Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 23 de mayo de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 24

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 05 de Noviembre de 2015

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

APERTURA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (11:37 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 78 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Se abre la sesión del jueves 5 de noviembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños para su consulta, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y cuatro minutos del día miércoles cuatro de noviembre de dos mil quince, encontrándose presentes ochenta y dos ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

 

El Presidente de la Mesa Directiva concedió el uso de la palabra al Senador Óscar Román Rosas González, para referirse a su proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, a crear el programa emergente de Empleo Campeche, dentro del Ramo 20, asignándole recursos suficientes para su operación.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del veintiocho de octubre de dos mil quince.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Raúl Cervantes Andrade, oficio por el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 5 de noviembre de 2015.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Juventud y Deporte, su informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Turismo, su informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, su informe de Desempeño de Labores Legislativas, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron de la Comisión de Salud, su informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura y su Plan de Trabajo 2015-2018.- Quedaron de enterado.

 

Se recibieron de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, los informes de sus participaciones en: la XIX Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europa-México, celebrada en Estrasburgo, Francia, del 6 al 10 de julio de 2015 y la Visita de Estado del Presidente de la República a Francia, del 14 al 16 de julio de 2015.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, el informe de su participación en el Quinto Foro de Asociados del Fondo Mundial, celebrado en Buenos Aires, Argentina, los días 2 al 4 de septiembre de 2015.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el informe final de la Evaluación de Procesos del Programa Presupuestario G003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad aplicable y fortalecimiento de la certeza jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.- Se remitió copia a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Desarrollo Social.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2015. Adicionalmente, incluye la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de septiembre de 2015; asimismo, informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; y adjunta la información por la cual se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, su informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa al  cierre de 2014.- Se remitió a la Comisión de Vivienda.

 

Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Recomendación General No. 22, sobre las Prácticas de Aislamiento en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana.- Se remitió a las Comisiones de Seguridad Pública, de Derechos Humanos y del Distrito Federal.

 

Se recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica, su tercer informe trimestral 2015, correspondiente al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2015.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un acuerdo de la Mesa Directiva, para normar la presentación del informe de la Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica.- Sin discusión fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, acuerdo por el que propone a la Cámara de Senadores celebrar una sesión solemne de Congreso General para recibir al Papa Francisco durante la visita oficial que realizará a México.- Quedó en poder de la Mesa Directiva.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

La Senadora Hilda Flores Escalera, a nombre propio y de las Senadoras Lilia Merodio Reza,   Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora,   Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4° de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Octavio Pedroza Gaitán, a nombre propio y de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 21, 73, 76 y 123, Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Federalismo; de Gobernación; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 166 Bis 3, 166 Bis 15 y se adiciona el artículo 166 Bis 13 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 6º y 66 de la Ley General de Salud, en materia de acoso y violencia escolar.- Quedó de primera lectura.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea los siguientes dictámenes en sentido negativo:

1) De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.

2) De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 109 bis de la Ley General de Salud.

3) De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Los tres dictámenes en sentido negativo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, los que contienen puntos de Acuerdo:

1) Por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe trimestralmente al Senado de la República sobre los trabajos y actividades de los representantes de México que han presidido, encabezado, coordinado o integrado comisiones, consejos, comités, grupos de trabajo, asambleas, reuniones y/o conferencias de alto nivel, mecanismos ad hoc, o cualquier otro órgano dependiente y/o de carácter subsidiario de organismos internacionales y mecanismos multilaterales en el curso de la presente administración federal.- El dictamen fue rechazado por la Asamblea en votación económica.

2) Por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que remita un informe sobre los objetivos, naturaleza, alcances, modalidades y desarrollo de las actividades, número y estatus de elementos militares y civiles mexicanos en las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz en las que se haya desplegado o se tenga previsto desplegar personal militar.- El dictamen fue rechazado por la Asamblea en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta a informar sobre los costos y recursos destinados para apoyar la implementación de las modificaciones propuestas a la NOM-033-ZOO-1995, Sacrifico Humanitario de los Animales domésticos y silvestres, en caso de ser aprobada, en lo relativo a animales de compañía.

2) Relativo a la emergencia fitosanitaria derivada de la plaga de la roya naranja.

3) Que exhorta a informar sobre las acciones implementadas para atender las necesidades de los productores agrícolas afectados por las lluvias registradas en los primeros meses del año en municipios de los estados de Michoacán, Guanajuato y Colima.

4) Que exhorta a llevar a cabo las previsiones económicas en los programas destinados a atender a los productores agropecuarios que se vean afectados por fenómenos meteorológicos adversos, como la sequía.

5) Que exhorta a difundir los apoyos que incentivan la inversión en infraestructura para promover la comercialización de los productos agropecuarios, así como la organización de los productores en las entidades federativas.

6) Que exhorta a realizar lo conducente en términos presupuestales para levantar una nueva actualización del censo nacional agrícola, ganadero y forestal, así como del censo ejidal, que sirva como línea base en el marco de la reforma al campo mexicano.

En la discusión intervinieron los Senadores: Manuel Cota Jiménez del PRI, para presentar los seis dictámenes; Zoé Robledo Aburto del PRD; Armando Ríos Piter del PRD y  Martha Palafox Gutiérrez del PT. El Presidente de la Mesa Directiva informó que los Senadores Juana Leticia Herrera Ale, Braulio Fernández Aguirre, David Monreal Ávila y Salvador López Brito, entregaron los textos de sus intervenciones respecto de diversos dictámenes, los cuales se insertarán en el Diario de los Debates. Los seis dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la Comisión de Asuntos Migratorios, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a emprender las medidas necesarias para frenar los abusos y violaciones a los derechos humanos de los migrantes en territorio nacional.

2) Que exhorta al Comisionado del Instituto Nacional de Migración a informar sobre los hechos ocurridos el pasado 7 de marzo en la Estación Migratoria de Morelia.

3) Que exhorta al gobernador del estado de   Puebla a informar de los hechos ocurridos el 17 de marzo del año en curso, donde un joven hondureño perdió la vida y otro fue trasladado a un hospital en Tehuacán, Puebla; asimismo, a informar de las acciones para brindar seguridad a los migrantes que viajan en el tren conocido como “La Bestia”.

4) Que exhorta a informar las razones que motivaron la disolución de la Coordinación para la Atención de la Migración en la Frontera Sur.

5) Que exhorta al congreso del estado de Tlaxcala a llevar a cabo el proceso legislativo correspondiente y aprobar la nueva Ley de Atención y Protección a los Sujetos Migrantes y sus Familias para el Estado.

6) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a realizar un diagnóstico para identificar rutas de acción que llevaran a un fortalecimiento institucional en aspectos normativos, administrativos, financieros y del ejercicio del presupuesto.

Sin discusión los seis dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a expedir los reglamentos de la Ley General de Cambio Climático y a seguir trabajando para la creación de un marco legal consolidado.

2) En torno a la reforestación y tala ilegal en el estado de Guerrero.

Sin discusión, los dos dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la Comisión de Educación, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Salud a diseñar e implementar una campaña de comunicación educativa encaminada a fomentar la prevención, atención y combate de la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria en niñas, niños y adolescentes.

2) Por el que se solicita al Consejo Nacional de Fomento Educativo un informe sobre las acciones que han sido emprendidas para garantizar el derecho a la educación de niñas y niños que viven en zonas con altos índices de marginación o rezago sociales.

3) Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a establecer en los tiempos oficiales del Estado, un espacio para la implementación de campañas educativas de información y difusión encauzadas a promover que niñas, niños y adolescentes hagan uso responsable de las redes sociales.

4) Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a promover la coordinación de acciones entre las dependencias de la administración  pública federal, a fin de que se promueva efectivamente la educación en materia de cambio climático.

5) Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar una revisión integral sobre los objetivos y metas alcanzados en el aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua, producto de la implementación del Programa Nacional de Inglés en la Educación Básica.

6) Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a evaluar la pertinencia de modificar el Acuerdo 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, a fin de fortalecer los programas de orientación vocacional en la educación media superior.

Sin discusión, los seis dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar y ampliar las campañas de información, prevención y atención de enfermedades gastrointestinales y dermatológicas. Asimismo, se informe sobre el número de casos de este tipo de enfermedades que se han presentado a causa de la temporada de calor en nuestro país.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

La Presidencia dio paso a la exposición del Informe de la Comisión Federal de Competencia Económica, con base en el Acuerdo de la Mesa Directiva para normar su presentación por parte de la Presidenta.- La Maestra Alejandra Palacios Prieto, presidenta comisionada, hizo la presentación del informe. Las preguntas de los grupos parlamentarios estuvieron a cargo de los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Jorge Aréchiga Ávila del PVEM; Dolores Padierna Luna del PRD; Héctor Larios Córdova del PAN; Javier Lozano Alarcón del PAN; Víctor Hermosillo y Celada del PAN; Blanca Alcalá Ruíz del PRI y Ricardo Urzúa Rivera del PRI. Con la presentación del informe se dio cumplimiento a lo que dispone el artículo 49 de la Ley Federal de Competencia Económica. El Informe presentado por la Presidenta Comisionada se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo que modifica el Convenio sobre Transporte Aéreo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, suscrito en la Ciudad de México el nueve de agosto de mil novecientos noventa y uno, formalizado en la ciudad de La Habana, Cuba, mediante Notas intercambiadas el veintiséis de septiembre y el ocho de octubre de dos mil trece.- Para presentar el dictamen intervinieron las Senadoras: Mariana Gómez del Campo Gurza, por la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; Gabriela Cuevas Barrón, por la Comisión de Relaciones Exteriores. En la discusión hicieron uso de la palabra los Senadores: Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI y Raúl Morón Orozco del PRD. El proyecto de Decreto fue aprobado por 82 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley General de Población.- Sin discusión, fue aprobado, en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto, por 85 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, con punto de Acuerdo por el que se confiere la Medalla de Honor Belisario Domínguez correspondiente a 2015, al Señor Alberto Bailléres González.- La Asamblea autorizó su incorporación en el Orden del Día de la Sesión. Para presentar el dictamen intervino el Senador Roberto Albores Gleason, presidente de la comisión. En la discusión hicieron uso de la palabra los Senadores: Layda Sansores San Román del PT, en contra; Sonia Mendoza Díaz del PAN, a favor; Zoé Robledo Aburto del PRD, para razonar voto; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, a favor; Mario Delgado Carrillo del PRD, en contra; Francisco Yunes Zorrilla del PRI, a favor; Víctor Hermosillo y Celada del PAN, a favor; Manuel Bartlett Díaz del PT, en contra; Gerardo Flores Ramírez del PVEM, a favor; David Penchyna Grub del PRI, a favor; y Javier Corral Jurado del PAN, en contra. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el Senador Isidro Pedraza Chávez entregó el texto de su intervención, el cual se integrará al Diario de los Debates. El Acuerdo fue aprobado por 71 votos a favor y 13 en contra. En consecuencia, se confiere la Medalla de Honor Belisario    Domínguez, correspondiente al año 2015, al ciudadano Alberto Bailléres González, el Senado de la República realizará sesión solemne para imponer la Medalla Belisario Domínguez. El Pleno de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, acudirá a participarle la determinación de esta Asamblea, de entregarle dicho galardón. Comuníquese.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva para normar el desarrollo de la sesión solemne en la que se impondrá la Medalla Belisario Domínguez correspondiente a 2015.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la integración de comisiones ordinarias.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

La Presidencia informó que en la reunión de Mesa Directiva, de esta mañana, se autorizó el retiro del proyecto de Decreto con el que se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, que presentara el 27 de octubre pasado el Senador Omar Fayad Meneses.

(Iniciativa)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la iniciativa del Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 192-D, 224 y 282 de la Ley Federal de Derechos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores Lucero Saldaña Pérez, Blanca Alcalá Ruiz, Ricardo Urzúa Rivera y Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla a investigar a fondo y llegar a las últimas consecuencias en el caso del linchamiento y privación de la vida de dos personas en el municipio de Ajalpan, ocurrida el 19 de octubre de 2015.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la   Secretaría de Salud del estado de Nayarit a intensificar los servicios de salud para atender los casos de dengue y chikungunya en la entidad; y a destinar los recursos necesarios para fortalecer las acciones y operativos de sanidad al respecto.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar y elaborar un informe sobre los posibles actos de corrupción que pudieran existir en el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, al titular del Instituto Mexicano de la Juventud y al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emprender acciones para prevenir y erradicar la discriminación y criminalización contra las y los jóvenes con identidades culturales diferentes.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a actualizar los libros de texto gratuito que se otorgan en el Sistema Educativo de Telesecundarias.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a fin de respetar la preferencia de otorgar concesiones y permisos a los habitantes de las comunidades locales.- Se turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a diseñar e implementar campañas de sensibilización ambiental sobre el uso responsable del uso de bolsas de plástico.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias a fin de garantizar los recursos que propuso la Procuraduría General de la República para la operación efectiva de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale, Blanca Alcalá Ruiz, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Martha Elena García Gómez, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a dar inicio al programa integral de prevención y control de cáncer en México, asignando una partida presupuestal específica dentro del Ramo 12 del sector salud.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias al Ramo 11 de Educación Pública, a fin de garantizar mayores recursos al programa E032 denominado “Políticas de Igualdad de Género en el Sector Educativo”.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar más recursos para fortalecer el programa de desarrollo humano “Prospera”, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a tomar las medidas necesarias para resolver el problema de robo de combustible.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De los Senadores Hilaria Domínguez Arvizu, Humberto Mayans Canabal, Jorge Aréchiga Ávila, Anabel Acosta Islas, Itzel Ríos de la Mora y Manuel Cota Jiménez, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 una partida presupuestal por 500 millones de pesos para que se asignen al Fideicomiso de Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que, en el marco del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se le asigne un presupuesto superior a los 491 millones pesos a la Universidad Autónoma de Nayarit.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a establecer una partida presupuestaria dentro del ramo de protección civil, dirigida al equipamiento, capacitación y desarrollo de las corporaciones de bomberos en todo el territorio nacional.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, en el monto destinado para la unidad responsable Comisión Nacional Forestal, del Ramo 16 medio ambiente y recursos naturales, a efecto de que incremente en una tasa equivalente al 41.2% respecto al monto asignado en el mismo ramo del Presupuesto de egresos para el Ejercicio 2015.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar fondos para la creación de un bosque urbano entre los municipios de Frontera y Monclova, en el estado de Coahuila.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos suficientes para la reconstrucción, mantenimiento y equipamiento de la carretera San Juan de Sabinas-Múzquiz en el estado de Coahuila de Zaragoza.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos económicos para ser destinados al Fondo para el Cambio Climático.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores Eviel Pérez Magaña, Sonia Rocha Acosta, Isidro Pedraza Chávez, Luisa María Calderón Hinojosa y René Juárez Cisneros, integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, el proyecto denominado “Primer Encuentro Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas: Voces de Colores para la Madre Tierra”.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República respalda los proyectos de ajuste presupuestal, para apoyar a los municipios afectados por el huracán Patricia y los estragos causados.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Excitativas)

El Senador Fernando Herrera Ávila, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió solicitud de excitativa, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones constitucionales, en materia de inmunidad de servidores públicos, recibido el 12 de marzo de 2013.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Francisco García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió excitativas en relación con 11 proyectos de Decreto de diversos autores y de diferentes fechas de presentación.- La Presidencia emitió excitativas a las comisiones correspondientes.

(Efemérides)

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre la conmemoración del Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de las Ciudades.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el 202 aniversario de la Promulgación del Acta Solemne de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional por el Primer Congreso de Anáhuac, sancionada en el Palacio de Chilpancingo en 1813.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Psoriasis.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con cincuenta y cuatro minutos y citó a la siguiente el próximo jueves cinco de octubre a las once horas.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria.

Proceda con el siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Del Senador Francisco Salvador López Brito, con la que remite su informe de trabajo legislativo, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.







 

Dos, de la Comisión de Educación, con la que remite su informe de actividades correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura, y su programa anual de trabajo para el primer año de ejercicio de esta LXIII Legislatura.







 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el informe de su participación en los trabajos de la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano, que se celebró en Buenos Aires, Argentina, los días 8 y 9 de octubre del año en curso.







 

Y de la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, con la que remite el informe de la participación del Senador Roberto Armando Albores Gleason, en la XXIV Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento Latinoamericano, celebrada en la ciudad de México el pasado 26 de septiembre de 2015.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que informa que el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional a partir del viernes 13 de noviembre por la noche y hasta el jueves 19 de noviembre de 2015, para participar en la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20, en Antalya, Turquía; realizar una Visita de Estado a la República de Filipinas y asistir a la XXIII Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en Manila, Filipinas.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.





 

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, para presentar a nombre propio y de las Senadoras María Cristiana Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Iztel Sarahí Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley General de Protección Civil y la Ley de Aguas Nacionales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y LA LEY DE AGUAS NACIONALES

(Presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, a nombre propio y de las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, señor Presidente.

Pongo a su consideración una iniciativa con proyecto de Decreto a la Ley General de Protección Civil y a la Ley de Aguas Nacionales.

Los fenómenos naturales que hemos vivido en últimas fechas nos deben de llamar mucho la atención, entendemos que el Atlas de Riesgo, manejado por la Secretaría de Gobernación, ha tenido modificaciones muy interesantes y que ahora el Atlas de Riesgo ha bajado también a los estados y a los municipios; sin embargo, hay que llamar la atención en fenómenos naturales que en últimas fechas han devastado, han erosionado playas y que no hay manera de cómo atenderse, porque no tenemos ni una legislación adecuada ni el Atlas de Riesgo lo establece.

Me quiero referir especialmente al tema de mar de fondo o fondo de mar, como se le ha llamado, que es un fenómeno que ha devastado muchas de las playas, muchos de los litorales, me quiero referir específicamente al estado de Sinaloa, aunque no es el único estado que ha tenido este problema.

El mar ha ganado terreno, ha ganado playa de manera impresionante, producto de este fenómeno, y lo interesante aquí es también ver fenómenos como el oleaje que ha crecido de manera muy importante, se ha llegado a decir de posibles tsunamis que pudiéramos tener en las costas del Pacífico.

Por eso esta iniciativa pretende, en principio, poder hablar con precisión de estos fenómenos naturales, y también hablar de lo referente a la Ley de Aguas Nacionales.

Hoy esta iniciativa que presento es una reforma a la fracción XXII del artículo 19, y también se está proponiendo se adicione un cuarto párrafo el artículo 20, y se reforme el artículo 82, y se adicione un párrafo segundo al artículo 87 a la Ley General de Protección Civil.

Y rápidamente daré lectura a esta propuesta, es lo referente a los desastres hídricos y fenómenos hidrológicos, como inundaciones, sequías, tsunamis y mar de fondo; la Coordinación Nacional y la Comisión Nacional de Agua, en el ámbito de sus competencias, trabajarán de forma conjunta a fin de crear y promover políticas públicas en materia de prevención y atención de desastres, así como para la oportuna detección de zonas de riesgo que deben ser registradas en los Atlas de Riesgo nacional, estatal y municipal.
En eso oscila la reforma a la Ley General de Protección Civil, pero también estamos proponiendo una reforma a la Ley de Aguas Nacionales en el artículo 9, y que tiene que ver con coadyuvar con la Coordinación Nacional de Protección Civil para realizar las declaratorias de clasificación de zonas de alto riesgo y elaborar los Atlas de Riesgo conducentes en lo referente a los desastres naturales a los que he hecho mención.

Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Las suscritas, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, ITZEL RÍOS DE LA MORA Y ANABEL ACOSTA ISLAS, Senadoras de la República de la LXII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo establecido en los artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXII del artículo 19; se adiciona un cuarto párrafo al artículo 20; se reforma el artículo 82; y se adiciona un párrafo segundo al artículo 87, todos de la Ley General de Protección Civil y se reforma la fracción XLIII del Artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, en materia de Atlas de Riesgo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En las últimas décadas, los fenómenos y desastres naturales en México han ocasionado pérdidas humanas y severos daños materiales. Por lo que fue necesario crear un marco jurídico que regulara la protección civil en nuestro país; esto con el fin de establecer estrategias y programas, enfocados a prevenir y reducir los efectos de estos desastres; así como la gestión y atención eficaz en situaciones de emergencia.

Es por eso, que con la intención de establecer una adecuada estrategia de prevención, se creó el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), que busca fundamentalmente, conocer los peligros y amenazas a que estamos expuestos; estudiar y conocer los fenómenos buscando saber dónde, cuándo y cómo nos afectan. Identificar y establecer a nivel nacional, estatal, municipal y comunitario, las características y los niveles actuales de riesgo, entendido el riesgo como el producto del peligro (agente perturbador) por la exposición (sistema afectable) y por la vulnerabilidad (propensión a ser afectado). Por último, y basado en los pasos anteriores, diseñar acciones y programas para mitigar y reducir estos riesgos antes de la ocurrencia de los fenómenos, a través del reforzamiento y adecuación de la infraestructura y preparando a la población para que sepa qué hacer antes, durante y después de una contingencia.1

Para poder llevar a cabo dicha estrategia, es necesario contar con una relación de los peligros y riesgos de desastres en territorio nacional, por lo que se estableció la integración de un Atlas Nacional de Riesgos y los respectivos Atlas Estales y Municipales de Riesgos en las entidades, que permitieran reunir la información necesaria, derivada de una previa investigación y análisis, con el objetivo de detectar oportunamente las zonas de riesgo, permitiendo con esto, adoptar las acciones necesarias que permitan prevenir o mitigar los efectos de estas fuerzas de la naturaleza.

A pesar de ello en la actualidad de los 31 entidades Federativas y el Distrito Federal, solamente 14 cuentan con su Atlas Estatales de Riesgo, mismo que podemos ubicar en el portal de CENAPRED,2 de los cuales solo 3 se encuentran debidamente actualizados, lo que significa que la población que habita en las 18 entidades restantes, a falta de información oportuna se encuentra aún en inminente riesgo. Por lo que resulta necesario establecer en el marco jurídico el tiempo mínimo con el que deberán mantenerse actualizada la información del Atlas Nacional de Riesgos y los respectivos Atlas Estatales y Municipales.

Adicionalmente, aunque las entidades federativas han hecho esfuerzos en la integración de información sobre los peligros y vulnerabilidades existentes en su territorio, por medio del desarrollo de sus atlas de riesgo, éstos no se encuentran consultables ni homogenizados en una plataforma común, tampoco consideran el componente de cambio climático, lo que dificulta su consulta por parte de los tomadores de decisiones y la población en general.3

El Atlas Nacional de Riesgos no cuenta con una plataforma tecnológica de vanguardia, de acuerdo con las necesidades del país. Por su parte, los estados carecen de personal especializado y suficiente que contribuya a la mejora continua de la plataforma tecnológica sobre la que opera el Atlas, que promueva nuevas estrategias de utilización y aporte nuevos esquemas del uso de la innovación tecnológica enfocada a la mejora del SINAPROC.

En relación a esto, la estrategia 5.2 del Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018, tiene como meta, mantener actualizado el Atlas Nacional de Riesgos, supervisando el desarrollo y actualización de los Atlas Estatales, Municipales y Delegacionales.

Derivado de lo anterior es que resulta necesario reformar el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil, para otorgar atribuciones al Sistema Nacional de Protección Civil, con la finalidad de que esta pueda requerir la información necesaria tanto a las entidades federativas, como a los municipios y delegaciones estableciendo el tiempo máximo en el que deba mantenerse actualizada la información de los Atlas.

En este orden de ideas encontramos que dentro de los desastres y fenómenos    naturales que se presentan en el país, es importante destacar que los fenómenos hidrológicos son los que se manifiestan con más frecuencia y  provocan daños en mayor grado.

Al respecto el informe sobre el impacto socioeconómico de los desastres en México, que realizo el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), estima que el total de daños y pérdidas producidos solamente por fenómenos hidrológicos ocurridos durante 2012 fue de 15,265.9 millones de pesos (1,157.4 millones de dólares), cifra que representó el 88.2% del impacto económico provocado por desastres. Si se toma el monto estimado de afectaciones en millones de dólares, 2012 se convirtió en el séptimo año más costoso para el país.4

Bajo este contexto es que debemos reconocer que el CENAPRED ha establecido vínculos sumamente valiosos con la comunidad científica, mismos que han contribuido aportando datos sólidos sobre peligros naturales al Atlas Nacional, particularmente terremotos, inundaciones y tormentas tropicales; sin embargo.

Por lo que a fin de fortalecer la oportuna detección de zonas de riesgos, así como la creación y promoción de políticas públicas en lo referente a prevención o atención de desastres hídricos y fenómenos hidrológicos como inundaciones, sequías, tsunamis y mar de fondo; se propone incluir tanto en el artículo 20 de la Ley General de Protección Civil que establece la interinstitucionalidad para el mejor funcionamiento de las funciones del CENAPRED, así como en el artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, que enuncia las atribuciones de la Comisión Nacional del agua, la participación conjunta de ambas entidades, para que dentro de sus competencias, trabajen de forma coordinada, a fin de que, este órgano superior de carácter técnico, normativo y consultivo en materia gestión integrada de los recursos hídricos, contribuya con el valioso andamiaje de profesionales y científicos que laboran ahí.

En relación al mar de fondo, el día 13 de mayo del presente año, presente un punto de acuerdo por el que se solicita al Centro Nacional para la Prevención de Desastres la inclusión del fenómeno “mar de fondo” en el Atlas Nacional de Riesgos, con el objetivo de difundir medidas preventivas de los riesgos que constituye y los daños que puede ocasionar a las costas mexicanas.5

Esto en virtud, de que en las costas del pacífico mexicano desde hace algunos años se ha presentado constantemente el fenómeno de “mar de fondo”, por ejemplo la costa oaxaqueña ha sufrido los embates de este, en junio de 2006 el alto oleaje ocasionó cuantiosas pérdidas materiales a restauranteros y en mayo de 2010, el mar de fondo ocasionó olaje de hasta 9 metros de altura.

El mes de mayo 2015, el alto oleaje en Guerrero dejo tres muertos y daños en 701 viviendas, 459 enramadas, 178 restaurantes, 106 locales comerciales, 6 hoteles, 3 condominios y 289 cooperativas.6 En Colima, de acuerdo con el director el director de Protección Civil de Tecomán, se registraron daños en alrededor de 80 enramadas, 49 pescadores y una persona muerta.7 Mientras que en Oaxaca las se reportaron daños en 95 establecimientos de la playa Zicatela y la bahía principal de Puerto Escondido afectando a unos 553 empleados de dichos negocios.8

Finalmente en Sinaloa los reportes del fenómeno de “mar de fondo” revelan que este ha causado afectaciones en el mobiliario y algunos negocios tuvieron que cerrar, pues el agua llegó a adentrarse casi hasta la cocina, a pesar de contar con un creciente número de turistas y una ocupación hotelera por encima del 70 por ciento, fue imposible ofertar servicios como los kayaks, el parachute, y los recorridos por el faro y las tres islas en Mazatlán,9 referente a las playas Las Glorias el reventadero de las olas prácticamente ha alcanzado hasta el bulevar Tiburón, por lo que se mantiene la alerta roja en el balneario.

Cierto es que en materia de Protección Civil, lo idóneo es la prevención, sin embargo, es innegable que existen diversas comunidades que por falta de oportuna información, se encuentran localizadas en Zonas de Alto Riesgo, ejemplo de esto son las comunidades de diversas entidades que habitan en el litoral del Océano Pacifico, quienes como se comentó anteriormente se vieron severamente afectadas por el fenómeno de ¨Mar de Fondo¨. Así mismo, las alertas de tsunami emitidas el pasado jueves 17 de septiembre, a raíz del terremoto de 8.3 que aconteció en Chile, generaron pánico e incertidumbre entre la población costera, por lo que se estima prudente, incluir este tipo de fenómenos hidrológicos en la Ley, con el fin de emitir las acciones necesarias para su oportuna atención y prevención.

Oportunamente la Ley de Protección Civil en su artículo 87, establece la realización de obras de infraestructura que sean necesarias para mitigar el riesgo al que se encuentran expuestos aquellos asentamientos humanos que habitan en Zonas de Alto Riesgo, sin embargo consideramos necesario, adicionar un párrafo, para señalar que dichas obras puedan  ser gestadas y solicitadas por las autoridades locales, pues resulta evidente que son estas últimas, quienes se encuentran en contacto directo con las zonas que podrían considerarse afectadas.

Por los argumentos debidamente fundados y motivados con anterioridad, someto ante el Pleno de esta H. Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción XXII del artículo 19; se adiciona un cuarto párrafo al artículo 20; se reforma el artículo 82; y se adiciona un párrafo segundo al artículo 87, todos de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 19.   (…)

I.- XXI. (…)

XXII. Supervisar y en su caso exhortar, a través del CENAPRED, que se realice y se mantenga actualizado el atlas nacional de riesgos, así como los correspondientes a las entidades federativas, municipios y delegaciones;

El Atlas se integra con la información a nivel nacional, estatal, del Distrito Federal, municipal y delegacional. Consta de bases de datos, sistemas de información geográfica y herramientas para el análisis y la simulación de escenarios, así como la estimación de pérdidas por desastres. Por la naturaleza dinámica del riesgo, deberá mantenerse como un instrumento de actualización permanente; siendo necesario actualizar el Atlas Nacional de Riesgos y los respectivos Atlas Estatales y Municipales de Riesgos, por lo menos cada tres años.

(…)

XXIII.- XXX. (…)

Artículo 20. (…)

(…)

(…)

En lo referente a los desastres hídricos y fenómenos hidrológicos, como inundaciones, sequías, tsunamis y mar de fondo, la Coordinación Nacional y la Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus competencias, trabajaran de forma conjunta, a fin de crear y promover políticas públicas en materia de prevención y atención de desastres; así como para la oportuna detección de zonas de riesgos que deban ser registradas en los Atlas de Riesgo Nacional, Estatal y Municipal.

(…)

Artículo 82. El Gobierno Federal, con la participación de las entidades federativas y el gobierno del Distrito Federal, deberán buscar concentrar la información climatológica, geológica, meteorológica, hidrológica y astronómica de que se disponga a nivel nacional.
Artículo 87. (…)

Dichas obras podrán ser a solicitud de las autoridades enunciadas en el artículo 85 de la presente ley, en el ámbito de sus respectivas competencias.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción XLIII del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 9. (…)

(…)

(…)

a.- b. (…)

(…)

(…)

I. – XLII. (…)

XLIII. Coadyuvar con la Coordinación Nacional de Protección Civil para realizar las declaratorias de clasificación de zonas de alto riesgo y elaborar los atlas de riesgos conducentes, en lo conducente a los desastres hídricos y fenómenos hidrológicos, como inundaciones, sequías, tsunamis y mar de fondo.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las acciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente Decreto, deberán cubrirse  en función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de ingresos de la Federación y sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2015.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Hilda Esthela  Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.

CUADRO COMPARATIVO
LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 19. La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la secretaría por conducto de la Coordinación Nacional, la cual tiene las atribuciones siguientes en materia de protección civil:

I. Garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional a través de la supervisión y la coordinación de acciones de protección civil que realicen los diversos órdenes de gobierno, mediante la adecuada gestión integral de los riesgos, incorporando la participación activa y comprometida de la sociedad, tanto en lo individual como en lo colectivo;

II. Verificar los avances en el

III. Proponer políticas y estrategias para el desarrollo de programas internos, especiales y regionales de protección civil;

IV. Promover y apoyar la creación de las instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de carácter técnico operativo, de servicios y logística que permitan prevenir y atender la eventualidad de un riesgo o peligro que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad;

V. Investigar, estudiar y evaluar riesgos, peligros y vulnerabilidades, integrando y ampliando los conocimientos de tales acontecimientos en coordinación con las dependencias responsables;

VI. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los resultados de los trabajos que realice, así como toda aquella información pública que tienda a la generación, desarrollo y consolidación de una cultura nacional en la materia, con las reservas que correspondan en materia de transparencia y de seguridad nacional;

VII. Asesorar y apoyar a los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el análisis y selección del modelo requerido para la transferencia de riesgos a que se refiere el artículo 18 de esta Ley;

VIII. Asesorar y apoyar a los gobiernos de las entidades federativas en el análisis y selección del modelo requerido para la transferencia de riesgos a que se refiere el artículo 19 de esta Ley, para lo cual podrá solicitar recursos de los instrumentos financieros;

IX. Instrumentar y en su caso, operar redes de detección, monitoreo, pronóstico y sistemas de alertamiento, en coordinación con las dependencias responsables e incorporando los esfuerzos de otras redes de monitoreo públicas o privadas;

X. Suscribir convenios en materia de protección civil y gestión de riesgos en el ámbito nacional e internacional, en coordinación con las autoridades competentes en la materia;

XI. Emitir y publicar las declaratorias de emergencia y de desastre natural;

XII. Promover la constitución de fondos de las entidades federativas para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural;

XIII. Suscribir convenios de colaboración administrativa con las entidades federativas en materia de prevención y atención de emergencias y desastres;

XIV. Asesorar a las entidades federativas, al gobierno del Distrito Federal y dependencias federales en la aplicación de los instrumentos financieros de gestión de riesgos;

XV. Emitir las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Protección Civil;
XVI. Gestionar ante las autoridades correspondientes, la incorporación y ampliación de contenidos de protección civil con un enfoque de Gestión Integral de Riesgos en el Sistema Educativo Nacional en todos los niveles, desde educación preescolar, primaria y secundaria, hasta los niveles superiores;
XVII. Fomentar en la población una cultura de protección civil que le brinde herramientas que en un momento dado le permitan salvaguardar su vida, sus posesiones y su entorno frente a los riesgos derivados de fenómenos naturales y humanos. Para esta tarea, debe considerarse el apoyo de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que cuenten con una certificación de competencia y que esté capacitada para esta actividad;

XVIII. Promover, conjuntamente con las personas morales, la constitución de mecanismos tendientes a la obtención de recursos que sirvan para fomentar una cultura de protección civil y, en su caso, para coadyuvar en la gestión de los riesgos;

XIX. Promover el establecimiento de programas básicos de seguridad por regiones y entidades federativas, para hacer frente a agentes perturbadores recurrentes o imprevistos;

XX. Promover entre las instancias competentes de los distintos órdenes de gobierno, la generación de información relativa a la protección civil, que por su oportunidad, calidad y cantidad fortalezca los procesos de toma de decisiones;

XXI. Promover la instrumentación de un Subsistema de Información de Riesgos, Peligros y Vulnerabilidades que permita mantener informada oportunamente a la población;

XXII. Supervisar, a través del CENAPRED, que se realice y se mantenga actualizado el atlas nacional de riesgos, así como los correspondientes a las entidades federativas, municipios y delegaciones;

El Atlas se integra con la información a nivel nacional, estatal, del Distrito Federal, municipal y delegacional. Consta de bases de datos, sistemas de información geográfica y herramientas para el análisis y la simulación de escenarios, así como la estimación de pérdidas por desastres. Por la naturaleza dinámica del riesgo, deberá mantenerse como un instrumento de actualización permanente.

Los atlas de riesgo constituyen el marco de referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de la Gestión Integral del Riesgo;

XXIII. Coordinar el apoyo y asesoría a las dependencias y entidades de la administración pública federal, a los demás Poderes de la Unión y a los órganos constitucionales autónomos en la prevención de desastres y, con base en la suscripción de convenios, a los gobiernos de las entidades federativas, municipios o delegaciones, así como a las instituciones de carácter social y privado;

XXIV. Promover y apoyar la capacitación de los profesionales, especialistas y técnicos mexicanos en materia de protección civil;

XXV. Promover entre los gobiernos de las entidades federativas, municipios y delegaciones la creación y construcción de infraestructura y la distribución de equipamiento de protección civil, tendientes a fortalecer las herramientas de gestión del riesgo;

XXVI. Gestionar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y las autoridades de otros países, la recepción y envío de apoyos internacionales;

XXVII. Intercambiar con otros países y con organismos internacionales, conocimientos, experiencias y cooperación técnica y científica para fortalecer la protección civil mediante la incorporación de los avances en la materia, con la participación que corresponda a la Secretaría de Relaciones Exteriores;

XXVIII. Promover que los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios o delegaciones, según corresponda, elaboren y mantengan actualizados sus respectivos programas de protección civil y formen parte de sus planes de desarrollo;

XXIX. Proponer, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los modelos de contratación de seguros e instrumentos financieros de gestión de riesgos, que garanticen a la Federación las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, y

XXX. Las demás que señalen los ordenamientos aplicables o que le atribuyan el Presidente o el Consejo Nacional dentro de la esfera de sus facultades.

Artículo 19.   (…)

 

 

I.- XXI. (…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXII. Supervisar y en su caso exhortar, a través del CENAPRED, que se realice y se mantenga actualizado el atlas nacional de riesgos, así como los correspondientes a las entidades federativas, municipios y delegaciones;

El Atlas se integra con la información a nivel nacional, estatal, del Distrito Federal, municipal y delegacional. Consta de bases de datos, sistemas de información geográfica y herramientas para el análisis y la simulación de escenarios, así como la estimación de pérdidas por desastres. Por la naturaleza dinámica del riesgo, deberá mantenerse como un instrumento de actualización permanente; siendo necesario actualizar el Atlas Nacional de Riesgos y los respectivos Atlas Estatales y Municipales de Riesgos, por lo menos cada tres años.

(…)

 

XXIII.- XXX. (…)

 

 

 

Artículo 20. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Coordinación Nacional podrá integrar Comités Interinstitucionales para los diferentes agentes perturbadores, quienes apoyarán a las autoridades en el diagnóstico y toma de decisión en la gestión del riesgo, a fin de reducir al máximo los posibles daños que pudiesen generar. Dichos Comités Interinstitucionales, serán técnicamente apoyados por los Comités Científicos Asesores u otras instancias técnicas conforme el Manual de Organización del Sistema Nacional.

En el caso de los Fenómenos Astronómicos, la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Agencia Espacial Mexicana, trabajarán conjuntamente y en el marco de sus atribuciones, a fin de crear y promover las políticas públicas en materia de prevención o atención de desastres ocasionados por objetos que provengan del espacio exterior.

Asimismo, el Sistema Nacional de Protección Civil coadyuvará a realizar las acciones necesarias de protección civil, de forma coordinada y eficaz, entre el Gobierno Federal, las entidades federativas, el Gobierno del Distrito Federal, los municipios, las delegaciones, los sectores privado y social, así como la población en general, ante el peligro o riesgo específico derivado de un agente perturbador espacial.

Artículo 20. (…)

(…)

(…)

En lo referente a los desastres hídricos y fenómenos hidrológicos, como inundaciones, sequías, tsunamis y mar de fondo, la Coordinación Nacional y la Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus competencias, trabajaran de forma conjunta, a fin de crear y promover políticas públicas en materia de prevención  y atención de desastres; así como para la oportuna detección de zonas de riesgos que deban ser registradas en los Atlas de Riesgo Nacional, Estatal y Municipal.

 

 

Artículo 82. El Gobierno Federal, con la participación de las entidades federativas y el gobierno del Distrito Federal, deberán buscar concentrar la información climatológica, geológica, meteorológica y astronómica de que se disponga a nivel nacional.

Artículo 82. El Gobierno Federal, con la participación de las entidades federativas y el gobierno del Distrito Federal, deberán buscar concentrar la información climatológica, geológica, meteorológica, hidrológica y astronómica de que se disponga a nivel nacional.

Artículo 87.En el caso de asentamientos humanos ya establecidos en Zonas de Alto Riesgo, las autoridades competentes con base en estudios de riesgos específicos, determinará la realización de las obras de infraestructura que sean necesarias para mitigar el riesgo a que están expuestas o, de ser el caso, deberán formular un plan a fin de determinar cuáles de ellos deben ser reubicados, proponiendo mecanismos financieros que permitan esta acción.

Artículo 87. (…)

Dichas obras podrán ser a solicitud de las autoridades enunciadas en el artículo 85 de la presente ley, en el ámbito de sus respectivas competencias.

CUADRO COMPARATIVO
LEY DE AGUAS NACIONALES

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

ARTÍCULO 9. "La Comisión" es un órgano administrativo desconcentrado de "la Secretaría", que se regula conforme a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de su Reglamento Interior.

"La Comisión" tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia hídrica y constituirse como el Órgano Superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico.

En el ejercicio de sus atribuciones, "la Comisión" se organizará en dos modalidades:

a. El Nivel Nacional, y

b. El Nivel Regional Hidrológico - Administrativo, a través de sus Organismos de Cuenca.

Las atribuciones, funciones y actividades específicas en materia operativa, ejecutiva, administrativa y jurídica, relativas al ámbito Federal en materia de aguas nacionales y su gestión, se realizarán a través de los Organismos de Cuenca, con las salvedades asentadas en la presente Ley.

Son atribuciones de "la Comisión" en su Nivel Nacional, las siguientes:

I. Fungir como la Autoridad en materia de la cantidad y de la calidad de las aguas y su gestión en el territorio nacional y ejercer en consecuencia aquellas atribuciones que conforme a la presente Ley corresponden a la autoridad en materia hídrica, dentro del ámbito de la competencia federal, con apego a la descentralización del sector agua, excepto las que debe ejercer directamente el Ejecutivo Federal o "la Secretaría" y las que estén bajo la responsabilidad de los Gobiernos de los estados, del Distrito Federal o municipios;

II. Formular la política hídrica nacional y proponerla al Titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de "la Secretaría", así como dar seguimiento y evaluar de manera periódica el cumplimiento de dicha política;

III. Integrar, formular y proponer al Titular del Poder Ejecutivo Federal, el Programa Nacional Hídrico, actualizarlo y vigilar su cumplimiento;

IV. Elaborar programas especiales de carácter interregional e intercuencas en materia de aguas nacionales;

V. Proponer los criterios y lineamientos que permitan dar unidad y congruencia a las acciones del Gobierno Federal en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes, y asegurar y vigilar la coherencia entre los respectivos programas y la asignación de recursos para su ejecución;

VI. Emitir disposiciones de carácter general en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes;

VII. Atender los asuntos y proyectos estratégicos y de seguridad nacional en materia hídrica;

VIII. Formular y aplicar lineamientos técnicos y administrativos para jerarquizar inversiones en obras públicas federales de infraestructura hídrica y contribuir cuando le sea solicitado por estados, Distrito Federal y municipios, con lineamientos para la jerarquización de sus inversiones en la materia;

IX. Programar, estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras hidráulicas federales directamente o a través de contratos o concesiones con terceros, y realizar acciones que correspondan al ámbito federal para el aprovechamiento integral del agua, su regulación y control y la preservación de su cantidad y calidad, en los casos que correspondan o afecten a dos o más regiones hidrológico - administrativas, o que repercutan en tratados y acuerdos internacionales en cuencas transfronterizas, o cuando así lo disponga el Ejecutivo Federal, así como en los demás casos que establezca esta Ley o sus reglamentos, que queden reservados para la actuación directa de "la Comisión" en su nivel nacional;

X. Apoyar, concesionar, contratar, convenir y normar las obras de infraestructura hídrica que se realicen con recursos totales o parciales de la federación o con su aval o garantía, en coordinación con otras dependencias y entidades federales, con el gobierno del Distrito Federal, con gobiernos de los estados que correspondan y, por medio de éstos, con los gobiernos de los municipios beneficiados con dichas obras, en los casos establecidos en la fracción anterior;

XI. Operar, conservar y mantener obras y servicios hidráulicos rurales y urbanos cuando el Titular del Ejecutivo Federal así lo disponga en casos de seguridad nacional o de carácter estratégico de conformidad con las Leyes en la materia;

XII. Participar en la concertación de créditos y otros mecanismos financieros, incluso sobre la participación de terceros en el financiamiento de obras y servicios, que apoyen la construcción y el desarrollo de las obras y servicios federales hidráulicos; igualmente podrá fomentar y apoyar gestiones de crédito y otros mecanismos financieros en favor de estados, Distrito Federal y municipios conforme a sus atribuciones y a solicitud de parte;

XIII. Fomentar y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, saneamiento, recirculación y reúso en el territorio nacional, para lo cual se coordinará en lo conducente con los Gobiernos de los estados, y a través de éstos, con los municipios. Esto no afectará las disposiciones, facultades y responsabilidades municipales y estatales, en la coordinación y prestación de los servicios referidos;

XIV. Fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado; los de saneamiento, tratamiento y reúso de aguas; los de riego o drenaje y los de control de avenidas y protección contra inundaciones en los casos previstos en la fracción IX del presente Artículo; contratar, concesionar o descentralizar la prestación de los servicios que sean de su competencia o que así convenga con los Gobiernos Estatales y, por conducto de éstos, con los Municipales, o con terceros;

XV. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo Federal el establecimiento de Distritos de Riego y en su caso, la expropiación de los bienes inmuebles correspondientes;

XVI. Regular los servicios de riego en distritos y unidades de riego en el territorio nacional, e integrar, con el concurso de sus Organismos de Cuenca, los censos de infraestructura, los volúmenes entregados y aprovechados, así como los padrones de usuarios, el estado que guarda la infraestructura y los servicios. Esto no afectará los procesos de descentralización y desconcentración de atribuciones y actividades del ámbito federal, ni las disposiciones, facultades y responsabilidades estatales y municipales, así como de asociaciones, sociedades y otras organizaciones de usuarios de riego, en la coordinación y prestación de los servicios referidos;

XVII. Administrar y custodiar las aguas nacionales y los bienes nacionales a que se refiere el Artículo 113 de esta Ley, y preservar y controlar la calidad de las mismas, en el ámbito nacional;

XVIII. Establecer las prioridades nacionales en lo concerniente a la administración y gestión de las aguas nacionales y de los bienes nacionales inherentes a que se refiere la presente Ley;

XIX. Acreditar, promover, y apoyar la organización y participación de los usuarios en el ámbito nacional, y apoyarse en lo conducente en los gobiernos estatales, para realizar lo propio en los ámbitos estatal y municipal, para mejorar la gestión del agua, y fomentar su participación amplia, informada y con capacidad de tomar decisiones y asumir compromisos, en términos de Ley;

XX. Expedir títulos de concesión, asignación o permiso de descarga a que se refiere la presente Ley y sus reglamentos, reconocer derechos y llevar el Registro Público de Derechos de Agua;

XXI. Conciliar y, en su caso, fungir a petición de los usuarios, como árbitro en la prevención, mitigación y solución de conflictos relacionados con el agua y su gestión, en los términos de los reglamentos de esta Ley;

XXII. Analizar y resolver con el concurso de las partes que correspondan, los problemas y conflictos derivados de la explotación, uso, aprovechamiento o conservación de las aguas nacionales entre los usos y usuarios, en los casos establecidos en la fracción IX del presente Artículo;

XXIII. Celebrar convenios con entidades o instituciones extranjeras y organismos afines para la asistencia y cooperación técnica, intercambio de información relacionada con el cumplimiento de sus objetivos y funciones, e intercambio y capacitación de recursos humanos especializados, bajo los principios de reciprocidad y beneficios comunes, en el marco de los convenios y acuerdos que suscriban la Secretaría de Relaciones Exteriores, y "la Secretaría", en su caso, con otros países con el propósito de fomentar la cooperación técnica, científica y administrativa en materia de recursos hídricos y su gestión integrada;

XXIV. Concertar con los interesados, en el ámbito nacional, las medidas que correspondan, con apego a esta Ley y sus reglamentos, así como las demás disposiciones aplicables, cuando la adopción de acciones necesarias pudieren afectar los derechos de concesionarios y asignatarios de aguas nacionales;

XXV. Celebrar convenios de coordinación con la Federación, el Distrito Federal, estados, y a través de éstos, con los municipios y sus respectivas administraciones públicas, así como de concertación con el sector social y privado, y favorecer, en el ámbito de su competencia, en forma sistemática y con medidas específicas, la descentralización de la gestión de los recursos hídricos en términos de Ley;

XXVI. Promover en el ámbito nacional el uso eficiente del agua y su conservación en todas las fases del ciclo hidrológico, e impulsar el desarrollo de una cultura del agua que considere a este elemento como recurso vital, escaso y de alto valor económico, social y ambiental, y que contribuya a lograr la gestión integrada de los recursos hídricos;

XVII. Realizar periódicamente en el ámbito nacional los estudios sobre la valoración económica y financiera del agua por fuente de suministro, localidad y tipo de uso, conforme a las disposiciones que dicte la Autoridad en la materia;

XXVIII. Estudiar, con el concurso de los Consejos de Cuenca y Organismos de Cuenca, los montos recomendables para el cobro de derechos de agua y tarifas de cuenca, incluyendo el cobro por extracción de aguas nacionales, descarga de aguas residuales y servicios ambientales vinculados con el agua y su gestión, para ponerlos a consideración de las Autoridades correspondientes en términos de Ley;

XXIX. Ejercer las atribuciones fiscales en materia de administración, determinación, liquidación, cobro, recaudación y fiscalización de las contribuciones y aprovechamientos que se le destinen o en los casos que señalen las leyes respectivas, conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación;

XXX. Promover y propiciar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, la formación de recursos humanos, así como difundir conocimientos en materia de gestión de los recursos hídricos, con el propósito de fortalecer sus acciones y mejorar la calidad de sus servicios, para lo cual se coordinará en lo conducente con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua;

XL. Proponer a la “Secretaría" las Normas Oficiales Mexicanas en materia hídrica;

XLI. Emitir disposiciones sobre la expedición de títulos de concesión, asignación o permiso de descarga, así como de permisos de diversa índole a que se refiere la presente Ley;

XLII. Emitir la normatividad a que deberán apegarse los Organismos de Cuenca en el ejercicio de sus funciones, en congruencia con las disposiciones contenidas en la presente Ley,  incluyendo la administración de los recursos que se les destinen y verificar su cumplimiento;

XLIII. Emitir disposiciones sobre la estructuración y operación del Registro Público de Derechos de Agua a nivel nacional, apoyarlo financieramente y coordinarlo; particularmente, "la Comisión" realizará las gestiones necesarias conforme a la Ley para operar regionalmente dicho Registro y sus funciones, a través de los Organismos de Cuenca;

XLIV. Realizar toda clase de actos jurídicos que sean necesarios para cumplir con sus atribuciones, así como aquellos que fueren necesarios para la administración de los recursos y bienes a su cargo;

XLV. Vigilar el cumplimiento y aplicación de la presente Ley, interpretarla para efectos administrativos, aplicar las sanciones y ejercer los actos de autoridad en la materia que no estén reservados al Ejecutivo Federal;

XLVI. Actuar con autonomía técnica, administrativa, presupuestal y ejecutiva en el manejo de los recursos que se le destinen y de los bienes que tenga en los términos de esta Ley, así como con autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objeto y de los objetivos y metas señaladas en sus programas y presupuesto;

XLVII. Expedir en cada caso, respecto de los bienes de propiedad nacional a que se refiere esta Ley, la declaratoria correspondiente, que se publicará en el Diario Oficial de la Federación;

XLVIII. Expedir las declaratorias de clasificación de los cuerpos de agua nacionales a que se refiere la presente Ley;

XLIX. Participar en el sistema nacional de protección civil y apoyar en la aplicación de los planes y programas de carácter federal para prevenir y atender situaciones de emergencia, causadas por fenómenos hidrometeorológicos extremos;

XL. Definir los lineamientos técnicos en materia de gestión de aguas nacionales, cuencas, obras y servicios, para considerarlos en la elaboración de programas, reglamentaciones y decretos de vedas y reserva;

LI. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo Federal la expedición de Decretos para el establecimiento, modificación o extinción de Zonas de Veda y de Zonas Reglamentadas para la Extracción y Distribución de Aguas Nacionales y para su explotación, uso o aprovechamiento, así como Declaratorias de Reserva de Aguas Nacionales y de zonas de desastre;

LII. Realizar las declaratorias de clasificación de zonas de alto riesgo por inundación y elaborar los atlas de riesgos conducentes;

LIII. Coordinar el servicio meteorológico nacional y ejercer las funciones en dicha materia;

LIV. Mantener actualizado y hacer público periódicamente el inventario de las aguas nacionales, y de sus bienes públicos inherentes y de la infraestructura hidráulica federal; clasificar las aguas de acuerdo con los usos, y elaborar balances en cantidad y calidad del agua por regiones hidrológicas y cuencas hidrológicas;

LV. Mejorar y difundir permanentemente en el ámbito nacional el conocimiento sobre la ocurrencia del agua en el ciclo hidrológico, la oferta y demanda de agua, los inventarios de agua, suelo, usos y usuarios y de información pertinente vinculada con el agua y su gestión, con el apoyo que considere necesario, por parte de otras instancias del orden federal, de gobiernos estatales y municipales, así como de usuarios del agua, de organizaciones de la sociedad y de particulares;

LVI. Integrar el Sistema Nacional de Información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del agua, con la participación de los Organismos de Cuenca, en coordinación con los gobiernos de los estados y del Distrito Federal y con los Consejos de Cuenca, y en concordancia con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

LVII. Resolver de manera expedita las solicitudes de prórroga de concesión, asignación, permisos de descarga y de construcción que le sean presentadas en los plazos establecidos en la presente Ley;

LVIII. Presentar las denuncias que correspondan ante autoridades competentes cuando, como resultado del ejercicio de sus atribuciones, tenga conocimiento de actos u omisiones que constituyan violaciones a la legislación administrativa en materia de aguas o a las leyes penales;

LIX. En situaciones de emergencia, escasez extrema, o sobreexplotación, tomar las medidas necesarias, normalmente de carácter transitorio, las cuales cesarán en su aplicación cuando "la Comisión" así lo determine, para garantizar el abastecimiento del uso doméstico y público urbano, a través de la expedición de acuerdos de carácter general; cuando estas acciones pudieren afectar los derechos de concesionarios y asignatarios de aguas nacionales, concertar con los interesados las medidas que correspondan, con apego a esta Ley y sus reglamentos;

LX. Otorgar los apoyos técnicos que le sean solicitados por "la Procuraduría" en el ejercicio de sus facultades en materia de reparación del daño a los recursos hídricos y su medio, a ecosistemas vitales y al ambiente;

LXI. Regular la transmisión de derechos;

LXII. Adquirir los bienes necesarios para los fines que le son propios, y

LXIII. Realizar las demás que señalen las disposiciones legales o reglamentarias. Artículo.

ARTÍCULO 9. (…)

(…)

(…)

a.-b. (…)

(…)

(…)

I. – XLII. (…)

XLIII. Coadyuvar con la Coordinación Nacional de Protección Civil para realizar las declaratorias de clasificación de zonas de alto riesgo y elaborar los atlas de riesgos conducentes, en lo conducente a los desastres hídricos y fenómenos hidrológicos, como inundaciones, sequías, tsunamis y mar de fondo.

XLIV.- LIV. (…)

1 http://www.cenapred.unam.mx/es/DocumentosPublicos/PDF/SerieEspecial/diagnostico.pdf

2 http://www.24-horas.mx/incumplen-estados-con-sus-atlas-de-riesgo/

3 DOF: 30/04/2014 PROGRAMA Nacional de Protección Civil 2014-2018.

4 CENAPRED http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/Impacto2012.pdf

5 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54805

6 6 http://www.milenio.com/estados/Con_danos_9_municipios_en_Guerrero_por_mar_de_fondo_0_513548960.html

7 http://noticiastecoman.com/noticia/25085

8http://www.milenio.com/estados/Localizan-cuerpo-pescador-arrastrado-Oaxaca-mar_de_fondo-danos_mar_de_fondo_0_513548800.html

9 Protección Civil de Sinaloa.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Gastélum Bajo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Protección Civil; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

(Presentada por el Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador José Rosas Aispuro Torres: Muchas gracias, señor Presidente, Senador Roberto Gil Zuarth. Amigas y amigos Senadores:

El objetivo de la presentación de esta iniciativa es perfeccionar la reforma en materia de telecomunicaciones que aprobamos en 2014, donde derivado de la reforma constitucional en las reformas a las leyes reglamentarias en esta materia, atendimos muchos de los aspectos que preocupaban a la sociedad, pero indudablemente que desde mi punto de vista uno de los temas que queda todavía pendiente, y que es preocupación de la mayor parte de los usuarios es, que cuando hay un mal servicio, cuando hay fallas técnicas en cualquier aparato que tenga que ver con la prestación de un servicio en materia de telecomunicaciones, difícilmente hay la manera de poder rectificar o poder enmendar, mejorar ese servicio sin que tenga un costo necesariamente para los usuarios.

