Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 27 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 31

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 26 de Noviembre de 2015

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

APERTURA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (13:08 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 90 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre la sesión del jueves 26 de noviembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden al día de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y dos minutos del día martes veinticuatro de noviembre de dos mil quince, encontrándose presentes noventa y dos ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del diecinueve de noviembre de dos mil quince.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Javier Lozano Alarcón, su Tercer Informe de Labores Legislativas.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, el informe de su participación en el XXIX Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales denominado “Cultura, Gobernanza y Globalización: La crisis de las instituciones en un mundo complejo”, que se llevó a cabo del 15 al 17 de octubre de 2015, en Cancún, Quintana Roo.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Puntos Constitucionales, su informe de actividades correspondiente a la LXII Legislatura y su Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió, de la Senadora Marcela Guerra Castillo, un oficio en torno al acuerdo López Venegas V. Johnson.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el informe sobre algunas negociaciones comerciales internacionales y sobre el resultado final de otras negociaciones.- Se remitió a todas las Comisiones de Relaciones Exteriores y a la de Comercio y Fomento Industrial.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2015.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.

(Iniciativas)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario  Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo Décimo Noveno Transitorio del Decreto por el que se expiden La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, publicado el 14 de julio de 2014.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los Senadores Fernando Herrera Ávila, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito y Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.

 

La Presidencia, por Acuerdo de la Mesa Directiva, dio paso a la intervención de los grupos parlamentarios, para referirse al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.- Hicieron uso de la palabra las Senadoras: Martha Palafox Gutiérrez del PT; Martha Tagle Martínez; María Elena Barrera Tapia del PVEM; Angélica de la Peña Gómez del PRD; Rosa Adriana Díaz Lizama del PAN, y Anabel Acosta Islas del PRI.

 

La Presidencia dio lectura, a un acuerdo de la Mesa Directiva con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, dio paso a la comparecencia de los candidatos a Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de dar cumplimiento al artículo 96 constitucional y al punto cuarto del Acuerdo aprobado y modificado el pasado 19 de noviembre, sobre el procedimiento para su elección.- Para cubrir la vacante de la Ministra Olga María Del Carmen Sánchez Cordero Dávila, realizaron sus exposiciones las ciudadanas: Sara Patricia Orea Ochoa, Norma Lucía Piña Hernández y Verónica Judith Sánchez Valle. Para cubrir la vacante del Ministro Juan Nepomuceno Silva Meza, realizaron sus exposiciones los ciudadanos: Álvaro Castro Estrada, Alejandro Jaime Gómez Sánchez y Javier Laynez Potisek.

 

El Presidente de la Mesa Directiva informó de la recepción del acuerdo de la Comisión de Justicia para establecer el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de las ternas presentadas por el Ejecutivo Federal para la elección de dos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Quedó de enterado.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se establece el reconocimiento a la mejor práctica en favor de la igualdad de mujeres y hombres del Senado de la República.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De las Senadoras Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas a que, en el proceso de armonización y materialización de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se fortalezcan las medidas y perfeccionen los mecanismos para la garantía de derechos de la niñez y adolescencia, con la finalidad de cumplir cabalmente y potenciar los alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño.- Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo y Martha Elena García Gómez, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a reformar sus códigos civiles a fin de elevar la edad mínima para contraer matrimonio, sin ninguna excepción.- Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia el primer resolutivo; el segundo, se remitió a las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo en relación con la operación del relleno sanitario del antiguo basurero municipal de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a incluir un ingreso mínimo para el trabajador agrícola.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

Del Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a agilizar la entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales en los 14 municipios del estado de Michoacán que resultaron afectados por las    trombas que dejó el huracán Patricia, para dar inicio a la rehabilitación de los caminos e infraestructura social afectada.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Veracruz a que, en el análisis, discusión y aprobación del presupuesto del estado, se privilegie el gasto público que contribuya y fortalezca la economía del estado.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Director de la Comisión Nacional del Deporte un informe sobre el conflicto que sostiene con el Comité Olímpico Mexicano y diversas federaciones deportivas, así como la situación del caso ante el Comité Olímpico Internacional y el riesgo de que nuestro país sea excluido de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar qué políticas públicas y programas pretende implementar para dignificar y potenciar el desarrollo del campo mexicano.- Se turnó a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural.

 

De las Senadoras Itzel Ríos de la Mora, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar, María Elena Barrera Tapia, Anabel Acosta Islas, Margarita Flores Sánchez y Lucero Saldaña Pérez, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a presentar un informe sobre la derrama económica generada por el “El Buen Fin 2015”; y a la Procuraduría Federal del Consumidor a dar a conocer el número y principales causas de las quejas presentadas ante dicha dependencia.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar diversas acciones en el estudio del proyecto de “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego”, en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a implementar y coordinar acciones y mecanismos que apoyen a los espacios teatrales y culturales de la Ciudad de México.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y Leticia Herrera Ale, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer la prevención, el tamizaje y la detección precoz de los tipos de cáncer que aquejan exclusivamente al hombre, principalmente el cáncer de próstata con metástasis ósea, así como para que se incluyan tratamientos basados en medicina  nuclear en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con   punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Nuevo León a prestar los servicios de salud necesarios en caso de alguna picadura originada por la oruga peluche o Megalopyge operculari y a realizar campañas de prevención e información del riesgo que representa alguna picadura o infección producto de este insecto.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a rendir un informe sobre los antecedentes, procedimiento, consultas públicas, convocatoria y contenido actual del proyecto de la norma NOM/027/ENER/2015, sobre regulación de calentadores solares de agua.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a demandar de la comunidad internacional el cumplimiento de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas y el reconocimiento pleno del Estado de Palestina.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal que realice las acciones necesarias para dar cumplimiento a la decisión del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, sobre el caso de cuatro hombres torturados por elementos de las fuerzas armadas en Baja California.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día de la Armada de México.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día de la Armada de México.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, remitió efeméride en relación con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las quince horas con siete minutos y citó a la siguiente el próximo jueves veintiséis de noviembre a las once horas.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaría Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.





 



 

Dos, de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, con las que remite los informes de sus participaciones en:

Los trabajos del VI Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y El Caribe, que tuvo verificativo en Lima, Perú, los días 15 al 17 de noviembre del año en curso.

Y en el VI Congreso Internacional de la Familia, “Ejerciendo los derechos, fortaleciendo a la Familia”, organizado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en colaboración con el gobierno del estado de Yucatán, que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, los pasados días 17 y 18 de noviembre de 2015.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite la propuesta de designación del ciudadano Julio Alfonso Santaella Castell, como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Población y Desarrollo para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con el informe de la Visita Oficial que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, realizó a la Organización de las Naciones Unidas y a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 27 y 28 de septiembre del año en curso.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio por el que informa que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional a partir del sábado 28 de noviembre y hasta el martes 1 de diciembre del año en curso, con el objeto de participar en la ceremonia de apertura y el debate inaugural de la XXI Conferencia de los Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) y la XI Conferencia de los Estados Parte del Protocolo de Kyoto (CMP11), que se celebrarán en París, Francia, el 30 de noviembre de 2015.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha sido enterada. Remítase copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados, con el que devuelve el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Ruego a la Asamblea su atención.





 

MESA DIRECTIVA

Compañeros Senadores, informo a ustedes que a petición del Senador Zoé Robledo Aburto, recibida el día de ayer, los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un Acuerdo por el que se rectifica el turno de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Décimo Noveno Transitorio del Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014, presentada por el Senador Roberto Gil Zuarth, el 24 de noviembre pasado.

En consecuencia, la iniciativa de referencia queda turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente. Comuníquese.
Compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva, un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, que propone modificaciones en la integración de comisiones ordinarias. El Acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.





 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Por supuesto, señor Presidente. Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Al no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones ordinarias.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a alumnos del Colegio London School, de sexto año de primaria, invitados por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del estado de Morelos.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!

De igual manera, damos la más cordial bienvenida a alumnos de la carrera de derecho, de la Universidad Privada de Irapuato, Plantel Salamanca, invitados por el Senador Miguel Ángel Chico Herrera.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!





 

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Miguel Ángel Chico Herrera, para presentar a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, 54 y 56 constitucionales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 52, 53, 54 Y 56 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Miguel Ángel Chico Herrera, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Nadie puede dudar que nuestro país ha transitado exitosamente hacia la democracia.

Hoy, nuestro sistema político cuenta con instituciones fuertes y cada vez más representativas. Sin embargo, éstas no pueden estar exentas a experimentar reformulaciones para atender a una sociedad cada vez más plural y más informada.

Si bien el Congreso de la Unión es en principio una institución democrática en la cual se encuentra representada la pluralidad política del país y en gran medida los intereses de toda la sociedad, también lo es que necesita experimentar cambios para hacerse más moderno, eficiente, responsable y transparente.

La presente iniciativa que reforma los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consiste en eliminar 100 Diputados Federales de representación proporcional, y la supresión de los 32 Senadores de la Lista Nacional, tiene precisamente la intención de fortalecer al Poder Legislativo.

Nuestros argumentos a favor estriban en que al reducirse el número de legisladores en ambas Cámaras, contribuiría a fomentar el ahorro del gasto público, a facilitar los acuerdos, a trabajar con mayor eficiencia y, sobre todas las cosas, a responder a una demanda que por años ha expresado la ciudadanía sobre el extenso número de legisladores.

Quiero enfatizar que la presente iniciativa no tiene como objetivo eliminar la representación proporcional en la Cámara de Diputados, sino únicamente reducirla para hacerla más efectiva.

De esta manera no se vería afectado el derecho de las minorías a acceder a los cargos legislativos en esa Asamblea, como erróneamente se ha señalado.

Otra de las motivaciones que expresamos para reducir la representación proporcional, la cual, como todos sabemos, se sustentó en la idea de incluir a las minorías dentro del Congreso de la Unión, es que prácticamente ha quedado rebasada con los actuales tiempos democráticos que vive México.

El día de hoy, en la actualidad, tenemos partidos políticos fuertes, altamente competitivos y con una gran fuerza electoral, muestra de lo anterior es que en las últimas seis legislaturas han tenido una vigorosa integración plural y en la que convergen tanto mayorías como minorías.

Tenemos un Congreso de la Unión en donde todas las fuerzas políticas, e inclusive legisladores independientes, se encuentran representados.

En el caso de esta Cámara Alta, de este Senado de la República, a la luz de nuestra evolución política y nuestra pluralidad, y estando asegurada la presencia de las diferentes corrientes de pensamiento y representación en su composición, es necesario plantear que su integración retorne puntualmente al principio federalista de la representación paritaria de los estados y del Distrito Federal.
Por ello planteamos que se integre el Senado de la República por 96 miembros electos en razón de 3 por entidad federativa; 2 por el principio de mayoría relativa; y 1 asignado a la primera minoría, suprimiéndose la Lista Nacional por el principio de representación proporcional.

Por lo anterior, es que la reducción del número de legisladores es un debate que no podemos seguir posponiendo.

Esperamos que las demás fuerzas políticas representadas en este recinto, se sumen al debate y logremos aprobar una reforma que fortalezca nuestra democracia y, sobre todas las cosas, sea en beneficio de la legitimidad de esta institución, fundamental del Estado mexicano.

Los convocamos a que encontremos mecanismos que nos permitan hacer del Congreso de la Unión una institución menos onerosa y comprometida con la austeridad republicana, pero también una institución que facilite el debate responsable, con un trabajo en comisiones más ordenado, con mayor agilidad en la asignación de responsabilidades de las y los legisladores, así como la definición de prioridades de la agenda parlamentaria.

En el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de que el Senado de la República tiene que empezar a debatir la posibilidad de reducir el número de integrantes del Congreso de la Unión. Esas son las principales razones por las que sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente reforma constitucional, a efecto de reducir, para el caso de la Cámara de Diputados, de 500 a 400 el número de sus miembros; y para el Senado de la República, de 128 a 96 legisladores.

A nombre de mi grupo parlamentario, les expreso nuestra disposición a realizar un debate de altura y a confrontar ideas para enriquecer esta discusión que consideramos es de trascendencia para la vida política nacional, y le solicito que el texto íntegro de nuestra iniciativa se publique en la Gaceta Parlamentaria y se inscriba en el Diario de los Debates.

Es cuanto, señor Presidente.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

Los que suscriben, SENADORES DE LA REPÚBLICA E INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 52, 53, 54  Y 56 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La reducción de la composición de los integrantes del Congreso de la Unión, incluyendo la eliminación de 100 diputados federales de representación proporcional y la supresión de 32 senadores de lista nacional, es un tema que se ha analizado en diversos foros e incluso ha sido ampliamente debatido en diversas ocasiones en los órganos parlamentarios.

Los argumentos a favor de reducir el número de legisladores son bastos. Se alude con frecuencia que favorecería un mejor funcionamiento de las tareas parlamentarias y traería un ahorro económico significativo al Estado mexicano al reducirse la carga burocrática.
Lo anterior en razón de que aun mayor número de legisladores:

• Retrasa la toma de decisiones y limita los consensos entre las diferentes fuerzas políticas;

• La dieta de cada legislador tiene un alto costo en dietas, prestaciones, gastos de representación, personal, entre otras.

Coincidimos plenamente que reducir para el caso de la Cámara de Diputados de 500 a 400 el número de sus miembros y para el Senado de la República de 128 a 96 legisladores, contribuirá fomentar el ahorro del gasto público, a facilitar los acuerdos, a trabajar con mayor eficiencia y, sobre todas las cosas, a responder a una demanda que por años ha expresado la ciudanía sobre el extenso número de legisladores.

Basta recordar que México es uno de los países con más legisladores a nivel internacional, con un total de 628, incluso superando a naciones como Brasil (524) y Estados Unidos (535), que poseen una cantidad mayor de población y estados federados.

La presente propuesta no tiene como objetivo eliminar la representación proporcional, sino únicamente reducirla. De esta manera no se vería afectado el derecho de las minorías de acceder a los cargos legislativos, como erróneamente se ha señalado.

Los legisladores plurinominales, surgieron como producto de una reforma en materia electoral democrática, con la idea de incluir a las minorías dentro de los Congresos, con el paso del tiempo la reforma ha cubierto cabalmente su objetivo.

En la actualidad tenemos partidos políticos fuertes, altamente competitivos y con una gran fuerza electoral, que no necesitan de estas fórmulas para representar a la sociedad. Desde hace ya varias Legislaturas tenemos una integración plural, vigorosa y en la que convergen democráticamente tanto mayorías como minorías, por lo que reducir la representación proporcional no afectaría nuestra normalidad democrática.

Hoy la realidad política es totalmente distinta, y la reducción de diputados y senadores ayudaría a la consolidación democrática del país. Su reducción permitiría realizar un trabajo más eficiente y eficaz entre ambas cámaras, evitando el estancamiento del proceso legislativo.

Hoy, este es un debate que se encuentra pospuesto y que debe ser retomado en lo inmediato, a efecto de hacer un Congreso de la Unión menos oneroso y comprometido con la austeridad republicana, pero también que facilite el debate responsable, un trabajo en comisiones más ordenado, mayor agilidad en la asignación de responsabilidades de los legisladores, así como la definición de prioridades del Congreso de la Unión.

Por lo anteriormente expuesto, es que sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se reforman los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos, para quedar como sigue:

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 Diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 100 Diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.

Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos diputados de mayoría.

Para la elección de los 100 Diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

Artículo 54. La elección de los 100 Diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I a la VI.- …

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por noventa y seis Senadores, de los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

Se deroga párrafo segundo

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Congreso de la Unión dentro de los 90 días posteriores a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, deberá llevar a cabo las adecuaciones necesarias a la legislación secundaria correspondiente.

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 26 de noviembre de 2015.

Atentamente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Como lo ha solicitado el Senador Miguel Ángel Chico Herrera, túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, e insértese en el Diario de los Debates el contenido de la iniciativa de manera textual.

Sonido en el escaño del Senador Ruffo Appel, ¿para qué efecto?

El Senador Ernesto Ruffo Appel: (Desde su escaño) Para conocer la opinión del Senador Chico Herrera, si me es posible adherir a esta propuesta de reducción de los pluris en el Congreso de la Unión.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Ruffo Appel. Tómese nota.





 

Se concede el uso de la tribuna al Senador Francisco García Cabeza de Vaca, para presentar, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Videovigilancia.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE VIDEOVIGILANCIA

(Presentada por el Senador Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Francisco García Cabeza de Vaca: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El de la voz, Francisco García Cabeza de Vaca, y diversos Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos esta iniciativa por la que se expide la Ley General de Videovigilancia a lo que en obvio de tiempo, no daré lectura, por lo que solicito se incorpore de manera íntegra al Diario de los Debates.

En nuestro país, la instalación y operación de cámaras y sistemas de videovigilancia se ha incrementado de manera considerable en los últimos años en el ámbito público y en el privado, como medida de protección, prevención y en respuesta al creciente índice de inseguridad.

Desafortunadamente el temor que se ha generado por los altos índices de robo de casa-habitación, secuestros, extorsiones, asaltos en la vía pública y demás delitos que tanto lesionan a la ciudadanía, han motivado al Estado y a los particulares a buscar protección a través de este medio.

Cuando se habla de videovigilancia, se debe considerar que se trata de todo un conjunto de tecnologías, un sistema completo que permita captar imágenes fijas o en movimiento, con mayor alcance o resolución que posibilita su almacenamiento, consulta y  tratamiento, a través de cámaras fijas, móviles, a distancia, inalámbricas o de conexión a Internet.

A nivel internacional, en la Unión Europea existen dos bloques de países que se han tratado de manera diferenciada la problemática de la videovigilancia:

El primero corresponde a países que cuentan con leyes específicas sobre videovigilancia, independientemente el trámite que concede a la protección de los datos personales.

El segundo refiere a países en donde la instalación de equipos de videovigilancia es aprobada de manera previa por autoridad administrativa, integrada a su vez, total o parcialmente por autoridad en materia de protección de datos, por lo que no considera necesaria, una legislación específica al respecto.

Cabe destacar, que Europa lleva 20 años legislando sobre videovigilancia, mientras que en nuestro país, se comenzó sólo hace 7 años.

Sólo los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Colima y Durango, cuentan con leyes sobre videovigilancia y el Distrito Federal con adecuaciones a una ley vigente en la que se incorporó el tema, el resto de las 27 entidades de la República no tiene leyes en la materia.
A pesar que existen instaladas cámaras de seguridad en diversas ciudades, en un número de lugares como en el transporte colectivo del Metro y Metrobús, en edificios públicos y también en PyMES y grandes empresas colocadas por personas físicas y morales.

Es por lo anterior, que se plantea la necesidad de tener una ley general que establezca en las directrices normativas para la regulación de los sistemas de videovigilancia a fin de evitar que se conviertan en un factor de riesgo, en caso de infiltrarse el crimen organizado, o si la delincuencia opera un sistema propio para delinquir.

Hasta ahora la videovigilancia tecnológica forma parte de nuestro paisaje común, de manera paulatina, las cámaras se han mimetizado con la ciudad y los habitantes, nos hemos acostumbrado a vivir entre ellas, al grado que se han vuelto imperceptibles, sin embargo, se debe sancionar el uso indebido y el desvió de la información que generan.

Basta mencionar el caso de Tamaulipas, en donde a partir de mayo del presente año, se comenzaron a desmontar diversas videocámaras en los municipios de Reynosa y de Ciudad Victoria, que habían sido instaladas y eran operadas por la delincuencia organizada, con la finalidad de tener vigiladas a las fuerzas federales, a la Procuraduría General de la República y a la Policía Federal en las diferentes avenidas de la ciudad.

Lo que dejó al descubierto que el crimen organizado utiliza tecnología de punta que le da gran capacidad de monitoreo y control, en el alto grado de infiltración de las organizaciones delictivas en el gobierno local, y del altísimo nivel de corrupción de las mismas autoridades.

En los últimos 4 meses se habla de 190 cámaras desmontadas y la localización de cerca de 20 antenas repetidoras que operaban para el crimen organizado, además, para realizar este tipo de tareas, la delincuencia contaba con gente especializada, ya que se encontraron cámaras instaladas en postes de la Comisión Federal de Electricidad y de las compañías telefónicas.

Los equipos encontrados se instalaron de forma paralela a los sistemas de autoridad, cuyas videocámaras fueron vandalizadas y destruidas por la delincuencia, a fin de que sólo quedaran en funcionamiento los sistemas criminales.

En Tamaulipas el crimen organizado utiliza la tecnología de las videocámaras para operar, lo hace con la complicidad de los gobiernos locales, y este grado de infiltración de las organizaciones delictivas, sólo se explican con el altísimo nivel de corrupción de dichas autoridades.

¡Ya basta!

Por lo cual, los avances y sistemas tecnológicos aplicados a fortalecer la seguridad, requieren de normas que regulen la colocación y funcionamiento y sancionen con el más estricto rigor en el uso indebido.

De igual manera, resulta necesario que dichas normas garanticen la confidencialidad, integridad, seguridad y funcionalidad de la información generada por los equipos y de estos mismos sistemas de videovigilancia.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador García Cabeza de Vaca. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DISPOSICIONES A LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Soy de los que cree que la atención insuficiente del gobierno federal a las empresas indígenas, han obligado a éstas a buscar caminos alternativos de permanencia, caminos, donde no siempre se consigue el éxito y donde el riesgo al fracaso tristemente también es alto, donde la informalidad está siempre presente como una posibilidad obligada de sobrevivencia.

Y si a lo anterior se suman los diversos vacíos, las imprecisiones y las generalidades legales que existen sobre los asuntos indígenas en nuestra nación, entonces vemos que sus efectos en niveles de baja competitividad, de productividad, siempre están presentes.

Basta recordar, como ejemplo de lo que estoy exponiendo, el actual incidente que mantiene una comunidad zapoteca con una diseñadora francesa, sobre el plagio y la utilización de un diseño originario de la sierra norte de Oaxaca, y esto sucede cuando no existe la protección legal al producto artesanal, ni mucho menos al fomento que requieren nuestras comunidades indígenas.

De ahí la necesidad de especificar la existencia, también la presencia de las empresas de origen y de composición indígena en las leyes a favor del crecimiento económico. Una característica valiosa de ellas, nos parece que su incursión exitosa en el mercado se ve reflejada en mejoras inmediatas para su comunidad, creando nuevos empleos y condiciones para arribar a una economía autosuficiente.

La mayoría de estos ejemplos son micros y pequeñas empresas que participan en áreas hoy en día como el turismo, telefonía, comunicaciones, industria, vivienda, la industria alimentaria, entre otras.

Notable es el caso de jóvenes zapotecos de la sierra norte de Oaxaca, que crearon una red celular en Talea de Castro, al lograr enlazar directamente a los productores indígenas de café con los mercados internacionales y conectar vía telefónica a los pobladores del área con tarifas bajas y sin subsidios.

En este contexto, es que vengo a recordar que la población indígena en nuestro país, llega a casi 12 millones de personas que hablan 91 lenguas diferentes.

En Oaxaca, mi estado, hay más de millón y medio de indígenas, y son poblaciones todas estas cuya atención, desde nuestro punto de vista, tiene que ir más allá de las políticas asistenciales, con el propósito de acelerar en los hechos la condición de formación y desarrollo de las empresas.

Insisto, en la actualidad en México hay más de 200 empresas de índole indígena, de las cuales sólo el 56 por ciento están legalizadas y el 44 restante opera de manera informal.

Por eso planteamos que nos parece muy importante que el 62 por ciento de estas empresas que se encuentran en el sector primario, es decir, en un área productiva, puedan ser atendidas en otro marco jurídico.

Sólo recuerdo, insisto, que este tipo de empresas hoy en día dan empleo a muchas personas, sin embargo, tienen dificultades en cuanto al acceso a mercado, a conectividad, a salubridad laboral, a manuales de procedimiento, coordinación entre la producción y la venta, por mencionar sólo algunos aspectos.

Por eso insistimos, señor Presidente, que nos parece importante y urgente prestar atención a este tipo de empresas, pero desde la perspectiva de la productividad y de la competitividad y es en ese sentido que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, debe incluir, desde nuestro punto de vista, de manera específica apoyos para las empresas indígenas.

Por ejemplo, las características particulares que se tienen, debiesen tomar en cuenta para apoyar la productividad de estas empresas características, como el tipo de la lengua que hablan, los usos, las costumbres, la complementariedad de los asuntos jurídicos y otros diversos temas que sin duda a partir de estos se podría ayudar al sector empresarial indígena a aumentar su productividad, su competitividad, a aumentar también la formalidad y, sin duda, la expansión en beneficio de sus comunidades.

Por esa razón, señor Presidente, venimos a presentar esta iniciativa con el propósito de que pueda darse un proceso de inclusión de las empresas indígenas para incentivar la información, la formación de una cultura empresarial indígena.

Como en otras ocasiones le he de agradecer, señor Presidente, me obsequie, para lo que hoy aparece en el Orden del Día, en la Gaceta Parlamentaria, pueda también incorporarse al Diario de los Debates.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa.

El que suscribe, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución en la LXIII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 8 y 164 numerales del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones a la Ley Para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en apoyo al Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- La Ley de Para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, tiene por objeto

Artículo 1.- “La presente Ley tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad. Así mismo incrementar su participación en los mercados en un marco de crecientes encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional.

Lo anterior, con la finalidad de fomentar el empleo y el bienestar social y económico de todos los participantes en la micro, pequeña y mediana empresa.

La Ley es de observancia general en toda la República y sus disposiciones son de orden público.

Así mismo en su artículo tres, asume a las Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MYPIME) legalmente constituidas tal como lo especifica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de acuerdo al número de trabajadores por sector, y según la siguiente división 

Estatificación Por Número de Trabajadores

Sector/Tamaño

Industria

Comercio

Servicios

Micro

0 - 10

0 – 10

0 - 10

Pequeña

11 - 50

11 - 30

11 - 50

Mediana

51 - 250

31 - 100

51 -100

Y donde se precisa, que “incluyen productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, mineros, artesanos y de bienes culturales, así como prestadores de servicios turísticos y culturales”

2.- La Ley permite a todos los así constituidos lograr acceder a una vasta serie de mecanismos gubernamentales para promover sus productos y participar en mercados internacionales, recibir asesorías, seguros, y muchos otros apoyos que les permitan ser más competitivos es decir que tengan -las empresas-“la capacidad para mantener y fortalecer su rentabilidad y participación” en los mercados “ con base en ventajas asociadas a sus productos o servicios, así como a las condiciones en que los ofrecen”

3.- Así mismo precisa que de acuerdo a la clasificación por sectores, es decir, el sector industrial, comercial o de servicios

Artículo 9.- Los programas sectoriales referidos en el artículo 5 de esta Ley, deberán contener, entre otros:

I. La definición de los sectores prioritarios para el desarrollo económico;

II. Las líneas estratégicas para el desarrollo empresarial;

III. Los mecanismos y esquemas mediante los cuales se ejecutarán las líneas estratégicas; Fracción reformada DOF 21-01-2015

IV. Los criterios, mecanismos y procedimientos para dar seguimiento, a la evolución y desempeño delos beneficios previstos en esta Ley, y fracción reformada DOF 21-01-2015

V. Perspectiva de género fracción adicionada DOF 21-01-2015

Hasta éste punto, la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las MIPYMES ofrece una serie de ventajas para elevar no solo la competitividad, sino también su productividad y por lo tanto favorecer el crecimiento económico.

4.- Por otra parte tenemos también la presencia y existencia de un sector extremadamente endeble y diversificado que es el indígena, que siendo social intercepta lo económico y la urgencia de volverse competitivo para coadyuvar a resolver los problemas graves existentes en el sector.

En este sentido la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas presenta una posibilidad amplia de atención a los indígenas pero no precisa específicamente el procurar la elevación de la competitividad y productividad de las empresas indígenas, con lo cual queda en el aire, en ambas leyes, que sean tomadas en cuenta en los beneficios de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad para las MIPYMES.

5.- Siendo la situación indígena mexicana, tan grande y diversa, es necesario legislar de manera concreta al respecto tomando en cuenta lo siguiente:

5.1.- Hay en la actualidad, un aproximado de 11 millones 132 mil 532 habitantes de origen indígena agrupados en 68 pueblos.

5.2.- Las poblaciones indígenas tienen una cosmogonía milenaria y propia de comprender el mundo; tienen usos y costumbres. Muchos de ellos son expulsados de las comunidades por problemas económicos.

5.3.- Un elemento importante distintivo, es la lengua que hablan. En México, hay 6 millones 695 mil 228 personas indígenas de cinco años de edad y al menos existen 91 lenguas diferentes. Tan solo en Oaxaca hay un millón, 165 mil, 186 habitantes; es decir casi la mitad de la población que hablan alguna lengua indígena y cerca de 200 mil que no hablan español.

5.4.- De acuerdo a http://www.nacionmulticultural.unam.mx/empresasindigenas/que es una página de la UNAM, se establece que hasta el 2014, habían en México, 200 empresas indígenas, de las cuales 56 por ciento están totalmente legalizadas, el 44 por ciento restante son informales.

Así mismo que el 62 por ciento pertenece al sector primario; el 23 por ciento al sector secundario y solo el 6 por ciento al terciario. Generan 7,560 empleos. De estos, el 37 por ciento son directos y el 63 por ciento son indirectos.

De manera similar se establece que entre los problemas fundamentales observados están:

Un 70 por ciento tienen serias dificultades de acceso a los insumos. Un 68 por ciento dificultades de acceso a mercados. Hay  dificultad de gestión, no hay salubridad laboral, tampoco manuales de procedimientos. No tienen publicidad deficiente. A un 64 por ciento le hacen falta coordinación entre producción y venta.

Soportan trabas de tipo legal, problemas contables, fiscales. Hay problemas en la presentación de los productos, en la profesionalización laboral, limitaciones en el transporte, un 60 por ciento tiene dificultades en la formación laboral y pérdida de mano de obra por migración. Así como problemas de acceso a nuevas tecnologías.

6.- La creatividad y empeño de los pueblos indígenas ha sido demostrado en múltiples ocasiones y oportunidades, como es el caso de la comunidad de Talea de Castro, ubicada en la Sierra de Juárez, en el estado de Oaxaca, con 2,500 habitantes, de habla zapoteca, que en base a los conocimientos implementaron creativamente una conexión telefónica / internet por su propia cuenta dando origen a una pequeña empresa que ofrece el servicio telefónico a la comunidad y otras aledañas donde las grandes corporaciones jamás han querido establecerse.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1.- Se reforman los incisos IV, V y se adiciona el inciso VI del artículo 9; para quedar como sigue: 

Artículo 9.- Los programas sectoriales referidos en el artículo 5 de esta Ley, deberán contener, entre otros:

…..

IV. Los criterios, mecanismos y procedimientos para dar seguimiento, a la evolución y desempeño de los beneficios previstos en esta Ley.

V. Perspectiva de género, y

VI.- Inclusión de las empresas indígenas en todos los beneficios previstos en esta Ley

Artículo 2.- Se adiciona, el inciso I bis al artículo 14 para quedar como sigue:

Artículo 14.- La Secretaría promoverá la participación del Sector Público y de los Sectores para la consecución de los objetivos de esta Ley, a través de los convenios que celebre, de acuerdo a lo siguiente:

….

I bis.- La formación de una cultura empresarial indígena enfocada al desarrollo de la competitividad en las MIPYMES a través de la detección de necesidades en Capacitación, Asesoría y Consultoría;

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de noviembre de 2015.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador Robles Montoya. Con todo gusto, como lo ha solicitado, túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera, y tómese nota para que se inserte en el Diario de los Debates la iniciativa de manera íntegra.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL  SUSTENTABLE

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso, señor Presidente.

Hoy vengo a presentar una iniciativa de ley por lo que está sucediendo a lo largo y ancho de nuestro país, con el tema del campo, dejando en la incertidumbre, dejando en el abandono y dejando a su suerte y a la bendición de Dios a los campesinos de nuestro país.

A nadie le cause asombro que el sector rural es uno de los sectores más olvidados en México, es excluido del modelo económico del país y con el paso de los años se sigue mostrando un panorama desalentador, lo que resulta grave, ya que el campo es un factor de suma importancia para la estructura económica de nuestra nación.

En las últimas décadas, la situación del campo mexicano y sobre todo la de los verdaderos labradores de la tierra ha empeorado, a tal grado que han optado por abandonar sus tierras para buscar en la ciudad una mejor calidad de vida.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que los habitantes en comunidades rurales ha disminuido desde 1950, donde representaban poco más del 57 por ciento del total de la población del país, en 1990 era del 29 por ciento y para el 2010 esta cifra disminuyó hasta el 22 por ciento. Esto se debe principalmente a la falta de oportunidades y carencias en las que se ven envueltas las poblaciones rurales, así como al ineficiente apoyo por parte del gobierno, por lo que el 65 por ciento de las personas que residen en zonas rurales se ven en una situación precaria.

Para combatir la pobreza en el campo, se han diseñado instrumentos asistencialistas que sólo disminuyen un poco los efectos, pero no sus causas, dejando persistir el problema, por lo que esta situación obliga a los campesinos a emigrar la búsqueda de una vida mejor, dejando el campo en el abandono.

Uno de los tantos problemas que rodea la situación del campo, es la falta de certeza con la que los campesinos y agricultores rurales al momento de comercializar su producto no tienen la seguridad de la producción, ni mucho menos en la venta de los productos agrícolas.

Este problema se agudizó en 1994 al formalizar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pues con él se finalizó la intervención gubernamental en apoyo al sector agrícola de los precios de garantía, dando paso a nuevas políticas agrícolas, como el Programa de Apoyo Directo al Campo, Alianza Para el Campo, y las Políticas de Apoyo a la Comercialización, Apoyos y Servicios de Comercialización Agropecuaria, ASERCA.

Asimismo se dio paso a diversas acciones para la implementación de reformas económicas, sin embargo, a 21 años de la entrada del Tratado de Libre Comercio, las esperanzas del campo se ven de la misma manera o incluso peores, ya que en vez de crear competencia, como se estimaba, lo único que ha ocasionado son pérdidas para la mayoría del campo, así como el abandono por parte de los productores y una competencia desleal.

Es claro que el modelo neoliberal implementado desde hace más de 2 décadas ha fracasado, el desarrollo económico no es sustentable y mucho menos rentable, lo anterior se ve reflejado en la situación que se encuentra nuestro campo.

Al respecto, es importante mencionar los datos proporcionados por la Facultad de Economía de la UNAM, los que señalan que el 72 por ciento de los productores del campo se encuentran en un status de quiebra; tan solo entre el 2006 y el 2011, las familias rurales tuvieron una pérdida del 44 por ciento de su poder adquisitivo.

