Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 23 de mayo de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 32

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 01 de Diciembre de 2015

SUMARIO                                              


Versión para descarga
Imprimir Vesrión Estenográfica  


















































CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA MANCOMUNIDAD DE DOMINICA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, EL 30 DE ABRIL DE 2014

(Dictamen de segunda lectura)

Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Fomento Económico. Intervienen los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; Gabriela Cuevas Barrón, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores; y José Ascención Orihuela Bárcenas, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Fomento Económico. Se remite al Ejecutivo Federal.


PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

(Dictamen de segunda lectura)

Se le dispensa la segunda lectura al dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos. Las comisiones dictaminadoras presentan propuestas de modificación a los Artículos Séptimo y Vigésimo Segundo Transitorios que se aprueban.

Para presentar el dictamen, interviene el Senador David Penchyna Grub, a nombre de la Comisión de Energía.

Para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, intervienen los Senadores Manuel Bartlett Díaz, Juan Gerardo Flores Ramírez, Dolores Padierna Luna, Salvador Vega Casillas y Ernesto Gándara Camou.

Para su discusión en lo general, intervienen los Senadores Manuel Bartlett Díaz, Jorge Aréchiga Ávila, Armando Ríos Piter, David Monreal Ávila, Jorge Luis Lavalle Maury, Raúl Gracia Guzmán, Rabindranath Salazar Solorio, Víctor Hermosillo y Celada y Fidel Demédicis Hidalgo. Se inserta intervención del Senador Jesús Casillas Romero.


PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

(Dictamen de segunda lectura)

Se continua con el dictamen. Para su discusión en lo particular, intervienen los Senadores David Penchyna Grub, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 16, 19 y Vigésimo Segundo Transitorio que se aprueban; Dolores Padierna Luna, quien presenta propuestas de modificación al Artículo Vigésimo Segundo Transitorio que no se admite; Rabindranath Salazar Solorio, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 2, 3, 7, 14, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 29, 34 36, 45, 47, 49, 78, 92, 95, 100, 120, 121, Tercero Transitorio, Décimo Primero Transitorio, y adición de nuevos artículos 6, 12, 18, 79 y Tercero y Cuarto Transitorios que no se admiten; Manuel Bartlett Díaz, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 1, 51 y Vigésimo Segundo Transitorio que no se admiten, y Fidel Demédicis Hidalgo. Se inserta intervención de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Transición Energética. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, PUBLICADO EL 14 DE JULIO DE 2014

(Dictamen de segunda lectura)

Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos.

Para presentar el dictamen, intervienen los Senadores Javier Lozano Alarcón, a nombre de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, y Zoé Robledo Aburto, a nombre de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

Para su discusión en lo general, intervienen los Senadores Manuel Bartlett Díaz, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Dolores Padierna Luna, Raúl Aarón Pozos Lanz, Javier Corral Jurado, Juan Gerardo Flores Ramírez, Luis Sánchez Jiménez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Martha Angélica Tagle Martínez, Alejandro Encinas Rodríguez, Marco Antonio Blásquez Salinas, Fidel Demédicis Hidalgo, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Mario Delgado Carrillo. Se insertan las intervenciones de los Senadores Jesús Casillas Romero, Angélica de la Peña Gómez, María del Rocío Pineda Gochi y Rabindranath Salazar Solorio.

Para su discusión en lo particular, intervienen los Senadores Javier Corral Jurado, quien presenta propuesta de modificación al párrafo octavo del Artículo Décimo Noveno Transitorio que no se admite; y César Octavio Pedraza Gaitán, quien presenta propuesta de modificación al Artículo Tercero Transitorio del proyecto de Decreto que se aprueba.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Décimo Noveno Transitorio del Decreto por el que se expiden La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, publicado el 14 de julio de 2014. Se remite a la Cámara de Diputados.





































 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

APERTURA

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: (11:29 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los Senadores.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 71 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Se abre la sesión del martes 1° de diciembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos previstos en la agenda del día de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las trece horas con ocho minutos del día jueves veintiséis de noviembre de dos mil quince, encontrándose presentes noventa ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del veinticuatro de noviembre de dos mil quince.

(Comunicaciones)

Se recibió de las Senadoras Gabriela Cuevas Barrón y Ana Gabriela Guevara, el informe sobre la gira de trabajo a albergues, comedores y estación migratoria en Tierra Blanca y Acayucan, Veracruz, el 5 de septiembre de 2014.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, los informes de sus participaciones en: los trabajos del VI Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que tuvo verificativo en Lima, Perú, los días 15 al 17 de noviembre del año en curso y en el 6° Congreso Internacional de la Familia, “Ejerciendo los derechos, fortaleciendo a la Familia” organizado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en colaboración con el gobierno del estado de Yucatán, que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, los días 17 y 18 de noviembre de 2015.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, la propuesta de designación del ciudadano Julio Alfonso Santaella Castell como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y Desarrollo.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el informe de la visita oficial que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, realizó a la Organización de las Naciones Unidas y a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 27 y 28 de septiembre de 2015.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que informa que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado    Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional a partir del sábado 28 de noviembre y hasta el martes 1 de diciembre de 2015, con el objeto de participar en la ceremonia de   apertura y el debate inaugural de la 21ª Conferencia de los Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) y la 11ª Conferencia de los Estados Parte del Protocolo de Kioto (CMP11), que se celebrarán en París, Francia, el 30 de noviembre de 2015.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que devuelve el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, informó que a petición del Senador Zoé Robledo Aburto, se rectificó el turno de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo XI transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público y Radiodifusión del Estado mexicano, y se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones en materia telecomunicaciones y radiodifusión publicado el 14 de  julio de 2014, presentada por el Senador Roberto Gil Zuarth, el 24 de noviembre pasado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones ordinarias.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

PRESIDE EL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

 

El Senador Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Videovigilancia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción v del artículo 5, la fracción xv del artículo 10, las fracciones i y iv del artículo 19 y se adiciona la fracción viii al mismo artículo 19, todos de la Ley de los Derechos de las  Personas Adultas Mayores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Gerardo Sánchez García, a nombre propio y de los Senadores Manuel Cota Jiménez, Carlos Romero Deschamps, Francisco Yunes Zorrilla, Patricio Martínez García, Alejandro Tello Cristerna, Hilda Flores Escalera, Mely Romero Celis, Armando Melgar Bravo, Gerardo Flores Ramírez, Carlos Puente Salas, José Rosas Aispuro Torres, Isidro Pedraza Chávez y David Monreal Ávila, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones ordinarias.- La Asamble autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Fomento Económico, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Mancomunidad de Dominica, firmado en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 30 de abril de 2014.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Fomento Económico, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y Granada, firmado en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 30 de abril de 2014.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Vivienda, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a realizar un plan de ordenamiento territorial para evitar la construcción de viviendas en zonas  susceptibles de inundación y de alto riesgo, así como para reubicar a quienes habitan en asentamientos irregulares en el país.- En la discusión intervino la Senadora Angélica Araujo Lara del PRI. El dictamen fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de Acuerdo por el que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional Forestal a evaluar la pertinencia de incluir en el Programa Nacional de Normalización 2016 la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-026-SEMARNAT-2005, que establece los criterios y especificaciones técnicas para realizar el aprovechamiento comercial de resina de pino.- En la discusión intervino el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz del PRI. El dictamen fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de Acuerdo por el que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar el estatus de la elaboración y desarrollo de una página de internet que contenga la información que señala el artículo 107 de la Ley General de Cambio Climático.- En la discusión intervinieron los senadores: Aarón Irízar López del PRI y Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN. El dictamen fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Medio        Ambiente y Recursos Naturales, con punto de Acuerdo por el que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a redoblar esfuerzos y fortalecer las acciones que contribuyan a erradicar la venta de árboles de navidad naturales que no cumplan con la regulación y normatividad aplicable.- En la discusión  intervino el Senador Jesús Casillas Romero del PRI. El dictamen fue aprobado en votación económica.

(Excitativa)

El Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se modifican diversos artículos de la Ley de la Industria Eléctrica, presentado el 28 de abril de 2015.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 215 del Código Penal Federal y se adiciona el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Federal de Protección a los Usuarios que no desean ser molestados en materia de Publicidad, Oferta y Venta de Productos y Servicios, así como de Propaganda Electoral; se derogan los artículos 18 y 18bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor; y se reforma el artículo 8 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso n) al artículo 4º de la Ley de Asistencia Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y la Adolescencia y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores Jesús Casillas Romero, Joel Ayala Almeida y Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa sus condolencias por la trágica muerte de la joven Monserrat Paredes ocurrida el 17 de noviembre del año en curso al circular a bordo de una bicicleta del sistema ECOBICI por avenida Reforma.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert y Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a remitir un informe para todas las dependencias y entidades fiscalizadas, sobre el estado que guardan las promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias que comprendan los años de 2005-2014.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De los Senadores Zoé Robledo Aburto e Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a informar sobre estado que guarda el procedimiento de remoción contra los consejeros electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se requiere al titular de la Secretaría de Educación Pública disponer lo necesario a efecto de llevar a cabo el relanzamiento de las relaciones entre el Gobierno Mexicano y el Movimiento Olímpico, con base en el respeto a la autonomía e independencia de las federaciones deportivas que lo integran, a fin de garantizar la participación de nuestro país en los Juegos de la XXXI Olimpiada.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su más enérgica condena al ataque de grupos terroristas perpetrado en la ciudad de Bamako, Malí, y envía sus condolencias y solidaridad al pueblo y gobierno de la República de Malí por estos hechos lamentables.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, África.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República felicita a Mauricio Macri y a Marta Gabriela Michetti por su triunfo en los pasados comicios electorales efectuados en la República Argentina.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

De los Senadores Zoé Robledo Aburto, Fernando Enrique Mayans Canabal y Humberto Domingo Mayans Canabal, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su enérgica condena al ultraje de la memoria y de la figura de Don Salomón González Blanco, miembro de la Orden de la Medalla Belisario Domínguez.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Municipal.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo a impulsar y acrecentar los programas de apoyos en favor de las mujeres rurales para que les permitan adquirir los recursos necesarios para hacer producir sus tierras.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal a reforzar las acciones para prevenir, atender y sancionar el abuso sexual infantil, así como cualquier forma de maltrato contra niñas, niños y adolescentes.- Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a no sustituir el cobro de la tenencia con replaqueo, verificación o algún otro impuesto similar que impacte a la economía de los neoleoneses.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al gobierno del estado de Oaxaca a verificar la existencia de procedimiento alguno que tenga por objeto patentar o cobrar regalías por los diseños de los huipiles tradicionales que se elaboran en la comunidad mixe de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca y, de ser el caso, se garantice la defensa y salvaguarda del patrimonio cultural de nuestro país y de las tradiciones de nuestros pueblos originarios.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar las políticas y los recursos necesarios que reduzcan los índices de inseguridad en el campo mexicano y en las zonas rurales del país, con especial atención a las entidades que cuentan con un elevado número de habitantes en estos sectores, como Zacatecas.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a elaborar un protocolo de actuación en caso de picadura de la llamada “Oruga Peluche”.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la  Revolución Democrática, con punto de    Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo las acciones necesarias para incorporar la figura de coordinador juvenil dentro de las delegaciones estatales de la sedesol.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del    Distrito Federal, a las jefaturas delegacionales del Distrito Federal y a los gobiernos municipales a revisar la infraestructura en calles, avenidas calzadas, parques, jardines, camellones y toda vía pública, a fin de evitar que por desperfectos en pavimentación, alcantarillas, bocas de tormenta, postes, banquetas y otros elementos urbanos, se ponga en peligro la integridad física y la vida de la población en general.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República y de la Colegisladora a retomar la discusión de las leyes reglamentarias de combate a la corrupción, mediante un ejercicio ciudadano amplio e incluyente.- Quedó en poder de la Mesa Directiva.

 

Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno a reforzar las acciones y campañas para evitar el consumo de bebidas alcohólicas entre los menores de edad.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a impulsar una campaña informativa sobre las propiedades de las denominadas “bebidas energizantes”, así como el consumo responsable de éstas.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a ampliar las acciones tendientes a garantizar mayores medidas de seguridad a los ciclistas y fortalecer sus campañas de concientización e información para generar una cultura vial de respeto a las personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte y a los peatones.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a reforzar las campañas de prevención y concientización contra el SIDA, en el marco del Día Mundial de la lucha contra el SIDA, a celebrarse el próximo 1 de diciembre.- Se turnó a la Comisión de Salud.

(Efemérides)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el 104 aniversario de la proclamación del Plan de Ayala.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre la Proclamación del Plan de Ayala.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre la proclamación del Plan de Ayala.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra el uso indiscriminado de Agroquímicos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Nacional de la Conservación.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos y citó a la siguiente el próximo martes uno de diciembre a las once horas.

 

Fin de la Sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett Díaz.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señor Presidente, con todo respeto le quiero pedir que se confirme un turno que solicitamos. Tenemos un punto de Acuerdo que establece la obligatoriedad del Presidente de la República de cumplir con la Constitución; y la obligatoriedad del Secretario de la Defensa de cumplir con la Constitución, ese punto de Acuerdo se envió a la Comisión de Defensa, pero es un punto constitucional esencial; entonces, yo pediría que también se turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Esa es la solicitud que hago, señor Presidente, en uso de mi derecho como Senador de la República.

Gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Coincido con usted, hoy tratamos el tema, lo llevaremos mañana a la Mesa Directiva para que tenga usted una respuesta.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Por supuesto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con la que remite su programa anual de trabajo correspondiente al primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.







 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de su participación en la XXXVI Reunión de Trabajo de Autoridades Pesqueras Cuba-México, que se llevó a cabo los días 22 al 24 de noviembre del año en curso, en La Habana, Cuba.







 

Del Senador Víctor Hermosillo y Celada, grupo parlamentario del PAN, con la que remite su informe de actividades correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.







 

Y del Senador Benjamín Robles Montoya, grupo parlamentario del PRD, con la que remite su informe de actividades correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria. La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Informo a la Asamblea que el día de ayer, lunes 30 de noviembre, se turnaron directamente a comisiones diversos nombramientos de personal diplomático.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con ellos y sus respectivos turnos.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Doy cuenta con los nombramientos.

Se recibieron los nombramientos expedidos a favor de los ciudadanos:

Agustín García-López Loaeza, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Canadá.







 

Y Alejandro Ives Estivill Castro, como Cónsul General de México en Montreal, Quebec, Canadá.



Los cuales se turnaron a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte.





 

Se recibieron también los nombramientos a favor de las ciudadanas:

Eréndira Araceli Paz Campos, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República Bolivariana de Venezuela.







 

Y Linda Marina Dolores Munive Temoltzin, como Cónsul General de México en Río de Janeiro, República Federativa del Brasil.



Estos nombramientos se turnaron a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.





 

Asimismo, se recibieron los siguientes nombramientos expedidos a favor de los ciudadanos.

Eloy Cantú Segovia, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante el Gran Ducado de Luxemburgo.







 

Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Francesa y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante el Principado de Mónaco.







 

Y Juan José Guerra Abud, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Italiana y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las Repúblicas de Albania, Malta y San Marino.



Estos nombramientos fueron turnados a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.





 

Igualmente, se recibió el nombramiento a favor del ciudadano Juan José Ignacio Gómez Camacho, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, Estados Unidos de América.



Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

Son todos los nombramientos turnados el 30 de noviembre, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Esta Presidencia ratifica los turnos que han sido leídos por la Secretaría.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Informo que se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el nombramiento expedido a favor del ciudadano Alberto Torres García como Jefe de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: También, de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con el que remite el Convenio 98 relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, adoptado en Ginebra, Suiza, el 1º de julio de 1949, en el marco de la 32ª Reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Trabajo y Previsión Social.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación, se recibió otro oficio con el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, adoptado en Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 2014.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y sus saldos históricos, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de octubre de 2015; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de octubre de 2015.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Remítase dicha documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.





 

LEGISLATURA

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se recibió del Congreso del Estado de Chihuahua, un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 456 de la Ley General de Salud.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se deroga el artículo 2º. de la Ley del Servicio Militar.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos para sus efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: También de la Colegisladora, se recibió un oficio por el que comunica la designación de legisladores del grupo parlamentario del PVEM como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.





 

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra el Senador René Juárez Cisneros para presentar, con aval de los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por el Senador René Juárez Cisneros, a nombre propio y de los Senadores Emilio Gamboa Patrón, Carlos Alberto Puente Salas, Enrique Burgos García, Miguel Romo Medina, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Lisbeth Hernández Lecona y Roberto Armando Albores Gleason, con aval de los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM)

El Senador René Juárez Cisneros: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia. Compañeras y compañeros Senadores:

Hago uso de esta tribuna y me dirijo a las Senadoras y Senadores que se encuentran en este recinto parlamentario, como siempre, con el cariño y el respeto que me merecen todas y todos ustedes; y a quienes hoy nos hacen el favor de seguir esta sesión a través del Canal del Congreso.

A nombre de mis compañeros Senadores: Emilio Gamboa Patrón, Carlos Alberto Puente Salas, Enrique Burgos, Miguel Romo Medina, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Lisbeth Hernández Lecona, Roberto Albores Gleason, Ricardo Barroso Agramont, Graciela Ortiz González, Eviel Pérez Magaña, del mío propio y, desde luego, de todas y todos los Senadores del grupo parlamentario del PRI y del Verde Ecologista, para presentar la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

Quisiera simplemente ubicar el contexto de esta iniciativa.

Como ustedes saben, en un principio se presentó una iniciativa de reforma el artículo 4o. constitucional, en donde se pretende el reconocimiento pleno de los derechos de los jóvenes.

Posteriormente, se presentó la Ley General de Desarrollo Integral de los Jóvenes, que también se encuentra ya en comisiones como la iniciativa que menciono relativa a la reforma constitucional.

En esta oportunidad estamos tratando de iniciar la presentación de un paquete de iniciativas que tienen que ver con diferentes sectores de la acción pública a efecto de que se puedan concretar las responsabilidades que el Estado mexicano tiene con los jóvenes en diferentes aspectos de la vida nacional; me refiero en esta oportunidad a los aspectos vinculados al desarrollo social, a la inclusión social, a la atención que tienen que tener nuestros jóvenes desde nuestra perspectiva.

He mencionado en diferentes oportunidades algunos datos relevantes de lo que implica este segmento de la población para el Estado mexicano y para el país en su conjunto. Son 30 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, que hoy enfrentan una situación compleja. Sólo mencionaré un dato que me parece revelador.

Como ustedes saben, de acuerdo a los informes del CONEVAL, lamentablemente, en los últimos dos años se incrementó la pobreza en dos millones de compatriotas. Sin embargo, mientras el promedio en la población general de crecimiento de la pobreza es de 0.7 por ciento, en el caso de los jóvenes es de 2.2 por ciento, es decir, estamos en un proceso de empobrecimiento rápido, muy dinámico jóvenes en nuestro país.

Hay 8.3 millones de jóvenes que viven en condiciones de pobreza; el 25 por ciento de los 30 millones de jóvenes prácticamente tienen problemas de acceso a la alimentación, el 67 por ciento no saben qué es la seguridad social y un poco más de 8 millones de jóvenes tampoco saben lo que es un servicio de salud oportuno y eficiente.

Lo que tratamos ahora con esta iniciativa, es muy sencillo y muy claro, se trata de que los programas que tienen que ver con la política social de este país, no solamente la que instrumenta el gobierno de la República, sino la que implementan los estados y los municipios, tengan una complementariedad; y que esta complementariedad, esta visión conjunta y una orientación clara hacia nuestros jóvenes, tenga mayor prioridad en la asignación de los recursos, en la incorporación de nuestros jóvenes para la participación en la organización social y, sobre todo, en la obtención de beneficios de incorporación de estos programas para que puedan ir saliendo de estas condiciones de adversidad en que se encuentran hoy en día 30 millones de jóvenes, de los cuales, 8.3 millones están en condiciones de marginación y de pobreza lo que es conveniente que tengamos siempre presente.

Se trata, de que una vez que se tenga un basamento jurídico, se pueda diseñar a partir de él una política de Estado de atención a los jóvenes, que pueda ser eficaz, eficiente y que pueda atender de manera oportuna los reclamos justos que hacen millones y millones de jóvenes a lo largo de nuestro país.

Es ésta una iniciativa que viene a complementar las dos que ya mencionaba y que es parte de un paquete que a lo largo de las próximas semanas se irán presentando.

Hoy corresponde hacer algunas adecuaciones a la Ley de Desarrollo Social y, posteriormente, se irán presentando los temas específicos de salud, de educación, de protección, a la posibilidad del empleo de los jóvenes, de la previsión social, de la incorporación de atención de los jóvenes indígenas y otros temas complementarios que vienen a constituir lo que mencionaba yo desde un principio, este basamento jurídico indispensable, para que de ahí pueda definirse una política de Estado incluyente, eficaz y eficiente, que permita dar respuesta a nuestros jóvenes de la mejor manera.

Estoy seguro que es un tema sensible que tiene el respaldo de mis compañeras Senadoras y Senadores de todos los grupos parlamentarios.

Tengo confianza y fe de que habrá de atenderse un tema de la mayor prioridad.

No quiero dramatizar, pero es conveniente que tengamos claro que aún estamos a tiempo de responder a un reclamo que está más que justificado, de millones de jóvenes de este país que hoy no encuentran, no se identifican, no visualizan una respuesta de manera adecuada por parte del Estado mexicano; y me parece que aún estamos a tiempo de poder atender este asunto de la mayor prioridad.

A nosotros nos corresponde legislar. Por eso estamos planteando desde nuestra fracción parlamentaria y desde la fracción parlamentaria del Verde Ecologista este paquete de iniciativas, que me parece que son fundamentales para evitar en lo futuro, espero que no pronto, conflictos de otra naturaleza, los conflictos fundamentales, el de mayor relevancia que se han dado en países, de carácter social, se dan, precisamente, a partir de la inquietud de muchos de nuestros jóvenes que van encontrando la puerta falsa, al no encontrar una opción, una esperanza, una alternativa de poder sentirse incluidos y de poder sentir que tienen la posibilidad de una vida mejor en el corto y en el mediano plazo.

Muchas gracias, compañeras y compañeros Senadores, que me hacen el favor de escuchar esta intervención y, por supuesto, como siempre, pidiéndoles su comprensión y respaldo en una iniciativa tan noble como la que implica la misión a los jóvenes de este país.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Los suscritos, Senadores René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón, Carlos Alberto Puente Salas, Enrique Burgos García, Miguel Romo Medina, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Lisbeth Hernández Lecona y Roberto Albores Gleason, a nombre de las Senadoras y Senadores integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 numeral 3, 169, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Aval de Grupo que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, para promover el desarrollo integral de los jóvenes, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el ámbito nacional la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce las garantías individuales que por su carácter de universales son inherentes a toda la población mexicana sin importar su origen, sexo, edad, pertenencia a algún grupo étnico, religión, condición social, económica o cultural.

Sin embargo, persiste la necesidad de reafirmar los derechos de la población joven partiendo de ordenamientos específicos que atiendan a este grupo de la población, considerando dos aspectos fundamentales, por un lado, que las y los jóvenes en México representan un tercio de la población total, por otro, que las y los jóvenes constituyen una oportunidad para mejorar las condiciones presentes y futuras del país.

Para concretar esta oportunidad es necesario proveer a las y los jóvenes de herramientas como educación, salud integral, incluyendo la salud sexual y reproductiva, empleo digno, formas de participación y canales de expresión, así como entornos dignos y ambiente sustentable donde puedan desarrollarse.

Información de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014 indica que el monto de la población joven de 15 a 29 años es de 29.9 millones, y aunque se observa un aumento respecto a 1990 (23.9 millones), su proporción con respecto al total disminuyó de 29.4% en 1990 a 24.9% en 2014; lo anterior se explica por un proceso de envejecimiento que se manifiesta en un aumento relativo de la población de mayor edad y en una menor participación porcentual de niños y jóvenes.

En cuanto a su estructura por edad, del total de jóvenes, 36.8% son adolescentes de 15 a 19años, uno de cada tres (34.1%) son jóvenes de 20 a 24 años y tres de cada 10 (29.1%) tienen de 25 a 29 años de edad.

Una de las tareas pendientes en México para lograr el pleno desarrollo de las y los jóvenes es la creación de un marco jurídico que garantice los derechos de este grupo de población.

En este sentido, en nuestro país se deben impulsar y fortalecer entre otros: la inversión en educación, la capacitación laboral y la creación de fuentes de trabajo dignas. Además, la incorporación de la población joven al desarrollo del país requiere garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y evitar situaciones como la reproducción intergeneracional de la pobreza, escenarios de mayor inseguridad y la falta de cohesión social.

De acuerdo con un estudio elaborado por un grupo de especialistas en el tema, publicado en la revista México Social, el problema de la pobreza en el país, además de persistente, es extenso y grave, debido a que es un obstáculo para el crecimiento económico y el desarrollo social, limita el ejercicio de los derechos de la población que se han consagrado en las leyes y afecta la cohesión social y la solidaridad entre los mexicanos.

La pobreza sigue creciendo con una tendencia a constituirse en un mal endémico. De acuerdo a datos proporcionados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) entre 2012 y 2014 la población en pobreza creció en 2 millones de personas sobre todo en zonas urbanas, al pasar de 53.3 millones de mexicanos a 55.3 millones.

En lo referente a la población joven la situación de pobreza empeoró entre 2012 y 2014 de acuerdo con el Coneval. Según la Medición de Pobreza 2014, la condición en este sector aumentó 2.2 puntos porcentuales mientras que el nivel en la población general sólo se elevó 0.7 por ciento.

De acuerdo a parámetros del Coneval más de la mitad de la juventud mexicana, 19.7 millones de personas, se encuentra por debajo de la línea de bienestar, es decir, cuentan con ingresos por debajo de la canasta alimentaria y no alimentaria. Otros 10.8 millones tienen al menos una carencia social, aunque tienen ingreso por arriba de la línea de bienestar.

Los jóvenes se ven, en su mayoría, afectados por la falta de acceso a la seguridad social, de la cual carecen el 67.3 por ciento. Le sigue la carencia de acceso a la alimentación, de la cual sufre el 24.6 por ciento. Además, 5.1 millones sufren de rezago educativo y 8.3 millones de acceso a la salud.

En cuanto al acceso a espacios y servicios básicos en la vivienda, la juventud presenta una carencia de 13.8 y 22.2 por ciento, respectivamente.

Desafortunadamente, la pobreza medida de 1992 a 2014 en nuestro país demuestra que tenemos un modelo de desarrollo incapaz de generar crecimiento con equidad para disminuir los índices de pobreza.

Diversos indicadores oficiales muestran que la pobreza se está tornando endémica, debido a que en las últimas tres décadas el PIB tuvo un crecimiento de poco más del 2%, insuficiente para absorber la demanda de empleos de los mexicanos, así como a una deficiente distribución del ingreso cuyas tendencias muestran una excesiva concentración del ingreso en detrimento de las mayorías del pueblo de México.

Es evidente que a pesar de la gran cantidad de recursos destinados para combatir la pobreza mediante programas asistencialistas en las últimas dos décadas, su nivel se mantiene prácticamente igual, lo que ha llevado al Gobierno Federal a reconocer que debe implementarse una nueva estrategia que haga sustentable el proceso de ascenso en las condiciones de vida de la población que la padece.

A este respecto, el Coneval, instituciones académicas, intelectuales y organizaciones de la sociedad civil, han señalado en forma insistente que la política social debe orientarse a la implantación de programas que mejoren las capacidades productivas de las personas con mayor grado de pobreza y vulnerabilidad, con el objeto de ampliar el mercado laboral al mejorar la producción y el ingreso de las personas.

Una consecuencia directa de esta situación de pobreza y marginación es la falta de aprovechamiento de nuestro bono demográfico que radica en la población joven de nuestro país, es decir, se trata de aprovechar la máxima capacidad real de energía y fuerza biológica, física y mental, el enorme potencial de conocimientos y experiencias; de capacidad de producción; de capacidad de mejoramiento, innovación y creatividad; de cambio, transformación y competitividad.

México debe y necesita por sus aspiraciones de ascenso a nación mundial emergente, aprovecharlo prioritaria e íntegramente debido a que el bono demográfico tenderá a reducirse. Se estima que la cifra de la población en México alcanzó su máximo histórico en 2011 y se proyecta que se vaya reduciendo el segmento de los jóvenes de manera paulatina desde ahora y hasta el año 2050.

Aprovechar el bono demográfico implica identificar posibilidades, problemáticas, necesidades, potencialidades y recursos disponibles, definir certeramente las acciones y orientar y coordinar la ejecución de los recursos y proyectos en la misma dirección, al tiempo de fortalecer los mecanismos de coordinación existentes entre los tres niveles de gobierno.

Asimismo, coordinar las iniciativas gubernamentales con la sociedad a través de sus diversas organizaciones -económicas, laborales y académicas- con los sistemas educativo, productivo y de investigación, con la finalidad de concentrar sujetos de acción, objetivos y esfuerzos, para lograr sinergias y evitar dispendio de recursos.

Por lo anterior, es indispensable impulsar políticas públicas, programas y acciones dirigidas de manera específica y concreta a la juventud en situación de pobreza, aprovechando sus niveles de escolaridad, su iniciativa emprendedora y su capacidad de autoempleo, para lo cual es necesario apoyar a los jóvenes mediante esfuerzos institucionales y desde la acción gubernamental.

La experiencia histórica en el mundo y en nuestro país es que la filantropía o los programas asistencialistas gubernamentales podrán paliar e incluso aliviar la pobreza, pero no erradicarla. Esto se logra mediante el empleo productivo y el crecimiento económico, ampliando y reforzando el mercado laboral y el mercado interno.

Para hacer frente a esta situación, es conveniente impulsar cambios legales que permitan al Estado mexicano asumir una posición proactiva mediante acciones ejecutivas concretas establecidas en la Ley.

Para ello, se propone llevar a cabo reformas a la Ley General de Desarrollo Social con el fin de incorporar el enfoque de los jóvenes y que tengan prioridad en los programas y acciones de los gobiernos Federal, estatales y municipales para propiciar su inclusión, fomentar sus actividades productivas y asegurar el acceso a los servicios básicos mediante la participación social organizada.

Asimismo, se propone como un derecho que los jóvenes en situación de vulnerabilidad entre 15 y 29 años de edad, tengan prioridad para recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja.

Mediante modificaciones a la Ley se busca promover el desarrollo integral de los jóvenes a través de acciones ejecutivas que fomenten su inclusión y participación en los programas de desarrollo social de los gobiernos Federal, estatales y municipales.

Dada la importancia que reviste la superación de la pobreza de los jóvenes, es indispensable que los programas y fondos que se destinen a su desarrollo tengan el carácter de prioritario a fin de garantizar su financiamiento permanente.

Finalmente, como complemento a lo que establecen otros ordenamientos legales y para mantener la congruencia jurídica entre leyes se propone que los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal, estimulen la organización y fomenten las actividades productivas para promover la generación de empleos e ingresos de personas, familias, grupos y organizaciones productivas, en especial, aquellas que estén formadas total o mayoritariamente por jóvenes hasta de 29 años de edad.

Asimismo, se busca destinar recursos públicos para promover proyectos productivos; identificar oportunidades de inversión y brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para la organización y el diseño de proyectos y apoyo legal para la realización de estas actividades.

De conformidad con la anterior exposición de motivos, los suscritos Senadores y Senadoras de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se reforman los artículos 8, 33 y 34; y se adiciona una fracción XI al artículo 3; una fracción IV, al artículo 11, recorriéndose la subsiguiente en su orden; y una fracción IX al artículo 19, recorriéndose la subsiguiente en su orden; todos de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 3…

I. a VIII…

IX. Transparencia: La información relativa al desarrollo social es pública en los términos de las leyes en la materia. Las autoridades del país garantizarán que la información gubernamental sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz;

X. Perspectiva de género: una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres que se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género; que se plantea la equidad de género en el diseño y ejecución de las políticas públicas de desarrollo social, y

XI. Enfoque de jóvenes: Los jóvenes comprendidos entre 15 y 29 años tendrán prioridad en los programas y acciones de los gobiernos federal, estatales y municipales para propiciar su inclusión, fomentar sus actividades productivas, y asegurar el acceso a los servicios básicos mediante la participación social organizada.

Artículo 8. Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja. Los jóvenes entre 15 y 29 años de edad tendrán prioridad para el ejercicio de este derecho.

Artículo 11...:

I. a II…

III. Fortalecer el desarrollo regional equilibrado;

IV. Promover el desarrollo integral de los jóvenes a través de acciones ejecutivas mediante su inclusión y participación en los programas de desarrollo social de los gobiernos Federal, estatales y municipales, y

V. Garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social.

Artículo 19.

I. a VII…

VIII. Los programas y fondos públicos destinados a la generación y conservación del empleo, a las actividades productivas sociales y a las empresas del sector social de la economía,

IX. Los programas y fondos destinados al desarrollo integral de los jóvenes, y

X. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano.

Artículo 33. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal fomentarán las actividades productivas para promover la generación de empleos e ingresos de personas, familias, grupos y organizaciones productivas, en especial aquellas que estén formadas total o mayoritariamente por jóvenes hasta de 29 años de edad.

Artículo 34. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal estimularán la organización de personas, familias y grupos sociales, en especial aquellas que estén formadas total o mayoritariamente por jóvenes hasta de 29 años de edad, destinando recursos públicos para promover proyectos productivos; identificar oportunidades de inversión, y brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para la organización y el diseño de proyectos y apoyo legal para la realización de estas actividades.

TRANSITORIOS

Único.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 1 de diciembre de 2015.

Suscriben

Sen. Emilio Gamboa Patrón, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.- Sen. Carlos Alberto Puente Salas, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.- Sen. René Juárez Cisneros.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Miguel Romo Medina.- Sen. Roberto Albores Gleason.- Sen. Enrique Burgos García.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador Juárez Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 67 y se adiciona el artículo 69 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 67 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA

(Presentada por el Senador Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con el permiso de la Presidencia. Distinguidos legisladores:

En el mundo es muy importante contar con la información estadística y geográfica e informática de manera confiable, creíble, objetiva, oportuna y particularmente accesible.

En el caso mexicano, el 25 de enero de 1983, por Decreto presidencial, se crea el   INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se consolida una primera etapa de algo que se convierte en un órgano autónomo del Estado a partir del 15 de julio de   2008.

Esta iniciativa que estamos presentando es a nombre de un servidor y de la casi totalidad de los Senadores del grupo parlamentario de Acción Nacional, porque estamos convencidos que hoy tenemos un instituto de talla mundial y que requiere conservar esas características.

Al haberse aprobado en la primera etapa los autónomos, ahora, en una comparación, encontramos particularmente dos diferencias en la manera de integrar su órgano de gobierno.

La primera, es que en algunos casos se requiere mayoría calificada y en otros, mayoría simple; y es el caso del INEGI el de la mayoría simple.

El segundo, la manera en que se elige a su presidente del órgano de gobierno.

En este caso, en fecha próxima tendremos una vacante y el Presidente de la República ha nominado a una persona, cuyo expediente procesaremos, y nos preocupa que no estará siendo bajo el esquema actual evaluado por una mayoría calificada y, segundo, en un modelo anterior que ya no sería el deseable, mediante el cual una vez instalada la junta de gobierno con las cinco personas, es el Presidente de la República el que designa al presidente del órgano autónomo, diseño que hoy no sería el más conveniente.

Por eso, estamos sometiendo a su consideración la modificación de los artículos 67 y 69 de la materia, incorporando: una mayoría calificada; y dos, que sea el Senado de la República el que designe al presidente del órgano, porque no solamente es el órgano de gobierno, también es el órgano ejecutivo; y en la misma parte del artículo del 69, añadir una característica adicional a los atributos para que la persona que pueda estar en ese lugar pueda haber acreditado una conducta ética y una independencia de juicio y de criterio para poder tener las mejores decisiones.

Si en algún momento llegáramos a cambiar y tener una institución que no está correspondiendo a la objetividad de la realidad nacional, sería muy lamentable. Por eso creemos que estamos todavía a tiempo para poder corregir y tener un INEGI, en una próxima generación, bien acreditado y con reconocimiento de carácter internacional.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Juan Carlos Romero Hicks, a nombre de diversos Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el  artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 8, numeral 1, fracción I y 164, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma El artículo 67 y adiciona la fracción IV al artículo 69 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde su creación el 25 de enero de 1983 por decreto presidencial, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), consolida y formaliza la práctica seguida en nuestro país, de captar, procesar y difundir información acerca del territorio, la población y la economía.

El INEGI es una institución modelo en el mundo, que se caracteriza por su responsabilidad, confiabilidad y solidez en la generación de información, misma que sirve al Estado y a la sociedad para la toma de decisiones.

A partir del 15 de julio de 2008, el INEGI se transformó jurídicamente en un organismo constitucional autónomo del Estado mexicano. Esta situación convirtió al Instituto en la única Oficina Nacional de Estadística (ONE) en el mundo que no depende del Poder Ejecutivo de cada país.

El INEGI se convirtió en modelo a seguir en el mundo entero. La administración del Presidente Felipe Calderón, generosamente facilitó la transición a la autonomía que consolidó al Instituto como un organismo confiable e inmune a los vaivenes políticos.

La autonomía no es solamente un título o un nombre que se le añade a una institución. En el caso del INEGI la autonomía generó importantes cambios en su visión con respecto a su interacción con el Ejecutivo Federal.

En el 2012, Eduardo Sojo y Gerardo Leyva publicaron un documento denominado “Flexibilidad y credibilidad: reflexiones sobre la autonomía de las oficinas nacionales de estadística a partir de la experiencia mexicana”. En su análisis se refieren al gran paso dado por México al dotar de autonomía a su ONE y cómo se convirtió en un referente internacional.

A continuación expresaremos algunas de las ideas contenidas en ese documento y que sirven de sustento a la propuesta que presentaremos.

Se expresa que el gobierno es sólo uno de los clientes objetivo de las estadísticas oficiales, propiciando una atención más equilibrada a los diferentes sectores de la sociedad evitando, así, una predisposición hacia el gobierno, más allá de lo socialmente óptimo.

El documento señala que las oficinas nacionales de estadística deben compilar y facilitar en forma imparcial estadísticas oficiales de comprobada utilidad práctica para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a mantenerse informados y que es claro que el aseguramiento de esta imparcialidad será más fácil si las oficinas nacionales de estadísticas no forman parte de la estructura gubernamental, dado que se da una señal clara de que se toma la máxima distancia de cualquier posible conflicto de interés y de que no se es juez y parte, en especial cuando se trata de que los ciudadanos se mantengan al tanto de lo que hace el gobierno, como parte de un ejercicio democrático de rendición de cuentas.

Se añade que la credibilidad de las estadísticas oficiales se deriva de la no interferencia de las autoridades políticas. Se puntualiza que la información estadística sin credibilidad se convierte en algo inútil. En este sentido, la autonomía representa un seguro adicional que hace mucho más complejo y políticamente costoso el que los intereses no estadísticos tengan injerencia en las actividades estadísticas oficiales. Hasta aquí el análisis del documento de Sojo y Leyva.

Hemos establecido la importancia que reviste la autonomía del INEGI y su independencia con respecto del Ejecutivo Federal. Lamentablemente, advertimos que ambos atributos pueden estar en riesgo, derivadas de una laguna del marco jurídico constitucional y legal. Encontramos que tanto la Constitución Política como la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística contienen disposiciones ambiguas en cuanto a la elección de la Junta de Gobierno del INEGI y peor aún, también lo son en lo referente a la elección del Presidente de ese órgano colegiado y del propio Instituto.

El artículo 26, apartado B, Tercer Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:

“El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión”.

Esta disposición se ve reflejada en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística:

ARTÍCULO 67.- La Junta de Gobierno es el órgano superior de dirección del Instituto, y estará integrada por cinco miembros designados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o, en los recesos de esta última, de la Comisión Permanente.

De entre los miembros de la Junta de Gobierno, el Ejecutivo Federal nombrará al Presidente del Instituto, quien presidirá el citado órgano colegiado. El resto de los miembros de la Junta de Gobierno actuarán como vicepresidentes de la misma.

ARTÍCULO 68.- La Presidencia será el órgano superior ejecutivo del Instituto. El Presidente del Instituto durará en su cargo seis años y los vicepresidentes de la Junta de Gobierno ocho años.

El periodo del Presidente del Instituto comenzará el primero de enero del cuarto año calendario del periodo correspondiente al Presidente de la República. Los periodos de los vicepresidentes de la Junta de Gobierno serán escalonados, sucediéndose cada dos años e iniciándose el primero de enero del primer, tercer y quinto año del periodo del Ejecutivo Federal.

Los miembros de la Junta de Gobierno podrán ser designados para ocupar el cargo hasta por dos ocasiones.

Los miembros de la Junta de Gobierno ocuparán sus cargos sólo durante el tiempo por el cual hayan sido designados.

ARTÍCULO 69.- La designación de los miembros de la Junta de Gobierno deberá recaer en personas que reúnan los requisitos siguientes:

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y no tener más de setenta años cumplidos a la fecha en que la designación sea entregada al Senado de la República o, en su caso, a la Comisión Permanente, para su ratificación;

II.- Ser profesional distinguido en materias relacionadas con la estadística, la geografía o la economía, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, algún cargo de alto nivel en los sectores público o privado, o ser un académico de reconocido prestigio en las materias mencionadas, y

III. No haber sido sentenciado por delitos intencionales, inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del sector público o privado.

Como puede advertirse, ni el texto Constitucional ni la Ley secundaria contienen alguna disposición que disponga algún mecanismo de control para la designación del Presidente de la Junta de Gobierno del INEGI. Solamente se establece que el Senado de la República participará en la aprobación del nombramiento que proponga el Ejecutivo para la integración de la Junta de Gobierno, pero al Presidente la misma lo nombra el Ejecutivo sin ningún control o “candado” parlamentario.

En un ejercicio comparativo, encontramos que para otros organismos autónomos constitucionales y para el Poder Judicial de la Federación, sí existen disposiciones que representan un control legislativo:

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

El Consejero Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto es nombrado por la mayoría de los consejeros integrantes.

Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Artículo 37. Los integrantes de la Junta, por voto mayoritario de tres de sus integrantes, nombrarán a quien fungirá como Presidente, quien desempeñará dicho cargo por un periodo no mayor de tres años, sin posibilidad de reelegirse. La ausencia temporal del Presidente será suplida por el integrante que la Junta determine.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 6, Apartado A, fracción VIII:

VIII….

El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la ley.

Comisión Federal de Competencia Económica (COFECO) y El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 28.

Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones se integrarán por siete Comisionados, incluyendo el Comisionado Presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado.

El Presidente de cada uno de los órganos será nombrado por la Cámara de Senadores de entre los comisionados, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, por un periodo de cuatro años, renovable por una sola ocasión. Cuando la designación recaiga en un comisionado que concluya su encargo antes de dicho periodo, desempeñará la presidencia sólo por el tiempo que falte para concluir su encargo como comisionado.

Instituto Nacional Electoral (INE).

Designación del Consejero Presidente del Consejo General del INE.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 41. fracción V, apartado A:

El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no podrán ser reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, mediante el siguiente procedimiento:

a) La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero Presidente y los consejeros electorales, que contendrá la convocatoria pública, las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, así como el proceso para la designación de un comité técnico de evaluación, integrado por siete personas de reconocido prestigio, de las cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el organismo garante establecido en el artículo 6o. de esta Constitución;

b) El comité recibirá la lista completa de los aspirantes que concurran a la convocatoria pública, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su idoneidad para desempeñar el cargo; seleccionará a los mejor evaluados en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante, y remitirá la relación correspondiente al órgano de dirección política de la Cámara de Diputados;

c) El órgano de dirección política impulsará la construcción de los acuerdos para la elección del consejero Presidente y los consejeros electorales, a fin de que una vez realizada la votación por este órgano en los términos de la ley, se remita al Pleno de la Cámara la propuesta con las designaciones correspondientes;

d) Vencido el plazo que para el efecto se establezca en el acuerdo a que se refiere el inciso a), sin que el órgano de dirección política de la Cámara haya realizado la    votación o remisión previstas en el inciso anterior, o habiéndolo hecho, no se alcance la votación requerida en el Pleno, se deberá convocar a éste a una sesión en la que se realizará la elección mediante insaculación de la lista conformada por el comité de evaluación;

e) Al vencimiento del plazo fijado en el acuerdo referido en el inciso a), sin que se hubiere concretado la elección en los términos de los incisos c) y d), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizará, en sesión pública, la designación mediante insaculación de la lista conformada por el comité de evaluación.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Artículo 36.

1. El Consejo General se integra por un Consejero Presidente, diez Consejeros Electorales, Consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos y el Secretario Ejecutivo.

2. El Consejero Presidente del Consejo General será elegido por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de conformidad con el procedimiento establecido por el apartado A de la Base V del artículo 41 de la Constitución.

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 94 y 97.

Artículo 94. … La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once Ministros y funcionará en Pleno o en Salas.

Artículo 97. … Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 102.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 26. El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estará integrado por un Presidente y seis Consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como en los ámbitos académico y profesional; tener experiencia mínima de diez años en materia de desarrollo social, y no pertenecer a algún partido político o haber sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular. Serán nombrados, bajo el procedimiento que determine la ley, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles y, si no lo hiciere, ocupará el cargo de consejero la persona nombrada por la Cámara de Diputados. Cada cuatro años serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.

El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

Del ejercicio comparativo anterior, encontramos que para la elección de los miembros de la Junta de Gobierno del INEGI y su Presidente, hacen falta los siguientes aspectos:

1.- Los integrantes del órgano de gobierno eligen a su Presidente.

2.- Alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión elige al Presidente.

3.- Para la elección en las Cámaras del Congreso de los miembros del órgano de gobierno, se requiere mayoría de dos terceras partes de los miembros presentes.

En virtud de lo anterior, los Senadores firmantes proponemos reformar el artículos 67 y adicionar una fracción cuarta al artículo 69 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para incorporar mayores medidas de control parlamentario para la designación del Presidente de la Junta de Gobierno y del INEGI.

En ese tenor, proponemos incorporar el requisito de la mayoría calificada para la elección de todos los miembros de la Junta de Gobierno.

También proponemos que el Presidente de la Junta de Gobierno y del INEGI, sea electo por mayoría calificada de los miembros presentes del Senado de la República, para evitar que los Vicepresidentes en funciones formen algún bloque para elegir de entre ellos a algún funcionario que represente los intereses de cualquier persona, en detrimento de la autonomía e imparcialidad del Instituto.
Proponemos adicionar una fracción IV al artículo 69, para señalar otras cualidades que consideramos deben poseer los integrantes de la Junta de Gobierno.

Por todo lo antes expuesto, los suscritos Senadores sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 67 y se adiciona una fracción IV al artículo 69; todos de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 67.- La Junta de Gobierno es el órgano superior de dirección del Instituto, y estará integrada por cinco miembros designados por el Presidente de la República con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en los recesos de esta última, de la Comisión Permanente por la misma mayoría.

De entre los miembros de la Junta de Gobierno, el Senado de la República nombrará al Presidente del Instituto por la mayoría referida en el párrafo anterior, quien presidirá el citado órgano colegiado. El resto de los miembros de la Junta de Gobierno actuarán como vicepresidentes de la misma.

ARTÍCULO 69.- La designación de los miembros de la Junta de Gobierno deberá recaer en personas que reúnan los requisitos siguientes:

I.-….

II.- Ser profesional distinguido en materias relacionadas con la estadística, la geografía o la economía, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, algún cargo de alto nivel en los sectores público o privado, o ser un académico de reconocido prestigio en las materias mencionadas;

III.- No haber sido sentenciado por delitos intencionales, inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del sector público o privado; y

IV.- Que durante toda su trayectoria profesional haya demostrado actuar éticamente y con independencia de criterio.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 1 de diciembre de 2015.

Atentamente

Sen. Juan Carlos Romero Hicks.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Romero Hicks. Muchas felicidades. Túrnese a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente. Con su permiso.

Como ustedes seguramente lo saben, compañeras y compañeros, la información que generan los entes públicos ha quedado sujeta al escrutinio ciudadano, como un mecanismo para que la sociedad pueda ejercerse, asumirse como un contrapeso ante cualquier acto de autoridad que pretenda vulnerar sus derechos fundamentales.

Lo anterior lo comento, ya que el objetivo de la iniciativa que someto a consideración de todos ustedes, es precisamente fortalecer los mecanismos de acceso a la información en un tema que ha sido la causa de una lucha constante por parte de todos los actores sociales y políticos en nuestro país. Me refiero a la trata de personas.

Toda esta propuesta surge a partir de la revisión de un ejercicio de análisis que realizó el Observatorio Nacional Ciudadano, acerca de la eficiencia del combate al delito de trata de personas en el país y que concluye, entre otros aspectos, señalando que los portales electrónicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas, no vienen publicando la información estadística de la incidencia delictiva en materia de trata.

Otro de los factores que quiero también comentar, determinaron la necesidad de adentrarnos en la materia, es un dato para un servidor, muy alarmante; me refiero al informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, que para el año 2013 advirtió que nuestro país sigue sin cumplir las normas mínimas para la erradicación del delito de trata.

Este documento apunta que los grupos sociales más vulnerables ante la comisión de este ilícito son, como sabemos: las mujeres, los niños, las niñas, los indígenas, las personas con discapacidad, jóvenes homosexuales y transgénero, así como migrantes indocumentados.

Esta circunstancia, señor Presidente, es la que nos deja clara la necesidad de contar con una redacción mucho más clara para que las autoridades responsables publiquen los datos estadísticos sobre la comisión de delitos de trata de personas.

Y en otro aspecto, el ordenamiento legal en materia de trata, desde nuestro de punto de vista, debe ser fortalecido en lo que respecta a la protección de los pueblos y de las comunidades indígenas.

Lo anterior, en virtud de que este sector social es, sin duda, uno de los grupos con mayor grado de vulnerabilidad ante los delitos de trata de personas, específicamente me refiero al caso de mujeres y niños.

Señor Presidente, en la revisión de la ley en comento, nosotros advertimos que existen varios vacíos que ubican a este sector de la población en una vulnerabilidad mayor que cualquier otro grupo social, por lo que proponemos fortalecer a estos grupos sociales dentro del objeto fundamental en el combate del delito de trata.

Es por estas razones que me he permitido poner a consideración de todas las Senadoras y Senadores, una propuesta para reformar esta Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos.

Muchísimas gracias, por su atención.

Iniciativa

El suscrito, Benjamín Robles Montoya, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 2º y la fracción III del artículo 84 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La información que generan los entes públicos ha quedado sujeta al escrutinio público como un mecanismo para que la sociedad ejerza una especie de contrapeso ante cualquier acto de autoridad que pretenda vulnerar derechos fundamentales.

El artículo 6º constitucional la fracción I, del apartado A en lo conducente estipula:

Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

La misma disposición en su fracción II estipula que:

La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

Lo anterior viene a colación, ya que el objetivo de la presente iniciativa es el de fortalecer los mecanismos de acceso a la información en un tema que ha sido causa de una lucha constante por parte de los todos los actores sociales y políticos en nuestro país: la trata de personas.

Por eso la alusión al principio que establece el artículo de referencia, en el que toda la información en posesión de los poderes del Estado tiene un carácter público, que a su vez protege, en los casos señalados, la información de orden personal y la que por su origen puede considerarse como reservada.

Toda esta propuesta surge a partir de la revisión de un ejercicio de análisis que realizó el Observatorio Nacional Ciudadano acerca de la eficiencia del combate al delito de trata de personas en el país mediante diversas solicitudes de información sobre el tema a varias dependencias de la administración pública federal y local.

Otro de los factores que determinaron la necesidad de adentrarnos en la materia es un dato por demás alarmante, el Informe del Departamento de Estado de los Estado Unidos de Norteamérica para el año 2013 señala que nuestro país sigue sin cumplir con las normas mínimas para la erradicación del delito de trata, en este sentido, México aún es considerado como uno de los mayores lugares de origen, tránsito y destino de trata de personas. El mismo documento apunta que los grupos sociales más vulnerables ante la comisión de este ilícito son: mujeres, niños, niñas, indígenas, personas con discapacidad, jóvenes homosexuales y transgénero, así como migrantes indocumentados.

Lo antes expuesto es de suma importancia ya que, como todos recordamos, el proceso del que fue objeto la expedición de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, fue de gran resonancia en su discusión y eventual aprobación. Misma que fue celebrada como un triunfo para nuestra incipiente democracia, en razón de que logró sumar un sin número de voluntades de los principales actores políticos y sociales de esta nación.

El Informe referido también denunció una falta de coordinación de las instituciones encargadas de perseguir el delito de mérito, así como la acotada comprensión de los servidores públicos en torno al problema aunado a altos índices de corrupción por parte de los funcionarios adscritos a estas instituciones.

Asimismo, se indicó que no hay estadísticas oficiales disponibles y suficientes acerca de la incidencia delictiva por año en relación a la constitución de delitos de trata.

Este factor fue determinante para plantear la presente iniciativa, por que consideramos la pertinencia de afrontar este deficiencia normativa a través de una reforma a la Ley de la materia en la que, de una manera más clara y precisa, se cuente con información estadística acerca del fenómeno delictivo que nos ocupa preservando siempre la información susceptible de confidencialidad y reservas por razones de evidente obviedad.

En tal sentido, resulta oportuno hacer un recorrido puntual del ejercicio que realizó la organización no gubernamental para comprender la magnitud del problema y en consecuencia la necesidad de establecer las herramientas legales que den cauce a la implementación efectiva de los mecanismos encargados de publicar la información oficial en lo relativo a la incidencia delictiva en materia de trata, debido a que nos parece destacable que no se observe el cumplimiento de esta situación en el tema en comento.

Sobre el particular queremos citar de manera integra la fracción IV del artículo 89 de la Ley de mérito, del siguiente tenor:

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública recabará la información relativa a la incidencia delictiva en materia de los delitos previstos en esta Ley y generará un banco de datos que contendrá, como mínimo, la nacionalidad, edad, estado civil y sexo de los sujetos activo y pasivo, así como el modo de operar de las redes vinculadas a la delincuencia organizada y la forma en que sus miembros fueron detectados, detenidos y remitidos ante el Ministerio Público competente, ya sea del fuero común o federal.

Si bien es cierto que la disposición anterior no contempla la publicación de la base de datos respectiva, lo relevante estriba en el hecho de que la autoridad cuenta con información que puede ilustrar el estado del combate a este tipo de delitos para cumplir con el principio tutelado en el 6º constitucional, sin perjuicio de las víctimas del ilícito, lo publicado podría limitarse a datos eminentemente cuantitativos.

En adición a lo anterior, el artículo 93 de la Ley que nos ocupa, en lo conducente establece:

Las autoridades judiciales y ministeriales darán a conocer a la sociedad los resultados de las evaluaciones que realicen, así como la demás información global que permita medir el desarrollo y los avances de la evolución nacional y estatal de los delitos previstos en esta Ley, así como su prevención, combate y sanción.

La Comisión Intersecretarial elaborará, con la información que reciba de todas las dependencias participantes de los tres órdenes de gobierno, un informe anual el cual contendrá los resultados obtenidos por el Programa Nacional.

Este informe será remitido al C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y las dos Cámaras del Congreso de la Unión y se le dará una amplia difusión en los medios de comunicación en todo el territorio nacional.

También encontramos que es una obligación de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, la tutelada en la fracción VIII del artículo 88 del cuerpo normativo de mérito, que en lo conducente señala:

Recopilar, con la ayuda del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional de Procuradores y demás instituciones y organismos pertinentes, los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva en materia de los delitos previstos en esta Ley, con la finalidad de publicarlos periódicamente.

Dicha información deberá contener de manera desagregada:

a) El número de víctimas, su sexo, estado civil, edad, nacionalidad o lugar de origen, forma de reclutamiento, modalidad de victimización, lugares de destino y, en su caso, calidad migratoria, cuando proceda;

b) Los datos correspondientes a las rutas y los métodos de transportación que utilizan las personas y organizaciones delictivas que cometen los delitos previstos en esta Ley, y

c) Aquélla referente al tránsito fronterizo internacional relacionado con las víctimas de los delitos previstos en esta Ley.

Sin embargo, el trabajo que realizó el Observatorio Nacional Ciudadano, mismo que fue cotejado, arrojó datos del siguiente tenor:

• El portal electrónico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de conformidad con la fracción VIII del artículo 88 de la Ley en la materia no publica la información estadística acerca de la incidencia delictiva en materia de trata.

• El portal electrónico de la Procuraduría General de Justicia, en la sección de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra la Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) tampoco publica información estadística de la incidencia delictiva en la materia de referencia.

• En lo relativo a la publicación de la incidencia delictiva que nos ocupa por parte de las entidades federativas se observó que en 23 estados sus leyes en la materia prevén la obligación de recopilar datos estadísticos pero el acceso a los mismos no es de fácil acceso.

• Se destaca el caso del estado de Michoacán, que en relación a la materia de trata de personas la norma que regula tal delito establece este tipo de información como reservada, tal y como lo estipula el artículo 20 primer párrafo de la Ley de Trata de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo, que en lo conducente dice:

La información del Sistema Estatal de Datos y Registros en materia de trata de personas, deberá resguardarse de acuerdo a los parámetros de clasificación reservada… .

Es menester señalar, que en la revisión del estudio en comento, la información sobre la incidencia delictiva en materia de trata de personas que se obtuvo de la administración pública federal y local, se proporcionó a través de solicitudes dirigidas a las instancias u oficinas encargadas de proporcionar la información pública, derivado de la prácticamente nula publicación de información en sus respectivos portales electrónicos.

Por otro lado, y tras una revisión del Primer Informe de Gobierno de la actual administración, en lo que respecta a la gestión de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra la Mujeres y Trata de Personas con la finalidad de encontrar datos acerca de la incidencia delictiva en la materia que nos ocupa, entre otros, observamos información correspondiente, preponderantemente a los años 2011, 2012 y 2013, a saber:

• Se atendieron 252 llamadas de violencia contra las mujeres y trata de personas.

• Se contestaron 26 correos electrónicos relacionados con delitos de trata de personas.

• Por parte de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas se realizaron propuestas al Proyecto de Reglamento de la Ley General en la materia.

• Se dio seguimiento legislativo sobre las normas en materia de trata, a junio de 2013, 24 entidades federativas cuentan con su ley en la materia.

• Se realizaron 53 actividades académicas en materia de trata de personas: cursos, conferencias, talleres, diplomados, foros.

• El Instituto Nacional de Migración atendió a 21 migrantes víctimas de trata, a quienes se les canalizó a Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas (una persona), la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (15 personas), y cinco ante el Ministerio Público de las entidades federativas correspondientes.

Estos son sólo algunas de las acciones que se han realizado con respecto al tema de referencia. Sin embargo, estos y otros datos distan mucho de formar parte en el cumplimiento de del artículo 88 de la Ley de mérito.

Esta circunstancia es la que nos deja clara la necesidad de establecer por mandato legal una redacción más explícita para que las autoridades responsables publiquen en periodos específicos los datos estadísticos sobre la comisión de delitos de trata de personas.
En otro orden de ideas, hay un aspecto que si bien es cierto ha sido contemplado en el ordenamiento legal materia de nuestra iniciativa, creemos que puede ser ahondado y en consecuencia fortalecido, el relacionado con los pueblos y comunidades indígenas.

Lo anterior en virtud, de que este sector social es de los grupos con mayor grado de vulnerabilidad ante los delitos de trata de personas, específicamente entre mujeres y niños. Todos sabemos de las condiciones por las que muchos de estos pueblos padecen, como la discriminación, la pobreza y la marginación que se han vuelto una constante, por lo que es imprescindible seguir trabajando en pro de esta población en todos lo frentes y uno de ellos, por supuesto, es en el terreno legislativo.

Aunque se quiera, por momentos, soslayar la importancia de este sector social, su relevancia cobra fuerza no solo como un tema de protección a sus derechos fundamentales, sino por el tamaño de población de la que estamos hablando, que de ninguna manera es menor.

Al respecto, estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la distribución de las localidades para ese año, según el grado de presencia indígena, se presenta de la siguiente manera: poco más de 15 mil se clasificaron como localidades indígenas con una población de 4.7 millones de personas (4.2% del total nacional); casi 4 mil, como predominantemente indígenas, con 1.8 mi­llones de residentes (1.6%); más de 7 mil, con moderada presencia indígena, donde habitan alrededor de cinco millones de habitantes (4.6%); y, finalmente, casi 81 mil localidades, con escasa presencia indígena, en las que vi­ven poco más de 100 millones de personas (89.6%).

En tal sentido, la Ley de referencia en su artículo 4º fracción XVII inciso d), en lo conducente establece:

Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

XVII. Situación de vulnerabilidad: Condición particular de la víctima derivada de uno o más de las siguientes circunstancias que puedan derivar en que el sujeto pasivo realice la actividad, servicio o labor que se le pida o exija por el sujeto activo del delito

d) Pertenecer o ser originario de un pueblo o comunidad indígena.

Asimismo, y en relación a las reglas generales para los delitos en materia de trata, el precepto establece la imposición de penas hasta en una mitad más en casos  específicos, tal y como se observa en la fracción VIII del artículo 42, que en lo conducente estipula:

Cuando la víctima pertenezca a un grupo indígena y en razón de ello sea objeto de alguna condición de desventaja o tenga una condición de vulnerabilidad;

Aunado a lo anterior, la fracción I en su segundo párrafo del artículo 90 tutela la obligación de la Comisión Intersecretarial, de garantizar condiciones de protección a víctimas del delito de trata que pertenezcan a una comunidad indígena, en cita:

En el caso de que las víctimas pertenezcan a algún pueblo o comunidad indígena o hablen un idioma diferente al español, se les designará un traductor que les asistirá en todo momento.

Sin embargo, advertimos que en lo que respecta a la atención preventiva a zonas y grupos de alta vulnerabilidad, no se incorpora de forma explícita a las comunidades indígenas como una de las zonas de atención prioritaria, por lo cual sostenemos la pertinencia de incorporar a estos grupos sociales dentro de este aspecto fundamental en el combate al delito de trata.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 2º Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 84 DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS.

Artículo único.- Se reforma la fracción V del artículo 2º y la fracción III del artículo 84 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto:

I. a IV. ...

V. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas y las comunidades indígenas, así como el libre desarrollo de, niñas, niños y adolescentes, cuando sean amenazados o lesionados por la comisión de los delitos objeto de esta Ley; y

VI. ...

Artículo 84. ...

I. a II. ...

III. Difusión, inspección y vigilancia de los programas, acciones y tareas;

IV. ...

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 1 de diciembre de 2015.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador Robles Montoya. Túrnese a las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; de Justicia; y de Estudios Legislativos.





 

Se recibió de los Senadores Jorge Aréchiga Ávila y María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Protección Contra el VIH/Sida e Infecciones de Transmisión Sexual. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CONTRA EL VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

(Presentada por los Senadores Jorge Aréchiga Ávila y María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM)

Los que suscriben, Senador Jorge Aréchiga Ávila y Senadora María Elena Barrera Tapia, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CONTRA EL VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los primeros casos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) se diagnosticaron en 1981 en Estados Unidos. En pocos meses se diagnosticaron en otros países, incluyendo a México. Desde entonces, se han infectado con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) más de 65 millones de personas en todo el mundo y han fallecido por esa causa más de 25 millones.1

De acuerdo con las cifras y datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS):2

• El VIH infecta las células del sistema inmunológico. La infección resulta en el deterioro progresivo del sistema inmunológico, afectando la capacidad del cuerpo para combatir enfermedades. El SIDA se refiere a las etapas más avanzadas de la infección por VIH, definido por la ocurrencia de más de 20 infecciones oportunistas o cánceres relacionados.

• El VIH puede transmitirse de diversas maneras: contacto sexual sin protección (vaginal o anal) o sexo oral con una persona infectada; transfusión de sangre contaminada; compartir agujas contaminadas; jeringas o instrumentos afilados; transmisión de madres a hijos durante el embarazo, nacimiento y lactancia.

• Hay varias maneras de prevenir la transmisión del VIH: tener prácticas sexuales seguras, como el uso del condón; diagnosticar y tratar las infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo el VIH; evitar drogas inyectables o usar siempre agujas y jeringas desechables; realizar pruebas de VIH en la sangre y productos sanguíneos para transfusión.

• Al cierre de 2014, 36.9 millones de personas viven con VIH en todo el mundo. La gran mayoría de las personas que viven con VIH están en países de ingresos bajos y medios. En 2014 se registraron 2 millones de casos nuevos. Se estima que 34 millones de personas han muerto por causas relacionadas con el SIDA.

• La terapia antirretroviral (TAR) evita la multiplicación del virus del VIH en el cuerpo, permitiendo que las células inmunológicas provean protección contra infecciones. La posibilidad de transmisión sexual del VIH disminuye en 96% con el uso de la TAR.

• Al inicio de 2015, 15 millones de personas estaban recibiendo TAR en todo el mundo. Cerca de 13.5 millones viven en países de ingresos bajos y medios. La OMS recomienda iniciar la TAR cuando el conteo de células CD4 es menor a 500 células/mm3. Además, se ha confirmado que esta terapia evita que continúe la transmisión del VIH.

• El diagnóstico del VIH ayuda a asegurar el tratamiento para la gente que lo necesita. Aproximadamente 150 millones de niños y adultos en 129 países se hicieron pruebas de VIH en 2014.Sin embargo, se estima que sólo el 51% de las personas que viven con VIH conocen su diagnóstico.

• Se estima que 2.6 millones de niños viven con VIH. La mayoría de ellos habitan en África Subsahariana3 y fueron infectados por sus madres durante el embarazo, nacimiento y lactancia. Cerca de 220 mil niños fueron infectados en 2014.

• La eliminación de la transmisión madre-hijo se está volviendo realidad. El acceso a medidas preventivas es limitado en muchos países, pero en 2014, un millón 70 mil mujeres embarazadas recibieron antirretrovirales, lo cual representa 7 de cada 10 mujeres embarazadas que viven con VIH.

• El VIH es el factor de mayor riesgo para desarrollar tuberculosis. En 2013 ocurrieron cerca de 360 mil muertes por tuberculosis, representando una cuarta parte de las personas 1.5 millones de muertes de personas que viven con VIH.

Estas cifras indican que a nivel mundial persisten varios retos importantes en el combate al VIH/SIDA. Es necesario frenar completamente la transmisión madre-hijo; también se debe proporcionar tratamiento antirretroviral a todas las personas elegibles y se requiere acelerar el acceso al diagnóstico y medicamentos, a fin de alcanzar la meta de eliminar el SIDA en 2030.

En México, hasta el cierre de 2013, se han notificado 217,987 casos históricos de VIH y SIDA en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y se estima que en la actualidad existen cerca de 180 mil personas con VIH de todas las edades, de las cuales se tienen notificadas 112,663 personas vivas (48,769 con VIH y 63,894 casos de SIDA), y han fallecido de manera acumulada 97,592 personas con VIH.4

Con respecto a los casos nuevos de VIH en adultos y niños, se observa un descenso considerable entre 2005 y 2013, pasando de 15 mil a 9mil 300; destacando una aparente estabilización en el periodo 2009-2011, con 10 mil infecciones nuevas, y una disminución adicional en los dos años subsecuentes.5

Con respecto a la mortalidad por SIDA, desde 1996, se han estabilizado las cifras y actualmente es de 4.2 muertes por cada 100 mil habitantes. Sin embrago, entre 2003 y 2011, casi 45mil personas murieron por causa del SIDA. Por ende, la mortalidad no ha disminuido en la forma deseable.6

Considerando las cifras anteriores, México se clasifica como un país con una epidemia de SIDA estable y concentrada, es decir, la prevalencia de infección por el VIH se ha mantenido en un subgrupo de la población, como son mujeres transgénero con una prevalencia del VIH de 20%, hombres que tienen sexo con hombres de 18%, hombres trabajadores sexuales de 18.2% y personas usuarias de drogas inyectables con 5.8%, y entre las mujeres embarazadas de zonas urbanas es menor al 1%.7

De manera contrastante, en las mujeres trabajadoras sexuales la prevalencia de VIH es menor al 1%, a pesar de que este grupo está fuertemente estigmatizado, lo cual refleja los prejuicios que persisten en nuestra sociedad y demuestra lo mal entendida que se encuentra esta infección.

Con respecto a las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), la OMS indica que hay más de 30 microorganismos diferentes transmisibles por vía sexual, que incluyen bacterias, virus y parásitos. Las ITS no tratadas pueden llegar a multiplicar por diez el riesgo de adquisición y transmisión del VIH. Por consiguiente, el control de las ITS es importante para la prevención de la infección por el VIH, sobre todo en personas con comportamientos sexuales de alto riesgo.

Las ITS representan un serio problema de salud pública en todo el mundo. La OMS estimó en 2013 que se producen en el mundo 500 millones de casos nuevos de ITS curables (sífilis, gonorrea, clamidiasis y tricomoniasis) cada año, en adultos de 15 a 49 años, siendo similar tanto en mujeres como en hombres.

En México, al cierre de 2012 se registraron 165,411 casos de ITS. Del total de casos, 66.7% corresponden a tricomoniasis urogenital, 24.2% corresponde al virus del papiloma humano (VPH). El chancro blando presentó 629 casos y la sífilis congénita 77 casos. La tricomoniasis urogenital y el VPH fueron detectadas con mayor frecuencia en mujeres mientras que el VIH y la hepatitis B, en los hombres.8

La OMS destaca los siguientes datos sobre las ITS y su importancia:9

• En las mujeres, las infecciones por gonococo y clamidia que no son tratadas a tiempo, pueden llegar a generar enfermedad pélvica inflamatoria hasta en 40% de los casos, y uno de cada cuatro de estos casos provoca infertilidad.

• En el embarazo, la sífilis temprana no tratada puede provocar una tasa de mortinatalidad de hasta 25% y 14% de las mujeres neonatales, lo que significa alrededor de 40% de la mortalidad perinatal global.

• El desarrollo de nuevas vacunas contra la infección por el virus de papiloma humano (VPH) podría evitar cada año la muerte prematura de aproximadamente 240 mil mujeres por cáncer cervicouterino, en las poblaciones de escasos recursos.

• En todo el mundo, cerca de 4 mil recién nacidos al año quedan ciegos como consecuencia de infecciones oculares atribuibles a infecciones gonocócicas y por clamidia maternas no tratadas.

Con respecto a la educación para la prevención del VIH/SIDA y las ITS, falta mucho por hacer. Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 señalan que del total de adultos entrevistados, un 91% ha tenido vida sexual activa, de los cuales 51% de los hombres y 66.3% de las mujeres reportaron no haber utilizado ningún método anticonceptivo en la primera relación sexual.

Con relación al control de estos padecimientos, el tratamiento efectivo es la base, ya que previene el desarrollo de complicaciones y secuelas, reduce su diseminación y brinda una ventana de oportunidad para la educación de la población. Asimismo, resulta necesario fortalecer la respuesta nacional al VIH/SIDA y a las ITS de manera conjunta.

Por otra parte, un reto importante en el combate al VIH/SIDA y las ITS consiste en eliminar el estigma y la discriminación contra la diversidad sexual, que se refleja, entre otras circunstancias, a través de actos violentos al derecho a la vida privada, la cual se vulnera a través de actos de odio o de violencia, como ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias que vulneran los derechos fundamentales, la integridad y la seguridad personal, o a través del acoso en las escuelas o el trabajo, lo que termina afectando la dignidad de las personas y obstaculiza su acceso a los servicios de salud.