Y, el objetivo de esta reforma es, efectivamente como en su momento derivado de la iniciativa que presentara el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto en 2014, y de la discusión que dimos aquí no sólo en materia de reformas a los diversos artículos constitucionales en materia de telecomunicaciones, sino ya la ley secundaria, la ley reglamentaria, se quedó establecido en algunos aspectos el cómo se apoyaría a los usuarios, y en el título noveno, en el apartado de los usuarios, en su capítulo primero señala que con el subtítulo de los derechos de los usuarios y sus mecanismos de protección, el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión señala en sus fracciones que tienen que ver con la protección a los usuarios el derecho a contratar y conocer las condiciones comerciales establecidas en los modelos de contrato registrados ante la PROFECO a través de los medios electrónicos incluyendo la página electrónica del concesionario o autorizado sin perjuicio de recibirlas por otro medio.

También hay otra parte que tiene que ver con la facultad de la PROFECO y concretamente dice, la PROFECO verificará que en los contratos de adhesión se establezcan penas razonables en caso de cancelación anticipada del contrato por parte del consumidor.

Pero hemos visto que no hay un mecanismo que le garantice a los usuarios, y esto queda muy claro con las diferentes encuestas que ha hecho el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, para ver cuál es el sentir de los usuarios, y vemos que:

1. El 40 por ciento de los usuarios encuestados refieren haber tenido algún problema con su servicio de telecomunicaciones contratado; sin embargo, sólo entre 11, 12 y 24 por ciento emitieron una queja dependiendo del tipo de servicio.

2. Para el servicio de telefonía móvil, el 41 por ciento de los usuarios encuestados declararon haber tenido problemas en el servicio, como caída de llamadas, Internet lento o falta de cobertura.

3. Los tiempos de espera en la atención al cliente son la principal área de oportunidad para los prestadores de los servicios.

Es por ello que la presenta iniciativa lo que pretende es garantizarle a los usuarios de telecomunicaciones el derecho a cancelar cualquier servicio en materia de telecomunicaciones por fallas técnicas sin ninguna penalización.

Por lo anteriormente señalado, presento la siguiente iniciativa que pretende adicionar la fracción XXII al artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

“Los usuarios gozarán de los derechos previstos en esta ley y en la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como en las demás disposiciones aplicables.

Todo usuario tendrá derecho a cancelar cualquier servicio en materia de telecomunicaciones por fallas técnicas sin ninguna penalización”.

Ese es el objetivo que me lleva al presentar esta iniciativa para garantizarles a los usuarios, como lo dijimos en su momento cuando aprobamos no sólo la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, sino las leyes en la materia, que mejoraríamos la calidad del servicio, que mejoraríamos también las tarifas, o sea, en beneficio de los usuarios, y hoy en día vemos que los usuarios siguen quejándose no sólo del servicio, sino también las tarifas; tampoco hemos logrado este objetivo.

Ojalá y que con esta reforma que hemos hecho realmente el sector de telecomunicaciones se modernice, que podamos tener más inversiones en el sector, que nos lleve a que esa competencia no sólo tenga un mejor servicio para los usuarios, sino que también podamos tener mejores tarifas.

Así es que ese es el objetivo, y creo que dentro de la reforma que hicimos en materia de telecomunicaciones comentaría que no sólo está el problema en materia de los usuarios de la telefonía, del Internet, sino también el problema en materia de radiodifusión, en materia de la prestación del servicio de televisión, donde el llamado apagón analógico, desde mi punto de vista, sigue generando un problema a la sociedad.

Y comento concretamente lo que está sucediendo a partir del jueves pasado por la noche en el caso de La Laguna, tanto de Durango, como de Coahuila, donde un número muy importante de usuarios de la televisión se quedaron literalmente sin servicio.

¿Por qué? Porque los aparatos, los monitores que entregó en su momento la Secretaría de Desarrollo Social no le llegaron necesariamente a las familias que de veras lo necesitaban, y muchos de estos lamentablemente al calor del proceso electoral, muchos de esos aparatos los vendieron y hoy las familias no tienen la posibilidad de contar con el monitor para poder apreciar las imágenes en la televisión.

Yo espero que este tipo de fallas que se dan, no sólo en materia de lo que señala la Ley de Telecomunicaciones, sino también la de Radiodifusión, podamos realmente garantizarle a los ciudadanos que esta reforma que hicimos era para beneficiarlos, para mejorar la calidad del servicio y para mejorar también las tarifas.

Así es que hago un llamado también al Instituto Federal de Telecomunicaciones, y desde luego, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que pongan atención a lo que está pasando en este momento en los municipios que conforman la Comarca Lagunera, donde la gente de más escasos recursos económicos no tiene la posibilidad de ver la televisión. Por eso la iniciativa que presentamos hace algunos días los Senadores del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática; exhorto a las comisiones a que lo antes posible podamos dictaminar estas iniciativas para que podamos ayudar a las familias, a las personas que hoy, teniendo un derecho establecido en la Constitución a la información, lamentablemente ese derecho se lo estamos conculcando porque no tienen la manera literalmente de apreciar las imágenes en la televisión.

Así es que el objetivo, de esta reforma no sólo es que mejoremos el servicio en las telecomunicaciones, sino también, desde luego, hago un llamado para que en materia de radiodifusión podamos realmente cumplirle a los ciudadanos lo que en su momento establecimos en las propias leyes de la materia.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Rosas Aispuro. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez pregunta si le permite adherirse a su iniciativa.

El Senador José Rosas Aispuro Torres: (Desde su escaño) Claro que sí, con mucho gusto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: (Desde su escaño) Para los mismos efectos.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se admite la adhesión del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes.

¿Alguna otra adhesión?

Los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, Octavio Pedroza Gaitán, Sonia Rocha Acosta, Francisco García Cabeza de Vaca, Luis Sánchez Jiménez, Mónica Tzasna Arriola Gordillo, Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle Maury, Fernando Torres Graciano, y si me lo permite, también me suscribo personalmente a su iniciativa.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PRD, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Mario Delgado Carrillo, a nombre propio y de los Senadores Luz María Beristain Navarrete, Alejandro Encinas Rodríguez, Angélica de la Peña Gómez, Armando Ríos Piter, Benjamín Robles Montoya, Isidro Pedraza Chávez y Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de ayer ocurrió un hecho histórico para nuestro país en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A esa muralla infranqueable del prohibicionismo que durante años ha regulado la política de drogas en este país y en muchos otros, con costos tremendos en materia de derechos humanos, y un fracaso absoluto en el objetivo que perseguía de reducir el uso de drogas, esa enorme muralla ya tiene una grieta y por esa grieta entra una luz de esperanza, de que podamos pensar diferente y podamos empezar a tener una política de drogas basada en los derechos humanos y en la reducción de riesgos y daños.

Es un evento muy importante, con mucho significado para nuestro país, aunque evidentemente, y todos lo sabemos desde el punto de vista jurídico tiene restricciones muy importantes: este amparo que da la Suprema Corte para sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar el estupefaciente denominado cannabis y el psicotrópico THC, para su uso lúdico y recreativo al colectivo SMART.

Sin embargo, tiene lecciones muy importantes lo que nos deja la Suprema Corte.

¿Qué nos dice la Suprema Corte? Que la prohibición absoluta del uso de la marihuana viola el derecho humano a la determinación de la personalidad.

El Estado tiene la obligación de proteger la salud, pero las medidas, la legislación y la política pública deben ser adecuadas, idóneas y proporcionales, es decir, no se puede caer, como lo hace la Ley General de Salud, en una cuestión totalmente desproporcionada, donde lo único que se ofrece para detener o para controlar las drogas ilícitas es la cárcel, cuando puede haber en el medio muchos otros instrumentos como campañas de prevención y demás.

Dice la Suprema Corte también que esta droga, la marihuana, es menos dañina que el alcohol y el tabaco, también que tiene un bajo grado de probabilidad de generar dependencia. Apenas el 9 o el 10 por ciento de los consumidores generan dependencia, según los estudios.

También nos dice que el uso de la marihuana no lleva, según los estudios, a consumir otro tipo de drogas, es decir, hay un nivel de incidencia muy bajo en el consumo de otras drogas más riesgosas, no es la puerta, como dicen muchos, hacia otras drogas.
También, según la evidencia, la marihuana no es un factor determinante para la comisión de delitos, que es otro de los santos que le cargan a esta droga. Apenas el 10 por ciento en México de quienes han cometido un delito, lo hicieron bajo el influjo de alguna droga.

¿Qué lecciones nos quedan?

Que el derecho a la libre personalidad es fundamental y permite este derecho proteger a los quejosos; reconocer que el Estado no puede meterse en la decisión de las personas, de cómo quieran ser, de qué acciones quieran hacer, qué quieran consumir, es la persona humana quien decide el sentido de su propia existencia.

La prohibición que implica la actual política de drogas es, como ya lo dijimos, innecesaria y absolutamente desproporcionada, innecesaria porque es un fracaso, no ha logrado los objetivos que perseguía y es desproporcional porque hay otras medidas que pudieran llevarnos a alcanzar la meta de salud sin violar de manera sistemática los derechos humanos. No puede ser la única respuesta del Estado en este tema, la cárcel.

Prevenir es primero y obligatorio, mientras que sancionar es secundario y opcional, y sancionar con una pena corporal es absolutamente desproporcionado para el tema que estamos hablando.

Dice la Suprema Corte que en realidad el debate debería estar entre el binomio, derecho a la libre personalidad y salud, es decir, respeto absoluto a las decisiones de los individuos; respeto a sus derechos humanos, y no el que ha impuesto la política prohibicionista que es seguridad pública y prohibición.

El amparo que ayer se otorgó, permite el uso personal de marihuana con fines recreativos, pero no autoriza el comercio.

Ahora, sabiendo las limitaciones de la Suprema Corte, pero conociendo los criterios que ha desarrollado para resolver este caso, nos toca a nosotros los legisladores empezar a cambiar nuestra legislación para alcanzar una regulación que no sea desproporcionada, y que no imponga violaciones masivas de los derechos humanos que proteja a las personas.

Eso, pensemos por un momento, ¿por qué es urgente legislar? porque no es algo que como ahora se ha dicho, antes se decía vamos a debatir este tema, que se debata, que se debata, ahora el nuevo término es, profundicemos el debate.

Mientras nosotros profundizamos el debate y no tomamos decisiones, se comete una gran inequidad, una gran injusticia. Es urgente legislar en esta materia, porque hay miles de personas actualmente en la cárcel, por una situación idéntica a la que ayer la Suprema Corte decidió proteger con un amparo a un grupo de personas para que decidiendo que no cometen un delito al cultivar, poseer y consumir marihuana con fines recreativos.

Es decir, hay cuatro mexicanos que lo pueden hacer y hay miles de personas en la cárcel por una situación idéntica, pero que no tuvieron un amparo, y si hay personas en la cárcel. También debemos preocuparnos por todas aquellas que potencialmente pudieran terminar en la cárcel por una situación idéntica a la que ayer la Suprema Corte decidió otorgar un amparo.

Por eso no podemos esperar, porque hay miles de personas en todo el país que por consumir marihuana corren el riesgo de ser detenidos.

Entonces, nos toca como legisladores cambiar las leyes para incorporar estos criterios y empezar un nuevo capítulo en nuestro país. Una regulación basada en los derechos humanos y en proteger la salud de las personas.

¿Qué iniciativa se presenta hoy?

Y es complementaria a lo que se presentó en marzo de 2014, es decir, lo que hoy un grupo de Senadores: Luz María Beristain Navarrete, Alejandro Encinas Rodríguez, Angélica de la Peña Gómez, Armando Ríos Piter, Benjamín Robles Montoya, Isidro Pedraza Chávez, Zoé Robledo Aburto y Raúl Morón Orozco, presentamos.

¿Qué dijimos en marzo pasado?

Que necesitamos establecer un sistema de control sanitario en todo nuestro país, donde podamos distribuir las competencias entre gobiernos locales y gobiernos federal, para ejercer control sanitario sobre la marihuana desde el cultivo, procesamiento, prescripción, medida, importación, para que haya control sanitario.

Consistía esa iniciativa en modificar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal.

¿Qué proponíamos?

Permitir el uso terapéutico del cannabis, despenalizar la prescripción médica y aumentar el gramaje, la cantidad de marihuana que pueden tener las personas para consumo personal de 5 a 30 gramos y que esto no se convierta en delito y que dejemos de llenar las cárceles de personas que traen un gramaje muy bajo.

Esta es una segunda etapa, aquí se incorpora la perspectiva de derechos humanos, y la propuesta es muy sencilla, atendiendo a lo que ayer hizo la Suprema Corte, elimina la política prohibicionista absoluta, impuesta a través de la Ley General de Salud sobre el uso de la cannabis THC y los cannabinoides, es decir, eliminar esta desproporcionalidad que ayer marca la Suprema Corte en materia de drogas.

¿Qué proponemos? Tres cosas con esta iniciativa que presentamos:

1.- Permitir el uso de medicamentos basados en cannabis y cannabinoides, inclusive, los que estén en fase de investigación para pacientes que han agotado las opciones médicas disponibles en México, recordemos el caso de la niña Grace, que fue felizmente   resuelto.

2.- Permitir la expedición de autorizaciones para uso recreativo de la marihuana a personas en lo individual o grupos organizados, exclusivamente, claro, mayores de edad, para que puedan cultivar, cosechar, preparar, poseer, portar y consumir cannabis y THC, marihuana, sin obviamente ejercer actos de comercio, que es algo que no resuelve la Suprema Corte, evidentemente nos toca, pero es un segundo paso, tendríamos que modificar otras leyes, hasta el momento tendríamos que limitarlo y no permitir actos de comercio.

Repito, permitir la emisión de autorizaciones para uso recreativo a personas en lo individual o grupos organizados para que puedan cultivar, cosechar, preparar, poseer, portar y consumir marihuana con fines lúdicos.

Un tercer punto que deberíamos avanzar son las reformas, abrirían la puerta para que se desarrolle la investigación científica con la marihuana, es decir, en resumen, ¿qué estamos proponiendo? No despenalizar el uso de la marihuana, sino regular el uso de la marihuana.

Tenemos entonces que empezar a cambiar nuestra legislación, necesitamos una legislación centrada en su esfera de derechos, dice la Suprema Corte que le toca al Legislativo establecer, diseñar una política integral en materia de drogas, una política multidisciplinaria, transversal, nacional y con base, lo más importante, a los derechos humanos, terminemos con la política prohibicionista que ha significado una violación masiva y sistemática de los derechos humanos.

No hay vuelta atrás, el prohibicionismo absoluto ayer quedó enterrado, por más limitaciones que tenga el amparo que dio la Suprema Corte.

Este paso nos toca a nosotros amplificarlo y reflejar los criterios de la Suprema Corte en nuestra legislación.

Tenemos como Senado, la obligación de atender esto a la brevedad, la palabra clave aquí es regular. No tenemos que olvidar y podemos actuar a la brevedad, este es el primer paso, como consecuencia de la Suprema Corte, esto es lo que nos toca, esto es la primera consecuencia en materia legislativa que podríamos abordar, es una opción, puede haber otras muchas, pero ¿qué significa? Que demos un empujón más para derrumbar la muralla del prohibicionismo y abrir la luz hacia una nueva política de   drogas basada en los derechos humanos y en la reducción de riesgos y daños de las personas.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Los suscritos, Senadoras y Senadores Mario Delgado Carrillo, Luz María Beristain Navarrete, Alejandro Encinas Rodríguez, Angélica de la Peña Gómez, Armando Ríos Píter, Benjamín Robles Montoya, Isidro Pedraza Chávez, Zoé Robledo Aburto y Raúl Morón Orozco integrantes de la LXIII Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos presentar ante esta Honorable Soberanía la presente iniciativa con PROYECTO DE DECRETO; en los términos siguientes:

Uso terapéutico de la cannabis y del derecho a la salud

La cannabis ha sido usada para fines médicos y recreativos desde hace siglos, sin embargo fue hasta 1964 que Raphael Mechoulam, Yechiel Gaoni y Habbib Edery del Instituto de Ciencia Weizmann en Rehovot, Israel encontraron que el principal compuesto psicoactivo y el de mayor potencial de la cannabis era el Tetrahidrocannabinol (THC).A partir de este hallazgo la ciencia ha profundizado en el estudio de las sustancias derivadas de la cannabis a las que se les ha denominada de manera genérica cannabinoides.

De manera natural la cannabis contiene un grupo de componentes químicos no encontrados en otras plantas conocidos como cannabinoides que son substancias que tienen una estructura carboxílica con veintiún carbonos y están formados por treinta anillos, ciclohexano, tetrahidropirano y benceno. Los principales cannabinoides son el Δ9 – tetrahidrocannabinol (Δ9 – THC), el Δ8-tetrahidrocannabinol (Δ8- THC), el cannabidiol (CBD) y el cannabinol (CBN), aunque se han identificado por lo menos 60 diferentes cannabinoides hasta el momento.

De los cannabiniodes descubiertos tanto el THC y CBD tienen importantes usos farmacológicos: El THC tiene efecto analgésico, antiespasmódico, anti-temblor, antiinflamatorio, estimulante del apetito y las propiedades anti-eméticos; por otro lado, mientras que el CDB tiene propiedades anti-inflamatorias, anti-convulsivas, anti-psicóticas, anti-oxidantes, efectos neuroprotectores e inmunomoduladores. Se ha comprobado que el CDB no es intoxicante y de hecho encontrado que la presencia del CDB en la cannabis puede aliviar algunos de los efectos secundarios potencialmente no deseados del THC.

A pesar de haber sido el principal impulsor de la política prohibicionista los Estados Unidos de América a nivel sub-nacional ha venido aprobando legislaciones que despenalizan el uso de marihuana medicinal y en algunos casos también el uso recreativo. Por otro lado, aunque la FDA (United States Food and Drugs Administration) no ha aprobado la comercialización de medicamentos que contengan o deriven de la marihuana ha permitido estudios de nuevos medicamentos en investigación (IND) en el caso del cannabidiol (CBD) en tratamientos de epilepsia.

Los resultados de estos estudios han sido muy alentadores, por ejemplo en un estudio realizado en las Universidades de Nueva York y de California en San Francisco se sometió a un grupo de 23 pacientes con promedio de edad de 10 años que padecían epilepsias a un tratamiento basado en el CBD, después de 3 meses 39% de los pacientes tuvieron una reducción de más del 50% en sus convulsiones en muchos de ellos las convulsiones desaparecieron.

En México, de acuerdo con la Secretaría de Salud, dos millones de personas padecen epilepsia la mayor parte son niño, niñas y adolescentes, por desgracia nuestro marco normativo y la política prohibicionista respecto de la cannabis los  restringe de tener acceso a este tipo de tratamientos.

El caso de la menor Graciela Elizalde Benavides, conocida como Grace, que interpuso un amparo contra la negativa del Consejo de Salubridad General de autorizarle un tratamiento  a base de cannabidiol es reflejo de lo absurdo e inflexible de la ley y del criterio prohibicionista de las autoridades de salud mexicanas.

La situación que se evidenció en el caso de Grace es, por un lado, la urgencia de acabar con la restricción del uso médico e inclusive recreativo de la cannabis y por otro, que pacientes que han agotado todos los recursos médicos autorizados por la Secretaría de Salud y las autoridades sanitarias no tiene un mecanismo adecuado para acceder a medicamentos que pueden mejorar sustancialmente su salud. Bajo argumentos de prohibición o por la discrecionalidad de las autoridades se les niega la posibilidad de mejorar su salud. Ambos aspectos se abordan en esta propuesta.

La iniciativa que se presenta busca cambiar la perspectiva desde la que se atienden casos como el de Graciela en el que la Ley prevea el uso de tratamientos como el de CBD no como una decisión exclusivamente médica sino como un derecho de los pacientes para acceder al nivel de bienestar máximo posible.

El supuesto normativo vigente del artículo 103 de la Ley General de Salud tiene como sujeto de la disposición al médico tratante y como objeto la posibilidad de éste para recetar tratamientos en fase de investigación, cuando debería tener una perspectiva de derecho a la salud por lo que se propone que el sujeto de la disposición sea el paciente y el objeto sea el garantizar el acceso a tratamientos en investigación que pueden salvarle la vida, mejorar su condición o disminuir el sufrimiento de su padecimiento cuando ha agotado todas las opciones médicas autorizadas.

El artículo 10.1 del Protocolo de San Salvador dispone que “Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.” Al referirse al nivel más alto hay que entender que en todas las personas ese nivel más alto es diferenciado, derivado de su condición particular, es decir, una persona con un padecimiento como el que sufre Graciela, por ejemplo, tiene el derecho de acceder al más alto nivel de bienestar físico que le sea posible, esto es, si existe la posibilidad de que con el tratamiento de CBD la menor pueda acceder a su nivel más alto de bienestar, lo procedente es que el Estado lo garantice. Las disposiciones vigentes por el contrario la restringen.

Se complementa la propuesta eliminando la prohibición del artículo 237 respecto de la cannabis sativa, índica, americana o marihuana, porque no puede coexistir con un mecanismo que contemple  el acceso a tratamientos terapéuticos derivados de la cannabis. 

Adicionalmente se propone reclasificar al THC y CBD dentro de la lista de sustancias psicotrópicas enunciadas en el artículo 245 de la Ley.

Uso recreativo de la marihuana y el derecho al libre desarrollo de la personalidad

La Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió el debate del uso lúdico de la marihuana; a raíz de un amparo presentado por un grupo de consumidores que solicitaron de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) una autorización para el uso recreativo del estupefaciente cannabis sativa (índica y americana, su resina preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocanabinol, los siguientes isómeros: ∆6 (10 ) ∆6 (7) ∆7 ∆8 ∆9 ∆10 ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas) en conjunto conocidos como marihuana.

El proyecto de sentencia a cargo del Ministro Arturo Zaldívar1 orienta la decisión del Alto Tribunal en el sentido de amparar al grupo de consumidores; la decisión no está adoptada, pero aún y cuando se amparara a los quejosos los efectos de la sentencia serían exclusivamente para el grupo que demandó. En ese orden de ideas, lo conducente es que en nuestra responsabilidad de legisladores rediseñemos la política de drogas respecto de la marihuana, para expresar en la Ley el mandato Constitucional de respeto a los derechos humanos.

Es fundamental garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad que se ve limitado por la política prohibicionista impuesta a través de la Ley General de Salud y el Código Penal Federal en materia de uso recreativo de la marihuana.

En el proyecto de sentencia el ministro ponente somete a un examen de constitucionalidad los artículos que configuran el sistema de prohibiciones administrativas respecto de la marihuana en la Ley General de Salud; el examen se hace a la luz del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

El derecho al desarrollo de la libre personalidad, se traduce en “el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiera ser, sin coacción, ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, es decir, es la persona humana quien decide el sentido de su propia existencia, de acuerdo a sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera”.2 En este sentido, la política prohibicionista resulta en un impedimento absoluto para que las personas decidan sobre modo de realizar actividades de esparcimiento como es el uso de la marihuana para fines lúdicos.

Este derecho, como lo reconoce la sentencia, no puede considerase absoluto; el Estado tiene la potestad imponer límites a su ejercicio siempre que sustente en la protección de derechos de terceros y del orden público. Esta potestad se expresa por medio de medidas legislativas y políticas públicas, sin embargo, dichas medidas deben ser adecuadas, idóneas y proporcionales. Al someter la política prohibicionista a los criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, el Ministro sostiene que no se ajusta, por lo que resulta inconstitucional.

El proyecto del Ministro Zaldívar sostiene, respecto de la Marihuana que:

• Es menos dañina que el alcohol y tabaco. La marihuana tiene potenciales efectos nocivos en la salud; pero son menores a los de otras drogas blandas como el alcohol y el tabaco.

• Tiene bajo grado de probabilidad de generar dependencia. Los estudios demuestran que sólo el 9% de quienes utilizan marihuana desarrollan dependencia en algún punto de sus vidas;3 mientras que otras investigaciones plantean que el 10% de las personas que han consumido marihuana alguna vez desarrolla dependencia a la droga.4 También se demostró que sólo el 3% de la población de adultos de Estados Unidos cumpliría el diagnóstico clínico de dependencia respecto de la marihuana, frente a alrededor del 14% de personas que padecen alcoholismo.5

• Muestra un nivel de incidencia muy bajo en el consumo de otras drogas más riesgosas. Algunos estudios descartan por completo que el consumo de marihuana provoque el uso subsecuente de otras drogas. Al respecto, señalan que la marihuana más bien podría ser sólo una variable que haya que analizar junto con otros factores de riesgo sociales, psicológicos o fisiológicos.6

• El consumo de la marihuana no es un factor determinante en la comisión de delitos.7 de acuerdo con la información disponible, en México sólo el 10% de las personas que cometieron algún delito lo hicieron bajo el influjo de alguna droga, y de éstos sólo el 11% había consumido marihuana8. Aunque la tasa de consumo de marihuana es mayor entre las personas que han delinquido que entre las que no, ello probablemente se deba a que la comisión de delitos y el consumo de marihuana tienen como origen las mismas causas sociales.9

El Estado justifica la política prohibicionista en la protección de la salud y el orden público. Sin embargo la evidencia científica que existe ha demostrado que el consumo de la marihuana no supone un riesgo importante para la salud, no genera un índice de dependencia menor a otras sustancias, tiene un nivel de incidencia muy bajo o incluso discutible en el consumo de drogas más riesgosas y no es un factor determinante en la comisión de delitos.

Son evidentes las escasas afectaciones en la salud y el orden público respecto del uso de la marihuana. En ese sentido  el bien público que se supone protege la política prohibicionista genera una afectación al derecho de libre desarrollo de la personalidad inadecuado, desproporcionado e innecesario.

Es desproporcionada porque la prohibición absoluta del consumo de marihuana no tiene justificación porque la afectación que genera en la salud y al orden público es menor comparada con otras sustancias como el alcohol y el tabaco. Sin embargo estas sustancias, que son más dañinas, tienen marcos regulatorios que permiten, bajo ciertas restricciones, su consumo.

Es innecesaria porque existen alternativas para su control y que afectan en menor medida al derecho de libre desarrollo de la personalidad. En relación con el consumo de marihuana, en el mundo pueden encontrarse distintas alternativas para su regulación.

En el Estado de Colorado, en Estados Unidos, está permitido el consumo de la marihuana y su comercialización en ciertas condiciones. Por un lado, la permisión del consumo está limitada a mayores de veintiún años y sólo puede venderse una onza a cada residente y un cuarto de onza a no residentes. Por otro lado, la publicidad masiva está prohibida, en particular si puede alcanzar a menores de edad. Por lo demás, la distribución del producto en tiendas y locales de cultivo está controlada estrictamente por la autoridad encargada de regular el alcohol y el tabaco, lo que se logra entre otros medios con un sistema de expedición de licencias para cultivadores, productores, transportadores y almacenes.10

En el Estado de Washington, también en Estados Unidos, la autoridad encargada de regular el alcohol, apoyada por un centro de investigación especializado en crimen y política de drogas, lleva el proceso de autorización al uso de la marihuana. También se regula estrictamente la emisión de autorizaciones para el comercio y la cantidad de consumo. En este sentido, por ejemplo, conducir con más de cinco nanogramos de concentración de marihuana en la sangre constituye un delito. Adicionalmente, las  ventas que genera el producto tienen una alta carga impositiva y la recaudación está destinada a la educación, investigación y tratamiento de problemas relacionados con esta droga.11

En Holanda aunque nunca se ha legalizado la producción, dicha actividad no se ha supervisado, ni sancionado efectivamente. El comercio de la sustancia está restringido a los coffee shops -determinados centros de distribución- los cuales están sujetos a reglas muy específicas, como restricciones en las cantidades que pueden almacenar y vender a una persona.12

En Uruguay el Estado asume plenamente el control y la regulación de la comercialización, producción y distribución de la marihuana. También se autoriza el cultivo reducido a un número mínimo de plantas en casas habitación, así como un número mayor en asociaciones que no excedan 45 miembros. Se expiden autorizaciones para productores que a su vez venden la marihuana al gobierno. En cuanto a su adquisición, una persona puede comprar hasta 40 gramos al mes y un instituto estatal fija el precio de la marihuana. Este instituto también lleva un registro confidencial de consumidores y un registro de productores. Está prohibido el cultivo, producción y venta no autorizada ni registrada ante dicho instituto.

En conclusión, hay experiencias en el mundo que pueden sustituir a la política prohibicionista para perseguir los mismos fines sin afectar gravemente los derechos humanos de las personas. Permanecer en la lógica de una prohibición absoluta perpetuaría la violación desproporcionada al derecho de libre desarrollo de la personalidad al amparo de argumentos que no encuentran ninguna justificación empírica. 

Esta Soberanía tiene la obligación de diseñar una medida legislativa adecuada para el uso de la marihuana, con fines terapéuticos y lúdicos, que respete los derechos humanos de libre determinación de la personalidad y del derecho al goce máximo de la salud. La interpretación del Ministro Zaldívar debe servir como punto de partida para que en el ejercicio de las facultades legislativas de esta Cámara adecuemos el marco normativo para el pleno respeto de los derechos y libertades humanas y, basándonos en las evidencias científicas, generemos un regulación, adecuado, idóneo y proporcional respecto del uso de la marihuana. 

La iniciativa que ahora se presenta es complementaria de la promovida por diversos Senadores el 11 de marzo de 2014; la propuesta de 2014 platea la distribución de competencias de las autoridades en materia de control sanitario de la cannabis y THC; además de ampliar a 30 gramos la dosis considerada como consumo personal.

La propuesta que ahora se pone consideración de esta Soberanía tiene como objeto, desde un enfoque de derechos humanos, habilitar a la autoridad sanitaria para otorgar autorización a pacientes médicos para recibir tratamientos terapéuticos con base en la cannabis; para casos en específico, inclusive aquellos que están en fase de investigación. Asimismo la reforma alos artículo 247 y 245 de la Ley General de salud permitirán el uso científico y de investigación de la cannabis, THC y los cannabinoides, lo que posibilitará el desarrollo en nuestro país de medicamentos que no habían sido explorados por la actual política prohibicionista.

Por otro lado, se propone eliminar el sistema de prohibición que impide que las autoridades sanitarias autoricen la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, suministro, empleo, uso y consumo de la cannabis y THC, excluyendo los actos de comercio, para el autoconsumo con fines recreativos.

Es importante señalar que no se propone reformar el sistema punitivo respecto del uso de la cannabis porque los tipo penales que lo integran condicionan su configuración a la ausencia de autorización respectiva de parte de las autoridades sanitarias, en ese sentido, al eliminar el sistema de prohibiciones administrativas se asegura en control sanitario; con ello se evitará la configuración de delitos en tanto se cuente con la debida autorización. 

En resumen, la presente iniciativa tendrá efectos en tres sentidos fundamentales respecto de la cannabis, THC y cannabinoides:

a) Uso terapéutico; inclusive los tratamientos en fase de investigación para casos específicos.

b) Uso recreativo; cultivar, cosechar, preparar, poseer, portar y consumir; exceptuando los actos relacionados con el comercio.

c) Uso científico y de investigación; se podrá desarrollar investigación médica que antes estaba prohibida.

En seguida se inserta un comparativo de la propuesta de reforma para adoptar un modelo de control sanitario alternativo a la política prohibicionista respecto del uso de la marihuana para fines terapéuticos y lúdicos. 

Ley General de Salud

Dice

Debe decir

TITULO QUINTO
Investigación para la Salud
CAPITULO UNICO

Art. 103.En el tratamiento de una persona enferma, el médico podrá utilizar recursos terapéuticos o de diagnóstico bajo investigación cuando exista posibilidad fundada de salvar la vida, restablecer la salud o disminuir el sufrimiento del paciente, siempre que cuente con el consentimiento informado por escrito de éste, de su representante legal, en su caso, o del familiar más cercano en vínculo, y sin perjuicio de cumplir con los demás requisitos que determine esta ley y otras disposiciones aplicables.

 

 

 

 

 

(Sin correlativo)

Art. 103. En caso de que una persona enferma haya agotado todas los recursos médicos autorizados por esta Ley y las autoridades sanitarias y de salud, tiene derecho a recurrir, con la prescripción y acompañamiento médico respectivo, a tratamientos y recursos terapéuticos en fase de investigación, inclusive aquellos basados en las sustancias a que se refiere el artículo 234 y las fracciones de la III  a la V de artículo 245, con las salvedades del artículo 237, de esta Ley cuando exista posibilidad fundada de salvar la vida, restablecer la salud o disminuir el sufrimiento del paciente, siempre que los beneficios potenciales sean mayores que los riegos y sin perjuicio de cumplir con los demás requisitos que determine esta ley y otras disposiciones aplicables; para garantizar este derecho las autoridades sanitarias estarán habilitadas para la realización de los actos administrativos a que haya lugar.

Se considera posibilidad fundada cuando existen estudios médicos realizados por instituciones académicas, laboratorios farmacéuticos o instituciones de salud en el territorio nacional o el extranjero en que se muestren indicios positivos en padecimientos similares a los del paciente que se trate.

TITULO DECIMO SEGUNDO
Control Sanitario de Productos y Servicios de su Importación y Exportación
Capítulo V
Estupefacientes

Art. 235.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a:

(Sin correlativo)

I. Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos;

II. Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

 

III. Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General;

IV. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia;

V. (Se deroga).

VI. Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

 

Los actos a que se refiere este Artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud.

(Sin correlativo)

Art. 235.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a:

I. El ejercicio, respeto, promoción y protección de los derechos humanos;
II. Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos;

III. Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General;

V. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia;

VI. (Se deroga).

VII. Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

Los actos a que se refiere este Artículo sólo podrán realizarse con fines médicos, terapéuticos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud.

Para el caso de la CANNABIS sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas, se otorgará autorización para la realización de los actos a que se refiere este Artículo con fines lúdicos, a excepción de los relacionados con el comercio. La autorización se otorgará a personas en lo individual o por medio de organizaciones en términos de las leyes respectivas, sin otro requisito que el de la mayoría de edad del solicitante, o en su caso, de los integrantes de la organización.

Art. 237. Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el Artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o marihuana, papaversomniferum o adormidera, papaverbactreatum y erythroxilonnovogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.

Igual prohibición podrá ser establecida por la Secretaría de Salud para otras substancias señaladas en el Artículo 234 de esta Ley, cuando se considere que puedan ser sustituidas en sus usos terapéuticos por otros elementos que, a su juicio, no originen dependencia.

Art. 237. Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el Artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, papaversomniferum o adormidera, papaverbactreatum y erythroxilonnovogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.

 

Igual prohibición podrá ser establecida por la Secretaría de Salud para otras substancias señaladas en el Artículo 234 de esta Ley, cuando se considere que puedan ser sustituidas en sus usos terapéuticos por otros elementos que, a su juicio, no originen dependencia.

CAPITULO VI
Substancias Psicotrópicas

Art. 245. ...
I. ...
TENOCICLIDINA TCP 1-[1-(2-tienil) ciclohexil]-piperidina.

NO TIENE THC Tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ∆6 (10 ) ∆6 (7) ∆7 ∆8 ∆9 ∆10 ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas.

CANNABINOIDES    K2
...
II. ….
III. ...
...
TEMAZEPAM

 

 

 

 

IV y V. …

Art. 245. ...
I. ...
TENOCICLIDINA TCP 1-[1-(2-tienil) ciclohexil]-piperidina.
...

 

 

 

II. ….
III. ...
...
TEMAZEPAM

Tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ∆6 (10 ) ∆6 (7) ∆7 ∆8 ∆9 ∆10 ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas.

CANNABINOIDES    K2

IV y V. …

Art. 247.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con substancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, queda sujeto a:

(Sin correlativo)

I. Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos;

II. Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

III. Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General;

IV. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia;

V. (Se deroga).

VI. Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

 

Los actos a que se refiere este Artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos, y requerirán, al igual que las substancias respectivas, autorización de la Secretaría de Salud.

(Sin correlativo)

Art. 247.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con substancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, queda sujeto a:

I. El ejercicio, respeto, promoción y protección de los derechos humanos;

II. Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos;

III. Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General;

V. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia;

VI. (Se deroga).

VII. Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

Los actos a que se refiere este Artículo sólo podrán realizarse con fines médicos, terapéuticos y científicos, y requerirán, al igual que las substancias respectivas, autorización de la Secretaría de Salud.

Para el caso del Tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ∆6 (10 ) ∆6 (7) ∆7 ∆8 ∆9 ∆10 ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas, se otorgará autorización para la realización de los actos a que se refiere este Artículo con fines lúdicos, a excepción de los relacionados con el comercio. La autorización se otorgará a personas en lo individual o por medio de organizaciones en términos de las leyes respectivas, sin otro requisito que el de la mayoría de edad del solicitante, o en su caso,  de los integrantes de la organización.

Por lo anteriormente expuesto y fundado; se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES  DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE USO TERAPÉUTICO Y LÚDICO DE LA CANNABIS, THC y CANABINOIDES.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 103; 235; 237; 245; y 247 de la Ley de General de Salud, para quedar como sigue:

Art. 103. En caso de que una persona enferma haya agotado todas los recursos médicos autorizados por esta Ley y las autoridades sanitarias y de salud, tiene derecho a recurrir, con la prescripción y acompañamiento médico respectivo, a tratamientos y recursos terapéuticos en fase de investigación, inclusive aquellos basados en las sustancias a que se refiere el artículo 234 y las fracciones de la III  a la V de artículo 245,con las salvedades del artículo 237, de esta Ley cuando exista posibilidad fundada de salvar la vida, restablecer la salud o disminuir el sufrimiento del paciente, siempre que los beneficios potenciales sean mayores que los riegos y sin perjuicio de cumplir con los demás requisitos que determine esta ley y otras disposiciones aplicables; para garantizar este derecho las autoridades sanitarias estarán habilitadas para la realización de los actos administrativos a que haya lugar.

Se considera posibilidad fundada cuando existen estudios médicos realizados por instituciones académicas, laboratorios farmacéuticos o instituciones de salud en el territorio nacional o el extranjero en que se muestren indicios positivos en padecimientos similares a los del paciente que se trate.

Art. 235.- …

I. El ejercicio, respeto, promoción y protección de los derechos humanos;

II. …

III. …

IV. …

V. …

VI. ..

VII. …

Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con fines médicos, terapéuticos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud.

Para el caso de la CANNABIS sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas, se otorgará autorización para la realización de los actos a que se refiere este Artículo con fines lúdicos, a excepción de los relacionados con el comercio. La autorización se otorgará a personas en lo individual o por medio de organizaciones en términos de las leyes respectivas, sin otro requisito que el de la mayoría de edad del solicitante, o en su caso, de los integrantes de la organización.

Art. 237.

Art. 245. ...

I. ...

TENOCICLIDINA TCP 1-[1-(2-tienil) ciclohexil]-piperidina.

...

II. ….

III. ...

...

TEMAZEPAM

Tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ∆6 (10) ∆6 (7) ∆7 ∆8 ∆9 ∆10 ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas.

CANNABINOIDES    K2

IV y V. …


Art. 247.-

I. El ejercicio, respeto, promoción y protección de los derechos humanos;

II. …

III. …

IV. …

V. …

VI. ..

VII. …

Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con fines médicos, terapéuticos  y científicos, y requerirán, al igual que las substancias respectivas, autorización de la Secretaría de Salud.

Para el caso del Tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ∆6 (10) ∆6 (7) ∆7 ∆8 ∆9 ∆10 ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas, se otorgará autorización para la realización de los actos a que se refiere este artículo con fines lúdicos, a excepción de los relacionados con el comercio. La autorización se otorgará a personas en lo individual o por medio de organizaciones en términos de las leyes respectivas, sin otro requisito que el de la mayoría de edad del solicitante, o en su caso,  de los integrantes de la organización.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federal.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2015.

Suscriben

Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.- Sen. Angélica de la Peña Gómez.- Sen. Armado Ríos Píter.- Sen. Benjamín Robles Montoya.- Sen. Isidro Pedraza Chávez.- Sen. Zoé Robledo Aburto.- Sen. Raúl Morón Orozco.

1 Ante proyecto de sentencia al Amparo en Revisión 237/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Ministro Ponente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

2 DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. Novena Época , Registro: 165822, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia(s): Civil, Constitucional, Tesis: P. LXVI/2009, Página: 7.

3 Caulkins, Hawken, Kilmer y Kleiman, op. cit., p. 66.

4 Hall y Degenhardt, op.cit; Hall, Degenhardt y Lynskey, op. cit.; Ashton, op cit., pp. 101- 106.

5 Hall y Degenhardt, op.cit.; Hall y Liccardo Paccula op. cit.; Hall, Wayne, y Degenhardt, Louisa “Extent of Illicit Drug Use and Dependence, and Their Contribution to the Global Burden of Disease”, Lancet, vol. 379, núm. 9810, pp. 55-70.

6 Joy, Watson, y Benson, op. cit.; Ballotta, Bergeron, y Hughes, op. cit.; Caulkins, Hawken, Kilmer y Kleiman, op. cit. Así, por ejemplo, en un reporte reciente se afirma que aun si existiera una relación causal entre el consumo de la marihuana y el consumo de drogas más dañinas, ésta se explicaría más por factores sociológicos que por factores farmacológicos de la marihuana. Al respect, cfr. Hall, Degenhardt, y Lynskey, op. cit

7 Pedersen y Skardhamar, op. cit., pp. 109-118.

8 Zamudio Angles y Castillo Ortega, op. Cit.

9 Caulkins, Hawken, Kilmer, y Kleiman, op. cit., p. 74.

10 Room, Robin, “Legalizing a market for cannabis for pleasure: Colorado, Washington, Uruguay and Beyond”, Addiction, vol. 109, núm. 3, 2014, pp. 345-351.

11 Room, op. cit., loc. cit.

12 Reuter, Peter H., “Marijuana Legalization. What Can Be Learned from Other Countries”, Working paper. Drug Policy Research Center, 2010.

REFERENCIAS:
http://portal.salud.gob.mx/redirector?tipo=0&n_seccion=Boletines&seccion=2015-02-01_7436.html
https://www.aesnet.org/sites/default/files/file_attach/Meeting/Press/New%20Reports%20of%20
Epidiolex%20Efficacy%20and%20Safety%20Presented%20at%20the%20AES%20Annual%20Meeting%20%281%29.pdf

http://www.gwpharm.com/types-compounds.aspx
http://www.gwpharm.com/Research%20History.aspx
http://www.elementos.buap.mx/num60/htm/3.htm
http://www.gwpharm.com/uploads/oshaughnessysarticle-comesnowepidiolex.pdf
http://www.fda.gov/newsevents/publichealthfocus/ucm421168.htm#dietsuppsexclude

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Delgado Carrillo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a alumnos de la carrera de derecho, de la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, invitados por el Senador Fernando Herrera Ávila, Coordinador Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los estudiantes asisten con la finalidad de presenciar nuestros debates.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!





 

Se concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 14 de la Ley General de Educación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN XIII Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso, señor Presidente.

En el ocaso del siglo XX, líderes mundiales de más de 189 países, bajo el cobijo de la Organización de las Naciones Unidas, establecieron los ocho Objetivos del Milenio, a fin de comprometerse a establecer acciones comunes y resolver los problemas que más aquejan a la humanidad, dentro de los cuales se encuentra la pobreza, brindar enseñanza primaria universal y lograr la sustentabilidad del medio ambiente.

A la luz de 15 años de haber sido establecidos dichos objetivos, en el documento “Objetivos del Milenio, Informe de 2015”, la ONU ha dado a conocer algunos de los logros alcanzados en 15 años, de implementación de dichas políticas internacionales. Por ejemplo, en materia de reducción de pobreza extrema, el informe señala que en las últimas dos décadas el número de personas en esta condición ha disminuido de manera significativa al pasar de 1,926 millones en 1990 a 836 millones en el 2015; en cuanto al objetivo de alcanzar instrucción primaria universal, los datos arrojan que la cantidad de niños en edad de recibir enseñanza primaria, que no asistió a la escuela, cayó a casi la mitad a nivel mundial, pasando de 100 millones en el año 2000 a aproximadamente 57 millones en el 2015.

En materia ambiental, si bien se registran avances en la disponibilidad de agua potable entre la población mundial, pasando del 76 por ciento en 1990 a 91, en el 2015 no existen tales avances en cuanto a las acciones de los países que agravan el problema del cambio climático como la emisión de Gases de Efecto Invernadero.

Por ejemplo, del informe se desprende la deforestación, la degradación de bosques y una gestión forestal pobre liberan carbono a la atmósfera, lo que contribuye al cambio climático, proyecta que un aumento continuo de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero calentará aún más el planeta y causará cambio, perdurables en el sistema climático, lo que significa una amenaza de consecuencias graves e irreversibles para las personas y el ecosistema.

Muestra de ello es el incremento de las cantidades de emisiones mundiales de bióxido de carbono las que entre 1990 y 2012 aumentaron hasta en un 50 por ciento. A consecuencia del aumento de las temperaturas de la tierra existe evidencia que relaciona directamente al cambio climático con problemas como los daños en las cosechas, en la producción alimentaria, sequías, riesgos en la salud, fenómenos meteorológicos, como tormentas, huracanes.

Uno de ellos recientemente se vivió con el huracán “Patricia”, quien azotó los estados de Jalisco, Colima y Michoacán, según expertos, su intensidad y grado de evolución fue una consecuencia del cambio de clima en la tierra.

En el caso de México, de acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el país se ha vuelto más cálido desde la década de los 60’s, las temperaturas promedio a nivel nacional aumentaron 0.85 grados, y las temperaturas invernales 1.3 grados. Además se ha reducido la cantidad de días más frescos desde los 70’s, y los 80’s del siglo pasado, y hay más noches cálidas, mientras que la precipitación ha disminuido en la porción del sureste, desde hace medio siglo.

Asimismo, señala que los efectos sobre la agricultura será una disminución de la productividad del maíz para la década del 2050. Existe cierta evidencia de que la mayoría de los cultivos resultarán menos adecuados para la producción en México hacia el año 2030, empeorando todavía aún más la situación para finales del presente siglo.

O bien, en el aspecto hídrico se pronostica que la mayor parte del país se volverá más seca, sequías más frecuentes con el consecuente aumento de demanda de agua, particularmente en el norte del país, y en las zonas urbanas.

Por otro lado, habrá regiones donde la precipitación podrá ser más intensa y frecuente incrementando el riesgo de inundación para alrededor de 2 millones de personas, que actualmente se encuentran en situación de moderada o alta vulnerabilidad ante las inundaciones y quienes residen en localidades menores de 5 mil habitantes, ubicadas principalmente en la parte baja de las cuencas.

Sumando el riesgo de deslizamiento de laderas por lluvia, en este sentido, respecto de la percepción social acerca de las causas y consecuencias del cambio climático, la situación no es distinta.

Un estudio realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, señala que 8 de cada 10 entrevistados dicen que el calentamiento global es una amenaza muy grave para México, 9 de cada 10 dijeron que el clima del país se ha hecho más impredecible en los últimos años, mientras que sólo 3 de cada 10 personas piensan que el gobierno hace mucho o algo por el clima, y por el contrario, 7 de cada 10 personas responden que la autoridad federal hace poco o nada frente a este problema.

Es decir, por un lado la ciudadanía identifica al cambio climático o el calentamiento global como un problema importante de atender, sin embargo pareciera que no logra asociar las actividades cotidianas de cada persona con la magnitud del problema y las consecuencias que pueden significar para el equilibrio del planeta.

Dentro de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, se enfatiza que la adaptación de ser un componente central de cualquier esfuerzo de combate al cambio climático, para ello a través del Sistema Nacional del Cambio Climático, previsto en la Ley General de Cambio Climático, se busca coordinar esfuerzos para enfrentar de manera conjunta la vulnerabilidad y los riesgos para el país, ante el fenómeno y establecer acciones prioritarias de mitigación y sobre todo de adaptación. Por lo tanto, promover acciones encaminadas a educar a la población sobre la adaptación al cambio climático es de vital importancia.

Por ello es importante pensar a largo plazo, es urgente comenzar a formar niños y jóvenes en materia de adaptación de los nuevos escenarios naturales. Si bien es cierto también se necesita educar para la reducción de las causas de este fenómeno climatológico, también lo es implementar medidas encaminadas a la adaptación del nuevo medio ambiente.

En este sentido, el objetivo de la presente iniciativa es modificar la fracción XXIII y adicionar una fracción XXIV al artículo 14 de la Ley General de Educación, a fin de establecer como una obligación concurrente entre la autoridad educativa federal y las autoridades locales, ejecutar programas en el ámbito de su competencia que difundan y promuevan los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales encaminados a la protección y preservación del medio ambiente.

Si bien esta misma ley contempla que uno de los fines de la educación es inculcar los conceptos y principios acerca del cambio climático, no se estipula ningún tipo de acción de las autoridades educativas para ir más allá y hacer frente a esta problemática desde las aulas.

A diferencia de hace dos décadas cuando se discutía acerca de las acciones para frenar el cambio climático, hoy en día el discurso a nivel internacional se enfoca hacia establecer estrategias para la adaptación a este cambio climático, con ello no se intenta dar por fallida la posibilidad de poner un alto a este fenómeno global, sin embargo es necesario ser realista y explicar a la población que los efectos del cambio de clima son parte de la vida cotidiana de las personas y en consecuencia se debe educar desde las aulas a las niñas, niños y adolescentes, para que en un mediano plazo puedan establecer acciones que les permita asegurar un desarrollo personal, social y familiar armónico con el menor impacto posible de los efectos de este cambio climático que ya vivimos.

Es claro que los Objetivos del Milenio en materia de medio ambiente se encuentran lejos de cumplirse, sin embargo es momento de pensar en generar las condiciones para que la ciudadanía enfrente de la mejor manera los efectos de los fenómenos naturales, los cuales son la consecuencia que la misma actividad humana ha generado con el paso del tiempo.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN XIII Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV AMBAS DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el ocaso del siglo XX líderes mundiales de más 189 países, bajo el cobijo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), establecieron los ocho objetivos del milenio, a fin de comprometerse a implementar acciones comunes y resolver los problemas que más aquejan a la humanidad, dentro de los cuales se encuentran erradicar la pobreza, brindar enseñanza primaria universal, y la lograr la sostenibilidad del medio ambiente.

A la luz de 15 años de haber sido establecidos dichos objetivos, en el documento “Objetivos del Milenio Informe de 2015”,1 la ONU ha dado conocer algunos de los logros alcanzados en quince años de implementación de dichas políticas internacionales. Por ejemplo, en materia de reducción de pobreza extrema, dicho Informe señala que en las últimas dos décadas el número de personas en esta condición ha disminuido de manera significativa, al pasar de 1,926 millones en 1990, a 836 millones en 2015; en cuanto al objetivo de alcanzar instrucción primaria universal, los datos arrojan que la cantidad de niños en edad de recibir enseñanza primaria que no asistió a la escuela cayó a casi la mitad a nivel mundial, pasando de 100 millones en el año 2000 a aproximadamente 57 millones en 2015.

En materia ambiental, si bien registran avances en la disponibilidad de agua potable entre la población mundial, pasando del 76% en 1990 a 91% en 2015, no existen tales avances en cuanto a las acciones que agravan el problema del cambio climático. Por ejemplo, del informe se desprende que “la deforestación, la degradación de bosques y una gestión forestal pobre liberan carbono a la atmósfera, lo que contribuye al cambio climático; proyecta que un aumento continuo de las emisiones de gases de efecto invernadero calentará aún más el planeta y causará cambios perdurables en el sistema climático, lo que significa una amenaza de consecuencias graves e irreversibles para las personas y los ecosistemas”.2 Según las proyecciones, los impactos sobre los sistemas naturales y humanos abarcarán todo el mundo, con efectos variables de región en región. Incluyen ecosistemas y hábitats alterados, impactos perjudiciales en la agricultura que podrían llevar a la escasez alimentaria, más fenómenos meteorológicos y desastres naturales extremos de mayor duración, junto con numerosos riesgos a la sociedad. Muestra de ello es el incremento en las cantidades de emisiones de mundiales de dióxido de carbono, las cuales entre 1990 y 2012 aumentaron 50 por ciento.

En este mismo sentido, científicos han alertado acerca de la problemática del cambio climático. Por ejemplo, la asociación civil del premio nobel Dr. Mario Molina, ha señalado que de acuerdo con el último reporte sobre cambio climático publicado en el año 2007, se tiene que:

El último reporte publicado en 2007 presenta los siguientes resultados:3

• El calentamiento del sistema climático es inequívoco, como evidencian ya los   aumentos observados del promedio mundial de la temperatura del aire y del océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos, y el aumento del promedio mundial del nivel del mar.

• Las emisiones mundiales de GEI por efecto de actividades humanas han aumentado, desde la era preindustrial, más de un 40% entre 1970 y 2004.

• Las concentraciones atmosféricas mundiales de bióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) han aumentado notablemente por efecto de las actividades humanas desde 1750, y son actualmente muy superiores a los valores preindustriales, determinados a partir de núcleos de hielo que abarcan cientos de miles de años.

Para lo cual, dicho informe concluye que es 90% probable que el cambio que se observa actualmente en el clima se deba a las actividades humanas. En este sentido, los impactos del cambio climático se presentan tanto en el medio natural, como en el aspecto social y económico mundial.

A consecuencia del aumento de las temperaturas de la tierra, existe evidencia que relaciona directamente al cambio climático con problemas como: daños en las cosechas y en la producción alimentaria; sequías; riesgos en la salud; fenómenos meteorológicos extremos, como tormentas y huracanes.

En el caso de México, de acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,4 el país se ha vuelto más cálido desde la década de 1960.Las temperaturas promedio a nivel nacional aumentaron 0.85º C y las temperaturas invernales 1.3º C. Se ha reducido la cantidad de días más frescos desde los años sesenta del siglo pasado y hay más noches cálidas, mientras que la precipitación ha disminuido en la porción sureste desde hace medio siglo.

Además, señala una serie de posibles escenarios para el país a consecuencia de dicho fenómeno climático:

• Agricultura: Disminución de la productividad del maíz para la década de 2050, lo que se aúna al problema actual del 25% de las unidades de producción con pérdida en la fertilidad de suelos. Existe cierta evidencia de que la mayoría de los cultivos resultarán menos adecuados para la producción en México hacia 2030, empeorando esta situación para finales del presente siglo;

• Hídrico: La mayor parte del país se volverá más seca y las sequías más frecuentes, con el consecuente aumento de demanda de agua particularmente en el norte del país y en zonas urbanas; por otro lado, habrá regiones donde la precipitación podría ser más intensa y frecuente incrementando el riesgo de inundaciones para alrededor de 2 millones de personas que actualmente se encuentran en situación de moderada a alta vulnerabilidad, ante las inundaciones, y quienes residen en localidades menores a 5,000 habitantes, ubicadas principalmente en la parte baja de las cuencas, sumado al riesgo de deslizamientos de laderas por lluvia.

• Ecosistemas y biodiversidad: en cuanto a los ecosistemas terrestres un ejemplo es la posible reducción del área cubierta de bosques de coníferas, especies de zonas áridas, semiáridas y especies forestales de zonas templadas. En el caso de los océanos, un aumento en la temperatura puede ocasionar un colapso demográfico en las poblaciones marinas, ocasionando baja productividad para las pesquerías. Para el caso de mamíferos terrestres y voladores se proyecta al 2050, una reducción de cerca de la mitad de las especies estudiadas perdiendo más del 80% de su rango de distribución histórica.

