6 horas con una de descanso por cada tres horas laboradas;

• La prohibición del trabajo de los menores en horas extraordinarias y en los días domingos y de descanso obligatorio;

• El disfrute de un periodo anual de vacaciones pagadas de dieciocho días laborables, por lo menos; y

• A ser asesorados y representados en juicio por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, cuando no cuenten con asesoría legal.

Sin embargo, los términos y condiciones del trabajo de los menores va más allá de las prerrogativas legales, si tomamos en cuenta las aún más especiales particularidades que deben observase, al reflexionar los alcances que se consagran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

A este respecto, es necesario recordar que en los últimos años, México ha suscrito una cantidad importante de tratados internacionales y aprobado diversas reformas constitucionales en base a ellos.

Una de esas trascendentales reformas, fue la relacionada con los derechos humanos de las niñas, los niños y adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre del 2011, para establecer en el artículo 4 de la Carta Magna el principio del interés superior del menor o interés superior de la niñez.

Principio que demanda una especial atención a todos aquellos elementos que se identifiquen con los menores, de una manera que la salvaguarda de sus derechos deba darse con mayor y prioritaria intensidad, que privilegia el deber de atenderlos y cuidarlos con el objeto permanente de alcanzar el mayor bienestar y beneficio posibles para ellos, como un imperativo de la sociedad; de manera que su protección se ubica incluso por encima de la que debe darse a los derechos de los adultos.

Por ello, que resulte también de especial relevancia que en un juicio laboral se demuestre plenamente la edad de una persona que comparece en calidad de parte, pues como ya se dijo, de tratarse de un menor, la autoridad contaría con la adicional obligación de velar porque en cada etapa del juicio se observe el principio del interés superior del menor.

Sin embargo, en congruencia con la adecuada y especial protección que debe observarse para con los menores de edad, también es de decir, que esa acreditación de edad no debe quedar a expensas de la atingencia del propio menor, pues de serlo y no acreditarlo, quedaría expuesto a una tramitación del juicio laboral sin el debido cumplimiento a sus prerrogativas, que a su vez podrían trascender al resultado del fallo.

Esto es, resulta indispensable que en los juicios laborales quede debidamente acreditada la edad del actor, cuando aduzca ser menor de edad, a efecto de evitar toda posibilidad de seguir un juicio en violación a su interés superior y por ende a las reglas del procedimiento que lo garanticen.

Entre estas prerrogativas y normas del procedimiento, como ya se dijo, se encuentran las de la debida asesoría y representación, con la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador y la tutela del interés superior del menor en todas las etapas del juicio, tal y como se advierte del artículo 691 de la Ley Federal del Trabajo.

“Artículo 691. Los menores trabajadores tienen capacidad para comparecer a juicio sin necesidad de autorización alguna; pero, en caso de no estar asesorados en juicio, la Junta solicitará la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para tal efecto. Tratándose de menores de 16 años, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo les designará un representante cuando no lo tuvieren.

Lo previsto en el párrafo anterior se aplicará también tratándose de presuntos beneficiarios de algún trabajador fallecido.”

No obstante, como se lee, dicho dispositivo legal no se refiere a la hipótesis en la que el menor de edad haya omitido acreditar fehacientemente su edad, que como ya se dijo, resulta indispensable a efecto de dar cabal cumplimiento a los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente al interés superior del menor.

Por ello, la propuesta que nos permitimos presentar a la consideración de esta honorable Soberanía, consiste precisamente en la adición de un párrafo al invocado artículo 691 para establecer la obligación de la autoridad laboral de verificar la edad del menor trabajador, a fin de garantizar a cabalidad sus derechos.

Adición que nos permitimos sugerir en los términos contenidas en la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 691 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA GARANTIZAR LA ADECUADA TUTELA DE LOS INTERESES DE LOS MENORES DE EDAD EN LOS CONFLICTOS LABORALES.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 691 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 691. Los menores trabajadores tienen capacidad para comparecer a juicio sin necesidad de autorización alguna; pero, en caso de no estar asesorados en juicio, la Junta solicitará la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para tal efecto. Tratándose de menores de 16 años, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo les designará un representante cuando no lo tuvieren.

Lo previsto en el párrafo anterior se aplicará también tratándose de presuntos beneficiarios de algún trabajador fallecido.

Cuando un menor trabajador comparezca a juicio sin acreditar fehacientemente su edad, la Junta deberá llevar a cabo las diligencias necesarias para verificarla, y en su caso, garantizar en todas las etapas del juicio la tutela de sus intereses en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que México sea parte y la presente ley.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de diciembre de 2015.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Carlos Romero Deschamps.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO AL PRIMER EMPLEO PARA JÓVENES Y SE REFORMA LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN)

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO AL PRIMER EMPLEO PARA JÓVENES Y SE REFORMA LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014 la población joven de 15 a 29 años es de 29.9 millones, y aunque se observa un aumento respecto a 1990 (23.9 millones), su proporción con respecto al total disminuyó de 29.4% en 1990 a 24.9% en 2014; lo anterior se explica por un proceso de envejecimiento que se manifiesta en un aumento relativo de la población de mayor edad y en una menor participación porcentual de niños y jóvenes.

En cuanto a su estructura por edad, del total de jóvenes, 36.8% son adolescentes de 15 a 19 años, uno de cada tres (34.1%) son jóvenes de 20 a 24 años y tres de cada 10 (29.1%) tienen de 25 a 29 años de edad.

A. Ocupación

En México, la tasa de desocupación en los jóvenes durante el primer trimestre de 2015, fue de 7.4%1, es decir, casi el doble a la tasa estimada a nivel nacional para la población de 15 y más años (4.2 %). Un análisis por edad, muestra que los adolescentes de 15 a 19 años (8.6%) y los jóvenes de 20 a 24 (8.3%) tienen el mayor nivel de desocupación. Uno de los problemas que enfrenta la población joven al momento de buscar trabajo es la falta de experiencia laboral: 18.2% de estos que están desocupados no cuenta con esta experiencia.

Por otra parte solo el 7.1% de la población ocupada de 15 a 29 años declaró estar subocupada, es decir, tienen la necesidad y la disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les permite. Otro aspecto a señalar es que 61.1% de los jóvenes ocupados tienen un empleo informal y se hace más notorio cuando su escolaridad es baja: 91.3% de los jóvenes ocupados con primaria incompleta se encuentra en esta situación, mientras los que cuentan con estudios medio superior y superior es de solo 44.2 %. La vulnerabilidad de la población que se ocupa de manera informal se manifiesta de muchas maneras. Una de ellas es el ingreso que perciben por su trabajo: la proporción de jóvenes que se ocupan de manera informal y que reciben hasta un salario mínimo es de 18.2 %; uno de cada tres (33.5 %) recibe más de uno y hasta dos salarios mínimos; mientras que uno de cada seis (16.4 %) no reciben remuneración. En suma, estas tres categorías representan 68.1 % de la población joven que se ocupa de manera informal.

B. Inserción laboral y empleo

Una de las principales problemáticas a las que se enfrenta la población joven de México en etapa productiva, es el ingreso al campo laboral, en donde cuestiones como la falta de experiencia o la ineficiencia en la capacitación repercuten de manera significativa en la inserción de los jóvenes a algún empleo.

De acuerdo con el académico de la UNAM, Eduardo Loria Díaz, a pesar de lo que se podría suponer, las tasas de desempleo se agravan cuando los jóvenes poseen un nivel educativo medio superior y superior.  Estadísticas de 2014,muestran que el desempleo entre la población con primaria cursada es de 5%, mientras que los que poseen un nivel medio y superior llega al 12 %.Menciona que esto se podría explicar, debido a los malos sueldos ofrecidos para los jóvenes, ya que mientras los jóvenes que cuentan con instrucción básica están dispuestos a aceptar los salarios bajos ofrecidos por cualquier empresa, y quienes tienen una educación superior o media, aspiran a obtener trabajos mejor remunerados.

En otras palabras, las garantías de acceder a un empleo digno y bien remunerado se reducen de manera notable, debido a la situación de un mercado laboral, donde la oferta de vacantes es escasa. En tal sentido, se ha convertido en una labor complicada para las autoridades generar vacantes laborales,  puesto que en la actualidad la población que va de los 15 a 29 años es la tercera parte del total que habita en México.

C. Acciones afirmativas en materia de juventud

Consideramos que para que una sociedad se califique como igualitaria, no sólo se requiere garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas, sino generar acciones afirmativas para que quienes pertenezcan a grupos históricamente discriminados, tengan un acceso efectivo a las mismas oportunidades de desarrollo económico y social respecto del resto de la población.

Uno de estos grupos lo representan los jóvenes, quienes por motivos de apariencia, inexperiencia o formas de pensar y actuar, a menudo son discriminados y excluidos de diferentes oportunidades laborales, educativas o culturales. Por ello, es necesario que el Estado implemente acciones específicas que impulsen de mejor manera la educación y el fomento del empleo, para que todos los jóvenes gocen de sus derechos sin obstáculo alguno.

Es fundamental que además de acciones afirmativas, las instituciones de todos los poderes y órdenes de gobierno, adopten y ejecuten acciones coordinadas bajo una visión de igualdad y no discriminatoria, así como la perspectiva de juventud, a través de la cual se puedan eliminar las barreras en el ejercicio de los derechos y se dé impulso a la población juvenil a partir de cualquier tipo de desventaja que pudiera generar el pertenecer a un cierto sector de la juventud, una determinada clase social, vivir en un espacio geográfico específico o bien, tener cualquier otra condición o característica personal o de grupo.

Responder de forma adecuada a todas estas inquietudes y expectativas laborales resulta prioritario y estratégico para sentar las bases que orienten un desarrollo integral, acorde con las necesidades e intereses de cada sector de la población, con énfasis para todos los sectores juveniles; que reconozcan también las aceleradas transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales, en el que se encuentran no sólo estas generaciones, sino el país en su conjunto.

Hay evidencia de que una nación que no invierte en sus generaciones jóvenes, cierra sus posibilidades de desarrollo y cancela su viabilidad como país. Es decir, cada acción orientada al mejoramiento de la calidad de vida, al desarrollo de las potencialidades y al reconocimiento de la diversidad, heterogeneidad y capacidades de las y los jóvenes, es una garantía que permite el desarrollo integral, justo y duradero. En ese sentido, una perspectiva holística de juventud debe considerar a los sectores juveniles como sujetos activos y no pasivos de las acciones y  situaciones que les afectan como sería una política orientada a la generación de espacios de oportunidad entre el sector educativo y laboral.

D. Hacia una política laboral en materia de juventud

El Gobierno Mexicano ha implementado diversos esfuerzos para controlar esta problemática, promoviendo políticas de Estado encaminadas a incentivar la creación de empleos de calidad en el ámbito de la formalidad mediante programas, como lo fue el programa denominado de Primer Empleo (PPE), que inició el 1 de marzo de 2007, con el objetivo de fomentar la creación de empleos formales y permanentes de quienes se vayan incorporando por primera vez al mercado laboral. A pesar del beneficio, los empleadores decidieron no echaron mano de él, debido a que el presupuesto asignado superó los tres mil millones de pesos y, en marzo de 2010, el programa tenía un saldo disponible superior a los mil millones, por lo que fue cancelado.

El programa no resultó atractivo para los empleadores porque el trabajo formal no sólo implicaba el pago de las cuotas al Seguro Social, sino también prestaciones tales como aguinaldo, bonos, vacaciones, etc., sobre los cuales no se consideraba deducción o subsidio alguno. Además, para poder gozar del estímulo, los patrones debían estar al día con sus pagos al IMSS y a la Secretaría de Hacienda. Y es que según información del Instituto, más de 40% de las compañías evaden el pago de las cuotas obrero-patronales o no están al corriente. De tal manera que, ingresar al programa significaba para muchos empleadores, incurrir en costos considerables.

Más importante aún es el hecho de que el programa tampoco atendió un valor medular en la toma de decisiones del empleador: como sabemos, la contratación se liga estrechamente con la productividad laboral que el empleado pueda brindarle y al ambiente de negocios que se pueda generar, así como el relativo abaratamiento de la mano de obra del citado programa, al no considerar el beneficio per se, de la contratación, lo que se tradujo en un incentivo poco efectivo.

Otro ejemplo de política pública que intentó brindar oportunidades laborales a los jóvenes se concretó recientemente con la adición del Capítulo VIII intitulado “Del Fomento al Primer Empleo” (LFPE), reformas vigentes a partir del 2011, que plantean deducir a las empresas un porcentaje del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) atribuible a trabajadores no registrados previamente en el IMSS.

La vigencia del incentivo tiene un máximo de tres años por cada puesto de trabajo creado, siempre y cuando este sea mantenido por lo menos año y medio. Al ser una deducción adicional, el patrón no tendría que solicitar el subsidio al Gobierno Federal, por lo que la operación del estímulo es más expedita, pues simplemente lo reporta en sus declaraciones, sin que ello limite la capacidad de la autoridad de verificar la información.

Sin embargo esta previsión fue retirada con la reciente reforma fiscal, por lo que esta política dejó de ser una oportunidad de desarrollo profesional y económico; ahora no hay incentivos u otro beneficio real para la creación de empleos de calidad para los jóvenes.

Es aquí donde reside la pertinencia de impulsar políticas públicas que permitan la generación de empleos formales para este sector poblacional, bien remunerados, que satisfagan sus intereses y necesidades. Por ello, considero una prioridad incentivar el empleo de este sector con estudios técnico superior y superior, pues gracias a su esfuerzo y al de su familia, han logrado ser profesionistas y eso debe tener un estímulo.

Es necesario que las instituciones académicas asuman el compromiso de los jóvenes que hayan accedido a educación superior privada o pública, y realicen una vinculación objetiva al medio laboral, y no se sujete a seguir engrosando las filas de profesionistas con cedulas y títulos sin condiciones laborales o experiencias que les permitan utilizar los conocimientos adquiridos en su medio profesional.

E. Contenido de la Iniciativa

Esta propuesta no sólo se concentra en la creación de empleos y colocación de quienes están en busca de uno, para disminuir los índices de desocupación; es la realización de una la política de Estado, encaminada a mejorar la calidad de vida de los jóvenes, de su familia y de la comunidad en general.

Por tal motivo, presento esta iniciativa para que sea valorada y en su momento aprobada por las comisiones dictaminadoras; considerando entre los aspectos más importantes los siguientes:

• Tiene como objeto fomentar la inclusión laboral de los jóvenes egresados de educación superior menores de 29 años, en el sector público o privado, a efecto de generar oportunidades de inclusión social y experiencia profesional.

• Propone establecer beneficios y estímulos para los patrones que contraten a jóvenes egresados de educación superior.

• De aprobarse, los estudiantes desarrollarán competencias para diagnosticar, planear, evaluar e intervenir en la solución de problemas o situaciones que el ámbito laboral demanda.

• Establece pautas a las autoridades laborales en los tres órdenes de gobierno para estimular y promover la incorporación de jóvenes profesionistas a un empleo en el sector formal, adecuado a sus perfiles, expectativas y entorno.

Con base en las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DE JÓVENES

Artículo Primero.- Se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo, para quedar como sigue:

Título Primero
Disposiciones Preliminares

Capítulo Único
Objeto, principios y definiciones

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia en el territorio nacional; tiene por objeto fomentar el primer empleo de jóvenes egresados de educación superior, en el sector público y privado, a efecto de generar experiencia profesional.

Artículo 2. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán el reglamento y/o normas legales necesarias, para realizar las medidas presupuestales y administrativas correspondientes a fin de garantizar el cumplimiento de la presente Ley.

La interpretación administrativa de esta Ley en el ámbito federal, corresponderá a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

Artículo 3. Para los efectos de lo establecido en esta ley, se entenderá por:
I. Educación Superior.- La impartida después del bachillerato o de su equivalente. Comprende la educación normal, la tecnológica y la universitaria e incluye carreras profesionales cortas y estudios encaminados a obtener los grados de licenciatura, maestría y doctorado, así como cursos de actualización y especialización.

II. Empresa.- Sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social;

III. Instituto.- Instituto Mexicano del Seguro Social;

IV. Patrón.- Persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores;

V. Prácticas profesionales.- Conjunto de actividades propias de la formación profesional para la aplicación y la vinculación con el entorno social y productivo;

VI. Puesto de nueva creación.- Todo aquél que incremente el número de trabajadores asegurados ante el Instituto a partir de la entrada en vigor de la presente Ley y en los términos dispuestos por la misma;

VII. Salario base.- Monto de las cuotas obrero patronales a cargo del patrón y la base para el cálculo de las prestaciones en dinero a que tiene derecho el trabajador de primer empleo o sus beneficiarios legales;

VIII. Secretaría.- Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

IX. Servicio social.- Programa de carácter obligatorio administrado por la universidad o institución de nivel Técnico Superior en que se esté cursando el grado, para poner en práctica los conocimientos que ha adquirido el estudiante en su preparación profesional, y

X. Servicio.- Servicio Nacional de Empleo.

Artículo 4. La presente Ley tiene por objeto:

I. Promover la creación de nuevos puestos para los jóvenes;

II. Diseñar políticas para incorporar laboralmente a los jóvenes;

III. Fortalecer el vínculo entre universidades, el sector público y privado que permita la incorporación de los jóvenes al ámbito laboral;

IV. Apoyar a las empresas en la formación, capacitación, especialización y todo lo necesario para lograr el crecimiento profesional de los jóvenes;

V. Orientar a los jóvenes egresados de educación superior en la búsqueda de un empleo de calidad acorde a sus perfiles, expectativas y entorno, y

VI. Brindar servicios especializados y gratuitos para la atención de jóvenes egresados en busca de empleo, así como los destinados para desarrollar competencias, habilidades y certificaciones laborales.

