Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 27 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 21

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 27 de Octubre de 2015

SUMARIO                                              


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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y de los Senadores del grupo parlamentario del PRD)

Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.






De los Senadores Manuel Humberto Cota Jiménez, Mely Romero Celis, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Margarita Flores Sánchez, María Hilaria Domínguez Arvizu, Arturo Zamora Jiménez, Jesús Casillas Romero, José Ascención Orihuela Bárcenas y María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que en coordinación con los gobiernos de los estados de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, emitan la declaratoria de desastre natural en el sector agropecuario y se liberen los recursos del Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero, para mitigar los daños ocasionados a los productores del sector por las afectaciones que dejó a su paso el huracán “Patricia”. Se turna a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Protección Civil.


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.


(Presentadas por el Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, a nombre propio y de los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Francisco Salvador López Brito, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Víctor Hermosillo y Celada, Raúl Gracia Guzmán, Juan Carlos Romero Hicks, Rosa Adriana Díaz Lizama, Sonia Mendoza Díaz, Martha Elena García Gómez, Javier Corral Jurado, Fernando Yunes Márquez, César Octavio Pedroza Gaitán, Laura Angélica Rojas Hernández, Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo Aburto, Jorge Luis Lavalle Maury, Ernesto Ruffo Appel, Mariana Gómez del Campo Gurza, Dolores Padierna Luna, Armando Ríos Piter, Alejandro Encinas Rodríguez, Maki Esther Ortiz Domínguez, Miguel Barbosa Huerta y Benjamín Robles Montoya)





























PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XV Y XVI AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

(Dictamen de segunda lectura)

Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera. Las comisiones unidas presentan propuesta de modificación que se aprueba. Intervienen al respecto los Senadores David Monreal Ávila, se inserta su intervención; Daniel Gabriel Ávila Ruiz; Marco Antonio Blásquez Salinas, quien presenta propuesta de modificación al artículo 4 que no se admite; y Lilia Guadalupe Merodio Reza, se inserta su intervención. Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.









































 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

APERTURA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (11:38 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro electrónico de asistencia, se tiene una asistencia de 75 Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria.

Se abre la sesión del martes 27 de octubre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y cuatro minutos del día jueves veintidós de octubre de dos mil quince, encontrándose presentes ochenta y cinco ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del veinte de octubre de dos mil quince.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, el Informe de su participación en la VI Conferencia Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, celebrada en Yogyakarte, Indonesia, del 6 al 8 de octubre de 2015.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, oficio sobre la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de América de bloquear fondos destinados a México de la Iniciativa Mérida.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, oficio suscrito por el Lic. Luis Raúl González Pérez, por el que informa que en el mes de octubre el Doctor Jorge Agustín Bustamante Fernández y el señor Marcos Fastlicht Sackler culminan su periodo como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

El Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y del Título Vigésimo Sexto del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Javier Lozano Alarcón, a nombre propio y diversos Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013.- Se turnó a las Comisiones Unidas  de Puntos Constitucionales; de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto, a nombre del Sen. Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones, para ampliar el plazo de finalización de la transición digital en la radiodifusión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos.

 

El Presidente de la Mesa Directiva emitió un pronunciamiento por el Día del Médico.

(Dictamen a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.- Para presentar el dictamen intervino el Senador Enrique Burgos García, por la Comisión de Puntos Constitucionales.

 

El Presidente de la Mesa Directiva decretó un receso para recibir en Sesión Solemne la visita del Presidente de la Cámara de Consejeros de la Dieta Nacional de Japón.

 

(RECESO)

 

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

El Presidente de la Mesa Directiva reanudó la sesión.

(Dictamen a discusión)

Se continuó con la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.- En la presentación del dictamen intervino el Senador Ernesto Gándara Camou, por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. El Senado Mario Delgado Carrillo presentó voto particular. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios hicieron uso de la palabra los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT, Jorge Aréchiga Ávila del PVEM, Armando Ríos Piter del PRD, Héctor Larios Córdova del PAN, Isaías González Cuevas del PRI. Para presentar el dictamen intervino el Senador Alejandro Encinas Rodríguez por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con propuestas de modificación de las comisiones dictaminadoras a los Artículos Segundo, Quinto y Noveno Transitorios. La Asamblea autorizó integrarlas al dictamen  para su discusión. En la discusión en lo general, hicieron uso de la palabra los senadores: Armando Neyra Chávez del PRI, a favor; Javier Lozano Alarcón del PAN, a favor; Dolores Padierna Luna del PRD, a  favor; Manuel Bartlett Díaz del PT, a favor; Itzel Ríos de la Mora del PRI, a favor; Pilar Ortega Martínez del PAN, a favor; Angélica de la Peña Gómez del PRD, a favor; Luis Sánchez Jiménez del PRD, a favor; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, a favor; Zoé Robledo Aburto del PRD, a favor; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor; Lorena Cuéllar Cisneros del PRD, a favor; Fernando Mayans Canabal del PRD, a favor; Teófilo Torres Corzo del PRI, a favor. El Presidente de la Mesa Directiva informó  que los senadores Benjamín Robles   Montoya, Isidro Pedraza Chávez, Raúl Morón Orozco y las senadoras Lilia Merodio Reza y Adriana Díaz Lizama entregaron los textos de sus intervenciones para integrarse al Diario de los Debates. El Senador Mario Delgado Carrillo presentó reservas al artículo 123, y propuestas de adición de tres artículos transitorios con números décimo, décimo primero y décimo segundo, los    cuales no se admitieron a discusión. El Senador Fidel Demédicis Hidalgo presentó  una propuesta de adición de un artículo décimo transitorio, la cual no se admitió a discusión. El proyecto de Decreto con las modificaciones de las comisiones, aceptadas por la Asamblea, fue aprobado por 90 votos  en pro. Se devolvió a la Cámara de  Diputados.

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones ordinarias.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo por el que se designa al C.P. Rubén Calderón Luján como Contralor Interno de la Cámara de Senadores.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. El funcionario rindió su protesta de ley.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con las ratificaciones y ampliaciones de turno que se autorizaron en la reunión del día de hoy: 1) Se amplió el turno a tres proyectos de Decreto de reformas constitucionales, en materia de paridad de género en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentados los días 7 y 20 de octubre pasados, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda, y 2) Se ratificó el turno a 7 proyectos de reforma a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para que sea la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, la que concurra en el dictamen conjuntamente con las otras comisiones.- Los turnos fueron ratificados, el listado de los asuntos se publicará en la Gaceta.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 1 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que modifica el inciso a) del Artículo Sexto Transitorio del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, publicado el 20 de diciembre de 2013.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Energía; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 13, fracción xi de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 33, fracción viii de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones   Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan la Ley General de Educación y la Ley de Asistencia Social, para garantizar el acceso a la educación de los hijos de las personas con capacidades diferentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 172 BIS a la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso d) del artículo 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que  solicita a la Secretaría de Turismo llevar a cabo una evaluación para determinar   aquellas localidades de los pueblos mágicos que han dejado de cumplir con los propósitos de política pública diseñados para el programa.- Se turnó a la Comisión de  Turismo.

 

De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar ciertas modificaciones a la NOM-026-SEMARNAT-2005, para incorporar las diversas técnicas de resinación con el objetivo de mejorar la productividad de las actividades     relacionadas con el aprovechamiento comercial de resino de pino.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De los Senadores Raúl Morón Orozco, Angélica de la Peña Gómez, Alejandro Encinas Rodríguez, Iris Vianey Mendoza, Armando Ríos Piter, Fidel Demédicis   Hidalgo, Dolores Padierna Luna, Zoé Robledo Aburto, Lorena Cuéllar Cisneros, Rabindranath Salazar Solorio, Sofío Ramírez Hernández, Isidro Pedraza Chávez y Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a presentar su diagnóstico sobre las escuelas normales.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación del estado de Chiapas a enviar un informe en el que se indique con basé en qué normatividad se les ha negado la educación a hijos de migrantes centroamericanos.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir una norma oficial mexicana sobre osteoporosis; y que la atención de osteoporosis severa se incluya en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, para asegurar su tratamiento adecuado.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Francisco Salvador López     Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que en las acciones llevadas a cabo en el combate al crimen organizado en los estados de    Sinaloa, Durango y Chihuahua, se       respeten los derechos humanos de las personas que habitan en las comunidades.-  Se turnó a la Comisión de Derechos  Humanos.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Secretario de Desarrollo Social del Gobierno Federal información de cuáles son los ajustes en las políticas públicas para la reducción de la pobreza extrema.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a la Secretaría de Educación Pública a rendir un informe acerca del otorgamiento de becas escolares en todos los niveles educativos.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De las Senadoras Graciela Ortiz González, Blanca Alcalá Ruiz y Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los entes públicos de los tres órdenes de gobierno a considerar la participación de las mujeres en igualdad de condiciones, en los procesos de contratación de obra pública.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a dictaminar la minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4° y se reforma la fracción xxix-p del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Carlos Manuel Merino Campos, David Monreal Ávila, Rabindranath Salazar Solorio, Alejandro Encinas Rodríguez, Armando Ríos Piter, Angélica de la Peña Gómez, Zoé Robledo Aburto y Raúl Morón Orozco, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a transparentar e informar todo lo negociado en el Acuerdo de Asociación Transpacífico.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, realice las adecuaciones presupuestales necesarias, a fin de garantizar la partida presupuestal para la permanencia de la aplicación de la prueba de tamiz neonatal ampliado y auditivo.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su respaldo a la Secretaría de Educación Pública por las acciones emprendidas para instrumentar la reforma educativa.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a realizar los ajustes necesarios a fin de incrementar la cantidad de recursos al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 en el Ramo 08, destinado a la  Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones Agroalimentarias y la Agricultura Protegida.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar los criterios y estrategias que utilizarán en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 para revertir los recientes resultados sobre desigualdad, presentados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Delegación Cuauhtémoc a presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por la entrega irregular de 1 millón 579 mil pesos a servidores públicos de la demarcación.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta    Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación  para 2016, se contemple y apruebe incrementar los recursos destinados en el Ramo 12 a la salud mental.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a  instrumentar campañas de concientización e información en relación a los efectos del cambio climático, a fin de prevenir y atenuar los efectos nocivos de este fenómeno.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, José María Martínez Martínez, Adolfo Romero Lainas y Martha Palafox Gutiérrez, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a desarrollar e implementar un protocolo que garantice la retención escolar de las madres adolescentes y estudiantes embarazadas.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados a que considere invitar a niñas, niños y adolescentes a participar en la discusión del Anexo 18 “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores Iris Vianey Mendoza Mendoza y Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal el cumplimiento puntual de las acciones ejecutivas necesarias para atender las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos derivados de convenciones internacionales de las que el Estado Mexicano es parte.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos el primero, segundo y cuarto resolutivos; a la Cámara de Diputados el tercero.

