Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Miércoles 26 de abril de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 29

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 19 de Noviembre de 2015

SUMARIO                                              


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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Remite Acuerdo por el que se propone el procedimiento para designar a los Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral de los estados de Baja California, Tamaulipas y Zacatecas.

Los resolutivos Primero, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo del Acuerdo se aprueban en votación económica.

Los resolutivos Segundo, Tercero y Cuarto se desahogan mediante votación por cédula, resultando electos como Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral los siguientes ciudadanos:

Martín Ríos Garay, Leobardo Loaiza Cervantes y Elva Regina Jiménez Castillo, por el estado de Baja California.

Emilia Vela González, Luis Alberto Saleh Perales, Edy Izaguirre Treviño, María Concepción Reyes Reyes y Marcia Laura Garza Robles, por el estado de Tamaulipas.

Hilda Lorena Anaya Álvarez, Juan de Jesús Alvarado Sánchez, José Antonio Rincón González, Norma Angélica Contreras Magadán y Esaúl Castro Hernández, por el estado de Zacatecas.

Rinden protesta de ley.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

(Dictamen de segunda lectura)

Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda. Las comisiones dictaminadoras presentan propuestas de modificación que se aprueban.

Para presentar el dictamen, intervienen los Senadores Pablo Escudero Morales, a nombre de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana; María Cristina Díaz Salazar, a nombre de la Comisión de Gobernación y Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

Para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, intervienen los Senadores Manuel Bartlett Díaz, Luis Armando Melgar Bravo, Armando Ríos Piter, Laura Angélica Rojas Hernández y Lilia Guadalupe Merodio Reza.

Para su discusión en lo general, intervienen los Senadores Arturo Zamora Jiménez, se inserta su intervención; Benjamín Robles Montoya, se inserta su intervención; Hilda Esthela Flores Escalera, se inserta su intervención; Angélica Araujo Lara, se inserta su intervención; Layda Sansores San Román; Lorena Cuéllar Cisneros, se inserta su intervención; Miguel Barbosa Huerta; María del Rocío Pineda Gochi; Manuel Bartlett Díaz; Marcela Torres Peimbert; Dolores Padierna Luna; María Hilaria Domínguez Arvizu; María del Pilar Ortega Martínez; Isidro Pedraza Chávez; Javier Corral Jurado; Pablo Escudero Morales; Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Zoé Robledo Aburto; Martha Angélica Tagle Martínez; Laura Angélica Rojas Hernández; Alejandro Encinas Rodríguez; Rabindranath Salazar Solorio, se inserta su intervención; Gerardo Sánchez García, se inserta su intervención y Jesús Casillas Romero, se inserta su intervención.

Para su discusión en lo particular, intervienen los Senadores Dolores Padierna Luna, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 1 y 73 que no se admiten; Javier Corral Jurado, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 33, 70, 71, 72, 73, 112, 145, 186 y de adición de un artículo 75 que no se admiten; Zoé Robledo Aburto, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 54, 68, 69, y de adición de un artículo 207 y un Décimo Primero Transitorio que no se admiten; Martha Angélica Tagle Martínez, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 68, 69, 70, 73 y 156 que no se admiten; Rabindranath Salazar Solorio, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 69 y 70 que no se admiten; Manuel Bartlett Díaz, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 1, 8, 12, 18, 21, 69, 73, 110, 162, 166, 167 y Tercero Transitorio que no se admiten; Silvia Guadalupe Garza Galván, quien presenta propuesta de modificación al artículo 73 que no se admite y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 14, 69, 88, 163 y 202 que no se admiten.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.









































 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

APERTURA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (11:50 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 84 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Se abre la sesión del jueves 19 de noviembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos previstos en la agenda del día de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta y siete minutos del día miércoles dieciocho de noviembre de dos mil quince, encontrándose presentes setenta y dos ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del doce de noviembre de dos mil quince.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión de Energía, su informe de Actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Desarrollo Municipal, su informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura y su Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Comisión Federal de Electricidad, su informe sobre el uso del endeudamiento en el primer semestre de 2015.- Se remitió copia a la Comisión de Energía.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite las ternas para la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de cubrir las vacantes generadas por la terminación del cargo de los ciudadanos Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila y Juan Nepomuceno Silva Meza. Para cubrir la vacante de la ciudadana Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, se propone a las ciudadanas: Sara Patricia Orea Ochoa, Norma Lucía Piña Hernández y Verónica Judith Sánchez Valle. Para cubrir la vacante del ciudadano Juan Nepomuceno Silva Meza, se propone a los ciudadanos: Álvaro Castro Estrada, Alejandro Jaime Gómez Sánchez y  Javier Laynez Potisek.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

(Acuerdos de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establece el procedimiento para la elección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Intervino la Senadora Martha Tagle Martínez, el Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establece la metodología del proceso del debate sobre la legalización de la marihuana “Alternativa de Regulación”.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

La Presidencia por Acuerdo de los integrantes de la Mesa Directiva, dio paso a una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios, en relación con los recientes atentados    terroristas.- Intervinieron los Senadores: Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM, Rabindranath Salazar Solorio del PRD, Gabriela Cuevas Barrón del PAN e Ismael Hernández Deras del PRI. La Mesa Directiva dio lectura al pronunciamiento, el cual fue aprobado en votación económica. Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los atentados. El Presidente de la Mesa Directiva informó que las proposiciones de las Senadoras, Angélica de la Peña Gómez, Laura Angélica Rojas Hernández y Gabriela Cuevas Barrón, así como la de los Senadores Benjamín Robles Montoya, Rabindranath Salazar Solorio, Ismael Hernández Deras, Arturo Zamora Jiménez y Juan Gerardo Flores Ramírez, inscritas en la agenda, se turnan, en su caso, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

(Iniciativas)

La Senadora Anabel Acosta Islas, a nombre propio y de las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara la segunda semana del mes de noviembre de cada año, como la “Semana Nacional para Prevenir el Sobrepeso y la Obesidad”.- Se turnó a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

 

El Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de     Planeación y de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 18, 24 y 25 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el tercer párrafo de la fracción vi del apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 416 y 417 del Código Civil Federal.- Para presentar el dictamen, hizo uso de la palabra la Senadora Martha Elena García Gómez, por las comisiones. En la discusión intervinieron los Senadores: Lorena Cuéllar Cisneros del PRD, a favor, e Hilda Flores Escalera del PRI, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 82 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 Constitucional.

(Dictamen de primera lectura)

Se recibió de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, un dictamen con proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día. Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 53, 54, 55 y la fracción II del artículo 127 y se adiciona la fracción XXII Bis al artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre.- Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 75 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 6º y 66 de la Ley General de Salud, en materia de acoso y violencia escolar.- La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, intervino por las comisiones, para presentar el dictamen. En la discusión, hicieron uso de la palabra los Senadores: Cristina Díaz Salazar del PRI, a favor; Martha Palafox Gutiérrez del PT, a favor; Lorena Cuéllar Cisneros del PRD, a favor; Francisco Salvador López Brito del PAN, a favor; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 71 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar los alcances y temporalidades contenidos en el programa de restauración ecológica del predio El Tucán, del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República emite un reconocimiento a los mexicanos Alejandro González Iñárritu y Emmanuel Lubezki, por su gran trayectoria en la industria cinematográfica.- El Senador Zoé Robledo Aburto, intervino por la comisión, para presentar el dictamen. En la discusión hicieron uso de la palabra los Senadores: Lucero Saldaña Pérez del PRI, a favor, y Martha Palafox Gutiérrez del PT, a favor. El Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Desarrollo Municipal, con punto de Acuerdo en torno a las obras de remodelación del centro histórico de la capital del estado de Morelos.- En la discusión, intervino la Senadora Lisbeth Hernández Lecona del PRI, a favor. El Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de Salud, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar acciones que garanticen el abasto y suministro de medicamentos huérfanos a efecto de preservar el derecho a la salud de los pacientes con enfermedades raras; asimismo, le exhorta a generar las acciones, previsiones y mecanismos para atender y tratar a los pacientes con Angioedema Hereditario con los medicamentos huérfanos que ya cuenten con clave interinstitucional.- En la discusión, intervinieron los senadores: Hilda Esthela Flores Escalera del PRI y Rabindranath Salazar Solorio del PRD.

2) Que exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar y reforzar sus estrategias, acciones, campañas de información y concientización para prevenir el suicidio entre la población mexicana.- Intervino la Senadora Margarita Flores Sánchez del PRI, para presentar el dictamen.

3) Que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una revisión minuciosa al Programa de Acción Específico Planificación Familiar y Anticoncepción 2013-2018, para lograr la consecución correcta de sus objetivos.- Intervinieron los Senadores: Adolfo Romero Lainas del PRD, para presentar el dictamen; Hilaria Domínguez Arvizu del PRI, a favor; y Francisco Salvador López Brito del PAN, a  favor.

Los tres dictámenes fueron aprobados en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 89 fracción x de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Sanidad Vegetal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I, IV y VII del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y Estudios Legislativos.

 

De los Senadores Martha Elena García Gómez, María del Pilar Ortega Martínez, Mariana Gómez del Campo, Fernando Yunes Márquez, María Cristina Díaz Salazar, Enrique Burgos García, Alejandro Encinas Rodríguez, Armando Ríos Piter y Martha Tagle Martínez, con proyecto de Decreto por el que se expide el Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Consultivo de la Rotonda de Persona Ilustres y al titular del Poder Ejecutivo Federal a proponer, impulsar y emitir el Decreto que declare como mujer ilustre a Sor Juana Inés de la Cruz y se confieran los homenajes en su honor en el Panteón Civil de Dolores.- Se turnó a la Comisión de Cultura.

 

De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Fernando Herrera Ávila, Mariana Gómez del Campo Gurza, Daniel Ávila Ruiz, Juan Carlos Romero Hicks y Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir un diagnóstico amplio con información objetiva y estadísticas recientes que permita generar de manera responsable y con    soberana seriedad un diálogo informado      sobre la marihuana.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De las Senadoras Luz María Beristáin Navarrete y Silvia Guadalupe Garza Galván, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a analizar la viabilidad de adherir al Estado Mexicano a los compromisos tomados en la reciente Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de la vida Tiquipaya-Bolivia.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde  Ecologista de México, con punto de Acuerdo  que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura a realizar acciones e implementar programas que fomenten el hábito de la escritura y la lectura en la población mexicana.- Se turnó a la Comisión de  Educación.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que    exhorta a los titulares de la Procuraduría  Federal del Consumidor y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a intensificar las medidas y las acciones conducentes a preservar la original y loable finalidad del denominado “Buen Fin”, como un proyecto para incentivar la economía de manera favorable y equitativa para proveedores y consumidores, salvaguardando los derechos de estos últimos.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República Federativa de Brasil por el desastre minero ocurrido en el estado de Minas Gerais.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, Luz María Beristáin Navarrete y Martha Tagle Martínez, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo a investigar la muerte, hasta el momento, de seis mujeres en el estado.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente los ataques perpetrados en Beirut y París por el Estado Islámico.- Se turnó a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

 

De las Senadoras Martha Tagle Martínez y Angélica de la Peña Gómez, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Quintana Roo a que, previo a la  promulgación de las recientes reformas constitucionales en materia político electoral, ejerza su derecho de veto.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De los Senadores Arturo Zamora Jiménez, Juan Carlos Romero Hicks, Jesús Casillas Romero, José María Martínez Martínez, Angélica de la Peña Gómez, Martín Orozco Sandoval y Jorge Aréchiga Ávila, con punto de Acuerdo por el que se hace un reconocimiento a la Universidad Autónoma de Guadalajara, con motivo de su octogésimo aniversario.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de Petróleos Mexicanos y al Director Ejecutivo del Comité de Dirección de Pemex Exploración y Producción a remitir un informe sobre las acciones que han llevado a cabo para disminuir y/o sustituir la inyección de nitrógeno de los yacimientos Ku Maloop Zaap y Cantarell; así como de las medidas particulares que se han implementado para minimizar los disparos de la turbomaquinaria, derivados de los incrementos de la concentración de mol nitrógeno que están afectando la producción de los hidrocarburos en los principales yacimientos del país.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la  Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a verificar que los municipios de alta marginación de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que actualmente han ingresado proyectos para el “Fondo de Apoyo  en Infraestructura y Productividad”, en efecto hayan recibido las notificaciones pertinentes.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a rendir un informe sobre las medidas y acciones que adoptará para erradicar la pobreza de manera eficaz y eficiente.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las acciones necesarias para impulsar el desarrollo sustentable del segmento de turismo náutico en las islas del Golfo de California.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar políticas públicas para la conservación de suelos.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

Del Senador Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su más enérgica condena a los ataques terroristas perpetrados en París el viernes 13 de   noviembre y envía sus condolencias y solidaridad al pueblo y gobierno de la república francesa por estos abominables acontecimientos.- Se turnó a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los 51 ayuntamientos de los municipios que integran el estado de Nuevo León a no incrementar la deuda pública en el ejercicio fiscal 2015 y   2016.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Municipal.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena los atentados terroristas cometidos contra Francia y hace votos porque en el combate al terrorismo se garantice la salvaguarda de los derechos humanos del pueblo francés.- Se turnó a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente los atentados terroristas efectuados en París, Francia, el viernes 13 de noviembre, que cobraron la vida de más de una centena de personas y que ocasionaron decenas de heridos.- Se turnó a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el que el Senado de la República celebra la participación del Ejecutivo Federal en la Cumbre de Líderes del G20, así como la adopción del plan de acción de Antalya.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la toma de protesta del Dr. Enrique Luis Graue Wiechers como Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente los actos terroristas ocurridos en Francia y expresa su solidaridad con la nación francesa.- Se turnó a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena los lamentables atentados terroristas perpetrados en la ciudad de París, Francia, el 13 de noviembre de 2015.- Se turnó a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

 

De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Laura Angélica Rojas Hernández, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su solidaridad al pueblo y al gobierno de Francia con motivo de los atentados terroristas perpetrados en París.- Se turnó a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

 

Del Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena los actos terroristas ocurridos en Francia el pasado 13 de noviembre y expresa su solidaridad con la sociedad gala y con las familias de las mexicanas Noemí González y Michelle Gil Jaimes.- Se turnó a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

(Efemérides)

Las Senadoras Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Álvarez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Internacional para la Tolerancia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre la creación del Distrito Federal y nombramiento a la Ciudad de México capital de la República.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Tolerancia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Niño Prematuro.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el 205 aniversario de la expedición del Bando por el que José María Morelos suprimió la esclavitud y las castas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las quince horas con veinte minutos y citó a la siguiente el próximo jueves diecinueve de noviembre a las once horas.

 

Fin de la Sesión





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de ParlAmericas, con la que remite el informe de la delegación mexicana que participó en la 1° Reunión de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas y del Panel “Los Esfuerzos de Reforma de Transparencia Legislativa en las Américas”, organizado en el marco de la Cumbre de la Alianza por el Gobierno Abierto, en México, Distrito Federal, el pasado 29 de octubre de 2015.







 

Y una, del Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite su tercer informe de labores legislativas.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. La Asamblea ha quedado debidamente enterada.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Compañeros Senadores: Les informo que el pasado jueves 12 de noviembre, recibimos de la Secretaría de Gobernación oficios con 98 hojas de servicios para ratificación de diversos grados navales.







 

Y 172 hojas de servicios para ratificación de grados militares.



En esta misma fecha se turnaron directamente a las Comisiones de Marina y de Defensa Nacional, respectivamente, para su análisis y dictamen correspondiente.

Proceda la Secretaría con el siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados, con el que remite minuta proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Tesorería de la Federación.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: También de la Cámara de Diputados, se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que reforman la denominación y diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía y se adicionan las fracciones XIV y XV al artículo 32 y se deroga la fracción X del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.





 



 

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, para presentar a nombre propio y de las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

(Presentada por la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, a nombre propio y de las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia)

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su venia, señor Presidente.

A nombre propio y de diversas compañeras Senadoras del grupo parlamentario del PRI, presentamos esta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de inclusión de personas jóvenes con discapacidad.

Con la aprobación y posterior entrada en vigor de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el 3 de mayo de 2008, México se comprometió a impulsar dentro de su política de Estado un cambio de visión, dando paso a un enfoque garantista de derechos humanos que contemplara como aspecto inmediato la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad.

En ese contexto nos encontramos, por lo que como integrantes del Congreso de la Unión debemos trabajar en el enfoque de inclusión. Se contempla en el marco jurídico nacional, particularmente en aquellas leyes en donde la discapacidad es una condición que no puede dejarse de considerar en el diseño de las políticas públicas.

En este sentido, es importante atender que la discapacidad está presente en todas las etapas de la vida, por lo que es oportuno que la legislación contemple la manera en que esta condición debe ser atendida en cada una de ellas; por ejemplo, es una realidad la estrecha relación que tiene la discapacidad con la edad, estimaciones revelan que las personas que vivan más de 70 años están propensas a vivir 8 años con algún tipo de discapacidad.

Asimismo, debido a los índices de discapacidad en personas menores de 18 años de edad, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes contiene un capítulo en cuanto al derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que establece que los tres órdenes de gobierno estén obligados a implementar medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas en favor de sus beneficiarios con discapacidad.

Sin embargo, reconociendo los esfuerzos anteriores, se debe fortalecer la legislación con la finalidad de considerar acciones en favor de las personas de 19 a 29 años de edad o en etapa de juventud que vivan con discapacidad, ya que en el contexto actual, al no tomarse las acciones correspondientes para garantizar su inclusión, las barreras sociales y arquitectónicas, así como el enfoque debido de las políticas públicas destinadas a las y los jóvenes, los colocan en un estado de indefensión.

Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, revelan que el 6.6 por ciento de la población del país entre 15 y 29 años de edad, viven en esa condición, lo cual equivale alrededor de un millón 969 mil jóvenes con discapacidades, como son: 56.2 por ciento con dificultades visuales, 16.4 por ciento tienen limitación para llevar a cabo su cuidado personal, bañarse, vestirse o comer; 44.5 por ciento de las personas jóvenes señala que su discapacidad se presentó de nacimiento, y 39 por ciento establece que su condición de discapacidad se derivó de una enfermedad.

Compañeras y compañeros: El Instituto Mexicano de la Juventud es una dependencia del gobierno federal, cuyo trabajo es hacer políticas públicas a favor de las personas jóvenes mexicanas, para otorgar nuevas herramientas necesarias en educación, salud y participación social y empleo.

En este sentido, atendiendo su gran responsabilidad, así como la necesidad de   fortalecer la legislación con un enfoque garante de derechos humanos, la presente iniciativa que tiene como finalidad establecer como objeto del instituto, que dentro del diseño de la política nacional, deberá promover las acciones y mecanismos necesarios que fomente la participación e inclusión plena y efectiva de las personas jóvenes con discapacidad.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, JUANA LETICIA HERRERA ALE, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA y ANABEL ACOSTA ISLAS, Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD EN MATERIA DE INCLUSIÓN DE PERSONAS JÓVENES CON DISCAPACIDAD,de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-Antes de los años 80´s, la visión respecto de las personas con discapacidad era de segregación y una discriminación total que menoscababa no solo el ejercicio de derechos fundamentales, sino su dignidad.

Para los años 90´s la visión evolucionó, dando paso al reconocimiento, en primer plano, y a la integración de las personas con discapacidad, a las que si bien ya se les reconocía el ejercicio de sus derechos, no se tenía el conocimiento para saber de qué manera se les debían garantizar, además de que al ser una visión de integración, se les incluía de una manera aislada a la sociedad.

Es decir, las personas con discapacidad se desenvolvían en ciertos espacios y las personas que no vivían con alguna discapacidad en otros. No existía la interacción o convivencia que fomentara una real cultura en favor de la discapacidad.

Ya entrado el Siglo XXI, los diferentes tratados y esfuerzos de la comunidad internacional retomaron la necesidad de contar con un documento que estableciera desde un enfoque de derechos humanos, criterios mínimos que deben de cumplirse para garantizar el goce y ejercicio de derechos a las personas con discapacidad, que promoviera un nuevo modelo en el que las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, participen en la sociedad bajo un enfoque de inclusión. Fue en ese momento, cuando comenzó a gestarse, en el año 2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

2.- Con la aprobación y posterior entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 3 de mayo de 2008, México como uno de los Estados Partes se comprometió a impulsar dentro de su política de Estado, un cambio de visión y enfoque asistencialista para la atención de las personas con discapacidad, para dar paso a un enfoque garantista de derechos humanos que impulsara como aspecto inmediato, la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad.

En ese contexto nos encontramos, por lo que como integrantes del Congreso de la Unión es una de nuestras obligaciones trabajar en que el “enfoque de inclusión de las personas con discapacidad” se contemple en el marco jurídico nacional, particularmente en aquellas leyes en donde la discapacidad es una condición que no puede dejarse de considerar en el diseño de las políticas públicas.

En ese sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece en su artículo 3 el principio de “la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad” a favor de las personas con discapacidad, que los Estados Parte deben garantizarles.

Dicho principio, dentro de la Convención, lo encontramos en diversos derechos tales como “acceso a la justicia”, “derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido a la sociedad”, a la “educación” y en el rubro correspondiente a la “habilitación y rehabilitación”. Todo ello, deja de manifiesto la importancia que representa el citado principio, el cual entre otras situaciones, tiene como objetivo que se incluya a las personas en la sociedad de manera plena; esto es, no como un grupo de personas dentro sino desde su forma individual como miembros de la comunidad, disfrutando de una igualdad de derechos y debiendo el Estado promover los ajustes razonables y diseño universal que les permitan ejercerlos sin ninguna restricción.

Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, desde su denominación destaca la importancia del enfoque de “inclusión” que debe permear en cuanto al respeto y derechos de las personas con discapacidad.

Dicha normatividad que tiene como uno de sus marcos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece como su objeto promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su “plena inclusión” a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

Asimismo, la Ley destaca la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y crea el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con lo que se demuestra una vez más la importancia que el Estado Mexicano ha dado a la necesidad generar un país inclusivo.

De igual forma, en estrecha relación con la Convención, la Ley nacional establece en su artículo 5 como uno de los principios de la Ley la “participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad”.

Todo ello, deja de manifiesto la particular atención que se la ha dado en nuestro país a la inclusión, haciéndola visible y promoviendo que sea la directriz a partir de la cual se garanticen los derechos humanos de las personas con discapacidad y se propicie su integración social.

3.- Es una realidad la estrecha relación que tiene la discapacidad con la edad. Ello debido a que estimaciones revelan que todas las personas que vivan más de 70 años están propensos a vivir 8 años con algún tipo de discapacidad.

Como prueba de ello, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 (ENIGH 2012), señala que del total de personas con discapacidad, 51.4 por ciento tiene 60 años o más. Los tipos de discapacidad se presentan de la siguiente forma:

• 31.6 por ciento de las personas de 60 años o más tiene alguna discapacidad.
• 71.9 por ciento presenta mayor proporción es la dificultad para caminar, moverse, subir o bajar;
• 32.1 por ciento tienen dificultades para ver aun usando lentes;
• 21.8 por ciento para oír, aun usando aparato auditivo;
• 4.4 por ciento presentan limitación para poner atención o aprender cosas sencillas; y
• 2.1 por ciento relacionadas con discapacidad mental.

Asimismo, entendiendo que la discapacidad es una condición humana que se hace presente en todas las etapas de la vida, es oportuno que la manera en que deba ser abordada para cada una de ellas sea contemplada en las diversas leyes.

En este sentido, en la Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes contiene un Capítulo en cuanto al derecho a la Inclusión de Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad, que establece que la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a implementar medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas considerando los principios de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas, respeto a la evolución de las facultades de niñas, niñas y adolescentes con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

Asimismo, se reconoce que la discriminación por motivos de discapacidad también comprende la negación de ajustes razonables y que se tomen las medidas específicas para acelerar o lograr la igualdad sustantiva de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Lo anterior, teniendo como base que de acuerdo con el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF)1, alrededor de 93 millones de niñas y niños vive con alguna discapacidad y que en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)2 señala que en el país viven un millón 920 mil niñas y niños con dificultades para la realización de tareas de la vida diaria, lo que representa el 9.1 por ciento de la población con discapacidad y 1.6 por ciento del total de niñas y niños del país .

4.- Haciendo énfasis en lo narrado con anterioridad, se debe entender que al ser una condición humana la discapacidad se presenta en todos los rangos de edad como lo es en la etapa de la juventud, en donde al no tomarse las acciones correspondientes para garantizar su inclusión, las barreras sociales y arquitectónicas, así como el enfoque debido de las políticas públicas destinados a las y los jóvenes, pueden dejar en un estado de incertidumbre jurídica a las personas desde los 12 años hasta los 29 años de edad, que viven con alguna discapacidad.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) revelan que 6.6% de la población de entre 15 y 29 años del país viven con esta condición, lo cual equivale a alrededor de 1´969,000 jóvenes con limitación en la actividad y señala los siguientes datos3:

• 56.2 por ciento de personas jóvenes viven con dificultades para ver.

• 16.4 por ciento de personas jóvenes tienen limitación para llevar a cabo su cuidado personal (bañarse, vestirse o comer).

• 44.5 por ciento de las personas jóvenes señala que su discapacidad se presentó de nacimiento.

• 39por ciento de las personas jóvenes establece que su condición de discapacidad se derivó de una enfermedad.

5.- El instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), es una dependencia del Gobierno Federal, cuyo trabajo es hacer políticas públicas a favor de los jóvenes mexicanos para otorgarles las herramientas necesarias en educación, salud, empleo y participación social, que tiene entre sus objetivos los siguientes:

• Promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

• Definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país;

• Proponer al Ejecutivo Federal programas especiales orientados a mejorar las condiciones de salud y educación de los jóvenes indígenas,

• Asesorar al Ejecutivo Federal en la planeación y programación de las políticas y acciones relacionadas con el desarrollo de la juventud,

• Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,

• Impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes,

• Promover una cultura de conocimiento, ejercicio y respeto de los derechos de los jóvenes, en los distintos ámbitos, y

• Garantizar a los jóvenes el acceso y disfrute de oportunidades en condiciones de equidad.

Como se observa, el IMJUVE tiene una gran responsabilidad y la Ley que mandata su funcionamiento contempla acciones particulares a segmentos poblacionales dentro de la juventud, como lo es considerar acciones específicas para las y los jóvenes indígenas entendiendo sus particulares condiciones y las necesidades que el contexto y las barreras a las que se enfrentan.

Con ese mismo espíritu, en aras de fortalecer la legislación e impulsar que las políticas públicas enfocadas a la atención de las personas jóvenes sean integrales y contemplen criterios en favor de la población con discapacidad, la presente iniciativa tiene como finalidad establecer como objeto del Instituto Mexicano de la Juventud, que deberá “proponer las acciones y mecanismos necesarios que promuevan la participación e inclusión plena y efectiva de las personas jóvenes con discapacidad”.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía la iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD.

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción VIII al artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud para quedar como sigue:

Artículo 3. El Instituto tendrá por objeto:

I a V…

VI. Promover coordinadamente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales y derechos;

VII. Fungir como representante del Gobierno Federal en materia de juventud, ante los Gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así como en foros, convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite su participación, y

VIII. Promover en sus políticas, programas y acciones un enfoque de inclusión para fomentar la participación e igualdad de oportunidades de las personas jóvenes con discapacidad.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 19 de noviembre de 2015.

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 Visto en: http://www.unicef.org/lac/SOWC2013_fullreport_esp(2).pdf, consultado el 12 de octubre de 2015.

2 Visto en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/estadisticas/2013, consultado el 12 de octubre de 2015.

3 Visto en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/juventud0.pdf Consultado el 22 de octubre de 2015.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Merodio Reza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño del Senador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Para pedirle por favor le pregunte a las proponentes y directamente a la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, si me permite sumarme a esta iniciativa con gran objetivo social que lleva para las personas con discapacidad, aquí en nuestra República Mexicana.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Senadora Merodio Reza acepta las adhesiones?

Se incorpora también a la iniciativa los Senadores Luis Sánchez Jiménez, Mariana Gómez del Campo Gurza y Rabindranath Salazar Solorio.

¿Alguna otra solicitud de adhesión? Tome nota la Secretaría.





 

Tiene el uso de la palabra la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, para presentar a nombre propio y de la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 89, 115 y 116 constitucionales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 89, 115 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

En México, como ustedes saben, nuestra Constitución reconoció a las mujeres la calidad de ciudadanas en el año de 1953, y con ello se dio la posibilidad de que las mujeres por primera vez pudieran ejercer su derecho al voto.

Sin embargo, a partir de esa fecha, de manera muy lenta, empezó a crecer la participación política de las mujeres, y me refiero concretamente al ámbito legislativo, en donde de manera muy lenta las mujeres comenzaron a ganarse después del derecho al voto, el derecho a ser votadas.

Por ejemplo, en 1957 no sobrepasó el 4.9 por ciento el porcentaje de mujeres en la Cámara Baja.

Durante la década de los 50’s y hasta 1964, tuvimos la presencia de sólo dos Senadoras propietarias, lo que significaba el 3 por ciento del total de escaños; a partir de 1964 y hasta 1970, luego de 10 años de haber obtenido el derecho al voto, las mujeres tan sólo tenían arriba del 3 por ciento en su representación en las cámaras.

Esto muestra lo complejo que ha sido para las mujeres, a partir de la obtención del derecho al voto, conseguir justamente este derecho a ser votadas.

En el Marco Jurídico Internacional, las cuotas se sustentan en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, que en la recomendación general 25 se señalan algunas medidas especiales de carácter temporal, entre las que se encuentran las cuotas de género, Las cuales tienen como objetivo el carácter de acelerar la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres; y se exhorta a los Estados a incluir en sus Constituciones o en su Legislación Nacional disposiciones que permitan adoptar medidas especiales de carácter temporal.

Acerca justamente de estas cuotas que han sido tan debatidas, pero que han sido recogidas ya por nuestro marco constitucional tratándose de posiciones de carácter legislativo, cabe mencionar que de acuerdo con la investigadora Daniela Serban, estas medidas afirmativas y específicamente las cuotas de género, son mecanismos temporales que permiten avanzar hacia democracias paritarias que en el ámbito político se traducen en la búsqueda de que la participación de las mujeres y hombres en los procesos de decisión política, sean equivalentes.

Esto justamente es lo que pretenden las medidas afirmativas, conocidas como cuotas en nuestro país.

Señalar también que, como lo dije anteriormente, de nuestro marco incluso constitucional han sido recogidas estas medidas afirmativas, pero recordar que fue recientemente, en el año 2008, que las mismas fueron una realidad primero en nuestra legislación electoral, cuando se estableció un marco legislativo que permitía a las mujeres tener una participación política.

En 2002 y posteriormente en 2008 se hizo una modificación. Fue recientemente en la reforma constitucional que se aprobó en la pasada Legislatura, que se estableció ya el principio de paridad.

Diversos instrumentos internacionales ratificados por México reconocen el derecho de las mujeres a participar en los asuntos públicos mediante la elección de sus representantes, por cierto, elegidas o designadas en cualquier cargo público en condiciones de igualdad y no discriminación, pero aún existen desequilibrios en lo que corresponde a la participación femenina en la administración pública en los tres niveles de gobierno.

De acuerdo a datos del INEGI en un estudio publicado en junio de 2013, los cargos de alto nivel jerárquico en la administración pública de las entidades federativas fueron ocupados en su mayoría por servidores públicos del sexo masculino. A nivel nacional el 81.3 por ciento de los titulares registrados eran hombres y el 18 por ciento restante mujeres; es decir, si bien es cierto que las cuotas han permitido lograr un mayor número de mujeres en cargos de decisión dentro del área legislativa, pues ya se rebasó inclusive el 40 por ciento con esta reforma constitucional en la actual Cámara de Diputados y en la mayoría de los Estados en donde tuvieron elecciones locales para renovar sus Congresos, también es cierto que no ha pasado en el resto de los poderes.

Hoy solamente tenemos una gobernadora, no rebasamos el 7 por ciento de mujeres que son alcaldesas, y si revisamos este estudio del INEGI, vemos que más del 80 por ciento de cargos directivos dentro de la administración pública local están ocupados por hombres.

Lo mismo pasa en el Poder Judicial. Recientemente presentamos varias legisladoras iniciativas justamente para también establecer el principio de paridad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pero lo que pretendemos el día de hoy con esta iniciativa, es que el equilibrio llegue a la administración pública, pues no podemos hablar de democracia en un país en donde las mujeres siguen subrepresentadas en la toma de decisiones que delinean políticas públicas que van a afectar a ese 52 por ciento de la población que son mujeres.

Es por ello que estamos proponiendo una reforma constitucional a los artículos 89, 115 y 116.

Lo que estamos proponiendo es establecer la previsión de que en los nombramientos de Secretarios de Estado, Embajadores y empleados superiores de hacienda se garantice la paridad de género.

Igualmente, en el artículo 115 de la Constitución proponer que en la designación de funcionarios públicos encargados de la administración pública municipal se tome en cuenta el principio de paridad de género.

Y finalmente, en el artículo 116 se propone que en la designación de los funcionarios públicos de los Poderes estatales, Legislativo, Ejecutivo y Judicial se deberá garantizar el mismo principio de paridad.

Considero que es necesario abrevar de las experiencias del derecho electoral que garantizan la igualdad de género para dar un paso a la materialización de derechos político-electorales desde otras dimensiones sociales y económicas, y que este cambio no sólo resulta deseable, sino que es necesario que se consolide de una vez.

No debemos olvidar lo que establece nuestro marco jurídico vigente sobre el derecho a la igualdad, y así ampliar el número de espacios para que las mujeres que toman decisiones en la administración pública, efectivamente beneficien al resto de mujeres que conforman nuestra población.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Ortega Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los alumnos de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, Campus Zumpango, quienes asisten con la finalidad de presenciar nuestros debates.

¡Sean bienvenidos al Senado de la República!





 

Se concede el uso de la tribuna al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 134 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Zoé Robledo Aburto, a nombre del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente.

Me da gusto acudir a un Senado donde hay más alumnos de la Universidad de Zumpango que Senadores.

Déjenme decirles que me preocupa que el tema que voy a tocar el día de hoy, que ha estado en los medios de comunicación, que ha estado en el debate nacional recientemente, y puesto ahí por los presidentes y ex presidentes de los partidos políticos, no haya forma de lograr que los Senadores estén en la sesión.

De verdad lo digo con preocupación, me hubiera encantado hoy que mis compañeros del PRI nos hubieran escuchado; sin embargo, sólo hay dos Senadores de ese partido, que es mayoría en esta Cámara, tres con los de la Mesa Directiva.

Creo que hay que hacer algo para que estas sesiones no luzcan tan desoladas.

Sé que no es un problema ni de la Mesa ni de un grupo parlamentario en particular, pero estos jóvenes que nos vienen a ver, creo que les debe llamar la atención este escenario, esta visión, que ojalá las cámaras del Canal del Congreso puedan hacer un paneo para ver.

De verdad lo digo con respeto, porque justamente en los momentos donde dos Senadores presentaron iniciativas, estoy por presentar una iniciativa de reforma a la Constitución, no haya Senadores que puedan escucharnos para empezar un debate al respecto.

Lo digo de verdad molesto, por una razón adicional, la iniciativa que presento hoy a nombre de mi grupo parlamentario tiene un significado profundo por dos razones.

La primera tiene que ver con la forma como estamos desarrollando nuestra democracia; tiene que ver con la forma como nos manifestamos frente a los ciudadanos y cómo nos estamos desplegando en los estados y en los municipios.

Pero, además, es muy sensible para los Senadores del PRD, y seguramente para todos ustedes, porque fue la última iniciativa que redactó nuestro compañero ex Senador Manuel Camacho Solís.

Manuel Camacho y su equipo de trabajo, Hugo, Carolina, todos ellos, trabajaron esta iniciativa; no la alcanzó a presentar por las razones que todos ustedes conocen, y hoy me da pena tener que presentarla, a nombre de mi grupo, en memoria de él, con un Pleno casi vacío, ni modo, así será.

Tiene que ver justamente con este falso debate que se ha generado respecto a la comunicación política. Porque hay que empezar diciendo una verdad: el modelo de comunicación política de nuestro país no está funcionando bien, el gobierno, como empleado de los ciudadanos, está actuando de una manera irracional, está actuando como un empleado que insiste comunicarle a su patrón, en este caso a los ciudadanos, que está haciendo bien su tarea, que le está haciendo de manera honesta, puntual, rigurosa, y lo quiere convencer repitiéndoselo una y otra y otra vez, hasta llegar a miles y a millones de repeticiones que terminan saturando y que terminan hartando a quienes dan el dinero para que esas campañas y esas acciones se puedan llevar a cabo.
Nuestro modelo de comunicación política, efectivamente, no está funcionando bien.

¿Pero qué es lo que están debatiendo hoy los presidentes de los partidos? Abrir el modelo electoral.

El modelo electoral está funcionando, no, seguramente no, porque estamos en una democracia que privilegia el spot sobre el debate.

Pero ese no es el problema fundamental, no está el asunto en el modelo electoral de compra o de adquisición de medios; el problema está en la propaganda gubernamental, pero de eso nadie dice nada de la propaganda gubernamental, de las cantidades que llegan a los miles de millones de pesos que gasta no solamente el Poder Ejecutivo, los gobiernos en los estados, los gobiernos municipales, los poderes como nosotros, el propio Senado de la República, ese gasto que verdaderamente podría significar un ahorro para otras acciones del gobierno, en vez de estar comunicando algo que es nuestra responsabilidad hacer, eso no se quiere tocar.

Ahí no está el debate sobre si el presidente de Acción Nacional o el presidente del consejo de un partido político aparece en los spots; tampoco he escuchado a los amigos del PRI decir que sus presidentes estatales aparecen también en las pautas publicitarias que les asigna el Estado.

Pero ese es un falso debate, el verdadero debate está justamente en modificar por completo el modelo de comunicación y empezar por la propaganda gubernamental; si no empezamos por ahí, es como si estuviéramos en una epidemia de cólera y decidimos atender el tema de la alopecia, porque creemos que es lo más importante. El problema democrático que está generando ilegitimidad, falta de confianza, falta de credibilidad, tiene que ver también con una deficiente forma de comunicar.

¿Los ciudadanos tienen que estar informados de la acción de gobierno? Desde luego  que sí, pero no de esta forma, no con spots que no dicen nada, que en el umbral de atención de los ciudadanos están prácticamente desaparecidos, que no cuentan con una narrativa que tenga que ver con su realidad, con la realidad que viven todos los días.

Déjenme darles algunos datos, compañeras y compañeros y los alumnos que nos acompañan. Según el informe de libertad de expresión en venta, de acceso a la información en venta, de acceso a la información y censura indirecta en publicidad oficial, un informe del año 2014, realizado ya de manera anual, tanto por el artículo 19 como por FUNDAR, el Ejecutivo Federal gastó más de 14 mil 63 millones de pesos en publicidad durante los tres primeros años; 14 mil 663 millones de pesos en 2013, 23 estados de la República de los que tiene la información a disposición, porque esa es la otra, la información de propaganda gubernamental muchas veces está reservada y los estados no la dan a conocer; en 27 estados se gastaron 5 mil 639 millones de pesos en publicidad oficial. Esto sumado a los gastos federales de ese año, documenta un total de 13 mil 640 millones de pesos.

Pero déjenme decirles también, compañeras y compañeros, que esto no es un problema de la actual administración, en el informe “El costo de la legitimidad” también de FUNDAR y del artículo 19, en 2011 27 entidades federativas se gastaron 4 mil 518 millones de pesos.

¿Cuánto es 4 mil 158 millones de pesos?

Para que se den una idea, es el doble del monto de la producción y distribución de todos los libros de texto gratuitos del país.

Podemos repartir el doble de textos de libros gratuitos, si elimináramos todo ese gasto en publicidad gubernamental, solamente de 27 estados de la República, además se había dado a conocer en 2010 y 2011, que casi las dos terceras partes de los estados sobre ejercieron los montos aprobados por sus respectivos congresos en publicidad oficial.

¿Qué es lo que ocurre?

Pues que la entrega de recursos a medios de comunicación permanece y seguirá mientras no demos ese debate permanecerá en la opacidad, sin reglas claras y se convertirá simplemente en una forma con la que los gobiernos, ya sean los gobiernos locales, federales, municipales o, incluso, los otros poderes, sigan controlando la libertad editorial bajo la famosa amenaza de retirar ese financiamiento.

Y eso, compañeras y compañeros, en el fondo afecta de manera directa a la democracia.

¿Qué es lo que está ocurriendo?

Pues están generando mercados negros de contenido, se están generando intercambios a partir de esos famosos y jugosos contratos de publicidad gubernamental.

Por supuesto que uno de los elementos fundamentales de un sistema democrático es la forma como la autoridad se comunica con los gobernados, en un sistema democrático vigoroso el poder público rinde cuentas sobre el ejercicio de sus funciones en forma, pero lo hace de manera verídica, informa y lo hace de manera útil para la ciudadanía y, sobre todo, lo informa en actos que no tienen que ver con esta sobre cotización que van desde dependencias gastando en narrativas que nadie entiende o hasta el famoso “ya chole con tus quejas”, que tuvo que ser bajado a las pocas horas, porque la verdadera o la otra realidad, la de las redes sociales, es de que no está comprada y pagada, pues manifestaban que era un insulto de una agresión por parte del gobierno federal.

¿Qué es lo que ocurre en una democracia endeble?

Pues sí, ahí es donde ocurre que un esquema institucional diseñado para que las autoridades rindan cuentas a la sociedad, sea utilizado justamente para promover una imagen de un gobernante.

Conocemos casos reiterados de todos los partidos en varios estados; revistas que tienen más espectaculares que lectores; tenemos casos de comerciales que se venden y se introducen en los noticieros como si fueran parte de la información; casos de pautas y de publicidad encuberita, contenidos y entrevistas que se están vendiendo en radio y televisión, también.

Bueno, llegamos al extremo de un político que decidió colarse en el Estado de México en un ejercicio municipal para decir que él no era el que aparecía en la imagen, que era solamente alguien muy parecido a él, para gastar dinero público en la promoción de la imagen personal.

Es un tema que quizás ya se nos olvidó, fue central en la campaña electoral de 2012, el propio Ejecutivo Federal, en el manifiesto a la Presidencia democrática, dijo lo que había que crear una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento al acceso ciudadano a la información.

Eso, a la fecha, tres años después no ha ocurrido. El modelo, compañeras y compañeros, aceptémoslo, no sirve, pero el debate que se está dando en los medios, no en la Cámara, es el incorrecto. Si queremos hablar de comunicación política tenemos que empezar por la publicidad gubernamental.

Creo que es válido decirlo y decirlo hoy, en nombre de mis compañeros y también en nombre de quien tuvo esta idea, esta propuesta, y que hoy hago uso de su voz.

Finalizo citando al ex Senador Manuel Camacho Solís, cuando él de su pluma escribió:

“Es más saludable para nuestra democracia cambiar de un régimen que permite la propaganda oficial bajo ciertas limitaciones, a otro que la prohíba de manera absoluta. Mientras no contemos con una autoridad reguladora fuerte, que pueda hacer cumplir adecuadamente las diversas modalidades que se establezcan para la propaganda oficial, siempre será mejor prohibirla para evitar que se abuse de ella en perjuicio de la democracia y del erario público.

Únicamente se permitirá la difusión de información gubernamental de suma importancia para la sociedad, tales como lo son las materias de campañas de salud, educación, protección civil y para fomentar el ejercicio de los derechos de las personas, la que en ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público.

Lo que buscamos es que la autoridad sólo transmita a la sociedad información necesaria para su seguridad y para que haga valer sus derechos.

Por eso, una modificación como la que se propone, no lesiona la rendición de cuentas que establece nuestro orden jurídico, el Presidente de la República y los gobernadores deberán seguir rindiendo informe sobre el estado que guarda su administración. Los Secretarios de Estado y de despacho, sean federales, locales o del Distrito Federal, deberán comparecer ante los órganos legislativos correspondientes y no se afectan los medios que los ciudadanos tienen para solicitar el acceso a la información pública.

La rendición de cuentas, la que fortalece a una democracia, no se materializa a través de la propaganda gubernamental”.

Eso nos dejó como legado nuestro compañero ex Senador Manuel Camacho Solis.

Hoy, lo pongo a disposición y a consideración de todos ustedes para que hagamos una reflexión seria de cómo estamos llevando a nuestra democracia, la baja credibilidad y confianza en las instituciones.

Y si no, la cada vez más baja lealtad a la democracia mexicana tiene que ver con una mala forma de comunicar que solamente está llenando los bolsillos de algunos y está haciendo nugatorio el derecho a la información de millones de mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente, le agradezco su consideración por el tiempo.

Gracias.

Iniciativa

Del GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, de esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8º, numeral 1, fracción I y 164, ambos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Cámara Alta la siguiente INICIATIVA DE GRUPO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PROPAGANDA OFICIAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los componentes característicos de una democracia es la forma en que la autoridad se comunica con los ciudadanos. En un sistema democrático vigoroso, el poder público rinde cuentas sobre el ejercicio de sus funciones e informa de manera verídica y útil a la ciudadanía sobre el desempeño gubernamental.

Sin embargo, puede ocurrir que el esquema institucional diseñado para que las autoridades rindan cuentas a la sociedad sea utilizado no para informar, sino para que uno o varios funcionarios promuevan su imagen personal.

Esta práctica lesiona severamente a la democracia por varias razones: Se dificulta la formación de una sociedad informada; la autoridad busca legitimarse no a través de su desempeño eficaz sino de la promoción personal de ciertos funcionarios; se distraen recursos públicos para fines personales y se facilita el control sobre los medios de comunicación mediante la asignación selectiva de contratos de publicidad, con lo que también se limita la libertad de expresión. 

Nuestro país, lamentablemente, presenta estos nocivos elementos. La obligación de comunicar es utilizada para promover la imagen personal de representantes populares. El deber de informar a los ciudadanos sobre los resultados de la gestión pública es aprovechado para llenar espacios públicos con la fotografía un servidor público, sin que se aporte alguna información útil; en muchos casos, solo se resalta la imagen de la persona acompañada de frases propagandísticas.

En este contexto, también se han desarrollado diversas prácticas en las que la propaganda gubernamental atenta contra el derecho a la información de la sociedad, mediante la contratación de entrevistas o reportajes pactados, la inclusión de “infomerciales” en noticieros o las menciones sobre acciones de gobierno en programas de entretenimiento (“publicidad encubierta”). A ello se agrega la ya tradicional existencia de gacetillas (propaganda que aparece como información), práctica que aún es recurrente, principalmente en medios impresos locales.

De acuerdo al informe “El costo de la legitimidad”, presentado por las organizaciones Fundar y Artículo 19, durante el 2011, 27 entidades federativas se gastaron 4,518 millones de pesos. Este gasto equivale casi al doble del monto de la producción (y distribución) de todos los libros de texto gratuitos del país (2,399 millones de pesos). Además se dio a conocer que en 2010 y 2011, casi las dos terceras partes de los estados sobre ejercieron los montos aprobados por sus respectivos congresos en publicidad oficial. En 2011, por ejemplo, el 40% (1,380 millones de pesos) del total del gasto ejercido en 24 estados es un sobre ejercicio.

Entre los resultados dados a conocer por el informe de ambas organizaciones no gubernamentales, se destacó que la distribución de la publicidad oficial es muy inequitativa: la televisión y la prensa escrita son los medios más beneficiados. De acuerdo a la información entregada por las entidades federativas, existen varios estados que destinan más de la mitad de su presupuesto en publicidad oficial a la televisión. En 2011, en Puebla, el gasto en televisión representa el 63% (Televisa 49% y TV Azteca 13% del gasto total). En el Distrito Federal y en el Estado de México es del 62%. En el DF, Televisa representa 37% del gasto total y TV Azteca 23%. Asimismo, en el Estado de México, la inversión en publicidad oficial en Televisa representa 41% y en TV Azteca 20%.

La reforma constitucional de noviembre de 2007, en la parte que modificó el artículo 134, estableció un régimen con el cual se pretendió regular la propaganda oficial. Esta reforma permitió la propaganda siempre que ajustara a ciertas limitaciones en cuanto a sus fines y no incluyera nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Esta obligación ha sido totalmente desvirtuada mediante campañas publicitarias y un conjunto de instrumentos, recursos y mensajes que son propaganda política. Con recursos públicos se difunden las posiciones políticas del gobierno federal, los estados y municipios. Se promueve la imagen de los funcionarios. Se compra abierta y subrepticiamente espacios a favor de las posiciones oficiales y en contra de las oposiciones. La información y los resultados han quedado completamente desvirtuados.

En la campaña presidencial de 2012 el tema se volvió un asunto central en el debate nacional. Tanto así, que el candidato a la presidencia y hoy presidente Enrique Peña Nieto, se comprometió en su Manifiesto por un Presidencia Democrática” a “…crear una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento de acceso ciudadano a la información”.

Hasta el día de hoy no ha habido voluntad política para cumplir con ese compromiso. La persistente debilidad institucional de nuestras autoridades reguladoras se ha conjugado con la inexistencia de una ley que reglamente el mandato constitucional en materia de propaganda oficial.

Pero aun cuando se llegara a contar con una legislación reglamentaria que regule esta materia, la debilidad institucional y la incapacidad regulatoria ya mencionadas conducirían a lo que siempre ocurre en nuestra dinámica electoral: La norma siempre va un paso atrás de las prácticas políticas. Entre más se regula una materia y más restricciones se establecen a los actores políticos, estos siempre encuentran nuevas formas de eludir el cumplimiento de la ley, estimulados por la impunidad que provoca una autoridad débil o incapaz.

Por eso es más saludable para nuestra democracia cambiar de un régimen que permite la propaganda oficial bajo ciertas limitaciones a otro que la prohíba de manera absoluta. Mientras no contemos con una autoridad reguladora fuerte que pueda hacer cumplir adecuadamente las diversas modalidades que establezcan para la propaganda oficial, siempre será mejor prohibirla para evitar que se abuce de ella en perjuicio de la democracia y del erario público. Únicamente se permitirá la difusión de información gubernamental de suma importancia para la sociedad, tales como en materia de campañas de salud, educación, protección civil y para fomentar el ejercicio de los derechos de las personas, la que en ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Se busca que la autoridad sólo transmita a la sociedad información necesaria para su seguridad y para que haga valer sus derechos.

Una modificación como la que se propone no lesiona los instrumentos de rendición de cuentas que establece nuestro orden jurídico: El Presidente de la República y los gobernadores deberán seguir rindiendo informes sobre el estado que guarda su administración; los secretarios de despacho, sean federales, locales o del Distrito Federal, deberán comparecer ante los órganos legislativos correspondiente y no se afectan los medios que los ciudadanos tienen para solicitar el acceso a la información pública. La rendición de cuentas, la que fortalece a una democracia, no se materializa a través de la propaganda.   

Por todo lo expuesto, someto a la consideración de esta Cámara Alta la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO: Se REFORMA el penúltimo párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 134.


Queda prohibida, para los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, la contratación y difusión de propaganda bajo cualquier modelo de comunicación social. Únicamente se permitirá la difusión de mensajes en materia de campañas de salud, educación, protección civil y para fomentar el ejercicio de los derechos de las personas. En ningún caso estos mensajes incluirán nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las Entidades Federativas contarán con plazo de 120 días naturales para expedir la legislación que regule la difusión de los mensajes que en materia de campañas de salud, educación, protección civil y para fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos se refiere este Decreto.

TERCERO.- El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las Entidades Federativas contarán con plazo de 120 días naturales para realizar las modificaciones constitucionales y legales que establezcan las sanciones políticas, penales y administrativas correspondientes por la violación a la prohibición que establece este Decreto.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 19 de noviembre de 2015.

Suscriben

Sen. Miguel Barbosa Huerta.- Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.- Sen. Angélica de la Peña Gómez.- Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. Fidel Demédicis Hidalgo.- Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.- Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes.- Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal.- Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza.- Sen. Carlos Manuel Merino Campos.- Sen. Raúl Morón Orozco.- Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Isidro Pedraza Chávez.- Sen. Sofío Ramírez Hernández.- Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Zoé Robledo Aburto.- Sen. Benjamín Robles Montoya.- Sen. Adolfo Romero Lainas.- Sen. Rabindranath Salazar Solorio.- Sen. Luis Sánchez Jiménez.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Robledo Aburto. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

MESA DIRECTIVA

A propósito del turno asignado a la iniciativa que ha presentado el Senador Zoé Robledo Aburto, en la reunión celebrada el día de hoy por la mañana, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de las seis iniciativas presentadas en la materia de propaganda gubernamental por Senadores de diversos grupos parlamentarios en diversas fechas:

La del 7 de febrero de 2012 de Senadores del PRD, la del 4 de septiembre de 2012 de Senadores del PAN, la del 13 de noviembre de 2012 de Senadores del PRD, la del 24 de julio de 2013 de Senadores de diversos grupos parlamentarios, la del 19 de marzo de 2014 que presentaron los Senadores del PRD y la del 26 de marzo de 2014 presentada por Senadores del PRI y del PVEM.

Las seis iniciativas anteriores quedarán turnadas a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo Aburto.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Solamente para solicitarle la extensión del turno también a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para poder dictaminar estas iniciativas.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el turno para opinión de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, en el entendido de que el turno propuesto guarde los equilibrios entre las fuerzas políticas representadas en este Pleno.





 

Tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HIDROCARBUROS

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

El Senador David Monreal Ávila: Con su permiso, señor Presidente.

Las últimas tres décadas se han caracterizado por la apertura a la inversión privada en muchas actividades que anteriormente eran reguladas por el Estado.

El problema de esta apertura ha sido que no se han creado las mínimas condiciones para que esos cambios beneficien a toda la población. Las reglas del juego han desprotegido a la clase trabajadora y a la mayoría de los mexicanos. Como ejemplo están la privatización de la banca, la privatización de la telefonía, de los ferrocarriles, de las minas y muchos otros.

En su momento, el discurso oficial fue el mismo: privatizar para modernizar al país y en beneficio de todos los mexicanos.

Sin embargo, en todos estos casos resulta una obviedad que aquellos discursos estuvieron llenos de mentiras y falsedades, porque hoy México ya casi no tiene ferrocarriles, cuenta con una banca ineficiente y cara, un servicio de telefonía deficiente y con unos costos muy altos y unas minas que reportan ganancias sólo para los dueños de las empresas.

Con las modificaciones constitucionales en materia energética, una vez más se abrió el paso para que empresas privadas participen en el redituable negocio de la exploración y extracción de energéticos, que por más de 8 décadas había estado bajo el control del Estado mexicano.

De antemano se sabía que las leyes secundarias no se contendrían para alcanzar el saqueo de la riqueza natural de México, y con ello desmantelar la industria energética y petrolera, sustento de nuestra economía nacional.

La reforma energética, además de establecer las bases para la entrega a los  particulares, la riqueza de hidrocarburos ha sentado en la Constitución y en la ley la posibilidad de arrebatar la propiedad a ejidatarios y comuneros, y en general, a toda la población que posea un terreno en el que existan algún energético, o bien, se encuentre en el desafortunado camino para conectar ductos de petróleo o gas y sea de utilidad pública.

Éstas, las empresas privadas, pueden hacer uso y disfruto del predio, aún en contra de la voluntad del propietario.

Diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos autorizan, tanto a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y empresas privadas, nacionales y extranjeras, a la ocupación temporal la contratación de servidumbres o bien, a la compraventa de terrenos, estableciendo mecanismos para obligar a los propietarios de dichos terrenos a ceder las pretensiones de las empresas energéticas.

Con la justificación de que hay que incrementar ingresos y garantizar la seguridad energética, los mexicanos tendrán que ceder sus terrenos a las empresas extranjeras para la exploración y explotación de hidrocarburos ante el supuesto de que existiera el energético en esta superficie.

Sin embargo, la incredulidad ante la ley no es causal. Existen numerosos casos que confirman lo anterior, ya que después de las expropiaciones de terrenos no existe contraprestación para los dueños de las tierras; como ejemplo, puedo decirles respecto de los ejidatarios de los terrenos del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, “Benito Juárez”, hasta el año 2002 aún no se les finiquitaba el pago de sus tierras, a pesar de haber transcurrido más de 50 años de que les fueron arrebatadas.