Artículo 5. A efecto de lograr un mejor funcionamiento, las acciones a que se refiere el artículo anterior, podrán estar enmarcadas en convenios de colaboración entre las entidades federativas, el Distrito Federal, los municipios, universidades e instituciones educativas de educación superior, organizaciones empresariales y de la sociedad civil, a través del Servicio Nacional de Empleo en coordinación con los servicios locales de empleo.

Título Segundo
Del Fomento al Primer Empleo

Capítulo Primero
De las autoridades, acciones y preferencia

Artículo 6. La Secretaría expedirá los lineamientos generales para que los jóvenes puedan acceder a programas de fomento al primer empleo, en las empresas o dependencias del sector público y privado.

Artículo 7. Los programas y acciones tendrán como finalidad contribuir a la formación integral de los jóvenes a través del ejercicio de los conocimientos técnicos, de esta manera, los estudiantes desarrollarán competencias para diagnosticar, planear, evaluar e intervenir en la solución de problemas o situaciones que el ámbito laboral demanda.

Artículo 8. Los jóvenes que acrediten su servicio social o sus prácticas profesionales dentro de la empresa, negocio o dependencia del sector público o privado, tendrán derecho de preferencia a un puesto de nueva creación.

Capítulo Segundo
De los Incentivos, Beneficios, Elegibilidad e Inscripción

Artículo 9. Para impulsar el fomento de puestos de nueva creación para jóvenes e incentivar los patrones a contratarlos, las autoridades responsables deberán:

I. Apoyar a los patrones que contraten a jóvenes a que se refiere el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

II. Estimular y promover la incorporación de los jóvenes a un empleo en el sector formal adecuado a sus perfiles, expectativas y entorno; e

III. Impulsar la capacitación de los jóvenes en el desarrollo de sus habilidades según el perfil del empleo y expectativas.

Artículo 10. Los patrones que contraten a los jóvenes en los términos de la presente Ley, tendrán acceso a los servicios y beneficios de los trabajadores de un puesto de nueva creación.

Artículo 11. Tienen derecho al apoyo y a los beneficios a que se refiere el artículo 9 de la presente ley, los patrones que cumpliendo con los requisitos previstos, contraten a jóvenes para ocupar un puesto de nueva creación y que los inscriban ante el Instituto en los términos que establece la Ley del Seguro Social.

Artículo 12. Las contrataciones deberán tener concordancia entre la profesión o carrera técnica acreditada por los jóvenes y el puesto de nueva creación, ser de calidad y de acuerdo con los perfiles, expectativas y entorno. La relación de trabajo con jóvenes que se incorporan a su primer empleo, se hará constar por escrito, mediante un contrato individual de trabajo garantizando la Seguridad Social del Trabajador, estableciendo las Condiciones Generales de Trabajo.

Artículo 13. Para ser elegible a un puesto de nueva creación para los jóvenes, éstos deberán contar con los siguientes requisitos:

I. Ser mayor de 18 años y menor de 29 años de edad;

II. Ser residente del territorio nacional;

III. Contar con Clave Única de Registro de Población;

IV. Contar con título profesional o certificado que acredite la terminación de sus estudios como Técnico Superior o de Educación Superior, expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello, con fecha de máximo un año previo a la entrada en vigor de la presente Ley;

V. No contar con registro previo de aseguramiento en el régimen obligatorio ante el Instituto, por haber laborado previamente;

VI. No percibir otros ingresos económicos por concepto de subsidio o relación laboral diversa, y

VII. No ser beneficiario de subsidio al desempleo o similar por parte de otra instancia.

Artículo 14. Para la inscripción de las empresas o patrones en el padrón estos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Estar legalmente constituidas conforme a las leyes de su entidad;

II. Contar con registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social;

III. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de conformidad con lo establecido en los ordenamientos jurídicos aplicables;

IV. Entregar la documentación e información que reglamentariamente se determine;

V. Participar en programas de empleo o en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales que se determinen, y

VI. Entregar informes, datos y documentación que les sea requerido con relación al puesto de nueva creación o el trabajador de primer empleo colocado.

VII. Los demás que determinen esta ley, el reglamento y otros ordenamientos aplicables.

Artículo 15. Los interesados en inscribirse en el padrón como empresas o patrones con interés de contratar a jóvenes, deberán presentar su solicitud de inscripción dentro del plazo que establezca el reglamento o leyes aplicables, adjuntando la documentación necesaria para acreditar que cuenta con los requisitos a que se refiere el artículo anterior.

Capítulo Tercero
De la Coordinación Interinstitucional e Intergubernamental

Artículo 16. La Secretaría, preverá los medios indispensables para incentivar y promover la concurrencia y vinculación de los programas y acciones de los distintos órdenes de gobierno, para la implementación de la presente Ley.

Artículo 17. Para impulsar la coordinación interinstitucional en la aplicación de esta Ley, la Secretaría deberá:

I. Establecer el registro denominado de los jóvenes para conocer la integración de los mismos en la apertura de puestos de nueva creación;

II. Establecer mecanismos e instrumentos de cooperación y vinculación, así como promover la celebración de convenios y acuerdos con dependencias de las distintas ramas y órdenes de gobierno para diseñar, planear, coordinar, aplicar y fortalecer políticas, programas y acciones de fomento al primer empleo;

III. Establecer convenios y acuerdos bilaterales y multilaterales, encaminados a incentivar el desarrollo integral de políticas públicas en materia de fomento al primer empleo, y

IV. Establecer a través del Sistema Nacional de Empleo, el sistema de colocación de los jóvenes que decidan convertirse en trabajadores de primer empleo, buscando en todo momento la coordinación de las instancias obligadas a participar en los fines de la presente Ley.

Artículo 18. Las relaciones laborales entre los jóvenes y patrones se sujetarán a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Trabajo y en la normatividad laboral vigente; tendrá una duración mínima de tres meses o en su caso, hasta de seis meses sólo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter general o para desempeñar labores que requieran conocimientos profesionales especializados.

Durante ese tiempo el joven disfrutará del salario, la garantía de la seguridad social y de las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe. Al termino de este periodo, de no acreditar competencia el joven a juicio del patrón, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento en los términos de esta Ley, así como a la naturaleza de la categoría o puesto, se dará por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el CAPÍTULO II, DE LOS PATRONES QUE CONTRATEN A PERSONAS QUE PADEZCAN DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES Y JÓVENES, así como el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

CAPÍTULO II
DE LOS PATRONES QUE CONTRATEN A PERSONAS QUE PADEZCAN DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES Y JÓVENES

Artículo 186. (…)      

(…)

El patrón que contrate jóvenes egresados de educación superior, podrá deducir de sus ingresos, un monto equivalente al 60% del impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido y enterado.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal, deberán incluir en sus proyectos de presupuesto de egresos para los ejercicios fiscales de cada año, los recursos necesarios para el fomento al primer empleo de los jóvenes, en cumplimiento de la presente Ley.

TERCERO.- El Ejecutivo Federal deberá emitir el Reglamento de la Ley de Fomento al Primer Empleo de jóvenes y las normas legales correspondientes, en un plazo que no excederá de treinta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 8 de diciembre de 2015.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.

1 INEGI, Estadísticas con motivo del Día Internacional de la Juventud, 2015





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 362 Y 363 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y 174 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO

(Presentada por la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT)

Layda Sansores San Román, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que propone modificar los artículos 362 y 363 del Código de Comercio y el 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hace más de 126 años, siendo Presidente de México Porfirio Díaz, se público en el diario oficial de la federación del lunes 7 de octubre al viernes 13 de diciembre de 1889, el Código de Comercio en adelante CC, vigente hasta nuestros días.

Igualmente, hace más de 83 años, siendo Presidente de México Pascual Ortiz Rubio, se público en el diario oficial de la federación, el 27 de agosto de 1932, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en adelante LGTOC, también vigente hasta nuestros días.

Destaca que los dos citados ordenamientos legales que rigen los actos y operaciones comerciales que se consignan en los títulos de crédito, en nuestro país, fueron emitidos de manera unilateral sin intervención del Congreso de la Unión, por los presidentes Porfirio Díaz y Ortiz Rubio, ambos, haciendo uso de facultades extraordinarias, el primero, conferidas en el decreto de 4 de junio de 1887; y el segundo con base en las leyes de 31 de diciembre de 1931 y 21 de enero de 1932 respectivamente.

A la distancia, este antecedente para muchas personas podría ser de estupefacción, inquiriéndose que como es posible que en esa época (1889-1932), el Congreso de la Unión, otorgó facultades extraordinarias al titular de uno de los poderes de la unión, para que de manera unilateral, sin proceso legislativo, sin discusión y sin contar al menos con la opinión de los legisladores, se expidiera un ley, que aún hoy en día se aplica en México. Al menos ahora, el ejecutivo federal simula, y de una u otra manera existen pesos y contrapesos en ambas cámaras para la emisión de los ordenamientos legales que nos rigen.

Esto es así, pues de los años 1889 y 1932 a la fecha, se han dado importantes transformaciones económicas, políticas y sociales, entre las cuales destaca una intensa actividad del poder legislativo, para adecuar nuestra legislación a las necesidades que exige la población.

Sociedad civil, que cada es más participativa, y reclama que las disposiciones legales, se actualicen a las condiciones sociales en que vivimos.

No puede soslayarse, que un instrumento normativo de evidente influencia europea como lo es el CC, a la fecha continúe siendo la puerta de entrada que permite de manera encubierta la usura, practica ésta, que en los tiempos actuales, con incendiarios discursos muchas veces se condena, pero que en la realidad los ciudadanos la padecen todos los días.

En esa tesitura, para contener estos abusos usurarios, la suscrita senadora, estimo de toral importancia modificar la redacción de los artículos 362 y 363 del CC, y el 174 de la LGTOC.

En efecto. los artículos 362 y 363 de CC, y 174 de la LGTOC, incide de manera directa en los juicios ejecutivos mercantiles, en los que el primero de los numerales establece:

"...los deudores que demoren el pago de sus deudas deberán satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el interés pactado para este caso, o en su defecto el seis por ciento anual..."

De la lectura de esta disposición, es evidente que el pacto convencional de intereses, no está regulado, pues no existe ningún parámetro mínimo o máximo, para establecer ese pacto de intereses, lo que trae como derivación que las personas físicas y entes morales que pactan determinados porcentajes de intereses, se propicie de manera simulada actos usurarios; toda vez que al no estar previsto un límite menor y mayor de intereses, genera que los prestamistas impongan los porcentajes de forma unilateral, abusando de la urgencia y penuria de las personas, que con tal de conseguir el dinero se comprometen a pagar intereses desproporcionados que en la práctica se ha llegado a conocer se pactan hasta del 40 cuarenta por ciento mensual, convirtiéndose los adeudos en cantidades estratosféricas de hasta el cuatrocientos ochenta por ciento de intereses anual, lo que trae como consecuencia que ponen en riesgo su patrimonio que sin escrúpulos son despojados por los prestamistas; de ahí la pertinencia de reformar este artículo.

Unido a este fenómeno de explotación del hombre por el hombre, se suma la permisión abusiva que permite el artículo 263 del CC, que a la letra prevé:

"...Los intereses vencidos y no pagados, no devengarán intereses. Los contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos..."

Del texto de este precepto, se aprecia una aviesa disposición que permite cuantificar los intereses moratorios vencidos, capitalizándolos y convirtiendo una deuda menor mayor, en otra que por esta ilegal práctica, va creciendo gradualmente, hasta convertirse en impagable.

Sin embargo, al analizar detenidamente este artículo 363 del CC, podremos percatarnos que en las escasas dos líneas de su contenido, el mismo es evidentemente contradictorio, pues en la primera prescribe la prohibición que los intereses vencidos y no pagados, no devengarán intereses; y de manera por demás incoherente, en la segunda parte del precepto en cita, autoriza que el deudor y prestamista pueden capitalizar los intereses; es decir, cobrar intereses sobre los intereses.

Luego entonces, es claro que dicho precepto no es claro en su redacción, pues además de lo contradictorio, es violatorio de los derechos humanos, por ser contrarios al artículo 1o constitucional y 21.3 de la CADH.

En ese tenor, para realizar una reforma integral, se estima pertinente modificar el contenido del artículo 363 del CC, para evitar la capitalización de intereses, pues con la actual redacción, permite transformar los intereses en capital.

Íntimamente ligado a este perjudicial entramado jurídico, se encuentra vinculado el artículo 174 en su párrafo segundo de la LGTOC, precepto que dispone:

"....Articulo 174.- Son aplicables al pagaré, ......

Para los efectos del artículo 152, el importe del pagaré comprenderá los réditos caídos; el descuento del pagaré no vencido se calculará al tipo de interés pactado en éste, o en su defecto al tipo legal; y los intereses moratorios se computarán al tipo estipulado para ellos; a falta de esa estipulación, al tipo de rédito fijado en el documento, y en defecto de ambos, al tipo legal.

..........."

De este artículo se advierte en el pagaré los intereses moratorios se computarán al tipo estipulado, lo que significa que de igual manera que en el artículo 362 de CC, este dispositivo legal favorece al acreedor establecer la tasa de los réditos, pues en la práctica el deudor sólo se adhiere a lo que disponga el prestamista, siendo recurrente que el deudor sólo plasma su firma, dejando al libre albedrío del acreedor plasmar discrecionalmente los montos del préstamo y la tasa de interés.

En ese marco, igualmente, resulta viable modificar este precepto.

Al plantear la reforma de los artículos 362 y 363 de CC y el 174 de la LGTOC, además del análisis que precede, existen las bases jurídicas su procedencia, pues la práctica de la usura, está prohibida en artículo 21 apartado tercero de la Convención Americana de Derechos Humanos, en adelante CADH, instrumento internacional que México ha reconocido y signado para su aplicación.

Derivado de lo anterior, es impostergable armonizar nuestro marco legal acorde a los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país en el concierto internacional.  La misma suerte corre la LGTOC, emitido por el ejecutivo federal en el año de 1932.

Es claro que estas disposiciones legales, emitidas de manera atípica por el Presidente de la República en turno, hoy en día son obsoletas, pues al cambiar las circunstancias políticas, sociales y económicas de México, se justifica adecuar el marco legal a nuestra realidad, pues debemos tomar en consideración, que el derecho es parte de nuestro entorno social, y si la sociedad es dinámica, es evidente que el derecho debe ser cambiante, congruente a las condiciones de nuestra época.

Esta reforma resulta de vital importancia, pues no es un secreto que en México, existen personas físicas, incluso morales, que se dedican al préstamo de dinero cobrando excesivos porcentajes de intereses, abusando de la angustia y la necesidad de las personas.

Esta práctica de la usura, lamentable ante la permisión y la ambigüedad que propician los artículos 362 y 363 del CC, y 174 de la LGTOC, que se encuentra muy arraigada en nuestra sociedad mexicana, permite el cobro de intereses abusivos, muy superiores al interés legal que prevén estos ambiguos y contradictorios preceptos legales.

Esta conducta perniciosa, se extiende en muchas ocasiones en préstamos encubiertos que personas físicas, empresas comerciales, casas de empeño, caja de ahorro e instituciones de banca y crédito, que abusando de la necesidad de las personas, propician que en lugar de préstamos de dinero con el cobro de intereses justos, orillan a los ciudadanos a dar en venta bienes muebles e inmuebles con la convención de pactos de intereses leoninos (Electra, Copel, Famsa, Salinas y Rocha, compañías automotrices, inmobiliarias, infinidad de casas de empeño, bancos etc. etc.), que a la postre conducen a la usura doble o usura de usura, que consiste en dar a los intereses devengados el carácter de capital de forma que a su vez, producen nuevos réditos, agravando la situación de las personas que tienen la desdicha de caer en manos de personas físicas y entes morales sin escrúpulos.

Otra practica deleznable de la que abusan los prestamistas tolerados o no, es la que con frecuencia exigen como garantía de pago de préstamos de dinero en efectivo, la realización simulada de contratos de mutuo, compraventa y retroventa de inmuebles, a fin de eludir formalidades y garantías de ejecución, colocando con ello al deudor en un claro estado de vulnerabilidad, pues por lo general el valor del inmueble es muy por encima del valor de lo adeudado; despojando muchas veces a las personas de su patrimonio.

Es por esas razones que anteceden, que la suscrita estima necesario reformar los artículos 362 y 363 del CC, y el 174 de la LGTOC, toda vez que el texto actual de estos preceptos legales que datan de los siglos XIX y XX, riñen sustancialmente con el espíritu de los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que estos dispositivos, carecen de taxatividad, son ambiguos y contradictorio en su contenido, en la medida que de su redacción se advierte que no se establecen límites o parámetros que permitan combatir la usura; y de manera ilegal permite el cobro de intereses sobre intereses, lo que se contrapone al contenido del artículo 1º constitucional, cuando establece que:

“todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..”.

Del texto transcrito, se desprende que en términos del artículo 133 de la carta magna, en relación con el 21 numeral 3 de la CADH, al momento de aplicar estos dispositivos legales (362 y 363 del CC y el 174 de la LGTOC), es contrario en primer término a la constitución federal y en segunda instancia al instrumento convencional en cita.

Esto es así, pues en los juicios ejecutivos mercantiles y los juicios hipotecarios en que se involucran el pago de intereses, se establecen tasas de interés excesivos en promedio del 60% al 120% anual por decirlo de manera amable o conservadora. Un sólo ejemplo: Hay empresas como Electra que fijan intereses del 0.5% diario, es decir, 15% mensual y 180% al año, monto desmesuradamente abusivos.

Intereses usurarios que aunque pactados convencionalmente por las partes, no debería ser procedente computar los intereses ordinarios y moratorios a razón de la tasa pactada, como regularmente se hace, ya que si bien es cierto, los artículos 362 y 363 del CC y el 174 de la LGTOC, establecen que los intereses se computarán a razón del tipo pactado, también lo es, que ese precepto resulta contrario al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y más aún de la CADH, en la medida, que no se establecen límites o parámetros que permitan evitar prácticas usurarias. 