Es bien sabido que México es uno de los mejores productores de frijol y de maíz, sin embargo, durante el año 2014 se cultivaron tan sólo 1.4 millones de toneladas de frijol y 21 millones de toneladas de maíz blanco, lo que representa el 24 por ciento del cultivo a nivel nacional, paradójicamente, en el año 2012, se importaron a México 96 mil 897 toneladas de frijol negro, cifra en un 23.35 por ciento mayor a la que se ingresó en el 2011, cuando fueron 78 mil 550 toneladas, es decir, no se tiene garantizada la seguridad y soberanía alimentaria.

A nivel nacional, la siembra del frijol ocupa el segundo lugar en cuanto a la superficie cultivada anualmente, y se calcula que de más de 2 millones de hectáreas, el 87 por ciento es de temporal.

Son cinco las entidades federativas: Zacatecas, Sinaloa, Durango, Nayarit y Chihuahua, que concentran el 63.5 por ciento de la superficie sembrada, y alcanzando una producción del 65.3 por ciento de frijol. Por tal motivo es necesario conocer, que el precio para sembrar y cosechar el frijol, el costo de producción oscila entre 8 y 10 pesos por kilogramo.

¿Cómo es posible que ASERCA, para este año les ofrezca a los productores de frijol un precio de piso de 8 pesos por kilogramo? Esto, sin lugar a dudas, es una burla para los productores y desincentiva a los campesinos a seguir trabajando sus tierras.

Por su parte, la Confederación Nacional Campesina, ha manifestado su descontento por los millones de campesinos que dependen del maíz, y más del 50 por ciento de la población rural se dedican a la siembra para el autoconsumo y el abasto de mercados locales y regionales, situación en la que se ven, debido a que no reciben el pago justo, además, no se puede dejar de lado costos tan elevados que han sido originados por la propia política agropecuaria del gobierno federal, y de los altos precios de los insumos como el diesel, la gasolina y los impuestos como el IVA al pago de refacciones y otros insumos, malestares que lesionan severamente a los productores.

Es obvio que los productores rurales salen adelante, más por su mérito propio y el amor a la tierra, que con la mínima, o en muchos casos, ningún tipo de apoyo por parte del gobierno, muestra de ello está en las asociaciones locales, ganaderas de nuestro estado, el de Zacatecas, la que se dedica a la producción de leche, de carne y sus derivados, sin embargo, durante los últimos meses, el panorama económico para ellos ha sido complicado y el gobierno no da muestra de apoyo alguno. Es necesario, entonces, cambiar la forma en que realizan las políticas públicas en las que se otorgue a los productores agrícolas rurales un verdadero apoyo, pues debemos recordar que ellos son los que realmente hacen prosperar la tierra con la que cuenta México, pues el sembrarlas es todo un arte que requiere años de experiencia.

¡Los campesinos no quieren compasión, ni piden limosna!

Los productores rurales tienen compromisos económicos, sociales, ambientales y culturales con sus pueblos, con su país, con sus regiones, pero para poder cumplirlos necesitan condiciones adecuadas, condiciones que hoy no existen y no las tienen.
Por tal razón, se necesita una nueva forma de realizar las políticas públicas y programas sociales que realmente estimule a los campesinos a seguir trabajando sus tierras, y no que solamente sean asistenciales.

Es inadmisible que siendo un país con cerca de 200 millones de hectáreas disponibles para la siembra de alimentos, nos veamos obligados a importar semillas primordiales de la canasta básica, como es el caso de la importación de frijol, lo cual en la pasada administración federal se incrementó hasta en un 111 por ciento sus importaciones.

En este sentido, resultaría más beneficioso para nuestro país que el dinero invertido en importación de alimentos se destine mejor en proyectos productivos para lograr fortalecer de una vez por todas, la seguridad y la soberanía alimentaria.

Por tal razón, se debe dar un giro de manera de ejecutar la política y programas públicos, una opción es que se implementen precios de garantía en beneficio de los productores rurales y con dicha medida se otorgará una certeza económica a este sector, cuando deseen vender sus cosechas.

Los precios de garantía teóricamente se definen como aquellos precios que orientan y promueven la producción en el corto plazo de aquellos productores sobre los que se aplica, esto se basa en que el objetivo de una política de precios es estabilizar ingresos y garantizar al productor un precio superior al que se formaría en condiciones de competencia perfecta.

En un mercado libre de intervención gubernamental no privada, no se debe delimitar, no se debe determinar cuál va a ser el nivel al cual se fija el precio de garantía de los diferentes productos sujetos a esta política, puesto que el nivel de los precios de los productos agropecuarios influye sobre el nivel general de precios, el salario real de los consumidores, el ingreso del campesino y también sobre las ganancias de las    industrias que se dedican a la transformación de alimentos para consumo humano y animal.

Es por ello que el día de hoy presentamos esta iniciativa intentando ofrecerle certeza y seguridad al productor de nuestro país.

Gracias, es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, Y DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La actividad del campo es fundamental para el desarrollo de los pueblos, en el caso mexicano, los sectores productivos agrícolas se encuentran atrasados, por lo que su rendimiento no es el óptimo, provocando que no exista autosuficiencia alimentaria, y se opte por recurrir a la importación de producto para satisfacer las necesidades que deberían ser cubiertas por los productores mexicanos.
En México se vive una desigualdad enorme, derivado en que la riqueza se concentra en pequeños grupos, afectando a la mayor parte de la población y a ciertos sectores quienes resultan mayormente perjudicados a partir de esta inequidad.

El sector rural es uno de los sectores más olvidados en México, es excluido del modelo económico del país, y con el paso de los años se sigue mostrando un panorama desalentador, lo cual resulta grave ya que el campo es un factor de suma importancia para la estructura económica de un país.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), contempla que el porcentaje de personas que habitan en comunidades rurales ha disminuido, ya que en 1950, representaba poco más del 57% del total de la población del país; en 1990 era de 29% y para el 2010, esta cifra disminuyó hasta ubicarse en 22%.1 Esto se debe principalmente a la falta de oportunidades y carencias en las que se ven envueltos, así como al ineficiente apoyo por parte del gobierno, por lo que el 65% de las personas que residen en zonas rurales se ven en situaciones precarias.2

Estos grupos vulnerables son víctimas de discriminación, intolerancia y exclusión social, siendo estos factores primordiales que no permiten el desarrollo de este sector y muestran las grandes diferencias que existen en México.

Para combatir la pobreza en el campo, se han diseñado instrumentos asistencialistas que solo disminuyen un poco sus efectos, pero no sus causas, dejando persistir el problema. Por lo que estas situaciones obligan a los campesinos a emigrar en búsqueda de una vida mejor, abandonando el campo y en ocasiones más drásticas uniéndose a la delincuencia organizada para obtener un nivel de vida mejor.

Un problema que rodea la situación del campo es la nula certeza con la que cuentan los trabajadores del campo al comercializar su producto, ya que no tienen seguridad de producción ni mucho menos de una venta de productos agrícolas.

El problema agrícola se agudizó en 1994 al formalizar el Tratado de Libre Comercio con América Latina (TLCAN), pues con él, se dio termino con la intervención gubernamental en apoyo al sector agrícola con los precios de garantía, dando paso a nuevas políticas agrícolas como Programa de Apoyos Directos al campo (PROCAMPO), Alianza para el Campo y las políticas de apoyo a la comercialización de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA); asimismo, se dio paso a diversas acciones para la implementación de reformas económicas.

La finalidad con al que se estableció la fase de precios de garantía fue con el objetivo de incrementar la producción agrícola para garantizar los alimentos y apoyar a la industrialización.

Sin embargo, a 21 años de la entrada del Tratado de Libre Comercio con América Latina, las esperanzas del campo se ven de la misma manera, ya que en vez de crear competencia como se estimaba, lo único que ha ocasionado son pérdidas para el campo mexicano así como el abandono por parte de los productores y una competencia desleal.

Y es que el modelo neoliberal implementado desde hace más de 2 décadas, ha fracasado, el desarrollo económico no es sustentable y mucho menos rentable, lo anterior se ve reflejado en la situación que se encuentra el campo mexicano.

Del mismo modo académicos de la facultad de economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informaron que el 72% de productores del campo se encuentran en un estatus de quiebra, tan solo entre el 2006 y 2011 las familias rurales tuvieron una pedida del 44% del poder adquisitivo.3

Otros problemas que agudiza la situación del campo mexicano es la situación hídrica, en donde la mayor parte de este líquido se concentra en zonas urbanas, dejando un desabasto en las colonias rurales; asimismo, el acceso es limitado a los servicios de energía y drenaje así como la deforestación y el mal manejo de los recursos en el campo.

La situación del campo en México se ve cada vez más sombría, es por eso que debe convertirse en un país exportador más no importador de alimentos y productos, ya que por la poca o nula garantía que tiene los campesinos al producir dejan de trabajar las tierras, lo que conlleva a menos producción y mayor precio en alimentos lo que orilla a la ciudadanía a comprar productos exportados, siendo estos más baratos pero de mala calidad. Por lo que esta estructura ineficiente, llega a convertirse en perversa, dejando en unos pocos la producción y estos agregan valor llevando el mal manejo de los mercados.

Es bien sabido que México es uno de los mejores productores de frijol y maíz, siendo el primero cultivado desde hace unos 8 mil años. Ya que se estima que cada habitante llega a consumir un promedio de 188 kilogramos de maíz y casi 13 kilogramos de frijol anualmente. Durante el año de 2014 se cultivaron tan solo 1.4 millones de toneladas de frijol y 21 millones de toneladas de maíz blanco, lo que representa el 24% del cultivo a nivel nacional.4

Empero, tan sólo en el año 2012 se importaron a México 96 mil 897 toneladas de frijol negro, cifra 23.35 por ciento mayor a lo que ingresó en 2011, cuando fueron 78 mil 550 toneladas, indican datos de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca).

Según el reporte sobre la “Evolución de las importaciones de granos”, el valor económico de este alimento que entró al país fue más grande que el volumen, pues el año pasado esta semilla entró con un costo total de 100.5 millones de dólares, 45.5 por ciento más de lo que se pagó (69 millones de dólares) en 2011.5

Es inadmisible que siendo un país con cerca de 200 millones de hectáreas, nos veamos obligados a importar semillas primordiales de la canasta básica, como es el caso de las importaciones de frijol, la cual en la pasada Administración Federal se incrementado hasta en un 111.9 por ciento.6

Por lo que resultaría más beneficioso para nuestro país, que ese dinero se invirtiera de manera eficaz y eficiente en el campo mexicano, en proyectos productivos para lograr fortalecer de una vez por todas, la agricultura nacional y así garantizar la seguridad y soberanía alimentaria.

En últimos años la Confederación Nacional Campesina (CNC), ha manifestado su descontento por la situación en la que se ven, debido a que no reciben el pago justo, ya que 13 millones de campesinos dependen del maíz y más del 50% de la población rural se dedican a la siembra para el autoconsumo y el abasto de mercados locales y regionales.7

Es por eso que los campesinos se ven en una necesidad de desesperación, ya que no se les proporciona una retribución de una manera justa por su producto ni mucho menos por su trabajo.

El objetivo de México es crear un campo en donde prevalezca la equidad y el justo pago por sus productos, ya que los campesinos arriesgan su patrimonio al invertir en su siembra, así como tiempo y seguridad familiar, para poder obtener un ingreso rentable en su cosecha.

Los campesinos se encuentran en un estado de vulnerabilidad, debido a que los compradores e intermediarios se aprovechan de la necesidad de estos, fijando precios por debajo del costo justo, resistiéndose a comprarlos si no se los venden en ese monto, por lo que los campesinos se ven en la necesidad de allanarse ante el comprador, creando así una injusta retribución y competencia.

Esto se suscita debido a que no cuentan con suficiente información de los mercados internacionales ni de los consumos y producción nacional lo cual propicia que sufran de abusos por parte de los industriales e intermediarios, y el productor tiende, de manera natural, a estar desinformado, ya que no tiene ingresos suficientes para hacerlo, además de resultar costoso, no lo consideran necesario.

Realmente existe un abuso y una gran desigualdad, los compradores o intermediarios gozan de una información privilegiada y aprovechándose del desconocimiento de otros fijan precios por encima o por debajo del precio de equilibrio en su beneficio.

Lamentablemente no existe un seguro agrícola que garantice la capacidad productiva de los productores, así como una garantía de un precio justo, ni mucho menos la regulación del mercado para una sana competencia.

Esta situación deja a los productores mexicanos en un estado de incertidumbre y desconfianza, ya que ven en el campo poca rentabilidad, lo que genera que abandonen el campo, dejando esta actividad en manos de industrias que a la vez se aprovecha del mercado elevando costos.

La implantación de políticas erróneas han llevado a los campesinos a ser parte de una pobreza extrema con un irreparable daño que ha crecido en las últimas cinco décadas, dejando a los campesinos en un estado de supervivencia.

Al igual es necesario aumentar significativamente la producción de alimentos, siendo estos de calidad en nuestro país, para así lograr la seguridad alimentaria, disminuyendo la importación de alimentos de baja calidad a precios excesivamente costosos y crear independencia.

Es claro que no es suficiente con implementar políticas o programas que beneficien y protejan relativamente al campo, lo que se necesita es la creación de garantías para dar a los productores certeza y seguridad para la venta de sus productos y así rescatar al campo mexicano y reivindicarlo como un pilar importante en la economía nacional e internacional.

Se debe entender que el campo es un sector estratégico para México, sirve como palanca de desarrollo nacional, al mismo tiempo que ofrece trabajo y se asegure la soberanía alimentaria; sin embargo, las políticas públicas implementadas por el gobierno en los últimos años no han sido las correctas, muestra de ello es que se importan la mayoría de los alimentos que se consumen en el país.

Por tal razón, se debe dar un giro en la manera de ejecutar las políticas y programas públicos, una opción es que se implementen precios de garantías en beneficio de los productores rurales, con dicha media se otorgará una certeza económica a este sector cuando deseen vender sus cosechas. Se plantea que el Estado a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y sus organismos desconcentrados actúen como mediadores entre los productores y los intermediarios que compran sus productos.

Los precios de garantía, teóricamente se definen como aquellos precios que orientan y promueven la producción en el corto plazo de aquellos productos sobre los que se aplican. Esto se basa en que el objetivo de una política de precios es estabilizar los ingresos y garantizar al productor un precio superior al que se formaría en condiciones de competencia perfecta, en un mercado libre de intervención gubernamental, o privada.8

Se debe determinar, cuál va ser el nivel al cual se fije el precio de garantía de los diferentes productos sujetos a esta política, puesto que el nivel de los precios de los productos agropecuarios influye sobre el nivel general de precios, el salario real de los consumidores, el ingreso campesino y también sobre las ganancias de las industrias que se dedican a la transformación de alimentos para consumo humano y animal.9

La intervención del Estado en esta área responde a que los resultados de la experiencia histórica no son satisfactorios en materia agrícola, el país está avanzando hacia un “agrocidio”; pues ha sido incapaz de fomentar los insumos con que se producen los alimentos de primera necesidad.

La ausencia de la intervención del Estado aunado a las fuerzas del mercado externo   han provocan una de desigualdad, el dejar que operen libremente los precios que compran los intermediarios a los productores rurales puede acarrear las siguientes consecuencias:

a) En los casos de producción abundante, los precios pagados a los productores podrían caer a niveles tan bajos que impedirían cubrir los costos de la producción.

b) En los casos de producción escasa los precios al consumidor se elevarían a tal grado que para los consumidores de ingresos más bajos menguaría en forma significativa su poder de compra e incluso su consumo de alimentos.10

El gobierno debe intervenir en la comercialización de los productos agrícolas, primordialmente de los que integran la canasta básica, pues al dejarlos al libre mercado el precio se vuelve inestable, lo que provoca en varios casos pérdidas para los agricultores rurales, esto sin lugar a dudas desincentiva a los campesinos a seguir trabajando sus tierras.

De aquí la importancia que se retomen los precios de garantía, pues con ellos se fortalecerá el campo mexicano, se crearan nuevos empleos y se garantizará la seguridad y soberanía alimentaria y por su puesto serán una palanca de desarrollo, pues uno de los objetivos primordiales del Estado es buscar el bien común no el lucro, por ende se tiene que proteger al campesino rural, por tanto, como se mencionó anteriormente, este sector poblacional es el más vulnerable, ya que más de la mitad de su población vive en pobreza.

La protección de los productores rurales mediante los precios de garantía tiene como objetivo ofrecerles certeza para que al momento de comercializar sus productos reciban un pago justo por su cosecha, es decir que obtengan un ingreso por tonelada no menor al precio de inversión, en particular los objetivos de dicha median son:

I. Promover y reactivar el campo mexicano;

II. Garantizar la seguridad y soberanía alimentaria con el abastecimiento de productos nacionales;

III. Incrementar el ingreso de los productores agrícolas rurales.

Los precios de garantía en el sector agrícola es un instrumento efectivo para acelerar la producción agroalimentaria; por tal razón, el objetivo de la presente iniciativa es adicionar una fracción al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, establezca precios de garantía que aseguren el pago justo de sus productos a los pequeños productores rurales.

Asimismo, se reforma la fracción VII del artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural sustentable, para que el Ejecutivo Federal, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y los sectores social y privado del medio rural, impulsen el fomento de precios de garantía para los pequeños productores.

Finalmente se contempla reformar los artículos 87 y 104 de la ley en comento, para que se promueva y apoye la comercialización agropecuaria y demás bienes y servicios que se realicen en el ámbito de las regiones rurales, mediante el establecimiento de precios de garantías.

Lo anterior surge ante la crisis de producción nacional agrícola, la cual está lejos de ser superada, por el contrario cada vez pareciera que se está peor, las importaciones de alimentos se incrementan y la producción nacional disminuye, se debe atender de manera eficaz y eficiente esta problemática que por cierto no es nueva; y no parece mejorar, más aún cuando en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016, se redujo en un 19.6% el presupuesto de la Sagarpa en comparación con el 2015. Se pasó de 92,063. 2 millones de pesos a 76,283.8.11

México con las grandes extensiones de tierra con las que cuenta, debe exportar y no importar alimentos. Puede ser líder en el ámbito internacional en cuanto a la exportación de maíz, frijol y trigo, y así generar un círculo virtuoso de progreso y crecimiento productivo que puede mejorar las condiciones de vida del pueblo mexicano.

Es innegable que el modelo neoliberal implementado desde hace más de 2 décadas, ha fracasado, el desarrollo económico no es sustentable y mucho menos rentable, las cifras así lo demuestran.

Es necesario e impostergable que México garantice, de una vez por todas, su soberanía alimentaria, que desarrolle producción ambiental y sustentable, y que considere la producción de granos básicos como un asunto de seguridad nacional y no como un tema de política comercial o agropecuaria y sobre todo que proteja a los productores agrícolas rurales.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, Y DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

PRIMERO. Se modifica la fracción XXII y se adiciona una fracción XXIII del artículo 35, ambas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I a XXI…

XXII.- Establecer precios de garantía que aseguren el pago justo de sus productos a los pequeños productores rurales, y

XXIII.- Los demás que expresamente le atribuyan las leyes y reglamentos.

SEGUNDO.- Se modifican, los artículos 32, fracción VII; 87 y 104  de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 32.- El Ejecutivo Federal, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y los sectores social y privado del medio rural, impulsará las actividades económicas en el ámbito rural.



I a VI…

VII.- El fortalecimiento de los servicios de apoyo a la producción, en particular el financiamiento, el aseguramiento, el almacenamiento, el transporte, la producción y abasto de insumos y la información económica y productiva, así como el fomento de precios de garantía para los pequeños productores.

Artículo 87.- Para impulsar la productividad rural, se fomentará el establecimiento de precios de garantía, los apoyos a los productores se orientarán a complementar sus capacidades económicas a fin de realizar inversiones para la tecnificación del riego y la reparación y adquisición de equipos e implementos, así como la adquisición de material vegetativo mejorado para su utilización en la producción; la implantación de agricultura bajo condiciones controladas; el desarrollo de plantaciones; la implementación de normas sanitarias y de inocuidad y técnicas de control biológico; el impulso a la ganadería; la adopción de prácticas ecológicamente pertinentes y la conservación de los recursos naturales; así como la contratación de servicios de asistencia técnica y las demás que resulten necesarias para fomentar el desarrollo rural sustentable.

Artículo 104.- Se promoverá y apoyará la comercialización agropecuaria y demás bienes y servicios que se realicen en el ámbito de las regiones rurales, mediante el establecimiento de precios de garantías y esquemas que permitan coordinar los esfuerzos de las diversas dependencias y entidades públicas, de los agentes de la sociedad rural y sus organizaciones económicas, con el fin de lograr una mejor integración de la producción primaria con los procesos de comercialización, acreditando la condición sanitaria, de calidad e inocuidad, el carácter orgánico o sustentable de los productos y procesos productivos y elevando la competitividad de las cadenas productivas, así como impulsar la formación y consolidación de las empresas comercializadoras y de los mercados que a su vez permitan asegurar el abasto interno y aumentar la competitividad del sector, en concordancia con las normas y tratados internacionales aplicables en la materia.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, deberá expedir en un plazo no mayor de 90 días naturales a partir de su día de publicación en el Diario Oficial de la Federación, los criterios o lineamientos necesarios para hacer efectivas las disposiciones del presente Decreto.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I a XXI…

XXII.-Los demás que expresamente le atribuyan las leyes y reglamentos;

Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I a XXI…

XXII.- Establecer precios de garantía que aseguren el pago justo de sus productos a los pequeños productores rurales

XXIII.- Los demás que expresamente le atribuyan las leyes y reglamentos;

Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Artículo 32.- El Ejecutivo Federal, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y los sectores social y privado del medio rural, impulsará las actividades económicas en el ámbito rural.


I a VI…

VII.- El fortalecimiento de los servicios de apoyo a la producción, en particular el financiamiento, el aseguramiento, el almacenamiento, el transporte, la producción y abasto de insumos y la información económica y productiva,

 

Artículo 87.- Para impulsar la productividad rural, los apoyos a los productores se orientarán a complementar sus capacidades económicas a fin de realizar inversiones para la tecnificación del riego y la reparación y adquisición de equipos e implementos, así como la adquisición de material vegetativo mejorado para su utilización en la producción; la implantación de agricultura bajo condiciones controladas; el desarrollo de plantaciones; la implementación de normas sanitarias y de inocuidad y técnicas de control biológico; el impulso a la ganadería; la adopción de prácticas ecológicamente pertinentes y la conservación de los recursos naturales; así como la contratación de servicios de asistencia técnica y las demás que resulten necesarias para fomentar el desarrollo rural sustentable.
Artículo 104.- Se promoverá y apoyará la comercialización agropecuaria y demás bienes y servicios que se realicen en el ámbito de las regiones rurales, mediante esquemas que permitan coordinar los esfuerzos de las diversas dependencias y entidades públicas, de los agentes de la sociedad rural y sus organizaciones económicas, con el fin de lograr una mejor integración de la producción primaria con los procesos de comercialización, acreditando la condición sanitaria, de calidad e inocuidad, el carácter orgánico o sustentable de los productos y procesos productivos y elevando la competitividad de las cadenas productivas, así como impulsar la formación y consolidación de las empresas comercializadoras y de los mercados que a su vez permitan asegurar el abasto interno y aumentar la competitividad del sector, en concordancia con las normas y tratados internacionales aplicables en la materia.

Artículo 32.- El Ejecutivo Federal, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y los sectores social y privado del medio rural, impulsará las actividades económicas en el ámbito rural.


I a VI…

VII.- El fortalecimiento de los servicios de apoyo a la producción, en particular el financiamiento, el aseguramiento, el almacenamiento, el transporte, la producción y abasto de insumos y la información económica y productiva, así como el fomento de precios de garantía para los pequeños productores.

Artículo 87.- Para impulsar la productividad rural, se fomentará el establecimiento de precios de garantía, los apoyos a los productores se orientarán a complementar sus capacidades económicas a fin de realizar inversiones para la tecnificación del riego y la reparación y adquisición de equipos e implementos, así como la adquisición de material vegetativo mejorado para su utilización en la producción; la implantación de agricultura bajo condiciones controladas; el desarrollo de plantaciones; la implementación de normas sanitarias y de inocuidad y técnicas de control biológico; el impulso a la ganadería; la adopción de prácticas ecológicamente pertinentes y la conservación de los recursos naturales; así como la contratación de servicios de asistencia técnica y las demás que resulten necesarias para fomentar el desarrollo rural sustentable.

Artículo 104.- Se promoverá y apoyará la comercialización agropecuaria y demás bienes y servicios que se realicen en el ámbito de las regiones rurales, mediante el establecimiento de precios de garantías y esquemas que permitan coordinar los esfuerzos de las diversas dependencias y entidades públicas, de los agentes de la sociedad rural y sus organizaciones económicas, con el fin de lograr una mejor integración de la producción primaria con los procesos de comercialización, acreditando la condición sanitaria, de calidad e inocuidad, el carácter orgánico o sustentable de los productos y procesos productivos y elevando la competitividad de las cadenas productivas, así como impulsar la formación y consolidación de las empresas comercializadoras y de los mercados que a su vez permitan asegurar el abasto interno y aumentar la competitividad del sector, en concordancia con las normas y tratados internacionales aplicables en la materia.

 Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 26 de noviembre de 2015.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador Monreal Ávila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a alumnos de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por el Senador José Francisco Yunes Zorrilla; de igual manera, se da la más cordial bienvenida a estudiantes del Colegio Montañez del Centro Educativo Acambarense, Guanajuato, invitados por el Senador Roberto Gil Zuarth. Agradecemos de forma sincera su visita y presencia a este Senado de la República.

¡Sean ustedes bienvenidos!

1Cuéntame “Población rural y urbana” INEGI [En línea] Consultado el día 19 de Noviembre de 2015. Disponible en http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.aspx?tema=P

2“Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018” Gobierno de la República [En línea] Consultado el día 19 de Noviembre de 2015. Disponible en http://pnd.gob.mx/

3Reporte de Investigación No. 94 “Resultados de 18 años del TLCAN y 20 años de las modificaciones l Ar. 27 constitucional” Boletín UNAM-DGC S-174 [En línea] Consultado el 20 de noviembre de 15. Disponible en https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://cam.economia.unam.mx/wp-content/uploads/2013/08/Reporte-94.pdf&hl=es

4“Productos agrícolas de mayor consumo en México” El Universal [En línea] Consultado el día 20 de noviembre de 2015. Disponible en http://www.am.com.mx/leon/mexico/productos-agricolas-de-mayor-consumo-en-mexico-236820.html

5“Evolución de las Importaciones de Granos”, México, Subsecretaria de Alimentación y Competitividad Dirección General de Logística y Alimentación de la Secretaria de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, [En línea] Consultado el día 20 de noviembre de 2015. Disponible en http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/IMPOGRANOS.pdf.

6Zúñiga Juan Antonio y Cardoso Víctor “Con Calderón se importaron alimentos por más de 60 mil mdd”, La Jornada [En Línea] Consultado el día 20 de noviembre de 2015.Disponible en: www.jornada.unam.mx/2012/09/17/economia/028n1eco.

7Campesinos de América “Demanda la CNC precio justo para tres millones de productores de maíz” CNC [En línea] Consultado el día 20 de Noviembre de 2015. Disponible en http://www.cnc.org.mx/demanda-la-cnc-precio-justo-para-tres-millones-de-productores-de-maiz-2/

8Chalita Tovar, Luis et.al. “Relación entre los precios de garantía de arroz, trigo, frijol, sorgo, soya y ajonjolí y sus respectivos precios internacionales”, [En Línea] Consultado el día 20 de noviembre de 2015.Disponible en: http://www.izt.uam.mx/economiatyp/numeros/numeros/primera_epoca/10/articulos_pdf/10_8_Relacion.pdf

9Ibídem.

10Santoyo, Salvador, “La política de precios de garantía antecedentes, situación actual y perspectivas”, [en línea]. México, consultado el 9 de noviembre de 2015, disponible en http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/4GDC1GPK8U4EQEB7RDNKAV391TUJIE.pdf

11Presupuesto de Egresos de la Federación PROYECTO 2016 versión ciudadana [en línea], consultado el 19 de noviembre de 2015, disponible en: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Presupuestacion/ppef2016.pdf





 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 5o., LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 10, LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTÍCULO 19 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL MISMO ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

A pesar de los distintos esfuerzos que se han alcanzado para el reconocimiento de los derechos fundamentales, el derecho al trabajo depende de múltiples factores que interaccionan entre sí, tales como los termómetros económicos, los parámetros educativos, de competencia e, incluso, las condiciones sociales de cada grupo de habitantes.

Por ende, facilitar a los trabajadores el que puedan ejercitar sus derechos laborales es una situación que requiere la generación de condiciones idóneas, tanto en materia legislativa, como presupuestal e institucional, y la implementación de medidas que no sólo permitan el acceso al trabajo, sino a unos de calidad, con las prestaciones correspondientes, en donde las labores se realicen con apego a las normas de seguridad, protegiendo la integración física y mental del trabajador, entre otras características que deben tener la realización de cualquier trabajo decente, como lo estipula la Organización Internacional del Trabajo.

El concepto de trabajo decente, contempla que todo trabajo debe estipularse en un contrato, con una remuneración justa por las actividades realizadas y con el derecho a recibir prestaciones sociales básicas, entre otras disposiciones, con la finalidad de que los trabajadores puedan desempeñar sus labores en ambientes seguros, cuenten con un crecimiento y capacitación, puedan superarse profesionalmente e incluso mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Este concepto forma parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU y los Estados miembros han aceptado el compromiso de conseguir las metas planteadas.

En este sentido, pareciera ser que este reto es aún más grande para las economías que están en desarrollo, ya que de acuerdo con la OIT, en su Informe sobre el Trabajo en el Mundo 2014, la principal fuente de ingresos de los hogares sigue siendo la remuneración que se recibe directamente de un empleo y donde gran parte de estos empleos se generan en el sector informal, mismo que opera fuera del marco normativo pero genera gran parte del flujo del capital en estos países.

En el caso de México, la situación no es tan diferente, en los últimos años no se han podido crear los puestos de trabajo suficientes en cuanto calidad y cantidad, manteniendo grandes tasas de ocupación en el sector informal, rotativo, sin especialización, capacitación, prestaciones, salarios suficientes o condiciones adecuadas de trabajo, dando como resultado, una problemática que lleva mucho tiempo sin encontrar solución, y que sólo se ha ido agravando por la falta de atención por parte de las autoridades en la materia.
En este contexto, las políticas en nuestro país deben facilitar que el campo laboral transite cada día más a la formalidad, fomentando la inversión, el crecimiento y la generación de empleos suficientes y de calidad.

Uno de los sectores que más se ven afectados en esta temática, es el conformado por las personas adultas, ya que se encuentran en una situación en la que su edad es determinante para que las empresas les nieguen injustificadamente los puestos de trabajo o los aceptan sin cualquier tipo de prestación adicional, con plazas temporales, sin contrato, en áreas de poca jerarquía y con pago inferior, sin que éste sea suficiente para solventar sus gastos más elementales; además, hay que considerar que muchos de ellos cuentan con alguna enfermedad que genera costos médicos adicionales que muchas veces deben cubrir solos y en otras circunstancias, carecen de pensiones o seguridad social. Esta serie de factores sólo dan lugar a que sus derechos se violenten de forma reiterada y no puedan gozar de una vejez digna.

Esto se transforma en un factor de vulnerabilidad para la seguridad económica de este grupo, donde sus ingresos se reducen y aumenta la probabilidad de pobreza en sus hogares. Es por esta situación, que muchos de los adultos mayores se ven en la necesidad de aceptar trabajos bajo condiciones que atentan contra el pleno ejercicio de sus derechos personales, laborales, sociales y económicos.

En nuestro país viven alrededor de 11.7 millones de adultos mayores, lo que representa a 9.7 por ciento de la población total, de acuerdo con cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con una tasa de participación económica del 33 por ciento, mismo que disminuye conforme se incrementa su edad, llegando a 10.6 por ciento de aquellos que se encuentran en una vejez avanzada; ahora, de estos porcentajes, se desprende que la mitad trabaja por cuenta propia o en trabajos temporales y un 4.9 por ciento realiza actividades sin pago, lo que se considera por diversas organizaciones internacionales como trabajo vulnerable al no contar con lo establecido por la ley para cualquier empleo formal, siendo alarmante que aproximadamente la mitad de ellos no reciba prestaciones y en muchas ocasiones ganen menos de un salario mínimo.

Continuando esta dirección, la realidad es aún más cruda cuando los datos revelados por la Encuesta Nacional del Empleo y Seguridad Social de 2013, nos indican que sólo una cuarta parte de los adultos mayores cuentan con una pensión, misma que en ocasiones resulta insuficiente para cubrir sus gastos, lo que obliga a un gran número de personas a verse en la necesidad de trabajar tan sólo para sobrevivir, convirtiendo así, a muchos trabajadores que viven en situaciones más favorables en su juventud y vida adulta en personas carentes de empleo o con trabajos que los mantienen en situaciones de pobreza y vulnerabilidad.

Incluso, el panorama actual nos permite encontrar a muchos trabajando en puestos relegados de sus cargos o realizando actividades básicas a pesar de que se encuentren capacitados para poder hacer tareas más complejas y en muchas ocasiones, aunque se les acepte a prestar sus servicios dentro de alguna empresa, no se les entregan prestaciones y se les exige contar con algún tipo de seguridad social, lo que pudiera parecer irónico cuando notamos que el porcentaje de personas que es derechohabiente es reducido, negando así, la obtención del puesto a un gran número de adultos mayores, que sin más opciones tienen que recurrir a fuentes informales de trabajo.

Esta compleja situación requiere atención inmediata, considerando además que múltiples proyecciones revelan que la demografía del país se está transformando gradualmente, pasando de prestar altas tasas de población joven a un incremento en la población que pertenecerá a este grupo que está siendo sometido a condiciones de vulnerabilidad.

Es por estas razones que el Estado mexicano debe priorizar acciones que resuelvan la problemática y velar porque sus derechos humanos sean respetados. Aun en el complejo escenario, merecen gozar de todos sus derechos si deciden prolongar su vida laboral.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 5, LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 10, LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTÍCULO 19 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL MISMO, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A pesar de los distintos esfuerzos que se han alcanzado para el reconocimiento de los derechos fundamentales de todas las personas, el derecho al trabajo depende de múltiples factores que interaccionan entre sí, tales como los termómetros económicos, los parámetros educativos de competencia e incluso las condiciones sociales de cada grupo de habitantes.