A pesar de los diversos retos identificados, en más de 25 años de acciones en respuesta al VIH/SIDA y las ITS, se han logrado avances innegables en diferentes áreas de la prevención, atención, disminución de estigma y la discriminación, como resultado de políticas públicas impulsadas por diversos actores estratégicos e instituciones públicas; así como de la movilización social y participación activa de las organizaciones de la sociedad civil y personas con VIH del país.

Cabe mencionar que en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se llevaron a cabo 44 foros y 231 paneles de discusión, dentro de los cuales se incluyeron temas de salud. Algunas conclusiones sobre las preocupaciones en materia de VIH/SIDA fueron:

• Combatir la pandemia de VIH/SIDA.

• Aumentar la cobertura de los servicios de atención a las mujeres con VIH, especialmente para aquellas embarazadas e implementar metodologías adecuadas para su seguimiento.

• Proporcionar atención especializada a las personas con VIH/SIDA.

Asimismo, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 incluye las siguientes líneas de acción en materia de VIH/SIDA:

1.5.4. Promover la salud sexual y reproductiva responsable, así como la prevención del VIH y otras ITS.

1.5.5. Garantizar abasto y oferta de métodos anticonceptivos e insumos para la prevención del VIH y otras ITS.

1.5.6. Asegurar la detección y tratamiento oportuno de VIH, SIDA e ITS, con énfasis en poblaciones clave.

1.5.7. Incrementar el acceso y utilización de servicios de salud sexual y reproductiva en mujeres y hombres.

1.5.8. Incrementar la cobertura de detección prenatal y tratamiento oportuno para prevenir la transmisión vertical del VIH y sífilis congénita.

4.4.6.Instrumentar acciones para facilitar la prevención de embarazos, la profilaxis a VIH y otras ITS ante violencia sexual.

Además, se cuenta con un “Programa de Acción Específico. Respuesta al VIH, SIDA e ITS 2013-2018”, cuyos objetivos son:

1. Disminuir los efectos del VIH e ITS mediante prevención focalizada, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno; así como el fortalecimiento de la rectoría.

2. Implementar estrategias de prevención combinada en poblaciones clave y en situación de desigualdad.

3. Brindar atención integral de calidad del VIH e ITS, con respeto a los derechos humanos y a la diversidad sexual y cultural.

4. Eliminar la transmisión vertical del VIH y la sífilis congénita para lograr la primera generación libre de estas infecciones.

Adicionalmente, se encuentran vigentes dos Normas Oficiales Mexicanas en materia de VIH/SIDA e ITS:

• NOM-010-SSA2-2010. Para la prevención y control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana.

• NOM-039-SSA2-2002. Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual.

En el ámbito institucional, actualmente se cuenta con el órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud denominado “Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA” (CENSIDA), y con el órgano interinstitucional denominado “Consejo Nacional para la Prevención y el Control del SIDA” (CONASIDA).

Aunque las actividades de estas instituciones han logrado avances importantes para reducir la epidemia del VIH/SIDA y las ITS, aún quedan retos para dar una respuesta efectiva de acción integral a la infección y la enfermedad. Las brechas más relevantes a superar se encuentran en:10

• Fortalecer la rectoría.
• Cobertura de la población.
• Situaciones de desigualdad.
• Estigma y discriminación.
• Planeación estratégica.
• Eliminación de la transmisión perinatal del VIH.
• Lograr el continuo de la atención del VIH.
• Desarticulación de la atención integrada.
• Abasto y disponibilidad oportuna de insumos.
• Asignación de presupuesto.
• Evidencia para toma de decisiones.
• Coordinación institucional e interinstitucional.
• Continuidad de estrategias.

En el ámbito legislativo se tienen varios avances recientes en materia de VIH/SIDA. Entre ellos sobresalen los siguientes:

• El 15 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma a la Ley General de Salud que establece como materia de salubridad general el Programa Nacional de Prevención, Atención y Control del VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual.

• El 15 de enero de 2014 se publicó en el DOF la reforma a la Ley General de Salud que incorpora dentro de las acciones de cuidado materno-infantil, la atención de la transmisión del VIH/SIDA y otras Infecciones de Transmisión Sexual, en mujeres embarazadas a fin de evitar la transmisión perinatal.

• El 27 de enero de 2015 se publicó en el DOF la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas que incluye al SIDA dentro de las enfermedades que dan origen a retiro por incapacidad, cambio de arma o servicio.

En este orden de ideas, se concluye que el VIH y el SIDA continúan siendo un grave problema de salud pública en el mundo. En México se ha podido contener con éxito una generalización de la epidemia, sin embargo, la infección continúa concentrada en ciertos sectores de la población. Además, el estigma, la discriminación y la desigualdad de género relacionados con el VIH persisten como grandes obstáculos para lograr una respuesta eficaz.

Se observa que en el ámbito legislativo existen oportunidades de mejora, para contribuir a atender los retos de coordinación interinstitucional y la continuidad de estrategias. Por ello, el Partido Verde ha propuesto desde 2008 la creación de una ley de aplicación general en materia de VIH/SIDA e ITS.

A pesar de que la prevalencia de estos padecimientos no supera a las enfermedades cardiovasculares, sobrepeso y obesidad, las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA tienen una importancia especial y un impacto particular en la sociedad mexicana, debido al estigma social que las acompaña, afectando no solamente al paciente sino también a sus familiares y personas relacionadas de manera afectiva o sexual.

Cabe mencionar que el 30 de abril de 2015 fue publicada en el DOF la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, la cual responde a la necesidad de atención interdisciplinaria e institucional que requiere el conjunto de padecimientos denominados “espectro autista”.

Del mismo modo, el VIH/SIDA y las ITS requieren un marco legislativo más robusto, que fortalezca la normatividad y políticas ya existentes, a fin de combatir efectivamente estos padecimientos, con un enfoque multidisciplinario.

Como antecedente, diversos países de América Latina cuentan con leyes federales en materia de VIH/SIDA, entre ellos:

• Argentina: Diversas leyes nacionales y provinciales (1990)11

• Chile: Ley 19779. Establece normas relativas al virus de inmunodeficiencia humana y crea bonificación fiscal para enfermedades catastróficas (2001)12

• Costa Rica: Ley General del VIH/SIDA de la República de Costa Rica (1998)13

• Honduras: Ley Especial sobre VIH/SIDA (1999)14

• Nicaragua: Ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el SIDA (1999)15

• Panamá: Ley General sobre las infecciones de transmisión sexual, el virus de la inmunodeficiencia humana y el SIDA (2000)16

• República Dominicana: Ley No. 135-11. En materia de VIH/SIDA (2011)17

• Venezuela: Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH o SIDA y sus familiares (2014)18

Del mismo modo, en los Congresos locales de nuestro país se han presentado diversas iniciativas que proponen crear leyes locales en materia de VIH/SIDA. Hasta la fecha, tres Estados han aprobado este tipo de leyes:

• Distrito Federal: Ley para la prevención y atención integral del VIH/SIDA del Distrito Federal (2012)19

• Veracruz: Ley para enfrentar la epidemia del VIH-SIDA en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (2008)20

• Yucatán: Ley para la prevención y control del virus de inmunodeficiencia humana, síndrome de inmunodeficiencia adquirida y otras infecciones de transmisión sexual del Estado de Yucatán (2013)21

Por medio del portal Infomex, con número de folio 1200433915, se consultó a la Secretaría de Salud su postura con respecto a la expedición de una Ley en materia de VIH/SIDA, a lo cual la Secretaría indica que primero habría que hacerse las siguientes preguntas:

•¿Cuáles son los objetivos que se persiguen con la creación de esta Ley?

•¿Qué beneficios brindará o qué complicaciones agregará este instrumento legal para la prevención, la atención y el control del VIH/Sida?

•¿Se convertirá en un instrumento sinérgico con otros instrumentos legales, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Salud u otros, en beneficio de las personas que viven con VIH o con SIDA?

Adicionalmente, la Secretaría señala que los principales problemas no resueltos para la prevención, atención y control del VIH/SIDA son:

• Respeto a los derechos de la población LGBTTI (lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, intersexual), HTS (hombres trabajadores sexuales), MTS (mujeres trabajadoras sexuales), reclusos, UDI (usuarios de drogas inyectables).

• Garantizar servicios de salud integral, de calidad y libres de homofobia.

• Proporcionar tratamiento antirretroviral al 100% de las personas con VIH o con SIDA.

• Ampliar y mejorar la detección del VIH en mujeres embarazadas y otros grupos de la población: UDI, población privada de la libertad, niños y adultos mayores de 50 años.

• Mejorar los sistemas de registro de notificación, casos y controles.

• Detección de VIH a través de pruebas rápidas. En este sentido, la postura del CENSIDA con relación al respeto a la autonomía y confidencialidad de las personas VIH/SIDA ante diversos actores sociales: patrones, maestros y del personal de salud con la(s) pareja(s) de las personas con serología positiva.

Tomando como base estos antecedentes y los puntos clave comentados por la Secretaría de Salud, la presente iniciativa propone expedir una Ley General, cuyo objeto es fomentar la información, la prevención, la educación, el diagnóstico, la atención médica, la investigación, la vigilancia epidemiológica y las medidas de control referentes al VIH/SIDA y las infecciones de transmisión sexual, así como favorecer la inclusión social y no discriminación de las Personas que viven con VIH/SIDA.

Entre los aportes de la nueva Ley destacan los siguientes:

• Se modifica la denominación del CONASIDA y del CENSIDA, a fin de especificar la inclusión explícita de las Infecciones de Transmisión Sexual en las atribuciones de ambas instituciones.

• Se reúnen en un solo ordenamiento las funciones del CONASIDA y del CENSIDA, que actualmente se encuentran dispersas en el “Decreto por el que se reforma el Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida”22 y en el “Reglamento Interior de la Secretaría de Salud”, y se corrigen algunas imprecisiones.23

• Se señalan las características básicas del Programa Nacional de Prevención, Atención y Control del VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, el cual es materia de salubridad general.

• Se indican los derechos y obligaciones generales de las Personas que viven con VIH/SIDA, así como del personal de atención en salud y de la población en general, en relación con este padecimiento, abarcando los rubros de derechos fundamentales, información, prevención, educación, diagnóstico, atención médica e investigación.

• Se instruye la vigilancia epidemiológica permanente y se indican las principales medidas de control del VIH/SIDA y las ITS.

• Se establecen criterios generales para la inclusión social y no discriminación de las Personas que viven con VIH/SIDA.

• Se implantan sanciones relativas a la prevención, atención y control del VIH/SIDA, así como sanciones relativas a la discriminación de Personas que viven con VIH/SIDA.

Por último, cabe mencionar que el contenido del nuevo ordenamiento se encuentra armonizado con la legislación vigente en las materias afines, particularmente con las disposiciones contenidas en la Ley General de Salud y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CONTRA EL VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley General de Protección contra el VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CONTRA EL VIH/SIDA E
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Título Primero
Disposiciones Generales

Capítulo I
Objeto de la Ley y Definiciones

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés social y de observancia general en toda la República Mexicana.

La presente Ley tiene por objeto fomentar la información, la prevención, la educación, el diagnóstico, la atención médica, la investigación, la vigilancia epidemiológica y las medidas de control referentes al VIH/SIDA y las infecciones de transmisión sexual, así como favorecer la inclusión social y no discriminación de las Personas que viven con VIH/SIDA.

El Reglamento de la presente Ley establecerá las especificaciones para el fomento de las acciones referidas en el párrafo anterior.

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Antirretrovirales: Grupo de medicamentos que actúan específicamente como inhibidores de la multiplicación de los retrovirus, como el VIH.

II. CENSIDA: Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual.

III. CONASIDA: Consejo Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual.

IV. ITS: Infecciones de transmisión sexual, incluido el SIDA.

V. Ley: La presente Ley General sobre VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual.

VI. Personal de atención en salud: Todo tipo de trabajadores relacionados con la atención médico-quirúrgica y psiquiátrica, entre ellos médicos, enfermeros, auxiliares técnicos e investigadores.

VII. Personas que viven con VIH/SIDA: Individuos que, habiendo sido diagnosticados o no, padecen la infección con el virus del VIH, en su forma asintomática o en cualquier fase del cuadro clínico del SIDA.

VIII. Personas seropositivas: Individuos cuyo suero sanguíneo presenta anticuerpos que permiten diagnosticar la infección por un agente viral, en este caso el VIH.

IX. Prácticas sexuales protegidas: Contactos sexuales de cualquier tipo donde se utiliza una barrera mecánica adecuada, como el condón o preservativo. Por el contrario, las Prácticas sexuales no protegidas son aquellas donde no se utiliza una barrera mecánica adecuada, o se utiliza de manera incorrecta.

X. Programa: El Programa Nacional de Prevención, Atención y Control del VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual;

XI. Secretaría: La Secretaría de Salud.

XII. SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, padecimiento causado por el VIH.

XIII. VIH: Retrovirus llamado Virus de Inmunodeficiencia Humana, causante del SIDA.

XIV. VIH/SIDA: Término relativo al VIH y al SIDA en conjunto. También se refiere al padecimiento, en su forma asintomática o en cualquier fase del cuadro clínico.

Artículo 3. En todo aquello no previsto en la presente Ley, se aplicarán de manera supletoria la Ley General de Salud, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como la legislación en materia laboral y educativa, en lo que corresponda.

Capítulo II
De las Autoridades y sus Atribuciones

Artículo 4. Para el cumplimiento del objeto de la presente Ley, la Federación diseñará, expedirá e implementará la normatividad, programas y políticas públicas a que haya lugar, sin perjuicio de que las entidades federativas establezcan su propia legislación, normatividad, programas y políticas públicas en materia de VIH/SIDA e ITS, siempre que no contravengan el contenido de la presente Ley.

Artículo 5. Corresponden a la Secretaría las atribuciones otorgadas a la Federación en la presente Ley. Para tal efecto, la Secretaría se coordinará con el CONASIDA en lo que corresponda, y recibirá apoyo técnico del órgano desconcentrado CENSIDA.

Artículo 6. El CONASIDA es una instancia permanente de coordinación de los sectores público, social y privado para promover y apoyar las acciones de prevención y control del VIH/SIDA y las ITS.

El CONASIDA tendrá las siguientes funciones:

I. Proponer políticas, estrategias y acciones para la elaboración y operación del Programa;

II. Promover la coordinación de las acciones entre las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como entre las autoridades federales y los gobiernos de las entidades federativas, para la prevención y control del VIH/SIDA y las ITS; así como la concertación de acciones con los sectores social y privado en la instrumentación del Programa;

III. Proponer las medidas que considere necesarias para la prevención y el control del VIH/SIDA y las ITS;

IV. Promover la realización de actividades educativas, de investigación y de difusión, en materia de prevención y control del VIH/SIDA y las ITS;

V. Recomendar proyectos de investigación en la materia de su competencia;

VI. Promover la sistematización y difusión de la normatividad y de la información científica, técnica y sanitaria en materia de prevención y control del VIH/SIDA y las ITS;

VII. Opinar sobre los programas de capacitación y de atención médica relacionados con la prevención y el control del VIH/SIDA y las ITS;

VIII. Opinar sobre el sistema de información y evaluación del Programa, en los ámbitos nacional, estatal y municipal;

IX. Recomendar modificaciones a las disposiciones jurídicas vigentes que se relacionen con la prevención y el control del VIH/SIDA y las ITS;

X. Expedir y reformar su Reglamento Interno, y

XI. Las demás que le asigne el Ejecutivo Federal.

Artículo 7. Serán miembros permanentes del CONASIDA, el titular de la Secretaría de Salud, quien lo presidirá, así como los titulares de la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, y el Instituto Nacional de Salud Pública, además de un representante de la Secretaría de Salud, con nivel de Subsecretario.

El Presidente del CONASIDA invitará a formar parte de éste a representantes de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, así como de los sectores público, social y privado cuyas actividades tengan relación con las funciones del mismo.

Asimismo, previa invitación del Presidente del CONASIDA, participarán en las sesiones tres secretarios de salud de las entidades federativas, que deberán rotarse según lo determine el propio CONASIDA.

Artículo 8. El CONASIDA podrá determinar la creación de los comités y grupos de trabajo, tanto de carácter permanente como transitorio, que estime convenientes para el estudio y solución de los asuntos específicos relacionados con su objeto.

La integración de los comités, así como su organización y funcionamiento, se sujetarán a lo que disponga el Reglamento Interno del CONASIDA y en ellos podrán participar los representantes de las instituciones y organizaciones que para tal efecto invite el Presidente del CONASIDA.

Artículo 9. Para el ejercicio de sus funciones el CONASIDA contará con un Secretario Técnico que tendrá bajo su cargo el CENSIDA, cuyas facultades se establecen en la presente Ley y en las disposiciones reglamentarias que expida la Secretaría.

Artículo 10. El CENSIDA es un órgano desconcentrado de la Secretaría. Será la instancia rectora y de coordinación de la respuesta nacional al VIH/SIDA e ITS, con base en evidencia científica y en apego a la normatividad, con respeto a los derechos humanos, la diversidad y la perspectiva de género.

El CENSIDA tendrá las siguientes funciones:

I. Fungir, por conducto de su titular como Secretario Técnico del CONASIDA;

II. Proponer a la Secretaría las políticas y estrategias nacionales en materia de prevención de la infección por el VIH, la atención y control del SIDA y las ITS, incluyendo lo relativo a la prevención y combate del estigma y la discriminación vinculados con dichos padecimientos, así como evaluar su impacto;

III. Supervisar y evaluar el desarrollo, la aplicación y el impacto de las medidas de prevención, atención y control de la infección por el VIH/SIDA y las ITS;

IV. Formular el Programa, en coordinación con la Secretaría; así como evaluar su ejecución;

V. Proponer los lineamientos y los procedimientos técnicos para la organización, programación y presupuestación relacionados con el Programa;

VI. Participar, en el ámbito de su competencia, en la instrumentación del Sistema de Protección Social en Salud, en coordinación con la Secretaría;

VII. Promover mecanismos para fomentar la participación de la sociedad civil y, en lo general de la comunidad, así como de los sectores público y privado en las acciones materia de su competencia;

VIII. Coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal en lo relativo a los programas de investigación, prevención y control de la infección por el VIH/SIDA y las ITS, así como promover la concertación de acciones entre las instituciones de los sectores público, social y privado que lleven a cabo tareas relacionadas con estas materias, incluyendo lo relativo a la prevención y el combate al estigma y la discriminación vinculados con dichos padecimientos;

IX. Proponer los mecanismos de coordinación entre las autoridades federales y los gobiernos de las entidades federativas con el objeto de que éstas puedan aplicar las medidas necesarias para evitar la diseminación del VIH/SIDA y las ITS;

X. Promover la celebración de acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, así como con organismos e instituciones públicas, privadas y sociales, para impulsar su apoyo y participación en el desarrollo de las acciones de prevención y control del VIH/SIDA y las ITS;

XI. Promover la coordinación y la cooperación técnica de las instituciones y organizaciones nacionales con agencias e instituciones regionales e internacionales en actividades relacionadas con el VIH/SIDA y las ITS, en coordinación con las unidades administrativas competentes;

XII. Fijar criterios en materia de investigación sobre el VIH, el SIDA y las ITS, así como promover y apoyar la realización de investigaciones y eventos de carácter científico, relacionados con la materia, en coordinación con la Secretaría;

XIII. Regular y promover la difusión de la información sobre prevención, atención y control de la infección por el VIH/SIDA y las ITS, en coordinación con la Secretaría;

XIV. Participar en la definición, instrumentación, supervisión y evaluación de las estrategias y los contenidos técnicos de los materiales de comunicación social en el ámbito de su competencia, así como de los materiales didácticos y metodologías que se utilicen para la capacitación y actualización de los prestadores de servicios de salud, en coordinación con la Secretaría;

XV. Proponer la expedición y actualización de normas oficiales mexicanas en materia de prevención y control de la infección por el VIH/SIDA y las ITS, y vigilar su cumplimiento, con la participación que corresponda a la Secretaría;

XVI. Certificar el desempeño de las localidades, jurisdicciones sanitarias, entidades federativas, regiones, comunidades o establecimientos, según sea el caso, en relación con los programas del ámbito de su competencia;

XVII. Formular anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos o acuerdos y, en su caso, promover modificaciones al marco jurídico, con el propósito de eliminar toda forma de discriminación en contra de las Personas que viven con VIH/SIDA;

XVIII. Colaborar con la Secretaría en el seguimiento de los compromisos de carácter internacional que México haya suscrito en relación con la materia de su competencia;

XIX. Proponer la forma y términos de la aplicación de los recursos que obtenga por cualquier título legal, en función del combate a la epidemia del SIDA y las ITS;

XX. Imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad en la esfera de su competencia, así como remitir a las autoridades fiscales correspondientes, en su caso, las resoluciones que impongan sanciones económicas para que se hagan efectivas a través del procedimiento administrativo de ejecución, y

XXI. Las demás que le asigne el Ejecutivo Federal.

Capítulo III
Del Programa

Artículo 11. El Programa Nacional de Prevención, Atención y Control del VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual es materia de salubridad general.

El Programa contendrá los objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas que defina la Federación, en materia de información, prevención, educación, diagnóstico, atención médica, investigación, vigilancia epidemiológica y medidas de control referentes al VIH/SIDA y las ITS.

Artículo 12. La Secretaría publicará el Programa durante el primer año de ejercicio de cada periodo presidencial y de ser necesario, realizará ajustes del contenido sin afectar la continuidad de los objetivos, estrategias y líneas de acción.

El Programa será de observancia obligatoria para las autoridades del Sistema Nacional de Salud y las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, con la participación intersectorial y de la sociedad civil en lo que corresponda. El Programa deberá ser difundido al público.

Título Segundo
De los Derechos y Obligaciones en relación con el VIH/SIDA

Capítulo I
Derechos Fundamentales

Artículo 13. Las Personas que viven con VIH/SIDA tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier individuo, los cuales están establecidos en la Constitución Política, los ordenamientos jurídicos vigentes, y en los instrumentos internacionales ratificados por México, en materia de derechos fundamentales.

La violación de cualquier derecho o garantía de las Personas que viven con VIH/SIDA será denunciable ante las autoridades judiciales para reclamar las responsabilidades penales, civiles y administrativas del caso.

Artículo 14. La confidencialidad es un derecho fundamental de las Personas que viven con VIH/SIDA, las cuales podrán comunicar su condición de salud o diagnóstico clínico a quien deseen, con excepción de los casos donde la comunicación es obligatoria, señalados en la legislación.

Queda prohibido divulgar, de manera pública o privada, la condición de salud o diagnóstico clínico de una Persona que vive con VIH/SIDA sin el consentimiento expreso de esta última. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de notificación inmediata a la autoridad sanitaria más cercana, de los casos en que se detecte la presencia del VIH o de anticuerpos a dicho virus, en alguna Persona seropositiva.

El Personal de atención en salud que conozca la condición de salud o diagnóstico clínico de una Persona seropositiva guardará la debida confidencialidad referente a los resultados de los diagnósticos, las consultas y la evolución del padecimiento.

Artículo 15. Las Personas que viven con VIH/SIDA tienen derecho a no ser molestadas en el desarrollo de sus actividades civiles, familiares, laborales, profesionales, educativas, afectivas y sexuales, a menos que sea en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Capítulo II
Información, Prevención y Educación

Artículo 16. Todo individuo tiene derecho a la información veraz y oportuna relativa al VIH/SIDA y las ITS. Para tal efecto, la Secretaría implementará campañas permanentes de información y prevención. Dichas campañas deberán:

I. Abarcar todos los grupos sociales y niveles educativos, priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección del VIH/SIDA y las ITS.

II. Involucrar a todas las autoridades del Sistema Nacional de Salud y las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, con la participación intersectorial y de la sociedad civil en lo que corresponda.

III. Promover la inclusión social y no discriminación de las Personas que viven con VIH/SIDA.

IV. Informar acerca de las medidas para ejercer una sexualidad responsable, a fin de prevenir el VIH/SIDA y las ITS, con enfoque en promover las Prácticas sexuales protegidas y evitar las Prácticas sexuales no protegidas.

V. Promover la realización voluntaria de pruebas para el diagnóstico presuntivo del VIH y las ITS.

Artículo 17. La Federación promoverá la sexualidad responsable y las Prácticas sexuales protegidas como el uso del preservativo o condón, tanto femenino como masculino. La Secretaría, en coordinación con las autoridades de salud de las entidades federativas, facilitará la distribución gratuita de preservativos, como parte de las campañas de información y prevención del VIH/SIDA y las ITS.

Artículo 18. Todo individuo tiene derecho a la educación en materia de VIH/SIDA e ITS. Las instituciones de educación básica, media superior y superior deberán implementar en sus programas de educación formal los contenidos apropiados para que los niños y jóvenes en edad escolar conozcan de manera veraz y objetiva los temas relativos al VIH/SIDA y las ITS, de acuerdo con su nivel de desarrollo físico y mental. Estos contenidos deberán ser propuestos por el CENSIDA y aprobados por la Secretaría de Educación Pública.

Las universidades y los centros de educación superior que impartan estudios profesionales relacionados con las ciencias de la salud deberán incluir en los planes de estudio los temas relativos a la prevención, atención y control del VIH/SIDA y las ITS.

Capítulo III
Diagnóstico, Atención Médica e Investigación

Artículo 19. Todo individuo tiene la responsabilidad y el derecho de realizarse periódicamente pruebas de diagnóstico presuntivo de VIH e ITS, especialmente si ha incurrido en Prácticas sexuales no protegidas o si existe la sospecha de transmisión por vía no sexual.

La Secretaría, en coordinación con las autoridades de salud de las entidades federativas, implementará campañas permanentes para la realización de pruebas rápidas y gratuitas para el diagnóstico presuntivo de VIH e ITS, el cual deberá confirmarse mediante pruebas de diagnóstico clínico, en caso de resultar positivo.

El Personal de atención en salud que informe a un paciente sobre su diagnóstico clínico positivo al VIH, deberá indicar adicionalmente el carácter infeccioso del padecimiento, los medios de transmisión, las medidas para evitar el contagio, así como los derechos y obligaciones de las Personas que viven con VIH/SIDA, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.

Artículo 20. La Secretaría implementará mecanismos de colaboración con los hospitales y laboratorios de diagnóstico clínico para facilitar el acceso a las pruebas de diagnóstico presuntivo y de diagnóstico clínico del VIH/SIDA e ITS, las cuales serán siempre confidenciales entre el paciente y el Personal de atención en salud.
Las pruebas de diagnóstico clínico del VIH/SIDA son obligatorias exclusivamente en los siguientes casos:

I. Cuando exista necesidad, según el criterio médico que constará en el expediente clínico, con la finalidad de contar con un mejor fundamento para el tratamiento del paciente.

II. Cuando se requiera para efectos probatorios en un proceso penal, previa orden de la autoridad judicial competente, con el debido respecto de la dignidad del paciente.

III. Cuando se trate de donación de sangre, componentes sanguíneos, semen, leche materna, órganos y tejidos humanos.

Artículo 21. Todas las Personas seropositivas, debidamente diagnosticadas, tienen derecho a un tratamiento integral del padecimiento. Las autoridades del Sistema Nacional de Salud y las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias se coordinarán para que el tratamiento integral incluya lo siguiente:

I. Prescripción y administración de Antirretrovirales y medicamentos complementarios de la mejor calidad disponible, en cantidades suficientes, tiempo oportuno y precio asequible.

II. Asistencia médico-quirúrgica y psicológica, con disponibilidad suficiente de hospitales, centros de salud y albergues, con Personal de atención en salud debidamente capacitado.

III. Información exacta, clara, veraz y científica sobre el tratamiento, por parte del Personal de atención en salud.

El tratamiento integral deberá ser gratuito para las Personas seropositivas que lo requieran, de acuerdo con los criterios que establezca la Secretaría para tal efecto.

La Federación procurará los recursos presupuestarios necesarios para cumplir lo establecido en el presente artículo.

Artículo 22. Las Personas seropositivas que sean menores de edad o mujeres embarazadas tendrán prioridad para recibir atención integral de su padecimiento.

En el caso de Personas seropositivas menores de edad, los padres o tutores serán responsables de autorizar y dar seguimiento al tratamiento que requieran. Los hospitales y centros de salud facilitarán que los familiares directos del menor tengan acceso a la asesoría psicológica y consejería que requieran.

Artículo 23. Las Personas que viven con VIH/SIDA tienen la responsabilidad de cuidar su propia salud, acudir a consulta médica periódicamente y, en su caso, seguir el tratamiento indicado. Las Personas seropositivas debidamente diagnosticadas podrán colaborar en la prevención de la diseminación del VIH, comunicando de manera libre y voluntaria su condición de salud a las personas con las que hayan mantenido contacto sexual a partir de la fecha estimada de contagio.

Lo anterior no exime a todos los individuos de cuidar su propia salud y ejercer su sexualidad de manera responsable por medio de las Prácticas sexuales protegidas.

Artículo 24. Las acciones relacionadas con la atención médica e investigación científica garantizarán el respeto de los derechos fundamentales de las Personas que viven con VIH/SIDA.

Las investigaciones médicas relativas al VIH/SIDA deberán respetar en todo momento la dignidad e integridad del paciente. Las Personas que viven con VIH/SIDA no podrán ser objeto de investigaciones médicas sin haber otorgado su consentimiento por escrito o sin haber sido informadas detalladamente acerca de las condiciones, de los riesgos y de las consecuencias de la investigación.

Título Tercero
De la Vigilancia Epidemiológica y Medidas de Control

Capítulo I
Vigilancia Epidemiológica

Artículo 25. La Secretaría, en coordinación con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, realizará acciones permanentes para la vigilancia epidemiológica, incluyendo pero no limitándose a las siguientes:

I. Acopio, organización y difusión de información relevante y actualizada sobre el VIH/SIDA y las ITS.

II. Estudios, investigaciones y manejo de información estadística sobre los avances y evolución del VIH/SIDA y las ITS a nivel mundial y nacional.

III. Vigilancia y atención de las actividades riesgosas que afectan a la población, con respecto a la transmisión del VIH/SIDA y las ITS.

IV. Diseño y mejora de las medidas de prevención y el control de estos padecimientos.

Artículo 26. Toda la información relativa a la vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA guardará la debida confidencialidad, a fin de proteger la identidad de las Personas que viven con VIH/SIDA.

Los laboratorios, hospitales, instituciones y organizaciones relacionadas con la detección y tratamiento del VIH/SIDA y las ITS deberán comunicar sus resultados y datos relevantes a la Secretaría, la cual utilizará esta información exclusivamente con fines de vigilancia epidemiológica. El Reglamento de la presente Ley establecerá la periodicidad y los requisitos que deberá cumplir esta información.

Capítulo II
Medidas de Control

Artículo 27. La Secretaría implementará medidas permanentes para el control del VIH/SIDA y las ITS. Todos los hospitales y centros de salud en el territorio nacional deberán capacitar continuamente al Personal de atención en salud, acerca de dichas medidas.

Artículo 28. La Secretaría emitirá las disposiciones, normas de calidad y controles aplicables a productos, servicios e instalaciones, a fin de evitar la transmisión del VIH/SIDA y las ITS por vía no sexual en actividades que impliquen el manejo de instrumental quirúrgico o material biológico.

Las disposiciones que emita la Secretaría para tal efecto deberán ser acatadas por todos los laboratorios de análisis clínico o microbiológico, los consultorios médicos y odontológicos, las clínicas de procedimientos faciales, capilares, acupuntura y tatuajes, así como cualquier establecimiento que realice procedimientos quirúrgicos o invasivos.

Artículo 29. Los bancos de sangre, componentes sanguíneos, semen, leche materna, órganos y tejidos humanos deberán ejercer control sobre la calidad y los procesos que apliquen, con objeto de garantizar la inocuidad del material biológico, desde su recolección hasta su uso final.

Para tal efecto, los bancos deberán realizar pruebas en el material biológico para determinar la existencia de VIH/SIDA e ITS, o de cualquier enfermedad infecciosa, según determinen las autoridades sanitarias competentes.

Las Personas que viven con VIH/SIDA y que conozcan su condición de Personas seropositivas, confirmada mediante diagnóstico clínico, tienen prohibido donar los materiales biológicos indicados en el presente artículo.

Artículo 30. Todos los moteles, casas de citas, clubes de encuentro o establecimientos comerciales donde se permita el contacto sexual de cualquier tipo están obligados a proporcionar a cada cliente un mínimo de dos preservativos, cuyo costo estará incluido en el servicio básico. Para el cumplimiento de esta disposición, los establecimientos podrán solicitar asesoría a la Secretaría o a las autoridades de salud en las entidades federativas.

Artículo 31. El Sistema Penitenciario realizará las siguientes acciones para la prevención y control del VIH/SIDA y las ITS:

I. Pondrá a disposición de los reos y personal del sistema penitenciario pruebas rápidas y gratuitas para el diagnóstico presuntivo de VIH e ITS, y promoverá su realización voluntaria.

II. Facilitará la distribución de preservativos para los reos durante todo el periodo de detención.

III. Implementará campañas informativas permanentes para prevenir la transmisión del VIH/SIDA y las ITS por vía sexual y no sexual entre los reos, las personas relacionadas con ellos de manera afectiva o sexual, y el personal del sistema penitenciario.

IV. Brindará tratamiento ambulatorio o internamiento hospitalario a los reos que sean Personas seropositivas y que presenten complicaciones de salud, derivadas del padecimiento del VIH/SIDA.

V. Concederá aislamiento a los reos que sean Personas seropositivas y que hayan sido objeto de amenazas a su integridad física, o aquellos que deliberadamente intenten transmitir el VIH a otros individuos, sin perjuicio de aplicar otras medidas cautelares que determine la autoridad competente.

Artículo 32. Las organizaciones civiles dedicadas a los temas relacionados con el VIH/SIDA y las ITS podrán registrarse ante la Secretaría, para facilitar la colaboración mutua en acciones para el cumplimiento del Programa y del objeto de la presente Ley. La Secretaría elaborará y actualizará periódicamente un padrón de organizaciones civiles dedicadas al VIH/SIDA e ITS, el cual estará disponible públicamente.

Título Cuarto
De la inclusión social y no discriminación de las Personas que viven con VIH/SIDA

Capítulo Único

Artículo 33. Se considera discriminación estigmatizar y negar derechos a las Personas que viven con VIH/SIDA.

La Federación favorecerá la inclusión social y no discriminación de las personas que viven con VIH/SIDA. En estos asuntos, la Secretaría, el CONASIDA y el CENSIDA trabajarán de manera coordinada con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a fin de diseñar, expedir, implementar y evaluar la normatividad, programas y políticas públicas a que haya lugar.

Artículo 34. Queda prohibido todo acto de discriminación, estigmatización o segregación hacia las Personas que viven con VIH/SIDA, así como a sus familiares y personas relacionadas de manera afectiva o sexual. A ninguna Persona que vive con VIH/SIDA se le podrá negar el acceso a servicios o lugares públicos, con motivo de su condición de salud.

Artículo 35. Queda prohibido todo acto de discriminación en el ámbito laboral hacia las Personas que viven con VIH/SIDA. Ningún patrón, público o privado, nacional o extranjero, podrá por sí mismo o mediante otra persona, solicitar exámenes médicos o certificados de salud a los trabajadores, como requisito para obtener o conservar un puesto laboral.

Las Personas que viven con VIH/SIDA no estarán obligadas a informar a su patrón ni compañeros de trabajo acerca de su condición de salud o diagnóstico clínico, con la única excepción de los puestos laborales que impliquen contacto directo con instrumental médico-quirúrgico o con material biológico, donde exista riesgo comprobado de transmisión del VIH/SIDA por vía no sexual. En dichos casos, el patrón guardará la debida confidencialidad y, en su caso, procurará el cambio en las condiciones de trabajo del trabajador para el mejor desempeño de sus funciones laborales, con fundamento en criterios médicos.

En caso de presentar complicaciones de salud, derivadas del padecimiento del VIH/SIDA, el trabajador afectado recibirá el trato establecido en la legislación vigente en materia laboral.

Artículo 36. Queda prohibido todo acto de discriminación en el ámbito educativo hacia las Personas que viven con VIH/SIDA. Ningún centro educativo, público o privado, podrá por sí mismo o mediante otra persona, solicitar exámenes médicos o certificados de salud a los estudiantes y profesores, como requisito de ingreso o permanencia.

Ningún estudiante o profesor podrá ser excluido ni expulsado de cualquier centro educativo con motivo de su condición de salud, o por tener familiares y personas relacionadas de manera afectiva o sexual que sean Personas que viven con VIH/SIDA.

En caso de presentar complicaciones de salud, derivadas del padecimiento del VIH/SIDA, el estudiante o profesor afectado recibirá el trato establecido en la legislación vigente en materia educativa.

Título Quinto
Infracciones y Sanciones

Capítulo I
Infracciones y Sanciones relativas a la Prevención, Atención y Control del VIH/SIDA

Artículo 37. Corresponde al CENSIDA determinar infracciones e imponer sanciones en la esfera de su competencia, abarcando las actividades relativas a la prevención, atención y control del VIH/SIDA.

Artículo 38. Se impondrá multa de hasta 50 salarios mínimos a quien resulte culpable de divulgar la condición de salud o diagnóstico clínico de una Persona que vive con VIH/SIDA sin el consentimiento expreso de esta última. La multa será de hasta 100 salarios mínimos si el culpable se desempeña como Personal de atención en salud. Lo anterior sin menoscabo de las sanciones que pudieran derivarse, por daño moral.

Se impondrá prisión de hasta un año a quien resulte culpable de violaciones graves o reiteradas a la confidencialidad de una o varias Personas que viven con VIH/SIDA. La pena será de hasta dos años si el culpable se desempeña como Personal de atención en salud.

Artículo 39. Se impondrá multa de hasta 200 salarios mínimos al Personal de atención en salud, así como al hospital o centro de salud que por negligencia o por voluntad propia se niegue a brindar un tratamiento integral a una Persona seropositiva.

Se impondrá prisión de hasta un año al Personal de atención en salud que resulte culpable de cobrar los medicamentos o servicios de atención médica que la Secretaría haya determinado como gratuitos para las Personas seropositivas que lo requieran.

Artículo 40. Se impondrá multa de hasta 200 salarios mínimos a la institución que resulte culpable de no respetar la dignidad, integridad o confidencialidad de las Personas que viven con VIH/SIDA que sean objeto de investigaciones médicas. La multa será de hasta 400 salarios mínimos si no se cuenta con el consentimiento por escrito de los pacientes o si éstos no fueron informados acerca de las condiciones, de los riesgos y de las consecuencias de la investigación.

Artículo 41. Se impondrá multa de hasta 300 salarios mínimos a:

I Los laboratorios de análisis clínico o microbiológico, los consultorios médicos y odontológicos, las clínicas de procedimientos faciales, capilares, acupuntura y tatuajes, así como cualquier establecimiento que realice procedimientos quirúrgicos o invasivos, que resulten culpables de no cumplir las disposiciones, normas de calidad y controles aplicables a productos, servicios e instalaciones, a fin de evitar la transmisión del VIH/SIDA y las ITS por vía no sexual en actividades que impliquen el manejo de instrumental quirúrgico o material biológico.

II. Los bancos de sangre, componentes sanguíneos, semen, leche materna, órganos y tejidos humanos que incumplan las disposiciones de salubridad e inocuidad aplicables a sus actividades.

III. Los moteles, casas de citas, clubes de encuentro o establecimientos comerciales donde se permita el contacto sexual de cualquier tipo, que no proporcionen preservativos a sus clientes.

La Secretaría emitirá una orden de vigilancia sanitaria a los establecimientos referidos en el presente artículo, que sean reportados de incumplir las disposiciones aplicables para evitar la transmisión del VIH/SIDA. En caso de incumplimiento reiterado, se impondrá clausura del establecimiento.

Capítulo II
Infracciones y Sanciones relativas a la Discriminación
de las Personas que viven con VIH/SIDA

Artículo 42. Sin menoscabo de las sanciones por discriminación establecidas en la legislación penal, se impondrá multa de hasta cien salarios mínimos a la institución o establecimiento que resulte culpable de denegar a una Persona que vive con VIH/SIDA el acceso a servicios o lugares públicos, con motivo de su condición de salud.

Artículo 43. La Secretaría de Educación Pública y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en sus respectivos ámbitos de competencia, impondrán las sanciones correspondientes por las conductas discriminatorias que se comprueben.

Artículo 44. Se impondrá multa de hasta cien salarios mínimos a la institución laboral o educativa, pública o privada, que solicite o efectúe en su personal contratado, personal por honorarios, personal por contratar, personal de servicio social, colaboradores externos, estudiantes o profesores, cualquier prueba de diagnóstico de VIH/SIDA.

Artículo 45. Se impondrá multa de hasta trescientos salarios mínimos a:

I. La institución laboral que deniegue la obtención o conservación de un puesto laboral a una Persona que vive con VIH/SIDA, con motivo de su condición de salud.

II. La institución educativa que deniegue el ingreso o permanencia a una persona que vive con VIH/SIDA, con motivo de su condición de salud.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo máximo de tres meses posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Salud expedirá el Reglamento de la Ley General de Protección contra el VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual.

Tercero. En un plazo máximo de seis meses posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, el CONASIDA actualizará su Reglamento Interno, a fin de adecuarlo al contenido de la Ley.

Cuarto. En un plazo máximo de nueve meses posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Salud expedirá, revisará y actualizará las disposiciones reglamentarias y normas que correspondan, a fin de dar cumplimiento al objeto de la Ley.

Quinto. La Secretaría de Salud deberá publicar la primera versión del Programa Nacional de Prevención, Atención y Control del VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual en un plazo máximo de doce meses posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. Las versiones subsecuentes se publicarán en los términos del artículo 12 de la presente Ley.

Sexto. Se abroga el “Decreto por el que se reforma el Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida, y se abroga el diverso por el que se crea al Consejo Nacional para la Prevención y control del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida, publicado el 24 de agosto de 1988”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2001.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el 1 de diciembre de 2015.

Sen. Jorge Aréchiga Ávila.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 Instituto Nacional de Salud Pública. 2009. 25 años de SIDA en México. Logros, desaciertos y retos
http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/SIDA25axos-26mar.pdf

2 World Health Organization (WHO). 10 facts on HIV/AIDS (páginaconsultadaenoctubre 2015)
http://www.who.int/features/factfiles/hiv/facts/en/

3 África Subsahariana abarca los siguientes países: Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, República Centroafricana, Chad, Comoras, Congo, República Democrática de Congo, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Gana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenia, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauricio, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Ruanda, Sao Tome and Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán del Sur, Suazilandia, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia y Zimbabue.

4 Secretaría de Salud. 2013.Programa de Acción Específico. Respuesta al VIH, SIDA e ITS 2013-2018
http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/acerca/PAE_2013_2018_AUTORIZADA.pdf

5 Secretaría de Salud. 2013.op. cit.

6 Secretaría de Salud. 2013.op. cit.

7 Secretaría de Salud. 2013.op. cit.

8 Secretaría de Salud. 2013.op. cit.

9 Secretaría de Salud. 2013.op. cit.

10 Secretaría de Salud. 2013.op. cit.

11 Digesto de leyes nacionales y provinciales de la República Argentina sobre VIH/SIDA
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/6263/1997-ARG-digesto-leyes-VIH.pdf?sequence=4&isAllowed=y

12 Ley 19779. Establece normas relativas al virus de inmunodeficiencia humana y crea bonificación fiscal para enfermedades catastróficashttp://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=192511

13 Ley General del VIH/SIDA de la República de Costa Rica.Ley Nro. 7771 Publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 20 deMayo de 1998.http://www.hsph.harvard.edu/population/aids/costarica.aids.98.pdf

14 Ley Especial Sobre VIH/SIDA. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 29,020 del Sabado 13 de Noviembre de 1999.Decreto: No. 147-99 http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Leyes/Ley%20Especial%20sobre%20el%20SIDA.pdf

15 Ley No. 238 “Ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el SIDA” 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_127761.pdf

16 Ley No. 3 de 5 de enero de 2000 (Gaceta Oficial 23,964 de 7 de enero de 2000) General sobre las infecciones de transmisión sexual, el virus de la inmunodeficiencia humana y el sida http://www.hsph.harvard.edu/population/aids/panama.aids.90.pdf

17 Ley No. 135-11 (en materia de VIH/SIDA)
http://www.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/novedades/Novedad_Ley_135-11.pdf

18 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Año CXLII – Mes III. Caracas, martes 30 de diciembre de 2014. Número 40.571 http://www.stopvih.org/pdf/Ley-Proteccion-de-Personas-con-VIH-y-sus-Familiares-Promulgada-30Dic2014.pdf

19 Ley para la prevención yatención integral del VIH/SIDA del DistritoFederal. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de junio de 2012. Última reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de septiembre de 2014. http://aldf.gob.mx/archivo-12b28d9460f66f93a0268e3ed29bbe9d.pdf

20 Ley para enfrentar la epidemia del VIH-SIDA en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ley publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, el día jueves 25 de diciembre del año 2008
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/VIH/LeyesNormasReglamentos/Leyes/LeyesEspecificasVIH/Ley_VIH_
veracruz.pdf

21 Gobierno del Estado de Yucatán. Poder Ejecutivo. Decreto Número 86. Publicado D.O. Viernes 26 de julio de 2013 http://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/02/2013/DIGESTUM02298.pdf

22 Decreto por el que se reforma el Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida, y se abroga el diverso por el que se crea al Consejo Nacional para la Prevención y control del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida, publicado el 24 de agosto de 1988. Diario Oficial de la Federación. 5 de julio de 2001.http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/conasida-decreto.pdf

23 Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2004.Última reforma DOF 10-01-2011. http://cgajdh.salud.gob.mx/descargas/LV/30-RISS.pdf





 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 3o. constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 3o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso de mis compañeras y compañeros Senadores.

México se encuentra inmerso en un halo de violencia que vulnera la integridad de sus habitantes, sus derechos y libertades. La inseguridad se incrementa día con día. Varios estados del país se encuentran en fuego y destrucción debido al alto índice de violencia que viven internamente; en algunos otros, se ha decidido detener el dolor y sufrimiento con la creación de autodefensas que sirvan como contrapeso para menguar la violencia; otros tantos, ya sin elección, se ven obligados a desplazamientos forzados, pago de piso y cuotas, donación de bienes y otras mercancías, entre muchas otras más, para, de alguna manera, garantizar un poco de paz. Y es que la violencia que se vive en el país es un cáncer que debe combatirse no sólo con armas, sino haciendo nuestra una cultura de paz.

Es aquí donde precisamente nos valemos de la educación, del cambio en el pensamiento y en la conducta que genera ésta en los educandos. Debemos partir de la idea de Freire en que todos nos educamos a la vez, tanto maestro como alumno, como sociedad; no una anquilosada educación bancaria, para ayudar a construir el tejido social y paulatinamente, junto a la implementación de políticas públicas, herramientas legales y mayor participación ciudadana, el país tiende a una evolución en beneficio de sus habitantes, en consonancia con sus derechos humanos. Una apuesta sistemática en favor de la paz y la dignidad de las personas.

¿Por qué la educación puede generar un cambio en beneficio de la paz?

Ante esta realidad es menester apostarle a la educación y a principios como la libertad, la justicia y la cultura de paz; a estrategias educativas que contribuyan a combatir la situación grave de violencia e inseguridad que vive el país y que estimulen el desarrollo de conocimientos, valores y actitudes que la contrarresten, con la finalidad de construir bases sólidas para el desarrollo de la paz; debe, además, orientarse hacia el cultivo y el progreso de la solidaridad, la empatía, la promoción de comportamientos y acciones que favorezcan la construcción de la conciencia de justicia y dar paso a una cultura de paz.

La educación se fundamenta en la naturaleza biológica, química, física, neuropsicológica, cognitiva y emocional del ser humano, en tanto que es un ser capaz de desarrollar integralmente todas estas capacidades. La educación, además, implica referirse a un proyecto de planificación del futuro que deseamos; la socialización sobre el presente legado cultural y la construcción de las nuevas generaciones para diseñar desde la generación de nuevas ideas, de la expresión social y la acción nuevas formas de mejorar nuestro entorno.

Educación que debe estar inspirada en los valores universales y en un modelo que la sociedad mexicana aspira dentro de la justicia social.

Se vislumbra con lo anterior que educar es una tarea común, inacabable, de interés general y de la cual depende la creación de las condiciones de vida digna que merecen todas las personas, tanto en su formación individual como para la convivencia colectiva. Con la educación se deben formar personas reflexivas, críticas, con gran sentido humano y de justicia, que actúen individualmente y con un sentido colectivo de convivencia fraterna, civilizada y de relaciones armónicas que combatan la violencia que destruye al país.
Al tenor de lo anterior, la educación debe estar orientada al desarrollo integral de las personas y la construcción de formas de convivencia centradas en el respeto de la otredad, el otro en el sentido de diálogo. Lamentablemente en el país se muestran día con día actos de crueldad como masacres, desaparición forzada, graves violaciones a los derechos humanos, todo esto con las agravantes de exclusión, pobreza y marginación que empeoran la situación. Este tipo de actos, y parafraseando a la educadora de derechos humanos, Rosa María Mújica Barrera, deja secuelas físicas, psicológicas y culturales que dañan a la persona y a la sociedad.

Por esto mismo, se trata de buscar formas de intervención alternativas desde la educación que tiendan a revertir la situación de violencia que sufre el país, transformando el miedo y la desconfianza por una cultura de paz que esté apegada al pleno desarrollo de la persona.

Es tiempo de dejar ver a la educación como una forma de adquirir conocimientos dentro de parámetros de instrumentación pragmática para poder entrar a un mundo globalizado cada vez más individualista y competitivo; debemos ahora, además, optar por una visión sistemática con mayor sentido humano. Es un reto general que involucra a las familias, las escuelas, las organizaciones, el Estado mismo, para que pueda surgir una cultura basada en la paz y así paulatinamente reconstruir el tejido social.

¿Por qué en la Constitución?

La educación es un derecho que prontamente evoluciona, ya que se actualiza de las innovaciones y cambios de la sociedad. Por ser la educación un servicio público de la mayor relevancia y significación política y social, la conformación y desarrollo de su régimen jurídico excede las cuestiones de estricta técnica legislativa y debe revisarse también a la luz de la historia, de la sociología y la filosofía política de cada pueblo, en particular, bajo la tutela de una política educativa nacional.

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación son los principales instrumentos legales que regulan los principios fundamentales de la educación y el sistema educativo nacional. Estos documentos definen los principales objetivos, intenciones y fundamentos educativos y se establecen las disposiciones de carácter normativo, técnico, pedagógico, administrativo, financiero y de participación social. Se trata de un derecho humano que permite impulsar el desarrollo integral de la personalidad de los integrantes de una nación, además de ser eje central de la vida política y social de nuestro país.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la educación, hasta nivel bachillerato, debe ser obligatoria, laica, gratuita y democrática; tenderá a desarrollar armónicamente las facultades del ser humano y fomentará el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de solidaridad internacional y nacional, en la independencia y en la justicia, al mismo tiempo que contribuya a la mejor convivencia humana, al aprecio por la dignidad integral de la persona y la familia, al interés general de la sociedad, al cuidado para sostener los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todas las personas, evitando los privilegios por motivos económicos, políticos, de raza, religión, grupos, sexos o individuos.

Estos son a grandes rasgos los principios fundamentales de la educación en México, no obstante, en la actualidad se requiere de acciones que fortalezcan no sólo al educando en un aspecto meramente académico, sino para que en la sociedad donde interactúa exista una mejor convivencia y una sana armonía. Una educación que tenga su verdadero sentido en la constante mejoría de las relaciones entre la sociedad y sus beneficios.

Por tal razón, un principio imprescindible para este cambio que buscamos es la cultura de la paz, para que la sociedad, a través de la educación, vaya modificando sus conductas en favor de la armonía social y de la sana convivencia de sus congéneres, que debe versar en el ordenamiento jurídico supremo de México.
¿La cultura de la paz puede mejorar a la sociedad?

La cultura de la paz tiene como fin fundamental el rechazo de la violencia, en todas sus modalidades, como forma de solucionar los conflictos entre los individuos o grupos sociales. Y para que esto pueda ser posible se debe dar un amplio consenso al respecto, es decir, la paz se debe interiorizar culturalmente y esto supone erradicar la justificación de la guerra y la violencia como forma de resolver los problemas que surgen de la convivencia cotidiana.

La cultura de la paz es, en definitiva, una cultura que busca la armonía social fundada en los principios de libertad, justicia y democracia, de tolerancia y solidaridad, de fraternidad y empatía, que debe rechazar la violencia; procura prevenir las causas de los conflictos que lo originan y dar solución a los problemas mediante el diálogo y la negociación; y garantizar a todos el pleno ejercicio de los derechos y los medios para participar plenamente en el desarrollo de la sociedad.

En este cambio la educación tiene un papel importante en tanto que incide desde las aulas como el cambio paulatino de conciencia, en la construcción de los valores en los que serán futuros ciudadanos. Esto permite una evolución del pensamiento contra toda actitud antisocial como una herramienta para el mejoramiento individual y colectivo. Los cambios evolutivos, aunque lentos, son los que tienen un carácter más irreversible y en este sentido la educación ayuda con la construcción de nuevas formas de pensar, actuar y comunicar. Pero la educación formal no es suficiente para que estos cambios se den a profundidad. La sociedad, desde los diferentes ámbitos implicados y desde su capacidad educadora, también debe incidir y apoyar los proyectos y programas educativos formales.

De tal manera, es importante que se genere un proceso de reflexión sobre cómo se puede incidir en la construcción de la cultura de la paz, con los medios de comunicación, la familia, los vecinos, las empresas, las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil. Se trata de generar una conciencia colectiva sobre la necesidad de una cultura de la paz enraizada en la sociedad con tanta fuerza que no deje lugar a la violencia. Y se trata de que los gobiernos tomen conciencia de esta cultura de la paz y de los factores y condicionantes que la facilitarían, tal como eliminar las situaciones de injusticia y de pobreza, distribución más equitativa de la riqueza, derecho a la educación en igualdad de condiciones, entre otras. Y por otro lado, se convierta esta conciencia en una nueva cultura para ejercer el poder.

La educación para la paz es una forma particular de educar a través de valores. Cuando se educa, se trasmite una escala de valores y conductas. Educar para la paz supone ayudar a construir formas de vida y de relaciones; valores y actitudes determinados, tales como la justicia, libertad, cooperación, respeto, solidaridad, la actitud crítica, el compromiso, la autonomía, el diálogo, la participación. Al mismo tiempo, se cuestionan los valores que son contrarios a la paz como la discriminación, la intolerancia, la violencia, el conformismo y así, la construcción de una cultura de la paz quiere decir que debe haber un compromiso social desde todas las esferas generando políticas e intervenciones que la refuercen.

Educar para la paz desde la escuela implica darle una dimensión transversal de forma que afecte a todos los contenidos de todas las áreas o disciplinas que se estudian, pero también a la metodología y organización del centro. Ésta habrá de establecer los mecanismos que la favorezcan.

La construcción de la cultura de la paz es un proceso lento que supone un cambio de mentalidad individual y colectiva en el mediano y largo plazo. Es por esto que, junto con las acciones realizadas en este sentido por las escuelas y las familias, se requiere la participación de la sociedad en sus diferentes ámbitos y desde su capacidad formativa a través de acciones coordinadas y con la correspondiente colaboración institucional, generando así el proceso de reflexión y debate sobre la mejor forma de contribuir a crear las bases de la construcción colectiva de la cultura de la paz.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Y con esto también agradezco al grupo de estudiantes y de jóvenes universitarios que encabeza nuestro amigo, Israel Rosy Bermúdez, que ha sido atendida su solicitud de presentar esta iniciativa a nombre de la colectividad estudiantil.

Muchas gracias.

Iniciativa

La suscrita, Martha Palafox Gutiérrez, Senadora de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 numeral 1, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de agregar, dentro de los objetivos de la educación en México, el principio de cultura de la paz, para, por medio de la inclusión de este principio en la conducta de los educandos, combatir la violencia e inseguridad y consecuentemente resarcir el tejido social, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México se encuentra inmerso en un halo de violencia que vulnera la integridad de sus habitantes, sus derechos y libertades. La inseguridad se incrementa día con día. Varios estados del país se encuentran en fuego y destrucción debido al alto índice de violencia que viven internamente; en algunos otros, se ha decidido detener el dolor y sufrimiento con la creación de autodefensas que sirvan como contrapeso para menguar la violencia; otros tantos, ya sin elección, se ven obligados a desplazamientos forzados, pago de “piso” y “cuotas”, “donación” de bienes y otras mercancías, entre muchas más, para, de alguna manera, “garantizar” un poco de paz. Y es que la violencia que se vive en el país es un cáncer que debe combatirse no solo con armas, sino haciendo nuestra una cultura de paz.

Es aquí donde precisamente nos valemos de la educación, del cambio en el pensamiento y la conducta que genera ésta en los educandos (debemos partir de la idea de Freire en que todos nos educamos a la vez, tanto maestro como alumno como sociedad; no una anquilosada educación bancaria), para ayudar a construir el tejido social y paulatinamente, junto a la implementación de políticas públicas, herramientas legales y mayor participación ciudadana, el país tienda a una evolución en beneficio de sus habitantes, en consonancia con sus derechos humanos. Una apuesta sistémica en favor de la paz y la dignidad de la persona.

¿Por qué la educación puede generar un cambio en beneficio de la paz?

Ante esta realidad es menester apostarle a la educación y a principios como la libertad, la justicia, la cultura de paz; a estrategias educativas que contribuyan a combatir la situación grave de violencia e inseguridad que vive el país y que estimulen el desarrollo de conocimientos, valores y actitudes que la contrarresten, con la finalidad de construir bases sólidas para el desarrollo de la paz; debe, además, orientarse hacia el cultivo y progreso de la solidaridad, la empatía, la promoción de comportamientos y acciones que favorezcan la construcción de la conciencia de justicia y dar paso a una cultura de paz.

La educación se fundamenta en la naturaleza biológica, química, física, neuropsicológica, cognitiva y emocional del ser humano, en tanto que es un ser capaz de desarrollar integralmente todas estas capacidades. La educación, además, implica referirse a un proyecto de planificación del futuro que deseamos; la socialización sobre el presente legado cultural; y la construcción de las nuevas generaciones para diseñar desde la generación de nuevas ideas, de la experiencia social y de la acción nuevas formas de mejorar nuestro entorno. Educación que debe estar inspirada en los valores universales y en un modelo que la sociedad mexicana aspira dentro de la justicia social.

Se vislumbra con lo anterior que educar es una tarea común, inacabable, de interés general y de la cual depende la creación de las condiciones de vida digna que merecen todas las personas, tanto en su formación individual como para la convivencia colectiva. Con la educación se deben formar personas reflexivas, críticas, con gran sentido humano y de justicia,  que actúen individualmente y con un sentido colectivo de convivencia fraterna, civilizada y de relaciones armónicas que combatan la violencia que destruye al país.

Al tenor de lo anterior, la educación debe estar orientada al desarrollo integral de las personas y la construcción de formas de convivencia centradas en el respeto de la otredad (el otro en el sentido de diálogo). Lamentablemente en el país se muestran día con día actos de crueldad como masacres, desaparición forzada, graves violaciones a los derechos humanos, todo esto con las agravantes de  exclusión, pobreza y marginación que empeoran la situación. Este tipo de actos y parafraseando a la educadora en derechos humanos, Rosa María Mujica Barreda, deja secuelas físicas, psicológicas y culturales que dañan a la persona y a la sociedad. Por esto mismo, se trata de buscar formas de intervención alternativas desde la educación que tiendan a revertir la situación de violencia que sufre el país, transformando el miedo y la desconfianza por una cultura de paz que esté apegada al pleno desarrollo de la persona.

Es tiempo de dejar de ver a la educación como una forma de adquirir conocimientos dentro de parámetros de instrumentación pragmática para poder entrar a un mundo globalizado cada vez más individualista y competitivo, debemos ahora, además, optar por una visión sistémica con mayor sentido humano. Es un reto general que involucra a las familias, las escuelas, las organizaciones, el Estado mismo, para que pueda surgir una cultura basada en la paz y así paulatinamente reconstruir el tejido social.

¿Por qué en la Constitución?

La educación es un derecho que prontamente evoluciona, ya que se actualiza de las innovaciones y cambios de la sociedad. Por ser la educación un servicio público de la mayor relevancia y significación política y social, la conformación y desarrollo de su régimen jurídico excede las cuestiones de estricta técnica legislativa y debe revisarse también a la luz de la historia, la sociología y la filosofía política, de cada pueblo en particular bajo la tutela de una política educativa nacional.1

El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación son los principales instrumentos legales que regulan los principios fundamentales de la educación y el sistema educativo nacional. Estos documentos definen los principales objetivos, intenciones y fundamentos educativos y se establecen las disposiciones de carácter normativo, técnico, pedagógico, administrativo, financiero y de participación social. Se trata de un derecho humano que permite impulsar el desarrollo integral de la personalidad de los integrantes de una Nación, además de ser eje central de la vida política y social de nuestro país.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la educación, hasta nivel bachillerato, debe de ser obligatoria, laica, gratuita y democrática; tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de solidaridad internacional y nacional, en la independencia y en la justicia, al mismo tiempo que contribuya a la mejor convivencia humana, al aprecio por la dignidad e integridad de la persona y la familia, al interés general de la sociedad, al cuidado para sostener los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todas las personas, evitando los privilegios por motivos económicos, políticos, de raza, de religión, grupos, sexos o individuos.

Estos son a grandes rasgos los principios fundamentales de la educación en México, no obstante, en la actualidad se requiere de axiomas que fortalezcan no sólo al educando en un aspecto meramente académico, sino para que en la sociedad donde interactúa exista una mejor convivencia y una sana armonía. Una educación que tenga su verdadero sentido en la constate mejoría de las relaciones entre la sociedad y sus beneficios. .

Por tal razón, un principio imprescindible para este cambio que buscamos es la cultura de la paz, para que la sociedad, a través de la educación, vaya modificando sus conductas en favor de la armonía social y de la sana convivencia de sus congéneres, que debe versar en el ordenamiento jurídico supremo de México.

¿La cultura de la paz puede mejorar a la sociedad?

La cultura de la paz tiene como fin fundamental el rechazo de la violencia, en todas sus modalidades, como forma de solucionar los conflictos entre los individuos o grupos sociales. Y para que esto pueda ser posible se debe dar un amplio consenso al respecto, es decir, la paz se debe interiorizar culturalmente y esto supone erradicar la justificación de la guerra y la violencia como forma de resolver los problemas que surgen de la convivencia cotidiana.

La Cultura de la paz es, en definitiva, una cultura que busca la armonía social fundada en los principios de libertad, justicia y democracia, de tolerancia y solidaridad, de fraternidad y empatía, que debe rechazar la violencia; procura prevenir las causas de los conflictos que lo originan y dar solución a los problemas mediante el diálogo y la negociación; y garantiza a todos el pleno ejercicio de los derechos y los medios para participar plenamente en el desarrollo de su sociedad.

En este cambio la educación tiene un papel importante en tanto que incide desde las aulas con el cambio paulatino de conciencia, en la construcción de los valores de los que serán futuros ciudadanos. Esto permite una evolución del pensamiento contra toda actitud antisocial como una herramienta para el mejoramiento individual y colectivo. Los cambios evolutivos, aunque lentos, son los que tienen un carácter más irreversible y en este sentido la educación ayuda con la construcción de nuevas formas de pensar, actuar y comunicar. Pero la educación formal no es suficiente para que estos cambios se den a profundidad. La sociedad, desde los diferentes ámbitos implicados y desde su capacidad educadora, también deben incidir y apoyar los proyectos y programas educativos formales.

De tal manera, es importante que se genere un proceso de reflexión sobre cómo se puede incidir en la construcción de la cultura de la paz, con los medios de comunicación, la familia, los vecinos, las empresas, las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil. Se trata de generar una conciencia colectiva sobre la necesidad de una cultura de la paz enraizada en la sociedad con tanta fuerza que no deje lugar a la violencia. Y se trata de que los gobiernos tomen conciencia de esta cultura de la paz y de los factores y condicionantes que la facilitarían, tal como eliminar las situaciones de injusticia y de pobreza, distribución más equitativa de la riqueza, derecho a la educación en igualdad de condiciones, entre otras.  Y por otro lado que conviertan esta conciencia en una nueva cultura para ejercer el poder.

La educación para la paz es una forma particular de educar a través de valores. Cuando se educa, se transmite una escala de valores y conductas. Educar para la paz supone ayudar a construir formas de vida y de relaciones;  valores y actitudes determinados, tales como la justicia, libertad, cooperación, respeto, solidaridad, la actitud crítica, el compromiso, la autonomía, el diálogo, la participación. Al mismo tiempo se cuestionan los valores que son contrarios a la paz como la discriminación, la intolerancia, la violencia, el conformismo. Así, la construcción de una cultura de la paz quiere decir que debe haber un compromiso social desde todas las esferas generando políticas e intervenciones que la refuercen.

Educar para la paz desde la escuela implica darle una dimensión transversal de forma que afecte a todos los contenidos de todas las áreas o disciplinas que se estudian pero también a la metodología y organización del centro. Esta habrá de establecer los mecanismos que la favorezcan.

La construcción de la cultura de paz es un proceso lento que supone un cambio de mentalidad individual y colectiva en el mediano y largo plazo. Es por esto que, junto con las acciones realizadas en este sentido por las escuelas y las familias, se requiere la participación de la sociedad, en sus diferentes ámbitos y desde su capacidad formativa a través de acciones coordinadas y con la correspondiente colaboración institucional, generando así un proceso de reflexión y debate sobre la mejor forma de contribuir a crear las bases de la construcción colectiva de la cultura de la paz.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo segundo y la fracción II del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Tercero.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, una cultura de la paz, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

I...

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia, la inseguridad por medio de la cultura de la paz, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la inseguridad y la no violencia por medio del fomento a la cultura de paz.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 1 de diciembre de 2015.

Atentamente

Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora Palafox Gutiérrez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

1 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones. Tomo XVI. Séptima edición. México. Edit. Miguel Ángel Porrúa. 2006. Pág. 96





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza para presentar, a nombre propio y de diversas Senadoras y Senadores, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona y reforma la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA Y REFORMA LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, a nombre propio, de los Senadores del grupo parlamentario del PRI y de los Senadores María Elena Barrera Tapia, Lorena Cuéllar Cisneros y Héctor Larios Córdova)

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso del Presidente y de la Mesa Directiva.

En nombre de mis compañeras y compañeros Senadores de la República, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como de la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; de la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Partido de la Revolución Democrática, y del Senador Héctor Larios Córdova, del Partido Acción Nacional, acudo a esta tribuna a presentar la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay más de mil millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 15 por ciento de la población total, quienes suelen ser objeto de discriminación a causa de prejuicios o ignorancia, además de que la mayoría de las veces no cuentan con acceso a servicios esenciales.

En México, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, señala que en nuestro país hay 7.7 millones de personas en esta condición, lo que equivale al 6.6 por ciento de la población total.

Dentro del contexto que viven, aún y reconociendo todos los esfuerzos realizados por los tres órdenes de gobierno, encontramos datos preocupantes.

Más de la mitad de las personas con discapacidad no reciben ingresos y casi el 20 por ciento perciben menos de un salario mínimo.

Las personas con discapacidad ocupan el tercer lugar como grupo social que se siente más desprotegido y el segundo lugar, como grupo social más discriminado.

En virtud de ello, como un esfuerzo del Poder Legislativo para hacer frente a esta realidad y empoderar a las personas con discapacidad, desde el disfrute de sus derechos humanos, se creó en el año 2011 la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que contempla las directrices para que logren ejercerlos en circunstancias de igualdad. En ella se comprenden aspectos como el alcance de todos sus derechos en materia de salud, trabajo, educación, accesibilidad y justicia, entre otros.

Sin duda alguna, sus aportaciones han sido de gran relevancia; pero como cualquier instrumento legal, es perfectible.

De tal forma que ante el escenario actual, resulta necesario que fortalezcamos su alcance y contenido con la finalidad de que sea un instrumento garante y responda a las necesidades que hoy manifiestan las personas con discapacidad en México.

En ese sentido, la presente iniciativa tiene como finalidad armonizar los preceptos contenidos en diversas disposiciones nacionales e internacionales, en las cuales destaca:

En materia de trabajo y empleo, la protección contra el acoso, reparación por agravios y la promoción de oportunidades empresariales y de empleo por cuenta propia, así como medidas de nivelación tales como la adaptación de los puestos de trabajo para personas con discapacidad.

En materia de accesibilidad, se plantean mecanismos para eliminar los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones, así como enriquecer el concepto del diseño universal con los elementos de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

En cuanto a movilidad, se proponen acciones para facilitarles la movilidad personal y que el personal especializado reciba capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad.

En materia de turismo y cultura, considerar como discriminación la restricción de la participación de las personas con discapacidad en actividades deportivas, recreativas o culturales, al tiempo de definir responsabilidades para facilitar las oportunidades necesarias para el uso y disfrute de las instalaciones destinadas a la actividad turística.

Y finalmente, en materia de lucha contra estereotipos, se incorpora la promoción de nuevas campañas de sensibilización pública respecto de las personas con discapacidad, así como la eliminación de mensajes peyorativos.

Compañeras y compañeros: Por lo antes expuesto, quienes presentamos esta iniciativa, lo hacemos convencidos de que las propuestas señaladas son la mejor estrategia para continuar en el perfeccionamiento jurídico a favor de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Los invitamos a que desde el Poder Legislativo construyamos condiciones para una mayor inclusión, participación y pleno respeto a las personas con discapacidad, quienes, sin duda alguna, son muestra de fortaleza ante la vida.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, a nombre propio y de las Senadoras y Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, MARÍA ELENA BARRERA TAPIA Senadora Integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, LORENA CUÉLLAR CISNEROS Senadora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA Senador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA Y REFORMA LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- Históricamente el Estado Mexicano se ha colocado como un promotor de los derechos humanos a nivel internacional, particularmente de los derechos de las personas con discapacidad. Ejemplo de ello lo tenemos en los años 2000 a 2005, cuando México fue uno de los primeros países en exponer a la Organización de las Naciones Unidas la necesidad de contar a nivel internacional con un instrumento en materia de derechos humanos a favor del respeto y la igualdad de las personas con discapacidad. Teniendo como principal motor las organizaciones de la sociedad civil, que a nivel interno motivaron que el Estado Mexicano realizara esta observación e impulsará la creación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Bajo ese contexto, entendiendo que los tres Poderes de la Unión formamos parte del Estado y que no puede considerarse un país garantista aquel que no es capaz de promover los derechos de toda sus población por igual, desde el Poder Legislativo se comenzó a trabajar en la creación de leyes y modificación de disposiciones para impulsar y garantizar la inclusión de las personas con discapacidad.

En lo tocante al marco jurídico nacional, en el año 2005 existían alrededor de 32 leyes que trataban de manera diferente y aislada el tema de la discapacidad, sin contemplar la terminología correcta, ni criterios adecuados para su tratamiento.

La configuración de este marco normativo generó confusión, trato diferenciado y discriminación involuntaria. Por ello, fue necesario aprobar en ese mismo año la Ley General de Personas con Discapacidad que estableció parámetros para la elaboración de normas locales y el desarrollo de políticas públicas. Sin duda alguna, esta legislación representó un gran avance, pero aún tenía una visión asistencialista.