Por lo tanto, estos dispositivos señalados, resultan ser obsoletos por no ajustarse a la realidad en que vivimos; pero básicamente, tomando en consideración que en la actualidad el artículo 21 numeral 3, de la CADH, prohíbe la usura.

Es cierto, que los artículos 362 y 363 del CC y el 174 de la LGTOC, tuvieron vigencia y fueron aplicables al surgir a la vida jurídica en las décadas que preceden, actualmente es una vetusta disposición contraria a la norma constitucional e instrumento internacional.

Robustece la convicción de la suscrita, para formular esta propuesta legislativa, la trascedente reforma del diez de junio de dos mil once publicada en el diario oficial de la federación, en la cual se reformó, entre otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta reforma sustancialmente consistió en el reconocimiento de los derechos humanos que les asisten a los individuos e impuso al estado la obligación de velar por su protección, respeto y garantía.

Así, el texto del artículo 1o. Constitucional, en la parte que interesa, quedó redactado en los términos siguientes:

“Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

(…)”

Como puede advertirse, se reconoció a los individuos los derechos humanos no sólo consagrados en la constitución, sino también aquéllos de fuente internacional que se incorporaron a nuestro sistema jurídico mediante su aprobación y ratificación por los órganos del estado, en los tratados en que México sea parte.

En ese tenor, se estableció la obligación de los órganos que integran el aparato estatal, de interpretar las normas relativas a derechos humanos conforme a la constitución y a los tratados internacionales favoreciendo en todo momento la protección de los derechos humanos y, además, se impuso al estado el deber de velar por la difusión, protección y salvaguarda de esos derechos, obligando a las autoridades a prevenir, investigar y en su caso, sancionar las violaciones a los derechos humanos.

Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Radilla Pacheco, instaurado en contra del estado mexicano, impuso al poder judicial de la federación, la obligación de realizar un control de convencionalidad ex oficio y además, tomar en cuenta la interpretación jurídica emitida por la Corte Interamericana de Justicia a cuya jurisdicción se sometió el estado mexicano.

En torno a esa obligación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sustentó el siguiente criterio:

“Deber de ejercer un control de convencionalidad de las leyes nacionales.

La descrita obligación legislativa del artículo 2 de la Convención tiene también la finalidad de facilitar la función del Poder Judicial de tal forma que el aplicador de la ley tenga una opción clara de cómo resolver un caso particular.

Sin embargo, cuando el legislativo falla en su tarea de suprimir y/o no adoptar leyes contrarias a la Convención Americana, el Judicial permanece vinculado al deber de garantía establecido en el artículo 1.1 de la misma y, consecuentemente, debe abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a ella.

El cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley violatoria de la Convención produce responsabilidad internacional del Estado, y es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el sentido de que todo Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualesquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados, según el artículo 1.1 de la Convención Americana.

La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico.

Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos.

En otras palabras, el Poder Judicial debe de ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derecho Humanos.

En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana [Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154; Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Noviembre de 2006. Serie C No. 158]

El criterio jurídico impuesto al estado mexicano que se transcribe no tiene desperdicio, de manera particular los dos primeros párrafos, al establecer con claridad la obligación legislativa que tiene el estado mexicano de armonizar nuestras disposiciones de derecho interno, que prevé el artículo 2 de la CADH, para facilitar la función jurisdiccional, de tal forma que los operadores jurídicos del sistema judicial mexicano, cuenten con herramientas eficaces para aplicar la ley.

Sin embargo, como en este caso, ante la omisión del poder legislativo mexicano, al no cumplir con su tarea de armonizar nuestro marco legal, para suprimir las leyes contrarias a la CADH, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, marca la pauta al poder judicial, del deber que tiene de respetar lo establecido en el artículo 1.1 de la CADH, para abstenerse de aplicar cualquier norma contraria a este instrumento internacional.

De lo anterior se colige, que si bien es cierto, los jueces se encuentran obligados a acatar la ley vigente en nuestro país, también lo es, que el estado mexicano, al suscribir la CADH, se comprometió a su cumplimiento, de modo tal que los jueces, ante tal omisión legislativa en que se incurre, están compelidos a velar porque los efectos de la convención no se vean mermadas por la aplicación de la legislación interna como en este caso los artículos 362 y 363 del CC y el 174 de la LGTOC, pues de lo contrario se incurre en responsabilidad internacional al aplicar una   norma que restrinja el ejercicio de un derecho humano.

Ahora bien, en la resolución del caso Almonacid Arellano Vs. Chile, en torno al control de la convencionalidad, que dio origen al criterio antes transcrito, la Corte Interamericana de Justicia, a saber destacó tres aspectos:

1.- El primero se refiere a la importancia del principio del efecto útil (effet utile) de la interpretación de la Convención Americana, esto es, que la interpretación de los derechos convencionales debe servir para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos de los Estados y sus efectos propios.

La Corte hace corresponsables a los jueces internos de darle este efecto útil a las normas convencionales.

2.- En segundo lugar, el tribunal interamericano afirma que el “control de convencionalidad” que deben realizar los jueces domésticos respectos de las normas internas y la CADH, debe realizarse ex officio, es decir, sin necesidad de que hubiese sido alegado por las partes en un litigio, todo ello en el marco de sus competencia.

3.- Finalmente, la Corte Interamericana trata de aclarar que aunque debe realizarse ex officio no depender del accionar de las partes, tampoco debe realizarse siempre.

Con base en lo anterior, los jueces mexicanos, tienen la obligación de suplir la falla legislativa en que nos encontramos, y por ende los operadores jurídicos, están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones legales en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior y si bien ello no implica expulsar la norma del orden jurídico, sí están obligados a dejar de aplicar las normas internas, dando preferencia a los derechos humanos contenidas en la constitución y en los tratados en la materia.

Ese control convencional muchos jueces lo vienen realizando, ex oficio, es decir, con independencia de que las partes aleguen o no la violación a ese derecho, pues lo que se trata es de proteger efectivamente a los individuos el goce y ejercicio de los derechos humanos, con independencia de las cargas procesales que las leyes imponen, pues ello no puede constituir un obstáculo para su protección.  En ese sentido, a pesar de que las partes no lo aleguen y, por tanto, no se integre a la litis, el juez tiene el deber de analizar si la norma que fundamenta una pretensión contraviene un derecho humano y, de ser así, desaplicarlo, con las consecuencias legales que ello genere.

Sin embargo, igualmente muchos jueces no solamente no lo hacen, si no que no ajustan sus sentencias a criterio que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al respecto, la primera sala de la suprema corte de justicia de la nación, en la tesis jurisprudencial 18/2012, aprobada por la en sesión de dieciocho de enero de dos mil doce, sostuvo:

“CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011). Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. Con anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad con el texto del artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, se entendía que el único órgano facultado para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios establecidos en el propio  precepto; no obstante, en virtud del reformado texto del artículo 1º constitucional, se da otro tipo de control, ya que se estableció que todas las autoridades del Estado mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio 2 Estado mexicano es parte, lo que también comprende el control de convencionalidad. Por tanto, se concluye que en el sistema jurídico mexicano actual, los jueces nacionales tanto federales como del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, en los casos que se sometan a su consideración distintos de las vías directas de control previstas en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.”

Asimismo, sobre el particular, el pleno de La Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio que aparece publicado en el semanario judicial de la federación y su gaceta, libro III, de diciembre de 2011, tomo 1 materia: constitucional, tesis: P. LXVII/2011(9a.), página 535, que dice:

“CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los Derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por    aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.”

Por ello, en los casos en que se reclama el pago de los intereses excesivos, y que se funda en lo dispuesto por los artículos 362 y 363 del CC y el 174 de la LGTOC, conforme al cual, se permite a las partes establecer la tasa de interés que estimen conveniente, sin establecer más límite que la voluntad de los contratantes, estas disposiciones no son compatibles con lo dispuesto por el artículo 21 de la CADH, que establece:

“Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada.

(…)

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.”
Como puede advertirse, el artículo invocado consagra a favor de los individuos el derecho a la propiedad privada y prohíbe expresamente la usura y cualquier forma de explotación del hombre por el hombre.

Ahora bien, la usura se define como:

“Interés que se lleva por el dinero o el género en el contrato de mutuo o préstamo.//Interés excesivo al prestar algo.// fig. Fruto, utilidad, ganancia o aumento que se saca de una cosa, sobre todo cuando son excesivo (Diccionario para Juristas, Juan Palomar de Miguel, Editorial Porrúa, Segunda Edición, página 1598).

Entonces, un pacto con intereses muy superiores a los usuales en el mercado es un acto de usura y, por tanto, está prohibido por la CADH.

Luego entonces, si por un lado, el artículo 21.3 de la CADH prohíbe expresamente la usura, o sea, el cobro de intereses excesivos y, por su parte, los artículos 362 y 363 del CC y el 174 de la LGTOC, permite al acreedor el cobro de intereses sin más límite que la voluntad, entonces, nos encontramos ante un problema de incompatibilidad de la norma nacional, con el tratado internacional y, por tanto, esta propuesta de reforma de los artículos 362 y 363 del CC y el 174 de la LGTOC es procedente.

Estando por demás demostrado que los artículos 362 y 363 del CC y el 174 de la LGTOC, son contrarios e incompatibles con el artículo 1º y 133 Constitucional; en la actualidad, diversos órganos jurisdiccionales, supliendo la omisión y responsabilidad del poder legislativo de armonizar el marco legal interno a los instrumentos internacionales, como ya se dijo, en muchos casos ha optado por desaplicar estas normas secundarias, realizando los correspondientes estudios de control difuso de convencionalidad, para beneficiar a los gobernados que optan por defenderse por la vía judicial.

Sin embargo, los beneficios de estas determinaciones en los casos que se realizan, sólo benefician a quienes los promueven, resultando socialmente ser un paliativo individual, más no una solución integral que ataque el fenómeno de la usura, que trae consigo abusos extremos, en perjuicio de los gobernados; subsanando la desatención del congreso de la unión de cumplir con su función de armonizar las leyes.

Suponiendo sin conceder, estos preceptos legales, podían ser aplicables antes de la reforma del 10 de junio de 2011, no pasa desapercibido, que nuestro país, como estado parte del sistema interamericano, reconoció la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos desde 1998, y con ello, desde entonces era susceptible la aplicación de la CADH, por virtud de así permitirlo el artículo 133 Constitucional que reconocía a los instrumentos internacionales firmados por México, como norma suprema de las leyes de la unión; no obstante, aún entendiendo que así fuese por la falta de claridad y de los criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia, no puede soslayarse, que a partir de la reforma citada de junio de 2011 en materia de derechos humanos, estos artículos 362 y 363 del CC y el 174 de la LGTOC, evidentemente son inconvencionales, por ser violatorio de los derechos humanos en particular del artículo 21.3 numeral de la CADH y del artículo 1o de la constitución federal.

En suma, toda vez que los artículos 362 y 363 del CC y el 174 de la LGTOC, no fijan parámetros o límites que eviten la usura y la capitalización de intereses en materia mercantil y en materia civil, se estima que estos preceptos deben ser reformados, para introducir una redacción clara que establezca con precisión que aún cuando se pacte de manera voluntaria el pago de intereses, estos no sean excesivos; determinando parámetros objetivos, refrendando como interés legal el 6%; y en los casos en que las partes pacten intereses, estos no deberán ser superiores al treinta 30% anual; y que para el caso en que se pacten intereses superiores a este parámetro, de acreditarse judicialmente el adeudo respectivo, se fijara como parámetro especifico para estos casos el seis 6 por ciento anual de interés ordinario y moratorio; además de la prohibición de la capitalización de intereses, con la finalidad que no resulten lesivos y contrarios al artículo 1º de la carta magna.

Con ello los órganos jurisdiccionales tendrán parámetros objetivos, para identificar el mínimo y máximo de intereses que pueden pactar de manera convencional las partes, evitando que los intereses resulten excesivos; y quede plasmado también la prohibición de capitalización de intereses.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 362 Y 363 DEL CÓDIGO DE COMERCIO; Y SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

Artículo primero: Se reforma el artículo 362 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 362.- Los deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el interés pactado para este caso, pero en ningún caso podrá exceder del treinta por ciento anual. A falta de estipulación de porcentaje, se fijara el interés legal del seis por ciento anual. Sera nulo de pleno derecho pactar un porcentaje mayor.

........................

.......................

Artículo 363.- Los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses. El acreedor no puede cobrar intereses sobre los intereses vencidos.

Artículo segundo: Se reforma el párrafo segundo del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 174. .......

Para los efectos del artículo 152, el importe del pagaré comprenderá los réditos caídos; el descuento del pagaré no vencido se calculará al tipo de interés pactado en éste, pero en ningún caso podrá exceder de treinta por ciento anual. A falta de estipulación de porcentaje, se fijara el interés legal del seis por ciento. Sera nulo de pleno derecho pactar un porcentaje mayor.

............"

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 8 de diciembre de 2015.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

(Presentada por la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT)

Layda Sansores San Román, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea la Ley Federal de Protección y Fomento del Empleo, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En momentos como los que vive el país, en los que se padecen los efectos de una crisis económica sin precedente en el México moderno y con sus consecuencias en los niveles de vida de la gente, es necesario plantearnos si la política económica que ha instaurado el Estado es la necesaria para recomenzar la ruta del crecimiento y, en particular, la necesaria para generar mayores expectativas de empleo, que es a final de cuentas el principal generador de riqueza. Todo marco de política económica para el empleo que se formule deberá ser de carácter general, por lo que la presente iniciativa se propone para su aplicación en el ámbito federal.

El énfasis que se ha de dar a cualquier medida de política particular, y a la manera en que se combinan distintas medidas de política, depende de la situación particular del momento en que vivimos y generar condiciones para el futuro. Y cualesquiera que sean las políticas prescritas, deben ser compatibles con la equidad y la justicia social, y aplicarse con transparencia.

El peso que suponen esta iniciativa y los programas de ajuste debe ser compartido de manera equitativa, lo cual puede ser incluso una condición previa para que reciban apoyo. Es necesario prestar atención especial a la parte más vulnerable de la población activa.

Las decisiones que implican repercusiones económicas y dificultades para segmentos particulares de la sociedad deben estar basadas en el consenso más amplio posible.

Además, el Estado debe garantizar en todo momento el mantenimiento de una fuerte demanda de mano de obra mediante un aumento de la producción y un ajuste continuo de las estructuras económicas.

Es necesario un ajuste constante para garantizar o mejorar la eficacia de la respuesta a las presiones internas y externas y recentrar la mano de obra en actividades con un mayor valor añadido, en las que puede ser más productiva.

El ajuste debe ser respaldado por un contexto de normativas públicas favorables como la creación de la presente ley.

La obtención de un alto nivel de eficiencia y de crecimiento económico exige un nivel de calificaciones de los trabajadores cada vez mayor, así como un volumen mayor de capital y una utilización más eficaz de éste. Además, a cualquier nivel dado de demanda, el grado de utilización de la mano de obra dependerá de las presiones de la oferta de mano de obra resultantes del crecimiento de la población y de la migración, así como de la voluntad y la necesidad de buscar trabajo.

Debemos reconocer que ha quedado demostrada la eficacia que tienen las siguientes medidas en la promoción del empleo: la obtención de un crecimiento económico en el que se hace un buen uso de los recursos de que dispone la mayoría de la población (a saber, el trabajo); la inversión en capital humano; la supresión de las distorsiones que ejercen discriminaciones contra los pobres y los desempleados y la concentración de las intervenciones en favor de los grupos vulnerables y extremadamente pobres. Una intervención bien centrada en sus fines también mitigará los efectos negativos que tienen las medidas de estabilización sobre el bienestar. Todas estas medidas surten efecto, pero se exponen de manera un poco esquematizada, ya que en todos los casos hacen falta algunas políticas que no ayudan de manera directa a los pobres.

El segundo precepto es que toda estrategia de pleno empleo debe basarse en un marco macroeconómico sano. Para ello, deben reducirse los desequilibrios insostenibles de la cuenta corriente o la acumulación de la deuda externa y deben alcanzarse tasas de inflación bajas.

Ello requiere un ajuste continuo de las políticas, un tipo de cambio realista, disciplina fiscal y moderación en la determinación de los salarios (los aumentos de los salarios deben estar acordes con la productividad de la mano de obra). Sin embargo, en un periodo de deflación mundial esas pautas no bastan necesariamente para la elaboración de políticas, y tal vez sea necesario estimular la demanda, llegando incluso a crear expectativas de inflación, además de aplicar la política aceptada que consiste en equilibrar los presupuestos durante el conjunto del ciclo comercial.

Hay una interacción entre esas dos prescripciones en la medida en que en ambos casos se requieren un buen gobierno, un proceso transparente de formulación de políticas y cierto grado de movilización central de los recursos (que, de por sí, puede contribuir a alcanzar cierta equidad). Ambas prescripciones también requieren una interacción positiva de la política fiscal y monetaria del gobierno con la acumulación de capital del sector privado.

Cuando tal interacción no es satisfactoria y lo que se consigue es desalentar la inversión privada, el crecimiento de la producción y del empleo se interrumpe y es necesario un periodo de estabilización para corregir los desequilibrios resultantes.

Al abordar las políticas sectoriales, y de hecho las políticas económicas en general, es necesario tener debidamente en cuenta la importancia de las consideraciones en materia de empleo. Las cuestiones económicas, sociales y de empleo no pueden ser abordadas por separado. En términos de metodología, puede que esto no resulte muy fácil de lograr, pero la idea de base es clara: los costos del desempleo no se pueden medir de manera apropiada con el costo de las prestaciones de desempleo o de los programas de readaptación profesional, y hay que dar un valor separado al empleo como tal. Es necesario, por lo menos, explicar las repercusiones que tiene para el empleo la selección de distintas opciones de política.