Incluso, señalan que los terrenos en los que se realizó la última ampliación del aeropuerto, entre 1999 y 2000, también era propiedad ejidal, por los que también nunca se hizo el pago y que suman a los que hoy son utilizados para el área de aduanas y el espacio que ocupa el Aeropuerto y servicios auxiliares, dejándolos en el abandono y a su suerte, sin recibir la totalidad de dinero por sus tierras.

Otro ejemplo del incumplimiento del pago por expropiación ocurrió en Mérida entre habitantes del ejido “Cinco Colonias”, quienes desde el año 1994 y hasta julio de 2014 no habían recibido el pago por el arrebato de sus tierras por parte del gobierno para la construcción del Aeropuerto Internacional “Manuel Crescencio Rejón”, quienes aseguran que les deben el pago de alrededor de 500 millones de pesos por la superficie ocupada,  y desde entonces esperan un acuerdo con las autoridades para recibir su contraprestación.

En este sentido, una de tantas deficiencias que contiene la Ley de Hidrocarburos es la omisión de la obligación de todo particular o de las Empresas Productivas del Estado de finiquitar toda transacción con ejidatarios, comuneros o cualquier particular a quien deseen arrebatarle, expropiarle o rentarle sus tierras.

En este sentido, la ley autoriza a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a revocar las autorizaciones ya signadas a particulares bajo tres supuestos:

1.- Que los autorizados no otorguen o no mantengan en vigor las garantías, seguros o cualquier otro instrumento financiero requerido conforme a la regulación aplicable.

2.- Que los autorizados no cumplan con la regulación que al efecto emita la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como las condiciones establecidas en la autorización.

3.- Que los autorizados no realicen el pago de las contribuciones y aprovechamientos correspondientes por su otorgamiento o, en su caso, renovación.

Sin embargo, no contempla como una posibilidad de que dicha revocación pudiera ser a partir del incumplimiento del pago de las contraprestaciones a favor de quienes ceden sus tierras para llevar a cabo actividades de exploración de los recursos energéticos, esto deja en total estado de vulnerabilidad a todo propietario de tierras, ya que con los antecedentes que existen en temas de expropiación y la falta de pagos de dichas tierras, es de esperarse que lo mismo siga ocurriendo con las mismas figuras en la Constitución, so pretexto de las necesidades energéticas del país.

Por otro lado, en el artículo 47 de la misma ley, se señalan una serie de obligaciones para los asignatarios y contratistas, pero no contempla ninguna a favor de los propietarios de las tierras que serán utilizadas para la exploración, explotación o servidumbre de hidrocarburos, únicamente se enfatiza la obligación para con la autoridad, dejando fuera a todo ciudadano que no reciba las contraprestaciones pactas por el uso, goce o disfrute de sus tierras.

En este sentido, el objeto de la presente iniciativa es modificar los artículos 40, 47 y 101 de la Ley de Hidrocarburos, con el fin de establecer como una obligación y un requisito para hacer uso, goce o disfrute de las tierras, el haber cumplido en su totalidad el pago en efectivo de las tierras a explorar y así brindar certeza jurídica a los propietarios de los predios de que sus propiedades le serán liquidadas al momento y no tendrán que esperar décadas para que reciban la contraprestación pactada con las empresas del sector energético.

Es por ello que con la modificación del artículo 40 se pretende establecer, como una facultad de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, revocar las autorizaciones por el hecho de que los asignatarios o contratistas no cumplan con el pago de la contraprestación a los propietarios o titulares de los terrenos, así como a ejidatarios o comunitarios que hayan sido pactados.

Por su parte, con la modificación de la fracción XIII del artículo 47, se pretende establecer como una obligación de asignatarios y contratistas el cubrir en su totalidad cuando sea el caso el pago de los derechos por el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios a los propietarios o titulares de dichos terrenos.

Asimismo, para establecer una correlación con estos preceptos, en el artículo 101, en su fracción VII, se propone señalar que los pagos de las contraprestaciones que se pacten en efectivo deberán cubrirse antes de iniciar los trabajos sobre el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos a favor de los propietarios.

Si bien la reforma energética y su instrumentación están en marcha, al menos es indispensable dar certeza jurídica a los propietarios de las tierras que serán objeto del saqueo de la riqueza nacional para que reciban la justa retribución por sus propiedades.

Es cuanto, señor Presidente.
Iniciativa

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HIDROCARBUROS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las últimas tres décadas se han caracterizado por la apertura a la inversión privada en muchas actividades que anteriormente eran reguladas por el Estado. El problema de esta apertura, ha sido que no se han creado las mínimas condiciones para que esos cambios beneficien a toda la población, las reglas del juego se han cargado a favor de los empresarios nacionales y extranjeros, desprotegiendo a la clase trabajadora y a la  mayoría de las y los mexicanos.

Como ejemplos están la privatización de la banca, la telefonía, los ferrocarriles, las minas y muchos otros; en su momento el discurso oficial fue el mismo: privatizar para modernizar al país, y en beneficio de todos los mexicanos.

Sin embargo, en todos estos casos resulta una obviedad que aquellos discursos estuvieron llenos de mentiras y falsedades, porque hoy México ya casi no tiene ferrocarriles, cuenta con una banca ineficiente y cara, un servicio de telefonía deficiente y con altos costos y minas que reportan ganancias sólo para los dueños de las empresas.

A pesar de ello, una vez más las y los mexicanos fueron víctimas del engaño y la manipulación con  las modificaciones constitucionales en materia energética, se abrió el paso para que empresas privadas participaran en el redituable negocio de la exploración y extracción de energéticos, que por más de ocho décadas había estado bajo el control del Estado mexicano. De antemano se sabía que las leyes secundarias no se contendrían para alcanzar el saqueo de la riqueza natural de México, y con ello desmantelar la industria energética y petrolera, sustento de la economía nacional.

La Reforma Energética además de establecer las bases para la entrega a los particulares la riqueza en hidrocarburos de la nación, ha sentado en la Constitución y en Ley la posibilidad de arrebatar su propiedad a ejidatarios, comuneros, y en general a toda la población que posea un terreno en el cual exista algún energético, o bien se encuentre en el desafortunado camino para conectar ductos de petróleo o gas, y sea “de utilidad pública”, para las empresas privadas del sector, y éstas puedan hacer uso y disfrute del predio, aun sin el consentimiento del propietario.

Así, mediante la figura jurídica de “servidumbre legal de hidrocarburos”, las empresas trasnacionales podrán apropiarse, no únicamente de la renta petrolera, también de terrenos, bienes y derechos, aún cuando no lleguen a un acuerdo de precios con los dueños, vulnerando la propiedad privada en el país desde lo más profundo de su concepción.

Diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos autorizan tanto a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y empresas privadas nacionales y extranjeras, la ocupación temporal, la contratación de servidumbres o bien la compraventa de terrenos, estableciendo mecanismos para obligar a los propietarios de dichos terrenos a ceder a las pretensiones de las empresas energéticas.

Frente a esto, la pregunta que muchos mexicanos se hacen es, ¿qué ganan con esto los dueños de los predios? Y la respuesta es claramente nada, ya que se vulnera la propiedad privada al permitir que las empresas trasnacionales ocupen sus terrenos, los cuales utilizará sin importar las consecuencias para el suelo.

El párrafo primero del artículo 27 de la Constitución Política Federal establece que: “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación”.

Contrario a esto, la Ley de Hidrocarburos reglamenta la negociación respecto a un terreno se dará entre Asignatarios o Contratistas con los propietarios, dejando a un lado, la propiedad de la nación sobre sus tierras.

Lo anterior, es una muestra clara de que el ejido y la propiedad comunal, y en general las tierras de particulares, están en total abandono jurídico; los ciudadanos serán víctimas de las empresas privadas, con las cuales tendrán que luchar por la protección de su patrimonio.

Con la justificación de que “hay que incrementar ingresos y garantizar la seguridad energética”, los mexicanos tendrán que ceder sus terrenos a las empresas extranjeras para la exploración y explotación de hidrocarburos, ante el supuesto de que existiera el energético en esa superficie.

Sin embargo, la incredulidad ante la Ley no es casual. Existen numerosos casos, en los que después de las expropiaciones de terrenos no existe contraprestación para los dueños de las tierras. Por ejemplo, ejidatarios de los terrenos del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), hasta el año 2002, aún no finiquitaban el pago de sus tierras, a pesar de haber transcurrido más de cincuenta años de que les fueron arrebatadas; incluso señalan que “los terrenos en los que se realizó la última ampliación del AICM -entre 1999 y 2000- también eran propiedad ejidal, por los cuales nunca se hizo un pago, y que se suman a los que hoy son utilizados para el área de aduanas y al espacio que ocupa Aeropuertos y Servicios Auxiliares”,1 dejándolos en el abandono y a su suerte, y hasta aquel entonces sin recibir la totalidad de dinero por sus tierras.

Otro ejemplo del incumplimiento del pago por expropiación ocurrió en Mérida, entre habitantes del ejido “Cinco Colonia”, quienes desde el año 1994 y hasta julio de 2014 no habían recibido el pago por el arrebato de sus tierras por parte del gobierno para la construcción del aeropuerto internacional “Manuel Crescencio Rejón”, quienes aseguran que se les adeudan alrededor de 500 millones de pesos por la superficie ocupada, y desde entonces esperan un acuerdo con las autoridades para recibir su contraprestación.2

En este sentido, una de tantas deficiencias que contiene la Ley de Hidrocarburos, es la omisión de la obligación de todo particular o de las Empresas Productivas del Estado de finiquitar toda transacción con ejidatarios, comuneros o cualquier particular a quien deseen arrebatarles o rentarles sus tierras.

En este sentido, la Ley autoriza a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a revocar las autorizaciones ya asignadas a particulares bajo tres supuestos:

• Que los Autorizados no otorguen o no mantengan en vigor las garantías, seguros o cualquier otro instrumento financiero requerido conforme a la regulación aplicable;

• Que los Autorizados no cumplan con la regulación que al efecto emita la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como con las condiciones establecidas en la  autorización;

• Que los Autorizados no realicen el pago de las contribuciones y aprovechamientos correspondientes por su otorgamiento o, en su caso, renovación.

Sin embargo, no contempla como una posibilidad que dichas revocaciones pueda ser a partir del incumplimiento del pago de las contraprestaciones a favor de quienes ceden sus tierras para llevar a cabo actividades de explotación de los recursos energéticos. Esto deja en total estado de vulnerabilidad a todo propietario de tierras, ya que los antecedentes que existen en temas de expropiación y la falta de pagos por dichas tierras, esto a pesar de haber transcurrido décadas desde el arrebato de terrenos, es de esperarse que lo misma siga ocurriendo con las nuevas figuras creadas en la Constitución so pretexto de las necesidades energéticas del país.

Por otro lado, en su artículo 47 de la misma Ley, se señalan una serie de obligaciones para los asignatarios y contratistas, dentro de las cuales destacan:

• Contar, en su caso, con la autorización para llevar a cabo perforaciones previo al inicio de los trabajos correspondientes;

• Abstenerse de ceder o traspasar, sin la autorización correspondiente, las Asignaciones o, en el caso de Contratos para la Exploración y Extracción, el control corporativo o de las operaciones;

• Observar las disposiciones legales en materia laboral, fiscal y de transparencia que resulten aplicables;

• Cumplir con la regulación, lineamientos y disposiciones administrativas que emitan las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Agencia en el ámbito de sus respectivas competencias.

Sin embargo, destaca que ninguna de las obligaciones impuestas para Asignatarios y Contratistas no se incluyen obligaciones a favor de los propietarios de las tierras que serán utilizadas para la exploración, explotación o servidumbre de hidrocarburos, únicamente se enfatiza la obligación para con la autoridad, dejando fuera a todo ciudadano que no reciba las contraprestaciones pactadas por el uso, goce o disfrute de sus tierras.

Aunado a esto, se debe reconocer que esta reforma energética traerá graves daños a las comunidades, en consecuencia, la inversión privada debe estar obligada a llevar a cabo proyectos que beneficien a la misma y enmienden el daño causado.

Si a estas irracionalidades de la Ley se agrega que se pretende cubrir el pago de la contraprestación por compra o renta de un terreno, con el “pago” de insumos, ¿en   dónde queda el pago por el terreno? Lo correcto sería que se le pagara en efectivo,         y por otra parte, los contratistas o asignatarios adquieran y paguen los insumos necesarios.

Por su parte, el artículo 101 vulnera los derechos de los propietarios de las tierras, abandona a los ejidos y comunidades, no los reconoce como un órgano supremo y les quita su derecho a decidir libremente el destino de sus tierras, autorizando formas de pago tan diversas “siempre no que contravengan las leyes”; es decir, cualquier modalidad será legal, lo que significa que los propietarios quedarán a la voluntad de las empresas transnacionales.

En este sentido, el objeto de la presente iniciativa es modificar los artículos 40, 47 y 101 de la Ley de Hidrocarburos, con el fin de establecer como una obligación y un requisito para hacer uso, goce o disfrute de las tierras el haber cumplido en su totalidad el pago en efectivo de las tierras a explotar, con la única finalidad de dar al menos una certeza jurídica a los propietarios de los predios que sus propiedades les serán liquidadas al momento, y no tendrán que esperar décadas para que reciban la contraprestación pactada con las empresas del sector energético.

Es por ello que, con la modificación del artículo 40, se pretende establecer como una facultad de la Comisión Nacional de Hidrocarburos revocar las autorizaciones por el hecho de que los asignatarios o contratistas no cumplan con el pago de las contraprestaciones a los propietarios o titulares de los terrenos, así como a ejidatarios o comunitarios que hayan sido pactadas.

Por su parte, con la modificación de la fracción XIII, del artículo 47, se pretende establecer como una obligación de asignatarios y contratistas el cubrir en su totalidad el párrafo de los derechos por el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesario a los propietarios o titulares de dichos terrenos, bienes o derechos; asimismo para establecer una correlación con estos preceptos, en el artículo 101, en su fracción VII, se propone señalar que los pagos de las contraprestaciones que se pacten en efectivo deberán cubrirse antes de iniciar los trabajos sobre el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos a favor de sus propietarios.

Si bien la reforma energética y su instrumentación está en marcha, al menos es indispensable dar un poco de certeza jurídica a los propietarios de las tierras que serán objeto del saqueo de la riqueza nacional, para que reciban la justa retribución por sus tierras. Si aun existe un poco de nacionalismo en el Congreso de la Unión, estas modificaciones deberán de ser aprobadas como una forma de reconocer la historia y el esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos, que por generaciones han trabajado para construir una nación que responda a sus necesidades.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HIDROCARBUROS.

ÚNICO.- Se modifica la fracción IV y se adiciona una fracción V al artículo 40; se adiciona una fracción XIII al artículo 47; se modifica el primer párrafo del artículo 101, todos de la Ley de Hidrocarburos, para quedar como sigue:

Artículo 40.- La Comisión Nacional de Hidrocarburos podrá revocar las autorizaciones por cualquiera de las causas siguientes: 

I a III…

IV.- Que los autorizados no realicen el pago de las contraprestaciones a ejidatarios o comuneros, o

V.- Las demás previstas en la autorización respectiva.

Artículo 47.- Los Asignatarios y Contratistas estarán obligados a:

I a XII…

XIII.- Cumplir en su totalidad con el pago de los derechos por el uso, goce o afectación delos terrenos, bienes o derechos necesarios a los propietarios o titulares de dichos terrenos, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales, según sea el tipo de contrato y actividad a desarrollar de acuerdo al artículo 101 de esta Ley.

Las infracciones a este Título y a sus disposiciones reglamentarias serán sancionadas conforme a lo previsto en el artículo 85 de esta Ley.

Artículo 101.- La negociación y acuerdo a que se refiere el artículo anterior deberá realizarse de manera transparente y sujetarse a las siguientes bases y a lo señalado en el Reglamento:

I a VIII…

VII.- Los pagos de las contraprestaciones que se pacten en efectivo deberán cubrirse antes de iniciar los trabajos del uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos, y, en su caso, mediante cualquiera de las siguientes modalidades:

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 40.- La Comisión Nacional de Hidrocarburos podrá revocar las autorizaciones por cualquiera de las causas siguientes:

I a III…

IV.- Las demás previstas en la autorización respectiva.

 

 

Artículo 47.- Los Asignatarios y Contratistas estarán obligados a:

I a XII…

XIII.- No existe

 

 

 

 

 

 

Artículo 101.- La negociación y acuerdo a que se refiere el artículo anterior deberá realizarse de manera transparente y sujetarse a las siguientes bases y a lo señalado en el Reglamento:

I a VI…

VII.- Los pagos de las contraprestaciones que se pacten podrán cubrirse en efectivo y, en su caso, mediante cualquiera de las siguientes modalidades:

Artículo 40.- La Comisión Nacional de Hidrocarburos podrá revocar las autorizaciones por cualquiera de las causas siguientes:

I a III…

IV.- Que los autorizados no realicen el pago de las contraprestaciones a ejidatarios o comuneros, o

V.- Las demás previstas en la autorización respectiva.

Artículo 47.- Los Asignatarios y Contratistas estarán obligados a:

I a XII…

XIII.- Cumplir en su totalidad con el pago de los derechos por el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios a los propietarios o titulares de dichos terrenos, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales, según sea el tipo de contrato y actividad a desarrollar de acuerdo al artículo 101 de esta Ley.

Las infracciones a este Título y a sus disposiciones reglamentarias serán sancionadas conforme a lo previsto en el artículo 85 de esta Ley.
Artículo 101.- La negociación y acuerdo a que se refiere el artículo anterior deberá realizarse de manera transparente y sujetarse a las siguientes bases y a lo señalado en el Reglamento:

I a VI…

VII.- Los pagos de las contraprestaciones que se pacten en efectivo deberán cubrirse antes de iniciar los trabajos del el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos, y, en su caso, mediante cualquiera de las siguientes modalidades:

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de noviembre de 2015.

1 Martínez, Fabiola, Castillo Gustavo, “Aún no pagan a ejidatarios tierras del actual aeropuerto”, Periódico La Jornada, 4-08-2002, [consultado:17-11-2015], disponible en internet: http://www.jornada.unam.mx/2002/08/04/006n1pol.php?origen=index.html

2 Véase “Ejidatarios piden pago por tierras donde opera aeropuerto de Mérida”, Periódico Excélsior, 09-07-2014, [consultado: 17-11-2015], disponible en internet: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/07/09/969945

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Monreal Ávila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Reforma Agraria.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a jóvenes de nivel bachillerato del     Centro Educativo Cruz Azul, Campus Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses.

A los estudiantes del Instituto Tomás Jefferson de la ciudad de Querétaro, invitados por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.

A los alumnos de la Universidad Iberoamericana, Campus ciudad de México, invitados por esta Presidencia.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva cuatro dictámenes de la Comisión de Marina, por el que se ratifican 98 grados navales.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que los dictámenes se incorporen a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integren a los asuntos de hoy los dictámenes referidos por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Los dictámenes están a su disposición en el monitor de sus escaños para su conocimiento.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes.





 

RATIFICACIÓN DE GRADOS NAVALES

(Dictámenes a discusión)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a los dictámenes.



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión. Al no haber oradores, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los cuatro dictámenes de la Comisión de Marina.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 80 votos a favor, cero en contra y 2 abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, se declaran aprobados los cuatro dictámenes que ratifican grados navales. Comuníquense.

Recibimos también doce dictámenes de la Comisión de Defensa Nacional, que ratifican 172 grados militares.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que los dictámenes se incorporen a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren los dictámenes referidos por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Los dictámenes están a su disposición en el monitor de sus escaños para su conocimiento.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES

(Dictámenes a discusión)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a los dictámenes.



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, están a discusión.

Ruego a las personas que están desplegando esta manta, se retiren del salón de sesiones, no son legisladores y no tienen ninguna legitimación para estar en este Pleno.

Por favor, retírense.

Les pedimos a las personas de seguridad. Se van a retirar de manera voluntaria.

Muchas gracias.

Se concede el uso de la palabra al Senador Francisco García Cabeza de Vaca, para presentar los dictámenes a nombre de la comisión dictaminadora.

El Senador Francisco García Cabeza de Vaca: Con su venia, señor Presidente.

Me honra hacer uso de la palabra frente a esta tribuna para presentar, a nombre de la Comisión de Defensa Nacional, un total de 12 dictámenes de ratificación de grados militares del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, conferidos por el Ejecutivo Federal, que corresponden a los siguientes ascensos:

5 propuestas de ascenso al grado de General de División.

1 propuesta de ascenso al grado de General de División Piloto Aviador.

19 propuestas de ascenso al grado de General de Brigada de Arma.

3 propuestas para ocupar el grado de General de Ala Piloto Aviador.

3 propuestas de ascenso al grado de General de Brigada de Servicio.

23 propuestas de ascenso al grado de General Brigadier de Arma.

8 propuestas de ascenso al grado de General de Grupo Piloto Aviador.

7 propuestas de ascenso al grado de General Brigadier de Servicio.

56 propuestas de ascenso al grado de Coronel de Arma.

8 propuestas de ascenso al grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador.

32 propuestas de ascenso al grado de Coronel de Servicio.

Y 4 propuestas de ascenso al grado de Coronel de Servicio.

Es importante señalar que la decisión de ratificación que ha tomado la Comisión de Defensa Nacional, ha sido resultado tanto de haber valorado el desempeño de los elementos militares, como del reconocimiento a quienes les han conferido los ascensos respectivos de sus servicios brindados a la nación.

En este sentido, tenemos la confianza de que los militares que estamos por ratificar en su grado, en esta honorable tribuna, habrán de mantener su espíritu de servicio, así como su lealtad y honorabilidad al servicio de la Patria, para que con sus actos contribuyan a que la sociedad mexicana sea una sociedad pacífica y de desarrollo económico armónico.

En este orden de ideas, debemos reconocer que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos es una institución a la que la sociedad ha depositado su confianza para mantener el orden jurídico establecido en la Constitución y en las leyes y normas que de ella emanan.

En ese tenor, debemos reconocer a nuestra nación como un país constituido en una República representativa, democrática, laica y federal, en la que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión.

Como toda soberanía, encaminan sus esfuerzos, energías y recursos disponibles en lograr un desarrollo equilibrado y satisfactorio para todos sus habitantes a través de la prevalencia de la libertad, la paz social y el desarrollo sostenido y equilibrado de las actividades económicas, cuyo fin último es que los ciudadanos mexicanos logren su desarrollo pleno dentro de la sociedad; y en todo lo anteriormente mencionado, contribuyen el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Por lo anterior expuesto, es que solicito a esta Honorable Asamblea voten a favor de los 12 dictámenes, para que con ello contribuyan en la forma positiva, en la formación y permanencia del Ejercito y Fuerza Aérea Mexicanos, para que estos continúen desempeñando con el honor y la vocación de servicio que el país requiere, en aras de hacer prevalecer el Estado de derecho en nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento de Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los doce dictámenes de la Comisión de Defensa Nacional.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 79 votos a favor, cero en contra y 4 abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, se declaran aprobados los 12 dictámenes que ratifican grados militares. Comuníquense.





 

Tiene la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, para presentar a nombre propio y de las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y Juana Leticia Herrera Ale, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 39 de la Ley General de Educación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 39 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, a nombre propio y de las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela    Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y Juana Leticia Herrera Ale, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Antes de iniciar mi participación, quiero felicitar a los hombres de esta Cámara de Senadores, hoy es el Día Mundial del Hombre, y sobre todo, yo felicito a los hombres que tienen claridad en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Muchas felicidades.

El día de hoy presento una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 39 de la Ley General de Educación.

Y esta iniciativa, que pido yo al señor Presidente, quede insertada en el Diario de los Debates tal como la hemos presentado, trae un cuadro comparativo de la legislación actual y la propuesta que estamos haciendo y tiene que ver con la cultura digital de niñas, niños y adolescentes.

Esta generación de niñas, niños y adolescentes nacieron siendo nativos digitales, nacieron en una época donde el Internet forma parte de su vida; y hace unos días yo escuchaba un anuncio que decía: “¿No le entiendes a tu máquina? ¿No sabes de Internet? ¿No sabes de redes? Pregúntale a tu nieto y él te va a enseñar”. Ésa es la realidad que vivimos en este país, en México, en el mundo, acerca de la digitalización en el mundo; y la propuesta que estamos haciendo es que quede inserta en la Ley General de Educación, como parte de esta propuesta que ha hecho el Presidente Enrique Peña Nieto y que el Congreso de la Unión ha votado.

La educación es gratuita, laica, universal, pero también de calidad; y cuando hablamos de una educación de calidad, estamos hablando también de esta etapa de la inserción de nuestras niñas, niños y adolescentes a esta era digital, una era digital que tiene que ver con su formación, pero una formación positiva.

No estamos hablando en este momento de restricciones, estamos hablando de la posibilidad de que todas nuestras niñas, niños y adolescentes, que aproximadamente son 40 millones en este país, tengan acceso a la cultura digital.

Hoy hay dos tipos de analfabetas, el que no sabe leer y escribir y el que también no ha entrado a la era digital. Y lo que nosotros queremos es que esta población de niñez entre a esta cultura digital.

La propuesta es muy clara, es adicionar un párrafo más al artículo 39 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:
“La Secretaría de Educación Pública deberá diseñar y proveer contenido que brinde habilidades y competencias para la vida como la educación en cultura digital como parte de los contenidos particulares obligatorios en todos los niveles de educación básica, media superior, especial y para adultos”.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

Las que suscriben, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS Y JUANA LETICIA HERRERA ALE, Senadoras de la República, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el párrafo tercero del artículo 39 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México las niñas, niños y adolescentes son nativos digitales, ya que interactúan con el internet y las tecnologías de la información desde temprana edad, por ello es importante que desarrollen competencias y herramientas en cultura digital, planteando programas y políticas de educación pública para que adquieran habilidades en este tema.

Al respecto la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (UNESCO)1 considera que existe una relación directa entre el acceso a la tecnología y la utilización de la banda ancha posibilitando el desarrollo a una temprana edad para generar accesos a la educación, a la paz y a los beneficios sociales que dan las tecnologías de la información, estos accesos se convierten en una obligación del Estado.

El artículo tercero Constitucional, establece que el Estado impartirá educación básica (preescolar, primaria y secundaria), garantizando la calidad de esta.

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, tiene como meta nacional un “México con Educación de Calidad”, con la finalidad de plantear estrategias y líneas de acción para promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desarrollando una política nacional de informática educativa que permita que las y los estudiantes desarrollen sus capacidades para “aprender a aprender” utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, proporcionando equipos de cómputo adecuados y garantizando la conectividad en los planteles escolares.

Las niñas, niños y adolescentes, realizan cotidianamente actividades utilizando internet, teléfonos móviles, tabletas y computadoras, tanto para actividades en su espacio privado como público, utilizando masivamente nuevas formas de comunicación.

Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo establece como una de sus estrategias transversales la de “Gobierno Cercano y Moderno”, contemplando como líneas de acción una Estrategia Digital Nacional, que fomente el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación.

La Estrategia Digital Nacional es coordinada por la presidencia de la República, misma que tiene como objetivo que las y los mexicanos tengan acceso al Internet y la Banda Ancha, haciendo una inclusión digital para que estén mejor informados.

Uno de los objetivos de la Estrategia es la Educación de Calidad, que contempla  la integración y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo para insertar al país en la Sociedad de la Información y el Conocimiento, incrementando el  rendimiento y la oferta educativa, dotando de habilidades digitales a profesores y alumnos, promoviendo la creación y difusión de cultura.

México con Educación de Calidad2

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, la educación es considerada un factor determinante en el desarrollo integral de las personas y de la población.

La formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel están ligados al avance de la digitalización y la adopción y uso de las tecnologías de la información y la comunicación; para tal fin es necesario desarrollar un ecosistema científico-tecnológico vinculado a instituciones educativas, centros de investigación y sectores público y privado en torno al desarrollo de una infraestructura científica y tecnológica.

En este sentido, los objetivos que la Estrategia plantea contribuyen de manera directa al mejoramiento de la educación, toda vez que la adopción de las TIC permite:

I. Reducir la probabilidad de deserción escolar al proveer un apoyo más intenso al alumnado en riesgo.

II. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población.

III. Posibilitar el acceso universal a la cultura.

IV. Promover la educación a distancia habilitada por tecnologías digitales.

Asimismo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) en su Programa Sectorial de Educación 2013-2018, realiza esfuerzos para llevar el internet y banda ancha a todas las escuelas del país.

Los cambios en el sistema educativo deberán fortalecer la capacidad analítica de niñas, niños y jóvenes, a través de la ciencia y la tecnología moderna, para darles capacidades y herramientas en materias de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), el Estado Mexicano deberá fortalecer estas capacidades para impulsar a las alumnas y alumnos de las Entidades Federativas.

Las metas del programa de Inclusión y Alfabetización Digital, son erradicar las brechas de inequidad mediante las tecnologías de la información y la comunicación, dotando de herramientas a niñas y niños de quinto y sexto año de escuela primaria.

OBJETIVO

META

ACCIÓN

Objetivo 3. Asegurar mayor
cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la

construcción de una sociedad
más justa

3.7. Intensificar y diversificar los programas para la educación de las personas adultas y la disminución del rezago educativo

3.7.9 Desarrollar el uso de las tecnologías para favorecer el acceso a la educación de las personas adultas y la adquisición de competencias digitales

Objetivo 5. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral

5.4. Reforzar los canales de generación y acceso a bienes y servicios culturales para la población estudiantil

5.4.2 Fomentar la producción de libros mediante coediciones y tecnologías digitales

 

5.5. Fortalecer el acceso de la población estudiantil y docente a la cultura, con el uso de las tecnologías digitales

5.5.3 Crear plataformas y servicios digitales que favorezcan una oferta amplia de contenidos culturales, especialmente para niñas, niños y jóvenes.

Asimismo, en materia de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública, en su Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 estableció en su objetivo 4 lo siguiente:

OBJETIVO

ESTRATEGIA

ACCIÓN

Objetivo 4.- Desarrollar en las instituciones de seguridad pública esquemas de proximidad y cercanía con la sociedad.

Estrategia 4.2 Fomentar el uso de "Inteligencia Social", como complemento de la inteligencia policial, para identificar factores de riesgo para la seguridad

4.2.9 Impulsar la cultura de seguridad cibernética, especialmente entre niños y jóvenes, para prevenir que sean víctimas de delitos por internet.

A mayor abundamiento, podemos observar que además de alfabetizar a las niñas, niños y adolescentes en nuestro país, se debe implementar la cultura de seguridad cibernética a fin de que sean protegidos contra delitos que como medios comisivos sean internet o tecnologías de la comunicación.

Por otra parte, en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 20153 en su objetivo 4, señala la obligación de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje, presentando las siguientes cifras:

• La matrícula en la educación primaria en los países en desarrollo ha alcanzado el 90%, pero 58 millones de niños siguen sin escolarizar.

• Se calcula que el 50% de las niñas y niños en edad de asistir a la escuela primaria que no asisten a la escuela viven en zonas afectadas por los conflictos.

• En el mundo, 781 millones de adultos y 126 millones de jóvenes no tienen un nivel mínimo de alfabetización, y más del 60% son mujeres.

Aunado a lo anterior, para el 2020, se pretende aumentar a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, para que sus estudiantes puedan matricularse en programas de estudios superiores, incluidos programas de formación profesional, programas técnicos, científicos, ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, en países desarrollados y otros países en desarrollo.

Por todo lo anterior, consideramos que la cultura digital puede proporcionar a las niñas, niños y adolescentes herramientas y fortalezas necesarias para interactuar con las nuevas tecnologías de la información y comunicación, en un mundo globalizado, al educar y planear, desarrollar actividades enfocando políticas públicas que promuevan la cultura digital.

Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto a consideración de ésta H. Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se adiciona el párrafo tercero al artículo 39 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 39.-  (…)

(…)

La Secretaria de Educación Pública deberá diseñar y proveer contenido que brinde habilidades y competencias para la vida como la educación en cultura digital como parte de los contenidos particulares obligatorios en todos los niveles de educación básica, medio superior, especial y para adultos.

Artículo Transitorio

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de noviembre de 2015.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. Anabel Acosta Islas.

1Consultado en: http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/democracy/sv8/news/harnessing_broadband_for_sustainable_and_inclusive_development/#.Vjz8xrcrKM8.

2 Consultado en http://cdn.mexicodigital.gob.mx/EstrategiaDigital.pdf

3 Consultado en http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/

CUADRO COMPARATIVO

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE ADICIÓN

Artículo 39.- En el sistema educativo nacional queda comprendida la educación inicial, la educación especial y la educación para adultos.

De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, también podrá impartirse educación con programas o contenidos particulares para atender dichas necesidades.

Artículo 39.-  (…)

(…)

La Secretaria de Educación Pública deberá diseñar y proveer contenido que brinde habilidades y competencias para la vida como la educación en cultura digital como parte de los contenidos particulares obligatorios en todos los niveles de educación básica, medio superior, especial y para adultos.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Gastélum Bajo. Como usted lo pide, se inserta íntegramente su iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 9-D al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 9-D AL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

(Presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, señor Presidente.

La iniciativa que estoy presentando el día de hoy tiene que ver con “Evalúa Distrito Federal”, estamos buscando poderle dar a “Evalúa DF”, autonomía para convertirlo o acercarlo lo más posible a lo que sería el CONEVAL a nivel federal.

El objetivo de esta iniciativa es poder, de entrada, fortalecer la evaluación de la política social en el Distrito Federal.

Llevamos ya más de 10 años con diferentes programas sociales como el de “Madres Solteras”, “Adultos Mayores”, “El Seguro de Desempleo”, “Prepa sí”, programas concretamente para personas con discapacidad, qué bueno que existan todos estos programas sociales, incluso se le denominó, en su momento, la “Red Ángel”, en donde incluía todos los programas sociales de la ciudad de México.

La gente contaba con una tarjeta, pero lo que sí es muy desafortunado es que la pobreza no ha disminuido en el Distrito Federal.

La política social tiene que ir de la mano con, o pensada, en disminuir la pobreza. No es el caso en la ciudad de México, tal y como ocurre a nivel nacional, que tenemos muchos programas sociales y que vemos que el número de pobres va en aumento.

Algo similar nos ocurre en el Distrito Federal. Sigue habiendo un número de pobres importante en delegaciones como Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, y podría aquí enumerar, prácticamente toda la ciudad de México, en donde siempre encontramos que la pobreza, a pesar de contar con todos estos programas sociales, no ha hecho a la gente cambiar de forma de vida.

Quiero compartirles que del presupuesto de la ciudad de México, estamos hablando de 10 a 20 mil millones de pesos del presupuesto en la ciudad con respecto a la política social, que no están dando resultados.

Por lo tanto, queremos que sean evaluados con seriedad para ver qué programas sí están funcionando, y si no, hacer todo lo necesario para mejorarlos en el Distrito Federal.

El reto de los Senadores de Acción Nacional es que en la ciudad de México podamos reducir los índices de pobreza.

No podemos seguir permitiendo que siga habiendo el mismo número de pobres que hace 10 años o 15 años, incluso muchos más pobres.

Espero que puedan ustedes, compañeros, sumarse a esta iniciativa de ley en donde solamente queremos darle autonomía a “Evalúa Distrito Federal”.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

Iniciativa

La suscrita, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 9-D AL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, en virtud de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (el “EvalúaDF”) fue creado mediante Decreto del Jefe de Gobierno del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 de septiembre de 2007, como un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, con autonomía técnica y de gestión, que se encarga de la evaluación externa de la política y programas sociales en el Distrito Federal.

Dicho Consejo se creó con el propósito de mejorar el proceso de institucionalización de la política social del Gobierno del Distrito Federal, mediante la evaluación de su diseño y la implementación de los programas sociales.

Lamentablemente, el pobre diseño normativo del EvalúaDF lo sujeta no sólo a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, sino también a las disposiciones de la Secretaría de Finanzas y de la Oficialía Mayor del gobierno capitalino. Basta decir que el mismo Jefe de Gobierno es quien preside la Junta de Gobierno.

Esta subordinación anula en la práctica la autonomía de gestión que por ley tiene, y que es necesaria para el cumplimiento del propósito para el que fue creado (evaluar la política social del Gobierno del Distrito Federal y los programas sociales, tomando en cuenta los alcances, operación, factibilidad, resultados y la trascendencia de los programas entre la población a la cual van dirigidos), ya que carece de fuerza institucional, legal y política para hacer cumplir sus recomendaciones y los resultados de sus evaluaciones son meras palabras que quedan en papel, pero que las autoridades del Gobierno del Distrito Federal no están obligadas a cumplir.

Justamente por lo anterior, hoy el EvalúaDF está a disposición de la Secretaría de Desarrollo Social y parece que justifica la política social del Gobierno del Distrito Federal, en lugar de evaluarla.

Ahora bien, el 10 de febrero de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma Constitucional por la que se dotó de autonomía al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (el “CONEVAL”), en los siguientes términos:

“Artículo 26.-

A. y B. …

C. El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estará integrado por un Presidente y seis Consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como en los ámbitos académico y profesional; tener experiencia mínima de diez años en materia de desarrollo social, y no pertenecer a algún partido político o haber sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular. Serán nombrados, bajo el procedimiento que determine la ley, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles y, si no lo hiciere, ocupará el cargo de consejero la persona nombrada por la Cámara de Diputados. Cada cuatro años serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.

El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.”

Por ello, la presente iniciativa plantea adecuar el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal al esquema previsto para el CONEVAL a nivel nacional.

Así, es indispensable dotar de autonomía al EvalúaDF a efecto de que sea un verdadero evaluador y no un subordinado del Gobierno del Distrito Federal, y así se garantice la transparencia y rendición de cuentas por parte del Gobierno del Distrito Federal en la implementación de los programas sociales.

Con la autonomía que prevé otorgarle la presente iniciativa, se evitará que las evaluaciones hechas por el EvalúaDF estén fuera del control por parte del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y así, mediante los resultados de evaluaciones objetivas e independientes, se puedan generar mejores políticas públicas y programas sociales, que sean coherentes y responsables ante el problema de pobreza y la crisis de delincuencia que aqueja al Distrito Federal.

Por todo lo anterior, la presente iniciativa prevé dotar de autonomía al EvalúaDF en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y así cuente con la independencia suficiente para cumplir con sus objetivos, convirtiéndose en una institución digna de credibilidad y rigor técnico, que contribuya a la mejora de la política de desarrollo social en el Distrito Federal.

En tal virtud, se propone, además de dotar de autonomía al EvalúaDF, dotar a dicho Consejo de facultades para la evaluación de la política de desarrollo social, tanto del Gobierno del Distrito Federal como de los programas sociales de las Delegaciones del Distrito Federal, mediante la revisión periódica del cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de los programas de desarrollo social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.

Además, la presente iniciativa prevé que dicho Consejo esté integrado por siete consejeros, que deberán ser ciudadanos mexicanos con reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como en los ámbitos académico, profesional, científico y cultural, con experiencia mínima de diez años en el ámbito del desarrollo social y que no pertenezcan a algún partido político o hayan sido candidatos a ocupar un cargo de público de elección popular.

Los consejeros durarán en su cargo siete años, serán renovados de manera escalonada, sustituyendo cada dos años a los dos consejeros con mayor antigüedad en el cargo, y no podrán reelegirse. No podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y serán sujetos de juicio político.

El presidente del Consejo será designado por los propios consejeros, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual y estará obligado a rendir un informe anual ante la Asamblea Legislativa, en la fecha y en los términos que disponga la ley.

Finalmente, a efecto de que las evaluaciones de los programas sociales tengan sentido en la práctica, debe preverse que la falta de atención de las recomendaciones del EvalúaDF será causa de responsabilidad administrativa para los servidores públicos responsables.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 9-D al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en los siguientes términos:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona el artículo 9-D al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en los términos siguientes:

Artículo 9-D.- El Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Distrito Federal es el órgano autónomo, técnico, imparcial y colegiado, responsable de la evaluación periódica de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social del Gobierno del Distrito Federal y de las Delegaciones, así como de emitir recomendaciones para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente. Dicho Consejo tendrá plena autonomía técnica, de gestión, y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna.

El Consejo se integrará por siete consejeros, que deberán ser ciudadanos mexicanos con reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como en los ámbitos académico, profesional, científico y cultural, con experiencia mínima de diez años en el ámbito del desarrollo social y que no pertenezcan a algún partido político o hayan sido candidatos a ocupar un cargo de público de elección popular.

Los consejeros serán designados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en sesión del pleno de la Asamblea Legislativa, durarán en su cargo siete años, serán renovados de manera escalonada y no podrán reelegirse. Los consejeros no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y serán sujetos de juicio político.

El presidente del Consejo será designado por los propios consejeros, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual y estará obligado a rendir un informe anual ante la Asamblea Legislativa, en la fecha y en los términos que disponga la ley.

La falta de implementación de las recomendaciones del Consejo, derivadas de la evaluación de programas sociales, será causa de responsabilidad administrativa para los servidores públicos responsables. Para lo anterior, el Consejo promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Distrito Federal o ante las autoridades competentes.”

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.

SEGUNDO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y, para su mayor difusión, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

TERCERO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberá realizar las adecuaciones necesarias a las leyes existentes, para la implementación de la reforma prevista en el presente Decreto, dentro de los ciento ochenta días siguientes a su entrada en vigor.

CUARTO.- El Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Distrito Federal:

a) Aprobará su proyecto de presupuesto, con sujeción a los criterios generales de política económica y los techos de gasto establecidos por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal;

b) Ejercerá directamente su presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa, sin sujetarse a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal;

c) Autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la autorización de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, siempre y cuando no rebase su techo global aprobado por la Asamblea Legislativa;

d) Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal; y

e) Realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus informes, a través de su propia tesorería, en los términos de las leyes aplicables.

QUINTO.-El Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social deberá integrarse dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. Para tal efecto, la Asamblea Legislativa deberá elegir un consejero para un periodo de dos años, dos para un periodo de cuatro años, dos por un periodo de seis años y dos para un periodo de siete años.

Los integrantes ciudadanos del Comité de Evaluación y Recomendaciones del organismo descentralizado referido en el párrafo anterior, que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto, podrán ser considerados para integrar el nuevo órgano autónomo que se crea.

Durante el plazo previsto para la integración del órgano autónomo, continuará en funciones el organismo descentralizado denominado Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal.

SEXTO.- Los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales con que cuenta el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, incluyendo todos sus bienes y los derechos derivados de los fondos o fideicomisos vigentes, pasarán a formar parte del Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Distrito Federal en los términos que determine la ley.

SÉPTIMO.- Los trabajadores de base que se encuentren prestando sus servicios en el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, a la entrada en vigor del presente Decreto, seguirán conservando su misma calidad y derechos laborales que les corresponden en el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Distrito Federal, en los términos que la ley determine.”

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de noviembre de 2015.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza. Túrnese a las Comisiones Unidas del Distrito Federal; y de Estudios Legislativos.





 

Se concede el uso de la tribuna al Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL  CONSUMIDOR

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Como todos sabemos, el pasado fin de semana se puso en marcha nuevamente en nuestro país el ejercicio denominado “Buen Fin”.

En el que todos y cada uno de los establecimientos comerciales, que así lo definieron, llevaron a cabo un programa de oferta económica, bajando o promocionando descuentos de los productos que cotidianamente comercializan, a fin de que la ciudadanía pudiese, efectivamente, obtener beneficios al adquirirlos.

Cabe señalar algo que también todos sabemos, que este programa ha contado con la supervisión de la Secretaría de Economía del gobierno federal, y de manera particular también de la Procuraduría Federal del Consumidor, y lo comento porque lamentablemente, a pesar de que es una intención para detonar económicamente varios sectores de la economía nacional, lamentablemente fue ampliamente documentado por distintos medios de comunicación que este ejercicio, que también todos sabemos imita la venta norteamericana denomina “Black Friday” estuvo tristemente, en muchos casos, llena de publicidad engañosa, que lejos de parecer oferta y descuento, los clientes o los consumidores, así nos los plantearon muchos, fueron decepcionados ante supuestos descuentos que aparentemente se ofrecían. Es decir, los centros comerciales, los supermercados que implementaron esta estrategia, se mostró en esta información, que reitero, difundieron algunos medios de comunicación, presentaban una mercancía cuyo valor no era el que aparentemente implicaba la estrategia de que hubiese beneficios reales hacia la baja.

Fueron, insisto, muchísimos ciudadanos que creyeron que iban a adquirir un bien o un servicio y que esto les implicaría ahorros considerables, pero no, desafortunadamente en los hechos hubo peticiones, exigencias de ciudadanos para clausurar negocios por no respetar los precios exhibidos, porque no se estaban entregando las notas respectivas, porque no se mostraban en su momento justo los precios a la vista del consumidor, porque no se respetaban las promociones anunciadas, porque se aplicaban restricciones o condicionamientos a los clientes, en fin, fueron en parte las denuncias que debió atender la PROFECO durante el largo fin de semana pasado.

Y es en ese sentido, compañeras y compañeros, que vengo a presentar esta iniciativa que tiene como finalidad que los proveedores de los bienes y servicios, al momento de iniciar esta oferta de descuentos, como lo vimos en el pasado fin de  semana con el “Buen Fin”, notifiquen previamente a la autoridad, es decir, a la Procuraduría Federal del Consumidor, el valor monetario real pero 20 días antes del inicio de este tipo de promociones, que insisto, lo que buscan es detonar también económicamente varios sectores de la economía, y planteamos esto con el propósito de acabar con las prácticas engañosas, simuladas y fraudulentas de que han sido objeto muchos ciudadanos.

Es por lo que he expuesto que estoy poniendo a consideración de esta Soberanía reformar el artículo 49 de la Ley Federal del Consumidor, concretamente con este texto:

“Quede prohibido simular una oferta o promoción a través de la reducción del valor de un bien o servicio, manifestando un costo superior al que comúnmente se ofrece. Los proveedores, que tengan como propósito iniciar dicha campaña de promoción de sus bienes o servicios estarán obligados a notificar el valor monetario real a la procuraduría, me refiero a la Procuraduría 20 días antes de su inicio”.

Es la propuesta que hago a este Pleno.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

El que suscribe, Benjamín Robles Montoya, Senador integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para sancionar las simulaciones en las ofertas de bienes y servicios, al tenor de las siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para Francesco Messineo “Simular” representa mentir o que se oculte en todo o en parte una verdad, o que se haga parecer como verdadera una mentira, o porque se hace aparecer a los ojos de los terceros una verdad diversa que la afectiva.

Señalo lo anterior, toda vez que este pasado fin de semana la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, la Procuraduría Federal del Consumidor en convenio con todos y cada uno de los comercios y establecimientos comerciales llevaron a cabo el programa de oferta económica nacional denominada “El buen fin” mismo que durante 4 días correspondientes al descanso laboral del día de la Revolución Mexicana bajaron los valores económicos de los productos que se comercializan a fin de que la ciudadanía obtenga beneficios al adquirirlos.

Fue ampliamente documentado por los medios de comunicación que en este ejercicio que imita la venta norteamericana “Black Friday” estuvo llena de publicidad engañosa que lejos de parecer oferta los clientes fueron decepcionados ante el supuestos descuentos que se ofrecía; es decir, en los centros comerciales o supermercados el valor de una mercancía que se encontraba en descuento semanas anterior se encontraba a un precio inferior al que aseguran los empresarios que representa su valor real que rebajan.

Fueron miles de incautos en este evento económico que creyeron que adquirir un bien o servicio se ahorrarían una cantidad considerable.

En ese sentido, es que presento la siguiente iniciativa que tiene como finalidad que los proveedores de bienes o servicios al momento de iniciar una oferta de descuentos como en el pasado “Buen Fin” notifiquen a las autoridades como la Procuraduría Federal del Consumidor el valor monetario real al menos veinte días antes de su inicio, con el fin de acabar con las prácticas engañosas, simuladas y fraudulentas.
Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Soberanía la siguiente:

ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue:

ARTÍCULO 49.- No se podrán realizar promociones en las que se anuncie un valor monetario para el bien, producto o servicio ofrecido, notoriamente superior al normalmente disponible en el mercado.

Queda prohibido disimular una oferta o promoción a través de la reducción del valor de un bien o servicio, manifestando un costo superior al que comúnmente se ofrece. Los proveedores que tengan como propósito iniciar dicha campaña de promoción a sus bienes o servicios estarán obligados a notificar el valor monetario real a la Procuraduría veinte días antes de su inicio. 

TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 19 de noviembre de 2015.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Robles Montoya. Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.

Aprovechamos para dar un saludo a Leticia Altamirano, hija del ex gobernador electo de Veracruz y ex Senador de la República, Manlio Fabio Altamirano, de parte del Senador Héctor Yunes Landa,

¡Bienvenida, Leticia Altamirano!

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política en relación a la elección de los Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales locales en materia electoral en los estados de Baja California, Tamaulipas y Zacatecas.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta se incorpore el asunto referido por la Presidencia a la agenda del día de hoy. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aceptar su incorporación, señor Presidente.





 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El Acuerdo está disponible en sus escaños.

JUNTA DE COORDINACION POLITICA



Solicito a la Secretaría dé lectura a los resolutivos Primero, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo del Acuerdo.

Dichos resolutivos serán puestos a consideración de la Asamblea, en votación económica.

Los resolutivos relativos al Segundo, Tercero y Cuarto, serán resueltos por esta Asamblea a través de votación por cédula.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Procedo a dar lectura a los resolutivos.

Primero. La Junta de Coordinación Política propondrá, por medio de la Mesa Directiva, al Pleno del Senado, la designación de Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Electorales de las entidades federativas, conforme a los siguientes requisitos:

1.- La propuesta de integrantes se referirá a cada uno de los siguientes estados: Baja California, Tamaulipas y Zacatecas.

2.- La propuesta contendrá la vigencia del cargo correspondiente para cada uno de los integrantes, de forma que se asegure el relevo escalonado que establece el párrafo segundo del artículo 106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos  Electorales.

3.- De conformidad con las disposiciones constitucionales de las entidades de Baja California, Tamaulipas y Zacatecas; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Junta de Coordinación Política propondrá los integrantes que corresponda a cada entidad, según sus disposiciones constitucionales y legales, de la siguiente manera:

1. Baja California, 3 magistrados.

2. Tamaulipas, 5 magistrados.

3. Zacatecas, 5 magistrados.

Quinto. La elección de los magistrados se realizará en una sola votación por cédula para las tres entidades federativas, a efecto de integrar los correspondientes órganos jurisdiccionales de cada una de ellas.

Sexto. En caso de que alguno o algunos de los candidatos no reúnan la mayoría constitucional de dos tercios de los votos a favor de los miembros presentes, como lo exige en artículo 116, fracción IV, apartado quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política presentará inmediatamente la nueva propuesta de candidatos, según se requiera.

Séptimo. La protesta de quienes resulten designados será ante el Pleno de la Cámara de Senadores. El acto de protesta será conjunto, en un solo acto, para todos los  designados.

Octavo. El nombramiento de quienes resulten electos para integrar los órganos electorales jurisdiccionales en las entidades federativas se comunicará al Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas; a los congresos de las entidades federativas; al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a los presidentes de los organismos locales en materia electoral de las entidades federativas, correspondientes a los magistrados que eligen en cumplimiento del presente Acuerdo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión la parte que acaba de leer la Secretaría. Al no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los resolutivos Primero, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo del Acuerdo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los resolutivos Primero, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo del Acuerdo. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si se aprueban los resolutivos Primero, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo del Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobados los resolutivos referidos.

A fin de resolver la propuesta contenida en los resolutivos Segundo, Tercero y Cuarto del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, procederemos a la elección por cédula de los magistrados como lo dispone la fracción III del artículo 97 del Reglamento del Senado y siguiendo el procedimiento a que se refiere el artículo 101 del propio Reglamento.

El personal de apoyo les entregará las cédulas de votación para que pasen a depositarla a la urna colocada debajo de este presídium.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se solicita a las Senadoras y Senadores pasen a depositar su voto al momento de escuchar su nombre.

(Por orden de lista pasan a depositar su voto)

(Votación y escrutinio)

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señor Presidente, se va a dar cuenta con el escrutinio de la votación.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Damos la bienvenida a los colaboradores del portal de noticias “La Silla Rota!, y aprovechamos la ocasión para felicitar a este portal por su quinto aniversario.

A don Roberto Rock, Director General; Andrea Merlos, Directora de Noticias; Karla   Ávila, Coordinadora de Noticias; David Casas; Arnoldo García; Javier Cabrera; Rodrigo Barranco; Daniel Osorio; Vivian Estrella; Gabriela Rasgado, Marlen Baldero, Irined Gómez, José Guadarrama, Francisco Nieto, Amilcar Salazar y Roberto Rock Lechón.

Sean bienvenidos al Senado de la República.

¡Muchas felicidades!

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, se emitieron un total de 92 votos, de los cuales 88 fueron a favor, 1 en contra, exclusivamente de los señores magistrados del estado de Zacatecas; una abstención y un voto nulo.

Se emitieron un total de 88 votos a favor de la planilla conformada de la siguiente manera:

Magistrados del Órgano Jurisdiccional en materia electoral de Baja California.

Martín Ríos Garay, por 3 años.

Leobardo Loaiza Cervantes, por 5 años.

Elva Regina Jiménez Castillo, por 7 años.

Magistrados en materia electoral del estado de Tamaulipas.

Emilia Vela González, por 3 años.

Luis Alberto Saleh Perales, por 3 años.

Edy Izaguirre Treviño, por 5 años.

María Concepción Reyes Reyes, por 5 años.

Marcia Laura Garza Robles, por 7 años.

Magistrados en materia electoral del estado de Zacatecas.

Hilda Lorena Anaya Álvarez, por 3 años.

Juan de Jesús Alvarado Sánchez, por 3 años.

José Antonio Rincón González, por 5 años.

Norma Angélica Contreras Magadán, por 5 años.

Esaúl Castro Hernández, por 7 años.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, se reúne la mayoría aprobatoria de las dos terceras partes de los presentes que exige el artículo 116 constitucional por el que se declara que han sido electos como Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales en Materia Electoral en los estados de Baja California, Tamaulipas y Zacatecas los ciudadanos que han sido leídos por la Secretaría. Comuníquese.

En el salón anexo se encuentran los ciudadanos que han sido electos como Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales en materia electoral de los estados de Baja California, Tamaulipas y Zacatecas, por lo que se designa en comisión a las y los señores Senadores Joel Ayala Almeida, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Dolores Padierna Luna, Jorge Aréchiga Ávila, David Monreal Ávila, Manuel Cavazos Lerma, Ivonne Liliana Álvarez García y Francisco García Cabeza de Vaca, para que introduzcan a este recinto a las Magistradas y los Magistrados electos y los acompañen en el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se solicita a las señoras y señores Senadores sean tan amables de ponerse de pie.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ciudadanas y ciudadanos Martín Ríos Garay, Leobardo Loaiza Cervantes, Elba Regina Jiménez Castillo, correspondientes al estado de Baja California; Emilia Vela González, Luis Alberto Saleh Perales, Edy Izaguirre Treviño, María Concepción Reyes Reyes, Marcia Laura Garza Robles, correspondientes al estado de Tamaulipas; Hilda Lorena Anaya Álvarez, Juan de Jesús Alvarado Sánchez, José Antonio Rincón González, Norma Angélica Contreras Magadán, Esaúl Castro Hernández, correspondientes al estado de Zacatecas:

¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido de Magistrados Electorales Locales en los estados de Baja California, Tamaulipas y Zacatecas, por el periodo de vigencia de 3, 5 y 7 años, respectivamente, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

Los Ciudadanos Martín Ríos Garay, Leobardo Loaiza Cervantes, Elva Regina Jiménez Castillo, Emilia Vela González, Luis Alberto Saleh Perales, Edy Izaguirre Treviño, María Concepción Reyes Reyes, Marcia Laura Garza Robles, Hilda Lorena Anaya Álvarez, Juan de Jesús Alvarado Sánchez, José Antonio Rincón González, Norma Angélica Contreras Magadán y Esaúl Castro Hernández: ¡”Sí, protesto!”