Posteriormente, en el mes de diciembre del año 2006la Asamblea General de ONU publicó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por el Senado de la República el 27 de septiembre de 2007, entrando en vigor el 3 de mayo de 2008 y con la que se dio paso a un cambio de paradigma sobre la conceptualización de la discapacidad y su enfoque de atención.

Bajo ese nuevo contexto, se trabajó en la creación de un marco normativo nacional con perspectiva de derechos humanos bajo la denominación de Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicado el 30 de mayo de 2011 a partir del cual se definen trasversalmente sus derechos en diversas materias como salud y asistencia social, deporte, trabajo y empleo, educación, accesibilidad y vivienda por mencionar solo algunos.

2.- La Ley General para la Inclusión contempla las directrices para que las personas con discapacidad logren ejercer sus derechos en circunstancias de igualdad, a través de 60 artículos distribuidos en cuatro Títulos y 20 Capítulos.

Dentro de ellos, se comprenden aspectos como el objeto de la Ley, sus definiciones, así como el reconocimiento, cumplimiento y aplicación de los derechos de las personas con discapacidad.

También, define de forma integral sus derechos en materia de salud y asistencia social, trabajo y empleo, educación, accesibilidad y vivienda, transporte público y comunicaciones, desarrollo social, recopilación de datos y estadística, deporte, recreación, cultura y turismo, acceso a la justicia, libertad de expresión, opinión y acceso a la información, así como los lineamientos para el establecimiento de un “Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad” y un “Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”.

Asimismo, aspecto relevante y aportación fundamental de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, es la creación de un organismo público descentralizado rector de las políticas públicas en la materia, denominado “Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”.

Finalmente, esta Ley contempla sanciones para los servidores públicos que incumplan los preceptos establecidos y por último, dentro de los artículos transitorios, mandata la abrogación de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

3.- De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay más de mil millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad en el mundo, 15% de la población total, quienes suelen ser objeto de discriminación a causa de prejuicios o ignorancia, además de que no tienen acceso a servicios esenciales.

En México, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, señala que en México hay 7.7 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, lo que equivale al 6% de la población total.

Dentro las estadísticas encontramos datos preocupantes: más de la mitad de las personas con discapacidad no reciben ingresos y casi el 20% percibe menos de un salario mínimo.

Asimismo, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México en su edición 2010, nos revela que las personas con discapacidad ocupan el tercer lugar como grupo social que se siente más desprotegido y el segundo lugar como grupo social más discriminado.

4.- En virtud de la necesidad de continuar trabajando en favor de las personas con discapacidad y sus derechos fundamentales, esta Iniciativa tiene como finalidad armonizar los preceptos contenidos en diversas disposiciones nacionales, así como incluir otros conceptos previstos en  tratados internacionales y mejores prácticas normativas de legislaciones de otros países, a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad con el objeto de perfeccionar su alcance y mantenerla como una legislación a la vanguardia.

Para ello, esta iniciativa propone reformas y adiciones en las siguientes materias:

• Trabajo y empleo.
• Accesibilidad.
• Movilidad.
• Turismo y cultura.
• Lucha contra estereotipos.

I.- Trabajo y empleo:

Los conceptos y disposiciones que se determinó armonizar o en su caso, exportar de mejores prácticas de legislaciones de otros países, son:

a) De la Convención:

• La protección contra el acoso, y la reparación por agravios sufridos;

• Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias.

b) De la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (Convención Interamericana) se considera que puede enriquecer la LGID las medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo.

c) De la Ley Federal para Prevenir y erradicar la Discriminación se propone incorporar la disposición del artículo 15 Quáter referente a las medidas de nivelación, tales como la adaptación de los puestos de trabajo para personas con discapacidad.

d) Se propone retomar el concepto relativo a que las personas con discapacidad reciban formación y capacitación para obtener un empleo adecuado.

e) Asimismo, la Ley para Igualdad entre Hombres y Mujeres, tiene el concepto referente al establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y los procesos productivos, así como promover la revisión de los sistemas fiscales para reducir los factores que relegan la incorporación de las personas al mercado de trabajo, en razón de su discapacidad, disposición que se propone incorporar en la LGIPD.

f) Finalmente, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, prevé un esquema  que  se propone exportar a la LGIPD y que tiene que ver con establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en la materia. Asimismo se adoptan disposiciones para mejorar sistemas de inspección  de cumplimiento de normas en la materia, y para impulsar la capacitación en materia de procuración de justicia cuando está involucrada una persona con discapacidad.

II.- Accesibilidad

En esta materia se armonizan e incorporan las siguientes disposiciones:

a) La disposición de prever medidas para eliminar los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad que contempla la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contara las Personas con Discapacidad.

b) De la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, el concepto que considera discriminación a la falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información, tecnología y comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público.

c) Enriquecer el concepto de diseño universal con los elementos de la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (LGDNNA), respecto a que no excluirá las ayudas técnicas para niñas, niños y adolescentes con discapacidad cuando se necesiten.

d) Asimismo, retomar de la LGDNNA la disposición referente a que las autoridades dispondrán lo necesario para garantizar que niñas, niños y adolescentes con discapacidad cuenten con los sistemas de apoyo para ejercer su derecho a la libertad de expresión, acceso a la información y sistema de apoyo para la expresión de su voluntad.

e) La legislación  española contiene disposiciones que han aportado avances significativos en la inclusión, tales como la obligación para que el gobierno realice en cierto plazo estudios integrales sobre la accesibilidad a bienes o servicios que se consideren más relevantes desde el punto de vista de la no discriminación y accesibilidad universal, por lo que se propone incluir esta disposición en la legislación nacional.

III.- Movilidad

En esta materia se armonizan e incorporan las siguientes  disposiciones:

a) El concepto que prevé la Convención respecto a facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento qué deseen a un costo asequible.

b) El concepto referente a ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje con estas personas, capacitación en habilidades relacionas con la movilidad.

c) El concepto que ya se maneja en  la Ley Federal para Prevenir y erradicar la Discriminación, respecto a que se considera discriminación el limitar el acceso y libre desplazamiento en los espacios públicos.

d) La disposición de la Convención Interamericana, referente a las medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones, desde el momento de su construcción o fabricación, faciliten el trasporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad.

IV.- Turismo y cultura

En esta materia se armonizan e incorporan las siguientes  disposiciones:

a) De la Ley Federal para Erradicar la Discriminación, el concepto relativo a que se considera como discriminación, restringir la participación en actividades deportivas, recreativas o culturales; con ello se estaría garantizando que en ninguna actividad turística o cultural se discrimine a persona con discapacidad, alguna, por parte de ninguna autoridad federal, estatal o municipal.

b) La propuesta define responsabilidades de los tres órdenes de gobierno de facilitar a las personas con discapacidad las oportunidades necesarias para el uso y disfrute de las instalaciones destinadas a la actividad deportiva, cultural y turística.

Asimismo la iniciativa que se presente prevé que los tres órdenes de gobierno deben supervisar que los prestadores de servicios deportivos, culturales y turísticos provean lo necesario para que las personas con discapacidad cuenten con accesibilidad.

V.- Lucha contra estereotipos

En esta materia se armonizan e incorporan las siguientes  disposiciones:

a)  En atención a los mandatos de la Convención , se incorpora el concepto de poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas a fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad; y a promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas con discapacidad.

b) Se propone incorporar la obligación de  realizar campañas de información  sobre las características propias de la condición de  cada tipo de discapacidad, a fin de crear conciencia al respecto en la sociedad.

c) Se incorporar una disposición que establece con claridad que corresponde a los Municipios diseñar, formular y aplicar campañas permanentes de concientización, así como programas de desarrollo de acuerdo a la región.

d) La iniciativa incorporar el principio referente a alcanzar la eliminación de costumbres, tradicionales, prejuicios  y estereotipos.

Así, con las propuestas señaladas, como una estrategia para continuar en el perfeccionamiento jurídico en favor de los derechos humanos de las personas con discapacidad, quienes presentamos esta iniciativa sometemos a consideración de esta soberanía la Iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción II XXIX al artículo 2 recorriendo un numeral el contenido de la actual fracción II en adelante, un último párrafo al artículo 4, un segundo párrafo a la fracción I y las fracciones XIV, XV y XVI del artículo 6, un Capítulo II bis, las fracciones VIII a XVI del artículo 11, un artículo 11 bis, las fracciones IV y V al artículo 16, los artículos 16 bis, 18 bis, 18 ter, 18 quáter, el Capítulo IV bis, un párrafo al artículo 19, la fracción V al artículo 24, los artículos 27 bis, 27 ter, 27 quáter y las fracciones XVIII y XIX, y se reforma el contenido de las nuevas fracciones IV, VII y XXI del artículo 2, el artículo 20 y la fracción VI del artículo 42, todos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I…

II. Acción Afirmativa. Aquéllas acciones destinadas a prevenir o a compensar las desventajas que tienen las personas con discapacidad y sus familias en la incorporación y participación plena en todos los aspectos de la vida cotidiana, en atención a los diferentes tipos y grados de discapacidad.

III. Ajustes Razonables. Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;

IV. Asistencia Social. Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, discapacidad, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva;

V. Ayudas Técnicas. Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad;

VI. Comunicación. Se entenderá el lenguaje escrito, oral y la lengua de señas mexicana, la visualización de textos, sistema Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia escritos o auditivos de fácil acceso, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios, sistemas y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso;

VII. Comunidad de Sordos. Todo aquel grupo social cuyos miembros tienen alguna deficiencia del sentido auditivo debiéndose comunicar por Lengua de Señas Mexicana o cualquier otro tipo de comunicación que no sea en lengua oral;

VIII. Consejo. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

IX. Convención. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

X. Discriminación por motivos de discapacidad. Se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables;

XI. Diseño universal. Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten;

XII. Educación Especial. La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género;

XIII. Educación Inclusiva. Es la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos;

XIV. Estenografía Proyectada. Es el oficio y la técnica de transcribir un monólogo o un diálogo oral de manera simultánea a su desenvolvimiento y, a la vez, proyectar el texto resultante por medios electrónicos visuales;

XV. Estimulación Temprana. Atención brindada a niños y niñas de entre 0 y 6 años para potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciados que abarquen todas las áreas del desarrollo humano, sin forzar el curso natural de su maduración;

XVI. Igualdad de Oportunidades. Proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación, en igualdad de oportunidades con el resto de la población;

XVII. Lenguaje. Se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal;

XVIII. Lengua de Señas Mexicana. Lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral;

XIX. Ley. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

XX. Organizaciones. Todas aquellas organizaciones sociales constituidas legalmente para el cuidado, atención o salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad o que busquen apoyar y facilitar su participación en las decisiones relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de programas para su desarrollo e integración social;

XXI. Perro guía o animal de servicio. Son aquellos empleados para el acompañamiento, conducción y auxilio de personas con discapacidad;

XXII. Persona con Discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás;

XXIII. Política Pública. Todos aquellos planes, programas o acciones que la autoridad desarrolle para asegurar los derechos establecidos en la presente Ley;

XXIV. Prevención. La adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, intelectuales, mentales y sensoriales;

XXV. Programa. El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

XXVI. Rehabilitación. Proceso de duración limitada y con un objetivo definido, de orden médico, social y educativo entre otros, encaminado a facilitar que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial óptimo, que permita compensar la pérdida de una función, así como proporcionarle una mejor integración social;

XXVII. Sistema. Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

XXVIII. Sistema de Escritura Braille. Sistema para la comunicación representado mediante signos en relieve, leídos en forma táctil por las personas ciegas, y

XXIX. Transversalidad. Es el proceso mediante el cual se instrumentan las políticas, programas y acciones, desarrollados por las dependencias y entidades de la administración pública, que proveen bienes y servicios a la población con discapacidad con un propósito común, y basados en un esquema de acción y coordinación de esfuerzos y recursos en tres dimensiones: vertical, horizontal y de fondo.

Artículo 4…

Las autoridades federales, estatales y municipales establecerán medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover políticas transversales para la inclusión por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, así como las actividades políticas y de administración.

Artículo 6…

I…

Las políticas públicas deberán contemplar la discapacidad como eje transversal, siendo éstas reflejadas en las líneas de acción de las dependencias y entidades del Gobierno Federal, en cualquier ámbito de actuación pública, tomando en cuenta las necesidades, los derechos y las demandas de las personas con discapacidad en todo el territorio nacional.
II a XI…

XII. Impulsar la participación solidaria de la sociedad y la familia en la preservación, y restauración de la salud, así como la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad;

XIII. Poner en marcha programas y acciones para las mujeres y niñas con discapacidad, incluidas  medidas de nivelación y acción afirmativa, para erradicar su discriminación en todos los ámbitos de la  vida, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, garantizando su participación efectiva en su diseño e implementación;

XIV. Realizar campañas de comunicación efectivas de sensibilización pública, en los medios, destinadas a fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad, y a promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las características propias de las personas con discapacidad, y

XV. Impulsar políticas públicas que mejoren la accesibilidad para las personas con discapacidad;

XVI…

Artículo 11…

I a VII…

VIII. Promover la capacitación profesional basada en criterios de inclusión, tomando en cuenta las capacidades y potencialidades, de  acuerdo al tipo de discapacidad, para que las personas con discapacidad puedan obtener un empleo adecuado, a  fin de fortalecer la posibilidad de una vida independiente;

IX. Coordinar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la revisión de los sistemas fiscales para reducir los factores que relegan la incorporación de las personas al mercado de trabajo, en razón de su discapacidad;

X. Establecer medidas para eliminar progresivamente la discriminación en trabajo y empleo para las personas con discapacidad;

XI. Diseñar un esquema de estímulos y certificados de inclusión que se concederán anualmente a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en materia de inclusión;

XII. Promover medidas de nivelación, tales como adaptación de los puestos de trabajo para personas con discapacidad;

XIII. Mejorar los sistemas  de inspección de cumplimiento por parte de los sectores público y privado, de la cuota laboral, de la legislación y normas en materia de trabajo y empleo;

XIV. Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en particular las condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y la reparación por agravios sufridos;

XV. Promover y supervisar que los empleadores realicen las adecuaciones a las instalaciones de los centros de trabajo, a fin de facilitar el acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad, y

XVI. Las demás que dispongan otros ordenamientos.

Capítulo II Bis
Oportunidades Empresariales o de Empleo por Cuenta Propia

Artículo 11 bis. El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Economía, deberá promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias, para las personas con discapacidad.

Artículo 16…

...

I y III…

IV. Promoverá medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en territorio nacional, faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad, y

V. Elaborará un Programa Nacional de Accesibilidad aplicable al entorno físico, al  transporte, a la información y las comunicaciones por parte  del sector público y del sector privado, y a otros servicios e instalaciones públicas.

Artículo 16 bis.  Se considerará como discriminación  en términos del artículo 4 de la presente ley, cuando las autoridades federales, estatales o municipales, adquieran o renten  vehículos para servicio público, o construyan  instalaciones para los servicios de transporte público, que no tengan diseño universal.

No se considerará discriminación cuando las  autoridades demuestren la imposibilidad por parte de los proveedores para atender la demanda de vehículos con  diseño universal de manera oportuna, en el caso de que el retraso afecte la prestación del servicio público.

Art. 18 bis. Se considera discriminación la falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información, tecnología y comunicaciones, en servicios e instalaciones públicas. 

Art. 18 ter. Las autoridades federales,  estatales y municipales, según corresponda:

I. Establecerán acciones para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad, y

II. Dispondrán lo necesario para garantizar que las personas con discapacidad cuenten con los sistemas de apoyo para ejercer su derecho a la libertad de expresión, acceso a la información y sistema de apoyo para la expresión de su voluntad.

III. Realizarán los estudios integrales sobre la accesibilidad a los bienes o servicios que se consideren más relevantes desde el punto de vista de la no discriminación.

Capítulo IV Bis
Movilidad Personal

Artículo 18 quáter. Las autoridades federales, estatales y municipales adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:

I. Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible;

II. Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible;

III. Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje con ellas, capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad;

IV. Fomentar y apoyar a las empresas que fabrican ayudas y elementos de accesibilidad para la movilidad, dispositivos y tecnologías de apoyo para que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad. (Propuesta que se exporta de la Convención de UN)

V. Vigilar que los organismos competentes para conceder permisos de operación a organizaciones de taxis, exijan  que al menos un porcentaje de sus unidades cuenten con las adecuaciones técnicas necesarias para transportar a personas con discapacidad con movilidad reducida, y

VI.  Emitir normas técnicas y realizar acciones para garantizar que las instalaciones públicas tengan diseño universal y accesibilidad física para todo tipo de discapacidad, incluyendo a las rutas de evacuación.

Artículo 19…

I a V…

Las autoridades de las entidades federativas deberán promover que en la concesión del servicio de transporte público terrestre, las unidades e instalaciones garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios, incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos técnicos o humanos y personal capacitado.

Artículo 20. En lo correspondiente a la regulación del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, se deberán contemplar a favor de las personas con discapacidad, todos los derechos contenidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Artículo 24…

I a III…

IV. Asegurar que los espacios físicos donde se realicen, practiquen o presenten actividades deportivas, cuenten con las especificaciones técnicas para garantizar la accesibilidad y la seguridad de las personas con discapacidad que participen como  espectadores o como deportistas, y

V. Las demás que dispongan otros ordenamientos.

Artículo 25…

I y II…

III. Asegurar que los espacios físicos donde se realicen, practiquen o presenten actividades culturales, cuenten con las especificaciones técnicas para garantizar la accesibilidad y la seguridad de las personas con discapacidad que  participen como espectadores o artistas.

IV. Las demás que dispongan otros ordenamientos.

Artículo 27 bis. Se considera como discriminación, restringir la participación en actividades deportivas, recreativas, turísticas o culturales a personas con discapacidad.

Artículo 27 ter. Las autoridades federales, estatales y municipales deberán facilitar a las personas con discapacidad las oportunidades necesarias para el uso y disfrute de las instalaciones públicas destinadas a la actividad deportiva, cultural y turística, para ello impulsarán acciones en los principales puntos de interés deportivo, cultural y turístico de las ciudades, tales como:

I. Elaborar de rutas y guías turísticas con diseño universal;

II. Establecer mapas hápticos, y

III. Incorporar señalización braille, en relieve y con alto contraste y medidas de diseño universal en los accesos y rutas de evacuación.

Las características de las acciones se establecerán en las disposiciones generales que emita el Ejecutivo Federal.

Artículo 27 quáter. La Secretaría de Turismo Federal, con el apoyo de las secretarías de turismo estatales y municipales, y a través de la celebración de convenios, supervisará que los prestadores de servicios turísticos en términos del artículo 19 de la Ley General de Turismo, provean lo necesario para que las personas con discapacidad cuenten con accesibilidad a los servicios en condiciones adecuadas, incluyendo el permiso a acceder con la compañía de perros guía y animales de servicio, así como proveer información accesible en sistemas braille.

Artículo 42…

I…

VI. Promover y fomentar la cultura de la dignidad y respeto de las personas con discapacidad, a través de programas y campañas de sensibilización y concientización, que ayuden a eliminar las costumbres y estereotipos que afectan a  las  personas con discapacidad;

V a XVI…

XVII. Establecer programas de capacitación para el empleo y la autogestión económica de las personas con discapacidad;

XVIII. Coordinar la elaboración y actualización de un Registro Nacional de Personas con Discapacidad  que contenga los datos de las condiciones de salud, educación, familiares, laborales y socioeconómicos de las personas con discapacidad,  el cual se conformará con la información de los padrones estatales, y

XIX. Las demás que le confieran éste y otros ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 1 de diciembre de 2015.

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. Emilio Gamboa Patrón.- Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz.- Sen. Ivonne Liliana Álvarez García.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Mely Romero Celis.- Sen. María Lucero Saldaña Pérez.- Sen. Roberto Armando Albores Gleason.- Sen. Daniel Amador Gaxiola.- Sen. Joel Ayala Almeida.- Sen. Ricardo Barroso Agramont.- Sen. Enrique Burgos García.- Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Manuel Cavazos Lerma.- Sen. Raúl Cervantes Andrade.- Sen. Miguel Ángel Chico Herrera.- Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez.- Sen. Omar Fayad Meneses.- Sen. Braulio Manuel Fernández Aguirre.- Sen. Ernesto Gándara Camou.- Sen. Félix Arturo González Canto.- Sen. Isaías González Cuevas.- Sen. Ismael Hernández Deras.- Sen. Aarón Irízar López.- Sen. René Juárez Cisneros.- Sen. Patricio Martínez García.- Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal.- Sen. Armando Neyra Chávez.- Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas.- Sen. David Penchyna Grub.- Sen. Eviel Pérez Magaña.- Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz.- Sen. Carlos Romero Deschamps.- Sen. Miguel Romo Medina.- Sen. Óscar Román Rosas González.- Sen. Gerardo Sánchez García.- Sen. Alejandro Tello Cristerna.- Sen. Teófilo Torres Corzo.- Sen. Héctor Yunes Landa.- Sen. José Francisco Yunes Zorrilla.- Sen. Arturo Zamora Jiménez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.- Sen. Héctor Larios Córdova.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora Merodio Reza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

PRONUNCIAMIENTO

Doy lectura a un pronunciamiento que suscribe la Mesa Directiva sobre el “Día Mundial de la Lucha contra el SIDA”.



Para ello es importante señalar que las intervenciones sobre el tema del VIH/SIDA, registradas en nuestra agenda del día de hoy se insertarán en el Diario de los Debates.

Les informo que a solicitud de los grupos parlamentarios del PRI y del PRD se ha retirado de su primera lectura el dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el primer dictamen inscrito para su primera lectura.





 

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del apartado A del artículo 30 constitucional, en materia de adquisición por nacimiento de la nacionalidad mexicana.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ADQUISICIÓN POR NACIMIENTO DE LA NACIONALIDAD MEXICANA

(Dictamen de primera lectura)



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.

Pasamos al siguiente dictamen.





 

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Agraria y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY AGRARIA Y DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Dictamen de primera lectura)



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Debido a que también se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Asimismo, tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Pesca y Acuacultura, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Dictamen de primera lectura)



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: En virtud de que se encuentra publicado este dictamen en la Gaceta Parlamentaria y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Transición Energética.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

(Dictamen de primera lectura)



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: El dictamen está publicado igualmente en la Gaceta Parlamentaria y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: También tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Décimo Noveno Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, publicado el 14 de julio de 2014.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, PUBLICADO EL 14 DE JULIO DE 2014

(Dictamen de primera lectura)



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentariadel día de hoy y con fundamento en los artículos 193 y 95 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Asimismo, tenemos cinco dictámenes de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con los siguientes proyectos de Decreto:

Uno, por el que se declara el día 9 de mayo de cada año como el “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL DÍA 9 DE MAYO DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA NACIONAL DE LA SALUD MATERNA Y PERINATAL”

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y dictamen la iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se declara el 9 de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 18 de marzo de 2015, las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el 09 de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”.
Con la misma fecha, en sesión Plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa en estudio tiene como objetivo que se declare el día 9 de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos; hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud materna y perinatal.

Las legisladoras proponentes, destacan de la Organización Mundial de la Salud, OMS, la definición de salud materna como: “La salud de la mujer en un ámbito concreto de su manera de vivir, realizarse y pertenecer a una familia en una sociedad, promoviendo la capacidad y la autonomía para que su condición de madre no haga peligrar su propia vida. De este modo, la maternidad saludable es esperanza para las mujeres, para sus hijos, sus familias y para la misma sociedad a la que pertenecen.”

Así mismo datos de dicha Organización que indican que cada minuto no menos de una mujer muere como consecuencia de complicaciones durante el embarazo y el parto y por cada mujer fallecida al dar a luz, otras 20 sufren lesiones, infecciones o enfermedades, lo que equivale a 10 millones de mujeres que anualmente sufren complicaciones de salud materna, específicamente:

• Diariamente mueren 800 mujeres por complicaciones del embarazo y el parto como:

- Hemorragias graves;

- Infecciones;

- Abortos peligrosos;

- Trastornos hipertensivos de la gestación (preeclampsia y eclampsia) y

- Parto obstruido.

• De 135 millones de partos anuales, 20 millones presentan complicaciones posteriores relacionadas con el embarazo, como fiebre, anemia, fístulas, incontinencia, esterilidad y depresión;

• Anualmente se reportan 16 millones de embarazos en niñas de entre 15 y 19 años de edad, donde los países de ingresos bajos y medianos registran las tasas más altas por complicaciones del embarazo y parto en esta edad;

• En países menos desarrollados se registra una razón de mortalidad de 230 por cada 100 mil nacimientos, frente a países desarrollados cuya tasa es de 16 por cada 100 mil nacimientos.

• Anualmente se practican en el mundo alrededor de 22 millones de abortos clandestinos, que provoca la muerte de aproximadamente 47 mil mujeres y discapacidades en 5 millones de mujeres.

B. En México, de acuerdo con el Programa de Acción Específico 2013-2018, son 10 las entidades por lugar de residencia que contribuyen con el 61% de la Mortalidad Materna y son el Estado de México, Veracruz, Chiapas, Puebla, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Chihuahua y Baja California, a nivel nacional las principales causas de muerte materna son la hipertensión y las hemorragias.

Si bien es cierto, se ha trabajado por disminuir la Razón de Mortalidad Materna en nuestro país, a partir de los Objetivos del Milenio, no se ha logrado llegar al objetivo, sin embargo, es de destacarse diversas acciones que han contribuido a disminuir la tendencia, tales como:

• En 2002, se estableció la Búsqueda Intencionada y Reclasificación de las Muertes Maternas en todo el país, con la finalidad de subsanar la mala clasificación de estas defunciones, lo cual rescató de la estadística, entre el 10 y 30% de defunciones, que inicialmente no se reconocían como maternas;

• En 2004, se acordó la obligatoriedad en las instituciones públicas y privadas del Sistema Nacional de Salud, de los componentes del Programa de Acción Arranque Parejo en la Vida y de la Vigilancia Epidemiológica Activa de las defunciones maternas;

• En 2009, se implementó el Convenio General de Colaboración que celebraron la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el objeto de promover una mayor colaboración entre instituciones y garantizar la atención de emergencias obstétricas;

• En 2011, se implementó el Módulo de muertes Maternas en la Plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, como una herramienta para identificar riesgos en la salud materna, previa a la defunción;

• Asimismo en 2011, se reactivó el Convenio de Colaboración Institucional con la finalidad de crear el Sistema para el Registro de las Emergencias Obstétricas;

• En 2012, se incorporaron a esta modalidad de servicios 414 unidades hospitalarias de Alta Resolutividad.

Se logró la atención de 2 mil 274 pacientes con diferente adscripción o derecho habiencia.

C. En salud perinatal, se retomaron acciones como Hospital Amigo del Niño y la Niña, la Capacitación en Lactancia Materna y la Implementación de Bancos de Leche Humana. Asimismo en 2012 se realizaron 3 cursos de formación y actualización de evaluadores externos, así como la evaluación de 25 hospitales para otorgar la nominación de Hospital Amigo del Niño y la Niña bajo criterios de la Organización Mundial de la Salud, de los cuales se lograron 24 de los 25 propuestos.

Así mismo de 2005 a 2012, se implementó capacitación de reanimación neonatal, derivado de que la muerte por hipoxia-asfixia ocupa el cuarto lugar; incrementó 98% la cobertura para la detección de hipotiroidismo congénito, mediante el tamiz neonatal; entre otras acciones enfocadas a la reducción de salud perinatal.

Sin embargo, existen retos específicos del Gobierno Federal, enfocados en la salud materna y perinatal con la finalidad de reducir la mortalidad materno-infantil, entre dichos retos se destacan en el Programa de Acción Específico de Salud Materna Perinatal, 2013-2018:

1. Acceso de las mujeres y los hombres a la información y educación en salud reproductiva incluyendo planificación familiar y anticoncepción.

2. Atención Preconcepcional, Prenatal integral, efectiva, oportuna y programada a toda embarazada con énfasis en los grupos vulnerables, con intervenciones efectivas en la línea de vida.

3. Consejería en durante la edad fértil, el embarazo, parto y puerperio en metodología anticonceptiva y APEO y lactancia desde el embarazo durante el parto y el puerperio.

4. Reorganización del modelo de atención del parto institucional con pertinencia    cultural.

5. La Creación y fortalecimiento de redes obstétricas de atención hasta el puerperio.

6. Acceso a la atención de la emergencia obstétrica (AEO) e integración de los servicios de urgencias y formación de los Equipos de Respuesta Inmediata (ERI)

7. Control prenatal integral.

8. Identificación de riesgos y enfermedades concomitantes VIH/SIDA y la enfermedad de Chagas en zonas endémicas con pruebas rápidas y de laboratorio.

9. Perspectiva de género e interculturalidad con respeto a los Derechos Humanos.

10. Atención obstétrica de bajo riesgo en el primer Nivel y manejo calificado en el 2o Nivel y de la emergencia obstétrica, con intervenciones de probada eficacia.

11. Reducción de cesáreas necesarias.

12. Referencia y Contra Referencia efectiva y Manejo de Eslabones Críticos y morbilidad severa, entre otros.

13. Capacidad suficiente de personal profesional para la Atención Preconcepcional, Prenatal, Parto, puerperio seguro y respetuoso, del recién nacido, las 24 horas, los 365 días del año.

14. Formación, capacitación y actualización de personal en obstetricia, parto seguro y emergencias obstétricas y neonatales.

15. Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) en Emergencias Obstétricas.

16. Fortalecimiento de capacidades gerenciales.

17. Equipo e insumos esenciales para la atención Preconcepcional, Prenatal y Perinatal así como para parteras tradicionales.

18. Fortalecer el abasto y disponibilidad de insumos esenciales • Apoyar la ampliación y modernizar las unidades con capacidad resolutiva obstétrica.

19. Remodelación de servicios.

20. Nuevas unidades que cumplan con la normatividad.

21. Armonizar los sistemas de información registro y vigilancia de la salud materna e Historia Clínica Perinatal.

22. Integración de Comités de Morbilidad Severa y Mortalidad Materna, eficientes, con participación comunitaria que retroalimenten las políticas públicas.

23. Vigilar el cumplimiento de Normas y Procedimientos.

24. Monitoreo y supervisión del uso eficiente de los recursos.

25. Investigación Cuali y Cuantitativa que impacte en la calidad de la atención.

D. Finalmente estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos en la necesidad de atraer la atención de la población en general, con un día que conmemore la Salud Materna y Perinatal y concientizar de esta manera, de que no solo las autoridades tienen la responsabilidad de crear estrategias en torno a la salud materna y perinatal, sino que también es imperante, que mujeres y hombres, sean conscientes de la necesidad de revisiones médicas previas y durante el embarazo, con la finalidad de prevenir posibles complicaciones que tengan consecuencias como al muerte de la madre o el producto.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. El Honorable Congreso de la Unión declara el día 09 de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.





 

Otro, por el que se reforma la fracción I, Apartado B, del artículo 13 y se adiciona una fracción IV Bis 3 al artículo 3o. de la Ley General de Salud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I APARTADO B DEL ARTÍCULO 13 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV BIS 3 AL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y dictamen la iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1 Bis; 3 y 6 de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de febrero de 2015, el Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1 Bis; 3 y 6 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa en estudio tiene por objeto la inclusión de la salud bucodental, como materia de salubridad general, tal como se propone en el siguiente:

“Artículo 1o. Bis. …

Para la correcta atención médica, la aplicación de salud pública y asistencia social, las autoridades sanitarias dispondrán del constante aprendizaje y actualización de la ciencia médica en los centros de educación superior así como de instituciones hospitalarias con el personal médico calificado e instrumental adecuado y suficiente que garantice la salud de la población.

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. a IV BIS 2. …

IV Bis 3.La salud bucal;

V. a XXVIII. …

Artículo 6o. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acción es de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;

I BIS. Actualizar de forma permanente los métodos, técnicas y criterios de su operación, con base en los niveles de prevención, control y vigilancia epidemiológica de las enfermedades de mayor frecuencia;

II. a IX.-

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos; hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud bucodental.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el derecho a la salud significa que los gobiernos deben crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Para ello, mediante el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, se establece que entre las medidas que se deberán adoptar a fin de asegurar la plena efectividad del derecho a la salud, figurarán:

• La reducción de la mortalidad infantil y garantizar el sano desarrollo de los infantes;

• El mejoramiento de la higiene del trabajo y del medio ambiente;

• La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra Índole, y la lucha contra ellas;

• La creación de condiciones que aseguren el acceso de todos a la atención de la salud.

Aunado a lo anterior, en el 2000, dicho Pacto adoptó una Observación General, donde se afirma que el derecho a la salud no sólo abarca la atención de salud oportuna, sino también los factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.

B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud bucodental puede definirse como la ausencia de dolor orofacial crónico, cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos congénitos como labio leporino o paladar hendido, enfermedades periodontales, caries dental y pérdida de dientes entre otras enfermedades y trastornos que afectan la boca y la cavidad bucal.

Así mismo destaca que las dolencias bucodentales comparten factores de riesgo con las cuatro enfermedades crónicas más importantes, como las enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes, ya que señala que se ven favorecidas por las dietas malsanas, el tabaquismo y el consumo nocivo de alcohol que va de la mano con otro factor de riesgo que es una higiene bucodental deficiente.

A nivel mundial, cifras de las OMS, destacan la caries dental y las periodontopatías, como las enfermedades más comunes, la primera tiene una prevalencia de entre el 60 y el 90% entre la población de los escolares de todo el mundo y la segunda, puede desembocar en la pérdida de dientes entre los adultos de edad madura, con una prevalencia de entre 5 y 20%.

Por ello, es que la OMS emite ciertas recomendaciones como la sensibilización de la población acerca de la salud bucodental, con la cual se pueden prevenir múltiples enfermedades.

C. En México de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, existen varias enfermedades en torno a una deficiente salud bucodental, ejemplo de ello y una de las más comunes, es la prevalencia de caries dental en escolares de entre 6 a 12 años de edad.

En promedio, a nivel nacional, es que el 60.37% de la población tiene caries, siendo los cinco estados con mayor prevalencia el Estado de México con 87.69%, el Distrito Federal con 77.52%, Tabasco con 76.45%, Morelos con 75.38% y Veracruz con 75.26% y el único estado por debajo de 40% de prevalencia, es Yucatán con 26.31%.

Lo anterior demuestra que el grueso de la población en México, tiene problemas de caries, lo cual se traduce en una deficiente salud bucodental que puede derivar en otras enfermedades como las ya mencionadas que pueden ser desde la pérdida de dientes hasta algún tipo de cáncer.

Actualmente ya se realizan acciones en torno al tema, ejemplo de ello, son el Programa de Salud Bucal, con el cual se busca disminuir la carga de morbilidad bucal en la población, a través de medidas para establecer, fortalecer y vigilar, políticas, estrategias y programas estatales e institucionales, así como evaluar las condiciones de salud bucal y ampliar equitativamente la atención odontológica con ética, calidad y eficiencia para mejorar la calidad de vida de la población.

Así mismo, si bien a partir del Programa Sectorial de Salud Bucal se destacó la promoción, prevención y tratamiento en los preescolares y escolares, la cobertura aún es mucho menor que la de otros programas de atención a la infancia y adolescencia, como el programa de vacunación. Esto se hace evidente cuando sólo uno de cada diez adolescentes de entre 15 a 19 años (9.8%) mantienen una Óptima Salud Bucal. Los resultados aportan elementos para la implementación de nuevas acciones que favorezcan la ampliación de cobertura en los ámbitos local, jurisdiccional, estatal y nacional priorizando la promoción y prevención.

Además a partir de los resultados del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales, 2013, se concluyó que tan sólo 4% de la población que acude a los Servicios de Salud tiene una Óptima Salud Bucal. Sin embargo, es necesario reforzar la Ley con la finalidad de tener las herramientas que ayuden a la aplicación de estudios más detallados para explicar la salud bucodental en México y la creación de estrategias que reviertan la tendencia en nuestro país.

Por ende, es imperante que se legisle en la materia con la finalidad de que al integrar dicho tema como materia de salubridad general, se logre concientizar a la población, a través de la elaboración de campañas y estrategias con objetivos específicos, que indiquen la importancia de una adecuada salud bucodental y los beneficios y enfermedades que se pueden prevenir.

No obstante lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras consideran importante realizar ciertas modificaciones al decreto con la finalidad de dar viabilidad jurídica para su aplicación, por ello se destaca quelas reformas propuestas a los artículo 1º y 6º de la Ley General de Salud, no se consideran viables, en virtud de que la actualización y capacitación de los prestadores de servicios de salud general, ya se encuentran previstas en el Capítulo III sobre la Formación, Capacitación y Actualización del Personal de la Ley General de Salud, en cuyo artículo 92, se establece que las Secretarías de Salud y de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, impulsarán y fomentarán la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos para los servicios de salud, de conformidad con los objetivos y prioridades del Sistema Nacional de Salud, de los sistemas estatales de salud y de los programas educativos, por lo que de aprobar dicha propuesta habría duplicidad en la propia Ley.

Sin embargo, no se advierte inconveniente para que la salud bucal se incluya en materia de salubridad general, armonizando el término con la Ley General de Salud e incluirlo en el artículo 13, como parte de los servicios que deberán organizar, operar, supervisar y evaluar los gobiernos de las entidades federativas.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se reforma la fracción I apartado B del artículo 13 y se adiciona una fracción IV BIS 3 al artículo 3º de la Ley General de Salud.

Artículo 3o.- …

I a IV Bis 2. …

IV Bis 3. Salud bucodental

V. a XXVIII. …

Artículo 13. …

A. …

I a X. …

B. …

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, IV Bis 3, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta Ley, de conformidad con las disposiciones aplicables;

II. a VII. …

C. …

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.





 

Uno más, por el que se modifica la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 112 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 21 de mayo de 2014, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Senadora proponente formuló una iniciativa mediante la cual pretende reformar la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud, con el objetivo de incluir la prevención, diagnóstico y control de enfermedades cardiovasculares dentro de los objetivos de la educación para la salud. Y por ende, quedar de la siguiente manera:


Ley General de Salud vigente

Propuesta de reforma Iniciativa

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud;

II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud, y

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidady rehabilitación de las personas condiscapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Artículo 112.


I. y II. …

 

 

 

 


III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de prevención, diagnóstico y control de enfermedades cardiovasculares, nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en la necesidad de legislar en este tema de interés público.

B. Las enfermedades cardiovasculares, son aquellas que afectan al corazón y los vasos sanguíneos, y representan una de las principales causas de muerte. Estas pueden describirse de forma general como afecciones del aparato circulatorio, destacando de entre ellas la enfermedad isquémica del corazón, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad hipertensiva entre otras. Estos padecimientos son importantes causas de discapacidad, morbilidad y muerte prematuras.

C. Se enfatiza que de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportan que en el mundo las enfermedades cardiovasculares son responsables de aproximadamente 17 millones de muertes por año, casi un tercio del total. Entre ellas, las complicaciones de la hipertensión causan anualmente 9.4 millones de muertes.

D. En México, de acuerdo con cifras del anexo estadístico del Segundo Informe de Gobierno, señala que en las personas de entre 15 a 64 años de edad, las enfermedades cardiovasculares, representan la cuarta causa de muerte con más de 27 mil decesos en 2014 y la primera causa de muerte en personas de más de 65 años de edad, con más de 85 mil personas fallecidas en el mismo año.

Así mismo, de acuerdo al Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI), en el 2012 ocurrieron 35 mil 252 casos isquémicos y 35 mil 252 de otros padecimientos como la cardiopatía coronaria, reumática, congénita, cerebrovasculares, arteriopatías periféricas y trombosis venosas profundas y embolias pulmonares.

El riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular aumenta con la edad, genética y género, sin embargo, en la mayoría de casos se puede prevenir mediante una dieta equilibrada, actividad física y si se modifican situaciones de sobrepeso, obesidad, consumo de tabaco, presión arterial, la diabetes y colesterol elevado.

D. La Secretaría de Salud estima que para el año 2050, en México existirán 32.4 millones de adultos mayores con enfermedades cardiovasculares, lo que representaría el 25% de la población total. De acuerdo con la Sociedad Mexicana de Cardiología, en los últimos 11 años el número de muertes anuales por enfermedades del corazón creció 60 por ciento.

Dentro de las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión es un factor de riesgo preponderante. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT), la hipertensión afecta a 3 de cada 10 adultos mexicanos, es decir, su prevalencia es de 31.5% y es más alta en adultos con obesidad y/o diabetes.

E. Estas enfermedades representan un impacto económico importante ya que, la OMS prevé que durante el periodo 2011-2025 la pérdida acumulada de producción asociada con las enfermedades no transmisibles en los países de ingresos bajos y medianos será de 7 mil 028 billones de dólares. La pérdida anual es de aproximadamente 5mil millones de dólares, a causa de las principales enfermedades no transmisibles y representa alrededor del 4% del producto interno bruto en esos países. Las enfermedades cardiovasculares, entre ellas la hipertensión, son motivo de casi la mitad del costo.

En México, una fracción muy importante del presupuesto económico destinado al sector salud es, principalmente absorbido por las enfermedades crónicas esenciales en el adulto y sus complicaciones, por ello, el costo de su atención es sumamente elevado e impacta de forma radical a nuestro sistema de salud.

G. Estas Comisiones Dictaminadoras consideran que la prevención de estas enfermedades, incluyendo las dentro de los objetivos de la educación para la salud, propiciará la formulación y desarrollo de programas, en los que se difundan los factores de riesgo, metas de salud de los pacientes, conocimiento de las enfermedades, importancia de un diagnóstico oportuno y lo indispensable de su adecuado tratamiento, así como la forma de retrasar o prevenir estos males desde edades tempranas.

H. Por ende, si se enfoca a través de la educación para la salud se considera que este problema de salud pública se puede contrarrestar, ya que cada día crece más en nuestro país, por ello es que estas Comisiones están de acuerdo con la proponente. Sin embargo, para respetar el espíritu de la fracción III del artículo 112, se sugiere trasladar la propuesta al final de la propia fracción y de esta forma pueda ser mejor interpretada, cuando así se disponga, así como por técnica legislativa. Al respecto se propone:

Ley General de Salud vigente

Propuesta de reforma Iniciativa

Propuesta de las Comisiones dictaminadoras

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud;

II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud, y

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidady rehabilitación de las personas condiscapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Artículo 112. …

 

I. y II. …

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de prevención, diagnóstico y control de enfermedades cardiovasculares, nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Artículo 112. …

 

I. y II. …

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades, así como, la prevención, diagnostico y control de las enfermedades cardiovasculares.

Por lo anteriormente señalado, se concluye que la propuesta en análisis resulta viable con cambios.

Con base en lo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se modifica la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 112.

I. y II. …

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, activación física para la salud, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades, así como, la prevención, diagnóstico y control de las enfermedades cardiovasculares.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.





 

Otro, por el que se reforma el artículo 106 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 108 de la Ley General de Salud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 106 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 108 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 106 de la Ley General de Salud, en relación al tema de datos de salud de carácter Público.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de febrero de 2015, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, presentó iniciativa, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 106 de la Ley General de Salud, en relación al tema de datos de salud de carácter Público.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 4 de agosto de 2015, la Mesa Directiva del Senado de la República, autorizó la prórroga hasta por la mitad del plazo que marco el párrafo 1 del artículo 212 del Reglamento del Senado, como lo permite el párrafo 3 del mismo artículo, para la elaboración del dictamen de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 106 de la Ley General de Salud, en materia de información de datos para el consumo de los ciudadanos.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Senadora proponente plantea una propuesta por la que se reforma el artículo 106 de la Ley General de salud, en materia de información de datos para el consumo de los ciudadanos.

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE

PROPUESTA DE INICIATIVA

Artículo 106. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las autoridades de las comunidades indígenas cuando proceda, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, que generen y manejen la información a que se refiere el artículo 104 de esta ley, deberán suministrarla a la Secretaría de Salud, con la periodicidad y en los términos que ésta señale, para la elaboración de las estadísticas nacionales para la salud.

Artículo 106.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las autoridades de las comunidades indígenas cuando proceda, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, que generen y manejen información para la salud deberán suministrarla a la Secretaría de Salud, con la periodicidad y en los términos que esta señale en la normatividad respectiva.

 La Secretaría de Salud, generará, recolectará, administrará y publicará en formatos de datos abiertos los datos y bases de datos del Sistema Nacional de Salud conforme a las características y criterios establecidos en la legislación aplicable.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas Dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. La globalización en los últimos años ha avanzado a pasos agigantados, alcanzando características que la destacan como un aumento exponencial en la capacidad de intercambiar bienes y servicios y sobre todo una mayor interdependencia entre las personas, organizaciones y las tecnologías.

Las Tecnologías de Información y Comunicación, TIC, se hacen presentes dentro de la salud de una manera importante, ya que cabe señalar que la práctica clínica gira alrededor de datos, información y conocimiento. El desarrollo de infraestructura en comunicación permite el flujo de información entre todas las partes que integran un sistema de salud lo cual repercute que pueda ser más eficiente, mejorando la calidad de los servicios por una parte y por otra facilitando la gestión al ciudadano.

Las posibilidades que las TIC ponen a disposición de la comunidad entre otras ventajas, disminuir los desequilibrios y las desigualdades del acceso a los servicios de salud, optimización de la relación costo-beneficio y favorecimiento del desarrollo y crecimiento.

En el sector salud el flujo de información es sumamente importante, ya que hay factores que lo demuestran como un sector con alto grado de regulación y totalmente de gestión pública. La implementación de estas tecnologías dentro del sector salud genera un cambio, favoreciendo el desarrollo de herramientas dirigidas a áreas como planificación, información, gestión, prevención, promoción, siendo de gran utilidad para eficientar al sector sanitario.

C. En otro tenor de ideas se enfatiza que la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del 2013, establece en su artículo Décimo Cuarto Transitorio, que el Ejecutivo Federal tendrá a su cargo la política de inclusión digital universal, en la que se incluirán los objetivos y metas en materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnologías de la información y comunicación, y habilidades digitales, así como los programas de gobierno digital, gobierno y Datos Abiertos.

D. Por otro lado, el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, contempla establecer una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de México en la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Cabe decir, que uno de los objetivos primordiales es impactar, entro otros aspectos, en la calidad de los servicios de salud, en la innovación y transformación de la gestión gubernamental, en la educación y la generación de habilidades digitales en la población, en el desarrollo del ecosistema de economía digital y en el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad ciudadana. Este impulso será mediante el uso de las Tecnologías de la información y Comunicación, lo cual permitirá el desarrollo de la modernización y la mejora de los servicios y bienes públicos.

Cabe señalar que en dicho programa el objetivo que incumbe a este dictamen por la importancia del tema es el número 5 en especial el 5.2 como lo marca la siguiente:

Estrategia 5.2 Contribuir a la convergencia de los sistemas y a la portabilidad de coberturas en los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud mediante la utilización de TIC.

Líneas de acción

5.2.1 Impulsar la convergencia de los sistemas y la portabilidad de coberturas en los servicios de salud mediante la utilización de tecnologías de información y comunicación.

5.2.2 Establecer la personalidad única en salud a través de un padrón general de salud, incluyendo entre otra, información de beneficiarios y profesionales.

5.2.3 Fomentar la adopción y uso de Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud, en el Sistema Nacional de Salud.

5.2.4 Implementar el Certificado Electrónico de Nacimiento, la Cartilla Electrónica de Vacunación y el Expediente Clínico Electrónico, e integrar información biométrica de pacientes.

5.2.5 Impulsar el intercambio de la información clínica, homologada y apegada a estándares, de manera interinstitucional e intersectorial mediante TIC.

5.2.6 Expedir Guías de Intercambio para los Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud.

5.2.7 Instrumentar mecanismos innovadores de salud a distancia en múltiples plataformas, Telesalud y Telemedicina.

5.2.8 Fortalecer los mecanismos de difusión de información en salud alineados a la estrategia de datos abiertos.

5.2.9 Promover reformas al marco normativo en materia de salud que estén relacionadas con la aplicación de TIC.

5.2.10 Establecer bases y/o convenios de colaboración y diseñar disposiciones que garanticen la prestación de los servicios digitales de salud.

Por ende, en esta estrategia se destaca, contribuir a la convergencia de los sistemas y a la portabilidad de coberturas en los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud, mediante la utilización de Tecnologías de la Información y Comunicación, y cuyas líneas de acción 5.2, 5.2.3 y 5.3.4, establecen: impulsar la convergencia de los sistemas y la portabilidad de coberturas en los servicios de salud mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación, fomentar la adopción y uso de Sistemas de Información de Registro electrónico para la Salud, en el Sistema Nacional de Salud.

En específico el punto 5.2.8 hace referencia a Fortalecer los mecanismos de difusión de información en salud alineados a la estrategia de datos abiertos.

Por otro lado, en el Objetivo 6 del mismo instrumento hace mención a: “Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud” estrategia 6.4 Integrar un sistema universal de información en salud y línea de acción 6.4.6 Fortalecer los mecanismos de difusión de información en salud alineados a una estrategia de datos abiertos”.

E. Estas comisiones co-dictaminadoras estiman que la iniciativa de mérito es loable, ya que fortalece las estrategias que se han implementado en materia de Datos Abiertos, como lo es, la expedición del Decreto por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2015, el cual tiene por objeto regular la forma mediante la cual, los datos de carácter público, generados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y por las empresas productivas del Estado, se pondrán a disposición de la población como datos abiertos, con el propósito de facilitar su acceso, uso, reutilización y redistribución para cualquier fin, conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables.

F. Así mismo se hace referencia que en la Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos, se plasma quelos datos de carácter público que genera o administra el gobierno, son activos de los mexicanos que, previendo el debido cumplimiento en materia de protección de datos personales, deben poder ser utilizados por cualquier persona y para cualquier fin;

Los datos abiertos, son los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea, y pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos, por cualquier interesado; y que cuentan con las siguientes características mínimas:

1. Gratuitos: Se obtendrán sin entregar a cambio contraprestación alguna;

2. No discriminatorios: Serán accesibles sin restricciones de acceso para los usuarios;

3. De libre uso: Citarán la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente;

4. Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática;

5. Integrales: Deberán contener, en la medida de lo posible, el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios;

6. Primarios: Provendrán de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible;

7. Oportunos: Serán actualizados periódicamente, conforme se generen, y,

8. Permanentes: Se deberán conservar en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso público, se mantendrán disponibles a través de identificadores adecuados para tal efecto.

F. Sin embargo, para reforzar la propia propuesta, incumbencia del presente instrumento legislativo, es que se considera viable hacer adecuaciones, adicionando un párrafo al artículo 108 y con ello anexar el tema de poner a disposición de la población en formato de datos abiertos, la información para la salud.

Para efectos de lo anterior, se propone la siguiente redacción:

Ley General de Salud Vigente

Iniciativa

Propuesta de las Comisiones

Artículo 106. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las autoridades de las comunidades indígenas cuando proceda, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, que generen y manejen la información a que se refiere el artículo 104 de esta ley, deberán suministrarla a la Secretaría de Salud, con la periodicidad y en los términos que ésta señale, para la elaboración de las estadísticas nacionales para la salud.

Artículo 106. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las autoridades de las comunidades indígenas cuando proceda, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, que generen y manejen la información para la salud deberán suministrarla a la Secretaría de Salud, con la periodicidad y en los términos que ésta señale en la normatividad respectiva.

 

La Secretaría de Salud, generará, recolectará, administrará y publicará en formatos de datos abiertos los datos y bases de datos del Sistema Nacional de Salud conforme a las características y criterios establecidos en la legislación aplicable.

106.- …

(Sin modificaciones)

Artículo 108.- La Secretaría de Salud orientará la capacitación, producción, procesamiento, sistematización y divulgación de la información para la salud, con sujeción a los criterios generales que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a los cuales deberán ajustarse las dependencias y entidades del sector público y las personas físicas y morales de los sectores social y privado.

 

Artículo 108.- La Secretaría de Salud orientará la capacitación, producción, procesamiento, sistematización y divulgación de la información para la salud, con sujeción a los criterios generales que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a los cuales deberán ajustarse las dependencias y entidades del sector público y las personas físicas y morales de los sectores social y privado.

Asimismo, la Secretaría de Salud, pondrá a disposición de la población en general, en formato de datos abiertos, la información para la salud que administre, sujetándose para ello a las disposiciones jurídicas aplicables.

G. En este tenor de ideas es importante difundir la información en salud bajo este esquema, por ello con base en lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman que la materia de la Iniciativa en comento es de trascendencia, por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente proyecto de Decreto de la minuta en comento, con modificaciones:

PROYECTO DE DECRETO

Único: Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 106 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 108, de la Ley General de Salud.

Artículo 106. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las autoridades de las comunidades indígenas cuando proceda, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, que generen y manejen la información para la salud, deberán suministrarla a la Secretaría de Salud, con la periodicidad y en los términos que ésta señale, en la normatividad respectiva.

La Secretaría de Salud, generará, recolectará, administrará y publicará en formatos de datos abiertos los datos y bases de datos del Sistema Nacional de Salud conforme a las características y criterios establecidos en la legislación aplicable.

Artículo 108.- La Secretaría de Salud orientará la capacitación, producción, procesamiento, sistematización y divulgación de la información para la salud, con sujeción a los criterios generales que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a los cuales deberán ajustarse las dependencias y entidades del sector público y las personas físicas y morales de los sectores social y privado.

Asimismo, la Secretaría de Salud, pondrá a disposición de la población en general, en formato de datos abiertos, la información para la salud que administre, sujetándose para ello a las disposiciones jurídicas aplicables.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.





 

Y uno más, por el que se declara el último miércoles del mes de mayo de cada año como el “Día Nacional de la Esclerosis Múltiple”.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL ÚLTIMO MIÉRCOLES DEL MES DE MAYO DE CADA AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE”

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se declara el último miércoles del mes de mayo de cada año como el “Día Nacional de la Esclerosis Múltiple”.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 3 de junio de 2015, las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez, Roberto Armando Albores Gleason, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y la Senadora María Elena Barrera Tapia, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el último miércoles del mes de Mayo de cada año como el "Día Nacional de la Esclerosis Múltiple".

En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que se turnara a la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa propone declarar el último miércoles del mes de mayo de cada año como el "Día Nacional de la Esclerosis Múltiple".

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. La esclerosis múltiple, es considerada una enfermedad autoinmune, crónica, e inflamatoria del sistema nervioso central, se presenta en individuos genéticamente susceptibles e involucra a factores inmunológicos como anticuerpos, complementos y mediadores de la respuesta inmune que tenemos por nacimiento.

Dicha enfermedad es considerada desmielinizante inflamatoria idiopática, porque comienza por atacar la vaina de mielina que envuelve al nervio, encargado de transmitir las sensaciones al cerebro y a la médula espinal y constituye una de las causas más frecuentes de discapacidad neurológica en adultos jóvenes, es decir entre la segunda y tercera década de su vida. Una de las consecuencias de dicha enfermedad, es que desde su aparición hasta los 15 años después de padecerla, el paciente pierde paulatinamente motricidad hasta que se vuelve incapaz de caminar.

C. Algunos de los síntomas que se presentan aparecen con frecuencia o de forma moderada, por ejemplo: el cansancio, hormigueo, trastornos en la sensibilidad, alteraciones del equilibrio, temblor involuntario, rigidez, espasticidad, debilidad en las extremidades, alteraciones en la vista o en el funcionamiento de la vejiga o intestinos, además de cambios que se presentan en la salud mental. Y cabe mencionar que aún se desconocen las causas que originan este padecimiento que aparece de forma abrupta.

Así mismo de acuerdo con la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, este padecimiento es progresivo y aún no existe cura, sin embargo, puede ser tratado exitosamente, si se detecta a tiempo. Actualmente alrededor de 2.3 millones de personas viven con esclerosis múltiple en el mundo, aunque es muy probable que cientos de miles más sigan sin diagnosticar.

D. Esta enfermedad crónica afecta a alrededor de 14 mil mexicanos, por lo que es una de las diez causas de consulta neurológica más frecuente, constituyendo la causa no traumática más frecuente de invalidez en el adulto joven y tiene una frecuencia máxima de diagnóstico entre los 20 y 40 años, siendo dos veces más frecuente en el sexo femenino.

Así mismo existen diferentes tipos de esclerosis, por lo que los tratamientos pueden variar y abarcar moduladores inmunitarios, esteroides, medicamentos colinérgicos, antidepresivos, medicamentos para reducir los espasmos musculares y medicamentos para disminuir la fatiga, la administración adecuada de los medicamentos permiten aminorar los síntomas y retardar la progresividad de la enfermedad.

F. De acuerdo con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, la Esclerosis Múltiple no es fácil de detectar o diagnosticar, ya sea porque los síntomas tempranos pueden ser inespecíficos, porque otras enfermedades del Sistema Nervioso Central tienen algunos síntomas similares o porque aún no se cuenta con una prueba neurológica o de laboratorio definitiva que pueda confirmar o descartar dicha enfermedad. Sin embargo, se trabaja con investigación para clarificar el diagnóstico. El estudio indispensable para confirmar el diagnóstico es la resonancia magnética.

G. Hay que destacar que la esclerosis modifica la forma de vida de las personas ya que lamentablemente es una enfermedad que requiere una fuerte cantidad de dinero para iniciar los estudios necesarios para su diagnóstico y posteriormente seguir con el tratamiento.

Derivado de ello podemos decir que los costos y cuidados, conllevan también el deterioro emocional tanto del paciente como de sus familiares. No obstante, si se logra detectar a tiempo, las condiciones de vida del paciente pueden ser mejores.

H. Hay que señalar que en el año 2009 se lanzó por iniciativa de las Organizaciones de la Sociedad Civil a nivel internacional, el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, a partir de campañas de concientización sobre las características de la enfermedad y cómo incide en la vida de las personas que la padecen.

La Conmemoración de este Día se traduce en que la comunidad internacional de Esclerosis Múltiple compartan experiencias y se realicen campañas con y para todos aquellos afectados por la misma, centrándose en temas torales como: empleo, jóvenes que la padecen, accesibilidad, y las diferentes facetes de la enfermedad, entre otras.

El Día Mundial de la Esclerosis Múltiple es la única campaña de concientización de la misma a nivel global. La aceptación de la Conmemoración de este día ha sido tal que en 2013 se llevaron a cabo actividades en más de 68 países de todo el mundo, alcanzando a más de 300,000 personas.

I. Por lo anterior es de gran importancia que en nuestro país se declare el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, con la finalidad de poner el tema en la Agenda Nacional y sensibilizar a la sociedad, despertar la consciencia en la sociedad mexicana sobre esta enfermedad y realizar todas aquellas acciones necesarias para hacer frente, de manera integral, a la Esclerosis Múltiple.

Es por lo anteriormente vertido, que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, consideran la propuesta viable, es por ello que con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único.- El Honorable Congreso de la Unión declara el último miércoles del mes de mayo de cada año como el “Día Nacional de la Esclerosis Múltiple”.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Debido a que se encuentran todos ellos publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy y con fundamento en los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, quedan de primera lectura.





 

Tenemos la discusión de dictámenes en sentido negativo que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado. Estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. En consecuencia pasaremos a su discusión conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a todos estos proyectos a los que se refieren los dictámenes en sentido negativo.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Están a discusión los siguientes dictámenes:

Uno, de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 29 y se adiciona el artículo 29 Bis de la Ley General de Salud, en materia de adquisición de medicamentos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 29 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 29 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 29 y se adiciona el artículo 29 Bis, de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 19 de Febrero de 2013, el Senador Arturo Zamora Jiménez integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, presentó iniciativa  que contiene proyecto de Decreto por el que se  reforman el artículo 29 y se adiciona el artículo 29 Bis, de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, en sesión Plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Dicha iniciativa contiene proyecto de Decreto por el que se  reforman el artículo 29 y se adiciona el artículo 29 Bis, de la Ley General de Salud. La cual establece que la Secretaría de Salud procurará propiciar las mejores condiciones de precio en la adquisición de medicamentos para el Estado. Asimismo, realizará diagnósticos de demanda y gestión de medicamento a nivel regional para mejorar la planeación, adquisición, manejo y control de medicinas y evitar su caducidad, aumentar su rotación y disminuir su lento o nulo movimiento.

Además, la Secretaría de Salud establecerá metas e indicadores, monitoreará y dará seguimiento a los mismos. Integrará un informe anual con los resultados obtenidos, así como las mejoras susceptibles de realizar que se entregará a las Comisiones de Salud del Congreso. El informe respectivo se publicará en la página web de la Secretaría de Salud.

Tal como se plasma en el cuadro siguiente:

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE

 

INICIATIVA

Artículo 29.- Del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes.

NO EXISTE

 

 

 


NO EXISTE

 

Artículo 29.- Del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes.

La Secretaría de Salud procurará propiciar las mejores condiciones de precio en la adquisición de medicamentos para el Estado. Asimismo, realizará diagnósticos de demanda y gestión de medicamento a nivel regional para mejorar la planeación, adquisición, manejo y control de medicinas y evitar su caducidad, aumentar su rotación y disminuir su lento o nulo movimiento.

Artículo 29 bis.- La Secretaría de Salud establecerá metas e indicadores relacionados con el artículo anterior, y monitoreará y dará seguimiento a los mismos. Integrará un informe anual con los resultados obtenidos, así como las mejoras susceptibles de realizar que se entregará a las Comisiones de Salud del Congreso. El informe respectivo se publicará en la página web de la Secretaría de Salud.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. La Organización Mundial de la Salud señala un sistema de salud debe contemplar toda acción, estrategia o actividad que pueda promover, restablecer o mantener la salud de la población. Por ende, los medicamentos constituyen un importante factor que garantiza el derecho a la salud.

C. El proponente encuentra la problemática en el desabasto de medicamentos y mecanismos para allegarse de ellos lo suficiente y hacer frente a la demanda social de los mismos.

Hace referencia que de acuerdo a la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de Auditoría Superior de la Federación el desabasto de medicamentos sigue siendo un problema en las regiones marginadas y en las zonas rurales. La falta de acceso oportuno y suficiente a medicamentos, golpea el bolsillo de las familias hasta en un 50% de su ingreso.

México es el segundo país con mayor gasto en medicamentos en relación al gasto total en salud de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Asimismo, señala que México invierte 250 dólares per cápita en medicamentos, monto superior  al de un país como Chile, por ejemplo, cuyo modelo de salud preventivo le permite invertir únicamente 135 dólares per cápita; contrario a los Estados Unidos, cuyo modelo reactivo propicia un gasto de 997 dólares per cápita.

Por su parte en nuestro país, el Instituto Nacional de Salud Pública señala que, durante 2011, en la mitad de las entidades del mismo la proporción de recetas surtidas completamente fue de apenas 46%; en siete entidades, se reporta que el surtimiento nulo de recetas es casi de 20 por cada 100; y en 13 entidades el surtimiento parcial de recetas es en promedio de 34 recetas por cada 100.

En 2010, el 48% del gasto de tratamientos y medicinas en México fue de bolsillo, es decir, las familias pagaron 5 mil 138 pesos anuales de su dinero aunque tuvieran seguridad social.

Es por ello que la propuesta, incumbencia del presente dictamen pretende mecanismos para lograr un mayor abasto a medicamentos.

D. Hay que hacer mención que en México el abasto a medicamentos lo tenemos fundamentado, por lo que corresponde al Sistema de Protección Social en Salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 Bis 22 de la Ley General de Salud, las cuotas familiares recibidas deben ser destinadas específicamente al abasto de medicamentos, equipo y otros insumos.

De la misma manera la Ley del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), señala en su Artículo 28 que dicho Instituto tiene la obligación de diseñar, implementar y desarrollar su modelo y programas de salud en atención a las características demográficas, socioeconómicas y epidemiológicas de sus derechohabientes y así crear las herramientas de supervisión técnica y financiera necesarias para garantizar su cumplimiento, derivado de ello, dicha institución cuenta con un Reglamento en materia de surtimiento de recetas y abasto de medicamentos.

En el mismo sentido, de acuerdo con la Ley del Seguro Social, en su artículo 273, el Instituto Mexicano del Seguro Social, debe conforme a las tendencias demográficas de su población beneficiaria, estimar riesgos y considerar factores derivados del ciclo económico, de la evolución del costo de los tratamientos y medicamentos, así como cualquier otro factor que afecte la capacidad del Instituto para cumplir con sus compromisos.

E. Es menester decir, que el espíritu de la propuesta es noble, sin embargo, estas comisiones consideran los siguientes puntos:

1. Respecto de la reforma del artículo 29 se considera INVIABLE ya que las condiciones de adquisición, así como los precios de compra de medicamentos y otros insumos para la salud presentan un alto grado de heterogeneidad como resultado de las diferencias generadas en los procesos de adquisiciones de los diferentes compradores públicos, los cuales corresponden a los tres niveles de gobierno, así como las diferencias en las cantidades demandadas y las condiciones de pago por parte de los compradores, entre otros factores. En este sentido con el fin de efectuar una negociación respecto de los precios de los medicamentos y otros insumos para la salud, que garantizara las mejores condiciones de compra para el sector público, se consideró necesario contar con un cuerpo colegiado que permitiera institucionalizar este proceso, así como garantizar su ejecución bajo condiciones de transparencia, por lo que se tuvo a bien crear en febrero de 2008 la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la salud, como una Comisión Intersecretarial de carácter  permanente.

Esta Comisión Intersecretarial, de conformidad con el artículo segundo del Acuerdo que la crea, establece que tiene por objeto llevar a cabo el proceso de negociación anual de precios de medicamentos y otros insumos para la salud contenidos en el Cuadro Básico para el primer nivel de atención médica y en el Catálogo de Insumos para el segundo y tercer nivel, los cuales deberán contar con la patente vigente y ser objeto del procedimiento de adjudicación directa.

Derivado de lo anterior se estima que la reforma de mérito duplica las actividades, responsabilidades y fines de la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud.

2. Por lo que se refiere a la adición del artículo 29 Bis, con independencia de que al tratarse de un precepto complementario a la propuesta de adición al artículo 29 de la Ley General de Salud, no se considera viable, ya que de igual forma se considera inadecuada la entrega de un informe anual a las Comisiones de salud respectivas del Congreso de la Unión, toda vez que la Constitución señala que la entidad de fiscalización Superior de la Federación, tendrá a su cargo entre otras:

Sección V
De la Fiscalización Superior de la Federación

Artículo 79. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública.

Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, la Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos.

La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo:

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.

II a IV.

De lo anterior se infiere que NO es necesario presentar informes ante las Comisiones de salud del Congreso, ya que la Auditoría Superior de la Federación es el órgano encargado de realizar los informes relacionados con los egresos y aplicación de fondos y presentarlos ante la Cámara de Diputados.

Así mismo cabe mencionar que el acuerdo por el que se crea la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud ya establece como una de las funciones de la Comisión la implementación de mecanismos de evaluación, seguimiento y rendición de cuentas de los trabajos de la multicitada Comisión, así como la de presentar un informe anual de resultados al Ejecutivo Federal.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

ACUERDO

Único.- El H. Senado de la República desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reformaba el artículo 29 y se adiciona el 29 Bis de la Ley General de Salud, por los argumentos vertidos en el apartado de consideraciones.





 

Otro, de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 225 de la Ley General de Salud, sobre el sistema braille en empaque de medicinas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 225 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 225 de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 13 de noviembre de 2014, la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 225 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Senadora proponente formuló una iniciativa mediante la cual pretende reformar el primer párrafo del artículo 225 de la Ley General de Salud, y establecer que en los medicamentos la denominación genérica, dosis y fecha de caducidad en su envasado vengan escritos en sistema Braille.


Ley General de Salud vigente

Propuesta de reforma Iniciativa

Artículo 225.- Los medicamentos, para su uso y comercialización, serán identificados por sus denominaciones genérica y distintiva. La identificación genérica será obligatoria.

 

 

En la denominación distintiva no podrá incluirse clara o veladamente la composición del medicamento o su acción terapéutica. Tampoco indicaciones en relación con enfermedades, síndromes, síntomas, ni aquéllas que recuerden datos anatómicos o fenómenos fisiológicos, excepto en vacunas y productos biológicos.

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma en la que las denominaciones señaladas deberán usarse en la prescripción, publicidad, etiquetado y en cualquier otra referencia.

Artículo 225.- Los medicamentos, para su uso y comercialización, serán identificados por sus denominaciones genérica y distintiva. La identificación genérica, denominación genérica, dosis y fecha de caducidad será obligatoria y su envasado estará escrito en sistema braille.

 

 

 

 

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud; y Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido conforme lo anterior.

Así mismo se enfatiza que el asunto materia de la iniciativa y por consiguiente incumbencia de este Dictamen, como lo es incluir el sistema braille, en los medicamentos; la denominación genérica, dosis y fecha de caducidad en su envasado.

B. La debilidad visual o ceguera es una discapacidad física que consiste en la pérdida total o parcial del sentido de la vista. Datos de la Organización Mundial de la Salud, señala que en nuestro país el 2 por ciento de la población presenta alguna discapacidad, ya sea física o mental. Por otra parte, los invidentes o débiles visuales constituyen la tercera parte del total y la segunda causa de discapacidad en México, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

C. Hoy en día las personas con discapacidad visual se enfrentan de manera cotidiana a dificultades para recibir e interpretar cualquier información visual, entre otras, el lenguaje escrito. El instrumento legislativo que se dictamina propone que los medicamentos para su uso y comercialización, serán identificados por sus denominaciones genérica y distintiva dosis y fecha de caducidad será obligatoria y su envasado estará escrito en sistema Braille, de esta manera se podrá permitir que las personas con algún tipo de discapacidad visual puedan identificar los medicamentos que necesitan al momento de adquirirlos o en su caso lograr organizar aquellos medicamentos que adquieran y conserven en sus domicilios.

Así mismo, hace mención de que el hecho de informar en braille de las características de un producto, solo implica ventajas para las personas con discapacidad visual, pero sobre todo, supone seguridad.

D. Por otro lado, cabe hacer mención que el Sistema Braille, es un sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas con discapacidad visual. Se conoce también como cecografía. Este método de comunicación fue inventado por Loms Braille en 1825 y consiste en reemplazar las letras y símbolos tradicionales de la escritura por un signo táctil de puntos en relieve. Se basa en un símbolo formado por 6 puntos: aquellos que estén en relieve representan una letra o signo de la escritura en caracteres visuales. Las terminaciones nerviosas de la yema del dedo están capacitadas para captar el tamaño y distribución de los 6 puntos que forman el llamado Signo Generador. Sin embargo, este signo sólo permite 64 combinaciones de puntos, siendo insuficientes para toda la variedad de letras, símbolos y números de cada idioma.

E. Estas Comisiones Dictaminadoras comparten esta preocupación del proponente, en que es necesario incrementar las acciones para erradicarlos obstáculos generados por el entorno y la falta de recursos que soslayan la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con esta discapacidad.

Se comprende y coincide con la inquietud por los pacientes con este tipo de discapacidad, y el interés por garantizar su seguridad en su salud al acceder al momento de consumir medicamentos. Sin embargo, actualmente existen una serie de dificultades técnicas que harían complicado un cambio de este tipo por ello se vierte lo siguiente:

1. Las Comisiones dictaminadoras, estiman que hacer el cambio de empaque en el universo de medicamentos que actualmente se ubican en el mercado, así como en sus diferentes presentaciones, resultaría imposible de realizarse en el corto y mediano plazo, ya que se requiere de grandes inversiones tanto en maquinaria especial para poder agregar las denominaciones distintivas y genéricas de cada fármaco, aunado a que la inserción de la fecha de caducidad en dichos empaques varía con cada lote y se agrega al final del proceso de fabricación.