Es necesario prestar atención particular al sector informal urbano. Este sector es sumamente variado, incluye muchos trabajadores independientes, trabajadores a domicilio, empresas muy pequeñas (microempresas), algunas de las cuales son subcontratistas de empresas más grandes, y empresas más pequeñas con muy pocos trabajadores. Algunas actividades del sector informal se realizan básicamente con fines de supervivencia, mientras que otras ofrecen más posibilidades de expansión.

El nivel de ingresos de los trabajadores del sector informal depende del nivel general de la demanda nacional, ya que en general no se trata de un sector dedicado directamente a las exportaciones. La competencia suele ser fuerte, los horarios prolongados, el trabajo poco seguro y no está sujeto a ninguna reglamentación. Sus resultados dependen también del desarrollo de la agricultura, pues absorbe muchos migrantes procedentes de las zonas rurales.

Las políticas para mejorar el bienestar de los trabajadores de este sector suelen beneficiarlos sólo de manera indirecta; por ejemplo, mediante la creación de mejores empleos en otros lugares. Sin embargo, los agentes del sector informal pueden beneficiarse de programas especiales para adquirir insumos, conceder créditos e impartir formación a fin de que todos salgan beneficiados con la aplicación de normas más estrictas en materia de seguridad y salud, etcétera.

Un tema relacionado con la presente iniciativa es la eficiencia de las instituciones (generalmente del sector público) que se encargan, por ejemplo, del suministro de insumos, la concesión de créditos a pequeñas empresas, la canalización de las prestaciones hacia los grupos pobres y vulnerables y la administración de programas activos y pasivos para el mercado del trabajo.

Una de las políticas del mercado laboral más aplicadas en la actualidad está relacionada con la formación. Los altos niveles de desempleo entre los jóvenes y el aumento del desempleo entre los trabajadores calificados en los países en desarrollo denotan sistemas de educación y de formación deficientes. Los sistemas de formación suelen tener muchos defectos, y uno de ellos es que no se hace suficiente hincapié en la formación de los trabajadores independientes.

Sin embargo, un buen sistema de formación combinado con una buena educación general mejora el nivel de capacitación de los trabajadores de un país. Al mismo tiempo, las instituciones del mercado laboral deben hacer que se reconozcan estas calificaciones y que se les dé su debida importancia en los procedimientos de contratación.

En muchos países en desarrollo, las políticas y reformas del mercado del trabajo adoptadas en fechas recientes se centran sobre todo en la promoción de la desreglamentación, y se basan principalmente en la postura según la cual una intervención gubernamental excesiva en los mercados laborales (por ejemplo, mediante reglamentaciones sobre la seguridad en el empleo, una dependencia demasiado grande respecto a la legislación sobre el salario mínimo y prestaciones de desempleo altas) obstaculiza el ajuste y la reestructuración de la economía.

Es un hecho que en cualquier país, el pleno empleo exige flexibilidad en todos los niveles para responder a los nuevos retos que puedan plantearse. Sin embargo, la flexibilidad puede alcanzarse por medios negativos, como la creación de un clima de inseguridad, o por medios positivos, como el establecimiento de una relación de cooperación y colaboración entre los trabajadores y la dirección, y ese diálogo social puede ser centralizado o descentralizado.

Hay una forma de flexibilidad funcional que consiste en permitir que los trabajadores asuman distintas tareas. Evidentemente, esto requiere formación y readaptación profesional. Existen otras formas de flexibilidad (en relación con las horas trabajadas o los salarios) que pueden negociarse entre los interlocutores que parezcan más apropiados.

En general, habría que hacer hincapié en el papel que puede desempeñar el diálogo social en el diseño y la aplicación de las políticas económicas. En la empresa, el diálogo social puede aumentar la productividad mediante la adopción de mejores métodos de organización del trabajo, no sólo por el hecho de que aumentar el número de participantes aumenta la información disponible. Este argumento es válido en los planos sectorial y nacional.

Además, cuando el nivel de los salarios nominales es importante en términos macroeconómicos –por ejemplo, si el tipo de cambio se mantiene constante para estabilizar los precios–, el diálogo social puede influir en la relación entre los salarios nominales y los salarios reales. Sin embargo, el diálogo social no es otra cosa más que la transposición en el ámbito de las relaciones de trabajo de los principios generales de la democracia y la discusión. Como se desprende de sus principios, el diálogo social no siempre da lugar a las mejores decisiones, pero proporciona probablemente el mejor entorno para adoptar decisiones.1

Por tal razón se hace necesario contar con un marco legal adecuado que permita el desarrollo de políticas y de programas encaminados a la promoción del empleo, motivo de la presente iniciativa.

Por lo expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se expide la Ley Federal de Protección y Fomento del Empleo, para quedar como sigue:

Título Primero
Disposiciones Generales, Facultades y Obligaciones

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y observancia general en la República Mexicana, y tiene por objeto establecer las bases de protección, promoción y fomento del empleo con el propósito de procurar el desarrollo económico y social integral.

Asimismo, instituir y normar, como política pública, la programación del seguro de desempleo en beneficio de las y los trabajadores que involuntariamente pierdan su empleo formal en la República Mexicana.

Artículo 2. El desempleo, para efectos de esta ley, se tomará en cuenta cuando el trabajador por causas ajenas a su voluntad, deje o sea separado de su empleo formal con carácter temporal o definitivo, en la actividad que venía desarrollando y sea privado de su salario.

Artículo 3. La aplicación de esta ley corresponde al Poder Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía, así como de los gobiernos estatales, de conformidad con sus atribuciones y dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 4. Para los efectos de lo establecido en esta ley, se entenderá por

I. Beneficiario: Todo ciudadano asalariado mayor de 18 años que haya perdido su empleo por causas ajenas a su voluntad, resida en la República Mexicana, y cumpla los requisitos previstos en esta ley, para acceder a los beneficios del seguro de desempleo.

II. Consejo. El Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo;

III. Estados. Las entidades federativas que forman la República Mexicana;

IV. Ley. La Ley de Protección y Fomento del Empleo;

V. Reglamento. El Reglamento de la Ley de Protección y Fomento del Empleo;

VI. Secretaría. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social; y

VII. Seguro: El seguro de desempleo.

Capítulo II
De las Facultades y Obligaciones

Artículo 5. El titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría, será responsable del cumplimiento de esta ley y de sus disposiciones complementarias:

I. Programar, dirigir y ejecutar el seguro de desempleo en la República Mexicana;

II. Promover la generación de nuevas fuentes de empleo y consolidar las existentes en la República Mexicana;

III. Promover y observar que los programas y las acciones de capacitación local o de regulación federal fortalezcan y eleven la calidad y productividad de la fuerza de trabajo y economía del país;

IV. Coordinar con la Secretaría de Economía, autoridades federales y las demás áreas competentes en la implantación de estrategias públicas, programas y actividades de protección, promoción y fomento del empleo.

V. Fomentar una cultura emprendedora entre las clases, grupos y personas más desprotegidos y vulnerables de la sociedad a fin de que accedan a mejores niveles de bienestar, a través de programas y acciones de carácter laboral, económico y educativo de contenido social;

VI. Propiciar de manera coordinada con la Secretaría de Economía, autoridades federales y las demás áreas competentes para atraer al país inversiones nacionales y extranjeras, a través de una política competitiva de incentivos para la inversión, que promueva la generación de empleos;

VII. Fortalecer los sectores público, privado y social, así como el fomento cooperativo, generadores de empleo, mediante el establecimiento de programas y acciones de apoyo empresarial, vinculación, distribución y comercialización de los bienes y servicios que produzcan, así como la proveeduría de sus productos a la administración pública federal;

VIII. Promover y realizar investigaciones para obtener el conocimiento exacto de a) Las características fundamentales de la fuerza de trabajo, del desempleo y del subempleo en el país; b) De la oferta y demanda de trabajo, según las calificaciones requeridas y disponibles; c) Medios y mecanismos de la capacitación para el trabajo; y d) De los fenómenos relacionados con el aprovechamiento del factor humano;

IX. Promover una coordinación efectiva de la política de desarrollo económico y social tanto en el sector gubernamental como en el privado, de manera que se logren los objetivos de fomento del empleo;

X. Establecer sistemas de comunicación que permitan coordinar eficazmente sus actividades con instituciones del sector público y del privado, así como con organismos internacionales, a fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos;

XI. Realizar investigaciones tecnológicas y proyectar la creación de empleos, capacitando y readaptando a las necesidades del mercado laboral la fuerza de trabajo;

XII. Instituir un servicio de orientación profesional y vocacional entre los trabajadores;

XIII. Promover la inclusión a las actividades productivas formales de las personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes y demás grupos que presenten esta problemática;

XIV. Concertar, desarrollar y evaluar acciones inherentes al programa de becas de capacitación para desempleados;

XV. Coordinar, promover y realizar ferias del empleo y el servicio de colocación, por sí misma o a través de los estados;

XVI. Producir, reproducir, publicar y difundir materiales didácticos de todo tipo para apoyar el cumplimiento de sus funciones y programas;

XVII. Determinar, expedir coordinar y gestionar la convocatoria para acceder al seguro de desempleo;

XVIII. Promover y celebrar convenios de cooperación técnica o financiera con organismos gubernamentales, según sus facultades expresamente conferidas; y

XIX. Dirigir y orientar a los solicitantes más adecuados por su preparación y aptitudes hacia los empleos vacantes.

Artículo 6. En el marco del diseño de los planes y programas de política de empleo y del análisis del funcionamiento del mercado de trabajo, el titular del Poder Ejecutivo federal deberá evaluar las condiciones existentes para determinar, en su caso, las modificaciones pertinentes que procedan a efecto de estimular el empleo en la República Mexicana.

Artículo 7. Corresponde a los gobernadores de los estados.

I. Promover y fomentar el empleo en sus entidades federativas, así como coadyuvar con la Secretaría en el estudio, la planeación y la ejecución de los programas y las acciones que en materia de empleo se determinen, de conformidad con esta ley, el reglamento y reglas de operación que al efecto expida la Secretaría;

II. Establecer en coordinación con la Secretaría los mecanismos que agilicen la colocación de los solicitantes de empleos en las plazas disponibles;

III. Dar publicidad de la demanda existente de puestos de trabajo; y

IV. Las demás que le confieran esta ley y su reglamento.

Título Segundo
Del Seguro de Desempleo

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 8. El seguro de desempleo es un sistema de protección social para las personas desempleadas, residentes en la República Mexicana, tendente a crear las condiciones para su incorporación al mercado de trabajo y al goce del derecho constitucional de empleo digno y socialmente útil.

Artículo 9. Los beneficiarios sólo pueden acceder al seguro durante un plazo no mayor de seis meses, cada dos años, siempre que justifiquen ante la Secretaría el cumplimiento de los requisitos y las obligaciones previstos en este ordenamiento, en la convocatoria respectiva y demás disposiciones administrativas aplicables. El monto del seguro ascenderá a 30 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y será entregado mensualmente al beneficiario.

Capítulo II
Del Seguro de Desempleo

Artículo 10. Los objetivos específicos del seguro son:

I. Otorgar un derecho económico a los beneficiarios, en las condiciones establecidas en esta ley;

II. Estimular y promover la incorporación de las y los beneficiarios del seguro a un empleo en el sector formal de la economía; y

III. Impulsar la capacitación de los beneficiarios en el desarrollo de nuevas habilidades que les permitan fortalecer su potencial laboral y orientarlos hacia la organización social del trabajo, a través de acciones complementarias implantadas por la administración pública federal en sus programas sociales.

Artículo 11. El derecho a los beneficios del seguro es de carácter personal e intransferible y podrá otorgarse a las personas desempleadas que:

I. Sean mayores de 18 años;

II. Residan en la República Mexicana;

III. Hayan laborado previamente a la pérdida del empleo, para una persona moral o física, con domicilio fiscal en el país, al menos durante seis meses;

IV. No perciban otros ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio o relación laboral diversa;

V. Se encuentren inscritas en las oficinas de empleo, ya sea de manera directa en la Secretaría o, en su caso, en los estados;

VI. Sean demandantes activas de empleo;

VII. Cumplan el resto de los requisitos establecidos en esta ley y demás disposiciones reglamentarias aplicables; y

VIII. No sean beneficiarios de otro seguro de desempleo que otorgue alguna entidad federativa.

Capítulo III
De las Obligaciones de la Secretaría, los Beneficiarios y el Titular del Poder Ejecutivo Federal

Artículo 12. La Secretaría expedirá la convocatoria para acceder al seguro y sus bases de participación establecerán cuando menos.

I. Las características del seguro por otorgar;

II. La documentación y demás requisitos necesarios para acceder al seguro;

III. El modelo de carta compromiso que deberán suscribir los interesados, a efecto de que conozcan las obligaciones que adquieren quienes son acreedores a dicho beneficio;

IV. El procedimiento que habrán de agotar los interesados en obtener el seguro;

V. El domicilio de las oficinas y módulos a que habrán de acudir los interesados para presentar su solicitud y pedir orientación o aclaraciones; y

VI. Las demás que determinen la Secretaría y el reglamento.

Artículo 13. La Secretaría deberá dar respuesta a las solicitudes presentadas por las personas interesadas en obtener el seguro en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados a partir de la recepción de las mismas, así como publicar en el Diario Oficial de la Federación y en su página de Internet la lista de quienes, en su caso, accedan a dicho beneficio, salvaguardando las previsiones que en estos casos plantea la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 14. Los beneficiarios del seguro se encuentran obligados, entre otras acciones, a

I. Entregar a la Secretaría la documentación e información que reglamentariamente se determine a efectos del otorgamiento, suspensión o reanudación de las prestaciones que marque la presente ley;

II. Participar en programas de empleo o en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales que determine la Secretaría;

III. Suscribir una carta compromiso en la que se adquiere el derecho de recibir las prestaciones por desempleo en el lapso y con las condiciones determinados por la Secretaría;

IV. Solicitar la baja en las prestaciones por desempleo cuando se produzcan situaciones de suspensión o extinción del derecho o se dejen de reunir los requisitos exigidos para su percepción, en el momento de la producción de dichas situaciones y las demás que determinen la Secretaría y el reglamento;

V. Comunicar de inmediato sus cambios de domicilio; y

VI. Conducirse con verdad en todo momento, apercibidos de que en caso de falsedad en sus declaraciones le serán retirados los beneficios del seguro, sin perjuicio de las consecuencias legales procedentes.

Artículo 15. La Secretaría suspenderá el derecho a la percepción del seguro cuando se presenten algunos de los siguientes supuestos:

I. Agotamiento del plazo de duración de la prestación;

II. Rechazo injustificado de una oferta de empleo adecuada al perfil y a las aptitudes del beneficiario;

III. Negativa a participar en los programas de empleo y capacitación, o en acciones de promoción, formación, y reconversión profesional, salvo causa justificada;

IV. Cuando se esté cumpliendo condena que implique privación de la libertad;

V. Realización de un trabajo por cuenta ajena de duración igual o superior a doce meses, o realización de un trabajo por cuenta propia, por tiempo igual o superior a veinticuatro meses;

VI. Ser beneficiario de algún otro programa del gobierno federal con ayuda económica;

VII. Cambiarse de residencia al extranjero; y

VIII. Renuncia voluntaria al derecho.

Artículo 16. El titular del Poder Ejecutivo federal deberá incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación la asignación que garantice efectivamente el derecho al seguro que se regula en la presente ley, en favor de todas las personas desempleadas que cumplan los requisitos establecidos en ella y los demás que señale la Secretaría para tal efecto.

Capítulo IV
Disposiciones Complementarias

Artículo 17. Las reglas de operación fijarán la forma en que se hará valer el seguro, así como la verificación de la residencia, la elaboración y la actualización permanente del padrón de beneficiarios y demás requisitos y procedimientos necesarios para el ejercicio del derecho establecido en esta ley.

Artículo 18. El beneficio del seguro será entregado por la Secretaría a través de una tarjeta de débito u otro mecanismo que se considere pertinente conforme a la ley.

Título Tercero
Del Fomento al Empleo

Capítulo I
De los Estímulos Fiscales

Artículo 19. El titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estimulará, apoyará, fomentará y promoverá acciones que eleven la productividad de las empresas, de tal manera que el crecimiento del empleo se traduzca en mayores niveles de bienestar para los habitantes de la República Mexicana.

Artículo 20. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá determinar el método o los métodos de protección mediante los cuales se proponen dar efecto a las disposiciones de esta ley.

Artículo 21. Podrán acogerse a los estímulos fiscales establecidos en la presente ley y en el reglamento, de acuerdo con los requisitos y las condiciones que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las empresas que generen fuentes formales y permanentes de empleo.

Artículo 22. Se podrán otorgar a las empresas estímulos fiscales cuando se demuestre fehacientemente que durante los dos ejercicios fiscales anteriores hayan generado nuevos empleos, tomando como base la plantilla de trabajadores que tuvieran al año posterior, para el caso de empresas ya establecidas.

Artículo 23. Podrán tener acceso a los estímulos fiscales que se establecen en el presente capítulo los contribuyentes que constituyan nuevas fuentes de empleo.

Artículo 24. Las empresas que contraten indefinidamente desempleados en situación de exclusión social podrán acogerse a los estímulos fiscales previstos en este capítulo. La situación de exclusión social se acreditará por los servicios sociales competentes y quedará determinada por alguno de los siguientes casos:

I. Perceptores de cualquier prestación menor que el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal;

II. Personas que no puedan acceder a las prestaciones referidas en la presente ley;

III. Personas con capacidades diferentes;

IV. Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en procesos de rehabilitación o reinserción social; y

V. Personas que se encuentran compurgando en libertad o que hayan compurgado la sentencia que se les impuso.

Artículo 25. Las empresas beneficiadas por los estímulos fiscales deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de conformidad con lo establecido en los ordenamientos jurídicos aplicables.

Capítulo II
Del Consejo

Artículo 26. El Consejo Consultivo para el Fomento y Protección del Empleo es un órgano colegiado de consulta en materia de protección del empleo para las instancias correspondientes, que coordinará sus acciones con las demás dependencias encargadas de la protección y del fomento del empleo.