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande.

¡Felicidades, señoras y señores Magistrados!

A nombre del Senado de la República, les deseamos éxito en su encargo.

Solicito a la comisión designada acompañe a las y los señores Magistrados hasta las puertas de este recinto, cuando deseen retirarse.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregan propuestas de modificación sobre este dictamen, mismas que someteremos a su consideración.



El texto correspondiente está a su disposición en el monitor de sus escaños, si la Asamblea las acepta, la discusión del articulado será con las modificaciones incorporadas.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integren al texto del dictamen las modificaciones que han hecho llegar las comisiones dictaminadoras.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que las modificaciones se integren al dictamen para su discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones que fueron autorizadas por esta Asamblea.

Se concede el uso de la palabra al Senador Pablo Escudero Morales, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso.

Quisiera empezar por agradecer del acompañamiento que los señores coordinadores nos han hecho a través de estos seis meses de arduo trabajo, al Senador Emilio Gamboa Patrón, al Senador Fernando Herrera Ávila, al Senador Miguel Barbosa Huerta y al Senador Carlos Alberto Puente Salas, que han estado pendientes durante estos seis meses de los trabajos que se han realizado. Sin duda también a los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez y Laura Angélica Rojas Hernández, que han estado muy pendientes durante estos seis meses que hemos convivido de manera intensa para poder tener el día de hoy el producto legislativo que está aquí.

Quisiera explicar un poco cómo se construyó este dictamen que el día de hoy traemos a este Pleno del Senado.

Hace algunos meses, cuando se estaba presentando la Ley General de Transparencia, también se presentó una iniciativa de Ley Federal de Transparencia, después de ello, cuando votamos la Ley General de Transparencia, hubieron muchos avances y modificaciones, y eso en todo el piso de la discusión que iba a llevarse a cabo.

Después de ello, la Senadora Laura Rojas y el Senador Alejandro Encinas presentaron una iniciativa, nosotros hicimos lo propio, la Senadora Cristina Díaz y su servidor, por lo cual teníamos en las comisiones unidas 3 iniciativas que le envían de dictaminarse, que al final del día se fueron complementando.

De estas 3 iniciativas conformamos un primer documento de trabajo. Por acuerdo de las comisiones unidas y por acuerdo de sus presidentes, este primer documento de trabajo fue remitido al INAI, que como lo habíamos dicho, lo hemos considerado siempre a nuestros asesores de cabecera para recibir las primeras observaciones a este documento, y así fue, recibimos las primeras observaciones; en algún intercambio de ideas y de cosas que estaban pendientes las incluimos en un segundo documento de trabajo, observaciones de los grupos parlamentarios y del propio instituto y dimos cuenta, es muy importante decirlo, dimos cuenta de ese segundo documento de trabajo a los 128 Senadores para poder recibir observaciones a eso.

Recibimos muchas observaciones de Senadores que no son parte de estas comisiones dictaminadoras, que también aprovecho para agradecerlo en este momento.

Una vez que tuvimos este segundo documento de trabajo, organizamos los foros, paneles, audiencias públicas con las ONG´s, con los académicos, con los interesados en el tema y algunos sujetos obligados.

Agradezco también a las ONG´s, y como siempre, me hace el favor el Senador Alejandro Encinas de agradecer de manera puntual, a cada una de éstas él hará mención a todos aquellos que participaron con nosotros en estos foros.

Después de ello tuvimos un tercer documento de trabajo, que seguimos trabajando, analizando y perfeccionando para tener el día de hoy este dictamen que estamos presentando en este momento.

Sin duda fuimos entrando a detalles, siempre siendo muy cuidadosos de que no fuera a existir una sobreregulación del tema; fuimos cuidadosos en añadir 261 obligaciones nuevas, entre ellas a las fuerzas armadas en materia hacendaria, en materia de población, en materia de seguridad pública y procuración de justicia, en materia de política exterior, de medio ambiente, de economía, de ganadería, de pesca, de salud.

Fuimos así detallando todo un catálogo de nuevas obligaciones y para poder entender el avance que teníamos con la ley federal vigente, a donde vamos, me gustaría platicarles también a aquellos, por ejemplo, del Canal del Congreso, que la ley vigente tiene 64 artículos, y ahora el instrumento que estamos presentando a este dictamen tiene 206 artículos, es decir, existe un avance exponencial en la materia.

Sin duda existen retos muy importantes, retos de funcionalidad, retos de efectividad que habrán de medir los ciudadanos, y en esa tarea el Congreso, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, tendremos que estar muy pendientes a este seguimiento de la mano con los ciudadanos, porque esta ley debe ser efectiva y creemos que va a serlo sin duda alguna.

El otro tema del cual deberemos de estar muy pendientes, es la plataforma, esta plataforma informática de la cual los ciudadanos deberán tener un fácil acceso. Esta ley es una ley de avanzada, es una ley de vanguardia que cumple con los más altos estándares internacionales.

Los acuerdos, las inercias que tuvimos con todos los grupos parlamentarios nos permitió trabajar durante estos seis meses con celeridad, por decirlo así, porque hay que recordar que nos dimos un año para tener esta ley y estamos presentando este dictamen faltando seis meses, eso sin duda es una muestra del compromiso que tiene el Senado de la República con un tema tan importante, como es la transparencia y la rendición de cuentas.

En este dictamen que presentamos el día de hoy no hay ocurrencia, no hay ocurrencia ni improvisaciones, lo que hay es un trabajo puntual que ha recogido, que ha dado seguimiento a los 12 años de experiencia, de antes en el IFAI y ahora el INAI, como un organismo constitucional autónomo, eso sí es lo que contiene.

Sin duda el dictamen que presentamos consolida y fortalece el derecho de acceso a la información y el sistema como tal, el Sistema Nacional de Transparencia, este instrumento nos va a permitir prevenir el abuso del Estado, luchar contra la corrupción, y previene cualquier indicio de autoritarismo que pudiera estar presente.

No me queda duda que con este instrumento y con el trabajo que hemos realizado en los meses anteriores con las reformas constitucionales, con las leyes generales, con las leyes federales y con lo que nos falta por legislar, que hay que decirlo, también falta mucho por legislar; todo el paquete secundario de anticorrupción, y tendríamos que estar pensando en que estos dos sistemas son sistemas complementarios, el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción.

No me queda duda que con estos instrumentos el Senado está poniendo instrumentos de vanguardia, México se convierte en un referente internacional en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Agradezco nuevamente a todos los que han ayudado y participado en este gran instrumento, que próximamente se convertirá en ley.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Escudero Morales.

A nombre de la Comisión de Gobernación, tiene el uso de la palabra la Senadora María Cristina Díaz Salazar.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

El día de hoy estamos sometiendo a consideración de esta Soberanía, el dictamen que contiene el proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Es importante recordar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de los sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno.

En tal sentido, la ley que hoy nos ocupa desarrolla bases y principios de ley general para lograr su aplicación armónica por parte de los sujetos obligados a nivel federal, y con ello cumplir lo establecido en la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional de Transparencia y de Acceso a la Información.

A partir de ello, hemos iniciado el proceso para cumplir con las obligaciones constitucionales en materia de transparencia, de esta manera la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es otro elemento más para el cumplimiento de nuestra responsabilidad de informar y llevar a cabo las funciones gubernamentales con mayor transparencia en el ejercicio del cargo, así como en el uso y destino de los recursos públicos, y con ello, empoderar al ciudadano a través de un mecanismo de efectiva rendición de cuentas.

Es de considerar que en tanto el derecho de acceso a la información pública como un derecho humano, comprende entonces la potestad de solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información, tal como lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el acceso a la información es un derecho y un instrumento para el ejercicio de otros derechos para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos.

En el Senado de la República hemos realizado acciones conjuntas con los distintos grupos parlamentarios para fortalecer, promover y fomentar una cultura de   transparencia y acceso a la información pública que atienda las demandas de los ciudadanos.

En ese tenor, los objetivos de esta ley serán los de proveer lo necesario para que todo solicitante o peticionario pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral.

Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados es una tarea importante al igual que regular los medios de impugnación que le competen resolver al instituto. Fortalecer el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de los sujetos obligados y consolidar la apertura de las instituciones del Estado mexicano, mediante iniciativas de gobierno abierto que mejore la gestión pública a través de la difusión de la información de formatos abiertos y accesibles, así como de la participación efectiva de la sociedad en la atención de los mismos.

Propiciará esta ley la participación ciudadana en la forma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia, promover y fomentar una cultura de la transparencia y acceso a la información pública.

Por todo lo anterior, son entonces sujetos obligados cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal.

Las obligaciones descritas en la ley general, son el marco de referencia para llegar a cabo un ejercicio transparente de la función pública con el objeto de ser más exhaustivos y garantizar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos como lo ha señalado el Senador Pablo Escudero, se han incluido obligaciones específicas a los siguiente sujetos obligados que pondré como ejemplo.

En el Poder Ejecutivo Federal en materia hacendaria, en materia de fuerzas armadas, de población, de seguridad pública y procuración de justicia, de política exterior, de medio ambiente y recursos naturales, y en materia económica, por citar algunos ejemplos.

En el mismo sentido, se establecen obligaciones específicas para el Poder Legislativo Federal, al Poder Judicial de la Federación, el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, conocido como CONEVAL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el INEGI, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Y en materia energética, especialmente podremos poner como ejemplo la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente; la Comisión Nacional de Hidrocarburos; la Comisión Reguladora de Energía; las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias; el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, por citar algunos ejemplos.

Cabe destacar que en comisiones unidas hemos considerado importante realizar diversas modificaciones a efecto del Decreto derivado de varias propuestas que consideramos acertadas para impulsar su mayor eficacia.

Con la finalidad de que el Comisionado Presidente del INAI se elija en sesión pública y que la ciudadanía siga de cerca su elección.

Por otro lado, se incluye al Poder Judicial dentro de los esfuerzos para impulsar el gobierno abierto, incluyendo dentro de sus procedimientos o de sus competencias, propiciar el acceso público a las audiencias y sesiones en las que resuelvan asuntos jurisdiccionales conforme a la legislación aplicable, así como implementar plataformas electrónicas y otras herramientas que permitan la interacción de la sociedad frente a la actuación jurisdiccional.

Igualmente, sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal en materia de seguridad pública, deberán poner a disposición del público y actualizar la estadística desagregada de procesos, denuncias e investigaciones relacionadas a las conductas consideradas como delitos en materia de justicia para adolescentes y la estadística relativa a la solución de controversias realizadas a través de mecanismos alternativos; de solución de controversias en materia penal; así como medios de mediación, conciliación y justicia restaurativa.

En materia de política exterior, se modifican diversas obligaciones con el fin que se ponga a disposición del público el número de constancias para obtener concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en territorio nacional; así como el número de constancias para la adquisición de bienes e inmuebles fuera de la zona restringida, indicando la entidad federativa y nacionalidad del solicitante, así como el número de permisos otorgados para la constitución de fideicomisos señalando la fiduciaria, nacionalidad del fideicomisario y la entidad federativa donde se localiza el inmueble.

En el ámbito educativo, otro ejemplo, es que se modifiquen las obligaciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para que deba poner a disposición del público y actualizar la información relativa o el diseño de la Política Nacional de Evaluación de la Educación; así como los programas y los resultados de las evaluaciones que en el marco de su competencia se lleven a cabo.

De igual forma, se deberá transparentar las respuestas que las autoridades educativas remitan al instituto respecto de las directrices que hayan emitido; así como su grado de cumplimiento de atención, entre otras obligaciones que harán de la educación educativa un proceso mucho más transparente y accesible al ciudadano.

Compañeros Senadores: Esta Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, atiende las demandas de los ciudadanos en materia de acceso a la información pública, para que esta sea clara, precisa y expedita.

Y es esencial que continuemos trabajando para brindar a la ciudadanía mayores instrumentos para que los mexicanos participen de manera más eficaz en el ejercicio de sus derechos y sean vigilantes activos en el actuar público, concibiendo así una relación más estrecha entre gobernantes y ciudadanos.

Esto es un paso más en materia de transparencia, la tarea continúa para el Congreso de la Unión, seguiremos pendientes en el futuro por dictaminar datos personales, y desde luego, presentar la iniciativa de archivos.

La tarea es permanente, por lograr y por consolidar un Estado de derecho, que en el derecho humano de todos los mexicanos sea la transparencia y la rendición de cuentas.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Díaz Salazar.

De conformidad con lo expuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado, se concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Como lo ha señalado ya aquí la Senadora Cristina Díaz Salazar y el Senador Pablo Escudero Morales, el día de hoy damos un paso un más, en lo que hemos avanzado en materia de construir el entramado institucional.

La legislación en materia de transparencia y acceso a la información, para hacer efectivo uno los derechos humanos, fundamentales, consagrados en nuestra Constitución para todas las personas, para todas las ciudadanas y ciudadanos en nuestro país.

Como se ha dicho aquí, no solamente este dictamen que presentamos el día de hoy, deriva de tres iniciativas:

La primera presentada por legisladores de cuatro fracciones parlamentarias en diciembre de 2014, y otras dos más presentadas por legisladores, en primer lugar del PAN y el propio PRD y, posteriormente, del PRI y el PVEM, pero, también hay que saber qué resultado de más de tres años de discusión, un proceso que inició en septiembre de 2012, en la anterior legislatura, y que derivó en una reforma constitucional, en donde además de buscar de dotar de autonomía a todos los órganos garantes, tanto en el ámbito federal, como en los estados de la República.

Establecer los estándares legislativos básicos de la legislación en el ámbito federal y local, y eliminar la discrecionalidad con que hasta este momento se maneja y ejerce este derecho al acceso a la información pública.

Hay que señalar que, a través de las audiencias públicas y las consultas con los órganos garantes, se han realizado un conjunto de modificaciones importantes y hay que reconocer, lo señalaba Pablo Escudero, las aportaciones siempre oportunas y críticas de las organizaciones de la sociedad civil.

Debo reconocer el trabajo del artículo 19, del Colectivo para la Transparencia, de México Infórmate, de Fundar y otras organizaciones sociales especializadas en temas que nos han ayudado, incluso con una visión crítica como la fijada el día de ayer en el comunicado de prensa que hicieron público, y que hemos considerado en gran medida, o mejor dicho, en la medida de lo posible, en las adecuaciones que todavía anoche realizamos al proyecto de dictamen y que hoy se han sumado a la discusión.

Debo señalar que ha habido temas polémicos, y si bien el espíritu fundamental de la ley general se mantiene, particularmente en lo que se refiere a la prohibición, por ejemplo, de reservar información a violaciones graves a los derechos humanos o a la comisión de delitos de lesa humanidad, donde se mantienen los estándares establecidos en la ley general y se establece la obligación de adoptar criterios de interpretación pro persona en su sentido de protección y garantía más amplio, haciendo valer la preminencia del principio de máxima publicidad.

Creo que se logra, sin lugar a dudas, un avance significativo, aunque no se logró un acuerdo en lo que es hacer más explícita la facultad del Instituto Nacional de Acceso a la Información para hacer una valoración cualitativa y cuantitativa sobre violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o actos de corrupción, para efectos de acceso a la información, lo que también a mi juicio no impide necesariamente que ellos lo realicen, aunque tendrán que enfrentar, sin lugar a dudas, algunas resistencias.

De la misma manera y en las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados federales, se logró consenso en 276 obligaciones genéricas y específicas, aunque en el ámbito energético quedaron pendientes de definición algunas obligaciones sustantivas, como por ejemplo la información del Estado que guarda la integridad física y operativa de las instalaciones de los asignatarios, permisionarios o concesionarios, o la ubicación de los pozos de aguas residuales, estándares, funciones, y responsabilidades en materia de seguridad industrial, operativa y ambiental de los propios permisionarios o concesionarios.

En materia de sindicatos y partidos, que fue de los temas que estuvimos discutiendo, se mantienen como sujetos obligados, e incluso en el ámbito de los partidos políticos sujetos a una doble regulación en materia de transparencia, no solamente en lo que contiene la ley general y la ley federal en materia de obligaciones para los partidos políticos, sino también las disposiciones que derivan de la Ley General de Procesos Electorales y Partidos Políticos, en lo que corresponde al manejo de las prerrogativas en los procesos electorales, y en el caso de sindicatos se reitera, además de las responsabilidades establecidas en la ley general, la obligación de mantener disponible la información y de manera accesible, en todo lo que se refiera a los asuntos de la administración o manejo de recursos públicos en especie o en efectivo.

Aunque también aquí hay que señalar que en todo momento, y esto no solamente es una disposición de los estatutos de los sindicatos, los agremiados de los sindicatos pueden recurrir y requerir la información, por ejemplo, del manejo de las cuotas sindicales, las aportaciones de los trabajadores a su sindicato, a partir de las obligaciones en materia de transparencia que se establecieron en la reforma laboral, en donde se debe dar cuenta desde el registro del sindicato, los mecanismos de elección de sus dirigentes, el padrón de afiliados e incluso los mecanismos para aprobar los contratos colectivos y que estos sean derivados efectivamente de la consulta con los trabajadores.

Al mismo tiempo, dentro de los avances importantes hay un mayor fortalecimiento de las facultades del Instituto Nacional de Acceso a la Información, donde asuntos elementales de un ejercicio democrático de una institución autónoma se resuelven, por ejemplo que la sesión en donde se elija al Presidente del Consejo sea pública, y se eliminó el voto razonado que implicaba poder dejar un voto por escrito cuando el principio básico del ejercicio de todo acto democrático es el voto presencial y no un voto diferido, al tiempo que se constituye, a partir de esta ley, el Consejo Consultivo del INAI que estará integrado por diez ciudadanos que participarán de manera honorífica.

Otro de los temas polémicos estuvo vinculado a información clasificada, todos los criterios de clasificación de información, en donde en esta ley general se mantienen los estándares establecidos para que en materia de clasificación de los sujetos obligados al aplicar estos criterios, no sea de manera restrictiva, al contrario, se limiten todas las excepciones al derecho, que sea la excepción lo que rija y no la regla, y para ello, los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen documentos expedientes como reservados ni clasificar documentos antes de dar respuesta a una solicitud de acceso a la información.

Y por eso, es muy importante la definición que se mantiene en esta ley del momento de clasificación de la información y la prohibición expresa de la clasificación ex ante, es decir, que ningún caso se podrá clasificar documentos antes de que se genere la información, y el momento de clasificación se establecerá cuando se extingan las causas que dieron origen a la clasificación.

De ahí la importancia de mantener los principios fundamentales de la prueba del daño, en donde la clasificación de la información reservada se realizará conforme a un análisis casuístico mediante la aplicación de la prueba de daño, siempre y cuando la divulgación de la información represente un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicios significativo al interés público o a la seguridad nacional.

En materia de información confidencial, se establece como tal la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, y ésta no estará sujeta a ninguna temporalidad y sólo podrán tener acceso a esta información los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.

De la misma manera, y creo que esto hay que destacar dentro de las aportaciones, está la inatacabilidad de las resoluciones del INAI, y el acotamiento de las facultades del Consejero Jurídico, a lo que me referiré más adelante.

Y dos de los temas que no venían incluidos en ninguna de las tres iniciativas, y que hoy forman parte del cuerpo del dictamen, es la inclusión de dos conceptos básicos: El de gobierno abierto y el de justicia abierta, donde, por primera vez, no solamente se establecen obligaciones al gobierno federal, sino al Poder Judicial en materia de transparencia, como lo hicimos en la fracción II del artículo 67, en donde ya hay obligaciones puntuales en materia de justicia abierta al Poder Judicial de la Federación, y estos resultados del acuerdo, que sostuvimos el día de ayer en las comisiones unidas, para que retomando el debate, pudiéramos hacer nuevas modificaciones a la cuarta versión del proyecto de dictamen que se discutió el día de ayer.

Y en estas discusiones logramos no solamente retomar propuestas de las Senadoras y los Senadores presentes en la reunión, sino también mantuvimos comunicación con el INAI y con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en donde se incorporaron observaciones adicionales, alrededor de 25 modificaciones, donde destaco la modificación al artículo 67, su fracción II en materia de las responsabilidades del Poder Judicial en materia de transparencia y acceso a la información.

Una o dos sustantivas, los artículos 68 y 69 que el Senador Javier Corral y un servidor ayer cuestionamos respecto a extralimitación de facultades del Consejero Jurídico de la presidencia, donde en el caso del artículo 68, todo se sujetará a la aplicación de la prueba de daño, establecida en el artículo 104 de la ley general; y en el artículo 69 se elimina lo que era el inciso b) donde se le daban atribuciones adicionales al Consejero Jurídico, y se reduce solamente a establecer su regulación de acuerdo a lo que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas en la materia.

Se incorporan también de la discusión de ayer modificaciones en materia de seguridad pública para que quede de manera claramente definida una preocupación de la Senadora Pilar Ortega.

Toda la información que deba de entregar la Secretaría o las dependencias encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia en materia de procesos, denuncias e investigaciones relacionadas con la comisión de delitos y en materia de justicia de adolescentes; y toda la información vinculada con la comisión de delitos federales.

Y debo destacar una que era muy importante, una adecuación al artículo 113, que es de las modificaciones de mayor trascendencia, donde estábamos cometiendo una omisión significativa, ya que en ese artículo se consideraba como información confidencial la que contenía datos personales, concerniente a toda persona, cuando nuestra Constitución establece que se entiende por persona, tanto a las personas físicas o morales, con lo cual podría haberse realizado excepciones en materia de personas morales, y por eso el artículo 113 establece ya con toda precisión que se trata de personas físicas.

Finalmente, sí quiero entrar a uno de los temas que mayor polémica generaron, y es en cuanto si se mantiene o no una excepción a los grupos parlamentarios o al Poder Legislativo en materia de sus obligaciones de transparencia, y yo quiero aquí sostener mi convicción de que no solamente en materia de las obligaciones del Poder Legislativo, sino de los grupos parlamentarios y de cada uno de los legisladores integrantes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, tenemos plena vigencia en nuestras obligaciones genéricas y específicas desde el momento mismo en que la ley general las estableció, y aunque se hizo, se estableció una excepción para la aplicación de la ley general en materia de rendición de cuentas y solicitudes de información al Congreso de la Unión en el Artículo Décimo Tercero Transitorio, que establecía un periodo de tiempo para que el Senado de la República y la Cámara de Diputados establecieran su reglamento de administración y rendición de cuentas, ésta prescribió o terminó el último día del mes de agosto, con lo cual, la omisión del legislador no obsta para que tengamos la obligación de dar pleno cumplimiento a esa responsabilidad.

¿Qué significa esto? Que no solamente no hay ningún régimen de excepción para el Congreso de la Unión, de ninguna de sus Cámaras, ningún grupo parlamentario y ningún legislador, sino que todos estamos obligados a partir del 1º de septiembre, a rendir cuentas de los recursos que percibimos para el desempeño de nuestras funciones y de las acciones o del desempeño legislativo que tengamos.

Ya veremos quién cumple y quién no cumple, porque ahí es donde vienen los dos nuevos retos y creo que hay dos grandes retos a futuro: el primero, es el reto de la implementación de la ley, y es el que me está siguiendo por el Canal del Congreso, los integrantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información y de los órganos garantes locales, así como las organizaciones sociales, y el mayor reto va a ser el de la implementación y enfrentar las resistencias, como lo hemos visto en este propio Poder Legislativo, y en esto va a requerirse mucho del trabajo y la participación de la sociedad civil.

El segundo reto, y lo quiero advertir desde hoy, es que ante esta cascada de legislación que iniciamos en el 2012, con una reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, que dio lugar a una ley general, que por primera vez en la historia del proceso legislativo de nuestro país, deriva en una ley secundaria de carácter federal, porque hasta ahora en ninguna ley general ha tenido ninguna legislación específica en el ámbito federal, tenemos el caso de la Ley General de Educación, la Ley General de Población, la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Esa es la primera ley general, la de acceso a la información, que va a tener una legislación que regule la actividad del gobierno federal. Y si a eso le sumamos la Ley de Archivos, le sumamos la Ley de Datos Personales, la creación del Sistema Nacional de Transparencia, ahora la Ley Anticorrupción y las 20 leyes que de ella se derivarán y la creación del Sistema Anticorrupción, y si esto se conjuga con el Sistema Nacional de Archivos del Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema Nacional de Contabilidad Pública, podremos correr el riesgo de realizar un tal nivel de desarrollo de leyes y de instituciones que lleven a su instrumentación y mutuamente se anulen y conculquen, por lo tanto, el derecho a los ciudadanos.

Ayer usaba yo un concepto poco técnico, pero corremos el riesgo de incurrir en una legislación que acote, en donde haya más disposiciones legales y tantas instituciones para hacer valer la ley y los derechos ciudadanos, que a final de cuentas entorpezca entre sí misma y conculquen de sus derechos.

Quiero terminar, y eso sí es un acto que debo cumplir, abusando de su atención, el agradecer a todo el equipo técnico de mi grupo parlamentario y de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, así como los equipos técnicos de la Comisión de Gobernación y de Participación Ciudadana y Anticorrupción, en particular a quienes más cerca estuvieron en estos tres años y tres meses que llevamos de discusión del tema, Aleida Tovar, Blanca Báez, Julisa Suárez, Nayeli Peralta, Estefanía Cevallos, Emilio Saldaña, Enrique Dupre, David San Mamés, Sergio Ruiz, David Fonseca, Alejandro Pulido e Ivonne Sánchez, el apoyo que nos han brindado ha servido no sólo a un servidor, sino al grupo parlamentario en este trabajo legislativo, que avanza y que esperemos que no enfrente muchas resistencias para su implementación.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, invitados por la Senadora María Elena Barrera Tapia, quienes nos acompañan para presenciar nuestros debates.

En términos de lo dispuesto por el artículo 199, numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios en orden creciente y por un tiempo de hasta 10 minutos por cada intervención.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Estamos frente a una legislación que deriva de una reforma de la Constitución de la República en su artículo 6o., en ese sentido, tenemos una medición que respetar, y en el curso de este debate habrá que analizar si esa ley está a la altura de la reforma al artículo 6o. constitucional, que establece la obligación de lograr en esas medidas la máxima publicidad.

Es lo que hemos escuchado y lo vamos a realizar y lo vamos a escuchar en el debate, si es que se da, ¿cumple esta ley los objetivos plenos del artículo 6o., que establece máxima publicidad? Eso es lo que vamos a discutir. Nosotros consideramos que no lo cumple.

La filosofía política reciente lo dice con toda claridad, y es una obligación de los estados que se presentan como Estados de derecho, pues establecer esta obligación del Estado, de manifestarse con transparencia, obvio lo dice, la democracia es un gobierno público, y también con sentido contrario, Canetti, el secreto en el ejercicio del poder fundamenta un gobierno autoritario. Eso es lo que vamos a conjurar.

A reserva de lo que se platicará, veamos en lo general y luego en lo particular, podemos encontrar ventaja, sin duda.

Uno. Son sujetos obligados con algunas obligaciones de transparencia, con algunas, los partidos políticos, los sindicatos, los grupos parlamentarios, fideicomisos, fondos, contratos análogos y personas que reciban o ejerzan recursos públicos.

Dos. Se aumentan las obligaciones de transparencia para los sujetos obligados en las obligaciones específicas, aunque son insuficientes para cumplir con el principio de máxima publicidad que anuncia el artículo 6o. constitucional.

¿Cuáles son las desventajas? Los titulares del órgano garante del INAI, son designados, respondiendo al esquema de reparto de cuotas entre los partidos mayoritarios.

Ello no garantiza su independencia, ni su imparcialidad, algo que nos ocurre en toda esta tarea de organismos supuestamente autónomos, esos titulares son secuestrados por la voluntad de los partidos en el Senado y por el Ejecutivo.

Leeré en su momento una carta que le dirigimos a la presidenta del instituto respectivo, que había planteado una serie de limitaciones graves a la ley general que se discutió y que, sin embargo, pese a peticiones personales de que teniendo facultad de ir a una controversia constitucional no lo hizo, lo debió haber hecho si hubiera sido absolutamente independiente su nombramiento, pero no lo hizo pese a que plantearon graves deficiencias en lo que se discutió y se aprobó.

Desgraciadamente no son sujetos obligados directamente el poder mediático y las trasnacionales, la información que se puede exigir de los poderes fácticos no señalados directamente por la ley, es de manera indirecta, por algunas obligaciones de transparencia insuficientes que tendrán algunas autoridades.

El criterio para definir si algo es público o privado para efectos de la transparencia y el acceso a la información pública, no debería ser solamente el ejercicio de recursos públicos, sino también la función o área que realizan los sujetos privados. Si los sujetos o entes privados realizan una tarea que tiene consecuencia pública, social o que afecte a la economía, esa fusión también debe ser pública.

En materia de seguridad nacional y pública, se propone un tratamiento de excepción, que no se rige por la ley federal, sino por la ley general y los protocolos de seguridad y resguardo, artículo 84, se deja fuera, lo que permite una discrecionalidad enorme y sobre todo en un país como el nuestro, policiaco-militarizado.

En materia de sanciones, artículo 186 y siguientes.- No se le conceden al INAI todas las atribuciones para sancionar, sólo en el caso de sujetos obligados que no cuenten con la calidad de servidor público.

En materia de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, la ley no es precisa ni contundente, y no indica que nunca las autoridades podrán ratificar por esos motivos la información como reservada.

Desde el inicio de la averiguación previa, de una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o del inicio de cualquier procedimiento, la información deberá ser pública en esos supuestos.

La ambigüedad e indefinición de la norma permitirá que las autoridades sigan, como hasta ahora, escamoteando la transparencia cuando se cometen graves hechos de violación a los derechos humanos.

El artículo 12 de la ley federal incurre en el grave error de considerar, que: “Sólo la información documentada que derive de competencias legales es pública”, cuando la finalidad de la ley debería de ser que: “cualquier información de trascendencia pública que tenga que ver con las autoridades o con poderes fácticos, es pública”, independientemente de que se ha documentado o no. Una salida fácil: “No se documentan”, y ya en sí no pueden ser públicas, ni conocidas.

El materia de transparencia energética, artículos 68 y 73 de la ley.- La información que específicamente debe de ser pública, no es la más relevante. Por ejemplo, no es pública la que tiene que ver con las personas físicas que son titulares o controlen las empresas energéticas privadas.

Tampoco es pública la información derivada de los procedimientos de consulta a los pueblos originarios, que ya sabemos que están amenazados por la ocupación temporal, o sea expropiación por las empresas transnacionales, tampoco es pública la información derivada de los procedimientos de consulta, ni las evaluaciones de impacto social de los proyectos de infraestructura.

Las normas en materia de transparencia energética, son retóricas al no prever el supuesto del conflicto normativo con leyes secundarias en materia energética, algo que señalamos con toda claridad al discutir la norma general, es decir, no queda claro, en caso de antinomia, si prevaleciera la Ley General de Transparencia o las leyes y reglamentos de las leyes en materia de energía, son excesivas y ambiguas las causales de reserva de información.

Artículo 110 y siguientes.- Es absurdo que las opiniones, recomendaciones o puntos de vista expresados en un procedimiento deliberativo, no concluido, se consideren de información reservadas.

Lo anterior es totalmente contrario al principio Kafkiano que señala: “Los actos de autoridad que no son públicos, son injustos”. Y a los principios de filosofía moral, por ejemplo, expresado por Arsenio, “en el sentido de que en una democracia debe ser público, tanto el procedimiento, durante el mismo procedimiento como el resultado de la decisión”. El poder y la corrupción anidan en procedimientos deliberativos que no son públicos.

La prueba del daño debería más exigente para los sujetos obligados que la premisa en el artículo 106 de la ley. El daño por no difundir la información, debería de comprobarse empíricamente por los sujetos obligados y no darse por sentado a través de una especulación jurídica; la ley no protege a los servidores públicos que divulguen información en contra de sus superiores o de sus pares; la ley no establece la obligación para que las declaraciones patrimoniales de interés o las declaraciones fiscales sean públicas. La información jurisdiccional tiene un tratamiento de excepción prevista en el artículo 166, y siguientes, lo que significa, al menos en esta materia, que indebidamente el INAI no es la máxima autoridad en materia de transparencia y acceso a la información en materia jurisdiccional. La ley no sanciona la comercialización de información confidencial y reservada, ni la reincidencia en la no publicación de la información.

El recurso de revisión en materia de seguridad nacional, que puede presentar el Consejero Jurídico del gobierno, no está regulado, no se regula el voto particular del comisionado que disiente, ni se establece el procedimiento para emitirlo.

Los partidos y sindicatos tienen obligación de dar información, pero no de la trascendencia, por ejemplo, el caso de los partidos no se consideran públicas las actas de reuniones en sus órganos internos y en el caso de los sindicatos, no se estima público el ejercicio del gasto público que reciben y realizan los sindicatos.

El destino de los recursos que reciben los grupos parlamentarios en las Cámaras, no están precisados como información pública.

El plazo de 18 meses que establece el Artículo Tercero Transitorio de la ley para que los sujetos obligados, todos acusen su normatividad, en la materia es excesiva, en los hechos esta ley se estará aplicando hasta el próximo sexenio.

Las causales de improcedencia y sobre seguimiento de recursos de revisión son contrarias al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y rápidos.

El artículo 21 de la ley es contrario al artículo 1o. de la Constitución, en interpretación, las autoridades deben tomar en cuenta el bloque de constitucionalidad. En general, las obligaciones específicas de transparencia, de autoridades y de personas están limitadas, lo importante en cada poder y autoridad no es buscar transparentarlo.

La ley contribuye a la simulación y no será un instrumento efectivo para combatir la corrupción, conocemos los esfuerzos que han hecho para abrir y hacer del gobierno un gobierno abierto, pero los resultados revelan que no lo lograron del todo, sino que sigue un gobierno que no busca la apertura, sino la cerrazón.

Y como esa materia es fundamentalmente una materia cuya aplicación requiere de voluntad política, los resultados de este jaloneo, de este sí o no, de esa máxima publicidad, pero que nada más tiene un avance, significa que el gobierno no tiene voluntad de transparencia, y por tanto, el resultado y el futuro están real y gravemente cuestionados.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a los alumnos de la carrera de Derecho del Colegio Anáhuac de Tulancingo, Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado!

Se concede el uso de la palabra al Senador Luis Armando Melgar Bravo, para fijar la posición del grupo parlamentario del PVEM.

El Senador Luis Armando Melgar Bravo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Una de las aportaciones más importantes para la vida democrática de nuestro país, fue incorporar el sistema jurídico mexicano a principios del siglo XXI, la creación de un órgano garante del acceso a la información, consagrado como derecho humano en el artículo 6o. constitucional.

Desde entonces el Instituto Federal de Acceso a la Información se convirtió en un paradigma de la transparencia en México como organismo autónomo, responsable de materializar el carácter público de la información que poseen los órganos de gobierno, pero salvaguardando, al mismo tiempo, la protección de los datos personales.

A 12 años de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en la legislatura pasada, el Congreso de la Unión aprobó una ambiciosa reforma tanto constitucional como legal, con la finalidad de institucionalizar la materia de transparencia y el acceso a la información pública.

Fortalecer al IFAI para transformarlo en un instituto nacional y dotarlo de autonomía constitucional y distribuir competencias en esta materia entre los tres órganos de gobierno, con ello fue establecido un nuevo modelo nacional de transparencia y acceso a la información, en el cual la Federación, las entidades federativas y los municipios quedaron sujetos a los mismos principios constitucionales en esta materia, regulados por la ley general.

Si bien desde el 2012 el sistema jurídico mexicano cuenta con una legislación federal a la luz de la nueva distribución de competencias entre los tres órganos de gobierno, derivada de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, si bien esto es importante, es necesario actualizar la ley federal para armonizar con el nuevo modelo que se está proponiendo en esta iniciativa en esta materia.

El proceso legislativo de la ley, contenida en el dictamen que nos ocupa, no sólo deriva de varias iniciativas promovidas por legisladores de las diversas fuerzas políticas, representados en este Senado de la República, sino que contó con un análisis exhaustivo que consideró las voces de todas las personas y los sectores interesados, con ello, el texto de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no solamente atiende de manera cabal a la reforma constitucional del 14 en esta materia, sino que el Congreso de la Unión predicará con el ejemplo de desarrolla en el ámbito federal los mandatos contenidos en esta Ley General.

No se debe perder de vista que la presente ley contempla que el Instituto Nacional de Acceso a la Información, cuente con un consejo consultivo como instrumento fundamental de composición civil y académica, que servirá como apoyo del Instituto al emitir opiniones técnicas no vinculantes en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, lo cual de manera inevitable fortalecerá la transparencia y el acceso a la información.

Compañeras y compañeros Senadores: El Congreso de la Unión ya ha dado un paso histórico y fundamental para modernizar el marco jurídico de nuestro país en materia de transparencia y acceso a la información, por lo tanto, los exhorto a culminar con este proceso legislativo, a fin de que a nivel federal exista una legislación armonizada que cumpla con los mandatos constitucionales y legales que permita materializar el derecho humano de toda persona y de un país moderno con leyes claras y transparentes.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Melgar Bravo.

Para fijar la posición del grupo parlamentario del PRD, tiene el uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

A nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, queremos señalar que en la construcción de un nuevo pacto entre el Estado y la sociedad nos encontramos frente a uno de los dictámenes de mayor importancia para algo tan necesario en este momento de la vida nacional, que es la reconstrucción de las instituciones y especialmente de la confianza de los ciudadanos hacia la función pública y hasta la propia clase política.

En el ámbito legislativo podemos congratularnos de haber alcanzado acuerdos después de sendas reuniones de trabajo, y después de ya varios años desde que se conquistó el cambio constitucional para darle autonomía a los órganos garantes de Acceso a la Información, podemos decir que estos acuerdos nos han permitido dotar al Instituto Nacional de Acceso a la Información y a los sujetos obligados con una herramienta, que no permitirá como Estado combatir la opacidad y la discrecionalidad en el manejo de la información pública, particularmente lo referente al manejo de los recursos públicos.

Con la aprobación del presente dictamen, se inicia el desafío para la construcción de un verdadero sistema de rendición de cuentas entre ciudadanos y gobierno, que busque lo que hoy no tenemos, que es un equilibrio de pesos y contrapesos efectivos.

La poca transparencia que existe y que prevalece en organizaciones del gobierno federal y la ausencia de los mecanismos de fiscalización sobre las entidades federativas, han fomentado ineficiencia, abusos y corrupción, viejos y pesados lastres para la economía y las instituciones en nuestro país, y especialmente un enorme lastre para el ejercicio del buen gobierno.

En los procesos de construcción de los sistemas nacionales tanto de combate a la corrupción como de fiscalización, hemos advertido que, dada su eficaz funcionamiento requieren de un andamiaje jurídico e institucional, garantice al ciudadano el acceso sin restricción a la información pública.

Estos sistemas más que complementarios tienen que generar una simbiosis porque la rendición de cuentas requiere que haya transparencia ahí donde hay transparencia, requiere que haya instrumentos de fiscalización ahí donde hay fiscalización, y si se detectan usos irregulares de los recursos públicos, tiene que haber combate a la corrupción.

La rendición de cuentas no se puede hacer solamente con un instrumento, hoy tenemos una ley que nos permite un avance significativo, pero hay que recordar que hay muchos elementos del sistema de rendición de cuentas que están pendientes.

Queremos señalar que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, incorporó la discusión de temas importantes y significativos, por ejemplo, la prohibición de reservar información en violaciones graves de derechos humanos, en información relacionada con actos de corrupción; obligaciones de transparencia para los sujetos obligados federales, ya sean sindicatos, partidos políticos, grupos parlamentarios o fideicomisos públicos; claridad en las facultades del Instituto Nacional de Acceso a la Información, integración, facultades, obligaciones, nombramiento, particularmente la definición de conflicto de interés y las causales de remoción o renuncia; se incorporaron a esquemas certeros para motivar la participación ciudadana y avanzar así en el cumplimiento de los compromisos de gobierno abierto y formular políticas que sean proactivas en materia de difusión de la información pública; un mecanismo de prueba de daño adecuado, conveniente y congruente con la legislación general, un procedimiento claro y estricto para la clasificación e información, así como diversas disposiciones de transparencia en el sector energético, entre otros alcances significativos.

El Partido de la Revolución Democrática reconoce el proyecto a discusión, el concierto de voluntades de todas las fuerzas políticas, para avanzar en la reconstrucción de la confianza social en el ejercicio de la función pública en una época de profunda crisis institucional derivada de escándalos de corrupción y conflictos de interés de la clase política, y subrayamos las importantes participaciones, las importantes aportaciones que hicieron organizaciones de la sociedad civil porque desde que se hizo el cambio constitucional, ir de la mano con esas agrupaciones ha permitido no solamente construir de una manera abierta la ley, una ley de transparencia que busca profundizar precisamente en instrumentos de gobierno abierto, sino mantener una estrecha cercanía en la realización de la ley que esperamos que se convierta en una estrecha cercanía en garantizar el cumplimiento de la misma.

El hacer la ley es un avance, qué bueno que lo estemos logrando, pero tenemos que revisar palmo a palmo que las instituciones que hoy se ven fortalecidas con este cambio legislativo, cumplan con las funciones que le están siendo encomendadas y esto solamente es posible, compañeras y compañeros, si las legisladoras y los legisladores mantenemos esa dinámica de acercamiento, ahí donde la autoridad no cumpla, tenemos que utilizar la propia ley, sea a través del Poder Judicial o a través de algún otro instrumento para garantizar que los alcances que hoy estamos celebrando, se lleven verdaderamente hasta sus últimas consecuencias.

Por ello advertimos la insuficiencia denunciada por ciudadanos y organizaciones no gubernamentales, de los canales de participación en el escrutinio público y denuncia de actos de opacidad y de corrupción, cuestiones que tienen que ser fortalecidas, con este ordenamiento, sin duda alguna, pero con los grandes pendientes que aún nos quedan.

Estamos hablando, de que frente a escándalos como el de Tlatlaya, Ayotzinapa, Tanhuato o la fuga de “El Chapo”, que son los temas que recurrentemente nos recuerda la fragilidad del Estado mexicano y de las instituciones.

Hoy tenemos que mantener una marcha de trabajo para conquistar una Ley Federal de Archivos, una ley que proteja los datos personales, pero también, todo el andamiaje que le dé verdadero sentido y consistencia al sistema nacional anticorrupción.

La parte de irresponsabilidades de los servidores públicos, una nueva Ley de Obra Pública, declaraciones patrimoniales, fiscales e intereses que puedan ser publicitadas obligatoriamente por todos los actores públicos, así como el tema de delatores y la responsabilidad penal de personas morales, son lo que nos permitirá, junto con la ley que hoy estamos por aprobar, tener un sistema de rendición de cuentas.

La única forma, compañeras y compañeros, en la que será posible recuperar la confianza en las instituciones del Estado mexicano, serán así con un nuevo andamiaje legal, como el que hoy estamos discutiendo, pero, especialmente, exigiéndole a la autoridad que cumpla con lo establecido por la ley.

El problema de la corrupción es un problema que tiene otra cara en la misma moneda, que es el de la impunidad, y hoy el gran pendiente, no es que avancemos en una legislación de transparencia, sino que garanticemos que se cumpla a cabalidad y para ello tendremos que votar el día de hoy, pero mantener esa misma dinámica de trabajo, relacionándonos con la sociedad que ha participado en la elaboración de la misma.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ríos Piter.

Para fijar posición a nombre del grupo parlamentario del PAN, se concede el uso de la tribuna a la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, hasta por diez minutos

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores, votará a favor del dictamen de la Ley Federal de Transparencia que proponen las comisiones porque es una buena ley.

Es una ley que cumple con el objetivo primero, de armonización de la legislación federal en la materia, con la Ley General de Transparencia que aprobamos el 18 de marzo pasado y que entró en vigor el 5 de mayo.

Y a partir de entonces, han sido poco más de seis meses en donde hemos trabajado, no sólo para que la ley federal sea armónica, sino para que en varios rubros, vaya más allá de la ley general en beneficio del derecho de las personas al acceso a la información.

Por ejemplo, de las 167 obligaciones de transparencia focalizada de la ley general, ahora se aumentaron 247 obligaciones específicas de transparencia proactiva para las instituciones federales, de las cuales, 75 son especialmente para el régimen de transparencia en el sector energético.

Sin embargo, estos logros no son sólo números, sino que son obligaciones que se traducen en conocimiento útil de información relevante para las personas. Por ejemplo, la gente podrá conocer sin necesidad de pedirlo expresamente, porque deberá de ser publicado en las páginas de internet de los sujetos obligados.

Información, por ejemplo, sobre ¿Cuántas armas y de qué tipo circulan en la calle?

¿A quiénes se les perdona el pago de impuestos, cuánto y por qué?

¿Cuántas cárceles hay y en qué condiciones están?

¿A quiénes ha espiado el gobierno y por qué?

¿Cómo va el cumplimiento de nuestro país de los tratados internacionales que le aplican?

¿Dónde están las zonas del país contaminadas y de qué tipo de contaminación se trata?

¿Cuál es la riqueza natural de nuestro país?

¿Cuántos minerales nos quedan de reserva?

¿A cuántas mujeres y hombres del campo se les ha apoyado y de qué manera?

Podremos vigilar a las empresas de telecomunicaciones para saber si cobran lo justo o no por sus servicios de telefonía, internet o televisión.

El avance del cumplimiento de los procesos de evaluación educativa.

¿Dónde está el hospital más cercano?

¿Cuántos asegurados tiene el IMSS o qué dicen los representantes del gobierno a nombre de todos los mexicanos en las Naciones Unidas?

¿Cómo votan y a qué se comprometen en todos los organismos internacionales?

Las anteriores son algunas de las más de cien obligaciones de transparencia del Poder Ejecutivo.
El Poder Judicial no se quedó atrás, pues también tendremos información importante sobre cómo nombran a magistrados y jueces, por ejemplo.

Asimismo para los órganos autónomos encargados de temas federales como la competencia económica, las telecomunicaciones o la evaluación de la política social, el INEGI, el INEE o la Fiscalía General de la República cuando entre en vigor -hoy todavía PGR-, también se prevén en la ley 85 obligaciones de transparencia específica.

Debemos recordar que uno de los grandes logros de esta ley, de la ley general y de la reforma constitucional, es que el hecho de que la información no se encuentre dentro del catálogo de las obligaciones de transparencia proactiva, no implica de ninguna manera que la información no sea pública o consultable.

Las obligaciones de transparencia proactiva únicamente tienen el fin práctico de que la información más relevante que generan los sujetos obligados, esté a la mano de los ciudadanos y se obvie el proceso de petición.

De hecho todas las reformas en esta materia parten del supuesto de que la información no es de los funcionarios públicos que la generan o la administran, sino que es de la gente.

Esta ley no sólo tiene en varios rubros un mayor alcance que la ley general en beneficio del derecho de acceso a la información, sino que con las aportaciones de muchos Senadores, académicos, expertos y como siempre las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado el proceso, superó los proyectos que teníamos en las iniciativas que presentamos.

En estos meses de trabajo se ha logrado construir un mejor contenido del texto de este dictamen, que el propuesto en la iniciativa plural del 9 de diciembre del año pasado y de las visiones que teníamos en las subsecuentes iniciativas presentadas.

Uno de los grandes temas en los que se dio un importante avance y que fue una propuesta del grupo parlamentario de Acción Nacional, fue el desarrollo de los principios del gobierno abierto. Esto es un hito en el país, pues es la primera ley que desarrolla los principios del gobierno abierto y que establece prácticas de Parlamento abierto para el Congreso y de justicia abierta para los órganos del Poder Judicial.

En términos prácticos el gobierno, Parlamento y justicia abiertas, buscan que las autoridades no sean un ente aislado de los ciudadanos, sino que cada vez más las personas se involucren, se escuche su voz y así éstas tengan el gobierno que esperan.

Lo anterior abona a los compromisos internacionales que México ha asumido como miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto y al liderazgo que sostuvo mediante la presidencia del mecanismo, misma que concluyó el mes pasado.

Además de estos aspectos novedosos, también se regulan en este dictamen aspectos orgánicos básicos y de procedimiento, como las facultades del INAI, de los Comisionados, del Pleno, de los Comités y Unidades de Transparencia, los procedimientos de acceso a la información, clasificación, revisión de asuntos jurisdiccionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de medidas de apremio y sanciones por incumplimiento a la ley.

Es importante destacar que se logró retomar el precedente de Parlamento abierto para el nombramiento de los comisionados actuales del INAI, mediante un proceso incluso participativo y transparente en cada una de sus etapas, para que quedara establecido en la ley no sólo para el nombramiento de los comisionados, sino también para los miembros del Consejo Consultivo.

Somos conscientes de que aún hay debates sin resolverse en este camino de la garantía del derecho de acceso a la información. Claramente uno de estos temas es la definición de si el INAI debe contar con la facultad de ordenar la apertura de la información relacionada con posibles violaciones graves de derechos humanos antes de que se pronuncie la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Quiero recordar que el debate de este dilema lo tenemos desde la ley general y antes, desde la reforma constitucional, y que en estos debates el consenso en éste es esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre los casos San Fernando 1 y 2, y que a partir de esas resoluciones podamos ser orientados y legislar en ese sentido.

Es por eso que el grupo parlamentario de Acción Nacional en el Senado hace un llamado cordial y respetuoso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se pronuncie a la brevedad y así podamos generar certeza jurídica en este tema.

Sabemos bien la utilidad de que la sociedad conozca la información relacionada con violaciones graves a derechos humanos. Un ejemplo claro de ello es la información sobre las investigaciones del caso de la muerte de los estudiantes de Ayotzinapa.

El derecho a la información es un derecho individual, pero también es un derecho social que hace las veces de mecanismo de vigilancia a las autoridades judiciales, a efecto de que su actuar sea recto y apegado a la verdad y a la justicia.

Esperamos entonces que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tome la mejor decisión jurídica, con un enfoque de cumplimiento a los derechos humanos, y podamos, con base en su resolución, armonizar la ley en esta materia.

El siguiente reto, como ya lo comentó el Senador Alejandro Encinas -y en eso coincido-, es el de la implementación -y también lo comentó el Senador Ríos Piter-, empezando por nuestra propia casa, el Poder Legislativo que se ha estado preparando para cumplir a cabalidad con sus obligaciones de transparencia proactiva, y hay que acelerar el paso en ese sentido y refrendar nuestro compromiso.

Hay que recordar que desde la ley general, todos los órganos de gobierno, comités, comisiones, centros de estudio, grupos parlamentarios y en consecuencia los legisladores en lo individual, tenemos obligaciones que cumplir como lo establece la ley general, nadie está exento y estamos en el camino de cumplir a cabalidad estas obligaciones.

La implementación requerirá un compromiso mayor de todos, porque implica, además de recursos materiales, algo mucho más difícil de lograr, que es: un cambio cultural, un cambio de mentalidad, un cambio de cultura organizacional y de disposición en miles de funcionarios públicos de todo el país, para que dejen de ver las nuevas obligaciones como un capricho, como una carga excesiva e innecesaria que los distrae de sus labores sustantivas.

Hay que decirlo y decirlo claramente, la democracia, y más aún una democracia de calidad, como es a la que aspiramos, implica esfuerzos.

Ante los niveles de descrédito que tienen las instituciones en nuestro país, como se observa en la última medición del Latinobarómetro, que indica que sólo el 29 por ciento de la sociedad mexicana está satisfecha con la democracia, que sólo 17 por ciento de los ciudadanos se sienten representados por el Congreso; y que sólo 26 por ciento de mexicanos piensa que el gobierno es transparente, es necesario que entendamos, y entendamos ya, que la transparencia, como mecanismo de rendición de cuentas, es la única vía para empezar a revertir esta lamentable tendencia.

Finalmente quiero agradecer a mis compañeros de bancada por su confianza y respaldo en este tema, de manera especial a mi coordinador, y a quienes han trabajado en estas reformas, las Senadoras Marcela Torres Peimbert y Pilar Ortega, los Senadores Héctor Larios, Javier Corral, Daniel Ávila, Juan Carlos Romero Hicks, principalmente; Ernesto Cordero también, así como a nuestros asesores de comisiones y de los grupos parlamentarios, a Edith Mercado, Eduardo Sánchez; especialmente a Haskel Rivera, Aleida Tovar; y, por supuesto, a mis compañeros Senadores de otras bancadas con quienes hemos trabajado estos tres años juntos, los Senadores Pablo Escudero, Cristina Díaz y Alejandro Encinas, principalmente.

Termino como empecé.

Esta ley es una buena ley, y es, sin duda, un instrumento que abona a garantizar el derecho a saber y a una cultura de rendición de cuentas que tanto nos hace falta, y por eso el grupo parlamentario del PAN la votará a favor.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Rojas Hernández.

Esta Presidencia le da más cordial bienvenida a estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, invitados por el Senador Raúl Morón Orozco.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado!

Para fijar la posición del grupo parlamentario del PRI, se concede el uso de la palabra a la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, hasta por diez minutos.

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

El funcionamiento eficiente y eficaz de las instituciones, el ejercicio responsable en la gestión pública y el fortalecimiento de los valores de un sistema libre y plural, son pilares fundamentales en una democracia.

En ese sentido, gracias al impulso modernizador del gobierno de la República, se han redoblado los esfuerzos para promover la cultura de la transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.

Las reformas aprobadas durante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, han comenzado a impactar en la productividad y competitividad, los derechos humanos, la calidad de la educación, la creación de empleos y el desarrollo social.

Se han abierto los canales para que los mexicanos tengan acceso a la información y a la rendición de cuentas.

Se han fortalecido y puesto al día las instituciones, normas y procedimientos que cuidan la legalidad y las responsabilidades públicas que permitan sancionar a los actores que las asumen.

Algunos avances obtenidos con la reforma en materia de transparencia son:

Se le otorgó autonomía constitucional al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos.

El INAI es el responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal.

Gracias a las reformas, las instituciones del INAI son vinculatorias, definitivas e inatacables para todas las autoridades y los sujetos obligados.

Sólo cuando las resoluciones del INAI puedan poner en peligro la seguridad nacional, el Consejero Jurídico de gobierno podrá interponer un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los sindicatos y fideicomisos tienen la obligación de transparentar su actuar y rendir cuentas a los ciudadanos por el uso de los recursos públicos, esto es un avance fundamental para la vida pública en México, esta reforma significa un antes y un después, un gran logro.

Con la nueva legislación damos cumplimiento a uno de los puntos que establece la reforma constitucional en materia de transparencia de 2014, y lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental que aprobamos en este año.

Por eso hoy expresamos nuestro beneplácito y respaldo a los dictámenes de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, relativo a la expedición de una nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Con esto, las Senadoras y Senadores de la LXIII Legislatura, respondemos a las exigencias de los mexicanos.

No hay duda, nuestro país se encuentra en vías de la consolidación democrática, hemos apostado por mover a México, y lo estamos logrando.

Compañeras y compañeros Senadores: Las Senadoras y Senadores del PRI, estamos convencidos que en un estado democrático se legitima en la medida en que su sociedad conoce de las decisiones que toma su gobierno, la razón de las mismas, sus objetivos y resultados, la única manera de que esto suceda, es que mientras haya puertas abiertas en todas las instancias públicas que garanticen el libre acceso a la información, a la gestión pública, y de los recursos que se comprometen en su ejercicio.

Pero además, se requiere que la información sea confiable, útil, y que el acceso a ellas pueda ser fácil y también oportuno.

Los legisladores del PRI decidimos apoyar cada una de las reformas transformadoras y hoy, con renovada convicción lo volvemos a hacer, porque estamos convencidos que ha traído y traerá muchos beneficios.

En México merecemos un mejor futuro, estamos convencidos de ello, pero además, estamos trabajando para ello.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Merodio Reza.

Con fundamento en el artículo 199 numeral 1, fracción III del Reglamento del Senado, informo a la Asamblea que para la discusión en lo general se han inscrito los siguientes oradores, y también informaré quienes han retirado su participación, o bien, solicitado que se inserte en el Diario de los Debates como planteamientos por escrito.

Han solicitado y han enviado sus posicionamientos a favor del dictamen los Senadores Arturo Zamora Jiménez y Benjamín Robles Montoya. Insértense en sus términos en el Diario de los Debates.