Así mismo, se hace mención que para que sea correctamente percibido, el lenguaje braille necesita aplicarse a material especial que permita hacer un relieve preciso, cumpliendo con la altura del grabado y dimensiones, en este aspecto el tamaño, de cada punto braille oscila entre 0.381 y 0.508 milímetros (1/8 pulgada de ancho por ¼ pulgada de alto), con una distancia entre sí de 2.28 milímetros si pertenecen a la misma celdilla. La distancia horizontal entre celdilla es de 6.35 milímetros, y la vertical entre líneas es de 10.16 milímetros. El área de grabado tiene que ser relativamente extensa, por la multiplicidad y el tamaño de los signos utilizados.

2. Por otra parte, toda vez que un texto en tinta puede requerir un espacio de 3 a 5 veces mayor en su versión táctil en braille, resultaría complicada su aplicación en empaques y/o etiquetas de tamaño reducido, como es el caso de diversos medicamentos. Más aún, existe una gran variedad de medicamentos que cuentan con más de una sustancia activa, lo que complicaría significativamente el grabado en el empaque.

3. Es de enfatizarse que el proceso de etiquetado de medicamentos usualmente comprende dos fases. En la primera se tiran empaques indicando información básica, tal como el nombre del producto y la sustancia activa; sin embargo, el grabado de la fecha de caducidad, lote y otro tipo de información se realiza en una segunda fase; así, modificar los requisitos del etiquetado implicaría una reestructuración del proceso de tiraje.

4. La implementación del sistema Braille en las etiquetas de los medicamentos, requieren una máquina especial que en la mayoría de los casos son de procedencia y fabricación extranjera por lo que implica un aumento en el costo de producción de estos insumos para la salud el cual se ve reflejado en el precio final de compra que deberá absorber el consumidor afectando a la población en general. Por ello, la propuesta de mérito tendría un impacto presupuestario.

5. Por otra parte, el tiempo requerido tanto por quienes realizan los fármacos como por la autoridad regulatoria para implementar un sistema de esta naturaleza es mínimo de cinco años, ya que incluir etiquetado en sistema Braille en el empaque de los medicamentos requiere una serie de cambios para las dos partes mencionadas.

6. Antes de expedir la regulación especializada en esta materia, resulta indispensable realizar un análisis para determinar cuáles medicamentos incluirían el etiquetado en sistema Braille, considerando que el universo de fármacos es altamente diverso y con distintas especialidades, lo que aumenta la complejidad del proceso.

Así mismo derivado de una regulación en esta materia, la COFEPRIS modificaría diversos, trámites y procedimientos internos, entrenamiento al personal que revisaría los marbetes, entre otros. Esta actualización tendría un impacto presupuestal para la Comisión; por lo que se tendría que revisar la capacidad de la misma tanto en recursos financieros, como recursos humanos.

7. Por otra parte, hay que señalar que los datos estadísticos del censo de población y vivienda del 2010 establecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que la población de individuos con discapacidad visual es del 1.15 por ciento respecto de la población total de nuestro país, asimismo la población con esta discapacidad se ubica entre los 15 años de edad o más, el 20% es analfabeta, y el sistema Braille es una alfabeto mediante el cual se representan letras, signos de puntuación, números, entre otros; siendo este un sistema útil únicamente para la población alfabetizada, por lo que en un balance costo-beneficio la implementación de este cambio no resultaría viable.

8. Por otra parte, tanto consumidores comunes, como aquellos con alguna discapacidad visual, o quienes no saben leer, comúnmente buscan el auxilio de terceros, ya sean familiares, personas cercanas o empleados farmacéuticos, para acceder a la información necesaria, como el caso de los ya mencionados medicamentos de libre acceso que incluyen la información indispensable para hacer un uso correcto de los mismos, así, casi cualquier persona puede auxiliar a quienes sufran discapacidades visuales. Inclusive existen servicios que ofrecen muchas cadenas de farmacias y otros establecimientos comerciales mediante los cuales pueden solicitar información y medicamentos de libre acceso vía telefónica.

Así mismo estas Comisiones dictaminadoras consideran inviable esta iniciativa ya que la Ley General de Salud no es el instrumento adecuado en el cual se deban establecer características del etiquetado de los medicamentos, ya que dicha particularidad corresponde a disposiciones de mayor adaptabilidad y especificidad, como es el caso de la Norma Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-1993, etiquetado de medicamentos, que tiene como objeto establecer los requisitos que deberá de contener el etiquetado de medicamentos de origen nacional o extranjero que se comercialicen en el territorio nacional así como el etiquetado de las muestras médicas de los mismos. Al efecto, se debe considerar lo dispuesto por los artículos 210 y 212 de la Ley General de Salud y 40 Fracción XII de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización que a la letra señalan:

Artículo 210.Los productos que deben expenderse empacados o envasados llevarán etiquetas que deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas o disposiciones aplicables, y en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, éstas se emitirán a propuesta de la Secretaría de Salud, sin menoscabo de las atribuciones de otras dependencias competentes.
Artículo 212.- La naturaleza del producto, la fórmula, la composición, calidad, denominación distintiva o marca, denominación genérica y específica, etiquetas y contra etiquetas, deberán corresponder a las especificaciones establecidas por la Secretaría de Salud, de conformidad con las disposiciones aplicables, y responderán exactamente a la naturaleza del producto que se consume, sin modificarse; para tal efecto se observará lo señalado en la fracción VI del artículo 115.

ARTÍCULO 40.- Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer:

XII. La determinación de la información comercial, sanitaria, ecológica, de calidad, seguridad e higiene y requisitos que deben cumplir las etiquetas, envases, embalaje y la publicidad de los productos y servicios para dar información al consumidor o usuario;

Por otra parte cabe hacer mención del artículo 24 del Reglamento de Insumos para la Salud, que a la letra establece:

ARTÍCULO 24. Las etiquetas deberán contener cuando menos la siguiente información sanitaria y reunir las características y requisitos que establezca la Norma correspondiente:

I. La Denominación Genérica;
II. La Denominación Distintiva, excepto cuando se trate de los Medicamentos Genéricos Intercambiables;
III. La declaración de ingredientes activos;
IV. La identificación y domicilio del fabricante y, en su caso, del distribuidor;
V. Las instrucciones para su conservación;
VI. La fecha de caducidad;
VII. El número de lote;
VIII. La dosis y vía de administración;
IX. Las leyendas precautorias, incluyendo su riesgo de uso en el embarazo;
X. Las leyendas de advertencia;
XI. La leyenda o símbolo que, en su caso, lo identifique como Medicamento Genérico Intercambiable, y
XII. Las especificaciones del organismo vivo que se utilizó para la preparación del medicamento y el nombre de la enfermedad a la cual se destina, de acuerdo con la nomenclatura internacional aceptada, cuando se trate de medicamentos de origen biológico de acción inmunológica.

Cuando la información se exprese en otros idiomas, desde el país de origen deberá aparecer también en idioma español, cuando menos, con el mismo tamaño y proporcionalidad tipográfica, de acuerdo con la Norma correspondiente.

G. Es por lo anteriormente señalado se concluye que la propuesta en análisis resulta inviable para insertarse en la Ley General de Salud.

Con base en lo anteriormente expuesto, los Senadores Integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reformaba el artículo 225 de la Ley General de Salud, por los argumentos vertidos en el apartado de Consideraciones.





 

Uno más, de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 77 Bis 17 de la Ley General de Salud, en materia de fondo de protección contra gastos catastróficos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 77 BIS 17 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 77 Bis. 17 de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 19 de noviembre de 2014, el Senador René Juárez Cisneros integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, presentó iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 77 Bis. 17 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 3 de marzo de 2015, la Mesa Directiva del Senado de la República, autorizó la prórroga hasta por la mitad del plazo que marca el párrafo 1 del artículo 212 del Reglamento del Senado de la República, como lo permite el párrafo 3 del mismo artículo, para la elaboración del dictamen de la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 77 bis 17 de la Ley General de Salud.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Dicha iniciativa contiene proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 29 y se adiciona el artículo 77 bis. 17 de la Ley General de Salud. La cual propone que la cuota social y de las aportaciones solidarias se incrementen al 10% de dichos recursos, para que beneficie al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, con la finalidad de aumentar la salud de la población que no cuenta con atención médica y proteger a las familias más pobres del país.

Tal como se plasma en el cuadro siguiente:

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE

INICIATIVA

Artículo 77 bis 17.- De la cuota social y de las aportaciones solidarias a que se refieren los artículos 77 Bis 12 y 77 Bis 13, la Secretaría de Salud canalizará anualmente el 8% de dichos recursos al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos establecido en el Capítulo VI de este Título.

Artículo 77 bis 17.- De la cuota social y de las aportaciones solidarias a que se refieren los artículos 77 Bis 12 y 77 Bis 13, la Secretaría de Salud canalizará anualmente el 10% de dichos recursos al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos establecido en el Capítulo VI de este Título.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. La salud, es un componente importante del desarrollo socio-económico de cualquier nación; el mejoramiento de la misma tiene un valor humano, ético, político y económico intrínseco. Hoy, el papel del Estado como garante de la salud de la población es parte toral para el desarrollo del país.

C. La creación y puesta en vigor del Sistema de Protección Social en Salud, comúnmente conocido como Seguro Popular, tiene como objetivo principal, que toda la población tenga acceso igualitario al cuidado de su salud. Es un instrumento a través del cual se da el impulso de la protección económica y financiera para todos aquellos ciudadanos que no contaban con seguridad social.

Por ende, desde hace varios años, la cobertura universal se volvió prioridad y cabe destacar el origen del Sistema de Protección Social en Salud. Fue durante 2001-2006, que se puso en marcha el Programa “La Democratización de la Salud en México”, tras una prueba piloto en cinco entidades federativas, entre las que se encuentran (Aguascalientes, Campeche, Colima, Jalisco y Tabasco).

Es a partir de lo anterior, que se adicionó el Título Tercero Bis en la Ley General de Salud, mediante reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2003, Decreto que entró en vigor el 1º de enero de 2004, y cuyo objeto fue la creación del Sistema de Protección Social en Salud como materia de Salubridad General, fortaleciendo con ello el derecho de la población a la protección de la salud, Derecho Humano reconocido en el artículo 4º Constitucional.

D. Cabe señalar que mediante esta reforma se concedió a todos los mexicanos el derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud con la garantía del Estado al acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción a la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y de aceptabilidad social. Por ello, a partir de dicha reforma:

• Otorga la prestación de los servicios de salud ofrecidos a la población afiliada contenidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud.

• El tratamiento de los padecimientos de alta especialidad y alto costo que representan un riesgo financiero o gasto catastrófico, mediante el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos.

• La previsión presupuestal, a través del Fondo de Previsión Presupuestal, conforme a lo establecido en la Ley General de Salud, que contempla recursos para:

1. Infraestructura y equipamiento en zonas de mayor marginación social.

2. Cobertura de servicios esenciales de salud en las entidades federativas.

Y el Objetivo primordial del Seguro Popular, ha sido ofrecer a los mexicanos que carecen de algún tipo de seguridad social acceso a servicios de salud, mediante un esquema de aseguramiento sin desembolso al momento de su utilización, con trato digno y de calidad que favorezca la igualdad social en materia de salud.

E. Hay que señalar que un brazo primordial en el origen del Seguro Popular fue la creación del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), mecanismo financiero creado para garantizar el acceso, de la población sin seguridad social, a la atención de problemas de salud de alta complejidad traducidos en alto costo económico.

Por ende, se consideran Gastos Catastróficos aquellas enfermedades que implican un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel de frecuencia con que ocurren. Estos van dirigidos a la población sin ninguna seguridad social, mexicanos por nacimiento o naturalizados, y que presenten alguna de las patologías comprendidas en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Cabe señalar que dichas enfermedades son autorizadas por el Consejo de Salubridad General, quien se encarga de elaborar los protocolos técnicos que definen con detalle la cobertura por tipo de atención.

F. Por otra parte, hay que enfatizar que la Ley General de Salud, establece en su artículo 77 bis 29:

Para efectos de este Título, se considerarán gastos catastróficos a los que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos asociados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren.

Con el objetivo de apoyar el financiamiento de la atención principalmente de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud que sufran enfermedades de alto costo de las que provocan gastos catastróficos, se constituirá y administrará por la Federación un fondo de reserva, sin límites de anualidad presupuestal, con reglas de operación definidas por la Secretaría de Salud.”

G. La siguiente tabla nos muestra la oferta de servicios actual que se considera en Gastos Catastróficos:


Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos 2012

No.

GRUPO

SUBGRUPO

CLAVE CIE10

SUDIAGNOSTICO

1

CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES

Recién Nacido

P07

Prematurez

2

P22

Insuficiencia Respiratoria

3

P36

Sepsis Bacteriana del Recién Nacido

4

TRASTORNOS PEDIÁTRICOS QUIRÚRGICOS CONGÉNITOS Y ADQUIRIDOS

Cardiovasculares

Q20 - Q28

Malformaciones Congénitas cardiacas

5

Aparato Digestivo

Q39

Atresia de Esófago

6

Q79.2

Onfalocele

7

Q79.3

Gastroquisis

8

Q41.0

Atresia/Estenosis duodenal

9

Atresia intestinal

10

Q42.0, Q42.1, Q42.3

Atresia anal

11

Riñón

Q60.3, Q60.5, Q61.4

Hipoplasia/Displasia renal

12

Uréter

Q62.6

Uréter retrocavo

13

Meatos ectopicos

14

Q62.1

Estenosis Ureteral

15

Q62.3

Ureterocele

16

Vejiga

Q64.1

Extrofia Vesical

17

Uretra y Pene

Q64.0, Q54X

Hipospadias/Epispadias

18

Q64.2, Q64.3

Estenosis uretral

19

Q.64.3

Estenosis del meato uretral

20

Columna Vertebral

Q05X, Q76.0

Espina bifida

21

MENORES DE 10 AÑOS

Enfermedades Lisosomales

E75.2

Enfermedad de Fabry/Enfermedad de Gaucher

E76.0

Mucopolisacaridosis tipo I

E76.1

Mucopolisacaridosis tipo II

E76.2

Mucopolisacaridosis tipo IV

22

Hemofilia

D66

Deficiencia Hereditaria del Factor VIII

D67

Deficiencia Hereditaria del Factor IX

D68.0

Enfermedad de Von Willebrand

23

CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS

Tumores del Sistema Nervioso Central

C71.9

Astrocitoma

24

C71.6

Meduloblastoma

25

C47

Neuroblastoma

26

C72.9

Ependinoma

27

 

Otros*

28

Tumores Renales

C64

Tumor de Wilms

29

 

Otros*

30

Leucemias

C91.0

Leucemia Linfoblástica Aguda

31

C92.0

Leucemia Mieloblástica Aguda

32

 

Leucemias Crónicas

33

Síndromes preleucémicos

34

Tumores Hepáticos

C22.2

Hepatoblastoma

35

C22.7, C22.9

Hepatocarcinoma

36

Tumores Óseos

C40

Osteosarcoma

37

C41

Sarcoma de Ewing

38

Linfomas

C82, C83, C85

Linfoma no Hodgkin

39

Tumores de Ojo

C81.0, C81.9

Enfermedad o Linfoma de Hodgkin

40

Sarcomas

C69.2

Retinoblastoma

41

Tumores Germinales

C49

Sarcoma de partes blandas

42

 

Gonadales

43

Extragonadales

44

Carcinomas

Diversos*

45

Histiocitosis

C96.1

Histiocitosis maligna

46

CÁNCER EN MAYORES DE 18 AÑOS

Cáncer Cervico-Uterino

C53

Tumor maligno del cuello del útero

D06

Carcinoma in situ del cuello del útero

47

Cáncer de mama

C50

Tumo maligno de mama

48

Cáncer Testicular

C62

Seminoma/No seminoma

49

Linfoma no Hodgkin

C82, C83

Folicular/Difuso

50

Cáncer de Próstata

C61

Tumor maligno de la próstata

51

Tumor maligno de ovario (germinal)

C56

Tumor maligno del ovario

52

Tumor maligno de colon y recto

C18, C19, C20

Tumor maligno del colon, Tumor maligno de la unión rectosigmoidea, Tumor maligno del recto

53

TRATAMIENTO MEDICO

tratamiento Antiretroviral de VIH/SIDA

 

 

54

MENORES DE 60 AÑOS

Infarto agudo del miocardio

I21

Menores de 60 años

55

20 A 50 AÑOS

Hepatitis Crónica Tipo C

B18.2

Hepatitis viral tipo C crónica

56

TODAS LAS EDADES

Transplantes

Z94.7

Transplante de cornea

57

Z94.8

Transplante de medula ósea en menores de 18 años

58

Transplante de medula ósea en mayores de 18 años

59

Z94.0

Transplante Renal en menores de 18 años

Las nuevas patologías se refieren a las intervenciones añadidas en 2013 y son;

• TRASPLANTE RENAL EN MENORES DE 18 AÑOS
• CÁNCER DE OVARIO GERMINAL (EN ADULTOS)
• HEPATITIS CRÓNICA TIPO C PARA PERSONAS DE 20 A 50 AÑOS
• CÁNCER DE COLON Y RECTO (EN ADULTOS).

H. Esta figura financiera dentro de nuestro sistema de Salud es de suma importancia, datos que especifica el proponente, demuestran que del 2004 al 2013, con recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, se han financiado 752,527 casos por un monto de $32,251.9 millones de pesos, que incluyen las mencionadas enfermedades consideradas catastróficas.

Este Fondo, está constituido con el 8% de los recursos destinados a la Cuota Social y de las Aportaciones Solidarias (Federal y Estatal), y es administrado y operado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) a través del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS). Y se fundamenta en el siguiente precepto de la Ley mencionada:

Artículo 77 bis 17.- De la cuota social y de las aportaciones solidarias a que se refieren los artículos 77 Bis 12 y 77 Bis 13, la Secretaría de Salud canalizará anualmente el 8% de dichos recursos al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos establecido en el Capítulo VI de este Título.

I. La Iniciativa motivo principal del presente dictamen tiene un espíritu legislativo noble, sin embargo, estas Comisiones Dictaminadoras hacen hincapié en lo siguiente:

Si bien la iniciativa de mérito, tiene como finalidad lograr que el Fondo de Protección contra gastos catastróficos (FPGC), cuente con mayores recursos, a efectode que puedan incorporar un mayor número de enfermedades de alto impacto y alto costo, la misma no contempla la fuente de financiamiento con la cual se haría frente a dicho incremento, pues conforme a la Secretaría de Salud y por ende,la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, el 89% de los recursos relativos a la cuota social y a la aportación solidaria, se destina a cubrirla carterade servicioscontenida en el Catalogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), que contiene las intervenciones de primer y segundo nivel de atención del Sistema de Protección Social en Salud conocido como Seguro Popular, mientras que el 3% restante se destina conforme al artículo 77 Bis 18, de la Ley General de Salud:

Artículo 77 bis 18. “De la cuota social y de las aportaciones solidarias a que se refieren los artículos 77 bis 12 y 77 bis 13, la Secretaría de Salud canalizará anualmente el 3% de dichos recursos para la constitución de una previsión presupuestal, aplicando, a través de un fondo sin límite de anualidad, dos terceras partes para las necesidades de infraestructura para atención primaria y especialidades básicas preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación social, y una tercera parte, sujeta a anualidad, para atender las diferencias imprevistas en la demanda de servicios durante cada ejercicio fiscal.”),a la constitución de una previsión presupuestaria para las necesidades de infraestructura para la atención primaria y especialidades básicas, así como para atender las diferencias imprevistas en la demanda durante cada ejercicio fiscal.

Podemos decir que la propuesta persigue un buen fin, sin embargo, derivado de lo anterior estas Comisiones Dictaminadoras consideran Inviable el aumento de porcentaje de recursos que se destinan al Fondo de Protección contra Riesgos Catastróficos, en virtud de que ello implicaría una reducción de los recursos destinados a cubrir las intervenciones del CAUSES.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

ACUERDO

Único.- El Senado de la República desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reformaba el artículo 77 Bis 17 de la Ley General de Salud, por los argumentos vertidos en el apartado de Consideraciones.





 

Otro, de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar los artículos 134 y 144 de la Ley General de Salud, en materia de vacunas de hepatitis y de varicela.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTÍCULO 134 Y EL ARTÍCULO 144 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I y IV del artículo 134 y el artículo 144 de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 18 de marzo de 2015, el Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura, presentó iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se  reforman las fracciones I y IV del artículo 134 y el artículo 144 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Dicha iniciativa contiene proyecto de Decreto por el que se  reforman las fracciones I y IV del artículo 134 y el artículo 144 de la Ley General de Salud. La cual propone incluir las vacunas de la hepatitis A y de la varicela, en el esquema de vacunación básico, las cuales se considerarán como obligatorias.

Tal como se plasma en el cuadro siguiente:

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE

INICIATIVA

Artículo 134.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles:

I. Cólera, fiebre tifoidea, paratifoidea, shigelosis, amibiasis, hepatitis virales y otras enfermedades infecciosas del aparato digestivo;

II. …
III. ….

IV. Difteria, tosferina, tétanos, sarampión, poliomielitis, rubeóla y parotiditis infecciosa;

 

V. a XIV. Las demás que determinen el Consejo de Salubridad General y los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 144.- Las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis y el sarampión, así como otras contra enfermedades transmisibles que en el futuro estimare necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esta dependencia. La misma Secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud.

Artículo 134.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles:

I. Cólera, fiebre tifoidea, paratifoidea, shigelosis, amibiasis, hepatitis A y B y otras enfermedades infecciosas del aparato digestivo;

II.…;
III.…;

IV. Difteria, tosferina, tétanos, sarampión, poliomielitis, rubeóla, varicela y parotiditis infecciosa;

V. a XIV.…;

 

 

 

Artículo 144.- Las vacunaciones contra la hepatitis A y B, la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis, la varicela y el sarampión, así como otras contra enfermedades transmisibles que en el futuro estimare necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esta dependencia. La misma Secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. Una vacuna es cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de microorganismos. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal u oral.

C. Hay que señalar que la inmunización previene cada año entre 2 y 3 millones de defunciones por difteria, tétanos, tos ferina y sarampión. La cobertura vacunal mundial (proporción de niños de todo el mundo que reciben las vacunas recomendadas) se ha mantenido estable en los últimos años.

D. Es de destacarse que en nuestro país contamos con el Consejo Nacional de vacunación, ya que desde el 24 de enero de 1991, por decreto presidencial se dio origen al mismo. El CONAVA tendría como objeto primordial promover, apoyar y coordinar las acciones de las instituciones de salud de los sectores público, social y privado, tendientes a controlar y eliminar las enfermedades transmisibles, a través del establecimiento del Programa de Vacunación Universal, dirigido a la protección de la salud de la niñez, el cual es un beneficio dirigido a la población, cuyo objetivo es proteger contra enfermedades que son prevenibles a través de la aplicación de vacunas y que se otorga en todas las instituciones públicas de Salud (Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, DIF, PEMEX, etcétera).

Así mismo el 3 de julio del 2001 se creó el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CENSIA), quien debe establecer, implementar y supervisar las políticas públicas rectoras en materia de salud integral de la infancia, adolescencia y vacunación, que propicien la equidad en salud entre todos los mexicanos. Por ende, estos dos órganos son parte primordial para tener una política de vacunación eficaz en nuestro país.

E. Hay que destacar que actualmente, el Programa de Vacunación Universal contempla la aplicación gratuita de 12 vacunas:

1. Vacuna Hepatitis B.
2. Vacuna Poliomielitis Sabin.
3. Vacuna contra Rotavirus.
4. Vacuna triple viral SRP y SR contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis.
5. Vacuna BCG.
6. Vacunas contra neumococo.
7. Vacunas Pentavalente, la cual protege contra cinco enfermedades: difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e infecciones producidas por Haemophilus Influenzae tipo b.
8. Vacuna DPT, protege contra difteria, tos ferina y tétanos.
9. Vacuna Td, que protege contra tétanos y difteria.
10. Vacuna contra Influenza
11. Vacuna Tdpa, protege contra tétanos, difteria y tos ferina.
12. Vacuna VPH, que protege a las niñas contra algunos de los tipos más comunes de Virus del Papiloma Humano y cáncer.

F. El proponente hace mención que si bien es cierto, que nuestro país tiene un sistema de vacunación amplio, del mismo modo no contempla todas las vacunas sugeridas por los pediatras, tal como varicela y hepatitis A y B.

La hepatitis A y la Varicela son quizá dos de las enfermedades más comunes en la infancia, al menos en México, y se adquieren principalmente en la primera década de la vida.

G. Hay que señalar que la hepatitis es una enfermedad inflamatoria que afecta al hígado. Su causa puede ser infecciosa (viral, bacteriana, etc.), inmunitaria (por autoanticuerpos, hepatitis autoinmune) o tóxica (por ejemplo por alcohol, venenos o fármacos). También es considerada, dependiendo de su etiología, una enfermedad de transmisión sexual.

Hay virus específicos para la hepatitis (virus hepatotropos), es decir, aquellos que solo provocan hepatitis. Existen muchos: virus A, virus B, C, D, E, F, G. Los más importantes son los virus A, B, C y, en menor medida, el D y el E, siendo los últimos, F y G los últimos descritos y los menos estudiados.

Por su lado la Hepatitis A: Es la inflamación (irritación e hinchazón) del hígado por el virus de la hepatitis A. El virus de la hepatitis A se encuentra sobre todo en las heces y la sangre de una persona infectada. El virus está presente aproximadamente de 15 a 45 días antes de que ocurran los síntomas y durante la primera semana de la enfermedad.

Los síntomas por lo general aparecen de 2 a 6 semanas después de estar expuesto al virus de la hepatitis A. Generalmente son leves, pero pueden durar hasta varios meses, especialmente en adultos.

Los síntomas abarcan:

• Orina oscura.
• Fatiga.
• Picazón.
• Inapetencia.
• Fiebre baja.
• Náusea y vómitos.
• Heces de color arcilla o pálidas.
• Piel amarilla (ictericia).

Por su lado la Hepatitis B: Es la irritación e hinchazón (inflamación) del hígado debido a infección con el virus de la hepatitis B.

La exposición puede ocurrir:

• Lesiones con objetos cortopunzantes.
• Si hay contacto de sangre u otro fluido corporal con la piel, los ojos o la boca.

Las personas que pueden estar en riesgo de contraer hepatitis B son las que: 

• Tienen relaciones sexuales sin protección con una pareja infectada.
• Reciben transfusiones de sangre.
• Tienen contacto con sangre en el trabajo (por ejemplo, los trabajadores de la salud).
• Han estado sometidas a diálisis renal por largo tiempo.
• Se hacen un tatuaje o acupuntura con agujas contaminadas.
• Comparten agujas durante el consumo de drogas.
• Nacieron de una madre infectada con hepatitis B.

Los síntomas iniciales pueden abarcar:

• Inapetencia.
• Fatiga.
• Febrícula.
• Dolores musculares y articulares.
• Náuseas y vómitos.
• Piel amarilla y orina turbia.

En otro tenor tenemos a la Varicela. Siendo esta una enfermedad contagiosa causada por el virus de la varicela-zóster, de la familia de los herpesvirus, también causante del herpes zóster. Es frecuente en la infancia. En los niños suele ser leve pero en adolescentes y adultos tiene mayor riesgo de complicaciones.

Los síntomas duran una semana. Se inicia con un periodo prodrómico semejante a un cuadro gripal con fiebre leve o moderada; luego aparece un exantema maculopapular, con evolución a vesículas y costras. Se acompaña de adenopatía cervicales y síntomas generales. Las lesiones dérmicas pueden producir cicatrices permanentes.

H. La propuesta contempla que al no incluirse la vacuna de la hepatitis A y de la varicela en el esquema de vacunación básico, el acceso a la salud queda restringido únicamente a aquellas personas que pueden pagar por él.

Sin embargo, después de un análisis estas comisiones dictaminadoras plasman lo siguiente:

1. Respecto de la modificación al artículo 134, de la Ley General de Salud, se estima que la propuesta es innecesaria, ya que si bien no se incluye la Varicela ni las, Hepatitis A y B de manera específica en la Ley General de Salud, la vigilancia epidemiológica de dichos padecimientos se contempla en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, para la vigilancia epidemiológica en sus apéndices informativos A, B, y C como enfermedades transmisibles, prevenibles por vacunación.

2. Por lo que respecta a la reforma al artículo 144, de la Ley General de Salud, la misma se estima innecesaria,  ya que el texto vigente ya contempla de forma genérica la posibilidad de que la Secretaría de Salud incorpore como obligatoria cualquier vacuna que estime necesaria, por ende, no existe la necesidad de especificar cada uno de los padecimientos.

Artículo 144.- Las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis y el sarampión, así como otras contra enfermedades transmisibles que en el futuro estimare necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esta dependencia. La misma Secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud.

Por los argumentos antes vertidos, es que estas comisiones dictaminadoras consideran Inviable la propuesta.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

ACUERDO

Único.- El H. Senado de la República, desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reformaban las fracciones I y IV del artículo 134 y el artículo 144 de la Ley General de Salud, por los argumentos vertidos en el apartado de Consideraciones.





 

Uno más, de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar una fracción IV al artículo 278 de la Ley General de Salud, sobre ingesta accidental de cáusticos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 278 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se que adiciona una fracción IV al artículo 278 de la Ley General de Salud, en materia de ingesta accidental de cáusticos.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 14 de marzo de 2013, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, de la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 278 de la Ley General de Salud, en materia ingesta accidental de cáusticos.

En la misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que dicho proyecto se turnara a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El objetivo principal de la iniciativa, consiste primordialmente en proponer una adición de una fracción IV al artículo 278 de la Ley General de Salud, en materia ingesta accidental de cáusticos, para disminuir la morbimortalidad pediátrica por la ingesta accidental de cáusticos que producen lesiones graves como la perforación esofágica, mediante el establecimiento de listas de sustancias tóxicas sujetas a control.

Así mismo la propuesta define como substancia tóxica a aquel elemento o compuesto o la mezcla química de ambos que, cuando por cualquier vía de ingreso, ya sea inhalación, ingestión o contacto con la piel o mucosas, causan efectos adversos al organismo, de manera inmediata o mediata, temporal o permanente, como lesiones funcionales, alteraciones genéticas, teratogénicas, mutagénicas, carcinogénicas o la muerte.

Asimismo establece que la Secretaría de Salud publicará en el Diario Oficial de la Federación, las listas de los nutrientes vegetales, así como de las substancias tóxicas o peligrosas que por constituir un riesgo para la salud deben sujetarse a control sanitario y no podrán venderse a granel.

La propuesta de iniciativa la encontramos en el siguiente cuadro:

 LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE

 INICIATIVA

 

 

  

CAPITULO XII

Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Substancias Tóxicas o Peligrosas

Artículo 278.- Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. a III. .., y

IV. Substancia tóxica: Aquel elemento o compuesto, o la mezcla química de ambos que, cuando por cualquier vía de ingreso, ya sea inhalación, ingestión o contacto con la piel o mucosas, causan efectos adversos al organismo, de manera inmediata o mediata, temporal o permanente, como lesiones funcionales, alteraciones genéticas, teratogénicas, mutagénicas, carcinogénicas o la muerte.


La Secretaría de Salud determinará, mediante listas que publicará en el Diario Oficial de la Federación, los nutrientes vegetales, así como las substancias tóxicas o peligrosas que por constituir un riesgo para la salud deben sujetarse a control sanitario.

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: adiciona la fracción IV del artículo 278, capítulo XII, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Capítulo XII

Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Substancias Tóxicas o Peligrosas

Artículo 278. Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. a III. ....

IV. Substancia tóxica: Aquel elemento o compuesto o la mezcla química de ambos que, cuando por cualquier vía de ingreso, ya sea inhalación, ingestión o contacto con la piel o mucosas, causan efectos adversos al organismo, de manera inmediata o mediata, temporal o permanente, como lesiones funcionales, alteraciones genéticas, teratogénicas, mutagénicas, carcinogénicas o la muerte.

La Secretaría de Salud determinará, mediante listas que publicará en el Diario Oficial de la Federación, los nutrientes vegetales, así como las substancias tóxicas o peligrosas que por constituir un riesgo para la salud deben sujetarse a control sanitario y no podrán venderse a granel, siendo expedidos en envases etiquetados y tapas con sello de seguridad.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. La Secretaría de Salud, en atención de sus atribuciones, en un plazo máximo de seis meses deberá expedir la reglamentación de las disposiciones que resulten necesarias para el desarrollo y ejecución del presente decreto.

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Segunda, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en que este tema de interés público.

B. Los productos cáusticos son sustancias caracterizadas por su capacidad corrosiva al contactar con la piel y las mucosas. Pueden ser ácidos, álcalis, y productos con acción oxidante. Hay otros cáusticos, no encuadrables en uno de los tres grupos anteriormente expuestos, como el formaldehído, fenol, paraquat, cloruro férrico, dicromatos, etc., con acción sistémica añadida y aplicación industrial en laboratorios o en tareas agrícolas, que son los que producen los cuadros de mayor gravedad. Hay que señalar que las intoxicaciones por cáusticos no son frecuentes, pero puede ser graves e incluso mortales, sobre todo en caso de ingesta.

C. La propuesta en análisis hace mención que esta patología que se ha visto incrementada en nuestro medio por diferentes motivos que produce morbilidad para el paciente y su familia, y elevados costos económicos a la sociedad. Se ve fundamentalmente en pacientes menores de 3 años y ante descuidos de los adultos en cuanto a la manipulación y almacenaje de ellos.

D. Así mismo cabe decir que las sustancias que producen lesiones graves son los ácidos fuertes que tienen pH igual o menor a 2, y los álcalis fuertes que tienen pH igual o mayor a 12. Los agentes ingeridos que predominan es el hipoclorito de sodio y la sosa cáustica o hidróxido de sodio.

E. Hay que señalar que la ingestión accidental de caústicos es un problema de salud que se presenta principalmente en menores de 5 años. La intoxicación por caústicos sigue siendo un grave problema médico-social y representa un alto costo en atención para los sistemas de salud y la familia.

Los agentes que predominan son:

Hidróxido sódico. Que se encuentran en productos de limpieza doméstica, fabricación de jabones caseros, limpiadores de hornos.

Hidróxido potásico. Que se utiliza en productos de limpieza doméstica.

Carbonato sódico y cálcico. Que se emplean en fabricación de jabones, cremas depilatorias, limpiadores de prótesis dentales, pulimiento de metales.

Sales sódicas.- Que se usan en detergentes industriales, productos de lavavajillas, reblandecedores de agua.

Hipoclorito de sodio (lejía). Que se hallan en desinfección de agua potable, desinfección de agua de piscinas, productos de limpieza domestica, limpiadores de prótesis dentales.

Amoniaco. Que se maneja en limpiadores de inodoros, limpieza y pulimiento de metales, colorantes y tintes capilares, productos anti herrumbre, limpiadores de joyas.

F. Se coincide con la propuesta en que la ingesta accidental de estos productos representa un riesgo para la salud a largo plazo, que por ejemplo puede causar cáncer de esófago, el cual ocurre de 1 a 4 por ciento de todas las exposiciones y puede presentarse hasta 40 años después de la exposición. Mortalidad asociada a quemadura esofágica 1 al 5 por ciento.

G. Así mismo cabe señalar que este tipo de productos son utilizados en el hogar y en el trabajo en el primer ámbito para limpieza de baños y cocina principalmente con la sosa caustica. Por ello es menester mencionar la siguiente tabla:

Productos cáusticos más frecuentes en el hogar y en la industria, (muchos de los cáusticos pueden encontrarse en el ambiente doméstico y laboral).

Productos cáusticos más frecuentes.

Ubicación

Ph

Agente

Aplicación

Hogar

Ácidos

Clorhídrico (salfumán)

Limpia-sanitarios

Sulfúrico

Desatascador

Fluorhídrico

Antioxidante

Álcalis

Hipoclorito sódico (lejía)

Limpia-suelos. Limpia-sanitarios

Hidróxido sódico (sosa cáustica)

Detergente y abrillantador de lavavajillas a máquina. Desatascador

Amoníaco

Limpia-superficies

Fosfato sódico

Detergente de lavavajillas a máquina

Industria

Ácidos

Sulfúrico

Batería de coche

Fluorhídrico

Decapante. Grabado del vidrio

Nítrico

Agua fuerte

Nítrico + Clorhídrico

Agua regia

Álcalis

Hidróxido cálcico

Cemento

Oxidantes

Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada)

Blanqueante. Cosmética capilar

H. Sin embargo a pesar que estas comisiones dictaminadoras ven loable el espíritu de la iniciativa, se considera que la misma no resulta viable en los términos propuestos por ello realiza las siguientes observaciones:

1.- La presente iniciativa es innecesaria, en virtud de que conforme a lo dispuesto por los artículos 210, 274, 279 y 281 de la Ley General de Salud, ya se encuentra regulada dicha pretensión y estos preceptos  plasman lo siguiente:

Artículo 210.- Los productos que deben expenderse empacados o envasados llevarán etiquetas que deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas o disposiciones aplicables, y en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, éstas se emitirán a propuesta de la Secretaría de Salud, sin menoscabo de las atribuciones de otras dependencias competentes.

Artículo 274.- En las etiquetas de los envases y empaques en los que se presenten los productos a que se refiere el artículo anterior, además de lo establecido en el artículo 210 de esta Ley, en lo conducente, figurarán las leyendas que determinen las disposiciones aplicables.

Artículo 279.- Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. Establecer, en coordinación con las dependencias del Ejecutivo Federal competentes y para fines de control sanitario, la clasificación y las características de los diferentes productos a que se refiere este Capítulo, de acuerdo al riesgo que representen directa o indirectamente para la salud humana;

II. Autorizar, en su caso, los productos que podrán contener una o más de las substancias, plaguicidas o nutrientes vegetales, tomando en cuenta el empleo a que se destine el producto;

III. Autorizar los disolventes utilizados en los plaguicidas y nutrientes vegetales, así como los materiales empleados como vehículos, los cuales no deberán ser tóxicos por sí mismos ni incrementar la toxicidad del plaguicida o del nutriente vegetal;

IV. Autorizar el proceso de los plaguicidas persistentes y bioacumulables de cualquier composición química, solamente cuando no entrañen peligro para la salud humana y cuando no sea posible la sustitución adecuada de los mismos, y

V. Establecer, en coordinación con las dependencias competentes, las normas oficiales mexicanas en las que se especifiquen las condiciones que se deberán cumplir para fabricar, formular, envasar, etiquetar, embalar, almacenar, transportar, comercializar y aplicar plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas en cualquier fase de su ciclo de vida. A efecto de proteger la salud de la población prevalecerá la opinión de la Secretaría de Salud.

Artículo 281.- Las etiquetas de los envases de los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas, en lo conducente, deberán ostentar, en español, claramente la leyenda sobre los peligros que implica el manejo del producto, su forma de uso, sus antídotos en caso de intoxicación y el manejo de los envases que los contengan o los hayan contenido, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y con las normas que dicte la Secretaría de Salud.

2.-Asimismo, cabe mencionar que las siguientes normas oficiales mexicanas, buscan regular las características de los envases, embalajes y etiquetado de este tipo de productos:

• NOM-003-SSA1-2006, Salud ambiental, requisitos sanitarios que debe satisfacer el etiquetado de pinturas, tintas, barnices, lacas y esmaltes.

• NOM-232-SSA1-2009, Plaguicidas que establecen los requisitos del envase, embalaje y etiquetado de productos grado técnico y para su uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, industrial y doméstico.

• NOM-182-SSA1-2010, Etiquetado de nutrientes vegetales.

• NOM-189-SSA1/SCFI-2012, Productos y servicios, Etiquetado y envasado para productos de aseo de uso doméstico; que en su numeral 7.1.1 señala:

“Los productos objeto de esta Norma, que representen un riesgo a la salud por su acción tóxica, corrosiva o inflamable deben contar con dispositivo de seguridad y estar contenidos en envases resistentes a niños”.

Finalmente con base en lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Segunda, estiman que la materia de la iniciativa en comento esta ya inmersa en la propia Ley General de Salud Vigente así como en diversas Normas Oficiales Mexicanas, por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionaba una fracción IV al artículo 278 de la Ley General de Salud, en materia ingesta accidental de cáusticos, por los argumentos vertidos en el apartado de Consideraciones.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 1° de diciembre de 2015.

COMISION DE SALUD
COMISIONE DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA





 

Otro, de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto para modificar los párrafos primero, segundo y octavo del artículo 18 constitucional, sobre Centros de Reinserción Social de Sentenciados.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y OCTAVO DEL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)







 

Y el de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforma el séptimo párrafo del artículo 28 constitucional, sobre facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en sentido negativo, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Están a discusión. Al no haber oradores inscritos, ni reservas, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto iniciados en esta Cámara.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes que desechan proyectos de Decreto. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobados los dictámenes. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.





 

Pasamos a la discusión de dictámenes con punto de Acuerdo.

Tenemos uno de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo sobre esclerosis múltiple.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Están a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, por la Comisión de Salud, para presentar el dictamen.

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente.

La esclerosis es considerada una enfermedad autoinmune, crónica e inflamatoria del sistema nervioso central; se presenta en individuos genéticamente susceptibles e involucra a factores inmunológicos como anticuerpos, complementos y mediadores de la respuesta inmune que tenemos por nacimiento.

Dicha enfermedad ataca la vaina de mielina que envuelve el nervio encargado de transmitir las sensaciones al cerebro y a la médula espinal, y constituye una de las causas más frecuentes de discapacidad neurológica.

Algunos de los síntomas que se ven en esta enfermedad son el cansancio, el hormigueo, trastornos en sensibilidad, alteraciones del equilibrio, temblor involuntario, rigidez, espasticidad, debilidad en las extremidades, alteraciones en la vista o en las funciones de la vejiga o intestinos, además de cambios que se presenten en la salud mental y el paciente pierde fuerza gradualmente hasta que se vuelve incapaz de caminar.

En nuestro país se calcula que la esclerosis múltiple afecta, en términos generales, a quince jóvenes por cada cien mil habitantes, y en su mayoría pueden ser personas que tienen que dejar de trabajar por su padecimiento y pierden la seguridad social.

Cabe señalar que esta enfermedad no tiene cura. Derivado de ello, los costos y cuidados conllevan también el deterioro emocional tanto del paciente como de sus familiares en el aspecto social y en el gasto económico, dadas las múltiples necesidades que surgen a partir de su diagnóstico.

Sin embargo, se controla para tener una buena calidad de vida, pero ello implica una fuerte cantidad de dinero para iniciar los estudios necesarios para su diagnóstico y posteriormente seguir con el tratamiento, el cual se debe tener en forma adecuada y en tiempo.

Hoy en nuestro país a muchos de los pacientes detectados con esclerosis en las instituciones públicas de nuestro sector se les surte su tratamiento de manera tardía o irregular, ya que pueden pasar hasta dos o tres meses, lo que se traduce en que tienen recaídas o brotes, los cuales perjudican el avance que ya se había logrado cuando se llevaba a tiempo el mismo tratamiento. Eso implica que estos pacientes tengan que volver a comenzar de cero.

Aunado a ello, se señala que es extremadamente caro este tipo de tratamientos. Existe, por ejemplo, el Fingolimod, el Interferón, entre otros, los cuales oscilan en un precio de 45 y 64 mil pesos mensuales y cada caja contiene sólo 28 pastillas, lo cual nos dice que para la mayoría de los pacientes es imposible allegarse de su tratamiento cada mes.

Es por ello que, como legisladores, debemos procurar la salud como derecho a todos los mexicanos, más aún, tratar de aminorar los efectos que conlleva.

Finalmente, con la aprobación de este Acuerdo, se analizaría la viabilidad de incluir en el cuadro básico de instituciones públicas prestadoras de servicios de salud, los medicamentos que resulten idóneos para retardar el progreso, controlar los síntomas para dicha enfermedad y solicitar que se garantice el abasto de aquellos que ya se encuentran dentro del mismo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Ortiz Domínguez.

Se inserta intervención de la Senadora Sonia Rocha Acosta.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo que exhorta implementar una campaña de concientización que coadyuve a erradicar la práctica de la automedicación no responsable y la autoprescripción.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen una proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una campaña de concientización que coadyuve a erradicar la práctica de la automedicación.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 8 de septiembre de 2015, los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario de la LXIII Legislatura, presentaron proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una campaña de concientización que coadyuve a erradicar la práctica de la automedicación.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

Las Senadoras proponentes consideran importante que se refuercen las acciones y estrategias para contrarrestar la automedicación, ya que esto pone en peligro la salud y muchas veces la vida de aquella persona que lo realiza sin tener, el conocimiento exacto de los efectos secundarios. Por ello las y los senadores de este grupo parlamentario proponen exhortar a la Secretaría de salud, para que realice una campaña de concientización que coadyuve a erradicar la práctica de la automedicación.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de vital importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud.

B. La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la Automedicación como el uso de los medicamentos por parte de las personas con el propósito de tratar enfermedades o síntomas que por sí mismos puedan identificar. Se refiere fundamentalmente a los medicamentos de venta libre. Y la Autoprescripciónse define como el uso indiscriminado de fármacos sin indicación ni supervisión facultativa de un médico.

Por ende, la automedicación es la selección y uso de medicamentos por parte de las personas para el tratamiento de trastornos o síntomas auto-diagnosticados o auto-reconocidos.

Por lo tanto, existe la diferencia entre automedicación (uso de medicamentos de libre acceso) y autoprescripción (uso de medicamentos de prescripción sin receta médica). La autoprescripción es desalentada por la OMS debido a que el margen riesgo/beneficio propio de estos medicamentos (por ejemplo, los antibióticos) requiere que su uso ocurra bajo supervisión médica.

C. En países como el nuestro, la automedicación es una de los más comunes y preferidas modalidades socorrida por los pacientes. Sin embargo, tiene ventajas y desventajas, por ejemplo, para los sistemas sanitarios facilita un mejor uso de las habilidades clínicas, aumenta el acceso a los tratamientos y puede contribuir a la reducción de los costos de medicamentos prescritos asociados a los programas de salud.

Contrario a lo anterior, la desventaja es mayor ya que está asociada a riesgos tales como un mal diagnóstico, el uso de una dosis excesiva de fármacos, la duración prolongada de uso, interacciones con otros medicamentos y el fenómeno de polifarmacia así como disminución de la efectividad de los antibióticos en la persona que los toma, generación de cepas de bacterias resistentes al antibiótico, que pueden infectar a otras personas, así como una intoxicación.

D. Cabe señalar que el uso correcto de los medicamentos, cuando la situación clínica realmente lo amerita, busca que ello sea con el menor riesgo posible. Esta práctica “automedicación”, está profundamente influenciada por las condiciones socioculturales del usuario y la publicidad farmacéutica.

Los principales factores que influyen en la automedicación tienen que ver con la falta de seguridad social, es decir, están desprotegidos en servicios de salud; la atención en salud que depende en gran medida de la farmacoterapia tradicional, sin considerar la promoción del desarrollo humano integral y del bienestar mediante otras alternativas; la concentración de médicos en las grandes ciudades, la mercadotecnia de los medicamentos por los diversos medios de comunicación, entre otras.

De acuerdo con un estudio realizado en 2013 por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, 78% de la población se administra algún tipo de medicamento sin consultar al médico, para tratar diferentes dolencias o síntomas. Principalmente lo hacen por usos y costumbres en el seno familiar, así como por las recomendaciones que reciben de amigos.

No obstante, entre la población no existe una percepción sobre estos riesgos, basta mencionar que de acuerdo al estudio citado, 45% de los entrevistados perciben que existe la posibilidad de una intoxicación; 17% considera que los efectos secundarios pueden representar un riesgo para su salud; 16% supone que el principal riesgo es que el medicamento no de los resultados esperados, solo 7% percibe que con la automedicación se cubren los síntomas de una enfermedad más grave que requiere atención; 3% de los entrevistados considera que esta práctica genera una dependencia o adicción; y 1%opina que el uso de medicamentos sin prescripción médica puede provocar resistencia a los antibióticos.

La automedicación está lejos de ser una práctica totalmente segura, en particular, en el caso de la automedicación no responsable. Los riesgos potenciales de las prácticas de automedicación son: auto-diagnóstico incorrecto, los retrasos en la búsqueda de consulta médica cuando sea necesario, las reacciones adversas poco frecuentes pero graves, las interacciones con medicamentos que puedan ser peligrosas, la manera incorrecta de administración, dosis incorrecta, la elección inadecuada de la terapia, el enmascarar una enfermedad grave y el riesgo de la dependencia, así como el abuso.

E. Hoy en día en las farmacias se pueden dispensar algunos medicamentos sin necesidad de una receta. Por eso se les llama medicamentos sin receta o medicamentos o de venta libre (OTC), que se ocupan para aliviar o curar ciertos padecimientos como por ejemplo: resfriado común, dolor leve, etc.

De lo anterior, se desprende que en México a diferencia de otros países más desarrollados, los medicamentos que requieren receta médica frecuentemente eran vendidos en las farmacias sin exigirse la receta. Entre 43 y 59 por ciento de los medicamentos que requieren receta médica eran vendidos sin este requisito.

Sin embargo, el 27 de Mayo de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que está sujeta la venta y dispensación de antibióticos”, que reglamenta la fracción VI del artículo 226 de la Ley General de Salud, como respuesta a la preocupación del uso y abuso de este grupo de medicamentos. Con esta medida, se limitó considerablemente el abuso de estos fármacos, con la disminución de los efectos adversos y sobre todo, de las resistencias bacterianas a fármacos.

Por ende, el precepto ya mencionado distingue entre aquellos medicamentos que para su venta requieren receta médica y aquellos que no, lo cual a la letra establece:

“Artículo 226.- Los medicamentos, para su venta y suministro al público, se consideran:

I. Medicamentos que sólo pueden adquirirse con receta o permiso especial, expedido por la Secretaría de Salud, de acuerdo a los términos señalados en el Capítulo V de este Título;

II. Medicamentos que requieren para su adquisición receta médica que deberá retenerse en la farmacia que la surta y ser registrada en los libros de control que al efecto se lleven, de acuerdo con los términos señalados en el capítulo VI de este título. El médico tratante podrá prescribir dos presentaciones del mismo producto como máximo, especificando su contenido. Esta prescripción tendrá vigencia de treinta días a partir de la fecha de elaboración de la misma.
III. Medicamentos que solamente pueden adquirirse con receta médica que se podrá surtir hasta tres veces, la cual debe sellarse y registrarse cada vez en los libros de control que al efecto se lleven. Esta prescripción se deberá retener por el establecimiento que la surta en la tercera ocasión; el médico tratante determinará, el número de presentaciones del mismo producto y contenido de las mismas que se puedan adquirir en cada ocasión.

Se podrá otorgar por prescripción médica, en casos excepcionales, autorización a los pacientes para adquirir anticonvulsivos directamente en los laboratorios correspondientes, cuando se requiera en cantidad superior a la que se pueda surtir en las farmacias;

IV. Medicamentos que para adquirirse requieren receta médica, pero que pueden resurtirse tantas veces como lo indique el médico que prescriba;

V. Medicamentos sin receta, autorizados para su venta exclusivamente en farmacias, y

VI. Medicamentos que para adquirirse no requieren receta médica y que pueden expenderse en otros establecimientos que no sean farmacias.

No podrán venderse medicamentos u otros insumos para la salud en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes.”

F. Por otra parte, el estudio mencionado marcó que el 11% de la población reportó usar antibióticos, cuando la venta de este tipo de medicamentos sin receta está prohibida, lo cual se observa que se obtuvieron sin la necesidad de presentar receta médica, hecho que resulta contrario a lo establecido en nuestra ley sanitaria.

Lo anterior, preocupa en dos líneas; la primera reflejada en el cumplimiento exacto de la Ley por parte de los establecimientos autorizados para la venta de medicamentos; y la segunda está relacionada con la posible venta clandestina de medicamentos en mercados sobre ruedas y puestos ambulantes.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la propuesta de exhortar a la Secretaria de salud, para que realice una campaña de concientización que coadyuve a erradicar la práctica de la autoprescripción, por ello y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, implementen una campaña de concientización que coadyuve a erradicar la práctica de la automedicación no responsable y la autoprescripción.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo las acciones necesarias para garantizar que los establecimientos que expiden medicamentos, cumplan con los criterios dispuestos en el artículo 226 de la Ley General de Salud.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria.

Se inserta intervención de la Senadora Sonia Rocha Acosta.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, están a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica…

Sonido en el escaño del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

El Senado el año pasado aprobó por unanimidad una iniciativa que regula los medicamentos milagro, que va en este mismo sentido, porque aquí el tema es que el que recete la televisión, la radio, los espectaculares y, entonces, valdría la pena anexar este exhorto a la Colegisladora, porque aquí fue aprobado por unanimidad el tema medicamentos milagro, eso que te adelgazo en tres días, bajas 30 kilos de peso en tres días, pero con todo y caja.

Entonces vale la pena que se retomara esto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Toma nota esta Mesa Directiva para efecto de formular excitativa a la Colegisladora, pero también le informo que el siguiente dictamen de la Comisión de Salud, versa específicamente sobre productos milagro.

Al no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo que exhorta a implementar diversas campañas de información sobre medicamentos milagro.

Solicito a la Secretaría  dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

La Secretaría Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen dos proposiciones con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, a instruir al titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, a implementar diversas campañas de información y concientización en relación a los riesgos para la salud que representa el consumo de los llamados productos milagro; y a realizar las investigaciones y estudios que resulten necesarios, para determinar si algún tipo de producto de perfumería, belleza y aseo personal que se venden en México, contiene sustancias químicas nocivas o que alteran la salud humana.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de los referidos puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DELOS PUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 8 de abril de 2015, las y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a implementar diversas campañas de información y concientización en relación a los riesgos para la salud que representa el consumo de los llamados “medicamentos milagro”.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 20 de octubre de 2015, las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de Acuerdo, que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, a instruir a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, a realizar las investigaciones y estudios que resulten necesarios, para determinar si algún tipo de producto de perfumería, belleza y aseo personal que se venden en México, contiene sustancias químicas nocivas o que alteran la salud humana.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DELOS PUNTOS DE ACUERDO

Las y los Senadores proponentes, destacan la importancia de vigilar los diversos productos milagro y de belleza, con la finalidad de que su composición y consumo no impliquen un daño a la salud de las personas.

III. CONSIDERACIONES

A. En la actualidad existen una gran diversidad de productos en el mercado, destinados a la belleza, al aseo personal y aquellos que se anuncian como curativos o como remedios de ciertos padecimientos del cuerpo, tales como las varices, la calvicie, el sobrepeso y la obesidad, entre otros, enfocados en mejorar la apariencia física de las personas.

Sin embargo, existe preocupación de diversos legisladores en torno al daño que pueden provocar estos productos, si no se informa a la población sobre las consecuencias que pueden tener en la salud de las personas, ya sea por su composición química o por los efectos que promete tener sobre la salud.

B. En México, la Ley General de Salud establece en su artículo 17 bis, que compete a Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, lo relacionado con productos cosméticos, de aseo y suplementos alimenticios entre otros.

En materia de productos cosméticos, de acuerdo con la Ley en comento, establece que son las sustancias o formulaciones destinadas a ser puestas en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano, con el fin de limpiar, perfumar, ayudar o modificar su aspecto, proteger, entre otras funciones. De tal forma y derivado de su importancia, también se establece en su artículo 269, que la Secretaría de Salud, tiene la responsabilidad de dar a conocer mediante Acuerdo o listados, todas aquellas sustancias restringidas o prohibidas para la elaboración de productos cosméticos.

Lo anterior resulta de suma importancia, toda vez que los proponentes destacan diversas sustancias que pueden resultar dañinas para la salud y que se encuentran en diversos productos y cuyo uso, puede estar en contacto directo con el cuerpo humano.

Derivado de lo anterior, la Secretaría de Salud, publicó en el Diario Oficial de la Federación, del 21 de mayo de 2010, el ACUERDO por el que se determinan las sustancias prohibidas y restringidas en la elaboración de productos de perfumería y belleza, con sus últimas modificaciones del 11 de marzo de 2014, con la finalidad de mantener actualizada la lista y proteger a los usuarios de sustancias que pueden dañar la salud.

Dicho ACUERDO surge como medida de protección a la salud de la población, para garantizar la condición idónea de los productos destinados al uso de las personas, toda vez que como bien señala y se ha enfatizado en el presente, existen sustancias que pueden tener efectos tóxicos o implicar cualquier otro riesgo para la salud, por lo que con el mismo se pretende su identificación y prohibición.

C. Ahora bien por lo que respecta a los conocidos como productos milagro, se caracterizan por exaltar en su publicidad, una o varias cualidades terapéuticas, preventivas, rehabilitatorias o curativas, que van desde cuestiones estéticas, hasta la solución de problemas graves de salud.

Por el riesgo que éstos productos pueden implicar en la salud de las personas, se tiene una estricta regulación en la materia, que puede implicar desde el contenido de su publicidad, su aseguramiento o descontinuar su fabricación, entre otras acciones.

Lamentablemente, en la actualidad y derivado de la celeridad con la que se vive, las personas buscan remedios que sean rápidos y se confunde con lo que éstos implican en su salud, por ejemplo, una crema o píldoras cuya publicidad se enfoca en prometer desinflamar o incluso desaparecer un problema de várices, cuando éstas deben ser tratadas médicamente y dicho tratamiento jamás se debe sustituir por un producto milagro que solo puede agravar el problema. El anterior, es solo uno de los muchos ejemplos que existen, con suplementos alimenticios, productos dirigidos a la diabetes, sobrepeso, obesidad e incluso antidepresivos que se venden sin receta.

En torno a ello, la COFEPRIS, lleva a cabo acciones, como por ejemplo, en materia de productos milagro, relacionados con la obesidad, el retiro en lo que va de la presente administración y hasta enero de 2015, en coordinación con la policía cibernética, de más de 3 mil 430 páginas de internet que ofertan productos milagro, así mismo el decomiso en puntos de venta, de más de 2.2 millones de piezas de este tipo de productos, que pueden tener diversos daños a la salud como, daños al riñón e hígado, al sistema nervioso, entre otros.

La salud de las personas es muy importante y se debe cuidar cada día de manera personal, sin embargo, hay aspectos que las personas en su vida cotidiana no podrían tomar en cuenta detalladamente, como lo es la composición química de un jabón, o la efectividad de un suplemento alimenticio, ya que dan por hecho que si se encuentra disponible en el mercado, es porque no conlleva ningún problema, por ello, las autoridades sanitarias y la COFEPRIS en específico, deben continuar realizando las acciones necesarias para identificar tanto las sustancias como los productos que resulten dañinos para la salud de las personas y evitar así riesgos.

Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con las propuestas y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que de manera coordinada implementen diversas campañas de información y concientización, donde se destaquen los riesgos a la salud que representa el consumo de los llamados “medicamentos milagro”. Asimismo que informe a esta Soberanía, sobre sus acciones y resultados en este tema, en lo que va de la presente Administración.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, informe a esta Soberanía, sobre la cotidianeidad con la que se revisan y actualizan las sustancias prohibidas para la elaboración de productos de belleza. Asimismo, se informe sobre las acciones que se llevan a cabo para controlar y en su caso, asegurar que los productos que se ofertan en espacios informales no sean dañinos para la salud.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Están a discusión.

Al no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Tenemos la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Fomento Económico, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo entre México y la Mancomunidad de Dominica.

CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA MANCOMUNIDAD DE  DOMINICA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, EL 30 DE ABRIL DE 2014

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, para presentar dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Les comparto que la presentación que haré incluye los dos dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Fomento Económico; pero para tener una sola intervención, lo haré en este momento.

La Cooperación Internacional para el Desarrollo es un importante principio que rige la relación entre los miembros de la comunidad internacional y comprende un conjunto de acciones realizadas tanto por actores públicos como privados encaminadas a promover el progreso económico y social, de modo que este sea más equilibrado y sostenible.

Este concepto incluye importantes vertientes: el desarrollo humano que significa ampliar las oportunidades de las personas potencializando sus capacidades y respetando sus derechos humanos, así como también el desarrollo sostenible que busca satisfacer las necesidades de los ciudadanos preservando el medio ambiente.

La Constitución contempla que la conducción de la política exterior del Estado mexicano debe tener como principio normativo la cooperación para el desarrollo, a fin de promover, multiplicar, fortalecer y dinamizar el intercambio de recursos, conocimientos y experiencias con otros países.

En ese tenor, en esta ocasión presentó dos dictámenes que aprueban dos convenios de cooperación para el desarrollo con la Mancomunidad de Dominica y con Granada, dos países de El Caribe.

Estos convenios buscan establecer una coordinación permanente de las actividades de cooperación que contempla el intercambio de especialistas, de documentación, información, formación de recursos humanos, intercambio de material, la realización de proyectos conjuntos de desarrollo científico y tecnológico, la organización de seminarios y conferencias, la cooperación financiera, así como cualquier modalidad que las partes convengan.

De esta manera, estos instrumentos internacionales no solamente contemplan la cooperación técnica y científica, sino que también se incorpora la cooperación financiera en el marco del Proyecto Mesoamérica, convirtiéndose en convenios con mayores posibilidades de oferta de cooperación internacional mexicana que impulsará de manera integral la cooperación entre nuestro país y El Caribe a través de la ejecución de programas, proyectos y acciones solidarias que incidirán en un avance social tangible.

Cabe señalar que México tiene una excelente relación con Granada, con quien estableció relaciones diplomáticas formales desde 1975, que en los últimos años se han visto fortalecidas por los contactos de alto nivel tanto en el ámbito bilateral, como en el marco de reuniones organizadas por organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos, la Comunidad del Caribe y Asociación de Estados del Caribe.

Hoy la Cooperación Técnica Bilateral con Granada está orientada a los sectores de agricultura, medio ambiente, recursos naturales y gestión pública. Además, Granada ha participado en programas de capacitación regional organizados por el gobierno de México en los temas de negociación y suscripción de tratados comerciales, atención y prevención del VIH/SIDA y en capacitación diplomática.

Datos de la Secretaría de Economía indican que en 2014 la balanza comercial bilateral registró un superávit de un millón 724 mil dólares para México, dado que sus exportaciones a la isla fueron por un total de un millón 788 mil dólares, mientras que las exportaciones de Granada a nuestro país alcanzaron 64 mil dólares.

Nuestro país, por otra parte, estableció relaciones diplomáticas con la Mancomunidad de Dominica en 1979 y la cooperación bilateral se ha encaminado a los sectores agrícola, alimentario y de salud, destacando la realización de actividades de capacitación en cultivo y comercialización de piña entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación y la Asociación Nacional de Productores de Piña de Dominica, cooperando de cerca con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.

Le pediría, señor Presidente, poder integrar en el Diario de los Debates mi discurso y agradecer, por último, a los Presidentes de las comisiones codictaminadoras, a la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y al Senador José Ascensión Orihuela Bárcenas, Presidente de la Comisión de Fomento Económico, por el trabajo técnico que hicimos para estar presentando el día de hoy estos dos convenios que fortalecen nuestras relaciones con El Caribe.

Es cuanto, señor Presidente.

Intervención



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza. Como lo ha solicitado, el contenido íntegro de su intervención se inserta en el Diario de los Debates.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

En esta ocasión, al igual que lo hizo mi compañera la Senadora Mariana Gómez del Campo, estaré presentando los dos dictámenes que serán sometidos a su consideración.

En primer lugar se encuentra el Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo entre nuestro país y la Mancomunidad de Dominica, firmado en la ciudad de Mérida, Yucatán.

México y la Mancomunidad de Dominica establecieron relaciones diplomáticas el 3 de abril de 1979. La relación bilateral se ha visto fortalecida ante la apertura comercial en nuestro país en la región de El Caribe; sin embargo, también ha resultado prioritario para la política exterior de México el participar en temas de cooperación, pues al contribuir al desarrollo económico de la zona también contribuirá a su estabilidad.

Con la cooperación técnica entre México y la Mancomunidad de Dominica se abren todos los sectores de agricultura, alimentación y salud, en el ámbito regional representantes de la Mancomunidad de Dominica han participado en programas de capacitación regional organizados por el gobierno de México en los temas de negociación y suscripción de tratados comerciales, protocolo y organización de conferencias internacionales, métodos didácticos para profesores de español y atención y prevención del VIH/SIDA.

En materia de cooperación educativa 32 estudiantes de la Mancomunidad de Dominica han recibido becas para efectuar estudios de licenciatura en México, como parte del programa especial de becas para países de El Caribe anglófono.

En este contexto, nuestro gobierno inició una serie de acercamientos con sus contrapartes de la Mancomunidad de Dominica; como resultado de estos acercamientos se presenta este Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre México y la Mancomunidad de Dominica, el cual proponemos sea aprobado.

Este convenio tiene como finalidad promover el desarrollo entre ambos países; y esto lo debemos ver como una oportunidad para fortalecer a nuestro país como un acto regional relevante y de esa manera fortalecer los canales de diálogo y cooperación en la región de América Latina y El Caribe.

La importancia de este instrumento internacional radica primordialmente en la transferencia, recepción, intercambio de recursos, bienes, conocimientos y experiencias educativas, culturales, técnicas, científicas, económicas y financieras entre gobiernos, así como de organismos internacionales con el propósito de promover el desarrollo humano sustentable.

En el caso del siguiente dictamen, que tiene que ver también con un convenio básico de cooperación para el desarrollo entre nuestro país y Granada, sin duda también se trata de una estrategia de cooperación muy importante para nuestro país, ya que tenemos relaciones diplomáticas con Granada desde abril de 1975, y básicamente está enfocado este convenio a los sectores de agricultura, medio ambiente, recursos naturales y gestión pública en los que ya se han ejecuto proyectos de capacitación al Ministerio de Agricultura de Granada en los temas de erradicación de la mosca de la fruta, así como la sistematización de bases de datos para el registro de la tierra.

Granada es el socio comercial 169 a nivel mundial y 40 a nivel de América Latina y El Caribe para nuestro país, pero para Granda es su socio comercial número 19. Los principales productos que México exporta a Granada son preparaciones de limpieza y refrigeradores, mientras que las importaciones son principalmente materiales eléctricos, tuercas y pernos.

La relación bilateral se ha visto fortalecida ante la apertura comercial de nuestro país en la región. Sin embargo, participar en tareas de cooperación para contribuir al desarrollo económico, social y sustentable es una de las estrategias más importantes; y en ese contexto, se han hecho acercamientos muy importantes con nuestras contrapartes de Granada y como resultado se encuentra precisamente este convenio que ponemos a su consideración.

Me sumo al agradecimiento expresado por la Senadora Gómez del Campo Gurza, ha sido un placer poder trabajar estos temas en conjunto y, sobre todo, al tratarse de temas que involucran el desarrollo de México en nuestra región y, por supuesto, al tratarse de temas de cooperación que involucran los dos espíritus más importantes de ambos países.

Es cuánto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Cuevas Barrón.

Se concede el uso de la palabra al Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Fomento Económico, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Gracias, señor Presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros del Senado:

Dentro de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2014, la Cooperación Internacional para el Desarrollo ocupa un lugar primordial para la consecución de la meta número cinco: “hacer de México un país con responsabilidad global”.

En este sentido, nuestro país ha desarrollado una diplomacia activa en diferentes partes del mundo, enfocada a establecer relaciones de cooperación con viejos y nuevos socios y que tengan como principal objetivo el desarrollo económico, social y sustentable de nuestras naciones.

La cooperación internacional para el desarrollo contempla la transferencia, recepción e intercambio de recursos, bienes, conocimientos y experiencias educativas, culturales, técnicas, científicas, económicas y financieras entre gobiernos o con organismos internacionales con el objetivo de promover el desarrollo humano sustentable.

Desde abril de 2011 nuestro país cuenta con la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, cuyo objetivo es dotar al Poder Ejecutivo Federal de los instrumentos necesarios para auspiciar este tipo de cooperación entre México y otros Estados, así como organismos internacionales que favorezcan la transferencia, recepción e intercambio de recursos, bienes, conocimientos y experiencias educativas, culturales, técnicas, científicas, económicas y financieras.

El Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Mancomunidad de Dominica, es precisamente un instrumento que favorece este tipo de estrategias diplomáticas del gobierno federal y que además fomentará el desarrollo entre ambas naciones, profundizando a su vez los lazos de amistad y la presencia de México en la región de El Caribe y Latinoamérica.

Compañeras y compañeros Legisladores, nuestro país ha recuperado su presencia en diversas regiones del mundo, especialmente en América Latina.

Por lo anteriormente expuesto y convencidos de que el presente convenio con la Mancomunidad de Dominica favorecerá al logro de nuestras metas de política exterior, los Senadores del grupo parlamentario del PRI, consideramos viable aprobar el instrumento internacional objeto de dicho dictamen.

Gracias por su atención y gracias a mis compañeras Senadoras con quienes colaboramos en este dictamen.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Orihuela Bárcenas.

Al no haber más oradores inscritos, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 87 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Mancomunidad de Dominica, firmado en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 30 de abril de 2014. Se remite al Ejecutivo Federal.





 

Pasamos a la segunda lectura de otro dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Fomento Económico, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo entre México y Granada.

CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y GRANADA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, EL 30 DE ABRIL DE 2014

(Dictamen de segunda lectura)



Este dictamen se encuentra publicado en Gaceta Parlamentaria, de este día. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión. Como lo anunciaron en la intervención anterior, la presentación de este dictamen quedó cubierta con la exposición de las Senadoras Gómez del Campo Gurza y Cuevas Barrón, presidentas de las comisiones dictaminadoras.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En abril del 2014 nuestro país formó con el gobierno de Granada un Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo cuyo objetivo es promover y fortalecer la cooperación entre ambas naciones.

Hoy nos toca a nosotros, como legisladores, decidir la aprobación de este instrumento internacional.

La política exterior en México en años recientes ha tomado una dinámica que ha permitido impulsar una nueva vitalidad en la actividad diplomática en nuestro país y en el mundo.

En esta nueva etapa de nuestra política exterior corresponde, con un novedoso Plan Nacional de Desarrollo, que en lo que respecta a la actuación y dirección de las relaciones de México con el mundo, concede primordial importancia en la cooperación internacional para el desarrollo como una herramienta estratégica para posicionar a nuestro país dentro del concierto mundial como un actor con responsabilidad global.

Las acciones hechas hasta ahora se han traducido en una mayor actividad diplomática de nuestro país en foros internacionales y regionales en favor de las causas más nobles, así como el combate a las principales amenazas que aquejan actualmente a la sociedad internacional.

De igual manera, este nuevo enfoque de nuestra política exterior ha fortalecido ampliamente a nuestra red de relaciones diplomáticas, políticas, comerciales y de cooperación con otros países del mundo, con lo cual México ha fortalecido su presencia mundial, en particular en América Latina. Se ha recuperado de manera satisfactoria, que aunque aún falta mucho por hacer, es importante que este camino que se ha recorrido, necesario para continuar y conservar el liderazgo político e internacional y moral de México ante el mundo, sobre todo en esta región latinoamericana, no cabe duda de que vamos avanzando con una estrategia correcta.