Artículo 27. Son facultades del consejo.

I. Proponer estrategias de trabajo que coadyuven a mejorar la orientación de las actividades de la Secretaría con relación al empleo;

II. Crear los comités necesarios para analizar la problemática de las diferentes áreas y, en su caso, plantear las propuestas de solución correspondiente;

III. Formular las propuestas de incentivos a la inversión, analizando previamente las actividades estratégicas contenidas en los planes de fomento y protección del empleo de cada una de las delegaciones;

IV. Convocar a los diversos organismos empresariales para organizar foros de consulta encaminados a la realización de diagnósticos sectoriales en materia de fomento y protección del empleo;

V. Apoyar a la Secretaría en la creación de comités, así como establecer los lineamientos para formarlos;

VI. Asesorar a los distintos comités estableciendo mecanismos para que lleven a cabo las acciones encaminadas al logro de sus objetivos; y

VII. Evaluar cada seis meses los efectos de las políticas de fomento y protección del empleo adoptadas por la Secretaría.

Artículo 28. El Consejo se integra por:

I. Un presidente, que será el secretario del Trabajo y Previsión Social;

II. Un vicepresidente, que será el secretario de Economía; y

III. Vocales: a) el secretario de Gobernación; b) el secretario de Hacienda y Crédito Público; c) el secretario de Desarrollo Social; d) Cinco representantes del sector privado relacionados con el tema del empleo, que podrán ser de los sectores industrial, comercial y social, los que serán a invitación por el presidente del consejo; y e) tres representantes de organizaciones sociales afines al tema. Los miembros del consejo tendrán voz y voto en las sesiones que celebren; en caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad.

Asimismo, podrán asistir como invitados, con voz pero sin voto, los presidentes de las comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión relacionadas con el tema del empleo.

Artículo 29. El presidente del consejo convocará por lo menos tres veces al año a los integrantes de éste para proponer medidas o acciones de protección y fomento del empleo, previa convocatoria, y de manera extraordinaria cuando el presidente o las dos terceras partes de los integrantes del consejo así lo requieran.

Artículo 30. Los titulares que forman el consejo podrán nombrar a un representante suplente de su área respectiva, con conocimientos en la materia de fomento y protección del empleo.

Capítulo II
Del Padrón de Personas que Soliciten Empleo

Artículo 31. La Secretaría elaborará en coordinación con las delegaciones un padrón de las personas que soliciten empleo, según aptitudes, aspiraciones o profesión, y de las empresas que manifiesten tener puestos vacantes.

El reglamento determinará los datos personales, laborales y demás que considere la Secretaría para el padrón.

Artículo 32. El padrón de las personas que soliciten empleo será regulado por la Secretaría y ésta deberá informar al consejo y al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en el marco de sus atribuciones, tomen las medidas pertinentes para llevar a cabo los programas o, en su caso, realizarle las modificaciones o ajustes, con objeto de propiciar mayor estabilidad laboral.

Artículo 33. La Secretaría deberá informar anualmente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sobre los resultados del programa y contenidos del padrón para que, en su caso, ésta en la esfera de sus atribuciones oriente o coadyuve en la determinación de medidas complementarias para mejorar la protección del empleo.

Título Cuarto
Del Recurso de Inconformidad

Capítulo Único

Artículo 34. En contra de las resoluciones de las autoridades de fomento y protección del empleo dictadas con fundamento en las disposiciones de esta ley y demás reglamentarias podrá interponerse recurso de inconformidad en la vía administrativa, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

TRANSITORIOS

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La integración del consejo a que se refiere el artículo 26 de esta ley se deberá llevar a cabo dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor de la presente ley.

Tercero. Una vez integrado, el consejo deberá expedir los lineamientos y las reglas para su operación.

Cuarto. Para una exacta observancia y aplicación de esta ley, el titular del Poder Ejecutivo federal expedirá el reglamento correspondiente, así como las modificaciones administrativas que se requieran dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor de la presente ley.

Quinto. Sólo podrán ser beneficiarias del seguro las personas que cumplan los requisitos establecidos en la presente ley y demás disposiciones aplicables y que hayan perdido el empleo por causas ajenas a su voluntad a partir del 1 de enero del año en que entre en vigor la presente ley.

Dado en el Senado de la República, el 8 de diciembre de 2015.

Nota
1 Con información de la consulta internacional acerca del seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, Ginebra, 2-4 de noviembre de 1999, de la Organización Internacional del Trabajo. http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/gb/docs/gb276/esp-4-1.htm





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY DEL BANCO DE MÉXICO

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El que suscribe, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución en la LXIII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 8 y 164 numerales del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones a la Ley del Banco de México

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- La Ley del Banco de México vigente desde el 23 de diciembre de 1993, establece en su artículo segundo que:

ARTICULO 2o.- El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del Banco promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

2.- Desde hace tres años, en diversas ocasiones y por medio de otras iniciativas de proyecto de ley, así como puntos de acuerdo, declaraciones y escritos he venido insistiendo en la necesidad y urgencia de ampliar el mencionado artículo, porque, tal como se encuentra en la actualidad, no coadyuva al crecimiento del empleo ni al crecimiento económico; y más bien obliga al Banco de México (Banxico) a adoptar serias limitaciones como las siguientes:

2.1.- Una asimetría voluntaria en contra de la economía nacional, dado que las condiciones de socios que norma el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) no se aplican de manera equitativa para México.

Las Leyes del Banco Central de Canadá y de la Reserva Federal de USA, establecen que dichos organismos además de mantener un equilibrio en el nivel de precios también están obligados a velar por el crecimiento económico en sus respectivas naciones.

Así el Banco Central de Canadá tiene por objetivo “promover la prosperidad económica y financiera”; mientras que la Reserva Federal la “conducción de la política monetaria del país” pero para que se puedan crear “las condiciones monetarias y crediticias en la economía con el fin de generar el máximo empleo, estabilizar precios y generar tasas de interés moderadas a largo plazo”, además de otras entre las que se puede destacar el “mantener la estabilidad del sistema financiero y contener el riesgo sistémico que pueda surgir en los mercados financieros”. ¿Entonces, porque el objetivo del Banco de México tendría que estar sesgado a solo controlar la inflación?

Es decir, que la finalidad de apoyar o velar o coadyuvar por el crecimiento económico nacional y el empleo, en el caso de Banxico,  queda completamente fuera de la emisión primaria de dinero y de la política monetaria en general y en particular.

2.2.- La eliminación legal de emitir nuevo crédito dirigido a la producción, y el hecho que las reservas internacionales sean usadas exclusivamente para la estabilidad de precios y el financiamiento de desequilibrios en el tipo de cambio ha producido ganancias extraordinarios a quienes han venido especulando con las variaciones en el tipo de cambio; esterilizando cualquier intento de reactivación económica como se ha observado claramente en los últimos meses en particular.

3.- Por primera vez en la historia monetaria del país, el monto de las reservas internacionales han crecido casi exponencialmente al haber pasado desde 15, 741 millones de dólares en 1995, hasta 171,852 millones de dólares a la semana última de noviembre del 2015, que incluye una caída en los últimos meses desde 195,000 millones de dólares; disminución producida por la intervención de Banxico en el mercado para colocar dólares ante los desequilibrios en el tipo de cambio. 

A pesar de este comportamiento de las reservas internacionales, la tasa de crecimiento promedio del PIB en el mismo periodo no alcanza el tres por ciento anual, mientras que el número de pobres en lo general crece; el número de nuevos empleos creados disminuye; la desigualdad del ingreso crece en extremo y la riqueza nacional se concentra en un grupo pequeño de familias.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el número de personas en pobreza pasó de 52.8 millones a 53.3 millones de personas en el país, entre los años 2010-2012. Así  mismo el número de personas en extrema pobreza se encontraría en 11.5 millones de personas en el 2012. Y según reportes privados, hay 23 millones de personas que no pueden adquirir una canasta básica.

4.- Por otra parte, la dependencia del presupuesto federal, a los ingresos del petróleo y a los vaivenes de la economía estadounidense está generando la implantación de crecientes medidas de austeridad que la población en su conjunto no resiste, pero las autoridades responsables solo atinan a diseñar más programas de austeridad afectando seriamente a la mayoría de las familias.

Tanto la Secretaría de Hacienda (SHCP) como Banxico tienen un amplio record de errores en sus pronósticos sobre el crecimiento económico y otras variables macroeconómicas. Para el 28 de mayo último, la SHCP realizaba su octava rectificación -a la baja- de su propio pronóstico, en lo que va del sexenio.

El margen de error entre lo pronosticado y las rectificaciones llegaban a fecha mencionada, a 22.5 por ciento. Un porcentaje verdaderamente insólito e inusitado para una dependencia gubernamental; sobre todo para el manejo de la Política Fiscal y la Política Monetaria y sus efectos en la economía familiar. 

Lo peor del caso, es que estas inconsistencias fueron usadas como el argumento que en la práctica se traducen en recorte presupuestal que producen desaceleración de la economía, creciente desempleo y salarios cada vez más bajos en su poder adquisitivo. En base a tales reajustes se eliminaron para el Gasto del 2015, 124 mil millones de pesos, que representan unos 8,200 millones de dólares. Y para el 2016 la eliminación de 9,300 millones de dólares. Aunque ya se anuncia uno más para el recién aprobado presupuesto para el próximo año.

Esta política terminó con varias obras importantes de infraestructura del transporte, con programas sociales; de investigación científica; de educación; de salud; y se justificaron como práctica legal de política económica, o de criterios meramente monetarios de costo-beneficio en base a la metodología del “Presupuesto Base Cero” que curiosamente se aplicó solo a los programas sociales.

Si el mandato del artículo segundo de la Ley del Banco de México, estableciera una amplitud de objetivos, a favor del crecimiento y el empleo, entonces, estas situaciones de austeridad no hubieran ocurrido porque las reservas internacionales serían utilizadas para reactivar la economía nacional.

5.- Para el presupuesto 2016, se estima un tipo de cambio de 16.40, un precio petrolero de 50 dólares por barril y una plataforma petrolera de 2 millones, 247 mil barriles diarios. Más endeudamiento interno por 535 mil millones de pesos, y un endeudamiento externo por 6 mil millones de dólares.

Sin embargo, hay muchas dudas que los pronósticos de la SHCP, se cumplan, y por lo tanto que los ingresos programados para el año 2016 por diversas razones, externas o internas, no se logren. El lunes 23 de noviembre, se informó en el Houston Chronicle que, en EUA, 27 compañías de perforación y proveedoras de campos petroleros se fueron a la quiebra con un total de 13 mil millones de dólares y que la lista continuará en breve, hasta un total de 35,000 mil millones de dólares de otras compañías adicionales, lo que hace ver un proceso recesivo en la economía vecina.

Menciono esto, para que después no se diga que “nadie sabía” lo que ocurriría con los precios del petróleo.

6.- Ante todos estos hechos, lo único que las autoridades fiscales y monetarias del país han ofrecido es más austeridad, asunto que ya empieza a generar seria y mayor preocupación en los círculos empresariales. Ante la imposibilidad de resistir por más tiempo la reducción de las ventas o de ganancias.

Tanto es así, que, hasta uno de los personajes más ricos del mundo, el magnate Carlos Slim Helú, está sumándose a la propuesta de ampliar los objetivos del Banco de México para que se preocupe también del crecimiento económico y el empleo, tal como lo tiene establecido la Reserva Federal de EUA (FED).

No hay duda que hay preocupación entre el sector empresarial, ante la posibilidad de un colapso mayor y la ineficiencia gubernamental para encontrar otras alternativas.

Slim Helú, es uno de los cuatro mexicanos, que controlan el 2 por ciento del PIB, y acaba de precisar, el 30 de noviembre que “sería ideal esto, que la función (de Banxico) en México es cuidar la inflación a través de la política monetaria, pero la FED tiene como objetivo cuidar inflación y crear empleo, y sería conveniente que tenga una función adicional a que solo cuidar la inflación, porque en base a eso se busca anclar el tipo de cambio el salario y ese tiempo de cosas tiene repercusiones no deseables”.

Por todo lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único.- Se reforma y adiciona dos párrafos al artículo 2o., de la Ley del Banco de México para quedar como sigue:

Artículo 2o.- El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivos prioritarios:

1.- Procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Serán también finalidades del Banco promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

2.- Procurar las condiciones monetarias y crediticias con el fin de garantizar la generación del máximo empleo, la estabilización de precios, tasas de interés moderadas, y el crecimiento económico.

3.- Proveer de los recursos de emisión primaria de dinero, en forma de crédito exclusivamente productivo, para los proyectos Estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo y otros que el Poder Ejecutivo establezca.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de diciembre de 2015.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT)

LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, pertenecientes a la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II, 73 fracción XXIX-M de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo estipulado en los artículos 8°,1 fracción I, 164, 1, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. ANTECEDENTES

Desde la Constitución de 1824 hasta la actual, promulgada en 1917, establecieron disposiciones relativas a la seguridad de la Nación mexicana.

En los artículos 49, 50 Y 110 de la Constitución Federal de 1824, se estableció que las leyes del Congreso tendrán por objeto, entre otros, sostener independencia nacional, y proveer la conservación y seguridad de la naciones sus relaciones exteriores; asimismo, se estipuló que la declaración de guerra corresponde al Presidente, previa ley que expidiera el Congreso, conforme a los datos que el propio Presidente presentará; así como disponer de la fuerza armada de mar y tierra para la seguridad interior y defensa exterior de la Nación.

En las Leyes Tercera y Cuarta de la Constitución promulgada en 1836, prevaleció la misma regulación.

Posteriormente, al promulgarse la Constitución denominada “Las Bases Orgánicas de la Republica” en 1843, se mantuvo la regulación respecto de las facultades del Presidente de declarar la guerra con aprobación del Congreso y de disponer de la fuerza armada del mar y tierra; sin embargo, se previó por vez primera en los artículos 66 y 198 la suspensión de garantías en casos de invasión extranjera o de sedición grave que pusieran en peligro la seguridad de la Nación en cuyo caso el Congreso por resolución de dos tercios de cada Cámara, decretaría la ampliación de las facultades del Ejecutivo para tal efecto.

Ya en la Constitución de 1857, la regulación se amplió hacia el ámbito estatal, estableciendo prohibiciones a los Estados al respecto. En primer lugar se señaló en el artículo 29, la suspensión de garantías por parte del Presidente, en acuerdo con el consejo de ministros y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la diputación permanente, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualquiera que pusiera a la sociedad en peligro o conflicto.

Asimismo, se mantuvieron las facultades del Presidente de declarar la guerra con aprobación del Congreso y de disponer de la fuerza armada del mar y tierra para la seguridad interior y defensa exterior de la Nación y se añadió la de disponer de la guardia nacional para el mismo fin, con el consentimiento del Congreso.

Tratándose de los Estados, los artículos 112 y 116 señalaban que los propios Estados no podrían sin consentimiento del Congreso, hacer la guerra por sí a otra potencia extranjera, salvo casos de invasión o de peligro tan inminente, que no admitiera demora, en los cuales deberían dar cuenta inmediatamente al Presidente de la Republica e indicaban la obligación de los Poderes de la Unión de proteger a los Estados contra toda invasión o violencia exterior y también en caso de sublevación o trastorno interior, siempre que fueran excitados por la legislatura del Estado o por su Ejecutivo, si aquella no estuviere reunida. Como puede observarse, en este documento fundamental se sentaron las bases de las disposiciones que hoy en día nos rigen.

La Constitución de 1917, hizo prevalecer los mismos principios de la Constitución de 1857, en los artículos 29, 73, 89,118 y 122.

Aunque los artículos que contienen tales principios han sido reformados en diversas ocasiones, las bases mencionadas relativas a la seguridad nacional, han permanecido prácticamente inalteradas.

Sin embargo, estas bases no se referían expresamente a la seguridad nacional, por lo que mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 2004, se adiciono la fracción XXIX-M al artículo 73, en la que se estableció como facultad del Congreso la de expedir leyes en materia de seguridad nacional, y se reformó la fracción VI del artículo 89, que se señala como atribución del Presidente, la preservación de la seguridad nacional, en los términos de la Ley de la materia. Como puede observarse, esta reforma resultó de gran trascendencia en materia de seguridad nacional.

Consecuentemente, el 21 de enero de 2005 el Congreso expidió la Ley de Seguridad Nacional, en la que se crea el Consejo de Seguridad Nacional, la Red Nacional de Investigación y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

2. LEGISLACIÓN REGLAMENTARIA

Ley de Seguridad Nacional. Publicada el 31de enero de 2005.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Publicada el 29 de diciembre de 1976.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Publicada el Junio de 2002.1

3. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2

Artículo 16.-

(…)

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.3

Artículo 20.

(…)

V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

(…)

3°. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

(…)

XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo.

XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes.

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

(…)

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

VII. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos que previene la fracción IV del artículo 76.

VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión.4

Artículo 118. Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión:

(…)

II. Tener, en ningún tiempo, tropa permanente ni buques de guerra.

III. Hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera, exceptuándose los casos de invasión y de peligro tan inminente, que no admita demora. En estos casos darán cuenta inmediata al Presidente de la República.5

Artículo 119. Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los Estados contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o trastorno interior, les prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la Legislatura del Estado o por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida.6 (Sic.)

4. FUNDAMENTO LEGAL

Ley de Seguridad Nacional

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a:

I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;

II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;

III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;

IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y

VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.7

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

(…)

XII. Seguridad nacional: Acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación, orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del Estado constitucional.8

5. CÓMO SE CONCIBE LA SEGURIDAD NACIONAL EN MÉXICO

Seguridad de la nación

Artículos 29,73, 89, 118 y 1 119 Constitucionales.

De acuerdo con el autor Miguel Carbonell, la Seguridad Nacional se refiere a todos aquellos programas, medidas e instrumentos que cierto Estado adopta para defender a sus órganos supremos de un eventual derrocamiento violento por un movimiento subversivo interno o una agresión de externa.