 

De la Senadora Ivonne Liliana Álvarez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se considere un subsidio federal de 140 millones de pesos al Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González” de la Universidad Autónoma de Nuevo León.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de la carretera Candela, estado de Coahuila a Colombia, estado de Nuevo León.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos públicos suficientes para la atención de los problemas de la desigualdad de género y violencia contra las mujeres en el estado de Jalisco, a través del programa Centros de Justicia para las Mujeres.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, a fin de establecer como monto total de erogaciones en materia de pueblos indígenas la misma cantidad aprobada para el año 2015, tomando en cuenta el factor inflacionario de 3.1% estimado en los criterios generales de política económica para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se realicen los ajustes necesarios para incrementar los recursos federales destinados a la inversión pública productiva en el estado de Jalisco.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a realizar una adecuación al Presupuesto de Egresos de la Federación para que no sean afectadas las partidas presupuestales destinadas a la educación y al desarrollo de ciencia y tecnología, específicamente de la Universidad Nacional Autónoma de México; del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma de México y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se prevea una asignación de recursos etiquetados para ser destinados a la ejecución de proyectos de rehabilitación carretera en el estado de Jalisco.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos económicos por la cantidad de 363 millones de pesos para ser destinados al “Programa de Regeneración Urbana del Centro Histórico de Guadalajara”.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos económicos por la cantidad de 332 millones de pesos, para ser destinados al proyecto “Ciudad Creativa Digital”.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se prevea una asignación de recursos o subsidios adicionales para el estado de Jalisco, para ser destinados a los trabajos relacionados con la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la    Secretaría de Relaciones Exteriores a rendir un informe sobre la licitación Pública Internacional signada bajo el numero LA-005000999-T2-2015, en la cual resultó ganadora la empresa Veridos México; asimismo, rinda un informe sobre las causas que motivaron la falla del sistema de expedición de pasaportes, así como del número de ciudadanos, en especial en el estado de Nuevo León.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos, especialmente dirigidos a la atención integral de la problemática de las niñas, niñas y adolescentes en situación de calle y trabajo infantil en el estado de Jalisco.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a emitir un informe del proceso implementado para realizar el apagón analógico en el estado de Nuevo León.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se prevea una asignación de recursos por la cantidad de $ 5’498,525.91, para la construcción de un plantel del Colegio de Bachilleres del estado de Jalisco, en la localidad de San Isidro Matancillas del municipio de Ojuelos de Jalisco.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se realicen los esfuerzos conducentes para que se asignen recursos por la cantidad de 500 millones de pesos para ser destinados al proyecto “Recinto Ferial de Guadalajara”.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se contemple para el estado de Jalisco un incremento sustancial de recursos en materia de salud para ser destinados a fortalecer las estrategias de prevención, detección y tratamiento del cáncer de mama.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se prevea un incremento sustancial de recursos para la Comisión Nacional Forestal.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se consideren recursos que permitan dotar de mayor fortaleza presupuestal a los órganos garantes, en materia de transparencia, de las entidades federativas.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones información sobre las condiciones de factibilidad para cumplir con el plazo legal establecido para la transición a la televisión digital terrestre.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

(Efemérides)

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride en torno al Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Cáncer de Mama.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día del Médico en México.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día del Médico.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día del Médico.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el 201 aniversario de la Constitución de Apatzingán.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día de las Naciones Unidas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Poliomielitis.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el 201 aniversario de la Constitución de Apatzingán.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día del Médico.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de las Personas de Talla Baja.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día de las Naciones Unidas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el 201 aniversario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos y citó a la siguiente el próximo martes veintisiete de octubre a las once horas.

Fin de la sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, de la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, con la que remite su informe de actividades legislativas, mismo que presentó el 19 de octubre pasado, en Chihuahua, Chihuahua.







 

Una, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la que remite su informe de actividades correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.







 

Y una, de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con la que remite su informe de actividades correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura y su plan de trabajo para el primer año de ejercicio de esta LXIII Legislatura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.





 

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Código Penal Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 154 Y 155 Y SE INCORPORA UN PÁRRAFO AL FINAL DEL TÍTULO CUARTO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Patricio Martínez García: Muchas gracias. Con su permiso, señor Presidente. Honorables Senadoras y Senadores:

Presento ante ustedes una iniciativa para reformar los artículos 154 y 155. Es así, que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos mencionados y se incorpora un párrafo al final del Título Cuarto del Código Penal Federal.

El sentido de esta iniciativa es atender un problema que presentan nuestras leyes respecto a la evasión de reos en las cárceles del país.

Para 2013, las estadísticas nos muestran que en el país operan 420 centros penitenciarios, o centros de detención, con aproximadamente 243 mil reos, 80 por ciento del fuero común y 20 por ciento del fuero federal.

Debemos de señalar que, dada su capacidad, en estos centros se estima una sobrepoblación de 48 mil detenidos, lo cual representa un grave problema no solamente de respeto a los derechos humanos, sino también de control y falta de innovación para hacer los cambios al sistema penal para adecuarlo a la realidad en nuestros tiempos.

Es inconcebible que en el país tengamos reclusorios hasta con el 275 por ciento de sobrepoblación; señalo esto como un grave error que se está dejando correr en la administración de justicia; y pronto habré de presentar iniciativas que tiendan a dar solución técnica y presupuestal a este problema.

Hoy presento esta iniciativa reformando el Código Penal Federal para que, como ocurre en otros países, el quebrantamiento de sanciones y la evasión de una cárcel, siendo procesado o sentenciado, por sí mismo sea un delito, para el cual se establecen penas adicionales a las que se hace acreedor quien promueva o ayude a un detenido para su evasión, y a este mismo por no atender y respetar una pena que le fue fijada con base en todo nuestro sistema judicial y penal.

No, no es una evasión la que se ha registrado en este país en los últimos años, y tampoco es un reo el que con su evasión ha negado, por la vía de los hechos, las razones sostenidas por la sociedad en toda nuestra estructura jurídica.

Haciendo una somera revisión, en cinco años se tienen registradas 228 evasiones de los centros de detención y, en muchos casos, se ha dado aviso a la sociedad de que nuevamente están sueltos con libertad de tránsito merced a su evasión, personas señaladas por su alta peligrosidad.

Hay que subrayar que la estadística no se actualiza con el reporte de los que fueron recapturados y, además, se tiene en la zozobra a las comunidades, porque quien les agredió está en posibilidad real de reincidir al encontrarse nuevamente en libertad mediante un ilícito para el cual no hay penalización.

Por lo anterior, presento el siguiente proyecto de Decreto.

Único.- Se reforman y adicionan los artículos 154 y 155 y se incorpora un párrafo al final del Título Cuarto del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 154.- Al preso que se fugue no se le aplicará sanción alguna excepto cuando para la evasión obre en concierto con una u otras personas o ejerciere violencia en las personas; o cuando obre con otra o varias personas privadas de libertad y alguna de ella se fugue. La pena aplicable será de seis meses a tres años de prisión.

Si el sentenciado lo fuere por delito grave así calificado por la ley, la sanción antes citada será de uno a cuatro años de prisión por cada una de las sentencias cuyo cumplimiento quebranta.

Artículo 155.- Al reo que se fugue estando bajo alguna de las sanciones privativas de libertad, o en detención o en prisión preventiva, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión. Si se trata de delito grave la pena se incrementará en una mitad por cada una de las sentencias que compurga.

No se computará como lapso compurgado el tiempo que el reo permanezca fuera del lugar fijado para la ejecución de la pena de prisión, detención o prisión preventiva. En todo caso será ponderada la buena conducta que haya tenido antes de la fuga.

Se deroga el artículo 156 y permanecen el 157, 158 y 159.

Los delitos a que se refiere este Título Cuarto merecen resarcimiento patrimonial en términos de lo previsto en la parte general de este Código y demás leyes aplicables.

Transitorio.

Único.- Esta disposición entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Esperando el apoyo de todas y todos ustedes para esta iniciativa, considero que las condiciones de administración de justicia en su parte de ejecución de la pena, deben tener nuestra atención, me parece que esto es solamente una parte.

Creo que cuando una sentencia es para la reclusión de alguien que ha cometido un delito, es para recluirlo, no para tenerlo en el tormento de la promiscuidad y el hacinamiento en el que muchas veces encontramos a los detenidos en las cárceles del país.

Hay que pensar en que los derechos humanos están sistemáticamente ahí violados, y pensemos en la madre, en el padre, en la familia, que tienen a un joven hijo detenido, que son la mayoría jóvenes los que están detenidos en las cárceles del país y que tienen la pena de reclusión. Los padres y las familias tienen la enorme pena de ver en aquellas condiciones a sus hijos.

Es por esto que se requiere una real transformación del sistema de penas, para que de esta manera no tengamos luego el efecto boomerang, en donde la sociedad pretende protegerse recluyendo a quienes cometieron un delito y buscan reformarlos, pero luego se vuelve en una gran catástrofe, por lo que ocurre con las familias, que quedan en la pena también, que está siendo mal ejecutada.

Espero, con esto, que haya una acción rápida que dé una resolución sobre esta iniciativa que hoy presento.

Muchísimas gracias.

Iniciativa

El que suscribe, Patricio Martínez García, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII  Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164, numeral I, 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 154 y 155 y se incorpora un párrafo al final del título Cuarto del Código Penal Federal  al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el mes de enero del 2013, se presentó por parte del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, SEGOB, el documento “Estadísticas del Sistema Penitenciario Nacional, Enero 2013.”

En este documento se presenta una radiografía numérica de la situación en los centros penitenciarios de nuestro país.

A inicios del año 2013, existían en nuestro país 420 cárceles, de las cuales 15 dependían del Gobierno Federal, 11 del Gobierno del Distrito Federal, 303 de gobiernos estatales y 91 de gobiernos municipales.

En estos centros se encontraban recluidos a esa fecha, 242 mil 754 reos, de los cuales el 80% purgaban delitos del fuero común (193 mil 194) y 20% por delitos del fuero federal (49 mil 560), el 95% de los internos eran hombres (231 mil 113) y 5% mujeres (11 mil 641).

En la totalidad de estos centros, existía una sobrepoblación de 47 mil reos en 220 centros penitenciarios.

El documento elaborado por el Centro de Políticas Públicas México Evalúa, denominado “La cárcel en México: ¿Para qué?” presentado en 2012, señala que existen varios centros penitenciarios  en el país (aquellos con mayor capacidad) que presentan condiciones graves de hacinamiento.