El Senador Arturo Zamora Jiménez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Senador Benjamín Robles Montoya: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ha retirado su participación el Senador Luis Sánchez Jiménez.

En consecuencia, la lista de oradores a favor quedaría de la siguiente manera:

Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI, a favor.

Senadora Marcela Torres Peimbert, del grupo parlamentario del PAN, a favor.

Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, a favor.

Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT, a favor.

Senadora Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del PRI, a favor.

Senadora Layda Sansores, del grupo parlamentario del PT, en contra.

Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN, a favor.

Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, a favor.

Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, a favor.

Senador Daniel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, a favor.

Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, a favor.

Senadora Martha Tagle Martínez, a favor.

Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, en contra.

¿Alguna otra intervención?

En consecuencia, con esta lista cerraríamos el orden.

Me informa la Secretaría que la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, envía su posicionamiento por escrito. Insértese al Diario de los Debates.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Lo mismo la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara.

La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Conforme lo establece nuestro Reglamento, abrimos la discusión en lo general.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Layda Sansores San Román, para fijar posición en contra del dictamen.

La Senadora Layda Sansores San Román: Señor Presidente; compañeras y compañeros:

Este dictamen es una regresión y un atentado contra las demandas ciudadanas que exigen mayor transparencia en la vida institucional. Exigencia que se ha incrementado con los escándalos de corrupción que genera el señor Peña Nieto y sus allegados, incluyendo sus casas blancas, sus jardines y sus Higa-explicables-contratos.

Íbamos empedrando bien el camino, pero me temo que otra vez desde las tinieblas, el gran mayordomo de los castillos y castillejos volvió a hacer de las suyas. Hasta en la redacción exhibe su mano, y lo delató el subconsciente, porque él habla de las facultades del Consejero Jurídico, ¿y por qué no Consejera? Debió decir, de la Consejería Jurídica, ¡Pero qué lapsus!

Primero, él se otorga capacidades únicas, casi celestiales, se reservó el privilegio para interponer, él solito, recursos de revisión ante la Suprema Corte, en términos de seguridad nacional, que es un concepto tan amplio, como pudieran ser hoy los caprichos del señor Peña Nieto.

Hay que reconocer que el señor es brillante, brillantemente perverso. Es el coyote de cuello blanco más poderoso de este país. Se dio a sí mismo una facultad exclusiva. Luego, inventó su recurso y el procedimiento. Y por último, pretende concebir la instancia que lo resuelva.

Por lo tanto, él va a tener su propio “PRI-tribunal” dentro de la Suprema Corte, porque van a ser tres Ministros de la Suprema Corte quienes resuelvan el recurso que él interpone, y que se me hace que con Medina Mora y el Laynez de la terna, que él mismo mandó, pretende lograr su mayoría.

Este dictamen huele a azufre. Y todavía aquí hay Senadores candorosos que creen que ellos legislan, ja ja.

Por otro lado, el INE hace un justo reclamo pidiendo que se le dé derecho de audiencia, a efecto de defender la legalidad de sus resoluciones, y se le denegó. Pero, ¿en qué cabeza cabe excluir a la autoridad competente? ¡No se entiende!

Bien decía Ximena Puente, la Comisionada Presidenta, cuando ella señaló que uno de los aspectos fundamentales en la ley de transparencia era lo relativo al acceso a la información, relacionada con violaciones graves a los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad, de los que habló el licenciado Manuel Bartlett.

Pero, como bien precisó el colectivo y organizaciones ciudadanas, que aquí se les escuchó pero no se les atendió, existe una ceguera institucional. Aquí venía una compañera y nos habla de cifras, y cómo aumentaron las obligaciones. ¿Qué malabares con los números? 297 nuevas obligaciones. Pero no dicen que cero facilidades en el procedimiento y una discrecionalidad brutal.

Pues no nos queda más que inferir que lo único verdaderamente transparente en este Senado, es que no se tiene transparencia, incongruencias, contradicciones, nula voluntad política para cumplir con lo aprobado en la Constitución y en la Ley General de Transparencia.

Y se tenía fijado que sería el 30 de agosto de 2015 cuando se esclarecería el uso de recursos del Poder Legislativo y los ingresos que tienen las acciones parlamentarias. ¿Pero qué pasó? Esto se venció en agosto. Ay, pues ya nos dimos un plazo de 18 meses para que la justicia se haga en los bueyes del vecino que viene.

Claro, hay que seguir perpetuando aquí en el Senado la opacidad y el derroche, porque somos espléndidos en nuestros gastos, cinco millones en pasteles y todo lo que nos repartimos. Ah, pero cuenta chiles cuando se trata de determinar el salario de los trabajadores.

Aquí se lo regalo, señor Presidente, que está platicando.

En estos tiempos de depravación y agravio…

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senadora Sansores San Román, le informo que según el Reglamento del Senado, las intervenciones son por quince minutos, y esa es la razón por la cual le hemos señalado que su tiempo ha concluido.

La Senadora Layda Sansores San Román: Señor Presidente, le pido que sea usted respetuoso y en primer lugar, cuando estoy hablando o está hablando un compañero, guarde usted silencio.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La función de la Presidencia es señalarle cuando su tiempo ha concluido, le ruego que concluya su intervención.

La Senadora Layda Sansores San Román: Me ha interrumpido, señor Presidente. Ha sido muy generoso con todos los compañeros, pero siempre que se les viene a decir la verdad con todas sus letras, usted se pone muy nervioso.

¡Por favor! La misma tolerancia que tiene con los demás Senadores. Es un tema importante. Ya voy a terminar.

En estos tiempos de depravación y agravio a los derechos humanos, esta ley omite proteger a los servidores públicos que divulguen información en contra de sus superiores, como los llamados Whistleblower, que sólo se puede traducir como el miedo que se tiene a la verdad.

Recordemos Méxicoleaks, excusa idónea para silenciar la voz de Carmen Aristegui.

Y yo nada más les digo, ya merito termino. Que para tener autoridad moral, para venir aquí a aprobar leyes de transparencia en este Senado, debimos empezar por transparentar los recursos que se manejan en casa, y mi lucha por transparentar el Congreso viene desde la Cámara de Diputados.

En aquel entonces comenté una reseña del Diario de los Debates. El Diputado Luis Ramírez denunció la rapacidad que imperaba. Hay facturas inventadas, nóminas incompletas, aviadores, negocios, y la gente gritaba en las galerías: “Qué bandidos”. Se exigieron responsabilidades a la Comisión de Administración, y varios Diputados desenfundaron sus pistolas y se desató la balacera. Dos Diputados muertos.

Si se ha enseñoreado la rapiña es porque hay complicidad manifiesta. Esto fue escrito el 12 de septiembre de 1935. Han pasado 80 años y no hay diferencia entre el ayer y el hoy.

En la actualidad no hay legisladores muertos, pero sí los hay indignos, y es mayor la corrupción.

Las Cámaras se han convertido en el paraíso de los privilegios, del secretismo, de la discrecionalidad, del derroche, de la inequidad y de la corrupción.

Muchos no participamos en las decisiones, pero no obstante todos toleramos la corrupción en casa.

El silencio nos ha hecho cómplices, y son ahora los ciudadanos que nos gritan en la calle “Bandidos”. Y qué difícil, porque el caballo va adelante, aventando el cerote, y todos recogemos una parte por más mínima que sea.

Y para terminar, querido Senador Barbosa Huerta, declaraba en su informe de labores: “Que el Senado era una de las instituciones más transparentes del Estado mexicano”, casi, casi una cajita de cristal.

¡Ah, querido Senador! ¡Qué romántico es usted!

Creo que ese es uno de sus más atrevidos y salvajes sueños.

Aunque se vale soñar...

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Concluya, por favor.

La Senadora Layda Sansores San Román: Pero también es válido hacer realidad una necesidad, una exigencia ciudadana, y para empezar, pues, que el Senado, antes de andar aprobando leyes de transparencia mochada, recoja la dignidad, reponga el orgullo y se convierta en un ejemplo de honestidad y de transparencia.

Gracias por su paciencia, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Sansores San Román.

Informo a la Asamblea que la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, ha enviado su intervención por escrito. Insértese en el Diario de los Debates.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Que me conceda la palabra para alusiones personales.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene usted el uso de la palabra para alusiones personales.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Es muy importante lo que aquí se ha dicho, y le digo a quien me aludió de manera personal, que en el Senado sí hemos sido capaces de construir, primero, una reforma constitucional en materia de transparencia; después, una Ley General de Transparencia, y hoy una Ley Federal de Transparencia.

La virtud de estos 3 instrumentos, de una reforma constitucional, y 2 instrumentos legales, es que no recibimos iniciativa del Ejecutivo.

Se construyó con la participación de los grupos parlamentarios y se abrió a la participación de las organizaciones sociales. Eso le consta a todos los que intervinieron de manera real en el proceso legislativo.

La verdad, Senadora, yo sí creo, la veo a usted como una Senadora esforzada en su trabajo legislativo, le tengo respeto, pero creo que estuvo ajena a la construcción de estos instrumentos de transparencia, la reforma constitucional.

Y puedo, no tengo el dato, pero puedo corroborar si usted asistió a las sesiones de las comisiones, no porque sea o no integrante, porque todos, quienes somos Senadores podemos ir a las comisiones, y entonces sabré si usted participó en el proceso de construcción de estas propuestas.

Cuando fui Presidente fijé los propósitos de la Mesa Directiva en tres aspectos: transparencia, honestidad y productividad.

Y cumplimos en nuestra página de transparencia, y cumplimos en todas las solicitudes de información, en todas, llevando a nuestro portal hasta 20 conceptos más de lo que la ley nos obligaba.

Hoy mi grupo parlamentario, no sé el del Partido del Trabajo, hoy ya está cumpliendo con la Ley General de Transparencia.

No voy a hablar por los demás grupos parlamentarios, mi grupo sí, mi grupo ya está cumpliendo, así lo digo y no quiero con eso aludir a otros grupos parlamentarios, mi grupo ya tiene una página de información alimentada con los requisitos que establece la ley; y mi grupo tiene un diseño administrativo, más allá que en el Senado no se haya podido alcanzar y que está muy avanzado.

Yo sí me siento satisfecho y puedo verla a su cara, y qué bueno que sea yo un sueño, porque somos amigos, un sueño en esas aspiraciones que tiene. Sí aspiro a más transparencia, y creo que es una aspiración que en el Senado recogemos todos.

Afortunadamente hemos sido Cámara de origen en estos instrumentos, y lo digo con mucho orgullo, y reconozco la participación de todas y de todos los Senadores, de verdad que yo sí puedo mirar a la cara, y la reto a que solicite, la reto yo porque yo voy a solicitar cuántos recursos maneja usted y en qué los gasta, sí, de usted.

No me los diga Layda, hay mecanismos de transparencia, yo le digo que voy a hacerlo, no Layda, no, y don Manuel Bartlett nos puede decir cuánto recibe el grupo del PT, y Emilio Gamboa del PRI, y Fernando Herrera del PAN, Layda, con calmita, Layda, yo la respeto mucho, pero en verdad que incomoda que se hagan señalamientos y que se diga que se puede solicitar la información de todos los que recibimos recursos públicos, todos, está al alcance y por eso el Senado ha sido ágil y ha sido atingente en los mecanismos de transparencia para todos, sin excepciones.

Y esa idea de que se hizo un transitorio que llevó al cumplimiento de un nuevo vacatio legis al 31 de agosto es inexacta, señores. A partir del 1º de septiembre pueden pedir la información de las obligaciones generales y específicas de transparencia, las pueden pedir para todos.

Miren, yo sí conozco el tema de transparencia, fui el primer legislador, cuando fuí Diputado, que presentó una iniciativa, en ese tiempo la primera iniciativa que estuvo acogida en el Poder Legislativo, una iniciativa sobre transparencia, conozco el tema Layda, conozco el tema y no vengo a hacer alardes ni vengo a hacer teatros a la tribuna, la respeto mucho, a usted y a la tribuna.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Barbosa Huerta.

Tiene el uso de la palabra la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, a nombre del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

A nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, vengo a esta tribuna a dar nuestro posicionamiento en favor del presente dictamen por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Quiero resaltar, en primer lugar, un amplio reconocimiento a la apertura que ha tenido el Senado de la República a través de las comisiones unidas para la construcción del dictamen, que es el resultado del trabajo deliberativo y de consensos entre legisladores, la sociedad civil organizada, la academia y el sector público.

Destacamos que dada la trascendencia de esta ley para la vida pública del país, se acordó al interior de las comisiones trabajar bajo el principio de máxima publicidad, por lo que cada una de las audiencias y reuniones de trabajo fueron públicas, y en todo momento estuvieron a la disposición de la ciudadanía el avance de los trabajos y la información generada en cada una de las reuniones.

Hago mención de lo anterior porque este hecho permitió construir una nueva ley de vanguardia que hace valer de manera sustantiva el derecho constitucional de acceso a la información pública gubernamental, y consolida los mecanismos de transparencia.

En el PRI consideramos que uno de los principales fundamentos de la democracia contemporánea es el principio de la libertad. Si bien en el amplio universo de este concepto confluyen varias libertades, la libertad de opinión, la libertad de expresión, la de prensa y la libertad de información, constituyen los pilares elementales sobre los que se erigen las democracias igualitarias y sustantivas.

Bajo esta premisa hemos impulsado y apoyado una serie de reformas constitucionales y de leyes secundarias en materia de transparencia, de protección de datos personales, de contabilidad entre otras, que buscan, en su conjunto garantizar el derecho de acceso a la información pública.

La ley que hoy discutimos es parte del esfuerzo del Congreso de la Unión y del Poder Ejecutivo para generar una cultura de la legalidad y el involucramiento pleno de la ciudadanía en la vida pública del país.

Una vez promulgada esta ley, iniciará una nueva etapa de la vida política de nuestro país que se regirá bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas y de un verdadero gobierno abierto.

Los mexicanos deben tener la certeza que este nuevo instrumento legal responde a las demandas y circunstancias nacionales, y los empodera con instrumentos sencillos y eficaces en el ejercicio de su derecho a la información pública.

Asimismo, esta nueva ley fortalece nuestro sistema nacional de transparencia y todas sus instituciones garantes.

Sin el ánimo de redundar sobre lo que ya se ha expresado en esta tribuna, sólo quiero ponderar los siguientes elementos:

Se reafirma el principio de máxima publicidad y el derecho de cualquier ciudadano de acceder, si así lo desea, a los documentos gubernamentales, de partidos políticos, sindicatos, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, entre otros sujetos obligados.

En caso de que sea negada cualquier información, el INAI tendrá facultades para solicitar, y mejor aún, establecer sanciones a todos aquellos funcionarios, personas morales o físicas o directores de fideicomisos y fondos públicos que nieguen este derecho a cualquier ciudadano.

Se dota de mayores facultades al INAI para poder cumplir cabalmente con su fusión, entre otros.

En el Partido Revolucionario Institucional, creemos que el mayor impacto de la rendición de cuentas y la transparencia se observará en la medida que instituyamos un cambio cultural en la gestión administrativa.

Estamos ciertos que esta nueva ley apunta a consolidar la confianza en las instituciones públicas de México mediante la apropiación masiva del derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos.

Reconocemos que la información en posesión del gobierno es un bien público, y por ello debe estar al alcance de todos y cada uno de los mexicanos.

Por la transparencia, por la rendición de cuentas, por el combate a la corrupción y los gobiernos abiertos, ni un paso atrás.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Pineda Gochi.

Para hablar en contra del dictamen, tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT.

El Reglamento establece, Senador Bartlett Díaz, que se tienen que intercalar Senadores a favor y Senadores en contra, la única persona registrada para hablar en contra del dictamen es usted, en consecuencia, debo darle el uso de la palabra, inmediatamente después de la intervención de la Senadora Pineda Gochi, en razón de que se ha pronunciado a favor del dictamen.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Muchas gracias, señor Presidente, por su aplicación estricta del Reglamento, pero aquí estamos.

Sí estamos en contra, me dicen que no hay muchos o parece que ya se acabaron los en contra, y le digo que esa es mi mayor preocupación que podemos tener, porque, y ahorita lo vamos a demostrar, que esta reforma no es la reforma que mandata la Constitución, es lo principal.

Aquí se dice que, por ejemplo, que el asunto de los derechos humanos en las graves violaciones a los derechos humanos es una cuestión que se tiene desde la reforma constitucional, bueno, pues, es una falla.

Es una gran falla, porque sabemos muy bien, que precisamente la opacidad que estamos viviendo hoy, es una de las graves violaciones a los derechos humanos, graves violaciones señaladas por organismos internacionales.

Entonces, si no se puede conocer desde el principio todo este procedimiento, se lo decíamos, es con este procedimiento y el resultado.

Ahora, grave falla, también se nos dice que queda pendiente el asunto del Poder Judicial, pequeño detalle, queda pendiente el Poder Judicial que no cae dentro de la ley, y que queda a su arbitrio con tres ministros que va a ser su propio juez en parte.

Sabemos muy bien que el Poder Judicial representa una estructura enorme con presupuestos enormes, y que ejercen un poder autoritario los ministros de la Suprema Corte y lo voy a demostrar más adelante, sobre toda la estructura a través del Consejo de la Judicatura y nadie los revisa, gravísima falla también.

El Poder Judicial debería de estar dentro de esta ley, y la autoridad que hemos establecido a través de un desarrollo constitucional que aquí se ha destinado, pero debería de ser una y no someternos a lo que quiera el Poder Judicial.

Se dice que la descomposición del poder, el descrédito de las instituciones, aquí dicho hace un momento, grave, sólo el 27 por ciento nos dijeron hace unos minutos, cree en el valor de las instituciones, y que esta ley, buena ley, es la que va a permitir la única vía para recuperar el prestigio de las instituciones enlodadas, perdidas en la corrupción, va a ser la ley de transparencia, si la dejamos coja, no es el instrumento para eso, no es el instrumento para perseguir la corrupción en el país. La reforma no cumple con la Constitución.

El artículo 6o. de la Constitución establece los siguientes principios: máxima publicidad, que significa optimizar, ampliar todo lo que se pueda, la transparencia, los mecanismos de acceso a la información deben ser sencillos, el recurso de revisión de la Consejería Jurídica, empleado del Ejecutivo, es una institución inconcebible, ¿Quién es ese señor? Que se mete a legislar aquí, que se mete a la Suprema Corte a ordenar y a manipular y tiene grandes privilegios ante información que, efectivamente pueda afectar la seguridad nacional.

Él es el que nos va a decir: el empleado del Presidente, el señor consejero que por todos lados anda haciendo tropelías en favor de la no transparencia, ese tiene una serie de privilegios. El INAI debe ser autónomo.

Se incumple el artículo 6o. de la Constitución por lo siguiente, la ley federal no promueve la máxima publicidad. Existen 13 causas de reserva en el artículo 110 de la ley federal.

Segundo.- Los recursos no son sencillos, el artículo 162 de la ley establece causales de sobreseguimiento en el recurso o revisión, que son propios del derecho privado o que impiden el derecho a saber, por ejemplo, de la muerte o el desistimiento del solicitante.
Las hipótesis tres, de la actuación del Consejero Jurídico no son precisas, se viola la seguridad jurídica y el principio de que la actuación del Consejero Jurídico es por excepción, él quién es, que aberración. El INAI no es autónomo.

En consecuencia, del reparto de cuotas, el de los partidos mayoritarios. Los tratados ratificados por México también se violan.

En México no sólo se aprobará la Ley para Regular el Derecho a la Información, sino la ley que se aprobará queda muy distante y lejos por los principios que se contienen en los tratados suscritos.

Todos los principios de las decisiones y tratados que hemos firmado, exigen un derecho a la información amplísimo y esta propuesta de ley se queda corta y restringe el principio de máxima publicidad, por ejemplo, en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, solo se establece en dos límites al derecho a la información, dos límites, eso es todo. El respeto a los derechos y la reputación de los demás, y la protección de la seguridad nacional. En cambio, el artículo 110 del dictamen de la ley federal que se va a aprobar aquí, contiene 13 causales de información reservada, 13 causales en ese jaloneo que dice: hasta aquí yo voy a responder 13 causales, verdad. Una reserva que viola totalmente el principio constitucional.

Otro ejemplo, al informe anual del relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1999, indica: que las excepciones y limitaciones al derecho de la información debe ser escasa y estricta, que demuestren prejuicio, interés político y que en ocasiones, aunque la información sea reservada; y aunque siempre sea privada. Si esta revela un alto nivel de corrupción dentro del gobierno, debe hacerse pública, en todas estas normas está presente el principio de máxima publicidad, contemplada en el artículo 6o. de nuestra Constitución, que exige elaborar leyes siempre de manera progresiva para optimizar ese principio.

Sin embargo, esta ley escamotea el principio de máxima publicidad y regula una transparencia corta, no avanzada, pero se dice avanzamos, y al decir avanzamos, estamos violando la Constitución. Entonces estamos limitados hasta cuando quiera el poder presidencial y su Consultor Jurídico abrirnos al análisis de los ciudadanos.

Por eso decimos que en lo general esta ley viola la Constitución, no la cumplió.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Marcela Torres Peimbert, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Marcela Torres Peimbert: Muchas gracias. Estimadas compañeras Senadoras y Senadores de la República:

El día de hoy discutimos, desde mi punto de vista, un buen proyecto de dictamen de la Ley Federal de Transparencia, el cual indudablemente podría haber sido mejor si la perspectiva de derechos humanos hubiera vencido a la visión formalista en la construcción y en el debate de la ley.

De haber sucedido lo anterior, hoy hablaríamos de una facultad para determinar acceso a la información sobre violaciones graves a los derechos humanos; hablaríamos de mayores límites al poder cuando éste trate de restringir un derecho humano si se hubiera instaurado un procedimiento que subsanara las lagunas del recurso de revisión en materia de seguridad nacional, que quedaron desde la ley general efectivamente.

Hoy, ante el primer recurso que ya presentó el Consejero Jurídico del Ejecutivo, estas lagunas se hacen más presentes que nunca. La Consejería Jurídica se niega a entregar la información sobre la bitácora del avión presidencial.

La transparencia encuentra resistencias por la ineficiencia y/o corrupción de funcionarios y funcionarias públicos que se cobijan y se sienten cómodos ante la opacidad.

En un justo balance de las cosas aprobamos una buena ley, donde a través del fortalecimiento de las instituciones y desde una visión de apertura y transparencia, incluimos procedimientos abiertos y ciudadanos de selección tanto de los comisionados del INAI como de los miembros de su Consejo Consultivo.

Integramos también un apartado en materia de gobierno abierto para el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los órganos constitucionalmente autónomos.

En este capítulo incorporamos la obligación de las Cámaras del Congreso para permitir la participación ciudadana en el proceso legislativo, para facilitar la formación de alianzas con grupos externos para reforzar la participación de los ciudadanos y ciudadanas en estas Cámaras, desarrollar programas dirigidos a jóvenes y comunidades históricamente marginados, entre otras.

Respecto a estos nuevos compromisos, nos queda ahora, compañeras y compañeros, como tarea hacer las reformas necesarias al Reglamento en este Senado, y a la Ley Orgánica del Congreso, para realmente garantizar e implementar la participación ciudadana.

También en esta ley ampliamos el catálogo de obligaciones de transparencia para los tres poderes, llevando más allá los mínimos que establece la ley general.

Felicito desde aquí a ciudadanas y ciudadanos que ocupando su valiosísimo tiempo, estuvieron aquí dando la batalla para que esto fuera posible, personas cuyo incentivo es un país mejor a través de un Estado más transparente y un mejor ejercicio del derecho de acceso a la información.

Felicito y agradezco -artículo 19- a la Red por la Rendición de Cuentas, al Colectivo por la Transparencia, a Fundar, a México Infórmate, a Transparencia Mexicana, al IMCO, a México Evalúa, pero en particular a los hombres y mujeres que los conforman, cuya poderosa causa ha marcado la vida institucional del Congreso de hoy en adelante.

Estoy convencida que si esta ley no tuvo mayores deficiencias o retrocesos, fue mucho a su incansable trabajo y presencia en este Senado.

También quiero felicitar a varios de mis compañeros, al presidente de mi comisión, al Senador Pablo Escudero, al Senador Alejandro Encinas por su paciencia y trabajo, y a la Senadora Laura Rojas por su persistencia, su paciencia y su trabajo serio, así como su gran estudio en el tema.

Sin embargo, ante el esfuerzo y el compromiso de organizaciones y de legisladores, les quedamos a deber ciertas demandas ciudadanas.

Desgraciadamente las violaciones graves a derechos humanos son una constante en nuestro país, no lo es la máxima publicidad de las investigaciones de los hechos violatorios.

No todas las violaciones de derechos humanos tienen el mismo seguimiento o publicidad que tuvo la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, la máxima transparencia en temas como las violaciones graves de derechos humanos tiene como objetivo satisfacer el derecho a la verdad de la ciudadanía, a resarcir el daño a las víctimas, a sancionar a los inculpados y, sobre todo, a evitar la repetición de actos atroces que lastiman las vidas y la confianza de los ciudadanos en el Estado y en sus instituciones.

El debate, en cuanto a si se debía o no de otorgar la facultad al INAI, se fundó en dos argumentos:

El primero giró en torno a la institucionalidad, este señalaba que al otorgar esta facultad al INAI se invadían las facultades de la CNDH.

El segundo, el que convenció a la ciudadanía y a muchos en la oposición, en lo cual me incluyo, ponía en el centro a las personas, y a su derecho de accesar a la información cuando se sospeche que el Estado violó gravemente los derechos humanos.

Desgraciadamente, compañeras y compañeros, ganó la visión de la institucionalidad sobre la visión de la garantía a los derechos humanos.

La otra deuda pendiente que tiene que ver con perder la oportunidad histórica que nos daba esta ley para acotar el enorme poder presidencial que es tradicional en nuestro país, para poder reservar información bajo el pretexto de proteger la seguridad nacional.

Nos faltó incluir que en el recurso de revisión, en materia de seguridad nacional, tienen carácter de tercero interesado el Instituto Nacional de Transparencia, el solicitante de la información.

Era indispensable que la Ley Federal de Transparencia señalara como requisitos el escrito de recurso de revisión, por lo menos el recurso de revisión que se impugna, la fecha de resolución, el sujeto obligado, la solicitud de información, la serie de agravios en los que el Consejero Jurídico motiva y motivará de manera reforzada las razones por las que considera que la información descalificada pone en riesgo la seguridad nacional.

Omitimos también señalar en cuánto tiempo deberá resolver la Corte el recurso.

¿Cuáles son los efectos de la resolución que dicte la Corte respecto al recurso de revisión?

Las sanciones al Consejero Jurídico, cuando el recurso de revisión esto casi no va a pasar ante la Suprema Corte, tenga solamente como objeto dilatar la entrega de la información.

En resumen, acotar el poder presidencial para ocultar información que debería estar bajo el escrutinio público de todas y todos los mexicanos.

Compañeros Senadores: En esta tribuna, les recuerdo, que la transparencia es un valor institucional y necesita de voluntad política que cada uno de los individuos debemos de tener.

Ante la desconfianza de los ciudadanos y la impunidad, sólo transparencia y rendición de cuentas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Torres Peimbert.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.
La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente.

En general, esta ley en materia de transparencia, el dictamen cubre aspectos muy importantes que deben ser objeto de transparencia, pero yo quiero señalar algunos que no están y que son o que prevalecen espacios de opacidad en esta ley, sólo hablaré de un solo artículo, el 73 que se refiere al sector energético.

El Artículo Noveno Transitorio de la reforma constitucional en materia energética, estableció que el Congreso de la Unión debe realizar las adecuaciones al marco jurídico con la finalidad de que los contratos y las asignaciones de exploración y extracción de hidrocarburos sean otorgados a través de mecanismos que garanticen la máxima transparencia.

El Artículo Noveno Transitorio también dispone que la ley debe prever y regular que los contratos cuenten con cláusulas de transparencia que posibiliten que cualquier interesado los pueda consultar.

Cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto presentó su propuesta de leyes secundarias de reforma energética, se ubicó a la transparencia y la rendición de cuentas como uno de los cinco principios rectores de ese paquete de iniciativas, en esa perspectiva, se aplicarían cinco reglas de transparencia, entre otras, contratos; los contratos deben de tener cláusulas de transparencia para que puedan ser consultados por cualquier interesado.

Las empresas deben hacer públicos los costos incurridos y los pagos que reciban del Estado, los recursos que recibiría el Estado por los hidrocarburos extraídos, así como el uso y destino en los que diera este sector, porque todos se consideran recursos públicos.

Habría pesos y contrapesos entre las cuatro instancias del Estado para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas.

En numerosas entrevistas y conferencias se hizo así, sin embargo el paquete de 21 iniciativas que recibió el Congreso, no cubrió en su totalidad estos requisitos, y debió haber sido esta ley de transparencia la que garantizara la transparencia plena en el sector energético.

Las leyes en materia energética dejan mucho qué desear, y es sólo la ley de transparencia la que debería de entrarle a fondo, pero acaba siendo escasa y asimétrica, porque las obligaciones no son parejas para todos, no son iguales para las empresas públicas que para las compañías privadas, tampoco son iguales para las empresas públicas que para las compañías privadas, tampoco son iguales para las firmas petroleras que para las corporaciones eléctricas, ninguna autoridad del sector está obligada a publicar el texto original de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos que celebra la Comisión Nacional de Hidrocarburos con las compañías petroleras.

Tampoco hay una obligación de publicar el texto original de los títulos de asignación que la Secretaría le otorgue a PEMEX.

Ninguna autoridad del sector está obligada a publicar los costos de producción del petróleo y del gas natural, ni el desglose de los impuestos pagados por yacimiento, campo, contrato y asignación, lo cual impide conocer cuánta renta petrolera le está quedando al país y a los productores de hidrocarburos.

La reforma mantuvo la opacidad en PEMEX, se le permitió mantener el vuelo corporativo en la operación del grupo, así como la oscuridad en las relaciones con clientes y proveedores, hasta ahora PEMEX debe publicar la información sobre sus contrataciones, conforme a lo previsto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que es precisamente la ley que se propone abrogar, sin que la ley de reemplazo que hoy se discute retome la obligación a la que me refiero.

La reforma introdujo más transparencia en la CFE que en PEMEX.

¿Por qué esa diferencia?

¿Los contratos de la CFE son más importantes que los contratos de PEMEX?

¿Por qué esa diferencia?

Luego, no se obliga a las empresas productivas de los estados a informar los apoyos que le dan a los sindicatos, y acabamos de tener la revisión contractual, de contrato colectivo de trabajo, donde PEMEX le otorga el doble de apoyos al sindicato petrolero, 100 por ciento de incremento a los apoyos al sindicato, este año es de 190 millones de pesos y será de 380 millones de pesos con administración, transporte, organización de los miembros del sindicato, etcétera, etcétera, se duplica.

¿Por qué?

¿Bajo qué criterios establece eso PEMEX?

Bueno, pues las empresas productivas deben estar obligadas a informar.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que hoy discutimos, es una excelente oportunidad para llenar los vacíos, para llenar vacíos y clarificar las zonas grises de la legislación en materia de energía.

El análisis de la misma nos lleva a concluir que hay avances en la dirección, lamentablemente no son suficientes, atendiendo a los principios de máxima transparencia y máxima publicidad, es necesario introducir explícitamente algunas disposiciones hoy ausentes en la legislación energética y en la ley que hoy se discute en el artículo 73, establecer obligaciones, por ejemplo, para el Centro Nacional de Control de Energía, la CENACE, y el Centro Nacional de Control de Gas Natural, el CENEGAS, son organismos ausentes en esta ley, ni siquiera son sujetos obligados, por qué no van a ser sujetos obligados, si hay una transición para que estos organismos sean los que suman todas las tareas de electricidad y de gas.

Establecer para las empresas productivas del Estado la obligación de hacer públicos los contratos que celebran en materia de construcción y operación de gasoductos, sistemas de almacenamiento de gas natural, terminales de recepción de gas licuado, así como los contratos de compra, de capacidad, de transporte, almacenamiento y recepción de gas natural, el sistema de acceso abierto conforme a la ley.

Establecer la obligación para la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de publicar los contratos de asignaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos, así como sus anexos y convenios modificatorios.

No debemos conformarnos, como lo dice esta ley, con la publicación de una nebulosa información relativa, que podría limitarse a un simple resumen ejecutivo o un machote de contrato antes de su firma; el contrato con el comercializador del Estado, así como sus anexos y convenios modificatorios, necesitamos conocerlos.

La tasa de recuperación de hidrocarburos, in situ por cada yacimiento, por cada campo de producción, tanto en asignaciones como en contratos, no lo establece esta ley. La tasa de recuperación o el dictamen para otorgar y rechazar una asignación.

Establecer para la Comisión Reguladora de Energía, la obligación de publicar los niveles de capacidad, margen de reserva, generación, pérdidas en la red, demanda máxima, demanda máxima coincidente, tiempo de interrupción por usuario, ventas de energía eléctrica, precios de mercado mayorista, tarifas de transmisión y distribución, precios de venta a los usuarios del servicio básico. ¿Por qué no podemos saber estos datos fundamentales?

Y establecer para la Secretaría de Energía la obligación de publicar las asignaciones de exploración y extracción de hidrocarburos, así como los anexos y convenios modificatorios. La información relativa a los procedimientos de consulta previa, libre e informada, necesarios para tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades, pueblos indígenas en los que se desarrollen proyectos de la industria energética, en español y en la lengua indígena correspondiente, porque esta ley no establece la obligación de hablar en la lengua que hablan los indígenas.

Todas estas propuestas no están en el cuerpo legislativo, incluyendo en esta ley, es una ley en materia energética, descafeinada, aunque reconozco que contiene avances muy importantes.

La Secretaría de Energía como cabeza de sector debe actuar continuamente y poner a disposición del público las asignaciones, licencias, contratos, autorizaciones y permisos, incluyendo sus anexos, convenios modificatorios que se otorguen en materia de exploración o extracción de hidrocarburos, los permisos de refinación, tratamiento de gas natural, así como la generación y distribución de electricidad.

En el marco de la reforma energética, esta ley de transparencia debiera representar la oportunidad de contar con toda la información sobre la actividad fundamental de nuestra importante industria energética, se quedó a medias.

Sabemos que no hay soluciones mágicas a los grandes problemas del país, pero debemos dejar apuntada la necesidad de seguir trabajando, hasta que se logren transparentar todas las decisiones de la industria energética de México.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Padierna  Luna.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental, consagrado en nuestra Constitución y en nuestro sistema jurídico. Asimismo, es un derecho reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que hoy nos ocupa es de gran trascendencia, porque armoniza los distintos avances que nuestro país ha tenido en esta materia, como resultado de la reforma constitucional del 2014.

Uno de los grandes cambios contenidos en el dictamen es que adopta un modelo de transparencia proactiva, en la que se establece la información que los sujetos obligados deben proporcionar a los ciudadanos, la cual facilita el ejercicio de este derecho; reafirma el compromiso del Estado mexicano por transparentar y fundamentar sus decisiones; se facilitan los procedimientos para que los ciudadanos tengan acceso a la información pública y en posesión de sujetos obligados.

Uno de los grandes avances contenidos en el presente dictamen lo constituye la apertura de las instituciones del Estado mexicano a través de iniciativas del gobierno abierto. Con ello, se generan condiciones que contribuyen a un mejor ejercicio de la administración pública, a través de la difusión de la información en formatos abiertos y accesibles.

Sin duda, es un paso importante para que la sociedad tenga más canales de información. Se sitúa a la información como un bien público que contribuye a mejorar la toma de decisiones y la labor gubernamental.

El presente dictamen contiene los elementos que contribuyen a fortalecer el andamiaje institucional que inhibe la corrupción, por lo que permitirá recuperar los niveles de confianza en los ciudadanos y su gobierno.

La participación de la sociedad civil, académicos, investigadores, en la elaboración de este documento, así como de las y los Diputados, de las y los Senadores, mucha sociedad civil, muchas organizaciones, se abrieron muchas consultas y muchos foros para llegar a hacer este documento, que hoy ante esta Soberanía se pone a consideración.

En concordancia con la reforma constitucional, incluye a fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, así como a los partidos políticos.

Además, es importante señalar que cuando algún documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados deberán elaborar una versión pública. Con el propósito de garantizar que los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones de brindar la información requerida y de mantener actualizada la información de sus portales, se establecen mayores sanciones.

La presente ley faculta al INAI para implementar las acciones que coadyuven a la construcción de una cultura de la transparencia en la población mexicana; asimismo, dicha institución tiene la obligación de promover el acceso a la información entre los grupos vulnerables.

Compañeras y compañeros Senadores: En la última década, los avances en la materia han sido grandes, han contribuido a tener gobiernos cada vez más responsables y la ciudadanía cada día se hace más exigente, para que podamos ser mejores y dar cuentas y transparencia de nuestros actos, del ejercicio público en los recursos y en las acciones mínimas de gobierno.

La transparencia es el elemento transversal que hace posible una efectiva y real rendición de cuentas. En este sentido, consideramos que en el presente dictamen se contemplan las medidas que hace más sencillo y ágil el acceso a la información pública y fomenta la participación ciudadana en la toma de las decisiones públicas.

Por eso, el grupo parlamentario de mi partido, el Revolucionario Institucional, votaremos a favor por este dictamen, porque estamos seguros, hemos participado todas y todos en las Comisiones de Gobernación, en la de Estudios Legislativos, Segunda, y los que formamos parte de la Comisión Anticorrupción en reiteradas y en todas las convocatorias, en las consultas, en los foros en los que hemos sido convocados o nos han convocado o hemos convocado.

Quiero dejar público reconocimiento al Senador Pablo Escudero, al Senador Alejandro Encinas, a la Senadora Cristina Díaz y a la Senadora Laura Rojas, que incansablemente, junto con las Senadoras y los Senadores que formamos parte de estas comisiones, se trabajó arduamente, se escuchó hasta al ciudadano común que llegó con nosotros.

Aquí guardo papel en manuscritos de gente de los rincones más sencillos, inhóspitos de la patria mexicana; gente modesta que aportó su pensamiento, su inquietud y su voluntad para que quedara plasmado en este dictamen.

Por eso, compañeras y compañeros Senadores, solicitamos a ustedes su voto a favor para que aprobemos este dictamen.

Muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Hilaria Domínguez Arvizu.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la carrera de Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit, invitados por el Senador Manuel Cota Jiménez, quienes asisten al Senado para presenciar el desarrollo del proceso legislativo.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señor Presidente, con su permiso. Señoras y señores legisladores:

El derecho de acceso a la información es un derecho reconocido en nuestra Constitución y es un derecho reconocido también en instrumentos internacionales de los que México es Parte.

Este derecho fundamental, es para acceder a datos, registros y toda información que este en manos de entes públicos y privados que ejerzan gasto público, con las limitaciones que el propio marco jurídico establezca.

La transparencia es un tema que ha estado presente de forma protagónica en la discusión política nacional de los últimos años. Este protagonismo, sin duda, se debe a procesos como la transición democrática, la pluralidad en el Congreso de la Unión, cada vez más clara, así como también en las legislaturas locales, la ampliación de derechos políticos de los ciudadanos, la consolidación de la libertad de expresión y la creciente conformación de organizaciones civiles que impulsan, desde la sociedad civil, temas de interés general.

Tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, el Congreso de la Unión quedó obligado a revisar las reformas secundarias correspondientes a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, entre otros dispositivos legales, y es por ello que hoy celebramos que finalmente después de varios meses de trabajo, las comisiones unidas que participaron en este dictamen presentamos, al Pleno de este Senado, este dictamen sobre la Ley de Transparencia.

Quisiera, como ya lo hicieron mis compañeros Senadores que me antecedieron en la palabra, destacar algunos de los aspectos más relevantes de la ley que hoy se pone a su consideración.

Como ya bien se señala, en la fracción I del apartado A del artículo 6o. constitucional, serán sujetos obligados de esta ley cualquier autoridad, entidad, órgano u organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal.

El dictamen incluye las atribuciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, entre las cuales se destacan la capacitación a los servidores públicos; el brindar apoyo técnico a sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información; la promoción de igualdad sustantiva en la materia; elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de esta ley, sólo por mencionar algunas.

El Instituto contará con un órgano interno de control y su titular será designado por la Cámara de Diputados, en los términos previstos en la fracción VIII del artículo 74 constitucional.

Se establecen obligaciones específicas, de acuerdo a su naturaleza y sus facultades, competencias y funciones, para los sujetos obligados, de los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales de los tres órdenes de gobierno, el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos, los organismos garantes del derecho a la información y protección de datos personales, las instituciones de educación superior, dotadas de autonomía.

De igual forma, instancias en materia energética que habrán de dar cumplimiento a las nuevas obligaciones específicas, como la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, las Empresas Productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y la Secretaría de Energía.

Y bueno, yo quisiera referirme, concretamente, a uno de los grandes aportes de este dictamen, en que se decide en las comisiones ampliar el catálogo de obligaciones de transparencia proactiva, ya previstas en la Ley General, con el objeto de ser exhaustivos en el derecho a la información de los ciudadanos e incluir nuevas formas de obligaciones específicas al Poder Legislativo Federal, al Poder Judicial de la Federación, a los organismos autónomos, sujetos obligados en materia energética y al Poder Ejecutivo Federal.

Y uno de los temas que quisiera destacar es el relativo al de Transparencia Focalizada en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

En materia de información criminal, tenemos que encontrar el equilibrio entre la información que debe ser pública y aquella que excepcionalmente debe reservarse para que el Estado no comprometa su capacidad de respuesta frente a la delincuencia; y en este sentido, tenemos también que reconocer que las mismas instituciones de seguridad y justicia a lo largo del tiempo han sido reacias a abrir información.

Sin embargo, frente a la crisis de seguridad que enfrentamos, es necesario que el debate público sobre el tema descanse sobre bases de información sistematizada y de fácil acceso. Requerimos que la sociedad tenga pleno conocimiento de la situación real que ocurre en materia de seguridad y justicia, no solamente en el número de denuncias o de incidencia criminal, sino también en la forma en que el Estado combate al crimen y la información sobre los procesos y resoluciones.

Es por ello que celebro las modificaciones que se hicieron al dictamen en esta materia, al contemplar que el sujeto obligado deberá poner a disposición del público la información referente a la incidencia delictiva del fuero federal, desagregada por tipo de delito; la estadística sobre incidencia, denuncias y causas existentes en materia de justicia penal para adolescentes; y la estadística en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.

Es por ello, y por lo antes expuesto, que votaré a favor del presente dictamen, y señalar también que es importante que, en este sentido, reconozcamos que esa ley no agota el tema de transparencia, que, sin duda, como cualquier otro producto legislativo es perfectible, y que en adelante el Poder Legislativo tendremos la tarea de revisar cuál ha sido su funcionamiento, cuál será su funcionamiento, cuál será la forma en que se aplicará y, en consecuencia, a realizar las modificaciones que resulten pertinentes, pero tenemos que reconocer que el producto que hoy estamos a punto de votar en este Pleno, es un producto legislativo de una gran trascendencia para la vida de nuestro país, para el perfeccionamiento de la democracia y para hacer realidad este derecho a la información pública en materia federal.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ortega Martínez.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor.

Perdón, sonido en el escaño del Senador Humberto Mayans Canabal, ¿para qué asunto?

El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: (Desde su escaño) Para una llamada de atención, señor Presidente.

Cuando la Senadora Layda Sansores pasó a hablar, a hacer uso de la tribuna, el Presidente de la Mesa, a los 5 minutos 23 segundos le llamó la atención para que concluyera, dado que su tiempo, conforme al Reglamento, había concluido.

Y he observado que a partir de aquí, todos los Senadores que le han precedido han hablado entre 8 y 10 minutos, y la Presidencia de la Mesa nunca les ha llamado la atención para que concluyan conforme el Reglamento.

Yo le suplico, dado que no hay Senadores de primera ni de segunda en este Honorable Senado de la República, pues se haga efectivo el Reglamento y cumplamos con los tiempos establecidos en la norma.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Le informo que a los cinco minutos se les pasa la tarjeta a todas y a todos los Senadores, y esta Mesa Directiva ha sido tolerante, y obviamente le pedimos a las Senadoras y Senadores que respetemos indudablemente el tiempo, pero jamás ha habido por parte de esta Mesa Directiva un trato privilegiado a Senadora o Senador alguno. A todos se les ha dado el mismo tratamiento, a los cinco minutos se les ha pasado la tarjeta, y yo pido a quienes harán uso de la palabra a continuación, pues que respetemos el tiempo que señala el Reglamento del Senado.

Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, para hablar a favor.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente.

Ya no sé cuál es el tiempo, porque es disímbolo, ¿verdad?

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Son cinco minutos para hablar en lo general, la regla es esa.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Bien, como ciudadano piensa uno ¿qué puede hacer para cambiar las cosas en este país? Cada día se presentan más, y tenemos funcionarios que tienen una ley en la que se norma su conducta, y la deben de cumplir, y hasta hemos levantado la mano diciendo que protestamos cumplir el cargo, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Y sin embargo, ahora creo que tenemos que hacer un manual para que se vayan cumpliendo obligaciones de los funcionarios, y darle al ciudadano el derecho a que acceda a la información que, con su dinero y con sus impuestos, se genera en este país, y que deje el funcionario de verla como patrimonio exclusivo de él, que en un acto de benevolencia permita que el ciudadano acceda a la información.

Esta es la realidad de nuestro país, y creo que, cuando estamos aquí y vemos una propuesta que se discute, que puede tener miles de imperfecciones porque fue creada, elaborada con el concurso de los Senadores de este Senado de la República, pues hay que apoyar ese esfuerzo.

Yo veo esa necesidad de hablar a favor de esta ley, porque es más difícil no tener nada, es más difícil dejar las cosas sueltas, a pesar de que están legisladas.

Hemos tenido la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y el único caso que me acuerdo, y van a ver que estoy viejo ya, fue cuando juzgaron a Díaz Serrano, por haber bajado el precio del petróleo.

Y fuera  de este caso, no hemos visto casos donde a funcionarios se les aplique la ley, se les castigue, se les sancione por casos donde han lesionado el interés del pueblo de México.

Y esa ley está encaminada y procurando normar conductas, prevenir acciones para que el ciudadano goce de sus derechos como ciudadano, pueda tener la información y pueda entonces jugar ese rol, que sentimos debe jugar cada ciudadano, que es tener derecho a la información, información de los actos que su gobierno está haciendo.

Luego a veces tenemos actos desproporcionados del gobierno, en donde el mismo gobierno se obliga a auditarse y se exculpa de responsabilidades, el caso de Virgilio Andrade con el tema de la casa blanca, donde un subordinado le revisa al superior las cuentas, y esto lo exculpa de manera inmediata; quién sabe qué hubiera pasado si lo encuentra responsable.

De tal manera, que tener la oportunidad de ver este instrumento que ha sido cuestionado, que ha sido valorado por diversos compañeros, se le han dado las virtudes y se les han señalado las imperfecciones que tiene, y sí tiene imperfecciones.

Pero, caray, creo que el acuerdo hasta ahí llego de lo que hoy tenemos, y esta ley no va a ser perfecta, la vamos a perfeccionar.

Espero que varios sigamos en el quehacer político y en el futuro tengamos acceso a volver a perfeccionar la ley, incluso, tiene su laguna, cuando se vaya a aplicar el nuevo Sistema Penal Acusatorio, tendrá que actualizarse está propia legislación para hacerla congruente con los ordenamientos nacionales.

Por eso, siento que tenemos derecho a disentir, y la acción de un legislador que disiente con esto, es un derecho legítimo, pero cuando se disiente también se tiene derecho a proponer y mejorar lo que se tiene. Y habría que hacer el esfuerzo por ir haciendo propuestas que mejoren, en este sentido, instrumentos legislativos como el que hoy se presenta.

Esta acción de un legislador que omite su responsabilidad y que no logremos tener instrumentos para que la sociedad tenga otra visión de sus políticos, es una oportunidad que vamos perdiendo y que nos debilita en imagen y en alcance de nuestras capacidades.

Por eso creo que es oportuno, que ésta discusión la demos hoy, y que si estamos hablando en lo general, podamos hablar en lo general y aprobar este proyecto de dictamen que hoy se presenta.

Yo creo que esta posibilidad que hoy tenemos, ya llevo cinco minutos y nueve segundos, de abordar este tema, nos permita en lo futuro ver la manera de enriquecer otros instrumentos y de establecer la posibilidad de que la rendición de cuentas no sea de dientes para afuera, que la transparencia en este país llegue para quedarse y que sí existe el castigo para los servidores públicos que no cumplan con su función.

Muchas gracias, compañeros Senadores.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Pedraza Chávez.

Para hablar en contra del dictamen, se le concede el uso de la palabra al Senador Javier Corral Jurado, hasta por cinco minutos.

El Senador Javier Corral Jurado: Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

Antes quisiera hacer una propuesta con sentido práctico, económico, toda vez que acabo de escuchar el requerimiento que en tiempo ha formulado el Senador Mayans.

Quiero plantearle al Pleno, obviamente sin saltarme al Presidente, cierta tolerancia, si me paso de los cinco minutos, toda vez que en una sola intervención, que es ésta, quiero agotar el sentido de mi voto, tanto en lo general como en las reservas.

He presentado alrededor de 14, 16 reservas, que ya no vendría a plantear al Pleno, sino sólo le pediría a la Mesa Directiva darle lectura para que queden registradas en el Diario de los Debates. Así que, si me tardo tres, cuatro minutos más, serán de enorme provecho.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Adelante, Senador.

El Senador Javier Corral Jurado: Ha sido largo, diría yo, ha sido sinuoso el camino para garantizar en México el derecho a la información.

Quisiera recordar a legisladores pioneros en ese esfuerzo de hace 20 ó 25 años. Uno de los grandes retos del derecho a la información, desde la reforma de 1977 de Reyes Heroles que incorporó al 6o. constitucional: El Estado garantizará el derecho a la información.

Era decir que en ese concepto se encontraba la tutela de muchos derechos: el de la relación entre la sociedad y los medios de comunicación, la relación entre el Estado y los medios, pero también el acceso a la información pública gubernamental.

Hubo, incluso, quienes quisieron agotar en el concepto derecho a la información, la sola vertiente del acceso a la información pública. Pero es más profundo, es más robusto, es más amplio el concepto del derecho a la información.

Esfuerzos pioneros de carácter legal, por supuesto que están en la transición democrática mexicana. Es con la llegada de la alternancia en el poder donde se materializan los primeros proyectos de legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental.

Del 2000 a la fecha de 2002, el proceso de las reformas, a la fecha, siempre el poder ha presentado resistencias a los asuntos fundamentales del derecho a la información.

No es cierto que ahora un impulso gubernamental modernizador lleva a cabo estas reformas. En el poder actual están, incluso, varias de las resistencias más profundas al avance de este derecho.

Lo vimos en las negociaciones de la reforma constitucional, a cargo de quién y de quiénes estuvieron las objeciones fundamentales a las figuras más trascendentes de la reforma constitucional 2013. Lo vimos en la ley general, a quién y a cargo de quién estuvieron las resistencias a avanzar con figuras fundamentales, incluida la prueba de daño, el tema de derechos humanos, información con relación a delitos de lesa humanidad y derechos humanos; a quién ha estado y está a cargo la resistencia en la ley federal.

¿Qué fue lo que nosotros ponderamos en la reforma constitucional como dos de los conceptos fundamentales?

Que le dábamos finalmente, después de doce años, autonomía plena al órgano regulador, y el IFAI pasaba a ser INAI, un órgano nacional, garante del derecho de acceso a la información pública gubernamental en toda la nación, ante él la posibilidad de los ciudadanos de impugnar resoluciones locales de los órganos en las entidades federativas.

Nosotros, si recuperamos nuestros discursos, señalamos como un paso fundamental la autonomía finalmente al órgano regulador. Y luego un paso fundamental y esencial: acabábamos con las zonas de impunidad; acabábamos con las ínsulas de opacidad, con las excepciones jurídicas inadmisibles al derecho de acceso a la información, y se incorporaban al artículo 6o. de la Constitución, sindicatos, partidos, Cámaras del Congreso.

Ah, claro, porque la resistencia también ha estado localizada en las cúpulas, en las clases dirigentes que manejan y conducen a las Cámaras del Congreso, y por supuesto al régimen y al sistema de partidos, y por supuesto a la colusión de estos dos factores de poder con el corporativismo sindical, porque también decíamos que se incorporan como sujetos obligados los sindicatos.

De ahí fuimos a la ley general y quedaron plasmadas, en efecto, disposiciones y obligaciones generales de transparencia para partidos, sindicatos y Cámaras del Congreso, y se avanzó, sin duda, con relación al Ejecutivo Federal, incluso al Poder Judicial.

Pero cuando quisimos ir al fondo de la cuestión, cuando quisimos rajar la leña para realmente transparentar a las instituciones del Congreso, al sistema de partidos y al corporativismo sindical, se dijo en el debate de las comisiones que eso era tarea de la ley federal y de las legislaciones locales.

Que en la ley general no podían darse las especificidades que a cada poder y nivel de gobierno corresponden por la naturaleza y competencia misma de sus funciones constitucionales: “En la ley general no debemos plasmar los detalles que queremos para el Congreso de la Unión. Eso vendrá en la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental”.

No sólo no se quiso ir al fondo de la cuestión. Ya al quince para las doce se introdujo un transitorio, el Décimo Tercero, en donde el Congreso se trató con manga ancha.

Condicionamos el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 72 de la Ley General de Transparencia en materia del Poder Legislativo Federal y Locales, en el Senado y en la Cámara de Diputados, a la presentación de un programa de reorganización administrativa.

Nos íbamos a dar un tiempo para limpiar la casa y a partir de ahí íbamos a empezar a ser sujetos de la transparencia y del escrutinio para que se aplicara en casa lo que pedimos y obligamos a los demás: el poder que crea la ley y que le impone obligaciones a los otros poderes, y que se rasga las vestiduras cuando el Ejecutivo no contesta o cuando un Secretario no viene, o cuando se niega por un órgano descentralizado desconcentrado o autónomo de información, se rasgan las vestiduras de la opacidad en términos de la división de poderes.

Pero el poder que creo la ley, y que impuso a otros la obligación, no fue capaz de dársela, dotársela, a sí mismo con el mismo rigor, con el mismo prurito, con el mismo compromiso.

No sólo no fuimos al fondo del detalle, que ahora diré cuál es el detalle, porque reconozco, valoro y, además, entiendo la posición de quienes dicen: “con lo que tenemos vamos a poder ir a esa batalla”. Claro que la vamos a dar porque sé que es genuina esa voluntad, pero no todo mundo la tiene.

En la ley federal que estamos aprobando no se avanzó, lo diré enfáticamente, ni una coma, con relación a las obligaciones específicas de los sujetos obligados que constitucionalmente ponderamos y que en la ley general desarrollamos.

No se avanzó ni una más, al menos en el tema de sindicatos, en el tema de Cámaras del Congreso y en el sistema de partidos, y no se quiso avanzar más porque en los detalles está el diablo.

El Congreso le debe a la sociedad mexicana la transparencia y la rendición de cuentas que le exige a otros poderes, y no abona a su creciente y trascendental papel en la vida pública de México mantener ínsulas cerradas a la información de sus gastos y decisiones, digo, particularmente los grupos parlamentarios, porque son ellos los sujetos de casi la mitad del presupuesto del Congreso de la Unión, y en esos grupos parlamentarios es donde se resuelven, por distintas dinámicas, incluido el condicionamiento de recursos materiales como premio o como castigo, grandes decisiones de la nación mexicana, hay que atajar la sospecha de que hay grandes decisiones del Congreso que se manejan con dinero, pero será sospecha permanente, incluso será acusación permanente, mientras no abramos esto y sea, como decía hace un momento el Senador Barbosa Huerta, una caja de cristal.