Por su parte, la Ley de Seguridad Nacional, en su artículo 3, define la seguridad Nacional de la siguiente manera:

3. Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a:

I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;

II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;

III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;

IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y

VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.

El concepto seguridad nacional es equivalente al de seguridad del Estado, ya que se refiere a la protección de sus órganos y a los recursos y estrategias para mantener su estabilidad.

En la actualidad, las amenazas a la seguridad nacional no consisten únicamente en prevenir agresiones externas por parte de otros Estados, sino que también incluyen las medidas para prevenir el terrorismo, los riesgos medio ambientales y ciertos fenómenos sociales de carácter global como las migraciones masivas.

Nuestra actual Carta Magna, regula en diversos preceptos las medidas para proteger la seguridad nacional:

1. Artículo 29. Si bien este artículo no hace referencia expresa a la seguridad nacional, si prevé medidas para su prevalencia, ya que establece que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, el Presidente de la República, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo; asimismo señala que si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocaría sin demora al Congreso para que lo acuerde.

2. Artículo 73. Establece como facultad del Congreso, las de declarar la guerra en vista de los datos que presente el Ejecutivo federal y la expedir leyes en la materia de seguridad nacional (Fracciones XII y XXIX-M).

3. Artículo 89. Señala que entre las facultades y atribuciones del Presidente, se encuentra la preservar la seguridad nacional, en los términos de las leyes respectivas, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada, es decir, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior del país, así como la declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión. (Fracciones VI y VIII)

Por otro lado, y dado que la seguridad nacional se encuentra a cargo de los órganos del Gobierno Federal, también se establecen medidas con respecto a las entidades federativas.

1. Artículo 118. Señala que los Estados no pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión, hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera, salvo aquéllos caos de invasión y de peligro inminente, que no admita demora, en los cuales deberá dar cuenta inmediatamente al Presidente de la República. (Fracción III)

2. Artículo 119. Establece que los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los Estados contra toda invasión o violencia del exterior, así como en los caos de sublevación o trastorno interior, en los que les prestarán protección siempre y cuando sean excitados por la Legislatura del Estado o bien, por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida. (Párrafo I)

En el ámbito federal rige la Ley de Seguridad Nacional, expedida por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2005. En dicha ley se establece lo siguiente:

a) Corresponde al titular del Ejecutivo Federal, determinar la política de seguridad nacional y dictar los lineamientos relativos a las acciones de las dependencias que integran el Consejo de Seguridad Nacional. En el Plan Nacional de Desarrollo y en el programa que de él derive, se definirán temas de Seguridad Nacional.

b) La seguridad nacional debe regirse por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación.

c) Se consideran amenazas a la seguridad nacional, las siguientes:

• Los actos tendientes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria; genocidio en contra de los Estados Unidos mexicanos, dentro del territorio nacional;

• Los actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano;

• Los actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada;

• Los actos tendientes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación;

• Los actos tendientes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada;

• Los actos en contra de la seguridad de la aviación;

• Los actos que atenten en contra del personal diplomático;

• Todo acto tendiente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas convencionales de destrucción masiva;

• Los actos ilícitos en contra de la navegación marítima;

• Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terrorista;

• Actos tendientes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia; y

• Actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.

d) EI Consejo de Seguridad Nacional, es el encargado de las acciones orientadas a la preservación de la seguridad nacional. Se integra por Presidente de la Republica, quien lo preside, por el Secretario de Gobernación, quien fungirá como Secretario Ejecutivo, los titulares de Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, de Relaciones Exteriores, de Comunicaciones y Transportes, así como por el Procurador General de la Republica y por el Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

El Consejo contará con un Secretario Técnico designado por el Presidente y con un equipo técnico especializado, así como por un presupuesto asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Dicho Consejo conocerá de los asuntos siguientes:

• La integración y coordinación de los esfuerzos orientados a preservar la seguridad nacional;

• Los lineamientos que permitan el establecimiento de políticas generales para la seguridad nacional;

• EI Programa para la Seguridad Nacional y la definición anual de la Agenda Nacional de Riesgos;

• La evaluación periódica de los resultados del Programa y el seguimiento de la Agenda Nacional de Riesgos;

• Los programas de cooperación internacional en materia de seguridad nacional;

• Las medidas necesarias para la seguridad nacional;

• Los lineamientos para regular el uso de aparatos útiles en la intervención de comunicaciones privadas;

• Los lineamientos para que el Centro preste auxilio y colaboración en materia de Seguridad Pública, procuración de justicia y en cual y en cualquier otro ramo de la Administración Pública que acuerde el Consejo; y

• Los procesos de clasificación y desclasificación de información en materia de Seguridad Nacional.

e) El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con autonomía técnica, operativa y de gasto, adscrito directamente al titular de dicha Secretaría y entre sus atribuciones se encuentran las siguientes:

• Operar las tareas de inteligencia como parte del sistema de seguridad nacional;

• Procesar la información que generen sus operaciones;

• Preparar estudios de carácter político, económico y social necesarios para alertar sobre los riesgos y amenazas a la seguridad nacional;

• Elaborar los lineamientos generales del plan estratégico y la Agenda Nacional de Riesgos;

• Proponer medidas de prevención de riesgos y amenazas a la seguridad nacional;

• Establecer cooperación interinstitucional entre las diversas dependencias de la administración pública federal, autoridades federales, entidades federativas, municipios y delegaciones para la preservación de la seguridad nacional;

• Proponer al Consejo el establecimiento de sistemas de cooperación internacional en la materia;

• Adquirir, administrar y desarrollar tecnología especializada para la investigación y difusión confiable de las comunicaciones del Gobierno Federal en materia de seguridad nacional;

• Operar la tecnología de comunicaciones especializadas en el cumplimiento de sus atribuciones o en apoyo a las instancias de gobierno que lo solicite el Consejo; y

• Prestar auxilio técnico a cualquiera de las instancias de gobierno representadas en el Consejo.

f) Se prevé la existencia de un sistema de cooperación denominado Red Nacional de Investigación, en el cual, los gobiernos de las entidades federativas tomaran las siguientes medidas para garantizar la seguridad nacional:

Aportaran cualquier información local a la Red, colaboraran con las autoridades  federales a fin de lograr una coordinación efectiva en materia de seguridad nacional, celebraran convenios de colaboración en la materia y promoverán la participación de los municipios en las políticas, acciones y programas relacionados con la seguridad  nacional;

Cabe destacar que el Código Penal Federal, tipifica toda una serie de conductas que ponen en peligro la seguridad nacional. En el Título Primero del Libro Segundo, establece los “Delitos contra la seguridad de la Nación” que son los siguientes: traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje, conspiración e instigación.

6. GEOPOLÍTICA Y SEGURIDAD NACIONAL

Cuando intentamos hablar de una definición de la Seguridad Nacional en México, la primera variable que parece pertinente despejar es precisamente la que se refiere a la defensa nacional. Por razones que tienen que ver con la historia y la geopolítica de nuestro país, el concepto Seguridad Nacional difícilmente puede entenderse, en sentido estricto, como la defensa militar de la soberanía o del interés nacional.

México nunca ha sido un país con una política expansionista salvo aisladas e infructuosas experiencias en el siglo pasado en nuestra frontera sur y, debido a su situación geopolítica, su poder internacional no está fincado en el uso de la fuerza.

Así, la situación geopolítica de México se convierte en una determinante fundamental que se traduce, en una de sus expresiones más claras, en un concepto no militarista de la Seguridad Nacional.

Los antecedentes históricos son claros y elocuentes.  Desde que México surge a la vida independiente, ya entonces la principal amenaza a sus intereses en el ámbito geopolítico son los Estados Unidos, condicionante que eliminó, en principio, la posibilidad de desarrollar cualquier proyecto de carácter expansionista.

Además, desde principios del siglo XIX, es preocupación fundamental de los gobiernos del país la permanente amenaza y las posibilidades reales de que el vecino país del norte busque su expansión territorial hacia México, intencionalidad hecha explícita desde los primeros ideólogos del proyecto norteamericano. Queda también clara desde las primeras décadas del siglo XIX la imposibilidad de México de repeler exitosamente una incursión armada procedente del norte.

La amenaza se concreta en 1847 y, con la pérdida de la mitad del territorio, resulta aún más claro que las posibilidades de México de resistir a las fuerzas expansionistas de Estados Unidos son muy reducidas.

Sin embargo, las necesidades de expansión territorial percibidas por los estrategas norteamericanos dentro de su proyecto histórico quedan aparentemente satisfechas con los beneficios de la guerra de 1847. A partir de este episodio de invasión armada, los gobiernos de Estados Unidos no vuelven a utilizar la fuerza militar en contra de México con estos objetivos.

La presencia norteamericana en las zonas fronterizas de México hacia el sur y hacia los mares desde el siglo pasado tiene también importantes consecuencias para nuestro  país.

Este hecho no sólo invalida la posibilidad de una estrategia de defensa nacional frente al vecino del norte, en la que el uso de la fuerza no sólo desempeña un papel importante y da forma a una estrategia militar convincente y efectiva, sino que además limita cualquier intento de México por consolidar su posición regional a partir del uso de la fuerza como instrumento de su política exterior, pues en cualquier escenario regional en el que hubiera posibilidad de disputa de espacios políticos, territoriales o económicos, México habría de enfrentar los intereses hemisféricos de Estados Unidos, para cuya promoción cuentan con la indiscutible supremacía militar en el continente.

Es interesante señalar que durante los grandes episodios bélicos de la historia de México, principalmente la guerra de Independencia y la Revolución mexicana, entre las filas de los ejércitos se contó con estrategas de grandes cualidades militares, como fue el caso de José María Morelos en la Independencia y de Álvaro Obregón en la Revolución, e incluso de un gran estratega en todo el sentido de la palabra como fue Lázaro Cárdenas, por mencionar sólo algunos ejemplos.

Sin embargo, y sobre todo en este siglo, era ya tal la conciencia y presencia en el proyecto nacional de las limitantes derivadas de la geopolítica que, en los discursos de la época, tanto de Obregón como de Cárdenas, nos encontramos con una definición de la Seguridad Nacional frente al exterior que poco tiene que ver con el uso de la fuerza y que destaca la negociación como el instrumento fundamental en las relaciones internacionales de México, especialmente con Estados Unidos.

En el siglo XX tampoco encontramos planteamientos, que contemplen la utilización del uso de la fuerza en nuestras relaciones con los vecinos centroamericanos o del Caribe, consecuencia de esta misma condicionalidad geopolítica que alcanza todas las fronteras de México.

Como resultado de esta evolución histórica, los gobiernos de México, frente a las amenazas del exterior, han descartado la defensa militar como el puntal de su esquema de Seguridad Nacional y elaboran, cada vez con mayor sofisticación, esquemas de independencia y soberanía más acordes con su situación geopolítica y sus posibilidades reales de acción en el ámbito internacional, que en última instancia descansan de manera muy limitada en el probable uso de la fuerza.

Esta posibilidad ha sido incluso descartada oficialmente por los gobiernos posrevolucionarios, que han sabido convertir una limitación histórica y geopolítica en un instrumento de la política exterior interesante y creativo: la no utilización de la fuerza y la solución pacífica de las controversias como principios fundamentales en las relaciones internacionales de México, lo que le ha otorgado legitimidad y una imagen positiva en la política internacional, ya que esta posición se inscribe y es acorde con las normas fundamentales del derecho internacional.

Consecuentemente, se puede definir para México la Seguridad Nacional, como un conjunto de elementos políticos, económicos, militares, sociales y culturales que garantizan nuestra soberanía y promueven el interés de la nación, estrechando las ventanas de vulnerabilidad frente al exterior y fortaleciendo las columnas del andamiaje nacional que nos proporcionen solidez y conciencia como nación y hacen posible la consecución de un proyecto nacional.9

CONSIDERANDOS

Conociendo que históricamente nuestro país, no ha definido que es Seguridad Nacional para los mexicanos; lo que impide tener una visión estratégica sobre el desarrollo nacional y la sobrevivencia del Estado;

Sabiendo que la política mexicana en las relaciones internacionales parte de una visión pacifista; que por tanto el concepto de la Seguridad Nacional, se fundamenta en una posición de geopolítica y de derecho, más que en una posición de defensa nacional militarista;    

Considerando que los principios de política exterior de México, en las relaciones internacionales, se soportan en la autodeterminación de los pueblos y su correlativo de no intervención en los asuntos internos y la proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza;  

Considerando que la Seguridad Nacional es un asunto que concierne definir por igual a todos los mexicanos;

Considerando que en un Estado democrático como el que pretendemos la Seguridad Nacional, debe ser concebida y dirigida desde el poder civil del Estado, por lo que deben involucrase todos los poderes de la Unión y actores sociales; 

Considerando que el término Seguridad Nacional es un instrumento político poderoso que orienta el orden institucional, político y social del Estado;

Considerando que la Seguridad Nacional geopolíticamente, tiene que ver con el desarrollo nacional y la sobrevivencia del Estado mexicano;

Considerando que la Seguridad Nacional se ha manejado irresponsablemente por parte de los gobiernos en las últimas décadas; que consecuentemente México se ve envuelto en una crisis humanitaria y de decadencia política.  

Se emite la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 89 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para quedar como sigue:

Artículo 89. De las facultades y obligaciones del Presidente.

(…)   

VI. Disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea del Ejército terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. En los términos de los artículo 29, 73, 76 de la Constitución General de la República.

TRANSITORIO

PRIMERO. Se abrogan todas las disposiciones que se contrapongan al cumplimiento de este Decreto.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

CUADRO COMPARATIVO

REFORMA A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 89
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DICE

DEBE DECIR

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 89.

(…)

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.
Fracción reformada DOF 10-02-1944, 05-04-2004

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 89.

(…)

VI. Disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea del Ejército terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. En los términos  dispuesto en los artículo 29, 73, 76 de la Constitución General de la República.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de noviembre de 2015.

1 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002. TEXTO VIGENTE. Última reforma publicada DOF 08/06/2012. Página Web. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ (Consultada 27 de noviembre de 2015)

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. TEXTO VIGENTE.  Última reforma publicada DOF. 10/07/2015.
Página Web. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ (Consultada 27 de noviembre de 2015)

3 Párrafo adicionado DOF. 01/06/2009. Id.

4 Fracción reformada DOF 10/02/1944, 05/04/2004. Id.

5 Artículo original DOF 05/02/1917. Id.

6 Párrafo adicionado DOF 25/10/1993. Id.

7 Artículo 3°.  Ley de Seguridad Nacional. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2005. TEXTO VIGENTE. Última reforma publicada DOF 26/12/2005.
Página Web. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ (Consultada 27 de noviembre de 2015)

8 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002. TEXTO VIGENTE. Última reforma publicada DOF 08/06/2012. Página Web.  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ (Consultada 27 de noviembre de 2015)

9 Vid. Herrera-Lasso M. Luis, “Democracia y seguridad Nacional”, pp. 280-283. En Cordera Campos, Rolando, et al., (coord.) “México: El reclamo democrático, homenaje a Carlos Pereyra”, Ed. S-XXI, 1a edición 1988, México. 489 pp.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El suscrito, Benjamín Robles Montoya, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 115 de nuestra Ley Fundamental, que versa sobre el tipo de gobierno que deberán adoptar las entidades federativas para normar su régimen interior, así como del establecimiento de su división territorial, su organización política y administrativa sustentada en el municipio libre, ha sido objeto de treinta y seis modificaciones, entre reformas y adiciones, en un periodo de tiempo comprendido desde el año de 1928 a la fecha.

Sin duda el tema relacionado con el municipio libre es de gran relevancia para el quehacer legislativo, lo que se desprende de la necesidad histórica de fortalecerla.

Aunque tales esfuerzos se han visto traducidos en un número significativo de modificaciones normativas de índole constitucional, la realidad que vive el municipio en muchas de las entidades federativas de México, dista mucho de los objetivos fundamentales de los reformadores.

En muchas partes del territorio nacional el municipio, a pesar del sustento legal emanado de la Carta Magna, presenta condiciones altamente precarias resultado, en gran medida, de que las disposiciones que enmarcan los aspectos políticos, administrativos y económicos de esta unidad primigenia de la administración pública tienen su origen precisamente a partir de nuestra norma fundamental, lo que ha generado que las administraciones estatales estén sujetas a un marco regulatorio estricto que impide adecuar los gobiernos municipales a las diversas realidades que se presentan en las entidades federativas. 1

Por un lado las administraciones públicas municipales, en virtud de estas realidades, carecen de atribuciones y por otro lado, están las que se encuentran imposibilitadas para ejercer las facultades que les otorga el texto constitucional.

Las amplias diferencias, sociales, económicas, políticas y hasta geográficas, entre las regiones que componen el territorio nacional nos dan pie a considerar la urgencia de plantear un marco legal que fortalezca al municipio apegado a sus circunstancias reales.

De tal manera que observamos un problema estructural que repercute en varios aspectos en el devenir municipal, tales como: ausencia de un financiamiento propio al no tener bases impositivas adecuadas; la imposibilidad de elaborar y aplicar planes de desarrollo urbano en municipios con poca densidad de población;  la carencia de mecanismos para implementar modalidades de gobierno que permitan a los cabildos cumplir íntegramente con sus responsabilidades políticas y administrativas; falta de herramientas jurídicas que los posibiliten a incorporar sus usos y costumbres.2

La presente iniciativa tiene como propósito fortalecer la figura del municipio, a efecto de que los estados y la federación formulen e impulsen un programa nacional de desarrollo municipal que motive a introducir modelos de gobierno municipal y estructuras administrativas que se adecuen a sus propias necesidades, a través de una adición al artículo 115 Constitucional, lo que representaría la base para trabajar en una auténtica evolución administrativa, política, económica y social del municipio.