Algunos incluso tienen ocupación superior a 200%. En el Distrito Federal destacan los casos del Reclusorio Preventivo Sur (274.17%), el Reclusorio Preventivo Oriente (225.87 por ciento), el Reclusorio Preventivo Norte (217.65%), en Jalisco, los casos del Cereso 1 Puerta Grande (275.47%) y el Reclusorio Preventivo de Guadalajara (234.10%).

De igual forma, en Baja California, el Cereso de Tijuana presenta un porcentaje de ocupación de 246%. Todos estos reclusorios son una bomba de tiempo, puesto que los motines y la violencia al interior de las cárceles son en gran parte el resultado de las condiciones de hacinamiento y la lucha por el espacio.

Estos indicadores son además, factores que propician potencialmente que las personas privadas de libertad mediante una sentencia o las que sufren prisión pero están sometidas aún a esa cautela muy especial impuesta por jueces ante quienes se les siguen causas conforme a las normas del debido proceso, pretendan recuperar la libertad mediante la fuga por diversos medios o auxilien a otros.

Esta fuga equivale a la evasión del reo o procesado, a la prisión como pena o medida de cautela que la autoridad judicial impuso de manera legítima, porque la persona recluida es ya culpable de uno o varios delitos o está en prisión preventiva como probable autor de conductas graves merecedoras de sanciones también severas. 

Desde luego la fuga queda totalmente fuera de lo permitido y puede ser lograda a través de múltiples formas: tráfico de dinero, influencia, intimidación, violencia física sobre las personas recluidas o que prestan servicios a los centros de reclusión, daños a las instalaciones materiales y ya en épocas recientes, a los sistemas electrónicos que forman parte de la infraestructura y comprometen seriamente la integridad física y moral de servidores públicos que tienen a su cargo el monitoreo constante a través de la red interna.

En general, los medios son múltiples para lograr la evasión y permanecer fuera del reclusorio; incluso el riesgo se extiende a personas que eventualmente pudieren estar en el centro de reclusión por cualquier motivo lícito o cuando ocurre fuera, por circunstancias fortuitas o propiciadas por quien o quienes se evaden (hospitales, consultorios médicos, salas de audiencia para trámites judiciales, etc.). Es claro que fuera del reclusorio el riesgo de daños a terceros se incrementa exponencialmente.

Es sobradamente conocido que cualquier persona, aun bajo estatus de privación de libertad, pretende recobrar esa libertad porque la naturaleza del ser humano se opone al encierro o la reclusión. Sin embargo, ya bajo el debido proceso y sus principios ancla, entre otros el cabal respeto a derechos de las personas víctimas, la perspectiva sufre variaciones significativas, merece diverso tratamiento para evitar, a manera de prevención general, que pudiere resultar especialmente atractiva de una parte, la evasión de personas bajo prisión como pena o meramente preventiva, en espera de sentencia y de otra, que el quebrantamiento de esa pena o cautela  resulte totalmente inocua; incluso sin estimar el serio riesgo que pudiere sufrir la persona víctima si el sentenciado o procesado logra la fuga por cualquier medio, o sea, quebranta las decisiones judiciales a través de medios que pueden ser  variados; desde luego debe entenderse que la tentativa de esos comportamientos comparte los argumentos expresados.

Si se explora el ámbito del Derecho Comparado no es difícil localizar legislación que refuerza el cumplimiento de las decisiones judiciales pronunciadas en los procesos, ya sea como penas o medidas cautelares. Entre otros, España acepta el “Delito consistente en eludir o intentar eludir el cumplimiento de la pena impuesta”. Y lo incluye en el catálogo de delitos de Código Penal español de la siguiente manera:

Artículo 468 del Código Penal en España:

1. Los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año si estuvieran privados de libertad, y con la pena de multa de doce a veinticuatro meses en los demás casos.

2. Se impondrá en todo caso la pena de prisión de seis meses a un año a los que quebrantaren una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuesta en procesos criminales en los que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, así como a aquellos que quebrantaren la medida de libertad vigilada.

En nuestro país, el artículo 150 del Código Penal Federal contempla el delito de “evasión de presos”, dentro del capítulo de “delitos contra la seguridad”, cuyo texto ha dado lugar a múltiples interpretaciones, por sus defectos semánticos.

Resulta claro que se trata de un ilícito en que incurren las personas que favorezcan la fuga de un reo recluido en un centro penitenciario; incluye además a funcionarios públicos como sujetos de la conducta típica por acción u omisión y en ciertos supuestos a familiares de la persona evadida.

En cambio, si se trata de los reos, se advierte cierta oscuridad que debe ser aclarada, para que el sentido del precepto típico tenga la finalidad sociológica que corresponde, sobre todo si se atiende a la especial tutela que merecen las personas víctimas u ofendidas, dada su calidad de máxima vulnerabilidad que se prolonga en atención al impacto del concreto delito materia de la sentencia o del proceso, según sea el caso, al lado de las especificidades del hecho de evasión.   

Otro precepto similar, respecto al bien jurídico protegido, es el que describe el ilícito denominado QUEBRANTAMIENTO DE SANCIONES, artículo 155 del Código Penal Federal tiene serias fallas en lo que atañe a la consecuencia punitiva, cuando se actualiza el comportamiento típico. De una parte, repite una regla más propia del cómputo de las sanciones cuyo monto, para cualquier cálculo, corresponde a la autoridad judicial, que desde luego está obligada a la verificación del monto de la prisión efectivamente compurgada. De otra; son los Jueces y Juezas de ejecución quienes deben evaluar las cuestiones referidas a la permanencia de la persona recluida durante el lapso de que se trate. Debe procurarse cabal armonía con las nuevas funciones judiciales, según el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Bajo las ideas que anteceden, se subraya que la reforma constitucional que sienta las bases del nuevo modelo procesal y el cabal reconocimiento de los derechos humanos conforme a la Convencionalidad y la propia Constitución, según su artículo 1º, que recién fue reformado, merece respaldo para que sean cumplidas las decisiones judiciales y se proteja  a las personas víctimas y en general a la comunidad. No puede pasar inadvertida para esta Soberanía, que en los últimos cinco años han existido serios incidentes en centros de reclusión en el territorio nacional. Estos centros en su mayoría, alojan a reos procesados o sentenciados por delitos de alto impacto social, delitos que merecen prisión preventiva como cautela durante su o sus procesos o ya compurgaban penas de prisión por delitos de esa gravedad. Una visión rápida a esos hechos de evasión nos recuerda que existieron estas fugas:

• El 11 de julio de 2015, se da a conocer la escandalosa fuga de un reo del penal  de alta seguridad del Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya, Estado de México.

• El 3 de enero de 2015, se fugaron del penal de Atlachoaloaya, en Morelos, 4 reos, uno de ellos fue recapturado en Janchimalco, del municipio de Jojutla, cuando llegaba a la casa de un familiar.

• El 29 de mayo de 2014 se presentó la evasión de 4 reclusos de alta peligrosidad del penal de Culiacán,  Sinaloa, lo que permitió descubrir la existencia de un túnel subterráneo de al menos 100 metros de longitud, que va del interior del centro penitenciario hacia el exterior.

• El 16 de agosto de 2014 cinco reos de alta peligrosidad se fugaron del penal municipal en Ciudad Delicias, Chihuahua. Los cinco reos fugados son peligrosos y salieron del penal fuertemente armados, luego de intercambiar disparos con los custodios.

• El 11 de agosto de 2014 se fugaron siete reos de la cárcel de Santa Martha Acatitla. La Procuraduría capitalina ejerció acción penal y solicitó órdenes de aprehensión contra cuatro custodios y dos empleados del Tribunal Superior de Justicia capitalino, por su presunta responsabilidad.

• El 28 de abril de 2013 tres reos de alta peligrosidad se fugaron del Cereso Tapachula 3. Utilizaron armas cortas e hirieron a un custodio.

• El 13 de noviembre de 2012 un reo peruano se fugó del Centro de Readaptación Social (Cereso) Hermosillo I. Purgaba una condena de 28 años por homicidio.

• El 28 de abril de 2012 se fugaron 10 reos del Cereso de Calera, Zacatecas.  La versión oficial señaló que los 10 internos sometieron a los custodios del Cereso de Calera, les quitaron sus armas y se las llevaron.

• El 19 de septiembre de 2011 fuga simultánea. Un total de 32 reos se fugaron de tres Centros de Readaptación Social de Veracruz, durante la madrugada. Los hechos se reportaron en los penales de Duport Ostión en Coatzacoalcos, en Cosamaloapan, ambos ubicados al sur de la entidad y en el de La Toma, que pertenece a Amatlán de los Reyes en la zona centro. De los 32 presos evadidos, 15 de ellos corresponden al fuero federal, mientras que los 17 restantes son del fuero común.

• El 23 de agosto de 2011 tres adolescentes se fugaron del Centro de Internamiento para Adolescentes, en Monterrey. Los tres menores de edad lograron escapar por un hoyo en una malla ciclónica.

• El 25 de mayo de 2011 en Reynosa, Tamaulipas, se escaparon 17 reos del Centro de Ejecución de Sanciones.

• El 18 de diciembre de 2010 se produjo en Nuevo Laredo la mayor fuga de reos en la historia. Por lo menos 141 presos se escaparon del Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo. Eran 83 del fuero común y 58 del fuero federal.

Los Estados, entre otros el estado de Chihuahua, incorpora al Código Penal el delito de Evasión de Presos en varios supuestos, según la gravedad. Sanciona además las conductas cometidas directamente por la persona privada de libertad, si actúa en concierto con otro sujeto u otros presos, cuando uno de ellos se fuga o se utiliza violencia, de acuerdo a los límites de la competencia de las Entidades Federativas.  

La iniciativa que presento busca que, de manera similar a estas  entidades federativas, el Código Penal Federal incorpore un supuesto típico que armonice con el supuesto típico ya previsto, sin afectar la esencia y simultáneamente desaliente las fugas como alternativa fácil que corrompe el debido proceso, durante el trámite e incluso en  la ejecución de la pena de prisión y altera la tranquilidad de la comunidad.

Cabe aclarar que este ilícito de Evasión de Presos, como el denominado Quebrantamiento de Sanción, no está al margen de la reparación de daño. No sólo porque pudiere ser absolutamente factible de acuerdo al medio empleado para la evasión o el mismo quebrantamiento de la sanción entendida en sentido amplio, sino porque implica gastos extraordinarios para la captura de quien evada o quebrante la sanción, sobre todo la privativa de libertad. Esos gastos finalmente son cubiertos por la comunidad, a quien deben ser reintegrados si se atiende a que se trata de delitos contra la Seguridad Pública. Desde luego, esta reparación se sujeta a la normatividad exigible a cualquier petición acusatoria; lo que implica que no  se trata de una petición que agregue sanción de resarcimiento, sino sólo remisión puntual,  para dar sentido al derecho de las personas que, en su conjunto, integran la comunidad a quien se le debe tutela especial.