Esta información que revela el riesgo del cambio climático, contrasta con un estudio realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de la Cámara de Diputados, el cual señala que a pesar de que el cambio climático es un problema que daña y altera el medio ambiente de la humanidad, y el planeta tierra en general, cuando le peguntan a la gente ¿Qué es más importante, si aumentar el crecimiento económico o frenar el calentamiento global aunque esto implique menor crecimiento y perder algunos empleos? Una ligera mayoría de los entrevistados prefiere la primera opción, es decir, el cuarenta y cinco por ciento señala que es más importante el crecimiento económico, y 36% se inclina por frenar el calentamiento global.5 Asimismo, de dicho reporte se destaca que ocho de cada 10 entrevistados (81%) señalan que el calentamiento global es una amenaza muy grave para México; 9 de cada 10 (88%), señalan que el clima del país se ha hecho más impredecible en los últimos años; mientras que sólo 3 de cada 10 personas (27%) piensan que el gobierno hace “mucho" o "algo” por el clima; y 7 de cada 10 (69%) responden que hace “poco” o “nada”. Es decir, por un lado la ciudadanía identifica al cambio climático, o al calentamiento global como un problema importante de atender, sin embargo, pareciera que no logran comprender la magnitud del problema y de las consecuencias que puede significar para su vida cotidiana dicho fenómeno.

Dentro de la Estrategia Nacional de Cambio Climático que el Gobierno Federal ha propuesto como parte de los retos de su administración, se reconoce que de la información sobre los impactos climáticos históricos y las tendencias socio ecológicas y socioeconómicas, aunada a los fenómenos actuales de industrialización y urbanización, así como el uso indiscriminado y el consecuente deterioro de los recursos naturales, entre otros, representan un problema ambiental, social y económico que se agudizará por los efectos del cambio climático, y enfatiza que la adaptación debe ser un componente central de cualquier esfuerzo de combate al cambio climático. Para ello, a través del Sistema Nacional del Cambio Climático, previsto en la Ley General de Cambio Climático, se busca coordinar esfuerzos para enfrentar de manera conjunta la vulnerabilidad y los riesgos para el país ante el fenómeno y establecer acciones prioritarias de mitigación y adaptación.

Por lo tanto, promover acciones encaminadas a educar a la población sobre la adaptación al cambio climático es de vital importancia. Para ello, es importante pensar a largo plazo, es urgente comenzar formar a niños y jóvenes en materia de adaptación de los nuevos escenarios naturales, si bien es cierto también se necesita educar para la reducción de las causas de este fenómeno climatológico, también lo es implementar medidas encaminadas a la adaptación del nuevo medio ambiente.

En este sentido, el INECC define este concepto de adaptación como la habilidad de un sistema para ajustarse al cambio climático (incluida la variabilidad del clima y sus extremos) para moderar daños posibles, aprovecharse de oportunidades o enfrentarse a las consecuencias, será el mecanismo para reducir la vulnerabilidad en México.

De esta manera, educar a la población en esta materia debe ser una acción que se lleve desde las aulas, no bastarán los programas a través de los medios de información o campañas de difusión de cambio climático, es necesario una formación que permita a los ciudadanos de los próximos 30 años tener una conducta y perspectiva diferente acerca del cambio climático, que conlleve cambios en los estilos de vida actuales.

Es por ello que el objetivo de la presente iniciativa, es modificar la fracción XIII, y adicionar una fracción XIV al artículo 14 de la Ley General de Educación, a fin de establecer como una obligación concurrente entre la autoridad educativa federal y locales, ejecutar programas en el ámbito de su competencia que difundan y promuevan los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales encaminados a la protección y preservación del medio ambiente.

A diferencia de hace dos décadas, cuando se discutía acerca de las acciones para frenar el cambio climático, hoy en día el discurso a nivel internacional se enfoca hacia establecer estrategias para la mitigación y adaptación al cambio climático, con ello no se intenta dar por fallida la posibilidad de poner un alto a este fenómeno global, sin embargo, es necesario ser realistas y explicar a la población que los efectos del cambio del clima son parte de la vida cotidiana de las personas, y en consecuencia educar desde las aulas a las niñas, niños y adolescentes para que en un media plazo, puedan establecer acciones que les permitan asegurar un desarrollo personal, social y familiar armónico, con el menor impacto posible de los efectos del cambio climático.

Es claro que los objetivos del milenio en materia de medio ambiente se encuentran lejos de cumplirse, sin embargo, es momento de pensar en generar las condiciones para que la ciudadanía enfrente de la mejor manera los efectos de los fenómenos naturales, que la misma actividad humana ha generado con el paso del tiempo.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN XIII Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV AMBAS DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.

ÚNICO. Se adiciona una fracción XIV al artículo 14 ambos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I a XII…

XIII.- Ejecutar programas en el ámbito de su competencia que difundan y promuevan los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales encaminados a la protección y preservación del medio ambiente.

XIV.- Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I a XII…

XIII.- Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

 

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

 

I a XII…

XIII.- Ejecutar programas en el ámbito de su competencia que difundan y promuevan los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales encaminados a la protección y preservación del medio ambiente.

XIV.- Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de noviembre de 2015.

1 “Objetivos de Desarrollo del Milenio Informe 2015”, Organización de las Naciones Unidas, [citado 19-10-2015], en línea, disponible en: http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf

2 Ídem.

3 Vésase “¿Qué es el cambio climático?”, Centro Mario Molina, [en línea], consultado 29-10-2015, disponible en internet: http://centromariomolina.org/cambio-climatico/temas/educacion-en-cambio-climatico/

4 Véase “Efectos del Cambio Climático en México”, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, [en línea], consultado: 29-10-2015, disponible en internet: http://iecc.inecc.gob.mx/efecto-cambio-climatico-en-mexico.php

5 Véase “Encuesta telefónica sobre cambio climático y al calentamiento global”, (2014), Centro de Estudio Sociales de Opinión Pública, Cámara de Diputados, [en línea], consultado: 29-10-2015, disponible en internet: file:///C:/Users/hp/Downloads/49-Encuesta-cambio-climatico.pdf

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Monreal Ávila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.





 

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 1o. constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo)

La Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Legisladores.

“Al pueblo de México”

En una crisis económica de seguridad, de corrupción y de derechos humanos, señalada por organismos internacionales, existe una sola solución, un Estado de derecho que ponga por sobre todas las cosas los derechos de la sociedad. Argumentar otros caminos comienza a añejarse, y a los que contradicen esta condición caen en una obstinación ciega.

El respeto y la confianza de la sociedad se gana con resultados y estos se han perdido actualmente. La única manera de recuperarlas es a través de una actuación impecable de la autoridad, desde el nivel más bajo al nivel más alto de la jerarquía legislativa, administrativa y judicial.

Con la reforma constitucional en derechos humanos de junio de 2012, me pareció claro que los poderes de la unión habían optado por comenzar un camino en el cual la concepción de la supremacía de los derechos humanos antecedía cualquier acto de autoridad, cualquier decisión.

Sucesos recientes, y que se repiten crónicamente en el actuar gubernamental, nos ha provocado y nos ha probado que hemos estado equivocados.

Por si fueran insuficientes, recientemente varios juristas, expertos en la materia de derecho, han señalado una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de agosto del año en curso, en el que el Diario Oficial de la Federación, en la resolución de expedientes varios dice, y señala:

“Que para determinar las obligaciones del Poder Judicial frente a una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los juzgadores deben tomar en cuenta, dentro de su análisis, siempre una serie de elementos, dentro de estos elementos a considerar está la relación que debe existir entre los derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que considera válidos, y con aquellos que se encuentran dispuestos en la Constitución”.

Señala que: “los compromisos de los tratados -dentro de los cuales el Estado mexicano es Parte- se deben respetar, pero si algunos de los deberes del fallo implica el desconocimiento de una restricción constitucional, deberá prevalecer la Constitución”.

Además hace referencia a una jurisprudencia como sustento de lo anterior. En esta jurisprudencia se señala que en las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, y por tanto, cuando en la Constitución haya una restricción expresa en el ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional.
Es así como pretendemos hacer que este país sea:

Uno.- Respetuoso de los derechos humanos, y establecer un Estado de derecho.

¿Es así como el Estado piensa recuperar el respeto y la confianza de las y los mexicanos y sus autoridades?

Desde un principio específico, la tesis de referencia y los conceptos que perturbaron a diversos abogados y a su servidora, suscriptora de esta iniciativa, se refieren únicamente a las restricciones constitucionales en términos de fuero militar y los asuntos que son competencia del mismo.

Sin embargo, los términos versan sobre la restricción de los derechos humanos, y por lo tanto, debemos detener la evolución de los términos utilizados antes de que puedan ser utilizados por antecedentes para asuntos posteriores.

Adelantándonos a posteriores argumentos, nos parece inaceptable invocar el concepto añejo de la soberanía nacional para incumplir con las decisiones de la Corte, y por tanto, las obligaciones aceptadas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La protección más amplia para los ciudadanos es lo único y más importante cuando se habla de violaciones a los derechos humanos, y en este sentido recurrir a la soberanía nacional y a la prevalencia de la Constitución sobre normas internacionales, debe ser considerado una trasgresión de los compromisos internacionales y las promesas nacionales con nuestra sociedad.

Además, recordemos que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece en su artículo 68, que los Estados Parte en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.

Y en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, se precisa en sus artículos 26 y 27, que dentro de la observancia de los tratados y el principio Pacta sunt servanda: “Todo tratado en vigor obliga a las partes, y debe ser cumplido por ellas de buena fe”.

Asimismo, se señala que en el derecho interno y la observancia de los tratados, una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Por lo que, de evolucionar los términos establecidos en la tesis, materia de la presente iniciativa, no sólo se disminuiría la jerarquía de la protección más amplia de los derechos humanos a los ciudadanos, sino que se estaría ante una flagrante violación de los tratados internacionales de los que México firma y se hace parte.

Juristas respetados han dejado claro que en el momento en que un Estado asume las obligaciones establecidas en los mismos tratados internacionales que han suscrito o ratificado, en realidad, ese Estado ha renunciado a objetar su soberanía con respecto a las obligaciones del mismo.

¿Acaso el Estado mexicano aceptaría que una de las partes, en un juicio dentro de su jurisdicción, se rehusara a cumplir con la resolución emitida por la autoridad competente, destruyendo así la totalidad de los cimientos en los que el sistema de procuración e impartición de justicia se construye?

La justicia mexicana no debe elaborar recovecos en los que posteriormente podrían invocar la violación de las resoluciones de la Corte Interamericana de los sobre Derechos Humanos.

México es un Estado Parte en la Convención Americana, desde el 24 de marzo de 1981, y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 16 de diciembre de 1998.

Es por todo lo anterior, que me parece necesario y urgente modificar el artículo 1o. de nuestra Constitución, para poner freno a terminologías que generen confusión o ambigüedad, añadiendo un párrafo que especifique:

“Que el Estado mexicano se compromete a cumplir las decisiones de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos en todo caso en que sea parte, sin excepción”.

Podrá parecer reiterativo, sin embargo, después de leer la tesis que originó la preocupación de la sociedad, es menester evitar una regresión a la protección más amplia de los derechos humanos que opaque la nueva visión de Estado y de sociedad que hemos optado por defender.

Es así, compañeras y compañeros, que les pido su apoyo a la presente iniciativa para demostrar que este Senado no dará paso atrás ante las decisiones que ya se han tomado.

Es cuanto.

Muchas gracias.

Y le quiero agradecer también al Senador Lavalle Maury que se haya suscrito a esta iniciativa.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita, Senadora Mónica T. Arriola Gordillo de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección a los derechos humanos establecidos en resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Fue en el año 1969, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos contrajo, realmente, a través del pacto, su personalidad jurídica cumplimentando en su totalidad el propósito para el que fue creada.

Su función cómo un órgano internacional de derechos humanos busca la reparación adecuada de todas las violaciones a derechos humanos de los estados parte de la convención.

Busca, desde el castigo de los responsables de las violaciones y la imposición de la indemnización pecuniaria por dicha transgresión, hasta la petición de modificación a la legislación interna para que se adecue a los acuerdos, normas y estándares de la regulación internacional, y de ese modo, no se cometan más violaciones.

Al ser la Corte el órgano principal de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, ésta procesa y juzga todos los casos que le presenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de Estados, fijando una interpretación de la Convención.

Es completamente inaceptable invocar el concepto añejo de la Soberanía nacional para incumplir con las decisiones de la Corte, y por tanto, las obligaciones aceptadas en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

La protección más amplia para los ciudadanos es lo único y más importante, cuando se habla de violaciones a los derechos humanos, y en este sentido, recurrir a la soberanía nacional y a la prevalencia de la constitución sobre normas internacionales debe ser considerado una transgresión de los compromisos internacionales y las promesas nacionales con la sociedad.

Ahora bien, sabemos que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea emitida por una de sus Salas o por el Pleno, tiene implicaciones absolutas en los procesos judiciales posteriores, la obligatoriedad sobre cómo interpretar la norma y la decisión de la pirámide judicial. 

Recientemente, varios juristas, expertos en la materia de derecho, exaltaron una tesis (XVI/2015) publicada el 14 de agosto del año en curso en el Diario Oficial de la Federación, en la resolución del expediente varios 1396/2011.

En este asunto de relevancia nacional, se debió precisar para todo el Poder Judicial de la Federación una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Quisiera precisar, desde el principio de esta exposición de considerandos, que en este asunto, los conceptos que perturbaron a diversos abogados y a la suscriptora de esta iniciativa, se refieren, únicamente, a las restricciones constitucionales en términos del fuero militar y los asuntos que son competencia del mismo.

Sin embargo, los términos aludidos versan sobre la restrictibilidad de decisiones relacionadas con violaciones a derechos humanos en las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por lo tanto, deben de ser abordados antes de que puedan ser utilizados como antecedente para asuntos posteriores.

La importancia de evitar una evolución de los conceptos y terminología utilizada es de suprema importancia para el futuro de los derechos humanos en nuestro país.

En la tesis, materia de esta iniciativa, la Corte señaló que para determinar las obligaciones del Poder Judicial de la Federación frente a una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos los juzgadores deben tomar en cuenta dentro de su análisis, siempre, una serie de elementos, entre ellos, la correspondencia que debe existir entre los derechos humanos que estimó vulnerados la Corte Interamericana, con aquellos que se encuentran dispuestos en la Constitución (…) o en los tratados que el Estado Mexicano celebre y que, por tanto, se comprometió a respetar, en el entendido de que, si alguno de los deberes del fallo implica el desconocimiento de una restricción constitucional, deberá prevalecer ésta (…)1

Posteriormente, hace referencia a una jurisprudencia, como sustento y esqueleto de lo anterior, en donde las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos y, por tanto, cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional (…)

Es así, ¿cómo pretendemos hacer de este país uno respetuoso de los derechos humanos, ampliándolos, y establecer un estado de derecho?

Además, recordemos que la Convención Americana de Derechos Humanos, establece en su artículo 68 que:

“1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”

Y en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en su artículo 26 y 27 que:

Observancia de los tratados.

26. "Pacta suntservanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.

27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.

Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.”

Por lo que de evolucionar los términos establecidos en la tesis materia de la presente iniciativa, no sólo se disminuiría la jerarquía de la protección más amplia de los derechos humanos a los ciudadanos, sino que se estaría ante una flagrante violación de los tratados internacionales de los que México es parte.

Juristas respetados han dejado claro ya que, en el momento en que un Estado asume las obligaciones establecidas en los tratados internacionales que ha suscrito o ratificado, en realidad, ese Estado ha renunciado a objetar su soberanía cuando de las obligaciones de ese tratado se discute, en nombre de la buena convivencia internacional y la buena fe de las determinaciones ahí establecidas. 

Acaso el Estado Mexicano, ¿aceptaría que una de las partes en un juicio dentro de su jurisdicción se rehusará a cumplir con la resolución emitida por la autoridad competente? ¿Destruyendo así, la totalidad de los cimientos en los que el sistema de procuración e impartición de justicia se construye?

Pues nosotros no aceptaremos que la justicia mexicana elaboré recovecos en los posteriormente podría invocar la violación de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

México es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos  desde el 24 de marzo de 1981 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 16 de diciembre de 1998.

De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Convención Americana, las sentencias de la Corte deben ser prontamente cumplidas por el Estado en forma íntegra.

Asimismo, ya se mencionó en el presente documento, las obligaciones establecidas en el artículo 68.1 de la Convención Americana y, para ello, los Estados deben asegurar la implementación a nivel interno de lo dispuesto por el Tribunal en sus decisiones.

Ya en resolución, el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de enero de 2012 en el caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos se estableció que la obligación de cumplir lo dispuesto en las sentencias del Tribunal corresponde a un principio básico del Derecho Internacional, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta suntservanda).

Los estados partes no pueden por razones de orden interno dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida. Las obligaciones convencionales de los Estados Partes vinculan a todos los poderes y órganos del Estado.

Los Estados Partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effectutile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos, sino también en relación con las normas procesales, como las que se refieren al cumplimiento de las decisiones de la Corte. Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos.

Los Estados Partes en la Convención que han reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte, como lo es el mexicano, tienen el deber de acatar las obligaciones establecidas por el Tribunal. Esta obligación incluye el deber del Estado de informar a la Corte sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal en dichas decisiones. La oportuna observancia de la obligación estatal de indicar al Tribunal cómo está cumpliendo cada uno de los puntos ordenados por éste es fundamental para evaluar el estado del cumplimiento de la Sentencia en su conjunto.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que, me parece imperante someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Título Primero

Capítulo I
De los Derechos Humanos y sus Garantías

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

El Estado Mexicano se compromete a cumplir las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en todo caso en que sea parte, sin excepción.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El siguiente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de noviembre de 2015.

Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo.

1 http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=5003

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tómese nota de la adhesión del Senador Jorge Luis Lavalle Maury.

¿Acepta la adhesión de los Senadores Mariana Gómez del Campo y López Brito?

Sí acepta.

Senador Rosas Aispuro.

¿Alguna otra adhesión más?

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Angélica Araujo Lara, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL

(Presentada por la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, a nombre propio y de los Senadores Ivonne Liliana Álvarez García, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Jesús Casillas Romero, Roberto Armando Albores Gleason, Ricardo Barroso Agramont y Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Gracias, señor Presidente.

Y le pediría, porque yo sé que a veces las iniciativas son muy técnicas, que se pudiera inscribir el texto íntegro de la presente iniciativa.

Yo quiero hablar hoy más hacia lo que hacemos los Senadores, que es recibir por parte de las organizaciones de la sociedad civil una serie de demandas, y esta iniciativa obedece a un grupo de personas que se dedican a proteger animales, mascotas, que a veces son animales de la calle, y que les quiero comentar que me presentaron esta historia de una señora que adopta una perrita de la calle que tenía, inclusive, ya problemas en la piel, pero que luego cuando ella la deja bien de salud se da cuenta de que este animal no puede emitir ladridos.

¿Qué es lo que sucede?

Nos dimos a la tarea un grupo de Senadores de investigar ante esta solicitud de las organizaciones, qué pasa.

Hablamos con veterinarios, hablamos con gente especializada y nos dimos cuenta que existe una práctica ya muy común en nuestro país que el término correcto y médico es la cordectomía, que significa cortar las cuerdas vocales de las mascotas, de los animales, principalmente de los perros.

Sabemos que en algunas ciudades la concentración de la población en edificios, sobre todo verticales, hace que algunas familias les moleste el ruido que hacen nuestras mascotas, pero la verdad es que ésta es una práctica que se está dando de una manera clandestina, es una práctica inhumana, si ustedes vieran las imágenes, las fotos, de verdad, de estas mascotas, sinceramente quiero hacer conciencia con ustedes Senadores, porque estas organizaciones se dedican a recoger animales de la calle, y no puede ser posible que a veces a un niño se le escapa su mascota y cuando de pronto la encuentra ha sufrido de esta práctica.

Por eso nos dimos a esta tarea y por eso lo que venimos hoy es a proponer como legisladores conscientes de que si dentro de los derechos humanos que tenemos es también el derecho humano a tener una mascota, venimos hoy a proponerles a ustedes, a hablarles a todos aquellos que hacen esta labor tan importante y altruista de recoger animales de la calle, venimos a decirles que estamos proponiendo una iniciativa de ley de modificación a la Ley Federal de Sanidad Animal, para que nosotros pongamos sanciones administrativas.

¿Qué es lo que queremos hacer?

Primero, poner sanciones administrativas para todos aquellos que realicen esta práctica, que tristemente no tenemos idea de la cantidad que se da en nuestro país, porque ni siquiera hay registro, pero que cada vez es una práctica mucho más recurrente y es algo en lo que debemos de poner especial énfasis.

Queremos también hacer conciencia de que este es un problema que se está dando y que necesitamos nosotros levantar la voz para evitar que siga sucediendo, porque todos sabemos que las conductas que se dan primero entre el ser humano con nuestras mascotas o con los animales, o con otro ser vivo, casi siempre va a terminar en conductas, por supuesto, delictivas entre seres humanos.

Sabemos que quienes han hecho de verdad grandes tragedias en contra de los seres humanos, a veces iniciaron con prácticas en su casa, con sus mascotas, con los animales, en seres vivos.

Y por eso venimos hoy a pedirles su consideración, y ojalá nos quieran apoyar y respaldar en esta iniciativa que, de verdad, tiene como fin atender a una de estas seguramente demandas que les llegan a muchos de ustedes a través de sus correos de organizaciones de la sociedad civil que están trabajando todos los días de una manera altruista, de una manera sin esperar nada a cambio, y que lo que quieren es poner especial énfasis en algunos temas importantes.

Y bueno, por supuesto no solamente atender ya este problema, sino hacer conciencia y evitar que se den estas prácticas en nuestro país, que cada vez las vemos más recurrentes, y con esto contribuir y dar nuestro granito de arena a que el bienestar de nuestros animales sea respetado, sea también, por supuesto, considerado a nivel nacional, y lograr que mucha más gente quiera participar en la iniciativa de reformas a la ley.

Estamos también poniendo un apartado en el que ojalá la ciudadanía pueda denunciar a través de números, de mecanismos gratuitos, denunciar esta práctica, que pudieran ellos conocer o saber que se está realizando, a veces por médicos veterinarios sin ética y sin ninguna formación, de verdad, pues ahora sí que comprometida con su profesión.

Es así de sencilla, así de directa, así de sentida esta solicitud que venimos a plantear, y pues yo les invitaría por supuesto a sumarse a estas modificaciones que estamos proponiendo un grupo de Senadores a esta Ley de Federal de Sanidad Animal.

Muchísimas gracias y buenos días.

Iniciativa

Los que suscribimos, Senadoras y Senadores de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, MELY ROMERO CELIS, JESÚS CASILLAS ROMERO, ARMANDO ALBORES GLEASON, RICARDO BARROSO AGRAMONT y ALEJANDRO TELLO CRISTERNA integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República; sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la actualidad, los seres humanos nos hemos hecho conscientes del valor y respeto que merecen los animales. Es así, que diversos sectores sociales han pugnado por el respeto a su integridad y seguridad como seres vivos, pidiendo también que se les dé un trato digno.
Sin embargo, prácticas como la mutilación animal con fines estéticos, aún se mantiene vigente. Este tipo de costumbres van desde el corte de cola (caudectomía), hasta el corte de orejas (otoectomía), la extirpación de cuerdas vocales (cordectomía) y la extirpación de las uñas en el caso de los gatos (desungulación).

Además del dolor innecesario que se causa al animal con periodos de recuperación dolorosos, es menester mencionar que las mismas se realizan con anestesia general lo que pone en riesgo su vida, aunado al hecho de que en ocasiones se realizan en condiciones insalubres y por personas que no cuentan con los conocimientos necesarios.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta las secuelas que pueden ocasionarse al animal. Por ejemplo en el caso de la cordectomía, al cortar las cuerdas vocales a los perros para que ya no puedan ladrar, se les quita gran parte de su facultad de comunicarse y expresar sus necesidades, ansiedades o estados de ánimo, lo que incide en su capacidad para relacionarse con los humanos o los de su misma especie, mermando así su calidad de vida. En el caso de esta cirugía, incluso algunos veterinarios han expresado que no se elimina del todo el sonido sino que queda una especie de ronquera.

La concientización sobre esta problemática y la necesidad de establecer en la legislación la responsabilidad de mantener el bienestar animal, ha motivado diversas reformas que contemplan sanciones administrativas o incluso penales para quienes realicen estás prácticas.

En el caso de Europa encontramos el antecedente de Andalucía y Cataluña provincias españolas cuya legislación prohíbe practicar mutilaciones, extirpación de las uñas, cuerdas vocales y demás partes u órganos de los animales, salvo las intervenciones hechas con asistencia veterinaria en caso de necesidad terapéutica, para garantizar su salud o para limitar o anular su capacidad reproductiva; con la salvedad de que por motivos científicos o de manejo, podrán realizarse dichas intervenciones previa obtención de la autorización de la autoridad competente en el caso de Cataluña; Andalucía prohíbe practicar la mutilación con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las practicadas por veterinarios en caso de necesidad.

En nuestro continente tenemos el caso de Brasil, donde una ley que entró en vigor en 2009, prohíbe la práctica de cortarles las cuerdas vocales para evitar que hagan ruido, estableciendo una sanción para el veterinario que la practique, que va de 3 meses a un año de prisión con su respectiva multa.

Los esfuerzos legislativos se han dado ya en nuestro país, diversas entidades federativas han buscado ampliar la definición y alcance del concepto de bienestar animal para que abarque todo tipo de abusos a que son sujetos los animales de compañía, incluso en este Senado se han presentado diversas iniciativas que buscan establecer en un nivel normativo la responsabilidad que tenemos para con los animales en cuanto a su tratamiento, comercialización, transporte y sacrificio.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es que nos permitimos proponer mediante iniciativa con proyecto de Decreto, modificaciones a la Ley Federal de Sanidad Animal.

Las modificaciones están orientadas a que el concepto de bienestar animal incluya a los animales de compañía y que los lineamientos que deberá emitir la Secretaría para la expedición de los reglamentos materia de la Ley contemplen como parte del bienestar animal la prohibición de este tipo de cirugías siempre y cuando no estén avaladas o realizadas por un veterinario y solo en los casos en que la salud o vida del animal se encuentre en peligro.

Las adiciones que proponemos, de acuerdo a la estructura de la actual Ley, permitirían que quienes realicen estas prácticas se puedan hacer acreedores a sanciones administrativas, además de que se abriría la posibilidad de que cualquier persona pueda denunciar este tipo de prácticas lo que abre la puerta para que la sociedad civil, que ya realiza grandes esfuerzos en la materia, pueda coadyuvar a garantizar el bienestar de las mascotas de compañía.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO: Se reforma el párrafo onceavo del artículo 4, así como la fracción I del artículo 20, para quedar como sigue:

Artículo 4.- Para los efectos de la ley se entiende por:

Bienestar animal: Conjunto de actividades encaminadas a proporcionar comodidad, tranquilidad, protección y seguridad a los animales durante su crianza, mantenimiento, explotación, transporte, sacrificio, posesión o propiedad de particulares.

Artículo 20.- La Secretaría en términos de esta Ley y su Reglamento, emitirá las disposiciones de sanidad animal que definirán los criterios, especificaciones, condiciones y procedimientos para salvaguardar el bienestar de los animales conforme a su finalidad. Para la formulación de esos ordenamientos se tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes principios básicos.

I. Que exista una relación entre la salud de los animales y su bienestar. Que el bienestar de los animales requiere de proporcionarles alimentos y agua suficientes; evitarles temor, angustia, molestias, dolor y lesiones o cirugías innecesarias salvo lo determinado por un médico veterinario siempre que la salud o vida del animal se encuentre en riesgo; mantenerlos libres de enfermedades y plagas, y permitirles manifestar su comportamiento natural;

TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO: La Secretaría contará con 180 días naturales para la adecuación o expedición de la normatividad respectiva para el debido cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto.

En la sede del Senado de la República, el 5 de noviembre de 2015.

Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Ivonne Liliana Álvarez García.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Roberto Armando Albores Gleason.- Sen. Ricardo Barroso Agramont.- Sen. Alejandro Tello Cristerna.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Araujo Lara. Inscríbase en sus términos la iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna, para adherirse a la iniciativa.

Senadora Angélica Araujo Lara, ¿acepta las adhesiones?

También los Senadores Luis Fernández, Senador Ríos Piter, Rosas Aispuro, tomen nota de las adhesiones. La Senadora Mónica Arriola también se adhiere.

Damos la bienvenida a estudiantes de la carrera de comunicación, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, invitados por el Senador Martín Orozco Sandoval.

¡Bienvenidos al Senado de la República!





 

Se le concede el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Como lo sabemos todos, los programas sociales implementados en nuestro país representan, sin duda, la visión cortoplacista del grupo que detenta el poder público en un momento determinado dependiendo inclusive del ámbito de gobierno del que estemos hablando.

Creo que el éxito o fracaso de estos mismos programas, por supuesto que es responsabilidad de la administración pública, sin que exista, y ese es el punto fundamental de la propuesta que vengo a presentarles, sin que exista un contrapeso de seguimiento o auditoría por parte del Poder Legislativo.

Y es en ese sentido, insisto, la iniciativa que vengo a poner a consideración de todas y todos ustedes, lo que pretende es encontrar un mecanismo que abone al control, pero también a la evaluación de los programas sociales que se aplican en nuestro país.

Y, es que pienso que el proceso de elaboración de los criterios para la formulación, para la instrumentación, control y evaluación de los programas, esta Soberanía sólo cuenta con la obligación constitucional de incorporar programas de desarrollo al sistema de planeación democrática.

Esto está así que la Constitución establece que es el Poder Ejecutivo a través de las dependencias que lo conforman el encargado del diseño de estas reglas de operación de los programas sociales, y a su vez, como todos sabemos, la Cámara Baja a través de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación es quien puede señalar los programas que serían susceptibles al otorgamiento de recursos públicos y que tendrán que sujetarse a dichas reglas de operación.

Empero, compañeras y compañeros, el marco jurídico del que hablamos no establece ningún mecanismo mediante el cual la Cámara de Senadores pueda participar de alguna forma en el control y en la evaluación de los programas sociales.

El propósito de la propuesta es conformar un mecanismo que responda a esta necesidad, a poder participar de manera indirecta pero responsable en el desarrollo de los programas sociales sin menoscabo, por supuesto, lo subrayo, sin menoscabo de las facultades conferidas al Ejecutivo Federal en el tema que estoy abordando ante todos ustedes.

Tampoco, lo quiero subrayar, queremos transgredir la facultad exclusiva de la Colegisladora, la pretensión que vengo a presentar a todos ustedes es sumar esfuerzos en el ámbito de competencia de este Senado de la República para que el desarrollo nacional se encamine de la mejor manera a la consecución de sus fines, y por tal virtud sostengo, compañeras y compañeros, que existe el suficiente marco legal para la viabilidad de nuestra propuesta a través de una reforma al artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que el Poder Legislativo participe en el proceso de control y evaluación de los programas de desarrollo mediante la emisión de una opinión fundada en estos instrumentos legales.

Yo sostengo que una opinión técnica que podríamos presentar, podría realizarse en el seno de distintas comisiones senatoriales y que abonaría a que los programas sociales puedan responder integralmente al propósito fundamental por el que fueron creados, en virtud, compañeras y compañeros, de que es el Congreso en donde se encuentran representados en su máxima expresión los intereses de los habitantes de este país, y en consecuencia, creo que es donde se debe observar de una manera profusa que sus demandas sean escuchadas y sean atendidas.

De la opinión de la que estoy hablando podría estar sujeta a formalizarse durante el año fiscal corriente sin menoscabo de los procedimientos que establece la propia normatividad aplicable para que el resultado se haga del conocimiento del Ejecutivo, se haga del conocimiento de la Colegisladora a efecto de aportar al desarrollo del país, reitero, sin transgredir a sus propias responsabilidades.

Esta es la propuesta que presento y que, por supuesto, en aras de que las Senadoras y los Senadores, señor Presidente, puedan conocerla de manera puntual, le agradecería me obsequie, como lo he solicitado en otras ocasiones, que la propuesta íntegra que aparece hoy en la Gaceta también sea incorporada al Diario de los Debates.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El suscrito, Benjamín Robles Montoya, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de conformidad con la siguiente:

EXPÓSICIÓN DE MOTIVOS

Los programas sociales implementados en nuestro país en los últimos años, derivados de la política social han sido resultado de la visión del grupo que detenta el poder público. Al pasar del tiempo los enfoques que han permeado la puesta en marcha de programas de desarrollo han transitado de una visión emanada del Estado de Bienestar que privó antes de la llegada de Acción Nacional al gobierno federal, hasta una perspectiva social que se basaba en el adelgazamiento del aparato burocrático para dar entrada a la liberalización de la economía, situación que procedió una permutación en la manera en que se respondía a los retos sociales y por ende, a la implementación de los programas de referencia.

De esta manera encontramos depositada en nuestro Máximo precepto legal, la responsabilidad del Estado de incorporar programas de desarrollo en el sistema de planeación democrática, en este sentido el artículo 26 apartado A, en su segundo párrafo señala:
La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

El texto es claro en señalar que los programas sociales deben de responder a los retos sociales que enfrenta el país. Por otro lado, el párrafo tercero de la misma disposición estipula:

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo.

Lo anterior es importante, ya que la presente iniciativa pretende encontrar un mecanismo que abone al control y evaluación de los programas de mérito.

Observamos que en el proceso de elaboración de los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación de los programas esta Asamblea no tiene participación, nos referimos a los resultados de los programas de referencia en función de sus reglas de operación. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en la fracción XLV del artículo 2º, define estas reglas de operación, de la siguiente manera:

Reglas de operación: las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos.

La Constitución establece que es el Poder Ejecutivo, a través de las dependencias que lo conforman el encargado del diseño de estas reglas de operación. Sin embargo, notamos que la participación de la Cámara Alta queda acotada en este procedimiento, que se encuentra tutelado en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece en lo conducente:

Con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación. La Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas.

Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas serán responsables de emitir las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria sujetándose al siguiente procedimiento…

Así que la norma estipula, que dentro de la facultad de la Cámara Baja de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación podrá señalar los programas que serán susceptibles al otorgamiento de recursos públicos y que tendrán que sujetarse a reglas de operación, a efecto de asegurar su correcta aplicación.

Empero la disposición no establece algún mecanismo mediante el cual la Cámara de Senadores participe de alguna forma en el control y evaluación de los programas sociales.

El propósito de esta propuesta es el de conformar un mecanismo que responda a esta necesidad participar de manera indirecta en el desarrollo de los programas sociales, sin menoscabo de las facultades conferidas al Ejecutivo Federal en el tema en cita.

Tampoco queremos transgredir la facultad exclusiva de la colegisladora, la pretensión es la de sumar esfuerzos en nuestro ámbito de competencia para que el desarrollo nacional se encamine de la mejor manera a la consecución de sus fines.

Nuestro sustento jurídico estriba en la facultad del Congreso de la Unión de expedir las leyes necesarias para normar la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de las instancias federales, instituido en el artículo 73 fracción XXIV de nuestra Carta Magna, que citamos para pronta referencia:

El Congreso tiene facultad:

XXIV. Para expedir la Ley que regule la organización de la entidad de fiscalización superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales.

En el mismo sentido, a efecto de soportar normativamente la presente iniciativa, encontramos que la fracción II del artículo 77 constitucional establece, en relación a las facultades de cada una de las Cámaras, lo siguiente:

Comunicarse en la Cámara colegisladora y con el Ejecutivo de la Unión, por medio de comisiones de su seno.

En este orden de ideas, el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos dispone la conformación de treinta comisiones ordinarias esta Honorable Asamblea, mismas que por su objeto podrían abonar emitiendo opiniones al respecto de programas sociales con el único afán de coadyuvar en el desarrollo nacional, sin prejuicio de las atribuciones exclusivas de otras instancias y poderes de la unión.

Por tal virtud, creemos que existe el suficiente marco jurídico para la viabilidad de nuestra propuesta, que como lo señalamos en párrafos anteriores, no busca transgredir facultades; sino que constituye un mecanismo para que el Poder Legislativo participe en proceso de control y evaluación de los programas de desarrollo mediante la emisión de una opinión fundada de estos instrumentos legales.

Es así que sostenemos que una opinión técnica que se realice en el seno de las comisiones senatoriales abonaría a que los programas sociales respondan integralmente al propósito fundamental de los por los que fueron creados, en virtud de que es en el Congreso en donde se encuentran representados en su máxima expresión los intereses de los habitantes de este país y en consecuencia donde se debe observar profusamente que sus demandas sean escuchadas y resueltas.

Por otro lado, advertimos que esta necesidad emana de la responsabilidad del Órgano Legislativo, de conocer si se están respetando los criterios generales que deben de seguirse para la elaboración de las reglas de mérito.

De tal modo, que la finalidad del presente trabajo es que se le permita a esta Cámara opinar acerca de los resultados de los programas sociales a fin de observar que se estén realizando de conformidad al objeto por los que fueron creados, sin interferir en otras atribuciones, es decir, que podamos opinar al respecto.

Dicha opinión podría estar sujeta a formalizarse durante el año fiscal corriente, sin menoscabo de los procedimientos que establece la normatividad aplicable, para que el resultado se haga del conocimiento del Ejecutivo y de la colegisladora, a efecto de aportar al desarrollo del país sin transgredir sus responsabilidades.

La normatividad en la materia, como todos sabemos, cierra totalmente cualquier intento de allanar responsabilidades exclusivas de la Cámara baja, por lo que es menester señalar que el interés principal de esta iniciativa se relaciona al de permitir a razón de ley, una opinión fundada y motivada por parte de esta Soberanía en el tema que nos ocupa.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 78 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

Artículo único.- Se adicionan dos párrafos al artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 78.- ...

...

...

El Congreso de la Unión a través de la comisión que en razón de su competencia corresponda, podrá emitir opinión sobre los resultados de los programas sujetos a reglas de operación.

Dicha opinión deberá fundarse y motivarse conforme a lo establecido en el segundo párrafo de este artículo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2015.

Suscribe.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Robles Montoya. Insértese la iniciativa de forma íntegra en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de Acuerdo sobre el manejo integral eficiente de residuos. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)



Se recibió el texto de la intervención del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, sobre este dictamen, mismo que se integra al Diario de los Debates.

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de los dictámenes de la Comisión de Educación, que contienen puntos de Acuerdo.

Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, por lo que solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy cuenta con las materias de los dictámenes de la Comisión de Educación, con puntos de Acuerdo:

Que exhorta ampliar y fortalecer las políticas orientadas a combatir el rezago educativo y la deserción escolar.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Otro, que exhorta a implementar las acciones necesarias para garantizar el derecho humano a la educación de niñas, niños y adolescentes migrantes nacionales, extranjeros y repatriados.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Y otro, que exhorta a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar que los particulares que prestan servicios educativos cuenten con los registros de validez oficial correspondientes.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Están a discusión. Y para referirse al mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD .

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores que hoy nos hacen el favor de estar presentes.

Hablamos para el pueblo de México ante la ausencia casi definitiva de los Senadores de la República en este Pleno, en un tema tan delicado como es el tema educativo.

Por supuesto que estamos a favor de este punto de Acuerdo, pero seguiremos observando que en este caso concreto, y en muchos otros, los puntos de Acuerdo sólo son buenas intenciones, y son buenas intenciones porque exhortan al gobierno de la República para que fortalezca políticas orientadas a combatir el rezago educativo, y también a los gobiernos de los estados y a los gobiernos municipales.

Sin duda que el exhorto para que haya menor deserción escolar y se reduzca el rezago educativo es una muy buena intención; sin embargo, tenemos que señalar que al gobierno del ciudadano Presidente Enrique Peña Nieto, no le interesa el tema educativo, y no le interesa porque hemos señalado hasta la saciedad en este Pleno, lo hemos hecho en foros nacionales e internacionales, que la ley que se generó a partir de la reforma constitucional o las leyes, más bien que se generaron a partir de la reforma constitucional del artículo 3o., la reforma educativa, es una reforma que no resuelve el problema educativo.

Uno de los grandes objetivos de cualquier país es generar cobertura universal en la educación, y si revisamos el caso de México, pues es uno de los rubros en donde el gobierno de México ha incumplido de manera determinante.

Todos estamos convencidos que la educación genera el capital humano y que este capital humano es fundamental en la superación de la pobreza.

Cuando revisamos el asunto de cuáles son las causas que generan el rezago educativo y generan la deserción escolar, vemos que una de las causas principales es la pobreza.

¿Por qué desertan los niños en las escuelas públicas de México?

Porque a pesar de lo que aquí se diga y a pesar de que se siga diciendo que en la Ley General de Educación se prohíben las cuotas escolares, ésta es una situación común en todas las escuelas de México.

Entonces muchos de los niños desertan de las escuelas porque no tienen para pagar las cuotas escolares, no tienen para pagar los uniformes y no tienen para ir bien alimentados a la escuela.

A esto tenemos que agregar el fenómeno de la desintegración familiar, en donde millones de madres solteras hacen el papel de padre y entonces por trabajar desatienden a los hijos.

Dijimos con mucha puntualidad que la reforma educativa no resolvería el problema educativo, y vean en dónde estamos metidos ahora.

Hay un grupo importantísimo de maestros de México que se han opuesto a la reforma educativa, y como respuesta el gobierno de Enrique Peña Nieto en lugar de buscar un diálogo sincero, un diálogo fraterno para ver cuáles son las inconformidades de estos profesores, ahora lo que hace el gobierno es meterlos a la cárcel en el Penal de Alta Seguridad del Altiplano.

¿De qué se acusa a estos maestros?

Se les acusa de la toma violenta de instalaciones, de vandalismo, de robos de libros de texto gratuitos, de motín, de daños en propiedad ajena.

Si revisamos, se está violando la presunción de inocencia de todos estos maestros y Enrique Peña Nieto piensa que implantando una política Robesperriana, como lo hacía Robespierre después de la Revolución Francesa, la política del terror va a amedrentar a los maestros para que no se manifiesten.

Hoy están en la cárcel los presos políticos Juan Carlos Orozco Matus, Othón Nazariega Segura, Efraín Picazo Pérez y Roberto Abel Jiménez. Su delito fue oponerse a la reforma educativa. Su delito es no plegarse ni someterse a los caprichos de una ley que lastima los derechos laborales de los trabajadores de la educación.

Con estos ejemplos sin duda que el rezago educativo, lejos de abatirse en México, se va a acentuar. La deserción escolar, lejos de corregirse en México, va a acentuarse.

Hoy los maestros viven una etapa de terror porque tienen miedo de que se los lleven al penal de El Altiplano.

El gobierno de Peña Nieto y su régimen está siendo enjuiciado internacionalmente por los delitos que se cometen y no son sancionados en México. Se le acusa de violación sistemática de los derechos humanos, de generalización de la tortura, de deficiencias en la prevención, investigación, sanción y búsqueda de personas desaparecidas, y las desapariciones forzadas.

Por lo tanto, este gobierno lo que tiene que hacer es un diálogo fraterno. Lo hizo en su tiempo el usurpador Salinas con los zapatistas que se levantaron en armas, y hoy lejos de abrir diálogo, Peña Nieto impone terror. Eso sólo va a generar que la gobernabilidad del país, que de por sí pende de un hilo muy delgado, se ponga en riesgo.

Estamos a favor del punto de Acuerdo.

“¡Presos políticos, libertad!”.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Para referirse al mismo dictamen, tiene el uso de la tribuna el Senador David Monreal, del grupo parlamentario del PT. Declina.

Tiene la palabra el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, para referirse al dictamen que exhorta a implementar las acciones para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, migrantes nacionales, extranjeros y repatriados. Declina.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Margarita Flores Sánchez, para hablar a favor del dictamen que exhorta a ampliar y fortalecer las políticas orientadas a combatir el rezago educativo y la deserción escolar.

La Senadora Margarita Flores Sánchez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

La educación de calidad es uno de los pilares de este gobierno, el mejor vehículo para lograr un México inclusivo con oportunidades y más equitativo, es siempre a través de la educación.

Desafortunadamente en nuestro país, aún hay miles de niños, adolescentes y jóvenes que no tienen la posibilidad de concluir sus estudios. La mayoría de las veces por falta de recursos económicos.

Los niños de estratos pobres o en situación de vulnerabilidad, son quienes menos oportunidades tienen de terminar su educación básica, peor aún, la oportunidad de que llegue a la universidad se reduce todavía más.

Por ejemplo, de cada cien alumnos que ingresan a la primaria, únicamente tres logran ingresar a la universidad.

Es justo reconocer que la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, a través del Programa Nacional de Becas, ha otorgado más de 7.7 millones de apoyos económicos, lo cual, entre otras cosas, ha permitido a estudiantes de todos los niveles educativos solventar sus gastos, sin duda.

Este programa ha permitido que se reduzcan los índices de deserción escolar que en los últimos años han alcanzado cifras alarmantes.

Sólo por mencionar algunas cifras: en México hay más de un millón de niñas y niños menores de 15 años que no asisten a la escuela o la abandonan.

Sólo 3 de cada 10 jóvenes mayores de 15 años asiste a la escuela. Lamentablemente de cada 100 jóvenes de 15 a 29 años, 35 cuentan con secundaria, 34 concluyeron la educación media superior, 19 lograron finalizar su educación superior.

Todos los datos que anteriormente se enuncian, nos muestran que en México tenemos grandes retos por superar en materia educativa, principalmente lo referente a abandono escolar y a rezago educativo.

Por lo anterior, es necesario que los tres órdenes de gobierno fortalezcan los programas de becas, no solamente para garantizar una educación gratuita y de calidad, sino también para que ningún mexicano, sobre todo los menores de 15 años, se vean en la necesidad de abandonar sus estudios.

No debe de haber excusa alguna para que los niños, adolescentes y jóvenes se encuentren en las escuelas.

En el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos que la Secretaría de Educación Pública y sus homólogas en los 31 estados de la República y el Distrito Federal, continúen instrumentando programas para que nadie se quede sin la posibilidad de estudiar.

El objetivo es que se apoye económicamente a los estudiantes más pobres, a los más vulnerables, y a todo aquél que tenga deseo de superación, y de esa manera se le otorgue la oportunidad de que continúe en su escuela.

Por las anteriores razones, es que los invitamos a votar a favor del presente dictamen, el cual está dirigido a ampliar los programas de becas a los estudiantes de bajos y escasos recursos y de esa forma combatir el rezago educativo y la deserción escolar por las condiciones económicas.

Por su atención, muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Flores Sánchez.

Informo a la Asamblea que el Senador Pozos Lanz ha entregado su intervención, por lo cual se instruye, se inserte en sus términos en el Diario de los Debates.

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



Para referirse al mismo dictamen, tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Morón Orozco.

El Senador Raúl Morón Orozco: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La educación es un factor esencial y estratégico tanto en el desarrollo de una sociedad como el de las personas y sus familias, independientemente de la condición socioeconómica, sociocultural o migratoria de cualquier mexicano.

Constituye un instrumento de primer orden en el pleno ejercicio de la ciudadanía, la libertad y la democracia, así como el desarrollo del país.

Por eso, atender de modo más estratégico el derecho humano a la educación, para evitar que nuestras aulas se vacíen, o que nuestros alumnos profundicen su situación de precariedad con el abandono de su formación escolar, es una obligación irrenunciable del Estado mexicano.

La cobertura universal de la educación, más allá de la condición social o migratoria de nuestros educandos y su lugar de residencia, debe seguir siendo uno de los principales desafíos para la nación, considerando la importancia del capital humano en la superación de la pobreza.

La educación fue incluida como uno de los ocho propósitos de desarrollo humano fijados en la ONU, y signados por 189 países que se comprometieron a lograr la enseñanza primaria universal y velar porque todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.

Con base en este “Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo 2000-2015: Logros y Desafíos”, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, México está muy cerca de reducir en 50 por ciento el analfabetismo, así como de garantizar la paridad e igualdad de oportunidades de acceso educativo para niñas y niños, el cual se cumplió en el nivel de primaria, pero la secundaria no tuvo los mismos resultados.

Habría, incluso, que reconocer también que tampoco hemos logrado garantizar la educación de calidad para todas y todos, ni se ha dado la oportunidad necesaria a jóvenes y adultos para alcanzar los aprendizajes indispensables.

Esto tiene diversas lecturas, o no estamos aplicando las estrategias correctas de política educativa y docencia para asegurar que todos los estudiantes que accedan a las aulas puedan permanecer en ellas y continuar, o no estamos enseñando lo pertinente para garantizar que nuestros educandos mexicanos puedan enfrentar con mayores capacidades y competencias académicas los desafíos del presente.

En relación con la atención del abandono escolar y rezago educativo, si bien el gobierno federal ha implementado una serie de acciones tendientes a lograr mayor retención escolar de los estudiantes de todos los tipos, niveles y modalidades, éstas, desafortunadamente, no han sido suficientes y en general poco asertivas.

Lo anterior es así, porque a pesar de que la deserción ha sido un fenómeno recurrente en la agenda pública, las cifras reflejan que su abatimiento está lejos de ser una realidad, pues aún constituye un problema significativo del Sistema Educativo Nacional, vinculado principalmente a una situación de pobreza y de marginación, pero también de mala calidad del proceso educativo.

El Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, SITEAL, organismo vinculado a la Organización de Estados Iberoamericanos y la UNESCO, registró que cada siete de cada diez niños y adolescentes no escolarizados provienen de los hogares más expuestos a privaciones económicas.

La desigualdad en oportunidades educativas, específicamente de escolarización, limita severamente el programa individual e implanta al interior de las sociedades un espiral de exclusión, pobreza y marginación, que restringe la posibilidad de acceder a otros beneficios de la vida social como la educación, la cultura y las oportunidades laborales.

Por eso hoy, las Senadoras y los Senadores que integramos la Comisión de Educación, del Senado de la República, afirmamos categóricamente que la deserción, la falta de acceso y la mala calidad escolar, provenientes de instituciones públicas o particulares, no deben ser una fatalidad para millones de mexicanos, ni tampoco asuntos sobre los que deba seguir posponiéndose una solución urgente, pertinente, estratégica e integral.

Hoy más que nunca, esta situación exige del Estado mexicano toda su fortaleza y capacidad de acción gubernamental, para no sólo mantener a los alumnos en el salón de clases, sino también para mejorar significativamente el entorno académico, cultural, económico y social de millones de niños y jóvenes mexicanos que merecen un futuro mejor.

Por lo anterior, tal como ha sido propuesto en el presente dictamen, resulta necesario exhortar a la Secretaría de Educación Pública, para que en un esfuerzo coordinado y estratégico con sus homólogas en las entidades federativas, amplíen y fortalezcan las políticas orientadas a favorecer el acceso del derecho a la educación de niños migrantes y no migrantes; combatir el rezago educativo de los cientos de miles de mexicanos que hoy se ubican en esa condición y atender de forma integral la deserción escolar, todos los tipos, niveles y modalidades educativas, destinando mayores recursos, fortaleciendo la infraestructura escolar y mejorando gradualmente todos los elementos que influyen en el proceso educativo, particularmente, los programas de becas dirigidos a estudiantes que enfrenten condiciones económicas, sociales, culturales o migratorias que les impiden ejercer plenamente su derecho a la educación.

Felicito a mis compañeras y compañeros Senadores, por su compromiso a favor de impulsar este tema prioritario para el país e invito al resto de mis compañeros a votarlo en el mismo sentido por el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Raúl Morón Orozco.

Se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, para referirse a los dictámenes de la deserción escolar y el que implementa las acciones necesarias para garantizar el derecho humano a la educación.

El Senador David Monreal Ávila: Con su permiso, señor Presidente.

Quiero referirme a dos de los dictámenes, el que se refiere a esta desigualdad de las oportunidades y a la deserción escolar de los tipos educativos.
El rezago educativo y la deserción escolar van de la mano con los índices de marginación, el atraso social y la pobreza, de acuerdo al estudio.

¿Por qué los adolescentes dejan la escuela? El Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, menciona que siete de cada diez niños y adolescentes no escolarizados provienen de hogares más expuestos a privaciones económicas, lo que corrobora el hecho de que mientras existan condiciones de pobreza para millones de personas, su derecho a la educación no podrá ser salvaguardado por el Estado mexicano.

Un segmento altamente vulnerable es el de los menores de edad, pues no sólo experimentan la pobreza en forma diferente a los adultos, sino que esta tiene también distintas formas y facetas. Las niñas, niños y adolescentes son más propicios a sus efectos, sus necesidades son más urgentes y las consecuencias son de larga duración tanto en ellos como en la sociedad en su conjunto.

La experiencia de pobreza en las primeras edades deja marcas indelebles que potencian el círculo vicioso de pobreza en América Latina y El Caribe, una porción significativa de los menores de 18 años enfrentan adversidades que los perjudican de forma directa en esta etapa del ciclo vital que luego siguen teniendo repercusiones negativas en el resto de sus vidas y se transmiten a las generaciones siguientes.

Estas adversidades se relacionan con las condiciones materiales de vida, con el acceso desigual al servicio de distinta naturaleza, con los apoyos y estímulos provenientes de las agencias de protección, socialización y formación y con su exposición a riesgos entre los que destacan la violencia y el abuso.

A su vez, las niñas, niños y adolescentes más afectados suelen estar sumidos en situaciones de insuficiencia de ingreso y privación de sus derechos con respecto a la educación, abrigo, salud, nutrición y supervivencia, cuya solución efectiva no se puede postergar.

La pobreza infantil abarca más factores que los parámetros tradicionalmente utilizados para medir la pobreza, como los bajos niveles de ingreso o consumo de los hogares. Por ejemplo, existen aspectos de la pobreza de la infancia que resultan intangibles para estas mediciones; inseguridad, carencia de libertad por hostigamiento o abuso, falta de participación y exclusión social.

En este sentido, uno de los dictámenes que se presentan el día de hoy a la Comisión de Educación, el que busca exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas estatales a combatir el rezago educativo. De acuerdo al dictamen, se menciona que existen avances en la cobertura educativa y el abandono escolar, no obstante, la deserción escolar es un tema pendiente, ya que no se ha logrado abatir dicho problema.

México, en el año 2011, asumió un compromiso con los derechos humanos a nivel internacional, esto quiere decir que los órganos del Estado están obligados al respeto a la protección, a la promoción y garantía de los derechos, especialmente los de las niñas, niños y adolescentes.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 4o el principio del interés superior de la niñez, el que debe ser interpretado en conformidad con el artículo 1o del mismo ordenamiento. En consecuencia, todas las autoridades del poder público deben de velar porque sus actuaciones sean encaminadas al máximo beneficio de este sector y, por lo tanto, generar las condiciones sociales y económicas para que los niños, niñas y adolescentes ejerzan su derecho a la educación.

Y frente a esto, no cabe lugar a duda de que la niñez mexicana es víctima constante de atropellos y violaciones a sus derechos, por lo que no se encuentra en las condiciones óptimas para desarrollar una vida plena.

En este sentido es positivo el exhorto a la Secretaría de Educación Pública a fortalecer acciones para abatir el rezago educativo y la deserción escolar, ya que sólo en la medida que se garantice este derecho a la niñez, se estarán generando condiciones para que su futuro sea más próspero y logren un desarrollo pleno.

Me parece que estos dictámenes del día de hoy deben contar con el aval y el pleno de los Senadores por el propósito de que se trata.

Mi voto a favor del dictamen. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Monreal Ávila.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI, para referirse al dictamen que exhorta a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar que los particulares que prestan servicios educativos cuenten con los registros de validez oficial correspondientes.

El Senador Miguel Romo Medina: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En este dictamen es de considerar de manera importante, justamente, a la población de jóvenes que vienen teniendo la problemática y la demanda que son muy indefinidas en su acceso a la educación superior.

Por eso hoy tenemos, y hay que decirlo, a muchos jóvenes que están demandando se abran nuevos espacios educativos y, desde luego, en esa demanda insatisfecha, lamentablemente no todos estos jóvenes, de estos muchachos, tienen la oportunidad de estudiar.

Las cifras son alarmantes. Se nos indica que sólo tres de cada diez jóvenes que tienen entre 15 y 29 años asisten a la escuela.

El Sistema Educativo Nacional tiene una amplia gama de instituciones educativas, sean de carácter público o privado para cubrir la reciente y creciente demanda social en materia educativa.

De acuerdo al III Informe de Labores de la Secretaría de Educación Pública, las escuelas públicas se han mantenido como el principal aportador de estos servicios educativos, al cubrir el 86.7 por ciento de la matrícula total; el 13.3 restante es atendido por el sector privado.