Por ende, facilitar a los trabajadores el que puedan ejercitar sus derechos laborales es una situación que requiere la generación de condiciones idóneas tanto en materia legislativa, como presupuestal e institucional, y la implementación de medidas que no solo permitan el acceso al trabajo, sino a uno de calidad, con las prestaciones correspondientes, en donde las labores se realicen con apego a las normas de seguridad, protegiendo la integridad física y mental del trabajador, entre otras características que debe tener la realización de cualquier trabajo decente, como lo estipula la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El concepto de trabajo decente, contempla que todo trabajo debe estipularse en un contrato, con una remuneración justa por las actividades realizadas y con el derecho a recibir prestaciones sociales básicas, entre otras disposiciones, con la finalidad de que los trabajadores puedan desempeñar sus labores en ambientes seguros, cuenten con un crecimiento y capacitación, puedan superarse profesionalmente e incluso mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Este concepto forma parte dela Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU y los Estados miembros han aceptado el compromiso de conseguir las metas planteadas.

En este sentido, pareciera ser que este reto es aún más grande para las economías que están en desarrollo, ya que de acuerdo con la OIT, en su Informe sobre el Trabajo en el Mundo 2014, la principal fuente de ingresos de los hogares sigue siendo la remuneración que se recibe directamente de un empleo y donde gran parte de estos empleos se generan en el sector informal, mismo que opera fuera del marco normativo pero genera gran parte del flujo de capital en estos países.

En el caso de México, la situación no es tan diferente, en los últimos años no se han podido crear los puestos de trabajo suficientes, en cuanto a calidad y cantidad, manteniendo grandes tasas de ocupación en el sector informal, rotativo, sin especialización, capacitación, prestaciones, salarios suficientes o condiciones adecuadas de trabajo, dando como resultado, una problemática que lleva mucho tiempo sin encontrar solución y que solo se ha ido agravando por la falta de atención por parte de las autoridades en la materia.

En este contexto, las políticas en nuestro país deben facilitar que el campo laboral transite cada día más a la formalidad, fomentando la inversión, el crecimiento y la generación de empleos suficientes y de calidad.

Uno de los sectores más se ven afectados en esta temática, es el conformado por las personas adultas, ya que se encuentran en una situación en la que su edad es determinante para que las empresas les nieguen injustificadamente los puestos de trabajo o los acepten sin cualquier tipo de prestación adicional, con plazas temporales, sin contrato, en áreas de poca jerarquía y con un pago inferior, sin que este sea suficiente para solventar sus gastos más elementales, además, hay que considerar que muchos de ellos cuentan con alguna enfermedad que genera costos médicos adicionales que muchas veces deben cubrir solos y en otras circunstancias, carecen de pensiones o seguridad social. Esta serie de factores solo da lugar a que sus derechos se violenten de forma reiterada y que no puedan gozar de una vejez digna.

Esto se transforma en un factor de vulnerabilidad para la seguridad económica de este grupo, donde sus ingresos se reducen y aumenta la probabilidad de pobreza en sus hogares. Es por esta situación, que muchos de los adultos mayores se ven en la necesidad de aceptar trabajos bajo condiciones que atentan contra el pleno ejercicio de sus derechos personales, laborales, sociales, económicos, etc.

En nuestro país viven alrededor de 11.7 millones de adultos mayores, lo que representa al 9.7% de la población total, de acuerdo con cifras proporcionadas por el  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con una tasa de participación económica del 33%, mismo que disminuye conforme se incrementa su edad, llegando a 10.6% en aquellos que se encuentran en una vejez avanzada, ahora, de estos porcentajes, se desprende que la mitad trabaja por cuenta propia o en trabajos temporales y un 4.9% realiza actividades sin pago, lo que se considera por diversas organizaciones internacionales como “trabajo vulnerable” al no contar con lo establecido por la ley para cualquier empleo formal, siendo alarmante que aproximadamente la mitad de ellos no reciba prestaciones y en muchas ocasiones gane menos de 1 salario mínimo.

Continuando en esta dirección, la realidad es aún más cruda cuando los datos revelados por la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) de 2013 nos indican que solo una cuarta parte de los adultos mayores cuentan con una pensión, misma que en ocasiones resulta insuficiente para cubrir sus gastos, lo que obliga a un gran número de personas a verse en la necesidad de trabajar tan solo para “sobrevivir”, convirtiendo así, a muchos trabajadores que vivían en situaciones más favorables en su juventud y vida adulta, en personas carentes de empleo o con trabajos que los mantienen en situaciones de pobreza y vulnerabilidad.

Incluso, el panorama actual, nos permite encontrar a muchos trabajando en puestos relegados de sus cargos o realizando actividades básicas a pesar de que se encuentren capacitados para poder hacer tareas más complejas y en muchas ocasiones, aunque se les “acepte” a prestar sus servicios dentro de alguna empresa, no se les entregan prestaciones y se les exige contar con algún tipo de seguridad social, lo que pudiera parecer irónico cuando notamos que el porcentaje de personas que es derechohabiente es reducido, negando así, la obtención del puesto a un gran número de adultos mayores, que sin más opciones tienen que recurrir a fuentes informales de trabajo.

Esta compleja situación requiere atención inmediata, considerando además que  múltiples proyecciones revelan que la demografía del país se está transformando gradualmente, pasando de presentar altas tasas de población joven a un incremento en la población que pertenecerá a este grupo que está siendo sometido a condiciones de vulnerabilidad.

Es por estas razones que el Estado mexicano debe priorizar acciones que resuelvan la problemática y velar porque sus derechos humanos sean respetados, aún en el complejo escenario, merecen gozar de todos sus derechos si deciden prolongar su vida laboral.

Cuadro de cambios propuestos

 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

 

PROPUESTA DE REFORMAS

Artículo 5º. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I. al IV. …

V. Del trabajo:

A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral

VI. al IX. …

Artículo 10.- Son objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:

I. al XIV. …

XV. Propiciar y fomentar programas especiales de educación y becas de capacitación para el trabajo, mediante los cuales se logre su reincorporación a la planta productiva del país, y en su caso a su desarrollo profesional;

XVI. al XX. …

Artículo 19.- Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, garantizar en beneficio de las personas adultas mayores:

I. La implementación de los programas necesarios a efecto de promover empleos y trabajos remuneradores así como actividades lucrativas o voluntarias, conforme a su oficio, habilidad o profesión, sin más restricción que su limitación física o mental declarada por la autoridad médica o legal competente;

II. y III. …

IV. La organización de una bolsa de trabajo mediante la cual se identifiquen actividades laborales que puedan ser desempeñadas por las personas adultas mayores y orientarlas para que presenten ofertas de trabajo;

 

V. al VII. …

Artículo 5º. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I. al IV. …

V. Del trabajo:

A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo decente o de otras opciones de calidad que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos e instrumentos internacionales de carácter laboral;

VI. al IX. …

Artículo 10.- Son objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:

I. al XIV. …

XV. Propiciar y fomentar programas especiales de educación y becas de capacitación para el trabajo, mediante los cuales se logre su reincorporación a un trabajo decente o bien a actividades productivas de calidad, y en su caso a su desarrollo profesional;
XVI. al XX. …

Artículo 19.- Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, garantizar en beneficio de las personas adultas mayores:

I. La implementación de los programas necesarios a efecto de promover el trabajo decente, así como actividades lucrativas o voluntarias, conforme a su oficio, habilidad o profesión, sin más restricción que su limitación física o mental declarada por la autoridad médica o legal competente;

II. y III. …

IV. La organización de una bolsa de trabajo mediante la cual se identifiquen actividades laborales de calidad que puedan ser desempeñadas por las personas adultas mayores y orientarlas para que presenten ofertas de trabajo;

V. al VII. …

VIII. Promover y estimular el mejoramiento de fuentes de empleo para adultos mayores hacia estándares de calidad apegados a los principios y normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo decente, definiendo la aplicación de estímulos fiscales para tal efecto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se REFORMA la fracción V del artículo 5, la fracción XV del artículo 10, las fracciones I y IV del artículo 19 y se ADICIONA la fracción VIII al mismo, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar de la siguiente manera:

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo 5º. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I. al IV. …

V. Del trabajo:

A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo decente o de otras opciones de calidad que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos e instrumentos internacionales de carácter laboral;

VI. al IX. …

Artículo 10.- Son objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:

I. al XIV. …

XV. Propiciar y fomentar programas especiales de educación y becas de capacitación para el trabajo, mediante los cuales se logre su reincorporación a un trabajo decente o bien a actividades productivas de calidad, y en su caso a su desarrollo profesional;

XVI. al XX. …

Artículo 19.- Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, garantizar en beneficio de las personas adultas mayores:

I. La implementación de los programas necesarios a efecto de promover el trabajo decente, así como actividades lucrativas o voluntarias, conforme a su oficio, habilidad o profesión, sin más restricción que su limitación física o mental declarada por la autoridad médica o legal competente;

II. y III. …

IV. La organización de una bolsa de trabajo mediante la cual se identifiquen actividades laborales de calidad que puedan ser desempeñadas por las personas adultas mayores y orientarlas para que presenten ofertas de trabajo;

V. al VII. …

VIII. Promover y estimular el mejoramiento de fuentes de empleo para adultos mayores hacia estándares de calidad apegados a los principios y normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo decente, definiendo la aplicación de estímulos fiscales para tal efecto.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de noviembre de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, distinguida Senadora Cuéllar Cisneros. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Se concede el uso de la tribuna al Senador Gerardo Sánchez García, para presentar, a nombre propio y de diversos Senadores, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 27 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Gerardo Sánchez García, a nombre propio y de los Senadores Manuel Humberto Cota Jiménez, Carlos Romero Deschamps, José Francisco Yunes Zorrilla, Patricio Martínez García, Alejandro Tello Cristerna, Hilda Esthela Flores Escalera, Mely Romero Celis, Luis Armando Melgar Bravo, Juan Gerardo Flores Ramírez, Carlos Alberto Puente Salas, José Rosas Aispuro Torres, Isidro Pedraza Chávez y David Monreal Ávila)

El Senador Gerardo Sánchez García: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

El de la voz, a nombre de los Senadores Manuel Humberto Cota Jiménez, Carlos Romero Deschamps, José Francisco Yunes Zorrilla, Patricio Martínez García, Alejandro Tello Cristerna, Hilda Esthela Flores Escalera, Mely Romero Celis, Luis Armando Melgar Bravo, Juan Gerardo Flores Ramírez, Carlos Alberto Puente Salas, José Rosas Aispuro Torres y David Monreal Ávila, de los grupos parlamentarios del PRI, del PVEM, del PAN y del PT, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la designación de Magistrados Agrarios.

Los derechos de seguridad jurídica y acceso a la justicia son derechos humanos reconocidos en los principales instrumentos internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Plan Nacional de Desarrollo ha trazado los grandes objetivos de las políticas públicas, establece las acciones específicas para alcanzarlos y precisa indicadores que permitirán medir los avances obtenidos. Dicho plan tiene, entre otros, el firme propósito de alcanzar un México en paz, donde se recobren el orden, la seguridad y la justicia que anhelan las familias; además establece los lineamientos para ser una nación en la que se respeten cabalmente los derechos humanos.

En materia de justicia agraria, la Constitución establece en la fracción XIX del artículo 27, que el Estado dispondrá de las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con el objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos. Para tal efecto la norma fundante, faculta a los órganos jurisdiccionales de plena jurisdicción y autonomía para dictar los fallos.

Sin embargo, tal precepto resulta ineficaz dada la situación que enfrentan los Tribunales Agrarios en el país derivado del alto número de magistraturas que se encuentran acéfalas, lo cual retarda la impartición de justicia agraria, impactando negativamente a uno de los sectores más desfavorecidos del país.

Los Tribunales Agrarios, integrados por el Tribunal Superior y 56 Tribunales Unitarios, juegan un papel importante en el desarrollo económico para la competitividad del país y para la certeza jurídica, logrando un impacto positivo en la sociedad al ser los encargados de resolver las controversias que se generen respecto de los derechos agrarios y la tenencia de la tierra de casi 32 mil núcleos agrarios, de los cuales 29 mil 442 son ejidos y 2 mil 343 comunidades, que ocupan más de 101 mil millones de hectáreas, lo que representa el 51 por ciento del territorio nacional, superficie que ocupan más de 5 millones de sujetos agrarios.

Desde la creación de los órganos jurisdiccionales agrarios en el año de 1992, hasta la fecha, los Tribunales Unitarios han recibido casi 792 mil asuntos, de los cuales han resuelto 748 mil, lo que representa el 94.5 por ciento, encontrándose actualmente en trámite más de 43,700 juicios agrarios.

Dada la delicada situación en materia de impartición de justicia agraria, y en aras de proteger los derechos de los ejidatarios, el estado de derecho y los derechos humanos, es fundamental contar con instituciones debidamente conformadas y en pleno ejercicio de las funciones para los que fueron creados. Nuestro marco jurídico requiere un procedimiento eficaz para la designación de los Magistrados de los Tribunales Agrarios.

Actualmente, la Constitución Política y la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, establece el procedimiento de designación, sin embargo no aclara plazos máximos para dichos nombramientos, lo que impacta negativamente en los derechos de los núcleos agrarios.

Por lo tanto, se propone reformar la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se fije con claridad el procedimiento para que la designación de titulares del órgano jurisdiccional se resuelva de manera inmediata, adoptando un procedimiento de designación similar aplicado conforme al artículo 96 constitucional para la selección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en nuestra calidad de Senadores y Senadores de la República, proponemos esta iniciativa, rogándole, señor Presidente, que el texto íntegro, así como esta intervención, sean publicadas en el Diario de los Debates, y se turne dicha iniciativa a las comisiones correspondientes.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa.

Los que suscriben, Gerardo Sánchez García, Manuel Humberto Cota Jiménez, Carlos Romero Deschamps, José Francisco Yunes Zorrilla, Patricio Martínez García, Alejandro Tello Cristerna, Hilda Flores Escalera, Mely Romero Celis, Luis Armando Melgar Bravo, Juan Gerardo Flores Ramírez, Carlos Alberto Puente Salas, José Rosas Aispuro Torres, Isidro Pedraza Chávez, David Monreal Ávila, Senadoras y Senadores de la República de los grupos parlamentarios del PRI, PVEM, PAN, PRD y PT de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1; 164 numeral 1; 169 y 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativa a la designación de magistrados agrarios. Lo anterior, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los derechos de seguridad jurídica y acceso a la justicia son derechos humanos reconocidos en los principales instrumentos internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es el derecho de toda persona de hacer valer jurisdiccionalmente una prerrogativa que considera violada; de acceder a procesos ágiles y garantistas para obtener justicia pronta y cumplida, entendida como justicia de calidad y oportuna.

El Plan Nacional de Desarrollo ha trazado los grandes objetivos de las políticas públicas, establece las acciones específicas para alcanzarlos y precisa indicadores que permitirán medir los avances obtenidos. Dicho plan tiene -entre otros- el firme propósito de alcanzar un México en Paz, donde se recobren el orden, la seguridad y la justicia que anhelan las familias. Además, establece los lineamientos para hacer una nación en la que se respeten cabalmente los derechos humanos.

En materia de justicia agraria, la Constitución establece en la fracción XIX del artículo 27 que el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos. Para tal efecto la norma fundante, faculta a los órganos jurisdiccionales de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, para una eficaz administración de justicia agraria en todo el territorio nacional.

Sin embargo, tal precepto resulta ineficaz dada la situación que enfrentan los Tribunales Agrarios en el país derivado del alto número de magistraturas que se encuentran acéfalas, lo cual retarda la impartición de justicia agraria, impactando negativamente a uno de los sectores más desfavorecidos del país.

Los Tribunales Agrarios integrados por el Tribunal Superior y 56 Tribunales Unitarios, juegan un papel importante en el desarrollo económico para la competitividad del país y para certeza jurídica, logrando un impacto positivo en la sociedad al ser los encargados de resolver las controversias que se generan respecto de los derechos agrarios y la tenencia de la tierra de 31,785 núcleos agrarios de los cuales 29,442 son ejidos y 2,343 comunidades, que ocupan más de 101 millones de hectáreas lo que representa el 51% del territorio nacional, superficie que ocupan más de 5 millones de sujetos agrarios.1

Desde la creación de los órganos jurisdiccionales agrarios en el año de 1992, hasta la fecha, los Tribunales Unitarios han recibido un total de 791,864 asuntos, de los cuales se han resuelto 748,133 lo que representa el 94.5%, encontrándose actualmente en trámite más de 43,731 juicios.

Dada la delicada situación en materia de impartición de justicia agraria, y en aras de proteger los derechos de los ejidatarios, el Estado de Derecho y los derechos humanos; es fundamental contar con instituciones debidamente conformadas y en pleno ejercicio de las funciones para las que fueron creadas.

Nuestro marco jurídico requiere un procedimiento eficaz para la designación de los Magistrados de los tribunales agrarios. Actualmente, la Constitución Política y Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, establece el procedimiento de designación, sin embargo no establecen plazos máximos para dichos nombramientos, lo que impacta negativamente en los derechos de los núcleos agrarios.

Por tanto, se propone reformar la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se fije con claridad el procedimiento para que la designación de titulares del órgano jurisdiccional se resuelva de manera inmediata, adoptando un procedimiento de designación similar aplicado conforme el artículo 96 constitucional para la selección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en nuestra calidad de Senadores de la República, integrantes delos grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido del Trabajo sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: se reforma la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 27.-

XIX. Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos.

Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente.

Para nombrar a los magistrados de los tribunales competentes en materia de justicia agraria, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado en un plazo máximo de treinta días posterior a la existencia de la vacante, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al magistrado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. El Senado tendrá un plazo improrrogable de treinta días para resolver la designación, si no lo resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de magistrado la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico conforme al presente Decreto dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de noviembre de 2015.

Sen. Gerardo Sánchez García.- Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Carlos Romero Deschamps.- Sen. José Francisco Yunes Zorrilla.- Sen. Alejandro Tello Cristerna.- Sen. Luis Armando Melgar Bravo.- Sen. Carlos Alberto Puente Salas.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez.- Sen. José Rosas Aispuro Torres.- Sen. Isidro Pedraza Chávez.- Sen. David Monreal Ávila.- Sen. Patricio Martínez García.

1 Datos al mes de diciembre de 2014. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. www.sedatu.gob.mx

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Con todo gusto. Muchas gracias, Senador Sánchez García. Túrnese la presente iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Esta Presidencia la más cordial bienvenida a estudiantes del Instituto de Capacitación Integral de Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses.

Agradecemos de forma sincera su visita y presencia en el Senado de la República.

¡Sean ustedes bienvenidos¡

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que propone modificaciones en la integración de comisiones.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integre a los asuntos de hoy el Acuerdo referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. El Acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.





 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Doy lectura al Acuerdo, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: En consecuencia, está a discusión. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones ordinarias. Comuníquese.

En el apartado de dictámenes, les informo que por acuerdo de la Mesa Directiva, se retiraron de su trámite de primera lectura los siguientes dictámenes:

El de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

Y el de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 30 constitucional.

Asimismo, por acuerdo de la Mesa Directiva, tenemos la primera lectura de los siguientes dictámenes.

Dos, de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Fomento Económico, los que contienen:

Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Mancomunidad de Dominica, firmado en la ciudad de Mérida, Yucatán, México, el 30 de abril de 2014.





 

CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y GRANADA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO, EL 30 DE ABRIL DE 2014

(Dictamen de primera lectura)



Y por el que se aprueba el Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y Granada, firmado en la ciudad de Mérida, Yucatán, México, el día 30 de abril de 2014.





 

CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y GRANADA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO, EL 30 DE ABRIL DE 2014

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, quedan de primera lectura.





 

Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Vivienda, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a realizar un plan de ordenamiento territorial para evitar la construcción de viviendas en zonas susceptibles de inundación y de alto riesgo.

El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

COMISIÓN DE VIVIENDA

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE VIVIENDA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Vivienda de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a realizar un plan de ordenamiento territorial para evitar la construcción de viviendas en zonas susceptibles de inundación y de alto riesgo, así como para reubicar a quienes habitan en asentamientos irregulares.

Una vez recibida dicha proposición con punto de Acuerdo por esta Comisión Dictaminadora, sus integrantes se avocaron al estudio de su contenido para proceder a emitir el dictamen respectivo, conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2; 117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para los trabajos previos de la Comisión y la elaboración del Dictamen de la referida proposición con punto de Acuerdo.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO" se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 8 de septiembre de 2015, el Senador Luis Fernando Salazar Fernández, presentó la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a realizar un plan de ordenamiento territorial para evitar la construcción de viviendas en zonas susceptibles de inundación y de alto riesgo, así como para reubicar a quienes habitan en asentamientos irregulares.

2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa a la Comisión de Vivienda para su estudio y dictamen correspondientes.

II. CONTENIDO DELPUNTO DE ACUERDO

Expresa que el 14 de enero de 2013, el titular del Poder Ejecutivo Federal, presentó en el estado de Tabasco el Programa Nacional de Prevención contra Contingencias Hidráulicas, afirmando que el objetivo del programa consistiría principalmente en evitar que las inundaciones causadas por el desbordamiento de los ríos, lluvias torrenciales, la subida de las mareas por encima del nivel habitual, o cualquier eventualidad como consecuencia del cambio climático sigan ocasionando pérdidas humanas o daños por miles de millones de pesos en las localidades ubicadas en zonas de riesgo.

Precisa que se trataba de un proyecto integral, que contemplaría la ejecución de acciones medioambientales. De planeación urbana, prevención, y protocolos de emergencia.

Sin embargo, a dos años de la presentación del mencionado programa, se tiene conocimiento mediante una solicitud de información pública de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) ha sido omisa en realizar el Plan de Ordenación del Territorio que el titular del ejecutivo presentó y no ha llevado a cabo reunión alguna con las entidades federativas para identificar áreas o asentamientos de naturaleza irregular.

En el mismo sentido en el Tercer Informe de Gobierno de la República, respecto a la ordenación del territorio, se informa que el Programa de Reubicación de la Población en zonas de riesgo se transformó en el Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo, sin que se informe sobre las acciones concretas que hayan contribuido a evitar la construcción de viviendas en zonas susceptibles de riesgo para la población.

Los anteriores puntos cobran relevancia ante la temporada de lluvias anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional que afectará a diversos estados del país.

El punto de Acuerdo que se dictamina es del tenor literal siguiente:

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a realizar un plan de ordenamiento territorial, para evitar la construcción de viviendas en zonas susceptibles de inundación y de alto riesgo, así como para reubicar a quienes habitan en asentamientos irregulares en el país.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Esta Comisión reconoce el derecho a la vivienda digna y decorosa como un derecho humano fundamental consagrado en el artículo 4 de la Constitución y diversas normas internacionales a manera de un derecho integral que propicia un nivel de vida adecuado y permite el acceso a un mayor número de derechos humanos.

SEGUNDA.- Es necesario destacar que el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 señala que las condiciones ambientales urbanas se encuentran relacionadas a la vulnerabilidad y ocurrencia de desastres.

México ha sufrido grandes pérdidas a causa de fenómenos naturales en los últimos años, el terremoto de 1985 y los sismos frecuentes en el territorio nacional, los huracanes Gilberto, Opal, Paulina, Roxana, Stan, Wilma, Manuel, Ingrid y Patricia, así como los diversos fenómenos meteorológicos son evidencia de la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los mexicanos asentados en zonas de riesgo.

Según cifras presentadas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres entre 1990 y 2010 ocurrieron 75 eventos de diversa magnitud que resultaron en 3 mil 500 fallecimientos, miles de damnificados y graves daños a la economía.

Más de 15 millones de personas se vieron afectadas por fenómenos meteorológicos durante la primera década del siglo, el 95.9% de estos eventos corresponden a fenómenos hidrometeorológicos.

En nuestro país el 11% de las viviendas en localidades urbanas se encuentran cerca o sobre el cauce de un rio, el 2.3% se ubican encima de rellenos sanitarios, cuevas o minas, el 9% se encuentra sobre barrancas, 4% presentan hundimientos y 4% deslaves y derrumbes causados por lluvias.

En este sentido resulta imperante para las Comisiones Dictaminadoras exhortar a la autoridad competente para que se evite la proliferación de construcciones en zonas de riesgo y así impedir mayores daños a las y los mexicanos.

De igual modo estas Comisiones reconocen la necesidad de reubicar a quienes habitan en asentamientos irregulares ya que se estima más de 5 millones de lotes habitacionales se encuentran en esta condición.

TERCERA.- La Comisión que dictamina coincide con las motivaciones y propósitos fundamentales de la propuesta de punto de Acuerdo que se dictamina, en el sentido de exhortar respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a realizar un plan de ordenamiento territorial, para evitar la construcción de viviendas en zonas susceptibles de inundación y de alto riesgo, así como para reubicar a quienes habitan en asentamientos irregulares del país.

En tal virtud la Comisión que dictamina se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a realizar un plan de ordenamiento territorial, para evitar la construcción de viviendas en zonas susceptibles de inundación y de alto riesgo, así como para reubicar a quienes habitan en asentamientos irregulares en el país.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, a 24 de noviembre de 2015.

COMISIÓN DE VIVIENDA.

En consecuencia, está a discusión este proyecto de dictamen.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, del grupo parlamentario del PRI.

La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Muchas gracias, señor Presidente.

A nombre del grupo parlamentario, vengo a hablar a favor de este dictamen en el que, respetuosamente, se exhorta a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a evitar la construcción de viviendas en asentamientos irregulares en zonas, por supuesto, peligrosas y de alta incidencia en nuestro país.

Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Como todos saben, este año con los temas del fenómeno de “El Niño”, los huracanes iniciaron prácticamente los primeros días del mes de mayo, y es hasta el día de hoy, a fines de este mes en que se puede prever que finalice esta temporada.

Sabemos que estos fenómenos ocasionan muchas condiciones climatológicas, como lluvias e inundaciones, que ponen en riesgo el patrimonio y la integridad física de la población, sobre todo en aquellas viviendas que se encuentran ubicadas cerca de lo que son ríos y barrancas.

Les doy solamente unos datos para que vean el alcance y la magnitud de este problema: según información de la SEDATU, cerca de 13 millones de personas habitan en asentamientos irregulares y existen 617 municipios de los más de 2 mil 500 en todo el país que tienen un alto grado de riesgo.

Ante esta problemática, sabemos que el Ejecutivo Federal ha hecho algunas acciones y vimos el apoyo que se dio a los estados cuando se tuvo a los huracanes “Ingrid” y “Manuel”, destacando, por supuesto, la reciente entrega de 200 viviendas a jornaleros de Santa Lucia Teotepec, Oaxaca, en la que se invirtieron 27 millones pesos.

También se han sumado a otras acciones para apoyar a las familias que sufren de estos fenómenos meteorológicos. Se cuenta con un programa de ordenamiento territorial y esquemas de reubicación de la población que están hoy en zonas de riesgo, lo cual constituye un instrumento estratégico para reducir esta vulnerabilidad de los asentamientos humanos y evitarlos en la ubicación de estas zonas de riesgo.

Los retos son muy grandes, los retos son complejos; por ello, resulta imperante evitar la proliferación de construcciones en zonas irregulares que pongan en riesgo la población.

De aquí que, compañeras y compañeros, como lo hemos señalado, pese a los esfuerzos que ha realizado la Secretaría, mientras exista, aunque sea una familia que se encuentre en estas condiciones, debemos insistir en la reubicación de estos asentamientos que pueden ser afectados por los fenómenos meteorológicos.

Así que, por eso coincidimos con el proponente en el sentido de que es necesario contar con un plan de ordenamiento territorial que contribuya a evitar la construcción de este tipo de viviendas en zonas que puedan ser inundables, en zonas de alto riesgo y, en su caso, reubicar aquellas que hoy ya se encuentren en esta situación por ser asentamientos irregulares.

La seguridad, los bienes, la vida de los mexicanos deben ser salvaguardadas. Por ello, a nombre del grupo parlamentario del PRI, consideramos que las medidas de protección civil contribuyen a este fin, situación por la cual les pedimos y esperamos que voten a favor, como lo hará el grupo parlamentario, del presente dictamen.

Es cuanto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Araujo Lara.

Se consulta a la Asamblea, si algún otra Senadora o Senador desea motivar este dictamen.

Caso contrario y agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén a favor, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Secretario. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de Acuerdo en relación con el aprovechamiento comercial de resina de pino.

El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Solicito a la Secretaria dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Secretario.

El dictamen está a discusión.

En este sentido, se le concede el uso de la tribuna al Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, para motivar el presente dictamen.

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Las propuestas parten de reconocer la necesidad de actualizar la NOM-026-SEMARNAT-2005, así está contenido en este dictamen, a fin de incorporar técnicas de resinación más eficientes para mejorar la productividad, privilegiar el bienestar de la población, así como la conservación, protección, aprovechamiento y restauración de los recursos forestales y de sus ecosistemas.

La relevancia de este asunto que hoy se presenta ante el Pleno y para el que les pido su apoyo no es menor; México es el cuarto país con mayor biodiversidad en el mundo, cuenta con 138 millones de hectáreas de vegetación forestal, equivalente al 70 por ciento del territorio nacional, correspondiendo a 65 millones de hectáreas a bosques y selvas habitadas por cerca de 11 millones de personas que dependen de los recursos forestales para satisfacer sus necesidades económicas, sociales, culturales y ambientales.

Con esta riqueza natural, ocupamos el primer lugar en el planeta, en el manejo comunitario de bosques certificados como sustentables.

Contamos con una superficie certificada de 792 mil 775 hectáreas que han sido acreditadas por el Consejo de Manejo Forestal y con una producción certificada de 1.23 millones de metros cúbicos de madera.

La mayor diversidad de pinos está en México; uno de los recursos naturales más valiosos para su uso tradicional y comercial, por su importancia cultural y por los servicios ambientales que ofrecen. Sin embargo, su cobertura se reduce rápidamente por actividades antropogénicas, incendios forestales y la deforestación.

Pese a los esfuerzos realizados para su protección, existen diversas especies de pinos que se encuentran enlistados en la Norma Oficial Mexicana antes mencionada, y que están sujetos a protección especial y que podrán llegar a encontrarse o estar amenazadas.

Se estima que en el mundo se produce 1.3 millones de toneladas de resina de pino que se utiliza para la producción de resina colofonia y trementina. México aporta cerca de 20 mil toneladas al año, siendo Michoacán, Jalisco, Oaxaca y Estado de México los principales productores.

Una acción primordial es la puesta en marcha del Programa Nacional Forestal, a través de la Comisión Nacional Forestal, cuyo objeto es apoyar la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable.

Asimismo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, establecen que para el aprovechamiento de los recursos forestales, en particular, para la producción de resina, se emitirán Normas Oficiales en materia.

Coincidimos en que datos y los retos pendientes en esta materia hacen imperativo actualizar la Norma Oficial Mexicana en comento, así como llevar a cabo los estudios técnicos respectivos para impulsar la materia prima de la industria internacional para elaborar productos de mayor valor agregado, privilegiando la preservación y conservación de los bosques.

Por eso, en el grupo parlamentario del PRI, compartimos el interés y necesidad de crear mejores condiciones para este sector, así como apoyar a las industrias y comunidades productoras, a fin de que la estación de la resina sea una actividad en la que se consideren los métodos adecuados para la preservación de nuestro capital natural y, por ende, en beneficio de los mexicanos.

Por eso, les pedimos su apoyo para la aprobación de este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Pozos Lanz.

Se inserta la intervención del Senador Francisco Salvador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Se inserta la intervención de la Senadora Sonia Rocha Acosta.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Se consulta si alguna otra Senadora o Senador desea intervenir en este capítulo. Al no haber más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen correspondiente.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a informar el estatus de la elaboración y desarrollo de una página de Internet que contenga la información que señala el artículo 107 de la Ley General de Cambio Climático. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Secretario. El presente dictamen está a discusión.
En este sentido, ha solicitado el uso de la palabra y se concede el uso de la tribuna al Senador Aarón Irizar López.

El Senador Aarón Irizar López: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros del Senado:

El cambio climático se ha convertido en los últimos años en una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional. Son múltiples las repercusiones, riesgos y desafíos que enfrenta esta problemática para la humanidad.

Por ello es fundamental que todas las personas estén informadas y puedan conocer los avances que su país ha tenido en esta materia.

Existen declaraciones y acuerdos internacionales que hablan del derecho al medio ambiente adecuado, el cual se define como el derecho a disfrutar de un entorno ambiental seguro para el desarrollo de la persona.

Entre otros instrumentos, se encuentran las Resoluciones de la Asamblea General de la ONU, 4594; la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1992; el Protocolo de Kyoto, de 2005 y la Declaración Universal de Derechos Humanos vigente, entre otros.

En nuestro país la Ley General de Cambio Climático, señala en su artículo 107, que la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, en coordinación con el Instituto Nacional de Geografía, Estadística y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, deberán elaborar y desarrollar una página de internet que incluya, entre otros, el informe anual detallado de la situación general del país en materia de cambio climático y también el informe anual de esta comisión.

Si bien ya existen algunas páginas de internet que contienen parte de la información referida, aún no hay un portal único que albergue la totalidad de la información y que cumpla con lo establecido en el artículo 107 mencionado.

La Estrategia Nacional de Cambio Climático, 10, 20, 40, señala que la transparencia, acceso a la información y a la justicia, es uno de los principales vectores de la política nacional de cambio climático.

Adicionalmente el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo establece que, el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, por lo que toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre medio ambiente del que disponen las autoridades públicas.

El sitio de internet debe coadyuvar al propósito de la transparencia y acceso a la información en materia de cambio climático, convirtiéndose en una herramienta completa para acceder a dicha información.

Compañeras y compañeros legisladores: México se ha mostrado comprometido con los principios de protección al medio ambiente y combate al cambio climático, hemos dado grandes avances en esta materia y es importante informar a nuestra sociedad no sólo sobre riesgos, sino también sobre los avances que se han hecho en materia de cambio climático en el país.

El grupo parlamentario del PRI votará a favor de este dictamen que exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informen a esta Soberanía sobre el status de la elaboración y el desarrollo de la página de internet a que hace alusión el artículo 107 de la Ley General de Cambio Climático.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchísimas gracias, Senador Irízar López.

Se concede el uso de la tribuna la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, para los efectos de motivar el presente dictamen.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias. Con su permiso, señor Presidente. Compañeros y compañeras Senadores:

Hoy es muy importante lo que estamos tratando, y agradezco que estén apoyando los dictámenes de medio ambiente; 2015 es un año decisivo para la humanidad.

El 30 de noviembre inicia la XXI Conferencia de las Partes, donde iremos a un gran acuerdo mundial, donde el hombre tiene que decidir qué camino va a transitar.

El camino que estamos llevando a cabo, es un camino que nos está llevando al fracaso, o bien, cambiamos desde las conductas de patrones inadecuados que tenemos que transitar.

Hoy exhorto a este Senado de la República a agarrar “El toro por los cuernos”.

Perfecto que apoyemos los dictámenes. A ir con todo, de una vez por todas, compañeros del PRI, del PRD, del PAN, del PT, a ir con todo, allá a la aprobación de la Ley de Transición Energética.

Vayamos a que nuestro Presidente de la República presente la Ley de Transición Energética aprobada por este Senado de la República.