Es en base a estas consideraciones, que someto a la Consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se reforman y adicionan los artículos 154 y 155 y se incorpora un párrafo al final del título Cuarto del Código Penal Federal  para quedar como sigue:

Artículo 154.- Al preso que se fugue no se le aplicará sanción alguna excepto cuando para la evasión obre en concierto con una u otras  personas o ejerciere violencia en las personas; o cuando obre con otra o varias personas privadas de libertad y alguna de ellas se fugue.La pena aplicable será de seis meses a tres años de prisión.

Si el sentenciado lo fuere por delito grave así calificado por la ley, la sanción antes citada será de uno a cuatro años de prisión por cada una de las sentencias cuyo cumplimiento quebranta. 

Artículo 155.- Al reo que se fugue estando bajo alguna de las sanciones privativas de libertad, o en detención o prisión preventiva se le impondrá de seis meses a dos años de prisión. Si se trata de delito grave la pena se incrementará en una mitad por cada una de las sentencias que compurga.

No se computará como  lapso compurgado el tiempo que el reo permanezca fuera del lugar fijado para la ejecución de la pena de prisión, detención o prisión preventiva. En todo caso será ponderada  la buena conducta que haya tenido antes de la fuga.

    

156 (derogado)

157…

158…

159….

Los delitos a que se refiere este título Cuarto merecen resarcimiento patrimonial en términos de lo previsto en la parte general de este Código y demás leyes aplicables.

TRANSITORIO

UNICO: Esta disposición entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de octubre de 2015.

Atentamente

Sen. Patricio Martínez García.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Martínez García. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño de la Senadora Luz María Beristain Navarrete, por favor.

La Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Para pedirle al Senador Patricio Martínez, si me permite adherirme a esta iniciativa, dado que en Quintana Roo tenemos ese problema de sobrepoblación de las cárceles, y considero que este es un tema vital para tratar en el Senado, dado que esta sobrepoblación en las cárceles es un termómetro de los problemas que existen en dicha comunidad.

Es importantísimo el tema que usted trató, y si me permite, Senador Martínez, adherirme a esta importante iniciativa.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Acepta la adhesión, Senador Martínez García?

Sí la acepta.

Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado.

El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Para pedirle le pregunte al Senador Patricio Martínez si puedo suscribir su iniciativa.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Está usted de acuerdo, Senador Martínez?

El Senador Patricio Martínez García: Sí, señor Senador, con mucho gusto, muchas gracias.

Ojalá que en esto todo el Senado logremos, con una gran unidad, abocarnos para resolver este problema, son muchas las familias que sufren en el país las consecuencias de un sistema anacrónico de ejecución de las penas.

Necesitamos una transformación en esto; y como lo dije, espero pronto presentar una iniciativa en los próximos días, para que en forma conjunta la podamos presentar, y tenga así la fuerza, el enriquecimiento que ustedes le puedan dar a estas iniciativas.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Les comunico que se adhieren los Senadores Rosas Aispuro y Zoé Robledo.

Gracias, Senador Martínez García.

¿Senadora Blanca Alcalá?

La Senadora Blanca Alcalá Ruiz: (Desde su escaño) Con el mismo propósito, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El Senador Hernández Deras. Por favor tome la Secretaría nota de los que están solicitando adherirse a la iniciativa del Senador Martínez García.





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro para presentar, a nombre propio y de diversos Senadores, un proyecto de Decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Aduanera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA Y REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ADUANERA

(Presentada por el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, a nombre propio y de los Senadores Rosa Adriana Díaz Lizama, Martha Elena García Gómez, Sonia Mendoza Díaz, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Ana Gabriela Guevara Espinoza, José María Martínez Martínez, Fernando Yunes Márquez, Isaías González Cuevas, Francisco Salvador López Brito, Héctor Larios Córdova, Ernesto Ruffo Appel, Martín Orozco Sandoval, Aarón Irízar López, Ernesto Cordero Arroyo, Luis Fernando Salazar Fernández, Fernando Torres Graciano, Salvador Vega Casillas y Francisco de Paula Búrquez Valenzuela)

El Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El turismo representa la tercera fuente generadora de divisas en nuestro país. En el 2014, la derrama económica por este concepto fue de 16 mil millones de pesos.

En México, el turismo es un generador de empleos de alta calidad, y el turismo náutico que atrae a turistas de alto nivel genera una derrama económica importante para México.

Hoy México es líder en el turismo náutico en Latinoamérica y debemos procurar que siga siendo así.

Para el año 2030, México pretende ser líder en la actividad turística mundial. Por ello, uno de los objetivos centrales de la política turística nacional es elevar la competitividad de las empresas y destinos.

Si cumplimos este objetivo estratégico, incidiremos directamente en los índices de bienestar social para los mexicanos.

Estamos, compañeras y compañeros Senadores, ante un segmento de mercado creciente al que debemos seguir apostando.

De ahí que la propuesta, en consideración de esta Soberanía, de busca generar certeza jurídica a los propietarios de 3 mil embarcaciones que se importan temporalmente cada año a nuestro país.

Se trata de establecer en la ley aduanera garantías al turismo náutico y evitar cualquier exceso que pudiera inhibir su desarrollo.

Actualmente se cuenta con un régimen de importación temporal por diez años para embarcaciones de recreo y deportivas pagando una cuota en Banjercito; esta es la institución autorizada por el SAT para emitir los permisos de importación temporal. Hoy la ley establece que, ante la falta de permiso de importación temporal, las sanciones aplicables son una multa cuyo monto está entre 130 y 150 por ciento de los impuestos al comercio exterior omitidos, además de que la embarcación pudiera pasar a propiedad del Fisco federal.

Dicha sanción resulta, a todas luces, excesiva.

En virtud de lo anterior, proponemos modificar la Ley Aduanera, a fin de evitar desproporciones jurídicas que afectan la imagen de nuestro país en el extranjero y restan competitividad a nuestros destinos náuticos.

Nuestra propuesta lleva a la Ley Aduanera una figura de autocorrección, con el pago de una multa razonable, en los casos donde exista una omisión menor en importación temporal.

Esta autocorrección tiene como fin dar la oportunidad de evitar la sanción excesiva y desproporcionada que se aplica de manera directa en la ley vigente.

La funcionalidad de esta medida se sustenta en el ejemplo de 2013, cuando el SAT revisó 1,641 embarcaciones, de las cuales 334 fueron embargadas de manera precautoria, pero tras el proceso administrativo y legal que siguió cada uno de los particulares, sólo 3 embarcaciones pasaron a propiedad del Fisco.

El riesgo de un embargo precautorio causa temor entre los propietarios de embarcaciones y genera un ánimo negativo en la industria del turismo náutico nacional y extranjero.

Compañeras y compañeros: los esfuerzos del Estado mexicano se encaminan a garantizar y proyectar internacionalmente a México como un país seguro y justo.

Con esta modificación a la Ley Aduanera podemos evitar una gran cantidad de litigios, a cambio de una autocorrección mucho más sencilla y menos costosa en términos procesales.

Los invito a que, desde la ley, correspondamos a la confianza que muchas personas depositan en nuestro país al invertir, promocionar y visitar nuestros destinos.

Apoyemos la actividad turística nacional, siendo sensatos en la normatividad y evitando actos jurídicos que inhiban el turismo náutico en México.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Sánchez Navarro. Túrnese a la Cámara de Diputados.





 

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y de los Senadores del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente, buenas tardes.

Quiero precisar que lo que presentamos el día de hoy es la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y reforman, adicionan y derogan otras leyes.

Indudablemente, una de las transgresiones, especialmente delicadas para los derechos humanos, es la práctica de la tortura, ya que trae consigo consecuencias graves para la dignidad humana. El hecho premeditado de provocar dolores y humillaciones es la forma más elemental y la más burda de negar la naturaleza que como personas humanas poseemos.

No debemos olvidar que la actividad plenamente consciente de menoscabar la personalidad del individuo, repercute más allá del ámbito físico corporal de la víctima, llega al punto de producirle un sufrimiento emocional, en ocasiones permanente, y las consecuencias del ilícito permean en la familia y en la comunidad social provocando temor e inseguridad duraderas.

La tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes empleados para obtener información y extraer confesiones para intimidar y aterrorizar a determinadas personas o individuos no son, desafortunadamente, problemas privativos de un solo país; se cometen de manera repetida en muchas partes del mundo, no obstante que los Estados en que se padecen han suscrito y ratificado las convenciones internacionales que los prohíben y que sus gobiernos niegan reiteradamente su práctica y existencia.

México, es muy importante recordar, ha suscrito estos tratados internacionales y regionales, entre los que destacan: la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los Convenios de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario y sus diversos Protocolos; el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En todos estos tratados existe la prohibición expresa de cometer tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes en contra de cualquier persona en nuestra nación.

Y en razón del artículo 1o. constitucional, de nuestra Carta Magna, estos tratados son ley suprema en nuestra nación.

Es de destacar, también, que diversos instrumentos normativos internacionales específicos para la prohibición de la tortura son: la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la más reciente del 84; el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 2003; la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas de 2006; el Código de Conducta para Funcionarios  Encargados de Hacer Cumplir la Ley de 1979 y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de 1990.

Asimismo, en el ámbito regional, de la Organización de Estados Americanos encontramos la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura del 85. En el ámbito de la Comunidad Europea, el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes.

Los sistemas internaciones han desarrollado, de igual manera, distintos organismos específicos de control.

Destaco, en el ámbito de Naciones Unidas, el Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura y el Subcomité para la Prevención de la Tortura.

En el ámbito americano, destaca la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y, por supuesto, como podemos observar, este entramado internacional y regional está diseñado con el objeto de prevenir, investigar, sancionar y erradicar estas conductas debido a que la tortura representa una grave afrenta a los derechos humanos, porque vulnera a la persona en lo más elemental de su ser: su dignidad como persona.

En nuestro país, si bien esta conducta está tipificada en el ámbito federal y local en las 32 entidades federativas, en la realidad, debemos reconocerlo, así lo discutimos hace algunos meses cuando reformábamos la Constitución, que la tortura como medio para obtener confesiones, declaraciones incriminatorias o como castigo, es una práctica generalizada y sistemática.