En las últimas décadas se ha venido presentando una tendencia creciente en el número de instituciones de educación privada, con tasas de crecimiento superiores a las de las instituciones públicas.

Para ampliar nuestra visión al respecto de la importancia de la educación privada en nuestro país, debemos considerar que en el primer concurso de ingreso a la licenciatura para el ciclo 2015-2016 de la Universidad Nacional Autónoma de México, sólo 11 mil 490 de los 128 mil 519 aspirantes que presentaron el examen, fueron seleccionados, menos del 10 por ciento. Lo anterior obliga a los padres de familia de los 117 mil restantes, en este sólo caso mencionado, y a los mismos alumnos, a realizar un esfuerzo para poder continuar con sus estudios en donde la educación privada es una de las opciones para continuar su preparación.

Desafortunadamente algunas de estas instituciones entre las que destacan las de educación superior, no cuentan con el reconocimiento de validez oficial de estudios, mejor conocido como RVOE, lo que en la práctica conlleva a no poder obtener un documento con validez oficial que avale la conclusión de sus estudios.

El RVOE se otorga a las instituciones privadas que cuenten con personal que acredite una preparación adecuada para impartir la educación, instalaciones que cumplan con las condiciones de seguridad e higiene, propias para la enseñanza y con planes de estudios autorizados por la autoridad competente.

Este reconocimiento lo pueden obtener ya sea por la vía federal o mediante un trámite ante la autoridad local obteniendo la misma validez. Además de que existe otra opción, que es la de obtener la incorporación por medio de instituciones públicas nacionales, como puede ser la UNAM o el Instituto Politécnico Nacional, en su caso, a través de instituciones públicas estatales, igualmente.

Lo anterior, explica el acelerado crecimiento que se ha presentado en el número de instituciones de educación privada, sin embargo, en algunos casos la calidad educativa no va aparejada al crecimiento en el número de este tipo de instituciones.

Es por ello, que el grupo parlamentario del PRI, al igual que el Ejecutivo Federal, están comprometidos con la educación y es por ello que apoyaremos el presente punto de Acuerdo, a efecto de que la Secretaría de Educación Pública, así como las dependencias homólogas en las entidades federativas, para que se aplique la ley y se obligue a las instituciones de educación privadas a obtener este mencionado reconocimiento de validez oficial de estudios, y de esta manera no se engañe a los alumnos o padres de familia que depositan sus ahorros y confianza en las instituciones educativas privadas.

Sin duda, las escuelas privadas son una alternativa ante la falta de espacios en escuelas públicas. Sin embargo, se debe cumplir con toda la normatividad para evitar potenciales fraudes académicos, y sobre todas las cosas, evitar que se lucre con la necesidad de miles de jóvenes que desean seguir estudiando.

Con base en lo anterior, los exhortamos, respetuosamente, amigas, amigos, compañeros legisladores, a votar a favor del presente dictamen.

Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Miguel Romo Medina.

Al no haber más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes antes discutidos.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes recién discutidos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los dictámenes. Comuníquense.





 

Pasamos a la discusión de los dictámenes de la Comisión de Salud, que contienen puntos de Acuerdo, los cuales se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura a las materias de cada uno de ellos.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy cuenta con las materias de los dictámenes de la Comisión de Salud:

El que exhorta a informar el avance que guarda el expediente clínico electrónico y la implementación de la cartilla electrónica de vacunación.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen, una proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud se informe el avance que guarda dentro de la tecnología de la información el expediente clínico electrónico y la implementación de la cartilla electrónica de vacunación.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de abril de 2015, las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y María Elena Barrera Tapia integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron una proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que la Secretaría de Salud informe el avance que guarda dentro de la tecnología de la información el expediente clínico electrónico y la implementación de la cartilla electrónica de vacunación.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El presente punto de Acuerdo concurre en un tema sumamente importante en nuestro país que se ha vuelto de salud pública como lo es el avance que guarda dentro de la tecnología de la información el expediente clínico electrónico y la implementación de la cartilla electrónica de vacunación.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia de la proposición con punto de Acuerdo, como lo es el avance que guarda dentro de la tecnología de la información el expediente clínico electrónico y la implementación de la cartilla electrónica de vacunación, ya que el impacto se ve reflejado en la salud de la población mexicana.

B. Nuestro país ha llegado al límite de tener que estar inmerso en una sociedad globalizada que demanda comunicación y que en todo momento intercambia y comparte información. Ante esto, han surgido nuevas tecnologías, herramientas y lineamientos que facilitan mediante su implementación y uso, el fortalecimiento de la sociedad en la información.

La Estrategia Digital Nacional deben marcar las directrices para la formulación, implementación y evaluación de la política digital. Dicha Estrategia es el plan que ha desarrollado el gobierno para fomentar la adopción y desarrollo de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en cinco ámbitos: transformación gubernamental, economía, educación, salud y seguridad.

El propósito fundamental de la Estrategia es lograr un México Digital en el que la adopción y uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) maximicen su impacto económico, social y político en beneficio de la calidad de vida de las personas.

En el ámbito de salud, la Estrategia, pretende lograr la salud universal y efectiva, aumentar la cobertura, permitir el acceso efectivo a servicios de salud de calidad y generar eficiencia en la utilización de los recursos.

C. Por ello se hace mención que nuestro sector Salud debe tener estas tecnologías de la información, ello puede traer beneficios como aumentar la eficiencia y mejorar la calidad en la prestación de cuidados de la salud redundando en un mayor bienestar de la población. En este ámbito se presenta un instrumento, el expediente clínico electrónico, el cual permite asegurar que los pacientes reciban el más oportuno, conveniente y eficiente cuidado de la salud. Este expediente es una herramienta que ofrece información sobre ciertos parámetros del paciente que contribuye a reducir las complicaciones incluyendo los errores en la medicación.

D. Como antecedente de este instrumento, vemos que históricamente el expediente clínico, es el conjunto de información ordenada y detallada que recopila cronológicamente todos los aspectos relativos a la salud de un paciente y a la de su familia en un periodo determinado de su vida; representa una base para conocer las condiciones de salud, los actos médicos y los diferentes procedimientos ejecutados por el equipo médico a lo largo de un proceso asistencial. Sin embargo, la medicina y tecnologías avanzan a pasos agigantados por ello este concepto ha evolucionado, considerándose como un “Sistema Informático que almacena los datos del paciente en formato digital, que se almacenan e intercambian de manera segura y puede ser ingresado por múltiples usuarios autorizados. Mediante el expediente clínico electrónico se puede brindar información más completa a los profesionales de la salud, así como habilitar la comunicación al instante entre las diferentes unidades médicas, todo ello en beneficio del paciente así como generar una sistematización eficaz en el sector salud.

E. Algunos de los beneficios de este instrumento pueden ser:

• Seguridad de los pacientes.

• Aumento de las acciones preventivas.

• Reducción de costos hospitalarios.

• Reducción de costos por tratamientos.

• Acceso a la información médica.

• Acceso rápido y sencillo de información que apoye la investigación y desarrollo en salud.

• Reducción del tiempo de los profesionales de la salud dirigido a actividades administrativas.

• Mayor facilidad para la integración de la información del paciente y para dar continuidad a la asistencia médica.

• Mejor calidad en la prestación de servicios de salud.

F. Cabe puntualizar que el expediente clínico electrónico se administra por medio del Sistema de Información de Registro Electrónico para la Salud; dicho sistema permite capturar, manejar e intercambiar información estructurada e integrada del expediente clínico. En este sistema el personal de salud registra, anota y certifica su intervención relacionada con el paciente.

G. En este tenor de ideas se puntualiza que el 8 de septiembre de 2010, se publicó en el Diario oficial de la federación la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2010, en la cual se establecen los objetivos funcionales que deberán observar los productos de sistemas de expediente clínico electrónico para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos en salud.

H. Así mismo cabe señalar que en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, se contempla la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal, bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, en el que se integre un Sistema Universal de Información en Salud que fomente la adopción de Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud (SIRES). Y establece una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de México en la Sociedad de la Información y del Conocimiento, que contribuya a la convergencia de los sistemas y a la portabilidad de coberturas en los servicios de salud, implementando el Certificado Electrónico de Nacimiento, la Cartilla Electrónica de Vacunación y el Expediente Clínico Electrónico, e integrar información biométrica de pacientes, así como Guías de Intercambio para los Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud.

I. En este tenor de ideas cabe destacar lo que puntualiza el proponente del punto de acuerdo en análisis incumbencia del presente Dictamen, que hace mención que con los avances en la salud, el Instituto Carlos Slim de la Salud ha desarrollado una aplicación para hacer la cartilla electrónica de vacunación la cual contendrá todo el historial de inmunización y enfermedades de los menores de cero a 5 años de edad y ubicará de manera electrónica las zonas donde las campañas son deficientes o podrá registrarse un eventual brote o riesgo epidemiológico.

Este tipo de cartillas tienen un chip dentro de la tradicional cartilla de cartón, con la diferencia de que toda la información se captará y registrará a través de la nube en el Sistema Nacional de Vacunación; además estará protegida “contra hackeos” y cualquier tipo de fuga de información que afecte los derechos de los menores.

Esta aplicación se asignó a la Secretaría de Salud a partir del 21 de septiembre del 2014, primero como programa piloto en dos entidades federativas.

J. Con lo anterior se observa la implementación de estrategias integrales de vanguardia que benefician el desarrollo y eficacia de nuestro sistema de salud, de suma importancia para que repercuta en la salud de la población.

Es por ello que esta comisión dictaminadora ve viable el punto de Acuerdo y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud, se informe a esta Soberanía el avance que guarda dentro de la tecnología de la información, el expediente clínico electrónico y la implementación de la cartilla electrónica de vacunación.





 

Otro, que exhorta a informar sobre el número de Observatorios Estatales de Lesiones instalados.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)







 

Y otro, que exhorta a incrementar los programas de concientización en la población en el cuidado de la salud, para prevenir enfermedades como la insuficiencia renal crónica.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen, dos proposiciones con punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a incrementar los programas de concientización en la población en el cuidado de la salud, la adopción de hábitos saludables de alimentación y la realización de actividad física desde la infancia para prevenir enfermedades como la insuficiencia renal crónica. Así mismo, se exhorta a disminuir la insuficiencia renal crónica, en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz.

Una vez recibidos la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 14 de agosto de 2015, las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, presentaron proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incrementar los programas de concientización en la población en el cuidado de la salud, la adopción de hábitos saludables de alimentación y la realización de actividad física desde la infancia para prevenir enfermedades como la insuficiencia renal crónica. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

2.- Con fecha 10 de septiembre de 2015, el Senador Adolfo Romero Lainas, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a ahondar en investigaciones y soluciones para disminuir la insuficiencia renal crónica, en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz.
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO

El primer punto de Acuerdo concurre en un tema sumamente importante en nuestro país que se ha vuelto materia de salud pública como lo es insuficiencia renal crónica y con ello las acciones y estrategias que se realicen en el corto plazo, por ende, la preocupación del proponente, y en este tenor exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud se incrementen los programas de concientización en la población en el cuidado de la salud, la adopción de hábitos saludables de alimentación y la realización de actividad física desde la infancia para prevenir enfermedades como la insuficiencia renal crónica.

El segundo punto de Acuerdo hace referencia, en el mismo tema con la preocupación que en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz así como en los municipios aledaños existe un aumento en insuficiencia renal crónica, por ello pretende exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, Secretaría de Salud, a ahondar en investigaciones y soluciones para disminuir este padecimiento.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia de la proposición con punto de Acuerdo, como lo es la insuficiencia renal crónica.

B. La enfermedad renal crónica es la pérdida lenta de la función de los riñones con el tiempo. El principal trabajo de estos órganos es eliminar los desechos y el exceso de agua del cuerpo. La enfermedad renal crónica (ERC) o Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es una pérdida progresiva (por 3 meses o más) e irreversible de las funciones renales.

Al respecto, la expresidenta del Consejo mexicano de Nefrología, refiere que se “se define a la insuficiencia renal crónica como la presencia de daño en los riñones con una duración igual o mayor a tres meses”. Y agrega que se trata de un proceso multifactorial, progresivo e irreversible que frecuentemente lleva al paciente a requerir terapia de reemplazo renal. Algunos síntomas son cansancio, debilidad y pérdida de peso, por lo que la enfermedad, en ocasiones, se diagnostica tardíamente.

Dicha enfermedad empeora lentamente durante meses o años y es posible que no se note ningún síntoma durante algún tiempo. La pérdida de la función puede ser tan lenta que no presenta síntomas hasta que los riñones casi hayan dejado de trabajar.

La etapa final de la enfermedad renal crónica se denomina enfermedad renal terminal (ERT). En esta etapa, los riñones ya no tienen la capacidad de eliminar suficientes desechos y el exceso de líquido del cuerpo.

C. Hay que destacar que la diabetes y la hipertensión arterial son las dos causas más comunes responsables de la mayoría de los casos. Muchas otras enfermedades y afecciones pueden dañar los riñones, entre ellas:

• Trastornos autoinmunitarios (como lupus eritematoso sistémico y esclerodermia);

• Anomalías congénitas de los riñones (como la poliquistosis renal);

• Ciertos químicos tóxicos;

• Lesión al riñón,

Cálculos renales e infección;

• Problemas con las arterias que irrigan los riñones;

• Algunos medicamentos como analgésicos y fármacos para el cáncer;

• Flujo retrógrado de orina hacia los riñones (nefropatía por reflujo);

• Otras enfermedades del riñón.

La enfermedad renal crónica lleva a una acumulación de líquido y productos de desecho en el cuerpo. Este padecimiento afecta a la mayoría de las funciones y de los sistemas corporales, como:

• Hipertensión arterial.

• Hemogramas bajos.

• La vitamina D y la salud de los huesos.

Los primeros síntomas de la enfermedad renal crónica también son los mismos que para muchas otras enfermedades. Estos síntomas pueden ser el único signo de un problema en las etapas iniciales.

Los síntomas pueden ser, entre otros:

• Inapetencia.

Sensación de malestar general y fatiga.

Dolores de cabeza.

• Picazón generalizada y resequedad de la piel.

Náuseas.

Pérdida de peso sin proponérselo.

Respecto a los tratamientos, las dos terapias de reemplazo, previo a un trasplante, son la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, misma que ayudan al cuerpo al filtrar los desechos y toxinas, haciendo la función del riñón.

D. Hay que señalar que este padecimiento es un problema que ha crecido de forma gradual en las últimas tres décadas a nivel mundial pero en mucho mayor medida en México y en Latinoamérica, alcanzando prevalencias tan elevadas, que se ha informado que una de cada 10 personas adultas pueden presentar enfermedad renal crónica de algún grado.

E. Por otro lado se menciona que la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, instan a los proveedores de salud a incorporar pruebas o marcadores de daño renal en forma oportuna en pacientes con alto riesgo, especialmente diabéticos e hipertensos, ya que ambas enfermedades, son los principales factores de riesgo para desarrollar la Enfermedad Renal Crónica.

La Enfermedad Renal Crónica, ERC, de acuerdo con la Guía de Práctica Clínica de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Renal Crónica Temprana, se define como la disminución de la función renal, expresada por una tasa de filtración glomerular (TFG)<60ml/min/1.73m2 o como la presencia de daño renal (alteraciones histológicas, albuminuria-proteinuria, alteraciones del sedimento urinario o alteraciones en pruebas de imagen) de forma persistente durante al menos 3 meses.

Para detectar la enfermedad renal crónica, los especialistas recomiendan realizarse un examen de sangre y de orina, y medirse la presión arterial, en especial entre la población en riesgo, como diabéticos, hipertensos, mayores de 65 años, quienes hayan tenido algún episodio cardiovascular, familiares de pacientes que ya sufren alguna dolencia renal, fumadores y personas sedentarias.

F. Cabe señalar que las enfermedades renales se manifiestan con la presencia de proteínas en la orina, lo cual no se puede ver a simple vista. Generalmente, cuando se detectan ya están en una etapa avanzada pues la insuficiencia renal se clasifica en cinco grados; la quinta es cuando requiere de diálisis o trasplante.

En estas cinco etapas hay entre 8 y 9 millones de personas, pero muchas de ellas no lo saben. Lo ideal es que desde etapas tempranas acudan a un nefrólogo, lo cual resulta difícil porque en las etapas uno y dos la enfermedad no tienen síntomas visibles, en la tres y cuatro hay algunas molestias y la gente acude al médico hasta que el dolor se vuelve insoportable, que es generalmente cuando ya están en la quinta etapa.

G. En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ENSANUT 2012, existen alrededor de 22.4 millones de adultos de 20 años o más que padecen hipertensión arterial-HTA-, de éstos solamente 11.2 millones han sido diagnosticados por un médico y de ellos únicamente 5.7 millones están controlados, es decir, el 50% de la población estimada sabe que padece esta enfermedad crónico degenerativa y tan sólo una cuarta parte de la población estimada se encuentra controlada.

En esa misma encuesta se estima que para 2012 existen 6.5 millones de adultos con diabetes mellitus, además, de manifestar que el 9.2% de los adultos en el país poseían un diagnóstico previo a esta enfermedad crónica, porcentaje mayor a lo registrado en 2000, 5.8%, y 2006, 7%.

Sumado a esto se señala que organismos involucrados en la salud, consideran que la hipertensión y la diabetes, son factores que pueden detonar las posibilidades de contraer Enfermedad Renal Crónica.

H. Al tenor se plasma que en el marco del estudio “Enfermedad Renal Crónica y su Atención mediante Tratamiento Sustitutivo en México”, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México proyecta que para 2025 existirán alrededor 212 mil casos de ERC y habrá cerca de 160 mil muertes relacionadas a este padecimiento.

I. En este tenor de ideas cabe señalar, que hoy en día hay estados de la República en donde se acentúa más dicho padecimiento, como lo es el estado de Veracruz en específico el municipio de Tierra Blanca, el cual se localiza en la llanura costera de Veracruz y forma parte de la cuenca del río Papaloapan.

En dicho municipio existe un problema de Salud como la ya mencionada enfermedad renal crónica, que afecta a los pobladores de la zona y se tienen más de 265 defunciones hasta la fecha.

El proponente hace referencia a que aparte de tener los factores mencionados que causan la insuficiencia renal también dentro de esta comunidad existe la presencia de metales pesados, químicos volátiles y agroquímicos potencialmente peligrosos concentrados en los pozos, arroyos que desbordan al municipio desde la cuenca del Papaloapán.

Así mismo expone que hay afectación en 5 municipios más: Cotaxtla, Cuitláhuac, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano y Soledad de Doblado, lo que incrementa la incertidumbre sobre el número real de afectados y defunciones por dicho     padecimiento.

J. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, anterior al año 2006 el problema ya era grave como lo hizo constar en un documento el Instituto Nacional de Cardiología, en la Ciudad de México, al atender en el 2003 a 40 pacientes de Tierra Blanca con Insuficiencia Renal. Otros 110 enfermos del mismo municipio esperaban tratamiento, este suceso apretó el botón de alarma al señalar que una prevalencia de 150 casos por 100 mil habitantes, significaba una cifra 10 veces mayor que el promedio esperado en cualquier otra población de la República Mexicana.

Datos de la Secretaría señalada, marcan que entre los años 2008 y 2012 se presentaron 265 defunciones por insuficiencia renal en Tierra Blanca.

Es por ello, que es necesario realizar por una parte campañas de concientización para frenar este grave problema así mismo se hagan las investigaciones exhaustivas para conocer exactamente la causa de raíz del brote de Insuficiencia renal en Tierra Blanca municipio de Veracruz, además se deben focalizar los factores causales, incidiendo directamente sobre las variables y agentes patógenos, bacteriológicos o tóxicos en su debido caso, hasta llegar a la causa exacta del problema.

Es por ello que esta Comisión dictaminadora coincide con los puntos de Acuerdo y por todo lo anteriormente expuesto y fundado y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del   Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud se incrementen los programas de concientización en la población en el cuidado de la salud, la adopción de hábitos saludables de alimentación y la realización de actividad física desde la infancia para prevenir enfermedades como la insuficiencia renal crónica.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a realizar una investigación integral que permita identificar los factores que han aumentado la presencia de Insuficiencia Renal Crónica en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, así como municipios aledaños, y realizar las acciones y estrategias necesarias para frenar este problema así como brindar la atención médica necesaria a las personas que sufren de este padecimiento en dicha región.

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión los mismos.

Se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, para referirse al dictamen que tiene que ver con el avance que guarda el expediente clínico electrónico y la implementación de la cartilla electrónica de vacunación.

El Senador David Monreal Ávila: Con su permiso, señor Presidente.

El Estado tiene un compromiso con los mexicanos: la realización de una agenda digital.

Hace dos años el gobierno federal presentó la Estrategia Digital Nacional con el objetivo de adoptar y desarrollar las tecnologías de la información y la comunicación en el país. Sin embargo, no se han logrado alcanzar los resultados esperados.

Dentro de los cinco objetivos básicos en los que gira el funcionamiento de la estrategia en mención, destaca el de la salud universal y efectiva, éste pretende lograr aumentar la cobertura, permitir el acceso efectivo a servicios de salud de calidad y generar eficiencia en la utilización de los recursos.

Con ello se espera que la Estrategia Digital Nacional acelere la inserción de México en la sociedad de la información y del conocimiento, contribuya a la convergencia de los sistemas y la portabilidad de la cobertura de los servicios de salud, implementando el certificado electrónico de nacimiento, la cartilla electrónica de vacunación y el expediente clínico electrónico e integrando información biométrica de pacientes, así como guías de intercambio para los sistemas de información de registro electrónico para la salud.

En este orden de ideas, el Instituto Carlos Slim de la Salud desarrolló una aplicación para hacer la cartilla electrónica de vacunación la que contendrá todo el historial de inmunización y enfermedades de los menores de 0 a 5 años de edad y ubicará de manera electrónica las zonas donde las campañas son deficientes o podrá registrarse un eventual brote o riesgo epidemiológico.

Esta aplicación se asignó a la Secretaría de Salud a partir del 21 de septiembre de 2014, primero, como programa piloto en dos entidades federativas.

El Director de Soluciones Globales del Instituto Carlos Slim, indicó que en una primera fase esta tecnología cubriría dos mil cartillas de vacunas de infantes menores de 5 años.

Mientras que para abril de 2015 se esperaba beneficiar a la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, el año está por finalizar y la modernización de la cartilla de vacunación es un tema del que poco se sabe hasta el momento.

No hay cifras exactas de cuántos menores de edad han sido los beneficiados, por lo que es necesario conocer el progreso de esta tecnología de la información.

En cuanto al expediente clínico-electrónico es bien sabido que podría ser la solución para que todos los mexicanos reciban un cuidado de la salud oportuno, eficiente y conveniente, salvaguardando estrictamente la confidencialidad de los pacientes, no obstante, aún falta mucho por hacer debido a que organizar a más de 50 millones de derechohabientes es una tarea difícil y la situación empeorará debido a que el Sistema de Salud tiene muchas deficiencias.

Por ejemplo, la infraestructura hospitalaria carece de conexión a internet de alta velocidad para lograr monitorear el historial del expediente.

Por otro lado, el expediente digital conlleva otras dificultades que deben de ser atendidas de forma inmediata, onerosidad y opacidad. Según la Auditoría Superior de la Federación en el 2015, el Instituto Mexicano del Seguro Social gastó 400 millones de pesos para echar a andar el expediente clínico-electrónico y de las auditorías realizadas al Seguro Social sobresale que el sistema no es compatible en cualquier clínica o unidad médica de los tres niveles de atención en el país, ni se puede consultar el historial del paciente.

Además, indicó la Auditoria Superior de la Federación que el uso del sistema, de acuerdo a los indicadores de consultas atendidas, recetas generadas, entre otros, es nulo en la mayoría de los casos.

Por lo anterior, es necesario verificar que efectivamente la implementación de las estrategias digitales que son creadas con el fin de generar desarrollo tecnológico, repercuta en la población y no funjan como un estandarte de opacidad y desvío de recurso público.

El sector salud no es ajeno a la tecnología, sin duda, es urgente que dentro del uso de las tecnologías de la información se actualice el Sistema de Salud mexicano para una mejor atención de los ciudadanos.

Por ello, es importante que el titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud, informe a esta Soberanía el avance que guarda dentro de la tecnología de la información, el expediente clínico-electrónico y la implementación de la cartilla electrónica de vacunación, esto con el fin de conocer la situación que guarda esta estrategia y emprender acciones para su mejora.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador David Monreal Ávila.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Anabel Acosta Islas, para referirse al dictamen que exhorta a informar sobre el número de Observatorios Estatales de Lesiones instalados.

La Senadora Anabel Acosta Islas: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El presente dictamen es de vital importancia para la correcta convivencia de nuestra sociedad.

Los Senadores del PRI estamos a favor de lograr la concientización de nuestra sociedad en materia vial, ya que los accidentes viales tienen, además de afectaciones directas, daños colaterales que inciden profundamente en el entorno de quienes se ven involucrados en un percance de esta naturaleza.

La Organización Mundial de la Salud ha hecho recomendaciones puntuales sobre el control de la velocidad y sobre la revisión para evitar que el alcohol sea otro de los factores que intervenga en los accidente viales.

Asimismo, ha resaltado la importancia que tiene la prevención en materia de accidentes viales como son: el lograr que los que utilizan vehículos de dos ruedas, utilicen los cascos adecuados y que se incentive el uso del cinturón de seguridad en los casos de los pasajeros de vehículos automotores.

Según el INEGI, en el 2014, se presentaron 378 mil 240 accidentes de tránsito; 275 mil ocasionados por hombres y 51 mil por mujeres. Asimismo, fueron atropelladas más de 15 mil personas.

De acuerdo con el Instituto, los accidentes de transporte son la segunda causa de muerte en México, principalmente en jóvenes con un 17 por ciento.

Destaca que en todos los rangos de edad, desde niños hasta adultos mayores, la única causa de muerte que prevalece en segundo lugar es la de accidentes de transportes, ya sea como peatón o como pasajeros de algún vehículo.

A estas estadísticas se le incorpora el consumo de alcohol que está asociado en el 51 por ciento de las lesiones y fue un factor de riesgo en el 78 por ciento de los casos de muerte y discapacidad con lesiones traumáticas a nivel nacional.

La Secretaría de Salud, a través del secretariado técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, puso en marcha un espacio interseccional y multidisciplinario orientado al análisis de información necesaria sobre lesiones causadas por el tránsito para definir indicadores que permitan la implementación de políticas públicas y la intervención que mejoren las condiciones de seguridad vial.

Por otra parte, en la estrategia de lograr una cultura vial se incorporan los consejos estatales para la prevención de accidentes, con el objetivo de elaborar acciones para la seguridad vial.

Estos son de vital importancia, por lo que en este punto de Acuerdo los Senadores exhortamos a que se nos informe sobre el número de ellos que se encuentran en operación, ya que son el punto de partida para ir aplicando una cultura vial que logre el descenso del número de accidentes, que conllevan el consiguiente daño económico y pérdida de vidas humanas, a lo que se suman lesiones que dejan en la indefensión a seres humanos que así viven y que así ven truncadas sus expectativas de vida.

En el grupo parlamentario del PRI continuaremos apoyando al gobierno federal en el fortalecimiento de las políticas públicas y programas tendientes donde participen los tres órdenes de gobierno para lograr una cultura preventiva en materia vial, con base en el respeto ciudadano tanto a peatones como a automovilistas y usuarios de toda clase de vehículos motorizados y de dos ruedas.

Por lo anterior, los invito a votar a favor de este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Anabel Acosta Islas.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del PRD, para referirse al dictamen que exhorta a incrementar los programas de concientización en la población en el cuidado de la salud para prevenir enfermedades como la insuficiencia renal crónica.

El Senador Adolfo Romero Lainas: Muy buenas tardes a todos. Gracias señor Presidente.

Creo que el hablar de la salud de los mexicanos y de los seres humanos es fundamentalmente una exigencia de todas y de todos.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica es una pérdida progresiva por más de tres meses o más, en la irreversible de las funciones renales, como consecuencia, los riñones pierden su capacidad para filtrar desechos, concentrar la orina y conservar los electrolitos en la sangre.

Dicho padecimiento se ha detectado en aumento de habitantes de todo el país, pero hoy en día en el estado de Veracruz que integra un estado más de nuestra República Mexicana, es donde se acentúan dichos padecimientos.

Tal es el caso del municipio de Tierra Blanca, Veracruz, el cual se localiza en las llanuras costeras de Veracruz y forma parte de la cuenca del río Papaloapan, en dicho municipio existe un problema grave de salud, ya que se ha detectado un incremento de la mencionada enfermedad renal crónica que afecta a los pobladores de la zona y del que se tiene un registro de más de 265 defunciones hasta la fecha.

Entre los factores comunes que causan la insuficiencia renal dentro del municipio mencionado, cabe resaltar que existe la presencia de metales pesados, químicos volátiles y agroquímicos potencialmente peligrosos concentrados en los pozos que están proveyendo agua potable a este municipio. Arroyos que desbordan desde la cuenca del Papaloapan.

No menos importante es el caso de cinco municipios más del estado de Veracruz: Cotaxtla, Cuitláhuac, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano y Soledad de Doblado, lo que incrementa la incertidumbre sobre el número real de afectados y defunciones por dicho padecimiento.

De acuerdo con la Secretaría de Salud del estado de Veracruz, en el año 2006 el problema ya era grave, como lo hizo constar un documento del Instituto Nacional de Cardiología aquí en la Ciudad de México, al atender en el año 2003 a 40 pacientes de Tierra Blanca, Veracruz con insuficiencia renal; otros 110 enfermos del mismo municipio esperaban tratamientos, este suceso apretó el botón de alarma al señalar que una prevalencia de 150 casos por cada 100,000 habitantes.

Significaba una cifra 10 veces mayor que el promedio esperado en otras poblaciones de la República Mexicana. Dato de la Secretaría señalada marcan que entre el año 2008 y el 2012 se presentaron 265 defunciones por insuficiencia renal en el municipio de Tierra Blanca.

Es por ello que resulta necesario realizar por una parte campañas de concientización para frenar este grave problema, asimismo se hagan las investigaciones exhaustivas para conocer exactamente la causa de raíz del brote de insuficiencia renal en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz.

Además se deben focalizar los factores causales incidiendo directamente sobre las variedades de agentes patógenos, bacteriológicos o tóxicos en su debido caso, hasta llegar a la causa que está ocasionando este problema.

Es por ello que mi voto será a favor de este dictamen, porque la salud de los mexicanos y hoy de los veracruzanos está por encima de cualquier diferencia que podamos tener como grupos diferentes parlamentarios.

Mi voto será a favor.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Adolfo Romero Lainas.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la escuela de Derecho de la Universidad La Salle, Campus Cuernavaca, invitados por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo en esta Asamblea del Senado de la República.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado!

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, para referirse al dictamen para prevenir la insuficiencia renal crónica.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso, compañeras Senadoras y Senadores:

La insuficiencia renal crónica es un síndrome clínico complejo que resulta del deterioro o pérdida progresiva e irreversible de la estructura anatómica de los riñones, los que tienen como función principal eliminar los desechos y el exceso del agua y del cuerpo.

Esta enfermedad no respeta edades para aparecer. En un estudio realizado se observó una elevada tasa de incidencia en la población infantil en nuestro país; se presentan un 3.5 por ciento de casos nuevos por un millón de habitantes menores de 15 años, lo que implica que a corto plazo se tendrán que destinar mayores recursos para la atención de este grave problema.

En este año, la enfermedad renal ha sido un desafío para la ciencia. La Academia Nacional de Medicina y sus expertos alertaron sobre los problemas que representa un riñón dañado, la enfermedad renal se decanta hacia la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, a enfermedades cardiovasculares, la obesidad y el consumo crónico de diversos tipos de fármacos.

El tratamiento de la enfermedad renal crónica depende, para quienes la padecen, de la posibilidad de acceder a algún sistema de seguridad social, ya sea en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en el ISSSTE para que cubran el alto costo del tratamiento, siendo un gran problema para la gente de escasos recursos o para la población que vive en grave estado de pobreza y que no tienen el acceso a la seguridad pública.

Los adultos, tan sólo 1 de cada 4 pacientes con insuficiencia renal tienen la posibilidad de acudir al tratamiento, y en el caso de los niños la situación es similar. Ante ello, es necesario reiterar que se deben implementar estrategias de detección temprana de la enfermedad renal crónica, como la creación de unidades especializadas en nefrología en todo el país.

Aquí, el 23 de abril de 2013, presentamos un punto de Acuerdo a la Cámara de Diputados Federal para que en el Presupuesto de 2014 se incorporara la creación de estas áreas, unidades especializadas de atención en nefrología, y fue aprobado en la Cámara de Diputados.

Lo que no tenemos de la Secretaría de Salud es un informe de en cuántos estados se han instalado estas áreas especializadas que aquí fueron solicitadas y votadas por el Pleno del Senado de la República.

Por ello, este punto de Acuerdo que propone que vayamos hacia una nueva cultura de la prevención de la obesidad, así como la adopción de hábitos saludables en la alimentación, el ejercicio físico y la prevención de esta enfermedad que está dañando muy tristemente a una gran parte de nuestro país.

Tlaxcala, en mi estado, a pesar de su pequeño territorio, es una muestra preocupante de este tema crónico degenerativo.

Por las razones antes expuestas, nuestro voto del Partido del Trabajo, será a favor de este punto de Acuerdo.

Muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Martha Palafox Gutiérrez.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, para referirse al dictamen que exhorta a informar el avance que guarda el expediente clínico-electrónico y la implementación de la cartilla electrónica de vacunación.

La Senadora pide que le demos un momento más para su participación, Por lo tanto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.

En virtud de que no se encuentra, se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, para referirse a los mismos dictámenes.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes, amigas, amigos, compañeras y compañeros Senadores.

Me presento ante este Pleno para hablar a favor de estos tres dictámenes que presenta la Comisión de Salud de este Senado y, desde luego, también como integrante de la misma comisión y parte del grupo parlamentario de Acción Nacional, bajo el siguiente contexto:

En primer lugar, el dictamen de la Comisión de Salud que se refiere a un punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que la Secretaría de Salud informe del avance que guarda, dentro de la tecnología de la información, el expediente clínico electrónico y la implementación de la cartilla electrónica de vacunación.

Esto debido a que es importante ya que bajo estos sistemas de innovación se permite que las personas y las instituciones tengan una mayor información y difusión de los mismos temas de salud a través de estas nuevas tecnologías.

El propósito fundamental de la estrategia es lograr un México digital en que la adopción y uso de estas nuevas tecnologías de la información y comunicación, maximicen su impacto económico, social y político en beneficio de la calidad de vida de las personas, por lo que se refiere a que se abrevian las situaciones de trámites burocráticos y desde luego la información para todos los niveles de salud, tanto federal, estatal y municipal.

El 8 de septiembre del año 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2010, en la cual se establecen los objetivos funcionales que deberán observar los productos de sistemas de expedientes clínico electrónico para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos en salud. Es el momento, pues, de ver los resultados.

En el dictamen acerca de dos proposiciones de punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades en materia de accidentes viales, más que nada en prevención de accidentes viales, desde luego nos sumamos también, es nuestro voto a favor, debido a la alta relación que existe entre la cantidad de accidentes viales y muertes lamentables, sobre todo entre la población joven asociada a la ingestión de bebidas alcohólicas y también a una serie de drogas ilegales, para lo cual se deben desarrollar políticas públicas que concienticen de los altos riesgos de estos accidentes, tanto de manera directa como lamentablemente en forma directa suceden cuando los lesionados o lamentables fallecimientos, son personas que nada tenían que ver con quienes provocaron estos accidentes.

En tercer lugar, nos sumamos también, con nuestro voto aprobatorio, al dictamen de la Comisión de Salud que contiene punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a incrementar los programas de concientización en la población, en el del cuidado de la salud para prevenir enfermedades como la insuficiencia renal.

Y en el caso específico que señala el dictamen, lo que está sucediendo, es decir, un notorio incremento de estas enfermedades en los municipios de Tierra Blanca, Veracruz, el mismo municipio de Veracruz y municipios aledaños.

Reconocemos como causas importantes de la insuficiencia renal crónica, a lo que son problemas de diabetes, intoxicación por fármacos, por drogas o por contaminación, como pudiera ser el caso de lo que está sucediendo en estos municipios.

Es por ello, que en este tema también sea nuestro voto a favor, debido a la alta incidencia de casos relacionados con la insuficiencia renal crónica, sobre todo, la gran relación que tiene con las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes.

Por lo tanto, pues, les pido acompañar con su voto a favor a estos tres dictámenes de la Comisión de Salud.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Intervenciones.



PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador López Brito.

Se concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores.

Ojalá y pusieran atención sobre este punto de Acuerdo, porque la insuficiencia renal es uno de los dramas más terribles que puede vivir un ser humano.

Y cuando se hacen puntos de Acuerdo como éste, estamos de acuerdo, válgase la redundancia, pero, por supuesto que los vemos insuficientes, concientizar a la población en el cuidado de la salud, la adopción de hábitos saludables de alimentación y la realización de actividades físicas desde la infancia para prevenir la insuficiencia renal.

Compañeras y compañeros Senadores: Más de la mitad de la población de este país enfrenta algún tipo de pobreza; más de 30 millones de nuestros compatriotas hacen, cuando mucho, una comida al día; más de 10 millones de nuestros infantes alcanzan a hacer también, cuando mucho, una comida al día.

Estos millones de personas, evidentemente, comen lo que pueden, no están pensando en generar conciencia y buenos hábitos para la alimentación, lo que quieren es acallar la estridencia de su estómago, producto del hambre que los acosa las 24 horas del día.

Hemos insistido en que los buenos hábitos de la alimentación, principalmente se adquieren en la infancia cuando al niño se le explica de manera muy didáctica que los alimentos que se comen tienen proteínas, minerales, y vitaminas; y hemos insistido y seguiremos insistiendo en que el gobierno de la República tiene que hacerse cargo de la alimentación escolar, de lo contrario, es responsable directo de los fallecimientos que se dan todos los días en este país producto de la desnutrición infantil.

¿Cuál es el destino de un niño que no se alimenta bien?

Pues come lo que puede, y comer lo que puede implicar comer alimentos chatarras, porque a veces es a lo único que tienen acceso.

No falla, compañeros; la pobreza es la compañera inseparable del hambre; y el hambre es la compañera inseparable de las enfermedades. Ese es el drama que están viviendo millones de nuestros compatriotas.

Entonces, sí comen comidas chatarras, ya aquí se ha dicho, y todo mundo hoy lo sabe en el país que la diabetes hace acto de presencia, y después viene la degeneración, se presenta la insuficiencia renal.

Compañeras y compañeros Senadores: Con los salarios que hoy perciben el 80 por ciento de nuestros compatriotas, ¿quiénes pudieran pagarse un tratamiento de insuficiencia renal que requiere diálisis?, cuando una diálisis cuesta cuando menos 5 mil pesos al mes, ¿quién puede, compañeros, pagarse una hemodiálisis que cuesta hasta 20 mil pesos al mes?

¿Cuál es el destino de las personas que tienen insuficiencia renal? Evidentemente, su destino es la muerte.

Por eso, el Senado de la República debe alzar su voz en una exigencia concreta, que se etiqueten recursos para atender este terrible drama que aqueja a miles de compatriotas que con desesperación ven que la vida se les escapa porque no cuentan con los recursos económicos para atender este terrible padecimiento.

Una consigna debiera de salir de este Senado, ni un muerto más por insuficiencia renal.

A favor del punto de Acuerdo.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, para fijar posición a nombre del grupo parlamentario del PRD.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

El tema que contiene el presente dictamen tiene un gran significado para mí. Sin duda, me pronuncio a favor de la propuesta, porque tiene que ver con la prevención y la concientización de la enfermedad renal crónica en nuestro país, situación que, sin duda, es importantísima si queremos detener el crecimiento de este problema.

No podemos olvidar que en México la enfermedad renal crónica está creciendo mucho más que en el resto del mundo, y se está convirtiendo en un problema que rebasa las capacidades de nuestro sistema de salud.

Se estima que 10 millones de mexicanos ya tienen la enfermedad.

Es por ello que debemos apostar por medidas de prevención e ir más allá entendiendo sus causas.

Desafortunadamente, este problema no ha sido abordado como quisiéramos, y por ello, me da gusto que el trabajo que he realizado se complementa a la perfección con esta propuesta, para mí representa un logro el hecho de que, de alguna manera, se ha creado sensibilidad para trabajar en el tema.

El alto número de casos de enfermedad renal crónica que se está registrando en Tierra Blanca, Veracruz, es alarmante, pero debo decirles que no es el único lugar en donde está sucediendo.

En Tlaxcala la situación es aún más preocupante, ya que somos el tercer lugar en número de muertes por insuficiencia renal.

Ante ese escenario, yo he puesto todo mi esfuerzo y he llevado acciones a la población con intención no sólo de la prevención, sino también para asegurar, por lo menos de forma provisional, mejores condiciones para la población que padece este problema.

No podemos quedarnos con los brazos cruzados frente a un tema que me conmueve profundamente y que me ha tocado el corazón. Recuerdo las caras de los enfermos, de las madres que han perdido no sólo un hijo, sino dos o tres hijos, que estaban sanos y que enferman de manera inexplicable, cuando no tienen ningún factor de riesgo.

Si bien hay elementos técnicos que nos hablan de que la hipertensión y la diabetes son causas del aumento de la enfermedad, lo que estamos viendo en Tlaxcala, y ahora en Veracruz, es que la enfermedad está aumentando en zonas donde hay cuencas de agua o ríos contaminados.

En el caso de Tlaxcala, se han identificado municipios en donde se da un mayor índice de casos de jóvenes de entre 15 y 24 años; y he llevado a cabo estudios en el agua de consumo y campañas para detectar la enfermedad, y definitivamente, todos los datos nos llevan a lo mismo, a una probable relación entre contaminación del agua y aumento de la enfermedad. No podemos quedarnos ahí.

Por eso estoy impulsando que se lleven a cabo más estudios que nos permitan asegurar que esto es así, que nos den soluciones y certeza.

Compañeras y compañeros Senadores: Les hago un respetuoso llamado a sumarse a este tema tan relevante, y les pido, como siempre lo he hecho, que no veamos colores en un tema que tiene que ver con nuestras niñas y nuestros niños, con nuestras familias, con nuestros recursos naturales y con la condición esencial de nuestra vida como humanos, que es la salud.

Sin duda, tienen mi voto a favor, y les agradezco a los proponentes y a la Comisión de Salud por atender este tema que nos afecta a todos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros.

Al no haber más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes discutidos.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes recién discutidos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y a los congresos de las entidades federativas que no cuentan con una Comisión de la Familia, a conformar un órgano semejante en sus estructuras.

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO

(Dictamen a discusión)



El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta electrónica del día de hoy.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, para presentar el dictamen.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Hablar del tema de la familia es un tema que nos involucra a todas y a todos, por ello este Senado realiza las diferentes leyes a favor siempre del bienestar de las familias de México.

¿Quién de todos ustedes no puede ver en su familia el progreso, también, la falta de progreso?

Pero sobre todo, la calidad humana que debe de existir en cada una de ellas, en que exista el respeto, la solidaridad, el amor, el apoyo mutuo, la relación de valores, de moral, de integridad que se construye para lograr mejores ciudadanos en nuestro país.

Lo anterior atiende a que el artículo 4o. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho a la familia y la obligación del Estado de proteger la organización y el desarrollo de la misma, por lo que la institución familiar adquiere especial relevancia en nuestro sistema jurídico mexicano al ser reconocida en nuestra ley fundamental.

Aunado a lo anterior, el Derecho Internacional se ha referido a la familia como la unidad fundamental y natural de la sociedad, reconociendo, por consiguiente, que tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

En un panorama en el que ha sido sensible a la tensión ocasionada por los cambios sociales y económicos, dichos cambios han impacto a la familia de manera negativa, la violencia de pareja, la deserción escolar, el abuso sexual y físico contra menores, la delincuencia juvenil, el suicidio, el consumo excesivo de estas drogas que intimidan, relacionadas a los trastornos de salud y a la dinámica social que lastima a una familia.

Ante esta realidad, la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante el Consejo de Derechos Humanos, adoptó una resolución que tiene por objeto la protección de la familia y el impulso de esta como generadora de condiciones de vida digna y erradicación de la pobreza.

Senadoras y Senadores, es claro que la familia debe verse como una prioridad en los estados democráticos y actuales; y en consecuencia, debe fomentarse el diseño de implementación de un marco jurídico que permita protegerla y, al mismo tiempo, le asista con políticas públicas transversales que hagan efectivos los derechos de cada uno de sus miembros y de su conjunto.

Cabe señalar que la familia es el tema social de mayor preocupación e interés en la sociedad mexicana, incluso en otros países, como lo demuestra la Encuesta Mundial de Valores 2005-2008, la familia es el tema más importante para la vida de las personas entrevistadas.

Esta encuesta se aplicó en 57 países; la familia es muy importante para el 90.1 por ciento de los entrevistados considerados en conjunto, un porcentaje bastante mayor al arrojado en los demás temas evaluados: como el trabajo, el 62 por ciento; la religión, el 48 por ciento; las amistades y amigos, 47 por ciento; el tiempo libre, el 35 por ciento; y la política, el 14 por ciento.

De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la mayor proporción de hogares en México es de tipo familiar, con un 90.5 por ciento. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, hay más de 28 millones 696, 180 hogares en nuestro país. Si bien hogar no es sinónimo de familia, tradicionalmente este concepto ha sido utilizado como aproximación de ésta, ya que por medio del vínculo que cada uno de los miembros del hogar tiene con el jefe o la jefa de familia, ya sea consanguíneo, conyugal, de afinidad, adopción, se pueden conocer las distintas formas de organización de los hogares.

Existe un cambio profundo de las estructuras familiares, distintos modelos de convivencia familiar que surgen como consecuencia de algunos cambios sociodemográficos y que requieren de un análisis especializado y de investigaciones profundas para estar al ritmo de la creciente aceleración de nuestra sociedad.

La existencia de una Comisión de la Familia facilita el desarrollo de propuestas legislativas centradas en la familia y también permite que las iniciativas relacionadas con este tema reciban más atención puntual por parte de una comisión especializada.

En tal virtud, compañeras y compañeros, les pido su aprobación para el presente dictamen, para que el Senado de la República exhorte respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a los congresos de las entidades federativas que aún no cuentan con una Comisión de la Familia, a conformar dicho órgano legislativo, mismo que se somete a su consideración y su aprobación.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Hernández Lecona.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a alumnos de la carrera de derecho de la Universidad St. John´s del D.F., invitados por la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo.

También esta Presidencia da la más cordial bienvenida al Senador Raúl Cervantes Andrade, quien se reincorpora el día hoy a los trabajos de este Pleno.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, para referirse al dictamen.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Gracias, señor Presidente. Con el permiso de mis compañeras Senadoras y Senadores:

Hemos mencionado que el derecho a la familia, consagrado en nuestra Constitución como un derecho fundamental, debe ser protegido como una obligación del Estado.

Este derecho a la familia está reconocido en diversos instrumentos internacionales signados por nuestro gobierno, ya que es el elemento natural y fundamental de la sociedad.

Se señala que las familias son sensibles a la tensión ocasionada por los cambios sociales y económicos; en problemas como la violencia de parejas, la violencia intrafamiliar, la deserción escolar, el abuso sexual y físico contra niños, la delincuencia juvenil, la homofobia, la migración, las guerras y el bullying, los que están íntimamente relacionados con situaciones de los miembros que conforman a las familias.

La unidad familiar está expuesta a una creciente vulnerabilidad en su integración en los distintos modelos de convivencia familiar, a la protección de su salud, su bienestar, la educación, la vivienda, el empleo, con relación a su capacidad de atender a miembros de la familia con mayor edad, con alguna discapacidad, a las causas de la desintegración familiar, entre otras muchas causas que tenemos en la familia.

La prevalencia del interés social en las instituciones familiares, y en especial de la familia, como derecho y sujeto de derechos, la obligación del Estado de dar autenticidad a los actos de familia y de sus miembros, especialmente de niños y niñas durante su infancia, niñez y adolescencia.

La gran mayoría de los temas del derecho de familia son objeto de regulación jurídica y facultad constitucional de los congresos locales, por lo que es indispensable que los órganos legislativos, tanto federales como locales, cuenten con los espacios suficientes y necesarios para atender los problemas de manera especializada, así como dotar a la legislación con las herramientas que permitan el fortalecimiento de las sociedades democráticas.

Algunas entidades federativas como Durango, Querétaro, Quintana Roo, Nayarit, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas, cuentan ya con los órganos legislativos especializados en la materia, por lo que consideramos conveniente hacer el exhorto a la Honorable Cámara de Diputados y a los congresos de las entidades federativas que aún no cuentan con una Comisión de la Familia, que la conformen para hacer vigentes los derechos que le corresponden a las familias mexicanas.

Como integrante de la Comisión de la Familia y de Desarrollo Humano, solicito el apoyo a este punto de Acuerdo que presentó nuestra presidenta de la comisión.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Palafox Gutiérrez. Se han agotado los oradores. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

CONSEJO CONSULTIVO DE LA CÁMARA DE SENADORES

Ruego a las y los señores Senadores ocupar sus asientos para dar paso a la instalación del Consejo Consultivo del Senado de la República.

Honorable Asamblea: Como ustedes saben, el pasado 6 de octubre aprobamos el Acuerdo por el que se crea el Consejo Consultivo de la Cámara de Senadores.

Este Consejo Consultivo se conformará con los ciudadanos que, en su momento, tuvieron la más alta responsabilidad de presidir la Cámara de Senadores a partir de las reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos de 1999, en las que se estableció, entre otras disposiciones, la duración anual de la Mesa Directiva.

En tal virtud, les informo que en el salón contiguo a este recinto se encuentran los ciudadanos ex Senadores de la República que han ocupado la Presidencia del Senado de forma anual, por lo que solicito a las Senadoras y Senadores Arturo Zamora Jiménez, Sonia Rocha Acosta, Jorge Aréchiga Ávila, Ana Gabriela Guevara Espinoza y Enrique Burgos García, acudan a recibirlos y los acompañen a entrar a este salón de sesiones.

(La comisión cumple)

Ruego a los presentes ocupar sus lugares.

Ciudadana Senadora y ciudadanos Senadores que honrosamente presidieron la Cámara de Senadores desde su instauración con vigencia anual desde el año 1999, sean ustedes bienvenidos a esta su casa.

Saludo la presencia de la primera Senadora Presidenta de la Mesa Directiva, con vigencia de un año, en la LVII Legislatura, la ciudadana María de los Ángeles Moreno Uriegas.

A los Senadores Presidentes de la Mesa Directiva durante la LVIII y LIX Legislaturas Enrique Jackson Ramírez y Diego Fernández de Cevallos Ramos.

Los Senadores Presidentes de la LX y LXI Legislatura, los ciudadanos Manlio Fabio Beltrones Rivera, Santiago Creel Miranda, Gustavo Madero Muñoz y José González Morfín.

Se encuentran también entre nosotros los Senadores que desempeñaron la misma responsabilidad en los tres años de la anterior legislatura, y que actualmente forman parte de esta Cámara, Ernesto Cordero Arroyo, Raúl Cervantes Andrade y Miguel Barbosa Huerta.

Este Senado, por unanimidad, ha tomado la determinación de constituir un Consejo Consultivo con todos aquellos que lo han presidido desde 1999, nos dio a la convicción de que la memoria de una institución se resguarda, en gran medida, en sus personas.

Ustedes, que han superado desafíos, tomado decisiones, enfrentado circunstancias, son depositarios de un caudal de experiencia que debe de ser aprovechado por las instituciones, por nuestra institución, para mejorar nuestro desempeño y nuestros resultados.

Los hemos convocado a servir nuevamente a su patria, a la Cámara a la que pertenecieron y a la que algunos de ustedes todavía pertenece.

Este servicio consiste en aportarnos su consejo para encarar los problemas a los que nos enfrentamos hoy, pero sobre todo, en ofrecer su reflexión sobre la mejor manera de hacer del Senado de la República una institución ejemplar, cercana a los mexicanos, capaz de resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos.

Queremos ser un referente de la deliberación democrática y republicana de nuestro tiempo.

Con sus aportaciones, robusteceremos las tareas de diplomacia parlamentaria, las funciones legislativas relativas al tema de vinculación y participación ciudadana, y en la realización de actividades conmemorativas, particularmente y de manera destacada en los festejos del Centenario de la Constitución de 1917.

Sería un error desaprovechar lo que ustedes aprendieron en el ejercicio de su responsabilidad; aprendizajes que provienen de una experiencia integral de logros y retos, de dificultades sorteadas y de otras pospuestas.

¡Bienvenidos sean de nueva cuenta lo que fue y es su casa!

Los exhortamos a que en esta responsabilidad honorífica que les hemos encomendado, velen en todo momento, como dice la protesta misma, por el bien y la prosperidad de la Nación, pero sobre todo, por la fortaleza del Senado Mexicano.

Procederemos a tomar la protesta correspondiente.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Solicito a los presentes ponerse de pie, por favor.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ciudadanos: María de los Ángeles Moreno Uriegas, Enrique Jackson Ramírez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Santiago Creel Miranda, Gustavo Madero Muñoz, José González Morfín, Ernesto Cordero Arroyo, Raúl Cervantes Andrade y Miguel Barbosa Huerta: ¿Protestan asumir el cargo de integrantes del Consejo Consultivo del Senado de la República y aportar su experiencia y conocimiento para fortalecer las responsabilidades del Senado y desempeñar leal y patrióticamente sus funciones, mirando en todo momento por el bien y la prosperidad de la Cámara de Senadores?

Los Ciudadanos María de los Ángeles Moreno Uriegas, Enrique Jackson Ramírez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Santiago Creel Miranda, Gustavo Madero Muñoz, José González Morfín, Ernesto Cordero Arroyo, Raúl Cervantes Andrade y Miguel Barbosa Huerta: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¡Felicidades, señores consejeros!

Ruego a todos ocupar sus lugares.

Para formalizar su incorporación al Consejo Consultivo de la Cámara de Senadores, se les hará entrega del nombramiento correspondiente y del distintivo que los acredita como Senadores Honorarios.

Solicito a los integrantes de la Mesa Directiva hagan entrega del nombramiento y el distintivo de Consejeros de este Senado.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Les solicito ponerse de pie, por favor.

(Todos de pie)

(Entrega de nombramientos y distintivos a los Consejeros del Senado de la República)





 

RECONOCIMIENTO

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ruego a todos los presentes ocupar sus asientos para ser testigos de honor de un merecido reconocimiento a un funcionario que ha servido con lealtad, eficacia e institucionalidad en el Senado de la República.

Hace unos días, el Doctor Arturo Garita Alonso cumplió 21 años de servicio ininterrumpido en la Cámara de Senadores.

Según los testimonios de muchos, no ha fallado un solo día a su trabajo, ni siquiera por razones de enfermedad.

Ha estado de forma diligente, resguardando la espalda de muchos Presidentes y Presidentas del Senado de la República, ayudando a dar orden y claridad a la conducción de nuestros procesos parlamentarios.

El Doctor Arturo Garita es un profesional en todo el sentido de la expresión, dedicado, responsable, institucional, honesto, en un entorno de compleja pluralidad. Su experiencia sirve para dar consistencia, agilidad y certidumbre a nuestro trabajo.

Este Senado reconoce todo su esfuerzo y dedicación; este Senado le agradece, como siempre, su compromiso.

Lo hacemos a través de un sencillo diploma que sirve para materializar en cada espacio de su dimensión la suma de la gratitud de tantos Senadores a lo largo de tantos años.

¡Felicidades y gracias, Doctor Arturo Garita!

Solicito a la comisión designada acompañe a nuestros distinguidos Consejeros cuando deseen retirarse del salón.