Amigos y amigas, al Senador David Penchyna Grub, lo felicito por su gran trabajo que está haciendo, por el gran trabajo que hace de acercar a la brecha a los interesados, a los que se sienten molestados, a los expertos, etcétera. Muchas felicidades, Senador David Penchyna Grub.

Pero aprobemos, de una vez por todas, la Ley de Transición Energética y sigamos siendo ejemplo y liderazgo de México en el mundo en materia de cambio climático.

Por su atención, muchas gracias, compañeros.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora Garza Galván. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, señor Secretario. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.
Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de Acuerdo sobre la venta de árboles de navidad.

El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, por tanto, solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Secretario. Está a discusión el dictamen.

En este sentido, ha solicitado el uso de la tribuna, y se concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, para referirse al dictamen correspondiente.

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Efectivamente, como es de todos conocido, pues está a punto de concretarse, de celebrarse la XXI Cumbre de las Partes, como se mencionó anteriormente, pero también es justo reconocer que nuestro país no va con las manos vacías.

Es el único país que ha entregado, en tiempo y forma, cada uno de los informes relacionados con el cambio climático; es uno de los países pioneros en tener, desde el 2012, una Ley General de Cambio Climático.

Más de la mitad de las entidades de la República Mexicana ya cuentan con una Ley Local de Cambio Climático.

Y si hay que reconocer de acciones del gobierno, habría que destacar que el Presidente Enrique Peña Nieto, desde que presentó los 5 ejes rectores de su gobierno incluyó, y ya está poniéndose en marcha con resultados y con líneas de acción concretas, con mecanismos perfectamente medibles, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, un documento ejecutivo que el Presidente Enrique Peña Nieto presentó y que ya está dando buenos resultados.

Digo lo anterior, porque México no va a la COP21 con las manos vacías. Hay mucho qué decir, hay mucho qué destacar y, por qué no decirlo, hay mucho qué presumir.

Pero, en relación a la discusión del dictamen que se acaba de presentar a la consideración de todos nosotros, me permito decir, que más allá de las distintas connotaciones y matices, aristas, inherentes a la temporada de diciembre, cabe mencionar que esta se distingue por la instalación de adornos, coloridos, entre los que destacan los árboles de navidad artificiales y naturales.

En relación a los últimos, a través del presente dictamen, se busca fortalecer y ampliar los mecanismos que garanticen que su venta se lleve a cabo con absoluto cumplimiento de la normatividad aplicable.

En el grupo parlamentario del PRI votaremos a favor del presente asunto, y hacemos el llamado a que se pronuncien en el mismo sentido todas mis compañeras y todos mis compañeros Senadores, en virtud de que se trata de un tema que trasciende en diversos ámbitos, entre ellos los relacionados con cuestiones, sin duda, ambientales.

Basta señalar que el acceso a un medio ambiente sano se encuentra establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instrumentos jurídico que en su artículo 4o., párrafo quinto, a la letra establece lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en los términos de lo dispuesto en esta ley”.

Dicho lo anterior, debemos tener presente que México cuenta con una importante riqueza natural, así lo indica nuestra denominación como país megadiverso, es decir, formamos parte del grupo de naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas.

En relación al tema que nos convoca, es oportuno referir que los bosques mexicanos albergan alrededor del 50 por ciento de las especies de pino que se conocen a nivel mundial y el 33 por ciento de las registradas para encinos, esto sin considerar las especies endémicas de vida silvestre que cobijan.

Por lo que respecta a los árboles de navidad en México existen cerca de cuatro mil 511 hectáreas de este tipo de plantaciones, ubicándose principalmente en el Estado de México, Guanajuato, Distrito Federal, Coahuila, Veracruz, Durango, Michoacán, Puebla y Jalisco.

En cuanto a su venta, como se precisa en el dictamen, durante el 2014 se importaron alrededor de un millón de árboles de navidad, además en la Comisión Nacional Forestal, anualmente se compran entre 1.6 y 2 millones de árboles de navidad naturales, de los cuales, el 40 por ciento son producidos en el país y el resto se importa de Estados Unidos y Canadá.

En consecuencia, los legisladores del PRI consideramos indispensable fortalecer los procedimientos de verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable a la venta de árboles de navidad. Si bien es cierto que se han llevado a cabo importantes y oportunas acciones por parte del gobierno federal, también lo es que prevenir e inhibir posibles riesgos fitosanitarios en los bosques mexicanos constituye una tarea en la que no debemos escatimar esfuerzos.

Compañeras y compañeros, en el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de que esta Soberanía debe ser garante de los derechos humanos consagrados en el orden jurídico nacional, y tratados suscritos por el Estado mexicano, por ello reiteramos el sentido del nuestro.

En ese tenor, de la misma forma que se hace en el dictamen, los legisladores del PRI reconocemos la promoción de una comercialización sustentable de los árboles de navidad, que ha emprendido el gobierno federal, no obstante es incuestionable que las acciones en la materia deben ser fortalecidas e impulsadas por este Senado de la República.

Con la aprobación del presente asunto será posible que los árboles de navidad sean utilizados de manera adecuada, aprovechándolos principalmente para llevar a cabo la elaboración de abono orgánico, compostas e insumos para trabajos de jardinería. Son 2 millones de árboles de navidad que cada año consumen las familias mexicanas, y que una vez utilizados pues no se les ha dado el manejo adecuado en la disposición final de estos arbolitos de navidad.

En municipios como el de Zapopan, en el estado de Jalisco, en donde tuvimos la oportunidad en su momento, dada nuestra representación popular como regidor en el municipio de Zapopan, propusimos un manejo sustentable a los árboles de navidad, más de 400 mil árboles son recogidos por una cuadrilla especial y se les da un tratamiento adecuado, como ya se dijo, para poder traducirlo o poder transformarlo en composta, en abono y ha dado buenos resultados.

Son muchos los árboles que terminan en las calles, que pueden ser sujetos de vandalismo, incendiados, quemados, contaminar el medio ambiente, como en muchos años, no se le ha dado un manejo adecuado a los árboles de navidad.

Por eso yo felicito a los autores de esta iniciativa en la Comisión de Medio Ambiente, lo aprobamos por unanimidad y estoy seguro que en este Pleno haremos lo propio.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

 El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Casillas Romero. Consulto a la Asamblea, si hay alguna otra Senadora o Senador que desee intervenir en este asunto. Al no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente dictamen.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, señor Secretario. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Compañeras y compañeros Senadores: Les informo que el de la voz, Senador Arturo Zamora Jiménez, solicita se turne la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 215 del Código Penal Federal y se adiciona al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; por lo que esta Mesa Directiva dicta el turno a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente. El texto de la intervención del Senador Zamora Jiménez, sobre este asunto, se recibe y se instruye a la Secretaría Parlamentaria para su publicación en el Diario de los Debates.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 215 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

(Presentada por el Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI)



(Intervención del Senador Arturo Zamora Jiménez)







 

A petición del Senador Zoé Robledo Aburto, esta Mesa Directiva emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, Primera, para que presenten el dictamen que corresponda al proyecto de Decreto por el que se modifica la Ley de la Industria Eléctrica, presentado el día 28 de abril de 2015.

EXCITATIVA

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción III y 216 del Reglamento del Senado de la República, y 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Cámara de Senadores SOLICITUD DE EXCITATIVA PARA EXHORTAR A LAS COMISIONES DE ENERGÍA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA QUE DICTAMINEN LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 28 de abril de 2015 se presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican diversos artículos de la Ley de la Industria Eléctrica, con la finalidad de dotar de capacidades a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que perfeccionen la forma en la que se miden las tarifas de consumo eléctrico del país y atiendan de una mejor manera a sus objetivos de proteger los intereses de los usuarios y de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, respectivamente.

Si bien el objetivo de las fórmulas de medición de tarifas tiene como fin una clara intención de volverlas socialmente justas, entendiendo las necesidades de los desfavorecidos, de las diferentes regiones y de las particularidades locales, los esfuerzos realizados hasta ahora en ese sentido son insuficientes. Esto representa una necesidad vigente y apremiante que la iniciativa materia de la presente excitativa pretende responder.

Por las razones expuestas, se presenta ante esta Honorable Cámara de Senadores solicitud de:

EXCITATIVA

ÚNICO.- Se exhorta a las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos, Primera de esta Honorable Cámara de Senadores, para que procedan a dictaminar la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican diversos artículos de la Ley de la Industria Eléctrica, presentada por el suscrito el 28 de abril de 2015.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, el 26 de noviembre de 2015.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto.





 

Hago de su conocimiento que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LOS USUARIOS QUE NO DESEAN SER MOLESTADOS EN MATERIA DE PUBLICIDAD, OFERTA Y VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ASÍ COMO DE PROPAGANDA ELECTORAL; SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 18 Y 18 BIS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR; Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

(Presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

La que suscribe, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA POR LA QUE SE CREA LA LEY FEDERAL DE PROTECCION A LOS USUARIOS QUE NO DESEAN SER MOLESTADOS EN MATERIA DE PUBLICIDAD, OFERTA Y VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ASÍ COMO DE PROPAGANDA ELECTORAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La comunicación es la relación existente entre un emisor y un receptor, mediante la cual se transmiten señales a través de un código común, constituyéndose como herramienta indispensable para alcanzar mejores condiciones de bienestar y desarrollo entre la vida de las personas.

Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la sociedad contemporánea para informar y comunicar mensajes en versión textual, sonora, visual o audiovisual. Algunas veces son utilizados para comunicar de forma masiva a muchos millones de personas, y otras, para transmitir información a pequeños grupos sociales.

La telefonía, mensajería y correo electrónico son la manera más eficaz y rápida de transmitir un mensaje. Sin embargo, para otros sectores de la sociedad, estos mismos medios de comunicación son entendidos como una herramienta política o como un vehículo de manipulación social.

La telefonía celular ha permitido que muchos mexicanos que desearon tener una línea las veinticuatro horas, por fin puedan comunicarse cuando quieran y con quien quieran; en nuestro país un estudio realizado sobre los usos de las telecomunicaciones en México señaló que 57% de los hogares en nuestro país usan telefonía celular, 49% telefonía fija. 94% de quienes usan celulares es para comunicarse a otros celulares, 93% para enviar y recibir mensajes de texto (SMS).

La publicidad en los medios de comunicación es una de las herramientas de marketing más importante, ya que las empresas pueden dar a conocer y promocionar sus productos, bienes y servicios, generando en muchos casos molestia entre los usuarios que reciben dicha publicidad, ya que puede llegar a contemplarse como una técnica de presión social destinada a lograr en los individuos determinadas formas de pensar o de actuar, obtener solidaridades con ciertos grupos y adhesiones fuertes.

Por lo anterior, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional para Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros cuentan con registros para usuarios a efecto de que no sean molestados por proveedores o por instituciones financieras que quieran venderles productos.

Por su parte la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR señala:

“ARTÍCULO 18.- La Procuraduría podrá llevar, en su caso, un registro público de consumidores que no deseen que su información sea utilizada para fines mercadotécnicos o publicitarios. Los consumidores podrán comunicar por escrito o por correo electrónico a la Procuraduría su solicitud de inscripción en dicho registro, el cual será gratuito.

ARTÍCULO 18 BIS.- Queda prohibido a los proveedores y a las empresas que utilicen información sobre consumidores con fines mercadotécnicos o publicitarios y a sus clientes, utilizar la información relativa a los consumidores con fines diferentes a los mercadotécnicos o publicitarios, así como enviar publicidad a los consumidores que expresamente les hubieren manifestado su voluntad de no recibirla o que estén inscritos en el registro a que se refiere el artículo anterior. Los proveedores que sean objeto de publicidad son corresponsables del manejo de la información de consumidores cuando dicha publicidad la envíen a través de terceros.”

Por su parte la LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS establece:

Artículo 8…......

Asimismo, la Comisión Nacional establecerá y mantendrá actualizado, un Registro de Usuarios que no deseen que su información sea utilizada para fines mercadotécnicos o publicitarios.

Queda prohibido a las Instituciones Financieras utilizar información relativa a la base de datos de sus clientes con fines mercadotécnicos o publicitarios, así como enviar publicidad a los clientes que expresamente les hubieren manifestado su voluntad de no recibirla o que estén inscritos en el registro a que se refiere el párrafo anterior.

Las Instituciones Financieras que sean objeto de publicidad son corresponsables del manejo de la información de sus Clientes cuando dicha publicidad la envíen a través de terceros.

Los usuarios se podrán inscribir gratuitamente en el Registro Público de Usuarios, a través de los medios que establezca la Comisión Nacional, la cual será consultada por las Instituciones Financieras.

Las Instituciones Financieras que incumplan lo dispuesto por el presente artículo, se harán acreedoras a las sanciones que establece esta Ley.”

Las personas tienen derecho a no ser molestados por personas físicas o morales que busquen ofrecer sus bienes y servicios; esto es, un derecho a la privacidad es no ser molestado vía telefónica con fines mercadotécnicos o publicitarios.

Por lo anterior, la Comisión Nacional para Defensa de los Usuarios Servicios Financieros (CONDUSEF) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), crearon el Registro Público de Usuarios que no deseen información publicitaria de Productos y Servicios Financieros (REUS), y el Registro público para evitar publicidad (REPEP).

El REUS cuenta con 138,904 usuarios inscritos y 23 Instituciones Financieras (14 Bancos, 3 Aseguradoras, 3 Sofomes, 2 Entidades de Ahorro y Crédito Popular y una Unión de Crédito) que actualmente se encuentran consultando la información del Registro, con el fin de que las Entidades Financieras identifiquen con facilidad quienes se registraron y los eliminen de sus bases de datos que sirven para promocionar productos o servicios financieros.

Igual ocurre con el Registro público para evitar publicidad (REPEP) operado por la PROFECO, el cual tiene como fundamento que cualquier persona que inscriba su número telefónico no pueda ser molestado por proveedor alguno que quiera ofrecer sus servicios.

Es importante destacar que dicho registro ya es operado en algunos países, entre los que destaca Argentina y España, entre muchos otros.

El objeto de la presente  iniciativa es proteger a los titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados; sin embargo, la presente iniciativa no sólo pretende fusionar el registro que lleva PROFECO con el de la CONDUSEF, sino agregar otro elemento que genera muchas molestias a los habitantes de nuestro país, esto es, las llamadas telefónicas con fines de campañas electorales.

Lo anterior es así, ya que durante el proceso electoral -inclusive antes- los ciudadanos reciben llamadas, así como mensajes sms, mediante los cuales los partidos políticos buscan posicionar a sus candidatos; sin embargo, el exceso de mensajes ha ocasionado una molestia a la vida de las personas, por lo que la presente iniciativa incluye que las personas que se inscriban en el Registro propuesto tampoco puedan ser molestados por partidos políticos. 

Por último quiero señalar que durante el análisis de elaboración de la presente iniciativa se estudió la posibilidad de que la autoridad responsable del Registro fuera el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sin embargo, por la propia naturaleza del registro y la naturaleza de los datos que se manejan se propone sea el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales quien -a solicitud del usuario- proteja su intimidad e inhiba que sea molestado, ya sea por proveedores o por partidos políticos.

Por las consideraciones expuestas, someto respetuosamente a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO-. Se crea la LEY FEDERAL DE PROTECCION A LOS USUARIOS QUE NO DESEAN SER MOLESTADOS EN MATERIA DE PUBLICIDAD, OFERTA Y VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ASÍ COMO DE PROPAGANDA ELECTORAL, para quedar como sigue:

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.-La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia en toda la República y tiene por objeto:

I. Establecer el Registro Público Único de personas que no deseen que su información sea utilizada para fines de publicidad, oferta y venta de productos y servicios, así como de propaganda electoral.

II. Establecer la operación y funcionamiento del Registro Público Único de personas que no deseen que su información sea utilizada para fines de publicidad, oferta y venta de productos y servicios, así como de propaganda electoral.

III. Promover y proteger el derecho a la privacidad de datos personales en materia de publicidad, oferta, y/o venta, en cualquier tipo de servicio, financieros y no financieros. Así como de propaganda electoral en la modalidad de telefonía, sms y/o correo electrónico.

IV. Establecer los lineamientos conforme a los cuales se deberán realizar las acciones de prevención para los usuarios que no deseen recibir publicidad, oferta y/o venta  de productos, bienes y servicios, así como de propaganda electoral.

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

REPU: Registro Público Único de personas que no deseen que su información sea utilizada para fines de publicidad, oferta y venta de productos y servicios, así como de propaganda electoral.

INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

PUBLICIDAD: Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios.

OFERTA: Conjunto de bienes o mercancías que se presentan en el mercado con un precio concreto y en un momento determinado./ Propuesta para contratar.

VENTA: Acción y efecto de vender.

INSTITUCIÓN FINANCIERA: En singular o plural, a las sociedades controladoras, instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple, sociedades de información crediticia, casas de bolsa, especialistas bursátiles, fondos de inversión, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, casas de cambio, instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros, instituciones de fianzas, administradoras de fondos para el retiro, PENSIONISSSTE, empresas operadoras de la base de datos nacional del sistema de ahorro para el retiro, Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, y cualquiera otra sociedad que requiera de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de cualesquiera de las Comisiones Nacionales para constituirse y funcionar como tales y ofrecer un producto o servicio financiero a los Usuarios.

PROVEEDOR: La persona física o moral que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios.

TELEFONÍA: Servicio público de comunicaciones telefónicas

SMS: Servicio corto de mensajes, o en otras palabras, un mensaje de texto enviado o recibido de o desde un teléfono móvil.

INTERNET: Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación.

ASESOR: El servidor público adscrito al Registro Público Único para Evitar Publicidad, Oferta y/o Venta de productos, Servicios Financieros y Propagandas Electorales orientando al usuario en los trámites y servicios del registro.

PORTAL: El sitio habilitado por el INAI y utilizado por el registro para que se consulten, de manera automatizada, la información actualizada.

CAPÍTULO SEGUNDO
INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN

Artículo 3.- Podrán inscribirse en el REPU toda persona física o moral, titular o usuario en cualquiera de sus modalidades del servicio de telefonía y/o correo electrónico, que manifieste su voluntad de no ser contactado por instituciones financieras, proveedores, partido político o candidato electoral.

Artículo 4.- La inscripción tendrá tres modalidades:

I. Telefónico por medio de un asesor.

II. Internet por medio del portal.

III. Persona acudiendo a cualquier oficina de atención en la República Mexicana.

Artículo 5.- El usuario tiene q ponerse en contacto por cualquiera de las modalidades mencionadas en artículo inmediato anterior, para la inscripción al REPU y proporcionar los datos que desee dar de alta, los cuales pueden ser los siguientes:

I. Dos números telefónicos particulares. (fijo y móvil)

II. Dos números telefónicos laborales. (fijo y móvil)

III. Un correo electrónico particular.

IV. Un correo electrónico laboral.

Artículo 6.- El registro y cancelación al REUP podrá únicamente hacerse en días y horas hábiles:

Lunes a viernes 9:00 a 19:00 horas.

Articulo 7.- Una vez registrado el usuario debe esperar treinta días hábiles para que las instituciones financieras, proveedores, partidos políticos y/o candidatos actualicen sus listas  y dejen de emitir llamadas, mensajes sms o correos electrónicos.

Cualquier institución financiera, proveedor, partido político y/o candidato que envíe información a un usuario registrado en el REUP será sancionado de conformidad con la presente Ley.

La institución financiera, proveedor, partido político y/o candidato serán responsables del envío de publicidad que realicen ellos directamente o cuando se realice a través de un tercero.

Artículo 8.- La vigencia de la inscripción en el REUP será de cinco años a partir del día de su registro y transcurrido dicho término se procederá automáticamente a cancelar su inscripción; en cualquier momento el usuario podrá cancelar su registro en el REUP.

Artículo 9.- La inscripción y cancelación en el REUP es gratuita y debe ser implementada por medios eficaces y sencillos, con constancia de la identidad del titular o usuario autorizado, y del número telefónico.

Articulo 10.- La inscripción en el REUP no impide que los Usuarios registrados reciban, por cualquier medio, llamados de cobranza y de emergencia que tengan como fin garantizar la salud y seguridad de la población.

Artículo 11.- Se cancelará la inscripción en el REUP en los siguientes casos:

I. De manera voluntaria  a solicitud del usuario

II. De manera automática transcurrida la vigencia.

CAPITULO CUARTO
CONSULTA DE LOS DATOS INSCRITOS

Articulo 12.- Estarán obligados al cumplimiento de esta ley las instituciones financieras,  proveedores de bienes, productos y servicios, partidos políticos y/o candidatos electorales.

Artículo 13-.Las instituciones financieras, proveedores, partidos políticos o candidatos electorales deberán efectuar la consulta de la base de datos, con objeto de verificar si el usuario, respecto del cual se pretenda utilizar su información para los fines mencionados, se encuentra inscrito en el REUP.

Artículo 14.-La consulta por parte las instituciones financieras, proveedores, partidos políticos o candidatos electorales tendrá un costo que será fijado en la Ley de Ingresos. El pago de dichos derechos será realizado cada año.

Artículo 15.-Para efectuar la consulta a que se refiere el artículo 13 de la presente ley, las instituciones financieras, proveedores, partidos políticos o candidatos electorales deberán solicitar el servicio a través del Portal, señalando los siguientes datos:

I. Nombre de las Instituciones Financieras, proveedores o candidatos electorales;

II. Domicilio Legal;

III. Fecha de pago;

IV. Cantidad pagada;

V. Nombre de la Institución Bancaria por medio del cual se realizó el pago;

VI. Número de referencia bancaria, en caso de que el pago se haya realizado por Internet;

VII. Entidades Federativas que desean consultar, y

VIII. La designación de la o las dos personas responsables que accederán al Portal.

Articulo 16.- Para efectos del pago de derechos por el servicio de consulta, se pondrá a disposición de las Instituciones Financieras, proveedores, partidos políticos o candidatos electorales en el Portal, la información correspondiente a la cantidad a pagar, el número de referencia bancaria única y las  condiciones para acceder al mismo.

Articulo 17.- Una vez que se haya realizado el pago efectuado por las instituciones financieras, proveedores, partidos políticos o candidatos electorales ante la institución de crédito o haya confirmado el depósito por medio electrónico, dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles siguientes, elaborará y entregará la factura correspondiente a la Institución Financiera, proveedor, partido político o candidato y le proporcionará un número de usuario y clave de acceso al Portal, con los cuales podrá realizar la consulta de los datos dados de alta en el REUP.

Articulo 18.- El uso del número de usuario y de la clave de acceso al Portal, así como el buen uso que se haga de la información contenida en el REUP será responsabilidad de las Instituciones Financieras, proveedores, partidos políticos o candidatos electorales, por lo que sólo deberán ser utilizados para los fines que persigue el REUP, en caso contrario, será acreedora a las sanciones que correspondan de conformidad con la normativa aplicable.

Articulo 19.- El número de usuario y la clave de acceso al Portal, tendrán una vigencia de un año calendario, es decir, del 1º de enero al 31 de diciembre de cada año, salvo que se haya pagado la parte proporcional.

CAPITULO QUINTO
SANCIONES

Artículo 20.-Cualquier persona que estando inscrito en el REUP, reciba llamadas o mensajes con fines publicitarios podrá presentar queja ante el INAI a efecto de iniciar las investigaciones correspondientes.

El INAI emplazará a la institución financiera, proveedor, partido político o candidato a efecto de notificarle la queja interpuesta y les otorgará un término de diez días para que aleguen lo que a su derecho convenga.

Treinta días después de fenecido dicho término, el INAI deberá emitir resolución al respecto.

Artículo 21.- El incumplimiento o la contravención a las disposiciones previstas en esta Ley, será sancionado con multa, tomando como base el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de cometerse la infracción de que se     trate.

Las infracciones podrán consistir en:

I.- Multa de 250 días de salario, cuando el número de infracciones registradas en el año calendario de que se trate sea de 1 a 10.

II.- Multa de 251 a 325 días de salario, cuando el número de infracciones registradas en el año calendario de que se trate sea de 10 a 30.

III.- Multa de 326 a 1000 días de salario, cuando el número de infracciones registradas en el año calendario de que se trate sea de 30 a 60.

IV.- Multa de 1001 a 1600 días de salario, cuando el número de infracciones registradas en el año calendario de que se trate sea de 61 a 80.

V.- Multa de 1601 a 2000 días de salario, cuando el número de infracciones registradas en el año calendario de que se trate sea de 81 o más.

Articulo 22.- Las sanciones por infracciones a esta ley y disposiciones derivadas de ellas, serán impuestas indistintamente con base en:

I. Las actas levantadas por la autoridad;

II. Los datos comprobados que aporten las quejas de los usuarios;

III. Cualquier otro elemento o circunstancia que sirva como prueba para determinar el incumplimiento u omisión para aplicar la sanción.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan los artículos 18 y 18bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 18.- Derogado.

Artículo 18 Bis.- Derogado.

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el artículo 8 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Artículo 8o.- La Comisión Nacional, con la información que le proporcionen las autoridades competentes y las Instituciones Financieras, establecerá y mantendrá actualizado un Registro de Prestadores de Servicios Financieros, en los términos y condiciones que señala esta Ley. Lo anterior, sin perjuicio de los demás registros que corresponda llevar a otras autoridades.

Asimismo, la Comisión Nacional establecerá y mantendrá actualizada una Base de Datos de comisiones que le sean reportadas y que comprenderá sólo las comisiones vigentes que efectivamente cobren, misma que se dará a conocer al público en general, por el medio de difusión que la Comisión Nacional considere pertinente.

La Comisión Nacional coadyuvará con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para la creación y mantenimiento del Registro de Usuarios que no deseen que su información sea utilizada para fines mercadotécnicos o publicitarios.

Queda prohibido a las Instituciones Financieras utilizar información relativa a la base de datos de sus clientes con fines mercadotécnicos o publicitarios, así como enviar publicidad a los clientes que expresamente les hubieren manifestado su voluntad de no recibirla o que estén inscritos en el Registro Público Único de personas que no deseen que su información sea utilizada para fines de publicidad, oferta y venta de productos y servicios, así como de propaganda electoral. Las Instituciones Financieras que sean objeto de publicidad son corresponsables del manejo de la información de sus Clientes cuando dicha publicidad la envíen a través de terceros.

Las Instituciones Financieras que incumplan lo dispuesto por el presente artículo, se harán acreedoras a las sanciones que establece esta Ley, asi como la Ley del Registro Público Único de personas que no deseen que su información sea utilizada para fines de publicidad, oferta y venta de productos y servicios, así como de propaganda electoral.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor un año después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros remitirán, en un plazo no mayor a seis meses, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, todo lo relacionado con el Registro Público de Usuarios que no deseen información publicitaria de Productos y Servicios Financieros (REUS), y el Registro público para evitar publicidad (REPEP).

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 26 de noviembre de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO N) AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

(Presentada por la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo)

La suscrita, Senadora Mónica T. Arriola Gordillo de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso N) al artículo 4 de la Ley de Asistencia Social en materia de hijos de reclusas o reclusos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“Cuya única condena es haber nacido en prisión”
Saskia Niño de Rivera, Directora General de REINSERTA, A.C.

Se entiende por grupos vulnerables a todos aquellos que, ya sea por su edad, raza, sexo, condición económica, características físicas, circunstancia cultural o política, se encuentran en mayor riesgo de que sus derechos sean violentados.

La defensa preferente, específica y especial de estos grupos se debe a una situación de vulnerabilidad que los ubica en un contexto de inferioridad para poder ejercer todos sus derechos y libertades.

Esta iniciativa tiene como objeto integrara un número importante de mexicanas y mexicanos en desarrollo que se encuentra en evidente desventaja social, dentro de la omisa legislación actual, a efecto de que pueda garantizarse un tejido mínimo de estabilidad para ellos, y así proteger su derecho a una vida digna, a su bienestar y desarrollo.

La iniciativa que presentó, es esencialmente una contribución a uno de los mayores problemas humanitarios de nuestro país y, sobre todo, busca el absoluto respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, desde el nacimiento hasta su fallecimiento.

El informe de la equidad del gasto público en la infancia y la adolescencia en México, elaborado por  la Organización de las Naciones Unidas, señala que, actualmente, millones de niños, niñas y adolescentes en el país viven en condiciones de pobreza y desigualdad económica, y esto impide el goce de sus derechos y coarta sus oportunidades de desarrollo humano.

Este informe, que nos clarifica el panorama de uno de los grupos más vulnerables en nuestro país, busca analizar el desarrollo humano de la infancia, presentar un análisis de la equidad del gasto público y examinarlos resultados de la actual distribución de recursos, así como los efectos de las políticas públicas en las dimensiones de salud, educación e ingreso, elementos fundamentales para garantizar el goce integral de los derechos humanos.

En el año de 1990, México ratifica  la Convención sobre los Derechos del Niño obligándolo a dar prioridad a la atención de la infancia en sus acciones.

Según lo publicado en el informe, entendiéndose la abreviación nna, como niñas, niños y adolescentes: “subsisten importantes obstáculos para el ejercicio universal y equitativo de los derechos humanos de los nna. El grupo de nna con el menor idhes el de niños y niñas en la primera infancia. Además, se observan brechas de desarrollo humano entre niños indígenas y quienes no lo son. También es preocupante reconocer que el nivel de desarrollo de los nna se redujo entre 2008 y 2012 en Nayarit, Colima y Baja California Sur, y que la esperanza de vida de los menores de 18 años de Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas y Coahuila disminuyó durante este periodo.

Asimismo, se detectó que el gasto público en desarrollo humano (gdh), es decir, el gasto público destinado a salud, educación e ingreso, no se distribuye necesariamente entre los grupos o dimensiones donde existen mayores carencias. De este modo, el gdh pierde su potencial como herramienta para abatir la desigualdad y promover el cumplimiento de los derechos de los nna.

En particular, el gdh per cápita y la proporción de beneficiarios del gasto es menor en la primera infancia que en otras etapas dela niñez. Esta publicación enfatiza que una asignación equitativa del presupuesto público que comience desde las primeras etapas de la vida puede ampliar las oportunidades de desarrollo y garantizar el goce de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta redistribución de recursos es fundamental para garantizar el desarrollo sostenido y más igualitario en todo el país.

En este informe, UNICEF y pnud unen esfuerzos y experiencia en la construcción de presupuestos con enfoque de derechos de la infancia y de desarrollo humano.

El objetivo conjunto es lograr la implementación de políticas públicas que reconozcan y combatan las diferentes dimensiones de la desigualdad del desarrollo humano y con ello posibiliten el ejercicio efectivo de los derechos de los nna. Principalmente, se ofrecen elementos para focalizar las acciones en la infancia y en las personas con mayores rezagos y que se hallan más alejadas de acceder a los programas y acciones públicas.

La infancia es un grupo clave para impulsar el desarrollo humano a través de acciones que fomenten la igualdad y la inclusión social.

Las carencias y rezagos en el desarrollo sufridos en la infancia son irreversibles y causan impactos negativos a lo largo de la vida. La obligación de los tres niveles de gobierno de respetar, promover y garantizar los derechos de la niñez, así como de fomentar el desarrollo humano, son razones incontestables para invertir en la infancia. Aunado a lo anterior, una distribución equitativa del gasto público conlleva beneficios de tipo económico, como el aumento en la productividad, un mayor crecimiento económico, el aumento de los retornos a la inversión por cada año adicional de estudio y ahorros en los sistemas de salud y de educación.”1

A pesar de que se identifica a la infancia como un grupo clave para impulsar el desarrollo humano y social de nuestra sociedad, de entre la población de 0 a 17 años, los niños menores de 5 son quienes reciben menor porcentaje del gasto destinado a desarrollo humano pese a que tienen el menor nivel de desarrollo.

Éstos constituyen el grupo de población infantil que presenta el menor nivel de desarrollo humano y recibe el menor porcentaje de gasto público per cápita, según el estudio presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

El informe continua diciéndonos que dado el contexto demográfico, en 30 años los niños, niñas y adolescentes de hoy serán el sector de la población que tendrá la mayor contribución económica al país. Por lo tanto, es urgente generar oportunidades para el desarrollo futuro de las capacidades de este grupo para el avance de México.

El Informe enfatiza la obligación de garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, ya que es nuestra obligación garantizar su ejercicio pleno.

Acentúa la necesidad de transitar hacia su goce pleno para que todos los niños, niñas y adolescentes  encuentren las mismas oportunidades de desarrollar sus capacidades con el fin de vivir plenamente y ser felices. Las organizaciones mencionadas anteriormente, presentan el informe con el propósito de contribuir a elevar el bienestar de niñas, niños y adolescentes en México, e indicarnos a los servidores públicos a impulsar enérgicamente las acciones necesarias para garantizar un futuro digno a las niñas, niños y adolescentes.

Cabe recordar, en vista de los datos anteriores, que nuestra constitución, en su artículo cuarto refiere la siguiente obligación estatal: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”

Asimismo, la legislación nacional establece que se deben reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sabemos que el interés superior de la niñez debe ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones por parte del estado, y las leyes federales y de las entidades federativas deben garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes; así como prever, primordialmente, las acciones y mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo integral plenos.

En el título segundo de la Ley General de de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 13, se expresa de manera enunciativa los derechos siguientes:

I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;

II. Derecho de prioridad;

III. Derecho a la identidad;

IV. Derecho a vivir en familia;

V. Derecho a la igualdad sustantiva;

VI. Derecho a no ser discriminado;

VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;

X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;

XI. Derecho a la educación;

El Artículo quinto de la misma ley, define a las niñas y niños como los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.

Ahora, imaginemos que un grupo considerado como uno de los más vulnerables en nuestra sociedad, nace y crece en un centro de readaptación social, ya que su padre o madre cumple una condena privativa de la libertad.

Las condiciones para vivir una vida digna y obtener un bienestar y desarrollo adecuado, se sospechan improbables.

Recientemente, la asociación civil REINSERTA, presentó un libro titulado Anuario de los Niños Invisibles, inspirados en los anuarios que publican las escuelas de sus generaciones para evidenciar las condiciones en las que, únicamente del Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla, alrededor de 120 niños y niñas, además varias mujeres embarazadas, viven diariamente.

Con esta acción REINSERTA, vuelve a colocar ante la opinión pública este debate, por ello es que me parece indispensable reformar la ley que tiene como objeto la prestación del servicio estatal de la asistencia social, con el objeto de regular el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

Se debe integrar a las niñas y niños hijos de reclusas dentro de la Ley de Asistencia Social, para que la rectoría de la asistencia social pública y privada que corresponde al Estado, cumpla de forma prioritaria con proporcionar servicios asistenciales encaminados al desarrollo integral de la familia, entendida como la célula de la sociedad que provee a sus miembros de los elementos que requieren en las diversas circunstancias de su desarrollo, y también a apoyar, en su formación y subsistencia, a individuos con carencias familiares esenciales no superables en forma autónoma, como lo es este grupo vulnerable.