Esta idea surge a partir del estudio de diversos trabajos de investigación académica, que han concluido en la necesidad de otorgar un verdadero sentido municipalista a este nivel de gobierno, a través de un respeto irrestricto a la soberanía estatal asumiendo responsabilidades conjuntas entre las entidades, la federación y los propios municipios para desarrollar las formas de organización que más se adecuen a sus circunstancias.

Mucho se ha discutido acerca del fortalecimiento al municipalismo en correspondencia a una disminución paulatina del carácter centralista de nuestro gobierno federal.

Lo hemos visto en la implementación de un gran número de mecanismos regulatorios y jurídicos que en diversos ámbitos han paleado de manera positiva el fortalecimiento del federalismo y en consecuencia el del municipio. Sin embargo desde el origen del mismo, las figuras políticas y administrativas han sido, en bastantes ocasiones, disímiles con su contexto social.

Lo anterior lo señalamos en virtud de que en éste Grupo Parlamentario pugnamos por cambios significativos y trascendentales, ya que podríamos sumarnos a las voces que consideran solo modificaciones menores de carácter eminentemente administrativo en la materia, que saben y reconocen la necesidad de este tipo de medidas pero que su visión es limitada derivado de su falta de arrojo y responsabilidad para con los ciudadanos que los eligieron.

Empero, nuestra propuesta no busca que se observe un propósito de llevar al municipalismo al extremo ideológico, sino que con una modificación a una sola disposición esencial, las entidades federativas tengan la opción de ubicarse dentro de su realidad contextual y que, con base en todo el andamiaje jurídico que conforma al Estado mexicano, partan para encausar las formas de organización política, social y económica que mejor se ajuste a sus condiciones específicas, en estricto apego al marco jurídico nacional.

En este sentido, el caso del municipio en México sortea ciertas particularidades que han impedido que las labores tendientes, supuestamente, a fortalecerlo lo han acotado bajo una excesiva carga reglamentaria, partiendo de la base constitucional que tutela solo un tipo de gobierno municipal que en muchas ocasiones se aleja, sustancialmente, de las condiciones reales de estas figuras gubernamentales elementales.

En este orden de ideas, es menester destacar que desde su primera etapa la Constitución mexicana reglamentó la institución municipal en el artículo 115 con el objeto de darle seguridad jurídica y patrimonial a razón de que ninguna instancia gubernamental delimitara sus facultades.

Sin embargo, el texto original daba margen para poder instituir diversas categorías municipales, ya que se reconocía la personalidad jurídica del ayuntamiento como el máximo órgano de gobierno a nivel municipal estableciendo reglas mínimas sobre cuestiones electorales, de permanencia de las autoridades, administrativas y financieras.3

Lo anterior cambió derivado de varias de las reformas constitucionales  al articulado de mérito, que fueron impulsadas en gran medida, en la década de los ochenta y que se caracterizaron por dar un mayor fortalecimiento municipal, indicando responsabilidades precisas acerca de los gobiernos municipales, normas democráticas, aspectos administrativos y fuentes de financiamiento específicas, dirigidas a establecer mayores atribuciones y proporcionar certeza jurídica a fin de fortalecerlo.4

Nuestra apuesta es mayor, ya que implica un cambio en la manera en que se ha estado tratando de solucionar la problemática municipal durante décadas.

Como advertimos en un principio, las reformas al artículo 115 han buscado dotar de más atribuciones a este nivel de gobierno pero sin incorporar los principales temas que le otorgarían un auténtico fortalecimiento.

De modo que la propuesta que estamos realizando es la de instituir un contenido en el texto del artículo 115, encaminado a instrumentar un programa nacional de desarrollo municipal que incremente las capacidades técnicas, administrativas y organizativas para que los municipios afronten las insuficiencias que los afectan gravemente.

En virtud de lo anterior la disposición constitucional que nos ocupa mantendría los puntos torales que permitirían seguir dando certeza jurídica a ésta figura pero fortaleciéndolo auténticamente.

En virtud de lo anterior, los constituyentes estatales podrían adecuar sus municipios a condiciones y capacidades reales enmarcadas por un plan específico que impulse su pleno desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo único.- Se adiciona un último párrafo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I. a X. ...

El Estado -Federación, Estados y Municipios- establecerá las medidas necesarias para el fortalecimiento municipal con el fin de formular e instrumentar un programa  nacional de desarrollo municipal.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de diciembre de 2015.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.

1 García Rabell, Enrique, El camino a la Diversidad Municipal, Cuestiones Constitucionales, núm. 4, enero-junio, 2011, UNAM.

2 Guillen, Tonatiuh, Agenda de la reforma municipal, México, CIDE, 2000, y Merino, Mauricio, Los gobiernos municipales en México: El problema del diseño institucional, documento de trabajo, 145, México, CIDE, abril 2004.

3 Artículo 115 original de la Constitución de 1917 en: Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios, Centro de Documentación, Información y Análisis, Subdirección de Información Sistematizada, H. Congreso de la Unión.

4 Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios, op. cit.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 76, ASÍ COMO LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 76, ASÍ COMO LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 89, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El establecimiento de derechos fundamentales universales, es sin duda uno de los logros más grandes del ser humano, fruto de luchas históricas, además, son el ícono de los alcances que puede tener la democracia, el diálogo, la participación ciudadana, y la paz mundial. Gracias a ello, hoy en día, todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, han ratificado al menos un tratado internacional en materia de derechos humanos, y alrededor del 80% de ellos ha ratificado cuatro o más. Esto es muestra del alcance que hoy en día la defensa y promoción de los derechos humanos en el mundo.

La evolución de los derechos humanos los ha llevado a comprender cada vez más espacios en el ámbito público y privado, impulsando cambios estructurales, jurídicos e incluso paradigmáticos en todo el mundo. Cada día más personas tienen mayor conciencia del valor, alcance y significado que tiene el establecimiento de leyes basadas en el respeto a los derechos humanos, pero sobre todo muchos de ellos comprenden la legitimidad que tiene cada ser humano para exigir a cada autoridad, un límite a los actos que vulneran la vida, integridad física y emocional, el desarrollo personal y familiar, la propiedad, y la libertad de cada individuo.

En este sentido, México ha recibido esta influencia global de modificar sus leyes para establecer un marco jurídico mínimo que garantice respeto a los derechos mínimos de las personas, y desde 1945 asumió el compromiso de la Declaración Universal de los Derecho Humanos; sin embargo, fue hasta el año 2011 que elevó a rango constitucional el respeto a los derechos humanos, esto mediante la modificación del artículo 1º en el que quedó establecido que en México, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Este avance renovó y engrandeció el compromiso de México en materia de derechos humanos con el mundo. A partir de ese año se han generado una serie de acontecimientos sociales, legislativos y controversias judiciales que reclaman el respeto a los derechos fundamentales. Para ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado nuevos criterios encaminados a la actualización del sistema jurídico mexicano, y en consecuencia y de manera colateral ha delineado la nueva actuación de toda autoridad bajo estos parámetros de respeto a los derechos humanos.

Esta ola de cambios institucionales y jurídicos ha logrado impactar a la gran mayoría de las áreas del espacio público, en el ámbito de la administración federal desde la educación, los servicios de salud, o el ámbito laboral; en el terreno de la impartición de justicia, las sentencias hoy en día se apegan a los nuevos criterios emitidos por la SCJN; en el poder Legislativo, se ha aprobado leyes como la Ley General de los Derechos De Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo fin es el interés superior de la niñez.

Sin embargo, uno de los ámbitos en el que la ciudadanía sigue en espera de cambios institucionales que permeen en la práctica de los derechos humanos, es tanto al interior de las fuerzas armadas mexicanas, así como en su actuación dentro de la sociedad civil como parte de las labores que se les han encomendado para el combate al crimen organizado.

Una de las consecuencias negativas de sacar a las fuerzas armadas de sus cuarteles y ponerlos frente a la lucha contra el narcotráfico desde el año 2006, ha sido el incremento de denuncias por violación de derechos humanos. De acuerdo a sus informes anuales de actividades, “la CNDH da cuenta del grado de cumplimiento de las recomendaciones que emite. Ahí consta que 40 de las 145 que ha dirigido a la SEMAR y a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) durante los últimos 8 años han sido cumplimentadas tan sólo parcialmente y 17 son consideradas con “cumplimiento insatisfactorio”.1

Frente a las recomendaciones por la actuación de personal militar, se encuentra el número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de personal militar. De acuerdo al Programa de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 2014-2018,2de enero a octubre de 2014 se recibieron un total de 400 quejas, en este mismo periodo, en el año 2013 se recibieron 663 quejas y en igual lapso, en el año 2012, se recibieron 1,163 quejas. Esto significa, que si bien el número de recomendaciones emitidas es importante, es alarmante el número de quejas presentadas, y si bien no todas prosperan, existen elementos para considerar que muchas de ellas sí ocurrieron.

Dos hechos ocurridos recientemente volvieron a poner a las fuerzas armadas en el centro del debate; en primer lugar, el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, ocho militares del 102° Batallón de Infantería fueron señalados por su presunta participación en la ejecución de 22 personas, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y como consecuencia de dichos actos emitió la recomendación 51/2014 para la SEDENA, la PGR y el gobernador del Estado de México. En ella, detalla cómo sucedieron los hechos la madrugada del 30 de junio, después de haber reunido evidencias, documentos y entrevistado a víctimas y testigos.3A pesar de que en el mes de octubre pasado, un juez liberó a cuatro de los siete militares detenidos, la CNDH mantiene la recomendación emitida.

Otro acontecimiento donde fuerzas armadas se vieron involucradas y han sido acusadas de probable violación de derechos humanos, fue lo acontecido en la ciudad de Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, donde 43 estudiantes normalistas de la escuela normal rural de Ayotzinapa Guerrero fueron desaparecidos por policías municipales y el crimen organizado. A raíz de estos hechos, elementos del 27 batallón ubicado en Iguala, fueron señalados como probables responsables, ya que según se ha documentado, en todo momento estuvieron enterados de lo sucedido, “los militares dieron seguimiento a cada hecho que se registró entre la noche del 26 y hasta las 1:30 horas del 27 de septiembre pasado, pero en ninguno de sus reportes informaron de la desaparición de los normalistas”.4

Estos acontecimientos volvieron a poner en el centro de la discusión, la necesidad de que ahora que las fuerzas armadas mantienen labores de seguridad pública y colaboren en la lucha en contra del crimen organizado, asimismo se retomó el debate acerca de modificar prácticas al interior de su organización militar, encaminadas a incorporar en mayor medida el respeto a los Derechos Humanos.

Frente a esta discusión, y como una manera de establecer mecanismos de control a las fuerzas armadas, naciones como Suecia, Noruega, Alemania5, han establecido la figura de un tercer Ombudsman Militar, cuyas actividades son referentes a las fuerzas armadas y los asuntos en los que civiles se ven involucrados. Por ejemplo, el ombudsman militar de Suecia, en el área de responsabilidad, tiene entre otras funciones:

• Las Fuerzas Armadas, Servicio Nacional de Anticombate y otros asuntos relacionados al Ministerio de Defensa.

• Las Agencias de Aplicación de la Ley.

• Las prisiones y quienes están bajo libertad condicional.

El origen de la figura del ombudsman en el mundo surge en Suecia a finales del siglo XVI bajo la figura del Preboste de la Corona para vigilar a los fiscales públicos y actuar en nombre del monarca como fiscal principal; debido a la influencia de esta nueva figura, se extendió por Europa. Para el año de 1919 en Finlandia, se estableció una figura similar para con funciones de fiscalizar y de vinculación con el gobierno; en 1949 en Alemania se reforma la constitución de aquel país y se establece el ombudsman militar Bundestag; en 1952 en Noruega se establece la figura de ombudsman de las fuerzas armadas; en 1978 en España se establece el Comisionado de las Cortes Generales abarcando la administración militar, después cambia por el nombre de Defensor del Pueblo; cada gobierno autónomo tiene su propio Ombudsmanpero con diferente nombre para distinguirlo del Defensor del Pueblo.

En América Latina la figura del ombudsman aparece por primera vez en Guatemala, donde se le conoce como Procurador de Derechos Humano; en el caso de México, existen antecedentes de la figura del ombudsman en la Procuraduría de los Pobres que propuesto Ponciano Arriaga, aunque no tuvo ni relevancia ni práctica, pero sería hasta 1999 cuando se institucionaliza la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un organismo con autonomía.6

Como puede notarse, la historia de la defensoría de los derechos humanos tiene una larga tradición, sin embargo, aunque en algunos países se tienen grandes avances, en el caso de ombudsman militar, tanto en México como en América Latina pocos logros existen al respecto, esto a pesar de que esta zona del mundo se ha caracterizado por periodos autoritarios, donde se han denunciado desde ejecuciones militares, desapariciones y abusos de miembros de las fuerzas armadas.

En este sentido, la presente iniciativa pretende modificar los artículos 76 y 89 Constitucionales, con el objeto de que como parte de los nombramientos que hace el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, exista la de un ombudsman castrense, el cual tenga como principal función vigilar que en el cumplimiento de sus funciones las fuerzas armadas no transgredan derechos humanos de terceras personas; asimismo, vigile que en el interior de las instituciones militares a todo el personal se le trate con dignidad, y con estricto respeto a sus derechos humanos, esto con el fin de terminar con prácticas que se han vuelto naturales como parte de la formación y la disciplina, pero que rebasan el ámbito de la dignidad humana. Con ello, el personal de las fuerzas armadas tendrá a su alcance un mecanismo de defensa en contra de actos de autoridad que vulneren sus derechos.

Por otro lado, con la modificación del artículo 76 se pretende que el Senado de la República sea partícipe en la ratificación del ombudsman militar, y así garantizar la idoneidad de la persona encargada de tan alta responsabilidad,  garantice imparcialidad en la designación a propuesta del Ejecutivo.

A diferencia de otras propuestas legislativas que han buscado crear un organismo autónomo que vigile el respeto a los derechos humanos al interior de las fuerzas armadas, es indispensable seguir garantizando independencia en el ámbito militar, y por ello es que se propone que sea el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República, quien proponga al candidato para el encargo de ombudsman castrense.

Con estas medicaciones, se pretende garantizar tanto a la ciudadanía como a quienes forman parte de los cuerpos militares, es decir que su actuación en la lucha contra el crimen organizado, o cualquier otra que realicen fuera de sus cuarteles, o bien entre el mismo personal, en todo momento sea con base en el respeto a la dignidad humana y los derechos humanos de todos individuo.

El Estado mexicano tiene un compromiso que ha asumido con otras naciones, es momento de avanzar y ratificar al mundo que la defensa de los derechos humanos es una política de Estado, y no un programa gubernamental; para ello es necesario incorporar una nueva figura que vigile el respeto a los derechos humanos en el ámbito castrense, y dar el siguiente paso para consolidar una verdadera democracia en el país.

Martín Luther King señaló “hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos”, el día de hoy los derechos humanos son la herramienta más importante que el ser humano ha creado para alcanzar la paz tanto al interior de los Estados, como entre las naciones.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 76, ASÍ COMO LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 89, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ÚNICO. Se reforma la fracción II del artículo 76, así como la fracción IV del artículo 89, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I…

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina; del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, del Ombudsman Castrense, en los términos que la ley disponga;

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I a III…

IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, así como al Ombudsman Castrense.

TRANSITORIO

ÚNICO.-El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I…
II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina; del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I a III…

IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales;

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I…
II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina; del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, del Ombudsman Castrense, en los términos que la ley disponga;

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I a III…

IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, así como al Ombudsman Castrense;

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de diciembre de 2015.

1 Goche Flor, “Incumplido, 40 por ciento de las recomendaciones de derechos humanos a las Fuerzas Armadas”, Contra Línea, [en línea], consultado 01-12-2015, disponible en internet:
http://contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2015/03/29/incumplido-40-
por-ciento-de-las-recomendaciones-de-derechos-humanos-las-fuerzas-armadas/

2 Véase “PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 2014 - 2018”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, [en línea] consultado: 01-12-2015, disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5375443&fecha=10/12/2014

3 Zapeda, Mayra, “¿Qué ocurrió en Tlatlaya minuto a minuto, según la CNDH?”, Animal Político, [en línea], consultado: 01-12-2015, disponible en internet: http://www.animalpolitico.com/2014/10/la-matanza-del-ejercito-en-tlatlaya-segun-la-cndh/

4 Castillo, García Gustavo, “El 27 batallón de infantería sí reportó a sus superiores del paso de normalistas por Iguala”, Periódico La Jornada, [en línea], consultado: 01-12-2015, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2015/09/09/politica/010n1pol

5 Ramirez, Gloria, “El Ombudsman al alcance de todos”, UNAM-UNESCO. [en línea], consultado: 01-12-2015, disponible enhttp://catedradh.unesco.unam.mx/catedradh2008/ApartadosSitio/Publicaciones/Documentos/ManualOmbudsman.pdf

6 Ídem.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 8º, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con el Fondo de Población de la ONU, el 12 por ciento de la población mundial tiene una edad de 60 años y más. Esto representa un reto que como sociedad tenemos para poder garantizar a las personas adultas mayores el pleno acceso y goce de sus derechos.

Desde 1948, a partir de la resolución 213 relativa al proyecto de declaración de los derechos de la vejez, la ONU ha trabajado para la adopción de medidas que mejoren  la situación de las personas de edad. Esta fue la primera iniciativa para lograr una declaración sobre los derechos de las personas adultas mayores.

Dicho documento consideraba los derechos a la asistencia, la acomodación, los alimentos, el vestido, la salud física y mental, la salud moral, la recreación, el trabajo, la estabilidad y el respeto.

Posteriormente, en 1982 y 2002, la ONU, en su Primera y Segunda Asamblea Mundial sobre el envejecimiento aprueba con carácter de emergencia mundial, directrices y recomendaciones para que los gobiernos y sociedades en general pudieran hacer frente a las necesidades de las Personas Adultas Mayores.