Compañeras y compañeros legisladores, el instrumento que hoy discutimos es una pieza más del engranaje político y diplomático que han llevado a nuestro país a posicionarse como un importante actor con responsabilidad global. Debemos continuar fortaleciendo la cooperación internacional para el desarrollo y esta es una oportunidad para continuar haciéndolo.

Por lo anteriormente expuesto y conscientes de que con esta acción coadyuvaremos a un desarrollo positivo de nuestra política exterior, los Senadores del grupo parlamentario del PRI, aprobamos el instrumento internacional en cuestión.

Muchas gracias, señor Presidente.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Muchas gracias, Senadora Hernández Lecona.

¿Alguna otra intervención?

Al no haber oradores inscritos ni reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 96 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, queda aprobado el Decreto contiene el Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y Granada, firmado en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 30 de abril de 2014. Se remite al Ejecutivo Federal.





 

Honorable Asamblea, hace unos minutos dimos la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Transición Energética.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario)

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense su segunda lectura y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza que se dispense la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron propuestas de modificación sobre este dictamen a los Artículos Séptimo y Vigésimo Segundo Transitorios, mismos que sometemos a su consideración.

El texto correspondiente está a disposición en el monitor de sus escaños, si la Asamblea los acepta, la discusión del articulado será con las modificaciones incorporadas.

Solicito a la Secretaría les dé lectura.

La Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integren al texto del dictamen para su discusión.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación, económica, si autoriza que las modificaciones se integren al dictamen para su discusión. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones a los Artículos Séptimo y Vigésimo Segundo Transitorios, que fueron autorizados por la Asamblea.

Se concede el uso de la palabra al Senador David Penchyna Grub, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Energía, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

El Senador David Penchyna Grub: Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

Permítanme iniciar en la presentación de este dictamen de la minuta que nos llegara de la Cámara de Diputados sobre la Ley de Transición Energética, agradecer y reconocer el trabajo de la comisión presidida por la Senadora Graciela Ortiz y sus integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, así como agradecer y reconocer el trabajo de acompañamiento que sin tener turno de dictamen fue involucrada la Comisión de Cambio Climático que preside la Senadora Silvia Garza.

En este sentido, y en un trabajo de muchos meses, un trabajo de equipo y de largas consultas con el sector académico docente y empresarial hemos logrado el día de ayer el poder someter al dictamen de las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos dicha minuta, y por eso hoy la traigo al Pleno como Presidente de la Comisión de Energía y a nombre de mis compañeros integrantes de esta comisión de los diferentes partidos políticos, me es grato someter a su consideración el Decreto por el que se expide la Ley de Transición Energética.

La minuta de la Ley de Transición Energética que se presenta, resulta de la reforma constitucional que, como es del conocimiento de este Pleno, fue expedida mediante el Decreto por el que se reforman y adicionan artículos de la Constitución y, particularmente, en donde se procurará la protección y cuidado del medio ambiente en los procesos relacionados con las actividades del sector.

El camino para conseguirlo será la incorporación de criterios y mejores prácticas en eficiencia energética, disminución de generación de gases y compuestos de efecto invernadero y en el uso de recursos naturales afines a tales objetivos.

Esta minuta tiene lugar en el marco de la inminente apertura a la competencia del sector eléctrico del país y del arranque del mercado eléctrico el próximo mes de enero. Como tal, la propuesta que se somete a consideración de esta Soberanía resulta uno de los puntos fundamentales en el eslabón para la correcta implementación del marco regulatorio que permitirá a nuestro país construir un sector energético eléctrico sostenible de largo plazo, a través de la ejecución de acciones para la transformación de los organismos claves del sector, así como la apertura para la mayor participación de la inversión productiva, lo que coadyuvará a abaratar uno de los insumos fundamentales para detonar el crecimiento económico de cualquier país.

La minuta recurre a estos fundamentos, pero pretende actualizarlos al abrogar la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética a la que me he referido. Al hacerlo, se constituirá como un instrumento de política que integre en un solo texto legislativo los compromisos del Estado y de la sociedad mexicana con las metas de energías limpias y explicite los mecanismos para alcanzarlas.

En efecto, la Ley de Transición Energética retoma la meta del 35 por ciento de participación de energías limpias en la generación eléctrica para el año 2024 que la Ley General del Cambio Climático y la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética señalaban.

Las energías limpias cumplen con un propósito fundamental en el contexto de la reforma energética, pues promueven la mitigación de los efectos negativos que la producción y el consumo de energías fósiles pueden tener sobre la salud humana y el medio ambiente, diversificando el parque de generación energética y desvaneciendo la nociva dependencia de un único insumo productivo para la generación. Con ello no sólo se legisla en beneficio de todos los mexicanos, sino que se cumplen los compromisos que el Estado ha adquirido a nivel nacional e internacional.

Esta minuta se somete a esta Honorable Asamblea para regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica. Como se ha señalado, la adecuada utilización de las energías limpias permitirá diversificar y ampliar nuestra matriz energética, dándole al país sustentabilidad y visión de largo plazo.

La minuta, además, da cuenta con el potencial necesario que nuestro país tiene para generar energías mediante fuentes limpias, toda vez que a lo largo del país se localizan zonas de viento y de grandes horas de alumbramiento solar, lo cual es una oportunidad que las próximas generaciones pueden aprovechar y además desarrollar energía eléctrica a partir de convivir de mejor manera con el medio ambiente.

Esta minuta también fortalece a las instituciones de investigación de nuestro país. Mediante la creación de un Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias como organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, se logrará la coordinación y realización de estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica con instituciones académicas de investigación públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en materia de energía eléctrica, energía limpia, energía renovable, eficiencia energética, emisiones contaminantes generadas en la industria eléctrica, sustentabilidad, sistemas de transmisión, distribución y almacenamiento de energía y sistemas asociados a la operación del sistema.

Por todo lo anterior, señor Presidente, pidiéndole a usted que se inserte por entero esta intervención que he sintetizado, en el Diario de los Debates, y considerando que la generación eléctrica mediante energías limpias es una parte esencial de las estrategias de transición energética que el gobierno federal debe implementar por mandato constitucional, someto a la consideración de esta Soberanía este esfuerzo legal que, valiéndose de experiencia acumulada en la materia, concreta y cimienta la manera en que construiremos un parque de generación más limpio, más eficiente y un futuro más sostenible para nuestra nación y el mundo.

Esta ley le permitirá al país contar con bases legales más sólidas, siendo los consumidores todos los mexicanos y las generaciones presentes y futuras, los últimos beneficiarios.

Esa legislación es el complemento adjetivo de lo que nos decidimos a hacer hace un año en la Ley de la industria Eléctrica retoma las metas, y hoy que es el debate del cambio climático mundial, donde México desde hace muchos años y ratificándolo el Presidente Peña en nuestro compromiso ante el mundo, viene a complementar un modelo, esa ley adjetiva que califica a la ley sustantiva de las grandes decisiones de un sistema renovado del sector energético, en donde hay, quienes estamos convencidos, que podemos construir una mejor historia para México y para las futuras generaciones.

Está a consideración de esta Soberanía, les agradezco su atención y ojalá podamos aprobar esta minuta para poder saludar al futuro con mayor optimismo.

Muchísimas gracias.

Intervención



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Penchyna Grub.

Insértese en el Diario de los Debates el texto íntegro de la intervención del Senador David Penchyna Grub.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Graciela Ortiz González, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

Sonido en el escaño de la Senadora Graciela Ortiz González.

La Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Señor Presidente, si me permite, declino.

Me parece que el Senador Penchyna Grub ha dejado muy claro el sentido de esta Ley de Transición Energética, y solamente pediría a mis compañeras y compañeros, integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y al Pleno en general, votaran a favor esta iniciativa, que es sumamente importante para el desarrollo en materia de energía limpia para el país.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Ortiz González.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento del Senado, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales se realizarán en orden creciente y hasta por diez minutos cada uno.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Como habrá usted notado, señor Presidente, desde arriba a nadie le interesa poner atención a esta ley.

Sin embargo, aquí hay uno, encontré uno que está atento, cuando menos a lo que dije yo.

Es una vergüenza que parezca un mercado persa este Senado, cuando se está planteando a su análisis una iniciativa que tiene una gran importancia en el futuro de la energía eléctrica en este país.

En primer lugar, se habla de una Ley de Transición Energética, es una ley de transición eléctrica nada más, no tiene nada que ver, el petróleo lo han dejado afuera, todo lo que es hidrocarburos, salvo para meter de cachirul una cuestión de último momento en la reforma que acaban de leer.

Aquí se dijo hace un momento que el Presidente Peña Nieto está en Paris en este momento, señalando que ha hecho una oferta y que México está en curso, la mejor propuesta a favor, en contra del cambio climático a favor de la estabilidad climática, que está por encima de todos los países en desarrollo, y por eso la prisa por sacarla.

Hoy en todos los periódicos, en la mayoría de todos los periódicos, sale una serie de declaraciones del sector privado, de la Canacintra, diciendo que esta ley la van a pagar ellos.

Este conflicto que se generó con el sector industrial mexicano, hizo que se suspendiera durante horas y horas el dictamen que parecía que se iba a aprobar automáticamente. Se suspendió un largo o todo el fin de semana para llegar a un acuerdo con los industriales.

El Presidente, desde París dijo que se va a aplicar, y que esa es la norma, y que se requiere, precisamente, hacer esta gran aportación al mundo entero por parte de México.

Los empresarios, los industriales dicen que ellos están pagando el precio de ese impulso de la energía limpia como se llama.

Sin embargo, yo quisiera ser más preciso en este asunto.

Uno de los elementos de propaganda permanentes del Presidente y todos sus epígonos, ha sido que van a bajar las tarifas, que con la base de esta reforma energética, las tarifas van a bajar, entonces ha sido constantemente una materia de propaganda.

Sin embargo, con lo que se está aprobando aquí, hoy porque ya lo veo, lo que están aprobando es que las tarifas no bajen, sino que las tarifas suban.

En primer lugar, vamos a intervenir más adelante; en primer lugar, está ley tiene una serie de compromisos financieros del Estado importantes. Sin el Estado va a tener que estar impulsando a través de recursos este desarrollo.

Y, sin embargo, no hay ningún control ni claridad en cuanto a cuánto dinero va a invertir el Estado mexicano, porque en todas esas promesas que se hacen en esta ley de transición eléctrica. En todas las promesas se dice que habrá un fondo, habrá una inversión en la medida de lo posible, en la medida que el presupuesto lo de, o sea que es una simple promesa sin existir de ninguna manera un planteamiento económico que hubiera requerido que se analizará el impacto económico financiero de esta ley no se hace, porque a final de cuentas es una simulación, es una serie de planteamientos que están ahí y que quedará la inversión del Estado que tiene un peso importante, quedará a que haya dinero, a que haya un presupuesto, a que sea económicamente viable.

En segundo lugar, quiero dejar establecido, les recuerdo que la reforma constitucional y en la ley secundaria de energía eléctrica, las empresas tendrán el derecho de ocupación de las tierras en México. Se llama ocupación provisional de las tierras para sus instalaciones.

Y esas tierras son y lo hemos dicho, esas tierras son de las comunidades, de los ejidatarios, de los indígenas, y para haber sacado está ley que va a disponer del aire, del agua, de la tierra de nuestro país, debería haberse consultado porque es un compromiso de la OIT, debió haberse consultado a los pueblos que van a ser afectados por estas inversiones que son privadas que se avecinan en principio.

No se hizo esa consulta, porque también queda todo en el aire. Queremos, por otro lado, dejar establecido que no es cierto que tampoco que los empresarios mexicanos van a pagar el costo de esta ley de energías limpias.

Bueno, en primer lugar, ya eso se arregló en lo que aprobaron hace unas horas.

Y en segundo lugar, quien va a pagar el costo de este proyecto, van a ser las empresas transnacionales, particularmente extranjeras que son las que van a producir, y ya están metidas en el negocio de vender energías limpias.

De manera que las tarifas van necesariamente a subir, y, ¿quién va a pagar el costo de esta reforma? Va a ser, sin duda alguna, el usuario mexicano.

Ya como veremos más adelante en la discusión de los detalles, y tal vez el Senador Lavalle Maury nos explique un cambio que hubo ayer para ser aprobado, ya los empresarios se arreglaron, porque ahí hay un artículo que establece que habrá una cámara de compensación y eso nos explicará seguramente el Senador Lavalle Maury que fue el que lo dijo en los medios de comunicación, pero como está también poco atento se lo vamos a recordar al rato.

La CFE, el sistema eléctrico mexicano que nos costó 100 años construir a través de enormes inversiones y esfuerzos, tenía por objeto el proveer de electricidad a toda la República Mexicana, a todos los que la necesitaran al más bajo costo.

Con esto estamos pasando ya al sistema mercantilista del mercado. Vamos a explicar más adelante qué es el mercado eléctrico para que se entienda, ojalá pudieran atender esto porque después van a decir que se aprobó una ley para bajar las tarifas, y lo único que van a hacer es una ley para beneficio de los inversionistas extranjeros que van a hacer una gran inversión con la garantía de esta ley, ¿y quienes van a pagar realmente? No los industriales que están ya preparados en los últimos arreglos, sino lo van a pagar los consumidores mexicanos como se los hemos advertido desde un principio.

Muchas gracias, señor Presidente, por su atención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Se concede el uso de la palabra al Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, para fijar posicionamiento del grupo parlamentario del PVEM, hasta por diez minutos.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente. Con la venia de la Asamblea. Señoras y señores Senadores:

Nuestra atmósfera ya no tiene capacidad para recibir más carbono, la COP21 busca que los países se comprometan a reducir sus emisiones de gases contaminantes.

México ha hecho compromisos que debe respetar, esos compromisos significan transitar hacia una economía de bajo carbono, cuya base es la generación de electricidad a partir de energías limpias.

La aprobación de la Ley de Transición Energética nos da la oportunidad de seguir avanzando en una nueva arquitectura para el sector eléctrico. Su expedición complementa el lado sustentable de la reforma energética, cumpliendo con un mandato constitucional.

Esta nueva ley, además de armonizar las disposiciones con las de la Ley de la Industria Eléctrica, integra toda la legislación dispersa que existe sobre las energías renovables, la eficiencia energética, la generación distribuida y las redes inteligentes, pero lo fundamental es que fortalece la seguridad energética a partir de la diversificación y del fomento a fuentes de energías alternativas.

Quienes aquí estamos, sabemos del enorme potencial que nuestro país tiene para generar energía renovable, sabemos que contamos con condiciones climáticas y ubicación privilegiado, pero estamos convencidos que faltan instrumentos y políticas públicas adecuadas para generar una energía más limpia y amigable con el medio ambiente.

Y es precisamente en esta nueva ley donde se establecen mecanismos para aprovechar sustentablemente nuestros recursos naturales y disminuir las emisiones de contaminantes.

En esta ley se establecen metas e instrumentos concretos para garantizar la efectiva diversificación de la matriz energética y disminución de emisiones contaminantes. Propone un uso eficiente de la energía y un marco institucional que promueve el desarrollo científico y tecnológico, la formación de capital humano y el impulso a cadenas de valor.

Esta ley, entre otros aspectos, faculta a la Secretaría de Energía a crear y coordinar los siguientes instrumentos:

La Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, como instrumento rector de la política nacional en materia de obligaciones de energía limpias, aprovechamiento sustentable de la energía y mejora en la productividad energética.

El Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, que establecerá las acciones, proyectos y actividades derivadas de la estrategia que permitan alcanzar las metas.

El Programa Especial de la Transición Energética y el Atlas Nacional de Zonas con Alto Potencial de Energías Limpias.

También se incluyen, entro otros, los siguientes aspectos: Se fijan como metas mínimas una participación de energías limpias en la generación de energía eléctrica, del 25 por ciento para el 2018, del 30 por ciento para el 2021 y del 35 por ciento para el 2024 en concordancia con los compromisos internacionales asumidos por México.

Se da una mayor claridad sobre el funcionamiento de los certificados de energía limpia y se establece un registro de los mismos. Se mantiene el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

Se establece el programa de redes eléctricas inteligente que permite fortalecer y expandir la infraestructura de transmisión y distribución de electricidad, y con ello desahogar de forma adecuada la energía generada con fuentes limpias.

Se faculta a la Conacyt para participar en la creación de los centros mexicanos de innovación de energías limpias con el objetivo de promover la investigación y el desarrollo de las tecnologías de energías limpias.

Se transforma el Instituto de Investigaciones Eléctricas en el Instituto de Investigaciones Eléctricas y Energías Limpias, como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Sabemos que una transición energética de la magnitud que el país requiere va más allá del cumplimiento de metas de generación con energías limpias y de adecuaciones al marco jurídico. La transición energética implica el compromiso y la contribución de todos para hacer de México un país sustentable que contribuya al combate del cambio climático y reduzca la huella de carbono, por eso, compañeras y compañeros, las Senadoras y los Senadores del Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Flores Ramírez.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para fijar posición hasta por diez minutos.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente.

Es un hecho, el cambio climático y el calentamiento global constituyen la principal amenaza para la vida del planeta. Las cifras están a la vista; la producción y el consumo de energía es la causa principal del desarreglo climático.

México se encuentra entre los 10 países que más contribuyen a la contaminación de la atmósfera, independientemente de los resultados de la Conferencia de París es un imperativo categórico que nuestro país disminuya la generación de gases y compuestos de efecto invernadero, sólo de esa manera podrá contribuir de manera significativa al esfuerzo de la comunidad internacional para mantener el calentamiento global por debajo de los 2ºC.

Es por esa razón que la transición energética no puede esperar, México necesita cambiar de un modelo basado en la extracción y explotación de petróleo crudo, en la quema de combustibles fósiles y en el derroche y la ineficiencia. Es urgente que nuestro país adopte un nuevo modelo basado en el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, en la sobriedad energética, en la mínima generación de residuos y emisiones y la menor huella de carbono.

El tema fundamental de la transición energética no ha sido abordado con la importancia y seriedad que se requiere.

En la primera mitad del siglo pasado, se pensaba que era necesario abordarlo porque el petróleo se iba a acabar y por ese motivo se deberían desarrollar nuevas fuentes de energía. Sin embargo, esto no ocurrió y en la actualidad los combustibles fósiles siguen siendo preponderantes.

Posteriormente empezaron a surgir los temas ambientales que implicaban la necesidad de la transición energética por los efectos negativos que el uso de combustibles fósiles ocasionaba al medio ambiente. A pesar de los esfuerzos, la oferta de energía primaria prácticamente no se ha modificado.

En 1990, el 90 por ciento de la oferta energética provenía de combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas. En 2014 sólo se redujo a 89, es decir, sólo se redujo en 1 por ciento en 24 años.

El dictamen de la minuta por la que se crea la ley que hoy discutimos, la Ley de la Transición Energética, ofrece varios y valiosos aportes que sin duda contribuyen con su aprobación y por eso se aprobó en la Cámara de Diputados; sin embargo, se quedó corta con respecto al esfuerzo que se necesita realizar.

El problema no está en el origen de la iniciativa, el cual se remonta a la elaboración apresurada de la Secretaría de Energía hacia finales del año pasado, con miras a paliar los errores y omisiones en materia de sustentabilidad que tuvo la reforma energética.

Se olvidaron de las energías renovables y de la transición energética en la reforma energética, ésa fue la principal crítica que hicieron muchos críticos de la reforma.

La propuesta de ley que discutimos presenta varias fallas:

La primera consiste en hacer girar la transición energética alrededor de las energías limpias, concepto que es utilizado a nivel internacional por organismos como el Banco Mundial, la Agencia Internacional de Energía y el Consejo Mundial de Energía, pero cuyo origen es situado por especialistas de lado de los cabilderos de los combustibles fósiles que se oponen a toda iniciativa de limitar la extracción de petróleo, gas natural y carbón.

En realidad ninguna energía es limpia, todas contaminan, aunque ciertamente unas más que otras.

Ante ese hecho la definición de energías limpias es una definición necesariamente a modo y, por lo tanto, funcional a los objetivos económicos o de negocios, más que con los objetivos ambientales para aquellos que están diseñando estas políticas públicas.

Así, en esa definición que se retoma de la Ley de la Industria Eléctrica, es posible considerar que las energías fósiles son relativamente limpias cuando su movilización cumple con los umbrales máximos de emisiones o residuos y cuando los procesos que las transforman en energía final cumplen con los criterios mínimos de eficiencia; en ambos casos esos umbrales y criterios son establecidos por una autoridad regulatoria, la Secretaría de Energía, es decir, esto nos lleva a que frecuentemente va a implicar juicios de valor asociados a intereses económicos en juego.

La propuesta de Ley de Transición Energética tal como se presenta el día de hoy, consiste en operar una transición energética en dos etapas:

La primera, del carbón y los derivados del petróleo al gas natural importado, y la segunda, del conjunto de combustibles fósiles, tanto convencionales como no convencionales, a las fuentes renovables y a la energía nuclear.

Esta transición en dos etapas no prioriza el cuidado del medio ambiente, pareciera que sólo busca poner a salvo los negocios privados, pero posterga la transición energética que realmente se necesita en México.

Una de las principales limitaciones de esta ley es que prácticamente la estrategia y las metas se limitan a la generación de energía eléctrica y dejan de lado la utilización de energía para otros propósitos, implícitamente se pudiera entender que el futuro energético del país estará centrado en el uso de la energía eléctrica, lo que indudablemente sería deseable. Sin embargo, durante un plazo que no es corto, se continuarán usando fuentes de energía distintas a la eléctrica, para el consumo final y, por ello deberían ser consideradas dentro de la estrategia de transición.

Es importante señalar que la generación de energía eléctrica sólo es causante del 19 por ciento de las emisiones de efecto invernadero, el sector transporte es el que más contamina, ya que es responsable del 26.2 por ciento de las emisiones y otros, como la industria, aportan 17.2 por ciento, entre otros sectores.

Por ello, la ley debería ser más explícita y comprensiva en que la política en los programas incluyan la sustitución de combustibles fósiles, no sólo para la generación de energía eléctrica, sino para todos los sectores, en particular para el automotriz, para el transporte y el de la industria.

Ante la privatización del sector energético, como consecuencia de la reforma de 2014, las posibilidades de que el Estado asegure que la transición energética se dé en los términos de la estrategia, se reducen, ya que las empresas privadas siempre anteponen sus intereses económicos sobre los de la protección del medio ambiente.

Por ello, la ley debiera ser más precisa y contundente en que el otorgamiento de permisos, autorizaciones, concesiones y contratos estuviera en función de la, Estrategia y el Programa Especial de Transición Energética, y no sólo limitar las facultades a las autoridades a que promuevan los elementos de planeación que se cumplan, que promuevan que estos elementos se cumplan.

En este sentido, la ley no fortalece lo suficientemente la capacidad regulatoria del Estado, que es indispensable para lograr una transición energética efectiva.

La Ley de Transición Energética que hoy se discute es otro intento, como lo establece en el artículo 1 de la iniciativa: “…de regular el aprovechamiento sustentable de la energía así como las obligaciones en materia energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos”.

Ya desde la definición del objetivo en esta minuta se reconoce que sí existen limitantes para que la transición energética dé resultados en materia de reducción de emisiones contaminantes en el corto plazo, ya que el uso de las energías que la ley denomina como limpias, está condicionado a mantener la competitividad en los sectores productores sin que en la ley se establezca que tiene prioridad el medio ambiente.

La ley obliga a la Secretaría de Energía a definir la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, en la que se deberá establecer metas a fin de que el consumo de energía eléctrica se satisfaga mediante un portafolio de alternativas que incluyan la eficiencia energética y una proporción creciente de generación de energías limpias en condiciones de viabilidad económica.

Nuevamente se advierten dos objetivos encontrados: la producción a partir de energías limpias y las condiciones de viabilidad económica.

Dada la privatización, es la viabilidad económica la que prevalecerá.

Otro tema fundamental, que provocó en gran medida que esta minuta permaneciera casi un año sin discutirse, porque el Pleno de la Cámara la mandó desde el 15 de diciembre de 2014, fue el tema de los Certificados de Energías Limpias.

Con la implementación de este mecanismo la industria estaría obligada a comprar certificados si no cumplen con las metas, o bien, pagan multas, pagan sanciones.

Por ello, los organismos empresariales de alto consumo energético, sostuvieron un intenso cabildeo con algunos Senadores en estos días, aquí en el Senado, para inconformarse y presionar para flexibilizar la aplicación de estos certificados y lograron imponer sus intereses, según lo leemos en este añadido que se leyó sin consultar a nadie el día de hoy.

Se argumenta que se pospone por 4 años la aplicación de los Certificados de Energías Limpias, o sea, hasta que se acabe este gobierno. Ya el nuevo, a ver qué hace, pero Peña Nieto no hará nada para cambiar las energías limpias obligando a los empresarios a tener estos certificados.

Se argumenta que la intención es otorgar flexibilidad en el cumplimiento de las obligaciones en materia de energías y de Certificados de Energías Limpias.

Se admite que la iniciativa condiciona al cumplimiento de las metas de energías limpias y la eficiencia energética a que las metas se alcancen de una manera económicamente viable, porque la integración de las energías limpias es un objetivo que no puede cumplirse a costa de la viabilidad económica y será la Secretaría de Energía la que decida qué significa viabilidad económica.

Ya lo decíamos, la prioridad política energética de este gobierno, son los negocios, no el medio ambiente, ni tampoco el aprovechamiento racional de los recursos, estos aparecen en esta ley como objetivos secundarios; posponer por 4 años la aplicación de los Certificados de Energías Limpias es un contrasentido a la ley; los empresarios no quieren gastar dinero adicional en el cuidado de medio ambiente, pero como saben que no lograrán oponerse toda la vida, tal vez acepten algún día esta medida, ya veremos quién gana en el siguiente sexenio, con los nuevos legisladores tendrán que volver a cabildear para que esta norma no se les aplique.

Al final de cuentas este nuevo artículo transitorio tiene la finalidad de rebajar las obligaciones de las empresas en materia de energías limpias y eficiencia energética; se alarga la transición y de por sí estaba aligerada por basarse en energías limpias, ahora los empresarios harán todo lo posible para que la Secretaría de Energía sea elusiva en la aplicación de la ley.

Finalmente, sabemos de nueva cuenta el Congreso deja para una mejor ocasión, para otro sexenio, hacer una ley con los mejores elementos para eliminar los aspectos que verdaderamente induzcan a un cambio de modelo energético y que se respete el marco legal.

Responde este marco legal, que estamos hoy discutiendo, más a una coyuntura, a una reunión internacional que ocurrió en París, a ver si al menos los mínimos objetivos que se fijan en esta iniciativa y los resultados que aquí se están proponiendo, ojalá no se pospongan indefinidamente.

El PRD va a votar a favor, pero quisimos hacer estos señalamientos graves de los cuales adolece esta iniciativa.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Salvador Vega Casillas, del grupo parlamentario del PAN, para fijar posición de su grupo parlamentario, hasta por diez minutos.

El Senador Salvador Vega Casillas: Con su permiso, señor Presidente.

Esta Ley de Transición Energética viene de un compromiso que el país tiene desde hace varios años en el tema del cambio climático y de la mejora del medio ambiente.

México tiene leyes aprobadas desde el 2008, la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables, y con el todo el proceso de la reforma energética, lo que hace la Ley de Transición Energética es justamente redondear este proceso, incluir las energías limpias, las energías renovables, dar facilidades para que este tipo de energías sean justamente las que impulsen en buena medida el desarrollo del país; esta ley lo que hace es: armoniza, organiza y diversifica la matriz energética del país con la participación de las energías limpias dentro de esa matriz.

Y ciertamente uno de los grandes problemas cuando se plantean los temas de medio ambiente y de desarrollo, es que aparentemente existe una contradicción entre uno y otro, y esta ley justamente lo que busca es hacer mejorar ese equilibrio que hay entre la competitividad, el desarrollo y el cuidado del medio ambiente.

México tiene una enorme riqueza energética que debemos aprovechar para impulsar el desarrollo, la creación de empleos y el progreso, sin que sea esto a costa del medio ambiente.

En eso consiste justamente el objetivo final de esta Ley de Transición Energética y también la diversificación de la matriz energética del país, en aprovechar el gas, la energía solar, la eólica, la geotermia y las demás que son una enorme ventaja para nuestro país, eso es lo que debemos hacer como país, usar las ventajas que tenemos competitivas para poder tener un mejor desarrollo.

Se estima que en este tema de inversiones en energías limpias, de 2015 al 2019, habrá inversiones por 1.2 billones de pesos en este tipo de industria que generarán no solamente un cuidado mejor al ambiente, sino también desarrollo y empleo para el país.
Los objetivos que esta ley busca son:

Promover y facilitar el cumplimiento de las metas de energías limpias y de la eficiencia energética.

Establecer mecanismos de promoción de energías limpias y la reducción de contaminantes.

Refuerza también los instrumentos de planeación que tiene el gobierno para poder mejorar el uso de energías limpias.

Fortalece a los organismos públicos involucrados en estas tareas y les da también nuevas facultades para que puedan ejercerlos en estos temas.

Se crea, y es muy importante, el programa de redes inteligentes incorporando la energía renovable y la generación distribuida, que eso también es una gran ventaja no solamente para el uso eficiente de la energía, sino también para los pequeños productores.

Y también contempla un apartado donde promueve la investigación científica, la innovación y el desarrollo industrial.

Durante muchos meses escuchamos a los afectados e interesados en estos temas de transición energética, y finalmente se decidió hacerle algunas adecuaciones mínimas, hay que decirlas, algunas de estas armonizaciones derivados de cambios que se hicieron en la propia Cámara de Diputados como la fusión del Fondo de Transición Energética con los dos fondos sectoriales de Conacyt y Sener, habría que hacer las adecuaciones a esta ley también, al dictamen, para que quedaran armonizadas y algunas otras adecuaciones que más son de forma y de redacción.

Por el otro lado, también, lo que se hizo fue facilitar en un transitorio el cumplimiento de las obligaciones de los Certificados de Energías Limpias. Esto no significa, de ninguna manera, una condonación de estas obligaciones. Simple y sencillamente, si no están disponibles por lo menos el 70 por ciento de esos Certificados de Energías Limpias, se podrán diferir hasta por 2 años, diferir, de ninguna manera condonar, hasta por 2 años esas obligaciones o cuando el precio de los certificados en estos primeros años, de los certificados que serán subastados, sea superior a los 60 UDIS.

Esto por supuesto, lo que hace es que es una medida para tomarse en un mercado nuevo, un mercado que no existía, tienen las obligaciones los industriales de cumplir con estas obligaciones; sin embargo, lo que no tenemos la certeza es que en 2 años estén disponibles los certificados de energía limpia, porque los productores de este tipo de energía son los que están obligados a emitirla.

Entonces, es simplemente una salvaguarda, no es de ninguna manera una condonación para que el mercado alcance la maduración en la evolución de este mercado nuevo.

Me parece que esta es una de las leyes que cierra de manera importante todo el proceso que hemos tenido de reforma energética, y es uno de los temas más importantes: el equilibrio que debemos tener como país entre el desarrollo, la competitividad y los precios de energía y el cuidado del medio ambiente para las futuras generaciones.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Vega Casillas.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Ernesto Gándara Camou, del grupo parlamentario del PRI.

El Senador Ernesto Gándara Camou: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores de la República:

Vengo a esta tribuna a nombre de mi grupo parlamentario, el Partido Revolucionario Institucional, a expresar el posicionamiento sobre este proyecto de la Ley de Transición Energética.

Un trabajo realizado durante mucho tiempo por las dos Cámaras, por nuestra compañera legisladora, la Cámara de Diputados, trabajo serio en Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos, coordinados atinadamente por sus presidentes, la Senadora Graciela Ortiz González y el Senador David Penchyna Grub, y una participación de la sociedad organizada, del sector académico, sobre un tema que viene ya desde hace 19 años de manera seria a nivel mundial, como lo fue el Protocolo de Kioto, y en estos momentos se discute, se aprueba y, desde luego, se fortalece esta posición mundial en la Conferencia de París.

De ahí la importancia de nuestro país de estar a la altura de las circunstancias, con proyectos viables que tengan que ver con un desarrollo verdaderamente sustentable y con una serie de decisiones no solamente para combatir, sino ya detener los efectos del cambio climático.

Por eso nuestra fracción parlamentaria apoya este dictamen, y quisiera hacer algunas reflexiones sobre lo que implica la importancia de la aprobación de este dictamen.

Como todos nosotros sabemos, México constantemente ha refrendado, como bien lo decía y lo han comentado ya mis compañeros, un compromiso internacional para combatir el cambio climático, favoreciendo con ello la producción de energías limpias y la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero.

Aunque somos un país que no tiene compromisos cuantitativos para reducir las emisiones de esos gases, México fue el primer país en desarrollo en asumir compromisos voluntarios para reducir dichas emisiones en un 25 por ciento como meta, cuando lo hizo, para el 2030, lo cual además significaría una desvinculación del crecimiento económico respecto a la emisión de estos contaminantes en un 40 por ciento.

Esta ley que se pretende aprobar, de transición energética, busca regular ese aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de energías limpias y la reducción de emisiones contaminantes en la industria eléctrica.

La adecuada utilización de las energías limpias nos va a permitir diversificar nuestras fuentes de energía, reducir costos, estabilizar los precios en las tarifas de algunos combustibles con alta volatilidad, pero también disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero, reafirmando nuestro compromiso y el de toda la humanidad en el cambio climático.

La presente iniciativa de ley viene a complementar y fortalecer el marco regulatorio ya existente en esta materia. No estamos empezando, estamos continuando y uno de los principales objetivos es reducir precisamente estas emisiones.

La Ley de Transición Energética retoma la meta del 35 por ciento de participación de energías limpias en la generación eléctrica para el año 2024. Para el cumplimiento de ésta se requiere un incremento del 1.5 por ciento anual de generación de energías limpias, en donde no es nada más el tema de regulación o de Decreto, sino de su misma promoción.

Creemos que con los instrumentos legales que se darían con esta aprobación, vamos a avanzar a la altura de lo que se requiere en el mundo con el tema del cambio climático.

Vamos a fortalecer, desde luego, con esta ley el marco regulatorio, establecer que la Comisión Reguladora de Energía creará y mantendrá un registro público de los Certificados de Energías Limpias, así como información correspondiente a su fecha de emisión e historial de propietarios. Con esto se otorga una mayor certidumbre y transparencia jurídica a las personas interesadas en obtener dichos certificados.

Es importante mencionar que para la elaboración de la presente iniciativa se han considerado experiencias de otras jurisdicciones. Hay casos y prácticas internacionales exitosas que nos dan pie para unirnos, para lo que es nuestra circunstancia como país adecuarlas y adaptarlas, sin perder de vista nuestro desarrollo naturalmente económico, pero siempre cuidando este objetivo fundamental del cambio climático.

Las discusiones, las posiciones, los posicionamientos coincidentes en lo fundamental, divergentes en algunos casos de redacción, de artículos, de apartados, de modificaciones, de reservas, ahí están y ése es el trabajo que a nosotros nos corresponde como representantes de la Federación, como representantes de nuestro Estado ante el Pacto Federal y como representantes integrantes el Poder Legislativo del Congreso de la Unión.

Por eso nuestro grupo parlamentario celebra este avance que no debe quedar ahí, este avance que con esto no debe ser estático; este avance que implica ya una regulación y una serie de obligaciones para con quien se dedique a esto, pero fundamentalmente para el gobierno y para los organismos legalmente instituidos para ello.

Pero también eso no quiere decir que vamos a seguir trabajando como ayer lo hicieron, hace casi 20 años, muchos representantes y muchos países en el Protocolo de Kioto, como hoy en París, que lo están haciendo todos los representantes de países del mundo interesados y aquí en cada uno de nuestros países.

Nosotros también tendremos que hacer la tarea y tendremos naturalmente que darle seguimiento a su cumplimiento.

Por todo ello, aprobamos y solicitamos a todas y a todos nuestros compañeros legisladores, que se vote en favor de este nuevo proyecto de Ley de Transición Energética.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Gándara Camou.

Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen, se han inscrito los siguientes oradores:

Senador Manuel Bartlett Díaz, en contra.

Senador Jorge Aréchiga Ávila, a favor.

Senador Armando Ríos Piter, a favor.

Senador David Monreal Ávila, en contra.

Senador Jorge Luis Lavalle Maury, a favor.

Senador Rabindranath Salar Solorio, a favor.

Senador Raúl Gracia Guzmán, a favor.

Senador Víctor Hermosillo y Celada, a favor.

¿Alguna otra intervención?

No habiendo otra intervención, se cierra la lista de oradores, inmediatamente después de agotada la discusión, consultaré a la Asamblea, en votación económica, si se está suficientemente discutido el dictamen.

Senador Rabindranath Salazar, en contra.

¿Alguien más desea inscribirse en la lista de oradores? Se cierra la lista.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, para hablar en contra del dictamen.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Independientemente de toda la burocracia que crea esta ley, que si sumamos toda la que se ha creado de organismos, de grupos y de todo eso, es una burocracia brutal de lujo, además, porque son de los que cobran caro, no son funcionarios públicos.

Yo quisiera ir un poco al grano, ya que se han hablado generalidades nada más.

Sí, en efecto, se está comprometiendo a México a lograr un incremento de gran importancia en relación a la producción de energías limpias.

Sin embargo, no existe el menor análisis de cómo lo van a lograr.

Si vemos cómo están ahorita, en este momento las energías limpias, pero podemos señalar que la principal pues es básicamente las presas: la hidroeléctrica, 17 por ciento; la nuclear 12 por ciento; la eólica, 37 por ciento, duplicar esa composición de las energías limpias en la producción y consumo de energía no se dice cómo, no se explica, es una meta que, como decía yo, ni siquiera está precisada en cuanto a los instrumentos y los elementos para lograrlo en cada uno de los compromisos que establecen en esta burocracia, se dice, de acuerdo con el presupuesto, si es viable o no es viable, todo está condicionado.

Pero bien decía aquí la Senadora Dolores Padierna Luna, que siempre cito yo, bien decía, el interés de este gobierno no es ni la población, ni el desarrollo, sino los negocios, y los negocios han estado aquí analizados y han sido, precisamente, esa presión que ha ejercido el sector industrial, porque consideran que ellos van a pagar la cuenta.

Sin embargo es, en realidad, con los salarios que llegaron en esa discusión de varias horas y días, en realidad, insisto, el que va a pagar va a ser el consumidor y el pueblo de México.

¿Cómo se establece esto?

Voy a tratar de definirlo.

Se define una meta de 35 por ciento de energía limpia para el año 2024 que implicará instalar 25 mil megawatts adicionales de plantas eólicas, con una inversión de 43 mil millones de dólares. Ese es el filete que están esperando ya las empresas privadas extranjeras.
Las empresas de México es el primer análisis, más de 300 mil serán legalmente responsables de cubrir el costo del cumplimiento de esta meta nacional.

Los productores de energía limpia, básicamente, repito, extranjeros, la comercializarán a precios marginales en el mercado eléctrico mayorista, al iniciar el próximo enero del año entrante.

¿Qué es esto?

De los precios marginales que aquí yo les podría apostar que nadie sabe, tal vez los que han estado negociando con los interesados lo sabrán. Esos precios marginales en el mercado Spot, operan de la siguiente manera:

Cada hora van incorporándose vendedores de energía a diversos precios y el precio de la última oferta de ese día de las 24 horas, el precio más alto se les paga a todos. Ese el mecanismo del mercado Spot de ese famoso mercado.

O sea, mientras exista una planta que produce con combustóleo o que es ineficiente, pero que ofrece el precio más caro. Todos los demás, entre ellos los que invierten en energías limpias, van a recibir el pago del más caro.

Y este mecanismo es el que permite garantizar a las empresas que están ya instaladas aquí, garantizarles que van a tener un negocio asegurado, porque no es competitiva la energía eólica o la energía limpia en general, no es competitiva con la tradicional.

En consecuencia, el mercado Spot hará, que el precio más alto se les aplique a los que llevan energías limpias caras, pero con eso se asegura su ganancia. Este es el punto central del negocio.

La indignación de los empresarios mexicanos que dicen, bueno, nosotros vamos a pagar 300 mil empresas, vamos a dejar de ser competitivos, porque nos van a obligar a comprar un 5 por ciento siempre, y ese 5 por ciento nos va a encarecer, lo vamos a pagar nosotros, más el comprar los certificados de energía limpia. Son los dos elementos para impulsar la inversión en energía limpia.

Sin embargo, yo insisto, el pagano, el que va a pagar es el consumidor, el gran consumidor y los pequeños consumidores. El servicio eléctrico va a subir por este mecanismo.

Ahora bien, el día de ayer se llegó a un acuerdo después de todo el debate que paralizó la dictaminación, y se llegó a un acuerdo que nos refleja otra atención o concesión a los negocios.

De acuerdo con la definición general que tenía energías renovables, energías limpias, no entra el gas, pero ya el 60 por ciento de la generación de energía eléctrica que fueron impulsando, dando permisos y más permisos, el 60 por ciento de la energía se genera con ciclos combinados, con generadores de turbinas de ciclo y esas no entraban como energía limpia.

En el acuerdo de ayer se cambian los conceptos y eso es lo que digo yo que al final de cuentas todos son negocios. Para garantizar los negocios y resolver la crisis que se planteó, se cambia el concepto de energía renovable y energía distribuida para poner energía limpia y la generación limpia distribuida.

¿Qué es lo que se logra con esta negociación de última hora?

Se logra ir al artículo 3 de la Ley de Transición Energética que establece, fíjense, que son energías limpias dice la ley, las tecnologías consideradas de bajas emisiones de carbón, conforme a los estándares internacionales.
Al cambiar entonces de renovable a limpia, acuden precisamente a este artículo, y con eso entran ya toda la generación con gas.

Y esa es la demanda y la presión de los Estados Unidos, de Texas, que tiene ya toda su industria esta del fracking, lista ya, se compraron los BlackRock compró los gasoductos para traer de Texas el gas, entonces con este cambio ya se interpreta que son energías limpias lo que produzcan los ciclos combinados, y ahí entra derechito otra interpretación completamente diferente.

Y además se establece un mecanismo al final, que yo le voy a pedir, por segunda vez, al Senador Lavalle Maury, que aquí me está escuchando ahora sí, porque estaba hablando por teléfono. El día de ayer mi amigo el Senador Lavalle Maury explicó, en cambio que se aceptó, por ahí otro Senador compañero de Lavalle Maury dijo que era cuestión menores y de formas, y no son menores ni de forma, según el Senador Lavalle Maury que ha sido un promotor de la reforma energética desde el principio, es un auténtico experto, como debería ser todo campechano.

Nos dice el Senador Jorge Luis Lavalle Maury: en este sentido, explicó que en este artículo transitorio se estableció un mecanismo de flexibilidad, aplicable para los primeros cuatros año de vigencia de las obligaciones en materia de energías limpias, y los requisitos de los certificados de energía para su pleno cumplimiento.

Dijo que se buscó salvaguardar y proteger a todos los usuarios del sector, los que están aquí protestando, a todos los del sector, a efecto que puedan tener una alternativa jurídica ante cualquier caso de incumplimiento por parte de los generadores en la oferta que vaya a haber esos certificados.

Asimismo dice, y eso es lo que le voy a preguntar, con la modificación se busca otorgar certidumbre a los costos máximos, por lo que se está activando un mecanismo denominado cámara de compensación, el cual permite que las empresas usuarias de la energía puedan tener certidumbre en los costos máximos de electricidad y hacer los análisis de rentabilidad y retorno.

¿Qué es lo que significa esto? Según entiendo yo que el funcionamiento de este mecanismo que describo, en que cada 24 horas el precio más alto se les aplica a todos, con ese precio más alto los empresarios que protestaron, dicen, nos van a meter el precio más alto, y esa protesta se calma con esto que nos explica en su declaración el Senador Lavalle Maury.

Va a haber un equilibrio, ya este mercado Spot, ya no va a funcionar tal cual, se va a proteger a todos para que los empresarios y los industriales no paguen un precio máximo demasiado elevado, va a haber una cámara de compensación, lo cual altera todo el mecanismo. Entonces sí hay una protección a los empresarios que reclamaron, no así a los productores de energías limpias, ahora así se llaman limpias, porque antes eran renovables, ellos van a ganar siempre, que son las empresas extranjeras que se van a llevar el botín, pero quienes van a salir perdiendo van a ser los consumidores, y es lo que no dicen.

No van a bajar las tarifas, es una mentira lo que han estado diciendo todos estos meses, no van a bajar porque el mecanismo lo va a encarecer. De manera que esa cámara de compensación es el arreglito que tuvieron ahí en la oscuridad, porque desgraciadamente con los mecanismos que se han establecido aquí, se paraliza, hay un conflicto, se paraliza la Comisión de Energía y se van a lo oscurito, van y vienen y de repente aparece una Cámara de Compensación que va a favorecer a esos empresarios que no aceptaron el mecanismo.

Y que al final de cuentas, sino es así va a seguir siendo un mecanismo comercial, un mecanismo en beneficio de los inversionistas extranjeros, en contra del pueblo de México, y de una CFE, cuya obligación era, repito, un mecanismo que nos costó millones y millones de dólares, un mecanismo para darle energía a todos los mexicanos al mejor precio posible, pasamos a un mercado fantástico en donde los ganadores van a ser los inversionistas extranjeros.

Qué bueno que se medió arreglan con los mexicanos para que ya no digan que ellos lo van a cargar, pero el pueblo de México no se escapa, están sacrificando a los consumidores nacionales.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Esta Presidencia saluda a un grupo de mujeres líderes comunitarios de la ciudad de Hermosillo, Sonora, invitados por el Senador Ernesto Gándara Camou.  

¡Sean, ustedes bienvenidos!

Me permito recordar a los oradores que el tiempo dispuesto para las intervenciones en lo general es de hasta cinco minutos.

Se concede el uso de la palabra al Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del PVEM, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy, el Senado de la República dará un paso hacia la consolidación del nuevo modelo energético de México, mediante la aprobación de la minuta por la que se expide la Ley de Transición Energética.

La ley que nos ocupa constituye el componente de sustentabilidad de la reforma constitucional y legal en materia energética de 2013 y 2014 respectivamente, pues desarrolla en una legislación secundaria lo relativo a la eficiencia energética, así como a las energías limpias.

Esto cobra especial relevancia a la luz del fenómeno del cambio climático, cuya manifestación se debe, en gran medida, a las emisiones de gases de efecto invernadero que genera la extracción, producción y uso de energéticos, particularmente los de origen fósil que son los que el día de hoy desafortunadamente predominan la matriz energética de nuestro país, de ahí la importancia de continuar con la implementación de la reforma energética emprendida por el Presidente Enrique Peña Nieto.

Debemos reconocer que el sector de la energía quedaría incompleto sin la aprobación de criterios y esquemas que hagan de las energías limpias una fuente de energéticos segura y continua, así como la económica y ambientalmente viable. De esta forma, el sector energético mexicano no sólo incorporará esquemas de sustentabilidad, sino que también diversificará las fuentes al fomentarse al aprovechamiento de energías alternativas a las de origen fósil, como la eólica o la solar, en beneficio del medio ambiente, de la seguridad y de la soberanía.

Indudablemente uno de los principales aciertos de la presente minuta consiste en fusionar en un sólo ordenamiento legal, la regulación de la eficiencia energética y las energías renovables.

Mediante la entrada en vigor de la Ley de Transición Energética, serán abrogadas la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y la Ley de Energías Renovables, pero su ámbito de aplicación material será recogido y armonizado en un modelo energético planteado en la reforma constitucional de 2013.

Con ello se reducirá la dispersión normativa en materia energética dentro del sistema jurídico mexicano, al mismo tiempo que se expide en una legislación moderna y bajo criterios únicos que integre instrumentos fundamentales para el desarrollo de la eficiencia energética y las energías limpias, pero sobre todo, contaremos con una ley acorde a las necesidades actuales de nuestro país en materia energética y de sustentabilidad del sector, al mismo tiempo que coadyuvará al cumplimiento de los compromisos del    Estado mexicano ante la comunidad internacional en materia del combate al cambio climático.

Los Senadores que integramos el grupo del Partido Verde, consideramos de toral importancia la aprobación de la Ley de Transición Energética, pues así como la mayoría de las fuerzas políticas alcanzamos un gran acuerdo nacional para la modernización del sector.

Resulta necesario transitar hacia una industria de la energía sustentable y amigable con el medio ambiente.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Aréchiga Ávila.

Se concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso señor Presidente.

Los recursos solares de México se encuentran entre los mejores del mundo, muy superiores a los de Alemania que actualmente es el líder en sistemas fotovoltaicos instalados, incluso superiores a los que tiene la Unión Americana.

En México los proyectos de generación de energías renovables son de alrededor del 25 por ciento más productivos que en los Estados Unidos, y 40 por ciento más altos que en europa.

Con una inversión suficiente, y me parece que es importante destacar esta idea, con una inversión suficiente, México puede convertirse hacia el 2030 en una de las principales economías del mundo generadoras de energías renovables.

Consideramos que esta ley es una oportunidad ya que diversifica la matriz energética.

La reforma que recientemente se hizo, y en la cual votamos en contra, lo que hace es apostarle exclusivamente al gas natural y ésta es una apuesta delicada, es una apuesta preocupante, no solamente por la enorme volatilidad que tienen los precios de los hidrocarburos, sino porque está comprobado que las tecnologías renovables tienen una tendencia a ir a la baja en términos de costos.

Si no hacemos un cambio en esta visión que hemos visto consuetudinariamente de parte de la Comisión Federal de Electricidad, la cual únicamente le está apostando a poner los tubos de conexión de gas natural, corremos el riesgo de tener costos hundidos y después no tener capacidad, con una visión diversificada de nuestra matriz energética, de tener opciones en cuanto al portafolio de generación de energía eléctrica.

Con esta Ley de Transición Energética, para el 2024, México generaría aproximadamente el 35 por ciento de su electricidad con energía limpia y producida en territorio nacional, y esto lo quiero subrayar, porque gran parte de la apuesta, es atraer el gas de los Estados Unidos.

Aquellos, que originalmente le apostaron a Shale Gas, han comprobado cómo la enorme volatilidad de los precios de los hidrocarburos que hoy están a la baja, han hecho que esa promesa que tanto plantearon de que Shale Gas sería una enorme área de oportunidad para nuestro país, se ha vuelto inviable por el momento en términos de costos, y tenemos una enorme dependencia del gas natural que hoy no se produce en nuestro país, sino en los Estados Unidos.

Entonces, estamos hablando de que diversificar la matriz energética habla de una visión de proteger también la Soberanía, el contexto de generación de nuestros recursos a través de la capacidad propia en nuestro territorio.

Por otro lado, en término de la mitigación agresiva hacia el medio ambiente, especialmente en los gases de efecto invernadero, se tiene que mitigar el 22 por ciento hacia el 2030 de dichos gases.

Siendo del estado de Guerrero y habiendo sufrido los efectos del cambio climático, no solamente en mi entidad sino en muchos rincones donde existe playa, donde existen estas preocupaciones de los huracanes, pues obviamente estas mitigaciones tienen una visión, sin duda alguna, medioambiental, pero incluso rayan en la visión de seguridad nacional.

Más de dos terceras partes de las emisiones vienen del sector energético. Esta Ley de Transición Energética, tanto por su estrategia de eficiencia energética, como por su adopción de energías renovables, puede implicar casi la mitad de las mitigaciones comprometidas.

Por último, hay que ver el tema de las energías renovables como un área de oportunidad en términos de inversiones, no solamente la diversificación de nuestra matriz energética, ofrece esta oportunidad de no tener una gran dependencia, sino que puede significar importantes inversiones hacia adelante.

Yo veo, compañeros, que la discusión airada, tensa que tuvimos respeto al petróleo y los hidrocarburos, era una discusión que tenía muchos reflejos del pasado; hoy, si la Comisión Federal de Electricidad quiere invertir en gas natural, para muchos analistas está invirtiendo en una tecnología que va de salida.

Pensar en energías renovables, es pensar en el futuro, es pensar en un país que pueda encontrar en las energías renovables un nuevo momento de construcción de un proyecto de desarrollo industrial donde no sólo aprovechemos la precipitación solar o la energía eólica que nos ha sido dotada por la naturaleza, sino que podamos articular una verdadera visión de desarrollo industrial, con ciencia, con tecnología, con la capacidad de articular una nueva cadena que no nos haga depender de comprar celdas fotovoltaicas del extranjero, venidas de Alemania o venidas de Estados Unidos, sino que sean generadas aquí por científicos y por ingenieros mexicanos.

Que tengamos la capacidad de que los aerogeneradores o las turbinas eólicas puedan darle capacidad a la generación energética de la parte más olvidada del país que es el sur, ese territorio comprendido por Guerrero, Oaxaca, Chiapas, pueda encontrar un área de oportunidad, reitero, no solamente para generar energía a costos accesibles y competitivos, sino para que científicos mexicanos puedan nacer y crecer aquí y no depender de la importación de tecnologías que puedan significar una nueva área de oportunidad y de competitividad para el país.

Este es el debate, no solamente del pasado, este es el debate del futuro, y estoy convencido de que las energías renovables son una oportunidad para que México sea, en el 2050, una de las tres principales potencias en el mundo en materia de generación de energía limpia.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ríos Piter.

Se concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, para hablar en contra del dictamen.

El Senador David Monreal Ávila: Con su permiso, señor Presidente.

La transición energética, como su nombre lo dice, es la transformación del modelo energético actual, que se caracteriza por el uso de energías convencionales a un modelo energético basado en energías renovables, bajo este concepto el país va en sentido contrario debido a que la mal llamada reforma energética, promueve la dependencia del petróleo y permite que la inversión extranjera explote los recursos no renovables, a la par que abrió la posibilidad de que esta implemente la fractura hidráulica para obtener gas natural, lo cual representa un grave peligro para el medio ambiente.

Contrariamente el mundo se mueve rápidamente hacia las energías renovables y a la mejora de la eficiencia energética para cubrir su creciente demanda y atender una de las principales causas de calentamiento global, pero en el pareciera que ocurre lo contrario ante este retraso ambiental, porque otros países han puesto mayor esfuerzo en incluir energías renovables y México no.

Preocupante resulta lo engañosa y contradictoria que es la reforma constitucional en materia energética, ya que por medio de sus leyes secundarias, por un lado se promueve el uso de energías fósiles y, por el otro, se pretende implementar el desarrollo de energías renovables, pero a cambio de alguna ganancia económica, fortaleciendo el objetivo principal de esta reforma energética que es el hacer negocio con los recursos naturales de los mexicanos.

La Ley de Transición Energética que hoy nos ocupa a discutir, es la única ley secundaria de la reforma energética, que contiene el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, sin embargo, la ley queda en buenas intenciones debido a que carece de metas claras para transitar realmente a las energías renovables.

Parece que es un mero trámite ambiental, pues para el gobierno federal no es prioridad que México aproveche sus recursos naturales de manera adecuada y se coloque a la delantera en materia de generación de energías renovables, el interés por el cuidado del medio ambiente surgió cuando el jefe del Ejecutivo Federal asistió a París, donde se celebró la XXI Conferencia de las Partes para luchar contra el cambio climático, y mostrando un atraso, México asistió sin un marco legal que mostrara un compromiso respecto a las metas que se deben de cumplir para atender la situación del cambio climático a nivel mundial, específicamente en términos de emisiones de gases con efecto invernadero y la generación de energías limpias, lo que dejó en entredicho el prestigio y la credibilidad del país.

Para darle solución a esta problemática diplomática, más que ambiental, hoy después de un año se somete a discusión la Ley de Transición Energética, cuando por su contenido debió ser expedida junto con su reforma constitucional.

En consecuencia, hoy se presenta un dictamen hecho a modo que nuevamente privilegia lo económico por encima de todo, y para ejemplificar, se plantea que la reducción de emisiones contaminantes, derivadas por energía eléctrica, será sólo bajo condiciones de viabilidad económica, es decir, pese a que el sector eléctrico mexicano es responsable del 22 por ciento de las emisiones totales de gases de efecto invernadero del país, el Estado emprenderá proyectos para disminuir su uso, siempre y cuando obtenga ganancias económicas.

Lo anterior, no beneficia el impulso de las energías renovables ni las tecnologías para el uso eficiente de la energía, el desarrollo sustentable no debe estar sujeto a la viabilidad económica, pues ésta laguna podrá ser la puerta de salida y excusa para las instituciones y empresas para que no se cumpla con las metas establecidas.

Asimismo, actualmente más del 80 por ciento de la energía que se consume en el país proviene de fuentes fósiles, concretamente petróleo, gas natural, ambos sujetos a la volatilidad de los precios y esta ley no disminuye el riesgo de dependencia de los energéticos del exterior y de la volatilidad de las tarifas eléctricas, también se olvida de establecer metas puntuales para que México pueda reducir el 22 por ciento de sus emisiones de gas de efecto invernadero para el año 2030, y apueste por la generación de energías limpias, como la solar o la eólica, esto en el marco de la lucha contra el cambio climático.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Monreal Ávila.

Se concede el uso de la palabra al Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, señor Presidente.

Disminuir los costos de la energía eléctrica y disminuir las emisiones contaminantes eran conceptos que hace años no se vislumbraba, poder coincidir en un mismo modelo mucho menos y que se diga en una misma ley.

Esta Ley de Transición Energética junto con las otras 21 que complementan un modelo energético que nos da la oportunidad a los mexicanos de aprovechar una de las mayores áreas de oportunidad que la naturaleza nos ha premiado, a México, de energía.

Nuestra capacidad energética, lo hemos dicho en otras ocasiones, es mucho más que petróleo y gas, lo cual sigue representando un gran potencial para México, pero también contamos con un enorme potencial de otras fuentes generadoras de energía, y hoy queremos maximizar los beneficios de cada una de éstas para todas y todos los mexicanos.

A partir de este modelo energético, será factible contar con una matriz diversa de generación de energía eléctrica, equilibrada y que nos garantice el mejor aprovechamiento de las ventajas que nos ofrece cada una de estas fuentes.

Ya lo decían otro Senador, contamos con una envidiable potencial y energía solar, existen áreas geográficas dentro de México muy favorables y competitivas para la energía eólica, que se diga para las grandes hidros, la geotermia, el biogas, la cogeneración eficiente o la misma energía nuclear, que cabe destacar, hoy representa en nuestro país una de las fuentes de energía más baratas y más seguras desde hace casi 30 años.

En general este dictamen obedece a los objetivos que nos hemos planteado como nación y convive y se complementa, con el modelo energético que hemos construido para México, maximizando nuestro potencial para beneficio de todas y todos los ciudadanos.

Ahora bien, este modelo también requiere de equilibrios, como lo hemos manejado a lo largo de todas y cada una de las leyes que hemos aprobado, generar las mejores condiciones para el cumplimiento de todos y cada uno de los objetivos y las expectativas que nos hemos planteado.

Es por ello, que el día de ayer se generó uno de los cambios a la minuta en la Cámara de Diputados, buscando a través de ese transitorio que ya se ha citado, generar y buscar que esos equilibrios convivan y, sobre todo, le permitan a nuestro país poder contar con los beneficios y las expectativas que nos hemos planteado y permítanme, en el tiempo que me queda, explicar a detalle todo esto:

Tenemos dos retos muy importantes ante una nueva apertura, hay que recordar que en el sector eléctrico abrimos toda la parte de generación a la competencia, pero también abrimos la parte de comercialización, en ese sentido teníamos un reto muy importante en la generación, incentivar la inversión en energías limpias y renovables que es parte del motivo y me parece una de las principales cualidades que han señalado gran parte de las compañeras y compañeros Senadores que me antecedieron a favor de este dictamen.

Pero también en la parte de los usuarios de la energía, pues tenemos que seguir generando certidumbre y competitividad, y con eso iniciaba este discurso, el poder encontrar un modelo en el cual coincidan estas dos cosas ante ser inviable y hoy me parece que de manera muy acertada lo estamos logrando. Esto nos llevó a tres preocupaciones principales:

Primero, los casos de excepción, y éste me parece que es uno de los temas más sensibles que cambiamos y logramos adecuar a través de ese Transitorio, bueno, qué pasa si el mercado generador por algún motivo no pudiera generar la suficiente    cantidad de Certificados de Energías Limpias, para la demanda de los grandes usuarios, para la demanda de los usuarios que dependen de estos certificados para poder generar gran parte de la actividad industrial de nuestro país.

Para ello, lo que contemplaba el articulado era que no había ningún punto medio, nos llevaba, si no cuentas con el porcentaje de certificados en tu generación, te vas directamente al esquema de las multas.

Por eso generamos esa salvaguarda, y lo que va a buscar es que si por algún motivo el mercado generador no pudiera o no tuviera que generar la suficiente oferta de certificados, se va a diferir la obligación del mercado del usuario o del consumidor para que no caiga en el esquema de las multas.

Segundo, hay que recordar que otra de las grandes expectativas que fijamos nosotros en esta reforma energética, es la generación de inversiones, el ser más competitivos, la generación de empleos, el crecimiento económico, y es para ello también que es totalmente entendible que tenemos que generar certidumbre y confianza en todas esas inversiones que esperemos que lleguen a nuestro país.

Es por ello, que también en esta etapa de implementación, no se fijó un costo de los certificados, lo que se generó fue un costo máximo al cual pudieran tener durante esta etapa de implementación y que no deje de ser atractivo para la inversión en energías limpias, pero que sí le genere certidumbre a los inversionistas usuarios de la energía.

Por ello se creó y se fijó este dato de los 60 UDIS para que, por cierto, está ligeramente por debajo del piso de las multas, que eso es lo que busca es incentivar la compra de certificados en lugar de caer en los esquemas de multas como estaba antiguamente.

¿Y qué pasa?

Efectivamente, no podemos manipular el mercado, estamos abriéndolo, temporalmente, a una etapa de transición.
Lo que va a ocurrir después, es generar instrumentos que el mismo mercado regulará que a través de estas cámaras de compensación, y particularmente el mercado de futuros, las empresas puedan precomprar sus certificados durante el año que ellos quieran tener la certidumbre en sus costos estimados para poder tener así mayor certidumbre sobre sus retornos de la inversión, a eso obedece esta lógica y a eso obedece este transitorio.

Y por último, también hablamos de un tema muy sensible para nuestro país: la competitividad.

Es por ello que también consideramos muy oportuno el meter a la COFECE para que de manera periódica esté llevando a cabo evaluaciones y análisis de nuestro nivel de competitividad en el sector eléctrico, y de esa manera, poder ir midiendo no solamente la eficiencia y el éxito en la implementación, particularmente, de esta ley, sino por otro lado también poder ir midiendo si es necesario ir haciendo adecuaciones para efecto de que todas estas coyunturas y todas estas expectativas se cumplan.

Es por ello que nosotros, los legisladores del PAN, en nuestra mayoría, votaremos a favor de este dictamen, porque no solamente complementa y se constituye como un modelo energético completo, sino que además está a la altura de nuestras expectativas y, sobre todo, podremos gozar los mexicanos de todos sus beneficios.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Lavalle Maury.

Se concede el uso de la palabra al Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Raúl Gracia Guzmán: Con la venia de la Presidencia.

Efectivamente vamos a favor, pero tenemos que decir que vamos tarde, esta minuta nos la remitió la Cámara de Diputados en la Legislatura anterior.

Yo hubiera querido ver que una minuta del tema energético no ambiental, se hubiera demorado y dilatado como fue en este caso, pero qué bueno que el Presidente Peña Nieto fue a París, qué bueno que fue a la Conferencia de Cambio Climático y se generaran, no voy a decir las presiones, pero sí las circunstancias para que esta reforma que estaba congelada hoy avance y progrese; ojalá que estas modificaciones, y hago un exhorto a la Cámara de Diputados, no sean un dique o una traba para que así como pasaron meses y meses en este Senado sin que se dictaminara en el proceso legislativo, no pase lo mismo en esta segunda etapa en la Cámara de Diputados.

Esta reforma ha dividido al sector industrial, inclusive en mi entidad federativa, que es Nuevo León, hay quienes se oponen radicalmente a la misma, pero hay quienes sí se prepararon para la modernidad, para el reto ambiental y que están listos para generar empleos, para generar productividad al país a través de las energías alternativas.

Creo que todas nuestras reformas deben de buscar romper paradigmas, buscando premiar a quien se prepara, a quien sí cumple con la ley, a quien sí cumple con la modernidad, no como en el caso del siguiente dictamen donde, como en muchas ocasiones, legislamos para que no se cumpla la norma.

Espero que con este dictamen no demos por concluido el proceso energético ambiental. Esta minuta de Ley de Transición Energética no es suficiente, quedan muchas asignaturas pendientes que debemos dictaminar.

Hay iniciativas en materia de fracking, de limitarlo, de restringirlo, de por lo menos ordenarlo, y creo que es un deber que tenemos, que esta reforma energética no únicamente vaya al tema económico, sino que genere las condiciones para que en dos ó tres generaciones dejemos ambientalmente un mundo y un México viable.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Gracia Guzmán.

Se concede el uso de la palabra al Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en contra del dictamen, hasta por cinco minutos.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Senadores:

Como todos sabemos, la Carta Magna sufrió importantes modificaciones en materia energética, con el objeto de recaudar y readecuar el esquema y la rectoría de la política petrolera y de la industria eléctrica, bajo el argumento de generar impulso renovado a esta importante actividad de la vida económica nacional.

Lo que es una realidad es, que con las reformas a la legislación secundaria en las que supuestamente se ajustaba e interpretaba el mandato del Constituyente, se consolidó la entrega de los recursos energéticos al mejor postor, se consolidó, también, a la entrega de normas que permitieron y que constituyeron verdaderos artilugios legales desarmonizados entre sí, donde lo mismo conviven regímenes de excepción con extrañas construcciones institucionales que fluctúan entre lo privado y lo público, autoridades a modo y nuevamente una excesiva carga fiscal a las empresas productivas del Estado donde se plasman las injustificadas esperanzas de un nuevo “boom” petrolero que por la manera en que se vislumbra el mercado internacional, jamás llegará.

A más de dos años de haberse promulgado la reforma energética, los mexicanos no hemos visto los beneficios anunciados por sus promoventes, con lo cual se engañó que iba a haber mucha inversión, miles de empleos, la panacea del Gas Shale; y al contrario, los resultados han sido que la Secretaría de Hacienda dejará de recibir 500, 000 millones de pesos, no sólo porque cayó el precio del petróleo, sino porque cada vez es menor la producción de crudo, ya que no se procesa crudo para hacer gasolinas en el país y tampoco se construyen o no se explotan debidamente las existentes mediante inversiones en su infraestructura e investigación que permita el incremento gradual de su producción; apostando de forma exclusiva la importación de gasolinas y buscando incrementar las ganancias de las empresas transnacionales dedicadas al sector energético.

El día de hoy leíamos que seguimos importando el 55 por ciento de la gasolina y el 38 por ciento del diesel para nuestro país.

Vale la pena la recapitulación pues en este ejercicio de supuesta armonización constitucional se hizo a un lado un tema prioritario, como es el de la transición energética; mientras por un lado se nos apresuraba para que la emisión de las leyes secundarias que se dieran al momento con el contexto de la presión del término constitucional, en este caso la misma regla no se aplicó y se dejó por casi un año de retraso la emisión de esta norma que hoy de manera apresurada parece emitirse de manera fast-track para que el Ejecutivo Federal llegase con avances y sin nada en las manos a la COP21 en París, Francia.

Este contraste entre la urgencia para adecuar el marco legal y constitucional a favor de los grandes intereses extranjeros y legislar una norma de protección, salvaguarda y defensa del medio ambiente aplicable al sector energético evidencia que entre las prioridades gubernamentales no se encuentra la sustentabilidad y el cumplimiento de compromisos internacionales por contar con energías limpias que impacten directamente en la calidad de vida de los mexicanos y que nos alejen de la posición 13 de los países más contaminantes a nivel mundial.

Ahora, con la discusión de este dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Transición Energética, se cierra un lamentable capítulo de la historia nacional, identificado por la entrega de los recursos energéticos y por el desprecio por construir el andamiaje que permita a nuestro país transitar al uso de energías limpias que reduzca el 92 por ciento del total de emisiones globales a cargo de la quema de hidrocarburos, y que a su vez den sustentabilidad y viabilidad a las siguientes generaciones de mexicanos, a quienes se supone era direccionar a la mal llamada reforma energética.

Este es un claro indicio de que el dictamen que hoy discutimos dejará rezagado a nuestro país con la implementación de verdaderas políticas de apoyo a la expansión de energía renovable, políticas que ante la volatilidad del precio del barril del petróleo es urgente que se diversifique la matriz energética y a su vez se descarbornicen nuestros ingresos.

No vemos en esta propuesta, la tan anunciada armonización de contenidos y criterios de una visión de desarrollo y cuidado al medio ambiente.

Un punto eliminado en el dictamen de la Colegisladora y no retomado en este dictamen, es el referente a la energía nuclear, el cual debemos señalar que la Carta Magna en su artículo 27, párrafo octavo menciona que: “Corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones con otros propósitos. El uso de la energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos”; pero hay que destacar que nuestro país no ha tenido grandes avances en el desarrollo de dicha fuente de energía.

La iniciativa originalmente restringida de manera expresa el uso de minerales radioactivos, y ahora, el dictamen eliminó dicha restricción expresa dejando abierta la posibilidad de que la energía nuclear fuese alguna fuente para la generación de energía eléctrica, lo anterior aplicando el principio de lo que no está prohibido está permitido.

Respecto de la industria nuclear es considerada una fuente de energía limpia, pero también aquella que presenta varios peligros dirigidos al medio ambiente y en los seres vivos en caso de que sus residuos sean liberados a la atmósfera o vertidos sobre el medio ambiente.

Los peligros principales son los riesgos de accidente en donde tener las máximas medidas de seguridad, en algunas ocasiones pueden llegar a ser insuficientes como en los casos de Chernobyl y Fukushima.

Por tal motivo, consideramos que la regulación y el uso de este tipo de energía debe ser motivo de expedición del área específica en la materia.

Por otro lado, los compromisos que por ley adquiere nuestro país, el uso gradual de energías limpias se retiraron del texto de la norma y se trasladaron del dictamen de la Colegisladora a los artículos transitorios.

El dictamen en su Artículo Tercero Transitorio sólo se limita a señalar: “La Secretaría de Energía fijará como meta una participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica del 25 por ciento para el año 2018, del 30 por ciento para 2021 y del 35 por ciento para 2024; por lo que las metas planteadas son prácticamente las mismas que se contemplan en las Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, cuerpo normativo que se plantea abrogar el Artículo Segundo Transitorio.

Las metas anteriormente señaladas tendrán que ser evaluadas por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la CONUEE, mediante diversos procesos que seguramente o así lo suponemos, ya que no se encuentran en una parte del presente dictamen, se establecerán de forma reglamentaria; situación que correrá a cargo de quien presida dicha comisión, obligación no menor ya que depende y de gran manera, que quien ocupe el cargo.

Por ello sorprende y de gran forma, que el dictamen deje fuera la posibilidad de ratificación del director general por parte de este Senado, no establezca los requisitos que deberá cumplir con quien pretenda ocupar el cargo, ni tampoco lo obligue a comparecer de forma periódica ante el Pleno de esta Soberanía, para informar el estado que guardan los trabajos de esa Comisión, pero en especial si es que se está cumpliendo con las metas para lograr la transición energética.

Dentro de los órganos rectores en materia de energías limpias, la Comisión Reguladora de Energía será quien expida los certificados de energía limpia como resultado de una proporción del total de energía eléctrica consumida en los centros de carga, en cuanto a ello, el dictamen es omiso para definir qué proporción de total de energía eléctrica es necesaria.