 Cabe destacar que la presente iniciativa no pretende limitar los beneficios de la modificación únicamente para las niñas o niños que viven con sus progenitoras dentro del centro de readaptación social, sino abarcar a todos aquellos hijos de padres o madres que cumplen con una condena privativa de la libertad y, por lo tanto, ven su célula familiar fraccionada, buscando así, impulsar su bienestar y desarrollo independientemente de esta situación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se adiciona un inciso N) a la fracción I del artículo 4o de la Ley de Asistencia Social para quedar como sigue:

Capítulo II
Sujetos de la Asistencia Social

Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente:

I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por:

n) Ser hijos de padres o madres que cumplan con una condena privativa de la libertad.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El siguiente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 26 de noviembre de 2015.

1 http://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEF_PNUD_Equidad_Gasto_low.pdf





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores Jesús Casillas Romero, Joel Ayala Almeida y Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa sus condolencias por la trágica muerte de la joven Monserrat Paredes, ocurrida el 17 de noviembre del año en curso al circular a bordo de una bicicleta del Sistema ECOBICI por avenida Reforma. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los suscritos, Senadores JESÚS CASILLAS ROMERO, JOEL AYALA ALMEIDA Y ANABEL ACOSTA ISLAS integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución por la que el Senado de la República expresa sus condolencias por la trágica muerte de la joven Monserrat Paredes ocurrida el 17 de noviembre al circular a bordo de una bicicleta del sistema ECOBICI por avenida Reforma, y exhorta respetuosamente al gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo de manera urgente, los estudios de seguridad vial necesarios para la también urgentes medidas de infraestructura indispensables para brindar seguridad a los ciclistas en la zona del percance; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Viajar en bicicleta es sin duda una de las mejores formas de trasladarse. Lamentablemente aún tiene en contra la falta de cultura vial, la falta de respeto entre los usuarios de la vía pública y la ausencia de medidas de seguridad, principalmente en puntos de riesgo o críticos por sus particulares circunstancias.

Ello trajo como consecuencia un lamentable acontecimiento, en el que el pasado martes 17 de noviembre, una usuaria del sistema ECOBICI murió al ser arrollada por un camión de pasajeros cuando circulaba sobre Paseo de la Reforma y Gandhi, en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo.

De acuerdo con los detalles dados a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, pasadas las 18:00 horas, una mujer de 21 años de edad viajaba en la bicicleta con número económico 4112 del Sistema Público de Bicicletas de esta Ciudad, ECOBICI, desplazándose sobre la avenida Reforma, cuando en las inmediaciones del cruce de referencia, cerca del Andador Colonia, fue embestida por una unidad del transporte público, cuyo chofer se dio a la fuga.

Personas que presenciaron el accidente solicitaron el apoyo de los servicios médicos de urgencia, por lo que el lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para atender a la afectada. Lamentablemente ya para dar cuenta del fallecimiento de la joven a causa del incidente.

La joven fue identificada como Monserrat Paredes, de apenas 21 años de edad, que lamentable y terriblemente murió bajo estas condiciones.

Descuido, falta de precaución hacia los usuarios de la vía pública más vulnerables, como es el caso de ciclistas y peatones, pero más aún, esta zona en particular carece totalmente de bolardos y cualquier medida de protección a los ciclistas, pues únicamente se encuentra delimitada por pintura.

Todos quienes somos asiduos usuarios de la bicicleta como medio de transporte, principalmente los que nos desplazamos por la zona del incidente podremos atestiguar que se trata de una zona de desplazamiento ciclista que en realidad da miedo, al grado que se le ha denominado como el “inexistente carril confinado”, pues en realidad es usado por el transporte público y sólo la pintura simula su confinamiento.

Toda la franja de Paseo de la Reforma, a la altura del Museo de Antropología y Auditorio Nacional; desde el cruce con Melchor Ocampo al de Monte Elbruz, se encuentra en estas mortales condiciones. Es criminal que un espacio como el referido sea usado al grado de compartido entre los pesados vehículos del transporte público y los ciclistas, como criminal fue la fatal consecuencia de ello, con la muerte de la joven Monserrat.

Con su muerte suman ya tres las de usuarios del programa ECOBICI desde que comenzó. Ello, definitivamente debe atraer la poderosamente la atención del gobierno del Distrito Federal, pues por un lado, no se puede arriesgar la vida de las personas, y por otro, tampoco puede situarse el traslado en bicicleta ni el noble programa de ECOBICI como uno de riesgo mortal, en detrimento de los avances que este medio de transporte ha logrado.

Nadie más debe morir, el ciclista y el peatón, como usuarios más vulnerables, merecen de todo el respeto, cuidado y medidas de seguridad. Es urgente que en la zona de este espantoso incidente se lleven a cabo urgentemente los estudios de seguridad vial necesarios para la también urgente toma de medidas indispensables para brindar seguridad a los ciclistas.

Siendo precisamente esta la propuesta que me permito sea sugerida al gobierno del Distrito Federal, como una inaplazable necesidad de evitar a toda costa más incidentes de irreparables consecuencias, como la que costó la vida a la jovencita Monserrat Paredes.

En mérito de lo anterior, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-Los integrantes del Senado de la República, hacemos patente nuestras condolencias por la trágica muerte de la joven Monserrat Paredes, ocurrida al desplazarse por avenida Reforma a bordo de una bicicleta del sistema público de bicicletas ECOBICI de esta Ciudad de México, el pasado 17 de noviembre.

SEGUNDO.-El Senado de la República manifiesta su preocupación por las condiciones de inseguridad para los ciclistas que impera en avenida Reforma, principalmente desde el cruce de con Melchor Ocampo al de Monte Elbruz; por lo que exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo en esta zona y de manera urgente, los estudios de seguridad vial necesarios para las también urgentes medidas de infraestructura indispensables para brindar seguridad a los ciclistas; asimismo, a efecto de que estas medidas sean concretadas cuanto antes.

Dado en la ciudad de México, el 26 de noviembre de 2015.

Suscriben

Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen.Joel Ayala Almeida.- Sen. Anabel Acosta Islas.





 

De los Senadores Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert y Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a remitir un informe para todas las dependencias y entidades fiscalizadas, sobre el estado que guardan las promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias que comprendan los años de 2005-2014. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los suscritos, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert y Víctor Hermosillo y Celada, Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE EXHORTA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A QUE EN UN PLAZO NO MAYOR A LOS 30 DÍAS HÁBILES REMITA UN INFORME CONSOLIDADO Y DETALLADO PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FISCALIZADAS, SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS QUE COMPRENDAN LOS AÑOS DE 2005-2014; LAS CAUSAS POR LAS QUE NO SE SOSTIENEN LOS PLIEGOS DE OBSERVACIONES QUE PRESUMIÓ ANTE UN POSIBLE DAÑO A LA HACIENDA PÚBLICA; EL ESTATUS QUE GUARDAN LOS FINCAMIENTOS DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS, EN TÉRMINOS DE AQUELLOS QUE HAN PROCEDIDO Y LOS QUE NO, EXPLICANDO PARA ÉSTAS ÚLTIMAS LAS CAUSAS; Y RESPECTO A LAS DENUNCIAS PENALES, QUE EXPLIQUE LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LAS RESOLUCIONES FAVORABLES Y DESFAVORABLES DICTADAS POR LA AUTORIDAD, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Artículo 74 de nuestra Constitución establece la competencia de la Cámara de Diputados, entre otros asuntos, para revisar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas, así como comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Cabe señalar que dicha revisión la debe realizar la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y si de ella aparecieran discrepancias entre los ingresos o los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley.

Así mismo el artículo 79 constitucional refiere que la ASF tendrá a su cargo, entre otras, la de “Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales…”; así como, “Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos federales“

Además la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en su artículo 13 contempla que “Las observaciones que, en su caso, emita la Auditoría Superior de la Federación derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública, podrán derivar en:

I. Acciones promovidas, incluyendo solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promociones de intervención de la instancia de control competente, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de hechos y denuncias de juicio político, y

II. Recomendaciones, incluyendo las referentes al desempeño”.

El artículo 49 de la referida Ley establece que “Si de la fiscalización de la Cuenta Pública, aparecieran irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales, la Auditoría Superior de la Federación procederá a:

I. Determinar los daños o perjuicios, o ambos, según corresponda, y fincar directamente a los responsables las responsabilidades resarcitorias por medio de indemnizaciones y sanciones;

II. Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades;

III. Promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. Presentar las denuncias y querellas penales, a que haya lugar, y

V. Coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos penales investigatorios y judiciales correspondientes. En estos casos, el Ministerio Público recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.”

Ahora bien, durante el ejercicio fiscal del año 2013, de acuerdo con la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, el gasto neto total ejercido ascendió a 4,206,350.9 millones de pesos. De esa cantidad, se consideró como gasto fiscalizable 3,673,895.4 millones de pesos. De este última cifra, la revisión de la ASF comprendió una muestra de 837,025.5 millones de pesos, lo que representa el 22.8% del total de ese gasto fiscalizable(comprende el gasto del sector público presupuestario y el gasto federalizado).

Así, de las tareas de fiscalización la ASF afirma que obtuvo recuperaciones por 5,804.0 millones de pesos, cifra que podría ascender durante el proceso de solventación de las acciones correspondientes a 56,526.0 millones de pesos. 

Lo anterior deriva de los pliegos de observación emitidos por el ente superior de fiscalización, los cuales son acciones derivadas de la fiscalización de la Cuenta Pública, en los que se determinará en cantidad líquida, la probable responsabilidad de los infractores.

En otras palabras, son recursos sustraídos por funcionarios públicos y/o proveedores de bienes y servicios que indebidamente a través de prácticas nocivas y perversas afectan la hacienda pública.

Prácticas que son motivadas e inducidas por los funcionarios públicos de las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, lo que se traduce en actos de corrupción, mismos que debieran evitar los Órganos Internos de Control, sin embargo, en la mayoría de las veces no existe al ánimo de combatir esas conductas por lo que al final éstos también son cómplices de tales actos.

Si de la auditoría del 22.8% del gasto total fiscalizable de 2013 la posible recuperación asciende a 56,526.0 millones de pesos, el auditar el gasto total fiscalizable tendría como resultado un estimado de 22,460.5 millones de pesos de los recursos públicos sustraídos indebidamente por las personas físicas y morales públicas y privadas que prestan sus servicios a las dependencias y entidades públicas.

Por tanto, la fuga de recursos por actos indebidos representan 6.1% del gasto total fiscalizable.

Si se aplica ese porcentaje para 2015, en donde el presupuesto aprobado y sujeto a revisión ascendería a  4,087,547.3 millones de pesos, luego entonces la cifra estimada es de 273,865.7 millones de pesos que seguramente serán sustraídos por los funcionarios públicos y/o proveedores.

Cifra que por sí misma es significativamente importante, pero aún se considera conservadora, dada la gran cantidad de actos no fiscalizados correctamente, además de los elevados precios de los bienes y servicios que adquiere el Estado por arriba de los del mercado.

Para dimensionar el monto de esos recursos públicos el probable daño a la hacienda pública representa más del doble del ajuste presupuestario anunciado por el Ejecutivo Federal para el ejercicio 2015, por 124,300.0 millones de pesos, como resultado de la caída del precio de la mezcla de crudo nacional en el mercado internacional.

Lo anterior es una muestra de la ineficiencia en el uso de los recursos públicos, mismas deberán de corregirse con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la redacción de las leyes secundarias.

No obstante la acertada participación de la ASF para detectar los posibles hechos que pueden dar pauta a un daño a la hacienda pública federal, su labor puede dar lugar a que su actuación no garantice los principios de imparcialidad y confiabilidad establecidos en el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de lo siguiente:

Para el ejercicio fiscal 2012, la ASF realizó dos auditorías relacionadas entre sí:

• 12-4-99015-12-0406  Universidad Autónoma del Estado de México(UAEM): “Contratos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios, con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México”

• 12-0-11H00-12-1197 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA): “Conceptos Presupuestales 3300 "Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios" y 3800 "Servicios Oficiales".

En la auditoría a la UAEM, como resultado de su revisión y dadas las dudas con que se manejaron los funcionarios de esa Universidad, se emitieron 14 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 1 denuncia de hechos.

En la segunda auditoría practicada CONACULTA, se emitieron 2 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 8 pliegos de observaciones y 4 denuncias de hechos sobresale el hecho de que tienen un factor en común: la denuncia de hechos a las autoridades correspondientes por parte de la  ASF.

Mientras que para el ejercicio fiscal 2013, en las auditorías relacionadas entre sí, realizadas a la Universidad Autónoma del Estado de México, al Registro Nacional Agrario y a la Secretaría de Educación Pública, la ASF no obstante de que emitió una significativa cantidad de Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, así como Pliegos de Observación en razón al deficiente desempeño de los funcionarios públicos, no realizó denuncia de hechos alguna ante la autoridad correspondiente, a pesar de haber elementos suficientes para realizar la denuncia en materia penal.

En tal sentido, la ASF no actuó de manera consistente, es decir, no empleó el mismo criterio para emitir sus acciones, con lo que transgredió el contenido de los principios establecidos en el artículo 79 de la Constitución Política respecto a los principios de  imparcialidad y confiabilidad.

En complemento a lo anterior, es notorio el número de denuncias penales emitidas en 2012, como resultado de la revisión a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de ese ejercicio fiscal, las cuales ascendieron a 152, mientras que de la revisión a dicho documento para el ejercicio fiscal 2013 sólo se emitieron 7.Esta significativa reducción amerita una explicación por parte de la ASF, sobre los criterios empleados para emitir denuncias penales entre un ejercicio fiscal y otro.

En efecto la ASF ha sido parcial justo en el cambio de una administración de gobierno a otra. Un ejemplo de esta afirmación es el siguiente:

El 31 de marzo de 2015 en cumplimiento del artículo 79 de la CPEUM, la ASF, presentó el “Informe para la Honorable Cámara de Diputados: Estado que Guarda la Solventación de Observaciones y Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas”.

Resultado del análisis  es posible sostener que si se hiciera un análisis aleatorio de los acasos antes y después del cambio de administración pareciera que a partir de 2012 el quehacer de la ASF no es transparente, existe opacidad en la información que presenta a la Cámara de Diputados y un alto grado de ineficiencia en su quehacer.

En ese sentido la ASF ha fallado seriamente en el tema de la transparencia y rendición de cuentas y consecuentemente crea serias dudas sobre su eficiencia y eficacia. En 2013 se emitieron 3,565 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias, de las cuales se han promovido el 82 por ciento, lo cual representa un significativo porcentaje (no incluyen las relativas a las entidades federativas y municipios).

Sin embargo, no se sabe si en verdad han sido procesadas ni cuáles son los resultados. En la ASF no existe transparencia: I) no es público cuantas han sido procedentes II) cuáles son las causas  y III) en cuántas se llegó a una sanción y cuál fue la medida aplicada a los funcionarios corruptos.

Es decir, se ignora en qué consistió la sanción para cada uno de los funcionarios públicos; esto es, si fueron objeto de amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación; y por cuánto tiempo, en su caso.

La existencia de la información antes referida permitiría a la ciudadanía conocer  que el gobierno verdaderamente supervisa y sanciona los actos de corrupción, que ante faltas graves existe un procedimiento justo y una sanción justa, sin embargo ante la opacidad que se maneja hasta el día de hoy no es posible conocer si realmente se está combatiendo la corrupción y/o las malas prácticas.

En cuanto a los Pliegos de Observación, éstos se emiten cuando se tienen elementos para suponer que ha habido un daño al erario público federal.

Del análisis realizado se puede afirmar un pobre desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, ya que si bien en el periodo considerado emitió 1,476 Pliegos de Observación, de ellos sólo el 11.4% de ellos se han traducido en procedimientos resarcitorios, mientras que el 47.4% son actos que ya han sido concluidos al no contar con las pruebas suficientes y necesarias para soportar los indicios que se mostraron como presuntas irregularidades. En ese sentido, la ASF no proporciona de manera agregada las causas, de manera tipificada, por las cuales la autoridad no las admitió y por tanto se consideraron como concluidos. Además de ello, también sería conveniente que la ASF se pronuncie sobre cada una de estas acciones en que la autoridad no procedió.

En el periodo 2001-2013 se han recuperado 96,766.1  millones de pesos (13 años), lo que implica que en promedio se ha recuperado por año solo 7,443.5  millones de pesos, cuando por ejemplo en el ejercicio fiscal 2013 producto de su revisión por parte de la ASF, ésta estimó una probable recuperación de 56,526.0 millones de pesos.

Lo anterior, muestra la falta de eficiencia en la revisión por parte de la ASF para probar con la documentación suficiente y necesaria, las supuestos hechos que dañan la hacienda pública federal.

Finalmente respecto a las denuncias de hechos en materia penal, se reporta que de 1998 a 2013 se realizaron 621 denuncias y de ese total la mayor parte se encuentra en integración. No se precisa este dato, ya que no se presenta de manera consolidada por parte de la ASF. En las que no se ejerció la acción penal la ASF no da información sobre las causas que las motivaron.

En cuanto a las denuncias en las que se ejerció la acción penal y fueron consignadas tampoco se tiene noticias de cuantos procesos han sido iniciados, cuántos concluidos, si se determinaron culpables o salieron en libertad.

Con todo lo anterior no es posible afirmar que la ASF este combatiendo la corrupción. Los números no mienten y los resultados respecto a las expectativas que se han planteado son menos que pobres resultados. Esta conclusión es sumamente grave si se considera el costo de su financiamiento.

De nada sirve que cada año se incremente el número de auditorías, es un esfuerzo inútil, si no hay resultados en el combate a la corrupción y la rendición de cuentas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a que en un plazo no mayor a los 30 días hábiles remita un informe estadístico a esta Soberanía sobre el estado que guardan las promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias que comprendan los años de 2005-2014, de tal manera que de su lectura se pueda obtener conclusiones relevantes.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación  a que remita a esta Soberanía un informe estadístico en donde se muestre de manera detallada las causas por las que no procedieron cada uno de los pliegos de observación que presumió la ASF ante un posible daño a la hacienda pública, y por tanto se catalogaron con seguimiento concluido; así mismo, la ASF deberá externar su opinión al respecto para cada una de ellas.

Tercero. El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación  a que remita a esta Soberanía un informe agregado y detallado sobre los procedimientos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria, en donde se muestre el monto de recursos recuperados como resultado de un daño o perjuicio a la hacienda pública, en relación con lo estimado en el proceso y conclusión de auditorías.

Cuarto. El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que a la brevedad remita un informe agregado y detallado a esta Soberanía en donde muestre la situación que guarda cada una de las denuncias penales, explicando las causas que motivan el estatus en que se encuentran.

Quinto. El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a presentar una propuesta de mejora en sus procesos, facultades y atribuciones, a fin de que las haga llegar a esta Soberanía e incorporarla a los trabajos de redacción de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción.

Salón de sesiones de H. Cámara de Senadores el 26 de noviembre de 2015.

Atentamente

Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.





 

De los Senadores Zoé Robledo Aburto e Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral a informar sobre el estado que guarda el procedimiento de remoción contra los consejeros electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Los suscritos, Senadores ZOÉ ROBLEDO ABURTO e ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A INFORMAR SOBRE ESTADO QUE GUARDA EL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN CONTRA LOS CONSEJEROS ELECTORALES DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE CHIAPAS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el marco de los comicios realizados en Chiapas el pasado mes de Julio, la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare), denunció ante el TEPJF violaciones al principio de paridad de género en la contienda electoral realizada. Derivado de ello, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante sentencia dictada el 8 de julio en el expediente SUB-REC-294/2015, ordenó tanto al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas como a los partidos políticos y coaliciones participantes observar y vigilar el estricto cumplimiento del principio de paridad de género en el registro de candidaturas a los cargos de Diputados al Congreso local, así como miembros de los Ayuntamientos. En esta sentencia, por unanimidad, los magistrados revocaron la mayoría de candidaturas en la entidad.

En acatamiento de dicha sentencia, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, emitió el 9 de julio de 2015 un acuerdo por el que se establecieron nuevos parámetros que supuestamente cumplirían con el mandato del Tribunal.

Si bien la determinación de los magistrados electorales fue un logro significativo, en muchos casos solamente se consiguió que los excandidatos únicamente hicieran enroques para colocar a incondicionales moviendo a los aspirantes a presidentes municipales a los cargos de síndicos o regidores, en tanto que a la cabeza de las planillas quedaron las esposas, hermanas o hijas de éstos, en clara violación a la normatividad electoral. Ejemplos de ello abundaron en el proceso electoral:

• En Villacomaltitlán, Juan Roberto Romero Espinosa, quien era alcalde por el PVEM, quedó como regidor y su esposa, Claudia López Aguilar, es la candidata a alcaldesa.

• En Las Rosas, en la planilla del PVEM, Enrique Javier Molina Padilla fue desplazado de la candidatura a alcalde a la de síndico, pero en su lugar quedó su esposa Blanca Aroly González García.

• En Soyaló, también en la planilla del PVEM, fue sustituido en la candidatura Henry Iván Urbina Castellanos, quien quedó como candidato a regidor, y en su lugar como candidata a alcaldesa quedó su esposa, Rocío Guzmán Gómez.

• En Yajalón, el candidato del PVEM, Jorge Armando Pinto Aguilar, fue retirado de la candidatura a alcalde y en su lugar se puso a su esposa Aracely Pimentel Urrilla.

• En Suchiapa, el candidato del partido Mover a Chiapas, Edilberto Mendoza Moreno, se movió de la candidatura a alcalde a la de síndico para que quedara su esposa Adela Moreno Pérez.

• En la planilla del PRI en Jiquipilas el candidato al alcalde era Fernando Farrera Esponda, pero fue retirado como candidato a regidor y en su lugar quedó su hermana María Magali Farrera Esponda, con la promesa que de cuando gane ella podrá renunciar y él asumirá el cargo de presidente municipal.

• El candidato a diputado local en el 23 distrito del PVEM, Horacio Corzo Guzmán, quedó como suplente y su esposa Rosario Gudalupe Pérez Espinosa como titular del puesto de elección popular.

Casos similares se dieron en muchos otros municipios y principalmente esos enroques familiares los operaron PRI y PVEM.

El acuerdo emitido por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana no determinó sanción para los candidatos que omitieron suspender sus actos de campaña y tampoco informó si se había iniciado algún procedimiento administrativo a algún servidor público, por omitir o impedir el registro de candidatos a los partidos políticos que implicasen violaciones al principio de paridad de género. Tampoco se tomaron las medidas cautelares que impidieran que los medios de comunicación continuaran difundiendo supuestas notas de prensa, que en realidad eran inserciones pagadas con información de candidatos.

Además, luego de superarse las 48 horas de plazo para la nueva integración de planillas, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana  tardó más de 24 horas en sesionar, violando los principios de certeza, transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas indispensables para garantizar la confianza en el proceso electoral.

Por otro lado, en la referida sentencia del 8 de julio de 2015, por unanimidad, los magistrados ordenaron al Instituto Nacional Electoral utilizar su facultad de rectoría de los Organismos Públicos Locales Electorales para iniciar el proceso de remoción de los consejeros chiapanecos al aplicar los artículos 32 y 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resaltó que los consejeros electorales de Chiapas incurrieron en una negligencia grave al permitir que los partidos colocaran a una mayoría de hombres como candidatos.

En acatamiento de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el lunes 13 de julio, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral  acordó investigar su desempeño al no garantizar la equidad de género en el registro de candidaturas para los comicios de este domingo, contraviniendo la ley electoral y mandató el inicio de un procedimiento contra los consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas sin plantear el tema de la remoción.

El miércoles 15 de julio, el titular de la Unidad Técnica de lo contencioso electoral del Instituto Nacional Electoral, Carlos Alberto Ferrer Silva, notificó  a los partidos políticos, con fundamento en lo establecido en el artículo 36, párrafo 3, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de los consejeros presidentes y los consejeros de los organismos públicos locales electorales, el inicio del procedimiento de remoción contra el consejero presidente y los consejeros electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas, por aprobar las candidaturas sin que cumplieran el principio de paridad de género. Sin embargo, hasta ahora, no se ha publicado información del estado que guarda el proceso de revocación contra los consejeros del IEPC.

Por las razones expuestas, se somete a consideración del Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta al Instituto Nacional Electoral a informar a este H. Sanado de la República sobre el estado que guarda el procedimiento de remoción contra la consejera presidente y las y los consejeros electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas por las presuntas violaciones a la norma electoral, cometidas durante el proceso electoral de 2015.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, el 26 de noviembre del 2015.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto.- Sen. Isidro Pedraza Chávez.





 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se requiere al titular de la Secretaría de Educación Pública disponer lo necesario a efecto de llevar a cabo el relanzamiento de las relaciones entre el gobierno mexicano y el Movimiento Olímpico, con base en el respeto a la autonomía e independencia de las federaciones deportivas que lo integran, a fin de garantizar la participación de nuestro país en los Juegos de la XXXI Olimpiada. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

El Senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Asamblea con carácter de urgente resolución la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se requiere, con toda atención, al titular de la Secretaría de Educación Pública, en su condición de cabeza de sector, para que se sirva disponer lo necesario a efecto de llevar a cabo el relanzamiento de las relaciones entre el Gobierno Mexicano y el Movimiento Olímpico con base en el respeto a la autonomía e independencia de las Federaciones deportivas que lo integran a fin de garantizar la participación de nuestro país en los Juegos de la XXXI Olimpiada, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las Federaciones deportivas como factor de sustento de la paz.

El Movimiento Olímpico nació a fines del Siglo XIX bajo el propósito de impulsar la paz entre las naciones a través del deporte celebrando encuentros con atletas de todo el orbe cada cuatro años. Los juegos fueron concebidos como una evocación de las Olimpiadas que se llevaban a cabo con la misma finalidad en la Antigua Grecia y que permitían propiciar la estabilidad entre las diversas ciudades-Estado del Peloponeso. El año entrante se celebrarán los Juegos de la XXXI Olimpiada de la Era Moderna a los que acudirán países de todo el planeta que presentarán a sus atletas sin distinciones de ideología, credos o razas. Lamentablemente para nuestro país la cita en Río de Janeiro se ha puesto en riesgo por la incomprensión del origen, objetivos y el espíritu del Movimiento Olímpico que se expresan en México a través de las diversas Federaciones deportivas y, desde luego, del Comité Olímpico Mexicano.

Desde que en 1894, bajo los auspicios del Barón de Coubertin, surgió el Movimiento Olímpico, las Federaciones deportivas organizadas alrededor del globo terráqueo han podido perdurar a lo largo de más de 100 años. El olimpismo ha visto surgir, madurar y desaparecer a diversos gobiernos con sus ideologías. El fascismo en Italia, el nazismo en Alemania y dictaduras de todo tipo en Sudamérica han pasado a la historia mientras que el Movimiento Olímpico no sólo perdura sino que se expande admitiendo cada cuatro años nuevos deportes al catálogo de las competencias.

En el ámbito de las relaciones internacionales, el deporte organizado es de larga data ya que surgió en la época de la doctrina y la política del equilibrio de poder por medio de los bloques de países, y fue testigo de la disfuncionalidad de dicho esquema para continuar tanto bajo la vigencia de la Sociedad de las Naciones como con la génesis y desarrollo de la organización de las Naciones Unidas. El Movimiento Olímpico es la más antigua y eficaz forma de relación y cooperación vigente entre los pueblos y de manera indirecta entre los gobiernos del mundo. Su permanencia y desarrollo a lo largo de tantos años no entrañan misterio alguno. La longevidad y vigor del Movimiento Olímpico deriva del hecho de la autonomía de las Federaciones deportivas que forman tanto a nivel internacional como al interior de las naciones respectivamente el Comité Olímpico Internacional y los Comités Olímpicos en cada país.

De ahí que cualquier interferencia con el deporte organizado debe rechazarse categóricamente pues atenta contra un modelo que ha probado su eficacia. Los ataques a la libertad de las Federaciones deportivas y los Comités que las aglutinan vulneran uno de los mayores y más exitosos esfuerzos de cooperación a favor del entendimiento y la paz entre las naciones. Nunca se ha suspendido una Olimpiada por diferencias entre el deporte organizado: únicamente por conflictos entre los gobiernos.

La Cata Olímpica tiene una clara vocación en pos de la paz y el desarrollo de las personas y las naciones. Destacan de sus principios, los siguientes:

1. El Olimpismo es una filosofía de la vida, que exalta y combina en un conjunto armónico las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu. Al asociar el deporte con la cultura y la formación, el Olimpismo se propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo y el respeto por los principios éticos fundamentales universales.

2 El objetivo del Olimpismo es poner siempre el deporte al servicio del desarrollo armónico del hombre, con el fin de favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana.

El Comité Olímpico Internacional tiene, entre otros, la misión y función siguientes:

4. Cooperar con las organizaciones públicas y privadas, así como con las autoridades competentes, a través de sus dirigentes, con objeto de poner el deporte al servicio de la humanidad, promoviendo así la paz;1

En cuanto a los Comités Olímpicos Nacionales, su misión es desarrollar, promover y proteger el Movimiento Olímpico en sus respectivos países, de acuerdo con la Carta Olímpica. Por su parte, las Federaciones deportivas nacionales han de ejercer una actividad deportiva específica, real y durable, y estar afiliadas a una Federación Internacional reconocida por el COI, regirse y acatar todas las disposiciones de la Carta Olímpica y de su Federación Internacional.2

El deporte organizado: un cuerpo intermedio.

El deporte no es más que una tendencia natural en el ser humano que surge de la necesidad de encontrar sano esparcimiento en el marco de la característica de las personas a congregarse o, como también se dice, ser gregarios. La diversidad de juegos que integran el deporte nacional y que difiere de país a país surge de manera espontánea y por ello en algunas latitudes se favorece y practican más algunas disciplinas sobre otras. La inclinación natural de los hombres y mujeres a divertirse compitiendo y a asociarse trae consigo la organización espontánea de las competencias deportivas y su expansión produce el surgimiento de Federaciones nacionales para cada deporte en particular. Es importante destacar que las asociaciones civiles para la práctica y organización de sendas competencias deportivas surgieron mucho antes y ya se encontraban maduras, que los gobiernos centrales de los países comenzaran a fomentar el deporte como un componente principal de la formación de niñas, niños y adolescentes en las instituciones educativas. A partir de que en el primer cuarto del Siglo XX se reconoce en casi todos los países el derecho a la educación que conlleva la práctica del deporte como medio para lograr niños y jóvenes sanos, los gobiernos comienzan tímidamente a destinar recursos para sostener el deporte como una de las ramas principales que se estimula en el sistema educativo de cada país.

La mayoría de las asociaciones deportivas, aún las más modestas que se constituyen en los municipios, gozan de autonomía financiera ya que se cobran inscripciones para poder participar en los distintos torneos o campeonatos. Las cuotas son razonables en función de que se destinan únicamente a cubrir los gastos elementales como es el pago del alquiler o conservación de las instalaciones deportivas, los sueldos de los árbitros así como la adquisición de trofeos y premios. El dinero que se maneja en las diversas asociaciones deportivas fluye con un sentido económico pues es claro para todos cuáles su destino y nadie cuestiona las cuotas pues el monto de las mismas es proporcional con los gastos de organización y permanencia de las competencias deportivas.

Las asociaciones y organizaciones deportivas que terminan por constituirse en Federaciones nacionales de atletismo, gimnasia, fútbol, basquetbol, tenis, etc., son un ejemplo claro de lo que se conoce como cuerpos intermedios en la sociedad ya que surgen, se organizan y perduran sin necesidad de la intervención del Estado. Cuando los diversos gobiernos implementan políticas públicas en torno al deporte cada vez más desligado del sistema educativo, comienzan a destinar recursos focalizados en las ramas deportivas que a través del alto rendimiento pueden significar la obtención de sendos premios en las competencias internacionales. La decisión de expedir leyes cuyo objeto es fomentar, conservar y consolidar el deporte en cada país obedece, por una parte, al reconocimiento por parte del Estado del deporte como una disciplina que contribuye de manera significativa a mantener la salud de amplios segmentos de la población principalmente la niñez y la juventud, pero también proviene del legítimo orgullo nacional por destacar en el concierto de las naciones. Lo anterior fue evidente en el periodo de la Guerra Fría cuando los países de uno y otro bloque se esmeraban en preparar a sus atletas para obtener el mayor número de preseas posibles, pues la percepción del liderazgo deportivo tanto en los campeonatos internacionales pero principalmente en las Olimpiadas contribuye poderosamente a proyectar la imagen de un país fuerte y avanzado.

En este orden de ideas, la autonomía e independencia de las Federaciones deportivas no sólo en México sino en cualquier país del mundo, es la condición primaria para que el deporte amateur, que se organiza de manera paralela entre la propia ciudadanía, sin recurrir ni yuxtaponerse al sistema educativo, cumpla con su cometido de propiciar relaciones armoniosas en la sociedad. Por ello, las autoridades deben estar conscientes de que su papel en torno al deporte amateur que se propaga por la República a través de las respectivas Federaciones ha de ser de apoyo, fomento y estímulo pero en un ambiente de absoluto respeto, ninguna interferencia y, de ser posible, de cordialidad inherente a las justas deportivas.

Garantía de participación en los Juegos de la XXXI Olimpiada.

Lamentablemente en los últimos días hemos sido testigos de una serie de posicionamientos más que de meras declaraciones por parte del titular de la Comisión Nacional del Deporte que evidencian su falta de sensibilidad sobre el papel que corresponde al Estado en relación con el deporte amateur, las Federaciones y el Movimiento Olímpico que los aglutina. Independientemente de la facultad de vigilancia que tengan no sólo las autoridades deportivas sino cualquier otra que dentro de su competencia deba cerciorarse del buen uso y destino de los recursos públicos, dichas atribuciones y facultades deben ejercerse con prudencia sin interferir con la vida interna de las Federaciones deportivas ni mucho menos intentar influir en sus decisiones propias a través de la conocida figura del desconocimiento de autoridades.