Así ha sido señalado por diversos organismos internacionales, entre ellos, debo recordar, lo especificado por el señor Juan Méndez, Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, quien visitó México entre abril y mayo del año pasado, y expuso en su reciente informe a Naciones Unidas, que la tortura es generalizada en México y ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia y con fines de castigo e investigación.

Ocultar esta realidad no nos lleva absolutamente a ningún lugar. Tenemos que reconocer que esta coincidencia del Relator de Naciones Unidas, también la tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes en su informe preliminar aseguraron que se constató la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia, falta de acceso a la justicia e impunidad, resaltando, entre otras cuestiones, el uso generalizado de la tortura para obtener confesiones.

El primer paso, para modificar la realidad, es conocerla y reconocerla. Por ello, esta iniciativa que presentamos hoy, que se deriva de la reforma constitucional que promovimos y que nos mandata a que a más tardar el 17 de diciembre tengamos la ley secundaria, y después de otorgarnos la facultad al Congreso de la Unión para hacer una sola ley general en todo el país, pues tenemos que destacar que es de suma importancia.

Quiero referir cuáles son los puntos fundamentales de ella:

1. Consideramos que el tipo penal de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, debe ser único para lograr que la descripción típica de la conducta cumpla con lo establecido en los tratados suscritos por nuestra nación y los estándares internacionales en la materia, y no generar ambigüedades o elementos subjetivos en la determinación de la gravedad de la conducta.

2. El particular que es autor o partícipe del delito, también será castigado como torturador, incluso cuando un particular se encuentre ejerciendo actos de autoridad conforme lo establece la Ley de Amparo.

3. La obligación de que cualquier servidor público que no pueda evitar la comisión de un delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o que lo conozca después de consumado, está obligado a denunciarlo ante la autoridad competente de inmediato.

4. También se impone pena de prisión al Agente del Ministerio Público o cualquiera de sus auxiliares que teniendo a su encargo la investigación de alguno de los delitos materia de esta ley la obstruya, la retrase, omita iniciarla o realizarla adecuadamente.

5. Se establece un Registro Nacional Único de Personas Detenidas que deberá ser alimentado en tiempo real.

6. Las autoridades que realicen detenciones deberán dar aviso mediante un dispositivo de geolocalización y envío de datos de dicha detención, y su trayecto entre la detención y la puesta a disposición estará vigilado y quedará registrado en la base de datos.
7. No se consideran como causas excluyentes de responsabilidad de los delitos materia de esta ley el que existan o se invoquen situaciones excepcionales, urgencia en las investigaciones, graves amenazas a la seguridad, conflicto interno, inestabilidad política interna u otras emergencias; tampoco podrá invocarse como justificación la orden de un superior jerárquico o de cualquier otra autoridad o estado de necesidad.

8. Cualquier elemento, dato o prueba obtenido por medio de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, se considera ilícita y, por tanto, se aplicará la regla de exclusión o nulidad de la prueba por violación de los derechos fundamentales.

9. Las procuradurías federal, estatales y del Distrito Federal deberán crear y operar unidades especializadas para la investigación de las conductas previstas en esta ley, que contarán con Ministerios Públicos y policías especializados, recursos humanos, financieros y materiales que requieran para su efectiva operación.

10. Se crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura como un órgano de coordinación y vigilancia que tiene por objeto la supervisión continua de centros de detención y centros e instituciones privadas de detención e interés público, a fin de prevenir hechos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de las personas privadas de su libertad, y estará integrada por el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien la presidirá, y los titulares de los organismos constitucionales autónomos dedicados a la defensa, protección y promoción de los derechos humanos de las entidades federativas, quienes, además de visitar los centros de privación de libertad, estarán obligados a denunciar los casos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de los que tengan conocimiento.

Señoras y señores:

Es de destacar en este punto, que los centros de detención son todos aquellos en los que una persona no dispone de su libertad ambulatoria, incluidos, por supuesto, los reclusorios, pero también los centros migratorios, hospitales, albergues o cualquier otro en que se tenga esta circunstancia.

Termino diciendo que es muy grave lo que hoy nuevamente volvemos a ver en los medios de comunicación, que nos recuerda la terrible tragedia que sobrevivieron centenas de niñas y niños durante más de 60 años en Zamora, Michoacán, en el albergue “La Gran Familia”.

Hoy estamos frente a otro albergue, con circunstancias similares, situación similar, ya no es "Mamá Rosa", es "Mamá Coco"; y quiero decirles que eso que se está padeciendo ahí con esos niños, efectivamente es tortura, son tratos crueles, inhumanos o degradantes.

De tal manera que, con este ejemplo, recuerdo lo que significa la privación de la libertad, como la libertad ambulatoria.

De tal manera que esta iniciativa de ley es, sin lugar a dudas, de una gran trascendencia, y así cumplimos con el mandato de la Constitución.

Esperemos que pronto nos pongamos a trabajar en ese dictamen.

A nombre del grupo parlamentario del PRD, por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora De la Peña Gómez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Senadoras y Senadores, ruego su atención.





 

MINUTO DE SILENCIO

Como es de su conocimiento, el pasado jueves falleció en un lamentable accidente aéreo un destacado zacatecano, quien fuera integrante de esta Cámara de Senadores en distintas legislaturas, el licenciado Tomás Torres Mercado, legislador profesional, que fue también Diputado federal en dos ocasiones, desempeñándose en esta última como Presidente de la Mesa Directiva.

Desde esta representación, manifestamos nuestra solidaridad y profunda pena a la familia por la ausencia de un mexicano que, desde todos los cargos de representación política o de responsabilidad pública, sirvió a México con probada honestidad, impulsando siempre el bien de los demás.

Recordamos a un gran orador parlamentario y un excelente jurista, comprometido con la defensa de la legalidad en todos sus ámbitos; y en su actuación como legislador, demostró siempre capacidad de diálogo.

Solicito a esta Honorable Asamblea, honrar su memoria poniéndose de pie para guardar un minuto de silencio.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Honorable Asamblea, hago de su conocimiento que el día de hoy se han registrado, por conducto de los Senadores Jesús Casillas Romero, Arturo Zamora Jiménez, José María Martínez Martínez, Héctor Yunes Landa, Benjamín Robles Montoya y diversos Senadores del grupo parlamentario del PRI, diversas proposiciones en relación con los efectos del huracán “Patricia” .

En tal virtud, la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara de Senadores, emite el siguiente pronunciamiento:





 

PRONUNCIAMIENTO

Primero. El Senado de la República expresa su reconocimiento a las autoridades encargadas de protección civil del orden federal, de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales, por las acciones oportunas y de coordinación para prevenir los efectos del huracán “Patricia”, así como para atender diligentemente a la población civil, logrando así evitar lamentables pérdidas humanas.

Segundo. El Senado de la República manifiesta su solidaridad con los habitantes de los estados de Jalisco, Nayarit y Colima, por las afectaciones sufridas por el paso del huracán “Patricia” y expresa sus mejores deseos para que a la brevedad recuperen la armonía de sus actividades personales, académicas y laborales.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas afectadas por el huracán “Patricia” para que, en el ámbito de sus atribuciones, destinen los recursos económicos y humanos suficientes para garantizar la prestación de servicios públicos básicos, asistencia médica, rehabilitación de la infraestructura dañada y apoyo al sector agrícola, en los municipios, regiones y entidades afectadas.

Cuarto. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a implementar las acciones pertinentes para lograr la recuperación de las zonas afectadas por el paso del huracán “Patricia” y solicita a la Secretaría de Gobernación valore de manera efectiva los daños generados en la zona y proceda, de ser necesario, a emitir la Declaratoria de Desastre Natural en los lugares que así lo ameriten.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de octubre de 2015.





 

En consecuencia, les informo que a petición de los promoventes daremos turno a las siguientes proposiciones:

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La proposición con punto de Acuerdo de los Senadores Jesús Casillas Romero, Arturo Zamora Jiménez y José María Martínez Martínez, que propone liberar recursos económicos del FONDEN y activar un programa para la aceleración del crecimiento económico en las zonas afectadas por el huracán “Patricia”. Se turna a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Protección Civil.

Los suscritos, Senadores JESÚS CASILLAS ROMERO, ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ y JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, legisladores representantes del Estado Libre y Soberano de Jalisco, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución por la que el Senado de la República urge al Gobierno Federal a liberar recurso económicos del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) y activar un Programa para la Aceleración del Crecimiento Económico en las zonas afectadas por el huracán “PATRICIA”; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los fenómenos naturales ya no son tan naturales y menos atípicos. Desde que las consecuencias que el Calentamiento Global nos han hecho presenciar eventos climatológicos cada vez más graves, hemos dado cuenta de varios que han cobrado vidas humanas y causado enormes daños materiales.

Así, parece que los temporales de lluvia son cada vez menos ordinarios y muestran características diferentes a los considerados como regulares, lo que abarca sus plazos por así decirlo, normales.

Eso se viene advirtiendo ya cada año, y para este no es la excepción, pues gracias a la tecnología pudimos prever que el fenómeno “EL NIÑO” traería para este fin de año eventos meteorológicos relevantes, principalmente en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Puebla.

No pasó mucho tiempo para presenciarlo. Este fin de semana los mexicanos dimos cuenta, nos preocupamos y ocupamos por la entrada de lo que se había advertido como el huracán más poderosos y catastrófico de la historia: el Huracán PATRICIA que tocó tierras mexicanas a través de las costas, principalmente del estado de Jalisco y Colima.

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) instaló el Comité Nacional de Emergencias y activó los protocolos preventivos de respuesta rápida. Fueron habilitados mil 782 refugios temporales con capacidad para 258 mil personas en Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit.

Se destinaron más de 10,400 elementos de las fuerzas federales en tareas de protección y resguardo; se activó el Plan Marina, que en su fase de prevención contó con más de 4,000 elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) destacados en la zona naval y regiones que corresponden a los estados referidos. Además, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) destacamentó a más de 5,900 elementos para dar atención inmediata, a los que se suman más de 500 de la Policía Federal, a través de su Plan de Contingencias en Apoyo a la Población Civil.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reforzó su plan de contingencia. En el operativo participaron 3,710 trabajadores, con 357 grúas y 880 vehículos; entre ellos, 15 vehículos todo terreno, 7 helicópteros, 33 torres de iluminación y 219 plantas de emergencia.

Se instalaron 1,782 refugios temporales con capacidad para atender 258,000 personas: 33 en Michoacán, 237 en Colima, 1,075 en Jalisco y 437 en Nayarit.