(La comisión cumple)

Solicito a las y los señores Senadores permanecer en sus lugares para continuar con nuestra sesión del día de hoy.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Vamos a continuar con la sesión, compañeras y compañeros Senadores.





 

En el apartado de proposiciones, tiene la palabra la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo para presentar, a nombre propio y de los Senadores Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz y Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo que exhorta a etiquetar la asignación de recursos presupuestarios suficientes en materia de movilidad urbana y protección al medio ambiente.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, señor Presidente.

El destino de los recursos federales puede marcar la diferencia entre mejorar la calidad de vida de los mexicanos y la competitividad de las ciudades a través de inversiones que incentiven la movilidad sustentable y proyectos que contribuyan simultáneamente a la mitigación y adaptación al cambio climático, o bien, podemos continuar con un modelo centrado en el automóvil que en México ha traído altos costos fiscales, de equidad y de sustentabilidad ambiental.

En las zonas metropolitanas de nuestro país, por ejemplo, el sistema de transporte público de calidad no ha podido ir de la mano con el crecimiento urbano.

La lejanía entre los centros de trabajo y las viviendas ha incrementado el uso de vehículos privados, provocando congestionamientos viales que afectan la salud y la productividad de la población.

Las pérdidas económicas en México por este problema se estiman en 200 mil millones de pesos cada año; y de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el patrón de movilidad, sólo por mencionar el de la zona metropolitana del Valle de México en que nos encontramos, contribuye a que los vehículos emitan 50 por ciento de los gases de efecto invernadero y 80 por ciento de los contaminantes locales.

En este contexto, invertir en transporte público sustentable representa una gran oportunidad para que 78 por ciento de la población en nuestro país que vive en zonas urbanas tenga una opción de trasladarse de manera más segura, rápida y con un bajo impacto ambiental.

Los patrones actuales de movilidad hacen necesario tomar en cuenta las opiniones de los especialistas de instancias gubernamentales, académicas y de la sociedad civil, respecto a que la inversión en movilidad urbana debe priorizar la infraestructura para peatones, para ciclistas, transporte público, transporte de carga, autos y motos en ese orden.

Con la presentación de este punto de Acuerdo, mis compañeras y compañeros Senadores Graciela Ortiz, Marcela Guerra, Blanca Alcalá, Jesús Casillas y una servidora, hacemos un respetuoso pero firme exhorto a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, dentro de la asignación correspondiente al Ramo 15, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se asignen recursos suficientes para que el Programa de Impulso a la Movilidad Urbana, denominado PMUS-007, pueda realmente ser efectivo en sus objetivos.

De igual manera, estamos pidiendo que se etiqueten recursos suficientes para el ejercicio del Fondo de Cambio Climático, ¿Para qué? Para generar más proyectos de movilidad sustentable a nivel nacional que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y coadyuven con el cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno mexicano para reducir, de manera no condiciona, 25 por ciento de las emisiones de estos gases y contaminantes climáticos de vida corta para el año 2030.

En este sentido, los proponentes consideramos que enfocar recursos bajo el concepto de movilidad sustentable en el Fondo para el Cambio Climático, resulta pertinente, ya que en el artículo 82, fracciones II y VIII de la Ley General de Cambio Climático se dispone que los recursos de este fondo se destinarán a proyectos que contribuyan simultáneamente a la mitigación y adaptación al cambio climático, así como a acciones en materia de cambio climático que la comisión considere estratégicos.

Con este exhorto a la Colegisladora, hacemos un llamado para que a partir de la razonable asignación y posterior ejecución de los recursos, fomentemos el respeto mutuo entre todos los usuarios del espacio público, especialmente de los más vulnerables.

Estamos seguros que destinar recursos de manera eficiente a nuevas formas de movilidad sustentable en el sistema urbano nacional, contribuirá a que las mexicanas y los mexicanos podamos vivir en ciudades más competitivas y democráticas.

Quienes legislamos, debemos tomar en cuenta que, como ha señalado el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, somos la última generación con la oportunidad de prevenir las peores consecuencias del calentamiento global, antes de que sea demasiado tarde.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senadora Ana Lilia Herrera. Túrnese a la Cámara de Diputados.

Quiero aprovechar este espacio para saludar la presencia de jóvenes líderes de Zacatecas, invitados a esta sesión por el Senador David Monreal Ávila, así como a los integrantes del Club Rotario León Ejecutivo, invitados por los Senadores María del Pilar Ortega Martínez y Juan Carlos Romero Hicks.

¡Bienvenidas y bienvenidos!





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz para presentar, a nombre propio y de la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo que exhorta a respetar el presupuesto etiquetado que corresponde al Subsidio para la Seguridad en los Municipios del Ejercicio Fiscal de 2015, y dar marcha atrás al recorte presupuestal aplicado a los municipios de Mérida, Umán y Tekax.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Con su permiso, señor Presidente Luis Sánchez Jiménez, Senador por el Estado Libre y Soberano del Estado de México.

Hago uso de esta tribuna, conjuntamente con mi paisana, la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, para presentar ante ustedes un punto de Acuerdo que tiene como objetivo exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dar marcha atrás al recorte de los recursos autorizados por la Cámara de Diputados para este Ejercicio Fiscal de 2015, y específicamente para los municipios de Mérida la capital del estado de Yucatán, Umán, que es una ciudad conurbada de la zona metropolitana y el municipio de Tekax en el sur del estado de Yucatán, pero también para diversos municipios del país que están teniendo este problema.

Y este problema lo están teniendo en el Fondo del Subsidio para la Seguridad de los Municipios mejor conocido como Subsemun.

Como sabemos, el Subsemun es un recurso federal que se otorga a los municipios, a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a los estados, para la prevención del delito, profesionalización, equipamiento, mejoramiento de la infraestructura policial, entre otros, y se otorga en dos ministraciones del 50 por ciento cada uno.

Para este año, la Cámara de Diputados federal, destinó para el Subsemun más de 4 mil 893 millones de pesos.

En el caso de Yucatán fueron 5 municipios beneficiados, Kanasín con un poco más de 10 millones de pesos, Mérida con más de 17 millones de pesos, Progreso, Tekax y Umán con 10 millones de pesos cada uno.

Y a todos estos municipios se les entregó la mitad de los recursos mencionados en la primera ministración.

Sin embargo, por lo menos a tres de estos municipios se les notificó hace unos días que por un recorte presupuestal emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, ya no les entregará los recursos de la segunda ministración, o sea, el 50 por ciento adicional.

Los casos son Mérida, que es la capital del estado de Yucatán, Umán y Tekax.

Lo lamentable es que ya estamos por terminar el año y, en consecuencia, los trabajos que se tenían planeados en materia de seguridad pública están quedando rezagados y lo peor es que quienes están resintiendo esta problemática son los ciudadanos yucatecos.

Por ponerles un ejemplo, en Yucatán, la incidencia delictiva de enero a septiembre del año en curso fue de 25 mil 700 incidencias, pero también a nivel nacional se vive en condiciones de alta inseguridad pública.

Contar con recursos humanos y económicos para hacer frente a esta problemática es indispensable.

Sin embargo, de poco sirvió el incremento económico para el Ejercicio Fiscal de 2015, puesto que es contradictorio con este recorte presupuestal del Subsemun.

Yo quiero también comentarles, amigos y amigas, que en Yucatán, dicho recorte, no quiero pensar que sea una decisión política, puesto que no solamente Mérida y Umán, que son administraciones que actualmente gobierna el Partido Acción Nacional, sino también Tekax en el sur del estado de Yucatán, que es una administración gobernada por el Partido Revolucionario Institucional y, en ese sentido, se está viendo un recorte para administraciones gobernadas por diferentes partidos políticos.

Al respecto, yo recomiendo a las instituciones responsables de dicho recorte, que sigan un rumbo institucional, no se debe tratar un asunto de manera particular ni partidista, ni de estrategia política, porque nos referimos a la seguridad de los ciudadanos yucatecos y de todo el país.

Recordemos que con estas acciones se da lugar a que la delincuencia organizada siga aumentando y expandiéndose, que los secuestros sigan frecuentándose al igual que el robo y la corrupción. Asimismo, se limite la preparación profesional de los policías, entre otros.

Por todo lo expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, un punto de Acuerdo para exhortar, de manera muy respetuosa, al Ejecutivo Federal y específicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a respetar el presupuesto que aprobaron los Diputados federales que están etiquetados al Subsemun y dar marcha atrás al recorte presupuestal para los municipios de Mérida, Umán y Tekax del estado de Yucatán, así como los municipios con esa misma condición en todo México; y de esta manera también, solicitar de manera respetuosa al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informe a esta Soberanía, de manera detallada y actualizada sobre los municipios que ya recibieron y los que están pendientes por recibir la segunda ministración del Subsemun 2015.

Para concluir, señoras Senadoras y Senadores, solamente decirles, nos afanamos en todo el país, de que Yucatán es el estado más seguro de México y que, específicamente, Mérida, la capital del estado, la ciudad blanca también es la ciudad más segura del país, no le recortemos recursos de seguridad pública ni a Mérida, ni a Tekax, ni tampoco a Umán.

Por su atención, muchas gracias.

Propuesta

El suscrito, Senador Daniel Ávila Ruiz, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

Como sabemos, en 2008 se creó el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN), siendo este un recurso federal que se otorga a los municipios, a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a los Estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos.

Este subsidio debe ser destinado a la profesionalización, equipamiento, mejoramiento de la infraestructura, prevención de delitos, evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, la mejora de sus condiciones laborales, la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia, entre otros.1

La lista de municipios y delegaciones del D.F beneficiadas, se eligen de acuerdo al número de habitantes, y a la incidencia delictiva, además de tomar aspectos geográficos como los son zonas fronterizas, conurbadas, zonas que se ven afectadas por la proximidad geográfica a otros municipios con altos índices delictivos, y a zonas turísticas.

Respecto a la aplicación de los recursos del SUBSEMUN, se debe hacer mención que estos no son regularizables, y son parcialmente concursables, además de que estos no pueden ser menores a 10 millones de pesos, ni mayores a 90 millones de pesos. Cabe mencionar que por lo menos el 20% debe ser aplicado a proyectos de prevención social del delito. Sin embargo este no se otorga por completo desde el principio, ya que se otorga en dos ministraciones, la primera correspondiendo al 50% y la segunda al otro 50%, que debe ser entregada en la segunda mitad de cada año por la cantidad que se estipule en los Convenios Específicos de Adhesión.

Dicho subsidio, debe ser ejercido antes de finalizar el año y en caso de que el municipio que lo recibe no cumpla con las metas establecidas deberá reintegrar a la Federación los recursos no aplicados. Asimismo, los municipios beneficiarios deben aportar un 25% del recurso federal como coparticipación.

Todo lo anterior se resume en mejorar la Seguridad Pública en los municipios y en los Estados de la República.

Al respecto, la Cámara de Diputados destinó para el SUBSEMUN en el Ejercicio Fiscal 2015, la cantidad de 4 mil 893 millones 949 mil 427 pesos.

El 15 de enero de 2015, en el Diario Oficial de la Federación, se publica el Acuerdo por el que se da a conocer la lista de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del subsidio a que se refiere el artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, que en el caso del estado de Yucatán fueron 5 municipios que se vieron beneficiados:

No.

Municipio

Monto convenido

Primera ministración autorizada el 24 de abril de 2015

1.

Kanasín

10 millones 315 mil 49 pesos

5 millones 157 mil 524 pesos

2.

Mérida

17 millones 321 mil 376 pesos

8 millones 660 mil 688 pesos

3.

Progreso

10 millones

5 millones

4.

Tekax

10 millones

5 millones

5.

Umán

10 millones

5 millones

Sin embargo, tengo informes de que por lo menos a tres de estos municipios no les ha llegado la segunda ministración, los casos son: Mérida, Umán y Tekax. Lo lamentable, es que ya estamos por terminar el año y en consecuencia los trabajos que se tenían planeados en materia de seguridad pública están quedando rezagados y, lo peor, es que quienes resienten esta problemática son los ciudadanos yucatecos.

Pero no solo Yucatán ha requerido de estos recursos, dado que el tema de seguridad pública es uno de los principales problemas que enfrenta México, ya sea por robos, secuestros, violación, homicidio, delincuencia organizada, etc.; lo que conlleva a serios problemas sociales internos debido al alto panorama de inseguridad que ahonda en el país.

Por poner un ejemplo, en el estado de Yucatán la incidencia delictiva de enero a septiembre del año en curso, es de 25 mil 700 incidencias, según datos del    Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estos son datos tan solo de delitos registrados en las averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas, y que son reportados por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales. Sin embargo, debemos preguntarnos qué pasa con los delitos que no son denunciados y de los que no existe algún antecedente en la institución correspondiente.

Al respecto, quien resulta afectada es la población y el turismo, que es una importante fuente de ingresos para el Estado, además de provocar que la población viva con miedo y que éste sea parte de su vida cotidiana.

Pero también a nivel nacional, se vive en condiciones de alta inseguridad pública, por ejemplo las denuncias por homicidios dolosos de 2006 a 2012 se incrementaron en un 84%; las referentes a extorciones, se incrementaron en un 130%; los secuestros en un 92%, estos tres últimos que se catalogan como delitos de alto impacto, en conjunto significaron un aumento del 93%.2

Sin embargo, se debe mencionar que no todos los estados o regiones del país registran los mismos índices delictivos. Por ejemplo en distribución de delitos de alto impacto por cada 100 habitantes, la región centro para 2012, presentaba 28 por cada 100, la noreste 33 por cada 100, el noroeste 41 por cada 100, el occidente 22 por cada 100 y finalmente el sureste 17 por cada 100.

Estos datos oficiales nos dan un panorama de las condiciones de inseguridad que vivimos a diario los yucatecos, y en general todos los mexicanos. Por tal razón, es importante sumar esfuerzos para no solo combatir los actos criminales sino también para prevenirlos con el fin de que el problema sea tratado desde la raíz.

Para alcanzar los objetivos señalados, se incrementó el presupuesto para este rubro en el Ejercicio Fiscal 2015 con respecto al de 2014. El aumento fue de 160 millones 922 mil 902 pesos, es decir, como ya lo mencioné anteriormente, se etiquetó un recurso económico para hacer frente a los problemas de seguridad pública por la cantidad total de 4 mil 893 millones 949 mil 427 pesos.

Sin duda, contar con recursos humanos y económicos para hacer frente a la problemática de la inseguridad pública en los estados y municipios es indispensable; sin embargo, de poco sirvió que se haya incrementado el recurso económico en este ámbito, puesto que ahora resulta contradictorio recortar el presupuesto del SUBSEMUN como lo ha instruido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Y reitero que es contradictorio porque los recursos que se orientan a la seguridad pública no deben verse como un gasto, sino como una inversión en beneficio de los ciudadanos.

Incluso en el caso específico de Yucatán, el recorte presupuestal se puede presumir como una decisión política, con miras a limitar las acciones institucionales de los gobiernos municipales que son opuestos al partido que hoy gobierna el estado de Yucatán y al país.

En concreto, se afecta a los municipios de Mérida y Umán, que son de gobiernos panistas, y aunque también hay un recorte presupuestal a Tekax, municipio gobernado por el PRI, si comparamos las cantidades, son desproporcionadas, es decir, a Tekax se le recortan 5 millones de pesos, mientras que a Mérida y Umán se les recorta una suma de 13.5 millones de pesos.

Debo recomendar a las instituciones responsables de dicho recorte, que tomen rumbo institucional; no se debe tratar este asunto de manera partidista a partir de una estrategia política; se trata de la seguridad de los ciudadanos yucatecos y del país. No es correcto orientar las decisiones a intereses particulares y de partido.

Todo lo anterior debe ser analizado si es que queremos lograr los objetivos que en materia de seguridad se tienen en el país, ya que con el recorte presupuestal resultan difíciles de cumplir, como lo es: la prevención del delito, la procuración de justicia, contar con cuerpos policiacos suficientes y capacitados.

Por el contrario, a falta de inversión en seguridad pública, se da lugar para que la delincuencia organizada siga aumentando y expandiéndose, los secuestros sigan frecuentándose al igual que el robo y la corrupción. Asimismo, se limita la preparación profesional policiaca, entre otros.

Por otra parte, se debe informar hacia dónde se piensa orientar los recursos que son producto del recorte del SUBSEMUN, justificar de manera lógica y real el uso de los mismos, cuestión que no ha sido explicado. Incluso el Registro de Información y Seguimiento del Subsidio SUBSEMUN (RISS), tampoco expone en su página electrónica la información requerida para conocer los avances reales en la implementación de los recursos.

En virtud de lo expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal ya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a respetar el presupuesto etiquetado por la Cámara de Diputados que corresponde al Subsidio para la Seguridad en los Municipios, SUBSEMUN, Ejercicio Presupuestal 2015, y dar marcha atrás al recorte presupuestal aplicado en la segunda ministración de este subsidio para los municipios de Mérida, Umán y Tekax, del estado de Yucatán y a los municipios con esa condición en todo el país.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informe a esta Soberanía, de manera detallada y actualizada, respecto de los municipios que ya recibieron y los que están pendientes por recibir la segunda ministración del SUBSEMUN 2015.

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público trabajar de manera coordinada con el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objeto de entregar, de manera inmediata, los recursos faltantes de la segunda ministración del SUBSEMUN para los municipios del estado de Yucatán y de todo el país.

Senado de la República, el 5 de noviembre de 2015.

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.

1 Ver página electrónica: http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/fondos-subsidios/subsemun.php, consultada el 02 de noviembre de 2015.

2 Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Ávila Ruiz. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

Damos la bienvenida a alumnas y alumnos de la escuela secundaria diurna 104 Ezequiel A. Maldonado, invitados por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

¡Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos!





 

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Dolores Padierna Luna para presentar, a nombre propio y del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo que exhorta a retirar el proyecto de “Lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringido”.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

El Senador Zoé Robledo, Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y la de la voz, queremos hacer un llamado respetuoso al Senado de la República para poner orden en un asunto verdaderamente peligroso y delicado para los niños y las niñas de nuestro país.

El pasado 2 de noviembre, la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, publicó un proyecto que se titula “lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales, de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringido”. De acuerdo con especialistas en la materia, dicho instrumento, impone nuevos criterios de clasificación de programas difundidos a través de la radio y la televisión, que son contrarios a los derechos de las audiencias, particularmente al interés superior de la niñez, a los derechos humanos de las niñas y los niños.

El problema central de este proyecto es que elimina la protección de las personas menores de 12 años, al permitir que se puedan transmitir programas para adolescentes y adultos a partir de las 4 de la tarde, de las 16 horas, siendo que hoy es desde las 20 horas.

Lo anterior resulta contrario a las mejores prácticas a nivel internacional donde la tendencia es aumentar la protección de la niñez, a reducir el número de horas para la transmisión de determinado tipo de contenidos. En México, contrariamente, se está extendiendo el horario para las audiencias infantiles, que implica exponer a las niñas y a los niños a las telenovelas, a los reality shows, a los programas dramatizados, a los programas de concurso y este cambio en realidad está abriendo la puerta a escenas de violencia, adicciones, actividades sexuales implícitas, comerciales de comida chatarra, refrescos, alcohol, tabaco, es otra concesión a las televisoras en materia de contenidos, a sus comerciales, a sus telenovelas, pero no tienen un contenido como lo marca la Ley de Telecomunicaciones, que deben ser contenidos educativos. Los horarios deben estar acordes con las edades de las audiencias, los programas infantiles deben ser formativos, educativos y culturales.

Por ejemplo, en España está prohibido difundir contenidos que no sean aptos para menores antes de las 20 horas, en Inglaterra el horario infantil termina a las 21 horas, en Francia, a las 22 horas. Es decir, de acuerdo con este proyecto queda claro que la Secretaría de Gobernación no analizó las mejores prácticas a nivel internacional, ni contó con la asesoría adecuada para la elaboración de este tipo de documentos.

Pero hay un problema todavía muy grave, que es un asunto legal. Otro elemento a resaltar es que este tipo de reglamentación en materia de clasificación de contenidos debe ser emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de conformidad con el estatuto del Instituto Federal de Telecomunicaciones y por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no le toca a la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la SEGOB, como se pretende hacer en este documento publicado el pasado 2 de noviembre.

Y déjenme referirme a la Ley de Telecomunicaciones, que en su artículo 217 establece como facultad de la Secretaría de Gobernación verificar que las transmisiones de radio y televisión cumplan con los criterios de clasificación que emitan en los términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; le toca verificar, no debe emitir lineamientos del sistema de clasificación de contenidos audiovisuales, de las transmisiones radiodifundidas y de televisión y audio restringidos, esas atribuciones no le son conferidas en la ley a la Secretaría de Gobernación.

La Ley de Telecomunicaciones también tiene otro artículo, que es el artículo 216, que son las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y una de las razones por las cuales el PRD votó en contra, es porque el tema de contenidos se partió en tres espacios de toda la ley, pero en las facultades del Instituto queda muy general, y le dan facultades de ordenar la suspensión precautoria que es a lo que quisiéramos llegar, que el Instituto ejerza sus facultades de suspender precautoriamente las transmisiones que violen los derechos humanos de la niñez mexicana, porque tramposamente la Subsecretaría de Normatividad y Medios está aludiendo al artículo 24 para abrogarse una facultad que no le da la Ley Federal de Telecomunicaciones, se va a una ley abrogada, anulada, cuando se publicó la Ley Federal de Telecomunicaciones.

En la extinta Ley de Radio y Televisión se habla de la clasificación de los programas, los que son de tipo A, tipo B, B14, C y D, y en esta ley abrogada, efectivamente, antes a la Secretaría de Gobernación le tocaba emitir los criterios generales de clasificación, pero de acuerdo a la nueva ley no le corresponden.

Lo cierto es que independientemente de las trampas o argucias que se haya puesto en la ley para repartir los contenidos, unos de la Secretaría de Gobernación, otros en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y otros que quedaron en el limbo.

ndependientemente de eso, lo que debe prevalecer indiscutiblemente son los derechos humanos de la niñez, y el Congreso, el Senado está para salvaguardar los derechos.

Exhorto respetuosamente, pero también enérgicamente, al Senado de la República para exigir que en la programación los contenidos para adolescentes y adultos inicie a partir de las 20 horas, a partir de las 8 de la noche, y no a las 4 de la tarde, porque los niños cuando salen de la escuela casi toda la tarde están viendo la televisión y esto afectaría severamente los derechos de la niñez.

Resulta evidente que este proyecto carece de un análisis y valoración adecuada, de los elementos que permiten su eventual publicación.

La Secretaría de Gobernación para defender su proyecto asegura que consultó, fíjense a quién consultó la Secretaría de Gobernación para emitir los lineamientos, a TV Azteca, a Televisa, a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión y a la Organización A Favor de lo Mejor.

De acuerdo con la propia información proporcionada por la Secretaría de Gobernación, queda claro que únicamente se consultó a las empresas y que se incurrió en un claro y abierto conflicto de interés, no se consultó al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero además, dejó fuera de la consulta a los medios públicos, a los medios comunitarios, a las audiencias, a las defensorías de las audiencias, a especialistas en la materia y al propio Instituto, omiso en sus facultades, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual a estas alturas ya debió haber emitido los lineamientos y no lo han hecho.

Y aprovechándose de esa situación, o en acuerdo con la Secretaría de Gobernación, ha permitido que sea la SEGOB quien publique en el Diario Oficial de la Federación este documento que es claramente violatorio de los derechos de la niñez, los criterios y la clasificación, me están mocionando en el tiempo.

Terminaré simplemente diciendo que en materia de contenidos es importante reiterar que es el Estado el que debe salvaguardar la programación dirigida a la población infantil. Todo lo que hizo la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría, es ilegal, viola la Ley de Telecomunicaciones, pero también viola la Constitución en el tema de derechos humanos.

Es obligación del Estado, el Senado forma parte de las instituciones del Estado, hacemos un llamado a que se haga este exhorto, pero también un llamado al IFT para que ejerza sus facultades de cancelar cualquier transmisión que viole los derechos de la niñez.

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a retirar el proyecto de “lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringido”.

Segundo. Se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a diseñar la reglamentación en materia de clasificación de contenidos audiovisuales para radio y televisión, de conformidad con la norma constitucional, previa consulta a especialistas en la materia y considerando las mejores prácticas a nivel internacional y los más altos estándares para la protección de los derechos de la niñez.

Muchas gracias, señor Presidente.

Propuesta

Los suscritos, Senadora Dolores Padierna Luna y Senador Zoé Robledo Aburto integrantes del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 2, 108 y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 2 de noviembre, la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación publicó un proyecto de “Lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringido”, de acuerdo con especialistas en la materia, dicho instrumento impone nuevos criterios de clasificación de programas difundidos a través de la radio y la televisión, que son contrarios a los derechos de las audiencias, particularmente al interés superior de la niñez.

El problema central de este proyecto es que reduce la protección de las personas menores de 12 años, al permitir que se puedan transmitir programas para adolescentes y adultos a partir de las 16:00 horas, siendo que hoy en día es desde las 20:00 horas.

Lo anterior, resulta contrario a las mejores prácticas a nivel internacional, donde la tendencia es aumentar la protección de la niñez, al reducir el número de horas para la transmisión de determinado tipo de contenidos. En México, contrariamente, se estaría extendiendo el horario para las audiencias infantiles, lo que implica exponer a las niñas y niños a las telenovelas, a los  reality shows, a los programas dramatizados y a los programas de concurso, sin ningún tipo de contenido educativo o cultural.

Por ejemplo, en España está prohibido difundir contenidos que no sean aptos para menores antes de las 20:00 horas, en Inglaterra el horario infantil termina a las 21:00 horas y en Francia a las 22:00 horas. Es decir, de acuerdo con este proyecto, queda claro que la SEGOB no analizó las mejores prácticas a nivel internacional ni contó con la asesoría adecuada para la elaboración de este tipo de documentos.

Otro elemento que se debe resaltar es que este tipo de reglamentación en materia de clasificación de contenidos debe ser emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de conformidad con el Estatuto Orgánico de dicha institución y por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y no por la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la SEGOB, como se pretende hacer en la actualidad.

Resulta evidente que este proyecto carece de un análisis y valoración adecuada de elementos que permitan su eventual aprobación y publicación. La SEGOB para defender su proyecto asegura que en la elaboración de estos lineamientos se consultó, aunque no informa cómo, a Televisión Azteca, a Televisa, a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y a la organización A Favor de lo Mejor. De acuerdo con la propia información proporcionada por la SEGOB queda claro que únicamente se consultó a empresarios y dejó fuera a los medios públicos y comunitarios, a las audiencias, a las defensorías de las audiencias, a especialistas en la materia y al propio ente regulador especializado en la materia.

Es de destacar, lo emitido públicamente por la única asociación civil consultada por SEGOB, la organización A Favor de lo Mejor, fijó en un comunicado de prensa que “pide la revisión a conciencia del proyecto de Criterios de Clasificación, toda vez que no son coherentes con lo estipulado con la Ley de Telecomunicaciones y dejan de lado el interés superior de la niñez, la protección de las audiencias y sus derechos”. En su comunicado también refieren que con este tipo de lineamientos, se da marcha atrás a los objetivos que buscaba la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y su Ley Secundaria.

Al entrar en vigencia estos lineamientos, niñas y niños tendrán más acceso a contenidos de clasificación B (para adolescentes y adultos, a partir de las 16:00 horas), B15 (para adolescentes mayores de 15 años y adultos, desde las 19:00 horas) y C (para adultos, desde las 21:00 horas), que podrían incluir escenas de violencia, adicciones, actividad sexual implícita y todo tipo de lenguaje “sin que sea con fines discriminatorios o denigrantes”.

En materia de contenidos, es importante reiterar que el Estado debe asegurarse que la programación dirigida a la población infantil “… se traduzcan en un beneficio concreto de cultura para toda la población y contribuya de manera activa a preservar la pluralidad y fomentar los valores de identidad nacional y, en general, los previstos en el artículo 3o. de la Constitución. Asimismo, pretende promover la formación educativa y cívica y procurar la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz...”, los lineamientos propuestos por la SEGOB no cumplen con lo anterior.

Es obligación del Estado Mexicano el preservar y procurar el interés superior de la niñez, por encima de cualquier otro criterio, ya sea comercial, publicitario o informativo, por ello, resulta indispensable que este Senado de la República emita los exhortos a las autoridades competentes con la finalidad de que se revise dicha propuesta de clasificación y se adecué a los más altos estándares en materia de derechos humanos y de protección a la niñez. Por lo expuesto, sometemos a consideración del Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a retirar el proyecto de “Lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringido”.

Segundo.-  Se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a diseñar la reglamentación en materia de clasificación de contenidos audiovisuales para radio y televisión, de conformidad con la reforma constitucional, previa consulta con especialistas en la materia y considerando las mejores prácticas a nivel internacional y los más altos estándares de protección de la niñez.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de noviembre de 2015.

Suscriben

Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Zoé Robledo Aburto.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Dígame, Senador José María Martínez Martínez.

El Senador José María Martínez Martínez: (Desde su escaño) Señor Presidente, para preguntarle a la Senadora Dolores Padierna, si me permite suscribir también junto con ellos, este punto de Acuerdo que me parece fundamental, dado que no hay respeto a las reformas que se hicieron por parte del Congreso de la Unión en materia de comunicaciones y en la parte fundamental no se está reconociendo un avance que tuvimos aquí en el Senado de la República, en relación al derecho de las audiencias.

Por tanto, me parece que este punto de Acuerdo que hoy presenta la Senadora Dolores Padierna no sólo es pertinente, es urgente, por tanto le solicito que me permita suscribirlo junto con ustedes.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Gracias, Senador José María Martínez.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Si, Senador Monreal Ávila. ¿Con el mismo fin?

Tome nota la Secretaría por favor de quienes se adhieren a ese punto de Acuerdo.

Como ha sido solicitado por la Senadora Padierna y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento del senado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a enviar un informe de las acciones que se han implementado con el fin de evitar agresiones en contra de mujeres migrantes a su paso por nuestro país.

La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Gracias. Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea:

En los últimos días, y junto con los trabajos que la Comisión de Migración ha venido haciendo, ha circulado en los medios a nivel nacional e internacional notas donde se denuncian los abusos sexuales que han tenido mujeres por el crimen organizado.

Esto ha provocado que mujeres centroamericanas, antes de viajar, en el intento de cruzar hacia la frontera norte de este país, y cruzar nuestro país, México, tomen medidas de prevención del embarazo ante las agresiones sexuales que sufren por transitar en México, por lo que antes de entrar a nuestro país se les recomienda usar una medida de anticonceptivo de largo efecto, conocida en Centroamérica como la “Inyección Anti México”.

Algunas veces los traficantes de personas, conocidas como “Coyotes” o “Polleros”, son los que advierten a las mujeres del uso de este medicamento para prevenir embarazos.

Además, se puntualizó que con frecuencia entre los perpetradores se encuentran agentes del Instituto Nacional de Migración, así como las policías y militares; asimismo, los mismos coyotes, pandilleros y vecinos de las rancherías también cometen estos abusos, según las denuncias.

En un documento presentado por la Red Mesoamericana, Mujer, Salud y Migración y la Asociación Información y Capacitación A. C., se destaca que algunas mujeres se ven obligadas a sostener relaciones íntimas como requisito para poder cruzar la frontera sur de nuestro país.

Desde que en varios estados de la República se aplica el Plan Frontera Sur, el Secretario de Gobernación ha asegurado que los delitos han disminuido hasta un 35 por ciento, pero a pesar de esto, las agresiones no cesan.

Por lo anterior, es que subo a esta tribuna a exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación para que a la brevedad envíe a este órgano legislativo un informe pormenorizado de las acciones que se han implementado con base a este Plan Frontera Sur, con la finalidad de evitar agresiones en contra de más mujeres que y siguen intentando pasar por nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

Le pido que quede inscrita de manera íntegra la propuesta en el Diario de los Debates, íntegra, por favor. Gracias.

Propuesta



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Guevara Espinoza.

Se inserta íntegra en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.





 

Compañeras y compañeros Senadores: Informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política que propone modificación en la integración de comisiones.

El Acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños. Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el Acuerdo.

Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a dar marcha atrás al apagón analógico en los municipios durangueses de la Comarca Lagunera, mismo que se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.







 

Otra, del Senador Miguel Ángel Chico Herrera, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República felicita al doctor José Francisco Gallegos Hernández por la obtención del Premio Nacional de Oncología derivado de su investigación clínica relativa a la detención del cáncer de boca mediante el procedimiento de fluorescencia, el cual se turna a la Comisión de Salud.

El suscrito, Senador MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, parágrafo 1, fracción II; 95, parágrafo 2; 276, parágrafos 1, fracción II, y 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de Acuerdo en relación con la investigación clínica oncológica del Dr. José Francisco Gallegos Hernández para la detección del cáncer de boca mediante el procedimiento de fluorescencia, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 24 de octubre del presente año, el Doctor José Francisco Gallegos Hernández, recibió el Premio Nacional de Oncología, en el área de cirugía oncológica, por la Sociedad Mexicana de Estudios Oncológicos (SMEO), máximo órgano que regula a la Oncología Mexicana, por su investigación clínica relativa a la detección del cáncer de boca mediante el procedimiento de fluorescencia.

Al respecto, es propicio mencionar que el cáncer de la cavidad oral, entre ellos el de lengua, es un serio problema de salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo cataloga como el sexto más frecuente del cuerpo humano. En México su frecuencia se ha incrementado debido al consumo de alcohol, tabaco, drogas y por la infección del virus del papiloma humano; desafortunadamente el 70% de los pacientes acuden en etapa avanzada, lo que impacta en su menor índice de curación y deriva en mayores gastos tanto para los pacientes como para las instituciones de salud pública.

El tratamiento principal de esta enfermedad es la resección del tumor con extirpación completa, el trabajo del Dr. Gallegos Hernández versa sobre la utilidad de la fluorescencia para poder extirpar en su totalidad dicho tumor.

¿Qué es el cáncer de boca?1

Los efectos de las enfermedades bucodentales, en términos de dolor, sufrimiento, deterioro funcional y disminución de la calidad de vida, son considerables y costosos. Se estima que el tratamiento representa entre el 5% y el 10% del gasto sanitario de los países industrializados, y está por encima de los recursos de muchos países en desarrollo.

A escala mundial, el cáncer de boca es el octavo en frecuencia entre la población masculina. En Asia, figura entre los tres tipos de cáncer más comunes. No obstante, según datos disponibles de la OMS, también ha habido un pronunciado aumento del cáncer de boca y de faringe en varios países y regiones como Alemania, Dinamarca, Escocia, Europa central y oriental y, en menor grado, Australia, Estados Unidos, Japón y Nueva Zelandia. Fumar, usar tabaco sin humo y consumir alcohol son factores de riesgo.

El cáncer bucal se puede formar en cualquier parte de la boca o la garganta. La mayoría de los cánceres bucales comienzan en la lengua y la base de la boca. Cualquier persona puede tener un cáncer bucal, pero el riesgo es más alto en los hombres, mayores de 40 años, fumadores o consumidores de alcohol o en personas con antecedentes de cáncer de cabeza o cuello. La exposición frecuente al sol también es un factor de riesgo de cáncer labial.

Los síntomas del cáncer bucal incluyen: manchas blancas o rojas dentro de la boca, una llaga en la boca que no se cura, hemorragias en la boca, caída de dientes, problemas o dolor para tragar, un bulto en el cuello, dolor de oído e incidencia mundial y local2.

Datos y cifras3:

El cáncer oral en México ha ido en aumento en las últimas décadas, representando entre el 1 y 5% del total de las neoplasias malignas. La alta incidencia se debe a múltiples factores, entre éstos al aumento en el consumo de alcohol y tabaco, al tipo de alimentación, antecedentes hereditarios, exposición a ciertos agentes físicos, químicos o biológicos; incluso a infección por el virus del papiloma humano (VPH) como cofactor para el desarrollo de estas neoplasias.

Cabe mencionar que el Dr. José Francisco Gallegos Hernández, ha estudiado Cirugía de cabeza y cuello por la Universidad Leonardo da Vinci y los Institutos Oscar Lambret en Lille y Goustave Roussy en Villejuif, Francia. Tiene 90 presentaciones de trabajos de investigación en diversos congresos de ellas: 16 trabajos en la American Head and Neck Society (el órgano más importante en el mundo que regula la oncología de cabeza y cuello), 13 en la Societé Francaise de Carcinologie Cérvico-Faciale (ya ha sido aceptado uno más para presentarse en Noviembre 2015), 10 en la International Academy of Oral Oncology (la sociedad más importante en el mundo que estudia el cáncer oral), 3 en el Congreso Latinoamericano de Cáncer en Cuba, 4 en la Society of Surgical Oncology, 2 en la Societé Francaise d’ ORL y una presentación en cada una de las siguientes sociedades: European Society of Head and Neck Cancer, International Society of Sentinel Node, American Thyroid Asociation y American Society of Skull Base Surgery.

En esta ocasión, fue premiado además, como uno de los mejores trabajos clínicos, la disección de cuello en pacientes con cáncer de boca, trabajo que además ha sido aceptado para presentarse en la Societé Francaise de Carcinologie Cervicofaciale el mes de Noviembre en Toulouse, Francia; su importancia es tal que fue presentado en el pasado mes de Julio ante el órgano más importante en el mundo del cáncer oral, la International Academy of Oral Oncology (IAOO) en Sao Paulo, Brasil.

En este sentido, resulta imprescindible divulgar la trascendencia de la investigación del Dr. Francisco Gallegos que, sin duda laguna, ayudará a que el cáncer de boca se detecte con mayor exactitud y oportunidad y, en consecuencia, que el tratamiento sea más eficaz.

Por todo esto, y debido a que los pacientes evaluados en dichos estudios han sido tratados en el Hospital de Oncología del Centro Médico Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la misma SMEO ha otorgado a dicho Hospital e Institución un reconocimiento por su labor en la investigación clínica del cáncer oral en México.

Derivado de lo anterior, someto a consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República felicita al Doctor José Francisco Gallegos Hernández por la obtención del Premio Nacional de Oncología, en el área de cirugía oncológica, derivado de su investigación clínica relativa a la detección del cáncer de boca mediante el procedimiento de fluorescencia.

Dado ante el Pleno del Senado de la República, el 5 de noviembre de 2015.

Suscribe

Sen. Miguel Ángel Chico Herrera.

1 http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr15/es/ consulta 29 octubre 2015.

2 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/ consulta 29 octubre 2015

3 http://www.medigraphic.com/pdfs/cirugiabucal/cb-2011/cb113f.pdf consulta 29 octubre de 2015.





 

Hago del conocimiento del Pleno que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia)

Las que suscriben, , MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, JUANA LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestro artículo 25 Constitucional ha sido objeto de diversas reformas en los últimos años, que le han otorgado al Estado la rectoría del desarrollo nacional para lograr el pleno ejercicio de las libertades. El artículo 25 original de la Constitución de 1917 dista mucho de lo que hoy en día conocemos, ya que este se refería a la exención de registro a la correspondencia bajo cubierta que circulara por las estafetas.

Fue en 1983 cuando el Presidente Miguel de la Madrid modificó el artículo 25 e introdujo la rectoría del desarrollo nacional. En esta modificación se introdujo al texto constitucional la siguiente:

“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.”

Esta modificación junto con otras al mismo artículo, así como a diversas disposiciones de la Constitución fueron el conjunto de modificaciones que renovaron las bases fundamentales en materia económica del país.

Más adelante en 1999, el Presidente Ernesto Zedillo adicionó este primer párrafo e incluyó que el desarrollo debía ser “sustentable”. Esta adición tiene y ha tenido un gran impacto en el desarrollo de nuestra Nación.

Debemos recordar que el término “desarrollo sustentable” se formalizó con el Informe “Nuestro Futuro en Común” o Informe de Brundtland, en donde se define como: “La humanidad tiene la capacidad de hacer el desarrollo sostenible para asegurar que cumple con las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. El concepto de desarrollo sostenible sí implica límites -no límites absolutos, sino limitaciones impuestas por el estado actual de la tecnología y la organización social de los recursos ambientales y por la capacidad de la biosfera para absorber los efectos de las actividades humanas. Pero la tecnología y la organización social pueden ser tanto gestionadas como mejoradas para dar paso a una nueva era de crecimiento económico.” 1

Hoy en día, no podemos concebir el desarrollo de nuestro país sin una visión que proteja al medio ambiente y a los recursos naturales de los que gozamos los mexicanos.

Durante este sexenio se ha modificado el artículo 25 dos veces, una en junio de 20132 y otra junto con la Reforma en materia Energética3. Sin embargo sólo en la primera se modificó el primer párrafo de este, siendo el vigente.

Un aspecto que no podemos dejar de lado en el desarrollo del país son los derechos humanos. Por ello se plantea modificar el texto del primer párrafo del artículo 25 para incluir el desarrollo respetuoso de los derechos humanos.

Esta modificación tiene como objeto dejar claro que los derechos humanos son un aspecto rector para las políticas de desarrollo de cualquier nación democrática como es la nuestra.

En este sentido, los derechos humanos ofrecen un marco normativo que puede guiar la forma en que se genera el desarrollo en el país. Este marco legal posiciona al ser humano en el centro del progreso.

Lo anterior legitima el actuar de los Estados en las políticas orientadas a dar cumplimiento a sus obligaciones, tanto nacionales como internacionales en derechos humanos.

Es de hacerse notar que el desarrollo y los derechos humanos comparten una misma agenda, principios, metas y beneficios para la población. Ejemplos de lo anterior son: la inclusión social, la igualdad, atención a grupos en situación de vulnerabilidad, la no discriminación y el empoderamiento de determinados sectores.

La desigualdad, la discriminación y la injusticia son muchas veces el corazón de los problemas del desarrollo en el país. Por ello, la vinculación entre el desarrollo y las obligaciones Constitucionales y las derivadas de los tratados internacionales en materia de derechos humanos son esenciales para dar respuesta a dichas dificultades.

Además, el enfoque de derechos resulta útil en la promoción de la buena gobernabilidad de un Estado; la reducción de la pobreza y en mejorar la efectividad de los programas orientados a la asistencia.

En este sentido, la gobernabilidad y la protección a los derechos humanos se refuerzan mutuamente, al ser la plena vigencia de los mismos una exigencia que legitima el actuar del Estado y brinda certeza a sus ciudadanos. Por ello la necesidad de políticas con un enfoque de derechos.

Adicionalmente, muchas de las agencias bilaterales de cooperación han adoptado de forma explícita políticas que giran en torno a la protección de derechos humanos4. Lo que demuestra la relevancia de la correlación entre el desarrollo de las naciones y la protección y respeto a los derechos humanos.

De lo anterior y con la finalidad de promover la interdependencia entre ambas agendas, se propone adicionar el concepto de derechos humanos al de desarrollo consagrado en el artículo 25 de la Constitución. Lo que ampliará y complementará este concepto en beneficio de la población.

PROYECTO DE DECRETO

Único.- Se Reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación, su régimen democrático y el respeto de los derechos humanos y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

TRANSITORIOS

Único.- el presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2015.

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_207_05jun13.pdf

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_212_20dic13.pdf

4Ejemplos de ello son: la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional; la Agencia de Cooperación Británica y la Cooperación Alemana al Desarrollo.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El que suscribe, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 8 y 164 numerales del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 48 de la Ley General de Educación, de acuerdo a lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- Señala la Ley General de Educación, en su artículo segundo que: 

Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.

En el sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, padres de familia y docentes, para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7o.

Precisamente la educación con calidad, implica no solo coherencia entre los objetivos y procedimientos, sino también la actualización de los conocimientos y metodologías.

Igualmente, en el artículo 11, inciso V, se establece que:

Artículo 11.- La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden a las autoridades educativas de la Federación, de las Entidades Federativas y de los municipios, en los términos que la propia Ley establece.

Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:

…..

V.- Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, al organismo constitucional autónomo al que le corresponde:

a. Coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa;

b. Evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación básica y media superior, y

c. Las demás atribuciones que establezcan la Constitución, su propia ley, la Ley General del Servicio Profesional Docente y demás disposiciones aplicables;

Dándole de esta forma, atribuciones al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) la responsabilidad de evaluar la calidad del sistema educativo nacional.

El contenido de los Planes y Programas elaborado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), queda enmarcado en este concepto de evaluación, más aun sí la responsabilidad absoluta del mismo queda en exclusividad de la autoridad educativa federal, como se establece en el artículo 12 de la misma Ley de Educación que señala:

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I.- Determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación en los términos del artículo 48;

Para la actualización y formulación de los planes y programas de estudio para la educación normal y demás de formación de maestros de educación básica, la Secretaría también deberá mantenerlos acordes al marco de educación de calidad contemplado en el Servicio Profesional Docente, así como a las necesidades detectadas en las evaluaciones realizadas a los componentes del sistema educativo nacional;

....

Estas razones legales, obligan que sea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), quien evalúe la situación de los Planes y Programas en función de la calidad, y de los avances que cada año se generan en el conocimiento básico que se deben incorporar y ver reflejado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Es necesario que en la Ley se establezca de manera clara los términos de los tiempos, y de las responsabilidades que tiene la SEP y el INEE, para dicha finalidad, de forma tal que se actúe oportuna y eficazmente en la impartición de los conocimientos a los estudiantes. 

2.- La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), es una de las varias instituciones que señalan estar comprometidas con tal tipo de educación, y aunque no propone alternativas de política pública al respecto, sí ofrece estudios y evaluaciones útiles para la realización de mejoras y cambios de acuerdo al criterio de cada nación.

En mayo de 1994, México se convirtió en el miembro número 25 de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), como parte de la nueva estrategia gubernamental de apertura de mercados y de integración con la economía mundial.

La OCDE busca apoyar a las naciones miembros en el crecimiento económico y el empleo, estableciendo una serie de programas para dicho fin. Uno de ellos abarca los temas relacionados a la educación, porque un país con mano de obra educada y calificada, logra elevar su productividad y rendimiento de manera rápida.

Contar con mano de obra calificada y educada se ha convertido en uno de los objetivos principales de las 30 naciones que conforman la organización, y de otras 40 que consultan a ella en referencia a temáticas para el desarrollo. En el ámbito de lo que ahora se denomina la Sociedad del Conocimiento, la preparación del capital humano potencia las capacidades de una nación para el crecimiento económico, al promover de manera acelerada más patentes industriales como es el caso en las naciones donde existen Zonas Económicas Especiales.

3.- Como parte de tales objetivos, la OCDE creó el Programme for International Student Assessment (PISA) que significa Programa de Evaluación Internacional de Alumnos cuya finalidad es evaluar la formación de los alumnos cuando terminan la etapa de la enseñanza obligatoria, en la edad promedio de los 15 años. Este programa fue aplicado por primera vez en el año 2,000, en 32 países, y entre ellos México.

Esta evaluación cubre las áreas de matemáticas, lectura y competencia científica, con énfasis en el dominio de los procesos, el entendimiento de los conceptos  y la habilidad de actuar o funcionar en diversas situaciones de cada uno de dichos dominios

La aplicación del examen PISA a los estudiantes mexicanos, se ha realizado en número de más de 30,000 pruebas que se aplica cada tres años, en diferentes regiones del país. Ella  permite valorar el grado de preparación de los jóvenes para utilizar sus conocimientos y competencias. El equipo de investigadores y científicos con el que cuenta la OCDE ha construido un modelo dinámico de aprendizaje permanente, lo que permite adoptar y adaptar -lo más rápido posible los cambios en el tiempo-, los nuevos conocimientos y el aprendizaje de nuevas situaciones exitosas en un mundo que cambia aceleradamente.

La prueba PISA; valora los temas futuros y lo que los jóvenes podrían hacer con lo que han aprendido. Así, sus resultados se convierten en un indicador importante para reflexionar sobre el conocimiento, la experiencia aplicando los correctivos precisos.

4.- México no puede continuar prolongando la realización de cambios profundos y rápidos que logren revertir los niveles de pobreza, marginación y de falta de mano de obra calificada y competente para las tareas urgentes del  desarrollo económico. De hecho la propuesta de esta Iniciativa con Proyecto de Decreto apunta a apoyar la aceleración de cambios; la eliminación de retrasos educativos y a cambiar los resultados tan pobres del sistema educativo actual; teniendo como instrumento la actualización anual de planes y programas.

La situación no es para menos, es diría alarmante. Los resultados de la aplicación PISA a los jóvenes estudiantes mexicanos, así lo demuestran. Por ejemplo, la aplicación 2013 de la prueba PISA; señala los siguientes:

I.- Resultados en Competencia Matemática

1.- Cincuenta y cinco por ciento (55%) de los alumnos no alcanzan el nivel de competencias básico en matemáticas, mientras que el promedio en los países de la OCDE es de 23 por ciento.

2.- Menos del uno por ciento (1%)  de los alumnos de 15 años logra alcanzar los niveles de competencia más altos en matemáticas. El promedio de los países de la OCDE es de 13 por ciento.

3.- El alumno promedio en México obtiene 413 puntos en matemáticas. El puntaje promedio en la OCDE es de 494, una diferencia con México que equivale a dos años de escolaridad. Este puntaje promedio sitúa a México por debajo del desempeño promedio de Portugal (487 puntos), España (484), Chile (423).

II.- Resultados en Competencia de Lectura

1.- El 41 por ciento de los alumnos no alcanzan el nivel de competencias básico. El promedio en los países miembros de la OCDE es de 18 por ciento.

2.- Menos del 0.5 por ciento de los alumnos de 15 años logra alcanzar los niveles de competencia más altos. El promedio en la OCDE es de 8 por ciento.

3.- El alumno promedio en México obtiene 424 puntos. El puntaje promedio en la OCDE es de 496, una diferencia con México que equivale también -al igual que en matemáticas- a poco menos de dos años de escolaridad

III.- Resultados en Competencia en Ciencias

1.- El 47 por ciento de los alumnos no alcanzan el nivel de competencia básico en ciencias. Mientras el promedio de los países de la OCDE, es de 18 por ciento.

2.- Menos del 0.5 por ciento de los alumnos mexicanos de 15 años alcanza los niveles de competencia más altos.

5.- También se precisa que el 21 por ciento de jóvenes reprueban en la secundaria, y en el área de matemáticas, en el bachillerato, reprueban hasta el 70 por ciento.

Esta problemática requiere una atención especial, porque no es un asunto de estas generaciones, es algo que viene ocurriendo de manera sistemática y sistémica en la educación. El rechazo, muy generalizado, muy permanente de los jóvenes a la enseñanza de las Matemáticas, de la Física, de la Química, la Biología y en general de las llamadas Ciencias Exactas, requiere una verdadera Reforma Educativa Integral y efectiva, que permita que México tenga abundantes profesionales entrenados y experimentados en la aplicación de ellas a la creación de soluciones de los problemas más relevantes de la nación.

Se requiere generaciones de mexicanos dispuestos a transformar el país desde la perspectiva de transformar la propia naturaleza e incorporar a la economía productiva diversidad de procesos  entre otras grandes necesidades, que se resuelven en una combinación de factores, uno de ellos es la mano de obra calificada.

Precisamente por ello es que los planes y programas educativos tienen que ser actualizados cada año, deben de corregirse las insuficiencias y colocarlos en función inmediata de los requerimientos mencionados.

6.- Por décadas, en mi calidad de servidor público, y ahora de representante de los oaxaqueños en el Senado de la República, he venido insistiendo en tener maestros preparados, dignamente asalariados, con escuelas decentes para impartir la educación, con vocación de servicio, y con instrumentos educativos de primer nivel.  No se puede exigir a un maestro a que tenga resultados positivos si les ofrecen instrumentos deficientes.

Por estas razones de interés para Oaxaca y todo el país, presento esta iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único.- Se reforma y adiciona el cuarto párrafo del artículo 48 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 

Artículo 48.- …

El Instituto revisará cada año los planes y programas a que se refiere el presente artículo para realizar los cambios necesarios que permitan mantenerlos permanentemente actualizados. Este mismo criterio, de revisión anual, se aplicará en el caso de los programas de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica y deberán mantenerse actualizados conforme a los parámetros y perfiles a los que se refiere la Ley General del Servicio Profesional Docente. Para la evaluación de los planes y programas mencionados en el presente artículo el Instituto elaborará un dictamen que deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2015.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del órgano político-administrativo de la demarcación territorial de la Delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal a atender la grave problemática relacionada con inseguridad, alumbrado público y movilidad que aqueja a los habitantes de dicha delegación. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

La suscrita, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO DEL DISTRITO FEDERAL Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A QUE ATIENDAN, EN EL MARCO DE SUS RESPECTIVAS FACULTADES CON CARÁCTER PRIORITARIO, EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LA GRAVE PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON INSEGURIDAD, ALUMBRADO PÚBLICO Y MOVILIDAD QUE AQUEJA A LOS HABITANTES DE SU DELEGACIÓN, Y PRESENTE EN EL PLAZO DE 3 MESES, UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS ACCIONES TOMADAS, conforme al siguiente:

ANTECEDENTE

ÚNICO.- En días pasados, vecinos de la Delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal, habitantes de las colonias Aragón La Villa, Estrella, Guadalupe Insurgentes, Guadalupe Tepeyac, Industrial I, Industrial II, Tepeyac Insurgentes y Vallejo I, acudieron al Senado de la República a presentar diversas quejas relacionadas con el incremento de la delincuencia en dicha delegación y la falta de atención de sus problemas por parte de las autoridades delegacionales. Entre los graves problemas que reportaron, están:

1. El notable aumento en el número de delitos cometidos en la Delegación en los meses recientes, particularmente en el cuadrante comprendido entre las avenidas Río Consulado y Cantera, y las avenidas Ferrocarril Hidalgo e Insurgentes;

2. La falta de iluminación pública adecuada –y en muchos casos su inexistencia–, a lo largo y ancho de toda la Delegación, particularmente en banquetas y camellones de la Avenida Insurgentes Norte, y que afecta a varias colonias, entre ellas: Vallejo, Guadalupe Insurgentes, Industrial II y Tepeyac Insurgentes; y

3. Los serios problemas viales que provocan los choferes de las unidades de transporte público del Estado de México que hacen base sobre la Avenida Insurgentes Norte, en las inmediaciones de las estaciones “Potrero”, “Deportivo 18 de Marzo” e “Indios Verdes” del Sistema de Transporte Colectivo METRO.

Con base en lo anterior, y tomando en cuenta los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los Senadores.

SEGUNDO.- Que el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los Senadores la facultad para presentar proposiciones con punto de Acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de Ley o Decreto.

TERCERO.- Que la fracción I del numeral 1 del mencionado artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, establece que los puntos de Acuerdo serán de exhorto: (i) cuando se solicite a alguna autoridad dependiente de los tres Poderes de la Unión en el marco de colaboración que debe imperar entre los mismos: información sobre, el ejercicio de sus funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador particular que requiera para su desempeño; (ii) cuando se solicite información de interés general del país, de la colectividad, de una región, de una entidad, de un sector de la sociedad; (iii) cuando se solicite la cesación o suspensión de determinadas acciones consideradas perjudiciales o que afecten intereses de terceros; y (iv) cuando se solicite crear alguna comisión legislativa ordinaria o  especial.

CUARTO.- Que es deber de los senadores representar los intereses legítimos de los ciudadanos, y promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes.

QUINTO.- Que, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a agosto de este año, el Distrito Federal es la segunda entidad federativa con mayor número de delitos cometidos en todo el país (111,285 relativos al fuero común y 17,082 relativos al fuero federal), sólo detrás del Estado de México.

SEXTO.- Que la Delegación Gustavo A. Madero es la segunda demarcación territorial más poblada del Distrito Federal, con una población de alrededor de 1’200,000 habitantes.

SÉPTIMO.- Que, de acuerdo con el estudio “Las delegaciones más habitables del Distrito Federal, 2013”realizado por el Gabinete de Comunicación Estratégica, la Delegación Gustavo A. Madero es la segunda delegación con peor Índice de Calidad de Vida de todo el Distrito Federal.

OCTAVO.- Que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, uno de los problemas más graves de la Delegación Gustavo A. Madero es la comisión de delitos de alto impacto, en particular el robo. De 2013 a 2014, los robos a instituciones bancarias aumentaron en un 100% y los robos a negocios aumentaron en un 30%.