La abstención es quizá el camino que un legislador debe transitar poco, a mí me cuesta mucho transitar por el camino de la abstención, que ya emití en las comisiones unidas, voté en abstención el dictamen porque no tengo elementos para votar en contra diciendo que constituyen regresiones; no veo una regresión, lo digo honesta y abiertamente, yo no veo que haya una disposición que sea regresiva en términos del avance constitucional o de la ley general, lo que sí digo es que hay ausencias fundamentales que no me permiten a mí, que he insistido en el tema de la transparencia del Congreso, votar a favor, reconociendo el empeño que legisladores de mi partido y de otros partidos han realizado en esta tarea, que no se entienda en ello una descalificación; pero, por supuesto, que acabo de suscribir una iniciativa para reducir el 50 por ciento de los recursos a las Cámaras del Congreso, al INE, a los partidos y la gran ausencia es el sistema de partidos, el INE, y los grupos parlamentarios y las Cámaras del Congreso, pues, claro, pues ya así por lo menos si no quieren reducirla, por lo menos que las transparenten, que es otra forma de reducir o de ahorrar los recursos.

Varias de las reservas que ustedes escucharán tienen este sentido, la abstención es el camino que a veces poco debe de transitar un legislador, pero es exactamente una posición para mantener una exigencia, el Congreso mexicano no va a mejorar en términos de prestigio, si no termina siendo regla general para todos los grupos parlamentarios el escrutinio de sus recursos.

Qué bien que lo haga un partido o un grupo parlamentario, ese es un reto para los demás.

Ya se anunció aquí que el grupo parlamentario del PRD, y es un mérito que no hay que regatearle, ya está listo para la transparencia en términos de la especificidad.

¡Enhorabuena!

Pero eso está en el ámbito de la ética política, la sociedad exige una regla que le sea aplicable a todos, a cada uno de los 128, a cada uno de los 500, como grupo parlamentario o como legislador independiente.
Ese es el sentido de mi abstención.

No me he podido mover al voto a favor, porque creo que las ausencias sí son de enorme consideración.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Corral Jurado.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Daniel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor del dictamen.

Sonido, por favor, en el escaño del Senador Pablo Escudero.

El Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Quisiera pedirle una breve intervención, desde mi lugar, para hechos, si fuera tan amable.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Para hechos, se le concede el uso de la palabra desde su lugar.

El Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Me parece importante que la Asamblea, y que quede en el Diario de los Debates, siempre respetando el punto de vista de los compañeros, respecto a los grupos parlamentarios, para que no quede duda, que sí están obligados.

De la lectura del artículo 70, se desprende la fracción XIII, y leo textual:

“El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, comisiones, comités, grupos parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación”, están obligados, para que no haya confusión, estamos obligados a rendir cuentas, y está en el dictamen.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias por su comentario, Senador Pablo Escudero Morales.

En el uso de la palabra el Senador Daniel Ávila Ruiz.

¿Para qué asunto, Senador?

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Para hechos.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Le informo que sobre los hechos no hay réplica, le concedí el uso de la palabra para hechos.

 El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) ¿No hay réplica?

Él pidió para rectificación de hechos, yo la pido para rectificación de hechos.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Es que no hay una réplica sobre la rectificación de hechos, y él la pidió para rectificación de hechos la palabra.

Si gusta, que concluya el Senador Daniel Ávila, y si gusta hacer uso de la palabra, con gusto se la doy después.

Adelante, Senador Daniel Ávila, en el uso de la palabra.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Con su permiso, señor Presidente, José Rosas Aispuro Torres, Senador por el Estado Libre y Soberano de Durango.

Señoras y señores Senadores, como miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a razonar en lo general mi voto, y mi voto va a ser a favor de la aprobación del dictamen que hoy presentan las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púbica.

Un debate en el que el grupo parlamentario de Acción Nacional ha sido muy claro al impulsar, desde diferentes flancos, una agenda que nos compromete con desarrollar las bases institucionales para ampliar la transparencia y el acceso a la información pública en México.

Estamos convencidos de que el debate lo debemos centrar en definir obligaciones específicas en el ámbito federal para garantizar el derecho de acceso a la información pública, en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.

Sin embargo, considero que para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, de cualquier entidad, órgano y organismo, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, es necesario señalar algunas áreas de mejora que en su momento señalaré al presentar sus respectivas reservas.

Reconozco que el dictamen que presentan las comisiones unidas en el Senado que, por cierto, yo quiero felicitar a todos los integrantes, Senadoras y Senadores de estas comisiones, tiene importantes aportaciones en materia de apertura institucional de los órganos del Poder Judicial de la Federación; disposiciones en materia de política exterior, en relación a concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en territorio nacional; así como las nuevas obligaciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en el ámbito de la educación obligatoria.

Celebro, además, la nueva facultad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, no sólo de proponer, sino también de coadyuvar en la implementación de políticas de apertura gubernamental, así como el juicio de amparo en contra de sus resoluciones.

Señoras y señores Senadores, al razonar mi voto les reitero que tiene como origen la intención de apoyar la definición de obligaciones específicas para garantizar el derecho de acceso a la información pública, tiene como fundamento advertir áreas de mejora en la propuesta que se nos ha turnado.

Se trata de un voto que busca fortalecer los derechos de nuestros conciudadanos en un momento en que podemos mejorar todos en materia de transparencia y acceso a la información, un voto que al emitir tengo claro que en el Senado me debo al respaldo de mis paisanos, quienes en Yucatán y a lo largo de todo México demandan sentar las bases para acabar con la opacidad en nuestro país, que al legislar y al representarlos, lo debo hacer a su favor, pensando en el bienestar de nuestra gente, pensando en el bienestar de los yucatecos y pensando en el bienestar de los mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Ávila Ruiz.

Sonido, por favor, en el escaño del Senador Javier Corral Jurado.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para desahogar ahora, también de manera breve y con el mismo respeto que lo ha hecho el Senador Pablo Escudero, en torno al debate de los grupos parlamentarios.

Yo aprecio que en una primera versión el Senador Pablo Escudero haya contemplado con mayor detalle el tema de los grupos parlamentarios, porque sé que ahí estaba su impulso inicial en esa primera versión de la que yo tengo copia, que era también un proyecto de trabajo que circuló de manera informal. Pero ahí estaba él, ahí estaba de alguna manera el Senador Escudero, pero estaba en una etapa muy inicial.

Yo lamento que ese primer proyecto que incorporaba de una manera más específica a los grupos parlamentarios fue desapareciendo conforme las distintas versiones que fueron elaborando la negociación.

Yo me hubiera quedado, en términos reales, con el primer proyecto, sobre el tema de los grupos parlamentarios, porque en la generalidad que se ha leído, pues no hay ningún avance, así está incluso catalogado desde la misma reforma constitucional.

Cuando reformamos el artículo 6o. y se incorporó a la fracción I del inciso a) del artículo 6o., dice: “Entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. Pues claro que desde la misma definición constitucional están incluidos los grupos parlamentarios, los órganos de dirección, eso es clarísimo, así lo dijo la Constitución, “Entidad, órgano y organismo”, para que ninguno se escapara. Pero de ahí, de esa generalidad hemos pasado a otro tipo de generalidad, en la ley general y luego en la ley federal.

¿De qué se trata la discusión? Bueno, se trata de ir, dije yo, a obligaciones específicas que no dejen lugar a duda, ni posibilidad al escrutinio del ejercicio de recursos públicos por parte de grupos parlamentarios. Porque sucede, hay una especie de dinámica o de lógica, que en cuanto los recursos entran de la Tesorería del Senado a los grupos parlamentarios, ya se puede convertir el dinero en instrumento, incluso, de campaña política, o para pagar encuestas, o para financiar otras actividades.

Por eso la importante tarea de especificidad, criterios de asignación para la designación de los recursos financieros de los legisladores en lo individual, de los órganos de gobierno, comisiones, comités legislativos, grupos parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación.

Las contrataciones de servicios personales, señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, comisiones, comités legislativos, grupos parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación.

El informe bimensual, trimestral, semestral, como se quiera, del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros, apoyos logísticos, económicos o materiales, subvenciones, dietas o cualquier otro incentivo asignado de los órganos de gobierno, comisiones, comités legislativos, grupos parlamentarios, centros de estudio u órganos de investigación y de legisladores independientes, en su caso, el monto ejercido y detallado de recursos públicos que se destinen para los informes de actividades de cada uno de los legisladores y los estados financieros y demás información que el órgano de fiscalización superior utiliza para emitir dictámenes. Podríamos hablar de, como éstas, de varias especificidades.

Entiendo también que ha sido fruto de una negociación esto, y que hayan estado de acuerdo los tres principales grupos parlamentarios en el Senado, que eso es transversal y que ahí está un poco la otra resistencia.

Porque yo hablé de la resistencia fundamentalmente de los ejecutivos. También en el Congreso hay resistencias en esta materia y es transversal a partidos y grupos parlamentarios.

Gracias, señor Presidente, por su comprensión.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Corral Jurado.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor.

El Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Si es para hechos, lo anotaría al final.

El Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) No, señor Presidente, para alusiones personales.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: En el uso de la palabra el Senador Pablo Escudero Morales.

¿Me la pidió para alusiones personales, no? Por eso tiene el uso de la palabra. ¿Desde su espacio?

El Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) No. Voy a la tribuna.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Adelante, Senador Pablo Escudero Morales.

El Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, señor Presidente.

Hago el uso de la palabra porque el tema no es menor y creo que sí merece una explicación y una aclaración a la Asamblea y a los que nos observan.

Sin duda, en el transcurso de la construcción de estos documentos tuvimos varias versiones, es verdad que en muchas de ellas teníamos redacciones diferentes y estas fueron cambiando.

La responsabilidad, mi responsabilidad, de los que estuvimos en la construcción de este acuerdo, pero yo asumo la responsabilidad que me toca, yo asumo toda la responsabilidad en este tema.

Y la explicación, Senador Corral Jurado, es que justamente en los debates y en las discusiones que tuvimos de manera interna nos preocupaba la sobrerregulación de las cosas.

¿Cuántas obligaciones debíamos de tener? Si eran muchas, si eran pocas, si íbamos a complicar al ciudadano en pedir las cosas.
Es verdad que al parecer en la discusión de la ley general, pues fuimos a fondo en muchos de los temas, fuimos a fondo porque, efectivamente, este Senado es sujeto obligado en esa ley general, y cuando fuimos a ver la revisión de todo lo que nos habíamos obligado, pues encontramos que era un catálogo vasto y completo al final del día, y ahí encontramos los indicadores que permitían rendir cuentas de los objetivos, las remuneraciones brutas y netas de todos los servidores públicos de base, de confianza; todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos, sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración; los gastos de representación, los viáticos, los informes correspondientes, el número total de plazas de base, de confianza, las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, los montos de los honorarios y el periodo de contratación.

También hablamos de todo el proceso de licitaciones públicas, el cual nos obligábamos igual que los otros sujetos obligados a informar de la convocatoria de la licitación, de los procesos de invitación a tres, de las propias adjudicaciones directas; de los nombres de los participantes, de los nombres de los invitados, del nombre de los ganadores, de las razones que lo justificaban, del área solicitante, del área responsable, de las convocatorias e invitaciones emitidas, de los dictámenes, de los fallos de adjudicación, y así fuimos desglosando una serie de documentos de información que habría que entregar.

Hablamos de las convocatorias, de las listas de asistencia al Pleno, insisto, hablamos de los grupos parlamentarios y de la obligación que tenemos de rendir cuentas.

Ha quedado establecido ahí que están obligados los grupos parlamentarios y a eso obedece el cambio de redacción.

A la hora de revisar nos dimos cuenta que habíamos ido a detalle. Me parece, y eso es lo que quiero dejar en esta tribuna, estoy cierto, estoy seguro que este Senado y sus grupos parlamentarios estamos obligados a rendir cuentas.

No quisiera que quedara duda alguna. Respeto las opiniones de los demás, respeto también la opinión de algunos compañeros que piensan que la redacción pudo haber sido mejor, más específica o más detallada, pero yo me quedo contento con el trabajo que hemos hecho con mis compañeros; me siento orgulloso de lo que estamos presentando aquí y, bueno, he venido a esta tribuna a dejar claro posicionamiento a los grupos parlamentarios.

Es cuanto, gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Escudero Morales.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Me parece que hay que pensar mucho en el otro México, el que nos está viendo, el que construyen otros mexicanos que están alejados de la política, y que hoy lo que pueden estar observando es a un grupo de políticos, de políticas, que están hablando de transformación, y yo creo que hay que ser muy autocríticos.

Los ciudadanos cuando escuchan a un grupo de políticas y de políticos hablando de transformación sospechan de que estén en realidad buscando formas para preservar las cosas como están, que sean preservadores del status quo, ¿es legítima esa sospecha de los ciudadanos? Claro que sí es legítima, han sido engañados tantas veces que sería injusto reclamarles que no sospechen. ¿Es certera, es verdad esa sospecha hoy ante lo que está ocurriendo? No, yo creo que no, por lo menos no lo es de manera total.

Este dictamen sí cambia cosas, cambia cosas de fondo, ¿todas? No, no todas, pero no podemos dejar de reconocer que sí es un buen arranque y quizá hay que pensar que esa es parte del signo de nuestra democracia, de la democracia mexicana del siglo XXI, la desconfianza permanente casi como un mecanismo de defensa.

Yo creo que somos una democracia, no lo creo, lo dice el pasado Latinobarómetro, somos la democracia latinoamericana que genera menos confianza entre sus ciudadanos, y cómo no va a ser así. Heredamos problemas como la corrupción, la desigualdad, la impunidad, pero en democracia crecieron, en democracia se arraigaron, en democracia se reprodujeron estos problemas, problemas que hoy amenazan a la democracia: corrupción, desigualdad, impunidad, tiene la capacidad para destruir a la democracia mexicana.

La buena noticia es que hoy en el Senado se está discutiendo cuál puede ser el remedio, y el remedio sí puede ser justamente la transparencia, si la corrupción pude destruir a la democracia, la transparencia puede salvarla.

¿Por qué lo pienso? Recordemos a aquellos liberales del siglo XVIII que planteaban y entendían como uno de los principios rectores del ejercicio del poder justamente la publicidad de la cosa pública; la publicidad como una condición necesaria para generar justamente confianza, y hoy yo aquí en esta tribuna lo digo con todas sus letras, yo confío en quienes dictaminaron en las comisiones este dictamen; yo confío en la sociedad civil que participó.

Yo confío también en muchos asesores parlamentarios que le dedicaron horas, muchas horas, no escribir un discurso para venir a decirlo hoy, no, que le dedicaron muchas horas a trabajar en este dictamen; confío en ellos, por supuesto que sí, y justamente porque hay confianza se los digo, se quedaron cortos, justamente porque confío y los reconozco es que hoy hay que decir qué hizo falta para que este dictamen no solamente fuera de nuevas reglas para el ejercicio del poder, sino generara nuevas reglas para los propios ciudadanos y le otorgáramos a los ciudadanos otras formas para relacionarse con la política.

Voy a decir dos, y le suplico, señor Presidente, tenga tolerancia con el tiempo porque son las dos reservas que he presentado, y que simplemente entregaré y ya no las expondré, de la misma manera como lo hizo mi compañero el Senador Corral.

Dos temas que me parece hubieran sido fundamentales que hoy estuviéramos aprobando en el Senado de la República, y que para mí ahí está el detalle, cada quien tiene derecho a decir, como dijo el clásico, “ahí está el detalle”, para mí el detalle está ahí.

Primero, en "Tres de Tres". Sí, seguiré insistiendo en "Tres de Tres", seguiré insistiendo porque la promesa reiterada es que no va en esta ley, que va en la que sigue, que no era en la general, que era en la federal, y así nos podemos ir postergando y posponiendo “Tres de Tres” como un compromiso de los políticos, olvídense de los grupos parlamentarios, de los políticos, de hacer públicas sus declaraciones, la patrimonial, la de intereses y la de impuestos, ahí estaba esa enorme oportunidad para que ante la sospecha, para que ante la desconfianza, la transparencia fuera una nueva fuente de legitimidad política.

Que los ciudadanos puedan verificar que nuestras motivaciones para estar en esta tarea no tienen que ver con crecer nuestro patrimonio, y que los que tienen un   patrimonio bien habido, por grande que este sea, no tengan vergüenza de decirlo y que pueden compaginar este patrimonio e incluso algunos intereses con la actividad pública.

Perdimos esa oportunidad. El "Tres de Tres" pudo haber sido la respuesta al 73 por ciento de los mexicanos que cree que todos o que la mayoría de la clase política es corrupta.

El "Tres de Tres" pudo haber sido la respuesta al 36 por ciento de los mexicanos que ve a la corrupción como el problema más grave del país.

Perdimos esa oportunidad, por eso es que la reserva va en ese mismo sentido, en que no vuelva a ser solamente una referencia el dictamen a la ley general que solamente otorga a los funcionarios públicos la discrecionalidad de hacer público su patrimonio; porque volvemos a lo mismo, estamos privilegiando a quienes deberían de ser observados en absoluto en su patrimonio, a sus intereses y a sus impuestos.

Miren, déjenme decírselos y felicitarlos, aprovechando esta ocasión, hubo 7 Senadores, 6 adicionales que no compitieron este año en ninguna elección, y que hicieron su "Tres de Tres", Laura Rojas, Marcela Torres, Ernesto Ruffo, Luis Fernando Salazar y también David Ávila Ruiz. No compitieron e hicieron su "Tres de Tres".

Hubo otros que lo hicieron cuando estaban en competencia electoral y es válido, hubo otros que hicieron su "Tres de Tres", ya que eran candidatos, compañeros Senadores como Luisa María Calderón, como Sonia Mendoza, como Ivonne Álvarez, como la propia Layda Sansores.

Qué bueno que hicieron su "Tres de Tres". Lo hayan hecho en el momento y con la motivación que haya sido.

Hoy debemos estar orgullosos de dos compañeros Senadores que son gobernadores y que hicieron su "Tres de Tres".

Ahí está Pancho Domínguez, el gobernador de Querétaro, ahí está nuestro amigo Carlos Mendoza, hicieron "Tres de Tres" y hoy son gobernadores transparentes.

¿Por qué no lo pusimos en la ley de una vez?, ¿por qué no?, si nosotros éramos de los impulsores, aquí se creó ese diseño con la Senadora Rojas, con Transparencia Mexicana, con el IMCO, nos hubiéramos atrevido a dar el paso adicional.

Y finalmente, quiero decir que nos quedamos cortos en informantes, en Whistleblowers.

Hay muchos, no muchos, la mayoría de los mexicanos no acepta esa condición humana ni mucho menos la condición cultural de la corrupción.

La mayoría de los mexicanos son honestos, y muchos de esos mexicanos honestos trabajan para el gobierno o trabajan para los partidos, o trabajan en sindicatos.

No debimos de haberles dado protecciones para cuando veían que alguna información estaba siendo reservada de manera incorrecta, porque la reserva iba con intención de echarle opacidad para encubrir fraudes, actos de corrupción, violaciones a los derechos humanos.

Si estos mexicanos honestos iban a tener el valor de hacerlo público, por qué no les dimos las herramientas, las garantías, la protección; no es una locura, no es una ocurrencia, es también de las cosas que estuvieron originalmente en el dictamen, y como se ha señalado aquí, justamente en la negociación sacó, dejó fuera.

Yo sólo les voy a decir, que si esa iniciativa original, en ese espíritu verdaderamente audaz y revolucionario les iba a otorgar esas garantías, esos mexicanos no van a callar, algunos buscarán otras plataformas que garanticen su anonimato ante la incapacidad nuestra de otorgárselos en la ley.

Otros, sí, desafortunadamente ante nuestra incapacidad de hacer de este acto moral, valiente, de coraje, como lo es una denuncia que pone en riesgo la estabilidad laboral, incluso muchas veces hasta la vida, no lo logramos hacer y estamos en deuda con ellos.

Yo, déjenme decírselos, compañeras y compañeros, dejo las promesas, los retos y la invitación a que esa nueva promesa de que no active otra ley, la hagamos realidad, que realmente logremos que en esta legislatura nosotros seamos la generación de políticos que embonamos nuevamente las dos tuercas de la democracia: la ciudadanía y la política. Tuercas que hoy están separadas, que están divorciadas, que están alejadas y que tuvimos la oportunidad de acercar por esta vía.

Se los digo con afecto, yo sí les creo a mis compañeros Senadores, en la buena voluntad que tienen, que esta ley cambia las cosas; lo creo porque la conozco y porque les tengo confianza, y les digo, nos hicieron falta el "Tres de Tres" y los Whistleblowers.

Seamos capaces de conformarnos como la generación de políticos que confía también en la transparencia, y que confía que la transparencia es la única forma como los mexicanos y su clase política podemos sacar de la penumbra a la democracia mexicana y a la política mexicana en la que hoy vive.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Se encuentran inscritos en el registro de oradores la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, la Senadora Laura Rojas Hernández y la Senadora Dolores Padierna, para hechos.

Después de sus intervenciones, consultaré a la Asamblea si está suficientemente discutido el dictamen.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, para pronunciarse a favor del dictamen, hasta por 5 minutos.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señor Presidente.

Vengo a posicionarme a favor del dictamen de la Ley Federal de Transparencia, porque me parece importante reconocer que, aunque sea a cuentagotas, aunque sea poco a poco y muy lentamente que vamos recorriendo hacia la transparencia, vale la pena apoyar ese esfuerzo.

Un esfuerzo en el que se han empeñado muchos Senadores y Senadoras en esta legislatura, que le han dedicado tiempo y horas de trabajo; mucho trabajo y esfuerzo que le han dedicado organizaciones de la sociedad civil, por las cuales vale la pena apoyar este proyecto de dictamen.

Y también muchas horas de trabajo y esfuerzo que le han dedicado las compañeras y compañeros asesores, y en ese sentido, quiero agradecer de manera importante a Estefanía Hernández, quien me ayudo a conocer de este proceso, pues yo me incorpore después a él.

El acceso a la información es un pilar fundamental para la construcción de las democracias modernas; un mecanismo para cerrarle el paso a la corrupción y un instrumento para que la ciudadanía participe activamente en los asuntos públicos.

El dictamen que hoy tenemos en nuestras manos, sin duda, responde a medias, pero responde, al compromiso hecho desde la reforma constitucional en 2013.

En voz de las organizaciones de la sociedad civil que se integran bajo el hashtag, #TransparenciaYa, ellas comentan:

Después de importantes avances para el acceso a la información y la transparencia, con la aprobación de la reforma constitucional y la ley general, es de suma importancia que la ley federal siga este espíritu garantista y se apegue a este nuevo marco normativo.

Representa esta ley, la última oportunidad para que los Senadores aportemos claridad y certeza a algunos de los elementos que quedaron ambiguos en la ley general, como es la obligación de generar información y el recurso de revisión en materia de seguridad nacional.

Pero hoy cabe preguntarse, si este documento que estamos discutiendo aporta la suficiente claridad y certeza a algunos elementos que quedaron ambiguos en esa ley general; si realmente cumple con las expectativas hechas cuando se determinó que serían dos las leyes que reglamentarían el derecho a la información. Me parece que eso solamente lo conoceremos cuando esta ley esté en práctica.

No voy a abundar en las virtudes que pueda tener el dictamen; sin embargo, en un ambiente donde la confianza de la ciudadanía ante la clase política de este país se ha desmoronado en los últimos meses, en donde la corrupción ha penetrado en todos los niveles de gobierno del Estado mexicano, en donde vivimos una grave crisis en materia de derechos humanos y en donde permea la desigualdad y persiste una alta concentración de la riqueza en manos de unos cuantos sectores del país, entre los que se encuentran las y los políticos, algunas disposiciones de este dictamen, han quedado muy por debajo de las expectativas ciudadanas.

Nuevamente, en voz de las organizaciones:

El dictamen suprime avances para el ejercicio del derecho al acceso a la información. Es incongruente con respecto a la Ley General de Transparencia y, por si fuera poco, va en contra de las garantías constitucionales de audiencia, seguridad jurídica y del principio pro persona, con lo que se abre una ventana inaceptable a la arbitrariedad y a la judicialización del derecho.

Temas como el que compete a las Fuerzas Armadas o a la seguridad pública y procuración de justicia, así como el mismo Poder Legislativo, no han sido suficientemente desarrollados.

Hoy, donde nuestro país comienza el proceso de apertura en un mercado energético y donde el propio gobierno ha asumido compromisos internacionales por transparentar lo mayor posible este mercado, vemos que la ley ha dejado fuera algunas disposiciones que contribuirían a saber bajo qué condiciones está dando este proceso de negociación en materia de tratados comerciales.

Tampoco se detalla el procedimiento que seguirá el recurso de revisión del Consejero Jurídico en materia de seguridad nacional. Solo lo remite a la ley general.

Con este tema quiero concluir, pues desde la reforma constitucional se le otorgó, a un funcionario de segundo nivel, el poder para presentar reservas so pretexto de la seguridad nacional.

Desafortunadamente, a este mismo funcionario público se le siguen dando facultades extraordinarias, tanto como para sentirse con el poder de poner a un Ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Compañeras y compañeros Senadores, sin duda hay que apoyar este esfuerzo, pero de que le falta, le falta. Y lo más importante será que esta ley funcionará dependiendo de la vocación democrática que tengan quienes son ahora los sujetos obligados.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Tagle Martínez.

Para hablar a favor del dictamen, se concede el uso de la tribuna a la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN.

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, señor Presidente.

Pedí la palabra para hechos, porque he notado en intervenciones de varios colegas Senadores, que no está suficientemente claro lo que es el catálogo de obligaciones de transparencia proactiva, y me parece muy importante aclararlo, sobre todo que nos quede claro a los que estamos aquí qué es exactamente lo que vamos a votar y también para toda la gente que está siguiendo este debate.

El artículo 4 de la Ley General de Transparencia dice: “El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados, es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea Parte, la Ley Federal, las leyes de las entidades federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta ley”.

Esto, para fines prácticos, significa que toda la información que esté en manos de los sujetos obligados; y ahora retomo lo que la misma ley general establece sobre quiénes son los sujetos obligados:

“Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las entidades federativas y municipal”.

Entonces, toda la información generada y administrada por estos sujetos obligados es pública; eso significa que aunque no esté desarrollada en el catálogo de obligaciones específicas de transparencia proactiva, sigue siendo pública, puede ser consultada y se le entregará al peticionario de la información.

El catálogo de obligaciones de transparencia, que desde la ley general se estableció y que para algunos sujetos obligados quedó más desarrollada en la ley federal, es solamente una selección de cierta información que a criterio de los que construimos este documento es mayormente útil que esté publicada en las páginas de Internet, a efecto de obviarle al peticionario el proceso de petición de cierta información.

¿Podemos equivocarnos? Claro que sí, somos humanos.

¿Puede faltar información que deseablemente debería estar ya en una página de Internet? Claro que sí.

Y precisamente yo creo que durante la etapa de implementación se verá qué información es la que los peticionarios pueden estar pidiendo más para que se incorpore en este catálogo de obligaciones de transparencia.

Pongo un ejemplo concreto, no es personal, no se trata de debatir, es el tema que más se ha venido a decir a la tribuna: grupos parlamentarios.

Los grupos parlamentarios, ya lo dijo el Senador Pablo Escudero, sí son sujetos obligados a publicar un informe exhaustivo del ejercicio de sus recursos.

Si un ciudadano quiere saber más información más detallada, se pide y se tiene que entregar, sin duda.

En el proceso de implementación creo que podemos revisar y, eventualmente, reformar la ley; o también en la armonización que se tendrá que hacer de la Ley Orgánica del Congreso y de los reglamentos de las Cámaras.

Pero para mí sí es muy importante que quede claro: que no esté en este catálogo, no quiere decir que no sea pública, que no se va a entregar, que no sea consultable de cualquier órgano, incluidos, como lo comentó también la Senadora Dolores Padierna, Cenegas, Cenace, que son entidades que manejan recursos públicos y que, por supuesto, son sujetos obligados de esta ley, de todas las obligaciones genéricas de la ley general y luego de las obligaciones específicas que establecimos en esta ley federal.

Y lo digo así, a mí también me hubiera gustado que quedaran desarrolladas otro tipo de obligaciones de transparencia, ¿como cuál? Que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo informe a detalle su participación en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz.

Sin embargo, no pueden estar en una ley federal los intereses particulares de todos los Senadores; lo que buscamos es, en base a cierta información de peticiones que son más comunes y que nos resultaron más obvias, establecer este catálogo de obligaciones de transparencia proactiva.

Concluyo, medio minuto más, señor Presidente.

El Senador Zoé Robledo y yo, además de amigos, somos compañeros de causa, como él lo dijo, en el tema de “Tres de Tres”. En el tema de “Tres de Tres” no es que se esté pateando el balón, no es que iba en la ley general o en la ley federal, lo hemos dicho todo el tiempo, es que va en la ley de responsabilidades, esta ley es una ley de acceso a la información pública que no regula cosas sustantivas como las responsabilidades de los servidores públicos, igual que los Whistleblowers. En esa batalla, Senador Zoé Robledo, por favor, vamos juntos y cada vez que suba a tribuna a hablar de este tema reitero mi compromiso, pero va en la ley de responsabilidades, y lo quiero dejar claro, porque para el público que nos sigue no va en esta ley, soy politóloga, al igual que el Senador Zoé Robledo, y me gustaría que las cosas, las relaciones entre los ciudadanos y el poder pudieran cambiar.

Pero a veces los abogados tienen razón, y va en la ley de responsabilidades.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Rojas Hernández.

Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa Huerta.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente, comparto lo que dice la Senadora Rojas.

El tema de “Tres de Tres” va en la ley de responsabilidades, el tema de transparencia es el acceso que tiene cualquier persona, cualquier ciudadano a poder conocer de las actividades que desarrolla alguien que maneja un recurso púbico.

El “Tres de Tres” va en la ley de responsabilidades, y el tema de los informantes, para no hablar en inglés, que no me sale, y es más o menos algo para los del ITAM, también va en la ley de responsabilidades; así es que compartimos ese propósito, pero va en otra ley.

Nada más.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor  Presidente.

Bueno, siempre es una complicación estar en desacuerdo con alguien como el     Senador Barbosa, quien yo aprecio, y además es mi Coordinador, pero debo decir una cosa.

En el asunto de “Tres de Tres”, sin duda, la referencia, y lo hemos debatido mucho, es a la ley general y que efectivamente debería de estar en la ley de responsabilidades.

Nosotros hemos siempre establecido que la referencia venga atada a esta ampliación   de la publicidad, y que si no lo vamos a hacer en la ley de responsabilidades, porque queremos proteger a otros funcionarios, lo hagamos en la Ley General del Congreso; o lo hagamos en el Reglamento de la Cámara de Senadores. Será discusión posterior.

Lo que sí no puedo aceptar es una cosa que se acaba de decir aquí, el tema de informantes, Whistleblowers, por su nombre en inglés y de donde viene, que además es un tema que en el mundo es la vanguardia de referencia a la transparencia, sí estaba en la ley general.

En el dictamen original, el primero que discutimos durante tanto tiempo, el que estaba avalado por un grupo importante de la sociedad civil, sí estaba como un artículo dedicado a la protección de informantes, estuvo ahí y después dejó de estar.

Hoy yo creo que debió haber estado en la ley general y que esta era otra oportunidad; ahí sí no puedo coincidir que es un tema de responsabilidades, porque al final de cuentas en el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, viene justamente la obligación de publicar nuestras declaraciones patrimoniales y ahora la de interés; antes no había tampoco una forma de establecer cómo era una declaración de interés, hoy ya existe y qué bueno, pero siempre con la discrecionalidad de hacerla pública como un beneficio y un privilegio para el político, para el servidor público, creo que pudimos haber buscado formas, si quisiéramos.

Aquí estuvo Michelle Bachelet, estuvo hablándonos de transparencia en un país donde sí es obligatorio que todos los políticos presenten tres declaraciones y se hagan públicas, y que estén al acceso de un par de clics para toda la ciudadanía.

Busquémosle formas.

Ojalá lo que acaba de mencionarse aquí sea un compromiso y no una rectificación solamente de orden jurídico.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ha declinado la Senadora Dolores Padierna su intervención para rectificación de hechos.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, y con ello cerraré la lista de oradores y procederemos a la votación en lo general.

Sonido en el escaño del Senador Javier Corral Jurado, por favor.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Solamente a efectos de ilustración a esta Asamblea y, por supuesto, también a los que siguen la transmisión de esta sesión por el Canal del Congreso, porque el Senador Zoé Robledo varias veces ha hablado de Whistleblowers, pero a mí me gustaría que él pudiera, Senador Zoé Robledo, yo creo que es muy importante, que explique qué es la figura de los informantes, porque ha usted recurrido, digo, el término es anglosajón, porque así está identificado en el argot, pero hay mucha gente que no sabe de qué se trata eso, es una ilustración para el debate, yo me imagino que hay mucha gente que dice: “bueno, ¿eso qué es? ¿De qué se trata?”

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Armando Ríos Piter.

El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Yo sólo quiero hacer una consideración, porque sin duda alguna comparto la importancia, la visión, los comentarios de mi compañero; sin embargo, creo que estamos cayendo en una discusión que no debiera de tener lugar en el debate sobre la transparencia, porque estamos en parte en la discusión del tema de temas, que es el del Sistema Nacional Anticorrupción.

Si queremos hablar de la información que puedan tener todas y cada una de las declaraciones: la patrimonial, la fiscal y la de intereses; si queremos hablar de informantes, que son los Whistleblowers, si queremos hablar, y así lo dije en la participación a nombre del grupo parlamentario del PRD, de la parte de derecho penal que tenga que ver con personas morales, hay que debatir el Sistema Nacional Anticorrupción.

Y solamente quiero aprovechar para decir que si tenemos una grave falta es, estamos avanzando en el tema de transparencia, hemos dicho que estamos a favor de esta ley, pero, sin duda alguna, el tema de temas en el que tuvimos un gran pendiente es el de las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción.

Gracias, mi querido Senador Alejandro Encinas, por su paciencia de escucharme, porque sé que usted sabía esto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ríos Piter.

Después de la intervención del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, daré el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna para rectificación de hechos, entiendo que me lo ha vuelto a solicitar, no, vuelve a declinar.

En consecuencia, una vez agotada la intervención del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, y una vez que se ha cerrado el registro de oradores, consultaré a la Asamblea si está suficientemente discutido el dictamen.

Proceda, Senador Alejandro Encinas, por favor.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muy amable, Senador Presidente Roberto Gil Zuarth.

Yo no quisiera dejar terminada esta discusión sin fijar con toda claridad mi posición respecto al carácter de sujetos obligados de los grupos parlamentarios.

Lo dije en mi primera intervención y lo quiero subrayar.

Desde el momento en que la reforma constitucional estableció con toda claridad a los distintos Poderes de la Unión y a otros entes públicos y privados como sujetos obligados, se estableció con precisión que los grupos parlamentarios son sujetos obligados ante la ley.

Posteriormente, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se estableció todo el catálogo de responsabilidades de los sujetos obligados en materia de rendición de cuentas, incluidos los grupos parlamentarios, y se generó, lamentablemente, una situación de excepción al momento en que se introdujo un Artículo Décimo Tercero Transitorio para el Congreso de la Unión, por el cual muchos votamos en contra.

En la situación actual, y toda vez que lo establecido en el Artículo Décimo Tercero Transitorio ha prescrito, porque se refería a la obligación del Congreso a establecer un reglamento y todas las normas para rendición de cuentas, estamos ya en faltas.

Entonces, ¿cuándo debe estar la información de los grupos parlamentarios? Debió de estar subida en la página del Senado de la República, y caso también de la Cámara de Diputados, toda la información de los grupos parlamentarios, porque la omisión del legislador, independientemente de que no se ha cumplido con lo establecido en el Artículo Décimo Tercero Transitorio, no conculca ni la obligación, ni mucho menos el derecho de los ciudadanos a conocer la información.

Entonces, hay que asumir que estamos en falta y que debe de subirse esta información de inmediato, como lo establece, ahora también, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública a la página de Internet de cada grupo y del Senado de la República.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea que se han recibido los textos de las intervenciones de los Senadores Rabindranath Salazar Solorio, Gerardo Sánchez García y Jesús Casillas Romero, insértense en sus términos en el Diario de los Debates.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Senador Gerardo Sánchez García: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Senador Jesús Casillas Romero: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen está suficientemente discutido.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen está suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera suficientemente discutido en lo general, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de que el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y con fundamento en el artículo 200 del Reglamento del Senado, se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

Doy cuenta de los artículos que han quedado reservados:

La Senadora Dolores Padierna Luna, artículos 1 y 73.

Senador Manuel Bartlett Díaz, artículos 1, 8, 12, 18, 21, 69, 73, 110, 162, 166, 167 y Tercero Transitorio.

Senador Javier Corral Jurado, artículos 33, 70, 71, 72, 73, 112, 145 y 186, así como una adición al artículo 75.

Senador Zoé Robledo Aburto, artículos 54, 68 y 69, una adición de un artículo 207 y un Artículo Décimo Primero Transitorio.

Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, artículos 68, 69, 70, 73 y 156.

Senador Rabindranath Salazar Solorio, artículos 69 y 70.

Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, artículo 73.

Informo que los Senadores Dolores Padierna Luna y Senador Javier Corral Jurado han solicitado que se ponga a disposición el texto de sus reservas para efecto de dispensar su lectura. Dichas reservas están disponibles en el monitor de sus escaños.

En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos que no han quedado reservados conforme a la cuenta anterior.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 87 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados, del proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Para dar inicio al desahogo de las reservas, les informo que las propuestas de modificación de la Senadora Dolores Padierna Luna a los artículos 1 y 73, se encuentran a disposición en los monitores de sus escaños para su conocimiento.



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión dichas propuestas.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas que presentó la Senadora Dolores Padierna a los artículos 1 y 73. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se desechan las reservas.

Igualmente, el Senador Javier Corral Jurado ha presentado las reservas a los artículos 33, 70, 71, 72, 73, 112, 145 y 186, y una adición al artículo 75, dichas reservas se encuentran a disposición en el monitor de sus escaños para su conocimiento.



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión dichas propuestas.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el Senador Javier Corral Jurado a los artículos 33, 70, 71, 72, 73, 112, 145 y 186, así como la adición de un nuevo artículo 75. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se desechan las reservas.

Asimismo, informo que las propuestas de modificación del Senador Zoé Robledo Aburto a los artículos 54, 68 y 69, y la adición de un artículo 207 y un Décimo Primero Transitorio, se encuentran a disposición de sus escaños.



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión dichas propuestas de reservas y de adiciones.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el Senador Zoé Robledo Aburto a los artículos 54, 68 y 69, así como la adición de un artículo 207 y un Décimo Primero Transitorio. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se desechan las propuestas.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, igualmente ha solicitado que las reservas a los artículos 68, 69, 70, 73 y 156, se hagan del conocimiento de las y los señores Senadores a través del monitor de sus escaños.



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez a los artículos 68, 69, 70, 73 y 156. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se desechan las propuestas.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio también ha solicitado que se ponga a disposición de los Senadores, en el monitor de sus escaños, las reservas a los artículos 69 y 70.



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión dichas propuestas.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el Senador Rabindranath Salazar Solorio a los artículos 69 y 70. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, los artículos reservados por los Senadores Dolores Padierna, Javier Corral Jurado, Zoé Robledo Aburto, Martha Angélica Tagle Martínez y Rabindranath Salazar Solorio, se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, para presentar las reservas a diversos artículos del dictamen.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Le pediría, antes de empezar, que pida usted orden allá en sala.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ruego a la Asamblea atender la presentación de las propuestas y poner atención al orador.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: No, no pido orden para que escuchen, porque no van a escuchar, sino para que el Canal del Congreso, que nos está oyendo, pues nos vea con una cierta seriedad, es lo mínimo.

Voy a presentar todas al mismo tiempo, siendo que tengo el privilegio de ser el único que va a leer sus textos.

Vemos, en varias ocasiones, que son muy frecuentes en este Senado, que no presentamos argumentos, ni presentamos reservas para convencerlos, porque sabemos que la línea es la línea, sino porque es preciso hacer una labor pedagógica, y es preciso exhibir lo que se está aprobando como si fuera la gran legislación de transparencia, que hemos dicho, ya en lo general, que no lo es, y que es incluso anticonstitucional.

Si hiciéramos una recordación de lo que aquí han dicho los que van a votar a favor, pues nos encontramos con que esa es la verdad.

La verdad es que esta ley tiene grandes carencias, y que no es la ley que luego votan. Es un efluvio de demagogia vil; escuchar todos estos argumentos y después votar a favor.

“Es que es mejor que nada”.

“Es que puede ser a cuenta gota”.

“Es que es un gran esfuerzo para empezar a resolver el problema”.

Eso, por favor, es simplemente sumarse a este elogio y esta simulación de Peña Nieto, que va a hacer una campaña diciendo que él impulsó, con sus partidos afines, esta gran Ley Federal de Transparencia, sabiendo que es un arreglo hasta donde quisieron soltar, pero vinieron a controlar. De manera que esta es una gran simulación en la que están todos ustedes comprometidos.
Voy a empezar, para fines pedagógicos, a presentar mis reservas.

“Artículo 1. Lo dijimos, están fuera de control de transparencia las empresas de radiodifusión, telecomunicaciones y, en general, de empresas nacionales e internacionales que operen en México y que realicen actos de relevancia para la economía nacional, así como de cualquier fideicomiso y fondo público de las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos federales, realicen actos de autoridad o que en sus funciones o tareas, sus decisiones u omisiones, tengan consecuencias públicas, sociales e incidan en economía; un gran hueco en favor de las transnacionales y la difusión que gobierna o co-gobierna este país.

Texto del artículo 8, párrafo primero. La norma debe de decir: “no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea Parte. Desde el inicio de una averiguación previa, de la presentación de una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o del inicio de cualquier procedimiento, la información será pública, sin que tenga que determinarse previamente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos o por otra autoridad, que los hechos están relacionados con violaciones graves de derechos humanos”. Una de las graves grandes fallas que aquí se reconoció por quienes votan a favor, pese a todo.

“Artículo 12.- Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones de conformidad con la normatividad aplicable. La no documentación no será obstáculo a la obligación de máxima transparencia sobre los actos u omisiones de los sujetos obligados”.

El artículo 12 del dictamen de la ley que han aprobado incurre en el grave error, de considerar que solo la información documentada que derive de competencias legales es pública. Cuando la finalidad de la ley debería de ser que cualquier información de trascendencia pública que tenga que ver con las autoridades o con poderes fácticos es pública, independientemente de que se documente o no. Es una pequeña concesión para que mientan, para que no documenten y para que siga la simulación.

“Artículo 18.- Los comisionados del INAI serán elegidos por elección directa de los ciudadanos a propuesta de las universidades y de las organizaciones no gubernamentales, el Instituto Nacional Electoral organizará el proceso electoral respectivo. Todos los aspirantes a candidatos para ser comisionado, se les aplicará un examen general de conocimiento ante la autoridad electoral nacional y los cinco que obtengan la calificación más alta serán los candidatos a elegir por la ciudadanía. Los candidatos a ocupar el cargo de comisionado tendrán derecho a tiempos del Estado en los medios de comunicación electrónica para exponer sus propuestas y programas de trabajo. En el proceso de elección se prohíbe la realización de campañas, así como cualquier tipo de financiamiento público o privado. La elección de los comisionados del INAI deberá coincidir con los procesos federales electorales”.

Aquí le contesto a algún Senador por ahí que se rasgó las vestiduras diciendo: “esos Senadores que se oponen no proponen nada”. Hemos propuesto permanentemente; hay que tomar en cuenta, es otro de los que votaron a favor, estando en contra.

“Artículo 21. El instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Interpretar la legislación con pleno respeto y cumplimiento al artículo 1o. de la Constitución de la República”.

La justificación. La interpretación de la ley debe realizarse tomando en cuenta los principios de derechos humanos previstos en el artículo 1o. de la Constitución. Interpretación conforme y pro homine. Otra falla discretamente ocultada.
Artículo 69, fracción VI, inciso b). El número de constancias de suscripción del convenio a que hace referencia la fracción I del artículo 27 constitucional para obtener concesiones. Fíjense, este es un cachirul que metieron en un adéndum como le hicieron en la reforma energética, ¿se acuerdan?, un cachirulo que presentó todo lo que querían las empresas transnacionales, que apareció en un adéndum como éste.

El número de constancias y suscripción del convenio a que hace referencia la fracción I, del artículo 27 constitucional, para obtener concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en territorio nacional, indicando la entidad federativa y la nacionalidad del solicitante; el número de constancias de suscripción del convenio a que hace referencia la fracción I del artículo 27 constitucional para la adquisición de bienes inmuebles fuera de la zona restringida, indicando la entidad federativa y la nacionalidad del solicitante, así como el número de permisos otorgados para la constitución de fideicomisos, señalando, etcétera.

La norma debe decir: El número de constancias de suscripción del convenio que hace referencia a la fracción I del artículo 27 constitucional para obtener concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en territorio nacional, indicando la entidad federativa y la nacionalidad del solicitante; el número de constancias, etcétera. Debe hacerse respetando la fracción I del 27 constitucional para la adquisición de inmuebles fuera de la zona restringida, indicando la entidad federativa y la nacionalidad del solicitante.

Fíjense, para los que están atentos en el Canal del Congreso. Debe respetarse la fracción I del artículo 27 de la Constitución, pues en una paja de 100 kilómetros a lo largo de la frontera y de 50 kilómetros en las playas, los extranjeros con motivo alguno podrán adquirir el dominio directo sobre las tierras y las aguas.

Los fideicomisos que prevé el dictamen implican un fraude a la Constitución, pues a través de ellos los extranjeros adquieren el dominio sobre la tierra y agua en las zonas restringidas.

Los fideicomisos en las zonas restringidas deben estar totalmente prohibidos, son anticonstitucionales, y esta ley les puede dar el reconocimiento formal como hacen en otras normas, así como la pretensión de reformar la Constitución para permitir la propiedad de los extranjeros en las zonas restringidas.

Para quienes estén atentos, recordarán que hay una iniciativa por ahí de quitar la restricción constitucional de adquisición de tierra y de posesión de propiedades en las zonas restringidas, fronteras y costas.

Eso no se han atrevido a presentarlo, porque sabemos bien, y me dirijo al auditorio del Canal del Congreso, sabemos bien que hay intereses económicos de quienes están promoviendo que se quiten los estorbos y que se puedan meter los extranjeros a todas las playas, a todas las fronteras ya.

Ahí está un poco guardada esta iniciativa que ya aprobaron malamente, antipatrióticamente en la Cámara de Diputados.

Pero aquí hay un cachirul, aquí nos meten este descarado cachirul para que se autorice a los extranjeros, a través de esta maña de un fideicomiso, adquirir propiedades en los mares, en las costas y en las fronteras.

Esto es una vergüenza, que se metan esos cachirules para atender intereses de otro tipo de negocios sucios que deberíamos de conocer con la Ley Federal de Transparencia, ésta seguramente no la vamos a saber, pero ese es un cachirul.
El señor Presidente del Senado que está también descuidado, le voy a decir, señor Presidente, este es un cachirul, se lo dejo para que lo vea.

Están buscando meter como un adéndum, un fideicomiso para avanzar en que los extranjeros se apoderen de las costas mexicanas y su riqueza de todo tipo, y la frontera con los Estados Unidos y en el sur también. ¡Qué vergüenza!

Está probado también, yo creo que el adéndum ni siquiera lo leyeron. Es una traición al país, está en la Constitución y la están violando.

Artículo 73. En materia energética se adicionan a las contempladas en el dictamen las siguientes obligaciones específicas de transparencia.

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial, y no lo voy a leer completo, les voy a decir por qué, porque ya lo dijo la Senadora aquí hace un momento, con una enorme exposición, de que en materia energética tienen cerrada descaradamente la información. Ponen lo que se les da gana y permiten los intereses que manejan estos miserables que están entregando a PEMEX, la CFE, al patrimonio nacional, les dan facilidades para que digan qué sí y qué no.

El sector energético que están entregando y que es propiedad de la nación, no va a poder ser escudriñado, no vamos a poder saber quién se queda con ellos, ya parecen ex funcionarios de antiguos gobiernos, y no lo vamos a saber.

La Senadora Dolores Padierna hizo una explicación espléndida sobre esto, mucho más larga de la que yo quisiera leer.

Pero que quede claro, y no lo digo yo, el sector energético, patrimonio de la nación, instrumento fundamental para el desarrollo, un capital fundamental para la soberanía nacional, se va a entregar a escondidas por quienes se han apoderado, que son ya sabemos quiénes, de todos los organismos, de la Comisión de Hidrocarburos, la otra comisión, de tal cual, las direcciones en las dos empresas.

Ya lo dijimos aquí todos, ellos comprometidos, todos comprometidos con intereses extranjeros que tienen facultades para, inclusive, vender a PEMEX, y vender acciones; vender propiedades de PEMEX y lo están haciendo ya.

Entonces, es otra vergüenza. ¿Cómo se aprueba? Como una Ley Federal de Transparencia, cuando menos es una gotita que avanza. No avanza nada, está facilitando al gobierno los aspectos que quieren ocultar, como es el sector energético, para entregarlo tranquilamente a los extranjeros sin que haya ninguna posibilidad de transparencia.

Qué vergüenza, señores, lo que acaban de aprobar.

Artículo, 166 y 167, se derogan.

La transparencia y la Suprema Corte de Justica, oigan otra pequeña limitación, ya les dije es un enorme poder que a través del Consejo de la Judicatura controla vidas y haciendas en el Poder Judicial.

Manejan desde la cúpula del Pleno de la Corte, a través de la Junta de Coordinación, emparejan las vidas de los jueces y magistrados, los colocan donde quieren, hacen lo que se les da la gana, es un régimen absolutamente autoritario, antidemocrático. Ah, pero la transparencia ahí no existe, una pequeña cosita que dejamos pendiente.

El instituto éste, que también está cooptado, no tiene autoridad sobre la Suprema Corte de Justicia.

¿Se acuerdan de la reforma energética que nunca quisieron analizar?, o ¿se acuerdan de la famosa reforma de la consulta, con millones de firmas, que la Suprema Corte, con una vacilada absoluta, dijo que no procedía la reforma porque la consulta era, ni más ni menos, una cuestión fiscal, sin ningún límite para sus aberraciones?

La transparencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un tratamiento privilegiado que no tienen los demás poderes y sujetos obligados.

Por esos privilegios, ante un poder cerrado, gremialice y proclive al nepotismo, no existe justificación constitucional en el artículo 6o. de la Carta Magna, para extraer de la Ley Federal de Transparencia al Poder Judicial.

Y ahora ya nos están preparando otro Medina Mora, para que vayan haciendo mayoría, quienes están a favor de la entrega del país de esas políticas de saqueo, de la Casa Blanca, de las empresas constructoras, de OHL, Grupo Higa, que denunciabas, no pasa nada.

Decía yo, para terminar, lo hago, que si no hay voluntad política, no habrá transparencia; y esos instrumentos son la clara falta de voluntad del Poder Ejecutivo que ha controlado aquí al Congreso para que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información no lo moleste en sus propósitos de negocios que no serán tocados.

Gracias por su atención, señor Presidente, y gracias al Canal del Congreso que nos permite llegar por encima de las cabezas de Diputados y Senadores que han entregado este texto, están en contra, pero la nación lo debe de saber y lo sabrá cobrar.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de que las reservas han sido expuestas por el proponente, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de admitirse a discusión.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el Senador Manuel Bartlett Díaz a los artículos 1, 8, 12, 18, 21, 69, 73, 110, 162, 166, 167 y Tercero Transitorio. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, los artículos serán votados conjuntamente con el resto de los artículos reservados.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, para presentar su reserva al artículo 73 del proyecto de Decreto.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias, señor Presidente. Con su permiso.

En primer lugar, quiero felicitar y reconocer a mis compañeras y compañeros Senadores de las diferentes comisiones por el arduo trabajo realizado para tener este dictamen. Fueron muchas horas de trabajo, días, meses. Así es que ¡Enhorabuena y felicidades!
Por supuesto que hay pendientes, pero éste es un avance que va a ser favorable para todas las mexicanas y mexicanos.

Quiero decirles que la propuesta que traigo aquí al Pleno, es una propuesta muy noble y que me gustaría mucho que apoyaran.

Se trata de lo siguiente; de un inciso nuevo, el inciso y) al artículo 73, donde solicito que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección del Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos dé un informe en cada siniestro, accidente, incidente, emergencia, fuga y derrame vinculados con las actividades del sector, que incluya las investigaciones de causa raíz en caso de incidentes, accidentes, operativos industriales, medios ambientales, así como la forma en que se impulsará la restauración de los ecosistemas, flora y fauna silvestres, bienes y servicios ambientales.

Dicho informe deberá estar en la página de Internet 30 días, al menos, después del suceso ocurrido. Esto es con el fin de que los ciudadanos estén enterados, porque muchas veces está el derrame y ni siquiera los que son vecinos de ahí saben que ocurrió.

Así que, ojalá puedan acompañar para bien esta reserva.

Aprovecho la tribuna para exhortar a los Congresos locales a armonizar sus leyes locales con la ley general.

Es cuanto, señor Presidente. Gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Garza Galván.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite para su discusión la reserva que ha presentado la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván al artículo 73. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En virtud de que no se admite, se desecha la propuesta presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.

Se concede el uso de la palabra al Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, para presentar su reserva al artículo 69 del dictamen que estamos discutiendo.

Serían cuatro reservas en una sola participación.

Adelante, Senador.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Muy buenas tardes, señor Presidente José Rosas Aispuro Torres, Senador por el Estado Libre y Soberano de Durango. Señoras y señores Senadores:

Me parece que este dictamen es un documento que, en lo general, atiende a las expectativas que de una Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública tienen los ciudadanos de este país y que atiende también a las expectativas y normas mínimas establecidas por la ley general en la materia.

Sin embargo, considero que para garantizar y fortalecer el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad, es necesario señalar algunas áreas de mejora.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública dice que los principios esenciales en esta materia instituye y deja a la ley federal y a las leyes estatales su desarrollo.

En especial, la ley general establece, en su artículo 113, conceptos básicos que constituyen importantes excepciones en materia de reserva de información pública y cuya correcta interpretación depende, en gran medida, de la forma en que se aplicará en adelante el trascendental principio de máxima publicidad, consagrado en el artículo 6o. de la Constitución General de la República.

En ese sentido, resulta de especial importancia que la ley federal no se limite a reproducir textualmente en el artículo 105 dichos conceptos, sino que es necesario que los detalle o que al menos establezca algunas reglas de interpretación respecto de por lo menos los siguientes diez conceptos generales.

1.- Violaciones graves a derechos humanos.

2.- Seguridad nacional.

3.- Defensa nacional.

4.- Seguridad pública.

5.- Relaciones internacionales.

6.- Negociaciones internacionales.

7.- Políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero.

8.- Información que pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras.

9.- Información que pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país o incrementar el costo de las operaciones financieras públicas.

10.- Actos de corrupción.

De no establecerse reglas que permitan la correcta interpretación de estos conceptos, sobre todo de aquellos que específicamente corresponden a facultades que ejercen de manera exclusiva las autoridades del ámbito federal, se corre el riesgo de que las autoridades interpreten dichas excepciones de manera amplia y que, con ello, hagan nugatorio el derecho fundamental de acceso a la información pública.

Respecto a la secrecía de la averiguación previa en casos de violaciones graves a derechos humanos, es un tema central que debería definirse en la nueva Ley Federal de Transparencia, de conformidad con el artículo 16 del todavía vigente Código Federal de Procedimientos Penales, la averiguación previa, así como todos los documentos que la integran o que estén relacionados son estrictamente reservados.
Sin duda alguna, las limitaciones al derecho a la información de las investigaciones del Ministerio Público son permisibles.

Por ejemplo, para proteger la integridad de una investigación, resguardar el debido proceso o prevenir daños a la seguridad nacional; por ello, las limitaciones al acceso público de expedientes de investigación o procesamiento penal deberán ser consistentes con el derecho a la información y es justamente la Ley Federal de Transparencia la que, en el ámbito federal, debe definir la forma en que deben aplicarse estos principios.