Se contó con alrededor de 2,677 camas, de las cuales 394 fueron de urgencias y 84 de terapia intensiva. Más de 2,600 médicos en el sitio y 5,171 enfermeras dispuestas a dar la atención inmediata y atender las afectaciones que pudieran sufrir los ciudadanos.

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS), a través de la Policía Federal (PF) realizó el día viernes por la mañana un despliegue de más de 400 elementos de la Coordinación de Restablecimiento del Orden Público de la División de Fuerzas Federales y de la División de Gendarmería.

Afortunadamente al tocar tierra perdió poder y la cortina montañosa que le sigue a la zona costera apoyó para que sus efectos no fueran tan graves, comparados contra lo que se esperaba.

Las instancias de las tres instancias de gobierno entraron en alerta máxima y junto con la población civil se dio muestra de la solidaridad de los mexicanos. Protección Civil, Bomberos, Puestos de socorro, Policía, Marina, Ejército, Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua, la Universidad de Guadalajara, en fin, todas las instancias se aprontaron a hacer su máximo esfuerzo y se activaron todos los protocolos necesarios para resguardarnos.

Albergues, desalojos de poblaciones en riesgo, aeropuertos paralizados, despliegue enorme de personal puesto y dispuesto a ayudar y proteger. De antemano, muchas gracias a los todos los mexicanos por ello.

Afortunadamente no se registraron pérdidas de vidas humanas, el ánimo y humor de los mexicanos volvió y ni PATRICIA se escapó de los inigualables memes de los mexicanos.

Mas no todo es júbilo, PATRICIA dejó daños materiales y afectaciones a la economía y habitualidad de las personas en los lugares donde impactó su llegada.  

Aun así, convertida en una tormenta tropical, PATRICIA derribó árboles, inundó calles y maltrató edificios a su paso.

Casas, hoteles, hospitales y comercios resultaron dañados en Puerto Vallarta, Manzanillo, Barra de Navidad, Cihuatlán, Melaque, San Sebastián del Oeste, Macota, Tala de Allende, en Jalisco y Colima sin que tenga de momento un recuento completo de daños, pero se sabe de afectaciones en cuando menos  8 mil 289 hectáreas.

La Secretaría de Gobernación emitió la Declaratoria de Emergencia Extraordinaria para varios municipios de Colima, Jalisco y Nayarit, por lo que se activaron los fondos del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN), para que las autoridades estatales contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

Ahora viene lo mejor, es necesario el apoyo y los recursos económicos que permitan reparar daños y reactivar la economía en este lugar.

Para ello, será de gran utilidad los recursos mismos del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) y activar un Programa para la Aceleración del Crecimiento Económico en las zonas siniestradas.

Por ello, además de un merecido reconocimiento a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, la humilde sugerencia de urgir al gobierno federal para dichos fines de liberación de recursos económicos y para resarcir daños y reactivar la economía de estos lugares, en bien de nuestros connacionales afectados y del desarrollo mismo del país.

En mérito de lo anterior, nos permitimos poner a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-El Senado de la República, manifiesta su preocupación por la situación en la que se encuentran cientos de personas damnificadas localizadas en poblaciones de la zona costa del estado de Jalisco generada por el huracán “PATRICIA”.

SEGUNDO.-El Senado de la República urge al gobierno federal a liberar recurso económicos del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) y activar un Programa para la Aceleración del Crecimiento Económico en las zonas afectadas por el huracán “PATRICIA”, principalmente en los estados de Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán a fin de resarcir en la medida posible los daños ocasionados y reactivar la economía de estos lugares.

Dado en la Cámara de Senadores, el 27 de octubre de 2015.

Suscriben

Sen- Jesús Casillas Romero.- Sen. Arturo Zamora Jiménez.- Sen. José María Martínez Martínez.





 

Y la proposición con punto de Acuerdo de los Senadores Manuel Cota Jiménez, Mely Romero Celis, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Margarita Flores Sánchez, María Hilaria Domínguez Arvizu, Arturo Zamora Jiménez, Jesús Casillas Romero, José Ascención Orihuela Bárcenas y María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI, con exhorto para que se emita la Declaración de Desastre Natural en diversos estados para mitigar los daños ocasionados por las afectaciones que dejó a su paso el huracán “Patricia”. Se turna a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Protección Civil.

LOS QUE SUSCRIBIMOS, SENADOR MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, SEN. MELY ROMERO CELIS, SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, SEN. MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, SEN. HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, SEN. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, SEN. JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS Y SEN. MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, DE LA LXIII LEGISLATURA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 8 NUMERAL 1, FRACCIÓN II Y 276, NUMERAL 1, DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA HONORABLE ASAMBLEA, LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA) PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE NAYARIT, JALISCO, COLIMA Y MICHOACÁN, EMITAN LA DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y SE LIBEREN LOS RECURSOS DEL CADENA PARA MITIGAR LOS DAÑOS OCASIONADOS A LOS PRODUCTORES DEL SECTOR POR LAS AFECTACIONES QUE DEJÓ A SU PASO EL HURACÁN “PATRICIA”. ASIMISMO, A LA SEMARNAT, SEDESOL Y SCT PARA QUE IMPLEMENTEN LOS PROGRAMAS DE APOYO DIRIGIDOS AL SECTOR PARA ATENDER LA CONTINGENCIA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

La temporada de huracanes pone a prueba las capacidades institucionales de los tres niveles de gobierno y la cultura de protección civil en la población para prevenir y hacer frente a los embates de la naturaleza. En este contexto, el sector agropecuario mexicano es uno de los más afectados por desastres naturales y que más impactan a la población que depende de él para subsistir.

El huracán “Patricia” pasará a la historia como el fenómeno meteorológico que comprobó que en México, hemos aprendido de las lecciones de la historia para salir avante de las contingencias y la adversidad.

Aun cuando afortunadamente, el huracán perdió la fuerza que mostró en un primer momento al tocar tierra, es indudablemente que las acciones llevadas a cabo por el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y municipales, nuestras Fuerzas Armadas, los medios de comunicación y la sociedad en general, demostraron a México y al mundo entero, nuestra capacidad institucional y colectiva para sortear los embates de la naturaleza.

Patricia se gestó inicialmente como una tormenta tropical que de forma acelerada no solo se convirtió en un huracán de categoría 5, sino en el huracán más poderoso de la historia del mundo, con rachas de viento que superaban los 325 kilómetros por hora, esto es, velocidades que superaban por mucho la escala Saffir-Simpson empleada para la medición de este tipo de fenómenos.

En virtud de ello, autoridades como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Coordinación Nacional de Protección Civil anticiparon que nos enfrentábamos al huracán más grande del que se tenía registro en las costas del Pacífico mexicano.

Ante este escenario, la movilización del Gobierno de la República fue inmediata y oportuna. El Comité Nacional de Emergencias quedó formalmente instalado desde la tarde del jueves 22 de octubre y entre la noche de ese mismo día y la madrugada del viernes 23, el Presidente de la República convocó a una reunión de emergencia, a efecto de establecer las acciones de prevención y de atención a la población, principalmente de los estados de Jalisco, Colima y Nayarit, ante la inminente entrada del huracán al territorio nacional.

Nuestro reconocimiento al Gobierno Federal, a los Gobiernos de las Entidades Federativas de los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, y Michoacán y a los gobiernos municipales por las acciones de prevención, difusión y de protección civil emprendidas, que atenuaron los daños y afectaciones del huracán Patricia a su paso por el territorio nacional.

De acuerdo con los primeros reportes, los daños causados hasta el momento son menores a los que se habían esperado para un huracán de esta intensidad. No obstante lo anterior, se registraron afectaciones severas en el sector agropecuario de nuestro país. De acuerdo con información preliminar, se registraron afectaciones en productos tropicales como papaya, plátano, caña de azúcar, mango y tamarindo con una superficie de más25 mil hectáreas y con menor impacto en cultivos cíclicos como maíz, arroz, y chile en las 4 entidades federativas.

Para hacer frente a este tipo de contingencias, la SAGARPA opera dentro del Programa Integral de Desarrollo Rural, el Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (CADENA), el cual se activa una vez que es declarada la situación de emergencia. El componente tiene como objetos de atención, desastres naturales como fenómenos hidrometeorológicos: sequía, helada, granizada, nevada, lluvia torrencial, entre otros; siendo su población objetivo productores del sector agropecuario de bajos ingresos que no cuenten con algún tipo de aseguramiento público o privado.

El objetivo principal es que los productores del medio rural cuenten con apoyos para la prevención y manejo de riesgos derivados de desastres naturales perturbadores, relevantes, y fortalecer la cultura de la prevención de riesgos.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 se tienen etiquetados 4,134.6 millones de pesos, para la operación de este componente.

Este componente está orientado a apoyar a los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas para prevenir o mitigar los impactos negativos provocados por contingencias climáticas, sanitarias o de mercado, con el fin de contribuir a mantener su patrimonio y permitirles continuar con su actividad productiva.

Reconocemos, que una medida acertada del Gobierno Federal, a través de la SAGARPA ha sido la implementación del seguro catastrófico, que permite atender daños por desastres naturales, como las afectaciones climatológicas. Este aseguramiento está particularmente dirigido a beneficiar a productores de escasos recursos.

A través de un comunicado, la SAGARPA ha informado que a nivel nacional, la Secretaría y los gobiernos estatales, cuentan con una cobertura de aseguramiento para 10 millones de hectáreas en el país y 13.9 millones de unidades animal, en beneficio principalmente, de pequeños productores.

A través del componente CADENA y los gobiernos estatales contrataron una cobertura de aseguramiento agrícola para 1.74 millones de hectáreas en los estados de Colima, Jalisco, Nayarit y Michoacán.

En Colima, 58 mil 203 hectáreas están aseguradas; Jalisco, 642 mil; Nayarit, 184.9 mil, y Michoacán 853.9 mil hectáreas. En lo que se refiere al sector pecuario, están aseguradas 202.7 mil unidades animales de pequeños productores de estos cuatro estados. Estos mecanismos de protección en estas entidades ascienden a una cobertura de 3 mil 258 millones de pesos.

Ahora bien, el componente del CADENA señala también que para los pequeños productores de bajos ingresos, que no cuentan con algún tipo de aseguramiento público o privado, que se vean afectados por desastres naturales relevantes para la actividad agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola, y cuya ocurrencia sea dictaminada por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario o equivalente en la Entidad Federativa y la Delegación Estatal de la Secretaría para lo cual contarán con apoyos directos que les permitan en resarcir daños a sus cultivos, plantaciones, hato ganadero y unidades acuícolas.

En virtud de lo anterior, hacemos un llamado a las autoridades federales y estatales para emitir a la brevedad posible la declaratoria de desastre natural, para liberar los recursos y agilizar la entrega de apoyos a los productores afectados.