No menos importante, hemos señalado por el artículo 45 del dictamen, que establece que los recursos públicos o privados destinado a los fondos a la transición energética y el aprovechamiento sustentable de energía, deberán ser ejercidos con base en los principios de honestidad, legalidad, productividad, eficiencia, eficacia, transparencia gubernamental y máxima publicidad, y estarán sujetos al monitoreo, reporte y   evaluación de su desempeño, sin embargo no se incluye ningún mecanismo de control destinado a la auditoria, fiscalización, evaluación y rendición de cuentas que     establecen las disposiciones legales y mucho menos se contemplan las responsabilidades a los servidores públicos que actúen en detrimento a los recursos que puedan administrar.

Por último, una asestada final fue el Addendum disfrazado de reserva que modificó el dictamen, eliminando el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía que define a sus objetivos para proyectos e infraestructura, así como a la investigación y formación de personal en la materia de energías limpias, establecido en el artículo 49, sustituyéndolo por fondos indefinidos que no especifican su objeto y la canalización de los recursos asignados, que iniciarán sus bases económicas a partir de un presupuesto de egresos ya definido y asignado, es decir, el aplicable para el ejercicio fiscal 2016.

Señoras y señores Senadores:

De ninguna manera este Senado de la República puede quedar satisfecho por el esfuerzo realizado en este dictamen, sobre todo por lo escaso de las consultas para su socialización; de lo corto en los tiempos para reflexionar cada uno de sus contenidos, porque se pretende, más que establecer el andamiaje legal de una verdadera transición energética el mero cumplimiento de los términos establecidos en un transitorio constitucional.

La norma que se aprueba de ninguna manera corresponde con las expectativas y esfuerzos anunciados por nuestro país para transitar al uso de energías limpias. El discurso gubernamental es uno en el exterior y otro en los hechos y en las propuestas que nos remitió.

Solicito amablemente sea incluida la totalidad del texto por cuestión de tiempo.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Intervención



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Salazar Solorio.

Insértese en el Diario de los Debates la intervención íntegra del Senador Salazar  Solorio.
Tiene el uso de la palabra el Senador Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Con su permiso señor Presidente.

Definitivamente debemos de transitar hacia las energías limpias, eso debemos de hacerlo.

Es necesario bajar la contaminación en todo el mundo, pero pienso que nos fuimos de más, pedir energías limpias del 35 por ciento al 2024, se me hace muy alto; China al 2020, va a cumplir nada más con el 20 por ciento, es nuestro principal competidor en el ámbito industrial; China al año 2020 va a cumplir nada más con el 20 por ciento, la India al 18 nada más con el 9 por ciento, podrán decir que es un país más atrasado; pero Rusia al 2020 nada más va a cumplir con el 4. 5 por ciento.

¿Qué necesidad de ponernos una camisa de 11 varas, verdad?, y querer cumplir al 35 por ciento. La energía limpia no es barata está subsidiada, la mayoría no son de flujo constante, como la eólica y la solar, ¿qué significa eso? Que cuando no están funcionando y no hay grandes acumuladores, se tiene que usar otro tipo de energía, y la industria generalmente trabaja día y noche, es de lo que más consume, queremos una industria por un lado competitiva y por otro lado la estamos metiendo al primer mundo sin tener con qué.

Lo que es más eficiente en la actualidad es el ciclo combinado, y el ciclo combinado se mueve a base de gas, estamos construyendo grandes gasoductos desde Texas y también pensamos después conectarlos a los mantos de Shale Gas que vamos a tratar de poner en Tamaulipas, en Nuevo León y Coahuila.

Entonces, ¿para qué hacemos esas inversiones si el gas no está calificado como energía limpia, para qué hacemos los gasoductos?

En el ciclo combinado parte es limpia y parte no es, la mayoría de las últimas instalaciones que se están haciendo en nuestro país son de ciclo combinado, a eso va por el gas, entonces, ¿qué va a pasar?

Aquí dicen que vamos a invertir en hidroeléctrica 1,732 millones de pesos, no tenemos grandes ríos, no tenemos nosotros grandes potenciales hidroeléctricos; en eólica vamos a gastar 420,000 millones, pero el viento sopla cuando quiere, no cuando nosotros queremos; vamos a gastar en geotermia 63,000 millones de pesos. Ahorita en Baja California hay una demanda contra la geotermia de que está ahí en nuestro estado por contaminación, y a parte la geotermia no es una energía barata y contamina; la solar, pensamos poner 178,000 millones de pesos; nucleoeléctrica 93 mil, a ver si nos permiten todos los ecologistas; bioenergía 115, este es un sueño la bioenergía.

Lo que va a pasar es de que con todas estas buenas intenciones nos vamos a quedar atrás en este famoso programa, entonces van a empezar ahí las multas y los reclamos de medio mundo, por un lado a los industriales, seguramente no los van a poder, digamos, darles la energía que necesitan.

Por otro lado los que van a hacer las inversiones van a querer sacar sus beneficios económicos, y yo les digo, esto se puede hacer en países que tienen dinero, en países del primer mundo.

En Baja California nosotros tenemos cinco abanicos en La Rumorosa, llegó Sempra Energy y puso 70 abanicos de un golpe, y al otro lado de la frontera pusieron 160 abanicos también, porque los subsidian y tienen como 700 hectáreas de solar, pero es energía subsidiada.

Y por otro lado, por querer California tener una situación de total pureza, y ser un estado súper ecológico, se le está yendo la industria porque no aguantan precisamente los costos de producción para ser competitivos.

Entonces yo estoy de acuerdo de que se haga esta reforma. Esperemos que la tecnología en estos años nos ayude a que sea más barato, precisamente las energías alternas, y la Virgen de Guadalupe, ¿verdad?, porque es a la que siempre ponemos todos nuestros pensamientos.

En este país de los artículos transitorios de que todo cambia, ya estamos querido cambiar la ley electoral también, nada cumplimos.

Ahorita vamos a ver lo del apagón analógico para las televisiones, no lo cumplimos. Esta situación es mucho más complicada, la situación de las energías, debíamos de haber hecho una situación con más calma, ir viendo sobre nuestras posibilidades. Ya de antemano los transitorios que se ponen están de a tiro diciendo de que no se va a cumplir con lo que se tiene en esta ley.

Entonces, yo voy a estar de acuerdo, pero estoy seguro de que vamos dentro de 6 meses a cambiar una parte, y otra parte de esta propuesta, y eso también se presta a corrupción, se presta a confusión y la realidad es de que ojalá hubiéramos hecho una situación con más seriedad.

Espero que en el problema de la marihuana lo estudiemos más a fondo porque ya queremos sacar algo sobre la marihuana, cuidado con ese tipo de leyes que se ponen de moda.

Entonces voy a votar a favor, pero con las advertencias que les puso anteriormente.

Sí tenemos que buscar un mundo verde, un mundo ecológico, un mundo que tenga menos emisiones, pero los grandes, como les digo, a China le importa 3 cacahuates y está precisamente para el 2020 nada más con el 20 por ciento y ellos contaminan muchísimo más que nosotros.

Señores hay que ser equilibrados, ver nuestras posibilidades y luego legislar.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Gil Zuarth: Gracias, Senador Hermosillo y Celada.

Se concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en contra del dictamen.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Quiero iniciar mi partición leyendo una noticia del miércoles 30 de julio del año 2014.

“El gobernador de California, Edmund Brown, recomendó al gobierno y al Congreso mexicano mano dura para regular a las empresas petroleras y eléctricas que vendrán a invertir en México, o se los van a comer vivos”.

Fue su única referencia al tema al final de un encuentro en el Senado, luego de escuchar a la Senadora del PAN, Gabriela Cuevas, sostener que las recientes reformas estructurales en el país, entre ellas la energética, pueden proyectar a la economía mexicana entre las 10 primeras del mundo.

El gobernador Brown advirtió sobre los riesgos de abrir el mercado del petróleo, electricidad y no regular adecuadamente a las compañías privadas, de no hacerlo se los van a comer vivos, expresó el mandatario californiano.

Por otra parte, en entrevista el Senador Demócrata por California, Lou Correa, recalcó que el gobernador se refirió a la amarga experiencia que han vivido en ese estado por la privatización de la electricidad y la crisis provocada por el consorcio Enron.

El Senador Correa se refirió a la crisis energética provocada por Enron en California en el año 2000, que se tradujo en alzas enormes de las tarifas, apagones constantes y un costo de 10,000 millones de dólares que aún paga el gobierno californiano, fueron tiempos complicados, explicó, porque a los que pagaban por ejemplo 60 dólares al mes por consumo de electricidad, la tarifa se les elevó de repente a 500 dólares, además de sufrir constantes cortes del fluido.

Compañeros Senadores, esta parte todo mundo la ignora. Cuando fuimos a aquélla gira en donde nos invitó el Senador Penchyna, ha de recordar lo primero que nos advirtieron los canadienses: “Si no se ponen duros con la regulación, entonces las trasnacionales van a hacer lo que quieran”.

No se está privilegiando el interés nacional, se está privilegiando nuevamente el interés extranjero, es bonito soñar, ¿quién no quiere un país limpio en donde la contaminación podamos erradicarla?

¿Quién no quiere coadyuvar que el cambio climático no afecte al planeta? Por supuesto el espíritu de la ley puede ser bueno, pero entre el decir y el hacer hay un abismo enorme.

Para que esta ley pueda salir adelante ya se juntó la cantidad de votos suficientes, y para que se juntara la cantidad de votos suficientes, evidentemente hay un informe que tiene que dar la Mesa Directiva con fundamento en el artículo 298:

“2. Las comisiones y los Senadores informan por escrito a la Mesa, para su conocimiento, de las actividades realizadas ante ellos por cabilderos en la promoción de sus intereses”.

El artículo 99: “1. Los Senadores o el personal de apoyo no pueden aceptar dádivas o pagos en efectivo o en especie por parte de persona alguna que realice cabildeo o participe de cualquier otro motivo para influir ilícitamente en las decisiones del Senado.

2. Toda infracción a esta norma será castigada en términos de las leyes de responsabilidades o la legislación penal, según corresponda”.

Sí quisiera, señor Presidente, que nos informara de todas las reuniones que realizaron los cabilderos, es importante saber este dato porque todos los que hicieron estos cabildeos por supuesto que no están hablando del bien nacional.

Estamos frente a una situación que tiene que ver con la continuación de la reforma energética. Y la reforma energética convierte a nuestras dos principales empresas, en empresas productivas del Estado.

En este caso particular, la Comisión Federal de Electricidad evidentemente si la comparamos con Enron o si la comparamos con cualquier otra de las compañías productoras de electricidad en el mundo, vamos a estar en absoluta desventaja y las trasnacionales vendrán a sentar sus reales a nuestro país, junto a esto está demostrado que estas empresas incumplen con lo que se llama la responsabilidad social de las empresas, para atender el desarrollo ahí donde se instalan, han declarado esta ley de interés público y de interés social, es decir, por encima de los intereses incluso humanos están los intereses de estas empresas.

Cuando discutimos la reforma energética, señalamos con contundencia, con insistencia, que no se podía quitarle los dientes a los órganos reguladores, porque las empresas trasnacionales se iban a reír de nosotros.

Es importante esta experiencia de California, porque como bien lo dice el Senador Correa, los ciudadanos pagaron de este costo, más del 500 ó 1000 por ciento, porque estamos hablando que costaba 50 dólares el mes de energía y después de la entrada de Enron, subió hasta 500 dólares.

La efectividad de una reforma energética se traduce cuando el ingreso per cápita de los ciudadanos se incrementa, y la CEPAL dice, sobre todo para aquellos que vienen aquí a ufanarse de que la reforma energética ha servido para que este país empiece a cambiar, que vean las estadísticas de la CEPAL en materia de pobreza.

México es el único país de América Latina que no ha reducido sus niveles de pobreza. Si la reforma energética hubiese tenido efectos positivos, evidentemente hoy estaríamos hablando que se reduce el número de pobres, se reduce el número de pobres alimentarios, se reduce el número de muertos por enfermedades curables, se reduce el número de muertos por insuficiencia renal, se reduce el número de muertos por desnutrición, pero estos datos son alarmantes.

Entonces, la reforma energética sólo sirvió o está sirviendo para enriquecer a unos pocos y seguir empobreciendo a la mayoría de la población.

Aquellas fábulas que nos contaban aquí, cuando discutíamos la reforma energética, evidentemente se van a quedar en eso, pero la conclusión de esas fábulas ya fueron anunciadas brevemente por el Senador Víctor Celada, porque México no tiene las condiciones, efectivamente, para una transición en los términos que se está planteando en esta ley.

Buenos deseos, buenas intenciones, pero tristes realidades para el pueblo de México.

No estamos en contra de que se limpie el aire, estamos en contra de que se siga empobreciendo al pueblo de México.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Suficientemente discutido en lo general, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de que está suficientemente discutido el dictamen, y con fundamento en el artículo 20 del Reglamento del Senado, se abre el registro para reservar artículo o para presentar adiciones.

Doy cuenta a la Asamblea de la solicitud de registro de adiciones.

Senador Manuel Bartlett Díaz: Artículos 1, 51 y Vigésimo Segundo Transitorio; Senador Rabindranath Salazar Solorio: Artículos 2, 3, 7, 14, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 29, 34, 36, 45, 47, 49, 78, 92, 95, 100, 120, 121, Tercero Transitorio, Décimo Primero Transitorio y adición de nuevos artículos: 6, 12, 18, 79 y Tercero y Cuarto Transitorios; del Senador David Penchyna Grub: Artículos 16, 19 y Vigésimo Segundo Transitorio; de la Senadora Dolores Padierna Luna: Artículo Vigésimo Segundo Transitorio.

Son las reservas que han quedado debidamente registradas.

¿Alguna más? Se cierra el registro de las reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.



La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 91 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, con el voto de la Senadora Calderón Hinojosa.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Transición Energética.

Se concede la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, para presentar sus reservas.

Sonido en el escaño de la Senadora Marina Gómez del Campo Gurza.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchas, señor Presidente.

Solamente para compartirles a las compañeras y compañeros Senadores, que desafortunadamente murió el Senador suplente por Michoacán, Luciano Borreguín González, suplente de nuestro amigo y compañero Raúl Morón Orozco, él estuvo participando en la comisión que me honro en presidir, la Comisión de América Latina y El Caribe.

Yo quisiera, señor Presidente, solicitarle un minuto de silencio en memoria de nuestro compañero.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza. Ruego a la Asamblea ponerse de pie para guardar un minuto de silencio por nuestro compañero Senador.





 

MINUTO DE SILENCIO

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Ruego a todos tomar sus lugares.

Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa Huerta.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente, gracias.

A nombre del grupo parlamentario del PRD, agradezco este gesto de solidaridad de la Senadora Mariana Gómez del Campo, efectivamente en la madrugada de hoy falleció nuestro compañero Senador suplente Luciano Borreguín, él estuvo en funciones hace muy poco tiempo, él era suplente del Senador Raúl Morón Orozco; en el tiempo que estuvo mostró su disposición de trabajo y de mantener una relación con todos los integrantes de este órgano del Estado mexicano.

Lo vamos a recibir mañana en nuestro salón Heberto Castillo, del grupo parlamentario, él falleció en la ciudad de Morelia, va a ser velado el día de hoy en Morelia, y el día de mañana será trasladado a la ciudad de México y estará en nuestro salón para que hagamos guardias ante su féretro.

Los invitamos a participar en este duelo que tenemos que debe ser compartido como duelo del Senado de la República. Es lo que quisiera compartir con ustedes, gracias por el uso de la palabra.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth. Gracias, Senador Barbosa Huerta.





 

Entramos a la discusión de las reservas…

Sonido en el escaño de la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza.

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: (Desde su escaño) Señor Presidente, quisiera que quedara registrada mi votación a favor en lo general del anterior dictamen.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se toma nota del sentido del voto, de la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, y también la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, para el mismo propósito. Tome nota la Secretaría de ambas peticiones.
Insértese en el Diario de los Debates el posicionamiento del Senador Jesús Casillas Romero, a favor del dictamen.

El Senador Jesús Casillas Romero: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador David Penchyna Grub, para presentar reservas al dictamen.

El Senador David Penchyna Grub: Con su permiso, señor Presidente.

Simplemente para explicar a la Asamblea que las reservas son meramente de redacción, ya que algunos artículos abrevian el concepto de Certificados de Energías Limpias y otros no lo hacen, y para mantener congruencia redactiva durante todo el articulado de la Ley de Transición Energética, nos estamos refiriendo al artículo 16, donde cambia la palabra SENER por Secretaría.

En el caso del artículo 19, falta, como lo explica en otros artículos, el de gases y sus compuestos, y la definición de Certificados de Energías Limpias en el Vigésimo Segundo, tanto en su fracción I como II, es simple y sencillamente un cambio de redacción para que sea mucho más congruente el cuerpo completo de la iniciativa que se está presentando, lo hago a nombre de diferentes miembros de la comisión, es estrictamente de forma, lo tiene en sus manos la Secretaría Técnica de esta honorable Presidencia, le pido que dé cuenta de ello, señor Presidente, y que pudiéramos tomar el acuerdo de la Asamblea para poderlo hacer así.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Solicito a la Secretaría dé lectura a la reserva que ha presentado el Senador David Penchyna Grub.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura.

VER DOCUMENTO

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria.

Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

El Senador Penchyna Grub dijo que era un mero cambio de redacción y una que otra palabra para hacerlo más bonito.

El asunto es que eso no es lo que dice el transitorio y están metiendo otra cosa diferente en relación a los certificados.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senadora Dolores Padierna Luna, me permito explicarle el contenido de la reserva.

En el artículo 16, fracción I, se sustituye la palabra SENER por Secretaría.

En el artículo 19, fracción IV, se sustituye gases y se agrega la palabra compuestos.

En el Artículo Vigésimo Segundo Transitorio, se sustituye la frase CEL por Certificados de Energías Limpias, en el primero, en el segundo, en la fracción I, en la fracción II y en el último párrafo del transitorio Vigésimo Segundo.

Han sido debidamente leídas las modificaciones que ha planteado el Senador David Penchyna. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el Senador David Penchyna Grub.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el Senador Penchyna Grub. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén en contra, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria.

En consecuencia está a discusión. Al no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban las propuestas del Senador Penchyna Grub. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueban, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, para presentar una reserva.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

Un año estuvo detenida esta reforma por los Certificados de Energías Limpias, así llamados en la minuta que estableció la Cámara de Diputados.

Yo reservé este artículo y propongo que se elimine y se quede como lo trae la Cámara de Diputados, que establece que de inmediato deben aplicarse los Certificados de Energías Limpias, no estamos de acuerdo en que se pospongan.

Cuando llegó aquí, venía de aplicación inmediata. Después del cabildeo, en la redacción de ayer quedó que se posponía dos años; hoy en la mañana nos dicen que se pospone cuatro años, y en este cambio se nos va hasta el 2021.

Quisiera que precisara bien, señor Presidente, este tema, porque no es un asunto menor, porque se está diciendo que estos certificados son el único mecanismo que tendría el Estado para obligar a los industriales a aplicar energías limpias y lo que están haciendo con este transitorio es, en realidad, rebajar las obligaciones de las empresas en materia de energías limpias y en materia de eficiencia energética; se alarga la transición ahora hasta el año 2021, pues ya póngale el siglo XXII.

De por sí es ligera, porque expliqué que, desde 1990 hasta 2014, solamente se ha mejorado la calidad del ambiente en 1 por ciento en casi 25 años, si seguimos con estas reglas, con estas normas, pues nos vamos a ir a otro siglo y hasta el otro.

El gobierno mexicano ha firmado tratados internacionales. Fue Peña Nieto a dar un discurso a París y se levantan el cuello con cosas que luego en las leyes contradicen y hacen exactamente lo contario de sus discursos internacionales.

Pero también nos oponemos a esta posposición no sólo porque urge, de verdad, México está rezagado en materia de transición energética, Estados Unidos ya nos lleva años luz, estamos en una misma zona geográfica y aquí poniéndole obstáculos, tras obstáculos y más obstáculos a la transición energética.

Pero menos aún nos parece correcto, porque aquí estuvieron en el Senado varios días los cabilderos hablando uno por uno, encerrados, sí, con el Senador Penchyna Grub, con el Senador Lavalle Maury y otros, y finalmente se impuso la voluntad de los cabilderos, y finalmente se impuso el interés de los particulares a la urgencia de utilizar cuanto antes las energías renovables.

Habría muchísimo qué decir, pero, señor Presidente, hay tres documentos distintos: uno que los pospone dos años, otro que los pospone cuatro años y otro que lo pospone hasta el año 2022, explíquese.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Sonido en el escaño del Senador David Penchyna Grub.

El Senador David Penchyna Grub: (Desde su escaño) Para alusiones personales, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se le concede el uso de la palabra, por alusiones personales.

El Senador David Penchyna Grub: Con su permiso, señor Presidente.

Mire, yo toda la sesión he estado escuchando un conjunto de observaciones y siempre he reiterado en esta tribuna que la diversidad de opiniones, el pensar diferente, el tener puntos de vista contrario, no es malo, es algo muy bueno que abona a la democracia y que es una realidad viva de nuestra pluralidad.

Lo que no se vale, lo que no es honorable es lo que no se apega a la verdad y mucho menos cuando después de largos posicionamientos mediáticos de muchos actores que exigían una Ley de Transición Energética, donde hoy respetuosamente algunos se quejan de que nos tardamos mucho y donde la Comisión de Energía lo único que ha hecho es irse al debate de todas las voces, hemos asistido a todos los foros de un tema que no es novedad, que dividía las visiones de diferentes industrias de transformación, y que dimos cuenta, y que invitaron a muchos miembros de esta comisión a asistir para escuchar sus opiniones. Lamento que no hayan invitado a algunos.

Yo, de verdad, voy a donde me invitan y entiendo que a donde no me invitan pues no debo de ir; pero también entiendo mis responsabilidades y es muy lamentable que se venga aquí a dar un debate, y perdón, pues me harté, uno se cansa de oír muchas mentiras, cuando no se cumple con la responsabilidad para la que nos pagan.

Ayer, y lo lamento profundamente, de verdad, nadie de la izquierda estuvo en la Comisión de Energía, esperamos tres horas y media para debatir, nadie, absolutamente nadie, y no estoy aludiendo en lo particular, estoy dando una descripción de hechos.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame, Senador Penchyna Grub.

Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna Luna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Si me permite hacer unas preguntas al Senador.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Acepta las preguntas, Senador Penchyna Grub?

El Senador David Penchyna Grub: Claro que sí, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda a las preguntas, Senadora Dolores Padierna Luna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, precisar que en este Senado no fuimos convocados por la Comisión de Energía, por su presidente o su junta directiva en ninguna ocasión a lo largo del año.

Tenemos muchos meses sin reunión de la Comisión de Energía, y se nos paga como presidente, los que son presidentes, para reunirse, de acuerdo al Reglamento, al menos una vez al mes, y el Senador pasan meses, es Presidente de la Comisión de Energía y no convoca a ninguna reunión, y él recibe un salario por el que se le paga y no hace su trabajo.

Segundo, en el Senado no se analizó esta ley, fue agendada de última hora.
Qué bueno, porque esta iniciativa urgía, es una iniciativa importante para el país, qué bueno que se agendó, qué bueno que se votó, qué bueno que se aprobó, pero la forma en que opera el Senador Penchyna Grub deja mucho que desear.

En primer lugar, el jueves estuvimos convocados a la comisión, en lugar de reunirnos como comisión y discutir lo que en un año no vimos, se reunió junto con el PAN, se encerraron con los cabilderos y nos dijeron: “En media hora se reúne”.

A la media hora nos vuelven a decir, estuvimos citados a las 12:00 del día, cada media hora el secretario técnico nos hablaba y decía: dentro de media hora, dentro de media hora; nos dieron las 8:30 de la noche y no hubo quórum, evidentemente, se nos paga para trabajar, y el Senador en lugar de reunir al órgano plural prefirió aliarse con las derechas, esconderse, no sé para qué, pero no cumplió con su responsabilidad de ser presidente de una comisión de las más importantes del Senado.

Que no venga a decir que la izquierda no estuvo presente ayer, no estuvimos presentes por una razón, porque a la hora que se citó había dos personas y dijimos: nos va a hacer lo mismo que el jueves, cada media hora nos va a decir al ratito y al ratito, y ese ratito nunca llegó.

Entonces, son puras artimañas, puras maniobras del Senador para eludir su verdadera responsabilidad como Senador y como Presidente de la Comisión de Energía.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Senador Penchyna Grub, puede usted dar respuesta a la Senadora Dolores Padierna Luna.

El Senador David Penchyna Grub: Con mucho gusto, señor Presidente.

Mire, Senadora, el jueves no nos reunimos con ningunos cabilderos, déjeme precisarle hechos contundentes y claros, porque nadie se ocultó, estábamos reunidos aquí en el Senado de la República; estábamos con los Presidentes de Concamin, de Canacintra, con el Presidente del CCE, con Canacero, con todos los presidentes de la industria que nos invitaron a dialogar y atendimos ese diálogo, que no lo hemos tenido durante varios meses, no tenemos nada que esconder.

Discúlpeme que no la hayan invitado a usted, yo no tengo la culpa. Pero yo creo que es congruente el no tener una invitación cuando se está en contra de un modelo, y yo respeto todas las opiniones.

El jueves, efectivamente, diferimos la reunión más de cinco veces; no conozco una sola comisión en este Senado que en diferentes ocasiones no ocurra eso, incluso las que presiden compañeros de otros partidos, porque es normal y ese es el trabajo parlamentario. Me extraña que con esa gran riqueza de historia parlamentaria suya, usted desconozca esa circunstancia, a las 8 que sesionamos, efectivamente, ya no había quórum.

No había quórum, particularmente por la ausencia de legisladores de su partido, porque si hubiera habido quórum desahogamos el dictamen desde el jueves pasado, en donde habían sido convocados en tiempo y forma.
Usted me acusa, y le agradezco su cita, de que es una comisión que no nos cita. Mire, le voy a dar una explicación contundente, porque el rezago de la comisión es de los más bajos de todo el Senado, y la productividad de la Comisión de Energía en el paradigma de lo que nos hemos atrevido, en la historia de este país, a legislar en materia energética, pues me parece que está a la vista de todo México.

No cito para discutir puntos de Acuerdo de leyes abrogadas, sí, para eso no cito;  yo no le hago el juego a un debate que ya paso en este país donde ya tomamos decisiones, y no estoy violando la ley, porque la productividad de la Comisión de Energía está a la vista de todos.

Ahora bien, sí me permito precisarle, porque hay registro de ello, señora Senadora, yo cité para el lunes, toda vez que el jueves no hubo quórum, y aquí está el Secretario de la Comisión del PRD que no asistió, el jueves pasado me pare en la comisión desde las 12:20 del día y estuve esperando a mis compañeras y compañeros Senadores.

Eso no tiene nada que ver porque yo busqué el consenso de las ideas Senadora, lo que no podemos admitir es que se venga a hacer un debate segmentado, de un debate que se tuvo ayer y que se ha tenido desde hace prácticamente un año, donde el Senado ratificó su convicción y su apertura a escuchar todas las voces en temas por demás complejos de la vida nacional, donde hoy yo me siento muy orgulloso de que estemos aprobando una legislación que califica como ley adjetiva, que es un modelo que, por cierto, venimos a debatir de nuevo y que está contenido en la Ley de la Industria Eléctrica.

Muchas cosas que aquí se han venido a decir, que no tiene la Ley de Transición Energética, no están ahí, están en la Ley de la Industria Eléctrica que fue aprobada hace un año.

Por su atención, muchísimas gracias, con el respeto de siempre.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame, Senador Penchyna Grub.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett Díaz.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Para hacer una pregunta, prefiero pedir la palabra para hechos, si es tan amable señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Registramos la solicitud para hechos.

Sonido en el escaño del Senador Rabindranath Salazar Solorio.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) De igual manera, señor Presidente, para hechos, por favor.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna Luna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Para hechos.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Va a concluir su intervención Senador Penchyna Grub?

El Senador David Penchyna Grub: Muchísimas gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulte la Secretaria a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de la Senadora Dolores Padierna. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Estamos en el procesamiento de las reservas presentadas, me hace falta que tome el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz y el Senador Rabindranath Salazar Solorio.

Conforme al Reglamento, los turnos para intervención en hechos debe ser al final de la presentación de las reservas.

En consecuencia, daremos paso a la presentación de las reservas por parte del Senador Manuel Bartlett, después por parte del Senador Rabindranath Salazar, y una vez agotada la presentación de las reservas daremos paso a los tres turnos de rectificación de hechos que han sido solicitados.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Perdón, señor Presidente, yo pedí para hechos de lo expresado por el Senador Penchyna Grub, no es válido que sigamos ahorita desahogando las reservas sin atender este petición mía.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador Manuel Bartlett, el Senador David Penchyna pidió el uso de la palabra para alusiones personales, estaba en su derecho de contestar a una alusión que se hizo de manera directa. Posteriormente la Senadora Dolores Padierna le formuló preguntas y dio respuesta a esas preguntas.

El Reglamento no me permite interrumpir la discusión, la presentación de las reservas y, en consecuencia, tengo que someter a proceso dichas reservas.

El turno para rectificación de hechos es al final de la presentación de las mismas, están ustedes en su derecho de presentar sus reservas y, posteriormente, de discutir la rectificación de los hechos, que ya se han mencionado.

Sonido en escaño del Senador Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Con todo respeto, señor Presidente, no estoy de acuerdo porque me refiero a los hechos que acaba de presentar el Senador Penchyna Grub, y vamos a irnos hasta el final de la sesión para que vaya a hablar de hechos que ya ni se acuerden, me toca hablar ahorita cuando pido mi derecho de hablar para hechos inmediatos antes dé que se de todo el proceso que usted señala.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador Manuel Bartlett, conforme al Reglamento, la única tramitación preferente que se tiene es justamente la solicitud de la palabra para alusiones personales, en rectificación de hechos se enlistan los oradores cuando ha concluido el procedimiento en el que está el Pleno en ese momento. Es lo que dice el Reglamento, lamento que usted no esté de acuerdo, pero tengo que aplicar el mismo.

Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna Luna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Aceptando su posición, señor Presidente, solo le pediría entonces que se leyera el Reglamento del Senado en su artículo 298, numeral 2, porque el Senador Penchyna afirma, como un hecho contundente y claro, que se reunió con los representantes de varias cámaras, mencionó la Concamin, la Canacero, etc., y ellos representan intereses en relación al tema que estamos discutiendo.

Debe de informar por escrito a la Mesa Directiva del Senado qué acordaron, quiénes se reunieron, en qué horario, qué actividades realizaron, eso es un asunto de ley, le pediría entonces, si no nos da la palabra, que se pudiera leer el numeral 2 del artículo 298.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se le concederá a usted y a los Senadores Salazar Solorio y Bartlett Díaz la palabra al final de la presentación de las reservas, y en ese momento solicitaré que se dé lectura al artículo del Reglamento que ha citado, en razón de que se refiere a los hechos que se pretenden rectificar.

Estamos, conforme al Reglamento, en la presentación de reservas, y la presentación de reservas no puede ser interrumpida, conforme al Reglamento, para rectificación de hechos.

Les ruego a los Senadores que han solicitado el uso de la palabra, me permitan continuar con la presentación de las reservas y posteriormente tendrán el legítimo derecho de rectificar los hechos.

Sonido en escaño del Senador Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Quisiera, señor Presidente, perdón que insista, pero me puede leer el Reglamento, en donde dice que se prohíbe que una vez que se hace una presentación no se pueda pedir para hechos, ¿en dónde está prohibido?

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El Reglamento sí permite la rectificación de hechos, pero el Reglamento establece que se deben inscribir los oradores conforme se van agotando los procedimientos que estén en curso, la única excepción es por alusiones personales que tienen trámite preferente.

Tiene el uso de la voz el Senador Manuel Bartlett Díaz para presentar las reservas que han sido formuladas e inscritas en este procedimiento de discusión.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) No voy a presentar ahorita, voy a escuchar a los que van a pasar antes que yo.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, sólo tengo otro orador para presentación de reservas, que es el Senador Rabindranath Salazar Solorio.

Tiene el uso de la voz el Senador Rabindranath Salazar Solario, para presertar sus reservas.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Señor Presidente, si me lo permite, he de presentar por escrito las 21 reservas que hemos realizado a esta ley, y me he de referir a un tema que considero de lo más importante.

Ya nos tocó vivir en la reforma energética este tipo de actitudes altaneras, groseras, donde mediante acuerdos en lo oscurito, y lamentablemente, sí, con algunos compañeros, lamentablemente de Acción Nacional, pues acordaban y aprobaban lo que querían, y llegaban y decidían.

Debo mencionar que no fuimos convocados, como efectivamente ya lo mencionó mi compañera Dolores Padierna, a ninguna reunión, ni de carácter técnico, ni de carácter legal, ni a ninguna reunión con ninguna cámara, como ya se dijo aquí, y yo sí le solicito también, y es una pregunta a la Mesa Directiva, al Presidente, si es que recibió un informe de los resultados de esas reuniones que efectivamente se tuvieron, como ya lo ha aseverado el Senador Penchyna Grub, al interior de este Senado, y que el Reglamento de una manera muy clara y contundente en dos articulados lo expresa.

Yo sí quiero saber si hay un informe pormenorizado de los acuerdos que hicieron que se pospusieran las reuniones que teníamos el jueves, donde estuvimos puntual, pero debemos de merecernos respeto, Senador Penchyna, y en ese sentido estuvimos atentos en la mañana, a mediodía, en la tarde y por la noche hasta que, efectivamente, no hubo el quórum suficiente para poder sesionar.

Y al día siguiente la misma tónica, se ponen de acuerdo para poder acordar ahí intereses ajenos a los de este Senado, lamentablemente, y nos excluyen de esta situación.

También lo mencionó el Senador Fidel Demédicis, en el sentido de que se tiene           que informar, se tiene que dar a conocer y se tiene respetar el Reglamento de este Senado.

Tan es así que hay un trabajo elaborado al interior de la comisión por muchos de mis compañeros, que precisamente por eso es que tenemos 21 reservas. Nosotros estamos por una verdadera transición energética que potencie todas las posibilidades que tiene nuestro país en muchos tipos de energías limpias: energía eólica, energía solar, energía geotérmica, en todo tipo de energías. Pero no podemos estar sujetos a intereses de grupos muy identificados y que secuestran a algunos compañeros Senadores para poder generar acuerdos y que esto transgreda el orden de este Senado de la República.

Señor Presidente, yo prefiero entregar por escrito estas 21 reservas, y sí le solicito amablemente que nos pueda contestar por escrito si es que tiene un informe pormenorizado de las reuniones que sostuvo el Senador Penchyna Grub y algunos Senadores a las cuales no fuimos convocados de ninguna manera.

Y en todo lo que ha transcurrido, a pesar de que presume que es la comisión que más trabaja, en todo este tiempo en ningún momento hubo ni foros, ni reuniones, ni intercambio, ni debate al interior de la comisión.

Es cuanto, por lo pronto, señor Presidente.

Y espero nos pueda informar el Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Salazar Solorio. Se han entregado por escrito el conjunto en las reservas.

Proceda la Secretaría a dar cuenta a la Asamblea de su contenido.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy cuenta con las reservas del Senador Salazar Solorio.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria.

Ahora consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Salazar Solorio.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Rabindranath Salazar Solorio. Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

En el caso de las propuestas de adición de nuevos artículos quedan desechadas por no haber sido admitidas a discusión.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, para presentar reservas.

Sonido en el escaño del Senador Demédicis Hidalgo.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Para alusiones personales, por favor.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No advierto ninguna alusión a su persona, señor Senador.

¿Me podría usted precisar quién lo aludió y en qué momento?

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) El Senador Rabindranath Salazar.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Esta Presidencia no advierte alusión personal de manera directa.

Voy a pedirle a la Secretaría revise la versión estenográfica para ver si, en efecto, hubo la alusión personal y le daré la palabra inmediatamente después de que presente la reserva el Senador Manuel Bartlett, si es el caso.

Proceda, Senador Manuel Bartlett Díaz.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: He registrado una reserva en relación con el artículo 1o., para volver a insistir en algo que es muy delicado.

Si no se consultó a los pueblos indígenas y a las comunidades, violándose un acuerdo que teníamos con la OIT, y todo lo que se va a entregar a los extranjeros, que ya están haciendo cola; cuarenta y tantos mil millones de dólares para producir, está hecho en propiedad de las comunidades, de las zonas indígenas y no se les ha consultado.

Entonces aquí hacemos lo que se nos da la gana, obvian una consulta fundamental, es gravísimo lo que aprobaron, si la ocupación temporal para fines de darle a las empresas trasnacionales lo que pidan en territorio, es una invasión al territorio nacional. Pero siquiera cumplan con lo esencial que es un acuerdo internacional, un compromiso internacional, que es consultar.

Porque lo que va a venir después es una serie de amparos para lo cual el Presidente está ya mandando a sus achichincles a la Suprema Corte de Justicia, al señor Laynez para que defienda todo esto. Van a venir amparos, cientos o miles de amparos, como ha pasado en Sudamérica, como ha pasado en la Amazonia, cuando empiezan a exigir las empresas trasnacionales la ocupación de territorios.

Entonces, no violemos la Constitución, las leyes, el compromiso al artículo 1o. de no violar los acuerdos internacionales, y la OIT exige un planteamiento de este tipo.

Es una vergüenza que un país que tiene comunidades indígenas en posesión de aguas en comunidades y municipios no les hagan caso, como si pudiéramos aquí disponer, tampoco podemos, violando el artículo 1o. constitucional. Ésa es una enorme falla.

Por otro lado, va a haber recursos, muchos recursos, ahí aparecen en todos lados, va a haber subsidios de apoyo, se llama, y nadie los vigila, va a haber una cantidad importante de recursos, los que se les dé la gana también, porque está suelto ahí, siempre y cuando se tenga el presupuesto, siempre y cuando sea económicamente viable, pero va a haber muchos recursos a subsidiar a las empresas extranjeras, no los audita la Auditoría Superior de la Federación.

Por otro lado, vamos a recordar lo que ya había comentado, Artículo Vigésimo Segundo Transitorio, que es el que dio origen a toda esta cuestión, y posponen obligaciones.

Lo que aquí se ha dicho es que hay que ser flexible. Siempre que son flexibles es a favor de los empresarios.

Sí se imponen los empresarios que no querían pagar el costo, y lo posponen a las cadenas gringas.

Cuando ya Peña Nieto se vaya y esté seguramente en fuga, para entonces lo van a pasar, cuando es su responsabilidad hacerlo en este momento. Es una posposición que no se justifica.

Ese sería el siguiente, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten las reservas presentadas por el Senador Manuel Bartlett.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Manuel Bartlett Díaz. Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se desechan las reservas.

Se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, para hechos.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: La discusión que se tuvo con la Senadora Padierna Luna, simplemente señala lo que ocurre en este Senado.

El señor Presidente de la Comisión de Energía, con su estilo habitual, acaba de decir con toda tranquilidad: “Que mientras estaba convocada la comisión, él se fue a hablar con los empresarios”.

¿Se burla usted de los Senadores? Es una falta de respeto, y es lo que ha hecho el Senador Penchyna Grub en todo este proceso atrabiliario y grotesco con el que han violado normas, violando el respeto a los Senadores.

Yo estuve observando todo el tiempo, porque lo tenemos en el Canal del Congreso, se burlaron de todos. Penchyna se burla de la gente.

Y se va a discutir. Yo le pregunto, señor Penchyna, ¿por qué no fue usted, y cumple con su responsabilidad, y lleva a los protestantes ahí para que discutan y sepan qué es lo que están señalando?

¡No! Se sale usted y mantiene la comisión esperando, su Majestad el señor Penchyna, a las arbitrariedades más absolutas, y se fue a platicar con los empresarios que estaban en contra, que tenían que haber estado en la comisión. Ese es el problema.

Los acuerdos secretos se van, regresan y es una violación a las reglas de este Senado.

Se ríe usted, porque así es. Es un personaje sui generis, se ríe y se burla de todo mundo.

Aquí está el grupo del PRD reclamando que los tuvo ahí esperando el tiempo que se le dio la gana, porque a él sí lo invitan, porque a los que no están de acuerdo con el modelo, no se les invita. Bueno, pero qué desvergüenza.

La discusión es en comisiones, y lo hacen todo el tiempo. Ese es el problema.

Eluden el debate, ocultan las informaciones que les dan, se ponen de acuerdo y luego dicen: “Que estuvo bien, porque a la señora Padierna no la invitaron”.

Entonces, como a él sí lo invitaron, se va y deja a todos esperando durante horas. Bueno, eso no es posible. Es una desvergüenza, una falta de respeto a las normas, a los Senadores, a todo.

¡Las comisiones tienen que discutir!

¡El debate se da en comisiones!

Había que llevar a los empresarios ahí para que dijeran lo que tenían que decir, frente a la comisión plural, aunque les caigan mal a algunos. ¿Qué pena, no? ¡Muy mal!

Y ese es el problema, señor Presidente, que tiene este Senado. Tiene el Senado, la mayoría, el derecho de burlarse de los demás, el derecho de no citar a los que quieren hablar en secreto. Ese es el derecho, esa es la más absoluta violación, ¿verdad?
Y realmente es hasta molesto ver a estos personajes que se burlan de todo mundo, que se ríen, que aprovechan que tienen esa mayoría insensata, que ni siquiera medita, que ni siquiera opina. Ese es el abuso de un señor que se siente superior a las normas, eso es absolutamente condenable.

Muchas gracias, señor Presidente.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame, Senadora Dolores Padierna Luna.

Ya revisamos la versión estenográfica y, en efecto, hubo una mención al Senador Fidel Demédicis Hidalgo. En consecuencia, se le concede la palabra para alusiones personales, hasta por cinco minutos.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Dice un dicho muy popular que: “el pez por su boca muere”. Efectivamente, en mi primera intervención leí los artículos 298 y 299, y le pedimos al señor Presidente de la Cámara de Senadores que, por favor, nos informara de las reuniones que había habido entorno a esta ley, los cabildeos, incluso, por aquí debe haber uno que otro todavía viendo el debate, porque ya el objetivo está cumplido.

Esto no es nuevo, las trasnacionales, los dueños del poder y del dinero, incluso, si se hace una investigación a fondo, va a haber sorpresas en el sentido de que más de un compañero legislador va a aparecer en las nóminas de las petroleras o de las compañías productoras de energía eléctrica.

Eso no es nuevo, pero que un legislador venga aquí y confiese ante el Pleno del Senado que tuvo reuniones informales, decirle al compañero Senador que hace este planteamiento que los Senadores no podemos tener reuniones informales con respecto al artículo 298 o al 299, hasta esas reuniones informales necesariamente tienen que informarse, decirle a la Mesa Directiva: “me reuní con fulano, tratamos estos temas, llegamos a estos acuerdos, hubo ofrecimiento de dinero, no hubo ofrecimiento de dinero”, etcétera.

Compañeros, todos alguna vez son tentados por la mano del demonio, algunos se dejan acariciar por el demonio y otros, que son honestos, definitivamente rechazan esas ofertas, piensan más en su país, piensan más en su gente.

Imagínense el drama.

La energía no se come, compañeros.

Les leí el tema de California porque es una realidad concreta, de 50 a 500 dólares.

¿De qué va a servir que tengamos el medio ambiente limpio y muchos más mexicanos de los que hoy tenemos muriéndose de hambre?

Tiene razón el Senador Víctor, es muy caro, y las energías limpias son subsidiadas, es una realidad, tiene razón, entonces, el costo de no subsidiar quién lo va a pagar, pues el pueblo, y no hay consideraciones para nadie.

Si se recibió o no se recibió dinero, diría mi coordinador el Senador Barbosa Huerta: “hay que esperar que baje la marea para ver quién se metió con traje y quién se metió desnudo”.

Pero en su conciencia, compañeros, aunque algunos creo que no la tienen, ojalá y no terminen como Judas, en su conciencia lo que le está pasando a este país por andar cabildeando cosas que no deben, y yo, sinceramente, termino mi participación diciéndole al señor Presidente que, por la declaración que ha hecho aquí el Senador Penchyna, se aplique el Reglamento a cabalidad, y si no, el Senado de la República seguirá siendo señalado por las violaciones permanentes que hace de su ley interna.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, para rectificación de hechos.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

Solamente quiero hacer dos precisiones:

Se dijo en esta tribuna y me parece muy grave y alejado a la realidad: “que la izquierda, así se dijo, no cumplimos con nuestra responsabilidad”, a pesar de que somos numéricamente grupos más pequeños, no falta un solo debate, una sola comisión, un solo trabajo donde no esté nuestro punto de vista, nuestra posición, es más, trabajamos de más porque les turnamos iniciativas y ni siquiera las han querido dictaminar.

Pero quiero dejar muy claro que nosotros sí cumplimos con nuestras tareas; el jueves estuvimos esperando horas, horas y horas, suspendimos otras actividades del propio Senado muy importantes para que saliera esta iniciativa y el propio presidente y la junta directiva abortaron esa reunión.

Quisiera señalar que a las y los Senadores se nos paga tiempo exclusivo, eso significa trabajar, si fuera necesario las 24 horas del día los 365 días del año; sí, hay vacaciones, hay descansos y el ser humano los necesita, pero se nos paga para estar en el momento en que nuestro trabajo lo requiera y lo hemos hecho; hemos estado aquí a veces hasta días completos trabajando, pero queremos hacer un llamado a las mesas directivas de las distintas comisiones para que se respete el Reglamento y que puedan convocar a reuniones al menos una vez al mes y dictaminen los centenares de iniciativas acumuladas, y casi todas son de nosotros, de la izquierda, que no les interesa  dictaminar.

Pero el meollo del asunto es el siguiente: en este pasillo donde está el Senador Penchyna en este momento, él de manera personal me confió que tenía la presión de los industriales para cambiar la ley en el tema de Certificados de Energías Limpias.

Como fue a título personal, yo no lo externé, no lo dije en el debate y no lo externé en ningún momento porque fue a título personal, pero él acaba de reconocer que se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial, con la Concamin, con la Canacero y esto está regulado por nuestro Reglamento, porque estos están directamente vinculados al tema que estamos hablando y, por lo tanto, debe de informar por escrito a la Mesa Directiva todos los acuerdos, los presentes, nombres, apellidos, el lugar donde estuvieron, qué acuerdos tomaron, de acuerdo al artículo 298 de nuestro Reglamento, en sus numerales 1 y 2.

Él no está respetando este Reglamento y pido, señor Presidente, se le haga valer el Reglamento al Senador Penchyna porque, en efecto, como dice el Senador Bartlett Díaz, nos faltó al respeto el pasado jueves, nos tuvo esperando horas, y en lugar de darnos una explicación convincente, estuvo encerrado con los cabilderos, estuvo encerrado con el conflicto de intereses que ello implica, y hemos recibido, y lo quiero denunciar, un trato indigno de parte del Senador hacia sus pares, que somos nosotros.

Hemos recibido sistemáticamente un trato inadecuado por parte del Senador, no respetar la pluralidad de este Senado, aquí hay izquierdas y hay derechas, pero él es intolerante, y sólo se reúne con las derechas, no le gusta reunirse con las izquierdas, pero es a su gusto, el Reglamento lo obliga a respetar la pluralidad que los ciudadanos establecieron en la composición de esta Cámara de Senadores, no pueden seguir faltando a la norma.

Por último diría que el Senador Penchyna también está obligado a dar un informe a sus electores, porque a él le paga el pueblo de México, no le paga la Concamin, bueno, a lo mejor eso ya es otro pago, pero yo me refiero al salario que se recibe aquí, el sueldo que recibimos aquí, viene del pueblo de México y, por lo tanto, él siendo representante popular está obligado a rendir cuentas ante sus electores, no ante las cámaras industriales, y aquí lo que está haciendo es obedecer a las cámaras industriales y está incurriendo en conflicto de interés y no está respetando el voto de sus electores.

Yo espero que cuando hable usted y convoque a las reuniones respete el Reglamento, y exijo un trato digno a las y los Senadores de la izquierda.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Senador Rabindranath Salazar Solorio, para rectificación de hechos, desde su escaño.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Aquí lo importante del asunto es que en estas reuniones no hay claridad, bueno, algunos sí tenemos una idea clara de por qué se dieron y beneficiando a quien, el Senador Penchyna señalaba que estas reuniones fueron informales, el Reglamento es muy claro, informales, formales.

El tema es que tuvo que haber informado, y hay una repercusión legal, está también el siguiente artículo, el 299, porque derivado de las reuniones con los grupos mencionados por el Senador Penchyna, es que hubo sí modificaciones al dictamen, particularmente en el Artículo Vigésimo Segundo Transitorio, y que curiosamente beneficia a las personas con las que dijo haberse reunido.

Por eso, yo reitero la petición a la Presidencia de este Senado, de saber si hubo un informe de los resultados de estas reuniones, de estos cabildeos, y también al Senador Penchyna que pueda hacer lo propio, que pueda informar respecto de estas situación; esto cae justamente el tema de la transparencia, tema también tan discutido en este Senado.

Y quiero precisar, porque tal vez no conoce el articulado, el artículo 298 dice:

“1. Se entiende por cabildeo la actividad que realizan personas dedicadas a promover intereses legítimos de particulares, ante los órganos directivos y comisiones del Senado o ante Senadores en lo individual o en su conjunto, con el propósito de influir en decisiones que les corresponden en ejercicio de sus facultades”.
Siguiente párrafo:

“2. Las Comisiones y los Senadores informan por escrito a la Mesa, para su conocimiento, de las actividades realizadas ante ellos por cabilderos en la promoción de sus intereses”.

Y el artículo 299:

“1. Los Senadores o el personal de apoyo no pueden aceptar dádivas o pagos en efectivo o en especie por parte de persona alguna que realice cabildeo o participe de cualquier otro modo para influir ilícitamente en las decisiones del Senado”.

Siguiente párrafo:

“2. Toda infracción a esta norma será castigada en términos de las leyes de responsabilidades o la legislación penal, según corresponda”.

Es un tema grave, señor Presidente, y la prueba está, sí hubo modificaciones derivado, precisamente, de esas reuniones ya dadas a conocer por el Senador de manera informal, pero que sí estamos solicitando puedan informarnos por escrito.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Salazar Solorio.

La Mesa Directiva toma nota de su solicitud y dará respuesta puntual a la misma.

Se inserta intervención de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

La suscrita Senadora, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción III y 76, numeral 1, fracción V, del Reglamento del  Senado  de  la  República, presento razonamiento de mi voto a favor del dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos por el que se expide la Ley de Transición Energética, solicitando se inserte integro el mismo en el diario de los debates, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Con la aprobación de la Ley de Transición Energética (LTE), México da un paso decisivo hacia la construcción responsable de su propio futuro a la vez que se compromete con el futuro del planeta. 

Para comprender la urgente necesidad de esta ley debemos reconocer que el cambio climático representa una realidad ineludible y por lo tanto, la única opción viable es mitigar y adaptarse al fenómeno. No se trata de filantropía o un capricho político. La situación del país y del mundo es clara: si queremos evitar las peores consecuencias del cambio climático, es necesario reducir las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, como lo advierte el Quinto Reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés). Esta difícil situación es un hecho que tenemos que reconocer rápida y responsablemente para poder actuar en consecuencia.

México se reconoce a sí mismo como un país muy vulnerable a los efectos del cambio climático, por lo que resulta consecuente que asumamos las decisiones y acciones requeridas para mitigar el fenómeno. Dicho objetivo de mitigación sólo puede llevarse a cabo a través de una estrategia coordinada, eficiente y consecuente, si queremos garantizar que el camino a seguir sea hacia un futuro sustentable. De esta manera, una política de mitigación efectiva conlleva ineludiblemente la diversificación de la matriz energética por parte de las naciones del mundo.

Durante estas dos primeras semanas de diciembre, las naciones del mundo se reúnen en París para buscar construir el plan de acción hacia una mitigación y adaptación al cambio climático. México adquirió voluntariamente compromisos de mitigación ante las naciones del mundo por lo que ahora tiene la oportunidad de mostrar su liderazgo hacia un verdadero desarrollo sustentable ya que al aprobar la Ley de Transición Energética sirve de ejemplo para el resto de las naciones sobre el camino legislativo a seguir.

El primer paso hacia una mitigación efectiva del cambio climático comienza con la aprobación de los instrumentos legales que garanticen que los esfuerzos para la construcción del futuro en México se encaminen siempre hacia el desarrollo sustentable y a la producción de energías renovables, por lo que la Ley de Transición Energética es la pieza faltante en el complejo rompecabezas estratégico necesario para concretar de forma responsable lo planteado en la reforma energética y en la Ley General de Cambio Climático.

El dictamen de la  Minuta  de  Ley  de  Transición  Energética  que hoy históricamente se somete a aprobación, ofrece instrumentos para  aprovechar el potencial de energías limpias en México y acelerar su penetración en la matriz eléctrica. Establece  una  participación  mínima  de  energías  limpias  en  la  generación  de  energía eléctrica del 35% para el 2024, con metas intermedias para los años 2018 y 2021. Esta meta garantiza que las energías verdes participen en el mercado eléctrico, facilita la implementación de los Certificados de Energía Limpia (establecidos en la Ley de Industria Eléctrica) y estimula las inversiones privadas en energía limpia al definir con claridad cuál es el mercado  potencial  para este tipo de energías.  Cumplir  la meta  del 35%  de energías  limpias,  así  como  las  metas  intermedias,  permitirá  que  para  el  2030,  las inversiones en el sector renovable sean del doble que en industrias como la automotriz, y tres veces más que la de construcción.  Se espera que en los siguientes  quince años la inversión extranjera directa sea del orden de los $70,000 mdd, que se traduce en $5,000 mdd anuales, lo que representa cerca del 20% de toda la inversión extranjera directa anual.

En materia de empleos, se espera que genere un aproximado de 180,000 empleos directos en el 2024, un monto considerable en comparación con los 120,000 del sector siderúrgico o los 70,000 empleados de la Comisión Federal de Electricidad.

Aunado a lo anterior, es importante destacar que la Ley de Transición Energética ofrece los instrumentos para democratizar la energía  eléctrica  al  fomentar  la  penetración   de  la  generación  eléctrica  distribuida. Establece la obligación de elaborar un modelo de generación  eléctrica con fuente solar fotovoltaica  que  permita  reducir  los  subsidios  a la tarifa  eléctrica  que  actualmente  se aplican,  para  que  dichos  subsidios  se  apliquen  en  el  fomento  de  la  generación  solar distribuida  considerando  los  beneficios  a  la  población.  Esto,  la  Ley  de  Transición Energética lo traduce en un Programa que –de aplicarse en un lapso de 15 años y con el 100 por ciento de cobertura  de generación  eléctrica en el sector residencial-  podrá: (i) reducir el subsidio en tarifas eléctricas residenciales  hasta en 51 mil millones de pesos anuales (en el quinceavo año, como subsidio liberado), monto que representa el 30% del ajuste presupuestal para el gasto corriente del 2016; (ii) reducir el pago de electricidad en los hogares hasta en un 30 por ciento promedio, además permite que cada hogar amplíe el ahorro en el pago de tarifa en la medida en que incrementa su eficiencia en el consumo de electricidad;  (iii) impactar positivamente  en la economía local al generar hasta 225 mil empleos; y (iv) reducir la carga para el sistema eléctrico al instalar 31.4 millones de techos solares, lo que representa 52 GW de capacidad de energía solar fotovoltaica en sistema de generación distribuida en abasto aislado. Además, la implementación del Programa evita costos y reduce pérdidas en transmisión y distribución eléctrica, e incrementa seguridad y confiabilidad en la red eléctrica.

Igualmente, la  Ley   de   Transición   Energética   ofrece   instrumentos   que   impulsan decididamente la política de eficiencia energética al fortalecer los instrumentos y competencias de las instituciones encargadas de la eficiencia energética. La eficiencia en el uso de la energía se considera la medida más costo-efectiva que hay para reducir costos y pérdidas en el sistema eléctrico nacional.

Es importante recalcar que la Minuta  de Ley de Transición  Energética  establece  el Programa  de Redes Eléctricas Inteligentes, que definirá las características físicas, la cobertura y la expansión de la red de transmisión  y  distribución,  así  como  de  los  equipos  de  medición  de  consumo  y  de información con los consumidores, para con ello, facilitar el manejo del sistema eléctrico nacional; al programar el crecimiento y actualización de la red eléctrica, se permitiría que los sitios con alto potencial  de energías limpias puedan generar, así como desahogar  a través de la red eléctrica de forma adecuada la mayor cantidad de electricidad  que sea posible, logrando con ello la ampliación de la participación de las energías limpias en el mercado eléctrico así como administrar adecuadamente el sistema eléctrico nacional.

Asimismo, la Ley de Transición  Energética,  al permitir  una mayor  penetración  de las energías renovables en la matriz eléctrica y al fortalecer los programas de eficiencia energética, garantiza la diversificación de la matriz energética y con ello, la reducción de las  emisiones  asociadas  a  la  generación  y  consumo  de  electricidad. 

El  potencial  de mitigación de la Ley de Transición Energética oscila entre 95 y 115 MtCO2e al 2030 (50 MtCO2 de potencial por eficiencia energética, y entre 45 y 65 MtCO2e por el cumplimiento de la metas de energía limpia). En este sentido, de aprobarse la Minuta, se contará con un instrumento  con el potencial de mitigar aproximadamente un tercio de las 288 millones de toneladas de CO2e que se deben reducir para cumplir la meta de mitigación de 30% de las emisiones de CO2e al año 2020 respecto a las emisiones tendenciales; también, se contará con un instrumento con potencial de mitigar hasta la mitad de la mitigación requerida para cumplir la meta de reducción  (no condicionada)  de 22% de las emisiones  de CO2e al 2030 respecto a las emisiones tendenciales, que implica reducir 213 MtCO2e anuales.

México simplemente no puede permanecer anclado a una visión única de desarrollo basada en la economía del petróleo; no es hacia donde el mundo se dirige y no es el futuro que queremos para nuestros propios intereses. Es así que la aprobación de la Ley de Transición Energética no representa una implementación ideológica arbitraria, ni se trata de una apuesta en contra del progreso económico, sino de un esfuerzo coordinado responsable con miras a un futuro que pueda garantizar el crecimiento de México a la vez que enfrenta directamente uno de los retos más importantes que tenemos que resolver como humanidad.

Así, el camino para enfrentar la diversidad de consecuencias que traerá consigo el cambio climático comienza con la implementación de la transición energética que plantea el contenido del dictamen sujeto a discusión, por lo que solicito su voto a favor para lograr un México mejor y más limpio para todos.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se han agotado las reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos 1, 2, 3, 7, 14, 17, 18, 20, 26, 27, 29, 34, 36, 45, 47, 49, 51, 78, 92, 95, 100, 120 y 121, Tercero Transitorio y Décimo Primero Transitorio, en los términos del dictamen. Asimismo de los artículos 16, 19 y Vigésimo Segundo Transitorio con las modificaciones aceptadas por la Asamblea.



La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 74 votos a favor, 13 en contra y 1 abstención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, quedan aprobados los artículos 1, 2, 3, 7, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 29, 34, 36, 45, 47, 49, 51, 78, 92, 95, 100, 120, 121 y Tercero Transitorio; Décimo Primero Transitorio y Vigésimo Segundo Transitorio del proyecto de Decreto.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Transición Energética. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.





 

Compañeros Senadores, hoy por la mañana dimos la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Décimo Noveno Transitorio del Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, publicado el 14 de julio de 2014.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, PUBLICADO EL 14 DE JULIO DE 2014

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario)

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense su segunda lectura y se ponga de inmediato a discusión.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, se concede el uso de la palabra al Senador Javier Lozano Alarcón, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Javier Lozano Alarcón: Con su permiso, señor Presidente; buenas tardes a todos.

El dictamen que tenemos a nuestra consideración, se refiere a un solo artículo, al Décimo Noveno del Decreto por el que se crea o que se creó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Este dictamen parte de la iniciativa presentada recientemente por el Senador Roberto Gil Zuarth, y tiene como propósito fundamental, el atender una necesidad, pues imperiosa, urgente, dado que tenemos una fecha límite, fatal en la propia Constitución, que se refiere al cese de señales de televisión analógica, mejor conocido como “apagón analógico”, como parte del proceso de transición digital hacia una televisión digital terrestre.

Este dictamen que tenemos a nuestra consideración, consta de tres componentes: uno se refiere a los medios, a las televisoras públicas, educativas y culturales; otro se refiere a las estaciones de baja potencia complementarias; y uno más a la entrega de aparatos receptores o decodificadores en época electoral.

Me voy a referir a cada uno de ellos brevemente.

En primer término, lo que busca este dictamen es atender la petición que nos hicieron la mayoría de las televisoras públicas y educativas del país, asociadas en la red, que públicamente reconocieron que no habían tenido los recursos presupuestales para invertir en la migración de sus equipos, instalaciones, antenas, transmisores, etcétera, para la transición digital terrestre, de ahí que no están en capacidad de poder comenzar con las señales digitales de su programación.

Todos entendemos la importancia de este tipo de emisoras que son alternativas o complementarias a la televisión comercial.

De ahí que el dictamen lo que plantea es que para estas concesiones públicas y sociales, incluidas las comunitarias y las indígenas, se tenga un plazo adicional, que puede ser hasta diciembre de 2016, a efecto de que tengan los recursos para invertir y hacer esta migración a la televisión digital, y que a opción, a elección de cada una de estas concesionarias o permisionarias, que todavía lo son, pueda ya sea suspender sus transmisiones analógicas, en tanto hacen la migración a la digital, o bien continuar transmitiendo en la señal analógica, pero en baja potencia, insisto, este tiene como límite diciembre de 2016.

Segundo componente, ya la red actualmente se refiere a que las estaciones complementarias o de baja potencia tienen un tratamiento distinto.

¿Qué son estas estaciones de baja potencia o complementarias? Como su nombre lo indica, son distintas a la estación principal, es la que tiene mucho mayor potencia y radiación, y que satisfacen o cubren aquellas lagunas, aquellos puntos negros, aquellos espacios donde no llega la señal de televisión como tal.

Es importante destacar que las estaciones de baja potencia o complementarias no son una concesión distinta, es parte de la infraestructura de la estación principal, de hecho transmite exactamente la misma programación que la principal.

Y lo que ha dicho el Instituto de Federal de Telecomunicaciones, aquí mismo en el Senado de la República, en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, en visita reciente, el Comisionado Presidente Gabriel Contreras, es que no pueden saber cuántas ni cuáles de las que hoy conocemos como complementarias o de baja potencia, van a ser necesarias una vez que se haya puesto en operación en todo el territorio nacional, la señal digital de las estaciones principales.

Es decir, solamente serán necesarias aquellas que se requieren para cubrir los huecos, los hoyos negros que queden después de que se tenga a toda potencia la señal digital de todas las televisoras, tanto las públicas como las privadas.

Y esto va a ocurrir hasta después de que se dé completamente el apagón analógico en nuestro país. Ya hay varias ciudades, varias regiones donde se ha decretado ese apagón, pero el resto del país, la mayor parte, va a ser hasta el 31 de diciembre de 2015.

Y el instituto ha dicho: entonces esperemos a ver cómo queda el territorio nacional, cómo daña la huella de estas señales para entonces definir cuáles serán necesarias como complementarias o estaciones de baja potencia.

Sólo menciono que en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, las estaciones de baja potencia, miren, son de baja potencia porque es de 1 KW en tratándose de las estaciones de VHF y hasta 10 KW en UHF.

Son radios muy pequeñitos los que cubren, y realmente llegan a los lugares o los rincones más apartados. Les decía que en Estados Unidos, que ya se concretó el apagón analógico, las de baja potencia siguen en operación, por la función social que desempeñan.

Y el Instituto Federal de Telecomunicaciones lo que ha solicitado es que ellos harán un programa de continuidad para estas estaciones complementarias, una vez que se concrete el apagón analógico en las principales y, entonces, pues se decidirán cuáles serán necesarias.

En el dictamen se está agregando, se está adicionando, a lo que nos había planteado el Senador Gil Zuarth, el que también sea durante el 2016, como máximo, cuando las complementarias queden definidas y que las empresas responsables o las entidades, si se trata de concesiones públicas o sociales, bueno, pues hagan las inversiones correspondientes para cumplir con el programa de continuidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Y por último, tenemos el tercer componente, es esta prohibición que se está planteando en el Artículo Tercero Transitorio, para que durante la época electoral se suspenda la entrega de televisiones digitales, decodificadores o la sustitución de equipos por parte de los gobiernos, como parte de los programas sociales que tienen ellos a su cargo, en términos de sus respectivas leyes.

Lo que se quiere evitar es que se haga un lucro político excesivo, distinto a lo que tiene que ser el apoyo para los hogares de escasos recursos que requieren de este tipo de entrega de televisiones o decodificadores para poder ingresar a la televisión digital terrestre.

El planteamiento es que durante esa época electoral, que implica precampañas hasta la jornada electoral, no se hagan este tipo de entregas durante el año 2016.

Y esto es porque ha quedado en evidencia, el propio gobierno lo ha dicho, muchas personas se quedarán, aun teniendo derecho a recibir una televisión o un decodificador, no lo han recibido y muy seguramente no lo recibirán de aquí a fin de año.

Entonces, puede haber entregas subsecuentes el próximo año, pero en aquellos estados donde habrá elecciones, estamos impidiendo que esas entregas se hagan durante los procesos electorales.

Si acaso se violase esta disposición que estamos planteando en el dictamen, entonces va a refutar como propaganda gubernamental en los términos de la legislación electoral aplicable. Esto es lo que contiene el dictamen.

Lo que no contiene el dictamen, y si quiero dejarlo bien claro, por la cantidad, digamos, de tesis que se han desarrollado en los últimos días sobre la intensión expresa o tácita que hubiese detrás de esta iniciativa, es esto a lo único que se refiere, medios públicos que no pudieron hacer la migración a la transición digital, estaciones complementarias o de baja potencia que podrán seguir operando como tal, y una prohibición para utilizar electoralmente estos programas de entrega de televisores o aparatos receptores.

No hay modificación en cuanto a la fecha del apagón analógico, algunos nos habíamos pronunciado en este sentido, era menester hacer una reforma constitucional, no hubo los acuerdos para ello, se mantiene entonces la fecha del 31 de diciembre de 2015 para el apagón analógico, y particularmente en el caso de las estaciones principales y para las estaciones comerciales.

Segundo. No hay una sola palabra que directa o indirectamente modifique en forma alguna las facultades o atribuciones que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en cuanto a la regulación, supervisión, vigilancia o sanción respecto de los concesionarios de radio, televisión o de telecomunicaciones en nuestro país.

Y por último, quiero hacer un reconocimiento porque la semana pasado tuvimos una sesión muy accidentada que, de hecho, no pudo desahogarse en la Comisión de Comunicaciones y Transportes, pero el trabajo de ayer de Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, que encabeza el Senador Zoé Robledo; de Estudios Legislativos, que preside la Senadora Graciela Ortiz, y la de Comunicaciones y Transportes, que tengo el honor de presidir, pudimos trabajar de una manera muy razonable, pudimos agregar estas reservas que fueron aceptadas por todos nosotros, la mayoría de las reservas planteadas, quiero decir, y que hoy nos permite estar presentando este dictamen, mismo que respetuosamente solicito a todos ustedes se sirvan apoyarlo en sus términos.

Por su atención, muchas gracias, buenas tardes.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Lozano Alarcón.

Se concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Ya lo mencionó el Senador Lozano y vale mucho la pena recordar qué pasó el pasado jueves 26 de noviembre. Los Senadores del PRD nos presentamos justamente a las 9:00 de la mañana a la sesión de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, por dos razones principalmente:

La primera era para corregir una violación al procedimiento de origen, porque no se había turnado a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía el dictamen, que tenía que ver justamente con modificaciones a la Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión, hubiera dejado un terrible precedente para el Senado de la República, que un turno no se hubiera hecho de manera correcta. No solamente a la comisión competente, no solamente a la comisión del tema, no solamente a la comisión que dictaminó de manera conjunta esa ley, sino que se hubiera hecho con una intención de que el procedimiento fuera más rápido, más cómodo, con menos voces críticas en el proceso.

Esa fue nuestra intención y vaya que lo logramos, de otra manera no hubiera habido rectificación del turno como ocurrió más adelante. Eso fue lo que hicimos, acusar ahora que estábamos en una confabulación, terrible, es un exceso, sin duda, porque lo hicimos, porque queríamos incidir en el dictamen, no nos gustaba la iniciativa como venía, no nos gustaba y por eso decidimos incidir e intentar modificarlo.

¿Desde qué posición la modificamos? Desde la posición de una oposición que aquí hoy es minoría, por lo menos en este tema somos minoría, hubiéramos querido lograr mucho más cosas, por supuesto que sí, logramos lo que nos permite esa condición.

La otra era dejar una posición totalmente testimonial y simplemente decir todo lo que estaba mal y no lograr ningún cambio. Yo estoy convencido que después de que esos ánimos se calentaron, como se ha dicho tanto en los medios, incluso hay quienes han dicho que se iba a llegar a los golpes y no sé qué tantas cosas, bueno, hoy logramos incidir que es a final de cuentas el objetivo de la política, lograr que posiciones se encuentren, lograr que en el mayor número, que en las causas en las que uno cree se vean plasmadas, en este caso en un dictamen.

¿Por qué nos parecía que la propuesta era incorrecta?

Primero. En el primer párrafo no nos parecía que la manera de salvar a las televisiones públicas, educativas y sociales de la pérdida de su permiso, ahora concesión, fuera permitiéndoles la suspensión temporal.

¿Por qué razón no nos parecía correcto?

Primero. Porque todas estas concesiones públicas que están en problemas porque no han hecho su transición, porque no han hecho las inversiones, porque diferentes razones han querido dar los gobernadores, algunos dicen que porque están entrando apenas este año, etc., mandarlas a “negros”, porque eso es lo que se planteaba, mandarlas a “negros”, suspender sus transmisiones hubiera sido en perjuicio, primero, de la audiencia de esas televisoras.

Segundo, hubiera sido obviamente en perjuicio de la audiencia en sí misma, no sin contar que seguramente a camarógrafos, técnicos, equipos de producción, maquillistas, escritores, comentaristas, presentadores, todos ellos al no generarles la obligación de tener contenido, seguramente los sistemas de televisión pública hubieran tenido que, por lo menos, suspender su relación laboral, o en algunos casos seguramente despedirlos. Por eso no nos parecía que era una buena solución para estas televisoras.

En ese sentido, nosotros no estamos dándoles ni una concesión ni estamos sirviendo de tapadera para todos los gobernadores y gobiernos estatales que no hicieron sus inversiones, esperando que el PEF los salvara, o esperando que justamente se generara una situación como esta, muchas veces así ocurre, la irresponsabilidad de unos termina afectando a otros.

Los que invirtieron deben de recibir el reconocimiento, porque hubo estados que invirtieron y están listos para transmitir en digital. Los que no invirtieron hay que seguir señalándolos, ellos tienen la culpa de que hayamos tenido que estar en este escenario.

Lo que sí creo que no podemos permitir, es que las audiencias pagaran por esta irresponsabilidad.