El desconocimiento que la Comisión Nacional del Deporte ha concretado, sin bases legales, respecto de casi una docena de Federaciones deportivas es indicativa de la falta de entendimiento del propósito, espíritu y forma de coordinación de las autoridades para con las organizaciones ciudadanas que fomentan el deporte como son las Federaciones deportivas. Únicamente quienes han elegido a sus directivos pueden desconocerles, de conformidad con los procedimientos establecidos en sus propios Estatutos y reglamentos. La práctica de recurrir a los llamados desconocimientos no es más que una forma disfrazada de usar la fuerza para imponer decisiones en asociaciones ciudadanas que, como lo son las Federaciones deportivas, gozan de plena autonomía e independencia por decisión propia desde sus orígenes. Es impostergable que la relación entre la CONADE y las Federaciones se produzca en términos de lo dispuesto en la preceptiva contenida en los artículos del 50 al 60 de la ley de la materia reconociendo a las Asociaciones Deportivas Nacionales su autonomía e independencia así como respetando el carácter de utilidad pública de las actividades que desempeñan como agentes colaboradores del Gobierno Federal.3

Si el abismo que se ha abierto entre la Comisión Nacional del Deporte por las malas decisiones de su titular con el Movimiento Olímpico en México al desconocer a los directivos de diversas Federaciones fuese únicamente la suspensión en la entrega de recursos para apoyar a atletas de alto rendimiento, no habría mayor problema pues como ya se ha dicho las organizaciones ciudadanas siempre han sufragado sus gastos y los deportistas que quieran destacar a nivel internacional seguramente encontrarán de sobra patrocinadores que quieran apoyarlos. Lo grave en este distanciamiento radica en que por primera vez en la historia moderna México se quedaría por trabas burocráticas sin acudir a unos Juegos Olímpicos.

La gravedad de la ausencia de nuestro país en una justa olímpica, bajo el pretexto de que lo primero es atender la corrupción, radica en una nueva insensibilidad que consiste en el desconocimiento del ejemplo tan vigoroso que los deportes en su máxima expresión como es una Olimpiada producen en la niñez y juventud mexicanas. En momentos en que la nación se encuentra profundamente amenazada en su estabilidad interior por la violencia y la degradación que la expansión de ésta trae consigo como la ola de suicidios, los embarazos adolescentes, las deserciones escolares crecientes, por sólo citar algunas, lo peor que nos puede pasar es privar a la niñez y la juventud de actividades edificantes que les impulsan a dar sentido y orientación a su vida en el plano personal pero que primordialmente invitan al esfuerzo, dedicación y superación continuas así como al trabajo en equipo y al honor y orgullo de poner en alto el nombre de México. Bajo ninguna circunstancia el Senado de la República puede permitir que se prive a las niñas, niños y adolescentes y con ellos al país entero de disfrutar de la participación de México en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Ante las acusaciones de corrupción que el titular de la CONADE ha lanzado a diversas Federaciones y prácticamente al Movimiento Olímpico en su conjunto, el Comité Olímpico Mexicano, por conducto de su presidente, ha señalado enfáticamente que las cosas se encuentran en orden poniendo el acento en que se les practican auditorías por despachos contables externos.

México espera obtener medallas en diversos deportes: Va por la confirmación del primer lugar en futbol, una de las disciplinas más populares en el país, seguido por personas de todas las edades y recientemente por mujeres jóvenes y adolescentes; nuestro país es potencia en Tae Kwon Do y en Tiro con Arco y cuenta con una generación de atletas con amplias posibilidades de obtener triunfos al igual que en clavados y boxeo. Aunque todavía no califica, hay una gran expectativa entre la juventud y la niñez por el retorno del basquetbol a las justas olímpicas.

En momentos en que todos los sectores de la población se esfuerzan por mejorar la deteriorada imagen que de nuestro país se tiene en el exterior, el peor escenario sería que nos viéramos obligados a no participar en las próximas olimpiadas por la imprudencia del titular de un organismo público descentralizado como es la CONADE. Sin obstáculo de que se lleven a cabo cuantas investigaciones permitan las leyes de la República para comprobar la fiel aplicación de los recursos públicos destinados como apoyo, se deberá dar una muestra clara e irrefutable por parte del gobierno mexicano de su voluntad y código de conducta de respeto absoluto a la autonomía e independencia del Movimiento Olímpico en México en general y de las Federaciones deportivas en particular. Sólo así se garantizará a las y los mexicanos el derecho que tienen a ser representados, a través de los atletas de alto rendimiento, en las próximas Olimpiadas a celebrarse el año entrante en Brasil.

Como lo dejamos expresamente asentado al inicio de esta proposición, el ánimo de impulsar, conservar y consolidar la paz junto con la práctica del deporte como un medio para lograr una mente sana en un cuerpo sano es el principal objetivo del Movimiento Olímpico. Desde esa perspectiva, es decir, de diálogo, entendimiento y buena fe, es que procede exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública, como cabeza de sector, para que con base en la normatividad vigente ejerza sus facultades de supervisión y seguimiento sobre la Comisión Nacional del Deporte con la finalidad de que se observe escrupulosamente el deber de abstención y no interferencia con la vida interna de las Federaciones deportivas que integran el Comité Olímpico Mexicano, así como hacer su mejor esfuerzo para propiciar un clima de cooperación y armonía que permita no solamente acudir a las próximas Olimpiadas superando los agravios que se hayan producido al Comité Olímpico Internacional sino apoyando en todo momento y de la mejor manera a nuestros atletas y deportistas para que den su mejor rendimiento en Río de Janeiro para satisfacción del pueblo de México, en tiempos de tribulación, y esperanza.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta, con toda atención, al titular de la Secretaría de Educación Pública, en su condición de Presidente de la Junta Directiva, para que se sirva disponer lo necesario a efecto de que cese la intervención por parte de la Comisión Nacional del Deporte en la vida interna de las Federaciones y, en su lugar, se lleve a cabo el relanzamiento de las relaciones de dicho organismo con el Movimiento Olímpico en México observando escrupulosamente su deber de respeto a dichas organizaciones ciudadanas, a través de un acto claro, firme y enfático de la voluntad del Estado Mexicano de desarrollar una relación armoniosa con el Movimiento Olímpico en México tomando en cuenta sus objetivos, espíritu y formas de organización para garantizar al pueblo de México la participación de nuestros atletas en los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de noviembre de 2015.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.

1 Artículo 2 de la Carta Olímpica.

2 Carta Olímpica, artículos 28, 1 así como 30.

3 Sección Segunda del Capítulo Capítulo II “De los Sectores Social y Privado” de la Ley General de Cultura Física y Deporte.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su más enérgica condena al ataque de grupos terroristas perpetrado en la ciudad de Bamako, Malí, y envía sus condolencias y solidaridad al pueblo y gobierno de la República de Malí por estos hechos lamentables. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, África.

Los que suscriben, Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108, numeral 1; 109; numerales 1 y 2 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

A tan solo ocho días de los actos terroristas ocurridos París, una de las ciudades más emblemáticas de la cultura universal, por los que perdieran la vida hasta el momento 130 personas, hechos similares se han replicado ahora en Bamako, capital de la República de Balí, que de igual forma han sido reivindicados por grupos religiosos fundamentalistas, caracterizados por la cerrazón, intolerancia, crueldad y barbarie con la que ejecutan estas acciones contra quienes simple y sencillamente no comparten sus creencias.

Como consecuencia de los sucesos operados por esos grupos radicales en el Hotel Radisson blu en la capital de ese país, y cuya autoría ha sido ya reconocida por el grupo yihadista Al Murabitun, apoyado por una facción de Al Qaeda en el Magreb Islámico1, fueron truncadas nuevamente, entre empleados y clientes del hotel, las vidas y las esperanzas de 30 personas inocentes de diferentes nacionalidades -del mismo Malí, pero también de Costa de Marfil, Turquía, Argelia, Rusia, España, Canadá, Alemania, Togo y China- de los 170 rehenes que fueron tomados como parte de los ataques a esas instalaciones; situación que, en todo caso no desembocó en una mayor tragedia, gracias a la decidida intervención de las fuerzas militares maliníes que, con el apoyo decido de tropas francesas y norteamericanas, lograron neutralizar la acción de los terroristas y liberar a la mayor parte de los secuestrados.

Más allá de dilucidar si entre los hechos de París y de Bamako existe alguna relación, dado que desde hace tres años las tropas francesas han reforzado su intervención en el Norte de Balí para coadyuvar al logro de la estabilidad en esa nación, lo cierto es que el terrorismo como un fenómeno global, producto de la intransigencia y el fundamentalismo, está intensificando cada vez más su presencia en todos los rincones del planeta, con crecientes consecuencias por lo que toca al número de víctimas.

De lo anterior da cuenta, por ejemplo, el hecho de que, tan solo en estos últimos 40 días, ataques terroristas diversos han provocado 541decesos de personas inocentes de diferentes nacionalidades, si se suman a los 27 de Malí, los 130 de París, los 242 de la aeronave rusa que grupos radicales hicieran explotar en pleno vuelo, 101 en Turquía, 43 en Líbano y 22 en Nigeria2.  

La propia República de Balí no había sido ajena a hechos como éstos, particularmente desde los últimos tres años cuando, a raíz de la inestabilidad que se vive, en especial en la parte norte del país, en donde grupos yihadistas radicales se han aposentado, y que en su afán de expandir su poderío hacia otras regiones habían ya cometido actos de barbarie con antelación a éstos últimos de Bamako, habiendo sido responsables en la propia capital del Malí, de un atentado con saldo de ocho muertos en el mes de marzo de este año, y de diecisiete en agosto en la ciudad de Sévaré en el corazón mismo de esa república, reivindicados ambos por el grupo Al Mourabitoun3 liderado, de acuerdo con la agencia Al-Jazeera, por el conocido miliciano argelino Moktar Belmoktar, quien luchara al lado del fundador de Al Qaeda, Osama Bin Laden en Afganistán, en los años 90 del siglo pasado, y que públicamente jurara su lealtad al Estado Islámico (el EI)4, grupo extremista éste, responsable de los atentados en París.

En todo caso, lo delicado y grave del último atentado, radica en que se da en la capital de Malí, en medio de un amplio y prolongado proceso para lograr la paz, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Un ataque despiadado que por lo demás ya ha sido condenado y denunciado por el Secretario General de la ONU, Ban ki-moon, como otro intento de los grupos más radicales para entorpecer y revertir incluso los importantes avances que ya se registraban para el logro final de ese propósito; lo que ha llevado a que sea igualmente repudiado por otros líderes mundiales como los presidentes de Francia, de Estados unidos y de México cuyo gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condenó esa acción terrorista mediante comunicado, en el que afirma que “…el país rechaza todo intento por impedir el proceso de paz en Mali...”5.

En coincidencia y sintonía con ese posicionamiento del gobierno mexicano, el Senado de la República desea expresar a través de este punto de acuerdo, su rechazo total a los atentados en Balí, como puntualmente lo ha hecho ante ataques similares en otros lugares diversos en los que han tenido lugar bajo la convicción de que, adicionalmente al número de víctimas directas de esos ataques y de la cauda de dolor y sufrimiento para sus familiares, a quienes deseamos nuestras sinceras condolencias por esas pérdidas tan irreparables, el clima de terror que resulta de sucesos tan reprobables, desencadenan efectos colaterales perniciosos para la sociedad en su conjunto.

En efecto, suelen traducirse esas manifestaciones del terrorismo, como de hecho ya ocurre, en graves restricciones a los derechos y libertades, que en nada contribuyan a que las sociedades sigan avanzando por la senda del bienestar y del progreso; y, en el peor de los casos, atizar círculos viciosos de guerra y violencia que a sí mismos se retroalimentan, potenciando la crueldad y belicosidad de los grupos terroristas que, por no dar la cara, o por no luchar a la manera convencional en un tiempo y territorio dados y, de hacerlo al margen de todo escrúpulo, producen más víctimas entre personas inocentes, que entre los ejércitos responsables de combatirlos.

Es por eso que el Senado de la República, en concordancia con la política exterior de México que profesa entre sus más altos valores los de la paz y la convivencia entre las naciones, reprueba tajantemente los recientes atentados en la República de Malí, expresa su solidaridad con los familiares de las víctimas y hace votos por que tales acontecimientos no incidan en mayor violencia, incertidumbre y desasosiego a nivel mundial. 

De conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas, nos permitimos someter a la consideración de esta Alta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República manifiesta su más enérgica condena a los actos terroristas perpetrados el 20 de noviembre de 2015 en la ciudad de Bamako, Malí, y envía sus condolencias y solidaridad al pueblo y gobierno de la República de Malí por estos lamentables acontecimientos.

SEGUNDO. El Senado de la República rechaza todo intento por impedir el proceso de paz en la República de Malí y hace votos por erradicar los actos de barbarie que amenazan a este país sudafricano.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de noviembre de 2015.

1 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/11/20/onu-condena-ataque-terrorista-en-hotel-de-mali.

2 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/11/21/atacan-hotel-en-mali-hay-mas-de-20-muertos

3 Ataque yihadista a hotel en Malí deja 27 muertos. http://www.jornada.unam.mx/2015/11/21/politica/002n1pol

4 Mourabitoun reivindica el atentado. La Jornada, 21 de noviembre de 2015.

5 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/11/21/atacan-hotel-en-mali-hay-mas-de-20-muertos.





 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República felicita a Mauricio Macri y a Marta Gabriela Michetti por su triunfo en los pasados comicios electorales efectuados en la República Argentina. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Los que suscriben, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, JORGE LUIS LAVALLE MAURY Y FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II; 76; y 276 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA FELICITA A MAURICIO MACRI Y A MARTA GABRIELA MICHETTI, POR SU TRIUNFO EN LOS PASADOS COMICIOS ELECTORALES EFECTUADOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- El domingo 25 de octubre del presente año, se llevó a cabo la primera vuelta de la jornada electoral en Argentina en donde más de 32 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para votar en una elección que significó el mayor cambio político desde el regreso de la democracia.

2.- Con el 90% de los votos escrutados, los resultados del 25 de octubre fueron los siguientes:

Daniel Scioli: 36,8%
Mauricio Macri: 34,3%
Massa: 21.2%

Estos resultados, derivaron en un ballotage con los candidatos Daniel Scioli del Frente para la Victoria y Mauricio Macri de Cambiemos. El 22 de noviembre de 2015, tras la segunda vuelta electoral, los resultados posicionaron a Mauricio Macri como ganador virtual con el 51.40% del total de los votos escrutados.

Mauricio Macri, de la coalición opositora Cambiemos, será el sucesor de Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada a partir del 10 de diciembre del presente año.

CONSDERACIONES

I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los Senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de Acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de Ley o Decreto.

III. Que de acuerdo con la fracción VI del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. En este sentido, el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a las Comisiones Ordinarias, prevé a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la cual tendrá la facultad de elaborar y aprobar el dictamen con proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 220 del Reglamento del citado Órgano Legislativo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República envía una felicitación al Señor Mauricio Macri y a la Señora Marta Gabriela Michetti, por su triunfo en los pasados comicios electorales efectuados en la República Argentina.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 26 de noviembre de 2015.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

De los Senadores Zoé Robledo Aburto, Fernando Enri que Mayans Canabal y Humberto Domingo Mayans Canabal, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su enérgica condena al ultraje de la memoria y de la figura de don Salomón González Blanco, miembro de la Orden de la Medalla Belisario Domínguez. Se turna a la Comisión de Desarrollo Municipal.

Los suscritos, Senadores ZOÉ ROBLEDO ABURTO, FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL y HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL integrantes de esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA MANIFIESTA SU ENÉRGICA CONDENA AL ULTRAJE DE LA MEMORIA Y DE LA FIGURA DE DON SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, MIEMBRO DE LA ORDEN DE LA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En Chiapas muchas cosas no se llaman como dicen que se llaman. El parque recreativo “Joyyo Mayu” o “Salomón González Blanco” en Tuxtla Gutiérrez, es un claro ejemplo de ello.

Se trata de uno de los emblemas de la capital chiapaneca, un centro de reunión familiar que cuenta con diversos atractivos naturales para el disfrute de sus visitantes.

Asimismo, se trata de uno de sus “pulmones” más importantes. Es un enclave ecológico en plena ciudad que cuenta con un ojo de agua natural, desde donde se forma un lago que sirve de criadero de peces de la región; además predominan las palmas, donde las familias colocan sillas, mesas y colchonetas para pasar el día.

Según el Archivo Histórico de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el parque en cuestión, fue inaugurado por el gobernador Patrocinio González Garrido, cuando era presidente municipal Enoch Cancino Casahonda.

Anteriormente, el terreno que ocupa "Joyyo Mayu", de más de 9 hectáreas, era un rancho, que después fue otorgado para la construcción de esta área verde de gran trascendencia para el pueblo tuxtleco.

"Joyyo Mayu", que en lengua zoque quiere decir "Flor de Mayo", se conecta con el Parque Recreativo y Deportivo "Caña Hueca", mediante un puente que antes era colgante y hoy de cemento.

El 17 de marzo de 2008, el parque fue remodelado y entonces se le puso el nombre de Centro Recreativo "Salomón González Blanco", político chiapaneco que desempeñó altos cargos, tales como senador de la República, gobernador del estado y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por sus logros y servicio a la patria, Don Salomón González Blanco, fue condecorado en 1984 con la Medalla Belisario Domínguez, que otorga este H. Senado de la República.

Sin embargo, de manera simbólica el pasado domingo 8 de noviembre, a medio día el grupo conocido como “Joyyo Mayu Cocoy” que en lengua zoque significa “Corazón de Flor de Mayo”, que ha venido trabajando en la recuperación del parque, borró con pintura el nombre del ex gobernador Salomón González Blanco y colocó con letras rojas “Joyyo Mayu”.

Al concluir hicieron una inauguración simbólica del parque y explicaron que los lugares públicos deben de ser nombrados por sus ciudadanos y no por los gobernantes.

Posteriormente, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez ordenó a la Secretaría de Servicios Municipales el retiro inmediato de las letras y busto de Don Salomón González Blanco, mismo que se llevó a cabo el miércoles 11 de noviembre, participando el propio presidente municipal, de manera simbólica, en los trabajos de retiro de las letras y del busto.

No se descalifica la acción ciudadana, es de considerarse que se trata de un acto simbólico, honesto y espontáneo, así como una petición que debía ser considerada y atendida por parte de las autoridades competentes. Tampoco se descalifica la decisión del gobierno municipal de atender esa petición y devolver su nombre original al parque de forma inmediata. Personalmente nunca he estado de acuerdo con que se nombre  los lugares públicos con nombres de políticos.

Lo que resulta inadmisible es el actuar improvisado y oportunista de la autoridad, ya que incluso el presidente municipal declaró en su twitter que ordenó se retirara “de inmediato las letras y el busto de Don Salomón González Blanco y se busque un espacio para su reubicación”, es decir, que las autoridades municipales no tienen idea de lo que se hará con el monumento en homenaje a un miembro de la orden de Belisario Domínguez.

El parque es, siempre ha sido y seguirá siendo el Parque “Joyyo Mayu”, eso queda claro, lo que no se puede avalar son las razones por las cuales el gobierno municipal, de manera apresurada e improvisada retiró un homenaje que fue albergado por casi ocho años en esta sede. Cabe recalcar que no se controvierte la decisión, sino la forma en que se ejecutó.

Por las razones expuestas, se somete a consideración del Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-El Senado de la República manifiesta su enérgica condena al ultraje de la memoria y de la figura de Don Salomón González Blanco, miembro de la orden de la Medalla Belisario Domínguez, perpetrado por el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, para que pida una disculpa pública, por el menosprecio manifestado a la memoria y figura de Don Salomón González Blanco, miembro de la orden de la Medalla Belisario Domínguez.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta al H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para que informe a esta soberanía sobre las razones para el abrupto retiro de las letras y el busto de Don Salomón González Blanco, del sitio que los albergó por casi ocho años, así como de su plan de depósito y resguardo.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, el 26 de noviembre de 2015.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto.- Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal.- Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal.





 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo a impulsar y acrecentar los programas de apoyos en favor de las mujeres rurales para que les permitan adquirir los recursos necesarios para hacer producir sus tierras. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Actualmente en México el 25% de las Unidades Económicas Rurales (UER) son conducidas por mujeres esta situación coloca a las mujeres rurales como actores económicos relevantes con influencia en los resultados de producción e ingreso y por lo tanto, como un elemento estratégico para incidir en el nivel de vida de las familias del sector rural mexicano.1

De acuerdo al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y Equidad de Género, en el primer periodo del año 2014, el 40% de las mujeres en México son económicamente activas, es decir, se encuentran ocupadas o en busca de un trabajo, respecto a las mujeres rurales, solamente el 29% de ellas se encuentran activas.2

Las mujeres en el medio rural desempeñan funciones y roles, que van desde madres de familia, asalariadas, campesinas y empresarias, con lo cual contribuyen al bienestar y desarrollo familiar.

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al segundo trimestre de 2014, indicó que más de tres millones de mujeres del medio rural participan en la producción de bienes y servicios para el mercado, lo que representa 15.4% de la población económicamente activa femenina del país.3

Sin embargo, su retribución se ve mermada por diferentes factores, como la discriminación y el estereotipo de género en el sector agrícola, imposibilitando el control y el acceso equitativo a los recursos y servicios productivos que precisan para conseguir un mayor rendimiento.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2014, mencionó que a nivel nacional, la población rural femenina se concentra en un número reducido de entidades federativas, ya que una de cada tres mujeres reside en Veracruz, Chiapas, Oaxaca y el Estado de México En tanto, las entidades con menor proporción de mujeres rurales son Baja California, con 7.3%, Nuevo León 5.0% y el Distrito Federal con 0.4%.4

De tal manera, en el medio rural, las mujeres son quienes aún llevan más la responsabilidad de la alimentación y nutrición de la familia. Se ha demostrado que cuando ellas tienen mayor acceso a recursos, el bienestar de toda la familia se eleva, cuando tienen mayor grado de educación, la alimentación de sus hijos mejora y sus oportunidades de estudio se incrementan.

No obstante, la profunda discriminación que enfrentan las mujeres en este ámbito hace que la pobreza, el hambre y la desnutrición se conviertan en un ciclo difícil de romper.

En la entidad de Zacatecas en 2014, se dio a conocer que alrededor de 90% de las mujeres que habitan en la zona rural, no han sido beneficiadas con algún programa o apoyo de dependencias del campo e instituciones de atención a este sector de la población.5

Si bien es cierto que el gobierno ha emprendido programas para disminuir la desigualdad del ingreso, dichas acciones no han sido suficientes y no se ha podido erradicar el problema de la falta de recursos al campo.

Igualmente la organización de Mujeres Campesinas de “El Mante Tamaulipas”, informó que en lo que va del presente año, centenares de mujeres rurales no recibieron el apoyo para emprender sus proyectos productivos que necesitan para obtener recursos y con ellos contribuir a la manutención de sus familias.6

Por lo tanto, se requieren aún de más esfuerzos para elevar el nivel de vida de este sector que se encuentra en un estado de vulnerabilidad, y que en muchos casos, viven del autoconsumo o con un ingreso de subsistencia.

Es necesario que se apoye y acompañe a pequeños productores, en especial a las mujeres rurales, quienes ante fenómenos como el de la migración se quedan al frente de las tierras y de la familia.

Por último, y teniendo en cuenta el papel primordial de las mujeres en el ámbito rural, un paso importante sería establecer como meta única y primordial el entregar a las mujeres un programa agrícola con el propósito de que sean apoyadas para que desarrollen sus propios proyectos y les permita mejorar su economía familiar y así disminuir esta problemática.

De tal manera que se debe manifestar para que el combate a este problema sea un compromiso oportuno en el país para el bienestar de todas las mujeres del campo.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo para que en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como con sus homólogas Estatales, impulsen y acrecenté los programas de apoyos en favor de las mujeres rurales para que les permitan adquirir los recursos necesarios para hacer producir sus tierras.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 26 de noviembre de 2015.

1 Día Internacional de la Mujer Rural, Organización de las Naciones Unidas en México, consultado 23/11/2015, [En Línea] Disponible enhttp://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2014/10/dia-internacional-de-la-mujer-rural:

2 Día Internacional de las Mujeres Rurales, Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y Equidad de Género, Consultado 23/11/2015, [En Línea] Disponible en: file:///C:/Users/adrian.silva/Downloads/2014%2010%20M_Rural.pdf

3 Estadísticas a Propósito de Día Internacional de las Mujeres Rurales, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2014, Consultado 23/11/2015, [En línea] Disponible en: http://seieg.iplaneg.net/seieg/doc/EAP_del_dia_internacional_de_la_mujer_rural_2014_1413381781.pdf

4 Ibídem.

5 Sin Apoyo 90% de las Mujeres Campesinas, NTR Periodismo Crítico, Consultado 24/11/2015, [En Linea] Disponible en: http://ntrzacatecas.com/2014/10/15/sin-apoyo-90-de-las-mujeres-campesinas/

6 Mujeres Rurales Pobres y sin Apoyo, Expreso.press, Consultado 24/11/2015, [En línea] Disponible en: http://expreso.press/2015/11/13/mujeres-rurales-pobres-y-sin-apoyo/





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal a reforzar las acciones para prevenir, atender y sancionar el abuso sexual infantil, así como cualquier forma de maltrato contra niñas, niños y adolescentes. Se turna a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

Los que suscriben, Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8º numeral 1, fracción II; 108, numeral 1; 109; numerales 1 y 2 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Convención sobre los Derechos del Niño, uno de los tratados internacionales de derechos humanos más ratificado en el mundo, establece una serie de derechos de los niños, incluidos los relativos a la vida, a la salud, a la educación y al esparcimiento, así como el derecho a la vida familiar, a estar protegidos de la violencia, a no ser discriminados y a que se escuchen sus opiniones.

Para los efectos de la Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

El Estado Mexicano suscribió la Convención en septiembre de 1989. El 19 de junio de 1990, el Senado de la República aprobó este instrumento internacional, convirtiéndose en una de las leyes fundamentales de nuestro país, en términos del artículo 133 de la Constitución1.

En el marco de la Convención, los Estados Partes adoptan todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo2.

Asimismo, los Estados se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados toman, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;
b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;
c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.

En contraste con estos compromisos ratificados por nuestro país, resulta lamentable que diariamente 70 niños sean abusados sexualmente, con lo que se estima que poco más de 25 mil niños son atacados cada año. Con ello, México ocupa el bochornoso primer lugar en abuso y maltrato infantil entre los países de la OCDE.3

La evidencia empírica indica que la violencia sexual puede tener consecuencias físicas, psicológicas y sociales graves a corto y largo plazo, no sólo para las niñas o niños, sino también para sus familias y comunidades. Esto incluye los riesgos de padecer enfermedades, embarazos no deseados, trastornos psicológicos, estigma, discriminación y dificultades en la escuela.4

La Federación, los Estados y los Municipios no deben ser omisos ante esta lacerante realidad. Como lo señaló en 2014 el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, en su discurso con motivo del Día Internacional del Niño “todo niño tiene derecho a sobrevivir y prosperar, a recibir una educación, a no ser objeto de violencia y abusos, a participar y a ser escuchado”.5

La propia Constitución de México señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez6.

Por tanto, para que la visión de la Convención, de proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico, se convierta en una realidad se necesitarán de soluciones innovadoras, un importante aumento de los recursos y la voluntad política para invertir en los niños y hacer que su bienestar ocupe el centro de la agenda política, económica y social.

Según la UNICEF, en el periodo 2008-2011 la inversión pública promedio en la infancia en México representó casi 6% del Producto Interno Bruto y aproximadamente un tercio del gasto programable total a nivel federal. Estos resultados son muy alentadores e indican que los niveles de inversión en niños y adolescentes en México son similares a los de otros países de Latinoamérica.7

Sin embargo, el estudio también revela una distribución desigual de los recursos entre las diversas áreas que deben tenerse en cuenta para alcanzar la garantía integral de los derechos de niños y adolescentes. Así, mientras que ocho de cada diez pesos que el Gobierno Federal destina en su presupuesto a niños y adolescentes se invierten en las áreas de salud y educación, resulta insuficiente la inversión en aquellos programas destinados a garantizar el derecho de los niños a la protección contra todo tipo de violencia, abuso o explotación, así como a promover su participación en las decisiones que les afectan.

En ese marco, todos tenemos la responsabilidad común de defender y proteger los derechos de la niñez mexicana. Defendamos juntos los derechos de todos los niños a vivir en un mundo más justo y equitativo y a lograr un futuro mejor para todos.

El Gobierno de la República está comprometido con los derechos de los niños y niñas. Sin embargo, también se requiere la participación de los demás niveles de gobierno, y de la sociedad en su conjunto.

Recientemente, aprobamos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, según la cual, las personas que encarnan el futuro de México tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.

El artículo 47 de esta ley señala que las autoridades federales, de las Entidades Federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por el descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual; la corrupción de personas menores de dieciocho años de edad; la trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables.

Hoy en día, contamos con mayores herramientas legales para acabar con el abuso que compromete el futuro de nuestras niñas, niños y adolescentes y del país en su conjunto.

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las autoridades federales, de las Entidades Federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a reforzar las acciones para prevenir, atender y sancionar el abuso sexual infantil, así como cualquier forma de maltrato contra niñas, niños y adolescentes.

Segundo.- El Senado de la República exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas a armonizar sus respectivas leyes locales para prevenir, atender y sancionar el abuso sexual infantil, así como cualquier forma de maltrato contra niñas, niños y adolescentes.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de noviembre de 2015.

1 http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv_10.htm 

2 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

3 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2015/11/20/atacan-70-ninos-diario-sexualmente-en-mexico

4 http://www.unicef.org/spanish/protection/57929_58006.html 

5http://www.un.org/es/events/childrenday/2014/sgmessage.shtml

6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

7 http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_inversion_actualizada(1).pdf 





 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a no sustituir el cobro de la tenencia con replaqueo, verificación o algún otro impuesto similar que impacte a la economía de los neoleoneses. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.







 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado de Oaxaca a verificar la existencia de procedimiento alguno que tenga por objeto patentar o cobrar regalías por los diseños de los huipiles tradicionales que se elaboran en la comunidad mixe de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca y, de ser el caso, se garantice la defensa y salvaguarda del patrimonio cultural de nuestro país y de las tradiciones de nuestros pueblos originarios. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas.

El que suscribe, Benjamín Robles Montoya, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 fracción II, 95 numeral 1, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La presente proposición pretende constituirse fundamentalmente como una llamada de alerta a las Senadoras y Senadores de la República, respecto del gravísimo atropello que, de ser cierta la información difundida, podría cometerse en contra de los habitantes de la comunidad mixe de Santa María Tlahuitoltepec.

Santa María Tlahuitoltepec es un municipio oaxaqueño que se ubica en la Sierra Mixe, en la Región Sierra Norte del estado. Su cabecera es el pueblo que lleva el mismo nombre y se rige por el sistema de usos y costumbres.

En días pasados se desató en diversos medios una noticia no confirmada relativa a una supuesta demanda que el gobierno francés habría interpuesto en contra de artesanos de dicha comunidad mixe por los diseños de sus bordados, que serían similares a uno elaborado y supuestamente patentado por la diseñadora francesa Isabel Marant.

Fue entonces que las notas dadas a conocer en la prensa nacional contribuyeron a la confusión del caso, pues en un principio se reportó que Isabel Marant habría patentado el diseño y demandado a la comunidad mixe por el supuesto plagio, lo que la propia Marant desmintió públicamente horas después, señalando que no había patentado ni planeaba patentar el diseño y reconociendo además que su diseño había sido inspirado en los bordados de la comunidad mixe.

Conforme transcurrió el tiempo se fue aclarando el origen de la confusión, lo que se remonta a junio pasado cuando la empresa de ropa francesa Antik Batik interpuso una demanda en contra de Marant alegando que el diseño en cuestión era en realidad un plagio de otro patentado por dicha empresa; sin embargo, Marant alegó en juicio que sus diseños fueron inspirados precisamente en los huipiles de la comunidad mixe.

El nuevo rumor que se generó entonces fue que la empresa Antik Batik era la que realmente había interpuesto la demanda en contra de los habitantes de la comunidad mixe, pues dicha empresa era la que había registrado los diseños y pretendía recibir un pago de los artesanos oaxaqueños por concepto de regalías.

Ante los rumores y la confusión que se generó en medio de toda la información no confirmada, el gobierno del estado de Oaxaca, a través de la Secretaría de Asuntos Indígenas, anunció que verificaría la existencia del procedimiento y en su caso lo impugnaría.

Por su parte las autoridades municipales de Santa María Tlahuitoltepec señalaron no tener conocimiento de procedimiento alguno iniciado en contra de los artesanos de la comunidad y aseguraron no haber recibido ningún tipo de requerimiento hasta la fecha.

Independientemente de lo difusa y poco clara que ha sido la información difundida alrededor del caso, lo cierto es que debe llamar la atención de todas y todos los mexicanos, pues se trata de la defensa del patrimonio de nuestro país y de una tradición ancestral de las comunidades indígenas oaxaqueñas, pues como todas y todos los mexicanos sabemos, estas indumentarias típicas y sus bordados los realizan las comunidades indígenas oaxaqueñas desde hace siglos.

En ese sentido cabe recordar que el artículo 31 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que:

“1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.

2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos”.

De ser cierta la supuesta demanda de la empresa Antik Batiken contra de la comunidad mixe -lo cual hay que señalar que no ha sido confirmado- se trataría de un acto aberrante y una injustificable agresión en contra no solamente de dicha comunidad en lo particular, sino también de nuestra cultura y nuestras tradiciones nacionales.

Todos los niveles de gobierno y todos los Poderes tenemos la responsabilidad y el compromiso de garantizar la protección y salvaguarda de nuestras vastas tradiciones y diversidad, pues éstas son ni más ni menos que nuestro patrimonio como nación y nuestra identidad ante el resto del mundo.

Por ese motivo, tanto en el ámbito federal como en el estatal, debemos emprender las acciones que sean necesarias para llevar a cabo dicha protección.

En tal virtud la presente proposición plantea hacer un llamado a las autoridades federales y estatales para verificar en primer lugar la existencia de cualquier procedimiento, nacional o internacional, que pretenda adueñarse de una tradición ancestral como la de los huipiles en agravio de nuestras comunidades, y de ser cierto garantizar la defensa eficaz de esta tradición que sin duda forma parte de nuestro patrimonio cultural.

Es de gran relevancia poner fin a los rumores y a la información inexacta que se han suscitado sobre este caso y conocer a ciencia cierta si en efecto existe o no un proceso semejante para que de ser necesario se lleven a cabo las acciones tendientes a la protección del patrimonio de nuestro país y de nuestras comunidades.  

Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno federal y al gobierno del estado de Oaxaca para que en el ámbito de sus atribuciones, verifiquen y en su caso confirmen o desmientan la existencia de un procedimiento, nacional o internacional, que tenga por objeto patentar los diseños de los huipiles tradicionales que se elaboran en la comunidad mixe de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca.

SEGUNDO.- El Senado de la República hace un respetuoso llamado al gobierno federal y al gobierno del estado de Oaxaca para que, de ser el caso, garanticen la defensa y salvaguarda del patrimonio cultural de nuestro país y de las tradiciones de nuestros pueblos originarios ante cualquier intento de apropiamiento.

TERCERO.- El Senado de la República se pronuncia por el pleno respeto y la protección de las tradiciones y el patrimonio cultural de nuestro país, que orgullosamente da forma a nuestra identidad como nación ante el resto del mundo.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de noviembre de 2015.