Respecto a las obligaciones de transparencia de quienes ejercen recursos públicos o llevan a cabo actos de autoridad, a fin de contribuir a la correcta interpretación de los artículos 14, párrafo segundo y 69 de este proyecto de ley federal, se sugiere que al menos en la exposición de motivos se establezcan algunos ejemplos y se aclare si deben considerarse como personas que realizan actos de autoridad a los notarios, a los corredores, a las cámaras de comercio, a los terceros autorizados en materia sanitaria, a los testigos sociales que intervienen en los procesos de contratación de obra pública, entre otros.

Por último, respecto a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, el artículo 82 del proyecto de ley federal establece la improcedencia de una denuncia que repita otra anterior que ya ha sido resuelta en el sentido de instruir la publicación de las obligaciones de transparencia. Técnicamente esta nueva denuncia no sería improcedente, sino que tendría que declararse sin materia, en el entendido de que ello sólo podría darse en los aspectos precisos en los que duplique la primera denuncia; además, tampoco podría considerarse improcedente cuando se trate de casos en los cuales la autoridad obligada continúe siendo omisa en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, pues ciertamente la violación subsiste. Lo cierto es que esta nueva denuncia podría aportar nuevos argumentos útiles a la protección del derecho de acceso a la información.

Por todas estas razones, resulta conveniente que se revise la pertinencia de estas modificaciones a las disposiciones de la ley.

Señoras y señores Senadores: Al solicitar su voto para aprobar estas reservas, los invito a refrendar el compromiso de fortalecer un marco de instituciones eficaz que permita terminar con la opacidad que rechazan todos los mexicanos; los invito a que juntos terminemos con una fuente de suspicacia, de desánimo, de desencanto que, por diferentes medios, nuestros conciudadanos mexicanos nos han exigido terminar.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Ávila Ruiz.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el Senador Ávila Ruiz.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el Senador Daniel Ávila Ruiz. Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

El dictamen quedará en sus términos en lo referente a los artículos que reservó el Senador Ávila Ruiz.

Agotada la discusión en lo particular, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos 1, 8, 12, 18, 21, 33, 54, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 110, 112, 145, 156, 162, 166, 167, 186 y Tercero Transitorio en los términos del dictamen.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 78 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 1, 8, 12, 18, 21, 33, 54, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 110, 112, 145, 156, 162, 166, 167, 186 y Tercero Transitorio del proyecto de Decreto.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Compañeras y compañeros Senadores: Informo a ustedes que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo que propone modificar el que aprobamos ayer, sobre el procedimiento para la elección de Ministros de Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El propósito del mismo es que se establezcan fechas distintas para recibir la comparecencia de los candidatos integrantes de cada terna, para realizar la votación de la elección correspondiente y que a la protesta se convoque únicamente a quienes en su caso resulten electos como resultado del procedimiento que aplicará este Pleno.

En consecuencia, se trata de guardar a los candidatos las consideraciones pertinentes para que las actividades que se realicen para el análisis y votación se practiquen de la forma más ordenada y respetuosa hacia su persona y el cargo al que aspiran.

El Acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.





 

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo que modifica el similar aprobado en la sesión del 18 de noviembre, sobre el procedimiento para la elección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comuníquese.

La Secretaría convocará a los candidatos integrantes de cada una de las ternas para que acudan ante este Pleno el próximo martes 24 de noviembre y realicen una exposición sobre la idoneidad de su candidatura.





 

Hago de su conocimiento, Senadoras y Senadores, que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a las comisiones respectivas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

(Presentada por el Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 94 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 94 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a la educación es un derecho humano fundamental para todas y todos los ciudadanos ya que les permite adquirir conocimientos y alcanzar una vida social plena; además promueve la libertad, la autonomía personal y genera importante beneficios para el desarrollo.

El órgano de las Naciones Unidas encargado de la educación, UNESCO, ha estipulado obligaciones jurídicas fundamentales sobre el derecho a la educación, con la intención de que cada persona pueda disfrutar del acceso a una educación de calidad, sin discriminación ni exclusión, haciendo un énfasis especial en la atención a niños y adultos que se encuentran social y económicamente marginados y así poder ayudarles a salir del círculo de pobreza a partir de su propio esfuerzo incorporándolos al término de su vida académica a un espacio laboral digno y formal.

Este último fin es la esencia del servicio social que llevan a cabo los estudiantes de nuestro país, pues se trata de una actividad formativa y de vinculación con la realidad económica y social, donde por un lado se afirman y amplían los conocimientos académicos y por el otro se crea una conciencia en el estudiante de pertenencia y solidaridad con la comunidad.

El servicio social como estrategia es un compromiso social que consolida la formación y es un factor estratégico para impulsar el desarrollo nacional y local, que busca disminuir las desigualdades sociales generando mayores oportunidades para nuestros estudiantes, por ende, el Estado debe concentrar la mayoría de sus esfuerzos y recursos para poder garantizar la permanencia en el mismo como fuente de retroalimentación de los conocimientos académicos obtenidos.

En este contexto, en las últimas décadas el presupuesto en nuestro país ha dependido en aproximadamente una tercera parte de las ventas de petróleo, situación que si bien no ha podido cambiarse sustancialmente con la reciente reforma energética, es un hecho que la renta petrolera continúa teniendo un papel fundamental en la economía y, muy especialmente, en los programas destinados al desarrollo y superación de la pobreza.

El sentido de la presente propuesta busca afirmar las asignaciones que lleva a cabo el Fondo Mexicano del Petróleo, mismo que de acuerdo con la Ley marco, tiene como fin recibir, administrar, invertir y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y los contratos de la renta petrolera; y una vez que el Fondo consiga la parte que corresponde al Estado, los recursos sobrantes se distribuyen en:

1. Gastos operativos de Gobierno.

2. Ahorro de largo plazo.

Para este último, se tienen como prioridades dos objetivos:

1. Afrontar imprevistos en la economía, por ejemplo en caso de crisis.

2. Compartir los beneficios por medio de programas y subsidios para generaciones futuras.

En suma, este fondo debe administrar los ingresos petroleros, y cuando estos superen el 3 por ciento del PIB, los montos adicionales deberán emplearse en un 40 por ciento para el ahorro a largo plazo, 10 por ciento para el sistema de pensión universal, 10 por ciento en proyectos de ciencia, tecnología y energías renovables, 30 por ciento en infraestructura petrolera y apenas el 10 por ciento a becas, siendo este último punto donde buscamos precisar dicha asignación hacia estudiantes de licenciatura y posgrado que se encuentren realizando su servicio social y que además estén en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.

Esto es importante ya que como hemos visto, los excedentes de este Fondo se encuentra fuertemente ligados a objetivos sociales tales como el combate a la pobreza y la desigualdad, sin embargo, la legislación actual obedece más a una voluntad política que puede prestarse para su utilización con otros fines.

En el escaso tiempo de operación de este Fondo, ha sido notable su reducida visión con que opera, situación que obliga que se le dote de un compromiso social para beneficiar a la población y evitar que se trate de un negocio que destina sus remanentes a acciones orientadas hacia el desarrollo.

Estas han sido inquietudes que se han manifestado por parte de distintos sectores de la sociedad, puesto que en esencia se trata de un instrumento de redistribución de la renta petrolera y sin embargo depende directamente de un organismo en Poder del Ejecutivo Federal, con actores que no tienen el carácter de servidores públicos, por lo que se merman las facultades presupuestales y fiscales que constitucionalmente tiene el Poder Legislativo sobre esta renta.

Si consideramos que antes de la reciente reforma energética, este Fondo era distribuido hacia Estados y Municipios, sin duda que los recientes cambios afectan la dinámica del federalismo, transparencia y rendición de cuentas, además de la falta de control parlamentario necesaria para este tipo de recursos.

En este contexto, a septiembre del presente año, este Fondo ha transferido recursos a la Tesorería de la Federación por más de 318 mil millones de pesos, mismos que por Ley el Estado se encuentra obligado a utilizar para el fomento de la inversión y la educación que propicie mejores condiciones para el desarrollo de nuestra economía. Por lo tanto, es una exigencia de nuestra sociedad que estos recursos sean administrados y dirigidos de la mejor manera para el cumplimiento de sus fines.

Cuadro de cambios propuestos


LFPRH

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 94.- Únicamente cuando la Reserva del Fondo al inicio del año calendario sea mayor al 3% del Producto Interno Bruto del año previo, el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo podrá recomendar a la Cámara de Diputados, a más tardar el 28 de febrero, la asignación del incremento observado el año anterior en la Reserva del Fondo a los siguientes rubros:

I a III…

IV. Hasta por un monto equivalente a 10%, en becas para la formación de capital humano en universidades y posgrados; en proyectos de mejora a la conectividad; así como para el desarrollo regional de la industria. Con excepción del programa de becas, no podrán emplearse recursos para gasto corriente en lo determinado en esta fracción.

Artículo 94.- Únicamente cuando la Reserva del Fondo al inicio del año calendario sea mayor al 3% del Producto Interno Bruto del año previo, el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo podrá recomendar a la Cámara de Diputados, a más tardar el 28 de febrero, la asignación del incremento observado el año anterior en la Reserva del Fondo a los siguientes rubros:

I a III…

IV. Hasta por un monto equivalente a 10%, para la formación de capital humano en universidades y posgrados; en proyectos de mejora a la conectividad; así como para el desarrollo regional de la industria. Los recursos asignados para la formación de capital humano no podrán ser utilizados para gasto corriente conforme a lo determinado en esta fracción; la operación y determinación de los criterios de accesibilidad a dichos recursos corresponderá a la Secretaría de Educación Pública quien dará prioridad a  jóvenes estudiantes de Universidades o Centros de Investigación públicos, con alto rendimiento académico, en situación de vulnerabilidad y que se encuentren realizando prácticas profesionales en alguna institución del sector público o privado.

La asignación de estos recursos a jóvenes estudiantes deberá ser mensual y no podrá ser inferior al equivalente de dos veces la línea mínima de bienestar para zonas urbanas calculada mensualmente por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se REFORMA y ADICIONA la fracción IV del artículo 94 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar de la siguiente manera:

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo 94.- Únicamente cuando la Reserva del Fondo al inicio del año calendario sea mayor al 3% del Producto Interno Bruto del año previo, el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo podrá recomendar a la Cámara de Diputados, a más tardar el 28 de febrero, la asignación del incremento observado el año anterior en la Reserva del Fondo a los siguientes rubros:

I a III…

IV. Hasta por un monto equivalente a 10%, para la formación de capital humano en universidades y posgrados; en proyectos de mejora a la conectividad; así como para el desarrollo regional de la industria. Los recursos asignados para la formación de capital humano no podrán ser utilizados para gasto corriente conforme a lo determinado en esta fracción; la operación y determinación de los criterios de accesibilidad a dichos recursos corresponderá a la Secretaría de Educación Pública quien dará prioridad a jóvenes estudiantes de Universidades o Centros de Investigación públicos, con alto rendimiento académico, en situación de vulnerabilidad y que se encuentren realizando prácticas profesionales en alguna institución del sector público o privado.

La asignación de estos recursos a jóvenes estudiantes deberá ser mensual y no podrá ser inferior al equivalente de dos veces la línea mínima de bienestar para zonas urbanas calculada mensualmente por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 19 de noviembre de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del PAN)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO VIGÉSIMO AL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Elena Barrera Tapia y Angélica de la Peña Gómez)







 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y sus homólogas en las entidades federativas a implementar y difundir una campaña de prevención, concientización e información sobre los síntomas, signos y tratamientos de la depresión en personas adultas mayores. Se turna a la Comisión de Salud.

El que suscribe, MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República de la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración.1

El propio organismo internacional señala que de no ser tratado oportunamente, dicho trastorno puede hacerse crónico o recurrente y dificultar considerablemente el desempeño en el trabajo o la escuela, así como la capacidad para afrontar la vida diaria, e incluso puede tener consecuencias fatales al derivar en casos de suicidio. En este orden de ideas, no podemos ser indiferentes ante la situación en que están las personas adultas mayores en nuestro país.

Debido a la dinámica y exigencias de la globalidad en la que nos encontramos inmersos, en los últimos años, la depresión se ha constituido como un verdadero problema de salud pública del que México no está exento. A nivel mundial, más de 800 mil personas mueren por suicidio cada año2, mientras que a nivel nacional representa la décima cuarta causa de muerte, donde más de la mitad de los suicidios son consumados por personas con trastornos depresivos.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INGEI), de los 5 mil 754 suicidios registrados durante 2013 en México, 258 se presentaron en el grupo quinquenal de 55 a 59 años de edad, y 578 en el de 60 y más años (88.4% hombres y 11.6% mujeres). En cuanto a sus métodos, los de mayor prevalencia son el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, lo que en su conjunto representa el 77.3%.3

Es importante tener en cuenta que la esquizofrenia y la ansiedad son otros trastornos asociados al suicidio, los cuales requieren un adecuado manejo terapéutico y mayor vigilancia cuando se detecta la intención de cometer suicidio. En el caso de las personas adultos mayores, las principales causas de la depresión, se ven asociadas con la ausencia de seguridad social y la pobreza.

En relación a estas problemáticas, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), ha expresado que en nuestro país la población con edades de 65 años y más que vive en situación de pobreza alimentaria asciende a 939 mil personas, de las cuales no trabaja el 57.6%, y sólo el 19.5% está jubilada o recibe alguna pensión.4

Aunado a lo anterior, no podemos omitir que del total de egresos hospitalarios en personas de 60 años y más por trastornos mentales y del comportamiento, 12.3% son por trastornos depresivos. Cabe precisar que la depresión se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter grave se pueden necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. En síntesis, se puede diagnosticar de forma fiable y ser tratado por no especialistas, al menos en el ámbito de la atención primaria.

La importancia del presente asunto se encuentra inherente a la condición humana, es decir, al hecho de que por naturaleza los seres humanos somos emocionales y requerimos de ciertas condiciones mínimas de convivencia -generar vínculos de confianza, amistad y afecto, entre otros-.

Sobre el particular, tratándose de las personas adultas mayores, la problemática se agrava aún más debido a que frecuentemente los sentimientos de tristeza, abandono y soledad producen mayores impactos negativos, por los múltiples y drásticos cambios en su vida.

Para dimensionar la gravedad del asunto, basta mencionar algunas de las principales causas de depresión en personas de la tercera edad: enfermedades incapacitantes; el deceso  del cónyuge, hijos, familiares o personas cercanas; pensionarse o alejarse del mercado laboral; dolor crónico; pérdida o limitación de la independencia (falta de movilidad o velar por sí mismo); efectos secundarios de medicamentos; así como la presencia de otras enfermedades como el mal de párkinson, enfermedades cerebrovasculares, problemas tiroideos.

En consecuencia, no es extraño que exista un consenso generalizado entre los expertos e investigadores, en el sentido de que en la etapa de la vejez hay más complejidad y riqueza emocional.

En este orden de ideas, es oportuno referir que el establecimiento de condiciones que garanticen una vejez con dignidad, respeto y dignidad, obedece a una cuestión de derechos humanos, obligación contemplada tanto en la legislación interna como en los tratados suscritos por el Estado mexicano y el derecho internacional.

La idoneidad de que la Secretaría de Salud y sus homologas en las entidades federativas, conozcan del asunto radica en que por imperio de ley, son las dependencias encargadas de garantizar la consolidación de la protección y promoción de la salud, así como la prevención de enfermedades. Es precisamente la prevención, nuestra principal herramienta ante esta problemática. 

Por último, es importante mencionar que debemos tomar en cuenta la existencia de  múltiples y muy diversas opciones para atender y tratar la depresión en adultos mayores.

Por poner un claro ejemplo, mismo que debe ser tomado en cuenta para los fines descritos en estas consideraciones, referiré lo registrado por el cineasta norteamericano Michael Rossato-Bennett en la cinta documental titulada: “AliveInside: A Story of Music&Memory“5 en la que se demuestran las grandes potencialidades del uso de la música en los tratamientos de pérdida de memoria en adultos mayores.

En esta increíble cinta, se destaca el efecto de la música como un elemento de curación en pacientes con Alzheimer. Mediante el uso de canciones que fueron importantes en el pasado de los pacientes, se observa en ellos reacciones sorprendentes al despertar memorias y emociones al momento de escucharlas, destacando la relevancia de las relaciones interpersonales como un elemento auxiliar durante el tratamiento.

Como Senador de la República e integrante del grupo parlamentario del PRI, estoy a favor de que se lleven a cabo diversas e innovadoras acciones que sean necesarias para tratar oportunamente y por supuesto, para prevenir más casos de depresión entre las personas adultas mayores de nuestro país. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud y sus homologas en las Entidades Federativas, para que en el marco de sus atribuciones, implementen y difundan una campaña de prevención, concientización e información sobre los síntomas, signos y tratamientos de la depresión en personas adultas mayores.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 19 de noviembre de 2015.

Atentamente

1 Organización Mundial de la Salud. Temas de Salud – Depresión http://www.who.int/topics/depression/es/, Consultado el 1 de Noviembre de 2015.

2 Estadísticas a propósito del Día mundial para la prevención del Suicidio. INEGI, 8 de Septiembre de 2015 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/suicidio0.pdf, p.1 Consultado el 1 de Noviembre de 2015

3 Íbid. P. 2 y 3

4 Consideraciones para el ejercicio presupuestario 2015, Consejo  Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Junio 2014, P. 8, 10, 11, 16 y 19
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Consideraciones_presupuestales/Consideraciones_presupuestales_2015.pdf. Consultado el 1 de Noviembre de 2015.

5 http://www.aliveinside.us/ Sitio oficial de la película: “AliveInside: A Story of Music&Memory“. Consultado el 1 de Noviembre de 2015.





 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a definir una estrategia de seguridad frente al supuesto vínculo entre grupos yihadistas del Estado Islámico y grupos de la delincuencia organizada que operan en territorio mexicano. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

La suscrita, Mariana Gómez del Campo Gurza, Senadora de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD FRENTE AL SUPUESTO VÍNCULO ENTRE GRUPOS YIHADISTAS DEL ESTADO ISLÁMICO Y GRUPOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA QUE OPERAN EN TERRITORIO MEXICANO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En el marco de la Cumbre del G20, celebrada en Antalya, Turquía, el presidente Enrique Peña Nieto condenó enérgicamente "los atroces atentados terroristas" registrados viernes 13 de Noviembre en París, Francia, así como los suscitados en Líbano y Turquía. El mandatario reiteró que "ninguna razón justifica que se ataque a civiles indefensos", al tiempo que expresó la profunda solidaridad del pueblo y del Gobierno de México con las víctimas y sus familiares.

2. En agosto de 2014, trascendió en medios de comunicación declaraciones de Mike Baker, ex oficial de operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos de América, que señalan que existe una estrecha comunicación entre el Estado Islámico y los cárteles mexicanos con el fin de cruzar la frontera mexicana.

Por otro lado, el Gobernador de Texas, Rick Perry, declaró que debido a la falta de seguridad en la frontera sur de la Unión Americana, miembros del Estado Islámico podrían estar ingresando a territorio norteamericano

3. Que el pasado 21 de abril de 2015, la Oficina Federal de Investigación (FIB, por sus siglas en inglés), afirmó haber arrestado a seis individuos en Minneapolis y San Diego que buscaban sumarse al Estado Islámico en Siria utilizando pasaportes falsos para intentar volar desde México. Además, señalaron que se logró desarticular una red de reclutamiento del Estado Islámico con habitantes de los Estados Unidos de América.

4. Se presume que desde principios de la década, el crimen organizado mexicano ha mantenido contacto con los grupos yihadistas en África y Medio Oriente, y que incluso existe un acuerdo en el que el narcotráfico mexicano financia a los grupos extremistas en la región, mientras que los grupos terroristas se encargan de circular los estupefacientes dentro del continente africano, diversificando así su mercado consumidor, logrando incursionar de manera más sencillas en el mercado europeo.

CONSIDERACIONES

I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los Senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de Acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de Ley o Decreto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a definir una estrategia de seguridad para identificar y actuar frente al posible vínculo entre grupos yihadistas del autodenominado Estado Islámico y los grupos de la delincuencia organizada que operan en el territorio mexicano.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 19 de noviembre de 2015.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.





 

De los Senadores Manuel Bartlett Díaz, David Monreal Ávila y Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo para que el titular del Poder Ejecutivo cumpla con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la solicitud de autorización al Senado de la República para que tropas nacionales abandonen el país. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional.

Manuel Bartlett Díaz, David Monreal Ávila y Layda Sansores San Román, Senadores de la República en a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión,  con fundamento en los artículos 8, fracción II, 72 fracciones XII y XIII, 231 fracción II, y, 276.2 del Reglamento del Senado de la República y 74, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, COMO COMANDANTE SUPREMO DE LAS FUERZAS ARMADAS, CUMPLA Y HAGA CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA QUE TROPAS NACIONALES ABANDONEN EL PAÍS Y, PARA QUE EL SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL RESPETE EL ORDEN CONSTITUCIÓNAL EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 128 de la Constitución establece: “Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”.

El párrafo primero del artículo 87 de la Constitución señala: “El Presidente, al tomar posesión de su cargo prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.

Por su parte, el artículo 76 fracción III de la Constitución indica: “Son facultades exclusivas del Senado: Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de las tropas nacionales fuera de los límites del país…”.

Durante la comparecencia en el Senado de la República, la Secretaria de Relaciones Exteriores, el día 6 de octubre del presente año, confirmó que hay cuatro elementos de las fuerzas armadas fuera del país en misiones de la ONU, sin que al momento de la comparecencia se hubiese solicitado la autorización del Senado para la salida de    tropas.

La confirmación de la Secretaria de Relaciones Exteriores es muy grave porque el Titular del Poder Ejecutivo no cumplió con la Constitución, pues como se mencionó, de acuerdo al artículo 76 fracción III de la Constitución, la salida de tropas del país debe estar autorizada por el Senado de la República.

En cuanto al Secretario de la Defensa Nacional, el artículo 1 de la Constitución, en sus párrafos primero, segundo y tercero, obliga a todas a las autoridades del país y de todos los niveles, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos interpretando las leyes secundarias y sus actuaciones, de manera conforme con la Constitución y los tratados que sobre derechos humanos ha ratificado el Estado mexicano, para maximizar la protección más amplia a las personas.

Lo anterior quiere decir, que la Secretaría de la Defensa está obligada, empezando por el Secretario de la misma, a cumplir con sus facultades desde los derechos humanos y los principios constitucionales para favorecer a las personas la protección más amplia. Es decir, la Secretaría de la Defensa, como cualquier autoridad del país, incluyendo al Titular del Poder Ejecutivo, se legitiman por satisfacer de manera íntegra a los derechos humanos. Una autoridad desdeñosa con los derechos humanos y con los acuerdos y compromisos que en la materia ha suscrito el gobierno mexicano no es legítima y está en evidente desacato a la Constitución General de la República.

Hace unos días, el Secretario de la Defensa Nacional, en unas ya famosas declaraciones al reportero Santos Mondragón, de la empresa Televisa, le señaló textualmente que: “El convenio que hace el gobierno de la república con la comisión interamericana y el grupo de expertos es que vienen a complementar las investigaciones de nuestras autoridades. En ningún momento dice que puedan interrogar, no es posible, las leyes no lo permiten…”

La declaración el Secretario de la Defensa se situó por fuera  de la Constitución, del gobierno y del Estado mexicano. Las fuerzas armadas son parte del Estado mexicano, y por tanto, están obligadas como parte de él, a atender y cumplir el Acuerdo suscrito entre el Estado mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que un grupo de expertos (GIEI) invitados por el gobierno mexicano, cumpla con las siguientes funciones: 1) Asesorar al gobierno en el caso de los 43 desaparecidos; 2) Evalúe las líneas de investigación de la PGR; 3) Apoye a la PGR a alcanzar los estándares internacionales en materia de investigación por la desaparición forzada de los 43 normalistas; 4) Obtenga y añada información a la alcanzada y que provenga de todas las fuentes disponibles que conduzcan al paradero de los 43.

Negarse a cumplir el Acuerdo suscrito entre el Estado mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que un grupo de expertos independientes e internacionales (GIEI) invitados por el gobierno mexicano, realicé funciones para determinar el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, transgrede los siguientes artículos de nuestra Carta Magna:

El primero de la Constitución, porque el Secretario de la Defensa no asume que en sus actuaciones, las autoridades militares deben proteger de la manera más amplia los derechos humanos de los gobernados

También el primero de la Constitución, porque los tratados en materia de derechos humanos y acuerdos internacionales sobre derechos fundamentales forman parte del bloque de constitucionalidad. Es decir, son el fundamento de todo el orden jurídico y de la actuación de todas las autoridades del país.

El artículo 90 de la Constitución porque la negativa del Secretario de la Defensa a colaborar con las investigaciones del grupo de expertos internacionales, lo coloca por fuera de la administración pública centralizada, y por fuera de la jerarquía debida al Presidente de la República como comandante supremo de las fuerzas armadas. Su conducta, además, implica un rechazo al principio que establece que el Presidente es el titular único y exclusivo del poder ejecutivo, según reza el artículo 80 de la Constitución.

El artículo 89, la fracción II, de la Constitución, en tanto que el Secretario de la Defensa nacional tiene dependencia jerárquica respecto del Presidente de la República.

Adicionalmente a lo anterior, el Secretario de la Defensa, en la entrevista al reportero Santos Mondragón, de la empresa Televisa, le señaló textualmente que: “…las Fuerzas Armadas de cualquier país representan su soberanía…”.

Esa afirmación riñe con nuestro texto constitucional. El artículo 39 de la Constitución señala: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Lo anterior quiere decir que en el pueblo reside la soberanía, que dimana de éste y, que el poder público se crea en beneficio del pueblo. Además el pueblo tiene el derecho inalienable de alterar o modificar la forma de gobierno.

El artículo 41 de la Constitución dice: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión…y por los de los Estados…”

Lo anterior quiere decir, que una Secretaría de Estado, que no es un Poder de la Unión, no puede ejercer la soberanía del pueblo, ni tampoco representarla porque no es una instancia que haya sido elegida directamente por el pueblo. En ese sentido, las declaraciones del Secretario de la Defensa Nacional son imprecisas e incorrectas. Sin embargo, el Presidente Peña Nieto como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, no hizo declaración ni señalamiento alguno, para llamar al orden y al cumplimiento de las disposiciones constitucionales al citado Secretario.

Las declaraciones del Secretario de la Defensa hacen suponer que las fuerzas armadas no son parte del Estado ni del gobierno. También hacen suponer que las fuerzas armadas no acatan los compromisos que ha suscrito el Estado mexicano por conducto del Ejecutivo. Hacen suponer que el ejército no se guía por criterios democráticos. Hacen suponer que al ejército y a las fuerzas armadas no les obligan los párrafos primero, segundo y tercero del artículo primero de la Constitución que señalan que “Todas las autoridades…tienen obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos…”Hacen suponer que el poder militar está por encima del poder civil, incluyendo al Presidente de la República. Hacen suponer que el Secretario de la Defensa es el auténtico Jefe de Estado y de Gobierno y que es el encargado de conducir la política interior y exterior del país.

El Secretario de la Defensa en sus declaraciones al reportero Santos Mondragón, se dice respetuoso de la ley, pero como en el caso del Titular del Poder Ejecutivo, para nada se ocupa de los artículos 21, 129 y 89 fracción VI de la Constitución. Nos parece importante tener estas normas siempre presentes:

El artículo 21 de la Constitución determina que la seguridad pública es competencia de las autoridades civiles de los tres niveles y no de las fuerzas armadas.

El artículo 129 de la Constitución señala que en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar, lo que no ocurre en el país desde hace años.

El artículo 89 fracción VI de la Constitución, le otorga competencia al titular del Ejecutivo para disponer de la totalidad de las fuerzas armadas para la seguridad interior y exterior. Esa competencia está vinculada a la seguridad nacional y no a la seguridad pública y, debe entenderse, en relación con conflictos bélicos externos o revueltas internas que pretendan interrumpir la observancia de la Constitución en los términos del artículo 136 de la misma Constitución y, también, en el caso de suspensión de garantías, hipótesis prevista en el artículo 29 de la Carta Magna.

El riesgo de las conductas anteriores, tanto del Titular del Ejecutivo como del Secretario de la Defensa, y el silencio del Senado sobre ellas, nos recuerda a la Ley de Jurisdicciones española de 1905, que otorgó al ejército de ese país la custodia del patriotismo y, que al decir de muchos autores, desde Unamuno a Abellán, fue la causa, al colocar al poder militar por encima del civil, del militarismo español y de sus dos dictaduras en el siglo XX1.

Nosotros consideramos que las fuerzas armadas no pueden ser las defensoras del Estado ni de la soberanía. En un Estado Constitucional de Derecho, el defensor último y final es y debe ser el órgano de control de constitucionalidad. Aceptar la tesis de que las fuerzas armadas son las defensoras del Estado y de la soberanía es admitir el punto de vista del jurista nazi Carl Schmitt, que en obra "La defensa de la Constitución"2, mantiene que son las fuerzas armadas las que tutelan al Estado y defienden la Constitución. Nosotros preferimos el punto de vista de Hans Kelsen que sostuvo que son los Tribunales Constitucionales, las instituciones todas y los ciudadanos los que defienden al Estado y a la Constitución3.

Estamos de acuerdo con el punto de vista de Kelsen porque el Estado de Derecho, si lo es, sólo puede estar tutelado y defendido por los procedimientos democráticos y la racionalidad más plena del ordenamiento jurídico, así como por las de sus instancias garantes y por los ciudadanos. Si aceptamos que las fuerzas armadas defienden la seguridad nacional y al Estado, estamos al borde de la dictadura, del rompimiento con el orden constitucional democrático. 

La idea de un Estado en donde las fuerzas armadas juegan un papel destacado en la defensa del orden constitucional y la soberanía subvierte la lógica entera del Estado Constitucional y Democrático de Derecho. Las fuerzas armadas son auxiliares en ese propósito y su papel debe estar constreñido por la propia Constitución y las leyes. Además de que deben estar subordinadas al órgano de control de constitucionalidad, al resto de los poderes públicos y a los propios ciudadanos.

La militarización que vivimos no permite la participación ciudadana efectiva en las políticas y en el diseño de la seguridad nacional y pública, pues no existe a la fecha un solo mecanismo de democracia participativa ciudadana, de transparencia o de rendición de cuentas en las instituciones de las fuerzas armadas, en el ejecutivo o en los esquemas gubernamentales hoy vigentes, en donde los ciudadanos de verdad se involucren en las funciones de seguridad pública y nacional.

El papel del Senado se ha obviado por el ejecutivo que ha abusado de una interpretación sui generis de la fracción VI del artículo 89 de la Constitución. Los actos de militarización del ejecutivo constituyen auténticas resoluciones de estados de excepción o de sitio (suspensión de garantías) que para nada cumplen con el procedimiento del artículo 29 de la Constitución.

Se entiende además, por los voceros del actual régimen, que la seguridad es del Estado o, peor aún, del gobierno en turno y, se olvida que cualquier concepto de seguridad jurídica, pública o nacional, debe estar orientada y justificada en los derechos fundamentales de los gobernados. Ningún concepto de seguridad pública o nacional debe colocarse por encima de los derechos humanos y, mucho menos para despreciar la vida, la libertad, el debido proceso, etcétera, de los ciudadanos, a través de una lógica de guerra que destruye el tejido social y deslegitima a las instituciones.

La seguridad debe ante todo ser soberana, es decir, decidida por los ciudadanos de este país, de preferencia a través de mecanismos participativos como el referéndum. La seguridad nacional no debe responder a los intereses extranjeros. Esta guerra no declarada constitucionalmente contra el crimen organizado tiene su origen en los acuerdos ASPAN, en la iniciativa Mérida y en otros acuerdos a la palabra entre los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Unidos y México. Nunca ha sido ratificada por el Senado de la República a través de un tratado, lo que implica que todos esos acuerdos internacionales devengan en anticonstitucionales.

Nuestra propuesta en síntesis, busca con esta proposición con punto de Acuerdo que:

1) El Titular del Ejecutivo cumpla con lo previsto en el artículo 76 fracción III de la Constitución;

2) El Secretario de la Defensa Nacional cumpla con lo establecido en el artículo 1 de la Constitución y respete los acuerdos que sobre derechos humanos ha suscrito el gobierno mexicano.

3) El Secretario de la Defensa Nacional observe el principio de soberanía popular previsto en el artículo 39 de la Constitución.

4) El Secretario de la Defensa Nacional observe lo dispuesto en la fracción II del artículo 89 de la Constitución, en tanto que tiene dependencia jerárquica del Presidente de la República.

5) El Presidente de la República y el Secretario de la Defensa Nacional cumplan y hagan cumplir, mediante interpretación conforme, con los derechos humanos, lo previsto en los artículos 21, 89, fracción VI y 129 de la Constitución.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Para que el Titular del Poder Ejecutivo, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, cumpla y haga cumplir la Constitución de la República, en relación con la solicitud de autorización al Senado de la República para que tropas nacionales abandonen el país y, para que el Secretario de la Defensa Nacional respete el orden constitucional en el ejercicio de sus atribuciones.

Senado de la República el 19 de noviembre de 2015.

Sen. Manuel Bartlett Díaz.- Sen. David Monreal Ávila.- Sen. Layda Sansores San Román.

1 ABELLÁN, José Luis, Ensayo sobre las dos Españas. Una voz de esperanza, Barcelona, Península, 2011.

2 SCHMITT, Carl, La defensa de la Constitución, prólogo de Pedro de Vega, Madrid, Tecnos, 1998.

3 KELSEN, Hans, ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, Madrid, Tecnos, 2002.





 

De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y Juana Leticia Herrera Ale, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a informar sobre el fortalecimiento y ampliación de programas de la industria de las tortillerías de maíz en nuestro país. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Las que suscriben, SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, ITZEL RÍOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS Y JUANA LETICIA HERRERA ALE, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; todas Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República y someten a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el derecho de las y los mexicanos a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, garantizada por el Estado.1

En nuestro país la tortilla de maíz, es un alimento que se consume a diario por las familias, provee energía; es rica en calcio, potasio y fósforo, aporta fibra, proteínas y tiamina.

México es el principal consumidor de tortilla en el mundo, según la Organización Mundial de la Alimentación FAO, hace muchos siglos, los habitantes de estas tierras fueron nómadas y recolectores; emigraban de un lado a otro en busca de alimento. Su vida fue cambiando en la medida que empezaron a domesticar algunas plantas, entre ellas y principalmente, el maíz.

Este originario de América, en un principio se recolectaba en estado silvestre y a lo largo de milenios fue perfeccionándose su cultivo. Se empezaron a obtener verdaderas cosechas y a producirse plantas y granos cada vez más grandes y resistentes.

Al cultivarlo, los antiguos mexicanos tomaban en cuenta las necesidades de la tierra. El maíz se sembraba junto al frijol y la calabaza, las cuales se enredan en sus tallos. Así, el maíz le arranca a la tierra nutrientes y el frijol devuelve el nitrógeno que el maíz le quitó, permitiendo que ésta siga siendo fértil y pueda recibir la semilla de la próxima siembra.

En Tenochtitlán había varios mercados, siendo el del barrio de Tlatelolco el más importante. En cada uno de ellos existía una sección especial donde se vendían los granos de maíz. En otra estaban las vendedoras de tamales de rana, guajolote y pescado, entre otros. También se vendían las tortillas o “tlaxcalli”, solas o en forma de tacos, con chile, carne, miel, huevo, acosiles y “chilmolli”, entre otros.2

Por tanto, la tortilla está arraigada a la cultura gastronómica, con ella se elaboran diversos platillos y es un alimento básico en la dieta de las y los mexicanos.

Asimismo, el artículo 27 Constitucional último párrafo, establece que el Estado Mexicano debe garantizar el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos.

PROBLEMÁTICA ACTUAL 3

Pro México revela que la industria de la Tortilla en México ha estado en alerta ya que los productores enfrentan una sobreproducción que ha ocasionado una baja sustancial en el precio y piden un arancel más elevado para evitar su quiebra. Es posible que se imponga un arancel extraordinario a las Exportaciones de dicho producto.

Que dicho tema ha cobrado un especial interés en México ya que se propone como una solución el aumento del precio actual de la tortilla, tal punto se encuentra en debate y esto es porque se debe tomar en cuenta que la comercialización de la tortilla es parte esencial de la dieta de nuestra población y que se elabora con materia prima como el maíz.

Para evitar dicho aumento y no afectar la economía de nuestro país se pueden tomar una serie de medidas como autorizar exportar mayor carga de tortilla y así poder moderar o evitar el arancel.

Lo anterior debido a que para el ciclo 2012/2013 el volumen del comercio de tortilla aumentó un 28% más de lo que se exporta, debido a que el consumo con nuestro país vecino crecerá.

En este contexto se espera que la comercialización de la tortilla tenga una mejora en los mercados mundiales, al tener un precio fijado por el consumo nacional; considerando además, la oferta y demanda mundial en donde también influyen los niveles de producción. Por tal motivo la calificación del sector de la tortilla refleja problemas de competitividad y esto se debe a que la comercialización de la tortilla en México respecto al de Estados Unidos de América (EUA) es mucho menor.

De esta forma podemos entender que país es el que determina el precio mundial de este producto básico la tortilla, pero no es razón suficiente para deducir que lo que pasa en México es culpa de otra nación; el problema es más bien la estructura de cómo se maneja la comercialización de la tortilla, ya que los últimos años han dejado de lado la importancia de mantener la industria alimentaria de dicho producto.

Entre los factores que originan el problema de la comercialización de la tortilla, se encuentran:

• La escalada de precios de la tortilla.

• El mercado para la elaboración de materiales está conformado en un 70% por la empresa Maseca.

• Existe un monopolio en el ámbito de la tortilla.

Considerando los puntos anteriores respecto a los problemas que enfrenta la comercialización de la tortilla es importante poner en marcha siguientes propuestas:

1. La industria tendrá que trabajar en el aspecto de organización empresarial, con esto nos referimos a resolver la debilidad estructural de pequeños negocios para lograr niveles de integración y conformar su abastecimiento.

2. Atender requerimientos de calidad del mercado.

3. Emprender el mejoramiento tecnológico para hacer más eficiente el proceso de transformación.

En este orden de ideas, el OBJETIVO DE LA PRESENTE PROPOSICIÓN ES: Que se fortalezcan y amplíen los programas destinados a la industria del maíz, a fin de garantizar la producción de la tortilla en la canasta básica mexicana, así como garantizar la competencia leal entre las y los tortilleros del país. 

Por los argumentos debidamente fundados y expuestos con anterioridad, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, para que informe sobre el fortalecimiento y ampliación de programas de la Industria de las Tortillerías de maíz en nuestro país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 19 de noviembre de 2015.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Cristina Díaz Salazar.- Sen. Hilda Flores Escalera.- Sen. Lilia Merodio Reza.- Sen. Itzel Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.

1 Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

2 http://www.fao.org/docrep/006/ad096s/ad096s02.htm Consultado 05-11-2015.

3 http://www.promexico.gob.mx/productos-mexicanos/comercializacion-de-la-tortilla.html





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a actualizar y publicar la Carta Nacional Pesquera. Se turna a la Comisión de Pesca y Acuacultura.







 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a que en los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias señale expresamente los supuestos y el alcance de la suspensión precautoria de transmisiones a que hace referencia y que esta figura jurídica se circunscriba específicamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

El suscrito, MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 276 y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, me permito presentar la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de la siguiente:

CONSIDERACIONES

I. De conformidad con el artículo 28, párrafo décimo quinto y décimo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo “Constitución”), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (en lo sucesivo “Instituto”) es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en la propia Constitución y en los términos que fijen las leyes.

A efecto de reglamentar dicho mandato constitucional, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (en lo sucesivo “Ley”), en la cual se otorgó al Instituto facultades para la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes públicas de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, así como del acceso a la infraestructura activa y pasiva y otros insumos esenciales, en términos de lo establecido en nuestra Carta Magna.

Particularmente y con el objeto de regular los derechos de las audiencias, en el artículo 256 de la Ley se señala expresamente que “El servicio público de radiodifusión de interés general deberá prestarse en condiciones de competencia y calidad, a efecto de satisfacer los derechos de las audiencias, para lo cual, a través de sus transmisiones brindará los beneficios de la cultura, preservando la pluralidad y veracidad de la información, además de fomentar los valores de la identidad nacional, con el propósito de contribuir a la satisfacción de los fines establecidos en el artículo 3o. de la Constitución”.

Del mismo modo, en el citado precepto jurídico se establecen como derechos de las audiencias, los siguientes:

• “Recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico dela Nación;

• Recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad;

• Que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta;

• Que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa;

• Que se respeten los horarios de los programas y que se avise con oportunidad los cambios a la misma y se incluyan avisos parentales;

• Ejercer el derecho de réplica, en términos de la ley reglamentaria;

• Que se mantenga la misma calidad y niveles de audio y video durante la programación, incluidos los espacios publicitarios;

• En la prestación de los servicios de radiodifusión estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas;

• El respeto de los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación, y

• Los demás que se establezcan en ésta y otras leyes”1.

Del mismo modo, la Ley determina que los concesionarios de radiodifusión o de televisión o audio restringidos deberán expedir Códigos de Ética con el objeto de proteger los derechos de las audiencias, mismos que se deberán ajustar a los lineamientos que emita el Instituto, los cuales deberán asegurar el cumplimiento de los derechos de información, de expresión y de recepción de contenidos en términos de lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución y deberán garantizar que los concesionarios de uso comercial, público y social cuenten con plena libertad de expresión, libertad programática, libertad editorial y se evite cualquier tipo de censura previa sobre sus contenidos2. (énfasis añadido)

Aunado a lo anterior, el artículo 259 párrafo segundo de la Ley, mandata al Instituto a emitir lineamientos de carácter general que establezcan las obligaciones mínimas que tendrán los llamados “defensores de las audiencias” para la adecuada protección de los derechos de las audiencias.

Para tales efectos, los artículos 15, fracción LIX y 216, fracción II de la Ley otorgan al Instituto expresamente la atribución de vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa de las audiencias y asimismo, los artículos 15, fracción I y XL y 51 lo facultan para poder expedir lineamientos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, para lo cual deberá realizar consultas públicas, no vinculatorias, en las materias de su competencia.

En virtud de lo anterior, el pasado 10 de julio, el Pleno del Instituto aprobó el “Acuerdo mediante el cual determinó someter a consulta pública, del 14 de julio al 24 de agosto de 2015, el anteproyecto de “Lineamientos Generales sobre los derechos de las Audiencias”3 (en lo sucesivo “Lineamientos”), a fin de que cualquier interesado pudiera presentar comentarios, observaciones, propuestas y/o adiciones a dichos Lineamientos; a su vez, el 24 de agosto, último día de la consulta pública de mérito, el Pleno del Instituto decidió ampliar el periodo de la consulta por diez días hábiles adicionales4, concluyendo el 7 de septiembre de 2015.

Según lo establecido en el artículo 1 de los Lineamientos, éstos “tienen la finalidad de establecer directrices que garanticen que los Concesionarios de Radiodifusión, los Concesionarios de Televisión y/o Audio Restringidos y Programadores ejerzan los derechos de libertad de expresión, libertad programática, libertad editorial y evitar cualquier tipo de censura previa sobre sus contenidos, lo cual se refleja al no restringirse el principio de libertad programática establecido en el artículo 222 de la Ley, al preservar la libertad de emitir su Código de Ética conforme a sus propias determinaciones y al garantizar el nombrar a su Defensor con libertad.

Abundando en lo anterior, el artículo 222 de la Ley determina expresamente lo siguiente:

“Artículo 222. El derecho de información, de expresión y de recepción de contenidos a través del servicio público de radiodifusión y de televisión y audio restringidos, es libre y consecuentemente no será objeto de ninguna persecución o investigación judicial o administrativa ni de limitación alguna ni censura previa, y se ejercerá en los términos de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes aplicables.

Las autoridades en el ámbito de su competencia promoverán el respeto a los derechos humanos, el principio del interés superior de la niñez, a fin de garantizar de manera plena sus derechos, así como la perspectiva de género.”

Particularmente por lo que respecta a la facultad del Instituto para suspender transmisiones, la Ley establece en su artículo 216 fracciones II, III y IV:

Artículo 216. Corresponde al Instituto:

II. Vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa de las audiencias de acuerdo con lo señalado por esta Ley;

III. Supervisar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución, las normas en materia de salud y los lineamientos establecidos en esta Ley que regulan la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil, con base en las disposiciones reglamentarias emitidas por las autoridades competentes;

IV. Ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones que violen las normas previstas en esta Ley en las materias a que se refieren las fracciones II y III, previo apercibimiento, y (…)” (énfasis añadido).

De lo anterior que en los Lineamientos que el Instituto sometió a consulta pública, se faculta el que se pueda llevar a cabo una “Suspensión Precautoria de Transmisiones” definida ésta como la “Prohibición temporal para transmitir un cierto contenido programático, previo apercibimiento, ordenada por el Comité a Concesionarios de Radiodifusión, Concesionarios de Televisión y/o Audio Restringidos o Programadores por violar las normas aplicables en materia de derechos de las Audiencias y programación dirigida a las Audiencias Infantiles, en términos de los artículos 15, fracciones LIX y LX y 216, fracciones II y III de la Ley”5.

Para ello, en el Capítulo VI de los Lineamientos se establece la integración del Comité encargado de determinar la procedencia de ordenar, previo apercibimiento, la suspensión precautoria de transmisiones así como el procedimiento a seguir.

Al respecto, se señala que el Instituto mantendrá permanentemente conformado un Comité, que se integrará por tres Comisionados del Pleno del órgano regulador y que será designado por éste último, con el objeto de que se pueda ordenar la Suspensión Precautoria de Transmisiones, basándose “en la protección de los derechos de las Audiencias al tenor de la Constitución, tratados internacionales, las leyes y los presentes Lineamientos”6.

El procedimiento a seguir para la determinación de la procedencia de la Suspensión de Transmisiones es el siguiente7:
• La Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFT, de oficio o a petición de parte, propondrá al Comité, a través de la Secretaría Técnica del Pleno la Suspensión Precautoria de Transmisiones, debiendo para ello “fundar y motivar por qué considera que se actualizan los supuestos para ello”. Asimismo, adjuntará las evidencias con las que se cuente para llegar a dicha conclusión. (énfasis añadido)

• El Secretario Técnico del Pleno, dentro del plazo de 2 días hábiles contados a partir del día siguiente en que haya recibido el asunto de mérito por parte de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales, distribuirá al Comité la propuesta hecha por ésta junto con su documentación adjunta.

• Una vez recibido por el Comité el asunto, dentro del plazo de 3 días hábiles posteriores a dicho hecho, éste se reunirá para deliberar la procedencia de apercibir al Concesionario de Radiodifusión, Concesionarios de Televisión y/o Audio Restringido o Programador para que tome las medidas necesarias para eliminar la violación correspondiente.

• En caso de que el Comité no considere procedente apercibir al Concesionario de Radiodifusión, Concesionario de Televisión y/o Audio Restringido o Programador, el asunto será archivado como concluido y en caso de que el asunto haya sido iniciado a petición de parte, la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales le notificará al solicitante la determinación del Comité.

• Para el caso de que el Comité determine procedente apercibir al Concesionario de Radiodifusión, Concesionario de Televisión y/o Audio Restringido o Programador, el apercibimiento se notificará a éstos en un plazo máximo de 2 días hábiles siguientes al de la sesión y en caso de que el asunto haya sido iniciado a petición de parte, la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales le notificará al solicitante la determinación del Comité. Al realizar el apercibimiento correspondiente, el Comité fijará el plazo para eliminar la violación o violaciones que dieron origen al mismo.

• El Concesionario de Radiodifusión, Concesionario de Televisión y/o Audio Restringido o Programador deberá informar y acreditar ante el Comité, dentro del plazo concedido, la realización de las medidas correspondientes para eliminar la violación o violaciones que dieron origen al apercibimiento.

• En caso de que el sujeto apercibido no realice el informe mencionado anteriormente dentro del plazo referido el Comité sesionará al día siguiente de vencido el plazo y ordenará la Suspensión Precautoria de Transmisiones.

• En caso de que el sujeto apercibido rinda oportunamente el informe derivado del apercibimiento, la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a su recepción propondrá al Comité, a través de la Secretaría Técnica del Pleno, un proyecto de resolución que determine si persisten o no las violaciones que dieron origen al apercibimiento.

• El Comité sesionará dentro de los 3 días hábiles siguientes a que reciba el proyecto de resolución y determinará si persisten o no las violaciones que dieron origen al apercibimiento, ordenando la Suspensión Precautoria de Transmisiones para el primer caso u ordenando el archivo del asunto para el segundo supuesto.

• La Suspensión Precautoria de Transmisiones tendrá una temporalidad indefinida y sólo podrá ser levantada por el mismo Comité. (énfasis añadido).

• La orden de Suspensión Precautoria de Transmisiones será independiente de la imposición de las sanciones que correspondan con motivo de la violación a los derechos de las Audiencias.

II. Si bien es cierto que la Ley contempla dentro de las atribuciones del Instituto el poder ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones, también lo es que expresamente la propia Ley determina que la suspensión será procedente en contra de “las transmisiones que violen las normas previstas en esta Ley en las materias a que se refieren las fracciones LIX y LX de este artículo [15], previo apercibimiento”8, siendo que las fracciones de marras establecen en su tenor literal:

“(…)

LIX. Vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa de las audiencias de acuerdo con lo señalado por esta Ley;

LX. Supervisar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución, las normas en materia de salud y los lineamientos establecidos en esta Ley que regulan la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil, con base en las disposiciones reglamentarias emitidas por las autoridades competentes”;

Aunado a lo anterior, como se citó anteriormente, la Ley reitera, en el artículo 216, dentro de las facultades del Instituto la posibilidad de ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones que violen las normas en materia de defensa de las audiencias y de la programación dirigida a la población infantil.

La propia Ley, en el último párrafo del artículo 297 de la Ley precisa el alcance del término “defensa de las audiencias” al señalar que “El Instituto sancionará el incumplimiento de los tiempos máximos establecidos para la transmisión de mensajes comerciales y a las obligaciones en materia de defensa de las audiencias, conforme a lo dispuesto en el Capítulo IV de este Título”, capítulo que establece:

“Capítulo IV.
Sanciones en materia de Transmisión de Mensajes Comerciales y Defensa de las Audiencias.

Artículo 311. Corresponde al Instituto sancionar conforme a lo siguiente:

a) Con multa por el equivalente al doble de los ingresos obtenidos por el concesionario derivados de rebasar los topes máximos de transmisión de publicidad establecidos en esta Ley;

b) Con multa por el equivalente de 0.51% hasta el 1% de los ingresos del concesionario, autorizado o programador, por:

I. No poner a disposición de las audiencias mecanismos de defensa;

II.No nombrar defensor de las audiencias o no emitir códigos de ética, o

c) Con multa de 100 a 500 salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal al defensor de las audiencias por:

I. No cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 259 y 261 de esta Ley, o

II. No cumplir con los lineamientos de carácter general que emita el Instituto sobre las obligaciones mínimas para los defensores de las audiencias.(…)”(énfasis añadido)

Por ende, de lo establecido en la Ley se desprende expresamente que la facultad del Instituto para suspender precautoriamente las transmisiones se circunscribe exclusivamente en contra de la violación de las disposiciones en materia de:

1.- Defensa de las Audiencias, y

2.- Programación dirigida a la población infantil.

De lo anterior que, de un análisis del contenido del anteproyecto de Lineamientos Generales sobre los derechos de las Audiencias que el Instituto sometió a consulta pública, se desprende que las disposiciones contenidas en dichos Lineamientos relativas a la suspensión precautoria de transmisiones, van más allá de lo facultado en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en virtud de que en los multicitados Lineamientos se establece que la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del Instituto, quien es la encargada de proponer al Comité la Suspensión Precautoria de Transmisiones, únicamente debe “fundar y motivar por qué considera que se actualizan los supuestos para ello” y adjuntar las evidencias con las que se cuente para llegar a dicha conclusión, siendo además que para que el Comité pueda ordenar la multicitada suspensión precautoria de transmisiones únicamente debe basarse en “la protección de los derechos de las Audiencias al tenor de la Constitución, tratados internacionales, las leyes y los presentes Lineamientos”.

III. Más allá de lo que determina la Ley, a lo que toda la normatividad antes citada se encuentra supeditada, es a los artículos 6° párrafos primero y segundo y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales consagran la garantía de libre expresión, estableciendo en su tenor literal:

“Artículo 6°.- “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la Ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

(…)”.

“Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.”(énfasis añadido)

De lo anterior se desprende que nuestra Carta Magna señala los únicos supuestos en los cuales resulta procedente y constitucional cualquier proceso judicial y/o administrativo en contra de la manifestación de las ideas, siendo estos:

1.- Ataque a la moral;

2.- Ataque a la vida privada;

3.- Ataque a los derechos de terceros;

4.- Que se provoque algún delito; o

5.- Que perturbe el orden público.

De lo contrario “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio” tal y como lo determina la propia Constitución en su artículo 7°, por lo que la previa censura o la suspensión de transmisiones, que no se circunscriba a la materia de defensa de las audiencias y a la programación dirigida a la población infantil y que sean violatorias de los supuestos expresamente establecidos en el artículo 6° de la Carta Magna son inconstitucionales.

IV. A efecto de precisar el alcance de los supuestos establecidos en los artículos 6° y 7° de la Constitución, la Suprema Corte de Justicia los ha definido en las siguientes jurisprudencias y tesis aisladas que resultan aplicables para entender el alcance de los mismos, a saber:

Novena Época Núm. de Registro: 172476
Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXV, Mayo de 2007
Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 26/2007
Página: 1523

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES. El primer párrafo del artículo 7o. de la Constitución Federal establece que "Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta"; esto es, la prohibición de la censura previa implica que el Estado no puede someter las actividades expresivas o comunicativas de los particulares a la necesidad de solicitar previamente un permiso a la autoridad que, por razones de contenido, tenga el poder de impedir su desarrollo. Sin embargo, la prohibición de la censura no significa que la libertad de expresión no tenga límites, o que el legislador no esté legitimado para emitir normas sobre el modo de su ejercicio.

Lo anterior significa que estos límites no pueden hacerse valer mediante un mecanismo por el cual una autoridad excluya sin más la entrada de un determinado mensaje al debate público por estar en desacuerdo con su contenido, sino a través de la atribución de responsabilidades ‐civiles, penales, administrativas‐ posteriores a la difusión del mensaje; además, el indicado artículo 7o. constitucional evidencia con claridad la intención de contener dentro de parámetros estrictos las limitaciones a la libertad de expresión al establecer que ésta "... no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.

En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito. Por su parte, el artículo 6o. constitucional destaca la imposibilidad de someter la manifestación de las ideas a inquisiciones de los poderes públicos al señalar que "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa", a excepción de aquellos casos en que se ataque la moral, los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público. Se trata, por tanto, de límites tasados y directamente especificados en la Constitución Federal Acción de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada 46/2006. Partidos Políticos Acción Nacional y Convergencia. 7 de diciembre de 2006. (énfasis añadido)

Mayoría de ocho votos. Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza. El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 26/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete. Nota: Por ejecutoria de fecha 7 de enero de 2010, el Tribunal Pleno declaró improcedente la contradicción de tesis 53/2008PL en que participó el presente criterio.

Época: Novena Época
Registro: 172477
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXV, Mayo de 2007
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 24/2007
Página: 1522

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECEN DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE DERECHO. Los derechos fundamentales previstos en los preceptos constitucionales citados garantizan que: a) La manifestación de las ideas no sea objeto de inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque la moral, los derechos de tercero, se provoque algún delito o perturbe el orden público; b) El derecho a la información sea salvaguardado por el Estado; c) No se viole la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia; d) Ninguna ley ni autoridad establezcan censura, ni exijan fianza a los autores o impresores, ni coarten la libertad de imprenta; e) Los límites a la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia sean el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ese sentido, estos derechos fundamentales de libre expresión de ideas y de comunicación y acceso a la información son indispensables para la formación de la opinión pública, componente necesario para el funcionamiento de una democracia representativa.(énfasis añadido)

Acción de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada 46/2006. Partidos Políticos Acción Nacional y Convergencia. 7 de diciembre de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José  Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.