NOVENO.- Que, de la Relación de zonas de encharcamientos por Delegación del año 2014, que generó la Dirección General de Emergencias Mayores de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal, se desprende que la Delegación Gustavo A. Madero es la segunda demarcación territorial con más problemas por las inundaciones que afectan gravemente, año con año, a la Ciudad de México, y avenidas tan importantes como Insurgentes Norte, tienen graves problemas por inundaciones, desde la Glorieta de La Raza hasta la estación “Indios Verdes” del Sistema de Transporte Colectivo METRO, es decir, casi 5 kilómetros.

DÉCIMO.- Que, lamentablemente, durante la pasada administración local, la Delegación Gustavo A. Madero era la demarcación territorial con mayor tráfico de drogas en el Distrito Federal, con el 18% de las averiguaciones previas iniciadas por narcomenudeo en la entidad federativa, y era la delegación con el mayor número de consumidores de drogas.1

DÉCIMO PRIMERO.- Que, en términos de lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, a los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal les corresponde:(i) formular, ejecutar y vigilar el Programa de Seguridad Pública de la Delegación en coordinación con las dependencias competentes del Gobierno del Distrito Federal;(ii) ejecutar las políticas generales de seguridad pública establecidas por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal; y (iii) proponer a la dependencia competente del Gobierno del Distrito Federal la aplicación de las medidas para mejorar la vialidad, circulación y seguridad de vehículos y peatones en las vialidades primarias.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que, en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal es la encargada de realizar las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración de esta Cámara, con la siguiente resolución:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del órgano político-administrativo en la demarcación territorial de la Delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal, a que atienda, en coordinación con las autoridades competentes del Gobierno del Distrito Federal, con carácter prioritario la grave problemática relacionada con inseguridad, alumbrado público y movilidad que aqueja a los habitantes de su delegación, y presente en el plazo de 3 meses, un informe detallado sobre las acciones tomadas.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal a que, en coordinación con el titular del órgano político-administrativo en la demarcación territorial de la Delegación Gustavo A. Madero del distrito federal, atienda la grave problemática de inseguridad que aqueja a los habitantes de la Delegación Gustavo A. Madero, y presente en el plazo de 3 meses, un informe detallado sobre las acciones tomadas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de noviembre de 2015.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.

1 Reportaje de Cadena Tres, disponible para su consulta en: https://www.youtube.com/watch?v=XACsA-VcVC8





 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo en relación a la agresión sexual sufrida por una pasante de medicina en el centro de salud de San Pedro Comitancillo, Oaxaca. Se turna a la Comisión de Justicia el primer resolutivo y a la Comisión de Salud los resolutivos segundo y tercero.

El que suscribe, Benjamín Robles Montoya, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 22 de octubre tuvo lugar un hecho repudiable en el Centro de Salud de San Pedro Comitancillo, Oaxaca, cuando alrededor de las 03:00 hrs., sujetos desconocidos forzaron la puerta de entrada y una vez en el interior violaron de manera tumultuaria a una pasante de medicina que se encontraba de guardia como parte de su servicio social en dicho centro.

Tras este abominable acto, los agresores escaparon llevándose consigo una computadora portátil y un teléfono celular propiedad de la víctima.

Tras conocer de este aberrante crimen, los pobladores de San Pedro Comitancillo realizaron una marcha para exigir justicia para la pasante de medicina, exigencia a la que se sumaron hospitales de la zona norte del Istmo de Tehuantepec el martes 27, llevando a cabo un paro de labores de 24 horas durante los cuales solamente se atendieron urgencias.

Desafortunadamente, el caso de esta pasante de medicina cuyo nombre no se dio a conocer por razones de seguridad, no es el único ejemplo en el que prestadores de servicio social son víctima de la criminalidad durante la prestación de su servicio.

Según la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, en el periodo 2006-2012 al menos 71 médicos pasantes fueron amenazados, agredidos, secuestrados o asesinados en diversas entidades del país, lo que resulta preocupante toda vez que los pasantes de medicina forman parte indispensable del Sistema Nacional de Salud, en donde su representación llega hasta un tercio del total del personal médico disponible.

Al respecto vale la pena recordar que el artículo 87 de la Ley General de Salud establece que La prestación del servicio social de los pasantes de las profesiones para la salud, se llevará a cabo mediante la participación de los mismos en las unidades aplicativas del primer nivel de atención, prioritariamente en áreas de menor desarrollo económico y social”.

Es por ello que en años recientes ha cobrado relevancia la necesidad de garantizar la seguridad de los pasantes en medicina, particularmente de aquellos que prestan su servicio social en lugares donde la delincuencia y la violencia criminal han aumentado.
Con esa idea en mente, apenas el pasado mes de junio, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un Punto de Acuerdo en el que exhorta a las autoridades de salud y de seguridad pública de los tres niveles de gobierno a materializar programas y medidas preventivas para garantizar la seguridad física y mental de los trabajadores al servicio del Sistema Nacional de Salud y particularmente a los prestadores del servicio social médico y de enfermería.

Según un artículo de Marion Lloyd publicado por el Seminario de Educación Superior de la UNAM en octubre de 2014, cada año unos 13 mil pasantes de medicina realizan su servicio social en México y “Muchos de ellos pasan 12 meses en comunidades remotas con altos niveles de violencia y pobreza, sin contar con medidas básicas de seguridad o de apoyo técnico. Generalmente viven solos, y en ocasiones enfrentan agresiones que van desde violaciones sexuales hasta la muerte”.

Por desgracia, el caso de la pasante de medicina agredida en San Pedro Comitancillo no es el único caso que ha implicado una agresión sexual.

Es por ello que el Senado de la República no debe pasar por alto estos lamentables hechos y tiene la responsabilidad de insistir en el llamado a las autoridades competentes para garantizar la seguridad de los pasantes de medicina que prestan su servicio social, máxime tratándose de una labor tan encomiable que beneficia a los habitantes de comunidades marginadas.

De igual forma el Senado debe sumarse a la exigencia de que se sancione a los responsables de un acto tan aberrante como el acontecido en el Centro de Salud de San Pedro Comitancillo, que desde luego es uno más de los numerosos casos de agresiones sufridas por prestadores de servicio social en el ramo de medicina en nuestro país.

Por lo expuesto someto a la consideración de ésta H. Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del estado de Oaxaca para que se investigue exhaustivamente y se lleve ante la justicia a los responsables de la agresión cometida en contra de una pasante de medicina en el Centro de Salud de San Pedro Comitancillo, Oaxaca, garantizando plenamente la seguridad de la víctima.

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca a garantizar la adecuada atención médica y psicológica de la pasante de medicina agredida en el Centro de Salud de San Pedro Comitancillo, Oaxaca.

TERCERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a la Secretaría de Salud del estado de Oaxaca, para que en coordinación con las autoridades de seguridad pública del Estado y municipales, garanticen la seguridad e integridad de los pasantes de medicina que presten su servicio social en todo el territorio del estado de Oaxaca.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de noviembre de 2015.

Sen. Benjamín Robles Montoya.





 

De las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Servicio Postal Mexicano a difundir y reconocer la trayectoria de los forjadores de nuestra cultura. Se turna a la Comisión de Cultura.







 

De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela y Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de la Función Pública a remitir un informe sobre los criterios empleados que permitieron otorgar el nuevo contrato para la expedición de pasaportes. Se turna a las Comisiones de Relaciones Exteriores y Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los suscritos, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela y Ernesto Ruffo Appel, Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II , 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el de urgente resolución por el que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de La Función Pública, a que remita un informe fundado y motivado en donde explique los criterios empleados que permitieron otorgar el nuevo  contrato para la expedición de pasaportes; asimismo, se solicita a la Secretaría de la Función Pública proporcione copia del informe del testigo social que participo y en su caso se informe si la dependencia abrió un expediente de investigación. Al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La transparencia y la rendición de cuentas son herramientas que bien empleadas permiten elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en un gobierno. Además, de que el combate a la corrupción hoy en día es uno de los reclamos más sentidos por la sociedad y una necesidad básica para construir un gobierno eficaz.

Es sabido que en la actualidad hay un problema muy serio para obtener un pasaporte, retrasos, largas colas, cancelación de citas etc, etc, , todo originado por el cambio de proveedor en el servicio de expedición del pasaporte Mexicano. Los ciudadanos de este  país están padeciendo lo que al parecer fue una pésima decisión en el fallo de una licitación, cambiar de proveedor en teoría para mejorar y en la realidad sucedió  todo lo contrario.

Como es del dominio público el día 20 de marzo se declaró desierta la licitación para la emisión de ocho millones de pasaportes, posteriormente en el mes de abril se realizó una nueva licitación cuyo fallo se dio a conocer el día 30 resultando ganadora la empresa VERIDOS DE México S.A., empresa cuyas oficinas se encuentran en el estado de México.

Esta empresa no pudo cumplir con la interconexión de la base de datos con la existente, razón por lo cual se comenta que  al parecer por el momento se están llevando a cabo operaciones manuales que comprometen la seguridad  y la custodia de datos personales, ya que en un improvisado sistema, se capturan las huellas digitales sin que este permita su cotejo con la base de datos y de seguridad de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Se dice también que la empresa que prestaba el servicio y que resulto perdedora en la licitación de nombre VAGENT S.A., tiene la obligación de destruir su base de datos de acuerdo al contrato, por lo que de no existir forma de transferirlos por la incompatibilidad de sistemas del antiguo proveedor y el nuevo, se perdería la información acumulada en los últimos tres años.

Estaríamos en la posibilidad de un conflicto de seguridad a nivel internacional por las falta de cumplimiento de la empresa que resultó ganadora en la licitación.

La migración de información de una dependencia como la SRE  que proporciona el servicio de la emisión de pasaportes,  requiere un trabajo de alta capacidad, tanto de procesamiento como de almacenamiento, los riesgos se incrementan al no contar información de respaldo que se pueda recuperar. Además de los riesgos que esa información llegue a mercados  “negros” de información por la manera que mencionan que se dice se está haciendo manualmente.

Sin precisar fecha, la SRE  ha manifestado que el nuevo servicio ofrecido para obtener un pasaporte en forma rápida y segura y que estaría disponible para iniciar el 1 de octubre pasado, lo cual no se cumplió, por lo que ese servicio, según declaraciones de funcionarios estaría disponible en principio, hasta  enero del próximo año. Jorge Díaz  director de operación de pasaportes de la Cancillería, explicó que “el objetivo inmediato era restablecer 100% el servicio a los usuarios, como se venía dando antes del cambio del sistema, el 30 de septiembre”.

En esta licitación no resultó ganadora la propuesta económica más baja, sino la que obtuvo mayores puntos, la SRE indicó que de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, esta se realizó  MEDIANTE el  MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES, TODA VEZ QUE SE TRATA DE UN servicio de con alta especialidad técnica, en este mecanismo, la evaluación técnica tiene un valor de 60puntos, mientras que la económica tiene un valor de 40 puntos. Y que la empresa Veridos México S.A de C.V. obtuvo el mayor puntaje de evaluación.

La empresa ofreció “contar con una libreta de pasaporte con mayores medidas de seguridad en sus materiales, el establecimiento de un proceso de personalización moderno basado en una sola plataforma tecnológica que fortalece la identidad biográfica y biométrica y la homologación del pasaporte nacional y del pasaporte consular, además de establecer las bases para la implementación del pasaporte electrónico mexicano en los próximos años.”

El presupuesto del programa es de 81 millones dólares para los dos años y medio que dura la concesión, esto es alrededor de 1350 millones de pesos, con un tope en el contrato firmado  de 2mil doscientos millones de pesos.

La licitación supone“ un cambio trascendental en la modernización del pasaporte mexicano ofreció Salvador Gerardo Alonso y Caloca , director general de tecnología de la información de la SER”

A la fecha ni la empresa ni la dependencia han dado una explicación de que sucede, la razón por la cual  se les cayó el sistema, si hay solución inmediata o en qué plazo se va a dar, porque esta empresa gano el concurso, que experiencia tenía, porque si la propuesta que iba a ganar iba a ser la que tuviera más puntaje en lo técnico y  no necesariamente la más baja económicamente hablando, porque fallaron los sistemas, son preguntas que requieren y pedimos una respuesta.

Según información pública  la empresa que perdió la licitación y que tenía el contrato VAGENT/MAINBIT  denunció ante la Secretaría de la Función Pública  que el costo estaba al menos en 14 millones de dólares más alto del precio real del servicio y de lo que ellos ofrecieron por el contrato.

En ambas licitaciones, la oferta económica más baja fue presentada por el consorcio encabezado por Vangent: En la primera presentó una oferta por $89.9 millones de dólares (mdd) IVA incluido, mientras que Veridos la presentó por $102.6 mdd. En la segunda, Vangent ofertó por $79.9 mdd y Veridos por $93.8 mdd.

La SRE no ha informado si otorgó la puntuación técnica con pruebas de rendimiento de los servicios ofertados o únicamente con la puntuación presentada.

De acuerdo a la normatividad vigente, los Aspectos Generales para la Aplicación del Mecanismo de Evaluación por Puntos y Porcentajes de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, prevén que para emplear en una licitación este procedimiento es:   “Cuando las dependencias y entidades requieran obtener bienes, arrendamientos o servicios que conlleven el uso de características de alta especialidad técnica o de innovación tecnología, deberán utilizar el criterio de evaluación de puntos y porcentajes o de costo beneficio.”

En la propuesta técnica los rubros a considerar serán:

a) Capacidad del licitante. Consiste en el número de recursos humanos que técnicamente estén aptos para prestar el servicio, así como los recursos económicos y de equipamiento que requiere el licitante para prestar los servicios en el tiempo, condiciones y niveles de calidad requeridos por la convocante, así como otorgar servicios de mantenimiento o cualquier otro aspecto indispensable para que el licitante pueda cumplir con las obligaciones previstas en el contrato.

Se dice, se comenta que la empresa ganadora  supero a sus competidores al contratar previamente a la licitación  a personas discapacitadas y  así poder obtener puntos adicionales como  lo señala la normatividad vigente:

En el caso de licitación pública para la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios que utilicen la evaluación de puntos y porcentajes, se otorgarán puntos en los términos de esta Ley, a personas con discapacidad o a la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses.

 En esta licitación, la SRE podría también haber optado por la empresa que le ofreciera un mejor costo beneficio como lo señala la Ley:

Cuando las dependencias y entidades requieran obtener bienes, arrendamientos o servicios que conlleven el uso de características de alta especialidad técnica o de innovación tecnología, deberán utilizar el criterio de evaluación de puntos y porcentajes o de costo beneficio.” y permitir que la empresa que ya tenía el contrato, que había demostrado capacidad en otorgar el servicio y que ofrecía una oferta menor en 14 millones de dólares obtuviera la licitación.

Artículo 36 Bis. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y, en su caso:

I. La proposición haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes, o bien, de costo beneficio;
.
QUINTO.- En los procedimientos de contratación en que se utilicen puntos o porcentajes, la convocante realizará en primer término la evaluación de las propuestas técnicas y posteriormente la evaluación de las propuestas económicas.

Para diseñar o desarrollar un sistema electrónico, es medular tener bien claros los requerimientos, el flujo del proceso, partes que intervienen, con qué información cuentan y que se pueda provechar, el lenguaje en el que está desarrollado para prever acciones que garantice la interoperabilidad de distintos sistemas y lenguajes, el sistema de archivos que manejan, el volumen es decir el tamaño de la información, que sobra decir que esto es básico a proporcionar por parte del área dueña del proceso, y que en su momento el personal de TI, solo le podrá ayudar en cuanto a estructurar la parte de almacenamiento y procesamiento.

Por lo que respecta a la empresa Veridos de México S.A de C.V, esta debió  demostrar que lo que ofrecía  cumplía  con cada uno de los requerimientos realizados por parte de la SRE, para poder diseñar y desarrollar un sistema. Ya que en el supuesto de ausencia de requerimientos, quizá obedecía a una compra de sistema para favorecer a alguna empresa o persona.

La SRE podría por las fallas e incumplimientos de la empresa  VERIDOS hacer efectiva la cancelación del contrato ya que el contrato con esa empresa se señala en la  cláusula DÉCIMA QUINTA del contrato,  RESCISIÓN ADMINISTRATIVA: “LA SECRETARÍA”, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 98 de su Reglamento, podrá rescindir administrativamente el presente contrato y hacer efectiva la fianza de la garantía de cumplimiento a que alude la cláusula Octava del presente contrato, sin necesidad de declaración judicial previa, y sin que por ello se incurra en responsabilidad, en caso de que “LOS PRESTADORES DEL SERVICIO” se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos:

8) Si el 20% (veinte por ciento) de las oficinas de la Secretaría no prestan los servicios objeto de este contrato en un plazo de 2 (dos) días naturales posteriores a la fecha establecida de inicio de operación de cualquiera de los servicios señalados en el Anexo Técnico del presente contrato.

9) Si cualquiera de los servicios señalados en el Anexo Técnico en una sola oficina, no se encuentra operando a más tardar en los  5 (cinco) días naturales posteriores a la fecha establecida de inicio de operación, conforme lo establecido en el Anexo Técnico del presente contrato…”

En cuanto a la seguridad que se debe garantizar por lo que respecta al manejo de datos personales, esta debe estar por encima de todos los intereses, y para ello se puede diseñar un sistema electrónico que además de cumplir con altos estándares de tecnología de punta y de seguridad, estuviera encriptado.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores  a que remita a la brevedad un informe fundado y motivado en donde explique los criterios empleados que permitieron otorgar la licitación del nuevo contrato para emitir pasaportes a la empresa Veridos de México S.A.

Segundo. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaria de la Función Pública para que en un plazo no mayor a 30 días remita el informe del testigo Social de esta licitación; asimismo, dado que la empresa licitante incumplió con el contrato, se finquen las responsabilidades a la empresa y a los funcionarios que participaron en la licitación del fallido proyecto.

Dado en salón de sesiones del Senado de la República, el 5 noviembre de 2015.

Atentamente

Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Victor Hermosillo y Celada.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.





 

De la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incrementar el número de proporción de Áreas Naturales Protegidas conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su Reglamento. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La suscrita, Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracciones II y X, 95, numeral 1, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del Pleno, la presente proposición con punto de Acuerdo por el cual EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, MEDIANTE DECRETO PRESIDENCIAL, INCREMENTE EL NÚMERO DE PROPORCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, CONFORME A LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y SU REGLAMENTO; PARA QUE LLEVE A CABO LA CREACIÓN, URGENTE, DE MÁS PROGRAMAS DE MANEJO Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO SUJETOS A REGÍMENES ESPECIALES DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DESARROLLO; Y A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA QUE, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, COORDINE AL SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE PARA LA FORMACIÓN DE MÁS CORREDORES BIOLÓGICOS; PARA REALIZAR LOS CAMBIOS DE FONDO NECESARIOS EN LA POLÍTICA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL, CON UN PROGRAMA INTEGRAL DE CERO DEFORESTACIÓN AL 2020; Y A FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE CERO DEFORESTACIÓN, RESTAURACIÓN, RECUPERACIÓN, REINTRODUCCIÓN, Y REPOBLACIÓN, CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, PÚBLICAS O PRIVADAS, Y LOS DEMÁS INTERESADOS EN LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

¿Hay algo más importante qué el mundo dónde vivimos?

La complacencia de los gobiernos a nivel mundial evidencia que sí. Según los datos que ofrece la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, los bosques de todo el mundo están siendo eliminados a un ritmo de 13 millones de hectáreas cada año.

Al parecer, los sujetos causantes de este ecocidio, y los coautores por omisión, no comprenden la vital pérdida de la biodiversidad que pone en riesgo directo nuestro abasto de agua y contribuye con aproximadamente a la quinta parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) que están causando el cambio climático.

¿Qué pasa con la mentalidad global?

Causada por la falta de valores y educación ambiental, la importancia y trascendencia de nuestro medio ambiente se pierde con los intereses particulares de grandes actores empresariales y políticos.

Una de las principales soluciones planteadas internacionalmente, que es considerada de las más factibles y obligatorias para detener de manera inminente el incremento de la temperatura promedio de nuestro planeta, es el impedir la deforestación.
Si las autoridades no actúan por sí solas en la materia, debemos exigirlo.

Debería avergonzarnos como país de estar dentro de los primeros 12 países a nivel mundial que contribuyen al cambio climático y a la destrucción de nuestro planeta.

La Cero deforestación que han exigido organizaciones como GEENPEACE, es imperiosa si queremos detener las 500 mil hectáreas de bosques que desaparecen en México actualmente.

El término planteado por las organizaciones antes de tener consecuencias irreparables en nuestro país es 2020, y sabemos que la dilación de los factores de poder serán un elemento en esta lucha.

La reforestación o las plantaciones, no son soluciones reales, ya que al deforestar los bosques, las empresas y los gobiernos destruyen ecosistemas naturales que contribuyen a darnos una mejor vida.

La pobreza, la seguridad y la economía tienen a México sumidos en la miseria. ¿Acaso estamos dispuestos a construir un problema irreparable y mortalmente gravoso para añadir a esta lista de perjuicios?

Sólo hay que observar las tasas de deforestación anual en Chiapas que se encuentran entre 30 mil a 45 mil hectáreas, según lo expresó el Director Comercial de Ambio, una organización local de la sociedad civil.

Chiapas registra una pérdida de 7.16 por ciento de la proporción de superficie cubierta por bosques y selvas, según cifras del INEGI.

En el año 2000 contaba con 56.28 por ciento de éstas zonas y hasta el 2012 tenía un porcentaje de 49.12 por ciento.

El gobierno debe ser un protector del medio ambiente y defensor contra la deforestación del país, pero sus actuaciones han sido totalmente contrarias a esta premisa.

Programas que contravienen los principios y estándares internacionales de protección e, inclusive, que se contradicen entre los objetivos planteados entre sí, abundan.

En 1990 México contaba con el 52 por ciento de superficie cubierta con bosques y selvas, y en 2011 únicamente contaba con el 34 por ciento del territorio nacional en esta condición.

Qué vergonzoso que alrededor del 4% de la deforestación mundial ocurra en el territorio nacional.

¿Qué significa esto? Que en un año una superficie aproximada de 600 mil hectáreas queda desprovista totalmente de vegetación.
Ya existen diagnósticos del estado actual del programa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD) en Chiapas, que señalan la asociación directa con diversos impactos ambientales y la deforestación que se lleva a cabo.

Sólo hay que analizar las cifras sobre las especies en riesgo en México que presenta el INEGI, completamente inaceptables. De acuerdo a la Norma Mexicana de Especies en Riesgo (Norma Oficial Mexicana 059) en México hay 49 especies extintas, 475 está en peligro de extinción, 896 se encuentran amenazadas y mil 185 sujetas a protección especial.

Aunado a lo anterior, existe un importante y creciente deterioro de los servicios ambientales como cambios microclimáticos, erosión, alteración de los regímenes hidrológicos y el incremento de emisiones a la atmósfera de gases de efecto  invernadero.

Históricamente, son más de 44 millones de hectáreas arboladas las que se han perdido. Uno supondría que se incrementaría, por parte del gobierno, la Proporción de Áreas Naturales Protegidas. Pues todo lo contrario, del 2010, con un 19.06 por ciento, al 2012, se redujo un 17.18 por ciento, según lo establecido por  el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Chiapas.

No pueden utilizar los gobiernos, como pretexto, las actividades agropecuarias y la agricultura comercial para justificar esta peligrosa actividad, ya que otros países a nivel mundial que tienen un desarrollo y una producción ampliamente mejor que nuestro país en estos sectores, tienen niveles de deforestación nulos.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado es que someto a esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que, mediante un decreto presidencial, incremente el número de Proporción de Áreas Naturales Protegidas conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su reglamento.

SEGUNDO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que lleve a cabo la creación, urgente, de más programas de manejo y ordenamiento ecológico sujetos a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo.

TERCERO.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en uso de sus facultades legales y de acuerdo al artículo 46 de la Ley General de Vida Silvestre, coordine al Sistema Nacional de Unidades de Manejo para la formación de más corredores biológicos; para realizar los cambios de fondo necesarios en la política agropecuaria y ambiental, con un programa integral de cero deforestación al 2020; y a fomentarlas actividades de cero deforestación, restauración, recuperación, reintroducción, y repoblación, con la participación de las organizaciones sociales, públicas o privadas, y los demás interesados en la conservación de la biodiversidad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de noviembre de 2015.

Sen. Mónica T. Arriola Gordillo.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Contraloría General del estado de Baja California a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a la probable comisión de irregularidades por parte del gobierno de Mexicali durante la contratación de luminarias. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En septiembre de 2015, el Alcalde de Mexicali, Baja California, Jaime Rafael Díaz Ochoa dio a conocer que antes de que concluya el año en curso, como parte del Proyecto de Modernización del Alumbrado Público, se llevaría a cabo la iluminación del 100% de las zonas urbanas ubicadas en la demarcación.

Además, precisó que se contempla la expansión y reposición en materia de alumbrado público a través de 31 mil acciones de modernización de alumbrado público, lo que representa una inversión de más de 120 millones de pesos. Asimismo, dio a conocer que con esta tecnología se tendrá un importante ahorro en el consumo de energía eléctrica y habrá menor contaminación al ambiente.

Entre las principales acciones del referido proyecto está la sustitución de luminarias de Vapor de Sodio de Alta Presión (VSAP) por LED, instalación de luminarias en lugares donde no hay alumbrado público, así como la rehabilitación de luminarias existentes, cableado, fotocelda, balastro y foco.

Sin duda, las obras de esta naturaleza son un eje de modernización en virtud de que la construcción, mantenimiento y renovación de infraestructura se traduce en beneficios de diversa índole -desde aquellos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo individual y colectivo, hasta aquellos encaminados a la mejor movilidad e incluso en cuestiones de seguridad pública-.

En consecuencia, los servidores públicos encargados de llevar a cabo dichas acciones se deben conducir con absoluta legalidad y procurando el bien común. Al efecto, el 134 de la Constitución Federal establece que los recursos económicos públicos con los que disponga la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Por otro lado, contempla que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realice, se adjudicarán o llevarán por medio de licitaciones públicas en las que se buscará garantizar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Asimismo, señala que los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
En contravención a estas consideraciones, el Proyecto de Modernización del Alumbrado Público de Mexicali, Baja California, se ha caracterizado por la ausencia de transparencia sobre las condiciones, plazos de pago y periodos de entrega o garantías se efectuó el contrato. Si bien es cierto, que ya se han presentado inconformidades por dichas circunstancias, también lo es que las mismas continúan sin ser esclarecidas.

El martes 27 de octubre en el aeropuerto de Mexicali fueron arrestados por elementos de la Policía Federal y el Ejército Mexicano dos sujetos con tres y medio millones de pesos en efectivo en su posesión, cantidad que presuntamente corresponde al pago del “moche” para el presidente municipal, por beneficiar a la empresa Equipos y Productos Especializados S.A. de C.V, en la contratación del cambio de luminarias. Ante este panorama, es primordial que se realicen las investigaciones que permitan determinar la veracidad de las imputaciones en contra del edil panista, y en su caso se establezcan las penas y medidas que conforme a derecho procedan.

La idoneidad de que la Controlaría General del estado de Baja California conozca del asunto, estriba en que por imperio de ley, tiene la responsabilidad de vigilar, controlar y avaluar el correcto uso, destino y ejercicio de los recursos públicos por parte de las dependencias estatales, con el objetivo de modernizar la función pública y satisfacer con eficacia y eficiencia las demandas de la sociedad.

Por otro lado, cabe mencionar que debido a sus alcances, repercusiones y fines, en las últimas décadas la transparencia y la rendición de cuentas se han posicionado entre las principales preocupaciones de la comunidad internacional, incluyendo a nuestro país. En este sentido, los legisladores del PRI, estamos convencidos de que las prácticas de transparencia son el instrumento por excelencia para la construcción de una ciudadanía más responsable, participativa y exigente.

Además, a la letra, el segundo párrafo del artículo 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que: “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.

Bajo esta tesitura, en el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, de ahí la importancia de que las conductas referidas en el presente punto de acuerdo sean investigadas sin mayor dilación a fin de brindar certeza jurídica y por supuesto, salvaguardar los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.   

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta a la Contraloría General del estado de Baja California, para que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo las investigaciones correspondientes en relación a la probable comisión de irregularidades por parte del Gobierno de Mexicali durante la contratación de luminarias, para que en su caso, se establezcan las penas y medidas que conforme a derecho procedan.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 5 de noviembre de 2015.

Atentamente.





 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar acciones a fin de que la detención del opositor venezolano Manuel Rosales sea analizada por el Grupo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

La suscrita, Mariana Gómez del Campo Gurza, Senadora de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A REALIZAR ACCIONES A FIN DE QUE LA DETENCIÓN DEL OPOSITOR VENEZOLANO MANUEL ROSALES SEA ANALIZADA POR EL GRUPO DE DETENCIONES ARBITRARIAS DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS LAS NACIONES UNIDAS al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 15 de octubre, el político opositor venezolano Manuel Rosales, quien permanecía exiliado en Perú desde 2009, fue arrestado en el Aeropuerto de Maracaibo, Venezuela, a su llegada al país, pues persiste una acusación en su contra por “enriquecimiento ilícito” durante sus dos periodos como Gobernador del Estado Zulia.

2. Medios de comunicación informaron que Manuel Rosales fue arrestado por agentes de servicios de inteligencia y embarcado en un avión oficial rumbo a Caracas; además, se reportó que había una fuerte presencia militar en los alrededores.

Cabe señalar que la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, afirmó que si Rosales volvía al país, sería arrestado.

3. Manuel Rosales está identificado como un opositor político de Hugo Chávez, y trascendió que existen declaraciones de ex miembros del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en la que afirma que sin importar el debido proceso, ya existe una condena contra Rosales, lo cual violaría sus derechos humanos.

4. Finalmente, esta detención se da en un contexto nacional en Venezuela donde diversas figuras como Antonio Ledezma, Leopoldo López, Daniel Ceballos, entre otros, han sido sometidos a procesos penales que hace suponer que es motivada por sus posiciones políticas.

CONSIDERACIONES

I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los Senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de Acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que nadie puede ser detenido arbitrariamente (artículo 9) y que toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial.

III. Que la Carta de la Organización de las Naciones Unidas indica en su artículo 1, como parte de sus propósitos, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional así como la supresión de actos de agresión y otros quebrantamientos de la paz por medios pacíficos.

IV. Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que nadie puede ser sometido a una detención o prisión arbitraria y debe ser presentado sin demora delante de un juez (artículo 9); que toda persona privada de la libertad debe ser tratada humanamente y con el debido respeto a su dignidad (artículo 10); que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial; además, que toda persona acusada de un delito tiene derecho a la presunción de inocencia (artículo 14); que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones teniendo derecho a la libertad de expresión (artículo 19).

V. Que la Resolución 60/251 del 15 de marzo de 2006 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas indica que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es responsable de promover el respeto universal por la protección de os derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas y ocuparse de las situaciones en que se violen los derechos humanos, incluidas las violaciones graves y sistemáticas, y hacer recomendaciones al respecto.

VI. Que la Carta Magna de nuestra nación establece los principios normativos de política exterior que debe acatar el Ejecutivo Federal, pues en su artículo 89 fracción X señala el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales como parte de esos principios.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a promover en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas una resolución para que el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias evalúe el arresto del líder opositor Manuel Antonio Rosales Guerrero ocurrido en la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de noviembre de 2015.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.





 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a los integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión a organizar y convocar foros de participación ciudadana en los que se debata y analice de manera pública “la legalización de la marihuana” con el objetivo de conocer y recopilar propuestas y argumentos para valorar su regulación para fines medicinales y recreativos. Se turna a la Comisión de Salud.

Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación Soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS INTEGRANTES DE LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  A ORGANIZAR Y CONVOCAR FOROS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS QUE SE DEBATA Y ANALICE DE MANERA PÚBLICA “LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA”, CON EL OBJETIVO DE CONOCER Y RECOPILAR PROPUESTAS Y ARGUMENTOS PARA VALORAR SU REGULACIÓN PARA FINES MEDICINALES Y RECREATIVOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La legalización de la marihuana, sin duda alguna, es un tema polémico en todo el mundo, aunque en la actualidad existan países que la tienen legalizada con fines recreativos y médicos.

En nuestro país, la marihuana se considera ilegal y cualquier actividad relacionada con su producción, transportación, venta y distribución está considerada un delito que se paga con cárcel y multa, salvo el caso, de posesión para consumo personal.

Las disposiciones que regulan este delito son, la Ley General de Salud en su Capítulo VII, de Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, artículos 473-482; y del Código Penal para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal en sus artículos 193 y 194.

La Ley General de Salud establece en su Artículo 478.- El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto en el artículo anterior, en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, para su estricto consumo personal y fuera de los lugares señalados en la fracción II del artículo 475 de esta Ley…...”

La misma ley establece en su Artículo 479.- Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente”:

Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato

Narcótico

Dosis Máxima de consumo personal e inmediato

Opio

2 gr.

Diacetilmorfina o Heroína

50 mg.

Cannabis Sativa, Indica o Mariguana

5 gr.

Cocaína

500 mg.

Lisergida (LSD)

0.015 mg.

 

Polvo, granulado o cristal

Tabletas o cápsulas

MDA, Metilendioxianfetamina

40 mg.

Una unidad con peso no mayor a 200 mg.

MDMA, dl-34-metilendioxi-n-dimetilfeniletilamina

40 mg.

Una unidad con peso no mayor a 200 mg.

Metanfetamina

40 mg.

Una unidad con peso no mayor a 200 mg.

El Código Penal Federal en el artículo 193, establece que “Se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia”.

El mismo código en el artículo 194, establece que “se impondrá de diez a veinticinco años y de cien hasta quinientos días de multa a quien”:

• “Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud……..”

• “Introduzca o extraiga del país alguno de los narcóticos comprendidos en el artículo anterior, aunque fuere en forma momentánea o en tránsito……”

• “Aporte recursos económicos o de cualquier especie, o colabore de cualquier manera al financiamiento, supervisión o fomento para posibilitar la ejecución de alguno de los delitos a que se refiere este capítulo; y.”

• “Realice actos de publicidad o propaganda, para que se consuma cualesquiera de las sustancias comprendidas en el artículo anterior.”

Existen antecedentes de intentos para legalizar la marihuana en México: En 2005,el presidente Vicente Fox envió una reforma de ley a la Cámara de Diputados para despenalizar su consumo y dicha iniciativa fue aprobada en abril de 2006, estableciendo entre otras cosas, que a quien se le encuentre en posesión de hasta cinco gramos de marihuana para su consumo personal, no se le podrá sancionar. En 2009, dentro de un paquete de reformas que pretende hacer más eficiente la lucha contra el narcotráfico, el Congreso de la Unión despenalizó la posesión de hasta cinco gramos de esta planta, estrictamente para consumo personal. Sin embargo, la decisión causó controversia al considerarse una contradicción declarar la guerra contra los productores y vendedores de drogas ilícitas y, por otra parte, permitir su uso personal, quedando a criterio de la autoridad determinar quién es narcomenudista, lo que provoca, entre otras cosas, que exista tortura y/o extorsión por parte de las autoridades con el fin de descubrir a los narcomenudistas.

En noviembre de 2008, el entonces Senador René Arce presentó una iniciativa de ley para regular el mercado de la marihuana, sin embargo, no se le dio trámite.

En las últimas semanas volvió a surgir este tema en los medios de comunicación, con la resolución que dará la Suprema Corte de Justicia de la Nación al juicio de amparo indirecto promovido por Josefina Ricaño Bandala, Armando Santacruz González, José Pablo Girault Ruiz y Juan Francisco Torres Landa Ruffo, todos ellos integrantes de la organización denominada Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART), contra la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que les negó la autorización para consumir marihuana. 

En su demanda argumentan que el individuo tiene derecho a elegir de forma libre y autónoma su proyecto de vida y “el Estado no puede imponer modelos y estándares a los ciudadanos, ni intervenir en asuntos propios de la esfera personal y privada”. 

Los integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado miércoles 28 de octubre, tenían programado discutir y votar el proyecto del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien autoriza el autoconsumo de la marihuana con fines lúdicos y recreativos, aplazando el debate para el miércoles 4 de noviembre, por considerar que se trata de un tema trascendental para el país y que requiere de un estudio más amplio. 

El proyecto de sentencia del Ministro Zaldívar, propone otorgar el amparo a los quejosos para sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar el enervante, pero únicamente con fines de consumo lúdico y personal, por lo que no se autoriza su comercialización. 

La propuesta del Ministro Zaldívar, excluye la posibilidad de consumo o comercialización de cualquier otra sustancia narcótica, y no ampara a la SMART, sino a los cuatro individuos. Pero de aprobarse, abre la puerta para que otros busquen también autorización para el uso de la marihuana con fines lúdicos y recreativos vía un juicio de amparo. 

El proyecto del ministro, señala que existen investigaciones que sostienen que la marihuana resulta menos dañina que el alcohol; y estudios que coinciden en que es incierta la relación entre el cannabis y las alteraciones sicóticas o mentales en los consumidores. 

Fabián Aguinaco, representante legal de los promoventes, enfatizó que “El punto central es la libertad de decidir qué hacer, y no la prohibición; la decisión recae sobre la persona. México está preparado para dar el paso, se debe discutir a partir de los derechos humanos, no de los argumentos del miedo de la sociedad”. Además explicó, que el país requiere un cambio fundamental para evitar que tanta gente esté en prisiones y disminuir la violencia. 

Frente a esta controversia constitucional existen diversas opiniones, unas a favor y otras en contra.

Pero surge una pregunta que motiva el presente Punto de Acuerdo ¿Por qué se tiene que definir un tema tan importante para la sociedad mexicana con una resolución del Poder Judicial,en lugar de que se haga en el Poder Legislativo donde trabajamos los representantes populares?

La Suprema Corte no tiene la facultad de discutir y decidir la regulación de la producción y uso de la marihuana en cualquier modalidad propuesta. Lo que se debe promover, es un debate amplio y exhaustivo en el Poder Legislativo, y para ello, se tienen que organizar y convocar foros de participación ciudadana que generen propuestas que permitan legislar al respecto, considerando todos los “pros y contras” que la sociedad en su conjunto proponga.

Hace una semana publiqué un artículo titulado “¿Qué ganamos con prohibir?” en el que mencioné que “Estados Unidos padece bipolaridad ya que critica la crisis de inseguridad y derechos humanos que prevalece en México, provocada en gran medida por la prohibición que ellos mismos han impulsado; pero al mismo tiempo, legaliza el consumo en diversas partes de su territorio”.

Asimismo, mencioné que “nuestro vecino del norte es uno de los principales consumidores de drogas en el mundo y, al mismo tiempo, es el mayor traficante de armas hacia nuestro país”. Y que “Como parte de esta ecuación, México produce y transporta drogas al otro lado de la frontera; en paralelo, también aporta muertos y violaciones a los derechos humanos. Todo esto en el marco de la lucha contra el narcotráfico y de los “negocios derivados” del crimen organizado, como la extorsión y el secuestro”.

Derivado de esta publicación, diversas personas en las redes sociales compartieron opiniones y en su mayoría, subrayaron la necesidad de avanzar en la "legalización-regulación" de la marihuana en México como un buen camino para quitar recursos financieros al crimen organizado y reducir los índices de violencia.

Hay quienes opinaron que hay que pensar diferente y cambiar de estrategia, que no tiene caso aferrarse a la misma manera de combatir el narcotráfico si por años se ha intentado de la misma forma y no se han visto avances contundentes, y consideran que es inteligente combatirlo legalizando la marihuana para fines medicinales y recreativos, e incluso el cultivo de amapola, ya que eso afectará directamente la economía del crimen organizado.

Otros opinaron, que las condiciones que se viven actualmente en el país no son las idóneas, porque no se está tomando en cuenta que con esta legalización los cárteles de México perderán ganancias y como consecuencia, buscarán recuperar sus pérdidas cometiendo otro tipo de delitos, como el secuestro, robo, trata de personas, prostitución, y dado que políticos, autoridades y policías están involucrados en actos de corrupción encubriendo estas actividades; mientras el gobierno no acabe con la corrupción, la impunidad y tenga la disposición de acabar estos ilícitos, las condiciones no serán idóneas.

Nos queda claro, que México requiere otro tipo de respuestas que permitan romper el círculo vicioso prohibición-mercado negro-corrupción-violencia. El cambio en las políticas de uso y consumo legal de la marihuana en Estados Unidos, brinda la oportunidad de cambiar de paradigma. Además, se abre la oportunidad de dar un amplio debate en la materia, y por qué no, en el corto plazo también abordar el mercado de la amapola con fines medicinales.

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, de obvia y urgente resolución el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los integrantes de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, a organizar y convocar foros de participación ciudadana en los que se debata y analice de manera pública “la legalización de la marihuana” con el objetivo de conocer y recopilar propuestas y argumentos para valorar su regulación para fines medicinales y recreativos.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2015.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades locales y a los gobiernos estatales a implementar una campaña de concientización dirigida a que la población cumpla con el pago por el uso del agua potable, a fin de que exista la recapitalización para invertir en instalación, apertura y manutención de plantas de potabilización y de tratamiento de aguas residuales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El agua es un recurso finito indispensable para la vida de todo ser vivo del planeta, para la salud pública, los ecosistemas, la biodiversidad, la producción de alimentos, la industria, la energía y el desarrollo económico.

El agua es el gran motor de vida y desarrollo de México. De su cuidado y uso eficiente depende nuestro presente y el futuro de las próximas generaciones de mexicanos; por ello se le considera un factor estratégico para la seguridad nacional.

De acuerdo al Programa Nacional Hídrico 2014-2018, de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), si bien en algunas regiones del país el agua es suficiente para satisfacer las demandas sin conflicto, en dos tercios del territorio, donde ocurre el mayor desarrollo económico y la concentración demográfica más importante, existe una gran presión sobre el vital líquido. 1

En ese sentido, la misma CONAGUA señala que en la actualidad, 35 millones de mexicanos se encuentran en situación de poca disponibilidad de agua en términos de cantidad y calidad.

Esa disponibilidad que en 1950 era de 18 mil 035 metros cúbicos por habitante por año, disminuyó a 3 mil 983 metros cúbicos por habitante por año en 2013.

El Plan Nacional Hídrico 2014 -2018 tiene seis grandes objetivos:

1. Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua.

2. Incrementar la seguridad hídrica ante sequías e inundaciones.

3. Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

4. Incrementar las capacidades técnicas, científicas y tecnológicas del sector.

5. Asegurar el agua para el riego agrícola, energía, industria, turismo y otras actividades económicas y financieras de manera sustentable.

6. Consolidar la participación de México en el contexto internacional en materia de agua.

Y es precisamente el suministro de agua potable y saneamiento, un factor significativo en la salud de la población.

Su acceso reduce la mortalidad y la morbilidad, especialmente la infantil; la falta de ella ocasiona, en gran medida, las enfermedades de transmisión hídrica como la hepatitis viral, la fiebre tifoidea, cólera, tracoma, disentería y otras causantes de diarrea.
Adicionalmente se han detectado afecciones resultantes del consumo de agua con componentes químicos patógenos, tales como arsénico, nitratos o flúor.

Uno de los problemas más graves del deterioro ambiental es la contaminación del agua. La disminución en su calidad daña a los ecosistemas, la salud humana y a la disponibilidad de fuentes de agua.

La contaminación se debe, primordialmente, a la descarga a los cuerpos receptores de una gran parte del caudal de aguas residuales sin tratamiento, por los municipios y las industrias, al uso de fertilizantes y plaguicidas en la agricultura, a la inadecuada recolección y disposición de los residuos sólidos municipales e industriales y al acelerado proceso de erosión causado por prácticas inadecuadas en las actividades agropecuarias y silvícolas.

De acuerdo con el reporte "Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamiento de Aguas Residuales en Operación, Diciembre 2014" de la Comisión Nacional del Agua, a nivel nacional el 47. 3 por ciento de las aguas residuales quedan sin tratar. 2

El reporte de la CONAGUA detalla que de 2013 a 2014, el número de plantas municipales de tratamiento en operación pasó de 2 mil 287 a 2 mil 337, con un caudal tratado que se incrementó de 105 mil 934 a 111 mil 253 litros por segundo.

Dicho incremento en infraestructura permitió alcanzar, al cierre de 2014, una cobertura nacional de tratamiento de aguas del 52. 7 por ciento.

Nuevo León, Jalisco, Chihuahua y Estado de México sobresalen por tratar un caudal de aguas residuales mayor a los 6 mil litros por segundo; en tanto Campeche, Yucatán, Hidalgo, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca, son las entidades más rezagadas en capacidad instalada con un caudal tratado menor a mil litros por segundo.

Sin embargo, la CONAGUA señala en el mismo Programa Nacional Hídrico 2014-2018, que la construcción de infraestructura de saneamiento no es el único problema para abatir el rezago en tratamiento de aguas, sino también se deben garantizar alternativas tecnológicas que permitan la operación óptima de dichos sistemas.

Los principales problemas, de acuerdo a la CONAGUA, son: falta de recursos financieros para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento; altos costos de energía eléctrica y reactivos químicos para la operación; falta de capacitación del personal operativo; y deficiente cultura de pago del usuario por los servicios de saneamiento.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta los gobiernos de las Entidades Federativas y de los municipios a implementar una campaña de concientización dirigida a que la población cumpla con el pago por el uso del agua potable, a fin de que exista la recapitalización para invertir en instalación, apertura y manutención de plantas de potabilización y de tratamiento de aguas residuales.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 5 de noviembre de 2015.

Atentamente

1 http://www.conagua.gob.mx/conagua07/contenido/documentos/PNH2014-2018.pdf

2http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=661483&sc=672&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=661483&sc=672





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a sus homólogas en las 32 entidades del país a reforzar las acciones encaminadas a fomentar hábitos saludables que coadyuven a la prevención y erradicación de enfermedades no transmisibles relacionadas con la obesidad. Se turna a la Comisión de Salud.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cuatro tipos principales de enfermedades no transmisibles (ENT) son: las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. Se les denomina así, porque éstas no se transmiten de persona a persona y se caracterizan porque evolucionan de manera paulatina y de manera prolongada.

De las 38 millones de muertes a nivel mundial provocadas por las ENT, el 82%  de éstas son atribuidas estos cuatro grupo de padecimientos. Hábitos como el consumo de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y las dietas malsanas incrementan  el riesgo de morir a causa de estos padecimientos.

En el caso de México,  la obesidad representas uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de tres de las enfermedades con mayor prevalencia en México: diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica y dislipidemia. Las cuales a su vez, son detonantes del infarto agudo de miocardio.

Las ENT  no sólo constituyen un problema sanitario sino también un desafío en materia de desarrollo. De acuerdo a Cifras la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), una persona con sobrepeso gasta 25% más en servicios de salud, gana 18% menos que el resto de la población sana y presenta ausentismo laboral.

Para dimensionar la magnitud de la problemática de obesidad en México basta mencionar 73% de los adultos y el 35% de los niños y adolescentes tienen sobrepeso u obesidad, lo que representa un  total 60.6 millones de personas, es decir, que el 52% de los mexicanos sufren de esta condición.

Además, la obesidad y las enfermedades asociadas a este padecimiento afectan a la población más pobre del país, pues la atención de éstas pueden mermar los ingresos de las familias e imposibilitar el crecimiento económico.

El Estudio Kilos de más, pesos de menos: Los costos de la obesidad en México, pone en su justa dimensión los costos sociales asociados a la atención de ENT asociados a la obesidad como la diabetes mellitus:

Existen 8 millones 599 mil 374 diabéticos por sobre peso  y obesidad, de los cuales 48% están diagnosticados y reciben tratamiento y 49% no han sido diagnosticados.

Anualmente mueren 59,083 personas a causa de dicho padecimiento, de las cuales 45% se encontraban en edad productiva.

Los costos sociales por dicha enfermedad ascienden a más de 85 mil millones de pesos al año. De esta cifra, 73% corresponde a gastos por tratamiento médico, 15% a pérdidas de ingreso por ausentismo laboral y 12% a pérdidas de ingreso por mortalidad  prematura.

Cada año se pierden más de 400 millones de horas laborables por diabetes asociada al SPyO, cifra que equivale a 184,851 empleos de tiempo completo. Además, representa el 32% de los empleos formales creados en 2014.

Los datos son contundentes y ponen de manifiesto la magnitud de una problemática que de seguir con la tendencia actual, puede colapsar el sistema de salud mexicano por los altos costos que generan la atención de las ENT. Asimismo, está problemática afecta el crecimiento económico, pues como hemos visto tienen un impacto negativo en la productividad de los trabajadores.

Además, cabe recordar  que este tipo de padecimientos reducen la calidad y esperanza de vida de las y los mexicanos.

Los legisladores del PRI, reconocemos las acciones impulsadas por el gobierno federal para reducir los efectos de las enfermedades asociadas con el sobre peso y la obesidad, tales como: la Creación del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles; el impuestos especial a bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico; promoción de acciones para activación física; lineamientos para venta y distribución de alimentos y bebidas en escuelas; lineamientos a publicidad infantil de alimentos y bebidas; el presupuesto para instalación de bebederos en escuelas; y la puesta en marcha de un etiquetado frontal y el distintivo nutrimental.

No obstante, a pesar de estas importantes acciones, consideramos que resulta impostergable redoblar las acciones encaminadas a erradicar el padecimiento de las ENT.

Para el Grupo Parlamentario delo PRI, resulta impostergable crear una cultura de la prevención que promueva hábitos saludables. De igual forma, estamos convencidos que este proceso debe ser un esfuerzo compartido entre gobierno, ciudadanos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud Pública y a sus homologas en las 32 entidades del país, para que en el ámbito de sus atribuciones refuerce las acciones encaminadas a fomentar hábitos saludables que coadyuven a la prevención y erradicación de enfermedades no transmisibles (ENT) relacionadas con la obesidad.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 5 de noviembre de 2015.

Atentamente.





 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente la ola de violencia que se vive en el estado de Veracruz. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.







 

De la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo a implementar mecanismos urgentes para garantizar la seguridad e integridad de sus mujeres e implementar una alerta de género en dicho estado, debido al aumento de los delitos de violencia y feminicidios. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

De la Senadora, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El estado de Quintana Roo es una de las Entidades Federativas más jóvenes y representativas en el sector turístico nacional; el cual se encuentra avalado por la Organización Mundial de Turismo (OIT).

Quintana Roo es un polo turístico líder de la República Mexicana; sin embargo el estado enfrenta una grave situación respecto de violencia y agresión hacia las mujeres  que son violadas, asesinadas, desaparecidas, obligadas a prostituirse y golpeadas; por lo que algunos investigadores consideran a Cancún “la otra Ciudad Juárez”.

Desgraciadamente hay cifras oficiales pero no reflejan la realidad; en las conductas delictivas de feminicidios, violaciones, desaparecidas, víctimas de violencia y trata de personas; aunque son muchos los casos; la mayoría de éstos sucesos no son denunciados ante la autoridad del estado de Quintana Roo.

La Violencia es un hecho social en buena parte resultando de un comportamiento aprendido en un contexto permeados por desigualdades sociales y basado ya sea en la clase social, el género, la edad, la raza, las capacidades distintas, la orientación sexual e incluso las diferencias religiosas.

La violencia basada en género (VBG) es un problema polifacético, de raíces biológicas, psicológicas, sociales y ambientales, para el que no existe una solución sencilla o única; al contrario, es una cuestión que debe abordarse desde varios niveles y en múltiples sectores de la sociedad. La VBG da cuenta no solo de la violencia que se ejerce contra la mujer derivada de la estructura de discriminación y la cultura de subordinación y dominio patriarcal que pase sobre ellas.

La operación de bandas criminales ligadas a la trata o a la esclavitud de personas incrementa las desapariciones, los delitos sexuales y los homicidios de mujeres.

La violencia basada en el género se refiere así a una gama de costumbres, prácticas machistas y misóginas, que imponen pautas de una masculinidad basada en el uso de la fuerza y la violencia en la relaciones entre hombres y en contra de mujeres de todas las edades.

Resulta de manera fundamental analizar el contexto en el que ocurren los asesinatos de mujeres, enmarcándolos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual define la violencia feminicida como:

“…la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, donde como resultado un homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

El Municipio de Benito Juárez es el más importante destino turístico del país; donde las mujeres son más agraviadas; además el colmo de los abusos es que muchas niñas jovencitas son forzadas por sus propios padres a prostituirse.

A   raíz de los últimos meses se ha desatado una continua red de feminicidios; que representan una actitud de odio hacia el género femenino; por la crueldad y exhibicionismo de tortura hacia los cuerpos encontrados de las víctimas; siendo como características jóvenes de entre trece y dieciocho años de edad, estudiantes, madres solteras e hijas de familia.

Siendo que por parte de la autoridades del estado de Quintana Roo no han implementado ninguna medida de prevención para poner un alto a tan cruel acto de misoginia que como consecuencia final la muerte de diversas jovencitas.

Sobre las defunciones femeninas con presunción de homicidio y el contexto en el que se producen correspondiente al estado de Quintana Roo, podemos mencionar que en caso de feminicidios, 7 mujeres son asesinadas cada mes en el estado, la mayoría de los casos en el municipio de Benito Juárez (Cancún) lo que va del 2013 estamos en 13 víctimas y en el año del 2012 tuvimos un registro de 80 muertes en Quintana Roo, 62 de estos casos en Cancún; en este año aproximadamente se refieren quince jovencitas a las que se les ha quitado la vida de manera extremadamente violenta; siendo un sentimiento claro de odio hacia la mujer.

A continuación se expresan datos del libro “Feminicidios en México, Aproximación, tendencias y cambios”, 1985-2009 recabados en el estado de Quintana Roo, donde se denota la situación alarmante que existe en el mismo.

Respecto al tema de violaciones el estado de Quintana Roo ocupa el primer lugar a nivel nacional; estamos hablando de más de una violación por día es decir 411 al año; como base estudios realizados por RRS& Asociados. Así mismo Cancún tiene la mayor problemática de enero a junio de este año con 142 casos denunciados.

En caso de mujeres desaparecidas Quintana Roo esta en los primeros lugares; con base a estadísticas del INEGI ocupa el estado el primer lugar con 74.2 casos por cada 100.000 habitantes.

En casos de personas que han sufrido o sufren violencia el 70% de las mujeres quintanarroenses sufren de ello; es decir el 28% de esa cantidad es víctima de violencia extrema aproximadamente.

En los casos de trata de personas; el tráfico de mujeres es otro delito que se ha desarrollado en Quintana Roo en gran medida a pesar de que no existen datos oficiales pero se tiene el conocimiento que son varios miles por año; conducta que está relacionado con el turismo sexual; y el más terrible de los casos es la trata local o sexo comercializado dentro de los hogares consistente en que los mismos padre o familiares ofrecen a sus vástagos a cambio por unos pesos por trabajo y servicios sexuales.

Finalmente, y como parte del análisis del contexto violento en que viven las mujeres, abordamos el aspecto legislativo considerando dos ordenamientos: la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Quintana Roo, promulgada el 27 de noviembre de 2007 (cuyo Reglamento data del 15 de septiembre de 2009) y el Código Penal Estatal, analizando como se tipifican ciertos delitos (homicidio, lesiones, violencia familiar, rapto y violación), sus definiciones, agravantes y atenuantes.

Quintana Roo muestra una tendencia inversa al conjunto del país mientras en el largo plazo este último; en el caso de los certificados de defunción muestra una tendencia ascendente, observando de igual manera un aumento en la tasa nacional de 28%, llegando a un nivel 2.7 veces mayor que el de la entidad.

En el estado la información de los certificados de defunción muestra una tendencia ascendente, en tanto que la nacional aumentó 28%, llegando a un nivel 2.7 veces mayor que el de la entidad.

De cualquier manera, la parte correspondiente a muertes violentas (por causas externas) respecto al total de defunciones femeninas, que se ha mantenido en alrededor de una de cada 10, representa el doble del promedio nacional en el estado de Quinta Roo.