Tercero. La iniciativa original como se pretendía aprobar, supongo yo, aquel jueves, no gozaba o no contaba con un plazo fatal para la aplicación de las medidas que se plantean en el segundo párrafo, es decir, que la convivencia de las señales análogas de baja potencia, junto con el apagón, que por cierto técnicamente no interfieren en la liberación de la banda de 700, nosotros propusimos que no rebasara algo que iba a ocurrir, nos gustara o no, pues no rebasara un año posterior al apagón y hoy eso está en este dictamen, no venía la fecha del 31 de diciembre de 2016 como fecha fatal para esa convivencia entre baja potencia y transmisiones digitales, hoy ya está esa fecha.

¿Por qué nos preocupaba? Porque hay experiencias internacionales en las cuales lo análogo y lo digital no solamente conviven, convivieron y están conviviendo durante muchos años, seguramente ésa era la intención original, hoy afortunadamente tiene ese plazo.

¿Por qué nos abstuvimos ayer? Por una razón muy simple, porque propusimos algo más, que en ningún caso estas acciones eximieran de los mandatos y sanciones que el instituto determine. Sobre este párrafo no logramos esta redacción, y por eso ayer nos abstuvimos y muchos de nosotros haremos lo mismo el día de hoy. Pero a esto se han generado dudas, dudas que son totalmente legítimas.

¿El párrafo segundo interfiere con el apagón? No me parece a mí que interfiera con el apagón. El apagón analógico continúa en sus términos constitucionales, no hay prórroga para el apagón, la transición a la televisión digital terrestre va a culminar el 31 de diciembre de 2015, transmitir en baja potencia no afecta de ninguna manera lo que debería de ser la mayor preocupación de los Senadores, la famosa joya de la corona, algo que alguien ha llamado maldito, yo le diría, bendito apagón, porque el apagón tiene otra cara que supera por mucho todos los temas que tienen que ver con la televisión abierta, el apagón tiene que ver con los beneficios de utilizar la banda de 700 para otros servicios; Internet de banda ancha con disponibilidad de servicio móvil, con mayor velocidad y mayor calidad y cobertura, la red compartida que permitirá la oferta de servicios de banda ancha en zonas que actualmente no tienen servicios o en las que sólo existe una opción, porque son tan pequeñas que no representan rentabilidad ni negocio.

Cuarto. Porque lo que hace a la televisión se podrá tener una mejor calidad de imagen, de sonido, pero también la posibilidad de multiplicar las opciones para los usuarios, tanto en canales de señal abierta como en el servicio; y además, por primera vez, las condiciones de accesibilidad para personas con capacidades diferentes.

Me parece que eso es verdaderamente superior a todo lo anterior.

La segunda duda es respecto a las multas. ¿La redacción le quita facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones? A mí parece que no. Multar o no hacerlo seguirá siendo decisión enteramente de ellos.

Hay que dejar claro que la concesión es para prestar el servicio de radiodifusión en el área de cobertura establecida, y para que ésta cubra mayor territorio, pues se establecen estas estaciones principales y las complementarias que sean necesarias. Es decir, las complementarias dependen de la concesión de la señal y no requieren de una propia. Son dos dudas que me parece que era importante aclarar.

Finalmente, en otro tema que por lo menos hasta el jueves pasado no teníamos conocimiento de él, y que nos parece muy positivo, que es el asunto electoral, una propuesta presentada por el Partido Acción Nacional el día de ayer, y que la verdad que vemos con muy buenos ojos esta cláusula electoral, para evitar que los programas de reparto de televisiones para acceder a la señal digital se utilice con fines político-electorales durante los 12 procesos que existirán el próximo año, desde el momento de las precampañas.

Concluyo, compañeras y compañeros, haciendo una reflexión que me parece pertinente en este momento.

En la política y, de verdad, también en la vida se presentan muchas veces este tipo de momentos en los que convergen intereses de empresas muy importantes, muy poderosas, con los intereses y los derechos de las audiencias, particularmente audiencias pobres que están en estados como el mío, como Chiapas, pero que injustamente al coincidir estos dos intereses el que termina pagando siempre los platos rotos de cualquier deficiencia, ya sea legislativa, de operación, cualquier cuestión que tenga que ver con lo que nosotros hacemos, siempre son esas poblaciones más pobres a las cuales yo quiero saber quién les va a ir a explicar por qué a pesar de que tengan una televisión, no la van a poder ver.

Nosotros debimos de tomar una definición, sin duda, y toda definición representa costos: Buscar proteger los derechos de las audiencias más desfavorecidas, o simplemente sostener una posición testimonial, la cual puede perder de vista la vocación social que le da origen a una posición de izquierda.

Logramos cosas para que, entre la iniciativa original y la que estamos a punto de votar y discutiendo el día de hoy, haya diferencias enormes.

De verdad, creo que es injusto pensar que son diferencias menores o que son trampas, peor aún, para favorecer a los concesionarios privados.

Uno desde la minoría y de la oposición debe de tomar esa decisión, incidir y lograr y generar acuerdos o tener esas posiciones testimoniales al margen que solamente dejan satisfechos a algunos, pero que no le ofrecen soluciones a una población mucho más grande, a la cual, en el momento en que las representamos, debemos salvaguardar sus derechos.

Por eso es que la votación el día de hoy, y espero se pueda acordar este formato especial, en lo general será a favor, con las salvedades del segundo párrafo que ya hemos manifestado.

Es cuanto.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Ningún grupo parlamentario ha solicitado el uso de la voz para fijar posición, en consecuencia, procederemos a la discusión en lo general.

Se le concede el uso de la voz al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, para hablar en contra del dictamen, hasta por 5 minutos.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Este dictamen que provocó esos desencuentros, que ya se han calmado los ánimos en cuanto al tema, tuvo dos razones:

1. Que en efecto, no se había dado el trámite adecuado porque la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía es la comisión del tema esencial, se le dio a otra.

2. Porque había un planteamiento en el que, el problema a solucionar, el problema importante era la radiodifusión pública, y resulta que no era así. Ese es el otro punto.

La exposición de motivos, que establece la justificación general, toda ella está dedicada a los medios públicos, toda.

Si puede uno revisar todo el texto, hay que atender a los medios públicos que no han tenido recursos para establecer los instrumentos técnicos para poder seguir funcionando en el apagón, para establecer la televisión digital.

Aquí dice: “Estos medios, al no tener carácter comercial de fines de lucro…” etcétera, etcétera.

Siguiente párrafo: “Estas estaciones repetidoras atienden a poblaciones importantes”. Los medios públicos requieren recursos con urgencia para poder desempeñarse como debe de ser.

El siguiente párrafo: “De acuerdo con el comunicado, tal cual, tales estaciones de carácter público les falta tramitarse”.

El siguiente párrafo: “La difusión cultural, el papel que juegan los medios públicos es importantísimo”.

El siguiente párrafo: “El sistema o la sociedad requiere ese contenido educativo, Chiapas, sobre todo, el Canal del Congreso”.

Es decir, toda la exposición de motivos, toda ella es para demostrar que los medios públicos no tienen recursos y que necesitan ser ayudados. ¿Con qué? Con el aplazamiento del apagón para ellos.

Podíamos haber terminado este texto diciendo: “Vamos a ayudarlas” ¿No?

¡No, no, no, jamás! No hay ninguna ayuda a los medios indígenas, comunitarios, etcétera, que no han tenido recursos para poder entrar a la etapa digital y, bueno, es algo que conmueve, estamos conmovidos todos, los medios públicos no tienen dinero, la radio indígena, pero lo que pasa es que también incluían a los privados, ese fue el problema principal.

El texto, después de todo lo que les leo, y lo pueden leer párrafo por párrafo, se refiere al apoyo a los medios públicos, nada más que ahí entran los privados, las televisoras TV Azteca y Televisa tienen este tipo de estaciones que no tienen recursos; que Televisa y TV Azteca no tiene recursos, es decir, no se puede de ninguna manera utilizar el argumento social de la necesidad de los pueblos y sus comunidades para poder beneficiar a los medios privados, ese es el problema.

Cuando se discutió el planteamiento que hizo el propio directivo Azcárraga, de Televisa, de que había que ampliar el plazo, directamente él se reunió con una comisión para decir: “se justifica o no se justifica, que se prorrogue, que se les dé más tiempo”, y se decidió que no, es decir, echaron marcha atrás, inclusive, diciendo que no lo había dicho Azcárraga, lo dijeron, era una petición de la televisión privada, entonces, ya no se siguió adelante con ese proyecto, pero aparece este otro.

Entonces, no solamente el problema que surgió fue el que no estaba bien el trámite para mandarlo a una comisión que debió haber sido remitido, sino que aparece otra vez misteriosamente el apoyo a los medios privados.

¿Ahora no tienen dinero? ¿Necesitan ser ayudados? Es también conmovedor.

Ese es el problema, el problema que se discutió antes y luego aparece por acá, y luego en la CIRT, ese día se dijo que esto beneficiaba a los públicos, a los privados, bueno, por qué no se dijo, todo lo que dice este dictamen es para disfrazar el entorno de la emoción por los medios públicos, que por cierto en la reforma de telecomunicaciones no les hicieron el menor caso a esos medios públicos que ahora los enternecen, nada, por poco los desaparecen.

Pero, entonces, por qué esta exposición de motivos nos lleva a meter también a los ciudadanos, al cambiar una palabra de operadores a tal y cual, no está bien, es decir, no creo que Televisa y TV Azteca necesiten recursos. Cuando el Estado gastó miles de millones para regalar televisiones, bueno, siquiera hubieran gastado para proteger en esas estaciones de baja potencia a la población que atienden; no, ni un quinto, pero también por qué no, si ya sabemos que Televisa y TV Azteca mandan en este país.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, a favor del dictamen.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

Hago uso de esta tribuna para fundamentar mi voto a favor de este dictamen, y de gran parte de nuestro grupo parlamentario, como una decisión tomada, después de una acalorada discusión, en la que no coincidimos de origen con el procedimiento, y que en la sesión del día de ayer de comisiones unidas, logramos unificar una posición al respecto por algunas coincidencias específicas y bondades que tiene este dictamen.

Como todos sabemos, la conclusión de las señales analógicas para dar paso a las digitales es ya un hecho, tecnológicamente la gran innovación que ofrece la televisión digital a partir del llamado apagón analógico, consiste en introducir un concepto de interactividad de un medio pasivo, como es el de la televisión.

La digitalización deberá ser un proceso natural que permitirá la interactividad con los medios y multiplicar las fuentes de información, incluidas todas las personas de la sociedad de nuestro país, para tener ampliamente los mismos derechos ciudadanos, sobre todo a la información.

De 39 televisoras públicas que forman parte de la red de radiodifusoras y televisión, televisoras educativas y culturales en México, solamente 10 han transitado a este paso tan importante digital; 24 tienen algunos avances y están en trámite; y 5 de estas televisoras públicas estatales definitivamente no pueden llevar a cabo de manera exitosa tal transición.

Por ello, el tránsito analógico a lo digital de la televisión no sólo debe enfocarse como una cuestión tecnológica, sino en esencia como una cuestión política y una cuestión también de seguridad.

No estamos tratando de salvar a gobernadores o gobiernos irresponsables que no hicieron las inversiones necesarias para ese tránsito tan necesario y que se veía venir. Al contrario, estamos pensando en las audiencias, estamos pensando en los municipios de alta y muy alta marginación, a donde no llegan las señales y la única forma de comunicarse es vía televisión, cuando estamos ante una contingencia como la que vivimos hace aproximadamente un mes, con el huracán, es necesario tener una señal para llegar a Aquila, a Coahuayana, Chinicuila, a Coalcomán, a la Montaña de Guerrero, a Chiapas, a la meseta purépecha de Michoacán.

Vemos bondades importantes en esta modificación del Artículo Décimo Noveno Transitorio del Decreto por el que expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, primero, porque garantiza que los concesionarios, ya no permisionarios de uso público y social, incluyendo los comunitarios e indígenas que no estén en condiciones de iniciar transmisiones el 31 de diciembre de 2015, obtengan primero una suspensión temporal de manera que no pierdan sus concesiones o, en su defecto, reduzcan su potencia para que les sea aplicable un programa de continuidad, hasta en tanto puedan iniciar sus transmisiones de manera digital.

Es decir, estas zonas de alta y muy alta marginación de poca cobertura no se quedarían sin comunicación.

Y, segundo, estos sistemas públicos al bajar su frecuencia seguirían llegando y transmitiendo contenidos de programas sociales importantes, y obviamente también muchos de ellos de bastante calidad.

Eso no sólo va a suceder en nuestro país, sucede en Estados Unidos y en otros países del mundo, ya que este tránsito de la tecnología análoga a la tecnología digital no es sencillo, ya que haremos ensayos de prueba-error incluso para saber cómo cubrir todo el espectro nacional, poco a poco con la señal digital, en tanto esto sucede habrá la oportunidad de tener o seguir teniendo esta señal en baja frecuencia.

Segundo, el señalar como fecha límite el 31 de diciembre de 2016 para estos medios públicos, para que transiten de manera definitiva, nos permite tener una fecha específica y no suponer que nos vamos a llevar 3, 4, 5 o hasta 10 años, como sucede en Norteamérica, en dar este paso tan importante.

Un año será suficiente para que los gobiernos inviertan los recursos necesarios para que se dote de los transmisores para seguir transmitiendo esta señal.

Y, tercero, que los concesionarios de carácter privado, comercial, mantengan la obligación de transmitir el 31 de diciembre de 2015, en el entendido de que a diferencia de los medios públicos, los privados tienen un lucro por sus transmisiones, por lo tanto, aquellos que no lo hagan deberán recibir las sanciones correspondientes por no cumplir en tiempo y forma.

En cuanto a los dos primeros puntos creemos que la reforma garantiza los derechos de las audiencias y de los concesionarios.

Y lo que tiene que ver con el tercer aspecto, nos quedan ciertas reservas respecto de que ahora el párrafo octavo del artículo en comento no se aclara de manera expresa si se mantiene el beneficio para los medios de carácter público social, y tampoco se aclara, por otra parte, si se garantiza también para los medios privados.

Nos queda esa pequeña reserva, sin embargo, estamos a favor del dictamen por estos motivos, el grupo parlamentario está convencido de que de esta forma estamos dando un paso importante para mantener la comunicación tan necesaria en nuestro país.

Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Mendoza Mendoza.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en contra del dictamen.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Le pediría a la Senadora Iris Vianey, que no hable a nombre del grupo parlamentario, porque como ella misma lo dijo, a nosotros nos van a utilizar para luego ir a negociar, vayan ustedes a saber qué cosas.

Pero, lo primero que quisiera decir es que esta iniciativa, la reforma al Artículo Décimo Noveno Transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se está discutiendo, está contextualizada en una escalada de fuertes presiones durante los últimos dos meses para postergar la fecha del apagón analógico establecida en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, y para beneficiar no a las audiencias, sino a los concesionarios que no realizaron las inversiones necesarias para cumplir con la ley y la Constitución.

Antes de entrar al análisis de la iniciativa, quisiera retomar cinco eventos claves de este contexto:

En primer lugar, en el apagón operado el 24 de septiembre en la ciudad de Monterrey, se observó que muchas señales de televisión abierta no estaban preparadas para esta medida.

Dos. A partir de ese evento, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, la CIRT, organismo cúpula de los concesionarios, emprendió una guerra de cifras con el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Según el IFT, en Monterrey sólo hubo una afectación para 472 mil televidentes, mientras que la CIRT informó que eran 645 mil, dato que la CIRT daba a partir de un muestreo realizado por la empresa Nielsen, que mide los ratings y estudios de audiencia, es decir, una instancia cuyo principal cliente son las televisoras y anunciantes. No son una instancia imparcial.

Otro hecho. Después de que se dieron a conocer los datos, el Presidente del Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, expresó claramente que debía posponerse la fecha límite establecida en el Artículo Quinto Transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.

En forma rápida y en sintonía con las demandas de la CIRT y del presidente del Grupo Televisa, el 22 de octubre el Senador Javier Lozano propuso que se prorrogara un año más, hasta el 31 de diciembre de 2016, y criticó con justa razón, pero a destiempo, el retraso en la política de reparto de televisores digitales que estableció la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Luego vinieron las señales del gobierno federal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del IFT, de que no se podía posponer la fecha del apagón por las consecuencias que ello tendría en otros proyectos del gobierno actual en materia de telecomunicaciones, y porque representaría un cambio fast track a una de las reformas constitucionales realizadas y presumidas por este gobierno.

Un mes después, el Senador Gil Zuarth plantea una reforma a la ley secundaria, donde en el Artículo Décimo Noveno Transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, permita a los operadores, palabra que no existe ni en la Constitución, ni en la ley secundaria, que transmitan en una baja potencia y no logren cumplir con los plazos de la fecha constitucional del apagón analógico, que puedan continuar transmitiendo en señal analógica.

Esta propuesta está inevitablemente ligada, vinculada al artículo 298 de esta ley, que dice: “Las infracciones a lo dispuesto por la norma, serán aplicadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones de la siguiente manera:

E) Con multas equivalentes al 6.01 por ciento hasta 10 por ciento, si se interrumpe sin causa justificada ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la prestación del servicio en poblaciones donde el concesionario sea el único prestador del servicio”.

Como puede verse, la multa opera para concesionarios, no para permisionarios, y opera si se suspende el servicio, y aquí está la litis sobre la cual volveré un poco más adelante.

Dice la iniciativa que los permisionarios ya no existen. Pues habría que leer el transitorio constitucional tercero, en su fracción III, o bien el Décimo Séptimo Transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, porque en ambos ordenamientos están claramente establecidos los permisionarios, que son medios públicos o sociales sin fines de lucro.

Y es particularmente importante el Décimo Séptimo Transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que establece que los permisionarios deben transitar a concesiones, y hace tres meses el Instituto Federal de Telecomunicaciones estableció cómo transitar de permisionario a concesionario, y muchos permisionarios lo hicieron.

Si se quiere adecuar la terminología, la redacción debería ser no operadores, porque en operadores entran todos, públicos o privados. El término correcto era “las estaciones de radiodifusión de uso público o social”. Así quedaría perfectamente claro que se trataba de respaldar a los medios públicos o sociales y no al Grupo Televisa.

El dictamen ahora suprime el término operadores y sólo queda el párrafo “estaciones de televisión radiodifundida”, que son todas, tanto públicas como privadas.

¿Pues no que su preocupación eran las públicas?

Entonces, esta iniciativa surge de un contexto de intensas presiones y cabildeos de las televisoras más importantes del país y de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión para postergar el apagón analógico.

Los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones advierten que los principales beneficiarios de esta iniciativa no serán los medios públicos sino el duopolio televisivo, y veamos las cifras del Instituto, en México existen un total de 717 señales principales de televisión, más 907 señales llamadas complementarias, a las que la iniciativa del Senador se refiere como de baja potencia.

Del total de las estaciones complementarias, 846 son concesiones que pertenecen a Televisa; léase, de 907,846 son concesiones que pertenecen a Televisa, en su mayoría, y otras a TV Azteca. Es decir, el 93.27 por ciento de las concesiones de estaciones complementarias pertenecen al duopolio televisivo y sólo 61 estaciones son permisionarios de medios públicos, el 6.72 por ciento.

¿A quién beneficia esta iniciativa, a los públicos o al duopolio? Es decir, 9 de cada 10 estaciones son privadas, no públicas, y ponen de parapeto a las públicas, para en realidad beneficiar a las privadas, y del total de las 846 estaciones complementarias privadas, sólo 67 de ellas, menos del 10 por ciento, operan ya bajo el sistema digital, 313 están pendientes con una solicitud para migrar y el resto operan con señal analógica.

La falta de inversiones para garantizar el tránsito del modelo analógico al digital, es corresponsabilidad de los privados y también de las instancias públicas, de las cuales dependen los medios públicos o gubernamentales, y aquí está un tema medular también en este debate.

¿Por qué los gobiernos estatales, algunos no realizaron las inversiones necesarias para llevar a cabo el tránsito del modelo analógico al modelo digital, si están obligados por la Constitución y por la ley? ¿Qué no están ahí para respetar la ley? Mencionó el Senador a Chiapas.

Todo el dineral que ha gastado ese gobernador en su publicidad personal, pues es menos de lo que se requiere para hacer el cambio digital, ¿por qué no lo hizo?

¿Por qué se presentan a utilizar su propia realidad de algunos medios que, en efecto, carecen de recursos, para que sean capitalizados por los medios privados? Para colmo, no se consultó al Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues antes de aprobar esta reforma, se requiere saber la opinión del Instituto, ¿o no lo ven ustedes necesario?

Se dice que sólo se propone una prórroga de un año a medios que sólo abarcan el 1.5 por ciento del territorio nacional, frente a la penetración del 95 por ciento del territorio nacional que tiene los medios de comunicación privados.

¿A quién beneficia esta modificación, a los públicos o a los privados, al 1.5 o al 95 por ciento?

Argumentó el Senador Gil Zuarth, por cierto, dice: si no hacemos nada, simplemente van a desaparecer la oferta cultural, educativa, que dan pluralidad ideológica y de contenidos a la discusión democrática del país, pero si apenas cubre los medios públicos y sociales el 1.5 por ciento del territorio nacional, el 95 por ciento lo cubren los medios privados, ¿cómo podemos hablar de pluralidad ideológica así? Lo que necesitamos es fortalecer, en efecto, a los medios públicos y se opusieron en la reforma secundaria en telecomunicaciones.

Son argumentos de pantalla para tratar de ocultar el verdadero objetivo: satisfacer los intereses del duopolio televisivo.
La iniciativa tiene dos párrafos, pero se trata de una nueva ley televisa, dicho sea con toda claridad.

En su segundo párrafo, es un verdadero trofeo para las televisoras y un insulto a la inteligencia, compañeros.

Antes se disfrazaba de operadores, era más inteligente, ahora se pone cínica y claramente “concesionarios”. Ahora ya todo es cinismo, para dejar muy claro quiénes serán los principales beneficiarios de esta modificación, este párrafo incluye no sólo a los medios comerciales, a la televisión comercial, sino también a las estaciones que pertenecen a los concesionarios y que nunca se digitalizaron, estando con una falta constitucional, un concesionario de televisión comercial puede tener una cobertura de una ciudad y zonas aledañas, con una estación principal y otra repetidora en las zonas llamadas “sombra”.

Con esta nueva redacción, si el concesionario comercial sólo digitaliza la estación principal, con eso cumple con la transición digital, mientras que la estación repetidora queda exenta de cumplir con la Constitución y la ley que está obligada de acuerdo al Artículo Quinto Transitorio.

Se le pone fecha de un año de tolerancia, o sea, que se pospone el apagón analógico. Estas modificaciones son injustificables y son inaceptables, decir que pagarán multa es otro engaño.

La multa se impone, si solo se interrumpen las transmisiones como lo traía originalmente la iniciativa del Senador Gil Zuarth. Ahora, en las zonas que incluyen la concesión y con estas modificaciones, se les permite no interrumpir la transmisión, ahora transmitirán sólo en baja potencia, o sea, no pagarán la multa.

El hecho de no respetar la Constitución y la ley pone en riesgo su concesión, ahí está el tema porque la ley no distingue entre estaciones principales o complementarias, los concesionarios, de acuerdo a la máxima norma, están obligados a la transición digital a más tardar el 31 de diciembre de 2015, a menos que se cambie la Constitución.

Y un transitorio de una norma secundaria no puede estar por encima de la Constitución, y es ofensivo a la inteligencia porque toman como pretexto algunos medios públicos para beneficiar al duopolio, se abre la puerta de par en par, para que las estaciones de baja potencia que no hayan invertido para el cambio digital, los concesionarios se van acoger a este beneficio, cuya intención original fue reconocer la situación de desventaja en que se encuentran los permisionarios, los medios públicos o sociales sin fines de lucro y que tienen, en efecto, muchas restricciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senadora, permítame, son cinco minutos de intervención.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Me falta, me va a disculpar, pero me falta.

¿Cuál es la situación a la cual se enfrentan los permisionarios? Su bajo presupuesto y no pueden vender publicidad. En cambio, los medios comerciales tienen todo el dinero del mundo, los dueños de este duopolio están ubicados como los hombres más ricos de México y del mundo.

¿Cuál es el pretexto para no invertir en estas señales?

Y gran parte de esta riqueza proviene de la publicidad, así que nada justifica que falten a la Constitución, y luego busquen el apoyo de la telebancada para que ajusten la ley a los intereses del duopolio, sólo digitalizan donde es gran negocio, que son las zonas metropolitanas, etcétera, y donde están los pobres pues ahí no les interesa la inversión, hacen como que defienden a los medios públicos y a las zonas pobres para en realidad favorecer al duopolio.

Se aplaza el apagón analógico parcialmente, supuestamente para beneficiar a las televisoras públicas, pero las estaciones complementarios son propiedad exclusiva de Televisa y de TV Azteca, y son el 93.7 por ciento de los beneficiarios aquí. Las estaciones complementarias son las repetidoras que las televisoras tienen instaladas en diversas zonas para evitar obstáculos geográficos, impiden la llegada de la señal a toda la zona de cobertura asignada a cada canal.

Muchas veces, más que obstáculos geográficos es la pobreza de la gente, ahí no van a contratar grandes publicidades, ahí no operan, así que por eso no les importa, pero el interés nuestro es que se respete la Constitución, y el duopolio como concesionario está obligado a llevar esa señal hasta allá, y si no la lleva, se le cancela la concesión y aquí en esta reforma les están justamente defendiendo de esta multa que pudiera llevar, en un momento dado, a la pérdida de la concesión.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permíteme, señora Senadora.

Sonido en el escaño de la Senadora Iris Vianey.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: (Desde su escaño) Al final, para alusiones personales.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias.

Permítame, Senadora.

Sonido en el escaño del Senador Javier Lozano.

El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) No que muy escrupulosos con el cumplimiento del Reglamento.

Tenía cinco minutos para su intervención la Senadora Padierna Luna y lleva 17:38, cuando les conviene son escrupulosos y exigen el cumplimiento cabal de nuestro Reglamento, cuando no, se lo pasan por el arco del triunfo.

Ponga orden, señor Presidente, por favor.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Señora Senadora, le recuerdo que conforme a nuestro Reglamento, las intervenciones en la discusión en lo general son de hasta por cinco minutos y, en efecto, lleva 17, concluya por favor.

La Senadora Dolores Padierna Luna: El debate no es menor. Y yo diría.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame Senadora, por favor.

Senador Demédicis Hidalgo, sonido en su escaño.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Si, señor Presidente, solamente pedirle al Senador Lozano Alarcón que se comporte, creo que nuestra compañera merece respeto, es cierto que ya se pasó del tiempo establecido en el Reglamento, sin embargo, la situación que está exponiendo nos ilustra absolutamente a todos.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Omar Fayad.

El Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo quisiera rogarle a la oradora, de la manera más respetuosa y atenta, que pudiera lograr un extracto de sus ideas porque venirnos a leer cuartillas por 17 minutos, y ya está siendo incluso reiterativa, creo que la idea es central.

Entonces, pedirle con mucho respeto, porque siempre sabe que la escuchamos con gran respeto.

Nada más, gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Concluya, Senadora.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Solamente decir que otro argumento que aquí se ha esgrimido, es que les preocupan mucho que los pobres no vean la televisión, como si la televisión verdaderamente brindara un servicio cultural, de desarrollo del país, de verdadera pluralidad, de respeto a los derechos humanos y muchas más, pero si de verdad les interesan los pobres, hágase llegar esta misma regla a los centros educativos, que se instalen centros de salud, no nada más televisoras, que también se instalen cooperativas, fuentes de empleo y demás para que de verdad les preocupen los pobres, porque les preocupan los pobres que no vean la tele, a mí no me preocupa tanto eso, en realidad no les preocupan los pobres, les están preocupando los millonarios, el duopolio, eso es lo que está verdaderamente atrás de esta reforma.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador Raúl Pozos Lanz, lo tengo registrado para hablar en lo general.

Sonido en el escaño de la Senadora Iris Vianey.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: (Desde su escaño) Pedí la palabra para alusiones personales.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene usted razón, en efecto, se le concede el uso de la palabra para alusiones personales.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: (Desde su escaño) Dos cosas. Primero, el grupo parlamentario del PRD en la sesión de ayer tenía sus comisionados, que fueron los Senadores Zoé Robledo, Fidel Demédicis Hidalgo, Armando Ríos Piter y una servidora.

Hemos expuesto aquí nuestros motivos por los cuales apoyamos este dictamen, y quiero pedirle a la Senadora Dolores Padierna que aclare cuando dice, textualmente: “A nosotros no nos van a utilizar para negociar no sé qué cosas”, que lo aclare porque por lo menos el grupo parlamentario del PRD ha actuado con total transparencia, hemos discutido a detalle el tema, fijamos una posición como grupo parlamentario por la mañana en nuestra reunión previa, y hacemos un trabajo con mucha dignidad en pro, efectivamente, de los pobres, de los que menos tienen, y de los medios públicos, comunitarios, sociales e indígenas. Es nuestra posición.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna. ¿Para qué efecto, Senadora?

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Si me da la palabra para alusiones personales.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No puedo darle la palabra para alusiones personales, porque la Senadora Iris Mendoza la solicito en esa condición. La registro para hechos al final de la lista que tenemos ya registrada.
Se concede el uso de la palabra al Senador Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Para el grupo parlamentario del PRI es importante que aprobemos esta modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y basta recordar que en el 2013, aquí en esta Cámara, en el Congreso, llevamos un debate por una iniciativa presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto para reformar la Constitución y para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones Y Radiodifusión, a efecto de darle a este país vigencia y presentar al mundo un nuevo rostro de modernidad y de tecnología.

Siempre dijimos, lo dije ayer, lo reitero ahora, que esta reforma debe tener una profunda esencia social, la innovación tecnológica y las tecnologías de la información también tienen profunda esencia social, y lo decía porque a partir de una nueva arquitectura jurídica, institucional, con nuevas formas de regulación y de competencia, podríamos darle a los mexicanos oportunidad para que tuvieran acceso con certidumbre, con libertad en varios aspectos, en materia de telecomunicaciones.

Baste señalar en materia de telefonía fija y móvil, la desaparición de la Lada; la portabilidad numérica; lo que se refiere a un mejor servicio, que es esencialmente lo que millones de mexicanos nos reclaman, y nos reclamaron en su momento, y seguirán reclamando porque es una justa demanda; mayor cobertura y mejores precios, eso es, en síntesis, darle a las y los mexicanos una mejor forma de comunicación, interconexión y, desde luego, mayor accesibilidad.

En lo referente a los servicios de Internet, que maravilla poderle llevar a las niñas y a los niños de las comunidades más apartadas, a las indígenas, a las comunidades más marginadas, la oportunidad de tener acceso a esa gran carretera que representa el Internet y todo ese cúmulo de información que puede y debe, sin duda, desarrollar las habilidades de las niñas y de los niños que son el futuro de este país, mayor cobertura también, mayor accesibilidad, mejor servicio, mejores precios y, desde luego, más oportunidades para construir ciudadanía en este país.

Y desde luego, en materia de radiodifusión, hablando de los derechos de los usuarios y la protección a los mismos, derechos de las audiencias, derechos a contenidos culturales, cívicos, derecho a lo que establece la Constitución, a la información y a la libertad de expresión.

Una de las cosas más importantes fue precisamente el mandato constitucional establecido en la ley, que es precisamente la transición a la televisión digital terrestre. Lo que se conoce comúnmente como el apagón analógico, que en síntesis tiene como objetivo esencial dar un mejor servicio, mejor servicio de audio, de video, multiprogramación, mejores contenidos.

¿Qué es en síntesis o qué es en esencia el apagón analógico? Ya se ha dicho, lo voy a decir aquí, si me lo permiten. Un canal analógico puede albergar hasta seis canales digitales.

¿Qué se gana con eso en la población, especialmente la que menos recursos tiene? Que no necesite desembolsar ni un cinco para tener acceso a diversos programas, diversos canales, porque a través de la televisión digital podría hacerlo sin tener que contratar televisión restringida.

Ciertamente es un gran reto, así ha sucedido en los 30 países de los 34 que integran la OCDE, ya se ha dicho también muchas veces, en todos ha habido retos importantes que no han terminado de vencerse. Este país hizo un gran esfuerzo no solamente logístico, sino también presupuestal, más de 27 mil millones de pesos que han sido utilizados para comprar y adquirir televisiones digitales, que le van a permitir a millones de familias acceder a este servicio.

La SEDESOL, la SCT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y las propias permisionarias y concesionarias, las televisoras.

El Senador Gil Zuarth presentó una reforma al Artículo Décimo Noveno Transitorio que nosotros en la sesión de ayer discutimos, analizamos, debatimos y modificamos.

En esencia, quiero decirles que nosotros estamos de acuerdo en que se presentara una forma de regulación y de reordenación, porque no hay que dejar de reconocer que estos permisionarios, concesionarios complementarios, vienen producto de una demanda social de comunidades y sitios muy apartados, en donde los pobladores exigían el servicio de televisión, y en donde con el consentimiento de lo que entonces fue la COFETEL, se pudieron instalar lo que se conocían como antenas repetidoras, que eran, en muchas ocasiones, antenas con un receptor y que le dan servicio a poblaciones que se conocen como señales de baja potencia.

Aquí es en donde nosotros sí creemos que debemos legislar y estar de acuerdo en que se modifique la ley, porque si tratándose de permisionarios o concesionarios públicos o sociales, comunitarios o indígenas, debemos darle oportunidad de tener dos alternativas en ésta que es una obligación que establece la Constitución en materia del apagón analógico, o de transición a la televisión digital.

Una que ayer se discutió, se agotó y se aprobó, que establece que siendo concesionarios de baja potencia pudieran tener la opción de que si tienen 1 o hasta 10 KW en VHF o UHF, que pudieran disminuir su potencia para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pudiera cobijarlos en el programa de continuidad de la señal.

Y si no hubieran digitalizado, tuvieran una segunda opción, y la segunda opción es solicitarle al Instituto, previa autorización, la suspensión temporal de su señal para que no reciba la sanción. Desde luego que aquí estarían incluidas todas las personas, todos los concesionarios y permisionarios que, efectivamente aquí se dijo, tienen una diferencia, pero que daría oportunidad para que las y los mexicanos no se quedaran sin señal.

Segunda situación. Que la palabra que venía contenida en la propuesta original, que era: “operadores”, quedara establecido como “estaciones”, porque creemos que ese es el término que lleva el alcance a lo que establece en párrafos anteriores la propia ley.

Y finalmente, dar plazos y exigir que todos los concesionarios y permisionarios también inviertan lo necesario para que queden totalmente digitalizadas sus estaciones y que este plazo no exceda más allá del día 31 de diciembre de 2016.

Nosotros sí estamos de acuerdo. Vamos poniendo plazos, pero también vamos dándole oportunidad a que las y los mexicanos no pierdan el servicio de televisión en las condiciones en las que está planteada en esta reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, particularmente el Artículo Décimo Noveno Transitorio.

Nosotros estamos de acuerdo, y nosotros les pedimos a las y los Senadores de esta Cámara que nos hagan el favor de votar a favor.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Pozos Lanz.

Se concede el uso de la palabra al Senador Javier Corral Jurado, del grupo parlamentario del PAN, para hablar en contra del dictamen.

El Senador Javier Corral Jurado: Compañeras y compañeros Senadores:

Por supuesto que es válido en el Parlamento, donde la dinámica en el intercambio de las ideas es la constante, cambiar de opinión; por supuesto que de una semana a otra se puede cambiar de opinión; y creo que quienes cambian de opinión de una semana a otra deben también explicarlo.

Lo que no creo que sea correcto ni honorable, como aquí se dijo, ni creo que prestigie a la política, ni mucho menos entre posibles aliados políticos, es magnificar los logros del cambio de postura.

Escuché, con el respeto con el que siempre escucho al Senador Zoé Robledo, a quien tantos halagos en lo personal le he prodigado en esta legislatura, decir que han incidido en el dictamen que ahora se presenta.

Ha cometido, incluso, diría yo, el exceso de llamarle al dictamen que ahora se presenta, un dictamen de diferencias enormes, que nadie se llame al engaño, que nadie se deje al engaño.

No hay una iniciativa original y una nueva iniciativa o un dictamen distinto, es esencialmente la misma iniciativa en un dictamen con cambios cosméticos, incluso, más engañosos que los que traía la iniciativa original.

Y por cierto, debo decir algo que me preocupa tratándose de electorólogos, y cuando aquí refiero a electorólogos, me refiero, ni más ni menos, al Presidente del Senado, porque ya identificará el Senador Roberto Gil la pifia legislativa que quieren cometer en el Artículo Tercero Transitorio que adicionan al dictamen, para incorporar nuevos delitos electorales por la entrega de receptores digitales en precampaña y campaña.

Yo estoy seguro que eso no lo ha podido, ni siquiera, revisar el Senador Roberto Gil, autor de la iniciativa, porque han cometido tal despropósito, que dicen que se reputará como propaganda electoral la entrega de receptores digitales en precampaña y campaña.

En primer lugar, ese no es el delito, pero si lo fuera, no existe en precampaña, sólo es en campaña bajo las bases del artículo 41 constitucional.

En todo caso, es una violación al principio de imparcialidad contenido en la Constitución y la ley, y por supuesto, es el delito de coacción de voto a los ciudadanos a través de la entrega de televisores, porque así lo previó la reforma electoral que nosotros redactamos. Ni más ni menos, lo dice así el artículo 244.

¡Ah!, pero como se trata de incorporarle cambios para continuar con el engaño de que esto se va a corregir, han incorporado un nuevo delito electoral que no existe.

Y luego se le llena la boca al PRI en decir que ha incorporado una reserva que compromete a los concesionarios a cumplir con las inversiones de sus instalaciones.

Le informo al Senador Javier Pozos, que su reserva, como adición al dictamen, ya está contenida en la ley, incluso, está mucho mejor redactada; es el actual párrafo quinto del Artículo Décimo Noveno Transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Si le agregan eso que usted propone, van a repetir dos veces la misma cosa; o sea, no ha adicionado nada, no hay novedad alguna.

Y luego el gran logro del PRD, el plazo ya venía establecido, perdón, el Senador Zoé Robledo, no todo el PRD, acepto la moción del Senador Sánchez; el Artículo Décimo Noveno Transitorio empieza diciendo: “la transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015”.

Miren, compañeros, se vale, como se ha dicho aquí, que se trate de equilibrar los intereses de los grandes consorcios comerciales de la televisión con los derechos de las audiencias. Lo que no se vale es engañar a la gente, mucho menos a los compañeros; deben estar absolutamente conscientes de la magnitud del dictamen, este dictamen nació para beneficiar a dos empresas de televisión comercial, para exentarlas de sanciones por el incumplimiento de inversiones en términos de digitalización de las estaciones complementarias de radiodifusión comercial, cuya concesión está mayoritariamente, como bien lo dijo la Senadora Dolores Padierna, en manos del duopolio de la televisión, el 93.4 por ciento pertenece a TV Azteca y a Televisa, el 6 por ciento pertenece a permisionarios; las estaciones complementarias de radiodifusión comercial nunca estuvieron contempladas en el programa de baja potencia.

¿Es fundamental el programa de baja potencia? Sí, es fundamental, ya estaba en la ley el programa para permisionarios, era el Artículo Décimo Noveno Transitorio, ya estaba, era para permisionarios de baja potencia, de 1 kilovatio en VHF y de 10 kilovatios en UHF y el programa ya estaba establecido; no se ha creado ningún nuevo programa, eso no es cierto, lo que pasa es que se ha reformulado el programa para incorporar a todos los medios públicos, ya no sólo los de baja potencia, y librarnos realmente de sanciones y que se les permita un programa que en cualquier momento puedan volverse a encender sin castigo alguno.

Bien hasta ahí la iniciativa del Senador Roberto Gil, ese toque social, adelante, lo compramos, sí; pero ese es el señuelo, porque la segunda parte de la iniciativa tenía como propósito fundamental abrir ese beneficio a todos los concesionarios comerciales de estaciones de baja potencia e, incluso, de mayor potencia, pero con lo que está dicho en el dictamen podrán bajar la potencia para incorporarse al programa.

¿Cuántas señales complementarias en México están digitalizadas en términos de concesiones comerciales? Sólo 67.

546 estaciones complementarias ni siquiera han solicitado autorización para migrar al Instituto Federal de Telecomunicaciones, o sea, el grueso de las estaciones que se van a beneficiar con estos cambios son las estaciones comerciales.

Yo creo que así es como debió de habérsele entrado desde el principio a esta discusión, pero no ir de un engaño a otro, yo tengo las tres propuestas que los compañeros del PRD tienen sobre este dictamen, aquí las podemos leer para que vean el grado de incidencia que tuvieron en el dictamen, las tres versiones, impecable la primera versión, en todo concesionario de uso público y social, en todo; y además, el programa no exime de la responsabilidad de las inversiones y las multas a que se hagan acreedores por la interrupción sin justificación alguna del servicio público de radiodifusión, pues claro que la compramos. Bueno, no pudieron incidir ni con lo de las multas.

¡Ah!, generaron un gran cambio en el dictamen, en lugar de operadores ahora son estaciones de televisión de radiodifusión.

Corrijan hasta la técnica legislativa, por favor, las estaciones no son sujetas de ese programa, son sujetos los concesionarios, sean de uso público, de uso social o de uso comercial, corrijan. Las antenas, los equipos, los transmisores, ¿esos son los sujetos del programa? No, son los concesionarios, por eso el Artículo Décimo Noveno Transitorio decía permisionarios, porque son los titulares del permiso o de la concesión.

La iniciativa busca favorecer intereses privados, ¿son o no legítimos esos intereses privados si piden la posposición? Yo sostengo que no tienen derecho a la posposición y muchos menos a ser excepcionados del cumplimiento de su responsabilidad de inversión y, por supuesto, de la sanción.

¿Por qué? Porque es la parte que les toca hacer, porque el Estado mexicano invirtió 27 mil millones de pesos en comprar televisores, México entregó televisores, es el único país en el mundo que en lugar de un decodificador, entregó televisores.

La mayoría de los países del mundo entregaron decodificadores o un bono para que la gente comprara un televisor.

Bueno, pues ahora va a haber zonas del país, las más marginadas, con televisores digitales, pero con sistema analógico. Qué manera de inutilizar la política pública en materia de transición digital; 27 mil millones de pesos con impuestos de todos los mexicanos. Ese es el fondo de la cuestión, por eso se tiene que inventar grandes diferencias, no las hay; por eso se tiene que decir, que la iniciativa original desapareció pero esta más viva que nunca; por eso se tiene que ver, incluso, nuevos delitos electorales, échense ese trompo a la uña, propaganda electoral, entregar televisores, qué barbaridad, porque tenían que dar la apariencia de la corrección para que todo quedara igual. Esa gran obra de Lampedusa, el Gatopardo, y por lo tanto, gatopardismo.

Voto en contra del dictamen, gracias por la tolerancia, señor Presidente.

En otros términos, en otras circunstancias, entrémosle en serio a una discusión sobre qué condiciones debiéramos de ponerle a concesionarios de baja potencia comerciales y, por lo menos, sí, una multa, pero en términos abiertos, no tratar de enredarnos primero en la bandera de los pobres ¡ah! no, se iban a quedar el país los pobres sin ver televisión, porque el gobierno no había cumplido entregando televisores, vinieron y dijeron, vamos a cumplir, y se creó otro pretexto, los medios públicos a los que aquí se les negó el derecho de comercializar como un mecanismo de financiamiento para su fortalecimiento económico, medios públicos a los que ni siquiera se les quiso desarrollar parámetros de independencia y de autonomía, ese es el tema que está aquí.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Concluya, señor Senador, por favor.

El Senador Javier Corral Jurado: Se vale cambiar de opinión, pero lo derecho es explicar muy bien por qué se cambia de opinión.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Corral Jurado.

Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo quisiera iniciar mi intervención, desde luego voy a hablar a favor del dictamen, dando lectura, si me lo permite, a un párrafo, de manera concreta, de un escrito que remitieron los siete comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones en abril de 2014, cuando estábamos discutiendo la iniciativa de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; es un escrito que dirigieron en aquél entonces al Senador Javier Lozano, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Entre los distintos temas que abordan aparece enumerado con el número 15, un tema que ellos titulan “apagón analógico”.

En el tercer párrafo, de hecho para mayor claridad, voy a leer los tres párrafos de este apartado, repito, por los siete comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Ellos dijeron, en aquél entonces: “Al ser la radiodifusión un servicio público de interés general previsto por la propia Constitución, debe privilegiarse en todo caso su acceso, generalidad y continuidad, al mismo tiempo que se concretan los objetivos para la transición a la televisión digital terrestre en el plazo marcado por la propia Constitución.

En este sentido, es importante que los criterios que en su caso se establezcan en la legislación secundaria, atiendan precisamente dichos y que se aseguren condiciones de penetración antes de que se determine el apagón analógico por región, ya que de otra forma, podría ponerse en riesgo la continuidad en la prestación del servicio público para algún sector de la población”.

Y de manera muy específica, el tercer párrafo de este tema señalaba: “Por la misma razón, se estima pertinente prever mecanismos orientados a mantener la continuidad del servicio de televisión abierta para la población de zonas semiurbanas y rurales, así como en comunidades indígenas.

Conviene destacar que ello corresponde a poblaciones cuyas características no tienen un rol significativo en la competencia dada su baja densidad poblacional y dispersión, sino por el contrario, suelen requerir del apoyo de gobiernos estatales o de las propias comunidades para contar con el servicio de televisión abierta.

En este sentido, se sugiere tomar en consideración la experiencia de otros países que han concluido la transición a la televisión digital terrestre y revisar los mecanismos con los que se ha abordado la transición a TV digital terrestre para la población rural o altamente dispersa.

El instituto nos sugería voltear a ver lo que han hecho otros países en sus esfuerzos de transición a la televisión digital terrestre; aquí se ha puesto de ejemplo el caso de cómo a nivel internacional la mayoría de los países se han enfocado a repartir decodificadores o cupones para a poyar a la población, se decía que en ningún caso de la experiencia internacional se han repartido televisiones.

Bueno, si vamos entonces a tomar experiencia internacional, me parece muy conveniente que también, en el caso de las estaciones complementarias o de baja potencia, volteemos a ver lo que han hecho otros países, porque está el caso de Estados Unidos, que ya fue señalado aquí en tribuna hace algunos momentos por alguno de mis colegas, en el que de manera concreta la ley en Estados Unidos señalaba que el apagón analógico tenía que ocurrir en junio de 2009; sin embargo, se permitió que las estaciones complementarias o de baja potencia en ese país, siguieran encendidas y, de hecho, el plazo original previsto por el órgano regulador de ese país es de que continuaran encendidas hasta el 1° de septiembre de 2015.

Sin embargo, el 24 de abril de este mismo año la FCC de Estados Unidos publicó un aviso en el que comunica a todo este tipo de estaciones que no van a tener que apagar su señal analógica el 1° de septiembre de 2015 y que esto ocurrirá hasta nuevo aviso, es decir, ni siquiera le ha puesto todavía una nueva fecha fatal.

Otro caso muy concreto es el de Canadá. Canadá previó el apagón analógico para el 31 de agosto de 2011, y este caso me parece muy emblemático, porque tiene mucho que ver con lo que hoy estamos discutiendo aquí. Ellos previeron el apagón analógico para el 16 de agosto de 2011, es decir, prácticamente dos semanas antes del apagón, un poco en referencia al mismo contexto que estamos discutiendo, el órgano regulador canadiense autorizó que el principal medio público canadiense no apagara su señal analógica el 31 de agosto de 2011 porque no estaba listo para apagar su señal en 22 mercados específicos. Le dio un periodo de gracia de un año para que siguiera transmitiendo en señal analógica, cosa que no permitió a las demás estaciones.

Sin embargo, en las mismas disposiciones regulatorias del órgano regulador canadiense, se establecía que las 1,238 estaciones de baja potencia o estaciones complementarias también podrían seguir encendidas porque atienden la misma naturaleza que atienden en Estados Unidos o que también atienden en México, y que desde el 2014 nos lo dijeron los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Por lo tanto, me parece un verdadero despropósito que se venga aquí a insistir y a querer imponer un modelo de transición a la televisión digital terrestre que no ha sido práctica en el mundo, que no puede ser considerado como una mejor práctica internacional.

Me parece y me sorprende mucho que haya gente aquí que venga a argumentar basados en lo que lee de repente por ahí y que se sientan iluminados por encima de los siete comisionados que este Senado de la República eligió para que condujeran los trabajos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y que vengan aquí a insistir en algo que los propios comisionados sugirieron desde el 2014.

Ahora retomo muy rápido algo que recientemente vino aquí a señalar el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuando en una reunión de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía expuso algunas consideraciones sobre el tema del apagón analógico.

En esa ocasión señalaba en su presentación, de manera muy concreta lo que voy a leer, que ya se leyó ayer en comisiones, pero que me parece que hay volverlo a leer, hay que reiterarlo, porque hay gente que sigue sin querer aceptar los argumentos y sigue sin estar dispuesta a razonar sobre la conveniencia de lo que hoy estamos debatiendo.

En su presentación, el Presidente del IFT señalaba: “En la transición a la televisión digital terrestre, la estación que transita es la principal. Una vez que está en operación, el concesionario determina los complementarios que serán necesarios para replicar el área de cobertura analógica. No todas las complementarias que operan en analógico, serán necesarias en TDT.

De igual forma, zonas que antes no eran cubiertas por la señal analógica, hoy sí reciben las señales digitales y se pueden generar nuevas zonas de sombra.

Este proceso es secuencial. Hasta que está operando la estación principal, el concesionario puede determinar cuántas complementarias se requieren”.

Concluyo, señor Presidente, básicamente atendiendo algunas consideraciones o argumentaciones que se han hecho aquí.

Por ejemplo, se habla de esta cuestión de que la Constitución señala permisionarios y no concesionarios. Me parece que esa es una discusión que está superada, porque justamente la reforma constitucional preveía la transición de ese régimen donde existían permisionarios y concesionarios para que a partir de la reforma existieran sólo concesionarios.

Se decía aquí también que ningún artículo transitorio puede estar por encima de la Constitución.

Es verdad, el propio Artículo Quinto Transitorio de la Constitución puede llegar a estar en conflicto con el artículo 6o. de la propia Constitución; y el Artículo Quinto Transitorio, que es el que dispone el apagón analógico el 31 de diciembre de 2015, pudiera estar en conflicto en algunas zonas, que son las que identifica el Instituto Federal de Telecomunicaciones, las zonas rurales, las zonas de baja penetración, porque ahí es donde el Estado debe garantizar el acceso a la información a la población.

Entonces es verdad, ningún transitorio puede estar por encima de la Constitución.

Otra cosa que señalo aquí es que nadie apoyó el fortalecimiento de los medios públicos cuando discutimos la reforma constitucional, eso es completamente falso. Hoy tenemos un sistema de radiodifusión del Estado mexicano más fuerte, que tiene más cobertura, que llega a más población, por lo tanto yo no puedo aceptar que alguien venga aquí a decir de manera ligera que no se apoyó el fortalecimiento de los medios públicos entre otras cuestiones.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Flores Ramírez.

Sonido en el escaño del Senador Javier Corral.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Pregunto si me acepta el señor Senador una pregunta.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Acepta una pregunta, Senador Flores Ramírez?

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Sí, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda, Senador Corral Jurado.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) En primer lugar, muchas gracias por la aceptación.

Es muy sencillo, no recuperemos el debate de la reforma constitucional y la legislación secundaria en telecomunicaciones completa.

Yo le hago a usted una pregunta: ¿está usted a favor de que los medios públicos de comunicación puedan obtener ingresos vía la comercialización de espacios publicitarios?

Por su respuesta, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda con su respuesta, Senador Flores Ramírez.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Es un tema que me parece que ha requerido una gran discusión, no es un tema, el que yo vine a exponer, por ejemplo, que tiene que ver con lo que hoy debatimos, vine a exponer una opinión concreta de los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre el tema del apagón. Me parece que el modelo que elegimos en la reforma constitucional es adecuado, no necesariamente hay países que tienen modelos de medios públicos exitosos, que no necesariamente comercializan, y a mí me parece que es un modelo adecuado para nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Flores Ramírez.

Se concede el uso de la palabra al Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en contra del dictamen.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor Presidente.

El tema que hoy abordamos, esta prórroga tiene antecedentes, primero la oposición por parte de las televisoras a que el apagón analógico se llevara a cabo, después, una vez establecido plazos, toda la reforma, la tentación de las televisoras para incidir en la posposición de las fechas señaladas, aun cuando el gobierno federal aseguró que había posibilidades de cumplir con los tiempos establecidos en esta reforma constitucional y en las leyes, se seguía insistiendo por parte de televisoras y de algunas compañeras y compañeros que esto no sería así, hasta que el Instituto Federal de Telecomunicaciones vino y dijo que sí, que se podía y que tenía la posibilidad de concluir con los tiempos establecidos, entonces se dejó de insistir, pero un mes después, tenemos, ahora de nueva cuenta el tema aquí.

Cabe preguntar entonces, si era real la preocupación de las televisoras, porque el argumento que tenían es que se tenía que velar por el derecho ciudadano a la información. Ese era su argumento principal, decía que como no se habían repartido las televisoras, entonces una parte de la población se quedaría sin ese derecho.

Esto es, más bien, creo yo, es un intento, por supuesto, como todos lo sabemos, de incumplir con los tiempos establecidos.

Yo, por supuesto, no les creo a las televisoras su argumento.

Ahora, con esta iniciativa, las televisoras obtienen algo de lo que pedían, o quizás todo, no acatar la Constitución, no invertir, sino en aquellas regiones donde hay mayor consumo y dejar a los pobres en el olvido.

Pero, señoras y señores Senadores, el proyecto por el que se reforma este Artículo Décimo Noveno Transitorio, tiene graves inconsistencias procedimentales, de inequidad social e, incluso, de acciones discriminatorias.

De ninguna manera podemos permitirnos que, desde los intereses privados, hoy se vengan a imponer los tiempos y la mecánica de trabajo legislativo.

Ni podemos permitirnos en este Senado, de ninguna manera, la realización de chicanas legislativas con las que se procesó está iniciativa.

Esta forma de proceder, no honra al Senado de la República y menos aún nos prestigia como legisladores.

Se está legislando con beneficiarios exprofesos y con instrucciones potestativas que violan la soberanía de este Senado.

Por ello, demando respeto absoluto a las reglas del procedimiento legislativo a las que estamos obligados todos. No es, de ninguna manera, aceptable que se abuse de la confianza y de la buena fe de quienes formamos parte de la Mesa Directiva para tratar asuntos de contrabando en razón de la prisa de los intereses privados.

De aprobarse, el beneficio que este dictamen busca otorgar a las televisoras públicas y sociales repercutirá, subrayo, indebidamente en favor de las televisoras privadas, que han venido incumpliendo todos los plazos establecidos.

Con un sentido de responsabilidad, en este Senado debemos en principio reconocer que no se evaluó y revisó de manera suficiente y puntual las posibilidades reales de concluir con éxito el llamado apagón analógico. Otro tanto, habrían de reconocer los gobiernos estatales y federal en el asunto.

¿Qué sucede ahora, en este momento, en aquellas regiones donde se dio el apagón?

Ahí, hay televisoras complementarias que no están dando el servicio. ¿El Instituto Federal de Telecomunicaciones ya inició un procedimiento para su sanción, o es esto lo que viene a salvarlas?

Bienvenido el apoyo a las televisoras públicas que cumplen una función social de primer orden. Pero ello no es excusa para beneficiar aquellos que tienen suficientes recursos para asumir el cambio tecnológico, porque para ellos la televisión no es más que un negocio.

El IFT está obligado a fincar responsabilidades a los gobernadores que no invirtieron, pero que sí derrochan en otros temas, en otros gastos.

La ampliación del término para la transición digital terrestre para beneficiar a medios públicos, termina salvando a las televisoras que no invirtieron.

Se ha dicho en este Pleno y en comisiones unidas que hay 907 estaciones complementarias de las cuales más del 55 por ciento no ha solicitado migrar a la televisión digital.

Es entonces, una responsabilidad del instituto haber fincado también aquí ya algunas responsabilidades o por lo menos estar investigando esta violación ya, en este momento, faltando 30 días para que concluya el plazo constitucional.

Se miente cuando se dice que no se exime de multas a las televisoras privadas; dar una prórroga, como ellas lo solicitaron, pues justamente les salva de esa sanción.

De aquí se desprenden dos hechos:

Primero.- No estamos obligando a las legislaturas de los estados, a los gobiernos estatales y a las instituciones públicas a invertir en los medios estatales, muchos de ellos usados para el culto a la personalidad de los gobernadores.

Segundo.- Seguimos sin aplicar la ley, dejamos todo para el último momento, abrimos plazos y emplazamos al apagón analógico, aunque abusemos de la retórica y de eufemismos aquí en esta tribuna.

Sabemos, por datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que el 100 por ciento de las estaciones analógicas ya cuentan con un canal digital; sin embargo, el problema está en la letra chiquita, en las complementarias, en las que llegan a las zonas de difícil acceso, al mercado que no interesa.

¿Para qué invertir ahí, si son audiencias que no tienen capacidad de consumir los productos y servicios de los anunciantes que son quienes pagan y sostienen la televisión como negocio?

Una vez más, con el manto de una acción demagógica en beneficio de la generalidad, se protege a los intereses inconfesables de particulares abusivos y discriminadores.

Compañeras y compañeros: Se dice que el costo de la inversión para digitalizar las televisoras complementarias es de 8 millones de dólares, yo no lo sé, pero se antoja una migaja con respeto a las enormes ganancias de esas empresas.

¿No pudieron hacerlo? ¿No pudieron invertir? ¿No tuvieron tiempo? ¿No tuvieron el dinero? O ¿No quisieron hacerlo? Me parece que esto último es la verdad.

Y aquí vienen a desgarrarse las vestiduras a decir que se hace por los pobres, que será una catástrofe que se queden sin televisión, pues nada más les recuerdo que es una obligación de las concesionarias dar servicio de televisión a todas y a todos, pobres y ricos, es una obligación de ellas, dígase lo que se diga, esto tiene tufo a negocios, a conflicto de interés; por eso, por supuesto mi voto es en contra.

Pero aquí hay una cuestión mucho más grave, si ustedes leen con detenimiento este tercer párrafo, al momento de poner también en este Artículo Décimo Noveno Transitorio, que sólo se refería a los permisionarios al meter a los concesionarios, en este tercer párrafo se podría leer de esta manera también.

En caso de que para las fechas de conclusión anticipada de las señales analógicas de televisión radiodifundidas por área de cobertura o de que el 31 de diciembre, y omito esta parte, concluyo, no se encuentren transmitiendo señales de televisión digital terrestre y/o no se hubiere alcanzado el nivel de penetración señalado en los párrafos tercero y cuarto de este artículo, ya sea en alguna región, localidad o en todo el país, el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá establecer un programa y todo lo que dice a continuación.

Esto, señoras y señores, no solamente rescata a las televisoras complementarias, no solamente va para las televisoras chiquitas, va para todas las televisoras, las grandes también, y esto me parece que es una desgracia.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Sánchez Jiménez.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros legisladores:

He escuchado con atención varios planteamientos de diversas compañeras y compañeras, con lo que sí no podré estar de acuerdo nunca es, precisamente, que no podamos ayudar a la gente que más lo necesita, como representantes populares que somos esa es nuestra obligación.

Aquí a quien se va a beneficiar es a los millones de mexicanos que en estos momentos no se encuentran en una condición favorable para poder avanzar en esto que fue aprobado aquí, precisamente por las mayorías, en este Senado de la República.

Por ejemplo en Chihuahua, estado que represento en el Senado de la República, por mayoría, donde fui a pedir el voto y la confianza de los chihuahuenses, y que sé precisamente cuáles son mis compromisos, precisamente con esa representación venir a legislar en favor de las mayorías que, sobre todo, es la gente más vulnerable y que más lo necesita.

Por ello, es que aquí no se está contrabandeando, son palabras que muchas veces usan y que la verdad como Senadores de la República tenemos que tener esa madurez para ponernos de acuerdo, en que sí necesita este país y, sobre todo, de la gente más necesitada.

Por ello, es que durante más de dos años los mexicanos hemos escuchado sobre la importancia de la televisión digital y sus múltiples beneficios.

Porque no podemos estar siempre negativos, viendo como no avanzamos o, también, estar en contra de todo, sino ver cómo nos ponemos de acuerdo, como ha sido así el beneficio de las más de 14 reformas estructurales que han sido aprobadas aquí en este Senado de la República, con una visión del Presidente Enrique Peña Nieto, que puso en la mesa de discusión con las tres principales fuerzas políticas en qué sí coincidíamos y también, con propuestas tanto del Partido de la Revolución Democrática como del Partido Acción Nacional, por ello se han enriquecido estas propuestas; y hoy estamos aquí discutiendo, precisamente, cómo nos vamos a poner de acuerdo, porque estoy segura que ha sido esa la madurez que existe en este seno, en el Senado de la República.

México hoy puede sentirse orgullosa de que está a un paso de lograr una transición digital exitosa. En el 2016 seremos un país más de la OCDE que garantizará a toda la sociedad una televisión de mayor calidad, más diversa en su programación y más plural culturalmente hablando.

Los resultados de la instrumentación del programa de transición a la televisión digital terrestre se encuentran a la vista de todos. Al concluir el presente año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplirá con la meta de entregar 9.4 millones de televisiones digitales, principalmente en los hogares de menores ingresos.

Hay en operación un total de 510 señales en formato digital, beneficiando así a casi 100 millones de mexicanos.

El gobierno federal ha cumplido con la tarea de digitalizar al 100 por ciento todos los medios públicos federales.

Hoy, 9 de cada 10 mexicanos tienen acceso a una televisión gratuita de calidad y alta definición, a una oferta mayor de canales de televisión, de programación y acceder a servicios interactivos.

Pese a los esfuerzos realizados, no se ha logrado la transición digital en muchos estados, entre otras razones, porque los concesionarios y permisionarios no han digitalizado sus señales. Hay 325 estaciones analógicas complementarias de baja potencia que no han solicitado la autorización para transmitir señales digitales.

Existen 33 permisionarios de alta potencia que al día de hoy no han transitado en la televisión digital terrestre, especialmente por falta de recursos.

Sabemos que estas dificultades no son cosa menor y que requerirán de acciones urgentes para solucionarse.

En lo personal, quiero mencionar que en Chihuahua, el estado que represento, hay muchas estaciones que han logrado realizar las inversiones necesarias y han concluido con sus procesos de digitalización.

De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en Chihuahua hay una penetración del 90 por ciento de la población y el apagón analógico será el próximo 22 de diciembre; sin embargo, quiero ser enfática en señalar que hay estaciones en Chihuahua, principalmente las que llegan a las comunidades de la sierra o en las regiones más pobres, que al día de hoy no han podido digitalizar sus señales por falta de infraestructura y recursos. Esto es una realidad no solamente en Chihuahua, sino en muchos estados de la República Mexicana.

Hay permisionarios o concesionarios de uso público o social que prestan el servicio de radiodifusión, que no están en condiciones de iniciar transmisiones digitales al 31 de diciembre de 2015. Por ello, se propone que se le autorice la suspensión temporal de sus transmisiones o bien, reduzcan su potencia para que realicen las inversiones necesarias y puedan transitar a la televisión digital sin el riesgo de perder su concesión.

Se propone como fecha límite el 31 de diciembre de 2016, plazo razonable, mediante el cual los concesionarios y permisionarios de baja y alta potencia podrían garantizar la transición digital y de esta forma no se deje de gozar en ningún hogar mexicano de una televisión de mejor calidad en imagen y audio, con más canales y con una televisión interactiva.

En ese sentido, manifestamos nuestro apoyo a todos aquellos mexicanos que se verán afectados por el retraso momentáneo de la transición digital terrestre y nuestro compromiso a seguir impulsando acciones para lograr una televisión digital abierta, gratuita y de calidad.

Hoy debemos garantizar que la tecnología se traduzca en más beneficios; por eso es que nuestro Partido, el Revolucionario Institucional votará a favor del presente dictamen para ampliar y la transición digital hasta el 31 de diciembre de 2016.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Merodio Reza.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, para hablar en contra del dictamen.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señor Presidente.

Supongo que a estas alturas no me debería de sorprender que en este Senado seamos expertos en encontrar los subterfugios legales para violar la ley que nosotros mismos aprobamos; y no me debería de sorprender, sobre todo cuando se nos había venido advirtiendo desde hace poco tiempo que había intenciones de las televisoras de retrasar el apagón analógico.

Algunos argumentaron: “Pero es que eso no es posible, está en la Constitución”. Pues bueno, ya encontraron la manera de hacerlo.

Y bueno los plazos, qué nos preocupan en el Senado los plazos, si somos especialistas en violentar plazos. Todos los plazos que nos hemos dado en las diferentes reformas se han violentado uno tras otro, y éste, qué más da.

Y ya que se han citado aquí algunas voces de especialistas que argumentaban que era necesario este retraso, quiero traer a cuenta el documento que hoy mismo expidió la AMEDI, para qué vean lo que opinan ellos con respecto a lo que estamos por aprobar.

“Cualquier intento de modificación de los legisladores obedece a un interés por congraciarse con las televisoras privadas, concediéndoles privilegios y un régimen de excepción regulatoria.

Los concesionarios han tenido tiempo, ingresos y fuentes de financiamiento suficientes para transitar a la televisión digital terrestre al 31 de diciembre de 2015.

Sustraer las facultades técnicas y regulatorias del Instituto Federal de Telecomunicaciones, degradar el servicio o suspenderlo por falta de inversiones, constituye una afrenta al derecho, a la información y a la libertad de expresión de los mexicanos”.

Y sobre esos puntos, quiero ahondar que, además, en el documento precisamente se insiste: “Con el subterfugio de apoyar a los medios de uso público y social hacia su digitalización a sólo un mes del apagón analógico, el nuevo dictamen será discutido en el Pleno del Senado, pero en lo sustantivo conserva la protección a las televisoras comerciales que no han realizado las inversiones necesarias para transitar a la televisión digital al tiempo que aplaza hasta el último día de 2016 el apagón analógico”.

Incluso, advierte estas modificaciones que se nos presentan como grandes modificaciones en la propuesta de la iniciativa y el dictamen final para decirnos que al final de cuentas, entre la propuesta original del Senador Gil Zuarth y el dictamen final, volvemos a quedar en lo mismo; al final, el resultado es que se protege a los concesionarios.

Así los promoventes fuerzan la ley para no proteger a los medios de comunicación públicos y sociales, sino para introducir a los concesionarios privados.

Sigo leyendo este documento: “Los Senadores, insisten en engañar a la sociedad y darle un toque de social a lo que realmente es un beneficio privado”. Y aquí sí me quiero referir a la demagogia que se está usando por parte de quienes advierten que esta modificación es para beneficiar a los más pobres.

Por favor. ¿Creen que los más pobres lo que necesitan son televisiones?

¿De verdad están conscientes que esa es la mejor manera de beneficiar a los pobres y por eso es tan urgente y necesaria esta reforma?

Eso es demagogia.

La iniciativa y las modificaciones atentan contra el párrafo B fracción III del artículo 6o. constitucional que señala que: “La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población...”

Por otra parte, se advierte que es atribución exclusiva del Instituto Federal de Telecomunicaciones analizar la suspensión del servicio, caso por caso.

También es facultad del regulador autónomo imponer sanciones, las características de las mismas, el monto de las multas e, incluso, la motivación y fundamentación para revocar un título de concesión o permiso. Esto depende del análisis de las causas y condiciones que en exclusiva realice el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Éste me parece que es precisamente el punto sustancial de esta reforma, quitar, de hecho, las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que pueda proceder con multas e, incluso, revocar la concesión o permiso de los permisionarios y concesionarios.

Por otra parte, se habla acerca de un programa que está establecido en la ley y que al final de cuentas, no es verdad que los mexicanos que no pudieran tener acceso a la televisión digital, quedarán desprotegidos, porque la propia ley establecía, en el segundo párrafo del Artículo Décimo Noveno Transitorio que el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá establecer un programa para que la población continúe recibiendo este servicio público de interés general, y le agregaron: “en las áreas respectivas”.

Si a eso le llaman una gran reforma, en realidad ya estaba considerado en este programa; y la parte lesiva, además de esta reforma, es que, como bien lo decía el Senador Javier Corral, al referirse a este programa, ahora lo hacen con respecto a los titulares de las estaciones quienes deberán realizar las inversiones y ya no lo deja como una responsabilidad de los concesionarios y permisionarios.

Para concluir, quiero rematar con la conclusión, precisamente de AMEDI, los reguladores de América Latina observan con escándalo cómo el Poder Legislativo en México cede a las presiones de las televisoras; y cómo los intereses políticos y de negocios se sobreponen a las políticas regulatorias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Tagle Martínez.

Se concede el uso de la voz al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en contra del dictamen.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, Senador Roberto Gil. Compañeras y compañeros Senadores:

Sinceramente lamento el precedente que estamos sentando en la discusión de este dictamen.

La semana pasada tuvimos una muy áspera y acre discusión en la Comisión de Comunicaciones y Transportes, discutiendo no solamente un asunto de procedimiento, no solamente un asunto de forma, sino en los términos y las reglas para la convivencia y el desarrollo parlamentario que nosotros nos estamos dando y desahogar el trabajo legislativo que nos corresponde.

En esa sesión yo insistí en que la iniciativa no siguió el procedimiento legislativo que establece nuestro Reglamento y que esa iniciativa, en tanto no haya sido autorizada su incorporación al Orden del Día y al debate legislativo, no debió haberse entrado en su discusión y en dictamen.

Después de distintas versiones de los hechos, se planteó el analizar, el ampliar el turno de esta iniciativa, que no cubrió el procedimiento adecuado, a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, pero no se restableció, no se repuso todo el procedimiento legislativo. Creo que ese es un precedente desafortunado sobre el cual me van a decir que toda vez de que el Pleno lo está discutiendo hoy, tiene ya garantizada su fuente de legitimidad.

Yo espero, sinceramente, que esta no sea una práctica recurrente, porque eso no solamente demerita nuestro trabajo, sino demerita los términos de la relación de convivencia entre nosotros y el apego a las normas que nosotros mismos nos dimos para el desempeño de nuestra función legislativa.

En segundo lugar, yo sí creo que hace falta ubicar con mayor precisión la litis, el tema de fondo de esta discusión, porque en ningún momento he escuchado, por ejemplo, el asumir que el espectro radioeléctrico es un bien de la nación, y que este espectro se concesiona a particulares, a sectores de la sociedad o instituciones de carácter público; para que cumplan con una función de carácter público y de acuerdo con el interés social, y quien recibe una concesión está obligado a cumplir puntualmente los términos de la misma y en ningún momento entrar a replantear o revisar los términos de su concesión como recurrentemente sucede en este país cada vez que se establecen términos para la inversión y el desarrollo de nuevas tecnologías o programas para el mejoramiento de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el país.

Porque los concesionarios son eso, son los concesionarios de un bien de la nación, no son los propietarios de ese espacio o ese espectro radioeléctrico y, quizá, de lo único que son propietarios son de los fierros, pero están obligados a cumplir puntualmente los compromisos que suscribieron al recibir la concesión.