El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 24/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete. Nota: Por ejecutoria de fecha 7 de enero de 2010, el Tribunal Pleno declaró improcedente la contradicción de tesis 53/2008-PL en que participó el presente criterio.

Novena Época Núm. de Registro: 184669
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XVII, Marzo de 2003
Materia(s): Civil Tesis: I.4o.C.57 C
Página: 1709

DAÑO MORAL Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. Los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Federal establecen el marco jurídico que a la vez que consagra el derecho a la libre manifestación de las ideas y la libertad de imprenta, les impone límites consistentes en que la manifestación de las ideas no debe ejercerse en forma que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; la libertad de imprenta tiene por límite el respeto a la vida privada, la moral y la paz pública. Por su parte, el artículo 1o. de la Ley de Imprenta prevé lo que se considera como ataques a la vida privada, y en su fracción I establece que lo es toda manifestación o expresión hecha por la imprenta o que de cualquier otra manera circule en la opinión pública donde se expone a una persona al odio, desprecio o ridículo y que pueda causarle demérito en su reputación e intereses.

Como se advierte, en el supuesto de la fracción I resulta irrelevante que la información o manifestación sea falsa o verdadera. Basta que se exponga a una persona al odio, desprecio o ridículo. El decoro está integrado por el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación.

Se basa en el principio de que a toda persona, por el hecho de serlo, se le debe considerar honorable, merecedora de respeto. La conculcación de este bien se configura en sentido negativo, cuando el sujeto activo, sin fundamento, daña a una persona en su honor o en la estimación que los demás tienen de ella en el medio social en que se desenvuelve y que es donde directamente repercute en su agravio.

El honor es un bien objetivo que hace que la persona sea merecedora de confianza. Si una persona sufre una afectación en la consideración que de ella tienen los demás, se debe entender como una lesión a la estima que los demás le profesan, o sea, al trato con urbanidad y respeto que merece. El límite entre la libertad de expresión y la conducta ilegal del agente sólo puede establecerse mediante la ponderación de los derechos en presencia, para determinar si la restricción que se impone al derecho de información y expresión está o no justificada por la limitación que sufriría el otro derecho a la intimidad. Dada su función institucional, cuando se produzca una colisión entre ambos derechos, el de la información goza de una posición preferente, y las restricciones a ese derecho deben interpretarse de tal modo que su contenido esencial no resulte desnaturalizado. Tal valor preferente no es, sin embargo, absoluto. Si se le reconoce como garantía de la opinión pública, sólo puede legitimar intromisiones en otros derechos 2/10/2015 Semanario Judicial de la Federación fundamentales que guarden congruencia con esa finalidad, o sea, que resulten relevantes para la formación de la opinión pública. Carecerá de protección cuando se ejercite de manera desmesurada a ese fin. (énfasis añadido)

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 14424/2002. El Espectáculo Editorial, S.A. de C.V. y otras. 13 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda. Nota: Por ejecutoria del 18 de septiembre de 2013, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 224/2013 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva

Época: Décima Época
Registro: 2005536
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. L/2014 (10a.)
Página: 672

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. FORMA EN QUE LA "MORAL" O "LAS BUENAS COSTUMBRES", PUEDEN CONSTITUIR RESTRICCIONES LEGÍTIMAS A DICHOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Si bien es cierto que el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala como límite a la libertad de expresión y el derecho a la información "el ataque a la moral", y que el Código Civil para el Distrito Federal en su artículo 1830, define ese hecho ilícito como aquel contrario a las leyes de orden público o a las "buenas costumbres", también lo es que los límites a aquéllos constituyen la excepción a la regla y, como tales, deben interpretarse en forma restrictiva. Así, atendiendo al carácter abstracto e indefinido que tienen los conceptos de "moral" y "buenas costumbres", así como a su mutabilidad, porque cambian constantemente desde una perspectiva social y de persona a persona, debe determinarse la medida y el alcance en que éstos pueden constituir restricciones legítimas a la libertad de expresión y el derecho a la información. Entonces, con base en la doctrina desarrollada por este alto tribunal, las restricciones a los derechos fundamentales no deben ser arbitrarias, sino que deben perseguir finalidades constitucionalmente válidas, ser necesarias para su consecución y proporcionales, esto es, la persecución de ese objetivo no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de los otros derechos fundamentales. Ahora bien, lo que debe entenderse por "moral" o por "buenas costumbres", no puede identificarse con las normas culturales que prevalecen en una sociedad y época determinadas, sino que debe constreñirse al concepto de moral "pública", entendida como el núcleo de convicciones básicas y fundamentales sobre lo bueno y lo malo en una sociedad. De ahí que interpretar el término "moral" o "buenas costumbres" en forma más extensa, o apelando a lo que consideran las mayorías, constituiría una herramienta para hacer nugatorios los derechos fundamentales de las minorías, y resultaría contrario al pluralismo característico de una sociedad democrática. En ese sentido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha reconocido que la moral pública varía ampliamente, por lo que no existe un principio aplicable universalmente; sin embargo, ha agregado que toda restricción a la libertad de expresión no sólo debe justificarse en la protección de un objetivo legítimo -la moral pública-, sino que también debe acreditarse que la medida sea necesaria para lograr ese objetivo. Asimismo, el Relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión ha señalado que las restricciones a la libertad de expresión no deben de aplicarse de modo que fomenten el prejuicio y la intolerancia, sino que deben protegerse las opiniones minoritarias, incluso aquellas que incomoden a las mayorías. Por lo tanto, debe distinguirse entre el fomento a la conducta inmoral, que puede ser un motivo legítimo para la aplicación de restricciones, y la expresión de opiniones disidentes o la ruptura de tabúes. En conclusión, la determinación del concepto de "moral" o "buenas costumbres", como límite a los derechos a la libertad de expresión y de información, no puede ser exclusivamente valorativa, ni atender a los criterios de un grupo determinado, sino que debe quedar plenamente justificada, sin limitarlos innecesariamente.(énfasis añadido)

Amparo directo 23/2013. Teresita del Niño Jesús Tinajero Fontán. 21 de agosto de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo; los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas reservaron su derecho a formular voto concurrente. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

Época: Novena Época
Registro: 191835
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XI, Mayo de 2000
Materia(s): Civil
Tesis: I.7o.C.30 C
Página: 921

DAÑO MORAL. PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS QUE LO CAUSAN. El artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal, dispone que por daño moral se entiende la alteración profunda que la víctima sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación, honor, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito; por su parte el diverso numeral 1830 del ordenamiento legal en cita, establece que es ilícito el hecho contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. En ese orden de ideas, para no incurrir en alguna de las hipótesis contenidas en tales preceptos legales, los medios de comunicación impresa están obligados a corroborar la veracidad de las notas informativas que pretendan publicar; es decir, deben verificar que aquello que van a hacer del conocimiento público se apegue a la realidad, para estar en aptitud de publicar una información objetiva y veraz, y no afectar el honor y reputación de las personas, causándoles un demérito en su prestigio, lo que de acuerdo con el artículo 1o. de la Ley de Imprenta vigente, constituye un ataque a la vida privada, única limitante a la libertad de expresión, prevista en los numerales 6o. y 7o. de la Constitución Federal; en consecuencia, dichos medios deben ajustar a la verdad sus notas informativas, cuidando además los términos que emplean al redactarlas, atendiendo a que no debe ser justificante que quien hace una publicación ignore el significado jurídico del término empleado, puesto que el desconocimiento de la ley no puede servir de excusa para un medio de comunicación que se presume cuenta con especialistas y profesionales en la labor informativa.(énfasis añadido)

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 11207/99. Ricardo Benjamín Salinas Pliego. 4 de febrero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Anastacio Martínez García. Secretario: Carlos Arturo Rivero Verano.

Nota: Por ejecutoria del 18 de septiembre de 2013, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 224/2013 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.

Las tesis y las jurisprudencias transcritas anteriormente, precisan el alcance de los artículos 6° y 7° Constitucionales y confirman los principios consagrados en dichos preceptos normativos al establecer expresamente, de manera enunciativa mas no limitativa, lo siguiente:

• Los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Federal establecen el marco jurídico que a la vez que consagra el derecho a la libre manifestación de las ideas, y le impone límites consistentes en ésta no debe ejercerse en forma que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público.

• Define como " ataque a la moral" a aquel hecho ilícito como aquel contrario a las leyes de orden público o a las "buenas costumbres" que deben constreñirse al concepto de moral "pública", entendida como el núcleo de convicciones básicas y fundamentales sobre lo bueno y lo malo en una sociedad.

• La determinación del concepto de "moral" o "buenas costumbres", como límite a los derechos a la libertad de expresión y de información, no puede ser exclusivamente valorativa, ni atender a los criterios de un grupo determinado, sino que debe quedar plenamente justificada, sin limitarlos innecesariamente.

• Por daño moral define a la alteración profunda que la víctima sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación, honor, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás producida por un hecho ilícito.

• Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, esto es, la prohibición de la censura previa implica que el Estado no puede someter las actividades expresivas o comunicativas de los particulares a la necesidad de solicitar previamente un permiso a la autoridad que, por razones de contenido, tenga el poder de impedir su desarrollo.

• La prohibición de la censura no significa que la libertad de expresión no tenga límites, o que el legislador no esté legitimado para emitir normas sobre el modo de su ejercicio.

• La libertad de expresión no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.

• Los poderes públicos se encuentran imposibilitados para someter la manifestación de las ideas a ninguna inquisición judicial o administrativa, a excepción de aquellos casos en que se ataque la moral, los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

V. No es óbice mencionar que el Poder Legislativo cuando en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, otorgó al Instituto Federal de Telecomunicaciones facultades para suspender transmisiones de forma precautoria, en ningún momento lo hizo pensando que esta autoridad pudiera ir más allá del ámbito de sus atribuciones ni mucho menos en contra de lo establecido en la Constitución y en la propia Ley.

Esta suspensión precautoria de transmisiones a que el Instituto se refiere en los Lineamientos, se debe de constreñir a los supuestos establecidos en la Ley que actualizan esta vía jurídica, es decir, que las transmisiones violen disposiciones en materia de Defensa de las Audiencias y en contra de la programación dirigida a la población infantil, y aunado a ello, esta suspensión debe estar fundada y motivada armónicamente, bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagrados bajo la garantía de la libertad de expresión, que señalan que además las transmisiones deben atacar a la moral, a la vida privada, a los derechos de terceros, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Finalmente, no se pierde de vista que en la Ley se establecen las directrices que deben de ser consideradas en la transmisión de los contenidos audiovisuales, la competencia de las diversas autoridades en este ámbito, así como las sanciones procedentes ante cualquier violación en materia de contenidos, sino que además existe un procedimiento legal a través del cual la autoridad competente, en caso de resultar procedente, puede sancionar a los infractores con multas que pueden ascender hasta el 10% de sus ingresos o el doble, en caso de reincidencia, por lo que el hecho de que en los Lineamientos el Instituto precise el alcance y la procedencia de la suspensión precautoria de transmisiones, en ningún momento pretende que se dejen de sancionar las violaciones cometidas en contra de las disposiciones en materia de transmisión de contenidos audiovisuales.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, señale expresamente en los “Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias” los supuestos y el alcance de la suspensión precautoria de transmisiones a que se hace referencia, con el objeto de que ésta figura jurídica se circunscriba específicamente a lo establecido en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretando armónicamente y en lo aplicable, lo establecido en los artículos 15, 51, 216, 222, 256, 259, 297 y 311 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Dado en el Senado de la República, el 19 de noviembre de 2015.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.

1 Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Diario Oficial de la Federación 14 de julio de 2014, artículo 256.

2 Ibidem.

3 Acuerdo P/IFT/100715/225 aprobado por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones en su XV Sesión Ordinaria celebrada el 10 de julio de 2015, por unanimidad de votos.

4 Acuerdo P/IFT/EXT/240815/93 aprobado por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones en su XXIX Sesión Extraordinaria celebrada el 24 de agosto de 2015, por unanimidad de votos.

5 Anteproyecto de “Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias” en www.ift.org.mx, artículo 2° fracción XXXIV.

6 Ibid. Artículo 53.

7 Ibid. Artículos 57 a 67.

8 Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, artículo 15, fracción LXI.





 

De la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a reforzar las políticas y programas encaminados a garantizar la seguridad de las personas que habitan y transitan en la ciudad de México, ante el incremento de hechos delictivos de los últimos meses. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

La suscrita, MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, Senadora de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por  los artículos 8, fracción II y 276 así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN COORDINACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, A REFORZAR LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS ENCAMINADOS A PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS QUE HABITAN O TRANSITAN EL DISTRITO FEDERAL, ANTE EL INCREMENTO DE HECHOS DELICTIVOS DE LOS ÚLTIMOS MESES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México cuenta con una  las ciudades más cosmopolitas en todo el mundo, la ciudad de México se ha convertido en un referente a nivel internacional dado que constituye   una de las áreas urbanas más grandes del mundo, logrando convertirse en la cuarta ciudad más grande del mundo. En esta gran urbe radica una población estimada de 8 millones 857 mil 186 personas, de las cuales 52 por ciento son mujeres 47 por ciento hombres, además de que cuenta con una población flotante estimada en 5 millones de personas.

Nuestra urbe es  una pieza fundamental para el crecimiento y desarrollo del país, en términos de  crecimiento nacional por sí misma, la Ciudad de México contribuye al 17.09% del Producto Interno Bruto Nacional, con lo que se convierte en la entidad del país con la economía más grande. De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, esta entidad federativa cuenta con 428,756 Unidades Económicas, lo que representa el 9.7% del total en nuestro país y ocupa el 11° lugar para apertura de un negocio a nivel nacional.

Al segundo trimestre de 2015, la Población Económicamente Activa (PEA) de la Ciudad de México ascendió a 4,346,903 personas, lo que representó el 61.0% de la población en edad de trabajar y la hace una de las economías locales que emplean a más trabajadores a nivel nacional.

Sin embargo, en los últimos años nuestro país ha mostrado una crisis generalizada en el deteriorado de su vida social, la convivencia armónica y pacífica, esto derivado del crecimiento de la violencia, que se manifiesta en robos, asaltos, secuestros, y lo que es más grave, en asesinatos que cada día destruyen más vidas humanas y llenan de dolor a las familias y a la sociedad entera. Lamentablemente la Ciudad de México no ha sido ajena a esta situación y se han presentado diversos acontecimientos los cuales han afectado la paz y el orden público de las y los capitalinos.

Según los últimos datos, en el Distrito Federal, se estima una población de 8 millones  857 mil 186 personas, de las cuales el 52 por ciento son mujeres y el 47 por ciento hombres.

Es de destacar que, de acuerdo con el Índice Global de Paz 2015 (GPI por sus siglas en inglés)1, México retrocedió seis lugares al ubicarse en el lugar 144 de 162 naciones evaluadas y se situó también como el país más violento de Centro América y el Caribe, evidenciando así la grave crisis que nos aqueja en los últimos años y que afecta día con día a las familias mexicanas.

De esta manera, una de las afectaciones directas de la situación de inseguridad que se vive en el territorio nacional, está relacionada con la economía ya que el costo total de la violencia en México durante el año 2012 fue de 4.4 billones de pesos, lo cual representa el 27.7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Por citar un ejemplo, en el caso de las empresas, las pérdidas son por 110 mil millones de pesos, es decir el 0.66 por ciento del PIB, ya que gastan en promedio 55 mil 738 pesos en medidas de protección y pérdidas a causa del delito, según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2014.

Desafortunadamente, el Distrito Federal ya no está exento de esta realidad nacional de inseguridad, a pesar de que as autoridades afirmen lo contrario. Resulta significativo mencionar que, con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015, se estima que en el Distrito Federal el 67.6 por ciento de la población capitalina de 18 años y más consideraba a la inseguridad como el  problema más importante que les aqueja hoy en día.

Asimismo, la percepción de la población respecto de la situación que guarda la inseguridad pública en el Distrito Federal, además de estar por encima de la registrada a nivel nacional,2 ha aumentado en comparación con los niveles de años como 2011, 2012, 2013 y 2014, ya que tan solo en 2015 la percepción del inseguridad aumentó en 2.44 por ciento respecto a la estadística para 2014, colocándola así por encima de la media nacional.

Lo cierto es que la inseguridad, la corrupción y la falta de castigo a los culpables son preocupaciones que están por encima del promedio nacional entre los habitantes del Distrito Federal. En cambio, la preocupación por la pobreza, la salud, los precios o el desempleo se encuentran por debajo del promedio nacional entre los capitalinos. Esta preocupación se combina con uno de los niveles más bajos del país en confianza en las instituciones de seguridad y justicia. En la ciudad, comparado con el resto de la república, se desconfía especialmente de la policía de tránsito, la procuraduría estatal y los ministerios públicos. Esto quizá esté relacionado con una hipersensibilidad de la percepción a pequeños cambios en la realidad de la seguridad pública de la ciudad.3

El tema es que la inseguridad en el Distrito Federal no se queda sólo a nivel de percepción por parte de la ciudadanía, ya que la ENVIPE estima que en el Distrito Federal la tasa de víctimas4 en 2013 fue de 33 mil 068 mientras que para 2014 ascendió a 36 mil 019, colocándose así entre una de las nueve entidades federativas que registró un aumento en este indicador.

En cuanto a la Tasa de Delitos por cada 100,000 para la población de 18 años y más, la ENVIPE da cuenta de un aumento porcentual de 15 puntos, toda vez que en 2013 se tuvo registro de 51 mil 786 delitos y en 2014 fueron 59 mil 545 en el Distrito Federal.

A la par, dicha encuesta señala que los tres delitos más frecuentes en 2014 en el Distrito Federal conciernen al robo o asalto en la calle o en el transporte público; extorsión y fraude, respectivamente. Por otro lado,

La segunda encuesta de calidad de vida en la zona metropolitana realizada por ¿Cómo vamos, Ciudad de México? Preguntó a los citadinos por los problemas que más les preocupan y por la capacidad de sus dirigentes para solucionarlos. La inseguridad y violencia se alzan con 47% de menciones como el principal de la ciudad, seguido del agua y drenaje (10%), y del fenómeno del narcomenudeo y la drogadicción (7%). 5

Es así que, para el primer semestre de 2015, en el Distrito Federal se registró un saldo de más de 400 homicidios dolosos denunciados ante el Ministerio Público, la cifra más alta de los últimos 16 años.

Además, se trata de un incremento de más del 15 por ciento en los asesinatos en comparación con el año pasado, según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

“También este año registró un aumento en las lesiones con arma (de fuego o blanca) de 3.53% respecto a 2014. Y las violaciones crecieron en 17.42%, aunque el número de casos es 44.54% menor al que había hace una década”.6

Sin embargo, al tomar como referencia las cifras anteriores, es necesario destacar que, en 2014, se estimó que tan solo el 10.7 por ciento de las y los capitalinos presentaron una denuncia por algún delito, de los cuales 78.5 por ciento iniciaron una averiguación previa, esto significa que del total de delito se iniciaron una averiguación previa en el 8.4 por ciento de los casos; cuestión que elevaría el número de delitos registrados durante el presente año.

Para el primer semestre de 2015 dejó en el Distrito Federal un saldo de más de 400 homicidios dolosos denunciados ante el Ministerio Público, la cifra más alta de los últimos 16 años. Además, se trata de un incremento de más del 15 por ciento en los asesinatos en comparación con el año pasado.

Entre los crímenes registrados en la ciudad hay casos de todo tipo. Desde multihomicidios como el de cuatro jóvenes en un auto ocurrido en marzo en Gustavo A. Madero; el asesinato de un Policía Federal durante una persecución en junio, o la ejecución de un ciudadano danés en calles de Polanco en mayo y de una empresaria coreana en pleno Centro Histórico.

Los datos oficiales de la propia Procuraduría General de Justicia revelan que más de la mitad de todos asesinatos en el año se han cometido con disparos de armas de fuego. Los móviles van desde presuntos intentos de robo hasta homicidios expresamente planeados y dirigidos.

A nivel nacional el Distrito Federal se encuentra en la posición número 18 en tasa de homicidios en lo que va de este año luego de que en 2014 ocupaba el sitio 19. En cuanto a casos denunciados, en totales la sexta entidad del país con más homicidios.

En términos económicos, a nivel nacional las pérdidas a consecuencia del delito en todo el país son de 226.7 mil millones de pesos, lo que equivale a 1.27 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y a 5 mil 861 pesos por persona afectada. Para el caso de la Ciudad de México las pérdidas económicas están estimadas en aproximadamente  17 mil millones de pesos, colocando a la Ciudad por encima de otras ciudades con altos niveles de inseguridad y violencia como Michoacán y Estado de México.

Si bien, los altos índices de  seguridad, violencia e impunidad se encuentran presentes en todos los niveles  de gobierno y dentro de todas entidades federativas de México es necesario que para el caso de la Ciudad de México se refuercen en mayor medida sus  políticas de seguridad pública, pues la actual situación que prevalece en la capital del país afecta gravemente no tan solo el bienestar de las y los capitalinos, sino también pone en riesgo la seguridad de los millones de personas que convergen diariamente a esta urbe.

En el ámbito normativo, el artículo 21 Constitucional establece que la Seguridad Publica de nuestro país está a cargo de la cargo de la Federación, el  Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas.

Sin embargo, uno de los grandes problemas que han presentado las instituciones de seguridad pública para llevar a cabo su debido cumplimento es la debilidades la coordinación de las instituciones en sus  tres órdenes de gobierno. Situación que ha  contribuido a generar un vacío de autoridad en algunas zonas del territorio nacional, cuyo resultado ha sido la falta de acciones efectivas que combatieran la problemática, lo que a su vez ha propiciado un contexto apto para el auge de grupos delictivos y de la economía ilegal.

Ante esto,  es necesario  resaltar que dentro PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 2014-2018,  se estableció la estrategia 1.3 a fin de fortalecer las instancias de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), entre sus líneas de acción se encuentra la 1.3.6  con el propósito de acordar en las instancias de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública mecanismos y estrategias coordinados para reducir el homicidio, secuestro y extorsión.

Por tanto, y en virtud de que es un objetivo del Gobierno del Distrito Federal  salvaguardar la integridad y el patrimonio de las y los capitalinos, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública de la Ciudad de México y considerando que es una demanda social de las y los capitalinos acabar con esta ola de violencia  e inseguridad que enfrenta la capital del país, sometemos a esta asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a reforzar las políticas y programas encaminados a garantizar la seguridad de las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México, ante el incremento de hechos delictivos de los últimos meses.

Dado en la H. Cámara de Senadores, el 19 de noviembre de 2015.

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.

1 El Índice Global de Paz es un indicador que mide el nivel de paz y la ausencia de violencia de un país o región. Lo elaboran y publican desde el año 2007 el Institute for Economics and Peace junto a varios expertos de institutos para la paz y think tanks y el Centre for Peace and Conflict Studies, de la Universidad de Sydney, con datos procesados por la Unidad de Inteligencia del semanario británico The Economist.
Expansión, Índice de Paz Global, [en línea], Dirección URL: http://www.datosmacro.com/demografia/indice-paz-global

2 ENVIPE 2014, Percepción de Inseguridad 2011-2014.

3 Horizontal, “¿Empeora la seguridad en el Distrito Federal?”, [en línea], Dirección URL: http://horizontal.mx/empeora-la-seguridad-publica-en-el-distrito-federal/#sthash.jhT841Bg.dpuf

4 Según la ENVIPE la tasa de víctimas es uno de los principales indicadores que se generan con las encuestas de victimización y que se conoce también como Prevalencia Delictiva.

5 El Universal, Inseguridad y violencia preocupan a los capitalinos, [en línea], Dirección URL: http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/inseguridad-y-violencia-preocupan-a-los-capitalinos-132917.html

6 CNN, “La Ciudad de México, ¿un lugar con más inseguridad para sus habitantes?”, [en línea], Dirección URL:
http://mexico.cnn.com/nacional/2015/08/13/la-ciudad-de-mexico-un-lugar-con-mas-inseguridad-para-sus-habitantes





 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República saluda y celebra el Convenio de Colaboración signado entre la Secretaría de Gobernación y la Organización de los Estados Americanos para erradicar la violencia de género en México. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

La que suscribe, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Senadora de la República de la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8º numeral 1, fracción II; 108, numeral 1; 109; numerales 1 y 2 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Gobierno de la República impulsa la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, consciente de que sólo de esta manera, nuestro país podrá aspirar a ser un país democrático y será posible alcanzar las cinco metas nacionales que se ha propuesto: un México en Paz, un México Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un México con Responsabilidad Global.

Bajo este tenor, la contribución de las mujeres en todos los ámbitos, sin discriminación y bajo el eje rector de la igualdad sustantiva, es indispensable.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 delineado por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto es el primero que incorpora la perspectiva de género como principio esencial. Es decir, contempla la necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación.

Lo anterior da cuenta del compromiso indeclinable del Presidente Peña Nieto por reivindicar a la mujer en los ámbitos político, económico, social y cultural; incorporando en la planeación y programación nacional las necesidades de las mujeres y las acciones que permitan el ejercicio de sus derechos; derechos que tienen un rango constitucional y que se encuentran explícitos en múltiples ordenamientos, como la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Víctimas, entre otras1.

A pesar de que contamos con un sólido marco jurídico que tiene por objeto la protección de las mujeres y la igualdad, aún tenemos muchos retos que debemos solventar como país, siendo uno de los principales erradicar la violencia de género.

De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares2, correspondiente a 2011, el 46.1% de las mujeres de 15 años y más en México sufrieron algún incidente de violencia por parte de su pareja a lo largo de la relación3.

A 4 de cada 10 mujeres en el país (42.4%) las han humillado, menospreciado, encerrado, destruido sus cosas o las del hogar, vigilado, amenazado con irse, correrla de la casa o quitarle a sus hijos/as, amenazado con algún arma o con matarla o matarse.

2 de cada 10 mujeres han recibido reclamos por parte de su pareja por la forma en que gastan el dinero, les han prohibido trabajar o estudiar, o les han quitado dinero o bienes (terrenos, propiedades).

Al 13.5% de las mujeres en México, su pareja las ha golpeado, amarrado, pateado, tratado de ahorcar o asfixiar o agredido con un arma.

Al 7.3% de las mujeres en el país les han exigido o las han obligado a tener relaciones sexuales sus propias parejas, sin que ellas quieran, o las han obligado a hacer cosas que no les gustan.

Ante esta realidad, el Gobierno de la República ha emprendido acciones decididas para acabar con la violencia que afecta a las mujeres. Por ejemplo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 (PEF 2014), se destinó un presupuesto de 22,341.1 millones de pesos, cifra superior en 14.7% respecto a los 18,760.6 millones de pesos aprobados en 2013, los cuales se destinaron a 115 programas presupuestarios para avanzar en las políticas públicas a favor de la igualdad de género4.

Asimismo, un gran paso a favor de la igualdad entre mujeres y hombres en 2014 fue la Reforma Constitucional en materia político-electoral aprobada en 2014, que considera la paridad de género en la postulación de candidaturas para las senadurías y diputaciones federales, así como en la integración de la totalidad de los Congresos Locales, estableciéndose que es deber de los partidos garantizar la igualdad.

Sin embargo, estoy consciente de que poner fin a la violencia de género requiere de múltiples y constantes esfuerzos, para los cuales resulta conveniente sumar a la comunidad internacional.

Por ello, celebró que la Secretaría de Gobernación haya concretado un convenio de colaboración con la Organización de los Estados Americanos5con el objeto de aprovechar la experiencia y capacidad de la Comisión Interamericana de Mujeres para diseñar mejores políticas públicas con el intercambio de buenas prácticas.

Como bien señaló el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la firma de este tipo de acuerdos comprueba que en México la violencia contra las mujeres se ha despolitizado para dar pie a una auténtica política de Estado que busca el bienestar de la población femenina.

La violencia de género no debe ser tolerada ni aceptada. Erradicar este flagelo requiere de acciones inmediatas y estratégicas integrales, donde se involucren todos los niveles de gobierno y la sociedad en su conjunto, con el apoyo de los organismos internacionales.

El México incluyente al que aspiramos, requiere integrar en las políticas públicas acciones afirmativas para reducir las desigualdades entre mujeres y hombres, y avanzar en la igualdad sustantiva en temas fundamentales como vivienda, educación, salud, trabajo, seguridad social, sustentabilidad y medio ambiente, cultura, deporte, recreación.

Por lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-El Senado de la República saluda y celebra el convenio de colaboración signado entre la Secretaría de Gobernación y la Organización de los Estados Americanos para erradicar la violencia de género en México, y hace votos para que este nuevo instrumento contribuya a acabar con este flagelo social en México y América Latina.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 19 de noviembre de 2015.

Atentamente

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.

1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2013

2 La encuesta, que es un trabajo conjunto entre el INEGI e INMUJERES, tiene como objetivo obtener información sobre los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres de 15 y más años en los ámbitos del hogar, escolar, laboral y social; así como las consecuencias físicas y emocionales que padecen las mujeres violentadas por su cónyuge.

3 http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/821-violencia-de-genero-obstaculo-para-construir-un-mexico-igualitario-y-de-paz

4 http://www.hacienda.gob.mx/LASHCP/pnd/06pt_proigualdad.pdf

5 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2015/11/13/segob-va-contra-la-violencia-de-genero





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a reforzar la vigilancia para contener la tala clandestina en montes y selvas del país. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con punto de Acuerdo de por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente  para que en coordinación con los distintos cuerpos de seguridad de las Entidades federativas, refuercen la vigilancia para contener la lata clandestina en montes y selvas del país, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La política ambiental en nuestro país tiene una gran relevancia, en especial por que se tiene alrededor de 30,013 unidades de producción meramente forestal, donde se obtienen más de 8.1 millones de metros cúbicos de madera. Las principales especies maderables cortadas son: pino, encino y cedro, mismas que, en conjunto, aportan el 30.6% de la producción nacional de madera.

A pesar de contar con mecanismos de aprovechamiento sustentables, el sector silvícola tiene ciertos problemas en las unidades de producción, como perdidas en la producción por cuestiones climáticas, altos costos de insumos y servicios, pérdida de fertilidad del suelo, difícil acceso al crédito, falta de capacitación y asistencia técnica, problemas de comercialización, infraestructura insuficiente, dificultad para acreditar la posesión de la tierra y litigios, son solo algunos elementos que hacen del sector un medio poco redituable, en comparación con el aprovechamiento ilegal que genera grandes ganancias para la delincuencia.

De acuerdo a la Constitución Federal el Estado es el garante para preservar y cuidar el equilibrio ecológico, mediante este mandato supremo, el sector forestal está regulado por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, con el objeto de regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de concurrencia, con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable, respetando en todo momento los derechos a los pueblos y comunidades indígenas, en cuanto a sus recursos forestales.

Pese a contar con instrumentos y programas federales para aprovechar sustentablemente los recursos forestales maderables y no maderables, para ello se creó la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), su objetivo es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes, programas, y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable.

Es importante mencionar que dentro del informe de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales correspondiente al año 2014-2015, en su numeral 5 señala la necesidad de detener y revertir la perdida de capital natural, fortaleciendo la verificación del cumplimiento de la norma ambiental en materia de recursos naturales, por lo que la Secretaría implementó diversas líneas de acción, entre las que destaca:
1. Combatir la tala clandestina a lo largo de la cadena productiva forestal y el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre.

2. Promover la restauración de áreas impactadas por tala clandestina, cambio de uso de suelo y contingencias.

En el periodo de septiembre de 2014 a junio de 2015, en materia forestal se realizaron 273 operativos, 3,750 inspecciones y 1,640 recorridos de vigilancia. Los resultados derivados fueron el aseguramiento precautorio de 499 equipos y herramientas, 35,706 metros cúbicos de madera, 291 toneladas de carbón vegetal y 279 vehículos. Además se clausuraron 112 aserraderos y se puso a disposición del Ministerio Público Federal a 103 personas.

Por otro lado, diversas zonas forestales de Michoacán fueron afectadas por plagas y deslaves, entre las que destaca la comunidad de San Felipe de los Alzati, pero lo más grave de esta zona es la pérdida de más de 19 hectáreas por la tala clandestina donde hiberna la mariposa monarca.

En el Estado de México, la tala también es un problema grave, principalmente la Cuenca Hidrológica Valle de Bravo-Amanalco, corredor biológico Chichinautzin-La Marquesa, Iztaccíhuatl-Popocatépetl y Nevado de Toluca. Lo mismo ocurre en Chihuahua donde se han detectado más de 26 mil hectáreas afectadas por la tala ilegal principalmente en los municipios de Aldama, Ahumada, Ojinaga, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Janos y Camargo.

Puebla, Hidalgo, Chiapas, y otros Estados tampoco son la excepción, ya que existe la misma problemática de forma desmedida y adicionalmente se debe  sumar la superficie que es degradada por los incendios forestales.

Ante esta problemática, hago un exhorto a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que a través de sus facultades y con la colaboración de las fuerzas de seguridad pública a cargo de los Gobiernos de las entidades Federativas y municipios, además de la Secretaria de la Defensa Nacional refuercen la vigilancia en los montes y selvas para que se disminuya la tala clandestina.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que en coordinación con las fuerzas de seguridad pública de las entidades federativas y de la Secretaria de la Defensa Nacional refuercen la vigilancia en los montes y selvas para disminuir la tala clandestina.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos naturales para que informe a esta soberanía sobre el número de autorizaciones y permisos que ha expedido para el aprovechamiento de los recursos forestales maderables y el tipo de especies de árboles, en el año 2014 y el correspondiente al 2015.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 19 de noviembre de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 Diario Oficia de la Federación 4 de abril de 2001, organismo Publico descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.





 

De las Senadoras Dolores Padierna Luna y Layda Sansores San Román, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría Agraria informe las acciones implementadas respecto del convenio de colaboración firmado con PEMEX el 27 de abril de 2015 y considere la revocación del mismo. Se turna a la Comisión de Energía.







 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo para realizar un reconocimiento público a los indígenas mexicanos que participaron en los Primeros Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas en Brasil. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDA REALIZAR UN RECONOCIMIENTO PÚBLICO A LOS INDÍGENAS MEXICANOS QUE PARTICIPARON EN LOS PRIMEROS JUEGOS MUNDIALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN BRASIL Y EXHORTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE GESTIONE LA PROPUESTA, ANTE LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA Y ANTE LOS ORGANIZADORES DE LOS JUEGOS MUNDIALES INDÍGENAS, LA CANDIDATURA PARA QUE MÉXICO SEA PAIS SEDE Y ANFITRIÓN DE LOS TERCEROS JUEGOS MUNDIALES INDÍGENAS EN EL AÑO 2019.,bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Esta soberanía ha sido protagonista activa y sustancial sobre los todos los derechos de los pueblos indígenas, eso es innegable. Como es del conocimiento del pleno en Brasil se llevaron a cabo los Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas (JMPI), con la participación de diversas etnias de unos 20 países participantes. Las competencias se centraron en el tiro de lanza y en tira y soga, desde la ciudad de Palmas, capital del estado de Tocantins, al norte de Brasil. Dos mil atletas provenientes de países como Etiopía, Canadá, Argentina, Colombia, Brasil, Mongolia, Filipinas, Panamá compitieron en deportes como el tiro de arco con flecha, canotaje, lanzamiento de jabalina, carrera de 100 metros, lucha cuerpo a cuerpo y natación.

Los indígenas de la etnia brasileña Bakairi, del estado de Mato Grosso (centro-oeste), destacaron por su fortaleza y lograron imponerse en el tira y soga a la etnia maorí de Nueva Zelanda. El ministro de Deportes de Brasil, George Hilton, había declarado en la inauguración de los juegos que este evento deportivo significa un oportunidad para la divulgación internacional de la cultura indígena del país suramericano y todas las demás etnias participantes. A este evento concurrieron mil 800 atletas de 24 etnias de 23 países del mundo; México participó con una delegación de 50 atletas de las diferentes etnias, diez de ellos del equipo de uárhukua y de canotaje tradicional del estado de Michoacán. El presidente de la asociación de juegos y deportes autóctonos y tradicionales de Michoacán, José Luis Aguilera Ortiz, dijo que ambas delegaciones michoacanas, tuvieron una destacada participación. Desde la inauguración, a cargo de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se presentaron rituales, competencias y juegos de exhibición; luchas corporales, carreras de fondo, cable de fuerza, lanzamiento de lanza y muchos más. Este mundial dio la oportunidad de conocer otras culturas indígenas del mundo, nuevos deportes, artesanías, costumbres, pero principalmente, el de unificar las etnias de los pueblos y conservación de deportes autóctonos; de que el mundo mirara, conociera para su difusión de la amplia riqueza étnica de los pueblos originarios del mundo.

La delegación mexicana en las competencias de 8 mil y 400 metros, nuestros representantes, los corredores rarámuris, Mateo González Bautista y Silvino Cubesari Quimare, originarios de la etnia tarahumara de Chihuahua, ganaron dos medallas en segundo y tercer lugar respectivamente. Con dichas medallas México escribe parte de su historia del medallero de los primeros Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas que reúne a etnias de todo el mundo. México también participó con la exhibición de la pelota purépecha originaria de Michoacán y la mixteca de Oaxaca, deportes con más de 3,500 años de existencia en nuestro país. La próxima sede de los II Juegos Mundial de los Pueblos Indígenas se desarrollará en el 2017 en Canadá.

3.- Hay observaciones de distintos analistas que estos primeros Juegos Mundiales Indígenas careció de una cobertura mediática adecuada. Otros eventos deportivos que no tienen la trascendencia  de un mundial deportivo indígena han sido un fenómeno mediático por lo que estos juegos no figuraron como centro de atención. Se considera que las culturas indígenas, con estos juegos mundiales, captarán mayor atención, promoción cultural e impulso a la convivencia de los pueblos indígenas, por lo que es pertinente que esta institución participe, amplifique y promueva tanto el reconocimiento como la propuesta de que los Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas se realicen en nuestro país en el año de 2019.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNO.- El Senado de la República acuerda realizar un reconocimiento público a los indígenas mexicanos que participaron en los primeros juegos mundiales de los pueblos indígenas en Brasil.

DOS.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte gestione la propuesta, ante las autoridades del gobierno de la República y ante los organizadores de los juegos mundiales indígenas, la candidatura para que México sea país sede y anfitrión de los terceros juegos mundiales indígenas en el año 2019.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 19 de noviembre de 2015.

Atentamente.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a fortalecer las acciones que contribuyan a visibilizar, concientizar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Organización de Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como: "todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.

La Ley General de Acceso a las Mujeres de Una Vida Libre de Violencia define los siguientes tipos de violencia:

• Violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, entre las que destacan: abandono, celotipia, insultos, humillaciones, indiferencia, infidelidad, rechazo, amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio.

• Violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas.

• Violencia patrimonial. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.

• Violencia económica. Se da a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.

• Violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima, como obligar a la mujer a tener relaciones sin su consentimiento.

• El feminicidio. Es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer y representa la forma extrema de violencia de género contra las mujeres.

A fin de salvaguardar la igualdad de género y combatir la violencia en contra de las mujeres, nuestro país ha suscrito diversos convenios internacionales en la materia, entre los que destacan: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará).

En México, además de las disposiciones constitucionales, contenidas los artículos 1º y 4º que reconocen los derechos humanos de todas las personas y la igualad de las mujeres y los hombres ante la ley,  hay ordenamientos jurídicos e instituciones encaminadas a garantizar la protección de las mujeres, entre ellos: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y sus homologas en las entidades.

Es preciso reconocer el compromiso del Gobierno Federal, para garantizar los derechos humanos de los mujeres, prueba de ello es la atención, a través del “Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”, a más de 3 millones 300 mil mujeres que han sido objeto de violencia.

Además, es importante señalar que durante esta administración, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) ha emitido la Alerta de Violencia de Género en 11 municipios del Estado de México y 8 del estado de Morelos, con lo cual se da muestra de avanzar hacia soluciones integrales que contribuyan a la erradicación de estos hechos, dejando de lado la politización de esta problemática.

En días recientes, la SEGOB firmó un acuerdo con la Comisión Interamericana de Mujeres que permitirá avanzar en políticas públicas con perspectiva de género, con el propósito de erradicar toda forma de violencia hacia la mujer.

La persistencia de toda forma de violencia contra la mujer inhibe la posibilidad de avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, máxime cuando algunas formas de violencia pueden llegar a poner en peligro la vida de las mujeres.

En el Grupo Parlamentario del PRI, reconocemos que aún queda pendiente un largo camino en la erradicación de toda forma de violencia hacia las mujeres, no obstante, reafirmamos nuestro compromiso por seguir trabajando a favor del empoderamiento de las mujeres, combatiendo todo acto de violencia y promoviendo su condena en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para en coordinación con los tres órdenes de gobierno y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las acciones que contribuyan a visibilizar, concientizar y erradicar la violencia hacia las mujeres.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 19 de noviembre de 2015.

Atentamente





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a que, en conjunto con la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, implemente las acciones necesarias que permitan erradicar los asaltos cometidos en contra de montañistas y visitantes en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Laque suscribe, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Cámara de Senadores, la presente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad para que en conjunto con la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México implementen las acciones necesarias que permitan erradicar los asaltos cometidos en contra de montañistas y visitantes en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, a efecto de poder hacer frente a los compromisos ya adquiridos en el tema de seguridad, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El parque nacional Izta-Popo Zoquiapan, comprende 39,820 hectáreas protegidas que van desde las faldas del más alto centro ceremonial que existe en nuestro País, es decir el Monte Tláloc en el norte, hasta la parte sur del volcán Popocatépetl, contando dentro de dicho parque de la segunda y tercera montaña más alta de nuestro País, mismas que entre otras cuestiones dotan de agua a gran parte de la región.

Por su importancia dicha zona fue declarada por la UNESCO como reserva de la biosfera, ya que es un área de conservación de recursos naturales, así como de aves como lo son: zopilotes, aguilillas, codornices, tecolotes y animales variados como venados, coyotes, tlacuaches, tejones, conejos y teporingos, entre muchos otros.

Dicha zona no solo ha destacado por su belleza natural, sino también por su valor artístico, ya que existen numerosos cuadros y fotografías relacionadas a dicha zona con reconocimiento internacional, destacando los cuadros del pintor mexicano Gerardo Murillo Cornado, mejor conocido como el “Doctor. Atl”. Es importante destacar que dicha zona alberga una de las más bellas y destacadas leyendas que existe en nuestro País; es decir, la leyenda de los volcanes.

Por la belleza y altura de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, diariamente se recibe un turismo de aventura que deja una importante derrama económica en la región; sin embargo, en los últimos años dicho turismo ha disminuido debido a los múltiples asaltos que se han presentado en la zona.

Es importante mencionar que diversos montañistas han sido asaltados de forma violenta, presentando inclusive asaltos a una altura de más de 4,700 metros, ya que el pasado 4 de julio del año en curso un grupo de montañistas de la Agrupación Universitaria de Montaña de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla fue despojado de sus pertenencias, quitándoles su equipo de ascensión e inclusive a un alpinista le fueron retiradas sus botas, por lo que tuvo que hacer el descenso con gran dificultad.

Sin embargo, dicho hecho no ha sido el único ya que en meses pasados ocurrieron varios asaltos en la zona de San Rafael, lugar por el que suben los alpinistas que planean ascender por el lado de lo que comunmente conocemos como “la cabeza de la mujer dormida”, así como algunas otras rutas de mayor grado de dificultad.

Por lo anterior, apenas el pasado primero de agosto se hizo una manifestación de alpinisitas en el multicitado volcan, a efecto de exigir seguridad en la zona, cuestión que obligó a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México a crear el primer agrupamiento de seguridad de alta montaña, mismo que fue conformado por elementos de las Fuerzas Especiales de Seguridad.
Si bien es cierto con la creación de dicho agrupamiento se tuvo un gran avance, también es cierto que los asaltos no han disminuido ya que apenas el siete de noviembre del presente año, se presentó un asalto en la zona de “trancas” del mismo lado de San Rafael, en el cual fueron despojados de forma violenta a seis personas de sus pertenencias.

Por su importancia turística y su belleza natural y arqueológica es necesario implementar acciones que permitan que el número de visitantes a nuestras montañas no solo no disminuyan sino que aumenten, generando condiciones de seguridad entre los que acudan.

Los montañistas tienen claro que la actividad que realizan es de alto riesgo y se encuentran dispuestos a aceptar la posibilidad de que ocurra un accidente al escalar; sin embargo, dicho riesgo debe circunscribirse únicamente a la actividad deportiva que realizan y no así al riesgo causado por la inseguridad que puede generar inclusive perder la vida a manos de delincuentes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad, para que en conjunto con la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, implementen las acciones necesarias que permitan erradicar los asaltos cometidos en contra de montañistas y visitantes en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 19 de noviembre de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galvan.





 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los integrantes del Gabinete de Seguridad del gobierno federal y el del gobierno del estado de Guerrero a informar sobre la estrategia y acciones que se implementarán para detener la ola de violencia de la delincuencia organizada en dicho estado. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación Soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS INTEGRANTES DEL GABINETE DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO FEDERAL Y EL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO PARA QUE INFORME AL SENADO DE LA REPÚBLICA, LA ESTRATEGIA Y ACCIONES QUE SE IMPLEMENTARAN PARA DETENER LA OLA DE VIOLENCIA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN DICHO ESTADO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Después de la elección del 07 de junio de 2015, Guerrero vivió un momento de transición de los Gobiernos Estatal y Municipales que auguraban esperanza de cambios positivos, pero desgraciadamente en nada ha cambiado la situación del estado de Guerrero; los conflictos y la tensión social siguen vigentes, lo que nos lleva a pensar que la inseguridad, los homicidios, secuestros, desapariciones forzadas y el temor de la gente a transitar libremente, se mantendrá, a menos que se establezcan nuevos canales de comunicación, estrategias y tácticas de seguridad, acciones para recuperar el tejido social, combate a la corrupción e impunidad,y el ejercicio de la función pública con estricta coordinación de los tres niveles de gobierno.

Me permito citar algunos datos publicados de mes y medio a la fecha, referentes a la violencia y las afectaciones económicas que han provocado la violencia y la corrupción en el Puerto de Acapulco y el estado de Guerrero:

El 20 de Octubre de 2015, se publicó que Acapulco, lugar que fue la joya de la corona de México en las últimas décadas, se ubica actualmente en el último lugar del Índice de las Ciudades más Competitivas. (El Financiero)

La misma publicación cita a Gabriela Alarcón, directora de Desarrollo Urbano del IMCO, quien considera que por las inversiones inmobiliarias que se realizaron sin ningún tipo de regla, la corrupción de los gobiernos, la poca inversión que se hizo en servicios públicos básicos como el agua y movilidad, y la degradación del medio ambiente, hoy esa ciudad es un caos.

El 21 de Octubre, se publicó que el puerto de Acapulco y el estado de Guerrero, se encuentran ubicados como los más violentos del país, con un registro de 718 ejecuciones de enero al 20 de Octubre, es decir casi 3 asesinatos por día. (Reforma)

El 13 de Noviembre marcharan profesores en Acapulco, para exigir seguridad en escuelas anunciando que ya son 6 maestros estatales muertos por la delincuencia y más de 20 planteles educativos cerrados.(Novedades de Acapulco)

El 16 de Noviembre fue publicado en medios que el Gobernador del Estado, anunció operativos del ejército, la marina, policía federal y del estado, en 120 escuelas  de la periferia de Acapulco, luego de que el 5 de noviembre se empezaran a cerrar planteles escolares por la irrupción de hombres armados para exigir el aguinaldo como pago de cuota.(Jornada)

Ante este escenario para el sistema político nacional, especialmente, para los que militamos en la izquierda, el respeto a la legalidad, a los derechos humanos y a la  libertad se convierte hoy más que nunca, en una condición para el diálogo y la reconstrucción del tejido social en México, especialmente para Guerrero y los estados del Sur-sureste.

Como representante popular y ante la problemática de inseguridad que vive el estado de Guerrero, propongo establecer una agenda de trabajo interdisciplinaria para encontrar soluciones definitivas de corto, mediano y largo plazo a la situación, sostenida y creciente, de violencia en el estado.

Sugiero una ruta de trabajo en tres etapas, a desarrollarse en menos de un mes a partir de que sea aprobado este punto de acuerdo:

1. Primera Etapa. Reunión de trabajo entre el Senado de la República, los integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal y Estatal en la que den a conocer las estrategias y acciones que ya existen y la forma en que se implementarán, de forma coordinada, para detener la ola de violencia de la delincuencia organizada en dicho estado.

2. Segunda Etapa. Tomando como punto de partida las estrategias presentadas en la Primera Etapa, se analizará en una mesa de trabajo entre el Senado de la República, y los integrantes del Gabinete de Desarrollo Económico y Social del Gobierno Federal y Estatal; así como los Presidentes Municipales, la forma en que dichas estrategias serán complementadas mediante la detonación de núcleos de desarrollo económico, especialmente en las áreas de más conflictividad.

3. Tercera Etapa. A partir de las líneas de acción definidas en las primeras dos etapas, se hará una presentación en el Senado de la República, frente a líderes de opinión nacionales y estatales; representantes de las organizaciones sociales, empresariales y religiosas, y a la comunidad de artistas del estado de Guerrero, para escuchar su opinión, incorporar sus sugerencias u objeciones y generar una ruta crítica para instrumentar un gran acuerdo, emergente, entre sociedad y gobierno, para la reconciliación y reconstrucción del tejido social en Guerrero.

Con estas acciones, se busca un acercamiento al tema de la violencia y el crimen organizado, enfocado más hacia las causas y menos a los efectos, partiendo de la generación de procesos alternativos para realmente erradicar la violencia y no sólo contenerla.

La intención es que la sociedad civil, desde su óptica y conocimiento se conviertan en agentes capaces de detectar, gestionar, proponer y resolver conflictos de manera efectiva con el apoyo de las autoridades y, al mismo tiempo, recobrar la confianza perdida en ellas.

Hoy, es necesario crear una ruta creativa e incluyente, de acciones, entre las fuerzas políticas, gobierno y sociedad debe garantizar la pacificación del estado de Guerrero y del País.

Y debemos plantear esta agenda con carácter urgente para comenzar el tiempo de los gobiernos de todos y para todos, los que incluyen, los que suman, el tiempo de la no inseguridad, no corrupción, de la no impunidad y de la no desigualdad.

La sociedad guerrerense demanda mejor seguridad pública, educación para sus hijos, un programa económico que genere empleos, y sobre todo, una administración pública basada en los principios de honradez, transparencia y rendición de cuentas.

En la historia de México, Guerrero ha sido origen de movimientos revolucionarios, de conquistas importantes para la libertad de los mexicanos, espero que hoy esta convocatoria haga eco en todas las entidades de nuestra Nación, para elevarnos todos, ciudadanía y clase política, juntos, a la altura que las circunstancias nos están demandando.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, de obvia y urgente resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La H. Cámara de Senadores exhorta a los integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal y el del gobierno del estado de Guerrero para que informen al Senado de la República, la estrategia y acciones que se implementarán para detener la ola de violencia de la delincuencia organizada en dicho estado, aun cuando tienen operativos permanentes de las fuerzas federales y estatales.

SEGUNDO. La H. Cámara de Senadores exhorta a que ésta Soberanía para que, en coordinación con el gobierno de la República, el gobierno del estado y los gobiernos municipales de Guerrero, y la sociedad civil en su conjunto; convoque a las mesas de trabajo referidas en este punto de acuerdo, para abordar la situación de violencia e inseguridad en la entidad.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 19 de noviembre de 2015.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter.





 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se solicita añadir en el Orden del Día una frase que explique el contenido de la iniciativa o el dictamen a tratar. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDE SOLICITAR A LAS COMISIONES LEGISLATIVAS, QUE SE DETERMINEN PARA CUMPLIR CON ESTE FIN, CONSIDERAR AÑADIR EN LA ORDEN DEL DÍA, UNA FRASE QUE EXPLIQUE, INDIQUE Y ESPECIFIQUE CON LENGUAJE COMÚN, EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA O EL DICTAMEN A TRATAR, CON EL FIN DE QUE LA CIUDADANÍA, INVESTIGADORES DE CUALQUIER DISCIPLINA, ESTUDIOSOS O GRUPOS DE IMPACTO DE LA LEGISLACIÓN, NO EXPERTOS O NO FAMILIARIZADOS CON EL LENGUAJE TÉCNICO JURÍDICO, PUEDAN LOCALIZAR EL TEMA DE SU INTERÉS Y PARA CIUDADANIZAR LA PÁGINA DONDE SE ENCUENTRA LA ORDEN DEL DÍA, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Este Senado ha logrado construir su dirección de Internet extraordinariamente nutrida, puntual y precisa. El contenido informativo es vasto y generoso. Permite conocer a detalle el trabajo actual e histórico del Senado, sus estudios y sus servicios de apoyo, sus instituciones internas y su enorme estructura que sirve de enlace, orientación y conocimiento complejo del quehacer legislativo senatorial. Es un poderoso instrumento de la comunicación contemporánea que inclusive se esfuerza en modificar y agilizar su uso cotidianamente brindando incluso información organizada de comunicación social mediante técnicas de vanguardia.

2. Sin embargo, en algunos aspectos, su lenguaje necesariamente técnico, aleja o complica las visitas de ciudadanos legos que se interesan eventualmente en los trabajos senatoriales; estudiantes de todos los niveles, investigadores que buscan algún tema específico o ciudadanía que está avisada de alguna legislación de impacto. Lo cierto es que en algunas ocasiones la orden del día no permite localizar los temas rápidamente o por la recurrencia del lenguaje jurídico y experto que dificulta las visitas de personas que finalmente aportan con sus impuestos el financiamiento de esta institución. Por ejemplo, la orden del día del 12 de noviembre dice en algunos párrafos:

A).- Del Senador Félix González Canto, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 66 de la Ley General de Protección Civil. Aquí se podría añadir entre paréntesis que:  (Para crear un Fondo Estatal de Protección Civil, para reducción de riesgos, capacitación, equipamiento y sistematización de las Unidades de Protección Civil estatales municipios y delegaciones).

B).- De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Podría añadirse: (Para que determine que el estado mexicano tiene la obligación de promover y asegurar medios para tratamiento, rehabilitación e inclusión de personas con discapacidad). Obsérvese que la presentación inicial no refiere a la discapacidad como tema. Ello proporcionaría cierta facilidad de reconocer el tema de la ciudadanía que busca con precisión ese contenido.

C).- DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 53, 54, 55 y la fracción II del artículo 127 y se adiciona la fracción XXII Bis al artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre. (Para prohibir la importación, exportación, reexportación y comercialización del marfil, cuando no cumplan con los tratados internacionales y con la legislación aplicable). Obsérvese también que el anuncio no avisa de la especificidad temática del marfil.

La página de la orden del día podría tener, con un toque explicativo breve, un matiz más ciudadano y considerado con los ciudadanos.

3.- Baste con estos ejemplos de la Orden del Día para argumentar nuestra intención de ciudadanizar las visitas de las personas no expertas o que no conocen las particularidades de lenguaje jurídico. Por ello se solicita que las senadoras y los senadores acordemos solicitar que la Orden del Día, para empezar, adquiera indicaciones ciudadanas que indiquen con especificidad de lo que trata la iniciativa a presentar, el dictamen a discutir, el punto de acuerdo a proponer para facilitar la localización de los temas de interés de quien visite esta página de Internet que es sufragada con los recursos públicos.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República acuerda solicitar a las comisiones legislativas, que se determinen para cumplir con este fin, considerar añadir en la Orden del Día, una frase que explique, indique y especifique con lenguaje común, el contenido de la iniciativa o el dictamen a tratar, con el fin de que la ciudadanía, investigadores de cualquier disciplina, estudiosos o grupos de impacto de la legislación, no expertos o no familiarizados con el lenguaje técnico jurídico, puedan localizar el tema de su interés y para ciudadanizar la página donde se encuentra la Orden del Día.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 19 de noviembre de 2015.