Ante la problemática antes descrita que impacta negativamente a los productores del sector agropecuario, tanto la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) implementan programas de apoyo en materia de empleo temporal con la finalidad de contribuir al bienestar de la población que es afectada por emergencias. 

Por las características de las actividades del sector en donde la recuperación necesariamente implica la espera del siguiente ciclo, y al ser la actividad agrícola la única fuente de ingreso de la mayoría de los habitantes del sector rural, los productores enfrentan la necesidad de obtener una fuente de ingresos que les permita cubrir sus necesidades básicas en el corto plazo. Es en este sentido, que a través del presente punto de acuerdo solicitamos la participación del gobierno federal a través de las Secretarías anteriormente señaladas para que, en sus diferentes ámbitos de competencia instrumenten programas de empleo temporal en las localidades afectadas por la contingencia climatológica. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca Y Alimentación (SAGARPA) para que en coordinación con los gobiernos de los estados de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, emita la Declaratoria de Desastre Natural en el sector agropecuario y se liberen los Recursos del Cadena Para Mitigar los Daños Ocasionados a los Productores del Sector por las Afectaciones que dejo a su paso el huracán Patricia.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a implementar programas empleo temporal con la finalidad de apoyar la economía de los productores que resultaron afectados por la contingencia climatológica.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de octubre de 2015.

Atentamente

Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez.- Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Arturo Zamora Jiménez.- Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.

Esta Presidencia saluda la presencia de alumnos de la Universidad Veracruzana, invitados a esta sesión por la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!

También informo que el día de hoy por la mañana, el ciudadano Héctor Astudillo Flores rindió protesta ante el Congreso de Guerrero como gobernador constitucional del estado para el periodo 2015–2021.

Los Senadores de la República le expresamos una calurosa felicitación y le deseamos el mayor de los éxitos. Los guerrerenses desean un gobierno que genere condiciones de confianza para atraer la inversión y la creación de empleos.

En consecuencia, el Senado de la República estará junto con esta administración para contribuir a consolidar la gobernabilidad democrática que permita al estado de Guerrero transitar hacia un mejor estadio social y económico para todos.

Reiteremos nuestras felicitaciones al licenciado Héctor Astudillo Flores y auspiciamos que durante su gestión al frente del gobierno, trabajará incansablemente para elevar el índice de desarrollo humano y para superar los grados de marginación de los habitantes de ese nuestro querido estado de Guerrero.

¡Enhorabuena al señor gobernador!





 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Blanca Alcalá Ruiz para presentar, a nombre propio y de los Senadores Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González y Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el Código Penal Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA AL TÍTULO VIGÉSIMO QUINTO UN CAPÍTULO QUINTO CON EL ARTÍCULO 420 QUINQUIES AL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, a nombre propio y de las Senadoras Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González y Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Con su venia, señor Presidente. Estimadas compañeras y compañeros legisladores:

Sin duda ratificar antes de iniciar las motivaciones que a un grupo de compañeras Senadoras y a su servidora, nos llevaron a presentar esta iniciativa, es justamente la solidaridad con las familias de los estados que se vieron afectados por el huracán “Patricia”; y resulta pertinente porque precisamente la iniciativa, que estamos poniendo a consideración, está relacionada con uno de estos temas.

Todos debemos de reconocer el aumento de los desastres naturales y sus efectos en el territorio, que han provocado mundialmente la pérdida de innumerables vidas humanas, así como también de pérdidas económicas.

Por eso resulta fundamental que desde el Poder Legislativo, pongamos claras las medidas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que hacen hincapié en la necesidad de reducir en 15 años de forma significativa, por un lado, el número de muertes y de personas afectadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua; y por el otro lado, reducir sustancialmente las pérdidas económicas directas vinculadas al Producto Interno Bruto mundial, causadas por los desastres, destacando la protección de personas en situaciones de vulnerabilidad.

Alguna numeralia ilustra nuestra iniciativa. En México, entre 2001 y 2013, casi 2 mil municipios, esto es el 79 por ciento del total de los municipios del país, fueron declarados, al menos en una ocasión, zonas de desastre por eventos hidrometeorológicos, ciclones, lluvias, inundaciones y sequías, y tan solo en 2013, más de 3 millones de personas resultaron afectadas a causa de fenómenos naturales.

Guerrero, por ejemplo, el estado en donde hoy el gobernador está rindiendo protesta, ha sido de manera reiterada, embestido por diversos desastres naturales como fue el caso de los huracánes “Paulina”, “Ingrid” y “Manuel” en el 2013, que de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, causó daños que se calcularon de alrededor de 100 pérdidas humanas, y más de 3 mil viviendas damnificadas y un monto similar a 11 mil millones de pesos que tuvieron que destinarse del Fondo de Desastres Naturales.

En efecto, en este, como en otros casos, la ausencia de mecanismos eficientes, de preparación, atención, regulación y planeación implica también pérdidas económicas que, a largo plazo, pueden impactar negativamente en el proceso de desarrollo y crecimiento económico de los países.

No es casualidad, compañeras y compañeros legisladores, que en México se destinen más recursos para el Fondo de Desastres Naturales, más de 6 mil millones para el FONDEN, que la diferencia, en este caso, lo que implica el Fondo de Prevención, que es tan sólo de 350 millones de pesos.

En este contexto, mis compañeras Senadoras Ana Lilia Herrera, Graciela Ortiz, Marcela Guerra y su servidora, estamos proponiendo que puedan realizarse adiciones al Código Penal Federal para materializar el delito de construcción, edificación, realización de obras y los asientos humanos en zonas de alto riesgo, toda vez que la Ley General de Protección Civil contempla estos hechos como delitos graves, pero no son sancionados en la legislación penal federal, lo cual lo convierte en un precepto inaplicable.

Por lo cual, proponemos imponer penas de entre 2 y 10 años de prisión y de 300 a 3 mil días de multa en cinco supuestos:

Primero. A quien autorice, ordene, construya, edifique, realice obras de infraestructura y asentamientos humanos en reservas ecológicas o en zonas no aptas de acuerdo al análisis de riesgo realizado por la autoridad competente.

Segundo. A quien habiendo obtenido la autorización de impacto y riesgo ambiental, construya, edifique, realice obras de infraestructura y asentamientos humanos sin contar con la misma.

Tercero. A quien asiente datos falsos en documentos, con el propósito de simular el cumplimiento de obligaciones derivados de la normatividad federal.

Cuarto. A quien no realice el análisis de riesgo o cumpla con las medidas técnicas correctivas de prevención o de seguridad necesarias para evitar el daño o riesgo que la autoridad administrativa o judicial le ordene o imponga.

Quinto. De igual manera, las penas previstas en el artículo que se adiciona, así como la privación del cargo o comisión e inhabilitación para ocupar otro cargo hasta por cinco años, sin contar al servidor público, que en ejercicio de sus funciones o aprovechándose de su cargo permita o autorice cualquiera de las acciones señaladas en el presente artículo.

Con esta medida, otorgaríamos fuerza normativa a la protección civil de los mexicanos y brindaríamos al Estado un elemento de control racional y homólogo a favor del desarrollo territorial y de protección de las personas que se complementan con la obligación de los gobiernos federal, estatal y municipal, para garantizar la estricta observancia de los Atlas de Riesgos.

En México ha hecho falta mayor claridad y, también, armonización en las legislaciones para proteger de manera efectiva nuestros bienes y el derecho a la vida, a la vivienda, a la seguridad y a la integridad establecidas en nuestra Carta Magna.

Insistimos, necesitamos mayor claridad, mayor armonización en todo lo que permita reducir desastres futuros y colocar la prevención al mismo nivel que nuestra respuesta ante las emergencias.

Hacer efectivas estas medidas sobre el uso racional del suelo contribuirá al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible y, sobre todo, garantizará la estabilidad social, económica y ambiental en nuestro país.

Sólo de este modo, señoras y señores legisladores, podremos consolidar un modelo de desarrollo urbano y rural que genere bienestar y prosperidad para todos los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Alcalá Ruiz. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela para presentar, a nombre propio y de Senadores de diversos grupos parlamentarios, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 41 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

(Presentadas por el Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, a nombre propio y de los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Francisco Salvador López Brito, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Víctor Hermosillo y Celada, Raúl Gracia Guzmán, Juan Carlos Romero Hicks, Rosa Adriana Díaz Lizama, Sonia Mendoza Díaz, Martha Elena García Gómez, Javier Corral Jurado, Fernando Yunes Márquez, César Octavio Pedroza Gaitán, Laura Angélica Rojas Hernández, Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo Aburto, Jorge Luis Lavalle Maury, Ernesto Ruffo Appel, Mariana Gómez del Campo Gurza, Dolores Padierna Luna, Armando Ríos Piter, Alejandro Encinas Rodríguez, Maki Esther Ortiz Domínguez, Miguel Barbosa Huerta y Benjamín Robles Montoya)

El Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Con su permiso, señor Presidente.

Le solicito se inserte el texto íntegro de las presentes iniciativas en el Diario de los Debates.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Se concede, por supuesto.

El Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Gracias, señor Presidente.

Vengo a esta tribuna a presentar dos iniciativas, mismas que han sido suscritas por un nutrido grupo de Senadores del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática.

Se trata de una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley General de Partidos Políticos. Por tratarse del mismo tema las presentaré en una sola intervención.

Hace algunas semanas, acudí a esta tribuna a presentar un punto de Acuerdo para reducir 50 por ciento el presupuesto a los partidos políticos y al INE, entonces diversos compañeros y líderes de partido se manifestaron de acuerdo, muchos coincidimos en la necesidad de recortar el gasto político que ha crecido de forma desmedida en los últimos años.

La ciudadanía tomó la iniciativa a través de la plataforma ciudadana para el cambio social y político change.org/50menos.

Al momento, más de 85 mil firmas de los ciudadanos apoyan la iniciativa de recortes al gasto político.

Actualmente, la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos establecen fórmulas millonarias para transferir recursos de los mexicanos a los partidos. Ante este panorama, resulta necesario hacer reformas a la ley para reducir en más de un 50 por ciento la financiación a estos.

Es momento de dar una respuesta clara y contundente a las exigencias de la ciudadanía, por ello, el financiamiento público a los partidos no puede seguir otorgándose en los términos en que se encuentra redactado en la Constitución.

El financiamiento con recursos públicos a partidos debe ser una decisión presupuestal abierta a la discusión, sensata, responsable y libre.

Es claro, la ciudadanía no quiere seguir manteniendo los presupuestos desmedidos y los despilfarros de la clase política. No merecen ver esto mientras ven caer su poder adquisitivo, no pueden admitirlo cuando no estamos dando los resultados que reclaman los ciudadanos.