Y el prorrogar un año más las inversiones que se requieren para garantizar no solamente el apagón analógico, sino que la televisión digital y todos los instrumentos de la información y la comunicación lleguen a todo el país, va a dar un cheque en blanco para continuar profundizando la desigualdad en el desarrollo de nuestro país, porque hay que asumir que el hecho de que en las zonas de mayor marginación y pobreza en el país no existan las condiciones para acceder a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se ha convertido en un factor más de desigualdad.

Y lo que pretenden autorizar ustedes el día de hoy, la mayoría, es profundizar esa brecha de desigualdad al autorizar a los concesionarios privados, a las concesiones de carácter comercial, prorrogar sus inversiones, yo digo, no solamente por un año, sino quizá de manera indefinida, toda vez de que no les ha resultado rentable las inversiones en aquellas regiones del país que viven, lamentablemente también, en mayor rezago y desigualdad social.

Por eso hay que ser estricto en el cumplimiento de nuestras normas y en los términos de las concesiones, porque se llegó, como lo hicimos en la reforma constitucional, a establecer la obligación del Estado para garantizar el acceso de la población, a través de un programa de la televisión digital, y se ha hecho una inversión pública para poder distribuir cerca de 10 millones de pantallas de televisión, que si bien en su parte positiva atienden la necesidad de muchas familias mexicanas que no tienen los recursos para adquirir la nueva tecnología, también se convierte en un subsidio a las televisoras para mantenerles o ampliar el mercado de comercialización que desarrollan a través de la comercialización de esta concesión.

Y por eso creo que es un error gravísimo, porque además de proteger intereses de particulares, se seguirá profundizando la brecha de desigualdad en nuestro país.

Evidentemente hay avances en esta propuesta en el párrafo sexto del dictamen que nos presentan; aunque, de acuerdo a la reforma constitucional que aquí aprobamos, se eliminó de la Constitución el término de permisionarios, yo no sé por qué permanece, quizás por la premura con que se hace, establecer el concepto permisionario, cuando ya se habla de concesiones únicas desde la reforma constitucional; por lo menos corrijan eso, en el párrafo sexto.

Pero, en los siguientes párrafos, particularmente en el séptimo, evidentemente la modificación del concepto de operadores por estaciones no modifica el cuestionamiento sustancial que hicimos desde un principio respecto a las estaciones complementarias, en donde la inmensa mayoría está en manos de los concesionarios particulares.

Se han dado ya aquí los datos del número que representan y cómo éstas están, particularmente, en manos de las dos principales televisoras.

De acuerdo al Instituto Federal de Telecomunicaciones, existen 717 señales principales de televisión y 907 señales complementarias.

De estas 907 señales, 846 son concesiones, el 93.2 por ciento; y 61 estaban registradas hasta ahora con permiso; por lo cual, 9 de cada 10 estaciones complementarias pertenecen a las dos grandes empresas del duopolio televisivo.

Yo creo que por eso es mi voto en contra. Qué bueno que por lo menos se avanzó en mejorar los aspectos vinculados con las concesiones públicas, sociales, comunitarias e indígenas, pero sigue siendo laxo; y no solamente laxo, sino profundamente complaciente con los concesionarios privados a quienes les interesa el mercado, es lógico, el lucro y no enfrentar los problemas de desigualdad o el acceso a nuevas tecnologías a todos los mexicanos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Se concede el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, con el permiso de la Asamblea:

Somos una República de telenovela, pero del siglo pasado, ni siquiera en las que actualmente vemos a través de los canales comerciales.

No se puede creer que si estamos forjando una reforma, que si aprobamos leyes convergentes, que si creamos un regulador, un instituto con dientes, con uñas, que si creamos un aparato judicial especializado que dirima diferencias entre los competidores, las instituciones de gobierno y todos los actores en esta gran industria, resulta que cuando faltan cinco minutos para que el plazo fatal llegue, asumimos una posición medrosa, una posición de condolencia, falsa por cierto, con las instituciones, éstas llamadas concesiones públicas, y revertimos el logro de la única reforma en serio que hemos procesado a lo largo de estos tres años de ejercicio del actual Presidente de la República.

Esta iniciativa, efectivamente, es la fábula del lobo con piel de oveja o es aquella expresión cervantina de que hallen en ti más compasión “las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico”.

Porque de una manera absurda estamos utilizando a estas concesiones públicas de radiodifusión para verdaderamente esconder el paquete de peticiones, y no necesariamente de concesiones públicas, sino de concesionados privadas que se esconden detrás de esta reforma.

A dónde hemos llegado que, por ejemplo, concursamos una cadena digital, un competidor pagó la friolera de casi 2 mil millones de pesos, y resulta que, en su título de concesión, le ofrecen que va a competir en un mercado digital, y ahorita ya le están informando que, usted disculpe, no habrá tal cancha digital prometida, usted tendrá que competir con esos televisores análogos que continuarán prendidos.

Lo más seguro es que este concesionario puede entender, no haya problema, pero es, finalmente, una gravísima incongruencia en el concurso de la primera gran cadena nacional.

También llama la atención cómo se pisotea la Constitución. Si tenemos un mandato constitucional, aunque fuera transitorio, que lo venimos forjando desde el 2013, ¿quién se pudiera decir sorprendido ahora de que el apagón llega y no está la infraestructura instalada para la transición digital? Yo creo que nadie.

La cuestión está en que si, por ejemplo, los responsables de este incumplimiento al mandato constitucional del apagón analógico fueran los concesionarios privados, pues ahí está el regulador que los sancione, inclusive con la propia revocación de la concesión. Y si este concesionario privado no está de acuerdo, pues ahí está el Poder Judicial especializado, donde ha de dirimir sus diferencias.

En el caso de las concesiones públicas, obviamente si es una gran cadena nacional y el Secretario de Hacienda no dispuso de los recursos para entregar a estas televisoras lo necesario teniendo la Constitución enfrente, bueno, pues que se le sancione, lo mismo a los señores gobernadores. Pero aquí se trata simple y sencillamente de hacer un chaleco a la medida de alguien.

Yo realmente me siento muy conmovido porque a la audiencia de los 18 a los 32 años, la verdad creo que les damos flojera, o sea, cuando sintonizan el Canal del Congreso y ubican a los compañeros legisladores, donde me incluyo, hablando del maldito apagón analógico, yo mencioné eso precisamente ayer, porque no es posible que estemos viendo cómo las generaciones se nos escapan, cómo las generaciones están sintonizando medios digitales a través de su teléfono, ya ni siquiera de su tableta porque éstas pasaron de moda, nosotros seguimos aquí empantanados en el tema del apagón analógico y, obviamente, los intereses que se derivan.

Cuando se procesó esta ley convergente, no me tembló la mano para dar el voto a favor de ella, no me tembló la mano porque yo sabía lo que estábamos aprobando, porque yo sabía que esta reforma iba a funcionar.

Al paso de unos meses estamos viendo cómo efectivamente estos monopolios han ido echándose para atrás, cómo han tenido que ceder sus infraestructuras, cómo inclusive otros se han tenido que deshacer de sus activos, cómo han tenido que bajar el precio de sus servicios.

Estamos ahora en una situación donde la telefonía celular ha bajado exponencialmente sus precios precisamente porque al encontrar los fondos y las formas, no sé si ustedes lo hicieron sin querer, otros sabiendo, logramos verdaderamente meterlos en cintura, construir una cancha pareja, iluminada, bien delineada y con buen jueceo.

De manera que la única de todas las reformas que ha funcionado, aquí la estamos echando por la borda con este capricho al que estamos accediendo.

Yo quisiera preguntarle al Senador Gil Zuarth, en dónde compra su pluma o dónde le pone tinta a su pluma, porque yo llevo diez iniciativas a lo largo de toda la gestión como Senador, que en algún tiempo envié a su comisión, que he enviado a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, y es que ni siquiera me las niegan, ni siquiera las procesan.

Las iniciativas de un Senador de la República que representa una entidad federativa las tiran a la basura, y el capricho de estos interesados concesionarios, al truene de los dedos, se procesa.

¡Qué vergüenza!

Mi voto será en contra.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Blásquez Salinas.

Se concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia. Compañeras y compañeros Senadores:

Yo primero quiero festejar lo que está pasando el día de hoy. Hemos reclamado que este Senado pierde su esencia cuando no se discuten las ideas, cuando no se argumenta, porque la mayoría mecánica se impone para que no haya discusión.

Hoy cada quien ha venido a decir aquí su verdad, pero tenemos que partir del hecho de que la verdad es según el color del cristal con que se mira, y si alguien piensa que tiene la verdad universal, pues definitivamente habría que echarle una revisada a las leyes dialécticas para que ahí encontrara la respuesta, ahí tiene la verdad universal.

Se ha argumentado bien, coincidimos con algunos argumentos que aquí se han planteado, pero déjenme decirles que el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, su proyecto nacional alternativo tiene que ver con el estado social democrático y de derecho, y que partiendo de esta visión, nosotros, los de la izquierda, tenemos que buscar cómo protegemos los intereses generales, pero principalmente los intereses de quienes menos tienen.

Hay compañeros que aquí han venido a defender posiciones en el sentido de decir que se está favoreciendo a un duopolio televisivo. Bueno, habría que revisar a puntualidad, y habría que ver si la verdad absoluta ahí existe.

Hay compañeros que aquí han venido a sostener la situación contraria, y entonces, en este encuentro y desencuentro de ideas, el que va a juzgar al final, a partir de cómo le vaya, será el pueblo, siempre será el pueblo el que tendrá la última palabra en este sentido.
La ley propuesta por la derecha, y cuando hablamos de la derecha, no sólo nos referimos a los compañeros de Acción Nacional, la ley propuesta por el señor Presidente de la Cámara de Senadores, algunos dicen que esa ley la puso en sus manos el gobierno, y que hoy es el principal negociador del gobierno.

Bueno, si esto fuera real, hay un hecho, la ley está a punto de terminar su discusión, y la derecha, es decir, los compañeros del PRI y los compañeros del PAN, plantearon con mucha claridad que había que sacar del aire las televisiones o las televisoras públicas y dejar sólo en el aire las privadas.

Podemos o no coincidir, pero es la visión que nosotros, que Fidel Demédicis tiene, y en esa visión, el día que estábamos en comisiones, pues tuvimos que tomar una decisión, y la decisión era aceptar que las televisoras públicas, las comunitarias e indígenas salieran del aire y dejar que solamente las privadas permanecieran, porque hay un hecho, pudimos haber pataleado, como más de una vez lo hemos hecho, pero el perjuicio, no tengo el número exacto, pero deben de ser algunos miles y a lo mejor no son millones que se iban a ver afectados si estas televisoras salían del aire.

Esa es la responsabilidad del PRD, cuidar que un solo mexicano o mexicana no se vea afectado, y eso le puede gustar a algunos o no les puede gustar, pero esa es la visión de la izquierda.

Por eso no nos vamos a plantear como un gran logro, para que no se nos critique, simplemente lo vamos a plantear como un avance que tuvimos para defender los derechos, los intereses de sus compañeros que somos su voz en el Senado de la República.

Con esa convicción y con esa decisión, pactamos estos acuerdos, nosotros los hicimos a la luz de todo el mundo, aquí se hicieron acuerdos en lo oscurito, y solamente yo creo que no va a quedar ni en una sanción, simplemente se va a ignorar el tema y no va a haber consecuencias, las consecuencias de si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto, la tendrá que juzgar el pueblo, la gente de la izquierda siempre parte de que las decisiones que tomemos tenemos que generar el menor dolor posible, el menor sufrimiento posible.

¿Las leyes son perfectibles? Sí, son perfectibles. Y creo que lo que aquí hemos discutido, no es caso juzgado. Si no somos capaces de revertir esta situación, quizá vengan otros legisladores, que la composición de la Cámara sea diferente, y entonces la pluralidad que pueda arrojar las próximas elecciones para este Senado de la República esté más equilibrado y no haya una mayoría mecánica, como la que hoy tenemos entre el PRI y el PAN.

Compañeros Senadores: He dicho mi punto de vista, yo sé que muchos van a coincidir con él y muchos no van a coincidir con él, pero es un hecho que las televisoras públicas no van a salir del aire, y esa era una de las metas del Partido de la Revolución Democrática.

Seguiremos luchando para lo que vivimos hoy se dé, que sea el debate de ideas y los votos en el Parlamento los que decidan qué es lo que a pasar en las leyes que aquí hacemos.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Itzel Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Gracias, señor Presidente.

Sin duda aquí habrá posiciones a favor y en contra, y cada quien está en su derecho de decir lo que cree, lo que piensa y lo que quiere hacer creer a la población.

Pero hay alguien que nos va a dar la razón o nos la va a negar, y va a ser el tiempo, así como en su momento se decía que era imposible que bajara el tema de la larga distancia, que no era posible, que no se iba a dar, y al tiempo nos damos cuenta que sí fue posible y que hoy es una realidad. Estoy muy segura que este tema del apagón analógico, el tiempo nos va a dar la razón.

Es algo a lo que no le queremos regatear, no le podemos regatear y menos le podemos regatear los de la fracción del PRI que en su momento firmamos ante notario que ese era un compromiso. Hoy ya hay compromisos cumplidos y este va a ser uno más que vamos a cumplir por el beneficio de la ciudadanía.

Aquí quiero dejarlo muy claro: el tema no son los concesionarios, nosotros a quien vemos es a los usuarios, y hay cosas muy graves y muy claras, queremos que les cueste menos, así como queríamos que les costara menos la larga distancia, queremos que les cueste menos en la generación de costos por energía eléctrica, queremos que tengan derecho a la información, al desarrollo tecnológico y junto con el desarrollo tecnológico hablamos de que tenga más gente acceso a la tecnología.

Hay gente en las comunidades que pide tener acceso a la información, a la tecnología y que esto nos va a venir a ayudar; y que esto nos va a dar certeza de que así sea.

Y también, muchas veces, en los legisladores y en gente que se sube a dar discursos yo he escuchado que ponen como antecedente o que lo fundamentan con esquemas de países de otra índole.

Dicen que en Europa, dicen que en Estados Unidos, que en Canadá, que en Francia, han tenido tal o cual éxito, y siempre lo ponen como antecedente.

Hoy, yo quisiera que también sirvieran esos países como antecedente, nadie ha logrado al 100 por ciento esto, y no quiere decir que nos conformemos, no quiere decir que nos queramos sumar a quienes no lo han logrado, sino queremos tener certeza.

Dice un dicho en mi pueblo y creo que tiene mucho de razón: “Que no por mucho madrugar, amanece más temprano”.

Yo creo que en esto se establece lo que hoy estamos haciendo, el apagón se va a dar, el apagón va, nada más vamos haciéndolo con calma para que los usuarios tengan la certeza de que van a poder tener acceso a la información, como es una promesa hecha ya ley, y que así se va a cristalizar en la cotidianidad y que además que van a tener esa posibilidad de tener más canales, tener más calidad en la imagen, van a poder tener ellos menos costo, van a gastar menos para tener esta información y esta tecnología.

Hay países, como lo mencioné, Canadá que inició con el 93 por ciento; también está España, que lo hizo con menos del 70 por ciento, quiere decir que ellos que empezaron antes, han tardado un tiempo y por algo será, son países de avanzada, son países que vienen luchando porque la televisión analógica pase ya a digital y lo han hecho con puntualidad.

Yo creo que ahora tenemos que trabajar, yo sé que todos los partidos tenemos esa conciencia y esa posibilidad de trabajar por el bien de los mexicanos.

Yo estoy segura de que nadie de los que está aquí quiere que se retroceda en ese sentido. Por parte del PRI, lo que les decimos, y se los decimos de una manera subrayada y sin titubeo, vamos con el apagón, y vamos para que la gente tenga más y mejor tecnología, de mejor calidad, que le cueste menos. Lo que nos importa son los usuarios.

Por eso vamos a favor, diciéndoles que queremos que esto salga, pero queremos que salga bien, en un tiempo no demasiado pronunciado, pero en un tiempo que nos lleve a hacer un desarrollo de esta ley, un desarrollo que venga a beneficiar realmente a la población, y hoy es un ejemplo, no solamente lo estamos diciendo los Senadores del Partido Revolucionario Institucional, hay Senadores de varias fracciones, de varios partidos políticos que están aprobando esto a favor, porque precisamente se están despojando de cualquier interés partidista o político por algo que va mucho más allá de lo que se tiene que aspirar en esta Cámara de Senadores, en beneficio de la población, en beneficio de la gente que nos puso aquí.

Así que no se quiera ver lo que no hay, no se quiera ver ni se quiera disfrazar lo que no existe, aquí vamos por el beneficio de los usuarios, aquí vamos a favor de México, no hay otro interés.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Ríos de la Mora.

Tiene el uso de la palabra el Senador Mario Delgado.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias. Con su venia, señor Presidente.

Estamos ante un debate simulado que pretende proteger los intereses de los grupos fácticos en México.

Primero, curiosamente se habla del apagón no como una decisión que tomó el Congreso, sino como si fuera un fenómeno natural inevitable pero previsible del cual hay que tomar previsiones y proteger a los más pobres que se quedarán sin señal de televisión.

Ante semejante tragedia, el Senado decide intervenir para prorrogar por un año los efectos indeseables de este apagón. Ese es el escenario que se está planteando para construir una historia que oculta las verdaderas causas del por qué estamos aquí.

El debate no es si los pobres se van a quedar sin ver a López-Dóriga o no, es quiénes son los beneficiarios de que se postergue este apagón. ¿Cuál era el objetivo del apagón, qué se buscaba con el apagón, por qué el apagón? Lo que se busca es liberar la banda 700, para lo cual se requiere apagar las señales analógicas, entonces, ¿quién es el beneficiario de que no se libere esta banda?

¿De verdad se está pensando en los pobres, se quiere ayudar a los pobres? Bueno, dice el IFT que la liberación de la banda ancha genera un impacto económico importante, dice que la penetración de banda ancha, un incremento de 10 puntos porcentuales en la penetración de banda ancha, ocasiona un aumento de 1.3 puntos porcentuales en el crecimiento del Producto Interno Bruto; beneficia a las micro, pequeñas y medianas empresas, y hay una estimación de que genera alrededor de 150 mil empleos al año el crecimiento de uno por ciento en la cobertura de banda ancha.

¿Cuáles son las consecuencias, entonces, para nuestro país en materia de acceso a las tecnologías de información, de costo, servicios de Internet y demás de posponer por un año? Una pregunta, ¿por qué el Senado hace una definición cien por ciento técnica en la Constitución al determinar, de manera discrecional, la fecha del apagón, y si no acertamos en el 31 de diciembre de 2015, ¿quién nos asegura que el 31 de diciembre del 2016 va a ser suficiente?

Creo que deberíamos tener mayor información técnica al respecto o dejar que el órgano técnico tome estas decisiones. Aquí la situación real que tenemos, es que hay un incumplimiento por parte de las empresas televisoras, que no hicieron las inversiones en las estaciones complementarias, y sería conveniente investigar, ¿por qué las empresas no hicieron estas inversiones? ¿Es un cálculo financiero o es un cálculo político?

Por qué estamos seguros que ahora sí harán estas inversiones ante el incumplimiento de la ley por parte de los privados; de lo que deberíamos estar hablando hoy aquí, es si cumplen los requisitos para mantener su concesión.

El artículo 303, fracción III de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, dice: “que las concesiones se pueden revocar por no cumplir las obligaciones o condiciones establecidas en la concesión”.

También dice la fracción V del artículo 81 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que, cito textual: “Los programas y compromisos de inversión, calidad, de cobertura geográfica, poblacional o social, de conectividad en sitios públicos y de contribución a la cobertura universal que, en su caso, determine el Instituto”.

Es decir, a los privados no les interesa hacer estas inversiones, desde el punto de vista de mercado no les es rentable, por eso es parte de las obligaciones que tienen en la concesión y en caso de incumplimiento deberían perderla, deberíamos estar discutiendo aquí si hay elementos suficientes para revocar la concesión y obligarlos a cumplir.

En cambio, ¿qué hace esta reforma? Liberar a los empresarios del incumplimiento en el que van a caer. El Senado al servicio de las televisoras, y para que quede clara la afrenta, para que quede claro quién manda en este país, es el propio Presidente del Senado quien ofrece este salvoconducto que viola la Constitución y pasando, incluso, por las reglas de proceso legislativo elementales.

Pregunto: ¿No deberíamos prepararnos para, en el 2016, una nueva prórroga si a las televisoras no les resulta rentable hacer las inversiones en 2016? ¿Cómo nos van a creer que ahora sí va en serio la fecha?

Por el lado de los medios públicos y sociales, ¿por qué no hicieron ellos las inversiones? ¿Está dentro de su rango de decisiones, dentro de su rango de posibilidades el haber cumplido? ¿De verdad estamos tan preocupados por los medios comunitarios? ¿Qué no les corresponden las decisiones de inversión finalmente, su factibilidad, a la Secretaría de Hacienda?

Qué les parece, si estamos tan preocupados por los medios comunitarios y sociales, si hacemos algo más inteligente y eficaz, pidamos un cálculo del monto requerido para cada medio comunitario y social, y que los Diputados aprueben una partida especial extraordinaria para ello y que se ejerza en los primeros seis meses del año. Es la única garantía de que ahora sí se van a hacer esas inversiones y van a tener esa transición tecnológica. Solventemos el pretexto económico y anulemos la excusa política obligando a cumplir la ley.

Cuando se hablaba de que no había suficientes televisiones, de que no se había cumplido con la meta de distribución de televisores, eso no importó. Es decir, el derecho de las audiencias no fue causa suficiente para mover a este Senado a cambiar la ley, a tratar de garantizar que todos los mexicanos tuvieran un aparato receptor y que no se quedaran a oscuras con el apagón analógico. Fue hasta que las televisoras privadas declararon la enorme simpatía que tendrían al haber pospuesto el apagón analógico cuando se activaron aquí las distintas iniciativas, la iniciativa que hoy se está dictaminando, fue cuando todo mundo empezó, bueno, algunos empezaron a hablar de lo conveniente que sería postergar el apagón, porque había muchas zonas muy pobres del país que se quedarían sin señal.

Me parece que esto no es más que la sumisión vergonzosa del Senado al departamento de finanzas o al plan de negocios de las televisoras.

El verdadero apagón es el de este Senado como representante del interés público en favor de las televisoras y los monopolios de telecomunicaciones. El Senado como la sombra más vergonzosa del país.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame, Senador Delgado Carrillo.

Sonido en el escaño del Senador Gerardo Flores.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente. Sólo para preguntarle al orador, si me permite hacerle una pregunta.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Acepta una pregunta, Senador Delgado Carrillo?

El Senador Mario Delgado Carrillo: Sí, claro. Adelante Senador.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda, Senador Flores.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: (Desde su escaño) Escuché, como parte inicial de su intervención, que señalaba que de darse la aprobación del dictamen que estamos discutiendo, se pone en riesgo el proyecto de la red de 700 megahertz también previsto en la Constitución.

Me podría usted decir, ¿qué frecuencias estarían involucradas que ponen en riesgo ese proyecto en particular? ¿O qué lo hace estar tan seguro para afirmar eso en tribuna?

El Senador Mario Delgado Carrillo: Lo que yo dije es que el objetivo del apagón analógico es liberar la banda 700 y aprovechar esa banda para servicios de Internet de banda ancha.

Y creo que el verdadero debate aquí, no está en si se tiene que llevar a los pobres o no, sino, ¿quiénes son los beneficiarios de posponer estas reformas?

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: (Desde su escaño) Simplemente para hacerle una precisión al Senador, porque evidentemente no conoce de lo que está hablando, me da pena que lo haga en tribuna, pero ninguna de las frecuencias involucradas en las estaciones, que estarían involucradas a propósito de este dictamen, tiene que ver con la banda de 700 megahertz; por lo tanto, no se pone en riesgo la liberación de espectro para esa banda.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se han agotado los oradores.

Se instruye a la Secretaría insertar en el Diario de los Debates el posicionamiento del Senador Jesús Casillas Romero, a favor del dictamen.

El Senador Jesús Casillas Romero: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño de la Senadora Pineda Gochi.

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: (Desde su escaño) Señor Presidente, solamente para solicitar que mi posicionamiento sea inscrito en el Diario de los Debates.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Es a favor del dictamen, Senadora?

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: (Desde su escaño) A favor, sí.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Inscríbase en el Diario de los Debates el posicionamiento de la Senadora Pineda Gochi, a favor del dictamen.

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Rabindranath Salazar.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Señor Presidente, con el mismo fin, que pudiera ser insertada en el Diario de los Debates mi participación en contra, por favor.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Con gusto, Senador. Insértese en el Diario de los Debates el posicionamiento del Senador Salazar Solorio, en contra del dictamen.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se encuentra suficientemente discutido, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de que está suficientemente discutido y con fundamento en el artículo 200 del Reglamento, se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

Se ha recibido una solicitud de reserva por parte del Senador Javier Corral.

El Senado Javier Corral se reserva el párrafo octavo del Artículo Décimo Noveno Transitorio del Decreto que se reforma.

El Senador César Octavio Pedroza Gaitán reserva el Artículo Tercero Transitorio del proyecto de Decreto.

¿Alguna otra reserva?

Adicionalmente, tenemos la solicitud por parte del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de votar en lo particular el párrafo séptimo del Artículo Décimo Noveno Transitorio del proyecto que se reforma.

En razón de las reservas recibidas para discutir en lo particular, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se adopte en esta ocasión una modalidad especial para la discusión y votación en lo particular, conforme a lo que establece el artículo 194 del Senado, para poder realizar votaciones por separado del contenido del dictamen.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea…

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¡Permítame, permítame!

Quisiera aclarar que la modalidad especial consiste en lo siguiente:

1.- Poner a votación en lo general el proyecto de Decreto y los artículos y párrafos no reservados.

2.- Posteriormente, desahogar todas y cada una de las reservas, específicamente las reservas, del Senador Javier Corral y del Senador Octavio Pedroza.

3.- Finalmente, votar por separado el párrafo séptimo del Artículo Décimo Noveno Transitorio que se reforma.

4.- En una votación adicional, el párrafo octavo del Artículo Décimo Noveno Transitorio.

5.- En una votación final, el Artículo Tercero Transitorio del proyecto de Decreto.

Es lo que va a consultar la Secretaría.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la modalidad especial de votación referida por el Presidente. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se acepta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general, del párrafo noveno y los Artículos Primero y Segundo Transitorios del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 70 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está aprobado en lo general, el párrafo noveno del Artículo Décimo Noveno Transitorio y los Artículos Primero y Segundo Transitorios del proyecto de Decreto.

Tiene el uso de la palabra el Senador Javier Corral, para presentar su reserva, al párrafo octavo del Artículo Décimo Noveno Transitorio del Decreto que está a discusión.

El Senador Javier Corral Jurado: Compañeras y compañeros.

La discrepancia fundamental con relación al dictamen, como entonces a la iniciativa presentada, se concentró en la segunda parte, en la parte que abrió la posibilidad para que el programa que estaba destinado sólo a los permisionarios ahora terminara beneficiando también a concesionarios de uso comercial.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador Corral Jurado, permítame, por favor.

Sonido en el escaño del Senador Bartlett Díaz.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Pedir, señor Presidente, que guarden silencio porque no se oye.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Con gusto, Senador Bartlett Díaz. Ruego a la Asamblea mantener el orden para escuchar al orador.

Proceda, Senador Corral Jurado.

El Senador Javier Corral Jurado: Muchas gracias.

La impugnación principal, repito, de quienes hemos criticado esta iniciativa y este dictamen, fundamentalmente ha tenido que ver con la segunda parte.

Hemos dicho que en el caso de los medios públicos, el que se amplié el programa ya previsto en la ley es una idea que de entrada nosotros apoyamos, no porque la ley sea distinta para unos y otros, sino porque la ley termina reconociendo la naturaleza jurídica distinta de los medios de comunicación de carácter social y público, particularmente el que no son medios con fines lucrativos; pero también las realidades en las que se desarrollan los medios de uso social y de uso público.

Donde a mí me parece que es inadmisible, es abrir el beneficio a todos los concesionarios de carácter comercial, porque eso es lo que encierra o trataba de encerrar la palabra operadores, porque cuando uno efectivamente se refiere a operadores pues se refiere indistintamente a aquellos que son de uso social, público o privado de carácter comercial.

Supuestamente se quiso enmendar eso, y entonces se colocó en las adiciones o reservas que se aprobaron en la comisión, la expresión “las actuales estaciones de televisión radiodifundida”, que está peor.
Si la primera carecía de técnica legislativa, pues ésta está peor, porque la ley define lo que son estaciones, digo, la estación terrena, en el glosario de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues es la antena y el equipo asociado que se usa para la recepción de la señal satelital; las estaciones no son sujetas de programa.

Es como se le ha dado llamar en el argot cotidiano a los canales de televisión: estaciones de televisión, porque uno identifica pues la antena en el cerro, donde se coloca también el transmisor y ese es el concepto de concesiones o de permisos.

En realidad lo que debiera decirse, que es concesionarios de uso público, social o comercial, obviamente yo estoy en desacuerdo con que se adicione concesionarios de carácter comercial; pero evidentemente es un error, aquí habrá, por supuesto para los promotores, pues un enorme problema de interpretación, y por supuesto que podríamos, quienes impugnamos la reforma, de ahí tomarnos para descalificar la validez de su contenido, porque está mal, las estaciones no son sujetas del programa, los que son sujetos del programa son los titulares de derechos, que por un lado pueden ser concesionarios de uso social, de uso público o de uso comercial.

Yo propongo adicionar, en lugar de: “las actuales estaciones de televisión radiodifundida”, que se diga, aquí está equivocado el concepto, debe decir, “los concesionarios de televisión radiodifundida de uso público y social, incluyendo las comunitarias e indígenas”, y ya lo que sabemos de baja potencia.

Está a la consideración del Pleno esta propuesta.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Corral Jurado. En virtud de que la reserva ha sido presentada por su promovente, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El párrafo octavo del Articulo Décimo Noveno Transitorio se votará nominalmente al final de este procedimiento.

Tiene el uso de la tribuna el Senador César Octavio Pedroza Gaitán, para presentar reserva al Artículo Tercero Transitorio del proyecto de Decreto.

El Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Muy buenas tardes, Senadoras y Senadores, la propuesta de modificación al Artículo Tercero Transitorio es muy sencilla, es una adición y suprimir un párrafo más.

En primer lugar se propone que se explicite que los sujetos activos a los que está dirigida la suspensión de la distribución o sustitución de equipos receptores o decodificadores, así como de los programas de entrega de televisiones digitales, son tanto la Federación como las entidades federativas y los municipios.
Ello en virtud de que el gobierno federal está facultado para celebrar convenios con los gobiernos locales y municipales, por lo que en caso de no prohibirlo explícitamente, la distribución podría continuar a través de estos últimos, sin que se les pudiera sancionar por ello.

En segundo lugar, se propone eliminar de la parte final de dicho artículo, la porción que señala: “Se reputará como propaganda gubernamental”.

Lo anterior en virtud de que el incumplimiento a la prohibición establecida en el artículo en cuestión, podría actualizar infracciones distintas o adicionales a la prevista para la propaganda gubernamental.

Así, de no eliminarse dicha porción, podría darse el caso en que se permitiera la impunidad de quien violentara la prohibición en comento.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Pedroza Gaitán.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por el Senador Pedroza Gaitán.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el Senador Pedroza Gaitán. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión. Al no haber oradores, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la reserva presentada por el Senador Pedroza Gaitán.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada por el Senador Pedroza Gaitán.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame, Senadora.

Sonido en el escaño del Senador Javier Corral.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Para efectos de que también quede en el registro, que se lea en qué consiste la reserva, porque sólo se dio lectura de la exposición de motivos y no se ha dado lectura propiamente a la redacción de cómo quedaría.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Pedroza Gaitán, por favor.

El Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (Desde su escaño) Señor Presidente, si me permite hacerlo desde el escaño. Voy a leer el texto íntegro.



Es cuanto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Pedroza Gaitán.

En virtud de que ya se ha dado lectura a la reserva propuesta por el Senador Pedroza Gaitán, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la reserva.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la reserva presentada por el Senador Pedroza Gaitán. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Agotamos el desahogo de las reservas y pasaremos a la votación nominal separada de los párrafos y artículos que han sido reservados.

Procederemos a la votación nominal del párrafo séptimo del Artículo Décimo Noveno Transitorio, que se reforma en los términos del dictamen.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del párrafo séptimo del Artículo Décimo Noveno Transitorio, que se reforma en los términos del dictamen.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 65 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está aprobado el párrafo séptimo del Artículo Décimo Noveno Transitorio.

Procederemos ahora a la votación del párrafo octavo del Artículo Décimo Noveno Transitorio, que se reforma en los términos del dictamen.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del párrafo octavo del Artículo Décimo Noveno Transitorio que se reforma, insisto, en los términos del dictamen.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 59 votos a favor, 13 en contra y 7 abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el párrafo octavo del Artículo Décimo Noveno Transitorio.

Pasamos a la votación del Artículo Tercero Transitorio del proyecto de Decreto, con la modificación que fue aprobada por la Asamblea y que presentó el Senador César Octavio Pedroza Gaitán.

Hágase los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del Artículo Tercero Transitorio del proyecto de Decreto con la modificación aprobada por la Asamblea.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 66 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Artículo Tercero Transitorio del proyecto de Decreto. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Décimo Noveno Transitorio del Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, publicado el 14 de julio de 2014. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Ruego a la Asamblea su atención.

Informo a la Asamblea que el Presidente de la Comisión de Energía, presenta una propuesta de fe de erratas que se ocupa de recuperar el texto que debió mantenerse en el Artículo Vigésimo Segundo Transitorio del proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Transición Energética.

Ruego a la Secretaría dé lectura a la fe de erratas que se presenta por parte de la Comisión de Energía.





 

FE DE ERRATAS

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Esta adecuación se someterá a votación a través del sistema nominal.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de la adecuación solicitada por la Comisión de Energía.



La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 64 votos a favor, 8 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobada la adecuación a la fracción II del Artículo Vigésimo Segundo Transitorio del proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Transición Energética.

Incorpórese la adecuación al texto del proyecto de Decreto aprobado previamente por esta Asamblea, y túrnese a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.

Informo a la Asamblea que se recibió una comunicación de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite la Convocatoria para la designación de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaría Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el Acuerdo referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Este Acuerdo requiere la sanción de la Asamblea para que la convocatoria tenga validez, y se encuentra a disposición de ustedes en el monitor de sus escaños.





 

COMUNICACIÓN



En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo que remitió la Comisión de Derechos Humanos de este Senado de la República.

La Secretaría Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos con la Convocatoria para la designación de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobada la Convocatoria sobre el procedimiento de designación de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Publíquese en la página electrónica del Senado a partir de esta fecha y en dos diarios de circulación nacional, los días 2 y 3 del mes en curso.





 

A petición de los Senadores Iris Mendoza, Dolores Padierna, Isidro Pedraza y Armando Ríos, esta Presidencia emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Ley de Procedimientos Policiales y Uso Legítimo de la Fuerza Necesaria, presentada el 25 de octubre de 2012.

EXCITATIVA

Los suscritos, Senadores IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, DOLORES PADIERNA LUNA, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ y ARMANDO RÍOS PITER, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXIII Legislatura, con fundamento con lo establecido por el artículo 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Mexicanos; 8, numeral 1, fracción III; 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 214 y 216 del Reglamento del Senado de la República, le solicitamos respetuosamente, formule excitativa a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera para que presenten el Dictamen correspondiente con base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el 25 de octubre de 2012, los suscritos presentamos ante el Pleno del Senado de la República una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Procedimientos Policiales y Uso Legítimo de la Fuerza Necesaria, con la finalidad de establecer un marco normativo para regular el desempeño de las corporaciones policiales que pertenecen al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en sus procedimientos técnicos, estándares operacionales, y uso legítimo de la fuerza para el cumplimiento de sus funciones, con pleno respeto a los derechos humanos y sus garantías.

2. Que la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera para su análisis y dictamen correspondiente.

3. Que debido a la trascendencia del tema y a la compleja situación que se vive actualmente en el país, es necesario que la Comisión se reúna para discutir y dictaminar la iniciativa presentada.

4. Que ha transcurrido en demasía el término previsto en la Ley y el Reglamento para que dichas comisiones emitan el dictamen correspondiente.

Por lo antes expuesto, le solicitamos de la manera más atenta se dé trámite a la siguiente:

EXCITATIVA

ÚNICO. La Mesa Directiva del Senado de la República, excite a las Comisiones Unidas Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera, para que se reúna a la brevedad y emita el dictamen de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Procedimientos Policiales y Uso Legítimo de la Fuerza Necesaria, a que se hace referencia en el presente documento.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 1 de diciembre de 2015.

Suscriben

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza.- Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Isidro Pedraza Chávez.- Sen. Armando Ríos Piter.





 

Hago de su conocimiento que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 170 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El suscrito, Benjamín Robles Montoya, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, de conformidad con lo siguiente:

La presente iniciativa tiene como marco de fundamentación lo dispuesto en el artículo 4º de nuestra Ley Fundamental que en su parte conducente establece:

El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

En virtud de que nuestra Carta Magna reconoce a la familia como una forma de organización social nos hemos planteado la necesidad de conciliar este concepto con el principio que se consagra en el artículo 123 Constitucional, que a la letra señala:

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

Sin duda, la institución familiar ha sido objeto de una transformación a lo largo del tiempo, desde la noción de la familia patriarcal hasta los casos de núcleos familiares  en las que la figura paterna puede o no ser el eje del desarrollo de sus miembros. En este sentido, desprendemos que la base primordial de esta forma de organización social es la persona, de tal suerte que advertimos la presencia de un vínculo natural entre estos dos elementos: 1) la institución familiar; y 2) el derecho de toda persona al trabajo.

Con el objetivo de darle sustento normativo a esta iniciativa, realizaremos un recorrido por una serie de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales mediante los cuales podremos concluir que es necesaria la conciliación de los dos elementos en comento a efecto de proponer una reforma a la Ley Federal del Trabajo.

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en lo conducente señala:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su  voluntad.

De esta disposición podemos determinar que para la consecución de su objeto es necesario que la persona tenga un trabajo que garantice a su familia un nivel de vida adecuado en los términos establecido por el precepto en mención.

Por otro lado y de manera aún más precisa el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales estipula en diversas disposiciones el derecho al trabajo, a continuación citamos algunos ejemplos:

Artículo 6. Derecho al trabajo. Comprende el derecho a contar con un trabajo elegido o aceptado libremente, mediante el que las personas se puedan ganar la vida. Los Estados deben garantizarlo y adoptar programas de formación, normas y técnicas para el desarrollo económico, social y cultural, así como la ocupación plena y   productiva.

Artículo 7. Derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. Establece el salario mínimo y el goce del mismo salario por trabajo igual; medidas de seguridad e higiene; igualdad de oportunidades en promociones por capacidad y tiempo de servicio; el límite del horario laboral y la remuneración de días festivos, entre otras.

Asimismo el segundo párrafo del artículo 10 del Documento Internacional en comento determina:

La obligación de prestar protección a las madres antes y después del parto, otorgarles licencia remunerada y otras prestaciones, si trabajan, así como adoptar medidas para asistir y proteger a niños y adolescentes de la explotación económica y social.

En este orden de ideas, encontramos el Protocolo de San Salvador que en su artículo 6º estipula:

Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.

De igual modo, el artículo 15 del Protocolo en comento establece:

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado quien deberá velar por el mejoramiento de su situación moral y material.

Podemos notar que estos documentos normativos reconocen la importancia de la familia y el derecho de cada persona a tener un trabajo digno, así como la protección específica a la mujer y a los adolescentes y niños.

En virtud de lo anterior mencionaremos algunos tipos de familia que nos servirán para visualizar como ha cambiado, al paso del tiempo la institución familiar, a saber:

• Familia nuclear, padres e hijos (si los hay); también se conoce como «círculo familiar»;

• Familia extensa, además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, tíos, primos y otros parientes, sean consanguíneos o afines;

• Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los padres;

• Aquellas conformadas únicamente por hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en la mismo espacio por un tiempo considerable.

Una de las principales modificaciones que ha sufrido la familia está relacionada con el rol de la mujer, ya que cada vez más la mujer se está incorporando al mundo laboral en distintas etapas de su vida familiar, esto ha dado como resultado la implementación de medidas legales que le garanticen las condiciones necesarias para poder desarrollarse en el plano laboral como en el familiar.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía aporta datos acerca del número de hogares con jefatura femenina del año 1960 al 2005, en el que se puede observar el crecimiento de este tipo de viviendas: para el año 1960 en nuestro país existían 926,426 hogares censados que tenían como jefe de familia a una mujer; en contraste, en el año 2005 este número aumentó considerablemente a 5’717,659 hogares de este tipo.

Hasta ahora hemos tratado lo relativo al marco jurídico internacional acerca del tema que nos ocupa, pero también quisiéramos mencionar que dentro del contenido de varias constituciones de países latinoamericanos se prevé la importancia de la familia como una forma primigenia de la organización social y que es el Estado el que debe garantizar su desarrollo, con el objetivo de soportar nuestra propuesta, a efecto de integrar este concepto dentro de la norma laboral.

La Constitución de la Nación Argentina establece en el tercer párrafo del artículo 14 Bis, en relación a la institución de la familia y el derecho laboral, lo siguiente:

El Estado otorgará (…) la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

Cabe resaltar que la materia del artículo en mención versa sobre la protección que el Estado argentino debe de otorgar a las personas en su derecho al trabajo, en el que se incorpora la conciliación entre familia y derecho laboral.

En este sentido, la Ley Fundamental de la República de Bolivia en su artículo 7, inciso j estipula en lo conducente:

Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme

j. A una remuneración justa por su trabajo que le asegure para sí y su familia una existencia digna del ser  humano.

Asimismo, su artículo 193 contempla lo siguiente:

El matrimonio, la familia y la maternidad están bajo la protección del Estado.

En adición a lo anterior, la Ley Suprema de la República de Chile en sus artículos 1º segundo párrafo, 19 numerales 4 y 16 en lo conducente determinan:

• La familia es el núcleo fundamental de la sociedad (artículo 1º segundo párrafo).

• El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia (artículo 19 numeral 4).

• La libertad de trabajo y su protección (artículo 19 numeral 16).

Otro ejemplo lo encontramos en la Constitución Política de Colombia que en su artículo 5 tutela el reconocimiento de la institución familiar de la siguiente forma:

En virtud de lo anterior, advertimos que la familia es ampliamente reconocida jurídicamente, tanto por convenios internacionales como por países latinoamericanos, como una forma de organización social por lo que desprendemos la necesidad de conciliar el término con el derecho laboral de cada persona que, por lo visto anteriormente, forma parte invariablemente de un núcleo familiar con independencia de su respectiva tipología.

Sin embargo, en nuestro país son prácticamente nulas las disposiciones que tienden directamente a conciliar la vida laboral de las personas, con la vida familiar. Las normas existentes sólo contemplan los mínimos legales para regular esta situación.

Reiteramos que el marco jurídico nacional es menor en términos de una consideración concreta y directa acerca de la institución familiar en la norma laboral.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
 170 DE LA FEDERAL DEL TRABAJO

Artículo único.- Se reforma el nombre el artículo 170, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos, mismos que deberán asegurar la igualdad de trato y oportunidades en función de la protección a sus responsabilidades familiares.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 1 de diciembre de 2015.

Suscribe





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Hilaria Domínguez Arvizu y María Elena Barrera Tapia)

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, JUANA LETICIA HERRERA ALE, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA y ANABEL ACOSTA ISLAS, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ, Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestra carta Magna en su artículo 2° establece la composición pluricultural de la Nación Mexicana sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, total o en parte.

En dicho artículo también se establece que el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará tanto en las Constituciones y Leyes de las Entidades Federativas, las cuales deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

En ese tenor, de acuerdo a cifras del Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay 15.7 millones de personas consideradas indígenas, quienes enfrentan en la “discriminación” uno de sus más grandes problemas para el ejercicio de sus derechos.

Se destaca de estas cifras que del total de población con discapacidad de 3 años y más, 450 mil personas (7.9%), son hablantes de lengua indígena, en las cuales existe igual proporción de mujeres que de varones entre las personas indígenas con discapacidad (50.5% frente a 49.5%, respectivamente).

Por su parte, las personas adultas mayores presentan el más alto índice de discapacidad, en razón de que por cada 100 personas indígenas con discapacidad, 62 por ciento son personas adultas mayores, 30 por ciento son adultos de 30 a 59 años de edad, 6 por ciento jóvenes de15 a 29 años y 3 por ciento niñas y niños 3 a 14 años.

Hacemos referencia a la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, la cual señala que el 80 por ciento de las personas indígenas manifiesta que no han sido respetados sus derechos por motivo de sus costumbres o su cultura, por su acento al hablar, por su color de piel, por provenir de otro lugar, por su educación, por su religión o por su forma de vestir.1

Esta situación se agudiza con la discriminación multifactorial que viven las personas indígenas con discapacidad, quienes además de lo señalado anteriormente, afrontan diversas barreras de exclusión que impiden el disfrute y goce de los derechos más fundamentales.

La situación anteriormente descrita, se aborda en el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018 el cual reconoce que la población indígena con discapacidad puede presentar mayor vulnerabilidad, debido a su doble condición: discapacidad e indígena.

Ante ello, desarrolla una serie de estrategias tendientes a promover el ejercicio, en condiciones de igualdad, de sus derechos humanos.

Estrategia 1.6. Promover la inclusión social de todas las personas con discapacidad, incluyendo zonas rurales e indígenas.

1.6.1. Implementar un Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

1.6.2. Establecer programas y acciones para la atención prioritaria de personas adultas mayores con discapacidad.

1.6.3. Establecer acciones para orientar, informar e incluir a las personas con discapacidad en los ámbitos educativo, laboral y social.

1.6.4. Promover la credencialización de las personas con discapacidad para su registro, a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

1.6.5. Difundir los derechos de mujeres con discapacidad.

1.6.6. Realizar campañas de comunicación social, cambio cultural y protección civil dirigidas a mujeres con discapacidad.

1.6.7. Promover la participación y capacitación de jóvenes con discapacidad en los Centros Poder Joven para propiciar su inclusión social.

1.6.8. Realizar campañas de sensibilización en los Centros Poder Joven, dirigidas a los jóvenes sobre las personas con discapacidad.

1.6.9. Llevar a cabo campañas de difusión en lenguas indígenas de los derechos de las personas indígenas con discapacidad.

1.6.10. Facilitar el acceso de la población indígena a los programas para personas con discapacidad.

La legislación nacional en la materia, la Ley General para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad señala en diversos apartados, acciones afirmativas en favor de las personas indígenas con discapacidad de las cuales destacan:
• La obligación de la Secretaría de Salud para crear o fortalecer establecimientos de salud y de asistencia social que permita ejecutar los programas señalados en la fracción anterior, los cuales se extenderán a las regiones rurales y comunidades indígenas, considerando los derechos humanos, dignidad, autonomía y necesidades de las personas con discapacidad (artículo 7).

• La Secretaría de Desarrollo Social deberá establecer programas para la prestación de servicios de asistencia social para personas con discapacidad en situación de pobreza, abandono o marginación, incluidos servicios de capacitación, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales, los cuales se extenderán a las regiones rurales y comunidades indígenas (artículo 21).

No debe pasar desapercibido que en materia internacional, nuestro país se comprometió a través de la resolución A/68/L.1 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a asegurar que en todas las políticas de desarrollo, incluidas las relativas a la erradicación de la pobreza, la inclusión social, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente, y el acceso a los servicios sociales básicos, así como en sus procesos de adopción de decisiones, se tengan en cuenta las necesidades y el beneficio de las personas indígenas con discapacidad.

Como Estado, México ha impulsado los avances y mecanismos tendientes a promover la inclusión de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Es necesario continuar con el fortalecimiento de las acciones cuya finalidad sea impulsar el acceso a los derechos fundamentales a las personas con discapacidad.

Ante ello, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas ha manifestado su preocupación de las condiciones a las que se enfrentan las personas indígenas con discapacidad en nuestro país, haciendo una serie de observaciones y preocupaciones a México respecto de la adecuada atención, protección de los derechos humanos y contextos que vive este sector poblacional, entre las cuales podemos señalar:

• La necesidad de implementar medidas tendientes a fortalecer las acciones dirigidas a niñas, niños y adolescentes indígenas con discapacidad.

• Poner especial atención en el acceso a la justicia de personas con discapacidad de comunidades indígenas.

• Mujeres y niñas con discapacidad, especialmente indígenas, son frecuentemente víctimas de la violencia y el abuso, sin que cuenten con medidas efectivas para su protección y reparación de daños.

• Existe una mayor discriminación hacia las personas indígenas con discapacidad en el acceso al mercado laboral;

• Se debe revertir la situación de exclusión, pobreza, falta de acceso al agua potable y saneamiento, vivienda digna y condiciones generales de pobreza en que se encuentran las personas indígenas con discapacidad, así como la falta de información al respecto.

• Es necesario que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas cuente con un programa de trabajo para las personas con discapacidad.

• Promover la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad que viven en zonas rurales y en comunidades indígenas.

• Adoptar medidas para asegurar la escolarización de niñas, niños y adolescentes con discapacidad que viven en zonas rurales y en comunidades indígenas.

• Redoblar esfuerzos para incluir en las políticas de desarrollo a  las personas indígenas con discapacidad, con enfoque comunitario y rural y asegurarse de que sus necesidades y perspectivas se incluyan en las mismas, tomando en cuenta sus opiniones.

• Implementar un sistema de monitoreo periódico de las líneas de acción para pueblos indígenas incluidas en el marco del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad.

• Establecer medidas especiales para eliminar las desventajas agravadas que sufren las personas mayores indígenas con discapacidad en situación de abandono y pobreza extrema.

En ese sentido, entendiendo la heterogeneidad de las personas que viven con la condición de discapacidad, debe de perfeccionarse el marco jurídico nacional con la finalidad de que las políticas públicas y demás mecanismos que de él emanen, contemplen la pluriculturalidad como un principio rector, en el entendido de la multidiscriminación de la que pueden ser víctimas las personas indígenas con discapacidad, por las cifras expuestas en el desarrollo del presente que dejan de manifiesto su contexto y porque debemos seguir en el camino hacia el pleno respeto de derechos humanos de todas las personas.

Por lo anteriormente descrito, con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ÚNICO.- Se adiciona una fracción XIII, recorriendo el contenido de la actual fracción XII, al artículo 5 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 5. Los principios que deberán observar las políticas públicas, son:

I a X…

XI. La transversalidad;

XII. Pluriculturalidad, y

XIII. Los demás que resulten aplicables.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del H. Congreso de la Unión, el 1 de diciembre de 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos De La Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizú.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 2010





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo a implementar campañas informativas, de asesoría jurídica y asistencia técnica para que los empleadores y trabajadores conozcan sus respectivos derechos y obligaciones respecto al pago del aguinaldo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

El que suscribe, Ismael Hernández Deras, Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), establece que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual que debe ser de por lo menos al equivalente de quince días de salario y el cual tendrá que pagarse antes del día veinte de diciembre.

Además, señala que en el caso de aquellos trabajadores que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tienen el derecho a que se les pague la parte proporcional, de acuerdo al tiempo que hubieren trabajado.

Asimismo, tendrán derecho al pago de esta prestación los trabajadores: de base, de confianza, de planta, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado o eventuales, así como los comisionistas, los agentes de comercio, de seguros, vendedores y otros semejantes, que se rijan por la LFT.

Para el cálculo del pago del aguinaldo se deben considerar como días laborados, los siguientes casos: periodos vacacionales; de licencias de maternidad (pre y post natales); los descansos semanales y las incapacidades por riesgo de trabajo.

El pago  del aguinaldo representa un derecho irrenunciable de los trabajadores que los patrones están obligados a cumplir, situación por la cual resulta fundamental que los trabajadores cuenten con la información necesaria para hacer efectivo este derecho.

La LFT en su artículo 1002 señala que el incumplimiento de la entrega de esta prestación o un pago inferior a lo que marca la ley, puede ser sancionado con una multa que va de 50 a 5 mil salarios mínimos.

Para exigir el pago de esta prestación, los trabajadores pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) u homóloga local, para que de acuerdo al ámbito de sus atribuciones interpongan la demanda correspondiente ante la Junta Federal o ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

A finales del año anterior la Secretaría del trabajo y Previsión social  instrumentó el programa denominado “Operativo Aguinaldo 2014-2015” con el propósito de vigilar que los patrones cumplieran con el pago de esta prestación.

Las principales acciones realizadas durante este operativo fueron las siguientes:

• Del 15 de diciembre de 2014 al 27 de febrero de 2015, las Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas Federales del Trabajo llevaron a cabo visitas de inspección, de asesoría y asistencia técnica en distintos centros de trabajo tanto de jurisdicción federal como local para orientar a los patrones sobre la obligación del pago de dicha prestación.

• Acciones de vigilancia focalizada, es decir, se priorizaron visitas a aquellas empresas con quejas ante la PROFEDET por incumplir el pago del aguinaldo.

En el Grupo Parlamentario del PRI, reafirmamos nuestro compromiso histórico con los trabajadores de México. En consecuencia, desde el ámbito de nuestras competencias, continuaremos impulsando legislaciones que coadyuven a ampliar los derechos laborales y prestaciones  de los trabajadores que se traduzcan en mejores condiciones de vida para sus familias.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo para que en coordinación con sus homologas de las 32 Entidades Federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implementen campañas informativas, de asesoría jurídica y asistencia técnica para que los empleadores y trabajadores conozcan sus respectivos derechos y obligaciones respecto al pago del aguinaldo.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 1 de diciembre de 2015.

Atentamente





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a tomar las medidas necesarias a efecto de que los servidores públicos que laboran en la administración pública federal no excedan las horas diarias de trabajo recomendadas por la Organización Internacional del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a tomar las medidas necesarias a efecto de que los servidores públicos que laboran en la Administración Pública Federal no excedan las horas diarias de trabajo recomendadas por la Organización Internacional del Trabajo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La duración del trabajo ha sido siempre un objetivo primordial y un tema de vital importancia para la actividad normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto se refleja en el hecho de que dicho tema es materia del primer convenio de la OIT y posteriormente ha sido objeto de diversos convenios, estudios generales y deliberaciones.

El Tesauro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al trabajo como el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos. Igualmente dicha organización recomienda que la jornada laboral no exceda de 8 horas diarias y nunca tampoco exceda de 48 horas por semana.

El trabajo es fundamental para el desarrollo de las capacidades y para poder satisfacer necesidades del ser humano, y esto es que su distribución y duración, tiene que ser uno de los elementos más importantes para el desempeño de las funciones y de la vida familiar del trabajador.

Un trabajo decente es el que dignifica y permite el desarrollo de las capacidades del ser humano, cuando el trabajo se realiza sin respetar los principios y derechos laborales fundamentales nos encontramos en un trabajo que no es adecuado para el desarrollo propio del trabajador.

Los países europeos con jornadas laborales más cortas, tal y como son Holanda, Alemania y Bélgica, presentaron mayor productividad por hora trabajada que el resto de países, Igualmente, el estudio del Euroíndice IESE-ADECCO (EIL), señala que existe una relación negativa entre una jornada laboral extensa y la productividad.

El factor económico y las necesidades del ser humano son las que promueven el uso de las jornadas laborales extensas, sin darse cuenta que una jornada laboral de más de  8 horas restringe el tiempo que una persona puede dedicar a actividades necesarias para la salud física, mental y emocional, pudiendo causar diferentes padecimientos que afectan la calidad del trabajo que  desempeña.

En nuestro país, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía,  encontramos 4, 188, 784 servidores públicos dentro de la Administración Pública Federal, en donde un elevado número de ellos desempeñan sus funciones por más de ocho horas diarias afectando su vida personal, familiar, social y laboral.

Es importante recalcar que nuestra Constitución Política señala que:

“Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas.”

...

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

I. La jornada diaria máxima de trabajo diurno y nocturno será de ocho y siete horas respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un ciento por ciento más de la remuneración fijada para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas;

...”

No obstante lo anterior existen dependencias y entidades de la administración pública federal en las cuales los servidores públicos cubren jornadas laborales de más de doce horas de trabajo diario, lo que causa ausencia de tiempo de convivio con la familia y amigos, creando afectaciones graves en la salud y divisiones dentro del círculo familiar.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a tomar las medidas necesarias a efecto de que los servidores públicos que laboran en la administración pública federal no excedan las horas diarias de trabajo recomendadas por la Organización Internacional del Trabajo.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 1 de diciembre de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo relativo a las recientes amenazas dirigidas contra nuestro país por parte del Estado Islámico. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LAS RECIENTES AMENAZAS DIRIGIDAS CONTRA NUESTRO PAÍS POR PARTE EL ESTADO ISLÁMICO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los recientes meses hemos sido testigos del aumento desmedido de actos de barbarie y crueldad perpetrados por grupos fundamentalistas que basándose en ideologías erróneas han asesinado a personas inocentes, en su mayoría civiles.

Solamente en este 2015 se han perpetrado una serie de ataques fundamentalistas que se han cobrado la vida de más de 2000 personas. Los ataques se han desarrollado de diversos modos, desde irrupciones por comandos armas hasta la detonación de bombas por parte de suicidas en lugares concurridos, los cuales tienen un elemento en común: la demostración de un grupo fundamentalista de superioridad sobre las personas que no comulgan con su ideología y su causa.

Entre los lamentables atentados que se han llevado a cabo en este año encontramos:

• El ataque contra el semanario satírico francés, Charlie Hebdo, con un saldo de 12 muertos en enero de este año.

• El ataque el Museo Nacional del Bardo en Túnez en marzo pasado, donde perdieron la vida 25 personas.

• Los ataques del 20 de marzo pasado en Saná, Yemen con un saldo de 142 personas muertas.

• El ataque a la Universidad de Garissa en Kenia, donde fallecieran 152 estudiantes en abril pasado.

• Los ataques casi simultáneos perpetrados el 26 de junio pasado en Túnez, con un saldo de 39 muertos; en Kuwuait con un saldo de 27 muertos y en Francia con una persona fallecida.

• El atentado de Suruç, Turquía, con un saldo de 32 muertos el 20 de julio pasado.

• El atentado en Ankara, Turquía perpetrado el 10 de octubre pasado con un saldo de 128 muertos.

• Atentado al Vuelo 9268 de Kogalymavia el pasado 31 de octubre con pasajeros mayoritariamente de nacionalidad rusa que se estrelló en la península del Sinaí, Egipto.

• El ataque del 12 de noviembre pasado en Beirut, Líbano, con un saldo de entre 37 y 43 muertos.

• Los atentados en París del pasado 13 de noviembre con un saldo de más de 130 muertos. Ei

• El Atentado del Hotel RadissonBlu en Mali, con un saldo de 21 muertos acontecido el pasado 20 de noviembre.

• Atentados del 24 de noviembre en Túnez con un saldo de 12 muertos pertenecientes a la guardia presidencial.

Cabe señalar que en la mayoría de los atentados antes descritos, el autodenominado Estado Islámico se atribuyó los hechos, principalmente en los ataques de Francia, Túnez, Líbano y Turquía, con lo que ese grupo se ha convertido en una de las mayores amenazas que enfrenta la Comunidad Internacional en la actualidad.

El pasado 24 de noviembre, diversos medios de comunicación dieron a conocer que este grupo fundamentalista divulgó un video en el cual señaló un listado de 60 países a los cuales ha amenazado con atacar mediante atentados por pertenecer a la llamada coalición internacional contra el terrorismo y apoyar a los Estados Unidos en ella, entre los cuales destaca México, junto con Alemania, Holanda, Turquía, Irán, España, Canadá, Rusia, Gran Bretaña, entre otros.

En el video que titularon No Respite (Sin respiro), los terroristas amenazan a los ejércitos que apoyan a Estados Unidos para llevar a cabo ataques contra el EI y advierten que, en caso de que intenten combatirlos, “las llamas de la guerra los consumirán en las montañas de la muerte”.1 Asimismo, aseguran contar con yihadistas procedentes de todos los puntos del planeta, de distintas razas y hablan de miles de niños formándose para que el día de mañana puedan "expandir el Califato".2

Lo anterior resulta una grave amenaza para la seguridad nacional de nuestro país, puesto que representa el primer señalamiento directo que el Estado Islámico ha hecho de México en lo que va de la existencia de dicho grupo. Si bien el grupo fundamentalista desarrolla su accionar principalmente en Oriente Medio y Europa, la forma en la cual gana adeptos y seduce personas afines a sus postulados ha demostrado que no deben tomarse a la ligera sus amenazas, menos aun cuando las mismas van directamente contra la población civil.

Cabe señalar que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha externado, en voz del subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Carlos Pérez Verdía, que México mantiene un estrecho diálogo con Estados Unidos y Canadá en materia de seguridad ante los ataques que se han perpetrado en el mundo. Verdía señaló al comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores de este Senado de la República que “tenemos un diálogo importante con nuestros pares estadounidenses y canadienses… en materia de seguridad en donde existen dos grupos. Con estos grupos el enfoque principal es prevención, inteligencia, compartir datos, estar alerta y compartir también protocolos de acción de nuestras fuerzas de seguridad y nuestras fuerzas armadas.”.3

Si bien reconocemos que el Gobierno Federal haya emprendido acciones de comunicación con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá en materia de seguridad, comprendemos que la revelación del video antes referido y las amenazas que el Estado Islámico ha realizado contra los países que según ellos apoyan la guerra contra el terrorismo, entre ellos México, representan una alarma a la cual el Gobierno Federal debe abocarse en miras a evitar tragedias como las recién ocurridas en Francia y Túnez.

Es necesario que la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Marina, así como la Comisión Nacional de Seguridad, informen al Senado de la República de las acciones, protocolos y labores de inteligencia que ha emprendido el Gobierno Federal ante la amenaza para los ciudadanos y la seguridad nacional que representa el Estado Islámico.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República condena de manera enérgica los recientes atentados perpetrados por grupos extremistas en la hermana República de Túnez el pasado 24 de noviembre del año en curso que lamentablemente dejó un saldo de 12 muertos pertenecientes a la guardia presidencial, y se solidariza con los deudos y el pueblo tunecino.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Marina, así como la Comisión Nacional de Seguridad, para que remitan a la brevedad un informe detallado sobre las acciones, protocolos, estrategias, políticas y labores de inteligencia que ha emprendido el Gobierno Federal ante la amenaza que representa el Estado Islámico para los ciudadanos y la seguridad nacional por sus recientes señalamientos hacia nuestro país.

Tercero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir informes periódicos sobre la participación de México en Organismos Internacionales, así como en reuniones bilaterales y multilaterales, y foros internacionales sobre seguridad internacional y lucha contra el terrorismo, así como de las acciones a las cuales se comprometerá nuestro país en los mismos.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 1 de diciembre de 2015.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 Amenaza Estado Islámico a 60 países, entre ellos México, La Razón, 25 de noviembre de 2015, disponible en: http://www.razon.com.mx/spip.php?article286657

2 P. Benítez, Ángela, El Estado Islámico emite un nuevo vídeo amenazando a la coalición internacional, lainformación.com, 25 de noviembre de 2015, disponible en: http://noticias.lainformacion.com/disturbios-conflictos-y-guerra/el-estado-islamico-emite-un-nuevo-video-amenazando-a-la-coalicion-internacional_mMFsy323vx50ASlDvNMWS2/

3 Morales, Alberto y Zavala, Misael, México, en diálogo constante con EU y Canadá ante amenazas terroristas: SRE, El Universal, 24 de noviembre de 2015, disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2015/11/24/mexico-en-dialogo-constante-con-eu-y-canada-ante-amenazas





 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional a llevar a cabo la suspensión y devolución de la adquisición y compra de los escudos eléctricos para que en su lugar se implemente la capacitación y adiestramiento para los elementos de seguridad en materia de derechos humanos y garantías constitucionales. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional.

Senador David Monreal Ávila, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

consideraciones

Para todo Estado democrático de derecho la seguridad pública es una tarea vital y de suma importancia para garantizar el orden, bienestar y desarrollo social, por tal motivo, ésta se convierte en una labor que debe ejecutarse y desenvolverse con audacia, eficiencia y sigilo, a través de entidades, órganos e instituciones estatales y federales que tienen la encomienda de procurar la paz y la vida de sus habitantes; asimismo, ésta ardua Laborde de ejercerse por medio de la tolerancia, la empatía, y sobre todo, el respeto amplio y pleno a los Derechos Humanos.

Por lo anterior, el derecho a la libertad de expresión y manifestación de ideas o asociación, como parte de las garantías del que goza toda persona, también debe ser resguardada y asegurada por el Estado, teniendo como fundamento el respeto por la integridad física y moral del individuo, tal como lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Capítulo I, de los Derechos Humanos y sus Garantías, artículo 1 párrafo tercero.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.1

De igual forma, la libre expresión y respeto en su ejercicio, también posee sustento, argumento y respaldo en el Título I de los Derechos Humanos y sus garantías, articulo 9, en el que se menciona lo siguiente:

No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la república podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar.

No se considerara ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.2

Por tal motivo, la ejecución institucional del resguardo del orden social, no debe confundirse con el de socavar la integridad física y moral de las personase individuos que emiten sus ideas y sus opiniones de forma pacífica y lícita dentro del marco de la legalidad y el derecho.

Pues ante las manifestaciones lícitas y pacíficas que se efectúan dentro de los municipios y estados del país a causa de diversos malestares e inconformidades sociales, algunas autoridades estatales y federales someten a través de la fuerza, la violencia y el abuso, a las personas que ejercen su derecho de libre expresión.

Dentro de este contexto, cabe señalar que la utilización de la fuerza y la violencia para difuminar movilizaciones sociales licitas, es una acción grave que no garantiza sino viola las garantías y la integridad de las personas. Por lo que al pretender adquirir herramientas y equipo antimotines para su utilización contra estas movilizaciones, se atenta contra la vida.

De igual forma, la adquisición de estos equipos, representa un gasto considerable proveniente del erario, pues esta compra asciende aproximadamente a los 10 millones de pesos, que podrían atizarse en otros rubros de mayor beneficio social.

Con este gasto, la Sedena adquiere 562 escudos eléctricos, 7 mil 632 trajes de protección corporal con casco, 7 mil 120 máscaras antigás con filtro, 8 mil 596 bastones policiales PR-24, 10 mil 205 toletes de 36 pulgadas de policarbonato y 8 mil 500 escudos simples.3

Asimismo, los escudos eléctricos que aspiran a utilizar en las movilizaciones, generan una descarga de hasta 200 kilovoltios, mismas que podrían causar serios daños a la salud del afectado, tales como, contracciones musculares, alteraciones en el ritmo cardiaco, así como graves daños en el sistema nervioso, llegando incluso a causar la muerte después de un tiempo prolongado a la exposición de la descarga.4

Colocando en manifiesto que parte de los elementos antimotines, no cuentan con la capacitación y adiestramiento necesario para el manejo de estas herramientas, poniendo en riesgo la vida de las personas.

Según fuentes militares, se señala que dentro de las preocupaciones gubernamentales, se encuentran las protestas que se puedan derivar de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), así como el de otros posibles actos de movilización social que pudieran suceder en Guerrero, Oaxaca y Michoacán.5 Lo que refiere que las instituciones encomendadas del resguardo del orden y la seguridad, tienen motivo para proseguir con la violación de los derechos humanos, la integridad física y moral de las personas, así como de las garantías que la Constitución Política Mexicana otorga a la sociedad.

Por estas razones, es preciso evitar el uso de estos equipos que perjudican y violan los derechos humanos. De igual forma, podría entenderse que las instituciones, dependencia y órganos encargadas de la paz y el orden social, tienen predilección por la protección y el resguardo de los intereses gubernamentales o de particulares, que en los propios intereses del bienestar común que la sociedad demanda.

Asimismo, uno de varios ejemplos son las manifestaciones que se llevaron a cabo en julio del 2014 en la autopista Atlixco-Puebla por habitantes de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, donde los locatarios exigían al gobierno del estado, la devolución del registro público de sus localidades, obteniendo como respuesta la represión violenta por la policía estatal, dejando un saldo de varios heridos y detenidos, cinco lesionados de gravedad, entre ellos un niño de 13 años que recibió un disparo en la cabeza de una bala de goma, dejándolo en terapia intensiva por varios días, para poco después diagnosticarlo con muerte cerebral, y un día después de éste, murió a causa de un paro respiratorio.6 Tras estos actos, el gobierno del estado y la Sedena que es la única autorizada para adquirir estas municiones, presentaron documentación que deslindaba el uso de balas de goma en esta movilización, cuando según varios testigos presentaron  evidencias de varios artefactos que utilizó la policía para difuminar la marcha.7

Cabe mencionar que casos graves donde se han presentado situaciones similares de violencia, abuso y represión por las autoridades, se han registrado en diversas locaciones del país, como los sucesos de Tlatlaya donde hubo varios muertos civiles sofocados por el ejército, o los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, Estado de México, donde la represión de los manifestantes, dejó varios heridos de gravedad, muertos y mujeres transgredidas sexualmente.

Tras semejantes actos de violencia y abuso de las autoridades, se exhorta ampliamente a que las entidades y órganos comisionados de la seguridad, manifiesten tolerancia, empatía, respeto a los derechos humanos, y sobre todo, disposición para proteger los intereses de la sociedad civil y el reguardo por la integridad física y moral del individuo.

De tal forma que el uso de la fuerza y la violencia contra los individuos que manifiestan su derecho de libre expresión, no debe justificarse tras el argumento de resguardo del orden público, pues la arbitrariedad que utilizan las autoridades en estas movilizaciones demuestra el poco o nulo interés por el respeto a los derechos humanos. Por último, se hace una amplia petición para que los equipos antimotines que pretenden adquirir, sean suspendidos en su compra y se realice la devolución de los mismos, con el fin de evitar la utilización de nuevas herramientas que pongan en riesgo la integridad y los derechos fundamentales, y de igual manera, que se respeten las garantías que dicta la Constitución.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional para que se lleve a cabo:

a) La suspensión y devolución de la adquisición y compra de los escudos eléctricos.

b) Capacitación y adiestramiento para los elementos de seguridad en materia de derechos humanos y garantías constitucionales.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 1 diciembre de 2015.

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los Derechos Humanos y sus Garantías, artículo 1 constitucional. [citado: el 29 de noviembre de 2015].

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los Derechos Humanos y sus Garantías, artículo 9 constitucional. [citado: el 29 de noviembre de 2015].

3 Reforma. “Policía militar alista escudos eléctricos”. Zócalo Saltillo, 23 de noviembre del 2015. [citado: el 29 de noviembre de 2015]. En línea:
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/policia-militar-alista-escudos-electricos-1448289164

4 Roa Adrián. “La Sedena equipará a la policía militar con 562 escudos eléctricos”. Infodefenza.com, 26 de noviembre del 2015. [citado: el 29 de noviembre de 2015]. En línea:
http://www.infodefensa.com/latam/2015/11/26/noticia-sedena-equipara-policia-militar-escudos-electricos.html

5 Reforma. “Policía militar alista escudos eléctricos”. Zócalo Saltillo, 23 de noviembre del 2015. [citado: el 29 de noviembre de 2015]. En línea:
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/policia-militar-alista-escudos-electricos-1448289164

6 Borbolla Manuel. “Denuncian represión del gobierno poblano en San Bernardino Chalchihuapan”. Cuadratín México, 15 de julio del 2014. [citado: el 29 de noviembre del 2015]. En línea:
https://mexico.quadratin.com.mx/Denuncian-represion-del-gobierno-poblano-en-San-Bernardino-Chalchihuapan/

7 Ibídem