Suscribe





 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar las políticas y los recursos necesarios que reduzcan los índices de inseguridad en el campo mexicano y en las zonas rurales del país, con especial atención a las entidades que cuentan con un elevado número de habitantes en estos sectores, como Zacatecas. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Senador David Monreal Ávila, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Cámara de Senadores proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Una de las principales razones que tienen al país inmerso en la actual crisis política, social y económica es el desmedido aumento que la inseguridad y la delincuencia han tenido en los últimos lustros en todo el territorio mexicano.

La Nación se ha visto obligada a tener que soportarla de forma cotidiana, al haber penetrado en prácticamente todos los estratos de la sociedad, en las diversas actividades que en cada uno se llevan a cabo.

Nadie se encuentra exento de los alcances que la delincuencia ha alcanzado en el país, tanto organizada como de forma general. Sufrir de forma directa o indirecta los efectos de la delincuencia es, desafortunadamente, la regla general en México, y no la excepción como debería de ser.

Esto es aún más notorio en los grupos y zonas poblacionales más vulnerables, indefensas, y que a menudo suelen tener mayor contacto con el crimen y la inseguridad.

Lamentablemente en este país, la gran mayoría de las veces, el campo y la pobreza constituyen un binomio inseparable, por lo que quienes se dedican a su desarrollo se encuentran, por lo general, sumamente expuestos a los riesgos que derivan de esta ola de inseguridad y violencia que ha golpeado a México.

En el estado de Zacatecas, por ejemplo, al igual que en muchas otras entidades federativas, los habitantes del medio rural se enfrentan de forma regular a diversos hechos delictuosos, lo que se ha convertido en una constante, sin que hasta el momento se hayan adoptado las medidas necesarias que contrarresten esta situación.

Estos delitos van desde el robo, como en los pozos, de los que sustraen motores, tubos y demás instrumentos indispensables para la generación de agua destinada a las cosechas, o el abigeato, y en general el robo de cualquier cosa que pueda llegar a tener un valor económico; hasta actos delictivos de mayor impacto, que incluyen el hostigamiento, extorsión, cobro de piso, robo con violencia a casa-habitación, asaltos, asesinatos y hasta secuestros, perpetuados, normalmente, por el crimen organizado.

Diversos testimonios locales ilustran cómo en la entidad zacatecana, que cuenta con un elevado número de habitantes en el medio rural, así como un gran porcentaje de personas que se dedican al campo, se ha dado en años recientes un aumento acelerado en la comisión de ciertos delitos de alto impacto, como el secuestro.1 Ello ha afectado principalmente y de forma considerable a la actividad agropecuaria.2

El abandono y desinterés al campo y a quienes viven fuera de las urbes por parte de las autoridades, los medios de comunicación y de la sociedad civil en general, ha propiciado el aumento en la comisión de estos delitos, los que regularmente no logran superar la barrera de la impunidad, ya que o no son denunciados por miedo o ignorancia, o bien si llegan a ser denunciados, no se imparte justicia de forma expedita como se requiere, e inclusive llegan a sufrir consecuencias peores por las represalias de los grupos  delictivos.

A pesar de lo ostensible que es la profunda penetración de la delincuencia en el campo mexicano, las autoridades continúan sin llevar a cabo las acciones oportunas y necesarias que reviertan el rumbo que en la materia se ha tenido a lo largo de ya varios años.

Se trata de un problema que desde hace algún tiempo el mismo Tribunal Superior Agrario advirtió su magnitud, señalando en el 2010 que la delincuencia organizada se estaba apoderando del campo mexicano, y que hacía falta una política de Estado que lo apoyara y atendiera como un asunto de seguridad nacional.3

En una entidad como la de Zacatecas, de vasto territorio, con una fuerte actividad agrícola, y que cuenta con un número reducido de elementos policiales, con bajos niveles de profesionalización, se complica aún más la salvaguarda de la población en contra del crimen organizado.4 Esto hace necesario redoblar esfuerzos encaminados a establecer un estado de derecho en el que efectivamente se garantice la seguridad a quienes se dedican al campo y que por su situación se encuentran más vulnerables.

Además de las afectaciones directas que sufre este sector de la población derivado de la comisión de estos delitos, con la inseguridad se inhibe la inversión en el campo, y por lo tanto la producción, la cual ya se encuentra limitada por otras condiciones, como la falta de recursos destinados a ello y el acaecimiento de fenómenos naturales de carácter ambiental y climatológicos adversos, como sequías, plagas e inundaciones, y el acelerado deterioro de los recursos naturales, como el empobrecimiento del suelo, la deforestación, el agotamiento del agua y la pérdida de la biodiversidad.

Se estima que estos índices elevados de violencia y crimen afectan, en términos de su impacto a largo plazo, quizá más que el que tienen los grandes desastres naturales.5

Es decir, no se trata solamente de la seguridad y el bienestar personal de quienes se dedican al campo, sino que la afectación se da a todo el desarrollo productivo y económico agrícola, y por lo tanto a todo el país, especialmente cuando se trata de entidades federativas con una fuerte actividad agrícola.

La situación económica de la producción agropecuaria en México atraviesa hoy en día una etapa crítica, tras la desatención que ha tenido el gobierno mexicano a este sector en los últimos años.

La celebración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte contribuyó significativamente a generar vacíos de poder en el agro mexicano, debido a que auspició la retirada del Estado Mexicano de éste, dejándolo indefenso ante la fuerte competencia internacional y la intensa violencia e inseguridad interna. El hecho de que solamente se destine en México en promedio a cada productor agrícola el tres por ciento de lo que el gobierno estadounidense destina, refleja dicho abandono de las autoridades mexicanas al campo nacional. 6

A pesar de que la cantidad de personas que viven en el medio rural continúa en descenso, hoy en día representan al 22 por ciento de la población mexicana.7 De ella, aproximadamente el 70 por ciento vive en la pobreza, mientras que el 60 por ciento de la población mexicana que vive en pobreza extrema se encuentra en el campo, lo que implica un estado de indefensión de este enorme sector ante los abusos perpetrados por la delincuencia en todos sus niveles. 8

Se trata, pues, de uno de los diferentes factores que tienen al campo mexicano en la lamentable y paupérrima situación en la que se encuentra, y que ha tenido como consecuencias, por ejemplo, que el país no goce de una autosuficiencia alimenticia, importando la mayoría de los alimentos que consume.

Si bien es cierto que es preocupante el panorama que vive toda la población agrícola y rural en general, debe prestarse especial atención a los jóvenes, ya que ante la falta de oportunidades de trabajo y de condiciones de vida dignas y decentes, son orillados a incursionar en las líneas del crimen organizado, en el que pueden ser “empleados” inmediatamente, obteniendo los ingresos que el Estado no se esfuerza en proveer.

Se forma así un ciclo vicioso en el que los problemas en el campo propician que los jóvenes se unan al crimen organizado, lo que después genera mayor violencia, inseguridad, temor e inestabilidad en estas zonas, y de esta manera siguen aumentando las razones por las que las nuevas generaciones deciden incursionar en el mundo de la delincuencia, al contar cada vez con menos elementos que les permitan escapar de la precaria situación en la que se encuentran.

Es por ello que resulta menester un cambio en la política integral del sector agrícola, haciendo énfasis en que se reduzcan los altos índices de inseguridad, y que realmente se impulse un crecimiento económico con estabilidad para promover la creación de empleos bien remunerados, y evitar así que el campo mexicano continúe dedicándose principalmente a cosechar jóvenes delincuentes.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría del Campo del estado de Zacatecas, implementen las políticas y los recursos necesarios que efectivamente reduzcan los índices de inseguridad en el campo mexicano y en general en las zonas rurales del país, con especial atención a las entidades que cuentan con mayor número de habitantes en estos sectores, como Zacatecas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 26 de noviembre de 2015.

1 “Zacatecas, entre los 10 estados con mayor índice de secuestros, señala Gobernación”, en La Jornada Zacatecas, [Consultado: 13-11-2015], disponible en internet: http://ljz.mx/2014/01/29/zacatecas-entre-los-10-estados-con-mayor-indice-de-secuestros-senala-gobernacion/.

2 “El campo, el sector más golpeado por inseguridad: Saúl Monreal”, en Las noticias ya, [Consultado 13-11-2015], disponible en internet: http://lasnoticiasya.com/2015/02/el-campo-el-sector-mas-golpeados-por-inseguridad-saul-monreal/.

3 “La delincuencia organizada se está apoderando del campo mexicano: Tribunal Superior Agrario”, en De primera, [Consultado 13-11-2015], disponible en internet: http://www.deprimeraportal.com/2011/07/la-delincuencia-organizada-se-esta.html.

4 Hernández, Iván, “Causa en Común: “Policía zacatecana carece de Asuntos Internos”, en Zacatecas en Síntesis, [Consultado: 13-11-2015], disponible en internet: http://zacatecasensintesis.com/zens/?p=13581.

5 Martínez Huerta, David, “El crimen organizado es la peor plaga del campo mexicano”, en Sin Embargo, [Consultado: 12-11-2015], disponible en internet: http://www.sinembargo.mx/22-10-2013/788194.

6 De primera, op. cit.

7 “Población rural y urbana”, INEGI, [Consultado 12-11-2015], disponible en internet: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.aspx?tema=P.

8 “En campo, 60% de la pobreza extrema en México: ONU, en El Universal, [Consultado 13-11-2015], disponible en internet en: http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/843290.html.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Salud a elaborar un protocolo de actuación en caso de picadura de la llamada “Oruga Peluche”. Se turna a la Comisión de Salud.

Los suscritos, Senadores, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En días recientes, en algunos estados del país se ha reportado la picadura de un insecto conocido como “oruga peluche”. Un  lepidóptero que se distribuye en todo el sur de los Estados Unidos, México y partes de América Central habitando en árboles como los robles, olmos y cítricos y en plantas de jardín como rosales o hiedras.

Estas orugas están cubiertas de largas cerdas, parecidas a pelos, que contienen veneno y lo usan para protegerse contra sus predadores.

Su veneno cuenta con neurotoxinas que pueden afectar al sistema nervioso y causar nauseas, dolor de cabeza, dolor abdominal, entumecimiento y dificultad para respirar, en algunas personas sensibles puede causar la muerte.

Se presume que su estancia en México podría deberse a una migración a causa del cambio climático; en días pasados, en nuestro país se presentaron picaduras de esta oruga en los estados de Jalisco y de Nuevo León.

En el estado de Jalisco, se han presentado en el conocido bosque de “Los Colomos”, ubicado en la ciudad de Guadalajara, cuya superficie es superior a las 90 hectáreas, y es un centro natural de reunión para la población de Guadalajara y de Zapopán.

Por su parte, en Nuevo León, fueron reportados casos de picaduras de la oruga peluche en Santa Catarina, en Guadalupe y en el sur de Monterrey, obligando a tomar precauciones a las autoridades de Salud y de Protección Civil de esos municipios.

Lo anterior representa un riesgo inminente para la población, por lo que es necesario que las autoridades correspondientes tomen las medidas pertinentes.

Los proponentes consideramos necesario que debido a que la población con mayor riesgo de sufrir con esta oruga, son los infantes, creemos necesario la elaboración de un protocolo de actuación entre las autoridades federales y las estatales, a fin de minimizar los posibles riesgos que pudieran afectar a la población, además que debido a la naturaleza del mismo insecto, bien pudiera extenderse a otras entidades, de la misma forma en que ha aparecido con mayor frecuencia en Jalisco y Nuevo León.

Es en base a estas consideraciones que los proponentes sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, para que en coordinación con sus homólogas en los Estados y en el Distrito Federal, elaboren un protocolo de actuación en caso de picadura de “Oruga Peluche”.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 26 de noviembre de 2015.

Atentamente





 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo las acciones necesarias para incorporar la figura de coordinador juvenil dentro de las delegaciones estatales de la SEDESOL. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

El que suscribe, Sofío Ramírez Hernández, Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 108 numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de ésta H. Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El artículo segundo de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, establece que:

“Por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto de las políticas, programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo, sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra”.1

En otro orden de ideas y con base en la información de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, podemos señalar que el monto de la población de 15 a 29 años es de 29.9 millones, pero si a estos agregamos a los jóvenes de 12 a 14 años, la cifra alcanzada es de 38.2 millones, lo que significa que por lo menos, uno de cada tres mexicanos es parte de la población reconocida como joven.2

Asimismo, México actualmente tiene una pirámide poblacional con una base mayoritariamente de gente en edad productiva, lo que se considera que goza de un “bono demográfico”.

Sin embargo, la proporción de los jóvenes con respecto al total disminuyó de 29.4% en 1990 a 24.9% en 2014; lo anterior se explica por un proceso de envejecimiento que se manifiesta en un aumento relativo de la población de mayor edad y en una menor participación porcentual de niños y la gente joven.3

Lo que significa que el “bono demográfico” se está agotando y las proyecciones para 2050 aseveran que la pirámide poblacional se invertirá, trayendo como consecuencia que la población sea mayoritariamente adulta y de edad avanzada.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, hace referencia a esta situación de la siguiente manera “Actualmente, México está experimentando la mejor etapa de su historia en cuanto a la disponibilidad de la fuerza laboral. México es un país joven: alrededor de la mitad de la población se encontrará en edad de trabajar durante los próximos 20 años. Este bono demográfico constituye una oportunidad única de desarrollo para el país.”

Además reconoce que: “Es fundamental atender el creciente número de jóvenes que no estudian y no trabajan, además de diseñar intervenciones específicas de política pública enfocadas a mejorar su calidad de vida y sus oportunidades.”4

Sin embargo, las políticas públicas que se han venido implementando, aún son insuficientes para poder dar cauce a las inquietudes y necesidades de la juventud mexicana y propiciar que la misma se convierta en ese motor que sirva de llave para abrir la puerta del desarrollo y el crecimiento con equidad.

Una de estas insuficiencias posiblemente se dan porque actualmente, el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), no cuenta con representaciones o funcionarios a nivel estatal, ni municipal, por ello, es necesario crear la figura de “Coordinador Juvenil” (CJ), con la cual se pretende establecer mecanismos orgánicos de coordinación, comunicación y colaboración entre la federación y los gobiernos estatales y municipales en materia de política juvenil.

La creación de las Coordinaciones Juveniles consiste en la incorporación dentro de las Delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), de cada una de las entidades federativas y en los municipios, de la figura del “Coordinador Juvenil”. A través de este rol se busca fortalecer la coordinación entre la SEDESOL, el IMJUVE y las instituciones a nivel estatal y municipal en materia de programas sociales y oferta de programas y servicios para la juventud.

De este modo, se fortalece la estructura operativa de las Delegaciones SEDESOL, con un área enfocada a la aplicación, difusión, comunicación, coordinación de los programas sociales en el sector juvenil y a la recopilación de la información sobre la oferta y el impacto de las mismas.

Las Coordinaciones Juveniles introducen la perspectiva joven a la estructura operativa en las Delegaciones, así, se suma un área enfocada a la aplicación de los programas sociales en el sector juvenil, con lo cual se fortalece la oferta institucional de los programas de la SEDESOL.

La visión que guiaría a los CJ es la de lograr que las acciones de la política de juventud resalten en el plano local y comunitario, y que participen también el diseño y la implementación de programas más amplios y generales que contribuyan a impactos sociales y sustentables, en la coordinación y cooperación de los diferentes órdenes de gobierno, así como del respeto a los derechos y la dignidad de las y los jóvenes teniendo siempre un enfoque de inclusión.

El Coordinador Juvenil, deberá fungir como un apoyo técnico para la planeación, seguimiento y verificación de programas y servicios dirigidos a las y los jóvenes mexicanos para el desarrollo social y regional.

Con lo que se busca mejorar la eficiencia e impacto positivo de las acciones derivadas de la operación de las políticas de juventud, con el fin de combatir la pobreza y desigualdad de mejor manera y propiciar el continuo desarrollo social de los jóvenes.

Resulta urgente voltear a revisar y fortalecer las políticas públicas y acciones eficaces enfocadas a ampliar la participación de los jóvenes en nuestro país, porque sin duda serán ellos, quienes afrontarán los retos venideros. Entre más capacitados y fortalecidos se encuentren, México podrá aspirar a acabar con el retraso en el desarrollo que viene padeciendo desde hace ya bastantes años.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que a través de la Comisión de y Presupuesto Cuenta Pública, contemple los recursos suficientes para la creación de la figura de “Coordinadores Juveniles” del Instituto Mexicano de la Juventud dentro de las delegaciones estatales de la SEDESOL.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Social, se facilite la creación de la figura de Coordinadores Juveniles del IMJUVE, al interior las delegaciones estatales de la SEDESOL.

Dado en la H. Cámara de Senadores, el 26 de noviembre de 2015.

Suscribe

Sen. Sofío Ramírez Hernández.

1 Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

2 INEGI (2014), Consulta interactiva de datos en línea: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabdirecto.aspx?s=est&c=33720

3 INEGI (2015), “Estadísticas a Propósito del… Día Internacional de la Juventud (12 de agosto), Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, 10 de agosto de 2015.

4 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que exhorta al gobierno del Distrito Federal, a las jefaturas delegacionales del Distrito Federal y a los gobiernos municipales a revisar la infraestructura en calles, avenidas, calzadas, parques, jardines, camellones y toda vía pública, a fin de evitar que por desperfectos en pavimentación, alcantarillas, bocas de tormenta, postes, banquetas y otros elementos urbanos, se ponga en peligro la integridad física y la vida de la población en general. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El municipio es, sin lugar a dudas, el sitio en donde la relación entre pueblo y gobierno es más cercana. Moradores y gobernantes de un municipio interactúan permanentemente; las demandas, necesidades y situaciones cotidianas se conocen, reclaman y resuelven de manera directa.

De acuerdo al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) de la Secretaría de Gobernación, en México existen 2 mil 440 municipios a lo largo y ancho de los 31 estados. 1

Para el caso del Distrito Federal, el gobierno más cercano y directo a la población es la Delegación. La capital del país se divide política, territorial y administrativamente en 16 delegaciones: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

De acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios tienen a su cargo los servicios públicos tales como:   alumbrado público, limpia, mercado y centrales de abastos, panteones, rastro, seguridad pública y tránsito, calles, parques y jardines, así como agua potable y alcantarillado, entre otros. 2

De acuerdo al artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, las Delegaciones tienen competencia las materias de gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública, promoción económica, cultural y deportiva, entre otras.

A su vez, el artículo 118 del mismo ordenamiento de la capital del país, considera que para el desarrollo y bienestar social en la Ciudad deberán tomarse en cuenta las materias de seguridad pública, planeación del desarrollo; reservas territoriales, uso de suelo y vivienda; preservación del medio ambiente y equilibrio ecológico; infraestructura y servicios de salud; infraestructura y servicio social educativo; transporte público, así como agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales. 3

A últimas fechas se han presentado una serie de hechos en los que, por servicios públicos deficientes ya sea en delegaciones o municipios, la población se ha visto afectada en su integridad física e incluso se han llegado a presentar decesos de infantes o adultos.

Caso concreto se vivió el pasado 11 de noviembre en el cruce de la calzada Ignacio Zaragoza y el Canal de Churubusco, en la delegación Iztacalco del Distrito Federal, en donde un bebé de cinco meses de edad, de nombre Leonardo, falleció después de caer directamente de su carriola hacia el drenaje, a través de una coladera de 10 metros de profundidad que se encontraba destapada. 4

Cabe destacar que, de acuerdo a información que hicieron pública varios medios de comunicación, dicha alcantarilla llevaba destapada alrededor de 6 meses y se había solicitado a las autoridades su reparación en varias ocasiones, previamente al deceso del menor.

Por estos hechos, al tratarse de un accidente ocurrido en una vía primaria, la Procuraduría capitalina abrió la averiguación previa por homicidio FIZC/IZC1/T3/1325/15-11, en la Fiscalía de Investigación Desconcentrada en Iztacalco, pero hasta la fecha no se ha sancionado a absolutamente nadie.

Sucesos similares se han presentado en varios municipios del país, en donde por el mal estado de la pavimentación, las alcantarillas, postes, banquetas y otros elementos urbanos, se presenten sucesos que incluso terminan en el deceso de niños, adultos y adultos mayores.

El mantenimiento y buen estado en el que deben permanecer las calles, avenidas, alcantarillas, bocas de tormenta y en general la infraestructura y mobiliario urbano, es responsabilidad directa de los Ayuntamientos del país y de las delegaciones del Distrito Federal.

No se puede tolerar que por falta de mantenimiento en la infraestructura urbana, la ciudadanía resulte afectada en su integridad física e incluso con la pérdida de la vida.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente.

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta al Gobierno del Distrito Federal, a las Jefaturas Delegacionales del Distrito Federal y a los gobiernos municipales, a revisar la infraestructura en calles, avenidas calzadas, parques, jardines, camellones y toda vía pública, a fin de evitar que por desperfectos en pavimentación, alcantarillas, bocas de tormenta, postes, banquetas y otros elementos urbanos, se ponga en peligro la integridad física y la vida de la población en general.

Dado en el Senado de la República, el 26 de noviembre de 2015.

Atentamente

1 http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/

2 http://info4.juridicas.unam.mx/juslab/leylab/250/116.htm

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/egdf.htm

4 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/11/12/1056665





 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República y de la Colegisladora a retomar la discusión de las leyes reglamentarias de combate a la corrupción, mediante un ejercicio ciudadano amplio e incluyente. Queda en poder de la Mesa Directiva.

Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación Soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA Y DE LA COLEGISLADORA PARA QUE RETOMEN LA DISCUSIÓN DE LAS LEYES REGLAMENTARIAS DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, MEDIANTE UN EJERCICIO CIUDADANO AMPLIO E INCLUYENTE, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El reporte de Competitividad Global 2015 del Foro Económico Mundial, ubica a México entre los 20 países con mayor desvío de recursos del gobierno a nivel mundial, ubicándose en su peor posición desde el 2006.

En nuestro país, la corrupción nos cuesta 9% del PIB, según diversas estimaciones. Para darnos una idea del tamaño, este monto representa alrededor de una tercera parte del Presupuesto de Egresos de la Federación en este año (36%).

Si hacemos una remembranza de noticias, la presente administración federal ha estado rodeada de escándalos de corrupción y conflictos de interés, hasta hoy impunes: OHL, Casa Blanca, Oceanografía, Malinalco, Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, “Los Moches”, Etc.

Impunidad y corrupción a los niveles de México, significa que quienes tienen más poder y dinero, más se encuentran al margen de la ley. Esta situación remarca el ya clásico: “en México, el que no transa no avanza”. Y esto fomenta el comportamiento  ilegal y oportunista, que perpetúa una economía donde prosperan los tramposos y corruptos.

Lo peor de esta situación es que no hay economía que pueda funcionar así, y si continuamos fomentando y replicando estas prácticas, no vamos a crecer a los niveles que necesitamos para crear empleos para la gente, ni vamos a tener servicios públicos de calidad, ni vamos a tener mayor equidad en la sociedad, si no se considera una política económica basada en el cumplimiento de reglas y transparencia.

El 07 de Octubre de 2015, en la comparecencia del Secretario de Hacienda ante esta Soberanía, expuse que no podíamos tener un debate serio y responsable del paquete fiscal 2016, si no existía antes el compromiso de la SHCP para cumplir con una agenda con puntos concretos, como:

Desarrollar e implementar el Sistema Nacional Anticorrupción y que la reforma a la Ley de Obras Públicas no sea “PRO corrupción”, como la han calificado algunas organizaciones de la sociedad civil, sino “CONTRA la corrupción”.

El 17 de noviembre de 2015, se publicó en diversos medios que los presidentes de las Mesas Directivas del Senado y Cámara de Diputados, Roberto Gil Zuarth y Jesús Zambrano Grijalva, dieron a conocer que “el tema de combate a la corrupción y la reglamentación de la reforma en materia de transparencia, se tratarán en febrero a fin de que concluyan las definiciones en mayo”.

Las declaraciones de los presidentes de las mesas directivas, nos permiten proponer que no tenemos que esperar hasta febrero para empezar la discusión, estoy a favor de que se establezca una agenda en diciembre y enero, retomando la discusión a través de mesas de trabajo en un ejercicio ciudadano amplio e incluyente que permita preparar y fortalecer el proyecto de dictamen, partiendo de que la minuta que se encuentra ahora en el Senado tiene debilidades muy serias, por ejemplo:

• La Ley de Obras Públicas, abre puertas a la discrecionalidad en los procesos de contratación y no incluye mecanismos para prevenir los conflictos de interés. Con lo que se podrán repetir casos como el ya famoso OHL en el Estado de México.

• En la misma ley, tampoco existe la obligación de publicar la documentación de las adjudicaciones directas, lo que deja la puerta abierta al abuso de este proceso, como en el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde ya el 80% de los proyectos se han adjudicado de manera directa.

De la misma manera a la par de las reformas para terminar con la corrupción, es necesario un compromiso de la SHCP para impulsar una agenda que termine de una vez por todas con la impunidad.

Para lograrlo, se requieren recursos para capacitar, formar y fortalecer mecanismos en la procuración de justicia y en el poder judicial, lo cual debe ser una prioridad de política económica para el país.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, de obvia y urgente resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La H. Cámara de Senadores exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República y de la Colegisladora para que retomen la discusión de las Leyes Reglamentarias de Combate a la Corrupción con un enfoque integral y sistémico, durante los meses de diciembre de 2015 a marzo de 2016, a través de mesas de trabajo, para que sean dictaminadas en abril de ese mismo año.

SEGUNDO. La H. Cámara de Senadores exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República y de la Colegisladora para que en las mesas de trabajo de las Leyes Reglamentarias de Combate a la Corrupción, se aborde y discuta adicionalmente la minuta con proyecto de decreto por la que se modifican diversos preceptos constitucionales en materia de inmunidad de los servidores públicos.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 26 de noviembre de 2015.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter.





 

Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno a reforzar las acciones y campañas para evitar el consumo de bebidas alcohólicas entre los menores de edad. Se turna a la Comisión de Salud.

El que suscribe, Miguel Romo Medina, Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los últimos años ha sido una constante el aumento de consumo de bebidas alcohólicas entre los menores de edad. Es una realidad que los niños, adolescentes y jóvenes están teniendo acceso a las bebidas embriagantes -sea en el seno familiar, escolar e incluso recreativo-. Cada vez hay más jóvenes que ven con naturalidad la ingesta de alcohol sin tener en cuenta los daños que genera a la salud.

Según la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, publicada por la Secretaria de Salud, 6 de cada 10 mexicanos ha aceptado que su primera experiencia con el alcohol fue antes de los 17 años de edad. La edad promedio de inicio de consumo de alcohol es de 14.1 años, es decir, la mayoría de los mexicanos empieza a beber en el último grado de secundaria.

Lamentablemente hay más menores de edad que tienen acceso a las bebidas alcohólicas. Lo anterior, pese a las políticas prohibicionistas para su venta en establecimientos mercantiles o la aplicación de sanciones a los adultos que las provean.

Actualmente existe una gran presión que se ejerce sobre los menores para consumir alcohol. Sin duda, las acciones gubernamentales deben de estar dirigidas por velar que nuestros niños, adolescentes y jóvenes se mantengan alejados del consumo del alcohol.

Este punto es importante si consideramos que en la sociedad mexicana el consumo de alcohol es socialmente aceptado y su abuso en muchas ocasiones pasa inadvertido. Por ejemplo, muchos padres toleran que sus hijos regresen de la escuela o de fiestas en estado de ebriedad, peor aún, tiende a ser motivo de orgullo entre los propios menores que sean vistos bebiendo alcohol.

No es una novedad que el 32 por ciento de los menores infractores recluidos haya cometido los delitos bajo la influencia del alcohol; que 2 de cada 10 accidentes de tránsito sean provocados por un menor en estado etílico; o que en una tercera parte de los ingresos hospitalarios se vea involucrado un menor.

Como puede observarse el consumo de alcohol entre los jóvenes tiene consecuencias que afectan su salud, estabilidad y desarrollo. Por ello, es necesario incrementar las acciones para la prevención y detección oportuna de la ingesta las bebidas alcohólicas en este sector poblacional. No hay que olvidar que el alcohol genera graves y costosos problemas sociales, siendo el peor de los casos la muerte de la persona quien lo consume.

Las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno -en tanto son las encargadas del diseño e instrumentación de las políticas de prevención de adicciones-, tienen la responsabilidad de fortalecer los instrumentos que permitan inhibir su consumo para garantizar el interés superior de los menores.

Por lo anteriormente expuesto, es que acudo a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno a reforzar las acciones y campañas para evitar el consumo de bebidas alcohólicas entre los menores de edad.

Dado en el Senado de la República, el 26 de noviembre de 2015.

Atentamente





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a impulsar una campaña informativa sobre las propiedades de las denominadas “bebidas energizantes”, así como el consumo responsable de éstas. Se turna a la Comisión de Salud.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Durante las últimas décadas, el consumo de bebidas energéticas (energizantes) adicionadas con cafeína, dejó de ser un producto que era consumido en ocasiones excepcionales de estrés o atención extrema, para posicionarse como uno destinado para la recreación y diversión, sobre todo entre los jóvenes.

Según una encuesta de la Procuraduría Federal del Consumidor, el 29% de las personas, dicen que el principal motivo por el que consumieron una bebida energética es porque reduce su situación de cansancio. No obstante, diversos estudios indican que consumir una bebida energizante de casi medio litro aumenta la posibilidad de presión arterial y las reacciones hormonales al estrés.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), señala que de acuerdo con sus productores, las bebidas energizantes fueron creadas para “incrementar la resistencia física; proveer reacciones más veloces y mayor concentración; aumentar el estado de alerta mental (evitar el sueño); proporcionar sensación de bienestar; estimular el metabolismo y ayudar a eliminar sustancias nocivas para el cuerpo”.

La propia institución gubernamental dice que la mayoría de bebidas de este tipo contienen alrededor de 20 a 30 gramos de carbohidratos y algunas hasta 70 gramos. Asimismo, entre sus ingredientes básicos están las siguientes sustancias: taurina, guaraná, cafeína, ginseng y tiamina.

Si bien es cierto que las bebidas energizantes no producen un daño per se, también lo es que al ser combinadas con alcohol o consumirse sin control, pueden producir efectos depresores, por mencionar algunos: ansiedad, nerviosismo, insomnio, trastornos del ritmo cardiaco, malestar estomacal, irritabilidad e incluso intoxicación por ingesta excesiva.

Para los legisladores del PRI, es de vital importancia que la población mexicana cuente con la información oportuna y precisa sobre las propiedades de las bebidas energizantes, así como de los posibles riesgos a la salud que su consumo excesivo pudiera ocasionar, a fin de tutelar el bien jurídico de la salud, derecho que se encuentra tutelado en el párrafo cuarto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Revista del Consumidor en su “Estudio de calidad: bebidas energéticas” señala que “las promesas que extienden las bebidas energéticas son incrementar la resistencia física, mayor concentración, aumentar el estado de alerta mental y, en fin, proporcionarnos esa chispa que encenderá la mecha de nuestro ánimo”.

El Dr. Agustín López Munguía Canales (investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM), manifiesta que: “La cafeína es casi la única sustancia dentro de las bebidas energéticas que estimula el metabolismo y provoca toda una serie de consecuencias que podrían traducirse como un estado de alerta mental, aunque para otros individuos el mismo estado se puede percibir como de angustia”.

Del estudio referido, donde se llevó a cabo el análisis de 16 marcas y 3 mil 264 pruebas, destacan las consideraciones que a continuación enunciamos:

• Al tener una base de agua, azúcares y electrolitos, tienen como función la recuperación después de una intensa actividad física, es decir, no son para hidratar.

• Deben tener advertencias en las etiquetas claras, por ejemplo, en países como Estados Unidos, estos productos están obligados a declarar si la bebida tiene más de 150 mg de cafeína, de ser así, la etiqueta debe llevar la advertencia  “High caffeine content” (Alto contenido de cafeína). En este tenor, según la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria, para un adulto, hasta 300 mg de cafeína al día parecen ser seguros para los consumidores.

• Señalar que la taurina es el aminoácido (componente esencial de las proteínas) intracelular más abundante en el cuerpo humano, que se encuentra en los músculos y el sistema nervioso, así como el hecho de que el desarrollo de actividades como el ejercicio y las situaciones de estrés provocan que disminuyan los niveles de taurina en el organismo.

• Precisar las afectaciones que puede producir la taurina, destacando que interviene en la producción y funcionamiento de la bilis (líquido digestivo que proviene del hígado con un papel importante en la digestión).

• Las bebidas energéticas no deben mezclarse con alcohol, debido a que sólo “enmascaran” sus efectos depresores sin que el cuerpo y sus efectos nocivos se reduzcan, por el contrario, se puede perder la movilidad y los reflejos, y derivar en una intoxicación masiva de los órganos en el cuerpo ante la inutilidad del cerebro de no saber cómo reaccionar.

• En la publicidad, se debe evitar información ambigua a través de frases sujetas a comprobación, como son: “En cuestión de minutos te sientes alerta, despierto, productivo y de buen humor”; “Estimula la memoria e incrementa la concentración”; o “Mejora el estatus emocional”.

En cuanto a la idoneidad del presente punto de acuerdo, es fundamental que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios conozca del asunto en virtud de que por imperio de ley, es la autoridad que tiene a su cargo la protección contra riesgos sanitarios a la población mexicana.

A partir de las consideraciones y argumentos vertidos, los integrantes del grupo parlamentario del PRI, reiteramos la importancia de que el asunto sea analizado y dirimido por esta Soberanía Nacional. 

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores del PRI, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que en el marco de sus atribuciones, impulse una campaña informativa sobre las propiedades de las denominadas “bebidas energizantes”, así como el consumo responsable de éstas.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 26 de noviembre de 2015.

Atentamente.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del Distrito Federal a ampliar las acciones tendientes a garantizar mayores medidas de seguridad a los ciclistas y fortalecer sus campañas de concientización e información para generar una cultura vial de respeto a las personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte y a los peatones. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El uso de la biblioteca, constituye un cambio social y cultural importante en materia de movilidad social, reduce significativamente el tráfico que producen los automóviles y el transporte público como taxis, microbuses y autobuses, con ello, también se disminuyen las emisiones de dióxido de carbono a la atmosfera.

Se estima que en promedio,  cada persona viaja unas dos horas para llegar al trabajo o la escuela -viaje redondo-. Lo anterior se traduce en millones de horas de actividad no productiva, las cuales sólo en la zona metropolitana alcanzan 22 millones cada día, situación que deriva en pérdida de tiempo, dinero y contaminación ambiental.

Entre las ventajas del uso de la bicicleta, destaca la eficiencia en los desplazamientos, es decir, el ahorro en tiempo y dinero, así como los múltiples beneficios para la salud. Para los usuarios es un medio de transporte práctico y accesible, que brinda un alto grado de autonomía y representa un instrumento de movilización ecológico y amigable con el medio ambiente, ya que no es contaminante.