Casi la mitad de las mujeres solteras de 15 años y más reportaron incidentes de violencia comunitaria a lo largo de su vida, en tanto que más de una tercera parte de las mujeres de 15 años y más casadas o unidas, el 26.3% tuvieron incidentes de violencia emocional de pareja en el último año, 11.2% de violencia física de pareja y 4.5% incidentes de violencia sexual de pareja, lo que dio a Quintana Roo el lugar 26 en el país.

Entre este mismo grupo de mujeres, de aquellas que sufrieron episodios de violencia física o sexual por parte de la pareja a lo largo de su actual o última relación, 27% presentaron una denuncia, proporción 51% superior al promedio del país.

Encontramos una pequeña reducción en la proporción de egresos hospitalarios femeninos de instituciones públicas por causas relacionadas con la violencia, de 3.1% a 3%, lo que hace pasar al estado de Quinta Roo del lugar 17 al 21 en la clasificación nacional.

En atención a lo antes expuesto, sometemos a consideración del Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo del estado de Quintana Roo para que de manera conjunta y dentro del ámbito de sus competencias se implementen mecanismos urgentes para garantizar la seguridad e integridad de sus mujeres en el Estado e implementarse una alerta de género, para detener el alza incontrolable de los delitos de violencia, trata de personas y feminicidios, en el estado de Quintana Roo.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo del estado de Quintana Roo, para que envíe a esta Cámara de Senadores un informe detallado y estadístico vigente de su gestión 2011 a la actualidad; respecto de programa, mecanismos y /o estrategias que se estén implementando para combatir cada una de las conductas delictivas sobre violencia, trata de personas y feminicidios que se han suscitado en contra de las mujeres residentes del Estado.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo del estado de Quintana Roo, para que decrete una alerta de género urgente por los casos de feminicidios que se han presentado en los últimos meses en el estado de Quintana Roo.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 5 de noviembre de 2015.

Atentamente

Sen. Luz María Beristain Navarrete.





 

De los Senadores René Juárez Cisneros, Francisco Salvador López Brito, Sofío Ramírez Hernández y Aarón Irízar López, integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a coordinar acciones y mecanismos eficientes de atención, regulación y planeación de los usos del suelo para que los estados y municipios prohíban en sus planes de desarrollo urbano la construcción de obras de infraestructura y asentamientos humanos en zonas no aptas para la vivienda. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial.

Los que suscriben, Senadores René Juárez Cisneros, Francisco Salvador López Brito, Sofío Ramírez Hernández y Aarón Irízar López, integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 8, párrafo 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo que se fundamenta en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La evolución del huracán Patricia, catalogado como el más poderoso en la historia del planeta, es un hecho excepcional que según los especialistas puede ser consecuencia del cambio climático.

En un lapso muy breve, Patricia se formó en el Pacífico alcanzando la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con rachas de viento que llegaron hasta los 400 kilómetros por hora, rebasando el tope determinado por esa misma escala, por lo que se le catalogó como el Huracán más poderoso del que se haya tenido registro a nivel mundial.

Por fortuna, el huracán Patricia tocó tierra con un impacto mucho menor del esperado; las razones son varias: los vientos disminuyeron de forma rápida y estuvieron confinados en un área pequeña, el mayor impacto del huracán de dio en zonas despobladas y, al tocar tierra, la cadena  montañosa de la Sierra Madre Occidental frenó su potencia.

A pesar de ello, hoy se sabe que hay más de 40 mil hectáreas de tierras cultivadas que se vieron afectadas en Colima, Jalisco, Nayarit y Michoacán, además de graves pérdidas en viviendas e infraestructura carretera.

Hay que reconocer la capacidad de respuesta de las instituciones públicas, los medios de comunicación y la población, lo que nos demuestra que ya existe una cultura de protección civil muy avanzada en nuestro país. Los protocolos para prevenir desastres se han ido perfeccionando a partir de los sismos e incluso huracanes, así como otros fenómenos climatológicos.

Aun cuando el impacto hubiera sido mayor, la capacidad de respuesta de las autoridades hubiera permitido acciones oportunas y una atención diligente hacia la población civil. En este sentido, es importante reconocer la coordinación de los poderes federal y locales para atender este fenómeno natural.

La naturaleza nos hace un nuevo llamado para entender que cada vez será más común experimentar huracanes de mayor intensidad y, por tanto, más destructivos a lo largo de las costas, es decir, habrá muchos asentamientos humanos en riesgo.

Con este tipo de ciclones los ríos aumentan sus caudales y los poblados asentados a sus orillas tienen más riesgo de sufrir inundaciones. Por lo tanto, son las comunidades más vulnerables las que ven afectada la infraestructura social.

Ejemplo de lo anterior, son las intensas lluvias y el desbordamiento de ríos que provocaron severas inundaciones en viviendas, y ocasionaron que varias comunidades quedaran incomunicadas en los estados de Colima, Jalisco y Nayarit, ocurridas por fenómenos meteorológicos como el frente frío número 10 y las secuelas del paso del huracán Patricia.

Lo anterior, se suma a las dolorosas experiencias que han dejado a su paso diversos fenómenos meteorológicos por el territorio nacional, como el huracán Manuel y la tormenta tropical Ingrid que provocaron lluvias severas, inundaciones y deslaves que afectaron a 60,000 personas en 18 estados del país, principalmente en el Estado de Guerrero, así como los severos daños humanos y materiales provocados por paso del huracán Odile en Baja California Sur.

Estos dolorosos eventos son un ejemplo de las acciones anticipadas que debemos emprender en materia de protección civil, asentamientos humanos y ordenamiento del territorio, bajo la coordinación del Gobierno Federal con los gobiernos estatales y municipales.

De ahí la importancia para que nuestro país cuente con un plan territorial que defina con precisión cuáles son las zonas de riesgo ante efectos de los ciclones que, con sus vientos y agua, ocasionan deslaves o el incremento repentino en los afluentes, con grandes afectaciones en las poblaciones que presentan asentamientos irregulares.

Sin embargo, es necesario reflexionar y mejorar las políticas públicas para lograr una mayor prevención en materia de construcciones en zonas costeras, evitar asentamientos humanos en sitios vulnerables y fortalecer la cultura de la prevención para nuevos migrantes hacia sitios que puedan representar riesgo.

Los desastres naturales afectan gravemente el desarrollo social y económico de las regiones. Estas afectaciones se reflejan en pérdidas y daños materiales y ambientales. Esto obliga al Estado mexicano a realizar una mejor planificación para que el ordenamiento territorial se convierta en un componente fundamental de las políticas públicas en lo que se refiere al diseño de los asentamientos humanos y el uso del suelo, a fin de evitar los desastres en zonas propensas a las afectaciones provocadas por los fenómenos climáticos.

Es así que para evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de la población urbana ante desastres naturales, es necesario una mejor coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano(Sedatu), en el marco de la Ley General de Asentamientos Humanos, el Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo, el Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos y el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio, para que los estados y municipios respeten de forma estricta la vocación de los distintos tipos de suelo en sus planes de desarrollo urbano, con el propósito de evitar construir, edificar, realizar obras de infraestructura y asentamientos humanos en zonas no aptas para la vivienda.

La protección civil debe partir del ordenamiento territorial y obliga a los gobiernos federal y locales, a garantizar la estricta observancia de los atlas de riesgos en los instrumentos de planeación territorial, ordenamiento ecológico y desarrollo urbano, a la par de impulsar la creación y actualización de reglamentos de construcción acordes con los diferentes peligros y riesgos que implican los asentamientos humanos que se presentan en cada territorio.

La atención de desastres naturales, la gestión de riesgos y la protección civil, son elementos consustanciales al desarrollo regional. La relación entre los asentamientos humanos y la gestión del territorio requiere de nuevos enfoques y el diseño de mejores soluciones de política pública que permitan dar respuesta a las tendencias y perspectivas del crecimiento de la población urbana y rural, de ahí que los asentamientos humanos deben estar regulados por la planificación urbana bajo una orientación regional y de ordenación del territorio.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Cámara de Senadores la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para que en el marco de la Ley General de Asentamientos Humanos, el Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo, el Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos y el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio, coordinen acciones y mecanismos eficientes de atención, regulación y planeación de los usos del suelo, para que los estados y municipios prohíban en sus planes de desarrollo urbano la construcción de obras de infraestructura y asentamientos humanos en zonas no aptas para la vivienda.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de noviembre de 2015.

Suscriben

Sen. René Juárez Cisneros.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Sofío Ramírez Hernández.- Sen. Aarón Irízar López.





 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a incluir en la Cruzada Nacional contra el Hambre a los 33 municipios del estado de Morelos, en base al Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014, emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

La que suscribe, Senadora LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaria de Desarrollo Social a incluir en la Cruzada Nacional contra el Hambre a los treinta y tres municipios del estado de Morelos en base al Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014, emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación del Estado a implementar medidas necesarias para garantizar el derecho de toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

El programa de inclusión social de la Cruzada Nacional Contra el Hambre pretende una solución estructural y permanente a un grave problema que existe en México: el hambre. Reconoce que la privación de alimentos es producto de un entorno socioeconómico complejo, multidimensional, que requiere de un enfoque de carácter integral que involucra múltiples instrumentos de política pública en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, servicios en la vivienda e ingresos. Busca que la población más vulnerable pueda acceder a un piso básico de derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Bajo este tenor, el gobierno del Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por decreto presidencial de fecha veintidós de enero de dos mil trece, puso en marcha el Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre como estrategia de inclusión y bienestar social cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como, de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales, para el cumplimiento de los objetivos, entre los que se encuentra el de cero hambre en la población con pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación.

La Cruzada Nacional contra el Hambre en su primera etapa incluyó 400 municipios que concentran cerca de la mitad de la población total en pobreza extrema de alimentación, y en la segunda etapa desarrollada en el 2014 se atienden 612 municipios más con objeto de alcanzar a 5.5 millones de personas en pobreza extrema alimentaria que representan el 78.4 por ciento de la población objetivo del programa.

Cabe mencionar que la población en pobreza es quien tiene al menos una carencia social y un ingreso menor al valor de la línea de bienestar, y la  población en pobreza extrema es la que tiene un ingreso inferior al valor de la línea de bienestar mínima y además tiene 3 o más carencias sociales.1

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  (CONEVAL) es el órgano que se encarga de generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, cada dos años el Consejo se encarga de emitir resultados y estadísticas dentro del ejercicio de medición de pobreza nacional y por entidad federativa, y cada cinco años a nivel municipal.

El pasado mes de julio del año en curso, el CONEVAL emitió su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014el cual analiza los avances en el ejercicio de los derechos sociales marcados por la Ley General de Desarrollo Social e incorpora la medición multidimensional de pobreza a nivel nacional y estatal así como a nivel municipal.

El secretario ejecutivo del Coneval informó durante la presentación de los Resultados de la Medición de Pobreza 2014, que en 10 estados aumentó el número de mexicanos en pobreza y también los que no tienen ni para comer. La pobreza repuntó en Morelos, Campeche, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Sinaloa, Coahuila, Hidalgo y Baja California Sur.

El estado de Morelos se integra por los siguientes municipios; Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec, Zacualpan y Temoac. De los cuales en la primera etapa de la Cruzada Nacional contra el Hambre solo se contempló un municipio del estado, posteriormente en la segunda etapa se logró ampliar a siete municipios, pero esto no es suficiente para las necesidades actuales.

Las cifras respecto al estado de Morelos son alarmantes, aumentaron los niveles de pobreza y de pobreza extrema, en el 2012 el porcentaje de pobreza era de 45.5 para el 2014 aumento a 52.3, y en el caso de pobreza extrema en el 2012 se contaba con un porcentaje de 6.3 aumentando en el 2014 a 7.9.2

Las cifras demuestran que los habitantes del estado de Morelos sufren de las carencias sociales en el ingreso, rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, acceso a alimentación, calidad y espacios de la vivienda, así como, en el acceso a servicios básicos en la vivienda, por ello es necesario que los programas sociales como lo es el de la Cruzada Nacional contra el Hambre cubra dichas necesidades.

Por lo anterior, es que someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Desarrollo Social a incluir en la Cruzada Nacional contra el Hambre a los treinta y tres municipios del estado de Morelos en base al Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014 emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Dado en el salón del Senado de la República, el 5 de noviembre de 2015.

Atentamente

Sen. Lisbeth Hernández Lecona.

1http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Documents/Pobreza_2014_CONEVAL.pdf

2 http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Documents/Pobreza_2014_CONEVAL.pdf





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Sinaloa a dar cumplimiento al recurso de revisión resuelto por el Tribunal Estatal Electoral en ese estado, para continuar con el procedimiento legislativo en relación a la petición formulada por la “Coordinadora ciudadana pro-municipalización de Juan José Ríos, A.C.”, y dictaminar las dos iniciativas que contienen proyecto de Decreto de creación del municipio de Juan José Ríos y proyecto de Decreto que reforma la Constitución Política del Estado de Sinaloa en sus artículos 18, fracción I, y 112, fracción III, las cuales fueron presentadas el 28 de enero de 2014. Se turna a la Comisión de Federalismo.

El que suscribe, Senador Francisco Salvador López Brito, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 28 de enero de 2014, un grupo de ciudadanos organizados en la asociación civil “Coordinadora Ciudadana Pro-Municipalización de Juan José Ríos, A.C.”, presentó dos iniciativas que contienen proyecto de Decreto de Creación del Municipio de Juan José Ríos y Proyecto de Decreto que Reforma la Constitución Política del Estado de Sinaloa en sus artículos 18, fracción I, y 112, fracción III.

Dichas iniciativas, las cuales versan sobre la misma petición, en síntesis establecen lo siguiente:

“La actualización de la división política en países, estados y municipios es muy dinámica, al grado de que en las últimas tres décadas y media han surgido 35 países nuevos, uno por año.

Después de la creación de Navolato aparecieron San Cristóbal y Nieves en 1983, Brunei en 1984, Ishall Marshall y los Estados Federados de Micronesia en 1986, y Namibia, Lituania y Letonia en 1990.

La propia división política en los países nunca debe darse por cerrada, incluido México. Cuando nació, nuestro país se integraba apenas por 20 estados: Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Texas, Veracruz, Jalisco, Yucatán y Zacatecas

Para 1857 ya se habían erigido en estados Aguascalientes, Colima, Guerrero, Sinaloa, Tlaxcala…

Si en aquella época hubieran existido resistencias a la modernización de la división política como las que actualmente oponen los gobernantes de nuestro estado acerca de la creación de nuevos municipios el estado de Sinaloa aún no existiera.

En el tema de los municipios la permanente evolución es todavía mayor. De 1990 a la fecha se han creado en México alrededor de 60 nuevos municipios, involucrando a 13 estados, entre los que destaca Tlaxcala con nuevas 16 nuevas demarcaciones municipales. En cambio en Sinaloa no se crea un nuevo Municipio desde el año de 1982, cuando surgió el de Navolato.

Dicha inamovilidad contrasta con el enorme potencial geográfico, económico y político con que cuenta Sinaloa para ampliar su actual división política municipal.

En el caso particular de la región de Juan José Ríos los estudios de factibilidad ordenados por el Congreso del Estado han concluido que ésta colma los requisitos exigidos por la fracción VII del artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

En cuanto a la población la sola cabecera municipal reúne el mínimo constitucional de habitantes. Además, la eventual cabecera municipal del nuevo municipio ocuparía el quinto lugar entre todas las del estado.

El estudio realizado por el Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico Local (CEDEL) de la Universidad Autónoma de Sinaloa sostiene que “en el ámbito del nuevo municipio, existe una población que supera a varios de los municipios ya existentes”.

Sobre su potencial económico, el estudio ha demostrado que la proyección de ingresos para el nuevo municipio lo ubicaría por encima de, por lo menos, cinco municipios del estado, por lo que su sustentabilidad está fuera de toda duda.

Dice el estudio que “el municipio de Juan José Ríos nacería con mejores condiciones económicas que municipios como Elota, El Fuerte, Escuinapa, Choix o San Ignacio”.

Además de lo anterior, el nuevo municipio reúne condiciones muy adecuadas para la instrumentación de iniciativas de reorganización económica que impulsen el desarrollo”.

Sin embargo, y a pesar de haber transcurrido en exceso el termino para que dichas iniciativas fueran dictaminadas, ello no había ocurrido, por lo que el primero de junio de 2015, el C. Jesús Jaime Fuentes Román, en su calidad de representante legal de la Asociación Civil denominada “Coordinadora Ciudadana Pro-municipalización de Juan José Ríos”, presentó un medio de impugnación en contra de la omisión del Congreso del Estado de Sinaloa de dictaminar las iniciativas que son materia del presente punto de acuerdo.

En sesión pública del 26 de agosto de 2015, y luego de haber examinado exhaustivamente el agravio planteado por el ciudadano en su demanda, el Tribunal Electoral de Sinaloa consideró que le asistía la razón al impugnante, en virtud de que la omisión del Congreso de dictaminar las iniciativas referidas contraviene lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, el cual señala que “toda iniciativa deberá ser dictaminada por la Comisión o las Comisiones respectivas, dentro de un plazo máximo de seis meses, contados a partir del día siguiente en que fueren turnadas a la Comisión o Comisiones correspondientes…”.

En consecuencia, el Pleno del Tribunal Electoral de Sinaloa resolvió, por unanimidad de votos, ordenar al Congreso del Estado que tome las medidas necesarias para que instruya a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación a efecto de que continúe el proceso legislativo con base en lo dispuesto por el artículo 43, fracción VII, incisos a, b, c y d, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y emita los dictámenes correspondientes a las iniciativas presentadas por la asociación civil denominada “Coordinadora Promunicipalización de Juan José Ríos”. Y una vez emitidos los dictámenes por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación proceda a notificarle a la “Coordinadora Promunicipalización de Juan José Ríos”, A.C., por conducto de sus representantes, y se informe a ese órgano jurisdiccional del cumplimiento de la sentencia.

Uno de los temas centrales dentro del Derecho Público, lo es sin duda el derecho de participación política de ciudadanos en el ejercicio del poder político, derecho que se materializa no solamente en la posibilidad que tiene el ciudadano o el grupo de ciudadanos debidamente organizados de elegir a sus representantes, sino también en la facultad para intervenir directamente en los procesos de toma de decisiones públicas. En ese sentido, nuestro marco constitucional y legal reconoce en el sistema político y social un Ordenamiento Jurídico que concede garantías para la participación de los ciudadanos en los procesos decisionales.

En esa tesitura, la toma de decisiones públicas locales como atributo del poder político tiene una notable influencia en la gobernabilidad de un sistema político, en tanto ésta última depende fundamentalmente de la capacidad de los gobiernos para satisfacer las demandas sociales, y es a nivel local comunitario donde se originan las demandas y necesidades más inmediatas de la ciudadanía, cuya insatisfacción puede redundar en la falta de credibilidad en las instancias locales de poder, e incluso puede llegar a deslegitimar al propio sistema de democrático en su conjunto, debilitando el consenso y la gobernabilidad.

Por ello, en un sistema democrático es requisito esencial el respeto irrestricto a la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones como expresión real de la soberanía popular.

En síntesis, es muy importante la participación de los ciudadanos en las diversas fases del proceso, no como simples destinarios de esas decisiones, sino como sujetos activos de las mismas, y para ello se hace necesario la existencia de vías y mecanismo institucionales y jurídicos para la participación, es decir, se necesitan instituciones, organizaciones y normas jurídicas que canalicen y garanticen legalmente el derecho de participación. La ampliación de estos mecanismos favorece el consenso, legitima el sistema político y asegura su gobernabilidad.

En su dimensión jurídica la participación política debe ser atendida como un derecho político del ciudadano que expresa o materializa, a su vez, a través de otros derechos. Como derecho político debe implicar el involucramiento activo de los ciudadanos en tres relaciones jurídico políticas fundamentales: las que se derivan del proceso de conformación de los gobiernos (elección de los representantes); las que se derivan del control de los gobernantes (control de la representación); y las que se derivan de los procesos de toma de decisiones públicas (procesos decisionales).

En el caso específico de la participación en la toma de decisiones, puede definirse como el derecho político del ciudadano a intervenir directamente en el proceso de toma de decisiones públicas como manifestación esencial del ejercicio del poder político.

Lo anterior cobra vigencia y reconocimiento en estándares internacionales pues la Convención América de Derechos Humanos, en su artículo 23, señala: “Todos los ciudadanos, deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”.

De ahí la trascendencia del punto de acuerdo en cuestión, pues nos encontramos en presencia de un derecho de los ciudadanos a participar en la vida democrática del Estado de Sinaloa, así como dar el debido cumplimiento a una sentencia de un Tribunal Electoral.

RESOLUTIVO

En virtud de todo lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, a fin de dar cumplimiento al recurso de revisión con número de expediente 02/2015, resuelto por el Tribunal Estatal Electoral en el estado de Sinaloa, para continuar con el procedimiento legislativo en relación a la petición formulada por “Coordinadora ciudadana pro-municipalización de Juan José Ríos, A.C.”, y dictaminar las dos iniciativas que contienen respectivamente, proyecto de decreto de creación del municipio de Juan José Ríos y proyecto de decreto que reforma la Constitución Política del Estado de Sinaloa en sus artículos 18, fracción I, y 112, fracción III, las cuales fueron presentadas el 28 de enero de 2014.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2015.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a autorizar la segunda ministración del Subsidio para la Seguridad de los Municipios a los municipios de Acuña, Frontera, Matamoros, Monclova, Múzquiz, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Sabinas, Saltillo, San Pedro y Torreón del estado de Coahuila de Zaragoza, a efecto de poder hacer frente a los compromisos ya adquiridos en el tema de seguridad. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 95 numeral 1, 109 numeral 1,y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Cámara de Senadores, la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, autorice la segunda ministración del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN) a los municipios de Acuña, Frontera, Matamoros, Monclova, Múzquiz, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Sabinas, Saltillo, San Pedro y Torreón, todos en el Estado de  Coahuila de Zaragoza, a efecto de poder hacer frente a los compromisos ya adquiridos en el tema de seguridad, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La seguridad pública constituye, sin duda, un tema complejo, ya que la seguridad de las personas constituye un factor fundacional del Estado.

El artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública vigente, establece los fines de la seguridad pública, así como las autoridades encargadas de brindarla, estableciendo textualmente lo siguiente:

“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo….”

El Poder Ejecutivo de la Unión cuenta para el ejercicio de sus atribuciones y despacho  de sus negocios diversas Secretarías de Estado; entre ellas se encuentra la Secretaría de Gobernación, misma que tiene a su cargo formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes.

Por lo anterior, la Secretaría cuenta con un órgano desconcentrado denominado Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual cuenta con autonomía técnica, de gestión y presupuestal, cuyo propósito es ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP).

Por su parte, el Consejo Nacional de Seguridad Pública es la instancia superior de coordinación y definición de las políticas públicas en materia de seguridad pública, tendiendo a su cargo el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), que es la instancia que sienta las bases de coordinación y distribución de competencias, en materia de seguridad pública, entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios.

Con base en lo anterior, las policías, los ministerios públicos, las autoridades penitenciarias y las dependencias de seguridad pública a nivel federal, local y municipal trabajan de manera conjunta, lo que permite que el nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública refuerce y consolide la Estrategia de Seguridad del Estado.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene  a su cargo el Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN), que es un subsidio federal ministrado a municipios y demarcaciones territoriales para la profesionalización y equipamiento de los cuerpos de seguridad pública, así como para el mejoramiento de la infraestructura de las corporaciones y desarrollo de políticas públicas para la prevención social del delito.

El Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone la estructura, el funcionamiento, organización y atribuciones de los servidores públicos que lo integran. En el Reglamento destacan dos atribuciones concedidas al Secretario Ejecutivo:

• Emitir las reglas para el otorgamiento del subsidio a los municipios. 

• Registrar, controlar y vigilar el ejercicio del SUBSEMUN. 

Para evitar que los recursos destinados cada año al SUBSEMUN se asignen de modo arbitrario, el Presupuesto de Egresos de la Federación  establece la fórmula utilizada para determinar la lista de municipios elegibles, misma que deberá considerar, entre otros criterios, el tamaño de la población y la incidencia delictiva. Igualmente, dispone que entre los municipios elegibles, deberán considerarse al menos tres de cada entidad federativa, con el propósito de cumplir los principios de equidad, proporcionalidad y racionalidad en el combate del fenómeno delictivo.

Asimismo, se establece que para acceder a los recursos del SUBSEMUN, los   municipios beneficiados deberán comprometerse a través de convenios suscritos con el Ejecutivo Federal, al cumplimiento de políticas, lineamientos y acciones, destacando particularmente la obligación de las entidades federativas y los municipios de reportar trimestralmente al Consejo Nacional de Seguridad Pública, la siguiente información:

1. El ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del fondo

2. Las disponibilidades financieras del fondo con las que, en su caso, cuenten

3. El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente.

En el estado de Coahuila se encuentran once municipios contemplados como beneficiarios en el SUBSEMUN, sin embargo la segunda ministración fue cancelada, dejando a los Municipios del Estado con insuficiencia para cumplir los compromisos adquiridos relativos a equipamiento, profesionalización y capacitación de los cuerpos policíacos, así como programas de prevención social de la violencia y delincuencia, entre muchos otros.

Los once Municipios de Coahuila que no recibieron la segunda ministración son:

ESTADO

MUNICIPIO

MONTO ASIGNADO

MONTO POR ENTREGAR

Coahuila

 Acuña

$11,336,074.00

$5,668,037.00

Coahuila

 Frontera

$10,000,000.00

$5,000,000.00

Coahuila

 Matamoros

$10,000,000.00

$5,000,000.00

Coahuila

 Monclova

$12,257,783.00

$6,128,891.50

Coahuila

 Múzquiz

$10,000,000.00

$5,000,000.00

Coahuila

 Piedras Negras

$11,710,676.00

$5,855,338.00

Coahuila

 Ramos Arizpe

$10,000,000.00

$5,000,000.00

Coahuila

 Sabinas

$10,000,000.00

$5,000,000.00

Coahuila

 Saltillo

$49,017,484.00

$24,508,742.00

Coahuila

 San Pedro

$10,000,000.00

$5,000,000.00

Coahuila

 Torreón

$36,443,071.00

$18,221,535.50

Por lo anterior, solicito al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública autorice  la segunda ministración del subsidio para la seguridad de los municipios y evitar las consecuencias graves que se pueden producir  al no contar con ese recurso.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, autorice la segunda ministración del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN) a los municipios de Acuña, Frontera, Matamoros, Monclova, Múzquiz, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Sabinas, Saltillo, San Pedro y Torreón, todos en el Estado de Coahuila de Zaragoza, a efecto de poder hacer frente a los compromisos ya adquiridos en el tema de seguridad.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.





 

De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Alejandro Encinas Rodríguez y Martha Elena García Gómez, con punto de Acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia y a la Cámara de Diputados a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de centros de atención de asistencia social y presupuesto. Se turna a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos.

Los que suscriben, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ  Y MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, Senadores de la República a la LXIII Legislatura e integrante de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL H. SENADO DE LA REPÚBLICA, EXHORTA AL SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MATERIA DE CENTROS DE ATENCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y PRESUPUESTO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Diversas son las razones por las cuales niñas, niños y menores de 18 años de edad en México se encuentran hoy en día viviendo en albergues públicos y privados, sin embargo la situación física y jurídica de estos establecimientos es impredecible, pues operan sin normatividad uniforme, bajo una supervisión no estandarizada con recursos que no son auditables ni se conoce su procedencia, bajo la conducción de personas que no han pasado por ningún examen de idoneidad y con un registro – donde lo hay- poco confiable; por mencionar una cifra, por lo menos 25,700 niños a nivel nacional en situación de vulnerabilidad son atendidos por este tipo de estancias de acuerdo a diversos estudios.

En México a finales del 2013 se tenía registro de 25 mil 700 niños en situación de abandono, orfandad o que están separados de sus padres según datos proporcionados por el Sistema para el Desarrollo integral de la Familia (DIF) 

La cifra aumentó durante el 2013, puesto que para el año anterior se tenía registro de 17 mil 522 menores de edad en esa situación los cuales se ubican en albergues públicos y privados a los largo del país, lo que se traduce en un aumento del 46.67 por ciento.

De entre los menores que se ubican en estos centros en el país, al menos 11 mil 1981 se encuentran ahí por razones de abandono o por maltrato por parte de los padres. 199 por orfandad, 99 por crimen organizado y 16 mil por ingreso voluntario o por disposición del Ministerio Público o tráfico de menores.

De la misma forma trasciende que de los más de 25 mil, 12 mil 869 son niñas y 12 mil 831 niños. Se conoce que el gobierno federal destinó 39 912 mil 500 pesos de subsidios para los 922 centro de acogida que existen en el país, 117 de ellos administración por el Estado y 805 de manera privada.

Desde hace 30 años aproximadamente, debido al número en aumento de menores desamparados, así como por falta de presupuesto e infraestructura, el gobierno federal realizó convenios con organizaciones civiles e instituciones de asistencia privada para la gestión y manutención de albergues, sin embargo no atendió  debidamente su superación y a lo largo de estos años no se tiene un control sobre sus características, no si se cumplen con los mínimos que garanticen condiciones de especialización y dignidad.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por su parte, ha planteado un panorama desalentador, puesto que ubica a más de 400 mil niños y adolescentes en México en situación de abandono, y de ellos tan solo 30 mil están ubicados en alguna institución.

Es impostergable que el Estado Mexicano y la sociedad en general optimicen la operación de este tipo de establecimientos, a través de una normatividad más rigurosa que garantice el registro obligatorio de este tipo de espacios, así como mejoras legales orientadas con normas internacionales y nacionales ya existentes.

Pese a la existencia de  la NOM-032-SSA3-2010, sobre Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad que tiene por objeto establecer las características y los requisitos mínimos que deben observarse en los Establecimientos o Espacios de los sectores público, social y privado que presten servicios de asistencia social a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad. Se debe recordar que diversas han sido las situaciones oprobiosas que han impactado a la sociedad mexicana, las cuales han demostrado el vacío jurídico en torno a las Reglas de Operación de los establecimientos públicos y privados que dotan a personas menores de edad de asistencia social.

Casos sobre irregularidades encontradas en albergues sobran. Enumeramos algunos: En el año 2008, 15 menores de edad fueron sustraídos de la casa hogar “Casitas del Sur. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en enero de 2009 cateó y aseguró dos inmuebles del albergue, de donde 126 menores fueron rescatados.

Un mes después, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió una denuncia ciudadana en la que se “narraba el tráfico de menores de edad de la casa hogar “Casitas del Sur”, así como hechos similares en el Centro de Adaptación e Integración Familiar (CAIFAC), en Monterrey, y en la casa hogar “La Casita”, en Cancún”.

El 17 de junio de 2014 las autoridades rescataron a 33 niños de entre 5 y 17 años y otros 10 jóvenes de 18 a 24 años de la Casa Hogar Domingo Savio, en la central ciudad de Puebla, ante indicios de ser víctimas de abusos de su director.

Ese mismo año, el caso de “Mamá Rosa” evidenció mediante una orden de cateo, al ingresó del albergue, un cúmulo de numerosas y graves irregularidades que son inscritas en la falta a la ley, corroboradas por las condiciones deplorables en las que se encontraban viviendo los albergados, principalmente menores de edad.

En este último caso, la PGR ha documentado ampliamente la comisión de delitos graves en contra de personas menores de edad y la indignante situación de trato inhumano en el que se encontraban centenares de niños, adolescentes, así como algunos adultos mayores que ingresaron a este lugar siendo niños.

Los casos anteriores permiten conocer un escenario en el cual no existe del todo un sistema de protección hacia los infantes que se encuentran en este tipo de establecimientos, mucho menos la existencia de mecanismos que garanticen el cumplimiento del objetivo para el cual fueron creados los mismos y que convierte a las niñas, niños y adolescentes en víctimas de tratos crueles e inhumados y tortura.

Ante este escenario, el Estado está obligado a cumplir con lo establecido primordialmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promoviendo y protegiendo los derechos de todos los mexicanos, y en este caso, de los niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad que hoy en día viven en algún tipo de albergue, pero que sin embargo la mayoría de los mismos se encuentran en situaciones precarias, sin un registro oficial y violando las garantías de los mismos.

A nivel internacional se ha garantizado la protección de  los derechos de la niñez, en 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la “Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)”  instrumento internacional para establecer que todas las niñas, niños y adolescentes, sin ninguna excepción, tienen derechos, y su cumplimiento es obligatorio para todos los países que lo han firmado, incluido México  que ratificó la Convención en septiembre de 1990.

Con la CDN, las niñas, niños y adolescentes dejan de ser simples beneficiarios de los servicios de protección del Estado, pasando a ser concebidos como sujetos de derecho. México asumió el compromiso de cumplir cabalmente con sus disposiciones, adecuar sus leyes a estos principios, colocar a la infancia en el centro de sus agendas a través del desarrollo de políticas públicas y a destinar el mayor número de recursos posibles para la niñez y la adolescencia.

La CDN define los derechos humanos básicos que disfrutan los niños y niñas en todas partes: el derecho a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación; y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social. La Convención protege los derechos de la niñez al estipular pautas en materia de atención de la salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales.

A nivel nacional, el marco jurídico de protección a este sector de la población se encuentra fundamentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º, párrafo sexto,  en el que se establece lo siguiente:

Artículo 4º… “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

A partir del 2014,  se promulgó la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo objetivo es reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución y en los tratados de los que el Estado mexicano forma parte.

El principio del interés superior de la infancia abarca todas y cada una de las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.

Dentro del objeto de la Ley se incluye el mandato para crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de sus derechos cuando estos hayan sido vulnerados; al igual que la obligación de establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en la materia.
Sin embargo y a pesar de que en la mencionada Ley, en su artículo 109, se establece que:

Artículo 109. Todo centro de asistencia social, es responsable de garantizar la integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes que tengan bajo su custodia.

El Estado ha sido omiso en su obligación de proteger a la niñez frente a una problemática creciente de crimen, orfandad, maltrato y abuso, situación que se agrava porque tampoco supervisa o regula la actividad en los albergues a los que envía a miles de menores para su cuidado.

En la misma Ley en su artículo 111, se señalan las obligaciones de los titulares o responsables legales de los centros de asistencia social, entre las que destacan: “Llevar un registro de niñas, niños y adolescentes bajo su custodia con la información de la situación jurídica en la que se encuentren, y remitirlo semestralmente a la Procuraduría de Protección de la entidad federativa”.

Se requiere en lo inmediato que el gobierno federal actualice el único censo de menores albergados que se ha realizado en el país. En 2011, cuando se llevó a cabo ese conteo, existían cerca de 20,000 niños en más de 600 establecimientos asistenciales.

En esas instituciones se atiende a la infancia que ha sufrido maltrato, abandono, violencia familiar o abuso sexual, es decir, menores que han visto vulnerados sus derechos humanos y que, lamentablemente, en casos como el de La Gran Familia han sido revictimizados por quienes debían protegerlos.

De hecho, Naciones Unidas revela que los niños institucionalizados tienen una probabilidad cuatro veces mayor de sufrir abuso sexual en comparación con aquellos que tienen acceso a alternativas de protección basadas en la familia.

El caso que hoy nos ocupa se refiere al rescate por parte de la Fiscalía Estatal de Oaxaca de 24 niñas, niños y adolescentes que se encontraban en la casa-hogar “Hijos de la Luna”;  y la consignación de cuatro directivos de ese albergue por delitos graves que no alcanzan fianza.

Los diversos tipos de violencia que padecieron estos niñas y niños a manos de los responsables de la casa-hogar van desde abuso sexual infantil y violación equiparada agravada hasta violación física y psicoemocional, razón por la que los probables responsables alcanzarían penas de 9 a 35 años de cárcel.

En el operativo se puso a salvo a 10 niñas y 14 niños, quienes quedaron bajo el resguardo del Sistema DIF Oaxaca, en tanto se realizan valoraciones médica y psicológica, ya que varios de ellos refieren abusos por parte de María del Socorro Ramírez González, Mamá Coco; Aarón Iván Larracilla, José María Larracilla Ramírez y José Pastor Larracilla Carranza, conocido como Papá Pastor.

La situación de los albergues para niñas, niños adolescentes migrantes, es otro de los puntos más vulnerables del sistema de protección a la niñez, en ellos al igual que los centros de asistencia social, padecen de una problemática específica que a raíz del incremento de las detenciones de menores migrantes en el lapso de 2013 al 2014, desembocó en una crisis humanitaria.

Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece todo un Capítulo -el Décimo Noveno- relativo a la niñez migrante, en el que contiene una serie de medidas especiales de protección que las autoridades deben adoptar para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana.

De acuerdo con los artículos transitorios de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), el 3 de junio venció el plazo de 180 días naturales para que los congresos locales adecuaran la ley, que entró en vigor el 5 de diciembre y contiene un capítulo sobre la protección a niños migrantes.

El DIF informó el 2 de junio, un día antes de vencer el plazo, que sólo son 12 los estados que han armonizado la Ley: Aguascalientes, Baja California, Colima, Campeche, Coahuila, Durango, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo y Yucatán.

Pero en los estados con más afluencia de migrantes, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz, no se ha  iniciado el proceso de armonización de la ley. El gobierno federal tampoco ha cumplido con la publicación del reglamento que tenía como plazo 80 días naturales desde la publicación de la Ley, que vencía el 23 de febrero. El DIF informó el 2 de junio se publicó el anteproyecto de Reglamento en una página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), el cual podrá ser consultado por la sociedad civil y personas interesadas en el tema.

Estos datos nos permiten entender la magnitud del problema en la que se encuentran involucrados niñas, niños y adolescentes mexicanos así como de otros países de Centroamérica, situación que merece una atención especial e integral por parte de las autoridades de nuestro país para poder dar cumplimiento a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Son responsabilidad y obligación del Estado Mexicano valer todas y cada una de las leyes y normas que permiten llevar acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes alojados en albergues, orfanatos y en cualquier otro espacio de asistencia social.

Es tiempo de hacer algo por este sector tan vulnerable de la población en  el Estado Mexicano de ser omiso este estaría faltando a su compromiso internacional y nacional de proteger a los niños, las niñas y adolescentes.

En mérito de lo expuesto se sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El H. Senado de la República exhorta al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia a dar cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su obligación para llevar a cabo el Registro Nacional de todos los Centros de Atención de Asistencia Social, tanto públicos como privados a la brevedad y diseñar los protocolos que garanticen que su funcionamiento y sus responsables estén apegados a la ley en la materia.

SEGUNDO. Se exhorta a la Cámara de Diputados a que se considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, los recursos suficientes para dar cumplimiento a los requerimientos presupuestarios que se establecen en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para que esta pueda ser aplicada de manera eficiente en función del interés superior de la niñez.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2015.

Atentamente.





 

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre de diversos Senadores del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a no llevar a cabo la implementación de los Bonos de Infraestructura Educativa, hasta en tanto no se den a conocer los lineamientos generales y las características específicas del programa. Se turna a la Comisión de Educación.







 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, en el marco de la visita del Presidente de la República de Cuba a México, se incluyan en la agenda temas relevantes para el fortalecimiento de la relación bilateral. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

La suscrita, Mariana Gómez del Campo Gurza, Senadora de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A QUE, EN EL MARCO DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE CUBA A MÉXICO, SE INCLUYAN EN LA AGENDA TEMAS RELEVANTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN BILATERAL, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 29 de octubre de 2015, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó el Comunicado 566, en el que se confirmó la visita oficial del Presidente de Cuba, Raúl Castro, a México, del 5 al 7 de noviembre.

El Comunicado señala lo siguiente:

“La sede de este encuentro será la ciudad de Mérida, Yucatán, donde el Presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo cubano revisarán los principales temas de la agenda bilateral y regional en los ámbitos político, económico y de cooperación.

Se trata de la primera visita de Estado que el mandatario cubano realiza a México desde que asumió la presidencia en 2006. Esta visita de Estado tiene un significado especial, al darse en el marco de una relación que es entrañable para ambos países y que atraviesa por una excelente etapa tras el relanzamiento que iniciaron los dos gobiernos en noviembre de 2013.

En esa ocasión, se fortaleció el marco jurídico bilateral con la suscripción de nueve instrumentos en diversas materias, lo que ha permitido, entre otras cosas, que a la fecha haya más de 30 nuevos proyectos de inversión mexicana en ese país.

El estado de Yucatán tiene vínculos históricos profundos con Cuba. Se trata de regiones hermanadas por el mar Caribe y por tradiciones culturales afines en la gastronomía y las artes.

Cuba fue país invitado de la edición más reciente del Festival Internacional de la Cultura Maya, sobre la cual el héroe nacional cubano, José Martí, realizó estudios y en cuyo honor un Centro Cultural de la ciudad de Mérida lleva su nombre.”

2. México y Cuba mantienen relaciones diplomáticas desde el 20 de mayo de 1902 de forma ininterrumpida. A partir de 1959, los países de la región, salvo México, rompieron relaciones con Cuba, pues ambos países basaron su interacción en los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

Desde 1960, Estados Unidos impuso sanciones económicas a Cuba que fue recrudeciendo paulatinamente; el día 3 de enero de 1961, Estados Unidos anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Cuba. En 1992 se expide la Ley de Democracia Cubana (conocida como Torricelli) y en 1996 la Ley para la Libertad   Cubana y la Solidaridad Democrática (Ley Helms-Burton). Incluso hubo intentos de invasión de tropas estadounidenses fallidas en territorio cubana como la de Bahía de Cochinos.

El 31 de enero de 1962, Cuba es expulsada de la Organización de Estados Americanos, sin embargo México se abstuvo al sostener que la expulsión de un Estado Miembro no procedía al no existir esa figura en la Carta , pues no existía una reforma previa de la Carta de la OEA.

Tras la caída de la URSS en 1991 (su principal benefactor), Cuba enfrentó una profunda crisis conocida como “Periodo Especial” en la que sufrió fuertes restricciones en hidrocarburos, estimuló la agricultura y ejerció un fuerte racionamiento. En 1997, Venezuela contribuyó a la recuperación de la economía cubana y para 2007 el PIB se normalizó a estándares de los años noventa.

El 17 de diciembre de 2014, el Presidente de Estados Unidos Barack reconoció el fracaso de esta política, y anunció la decisión de restablecer y normalizar las relaciones el 17 de diciembre de 2014; al mismo tiempo, el Presidente Raúl Castro confirmó dicho proceso diplomático.

El 29 de mayo de 2015, Cuba salió oficialmente de la lista de países patrocinadores del terrorismo (después de 33 años), la cual elabora cada año el Gobierno de Estados Unidos y que supone severas restricciones financieras; este hecho es un paso crucial hacia la reconciliación bilateral.

Por otro lado, pese a que el Presidente de México afirmó que “México invariablemente ha respaldado a un país hermano del hemisferio como es Cuba, para que tenga igualdad de condiciones y los mismo derechos que tienen todos los demás países del hemisferio”, la presencia diplomática de nuestro país en el proceso es nula.

Durante la pasada VII Cumbre de las Américas en Panamá, México ofreció su colaboración a los Presidentes de Cuba y Estados Unidos, sin embargo es generalizada la percepción de que el Gobierno mexicano no contribuyó, en términos diplomáticos, a este acuerdo.

Es necesario señalar que la normalización de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, permitirán a México abordar temas importantes en su agenda como la delimitación marítima en el Golfo de México con ambos países, a fin de estar en posibilidades de la explotación de hidrocarburos en aguas mexicanas.

3. El pasado mes de junio, el H. Congreso de la Unión participó en la XV Reunión Interparlamentaria con la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, en la que abordaron temas económicos en torno al proceso de apertura que vive la Isla.

En este evento, un pronunciamiento común fue la condena al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto unilateralmente por los Estados Unidos de América contra Cuba, que se mantiene intacto pese a que en 22 ocasiones consecutivas la Asamblea General de Naciones Unidas lo ha rechazado por abrumadora mayoría. En consecuencia, legisladores de ambos países hicieron un llamado al Congreso de Estados Unidos de América para que, en el ámbito de su competencia, se deroguen las diferentes leyes y medidas que constituyen un freno a la economía cubana y provocan grandes daños y sufrimientos al pueblo de Cuba.

Gracias a la intervención de senadores y diputados, la Secretaria de Economía de México y el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, han alcanzado acuerdos que permiten el intercambio de productos en mejores condiciones, y se ha renegociado la deuda de Cuba con México. Igualmente es posible ampliar la cooperación y lograr un mayor intercambio de bienes y servicios. Se destaca también la apertura de la oficina de ProMéxico en Cuba.

En esta ocasión, se abordó que aunque en materia migratoria se cuenta con un Memorándum de Entendimiento desde 2008, ambas naciones lo han revisado para suscribir un instrumento bilateral que garantice un flujo legal, seguro y ordenado, facilitando al mismo tiempo el ingreso de los nacionales que viajen entre ambos países.

Finalmente, se intercambiaron puntos de vista en los temas en los que ambas partes están interesadas en estrechar la relación, como energía, cooperación en el sector salud, así como en el intercambio educativo y cultural.

CONSIDERACIONES

I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los Senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de Acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

III. Que de acuerdo con datos  la Secretaría de Economía, en 2014, el comercio bilateral fue de 373 millones de dólares (mmd), con importaciones de 11 mdd y exportaciones por 362 mdd, dejando una balanza comercial superavitaria para México de 350 mdd, mientras que en el primer semestre de 2015; además, al final del primer semestre de 2015 el comercio bilateral fue de casi 360 millones de dólares, la balanza comercial registró un superávit para nuestro país de casi 350 millones de dólares.

Datos de la Secretaría de Economía señalan que Cuba es el 57° socio comercial de México en el mundo (36° comprador y 95° abastecedor) y el 16° en América Latina y el Caribe; por su parte, el Ministerio de Comercio de Cuba señal que México es el 6° proveedor de Cuba a nivel mundial y el 20° destino de sus exportaciones.

El Acuerdo de Complementación Económica 51 (ACE 51) es la base jurídica de la relación comercial bilateral, el cual fue firmado el 17 de octubre de 2000 y entró en vigor a partir del año 2001.

El ACE 51 prevé la reducción o eliminación de gravámenes y otras restricciones a la importación de determinados productos, además de fortalecer, dinamizar y diversificar la relación comercial entre ambos países.

El Cuarto Protocolo al ACE 51 se suscribió en noviembre de 2013 y fue aprobado por el Senado mexicano el 11 de diciembre de 2014; este instrumento incluye un régimen de solución de controversias que contempla otros mecanismos como la celebración de consultas y negociaciones directas, la intervención de la Comisión Administradora y el establecimiento de un tribunal arbitral para dar solución a cualquier controversia relacionada al funcionamiento o interpretación del Acuerdo.

En este contexto, es necesario recordar que Cuba se está transformando, prueba de ello es la La Zona Especial de Desarrollo de Mariel que cuenta con un régimen especial para fomentar el desarrollo económico sostenible a través de la atracción extranjera, la innovación tecnológica e industrial; esta área es muy atractiva para inversionistas de todos los países del mundo, vemos que funcionarios de primer nivel de todo el mundo visitan Cuba para reforzar vínculos económicos, nosotros no podemos quedarnos atrás.

En Cuba hay una Cartera de Oportunidades para la Inversión de 246 proyectos en    todas las provincias del país que busca atraer inversiones por un total de 8 mil 710 millones de dólares en diversos sectores (agroalimentario, azucarero, industrial, turismo, energía, minería, transporte, farmacéutico y biotecnológico, salud, construcción, entre otros).

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, en el marco de la visita del Presidente Raúl Castro a México, se establezca un Mecanismo de Diálogo Permanente con la República de Cuba y se incluyan en la agenda los siguientes temas: migración, las negociaciones sobre el Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones, la delimitación de para la explotación de hidrocarburos en el Golfo de México, así como el intercambio y fomento científico y tecnológico.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal a promover acciones para dinamizar las relaciones económicas entre México y Cuba, con miras a la suscripción de un Tratado de Libre Comercio, a fin de impulsar el bienestar y la libertad para los pueblos.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento a los acuerdos derivados de la XV Reunión Interparlamentaria entre el H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, en materia de energía, cooperación en el sector salud, intercambio educativo y cultural, medio ambiente y turismo.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de noviembre de 2015.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.





 

Del Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se destinen recursos suficientes al Instituto de Capacitación para el Trabajo del estado de San Luis Potosí. Se turna a la Cámara de Diputados.

TEÓFILO TORRES CORZO, Senador de la República por el estado de San Luis Potosí e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, A QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, SE DESTINEN RECURSOS SUFICIENTES AL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México enfrenta uno de sus mayores retos: “Fomentar la Productividad y Competitividad Laboral entre la población mexicana”. Hoy en día, somos testigos de la elevada cantidad de jóvenes y adultos que perciben que la educación no proporciona habilidades, competencias ni capacidades suficientes para una inserción y desempeño laboral exitosos; percepción, que ocasiona que gran número de ellos, no estudie ni trabaje.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Información Estadística y Geográfica (INEGI), durante el Segundo Trimestre del año 2015, 52.6 millones de personas mayores a 15 años, realizaron una actividad económica, participaron en la generación de algún bien económico o en la prestación de un servicio1; es decir, el 59.7% de la población total del país.

En el caso particular del estado de San Luis Potosí, la Tasa de Ocupación durante el mismo periodo, fue de 1 millón 117 mil 729 habitantes, mientras que la Tasa de Desocupación, señala que 32 mil 959 personas, buscaron trabajo sin encontrarlo2.

Estas cifras demuestran que San Luis Potosí cuenta con una Tasa de Desocupación de 2.9, respecto a la media nacional, que es de 4.3; esto significa que posee una de las Tasas de Desocupación más bajas del país3. Por tal motivo, debemos continuar impulsando a la sociedad potosina para que desarrolle en mayor medida sus capacidades laborales y personales, y se inserte exitosamente en el sector productivo estatal.

En ese contexto, el Gobierno del Estado creó el Instituto de Capacitación para el Trabajo del estado de San Luis Potosí (ICATSLP),que tiene como principal objetivo, formar estructuras de capacitación para los habitantes, que les permitan obtener los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para dominar un oficio determinado.

Por ello y a fin de apoyar las actividades del Instituto, presento el siguiente punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, se destinen recursos suficientes al Instituto de Capacitación para el Trabajo del estado de San Luis Potosí; en razón a que los procesos de capacitación para y en el trabajo deben ser considerados como uno de los ejes centrales para atacar la pobreza y el desempleo que se presenta en algunas zonas de este estado.

La capacitación formal para el trabajo es el proceso educativo que permite adquirir los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para desempeñar tareas que contribuyan al desarrollo personal y colectivo. Esta preparación se ofrece a adolescentes y adultos, a efecto de que puedan incorporarse productivamente al mercado laboral o bien, auto emplearse.4

En 1989 la Secretaría de Educación creó el “Programa para la Modernización Educativa 1989-1994”,que en su Capítulo 5, apartado 2, contempló por primera vez la necesidad de diseñar y ejecutar políticas públicas en materia de “Capacitación Formal para el Trabajo”. En él, se dio origen a los Institutos de Capacitación que funcionarían de manera descentralizada y con la participación activa de los gobiernos estatales, así como de los representantes de los sectores productivos de las distintas ramas de la actividad económica5.

En 1991 se crearon los primeros seis Institutos de Capacitación para el Trabajo en los estados de Aguascalientes, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas; política pública que ha sido adoptada por otras entidades federativas para dotar a su población de mayores y mejores elementos para que accedan al empleo formal de manera competitiva, y respondan a las necesidades del sector productivo y social. Este fue el caso de San Luis Potosí, que mediante Decreto del Ejecutivo Estatal en marzo de 1997, creó el primer Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí.

El ICATSLP es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que imparte e impulsa “capacitaciones para y en el trabajo”. Es decir, proporciona conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, a jóvenes y adultos con diverso nivel socioeconómico, situación laboral y grado de escolaridad, a fin de que se incorporen al sector productivo o generen un negocio propio.

Las capacitaciones que proporciona el ICATSLP, son herramientas que coadyuvan a los interesados a posicionarse en el sector productivo o realizar actividades remunerables, estables y socialmente útiles, que incrementen sus ingresos, impacten en mayor medida a su economía familiar e impacten positivamente en su calidad de vida, la economía estatal y el desarrollo nacional.

Actualmente, el ICATSLP participa de manera activa en proyectos emprendidos por los Clústeres Logístico y Automotriz de San Luis Potosí, con la Secretaría de Desarrollo Económico; de Comunicaciones y Transportes; del Trabajo y Previsión Social, así como con el Servicio Nacional de Empleo y empresas del Sector Automotriz y Logístico del Estado.

También imparte cursos de Capacitación Acelerada Específica en empresas como AGC Automotive México, ASI Employment, Contitech Mexicana, Cummins, Industria Vidriera del Potosi, Leiser, Mabe, Magna Automotive System, Remy Componentes, Robert Bosch México Sistemas Automotrices, Valeo Sistemas Eléctricos, entre otras.

De igual manera, quiero destacar la atinada decisión que la empresa BMW GROUP tomó para establecer su primera planta de manufactura avanzada en el Estado de San Luis Potosí, en donde el ICATSLP no sólo se constituye como el centro de formación inicial de la empresa, sino también como un participante activo del sistema de formación profesional dual, –en cooperación con diversas instituciones académicas–, similar al trabajo que se ha desarrollado desde 2008 con la empresa Toyota.

La matrícula del ICATSLP ha aumentado en los últimos años, ejemplo de ello es que durante el ciclo escolar 2014-2015, registró un máximo histórico de 73,260 personas capacitadas, colocándolo dentro de los 6 primeros institutos a nivel nacional, en este rubro.

Por lo anterior, en 2013 el Instituto logró la autorización para la Construcción de las oficinas de Dirección General, –formalizado a través del CONVENIO SEMS-ICAT/2013 PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS A CARGO DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI–,con un monto base de $3,856,000.00; recurso que resulta limitado para el cumplimiento de las metas del proyecto.

A partir de esa fecha, se gestionó con los diversos órdenes de gobierno la donación de un predio para la construcción de dicha obra; pero, fue hasta el año de 2014 que se logró la autorización por parte de la H. Junta Directiva del Instituto para adquirir un predio con las características necesarias para las oficinas generales.

Así, en septiembre de 2015 se formalizó la adquisición del predio en la zona sur poniente de la capital del estado y se realizó el proyecto arquitectónico de la “Construcción y Suministro de Mobiliario y Equipo de Oficinas Generales de la Dirección General del Instituto de Capacitación para el trabajo del estado de San Luis Potosí” (Anexo 1). Cabe señalar que dicho proyecto fue aprobado por la Junta Directiva del Instituto; sin embargo, debido a la falta de recursos económicos, no ha sido posible llevar a cabo la construcción y equipamiento del mismo.

A continuación, presento un cuadro resumen de la obra en mención:

TIPO DE OBRA

ESPACIO EDUCATIVO

APORTACIÓN FEDERAL

Construcción y Suministro de Mobiliario y Equipo de Oficinas Generales de la Dirección General del ICATSLP.

Despacho del Titular, Cuatro Áreas de Dirección (cada una con Jefatura de Departamento, en las Áreas de Administración y Técnico Académica), Sala de Juntas, Área de Transparencia, Área Jurídica, Área de Diseño y Comunicación, Área de Informática, Área de Archivo, 2 Servicios Sanitarios Completos (Hombres y Mujeres), Área de Cafetería, Elevador y Área de Estacionamiento Subterráneo cumpliendo con el reglamento de construcción en sus cajones.

$23,000,000.00

De igual forma, es importante destacar que el proyecto contempla alternativas graduales en la gestión de recursos; es decir, pretende que la obra se realice en tres etapas:

ETAPA

MONTO DE INVERSIÓN

1ª Cimentación, estacionamiento y 1er. Nivel

$14,000,000.00

2ª Segundo y Tercer Nivel

$6,000,000.00

3ª Mobiliario y Equipo

$3,000,000.00

TOTAL

$23,000,000.00

En concreto, este proyecto busca impulsarla generación de espacios dignos y funcionales, que permitan a la Dirección General del Instituto de Capacitación para el trabajo del Estado de San Luis Potosí, administrar, coordinar, evaluar, supervisar, y controlar sus recursos materiales y humanos de manera eficiente.