Atentamente.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Economía y de Desarrollo Social y a los gobiernos de las entidades federativas a intensificar, ampliar y fortalecer sus acciones en materia de difusión y promoción en la compra de productos navideños nacionales. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La temporada navideña, representa un espacio de emotividad, reflexión y convivencia. Asimismo, constituye una oportunidad para generar decenas de empleos para los artesanos y sus familias, que al comercializar productos, generan una derrama económica en beneficio de los pueblos y regiones productoras del país.

Entre los principales productos nacionales que se comercializan, se ubica la producción de los árboles de navidad, donde entidades como el Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Puebla, y Tlaxcala presentan un mayor volumen.

Durante la pasada temporada navideña se comercializaron más de 850 mil ejemplares nacionales y se estima que este año, se incremente sustantivamente para beneficio del sector.

Sobre el particular, la Comisión Nacional Forestal, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, llevan a cabo diversas acciones como el Programa de Verificación e Inspección a la Importación de Árboles de Navidad  para supervisar que no exista sobreexplotación en la venta, que afecte al medio ambiente y su siembra se desarrolle bajo estándares de calidad. Además supervisan la importación de estos productos, para que estén libres de plagas.

En lo que va del mes de noviembre la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ha decomisado más de 742 árboles contaminados  importados procedentes de Estados Unidos, introducidos a través de las fronteras de Tijuana, Mexicali, Nogales, Zaragoza y Nuevo Laredo.

La esfera es otro producto navideño que no puede faltar en esta temporada decembrina. En el territorio nacional los pueblos de Tlalpujahua, en Michoacán, y Chignahuapan, en Puebla, generan una mayor producción.

Estos productos son elaborados con técnicas ancestrales de vidrio soplado y es considerada como una pieza de arte popular. Es un trabajo que se ha transmitido por generaciones, además, constituye una fuente de empleo para decenas de familias -los grandes talleres cuentan con al menos 200 trabajadores-.

Para dimensionar el impacto económico, basta mencionar que sólo la producción de este año en Chignahuapan, ascenderá a 75 millones de cajas de esferas en más de 300 talleres artesanales. Esta actividad también produce una derrama monetaria en hoteles, restaurantes y puntos de ventas.

Aunado a lo anterior, para los comerciantes de juguetes, la Navidad es una de las temporadas más productivas del año. De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, las ventas se traducen en más de 2 mil 420 millones de dólares y alrededor del 65% de estas compras de llevan a cabo del 10 de diciembre al 10 de enero.

Frente a este panorama, los Senadores del PRI, consideramos de vital importancia que la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Social, los gobernadores de los estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, intensifiquen, amplíen y fortalezcan sus acciones en materia de difusión y promoción en la compra de productos navideños nacionales. 

Consideramos que a través de los diversos mecanismos de comercialización del Fondo Nacional para las Artesanías -tiendas estatales y en línea- se promueva su compra, producción y apoyos focalizados para los artesanos y sus familias.

En el grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos del valor y la tradición artesanal que tienen los productos navideños nacionales, de ahí la importancia de su difusión y compra, ya que produce fuentes de empleo –directas e indirectas-, incentivan el comercio, la inversión y la innovación nacional.

Las campañas de información y concientización para el consumo de productos nacionales emprendidas por el Gobierno Federal, han sido las correctas, ya que comienza a darse preferencia por los productos nacionales por su precio y calidad, pues lo hecho en México es un símbolo de orgullo que nos da identidad a nivel internacional, sin embargo consideramos necesario fortalecerlas en esta época decembrina.

Aunado a lo anterior, durante esta temporada del año es común la venta de adornos navideños, tales como velas, luces, árboles eléctricos y diversas figuras; no obstante, muchos de estos productos son de importación y algunos de ellos no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas.

Sólo para dimensionar la problemática, en el año 2014, se inmovilizaron más de 65 mil 658 series y adornos por incumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, y se suspendió la actividad comercial de 34 establecimientos e infraccionó a otros 97.

De acuerdo con el Presidente del Consejo Consultivo de la Confederación Nacional de Asociaciones de Comerciantes de Material y Equipo Eléctrico, durante la temporada navideña se comercializan más de 15 millones de series navideñas "piratas", las cuales representan un riesgo para los hogares.

Frente a estos hechos, los Senadores del PRI consideramos necesario que se fortalezcan las acciones, campañas de información y operativos encaminados a identificar, sancionar y prevenir la venta de artículos navideños que no cumplan con las normas de seguridad y pongan en riesgo la integridad de los consumidores.

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Desarrollo Social y a los gobiernos de las entidades federativas, para que en el marco de sus respectivas atribuciones, intensifiquen, amplíen y fortalezcan sus acciones en materia de difusión y promoción en la compra de productos navideños nacionales.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía en coordinación con las entidades federativas para que en el marco de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las acciones, campañas de información y operativos encaminados a identificar, sancionar y prevenir la venta de artículos navideños de importación que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas de seguridad y que ponen en riesgo la integridad de los consumidores. 

Dado en el recinto del Senado de la República, el 19 de noviembre de 2015.

Atentamente





 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a elaborar y aplicar políticas públicas que garanticen y salvaguarden la soberanía y seguridad alimentaria, ante el recorte presupuestario al campo para el 2016. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El desarrollo de la agricultura ha sido uno de los hitos más importantes en la historia del hombre y de la civilización humana, pues esta actividad permitió el cultivo de alimentos evitando la necesidad de viajar para obtenerlos; asimismo, esta actividad propició el establecimiento de la sedentarización y el surgimiento de las pequeñas comunidades y asentamientos humanos, que más tarde, se convertirían en las precursoras de las primeras civilizaciones que dieron origen a la sociedad moderna.

Por ello, la actividad agropecuaria y la producción de alimentos provenientes del campo son bases primordiales para el desarrollo social, además de que es parte fundamental para la economía nacional, también es base importante para el bienestar alimenticio y nutricional para la sociedad, por tal motivo, el Estado como garante del derecho humano, es responsable de garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria, que se convierte en una tarea que debe vigilarse y resguardarse.

Sin embargo, dicha encomienda que tiene el Estado, se encuentran bajo una hipótesis de incertidumbre, pues en el país, el Gobierno Federal anunció recientemente un recorte presupuestal para el 2016, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), situación que pone en duda y en riesgo la garantía de salvaguardar la seguridad y la soberanía alimentaria.

Por lo anterior, el Secretario de la Sagarpa descartó que el recorte presupuestal para la institución afecte a la producción de alimentos, argumentando de esta forma, que solo es cuestión de utilizar con eficiencia y eficazmente los recursos, y que estos lleguen a las manos de quienes más los necesiten. [*] Sin embargo el panorama de abandono, desinterés y desprotección del Estado hacia el campo mexicano muestra una situación desalentadora e incierta para el agro.

Ante esta situación, con base a datos emitidos por la revista FORBES 2015, se pone en manifiesto que la producción de alimentos en el campo mexicano ha dejado de ser sustentable desde hace varios años, pues los datos muestran que en este año se realizó un recorte al gasto público por 124,300 millones de pesos incluyendo al sector agrario, asimismo para el siguiente año se espera otro recorte de 4.3 por ciento al presupuesto para el gasto, que representa iniciar con 135,000 millones de pesos menos para los rubros públicos, lo que amenaza con dejar al sector agrario una vez más en el olvido. [*]

Por esta razón y desde que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entró en vigor en 1994, según expertos en la materia, el campo mexicano pasó de ser autosuficiente, independiente y sustentable, a ser un sector desprotegido y poco eficiente. Aunque en ese momento se dijo que los beneficios del Tratado serían en pro de los productores mexicanos, la realidad demuestra que los productores que cuentan con menos de 10 a 10 hectáreas para el cultivo no han podido sobrevivir. Y con ello, México se ha convertido en el segundo importador de alimentos. [*]

De lo anterior puede decirse que la seguridad y la soberanía alimenticia además de no garantizarse se han estado debilitando y perdiendo desde hace ya dos décadas que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN.), pues años anteriores al Tratado, México era considerado una potencia alimentaria, con inversiones suficientes para el autosustento del campo y la autonomía alimenticia. Posteriormente, la producción agrícola en el país se ha agudizado, al grado de que actualmente el pequeño productor no puede competir con las empresas transnacionales, mismas que dominan la producción de alimentos, abrigadas por el TLCAN.

Asimismo, la dependencia alimentaria ha marcado una brecha que se torna más notable, pues la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), establece que lo ideal es que cada país produzca un 75 por ciento de lo que este consume, mientras que en el caso particular de México, solo se alcanza a producir un 58 por ciento de su consumo, al mismo tiempo que 20 millones de mexicanos presentan carencia alimentaria. [*]

La dependencia alimentaria ha causado que la importación de alimentos vaya en aumento, pues tan solo durante el año 2012, de la producción total de maíz, cerca de 9.5 millones de toneladas, casi el 90 por ciento de esta provino de Estados Unidos, mismo que representó un gasto de aproximadamente 27,000 millones de pesos. [*]

Además, también se hace énfasis en que el presupuesto otorgado para los distintos programas sociales se encuentra bajo un condicionamiento de funcionamiento, es decir, que el presupuesto o existencia de los programas sociales, entre ellos los de apoyo para el campo, están dentro de la ley base cero, la cual consiste básicamente en eliminar y fusionar programas para permitirla partida presupuestal correspondiente a los programas sociales de acuerdo a su rendimiento y eficiencia, situación que nubla aún más las esperanzas del agro mexicano porque se crea la incertidumbre de si habrá apoyo o no.

Por lo anterior, es una obligación del Estado que ante cualquier eventualidad garantice la soberanía y seguridad alimentaria a toda su población, en este tenor la presente proposición exhorta a la Sagarpa a que lleve  a cabo junto con sus homólogas estatales, políticas públicas que garantice y salvaguarde la alimentación a toda la población, ante el eminente recorte presupuestario para el próximo año.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a La Secretaría De Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en coordinación con sus homólogas estatales, elaboren y apliquen políticas públicas que garanticen y salvaguarde la soberanía y seguridad alimentaria, ante el recorte presupuestario al campo para el 2016.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 19 de noviembre de 2015.

[*] Matilde Pérez U. “Recorte presupuestal no afectará producción de alimentos: Sagarpa”. La Jornada, 22 septiembre 2015. [citado: 4/noviembre/2015] en línea:http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/22/recorte-presupuestal-no-afectara-produccion-de-alimentos-sagarpa-2667.html
[*] José Roberto Arteaga. “Reforma al campo, otro damnificado del recorte presupuestal”. FORBES México, 29 abril 2015. [citado: 4/noviembre/2015] en línea:http://www.forbes.com.mx/reforma-al-campo-otro-damnificado-del-recorte-presupuestal/
[*]  Matilde Pérez. “Campo mexicano, en crisis permanente desde hace 20 años: expertos”. La Jornada, 14 octubre 2014. . [citado: 4/noviembre/2015] en línea:http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/14/campo-mexicano-en-crisis-permanente-desde-hace-20-anos-expertos-169.html
[*] José Roberto Arteaga. “Reforma al campo, otro damnificado del recorte presupuestal”. FORBES México, 29 abril 2015. [citado: 4/noviembre/2015] en línea:http://www.forbes.com.mx/reforma-al-campo-otro-damnificado-del-recorte-presupuestal/
[*] Ibídem.





 

Del Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a celebrar a la brevedad los convenios y acuerdos de colaboración y coordinación necesarios con las autoridades estatales y del municipio de Centro, Tabasco, para diseñar y operar un programa permanente de atención integral a la laguna de Las Ilusiones, en la ciudad capital de Villahermosa. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El que suscribe, Senador HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante de esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT), PARA QUE POR CONDUCTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR AMBIENTAL FEDERAL COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA) Y LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAFOR) CELEBRE A LA BREVEDAD LOS CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN NECESARIOS CON LAS AUTORIDADES ESTATALES Y DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, PARA DISEÑAR Y OPERAR UN PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA LAGUNA DE LAS ILUSIONES, EN LA CIUDAD CAPITAL DE VILLAHERMOSA, CON BASE EN LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

La ubicación geográfica de Tabasco lo provee de una abundancia extraordinaria y diversa en recursos naturales.

En la ciudad de Villahermosa se encuentra la Laguna de las Ilusiones, reconocida como el símbolo del estado de Tabasco y de su capital. Este cuerpo lagunar, decretado en 1995 como Área Natural Protegida tiene una extensión de 259.27 hectáreas incluyendo la zona federal y 229 hectáreas de cuerpo de agua.

La Laguna de las Ilusiones, debido a su gran importancia como hogar de una amplia diversidad de especies tanto acuáticas como terrestres, juega un papel significativo en el equilibrio ecológico de la ciudad de Villahermosa pues contribuye a la estabilización del microclima, es un importante cuerpo regulador de aguas pluviales, además de ser un atractivo turístico y centro de esparcimiento y recreo familiar1.

La biodiversidad que agrupa este cuerpo de agua registra aves acuáticas como las garzas blancas y morenas, mamíferos (manatíes, tlacuaches, entre otros), peces (tenguayaca, pinta, castarricas, paleta), lagartos o cocodrilos, serpientes de agua, nauyacas, boas, iguanas, toloques, y tortugas, así como una diversidad de vegetación entre los que destacan el zapote de agua, la ceiba, macayo, bellota, cocos, guanos, palmeras y arbustos entre otras especies de flora2.

A pesar de su gran riqueza natural, “los factores que más afectan a la laguna cuando se encuentra en niveles críticos de contaminación son el nitrógeno amoniacal, las grasas y los aceites, así como coliformes. Además de las descargas de aguas negras, también se descargan aguas de albercas que vierten cloro y representa un riesgo para más de ochenta especies entre peces, reptiles, aves y mamíferos ante el deterioro ambiental”.3

La Laguna de las Ilusiones –en Villahermosa-, requiere la eliminación de descargas residuales y enviarlas a plantas de tratamiento, no hacia un río, pues sólo se transfiere la contaminación4.

Durante la administración del ex gobernador Don Enrique González Pedrero, en la década de los 80, se diseñó y ejecutó el Plan Maestro de la Laguna, con el que se regulaban los usos y destinos de los predios colindantes, así como las reglas de construcción, y con ese Plan se construyeron, entre otras acciones, un colector perimetral para recolectar las aguas negras que en ese entonces se vertían al cuerpo lagunar, así como varios cárcamos, entre los que destaca el del Hospital Rovirosa, que en ese entonces vertía sus desechos a la laguna con graves consecuencias para la laguna y el entorno. Todo ello en coordinación con el gobierno federal.

Actualmente, algunos tramos del colector general están fracturados y las aguas negras de casas y negocios nuevamente se están derramando al cuerpo lagunar, mezcladas con el agua de lluvia, ocasionando alteraciones de todo tipo.

Por otra parte, se registra, la circulación de lanchas de pescadores con motor fuera de borda y con redes, que están depredando la fauna lagunar y ocasionando daños a las especies que ahí habitan. Sin duda, estas actividades de pesca son ilegales y se realizan con artes que están diezmando a la fauna de la laguna.

Además, en diversos sectores de los márgenes del cuerpo lagunar, hay ocupaciones parciales por parte de particulares, aprovechando la ausencia de vigilancia o la falta de la aplicación de las leyes y reglamentos por parte de las autoridades competentes federales, estatales y municipales, en el ámbito que les corresponda. Es fundamental evitar estas ocupaciones que dañan los márgenes y potencialmente contaminan el agua de la laguna.

También hay sectores en que el terraplén de los márgenes está desapareciendo, poniendo en riesgo la integridad de banquetas, calles, drenajes, agua potable, electricidad y otros servicios que se prestan a los asentamientos humanos aledaños.

Por lo anteriormente señalado, es necesario establecer un programa integral ambiental, con atención especial a los derrames de aguas negras y grises; de protección a la flora y fauna; de restablecimiento del terraplén; de vigilancia permanente para evitar ocupaciones en los márgenes de la laguna; y de reforestación que contribuya al mantenimiento de esos márgenes lagunares. Ya hay zonas que están por llegar a un punto crítico.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, presento el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para que por conducto de los organismos descentralizados del Sector Ambiental Federal, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR, celebren a la brevedad los convenios y acuerdos de colaboración y coordinación necesarios con las autoridades estatales y del Municipio de Centro, Tabasco, para diseñar y operar un programa integral permanente para el cuidado y preservación de la Laguna de las Ilusiones para atender, entre otros, los siguientes objetivos prioritarios:

1. Convenir con el Estado y el Ayuntamiento de Centro un nuevo Plan Maestro que atienda integralmente la situación actual de la laguna.

2. Definir y establecer jurídicamente el área de la zona federal;

3. Supervisar y corregir las descargas irregulares al cuerpo lagunar;

4. Revisar el estado de la infraestructura para recolección de aguas negras, en especial los cárcamos, y para el manejo del agua pluvial, y corregirla en su caso;

5. Tomar las medidas necesarias para evitar la depredación de la fauna local, incluyendo las prácticas ilegales de pesca, así como promover acciones emergentes de reforestación.

Dado en el Pleno de la Cámara de Senadores, el 19 de noviembre de 2015.

Atentamente

Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal.

1 Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección ambiental del Gobierno del Estado de Tabasco.
http://sernapam.tabasco.gob.mx/content/trabaja-sernapam-en-la-recuperación-la-laguna-de-las-ilusiones

2.Ibidem.

3 Germán Hidalgo López, Biólogo de la SERNAPAM. http://tabascohoy.com/2/notas/?ID=144574

4 María Mercedes Castillo Uzcanga. Bióloga y catedrática del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).
http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/conservar-cuencas-medida-que-debe-aplicarse-en-tabasco,9fdf42565275c410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html





 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a realizar campañas permanentes de sensibilización entre la población que contribuyan a erradicar la discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo Primero que: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”, por lo tanto en el país todo acto orientado a restringir derechos, oportunidades o limitar a una persona, se encuentra fuera de la legalidad constitucional.

En este sentido, y a pesar de que se han logrado dar pasos importantes desde el ámbito legislativo e institucional, encaminados a incorporar a la legislación nacional la obligación de cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos, a fin de erradicar la discriminación y consolidar el derecho a la igualdad, existe mucho por hacer.

Desafortunadamente, y a pesar de contar con un marco legal, el cual se podría considerar incluso robusto, que otorga garantías a las personas, a fin de que puedan ejercer su derecho a la igualdad y no discriminación, contamos con una sociedad en la que aún permean conductas plenamente discriminatorias.

Un ejemplo de ello es la discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral, la cual no se ha logrado erradicar, a pesar de que se cuenta con una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, teniendo por objetivo:

Establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A pesar de ello, cada día cientos de mujeres son víctimas de discriminación, no sólo en el ámbito laboral, también en las escuelas, las familias o para el acceso a servicios públicos.

Como sustento a lo anterior, el informe “Discriminación Laboral hacia la Mujer en la Ciudad de México”, elaborado por el Consejo para Prevenir  la Discriminación de la Ciudad de México, señala que se “ha detectado en el ámbito laboral una grave conducta de discriminación por parte de empresas de todos tamaños y giros, en perjuicio de mujeres que, en edad reproductiva y con una vida laboral, al momento de ejercer su opción por la maternidad y tratar de hacerla compatible con su empleo, observan la dolorosa transformación de la relación con la fuente empleadora a niveles de hostigamiento y violencia para que renuncien al trabajo o, en casos extremos, al despido injustificado a partir de explicaciones o justificaciones carentes de todo sentido racional.” [*]

Por su parte la encuesta realizada por OCCMundial, señala que cinco de cada 10 mexicanos han sido víctimas de discriminación laboral, de los cuales un porcentaje importante son mujeres. En la búsqueda de trabajo es donde más se puede ser perjudicado de discriminación, seguida del desarrollo profesional dentro de la compañía, despido, promoción y aumento de sueldo, [*] señala dicha encuesta.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) se establece que 40.6% de la Población Económicamente Activa (PEA) son mujeres, es decir 17.5 millones, 12% de la cuales ocupan puestos gerenciales; 3%, directivos, y sólo 1%, la dirección general de una empresa, haciendo mención así que pese a ello, se está inmerso en un escenario de desigualdad de condiciones laborales, ya que según los encuestados atribuyen a los hombres en un porcentaje mayor al 50%, la posibilidad de tener más oportunidades de crecer en el trabajo a diferencia de las mujeres. [*]

Asimismo durante las últimas tres décadas, según datos del Censo General de Población de 1970 y las Encuestas Nacionales de Empleo de 1991 y 2002, México ha registrado un incremento sostenido en la tasa de participación de las mujeres en el empleo: en 1970, 17 de cada 100 mujeres desarrollaban actividades económicas, pero en la actualidad el número se ha incrementado a 35.[*]

Se observa que ha habido una disminución en la discriminación laboral; sin embargo, aún no es suficiente para erradicar estas acciones.

Posteriormente con datos de encuestas más actuales en este ámbito se captaron las situaciones de discriminación laboral enfrentadas por las mujeres en su lugar de trabajo, durante el último año, como las siguientes: a pesar de tener el mismo nivel y puesto que un hombre le pagaron menos a una mujer, teniendo así menos oportunidad para ascender o menos prestaciones; le bajaron el salario, la despidieron o no la contrataron debido a su situación conyugal; o en su lugar de trabajo le solicitaron la prueba de embarazo. En el nivel nacional, el porcentaje de mujeres ocupadas de 15 años y más, que señalaron haber tenido algún incidente como los descritos, ascendió a 20.6 por ciento.  [*]

Si bien es cierto, que en existen avances significativos para erradicar la discriminación laboral hacia las mujeres, en las áreas de oportunidad para la mujer en el ámbito empresarial y sociocultural, aún quedan algunas otras que continúan en las mismas condiciones de desigualdad laboral propiciando la práctica de la misma, ya que de acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se siguen presentando casos de este delito en el ámbito femenil. [*]  En este sentido, es necesario que cualquier nación tenga un constante avance en esta problemática, y para ello tiene que pasar por el desarrollo de las mujeres, haciendo referencia a la disminución de este acto perjudicial ya que de lo contrario no hay desarrollo.

Debido a lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado dela República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación refuercen y rediseñen campañas permanentes de sensibilización entre la población que contribuyan a erradicar la discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 19 de noviembre  de 2015.

[*]Informe “Discriminación Laboral hacia la Mujer en la Ciudad de México”, elaborado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México[en línea], Consultado el 12 de Octubre de 2015; disponible: http://copred.df.gob.mx/wp-content/uploads/2015/08/Informe-Discriminaci%C3%B3n-Laboral-hacia-la-Mujer-Despido-por-Embarazo.pdf
[*] Fernando Calderón “Discriminación laboral impera en México” CNN EXPANSIÓN [En línea]. Consultado el día 09 de octubre de 2015. Disponible en http://www.cnnexpansion.com/opinion/2013/07/24/la-discriminacion-laboral-en-mexico
[*]El Financiero “Persiste la discriminación laboral hacia la mujer” [En línea] Consultado el día 13 de octubre de 2015. Disponible en http://www.boletin-infomail.com/2008/03/persiste-la-dis.html
[*] INEGI-STPS, Encuesta Nacional de Empleo, 1991 y 2001 “Las mujeres y el trabajo” [En línea]. Consultado el día 13 de octubre de 2015. Disponible en http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100500.pdf
[*]INMUJERES“Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares” [En línea]. Consultado el día 13 de octubre de 2015. Disponible en http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/645-el-inegi-e-inmujeres-dan-a-conocer-los-resultados-de-la-endireh
[*] El Economista “México gana cuando avanza la equidad: Conapred” [En línea]. Consultado el día 13 de octubre de 2015. Disponible en http://eleconomista.com.mx/notas-online/politica/2009/09/29/mexico-gana-cuando-avanza-equidad-conapred





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a emitir una norma oficial que regule el uso de aceite de cocina usado en pienso animal. Se turna a la Comisión de Salud.







 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Economía y de Desarrollo Social y a los gobiernos de las entidades federativas a intensificar las acciones de apoyo a la producción y comercialización de juguetes artesanales nacionales. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

La temporada decembrina, constituye una etapa idónea para la comercialización y adquisición de los juguetes tradicionales mexicanos, en virtud de que con ello se abre la posibilidad de generar decenas de fuentes de empleos formales para muchos artesanos y sus familias.

El juguete popular nacional, es una producción cultural de nuestra identidad a través de los cuales es posible entender las tradiciones de los pueblos y regiones de México. Es importante mencionar que los juguetes al ser artesanales, son creaciones originales de gran calidad con potencial para el desarrollo cognitivo, físico y emocional.

De acuerdo con información oficial, México ocupa el tercer lugar mundial en producción de juguetes, sólo en el año 2014 exportó cerca de mil 700 millones de dólares en juguetes principalmente a mercados ubicados en Estados Unidos, Canadá y Centroamérica.

El mercado de Estados Unidos representa más de mil millones de dólares al año, lo cual ha aumentado significativamente durante esta administración, debido a los apoyos focalizados, programas destinados a artesanos y políticas de fomento a las pequeñas y medianas empresas, además de la cercanía, experiencia, logística y mano de obra calificada.

Es importante mencionar que el sector juguetero genera más de 30 mil empleos formales en el país y decenas de empleos indirectos. Sobre el particular, al menos existen 220 empresas productoras de juguetes, de las cuales 130 son micro, 70 medianas y 20 grandes. En este sentido, las entidades con mayor número de empresas de esta naturaleza son: Jalisco, Michoacán, DF, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca.

El valor anual de la industria asciende a 2 millones de dólares; 75% de sus ventas se desarrollan en las celebraciones de Navidad, Reyes Magos y Día del niño, de los cuales, 65% de los juguetes que se comercializan son de importación y sólo el 35% son de origen nacional.

De acuerdo con la  Entidad Mexicana de Acreditación, por lo menos 1 de cada 6 juguetes que se vendieron en la temporada pasada fue pirata.

Entre los juguetes más solicitados destacan los electrónicos, como coches y muñecas; también prefieren tabletas o smartphones para jugar, ver películas y chatear. Artículos que deben ser verificados que cumplan con las normas básicas mexicanas para evitar accidentes y no representen un peligro para los infantes.

Dicha situación no puede ser omitida por esta Soberanía Nacional, por el contrario, debe ser asumida como un desafío para fortalecer la producción, distribución y comercialización de juguetes artesanales nacionales.

Sabemos que hay incentivos y apoyos para los artesanos por parte del gobierno federal, a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanía (FONART), bajo el cual se han impulsado e implementado acciones sin precedentes para rescatar, preservar, promover y difundir el desarrollo de las artesanías procurando mayor ingreso a través de la compra directa.

Estamos convencidos que se puede impulsar todavía más la adquisición de productos nacionales, destacando que con estos hechos se incrementará y mejorará la calidad de vida de muchos artesanos y se podrá difundir su trabajo y el patrimonio cultural de México.

Entre la riqueza de las artesanías populares, el juguete tiene una riqueza en texturas, formas y materiales, se producen gran imaginación y creatividad por los artesanos y sus familias a través de maderas, arcilla, hojalata, cartón y palma.

Consideramos necesario que la Secretaría de Economía a través del Centro de Articulación Productiva y el Programa de Apoyo al Diseño artesanal, amplíen y diversifiquen la oferta de mercados nacionales e internacionales, y con ello logren posicionar productos como, la lotería, marionetas, baleros, matracas y trompos, entre otros.

En el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos de vital importancia que la Secretaría de Desarrollo Social fomente a través de sus tiendas FONART la promoción, comercialización y adquisición de juguetes artesanales nacionales.

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Desarrollo Social y al gobierno de las entidades federativas, para que en el marco de sus facultades intensifiquen las acciones de apoyo a la producción y comercialización de juguetes artesanales nacionales, y amplíen sus programas de difusión y campañas para la adquisición de estos productos.

Segundo.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal para que instrumente una campaña de publicidad que promueva la compra de juguetes artesanales de origen nacional.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 19 de noviembre de 2015.

Atentamente





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a garantizar la seguridad y el tránsito de los connacionales migrantes que regresan a nuestro país en la temporada vacacional de diciembre. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

La migración es un fenómeno complejo, permanente y dinámico que exige intervención pública y normativa puntual. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (IOM, por sus siglas en inglés), existen cerca de 214 millones de personas de migrantes internacionales, cifra que representa 3.1% de la población total mundial [*].

Dicho organismo estima que un millón de mexicanos documentados y no documentados migran hacia la Unión Americana cada año. A ello se suman los aproximadamente 400 mil mexicanos repatriados anualmente de aquel país, convirtiendo la frontera entre ambos países en una de las más transitadas y complejas del mundo.

Zacatecas es la entidad con el más alto índice de intensidad migratoria (4.422), seguida de Guanajuato y Michoacán, con índices de 3.891 y 3.868, respectivamente. Nayarit, figura en el cuarto lugar, con un índice de 3.370 [*].

La migración neta a Estados Unidos se situó en 1.5 por cada 1,000 habitantes en 2013, frente a 1.26 en 2012, si bien resulta menor que el 2.19 registrado durante los tres primeros trimestres del año anterior. En 2014, se estimó que 12 millones de mexicanos residían en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, cifra equivalente al 10% de la población total de nuestro país.

Durante los últimos años, se observa una tendencia a la baja en el número de mexicanos que vuelven de los Estados Unidos, el cual pasó de 1.85 por cada 1,000 habitantes en 2013 a 1.32 para los tres primeros trimestres del 2014. Por otro lado, las salidas totales de nuestro país se estimaron en 3.35 por cada 1,000 habitantes al cierre de 2013 y de 3.5 en los tres primeros trimestres del año pasado.

El total de los migrantes mexicanos que llegaron a la frontera norte ascendió a615 mil 100 en 2013, comparado con los 435 mil  600 registrados en 2012 y los 523 mil 300 en 2011 [*].

La edad promedio de la población que emigra es de 26 años, y de la que inmigra es de 28 años, de los cuales 49% son mujeres; en México, la proporción representa 24.5% y en América Latina se eleva a 50.1%.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hace 12 años, 17 de cada 100 mexicanos que emigraban al exterior regresaban, mientras que en 2010 lo hicieron 31. Durante el período comprendido entre 2006 y 2010, por cada 100 emigrantes internacionales, 75 señalaron al trabajo como el principal motivo de su desplazamiento; uno de cada 10 emigró para reunirse con su familia en el lugar de destino; y por cuestiones relacionadas al estudio, fueron a razón del 5% de los emigrantes.

Cabe destacar que año con año, durante las vacaciones decembrinas, más de 2 millones de migrantes mexicanos visitan a sus familias que radican en diferentes comunidades y municipios del país.

Es importante señalar que existe un importante número de caravanas del migrante, procedentes de distintos estados de la Unión Americana y que se dirigen a diferentes puntos de nuestro país.

Datos del Programa Paisano destacan que las zonas de mayor flujo son las ciudades fronterizas de Nuevo Laredo, Tijuana y Nogales, seguidas de otras como Ciudad Juárez, Piedras Negras, Reynosa y Matamoros. El destino final los paisanos en su mayoría son Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México y Puebla.

En este contexto, resulta indispensable el fortalecimiento de los esfuerzos interinstitucionales, así como de la coordinación con las entidades federativas, a fin de garantizar la seguridad integral de los migrantes, brindándoles un trato digno y su acceso a los servicios de salud y justicia.

Es pertinente que las entidades federativas, de acuerdo a sus respectivas atribuciones, refuercen las medidas necesarias para brindar a los migrantes mejores condiciones de seguridad, un trato digno, protección jurídica y atención médica, entre otras cuestiones.

El gobierno federal ha trabajado por el bienestar de todos los migrantes mexicanos, mediante la implementación de políticas, destacando el Programa Bienvenido a casa Paisano, el cual tiene como objetivo central asegurar un trato digno y apegado a la ley, para los mexicanos que ingresen, transiten o salen de nuestro territorio, a través de acciones concretas como informar y difundir el cumplimiento de obligaciones y derechos y proteger su integridad física y patrimonial.

En el marco del Operativo Invierno del Programa Paisano 2014, el Instituto Nacional de Migración en coordinación con los tres niveles de gobierno, solicitó a los connacionales seguir las indicaciones de las autoridades para no ser víctimas de robo, extorsión u otros lícitos cometidos por grupos delictivos.

A fin de garantizar la seguridad y el tránsito de nuestros connacionales que regresan a México en la temporada invernal, es fundamental fortalecer los programas que instrumentan el gobierno federal y las entidades federativas, así como las campañas de comunicación para que conozcan sus derechos y beneficios.

Por lo anteriormente expuesto, acudo a este Honorable Asamblea a proponer el Siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que a través de las dependencias correspondientes y en coordinación con las entidades federativas, garanticen la seguridad y el tránsito de los connacionales migrantes que regresan a nuestro país en la temporada vacacional de diciembre.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 19 de noviembre de 2015.

Atentamente.

[*]http://oim.org.mx/hechos-y-cifras-2
[*]El Índice absoluto de intensidad migratoria (IAIM) se define como el promedio del porcentaje de viviendas que recibieron remesas, de viviendas con emigrantes a Estados Unidos, de vivienda con migrantes circulares y de viviendas con migrantes de retorno. Originalmente tiene valores en una escala de intervalo, en un rango que abarca valores de negativos a positivos. Para apoyar la interpretación de los resultados se optó por reescalar el índice entre 0 y 100. El valor extremo 100 significaría que las cuatro condiciones definidas por los indicadores fueron universales en las viviendas, y el valor cero, por el contrario, que en ninguna de las viviendas se presentaron indicios de alguna de las cuatro modalidades consideradas.
[*]http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2015/mexico_migr_outlook-2015-29-en





 

Les informo también que los textos de la excitativa y de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.

EXCITATIVA

De los Senadores Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto, en relación con el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Propaganda Gubernamental, presentado el 13 de noviembre de 2012.

Quienes suscriben, Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto, legisladores integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido por el artículo 8, fracción III; 67, numeral 1 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Mexicanos y los artículos 8, fracción III, 214 y 216 del Reglamento del Senado de la República, solicita respetuosamente se formule excitativa a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Estudios Legislativos, para que se reúna y dictamine la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Propaganda Gubernamental, con base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Uno de los acuerdos que estableció el Congreso de la Unión durante los trabajos para la reforma del Estado de 2007 fue la emisión del decreto por el que se reformaron los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; se adicionó el artículo 134 y se derogó el tercer párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007. Se trata de la última modificación importante al sistema electoral mexicano, pero sus efectos trascienden ese ámbito en cuando menos dos aspectos sustanciales relacionados con el control sobre los poderes económicos y políticos: la constitucionalización del derecho de réplica y la regulación de la publicidad gubernamental, este último instrumento, la reforma adicionó los párrafos penúltimo y último al artículo 134, en los cuales expresamente se establece:

“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

“Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.”

Respectivamente en los artículos transitorios Tercero y Sexto del mismo Decreto se les impuso un plazo de treinta días al Congreso de la Unión -diciembre de 2007- y de un año a las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -noviembre de 2008- para adecuar sus respectivas legislaciones, compromisos que hasta la fecha no han cumplido.

II.- En marco del inicio de los trabajos de la LXII Legislatura, el 13 de noviembre de 2015, se presentó una iniciativa con aval del GPPRD para regular la propaganda gubernamental con el objeto de crear un marco jurídico reglamentario que dispondrá en forma estricta y pormenorizada las potestades y obligaciones de los servidores públicos en la materia y los derechos de los gobernados, los procedimientos para hacerlos efectivos y el régimen de sanciones a que habrá lugar en caso de transgresiones a la norma. En su momento fue turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Estudios Legislativos, sin que a la fecha se tenga un dictamen en la materia.

III.- En la última reforma política aprobada por el Congreso, en su Decreto 216 del 10 de febrero de 2014, se reconoció nuevamente la falta del Congreso en la materia, se adiciono en el artículo Tercero Transitorio del dictamen de reforma política, que establece que:

“El Congreso de la Unión deberá expedir, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución, la que establecerá las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos”.

La ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional en materia de propaganda gubernamental también deberá se expedida a mas tardar el 30 de abril de 2014, y se le exigen, además de los establecidos en el propio dispositivo constitucional, garantizar que el gasto de comunicación social de los entes gubernamentales sea eficaz, eficiente, transparente, económico y honrado, además de respetuoso de los presupuestos aprobado.

Este compromiso del Congreso de la Unión para 2014 para regular la comunicación del sector público, tampoco se ha cumplido.

IV.- El problema de la falta de regulación de la propaganda gubernamental es de tal magnitud que de acuerdo al informe “Libertad de expresión en venta. Acceso a la información y censura indirecta en publicidad oficial” da evidencia de que no solo a nivel federal sino también en los estados, la tendencia es el aumento del gasto para la difusión de información gubernamental y el uso discrecional de los recursos. Además de tratarse de propaganda, muchas veces enfocada en la imagen propia de nuestros gobernantes, los medios que reciben recursos difícilmente son críticos hacia sus patrocinadores. De esa manera las consecuencias para la libertad de expresión, de la censura indirecta, son graves.

El informe de Fundar demuestra que los gastos son millonarios, la falta de transparencia persiste y el diseño institucional y legal permite impunidad y prácticas contrarias a la libertad de expresión e información. Durante 2013, 27 entidades gastaron 5 mil 639 millones de pesos en publicidad oficial. Si se suman los gastos federales de ese año, se documenta un total de 13 mil 640 millones de pesos. Sólo a nivel federal, en sus dos primeros años de gobierno, el presidente Peña Nieto gastó más de 14 mil 663 millones. Nunca un presidente había gastado tal cantidad en sus primeros años.

Otro de los hallazgos relevantes es el sobre ejercicio del gasto, es decir, la tendencia a gastar más de lo aprobado por el poder legislativo. Tan sólo el gobierno federal para 2014 ha gastado 48% más de lo aprobado por la Cámara de Diputados.

Por lo antes expuesto, quienes suscriben la presente, solicitamos de la manera más atenta se dé trámite a la siguiente:

EXCITATIVA

UNICO. La Mesa Directiva del Senado de la República excita a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Estudios Legislativos, para que se reúna a la brevedad y emita el dictamen correspondiente a proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Propaganda Gubernamental, presentado el 13 de noviembre de 2012.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 19 de noviembre de 2015.

Suscriben

Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Zoé Robledo Aburto.





 

EFEMÉRIDES

De la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del grupo parlamentario del PRI, sobre el 26 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.

LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, con fundamento en los artículos 72, numeral 1 fracción XVI, 76 numeral 1 fracción XI y 87 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía la siguiente Efeméride:

“26° Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño”
20 de noviembre de 2015

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), tiene como características principales ser el primer instrumento vinculante a nivel internacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como el tratado internacional más ratificado de la historia.

La CDN fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, entrando en vigor el 2 de septiembre de 1990 para los países firmantes, contando con 54 artículos que constituyen el conjunto general de todos los derechos de la niñez y adolescencia en los diversos ámbitos, destacando los civiles, económicos, sociales y culturales.

Entre sus aportaciones más destacadas, la CDN establece que el principio del interés superior de la niñez debe ser una consideración primordial en todas las medidas que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos.

De igual manera, establece 3 principios adicionales que deben regir la implementación de todos los derechos que defiende:

• La no discriminación
• El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo
• El respeto de la opinión del niño.

En ese sentido, basados en la Convención en México hemos realizado diversos esfuerzos.

En el año 2000, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, documento con el que apreció en el marco jurídico nacional por primera vez el principio del interés superior de la niñez.

Posteriormente, el 12 de octubre de 2011 se materializaron reformas a los párrafos sexto y séptimo del artículo 4° y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las aportaciones de estas reformas, radican en primer término en establecer el “principio del interés superior de la niñez” en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4°, para plasmar expresamente en la Norma Fundamental que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se garantizarán de manera plena sus derechos.

Asimismo, facultó al Congreso de la Unión a expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia.
Finalmente, producto de esta reforma y de la voluntad de la actual administración, el 1° de septiembre de 2014 el Ejecutivo Federal presentó la Iniciativa “preferente” que derivó en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Con este ordenamiento jurídico, a nivel nacional, se dio paso a un cambio de paradigma en todo el país, pasando de un enfoque asistencialista a uno garantista de derechos, dotando de facultades y señalando obligaciones a los tres órdenes de gobierno.

Todo este proceso, sin duda alguna tiene como origen la Convención, por lo que reconociendo el trabajo de la Organización de las Naciones Unidas a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, sirva este marco de la conmemoración del 26 Aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, para insistir que como Estado continuemos fortaleciendo las acciones y mecanismos necesarios, con la finalidad de cumplir cabalmente y potenciar los alcances de este importantísimo tratado internacional.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 19 de noviembre de 2015.

Cordialmente

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.





 

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre el aniversario de la Revolución Mexicana.

“Muchos de ellos, por complacer a tiranos, por un puñado de monedas, o por cohecho o soborno están traicionando y derramando la sangre de sus hermanos.”
Emiliano Zapata

La Revolución Mexicana es el movimiento armado iniciado en 1910 para terminar la dictadura de Porfirio Díaz y que culminó oficialmente con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, siendo ésta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos. Al inicio del mandato de Porfirio Díaz se dieron sublevaciones de gente perteneciente al antiguo régimen liberal y que aunadas a una serie de acontecimientos políticos, económicos y sociales fueron punto clave para el surgimiento del movimiento de la Revolución Mexicana, pudiendo concretizar entonces su origen, como el resultado de las siguientes causas: Políticas: Un régimen envejecido ante la ausencia de integración o formación de nuevos dirigentes y el empuje natural de las nuevas generaciones. Sociales: La mala administración de la justicia, la riqueza acumulada en poder de solo unos cuantos, y la extrema pobreza de la mayoría de la gente. Las condiciones infrahumanas de los campesinos quienes aparte de carecer de tierras sufrían el maltrato de los capataces, imperando en todo momento las condiciones de servidumbre. De igual forma, las condiciones de los obreros en las fábricas ante extensas jornadas de trabajo que iban de las 14 a las 16 horas diarias a cambio de un salario miserable e injusto. La adopción de la cultura francesa sobre la cultura nacionalista, pero sobre todo la incapacidad del general Porfirio Díaz para comprender las necesidades de justicia social y de participación política.

El Congreso declaró triunfantes a Porfirio Díaz y Ramón Corral, como Presidente y Vicepresidente, quienes ocuparían los cargos en el periodo 1910-1914. Francisco I. Madero se fuga hacia San Antonio, Texas, y se dispone a iniciar la lucha armada. El 5 de octubre de 1910 proclamó el Plan de San Luis, el cual señala en su artículo 7: “……. “El 20 de Noviembre, desde las seis de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente nos gobiernan”. Este, se considera, sería el inicio formal de la Revolución Mexicana, sin embargo, no fue así. Al enterarse el gobierno porfirista que Aquiles Serdán encabezaba uno de los centros más peligrosos de anti reeleccionistas en Puebla, y que en su casa se encontraban algunos individuos con armas, la policía hizo un cateo el día 18, pero cuando los gendarmes llegaron comenzó el tiroteo, éste se prolongó por mucho tiempo, necesitándose la intervención del ejército para sitiar la casa y ocuparla, resistiendo toda la familia Serdán con ahínco y convicción. 8 Cuando el parque se agotó los Serdán se rindieron, escondiéndose Aquiles en una especie de sótano donde apenas cabía un hombre. Allí permaneció hasta el día siguiente, cuando al toser, en la madrugada del 19, fue descubierto y asesinado por el soldado que hacía la guardia, el cual le hizo dos disparos en la cabeza. Puede considerarse que la Revolución Mexicana dio inicio en Puebla, con la represión sufrida por la familia Serdán. En el transcurso de las siguientes semanas surgen guerrilleros por todo el país Emiliano Zapata, Ambrosio y Rómulo Figueroa, y Manuel Asúnsulo en Morelos. Salvador Escalante y Ramón Romero en Michoacán y Jalisco. Gabriel Hernández en Hidalgo, Pascual Orozco y Francisco Villa en Chihuahua entre otros.

A otro aniversario más de nuestra revolución mexicana, seguimos presentando tantas circunstancias que llevaron a nuestro país a levantarse en armas, lo anterior se desprende del gran compromiso que tenemos hacia la sociedad por dar estabilidad en el gobierno, buenas condiciones de vida y por supuesto garantizar la justicia.

Dado en el salón de sesiones de al Cámara de Senadores, el 19 de noviembre de 2015.

Atentamente

Sen. Sonia Rocha Acosta.





 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, sobre el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

EFEMÉRIDE
“ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA”

Recordar el inicio de la Revolución Mexicana, debe ser motivo de reflexión y análisis, en momentos en que nuestra Patria vive días aciagos debido al rezago en el que se encuentra la mayoría de la sociedad.

Este movimiento se originó tomando como bandera la lucha del pueblo para obtener mayores derechos y oportunidades ante la gran la miseria y pobreza que creó el régimen de Porfirio Díaz.

El México de 1910, el que acudió a la convocatoria de derrocar a un régimen injusto, era un país subdesarrollado y prácticamente analfabeto, un país carente de infraestructura, un país cuyo territorio y riquezas se concentraban en unas cuantas familias.

La gesta revolucionaria de 1910 tuvo como consigna la tierra y la libertad, y sin embargo, hoy la demanda del pueblo sigue siendo la tierra, por los empleos bien pagados, por educación, por vivienda, por salud, por más democracia, en México la desigualdad no ha desaparecido.

Por lo tanto, es necesario encontrar los caminos adecuados que permitan enfrentar una nueva revolución, una revolución ideológica, sin armas, pero una revolución que deberá cumplir con las necesidades del país.

Es cuanto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 19 de noviembre de 2015.





 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el aniversario de la Revolución Mexicana.

H. ASAMBLEA:

"Para servir a la Patria nunca sobra el que llega ni hace falta el que se va".
Venustiano Carranza.

Este año conmemoramos el 105 Aniversario de la Revolución Mexicana. Un periodo de transiciones para el país, que sentó las bases de las instituciones y la democracia para como hoy las conocemos.

Y es que la Revolución Mexicana dejó muchas marcas importantes para los mexicanos, relacionadas directamente con la libertad y diametrales cambios políticos e históricos en la nación.

De inicio, se le relaciona con el movimiento que tuvo como consecuencia la actual Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos: La de 1917.

Una Constitución que a la fecha, pese a sus trascendentales reformas, puede decirse que conserva la esencia de las principales corrientes del pensamiento que le dieron forma durante la Revolución Mexicana, por lo siguiente:

La Revolución Mexicana es considerada uno de los movimientos políticos, económicos y sociales más importantes ocurridos en América entre 1910 y 1920. Fue el ideal de jóvenes y no tan jóvenes para desplazar la dictadura Porfiriana, pero además, es muy importante destacar que alojó el sueño de la clase obrera para contar con una legislación que les ofreciera un mínimo de protección contra el abuso de los poderosos.

Luego, acogió el ideal de los campesinos que querían tierras, la insistencia social del laicismo en la educación y un catálogo de derechos humanos mínimos a garantizarse por parte del Estado.

Aspectos que definitivamente conserva, incluso que se han perfeccionado en la Carta Magna a través de estos años. Al grado, que se asegura que si la Revolución Mexicana hubiera logrado en su tiempo una ideología más definida, pudiera haberse considerado tan trascendente como la Revolución Francesa o Rusa, pues sirvió de pauta para la liberación de muchos pueblos que en el resto del Continente se encontraban en similar estado.

Sin duda, una etapa de la vida de México que perdurará en nuestra memoria por muchas generaciones, como también el nombre de sus caudillos; a la fecha, emblemáticos personajes sin los cuales no podríamos evocar los episodios más conocidos de uno de los acontecimientos armados y transformadores de nuestra patria.

Por ello, una fecha importante, no para ensalzar el uso de las armas, pero sí para entender la etapa actual de nuestra nación, para recordar y reflexionar sobre la importancia de nuestras instituciones, de nuestra democracia, las diferentes formas del pensamiento que pueden suscitarse en torno a tan importante evento y su evolución a nuestra fecha, pero sobre todo, la importancia de la libertad en todas sus acepciones.

Mis más sinceras felicitaciones a todos nosotros los mexicanos en el marco del 105 aniversario de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre.

Muchas gracias.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 19 de noviembre de 2015.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el aniversario de la Revolución Mexicana.

EFEMÉRIDE

ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
20 DE NOVIEMBRE

La Revolución Mexicana es el movimiento armado iniciado en 1910 para terminar la dictadura de Porfirio Díaz y que culminó oficialmente con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

Desde 1876 el general oaxaqueño Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial. La situación se prolongó por 34 años, durante los cuales México experimentó un notable crecimiento económico y estabilidad política. Estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales, que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional, que reflejaban el creciente descontento de algunos sectores con el Porfiriato.

Bajo el mando de Francisco I. Madero, en los diferentes puntos de la República se levantaron las armas al grito de “Sufragio efectivo, no reelección”. La nación demandaba, además de estos derechos civiles y políticos, los principios democráticos y sociales esenciales como: igualdad, justicia, equidad y libertad.

La Revolución Mexicana sentó así las bases para la construcción de una nación socialmente democrática.

A las seis de la tarde del domingo 20 de noviembre de 1910, acatando lo dispuesto por Francisco I. Madero en el Plan de San Luis, algunos grupos empuñaron sus armas en contra del régimen de Porfirio Díaz.

De manera aislada, en las semanas subsiguientes fueron apareciendo levantamientos cada vez más numerosos y cada vez más contundentes. Madero pudo ver que su convocatoria surtía efecto y que, poco a poco, el pueblo comenzaba a caminar por el sendero de la democracia y de la justicia.

H. Cámara de Senadores, el 19 de noviembre de 2015.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

De la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional del Aire Puro”.







 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Universal del Niño”.

EFEMÉRIDE

DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO
20 DE NOVIEMBRE

En 1954 la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó que todos los países instituyeran el Día Universal del Niño, fecha que se dedicaría a la fraternidad y a la comprensión entre los niños del mundo entero y se destinaría a actividades propias para promover el bienestar de los niños del mundo. La Asamblea sugirió a los gobiernos que celebraran el Día en la fecha que cada uno de ellos estimara conveniente. El día 20 de noviembre marca la fecha en que la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989.

El objetivo del Día Universal del Niño es recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y por tanto que más sufre las crisis y los problemas del mundo.

Este día mundial recuerda que todos los niños tienen derecho a la salud, la educación y la protección, independientemente del lugar del mundo en el que haya nacido.

Dedicar un día internacional a la infancia también sirve para hacer un llamamiento mundial sobre las necesidades de los más pequeños y para reconocer la labor de las personas que cada día trabajan para que los niños y niñas tengan un futuro mejor.

La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que todos los menores de edad deben tener una protección especial y que no pueden ser tratados como adultos. Los derechos de la infancia se basan en cuatro principios fundamentales; la no discriminación: todos los niños tienen los mismos derechos, ningún niño debe recibir un trato injusto bajo ningún concepto. El interés superior del niño: cuando los adultos tomen decisiones tienen que pensar en cómo pueden afectar a los niños. El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo: todos los niños y niñas tienen derecho a vivir, a desarrollarse y a alcanzar su máximo potencial en la vida. La participación: los menores de edad tienen derecho a ser consultados sobre las situaciones que les afecten y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta.

H. Cámara de Senadores, el 19 de noviembre de 2015.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional del Músico”.

H. ASAMBLEA:

"La arquitectura es una música de piedras; y la música, una arquitectura de sonidos".
Beethoven.

La música es una de las expresiones más fabulosas del ser humano. Es capaz de transmitir inmediatamente diferentes sensaciones que tal vez, de otras formas no sería posible, cuando menos, no en la dimensión que la música lo hace.

Y es que su objetivo es suscitar una experiencia agradable en el oyente, así como expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. Se trata de un estímulo que incide en  el campo perceptivo del individuo; así, se dice que su sonido puede cumplir variadas funciones, ya sean de entretenimiento, comunicación, ambientación, entre otros.

Además, escuchar música puede ayudar a aumentar las defensas naturales, disminuir los niveles de estrés y relajar; pues los expertos aseguran que la música es representada en múltiples áreas del cerebro generando diversas interconexiones a nivel neuronal y repercutiendo en el incremento de la energía y en el estado anímico.

Esto, porque la música permite canalizar esos sentimientos y hacer que la persona aliviane sus penas o haga crecer su alegría dependiendo del caso.

Es además un símbolo cultural al reflejar las diferentes ideas, sanaciones y pensamientos individuales y colectivos de las personas, al revelar hasta sus preocupaciones y profundos sentimientos.

Por ello, insustituible la labor de quienes utilizan este medio de expresión único, que permite trascender barreras culturales apelando a algo esencial, la sensibilidad y la facultad de sentir emoción: Los músicos.

El Día del Músico es celebrado y festejado el 22 de noviembre de cada año, día en que se conmemora la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos.

Esta fecha, es propicia para rendir especial homenaje a cuantos han dedicado su vida a la creación y la ejecución musical, regalándole al público, a través de los diversos géneros; melodías, ritmos y sonoridades que elevan el espíritu y contribuyen a la plenitud de la existencia.

Por ello, compañeros legisladores, hagamos este 22 de noviembre un merecido reconocimiento a todas aquellas personas que con sus melodías nos alejan del estrés diario, nos levantan el ánimo, y son capaces de llevarnos a un mundo de tranquilidad y emociones con el solo hecho de escuchar.

Mis más sinceras felicitaciones y reconocimiento a los músicos en su día, el 22 de noviembre.

¡Muchas felicidades!

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 19 de noviembre de 2015.

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Sen. Jesús Casillas Romero.





 

Del grupo parlamentario del PRI, sobre el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

EFEMÉRIDE

Del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del 105 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

En la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, conmemoramos con orgullo el centésimo quinto aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, movimiento que inició el 20 de noviembre de 1910 y sentó las bases del México contemporáneo.

La Revolución Mexicana es un movimiento armado que terminó con la dictadura de Porfirio Díaz y que culminó con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

El México de principios del siglo XX, se caracterizó por los constantes abusos de poder, injusta distribución de riquezas y tierra, explotación de los trabajadores, ausencia y rechazo hacia la democracia y estancamiento cultural y político del país, situación que gradualmente dejó de ser tolerada por la sociedad mexicana.

De esta manera, bajo los principios de sufragio efectivo y no reelección; la reforma agraria; los bienes propiedad de la nación; el indigenismo; las instituciones; la justicia social; y el establecimiento de la educación y la salud para todos los mexicanos, se comenzó a gestar la Revolución Mexicana, la cual comenzó por convocatoria del Plan de San Luis proclamado por Francisco I. Madero el 5 de octubre de aquel año. 

La Revolución Mexicana no sólo representa una serie de acontecimientos en los que un pueblo se organizó para levantarse en armas, sino que también implicó un cambio de paradigma ideológico que nos permitió transitar hacia un Estado social de derecho en beneficio de los sectores sociales más vulnerables, así lo demuestra la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos de 1917, primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos.

A 105 años de tan importante acontecimiento, recordamos a quienes hicieron posible su consumación, destacando el jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, célebre personaje con notable compromiso, prudencia y solemnidad, quien se convirtió en un defensor incansable de la dignidad y la soberanía nacional. Hombre de leyes, principios e instituciones que tuvo la capacidad de recoger y plasmar en nuestra Constitución las principales demandas de la Revolución Mexicana.

Para dimensionar la trascendencia de este importante político, estratega y militar, basta mencionar que la Constitución de 1917 consagró la protección de los derechos laborales y educativos de la población, así como los inherentes a la propiedad de la tierra.

De la misma manera, recordamos a los Generales Francisco Villa y Emiliano Zapata, revolucionarios de gran valor e inquebrantables convicciones que siempre predicaron la justicia social donde prevalecía el abuso; a quienes hicieron de la lucha armada un instrumento de servicio y una vía para acceder a un país sin opresión.

Pero sobre todo, recordamos que los ideales de la Revolución Mexicana nos constriñen en la obligación de luchar por construir un mejor país. En consecuencia, los legisladores del PRI, hacemos el llamado a que dictemos leyes a favor de la ciudadanía y luchemos contra las injusticias.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 19 de noviembre de 2015.





 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, sobre el aniversario de la Revolución Mexicana.







 

Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI, con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana.







 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente que tendrá lugar el próximo martes 24 de noviembre a las 11:00 horas, en la que se recibirá la comparecencia de los candidatos a Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su exposición sobre la idoneidad de su candidatura.

(Se levantó la sesión a las 18:51 horas)

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