Sin embargo, ciudades como el Distrito Federal, presentan limitantes para un uso eficiente en la circulación de bicicletas, como calles angostas, falta de infraestructura, limitantes en la señalización, ausencia de espacios adecuados para el desplazamiento y cultura vial.

Para dimensionar la problemática, basta mencionar que con base a información del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, los ciclistas son el segundo grupo más vulnerable, sólo después de los peatones, debido a que mueren al menos 200 personas por accidentes de tránsito cada año.

Aunado a lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal señala que durante el periodo 2013-2014, sólo en la Capital del país se registraron 275 accidentes viales, en el que se vieron involucrados ciclistas con automóviles particulares, trolebuses, camiones de transporte público y camiones de carga. En particular sucedieron 168 percances en 2013 y 107 en 2014: 128 atropellamientos, 107 caídas y 40 choques.

Las zonas con mayor índice de percances de ciclistas fueron las delegaciones Cuauhtémoc con 109 casos, Miguel Hidalgo con 58, Gustavo A. Madero, 30 y Benito Juárez, 18. Diversos medios informativos han hecho público que los principales accidentes estuvieron relacionados con automovilistas particulares en 73 casos; 5 con motocicletas y 13 con taxis, además, con autobuses, 2; otras bicicletas, 2; camionetas de distintos tipos, 11; microbuses, 9; camión de carga, 5; unidades del Metrobús, 2 y Trolebús, 2.

Esta situación ha derivado en la identificación de 44 cruces peligrosos y en focos rojos de alerta para organizaciones civiles, agencias gubernamentales y ciudadanía en general. Ante este panorama, es necesario que se fortalezcan las acciones encaminadas a garantizar la seguridad de los ciclistas y permitan los traslados del uso de la bicicleta como medio de transporte.

Las ciclovías de Reforma y Chapultepec son las más peligrosas, debido a que en estos cruces no se cuentan con la seguridad necesaria, es precaria la señalización y concluyen una decena de automóviles. Las vialidades con más accidentes hacia ciclistas se encuentran sobre todo en la calzada Ermita Iztapalapa, Miguel Ángel de Quevedo, Periférico e Ignacio Zaragoza.

En las delegaciones Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztapalapa, Coyoacán y Tlalpan, hay alerta de accidentes, principalmente porque no se respetan los espacios destinados a ciclistas, basta decir que el transporte público y automovilistas, obstruyen e invaden cotidianamente estos espacios, lo cual pone en peligro la integridad de los usuarios.

Frente a esta problemática los Senadores del grupo parlamentario del PRI, consideramos de vital importancia que el Gobierno del Distrito Federal, amplíe los programas, políticas y estrategias para garantizar la seguridad de los ciclistas y fortalezca sus campañas de concientización e información para generar una cultura vial de respeto a las personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte.

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República, exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para que en el marco de sus atribuciones, amplíe las acciones tendientes a garantizar mayores medidas de seguridad a los ciclistas y fortalezca sus campañas de concientización e información para generar una cultura vial de respeto a las personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte y a los peatones.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 26 de noviembre de 2015.

Atentamente





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a reforzar las campañas de prevención y concientización contra el SIDA, en el marco del “Día Mundial de la lucha contra el SIDA”, a celebrarse el próximo 1 de diciembre. Se turna a la Comisión de Salud.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA se celebra cada año en todo el mundo el día 1 de diciembre desde 1988, año en que fue instaurado a propuesta de la Organización Mundial de la Salud. El motivo de la creación de este día internacional es crear conciencia sobre la enfermedad, recordar aquellos que han fallecido y celebrar los avances como el acceso a servicios de prevención y tratamiento.

El año 2004, se creó el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), organismo que ha encabezado la campaña por el Día Mundial del SIDA en el mundo, sus principales objetivos son reducir a cero los casos de nuevas infecciones en el mundo, cero discriminación y cero muertes relacionadas con esta enfermedad.

Desde que iniciara la epidemia del SIDA, más de 78 millones de personas han sido infectadas con el VIH y 39 millones han muerto. Las personas que viven con VIH o que se encuentran en riesgo de tenerlo, a menudo son víctimas de discriminación, criminalización y exclusión por parte de la sociedad. Asimismo la falta de acceso a tratamientos contra el VIH es una de las principales problemáticas para este sector de la población. Actualmente, existen 35 millones de personas con VIH en el mundo, de los cuales 3,2 millones son niños y 2,1 millones adolescentes.

Gracias a los esfuerzos hechos por ONUSIDA en conjunto con instancias nacionales a lo largo del mundo, entre el año 2000 y 2014, se ha logrado reducir el número de niños que adquieren la infección por VIH en un 58% a 220 mil por año. Se llegó a la meta de 15 millones de personas que reciben tratamiento contra el VIH en 2015 nueve meses antes de lo programado. En quince años, el número de personas que adquieren la infección por el VIH se ha reducido de 3,1 millones a 2 millones por año.

Sin embargo, aunque se han hecho avances históricos en la lucha contra el SIDA, muchas personas siguen estando excluidas y sin atención médica. En el mundo, 22 millones de personas que viven con el VIH, aún no están en tratamiento. El sida sigue siendo la principal causa de muerte entre las mujeres en edad reproductiva. La tasa de nuevas infecciones está aumentando en varios países de todo el Oriente Medio, Europa Oriental y Asia Central y en ciudades de América del Norte y Europa Occidental.

En la 37a Reunión de la Junta Coordinadora del programa ONUSIDA, celebrada del 26-28 de octubre, fue aprobada una nueva estrategia para ponerle fin a la epidemia del SIDA como una amenaza para la salud pública para el 2030. Esta estrategia fija el enfoque de la Respuesta Rápida para acelerar la respuesta al SIDA durante los próximos cinco años y de esta forma alcanzar los objetivos esenciales de prevención, tratamiento del VIH y la cero discriminación.

La estrategia de ONUSIDA para 2016-2021 es una de las primeras del sistema de las Naciones Unidas que se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales establecen el marco de la política de desarrollo mundial, para los próximos 15 años, y entre los que se incluye poner fin a la epidemia del Sida para el 2030. La estrategia se compone de 10 objetivos:

• Que el 90% de las personas infectadas con VIH conozcan su estado y que de ellas el 90% reciban tratamiento.

• Reducir a cero las nuevas infecciones de VIH en niños y sus madres que se encuentran sanos.

• Que el 90% de los jóvenes del mundo estén facultados con las habilidades, conocimientos y capacidad para protegerse contra el VIH.

• Que el 90% de las mujeres y hombres, particularmente los jóvenes, tengan acceso a la prevención del VIH y servicios de salud sexual reproductiva.

• Aumentar a 27 millones el número de hombres de entornos de alta prevalencia que son circuncidados voluntariamente como parte de los servicios de salud sexual y reproductiva.

• Aumentar a 90% el acceso a los servicios de prevención contra el VIH de las poblaciones clave como son sexoservidoras (es), población gay, hombres que tienen sexo con hombres, personas que se inyectan drogas, transexuales, reclusos, migrantes, entre otros.

• Que el 90% de las mujeres y niñas vivan libres de la desigualdad y violencia de género para mitigar el riesgo y el impacto del VIH.

• Que el 90% de las personas que viven con o se encuentran en riesgo de ser afectadas con el VIH no reporten discriminación, particularmente en materia de salud, educación y empleo.

• Aumentar las inversiones financieras globales para la lucha contra el SIDA en al menos 30 mil millones de dólares en los países de medianos y bajos ingresos.

• Ampliar al 75% la protección social a las personas de bajos recursos que viven con el VIH o que están en riesgo de ser afectadas por éste.

A nivel regional, América Latina se encuentra en la cuarta posición en cuanto a población con VIH se refiere, con alrededor de 1,6 millones de personas que viven con el virus, aproximadamente el 75% de estas personas se concentran en cuatro países: Brasil, Colombia, México y Venezuela.

En nuestro país, la epidemia se mantiene en poblaciones clave como los hombres que tienen sexo con hombres, hombres trabajadores sexuales y personas que usan drogas inyectadas. Se estima que en México viven cerca de 180 mil personas con el VIH. Hasta el 31 de diciembre de 2014, los casos notificados de VIH y SIDA que se encuentran vivos ascienden a 119 mil 200 personas, de las cuales 77% son hombres y el 23% mujeres.

La epidemia del VIH en México es predominantemente transmitida por vía sexual, este tipo de transmisión ha sido la causante de 98% de los casos diagnosticados y reportados en 2014. Del total de personas que se estima viven con el VIH, se ha calculado que el 50% no lo saben porque no se ha realizado una prueba de detección.

El Programa de Acción Específico en respuesta al VIH, SIDA e ITS 2013-2018, contiene las principales directrices, acciones, metas y objetivos que la Secretaría de Salud ejecutará para en su programa de combate al SIDA de la presente administración. El Programa se encuentra en vinculación con las metas nacionales del Plan Nacional de Desarrollo en materia de salud pública y con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, acuerdo internacional del cual nuestro país es signatario.

Según el Informe Nacional de Avances en la respuesta al VIH y el SIDA correspondiente al año 2015, que publica el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH SIDA, a finales del año 2013, 89 mil 410 personas estaban recibiendo retrovirales en todas las instituciones de salud públicas y privadas. Se ha percibido una reducción sostenida de casos de transmisión vertical en nuestro país, la tasa de mortalidad a causa del SIDA también ha disminuido.

Se ha mostrado un descenso importante de la transmisión del SIDA en personas que se inyectan drogas. El 51% de las personas que se estima viven con VIH se encuentran en tratamiento, la supervivencia general se encuentra por encima del 90%. El avance en la lucha contra el SIDA en México ha tenido éxitos importantes, no obstante, es necesario redoblar esfuerzos para alcanzar los principales objetivos internacionales de reducir a cero los casos de nuevas infecciones, cero discriminación y cero muertes relacionadas con esta enfermedad.

El Día Mundial de la lucha contra el SIDA, es una excelente oportunidad para crear campañas de concientización sobre el tema en la población mexicana, en especial dentro de los centros educativos de todo el país, procurando hacer llegar información y crear conciencia en la juventud.

Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las entidades federativas, a reforzar las campañas de prevención y concientización contra el SIDA, en el marco del Día Mundial de la lucha contra el SIDA, a celebrarse el próximo 1 de diciembre.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 26 de noviembre de 2015.

Atentamente.





 

Y les informo también que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el 104 aniversario de la proclamación del Plan de Ayala.

EFEMÉRIDE

Del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del 104 aniversario de la proclamación del Plan de Ayala.

“La tierra es para quien la trabaja”. -Emiliano Zapata-

En la LXIII Legislatura, los integrantes del grupo parlamentario del PRI, conmemoramos el centésimo cuarto aniversario del “Plan de Ayala”, documento redactado por Emiliano Zapata Salazar -máximo exponente del agrarismo mexicano- y cuya proclamación se dio el 28 de noviembre de 1911 en Ayala, Morelos.

Este documento, representó la reivindicación de la lucha agraria que desde un principio se impulsó con la Revolución Mexicana.

Al sentirse traicionado, el General Zapata denunció y desconoció a Madero por contravenir los principios del Plan de San Luis, a través del cual, se combatió la dictadura impuesta por Porfirio Díaz Mori.

El Plan de Ayala fue anunciado el 25 de noviembre de 1911 y días más tarde, fue proclamado, destacando los siguientes aspectos:

• Declaraba a Francisco I. Madero como como incapaz de materializar las promesas de la Revolución de que fue autor, por traicionar las causas campesinas y brindar beneficios a determinados sectores de la población en perjuicio del anhelo de justicia de los pueblos.

• Se hizo constar “que los terrenos, montes, y aguas que hayan usurpado los hacendados científicos o caciques a la sombra de la tiranía y de la justicia penal entraran en posesión de estos bienes inmuebles desde luego los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido despojados…”

• Se estableció que “se expropiarán previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios a los poderosos propietarios de ellos, para que los pueblos y ciudadanos de México obtuvieran ejidos, colonias, fundos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor, y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos”.

En síntesis, en el documento se exigía la repartición de latifundios, la restitución de las tierras, se desconocía el Gobierno de Madero y se establecía como el único medio para obtener justicia y el pleno reconocimiento de los derechos campesinos e indígenas a la lucha armada.  

Lo anterior, deja de manifiesto el gran sentido social que revistió al “Plan de Ayala” y por supuesto la ideología del General Emiliano Zapata, quien es reconocido por su incesante lucha en favor del campo mexicano, situación que le permitió convertirse en el prócer más emblemático del agrarismo universal.

Asimismo, el Caudillo del Sur es reconocido por frases célebres como: “Es mejor morir de pie que vivir de rodillas; Mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado; y Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres”.

En el marco de esta conmemoración, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, reafirmamos nuestra firme convicción de que el pasado, presente y futuro de nuestro país no podría entenderse, sin la permanente evolución del sector agrario, estandarte y punto de partida para el desarrollo del Estado Mexicano, prueba de ello son los ideales revolucionarios plasmados en el lema: “Tierra y Libertad”.

Asimismo, hacemos el llamado a que unidos y llenos de entusiasmo, continuemos haciendo del campo mexicano el motor de impulso social que requiere nuestro país.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de noviembre de 2015.





 

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 25 de noviembre.

“Una en cada tres mujeres puede sufrir de abuso y violencia durante su vida. Esto es una abominable violación de los Derechos Humanos, pero continúa siendo una de las pandemias más invisibles y poco reconocidas de nuestro tiempo.”

Nicole Kidman.

El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la Asamblea General ha declarado el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo (1930-1961), es así que el 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General aprobó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.

La violencia contra las mujeres es de muchas formas: física, sexual, psicológica y económica. Estas formas de violencia se interrelacionan y afectan a las mujeres desde el nacimiento hasta la edad mayor.

La violencia contra las mujeres afecta a familias y comunidades de todas las generaciones y refuerza otros tipos de violencia prevalecientes en la sociedad. La violencia contra las mujeres también agota a las mujeres, a sus familias, comunidades y naciones, hoy en día podemos asegurar que hasta el 70 por ciento de mujeres han sido víctimas de violencia en el transcurso su existencia.

Siendo la violencia por parte de una pareja íntima La forma más común de violencia experimentada Diversas encuestas mundiales sugieren que la mitad de todas las mujeres que La violencia psicológica o emocional por parte de parejas íntimas también es muy extensa otra ejemplo es la violencia sexual. Se calcula que a nivel mundial, una de cada cinco mujeres se convertirá en víctima de violación o intento de violación en el transcurso de su vida, as jóvenes con frecuencia son obligadas a contraer matrimonio y a tener relaciones sexuales, con peligros para la salud, como la vulnerabilidad al VIH/SIDA, limitando, por otra parte, su asistencia a la escuela. Uno de los efectos del abuso sexual es la lesión traumática ginecológica: una lesión que resulta del desgarre severo de los tejidos vaginales y que deja a la mujer incontinente y socialmente indeseable, pues la violación se ha usado durante mucho tiempo como una táctica de guerra, con violencia contra mujeres durante o posteriormente a conflictos armados informados en cada zona de guerra internacional o no internacional.

La inhabilidad de las mujeres para sortear prácticas sexuales sin riesgo y de rechazar el sexo no deseado está estrechamente relacionada con el alto índice del VIH/SIDA. El sexo no deseado resulta en un riesgo mayor de excoriación y sangrado y facilita la transmisión del virus. Más de la mitad de las nuevas infecciones del VIH a nivel mundial ocurren entre personas jóvenes de 15 a 24 años de edad y más del 60 por ciento de la juventud infectado con el VIH en este intervalo de edades son mujeres.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) calcula que la cifra anual mundial de mujeres víctimas de lo que se denominan “homicidios por motivos de honor” puede llegar a 5,000, mientras que el tráfico de personas según los cálculos, entre 500,000 y 2 millones de personas son traficadas anualmente en situaciones que incluyen prostitución, mano de obra forzada, esclavismo o servidumbre. Mujeres y niñas suman alrededor del 80 por ciento de las víctimas detectadas. Violencia durante el embarazo La violencia antes y durante el embarazo tiene graves consecuencias de la salud, tanto para la madre como para el bebé. Conlleva a embarazos de alto riesgo y problemas relacionados con el embarazo, incluyendo el aborto espontáneo, parto antes de término y bajo peso al nacer.

En México, del 45% al 60% de los homicidios contra mujeres se realizan dentro de la casa y la mayoría los cometen sus cónyuges.

La violencia es la principal causa de muerte para mujeres entre 15 y 44 años de edad, más que el cáncer y los accidentes de tránsito es así que la Comisión de las Naciones Unidas señala que por lo menos una de cada tres mujeres y niñas ha sido agredida física o abusada sexualmente en su vida.

En México 1 de cada 5 mujeres ha sido maltratada física o sexualmente cada 15 segundos una mujer es agredida, En 1 de cada 3 hogares ha habido maltrato emocional, intimidación, abuso físico y sexual.

A escala mundial, se estima que al menos 1 de cada 3 mujeres ha sido golpeada, coaccionada para tener relaciones sexuales o ha sufrido otro tipo de abusos por algún hombre presente en su vida, Cada 6 horas ocurre el asesinato de una mujer en México.

No podemos seguir permitiendo estos actos de violencia y no por el hecho de que seamos mujeres, sino porque somos ante todo seres humanos, es momento de dejar de dañarnos a nosotros mismos argumentando alguna diferencia, pues esta no es razón válida para el poder maltratar a nuestro prójimo, este 25 de noviembre recordemos que todos merecemos respeto, tranquilidad y por supuesto la felicidad, así es como conmemoraremos este gran días para erradicar la violencia contra las mujeres.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de noviembre de 2015.

Atentamente

Sen. Sonia Rocha Acosta.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, sobre el “Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino”.

EFEMÉRIDE

29 de noviembre Día Internacional de Solidaridad con Palestina

Palestina y la Paz en Medio Oriente

La Comunidad Internacional tiene una deuda histórica con el pueblo palestino. Durante 68 años se ha oprimido y castigado al pueblo palestino sin que se hayan considerado los derechos humanos de cada uno de ellos y los pactos que, terminada la Segunda Guerra Mundial, se alcanzaron con el fin de constituir dos Estados Soberanos.

En estos 68 años la Comunidad Internacional ha sido testiga de la inestabilidad que se ha dado en la región a causa del sometimiento de un pueblo por parte de otro y de la apropiación ilegal y el despojo de terrenos que se han obtenido a través de una guerra desigual y e inequitativa.

Ante lo anterior, el 29 de noviembre de cada año las Naciones Unidas conmemoran el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo Palestino, con base en las Resoluciones 32/40 B de 2 de diciembre de 1977 y, 34/65 D, de 12 de diciembre de 1979, y las Resoluciones ulteriores aprobadas por la Asamblea General en relación con Palestina, con el fin de colaborar en los procesos de pacificación de la región y alcanzar los acuerdos necesarios para la creación del Estado de Palestina.

Cabe señalar que la fecha elegida reviste su importancia ya que el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General aprobó la Resolución 181 (II), misma que posteriormente ha sido conocida como la Resolución de la partición, en la cual se estipulaba la creación de un “Estado judío” y un “Estado árabe” en Palestina, con Jerusalén como corpus separatum sometido a un régimen internacional especial, siendo quede los dos Estados previstos en dicha Resolución, hasta el momento sólo se ha creado uno: Israel.

Al día de hoy los palestinos han expresado en innumerables ocasiones su voluntad de establecer su Estado independiente en Cisjordania -incluyendo Jerusalén Este- y la Franja de Gaza, lo que representa apenas el 22% del territorio palestino histórico, siendo que para que lo anterior se vuelva una realidad, la Comunidad Internacional debe actuar firmemente contra los actos contrarios al derecho internacional, principalmente la construcción de asentamientos coloniales en territorios ocupados y la segregación de palestinos en la Franja de Gaza.

De acuerdo con las Naciones Unidas, el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo Palestino brinda a la comunidad internacional la oportunidad de centrar su atención en el hecho de que la trágica situación de Palestina aún no se ha resuelto y de que la ocupación militar israelí de los territorios palestinos no ha permitido a este pueblo hermano ejercer sus derechos inalienables reconocidos por la Asamblea General, a saber, el derecho a la libre auto determinación sin injerencia externa, el derecho a la independencia y la soberanía nacionales y el derecho a regresar a sus hogares, de donde fueron desplazados, así como a la restitución de sus bienes.

El artículo 89, fracción X de nuestra Carta Magna establece la autodeterminación de los pueblos como un principio normativo de nuestra política exterior; es justo que todos los días, y en particular en esta fecha, hagamos votos para que finalice la larga espera del pueblo palestino para ejercer este derecho y que el estado de Palestina sea una realidad que traiga paz y estabilidad duraderas para la región. Lo que será un acto de cierta justicia.

México como nación independiente y soberana, reitera con este acto, su indeclinable compromiso con los Principios de la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias, la igualdad jurídica de los Estados y la lucha por la paz y la seguridad internacional.

No podemos mantener una postura neutral y tibia ante actos contrarios a derecho y a nuestros propios principios. Debemos alzar la voz en pro de las mejores causas y apoyar a los pueblos que se encuentran oprimidos y desprotegidos.

Es de vital importancia que la Comunidad Internacional cumpla con lo pactado hace 68 años y por mera justicia establezca de una vez por todas el estado Palestino que tanto anhela ese pueblo despojado por intereses extranjeros.

Asimismo, nuestro país debe sumarse al conjunto de países y Organizaciones Internacionales que han reconocido plenamente al estado de Palestina como la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU); la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco); la Corte Penal Internacional (CPI); la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Un poco más de 138 países han reconocido el Estado Palestino y mantienen relaciones plenas. Esto representa aproximadamente, cerca del 70% del total de 192 Estados que hay en las Naciones Unidas.  En esta lista no solo están todos los países árabes, sino también grandes potencias como China, Rusia e India, y otros destacados agentes de la escala internacional, como Pakistán, Argelia, Indonesia, Sudáfrica o Venezuela. Más de 10 países de la Unión Europea reconocen el Estado de Palestina: Chipre, Bulgaria, Grecia, Hungría, Malta, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Polonia y Suecia. También Albania, Turquía, Bosnia y Serbia. Asimismo, diversos Congresos Nacionales han aprobado sendas resoluciones donde conminan a sus Gobiernos a reconocer de plano derecho al Estado de Palestina, entre las que destacan el Parlamento Británico y el Senado Irlandés; el Parlamento Español y la Asamblea Nacional Francesa.

Por lo anterior, desde el Senado de la República expresamos no solamente nuestra solidaridad con el pueblo palestino, sino nuestra exigencia al Ejecutivo Federal de reconocer al estado de Palestina como nación Soberana y la elevación del estatus de la Delegación de Palestina a Embajada de Palestina en México.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de noviembre de 2015.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

EFEMÉRIDE

DÍA internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer
25 de noviembre

La Real Academia Española define a la violencia como “un acto de brusquedad o realizar alguna acción en contra de la voluntad de alguna persona”. Sin embargo dicha definición no puede dimensionar la situación de violencia en que se encuentra nuestra sociedad y en donde las agresiones en contra de mujeres no son la excepción.

Desde épocas ancestrales la violencia ha sido ejercida alrededor del mundo. Hoy en día sabemos que existen diversos tipos de violencia tales como la psicológica, física, sexual, laboral, de género, entre otros.

La violencia de género es aquella que se ejerce en contra de una persona por el motivo de pertenecer a un género distinto. El 25 de noviembre se celebra a nivel internacional el día en contra de la violencia de género, lo cual sirve para informarnos y hacer conciencia sobre el tema, sus antecedentes y repercusiones.

El 35% de las mujeres a nivel mundial han sufrido o sufren de algún tipo de violencia, el 38% de loos feminicidios cometidos mundialmente son cometidos por la propia pareja de la mujer.

A nivel nacional existen 58 mil casos de violencia en contra de la mujer registrados, de las cuales solo el 7% recibieron cierto tipo de protección; al menos 63% de las mujeres han sufrido o sufren algún tipo de violencia, cada 6 horas una mujer es asesinada y cada 15 segundos una mujer sufre algún tipo de agresión. El 41.7% de los mexicanos percibe a los hombres como la causa principal de la violencia de género.

En mi Estado, Coahuila de Zaragoza, el 23% de las mujeres han sufrido o sufren algún tipo de violencia, 4 de cada 10 mujeres han sufrido violencia por parte de su pareja.

Existe otro tipo de violencia que podría denominarse laboral, ya que la brecha salarial entre un hombre y un mujer sigue siendo alta, ya que en promedio existe un 17% de diferencia. A nivel nacional únicamente uno de cada diez puestos de alta dirección es ocupado por una mujer.

Es importante recalcar que las mujeres trabajan más tiempo que un hombre, ya que aportan muchas más horas de trabajo doméstico al hogar que lo que lo hace el varón.

Lo alarmante del asunto va más allá de las cifras, es la dimensión con la que crecen, esto no puede seguir así, como país, como seres humanos debemos unirnos para erradicar de raíz todo tipo de violencia en contra de la mujer.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de noviembre de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.





 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, sobre la Proclamación del Plan de Ayala.

EFEMÉRIDE

“PROCLAMACIÓN DEL PLAN DE AYALA”

El 28 de noviembre de 1911 el jefe revolucionario Emiliano Zapata firmó el Plan de Ayala al no compartir las ideas de Madero, en cuanto al tema agrario y el reparto de la tierra, se declara en armas por medio del Plan de Ayala y es en ese momento en que profirió el lema: “La tierra es para quien la trabaja” y “La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos”, frase que no agradó en absoluto a los grandes latifundistas y terratenientes como la misma familia de Madero.

Es triste reconocer que a más de 100 años de ese justo reclamo, la situación del campo mexicano en general, se encuentre, aún, en un estado de rezago que en el lapso de más de cinco décadas ha provocado que el sector se encuentre prácticamente olvidado por el gobierno federal.

En México no existe una definición nacional consensuada de agricultura. Por el contrario, lo que hay, es una confusión entre la distinción en el tamaño de la parcela con la funcionalidad de la misma y se ignora la forma en que la gente vive, cultiva y se relaciona con su entorno.

Las políticas públicas actuales no reconocen los diferentes tipos de agricultores y por tanto, no existen políticas diferenciadas, como todos sabemos, los grandes recursos en la materia son destinados a los grandes agricultores, excluyendo al campesino.

Asimismo, las y los campesinos difícilmente participan de las discusiones locales y nacionales sobre la definición de las políticas públicas en la materia que repercuten de manera directa en su trabajo.

Es por tales razones, que me permito recordar esta fecha para que realicemos esfuerzos conjuntos para reivindicar a la brevedad a nuestras campesinas y campesinos que viven en un olvido lacerante y dañino para un país que pretende situarse dentro de las naciones desarrolladas.

Si no concretamos la reivindicación del campo mexicano estamos destinados a ser una nación destinada al fracaso.

Es cuanto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de noviembre de 2015.





 

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre la proclamación del Plan de Ayala.

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, conmemoración de la proclamación del Plan de Ayala 28 de noviembre.

“No hablo al Presidente de la República, a quien no conozco, ni al político, del que desconfío; hablo al mexicano, al hombre de sentimiento y de razón, a quien creo imposible no conmuevan alguna vez (aunque sea un instante) las angustias de las madres, los sufrimientos de los huérfanos, las inquietudes y las congojas de la patria”

EMILIANO ZAPATA.

El 25 de noviembre de 1911 El revolucionario mexicano Emiliano Zapata proclama el “Plan de Ayala”.

A fines de 1911 un grupo de revolucionarios encabezados por el general Emiliano Zapata iniciaron una dura travesía desde los cálidos valles de Morelos para dirigirse a las frías montañas de Ayoxustla, en el estado de Puebla.

El propósito era alejarse del acoso militar al que eran sometidos para, estoicamente, plasmar en un documento los ideales de la revolución campesina que había iniciado en el pueblo de Anenecuilco, Municipio de Villa de Ayala.

Pues ante el triunfo del movimiento maderista, su demanda sobre la restitución de las tierras usurpadas por las haciendas azucareras, podía desvirtuarse. En palabras de uno de los acompañantes de la caravana, Francisco Mercado, el jefe Zapata “quería que hubiera un plan porque nos tenían por puros bandidos y comevacas y asesinos y que no peleábamos por una bandera…”

Así, se inició la discusión y redacción del Plan Libertador de los hijos del Estado de Morelos, o Plan de Ayala, bajo la dirección del mismo Zapata y de su compadre, el profesor rural Otilio Montaño, su argumento era, evidentemente de gran urgencia pues contenía una resolución del problema agrario que había olvidado cumplir Francisco I. Madero, aun cuando estaba plasmado en el Plan de San Luis.

Con ello en los artículos sexto y séptimo del Plan Libertador se establecía que los pueblos entrarían en posesión de los terrenos, montes y aguas que hubieran sido usurpados por los hacendados, científicos o caciques a la “sombra de la tiranía y de la justicia venal”; aunque aquellos propietarios que se consideraran con derechos legítimos sobre sus propiedades, podrían acudir a los tribunales especiales que se establecerían una vez que triunfara la Revolución. Asimismo se hablaba de expropiar tierras, previa indemnización, para que se mejorara “en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos.”

La Revolución corregiría el rumbo que se había extraviado con el gobierno de Madero. El Plan de Ayala fue firmado el 28 de noviembre de 1911 y desde ese momento se convirtió en la bandera que enarbolarían los zapatistas durante toda la década revolucionaria.

El Plan de Ayala no solo recogió las aspiraciones de los campesinos de Morelos (y podría decirse que de todo el país) sino también, colocó a la problemática agraria en el centro del debate nacional convirtiéndose en el pendón que los conduciría a la victoria, aún en los momentos más difíciles, como cuando el jefe Zapata cayó asesinado en la Hacienda de Chinameca en abril de 1919.

Paradójicamente unos meses después llegó el triunfo, de la mano del general Álvaro Obregón y los sonorenses; solo entonces, los zapatistas pudieron iniciar la restitución y dotación de ejidos para los campesinos de Morelos y cumplir con el ideal de lograr la prosperidad y el bienestar de la Patria.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de noviembre de 2015.

Atentamente

Sen. Sonia Rocha Acosta.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial contra el uso indiscriminado de Agroquímicos”.

EFEMÉRIDE

Día Mundial contra el uso indiscriminado de Agroquímicos
26 De Noviembre

El 26 de noviembre celebra el día mundial del NO USO de plaguicidas y pretende llamar a la reflexión y a la toma de conciencia internacional sobre la grave crisis medioambiental generada por el uso de agroquímicos a nivel global.

La fecha fue establecida por las 400 organizaciones miembros del PAN (pesticida Action Network) en 60 países, en recuerdo de las miles de personas fallecidas y que quedaron con secuelas en India en 1984 tras la fuga de bophal, un químico utilizado para la fabricación de un plaguicida de la Corporación Unión Carbide.

Con este recordatorio se persigue ayudar a minimizar los riesgos de los productos agroquímicos sobre la salud humana y su impacto en el medio ambiente, mediante la demanda pública a reducir el uso indiscriminado de plaguicidas en la agricultura. Algo que contamina suelo, aire, agua y alimentos, desequilibra los ecosistemas y genera serios problemas en la salud.

Al igual que los seres humanos, las plantas pueden sufrir trastornos y enfermedades. Si les falta algún nutriente que no puedan sintetizar, los vegetales sufren una carencia que se manifiesta por diversos síntomas, los cuales cesan cuando se les aporta el nutriente en defecto. Pero también pueden sufrir enfermedades, cuyo origen suele ser biológico y que normalmente afectan a una extensión de cultivo (las plagas). Las plagas son el equivalente a las epidemias que se dan en el reino animal y sus consecuencias pueden ser nefastas.

Al igual que nosotros tomamos medicinas para curarnos, las plantas se tratan con productos plaguicidas que atacan a los agentes causantes de la enfermedad. Y al igual que nos vacunamos para prevenir enfermedades, las plantas se pueden tratar con productos fitosanitarios para evitar el ataque de patógenos. En el caso de las materias primas alimentarias se estima que sin el empleo de productos agroquímicos las    pérdidas en algunas cosechas podrían alcanzar hasta el 40 por ciento. Eso sí, los productos han de ser inocuos para los humanos y deben aplicarse con dosis y frecuencias apropiadas.

La mayoría de los agroquímicos son tóxicos y, en algunos casos, pueden ser letales para el ser humano cuando se ingieren, inhalan o tocan. El principal peligro radica en que la mayor parte del agroquímico que se fumiga va más allá del sector que se pretende fumigar debido a que, por el viento y otros factores, terminan llegando a distintos lugares. De este modo, los agroquímicos pueden contaminar el agua que utilizan las personas.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de noviembre de 2015.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Nacional de la Conservación”.

EFEMÉRIDE

Día Nacional de la Conservación
27 De Noviembre

El 27 de Noviembre se celebra el Día Nacional de la Conservación, cuyo objetivo principal es acercar a la sociedad en general a la naturaleza, estrechando su relación con la premisa de que sumar cada pequeño esfuerzo puede lograr grandes cambios de impacto positivo en el medio ambiente.

México cuenta con una extraordinaria diversidad biológica a nivel de genes, especies y paisajes, y como en otras partes del mundo, ésta se encuentra amenazada por el crecimiento y desarrollo de la población humana.

La presión sobre los recursos naturales aumenta día con día y el efecto sobre los ecosistemas se manifiesta notablemente en la pérdida de especies y en la desaparición, fragmentación y degradación de los hábitat, paisajes y ecosistemas.

Diariamente son deforestadas miles de hectáreas en el mundo y cientos de toneladas de basura y contaminantes son vertidos a las aguas, suelos y atmósfera.

En este escenario, las especies silvestres, sin un lugar adecuado dónde vivir, tienden en la mayoría de los casos a desaparecer, a extinguirse; en ocasiones se tornan plagas o vectores de éstas u otras enfermedades.

Según los activistas impulsores del movimiento de conservación en el país, este sólo puede ser exitoso si, además de la labor gubernamental de diseñar y desarrollar políticas públicas sustentables, la sociedad civil se involucra en las actividades de conservación, haciéndose partícipe sobre el valor e importancia de los ecosistemas y su biodiversidad, es decir, las especies de flora y fauna que lo conforman.

Bajo ese entendido, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales instituyó el Día Nacional de la Conservación, el cual es celebrado cada 27 de noviembre desde el año 2001.

La fecha elegida para observar el día conmemora la designación del primer Parque Nacional del país, en el año 1917.

Tomemos la iniciativa de buscar enlaces con los gobiernos estatales y municipales para apoyar en la limpieza, reforestación, cuidado de los bosques o restauración de nuestras ciudades.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de noviembre de 2015.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo martes 1° de diciembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 14:45 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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