Por lo anterior, presento ante esta soberanía, el siguiente Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2016, se destinen recursos al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí, a fin de que a través de una estructura de servicio flexible, equitativa, de calidad y pertinente, podamos contribuir al desarrollo humano, así como a la inserción de los habitantes en el mercado laboral, en pro del desarrollo social y económico del País.
Por lo anteriormente expuesto, someto consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República, exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se destinen recursos suficientes al Instituto de Capacitación para el Trabajo del estado de San Luis Potosí.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de noviembre de 2015.

Sen. Teófilo Torres Corzo.

1Población Económicamente Activa (PEA) que se mide con la Tasa de Ocupación.

2 INEGI. Panorama Sociodemográfico de San Luis Potosí. 2010.
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/enoe_ie/enoe_ie2015_08.pdf

3 ídem.

4Programa para la modernización Educativa 1988-1994. http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/inea/frames.asp?page=36&id=109

5Ídem.







 

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación garantizar la protección de los derechos humanos de las comunidades indígenas en la discusión de amparos en revisión, interpuestos por comunidades indígenas y asociaciones mieleras de Campeche y Yucatán, en relación a la siembra de soya genéticamente modificada en esta zona; asimismo, se solicita a la SEMARNAT un informe sobre el acatamiento de una orden judicial por la que se suspendió la siembra y cosecha de esta especie de soya. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas.

El que suscribe, Jorge Luis Lavalle Maury, Senador a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la proposición con punto de Acuerdo por la que se solicita respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a garantizar la protección de los derechos humanos de las comunidades indígenas, en la discusión de Amparos en Revisión interpuestos por comunidades indígenas y asociaciones mieleras de Campeche y Yucatán, en relación a la siembra de soya genéticamente modificada en esta zona; así como también,  se solicita a la SEMARNAT remitir a esta Soberanía un informe pormenorizado sobre el acatamiento de una orden judicial por la que se suspendió la siembra y cosecha de esta especie de soya, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La composición pluricultural reconocida en el artículo segundo de nuestra Constitución, tiene diversas implicaciones que en su mayoría se encuentran particularmente señaladas en las fracciones en que se divide este importante artículo de nuestra Carta Magna. Asimismo, ese reconocimiento pluricultural, se encuentra relacionado con la relevancia de primer orden que con la reforma constitucional de 2011 adquirieron en nuestro país la protección y la promoción de los Derechos Humanos.

En ese sentido, es relevante abundar en los derechos económicos y de desarrollo que el mismo artículo segundo constitucional les garantiza a los integrantes de las comunidades indígenas. Para ello, es preciso traer a esta redacción, algunas partes fundamentales del citado dispositivo constitucional.

Del apartado B, puede citarse, al menos, las siguientes fracciones que son alusivas al desarrollo de estas comunidades:

• Artículo 2. …

• …

• Apartado B…

[Las autoridades tienen la obligación de:]

I.- Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades […]

VII.- Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

A su vez, estos párrafos constitucionales, en especial la fracción VII del artículo en comento, son congruentes con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, del cual México es parte y que entre otras cuestiones, señala en su artículo Cuarto lo consiguiente:

“Artículo 4

Deberán adoptarse medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.

Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados.

[…]”

Ante estos razonamientos de nuestro marco jurídico vigente, resulta preocupante que al día de hoy existan programas o acciones de gobierno que contradigan lo antes señalado. Desde hace algunos años existe una problemática en la península de Yucatán en la que los apicultores mayas de mi estado, Campeche, se encuentran inmiscuidos y ante lo cual, tuve a bien presentar durante la legislatura pasada una Proposición con Punto de Acuerdo, por la que exhortaba a la SEMARNAT a realizar diversas acciones que conllevaran a la solución de esta problemática entre las autoridades del gobierno federal y los apicultores de la zona.

La causa de esta controversia, consiste en que el gobierno federal otorgó permisos para el cultivo de soya genéticamente modificada (GM) en fase experimental y piloto en campos cercanos donde los apicultores mantienen sus campamentos productores de miel. Esta cercanía, de acuerdo a estudios científicos realizados en 2011 por el laboratorio alemán Interk, demostró que la cercanía entre estos dos tipos de campos de cultivos, resultaban perjudiciales para la pureza de la miel, en virtud de que en el cien por ciento de las muestras de miel tomadas en un espacio experimental, existían rastros de polen transgénico es decir, que entre otras conclusiones se obtuvo que la miel que se producía en un radio de igual o menos de dos kilómetros, se encontraba contaminada por polen transgénico, toda vez que las abejas procrean a dicho diámetro de distancia alrededor de su colmena.

Acorde con lo anterior, en nuestro país la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO), elaboró un estudio similar, en particular para la autorización de los permisos que se otorgaron en la península de Yucatán, mismo que no fue considerado por la autoridad al otorgar los permisos señalados. El estudio realizado por la CONABIO, arrojó la misma conclusión de la investigación alemana, acotando que en periodos de escasez de néctar, el radio de procreación puede ser de hasta 12 kilómetros.

Esta contaminación de la miel, afecta significativamente a las comunidades apicultoras mayas, en virtud de que la calidad de la miel se ve afectada, con lo cual ésta pierde el trato preferencial que se estableció en el Tratado de Libre Comercio  entre México y la Unión Europea, comunidad que se encuentra entre los principales consumidores de este producto. Esto, en virtud de que la legislación europea es muy estricta con lo respecta a los parámetros de evaluación de la pureza de la miel. De tal suerte que de continuar el cultivo de soya genéticamente modificada en las zonas aledañas a los campos apícolas, la miel maya dejará de ser recibida en la comunidad europea.

Este cese del consumo europeo de la miel producida en esta zona, representa una afectación directa a alrededor de 17 mil familias, en su mayoría mayas, que basan su ingreso familiar al cultivo y exportación de la miel. Asimismo, es sabido que el 95% de la miel que se produce en la Península de Yucatán sale a la venta más allá de nuestras fronteras, y el prestigio que por su calidad ha ganado en diversos países del mundo, principalmente en Alemania, donde se consume el 60% del total de la miel que se exporta a nivel nacional. Hasta ahora, México es el sexto país productor de miel en el mundo y tercer exportador de este producto a nivel  mundial, solo debajo  de Argentina y China.

Sin embargo, es sumamente importante señalar que en 2012 las medias europeas fueron aplicadas a la miel argentina y uruguaya, que enfrentaban una problemática similar a la que se vive en la Península de Yucatán, y las exportaciones de miel de esos países vieron disminuidas sus exportaciones en un 31 por ciento, y el valor del producto disminuyó 45 por ciento.

Por su parte, en México la autorización de estos permisos provocó que los ingresos por venta de miel disminuyeron en alrededor ocho millones dólares. Asimismo, la comercialización de 40 toneladas de este producto, destinadas a exportarse hacia la Unión Europea, tuvo que venderse a los Estados Unidos a un precio muy por debajo del estimado, debido a que la miel contenía un porcentaje de polen genéticamente modificado, que excedía los parámetros de calidad permitidos en Europa, por lo que los productores prefirieron no exportarlo hacia el viejo continente para no  desprestigiar la miel nacional.

Derivado de todo lo anterior, existen al día de hoy cuatro sentencias judiciales que se derivan de siete amparos, demandas e impugnaciones que los productores han interpuesto contra el otorgamiento de los multicitados permisos. Estas sentencias fueron dictadas en marzo de 2014 por el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Campeche, el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Yucatán y el Juzgado Federal Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.

Ante esto, ya se han notificado el interés del gobierno federal por impugnarlas. No obstante, en esta sentencia entre los principales argumentos que se esgrimen por los jueces, se encuentran al menos los siguientes:

Se sostiene que en la parte considerativa de los permisos, no se contempló lo concluido por la CONABIO que ya ha sido esbozado en estas Consideraciones, así como tampoco se estimó lo señalado por otras instituciones como el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), que por su parte llegaron a conclusiones similares a las que se llegó la CONABIO, y también el mencionado laboratorio alemán, con respecto a los daños que causan los sembradíos de soya genéticamente modificada, cuando estos se encuentran en áreas cercanas a campos apicultores. Esto debió ser así, debido a lo establecido en su Reglamento Interior, pues los dictámenes de estas dependencias son vinculantes que el otorgamiento de los permisos.

Que concordancia con el principio 10 de la Declaración de Rio, que señala que la mejor manera de abordar cuestiones ambientales y socioculturales es garantizando a las comunidades afectadas el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justica, lo cual no fue contemplado por las autoridades para el otorgamiento de los permisos,

Asimismo, se señala que no se cumplimenta lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que ya fue citado al inicio de estos razonamientos, en los que se señala la importancia de contemplar la opinión de las comunidades indígenas, en cuanto a la pertinencia de una modificación o aceptación de cualquier tipo de actividad que impacte sus tradiciones o modos de vida.

En el mismo sentido de la viñeta anterior, las sentencias reconocen el interés legítimo de los indígenas mayas, en virtud de que el cultivo de la miel es su principal actividad económica tradicional, por lo cual requiere de una protección especial, por su condición de vulnerabilidad, debiéndose garantizar el acceso a la justicia efectiva.

Acorde con todo lo anterior, el juez declaró nulo el permiso otorgado por la SAGARPA y le ordenó a esta misma Secretaría que realice una consulta pública en las comunidades afectadas por este permiso, para el otorgamiento de cualquier otro permiso mediante el cual se autorice la siembra de este tipo de cultivos genéticamente modificados.

Sin embargo, en el pasado mes de agosto el Juzgado 12° en Materia Civil del Primer Circuito dejó sin efectos esta sentencia al igual que las medidas de suspensión de las evaluaciones de solicitudes y el otorgamiento de nuevas permisos para sembrar soya transgénica a la SAGARPA, lo cual podría implicar que se reiniciara la siembra de esta especie de soya y que además se otorguen nuevos permisos.

No obstante lo anterior, actualmente en la  Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentran los Amparos en Revisión 241/2015, 270/2015 y 410/2015derivados de los amparos presentados por autoridades tradicionales mayas de Campeche en contra del permiso de soya transgénica otorgado a Monsanto. Así como también otros amparos más presentados por las cooperativas mieleras de Campeche con los números 498/2015, 499/2015 y 500/2015 y otros más de las asociaciones de apicultores en Yucatán con número de expediente 198/2015, contra el mismo permiso.

Hace un par de semanas, la Suprema Corte informó que postergaría la discusión de estos amparos algunas semanas más, lo cual brinda la oportunidad de que este Senado solicite a la SCJN a considerar en la discusión de estos Amparos, los derechos fundamentales tanto de las comunidades mayas que se han mostrado interesadas y molestadas en su principal actividad económica y de sustento, así como el de diversas organizaciones que desde hace años, se encuentran combatiendo legalmente esta decisión de la SAGARPA.

Es importante subrayar, que en el caso de los Amparos interpuestos por autoridades tradicionales mayas, representa una oportunidad para hacer valer los derechos sociales y económicos de las comunidades indígenas, consagrados en el artículo segundo de nuestra carta fundamental, toda vez que como aquí mismo se ha argumentado, existen los elementos suficientes para considerar que la siembra de soya modificada genéticamente afecta su modo de vida y subsistencia.

Asimismo, no debe pasarse por alto que una de las afectación que traería consigo la siembra de esta soya, es un daño irreparable a una actividad milenaria de la región que afectará a una tradición nacional y que además implica afectaciones económicas para los estados de la Península de Yucatán, debido a la importancia que esta actividad económica genera para estas entidades.

Del mismo modo, es importante mencionar que el interés que mantiene la iniciativa privada en el cultivo de soya genéticamente modificada, sin lugar a duda es legítimo y a su vez representa también una oportunidad de desarrollo económico y regional para esta zona del país, no obstante esta actividad no debe irrumpir con las actividades que de antaño se realizan en estos territorios y que son fuente directa de ingresos para, como ya se señaló, miles de familias en su mayoría de origen maya.

Es por lo anteriormente expuesto, que pongo a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, remitir a esta Soberanía un informe pormenorizado sobre las acciones que ha implementado para acatar, hacer cumplir las órdenes judiciales que le fueron notificadas, derivadas de los amparos interpuestos por los productores mayas, así como las actividades que ha realizado para conservar las actividades económicas tradicionales en la región maya de Campeche y Yucatán.

Segundo.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que garantice a cabalidad los derechos fundamentales, económicos y de desarrollo, de consulta, al territorio y a un medio ambiente sano de las comunidades indígenas consagrados en el artículo segundo constitucional, en la discusión de los amparos interpuestos por autoridades tradicionales mayas, las cooperativas mieleras de Campeche, así como las asociaciones de apicultores en Yucatán, en relación a los permisos otorgados por la SAGARPA para la siembra de soya genéticamente modificada en los estados de Campeche y Yucatán.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2015.

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.





 

De las Senadoras Ivonne Álvarez García, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi y Angélica del Rosario Araujo Lara, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a implementar una estrategia de vigilancia en el territorio nacional con motivo del Buen Fin 2015. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.





 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a destinar los recursos económicos suficientes a los hospitales de la Secretaría de Salud Estatal y a destinar 150 millones de pesos al Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda”. Se turna a la Comisión de Salud.







 

De los Senadores Marcela Torres Peimbert y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar recursos para infraestructura educativa; a la Secretaría de Educación Pública federal y al gobierno de Yucatán a rescindir el convenio en la materia. Se turna a la Comisión de Educación los resolutivos primero y segundo y a la Cámara de Diputados el tercero de éstos.

Los suscritos, Senadores María Marcela Torres Peimbert y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El pasado primero de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto anunció el Programa de Certificados de Infraestructura Educativa (PCIE), a través del cual se planea realizar una inversión por casi 50 mil millones de pesos para el mejoramiento de 30 mil escuelas del país (construcción equipamiento y rehabilitación de la infraestructura física) en los niveles básico, media superior y superior. El proyecto plantea un esquema financiero con aportaciones del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)de los estados, a través del cual se destinará una gran cantidad de recursos para la mejora de las escuelas del país.

El anunció advirtió que para mediados del mes de octubre del presente año, se estarían firmando los acuerdos con las distintas entidades del país, con el fin de que alrededor de 50 mil millones de pesos se comiencen a ejercer en este mismo año, con énfasis en los siguientes tres años.

SEGUNDO.- A principios del mes de octubre del año en curso, la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso del estado de Yucatán, aprobó el Decreto por el cual se autorizó al Poder Ejecutivo del Estado, a participar en el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa, mediante la Afectación de las Aportaciones que le corresponde al Estado, con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples.

TERCERO.- El 19de octubre del año en curso, el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y los gobernadores de los Estados, agrupados en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), firmaron los convenios respectivos al impulso de los Certificados de Infraestructura Educativa, con la finalidad de ampliar y mejorar las condiciones de las escuelas del país.

CONSIDERANDOS

El problema de infraestructura educativa.

En materia de infraestructura educativa nacional, de acuerdo al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en México son escasas las escuelas que poseen todos los espacios físicos de apoyo para la educación; ya sea salones de clases, bibliotecas, espacios recreativos, etcétera.

Por ejemplo entre el 95% y 99% de las escuelas indígenas, no cuentan con ninguno de los espacios ya mencionados. En el mismo sentido sólo el 55% de las primarias del país cuentan con dirección administrativa, tienda escolar o cooperativa, almacén, patio de recreo, áreas verdes y baños.

En términos de mantenimiento sólo el 50% son planteles que se encuentran en buen estado, y conservados. Referente a los inmuebles, existen 15 mil escuelas que no cuentan con escritorios para los profesores.

En resumen, sólo un 69% de los salones de clases se catalogan como espacios favorables para el desarrollo de las actividades educativas, es decir más del 30% de las escuelas del país no se encuentran en las condiciones óptimas para el desarrollo de la educación.1

En el caso particular del estado de Yucatán, de acuerdo al Informe Anual Sobre la situación de Pobreza y Rezago Social 2015, del total de los inmuebles educativos en el estado: un 0.1% son escuelas provisionales o móviles; el 21.2% son inmuebles sin barda o con barda incompleta; el 0.5% son inmuebles sin fuente de abastecimiento de agua; un 0.5% de los inmuebles se encuentran sin alguna fuente de energía eléctrica; 1.3% de los inmuebles no poseen sanitario o algún sustituto; 31.9% son inmuebles sin drenaje; el 57.5% se encentran sin cancha deportiva; y en el 63.8% del total de los inmuebles educativos, no se ha realizado alguna construcción u obra mayor de rehabilitación durante los últimos tres años.

Las cifras anteriores revelan la situación actual de las condiciones de los inmuebles educativos en el estado de Yucatán, cifras que están tan solo por debajo de las de estados como Oaxaca y Guerrero, los cuales poseen alto grado de rezago educativo, pero que de la misma manera son indicadores que deben ser mejorados con el fin de atender las necesidades educativas de los niños y jóvenes.

En este contexto, resulta urgente para los gobiernos estatales y Federal, establecer estrategias y acciones a seguir, que permitan afrontar y erradicar con eficacia el problema.

Compromisos financieros.

En este orden de ideas, si bien es cierto que la finalidad planteada en los antecedentes es loable, ya que tiene como objetivo principal abatir el rezago en materia de infraestructura educativa del país, que se reflejará en la mejora de la calidad educativa de los niños y jóvenes mexicanos, también es cierto que en el manejo de los recursos públicos debe existir una gran responsabilidad de los servidores públicos, para administrar y ejercer correctamente los recursos públicos, y evitar en todo momento comprometer recursos presentes y futuros en perjuicio de la población y las nuevas generaciones; resulta fundamental evitar contraer deudas a mediano y largo plazo que tendrían que pagar los niños y jóvenes de hoy.

El caso que se plantea no es un tema menor, ya que en la propuesta del presidente de la república, respaldada por diversos gobernadores estatales, entre ellos de gobernador del estado de Yucatán, se están comprometiendo más de 50 mil millones de pesos; dinero que sería pagado con recursos públicos. Lo anterior merece una profunda reflexión por parte de las autoridades involucradas. Reflexión que debe tener como objetivo el análisis de otras alternativas que permitan aminorar el impacto proyectado en deuda pública para los mexicanos. Es necesario evaluar la relación costo-beneficio, ya que el fin que se persigue, a través del medio del cual se pretende cumplir, generará un costo muy alto que no pagarán los ciudadanos y gobernantes actuales; serán los futuros contribuyentes y gobiernos los que enfrentarán los altos endeudamientos, lo que sin lugar a dudas generará el incremento de diversos problemas económicos y sociales para las entidades.

Cuando un inversionista adquiere un instrumento financiero, espera recuperar el capital invertido más una serie de intereses; éstos son el atractivo de los instrumentos, ya que otorgan una ganancia mayor sin exponerse a un alto riesgo. Ahora bien esta ganancia es pagada por quien oferta el instrumento, y una vez llegado el tiempo del vencimiento el oferente debe pagar el precio del instrumento más los intereses que género y que se pactaron”.

En el caso de infraestructura educativa, los instrumentos serán emitidos por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), pretendiendo captar 50 mil millones de pesos. Lo anterior, significa bursatilizar el Fondo de Aportaciones Múltiples; dicho en otras palabras, se obtendrán recursos del futuro, a través de los instrumentos financieros llamados “Certificados de Infraestructura Educativa”, los cuales serán adquiridos por inversionistas. A cambio, se harán acreedores a un interés pactado, y además a la devolución de su inversión principal2.

Esta es la manera como los inversionistas estarán financiando la infraestructura educativa por los próximos años, pero a cambio, los Estados que participen en el esquema de financiamiento, estarán adquiriendo una deuda económica-social a largo plazo, la cual se pagará con los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples.

Debemos tener presente que el FAM, forma parte del Ramo 33, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), es decir son recursos de los contribuyentes recaudados por la federación, destinados para el otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población que se encuentra en condiciones de pobreza extrema.

Esta es la razón que fundamenta la necesidad de replantear el proyecto anunciado por el Presidente de la República, y buscar otras fuentes de financiamiento para los Estados, que eviten afectar en lo más mínimo, o que pongan en riesgo los recursos destinados para los apoyos de desayunos escolares, alimentarios y de asistencia social.

La protección y garantía de un derecho, no implica la violación de otros; los derechos no se contraponen, se complementan.

Existen otras fuentes de financiamiento a través de la cuales se puede afrontar el problema de infraestructura educativa; brindar una de ellas es la finalidad de la presente proposición.

(El caso del estado de Yucatán)

Para el caso particular del estado Yucatán, el Congreso del Estado autorizó disponer del 25% de la parte aplicable del FAM, durante los próximos 25 años, con el fin de obtener en el corto plazo recursos superiores a mil millones de pesos para infraestructura educativa.

Lo anterior sólo significará incrementar la deuda del Estado, puesto que las distintas administraciones que han gobernado a Yucatán han tenido el hábito de utilizar recursos futuros para financiar las administraciones en turno. La adquisición de este tipo de deuda se ha caracterizado por allegarse de recursos a corto plazo, utilizarlos, y a cambio generar una deuda a largo plazo, por más de 10 años, lo que significa que los gobiernos que contratan la deuda se benefician políticamente de las “obras realizadas por la entidad”,  durante su gestión, pero la obligación de pagar las deudas del préstamo principal y de los intereses pactados, lo heredan a las administraciones futuras.

Ejemplo de esto son los diversos contratos de empréstitos de 15 a 25 años que se ha venido realizando desde 2009 por una suma aproximada de  9,140 millones de pesos.

Fuente de financiamiento alterna.

Debido a ello y con el fin de atender la realidad que afronta el estado de Yucatán, se deben de establecer propuestas que resuelvan el problema, y que generen otros más que desencadenen conflictos sociales para futuros gobiernos.

Derivado de un análisis realizado sobre el estado que guardan los recursos obtenidos por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)3, particularmente por el impuesto sobre bebidas saborizadas, y por el impuesto a alimentos con alto contenido calórico y carbono, se presenta la siguiente exposición.

En el año 2013, el Senado avaló la miscelánea fiscal que incluyó nuevos gravámenes a chicles, botanas, pasteles, y a bebidas saborizadas; este último gravamen se contempla como un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que consiste en gravar en un peso por litro a las bebidas saborizadas, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores con cualquier tipo de azúcares.

También se aprobó aumentar al 8% el impuesto a alimentos con alto contenido calórico (los que contengan más de 275 kilocalorías por cada 100 gramos).

Ambos impuestos se comenzaron a aplicar a partir del primer día del año 2014.

El fin de dichos impuestos ha sido el de disminuir los niveles de obesidad y sobre peso, principalmente entre la población infantil.

En ese sentido, las dos cargas tributarias referidas significaron una mayor recaudación por parte del gobierno. El IEPS, tan sólo en 2014, incremento en un 51.1%, en términos reales, lo que en recursos económicos significó una recaudación por 124 mil 16 millones de pesos.

Respecto del impuesto a bebidas azucaradas, para 2014 se estimó una recaudación por 12 mil 455 millones de pesos, y se recaudaron 18 mil 254 millones de pesos, es decir 5 mil 854 más de lo estimado. Mientras que para 2015, se estima una recaudación por 18 mil 171 millones de pesos, lo que significa que tan solo en dos años se estarían recaudando más de 36 mil 425 millones de pesos.

Asimismo, por concepto del impuesto a alimentos con alto contenido calórico, para el 2014 se estimó una recaudación por 5 mil 600 millones de pesos, sin embargo, la recaudación real fue por un monto de 12 mil 384 millones de pesos, es decir, 6 mil 529 millones de pesos más de lo estimado.

Para el 2015 se estimó para el mismo impuesto, un monto por 15 mil 348 millones de pesos, sin embargo, de acuerdo con información del primer trimestre del año, los recursos recaudados ascienden a los 4 mil 438 millones de pesos, cuando se estimaron 3 mil 921 millones de pesos, es decir, se recaudaron 516 millones de pesos más de lo esperado. Con la información anterior se estima una recaudación aún mayor a la pronosticada para todo 2015.

En resumen, delaño 2014 a lo que va de 2015, por concepto de impuesto a bebidas azucaradas se han recaudado más de 36 mil millones de pesos, y por concepto del impuesto sobre alimentos con alto contenido calórico se han recaudado alrededor de 25 mil millones de pesos, cifras que en suma ascienden a casi 60 mil millones de pesos recaudados de manera adicional y por encima de lo previsto de manera original por el Gobierno Federal.

Y aunque lamentablemente la transparencia del uso y destino de los recursos obtenidos ha sido poca, para el caso del impuesto a bebidas saborizadas se sabe, por ejemplo, que sólo el 5% de los 32 mil millones de pesos que se recaudaron en los primeros 18 meses, fue destinado al rubro de salud4. Lo anterior presume la existencia de 30,000 millones de pesos, en las arcas de la federación, sin uso ni destino cierto.

En este sentido, de acuerdo con el análisis expuesto, se concluye que el Gobierno Federal posee recursos adicionales a los gastos normalmente proyectados, que bien servirán para hacer frente a las principales carencias económicas y sociales que demanda el país.

Y si bien, uno de los destinos principales de dichos recursos es el de combatir el sobrepeso infantil, por ejemplo con la inserción de bebederos escolares, el abatimiento de la infraestructura educativa es otro destino de carácter urgente, que ayudará no tan sólo a mejorar el incremento de la calidad educativa, además, contribuirá de manera sustantiva en el mejoramiento de las condiciones físicas de los niños y jóvenes, ya que significa contar con espacios físicos que fomentan la cultura de desarrollo física y deportiva de los niños y jóvenes.

El rezago de los inmuebles educativos del país puede revertirse con la inversión de infraestructura educativa, inversión que no solo tiene como alternativa la adquisición de deudas para los mexicanos, si no el uso  de recursos públicos con los que se cuentan, dinero que hoy en día existe en las arcas del Gobierno Federal.
(El caso del estado de Yucatán)

En este contexto, y dado que el estado de Yucatán al igual que otras entidades federativas, planea obtener recursos en el corto plazo por más de 1,000 millones de pesos para financiar la infraestructura educativa, a través de deuda proveniente de los nuevos “Certificados de Infraestructura Educativa”, resulta fundamental analizar una vía alterna para resolver los problemas de infraestructura educativa del Estado, y evitar problemas económicos y sociales para los futuros gobiernos de Yucatán.

La alternativa que se plantea consiste en que lejos de contratar más deuda para el Estado, se financie la inversión en infraestructura educativa con un porcentaje de los recursos obtenidos a la fecha, por el impuesto a las bebidas saborizadas.

La propuesta consiste en financiar los 1 mil millones de pesos (que el gobierno del estado de Yucatán planea adquirir a través de deuda) de los más de 30,000 millones de pesos recaudados a la fecha por dicho gravamen. Los 1 mil millones de pesos, vinculados con la educación, en el FAM, constituyen una alternativa posible y potencial, pero que a diferencia de la intención del gobierno de Yucatán, no generará más deuda social a la entidad, ni a las generaciones presentes ni futuras. Sin lugar a dudas una propuesta factible, con responsabilidad financiera y social.

En resumen, resulta primordial atender los rezagos en los inmuebles educativos de Yucatán, pero las mismas deben ser resueltos a través de alternativas que no generen un efecto económico negativo, en cadena, a mediano y largo plazo, que se hereden a las administraciones siguientes y generaciones siguientes.

En este sentido, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Educación Pública Federal y del gobierno del estado de Yucatán, para que rescindan el convenio firmado el pasado 19 de octubre, con el objeto de impulsar los certificados de infraestructura educativa y la pretensión de mejorar las condiciones de las escuelas del país, mediante la adquisición de deuda pública para el Estado. Lo anterior, con el fin de prevenir los posibles déficits en el Estado y los problemas de gasto público previsibles en el futuro.

SEGUNDO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión  exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, para que durante el presente año destine al gobierno del estado de Yucatán, 1 mil millones de pesos, de los recursos recaudados a la fecha por impuesto sobre bebidas saborizadas, con el fin de atender los problemas de carencias en los inmuebles educativos, y elevar el nivel académico de los niños y jóvenes yucatecos.

TERCERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se destinen recursos suficientes, provenientes del impuesto sobre bebidas saborizadas, para mejorar la infraestructura de las escuelas públicas, incrementar la cobertura de los servicios de agua potable en comunidades rurales, y proveer bebederos con suministro de uso continuo de agua potable e inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo del estado de Yucatán y del resto del país.

Senado de la Republica, el 5 de noviembre de 2015.

Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.

1http://ediciones-sm.com.mx/?q=blog-como-la-infraestructura-escolar-influye-en-la-calidad-educativa

2Una Hipoteca Educativa, Diario de Yucatán. 10/10/15

3

4http://laextranoticias.mx/solo-5-del-impuesto-al-refresco-se-destino-al-sector-salud/





 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar mayores recursos al Subsidio para la Seguridad en los Municipios con el fin de ampliar este subsidio a todos los municipios del estado de Morelos. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos.



(Intervención de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona)







 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a no disminuir los recursos destinados al Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. Se turna a la Cámara de Diputados.

La que suscribe, Silvia Guadalupe Garza Galván, Senadora por el estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que no disminuya los recursos destinados al Ramo 16 “medio ambiente y recursos naturales” dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Presupuesto de Egresos de la Federación es el instrumento jurídico por virtud del cual la Cámara de Diputados –de forma exclusiva- determina el monto y destino de los recursos que el Estado requiere para cumplir con sus objetivos.

Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación se incluye el ramo 16, relativo a los recursos que se aplican al sector relativo al medio ambiente y recursos naturales. Igualmente, dentro de dicho ramo existen proyectos que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la colegisladora analiza y aprueba para cada entidad federativa, municipio y órgano político-administrativo en el Distrito Federal, de conformidad con los montos establecidos en el Anexo 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación, a través del Programa de Fortalecimiento Ambiental de las Entidades.

Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación se establecen anualmente ciertos objetivos, entre los que destacan el conservar el capital natural de México, fomentar las políticas públicas que permitan cumplir las metas en materias como la biodiversidad, desarrollo sustentable, cambio climático, ordenamiento ecológico del territorio, recursos hídricos, entre muchos otros.

Es importante destacar que existe una Asociación Nacional de Autoridades Ambientales que agrupa a las Secretarías de Medio Ambiente  y a las Procuradurías Ambientales de los Estados, siendo vínculo permanente con el Congreso de la Unión y con la Conferencia Nacional de Gobernadores para agilizar los mecanismos legales y presupuestales en materia ambiental.

Asimismo, es menester señalar que con los recursos aprobados en dicho ramo, se deben cumplir los objetivos relacionados con el cuidado del medio ambiente, desarrollo sustentable y el crecimiento verde como meta fundamental de los órdenes de gobierno, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 y de manera específica, con la Meta Nacional de México Próspero.

Dicho anexo se creó para atender de forma eficaz y eficiente el tema de medio ambiente, distribuyendo recursos entre las entidades federativas y las autoridades ambientales, a efecto de poder ejecutarlo a través de los programas y unidades responsables respectivas.

Tales objetivos se alcanzan a través de la realización de proyectos, entre los que destacan aquellos en materia de educación ambiental, acciones de conservación, protección y restauración de bosques y suelos, el fortalecimiento institucional de las instancias estatales encargadas del cuidado del medio ambiente y la procuración ambiental, la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, así como la reducción de gases de efecto invernadero y el uso de energías limpias, entre otros.

No obstante la importancia del sector, hay una reducción considerable en dicho ramo, en específico  en 2015 se aprobaron recursos por $67,976 mdp y en el proyecto para 2016 se consideran recursos por $57,490 mdp, esto es $10,486 mdp menos, representando una disminución del 18% y en consecuencia una modificación importante en la estructura programática del sector.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a que no apruebe una reducción en los recursos destinados al Ramo 16 “Medio Ambiente y Recursos Naturales” dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, a efecto de poder hacer frente a las necesidades del sector.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 se asignen recursos suficientes para la reconstrucción, mantenimiento y equipamiento de la carretera que corre del municipio de Sabinas, estado de Coahuila, al municipio de Anáhuac, estado de Nuevo León. Se turna a la Cámara de Diputados.

La suscrita, Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Cámara de Senadores la presente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se asignen recursos suficientes para la reconstrucción, mantenimiento y equipamiento de la carretera que corre del Municipio de Sabinas, estado de Coahuila al Municipio de Anáhuac, estado de Nuevo León, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La red carretera nacional se ha ido desarrollando a lo largo de varias décadas, comunica casi todas las regiones y comunidades del país y su importancia es vital para la competitividad y crecimiento de nuestra Nación.

En México, la red carretera es la infraestructura de transporte más utilizada, siendo uno de los elementos esenciales para asegurar la viabilidad del turismo  y el modo de transporte más usado para el comercio.

La infraestructura carretera tiene un papel fundamental para lograr niveles de bienestar para la población, respondiendo a los requerimientos de las actividades productivas para el movimiento de productos, satisfaciendo las necesidades más urgentes de la  sociedad.

Las carreteras no solo permiten ir de un lugar a otro de forma rápida y segura, sino también son importantes en el comercio, pues posibilitan el desplazamiento de mercancías y potencializan la economía de los municipios con una estrategia de inversión a largo plazo. Facilitando la integración social como geográfica del territorio.

En la actualidad, la red carretera del estado de Coahuila tiene carencias que reducen su competitividad, lo que perjudica a la economía regional; por lo que su mejoramiento es urgente a efecto de eliminar los desequilibrios económicos existentes en la zona.

En necesario que en Coahuila se mejoren las vías de comunicación y eliminar el aislamiento de las comunidades rurales, generando empleos directos e indirectos e impulsar el potencial del desarrollo nacional y regional.

La principal justificación para la modernización de la vialidad que corre del Municipio de Sabinas, Coahuila, al Municipio de Anáhuac, Nuevo León, es evitar el paso de vehículos que tengan que hacer escala en las poblaciones ubicadas a lo largo de la misma y así permitir al tránsito de largo alcance, generando un transporte económico y seguro.

Así mismo, se considera que esta vía ayudará a mejorar las condiciones económicas de las poblaciones y ofrecerá mayor seguridad, eficiencia y comodidad en el transporte de productos y pasajeros, pretendiendo reducir los tiempos de recorrido y mejorar los niveles de servicio y seguridad en función a las mejoras en las características geométricas del trazo, con respecto a la ruta actual e impulsar el desarrollo regional de la zona.

Por último, es importante señalar que la ruta de Sabinas-Anáhuac cruza por dos Entidades Federativas y recorre lugares importantes como lo son la Presa Venustiano Carranza (Don Martín) y Salinillas, por lo que es urgente que sea equipada con teléfonos S.O.S., cámaras de seguridad, rampas de emergencia, reductores de velocidad, señalamiento vial, iluminación y una adecuada pavimentación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2016, se destinen recursos suficientes para el mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de la carretera que corre del municipio Sabinas, estado de Coahuila al municipio de Anáhuac, estado de Nuevo León.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el 5 de noviembre de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 se asignen recursos adicionales al Fondo Metropolitano de la Laguna para reducir la presencia de arsénico en el agua para consumo humano. Se turna a la Cámara de Diputados.

La suscrita, Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Cámara de Senadores, la presente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se asignen recursos adicionales al Fondo Metropolitano de la Laguna para reducir la presencia de arsénico en el agua para consumo humano, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Ante el pleno de la pasada Comisión Permanente de este Congreso de la Unión, presenté un punto de acuerdo exhortando a la Comisión Nacional del Agua a dar cumplimiento al derecho que tiene toda persona a contar con agua potable de calidad, a efecto de que de conformidad con sus facultades y atribuciones y en coordinación con los otros órdenes de gobierno dote del vital líquido a los habitantes que comprenden la región de la Laguna en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Como lo manifesté en su momento, el acceso al agua resulta indispensable para el desarrollo y bienestar de la población, ya que el cuerpo humano está formado en gran parte de este liquido, con un porcentaje entre un 58 a 67% en los adultos y entre un 66 a 74% en los recién nacidos.

El derecho al agua es fundamental tal y como sucede con el derecho a la alimentación, a la salud o a un medio ambiente sano. Sin embargo el acceso al agua debe cubrir las necesidades básicas de manera suficiente y bajo condiciones óptimas en cuanto a su sanidad, atendiendo en todo momento a una cantidad que permita la plena satisfacción de las necesidades.

En México el 12% de la población no tiene acceso sostenible a fuentes de agua apta para el consumo humano. Por lo anterior dentro de nuestras leyes se incorporaron los criterios de los instrumentos internacionales en que México es parte.

Es importante destacar que dentro del Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo solamente el 2.53% del total es agua dulce; de ese pequeño porcentaje hay que tomar en cuenta que la mayor parte se encuentra inmovilizada en los glaciares. En la actualidad, uno de los desafíos mundiales es la satisfacción de las necesidades básicas de agua para el ser humano, de acuerdo con algunos estudios, cada persona necesita ciento sesenta litros de agua cada día.

El derecho al agua está contenido en la Observación General número 15, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, existen ciertos factores que deberán estar presentes en cualquier circunstancia para asegurar el derecho al agua, de tal suerte que debe atenderse y cubrir las siguientes características:

a). Disponibilidad.

b) Calidad.

c) Accesibilidad.

Particularmente, debo recalcar que el derecho al agua debe cubrir una característica fundamental como la calidad.

Esta calidad no está garantizada en los municipios de la Región de la Laguna, debido a la contaminación del agua con arsénico donde se exceden límites fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En la zona, el agua potable que se distribuye mantiene una concentración de arsénico de 50 microgramos por litro de agua y en otros lugares de la zona llega a alcanzar entre 200 y 300 microgramos de arsénico por litro. Los niveles de arsénico detectados en las redes de distribución y en los pozos de agua están muy por encima de los límites permitidos por normas nacionales e internacionales. La mayor amenaza para la salud pública es que por el consumo de agua se puede causar cáncer y lesiones cutáneas, también se asocia a problemas de desarrollo de enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes.

El arsénico es una de las 10 sustancias químicas que la OMS considera más preocupantes para la salud pública. Los esfuerzos de la Organización por reducir la exposición al arsénico incluyen el establecimiento de valores guía, el examen de los datos científicos disponibles y la formulación de recomendaciones para la gestión de los riesgos.

Es de suma relevancia garantizar a toda persona el derecho fundamental a acceder y utilizar el agua potable, en cantidad suficiente, salubre, aceptable y asequible según lo dispone la Constitución Federal en su artículo 4º.

Para lograr con el objetivo, es importante que de los recursos federales contenidos en el Fondo Metropolitano se le destinen recursos suficientes en obra de infraestructura para dotar de agua de calidad a la región de la Laguna y así garantizar el derecho al agua de calidad.

Los recursos del Fondo Metropolitano tienen como propósito destinar prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución.


Resulta importante resaltar que el fondo metropolitano debe estar en concordancia con los planes estatales de desarrollo, cuya aplicación de los recursos es a cargo de los Gobiernos de los Estados a través de su Consejo de Desarrollo Metropolitano, sujetándose para su financiamiento a criterios objetivos de evaluación de costo y beneficio, así como de impacto metropolitano, económico, social y ambiental.

Es importante recalcar que la zona metropolitana de la Laguna está integrada por importantes poblaciones y en donde destacan cuatro municipios: Torreón y Matamoros por parte del Estado de Coahuila y Gómez Palacio y Ciudad Lerdo por parte de   Durango.

Por lo anterior, dentro del presente ejercicio fiscal la zona metropolitana de la Laguna tiene un presupuesto asignado de 604.4 millones de pesos. Las instituciones que operan el Fondo Metropolitano de la Zona son:

1) El Consejo para el Desarrollo Metropolitano de La Laguna.

2) El Instituto Municipal de Planeación y la Competitividad de Torreón.

3) Consejo Cívico de las Instituciones Laguna.

4) Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Torreón y Matamoros).

5) Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Gómez Palacio y Ciudad Lerdo).

6) Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada.

7) Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Es importante que dentro del Fondo Metropolitano para el próximo año 2016 se incrementen los recursos para que se pueda dar cumplimiento al derecho al agua. Por ello es mi más sincero exhorto a la colegisladora para que dentro del análisis y discusión del presupuesto de egresos de la federación correspondiente al ejercicio fiscal 2016 se incrementen los recursos para garantizar el derecho al agua de calidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se adicionen recursos suficientes para el Fondo Metropolitano de la Zona de la Laguna para garantizar el derecho al agua de calidad.

Dado en el salón de Plenos de la Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.





 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz, a hacer efectiva la construcción del centro de readaptación social de Medellín de Bravo, Veracruz. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.







 

Les informo también que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

De los Senadores Jesús Casillas Romero y Angélica del Rosario Araujo Lara, del grupo parlamentario del PRI, sobre la conmemoración del “Día del Urbanista”.

EFEMERIDE

De los Senadores Jesús Casillas Romero y Angélica Araujo Lara, grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre la conmemoración del Día del Urbanista.

El 8 de noviembre es el día de forjadores de los derechos humanos asociados al territorio, como el tener una vivienda adecuada, al trabajo, a la educación, a la salud, todo en la medida que el hacer posible el derecho a ciudades funcionales pueden aportar para que algunos otros derechos como los enunciados, sean posibles: Los Urbanistas.

Y esto es así, en virtud de que el urbanismo ha adquirido una importancia sin precedentes, ante dos propósitos imprescindibles: Reorganizar las viejas ciudades y la fundación de las nuevas de acuerdo con criterios más racionales y sustentables.

Los urbanistas se proponen mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las metrópolis, con la creación espacios verdes que sirvieran de pulmones a las ciudades, diseñando sistemas de eliminación de los residuos, reduciendo el tiempo de traslado desde las áreas residenciales a las de trabajo, racionalizando las rutas de circulación del tránsito y combatiendo el hacimiento, entre otros avances; atendiendo a la funcionalidad y dinamismo de los centros de población.

Breve síntesis que nos deja ver a grandes rasgos la trascendencia de las actividades de nuestros amigos, que tienen como tarea diaria, el objetivo de lograr las mejores formas de hacer ciudades.

Por ello, bien merecido tienen que el mismo día que se celebra el “Día Mundial del Urbanismo”, también sea “Día Mundial del Urbanista”: El día 8 de noviembre.

La organización internacional que dio origen a la celebración del Día Mundial del Urbanismo fue fundada en 1949 por el fenecido profesor Ing. Carlos María Della Paolera, primer catedrático de urbanismo en la Argentina, ex director del Instituto de Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Surgió de su propuesta para convocar al mundo a un día para la discusión del Urbanismo. Desde entonces se celebra en innumerables países que se hicieron eco de la invitación, y la mantienen desde hace más de sesenta años.

De la importancia de los profesionales del urbanismo estamos conscientes en esta Honorable Cámara de Senadores, de ahí que 13 de diciembre de 2013, a propuesta de la Senadora Angélica Araujo Lara, se aprobó declarar el 8 de noviembre como “Día del urbanista mexicano”. Aprobación que fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis dictaminación y segura aprobación.

Por ello, compañeros legisladores, proponemos hacer este 8 de noviembre un merecido reconocimiento a todas aquellas personas que se ocupan y preocupan por conseguir espacios urbanos más humanos, cómodos, accesibles, incluyentes, saludables, habitables, respetuosos con el medio ambiente y por ende, de una mejor calidad de vida para sus pobladores.

Mis más sinceras felicitaciones y reconocimiento a los urbanistas mexicanos, el 8 de noviembre en su día.

¡Muchas felicidades!

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 5 de noviembre de 2015.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.





 

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados”.

EFEMERIDE

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, conmemoración del Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados, 6 de noviembre.

“Debemos utilizar todas las herramientas a nuestra disposición, desde el diálogo y la mediación hasta la diplomacia preventiva, para evitar que la explotación insostenible de los recursos naturales alimente y financie los conflictos armados y desestabilice los frágiles cimientos de la paz”

Ban Ki-moon

El fenómeno de la destrucción del Medio Ambiente es tan arcaico como la guerra misma. Los romanos vertían sal sobre las tierras que rodeaban Cartago para hacerlas estériles, los turcos destrozaron los bosques del Líbano para construir ferrocarriles y aunque no se hayan valorado los daños ambientales de los conflictos armados hasta hace relativamente poco (porque también en la actualidad la capacidad destructora del ser humano es mayor que en el pasado), el uso del medio ambiente con fines militares no es nuevo. Hace ya 5.000 años, en las disputas entre ciudades en Mesopotamia, se demolían los diques y las presas para inundar los campos enemigos como estrategia de guerra.

Si bien la humanidad siempre ha contado sus víctimas de guerra en términos en soldados, civiles muertos y heridos, ciudades y medios de vida destruidos, con frecuencia el medio ambiente ha sido sacrificado cruelmente. Los pozos de agua han sido corrompidos, los cultivos incendiados, los bosques talados, los suelos dañados y los animales sacrificados para obtener el triunfo militar.

Para sensibilizar sobre este asunto, la Asamblea General de la ONU declaro el Día Internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y los conflictos armados, el cual fue reconocido con la  resolución 56/4.

Conjuntamente, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) el cual nos arroja que en los últimos 60 años al menos el 40% de los   conflictos internos han tenido alguna relación con la explotación de los recursos naturales, tanto por ser considerados de numeroso valor, como madera, diamantes, oro, minerales o petróleo, como por ser escasos, por ejemplo, la tierra fértil y el agua. Cuando se trata de conflictos relativos a los recursos naturales se duplica el riesgo de recaer en el conflicto.

Las Naciones Unidas así también otorga gran importancia a garantizar que la actuación sobre el medio ambiente es parte de la prevención de conflictos, del mantenimiento de la paz y de las estrategias de consolidación de la paz, porque no puede haber paz duradera si los recursos naturales que mantienen los medios de subsistencia y los ecosistemas son destruidos.

H. Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2015.

Atentamente

Sen. Sonia Rocha Acosta.





 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, sobre la Promulgación del Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional.







 

Del Senador Jesús Casillas Romero, grupo parlamentario del PRI, sobre la conmemoración en México del “Día del Ferrocarrilero”.

EFEMÉRIDE

Del Senador Jesús Casillas Romero, grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre la conmemoración en México del Día del Ferrocarrilero

El día 7 de noviembre de cada año se conmemora en nuestro país el “Día del Ferrocarrilero”. Mujeres y hombres que hicieron y hacen posible el servicio de este emblemático medio de transporte, muy particular en la historia y desarrollo de México.

Esta conmemoración se celebra desde el año de 1944, por decreto presidencial, en evocación a la hazaña histórica y manifestación de grandeza del ser humano, cuando va más allá de su propia vida por salvar la de los demás.

Se trata de los hechos en los que, el martes 7 de noviembre de 1907, un tren cargado de dinamita se dirigía al pueblo de Nacozari; uno de los vagones se incendió y Jesús García Corona, un joven maquinista de 26 años, tomó el control sacando el tren del pueblo salvando la vida de cientos de personas y sacrificando la propia. Desde entonces a Jesús García se le conoce como El Héroe de Nacozari.

El tren llevaba ese día dinamita para la mina de Pilares, a sólo cuatro kilómetros de Nacozari en Sonora. La explosión se escuchó a casi veinte kilómetros de distancia y el cuerpo de Jesús García, lanzado por el frente de la máquina, fue identificado sólo por sus botas. Ese día murieron 12 personas más que estaban cerca de la vía del tren, pero se salvaron los habitantes del pueblo completo por la oportuna acción de Jesús García.

Esta hazaña heroica es narrada por el famoso corrido “Máquina 501”. Existen además, infinidad de casos históricos, de heroísmo, leyendas, aventuras y literatura escrita, gráfica y fílmica en relación con los trenes y sus tripulaciones. Por ejemplo, las historias de la Revolución Mexicana tienen como marco las vías ferroviarias que trasladaban a las personas que andaban en la lucha armada.

Sin duda, el Ferrocarril en México constituye un ícono emblemático, como también aquellos que a bordo participaron de escribir la historia de México con recuerdos tan emotivos.

Por ello, que en esta fecha, 7 de noviembre, se busque reconocer, además de la ofrenda de la propia vida del Héroe de Nacozari para salvar a su pueblo, a todos aquellos que entregan su valioso tiempo, esfuerzo, dedicación y sacrificio en trabajar en las potentes moles de acero y recorrer miles de kilómetros de vía, también llamadas por los propios del gremio, las paralelas de acero; ya sea desde las oficinas de control, guiando un tren o bien dando el mantenimiento a esa importante vía de comunicación que ha servido al desarrollo y fortalecimiento de nuestro país.

Por ello, compañeros legisladores, hagamos este 7 de noviembre un merecido reconocimiento a todas aquellas personas que sirvieron y sirven a su pueblo a través del Sistema Ferroviario del País, así mismo un homenaje a la memoria del Héroe de Nacozari: Jesús García.

Mis más sinceras felicitaciones y reconocimiento a los ferrocarrileros de México, el 7 de noviembre en su día.

¡Muchas felicidades!

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2015.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero
Presidente de la Comisión Especial de Movilidad.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados”.

EFEMÉRIDE

DÍA INTERNACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA GUERRA Y LOS CONFLICTOS ARMADOS
6 DE NOVIEMBRE

Aunque la humanidad siempre ha contado sus víctimas de guerra en términos de soldados y civiles muertos y heridos, ciudades y medios de vida destruidos, con frecuencia el medio ambiente ha sido la víctima olvidada. Los pozos de agua han sido contaminados, los cultivos quemados, los bosques talados, los suelos envenenados y los animales sacrificados para obtener una ventaja militar.

Para concienciar sobre este asunto, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el Día Internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y los conflictos armados, el cual se celebrará el 6 de noviembre de cada año.

Además, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) señala que en los últimos 60 años al menos el 40% de los conflictos internos han tenido alguna relación con la explotación de los recursos naturales, tanto por ser considerados de «mucho valor», como madera, diamantes, oro, minerales o petróleo, como por ser escasos, por ejemplo, la tierra fértil y el agua. Cuando se trata de conflictos relativos a los recursos naturales se duplica el riesgo de recaer en el conflicto.

Las Naciones Unidas concede gran importancia a garantizar que la actuación sobre el medio ambiente es parte de la prevención de conflictos, del mantenimiento de la paz y de las estrategias de consolidación de la paz, porque no puede haber paz duradera si los recursos naturales que sostienen los medios de subsistencia y los ecosistemas son destruidos.

H. Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2015.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre la incorporación de México a la Organización de las Naciones Unidas, el 7 de noviembre de 1945.

EFEMÉRIDE

Del Grupo Parlamentario del PRI con motivo de la incorporación de México a la Organización de las Naciones Unidas 7 de noviembre de 1945.

Desde su origen en 1945, hasta la actualidad, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha distinguido como el más importante precursor y protector de la paz y la seguridad de los pueblos, así como del combate constante  e incesante en contra de la pobreza y la injusticia en el mundo.

A 70 años de la incorporación de México a la ONU (ocurrida el 7 de noviembre de 1945), es motivo de orgullo expresar que nuestro país forma parte de los 51 Estados fundadores. Es por ello que desde el Senado de la República, hacemos el llamado a reafirmar nuestro compromiso histórico con los principios rectores del organismo.

No es casualidad que en la actualidad la ONU, cuente con 193 miembros, como tampoco lo es que durante este tiempo nuestro país haya mantenido una relación e interacción responsable, constante, solidaria y oportuna. Sin duda, el 7 de noviembre constituye una fecha emblemática en la incursión de México en el concierto de las naciones, situación que se observa en el orden jurídico nacional.

Es preciso señalar que en todo momento nos hemos conducido como un país de vanguardia, con amplia vocación multilateral, apertura al diálogo, capacidad de negociación y por supuesto con gran sentido social, elementos que nos posicionan como una nación con responsabilidad global ante los retos impuestos por la dinámica inherente a la segunda parte del siglo XX y lo que va del XXI. 

Resulta incuestionable que hoy más que nunca, la Organización de las  Naciones Unidas sigue siendo el máximo foro multilateral y el marco por excelencia para construir, fomentar e impulsar estrategias comunes, viables y asequibles en la búsqueda de soluciones colectivas a los problemas que trasgreden a la población mundial.

México tiene un papel fundamental, basta recordar nuestra notable participación en acontecimientos que en su momento marcaron un parteaguas y cambios de paradigmas, entre ellos la solución pacífica de controversias; la promoción del desarme, en particular con el Tratado de Tlatelolco que estableció la primera zona libre de armas nucleares en un área densamente poblada.

Por otro lado, en materia de protección al medio ambiente, por mencionar algunas de las acciones más sobresalientes, el Estado mexicano ha sido sede para los trabajos regionales de la Conferencia regional preparatoria de la Conferencia de Río en marzo de 1991, en la que se adoptó la "Plataforma de Tlatelolco"; y resaltó la importancia del consenso internacional para adoptar las medidas ambientales destinadas a resolver los problemas ambientales transfronterizos o mundiales en la "Agenda 21" de 1994.

Otro aspecto que no podemos omitir al referirnos a la participación de México en la Organización de las Naciones Unidas, es el hecho de que a partir de 1947, reconocemos la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, organismo en el cual incluso han participado notables juristas mexicanos, entre ellos Isidro Fabela y Luis Padilla Nervo.

A través de los años nos hemos caracterizado por las contribuciones relacionadas con temas de vital importancia dentro del ámbito nacional y mundial, entre los que destacan la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres; así como el reconocimiento de los derechos de los migrantes y sus contribuciones al avance de los países de origen y de destino.

Acciones que hoy no sólo forman parte de la legislación internacional, sino que además se encuentran consagrados como derechos humanos en la Constitución Federal, prueba de ello es el control de la convencionalidad, el cual da pauta a una tutela más eficaz, eficaz y amplia de los derechos fundamentales.

En la actual administración, hemos contribuido en la formulación de la nueva agenda de desarrollo sostenible para 2030, la cual contempla un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, así como del fortalecimiento de la paz universal y el acceso a la justicia. Lo anterior, es prueba de la vigencia y la capacidad transformadora del multilateralismo inherente al Estado mexicano.

A partir de las consideraciones y argumentos vertidos, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, nos congratulamos por el 70 aniversario de la incorporación de México a la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, hacemos el llamado a continuar fortaleciendo las relaciones de México en el ámbito internacional, siempre en favor del respeto de los derechos humanos. 





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día del Paludismo en las Américas”.

EFEMÉRIDE

DÍA DEL PALUDISMO EN LAS AMÉRICAS
6 DE NOVIEMBRE

El paludismo o malaria, es una enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos infectados. Dicha enfermedad es prevenible y curable.

El paludismo se transmite exclusivamente por la picadura de mosquitos del género Anopheles. La intensidad de la transmisión depende de factores relacionados con el parásito, el vector, el huésped humano y el medio ambiente.

La transmisión también depende de condiciones climáticas que pueden modificar el número y la supervivencia de los mosquitos, como el régimen de lluvias, la temperatura y la humedad. En muchos lugares la transmisión es estacional, alcanzando su máxima intensidad durante la estación lluviosa e inmediatamente después. Se pueden producir epidemias de paludismo cuando el clima y otras condiciones favorecen súbitamente la transmisión en zonas donde la población tiene escasa o nula inmunidad, o cuando personas con escasa inmunidad se desplazan a zonas con transmisión intensa, como ocurre con los refugiados o los trabajadores migrantes.

El Día del Paludismo en las Américas, celebrado el 6 de noviembre, ha sido concebido como una plataforma para que los países de la Región puedan llevar a cabo una campaña dinámica contra la enfermedad durante todo el año.

Esta conmemoración tiene por objetivo Mejorar el proceso de comunicación y la promoción a todos los actores, socios interesados y audiencia destinataria, aumentar la visibilidad y el interés por la malaria en la Región de las Américas así como la carga que representa esta enfermedad para la población mundial, aumentar el conocimiento y la comprensión de los temas claves entre la población y la audiencia destinataria, suscitar cambio de actitudes y modificación de los comportamientos y promover el apoyo a la lucha contra el paludismo a largo plazo, incluyendo la eliminación de la transmisión local en zonas donde sea factible.

Atentamente

H. Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2015.

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo martes 10 de noviembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:13 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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