En el caso de México, de acuerdo con el INEGI, en menos de un cuarto de siglo, el número de adultos mayores se duplicó, razón por la cual hoy contamos con 11.7 millones de personas mayores de 60 años, mientras que en 1990 se calculaban 5 millones; y para 2025 y 2050 se estima que la cantidad de adultos mayores aumente a 17.2 y 3.2 millones.

El Consejo Nacional de Población ha llevado a cabo una subclasificación de este sector que muestra que el 31.5 por ciento se encuentra en etapa de prevejez (60 a 64 años); 41.1 por ciento en vejez funcional (65 a 74 años), 12.3 por ciento en vejez plena (75 a 79 años) y 15.1 por ciento en vejez avanzada (80 años y más). Se estima que en tres de cada 10 hogares vive al menos una persona de 60 años y más.

En este contexto, una cuarta parte de los adultos mayores cuenta con pensión; casi la mitad pensión por viudez, es decir, la que fue legada por un familiar fallecido. En los hogares con un adulto mayor, únicamente  la mitad recibe una pensión por jubilación, pensión e indemnización por accidente de trabajo, despido y retiro voluntario; en promedio sólo el 9.3 por ciento recibe beneficios provenientes de programas gubernamentales.

Esto último es importante señalarlo ya que concuerda con la Organización Internacional del Trabajo, que ha señalado que la mayoría de las personas adultas mayores de nuestro país no tienen ingresos garantizados, y se ven obligados a seguir trabajando a menudo en condiciones de precariedad y con muy bajos salarios.

Esta situación tiene a nuestra población de adultos mayores en condiciones críticas, cerca de 8.6 millones de personas mayores de 64 años, es decir dos tercios de la población, no cuenta con lo suficiente para tener una pensión digna; y alrededor de 4 millones viven en condiciones de pobreza.

Con este desafortunado escenario, en nuestro país se han llevado a cabo importantes esfuerzos para apoyar la red de protección social dirigida hacia personas adultas mayores, entre las cuales destaca la Pensión para Adultos Mayores implementada en el 2003 por el Gobierno del Distrito Federal y, desde luego, su consecución a nivel Federal con el Programa de Pensión para Adultos Mayores.

Sin embargo, y a pesar del principio constitucional de no discriminación y de que en la fracción Primera del artículo tercero de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores se define a este sector como “Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional”;muchos beneficios orientados a nuestros adultos mayores se han enfocado hacia el sector que cuenta con 65 años y más, sin respetar lo estipulado en la Ley y en nuestra Constitución.

Por ello, en la esencia de presente Iniciativa consiste en obligar a las entidades a respetar la edad estipulada en la definición que la propia ley hace para referirse a las Personas Adultas Mayores, ya que esta divergencia ha dejado desprotegido a un sector etario que por sus características requiere apoyos de muchos tipos para poder acceder a una vida digna. Lo anterior porque el mercado laboral muchas veces ya no los incluye, sus familias en ocasiones los hacen a un lado y su salud se ve deteriorada, tanto como su  poder adquisitivo.

En este último caso debemos recordar que debido a las características y cambios asociados al proceso de envejecimiento, es importante garantizar una calidad de vida no sólo enfocada en factores sociales, económicos y personales; sino que también se incluya el área de la salud, ya que ésta es la más importante en la percepción de bienestar en los adultos mayores.

Por otro lado, en cuestión de programas sociales es importante recordar que las personas de 60 años y más se consideran vulnerables porque ya se encuentran en una última etapa de vida, lo que sin duda muestra la importancia de integrarlos a la sociedad en condiciones de igualdad, brindándoles tranquilidad a su integridad.

Esto será posible cuando no se excluya a las personas de 60 a 65 años de los programas sociales, ya que ellos requieren apoyos, tanto como sus más cercanos coetáneos de 65 años. Es un sinsentido dejar de garantizar a las personas de 60 años y más de los derechos que se les han conferido en la constitución y en la ley específica, por ello se propone la siguiente adición al artículo 8 de la Ley que regula el sector.

Cuadro de cambios propuestos

 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 8o. Ninguna persona adulta mayor podrá ser socialmente marginada o discriminada en ningún espacio público o privado por razón de su edad, género, estado físico, creencia religiosa o condición social.

Artículo 8o. Ninguna persona adulta mayor podrá ser socialmente marginada o discriminada en ningún espacio público o privado por razón de su edad, género, estado físico, creencia religiosa o condición social.

Para el cumplimiento del párrafo anterior se vigilará la estricta aplicación de la fracción primera de artículo 3º, con especial énfasis cuando se lleven a cabo la distribución de beneficios, apoyos y subsidios dirigidos a adultos mayores por parte de las dependencias y organismos de los tres niveles de Gobierno.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se REFORMA y ADICIONA el artículo 8o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar de la siguiente manera:

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo 8o. Ninguna persona adulta mayor podrá ser socialmente marginada o discriminada en ningún espacio público o privado por razón de su edad, género, estado físico, creencia religiosa o condición social.

Para el cumplimiento del párrafo anterior se vigilará la estricta aplicación de la fracción I de artículo 3o., con especial énfasis cuando se lleven a cabo la distribución de beneficios, apoyos y subsidios dirigidos a adultos mayores por parte de las dependencias y organismos de los tres niveles de Gobierno.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de diciembre de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS Y ADICIONA UN ARTÍCULO 17 BIS DE LA LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 5o., 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 46 Y 55, ASÍ COMO LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 17 BIS DE LA LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Sector Social de la Economía en México adquiere un salto cualitativo jurídico el 23 de mayo de 2012, cuando el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: se expide la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.

A partir de entonces se han llevado a cabo una serie de Reformas para fortalecer el fomento y desarrollo económico de este sector, de tal manera que efectivamente disponga de las capacidades organizacionales, tecnológicas, administrativas, financieras, de gestión, formación de capital y de comercialización, para consolidarse junto con los sectores privado y público, en los motores estratégicos del crecimiento y desarrollo del país, como lo establece la Constitución.

La experiencia internacional muestra que los países más exitosos son aquellos que son capaces de aprovechar todas las fuerzas productivas de sus naciones y dentro de éstas destaca el nuevo papel protagónico que juega el sector social de la economía. En el caso de México, el peso económico y social de este sector es de enorme relevancia, a pesar de la carencia de estadísticas completas, algunos expertos calculan que en la actualidad el sector social de la economía se haya conformado por alrededor de 50 mil empresas asociativas.

En el caso de las organizaciones rurales de economía social hay que destacar que poseen poco más de 100 millones de hectáreas, equivalentes al 51% del territorio nacional, de las cuales, el 2% son tierras de riego, el 12% de temporal, el 54% de agostadero y el resto son monte, tierras desérticas y de calidad indefinida; pero, su potencial económico  y social estriba en el mandato del Plan Nacional de Desarrollo de diseñar políticas públicas para transitar de actividades improductivas a otras altamente productivas, aprovechando en este caso que dentro de los 31,681 ejidos y comunidades, se encuentra el 80% de los bosques y selvas, el 74% de la biodiversidad y las dos terceras partes de los litorales que tiene el país. Además, este sector produce casi la mitad de la producción agrícola total.

El potencial económico y social del movimiento cooperativo también juega un papel sobresaliente, tanto en el campo como en la ciudad. Se calcula que hay alrededor de 15 mil cooperativas en el país, con siete millones de socios. Al 31 de diciembre de 2013 existían 640 cooperativas inscritas en el Registro Nacional Único de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (RENSOCAP), en las que participaban poco más de 6 millones de socios y manejan activos por más de 90 mil millones de pesos. 

Cuando se analiza el peso económico y social del sector social de la economía, lo primero que salta a la vista son los recursos  presupuestales  tan reducido de que dispone la institución rectora de las políticas públicas de fomento de este sector, el Instituto Nacional de la Economía Social, el cual es en el año 2015 de 2,500 millones de pesos.

Sin embargo, de acuerdo a un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, se sabe que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se destinaron más de 49 mil 900 millones de pesos en recursos de las diferentes dependencias de la administración pública federal, para atender aspectos de interés para la economía social. El INAES, como órgano rector del fomento económico a este sector, tiene una gran tarea al respecto, situación que se vuelve más urgente ante el actual ejercicio de presupuesto cero, que pone a las instituciones ante la tarea de racionalizar los presupuestos.

Ante los enormes retos que existen de fortalecer las políticas públicas de fomento económico y desarrollo a la economía social, esta iniciativa  propone dos elementos sustantivos;

Primero. Fortalecer la toma de decisiones del Instituto Nacional de la Economía Social, transformándolo de órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, a órgano administrativo descentralizado de la Secretaría de desarrollo social, se trata de que el Legislativo reforme la actual Ley, para que dicho Instituto adquiera una mayor autonomía técnica, con personalidad jurídica y patrimonio propios, para optimizar el manejo de los recursos y obtener mejores resultados.

De esta manera, al ser creado como órgano descentralizado por el Legislativo, sólo éste puede suprimirlo; además, la máxima autoridad sería ahora una Junta de Gobierno.

Segundo. Para asegurar una mayor eficiencia y eficacia del INAES como órgano descentralizado, se plantea fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la contraloría social, estableciendo un mayor papel del Consejo Consultivo y de la ahora Junta de Gobierno, lo cual amplia la corresponsabilidad y participación ciudadana y de los organismos del sector, de las instituciones de educación y centros de investigación y desarrollo, académicos y especialistas, así como de los demás interesados en la consolidación de la economía social y solidaria, a nivel nacional e internacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se reforma a los artículos 5o., 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 46 y 55, así como se adiciona un artículo 17 bis de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, para quedar como sigue:

Artículo 5o.

I. al II …..

III. Secretaría, a la Secretaría de Desarrollo Social;

IV. a XVI …

XVII. Estatuto, al Estatuto Orgánico que apruebe a la Junta de Gobierno del Instituto y emita la Secretaría.

XVIII. Junta de Gobierno, a la Junta de Gobierno del Instituto que es la autoridad máxima del Instituto.

Artículo 12. ...

l. a III. ...

El Ejecutivo Federal, a través de la Junta de Gobierno, interpretará para efectos administrativos los preceptos de la presente Ley.

Artículo 13.

Se crea el Instituto Nacional de la Economía Social como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la secretaría de desarrollo social, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, con sede en la  Ciudad de México, Distrito Federal

El Instituto tiene como objeto instrumentar, las políticas públicas de fomento y desarrollo del sector social de la economía como parte de la Política Nacional de Desarrollo Social, con el fin de fortalecer y consolidar al Sector como uno de los pilares de desarrollo económico y social del país, a través de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos del Sector.

La organización y funcionamiento del Instituto, además de lo previsto en esta Ley, será determinada en términos del Estatuto Orgánico que al efecto apruebe la Junta de Gobierno y emita la Secretaría.

Artículo 16. …

I. Una Junta de Gobierno como autoridad máxima del Instituto,

II. Un Consejo Consultivo;

III. Un Director General del Instituto, y removido libremente por el titular del Ejecutivo Federal a propuesta del Secretario de Desarrollo Social;

17. La Junta de Gobierno será el órgano máximo de decisión respecto a la política de fomento al sector social de la economía.

Los ciudadanos independientes serán sustituidos escalonadamente cada tres años a propuesta del Consejo Consultivo y aprobados por la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno será presidida por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social. La Vicepresidencia será ocupada por uno de los ciudadanos independientes. Su temporalidad será establecida en el Estatuto Orgánico.

Todos los miembros de la Junta de Gobierno presentarán las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. Lo harán como requisito para asumir el cargo, anualmente y al terminar su función.

17 Bis. La Junta de Gobierno estará integrada por:

I. Las y los vocales propietarios, quienes tendrán derecho a voz y voto, que se mencionan a continuación:

a) El titular de la Secretaría de Desarrollo Social, quien fungirá como Presidente de la Junta de Gobierno del INAES, pudiendo nombrar un suplente con rango mínimo de Subsecretario o su equivalente.

b) Un Representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

c) Un Representante de la Secretaría de Economía.

d) Un Representante de la Secretaría de turismo.

e) El Director General del Instituto

f) Cinco ciudadanas(os) independientes que cuenten con experiencia y estén vinculados con la economía social.

Los representantes del Ejecutivo Federal deberán tener nivel de Subsecretario y sus suplentes el nivel inferior jerárquico inmediato.

La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces por año, y las extraordinarias que convoque la Presidencia o, cuando menos, una tercera parte de sus integrantes.

La convocatoria será notificada con una antelación de cuando menos tres días hábiles, para sesiones ordinarias, y de un día para las extraordinarias.

La inasistencia de sus integrantes deberá comunicarse a la Presidencia con cuarenta y ocho horas antes de la celebración del evento, en el caso de sesiones ordinarias, y para las extraordinarias, doce horas antes.

La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes. Las resoluciones se tomarán por votación mayoritaria de los presentes y la Presidencia tendrá voto de calidad en caso de empate.

Artículo 18. …

I …

II. Elaborar el programa anual de actividades del Instituto y someterlo a consideración de la Junta de Gobierno para su aprobación;

III. Elaborar, proponer y someter a consideración de la Junta de Gobierno del instituto, para su aprobación, los programas y acciones de fomento y desarrollo a la actividad económica del Sector;

IV. Presentar un informe anual de actividades a la Junta de Gobierno y turnarlo a las Comisiones competentes del Congreso de la Unión, para su conocimiento, y

V. Las demás que señale el Estatuto Orgánico del Instituto.

Artículo 19.

El Instituto contará con delegaciones en términos del Estatuto Orgánico, aprobado y emitido por la Junta de Gobierno.


Artículo 22.

El Consejo Consultivo se regirá en términos del Estatuto Orgánico que emita la Secretaría, así como por sus normas internas de funcionamiento.

Artículo 24.

I…

X. Emitir opiniones vinculantes respecto a los programas y acciones de fomento a la actividad económica del Sector;

XI. Aprobar el programa anual de actividades del Instituto, y 

XII. Expedir su Reglamento Interno.

Artículo 25.

El Consejo Consultivo estará integrado por:

I. Un Presidente, que será el Presidente de la Junta de Gobierno,

II. Un Vicepresidente, que será el ciudadano independiente que ocupe la Vicepresidencia de la Junta de Gobierno del Instituto.

III. Un Secretario Ejecutivo que será el Director General del INAES.

IV. Los consejeros(as) invitados por la Junta de Gobierno del  Instituto, que deberán ser personas reconocidas por sus aportaciones al Sector Social de la Economía, pudiendo ser representantes de organismos del sector, del ámbito académico, científico, profesional, empresarial, del poder legislativo y/o de organismos internacionales vinculados con el tema. Serán mínimo 10 y máximo 15 consejeras(os).

El Presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el Vicepresidente del Consejo.

La participación de los Consejeros será con carácter honorario.

Su temporalidad será definida en el Reglamento Interno del Consejo aprobado por la mayoría de sus consejeros.

Artículo 46.

La Secretaría creará:

I. El Programa de Fomento a la Economía Social así como los programas regionales y especiales, cuyo objeto será atender iniciativas productivas del Sector mediante el apoyo a proyectos productivos, la constitución, desarrollo, consolidación y expansión de Organismos del Sector y la participación en esquemas de financiamiento social.

Los Programas operarán con recursos públicos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los recursos derivados de los convenios que se establezcan con las Entidades Federativas y Municipios.

La operación de los programas se sujetará a las Reglas de Operación o Lineamientos que al efecto emita la Junta de Gobierno del INAES.

Las modalidades de apoyos necesarias para el fomento de la economía social y solidaria, deberán ser sujetas a la aprobación de la Junta de Gobierno.

Artículo 55.

Los resultados de las evaluaciones serán entregados a la Secretaría, al Instituto, a la Junta de Gobierno y al Consejo, así como a las comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados y a las comisiones de Fomento Económico y de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores. Asimismo, los resultados de las evaluaciones serán puestos a disposición del público en general a través de las páginas web de dichas instancias públicas."

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año dos mil dieciséis, sin perjuicio de lo señalado en las siguientes disposiciones transitorias.

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal, a más tardar a los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá realizar las modificaciones a las disposiciones reglamentarias correspondientes.

TERCERO. El Acuerdo de organización y funcionamiento del Instituto Nacional de la Economía Social publicado el 22 de julio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, continuará aplicándose en lo que no se oponga a este Decreto, hasta que Junta de Gobierno del Instituto quede instalada y se expida el estatuto orgánico del Instituto. En tanto ello sucede, dicha Secretaría resolverá respecto de aquello que no se encuentre previsto.

CUARTO. Los oficiales mayores de la secretarías de Desarrollo Social y de Economía, con la participación que corresponda al Instituto Nacional de la Economía Social y el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizarán todas las acciones administrativas para dar cumplimiento a lo establecido en el presente Decreto, mismas que deberán estar concluidas a más tardar en el plazo a que se refiere el transitorio Segundo de este Decreto.

QUINTO. Los derechos laborales de los trabajadores del Instituto Nacional de la Economía Social no se verán afectados con motivo de la entrada en vigor de este Decreto.

En caso de que la Secretaría de Desarrollo Social determine, con base en las prioridades de gasto público del ejercicio fiscal de que se trate, así como en las necesidades y funciones del Instituto Nacional de la Economía Social, que se deben realizar modificaciones a la estructura orgánica de éste, los derechos laborales de los trabajadores deberán ser respetados conforme a la Ley.

SEXTO. Los ciudadanos independientes, miembros de la Junta de Gobierno inicial, serán nombrados por primera y única vez por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, debiendo representar al sector social, académico, científico, empresarial privado y social, así como a especialistas en la materia. La Junta de Gobierno deberá quedar instalada, a más tardar, a los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto,

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de diciembre de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 52 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 52 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En todo el mundo se ha velado por homologar los procedimientos médicos y los protocolos sanitarios con el fin de garantizar el acceso a la salud sin perjudicar los derechos que tienen las personas que están recibiendo algún tipo de servicio, pasando a denominarse “pacientes” y a crear pequeñas relaciones con los m