Hay que decirlo, nunca los partidos políticos habían tenido tantos recursos, y nunca habían estado tan desacreditados ante la ciudadanía.

¿De verdad necesitamos tantos recursos? Sabemos que no, sabemos que estamos recibiendo privilegios que no se justifican en tiempos de “vacas gordas”, mucho menos son aceptables en época de “vacas flacas”.

México se encuentra a la puerta de una grave crisis en sus finanzas públicas, por ello es un insulto que la ambición de la clase política aumente cada vez sus ingresos, en lugar de apretarse el cinturón mientras se sigue apostando a cargar con más impuestos a los ciudadanos.

La recaudación de impuestos per cápita ha aumentado en un 80 por ciento desde el 2012 y la deuda pública se ha disparado hasta el peligroso 47 por ciento del PIB.

Tenemos que acabar con la “danza de los millones”, debemos corregir la fórmula de financiamiento y la homologación al alza que hizo al gasto electoral en los estados. En esto consisten las iniciativas que hoy presentamos.

Actualmente se fija el financiamiento público para el sostenimiento anual de las actividades ordinarias de los partidos, multiplicando el número de ciudadanos inscritos en el padrón por 65 por ciento del salario mínimo.

Con esta iniciativa proponemos que el padrón no se multiplique por más del 30 por ciento del salario mínimo; además proponemos que este porcentaje pueda ser reducido año con año. Es apremiante dar este paso porque estamos poniendo en riesgo la democracia en México.

La ambición amenaza la estabilidad de las instituciones, estamos cometiendo todos los errores para que los ciudadanos se decepcionen aún más de nosotros, para que dejen de creer en sus instituciones, para que se alejen al no sentirse representados, sino abusados, para que las elecciones se conviertan en un círculo donde los recursos públicos son utilizados de manera absurda.

Ya no podemos hacer oídos sordos, ni taparnos todos con la misma cobija.

Allá afuera de este recinto, hay millones de mexicanos enojados con nosotros y con los partidos políticos.

Allá afuera hay más de 85 mil firmas exigiendo con la plataforma Change. Org para que reduzcamos ya 50 por ciento del presupuesto de partidos y de la clase política.

Los políticos debemos aprender a competir electoralmente con buenos programas, talento e inteligencia, no a base de spots y propaganda pagada a costa del ciudadano.

Los partidos deben desarrollar sus labores mediante el voluntariado, no mediante una onerosa burocracia política.

Es momento de una democracia austera, es el momento de una democracia de calidad.

No son las burocracias de los partidos, no son los interminables spots televisivos los que deben tener el protagonismo; y quien no quiera ver esto se está engañando así mismo.

El mundo se está reinventando, por ello mismo debemos encontrar nuevas formas para relacionarnos con los ciudadanos y verdaderamente trabajar en función de las necesidades y exigencias de nuestros representados.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

Iniciativas

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Búrquez Valenzuela. La iniciativa de reforma al artículo 41 constitucional se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Y la iniciativa de reformas a la Ley General de Partidos Políticos se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR  PÚBLICO

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Estoy de acuerdo que concuerdan con un servidor cuando digo que los actos de corrupción que aún imperan en nuestro país, han dejado en evidencia el alcance de los malos manejos que particulares y servidores públicos realizan con el dinero del Erario.

Para muestra, por ejemplo, entre muchos, los casos recientes denunciados por un servidor en el estado de Oaxaca, en el proceso de licitación para el proyecto denominado de Movilidad Urbana, conocido como Metrobús, en el que en el portal de CompraNet desglosa información distinta a la ejecutada dentro del gobierno local.

O acaso, por mencionar otro ejemplo, el tema nacional de Oceanografía o la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, en el que suponen, también, una red de complicidad y corrupción malversando el recurso público.

Sabemos, estoy seguro, todas y todos los aquí presentes, que no son los únicos casos.

Más allá de la politización de este tipo de situaciones, creemos en la necesidad de que todos los actores políticos y sociales, debemos emprender un esfuerzo mayor para que este tipo de acciones se dejen de presentar con tal magnitud.

El ejercicio de la función pública, está sometido en un estado social de derecho a criterios inherentes a la legalidad, a la eficiencia, a la honestidad en el desempeño mismo de la actividad de los órganos del poder público.

La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, por lo menos así debe de ser, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones.

Desde la academia, compañeras y compañeros, se ha señalado que la corrupción emerge como resultado de la debilidad de las instituciones y la falta de voluntad de una política de Estado para combatirla.

Este fenómeno emana de un sistema político y económico que se aprovecha de la fragmentación y dispersión de los órganos reguladores y de supervisión del Estado.

La corrupción en México merma el crecimiento del país, reduce la productividad del gasto público, inhibe la transparencia y la rendición de cuentas, distorsiona la asignación de recursos y profundiza la desigualdad social, situación que se traslada a todas y cada una de las entidades federativas de nuestra nación.

Es por eso que el de la voz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta Honorable Asamblea, en el ámbito de nuestras competencias, viene a presentar esta iniciativa que pretende fortalecer la transparencia en el tema de las licitaciones públicas que son, por mucho, el origen para que se gesten actos de corrupción en detrimento de los recursos públicos; y es que la licitación pública, compañeras y compañeros, es el método contractual de mayor aceptación y uso a nivel nacional e internacional por parte de la función pública debido, sin duda, a su versatilidad para la obtención de obras y servicios como producto final resultante de un procedimiento de competencia.

Pero, bajo este contexto, debo decir que la administración pública resume la característica principal de las licitaciones, debe ser la del proponente con precio más bajo.

Y es esta razón, compañeras y compañeros, que de manera sistemática ha sido usada para generar actos que beneficien a ciertas empresas, que en colusión con funcionarios públicos y con el argumento de obtener el menor monto, han defraudado al Erario Público.

Se han creado una cierta especie de monopolios, entre los concursantes que tienen la experiencia previa en las licitaciones en cierta entidad de la administración pública, lo que puede suponer la comisión eventual de actos de corrupción.

Se ha limitado la competencia entre los proveedores, siendo inexistente un juego entre la oferta y la demanda, se han usado en exceso y de manera discrecional las figuras de la adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas, cuando la regla general es el uso del procedimiento de la licitación pública.

La información que se envía al sistema de CompraNet no incorpora las justificaciones por las que en lugar de convocarse a una licitación pública, se opta por el procedimiento de adjudicación directa o invitación restringida a cuando menos tres personas.

En esta lista, también, debo mencionar las disposiciones que no contemplan que los servidores públicos encargados de enviar la información a la Secretaría de la Función Pública para su inserción en el sistema de CompraNet, sean sujetos a responsabilidad alguna en caso de incumplimiento.

Y es en virtud de todo esto, compañeras y compañeros, que nos hemos propuesto atacar estas deficiencias con el objeto de acotar la presentación de este tipo de vicios en los procedimientos de contratación mediante el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia que disponen las leyes que nos ocupan.

Lo que buscamos es que el servidor público, ante los factores que lo obliguen a transparentar cada vez más sus actuaciones, quede acotado por razón de ley para que no tengan margen para realizar acciones corruptas que, ante la responsabilidad de subir toda la información de la que dispone a los sistemas diseñados para tales efectos, no haya oportunidad de encontrar algún resquicio que le permita transgredir sus atribuciones para obtener algún tipo de beneficio particular en detrimento de los recursos públicos.

Nos parece, compañeras y compañeros, que es necesario seguir trabajando en el diseño y en la implementación de medidas normativas para aminorar la corrupción que se presenta en esta materia, acciones que también deben estar encaminadas a fortalecer la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, así como sanciones cada vez más efectivas y cada vez más contundentes que impidan a los funcionarios gubernamentales la comisión de irregularidades en los procedimientos de contratación.

Para ilustrar, en mayor medida, a mis compañeras y compañeros Senadores, he de rogarle, señor Presidente, que pueda obsequiar al suscrito la integración completa de la iniciativa que presento y que aparece en la Gaceta Parlamentaria, en el Diario de los Debates de esta sesión.

Es cuanto, señor Presidente.
Iniciativa

El que suscribe, Ángel Benjamín Robles Montoya, Senador integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el diverso 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público con el fin de fortalecer el principio de transparencia en los procedimientos de contratación, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los actos de corrupción que aun imperan en nuestro país han dejado en evidencia el alcance de los malos manejos que particulares y servidores públicos realizan con dinero del erario. Para muestra, los casos recientes denunciados en el Estado de Oaxaca en el proceso de licitación para el proyecto de movilidad urbana, conocido como “Metrobús” en las que el portal de CompraNet desglosa información distinta a la ejecutada dentro del Gobierno Local.

O acaso el tema nacional de “Oceonografia” o la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro en los que suponen una red de complicidad y corrupción malversando el recurso público.

Sabemos también que no son los únicos casos. Más allá de la politización de este tipo de situaciones, creemos en la necesidad de que todos los actores políticos y sociales debemos de emprender un esfuerzo mayor para que este tipo de acciones se dejen de presentar con tal magnitud.

El ejercicio de la función pública está sometido en un Estado Social de Derecho a criterios rectores inherentes a la legalidad, eficiencia y honestidad en el desempeño mismo de la actividad de los órganos del poder público. 

La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones. 

Resulta innegable que la corrupción impera en gran parte de la administración pública. El abuso del poder público y la impunidad, propiciados por una democracia disfuncional han provocado que prácticamente cualquier servidor público o ciudadano sin nombramiento oficial tenga incentivos para realizar acciones u omisiones en su deber público con miras a obtener un beneficio privado.  

Desde la academia, la corrupción emerge como resultado de la debilidad de las instituciones y la falta de voluntad de una política de Estado para combatirla. Este fenómeno emana de un sistema político y económico que se aprovecha de la fragmentación y dispersión de los órganos reguladores y de supervisión del Estado.  

La corrupción en México merma el crecimiento del país, reduce la productividad del gasto público, inhibe la transparencia y rendición de cuentas, distorsiona la asignación de recursos y profundiza la desigualdad social, situación que se traslada a todas y cada una de las entidades federativas. 

Es por eso que el suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta Honorable Asamblea, en el ámbito de sus competencias, presenta esta iniciativa que pretende fortalecer la transparencia en el tema de las licitaciones públicas, que son en mucho, el origen para que se gesten actos de corrupción en detrimento de los recursos públicos.
En términos generales, la licitación pública es un procedimiento relativo al modo de celebrarse determinados contratos, cuya finalidad es la determinación de la persona que ofrece a la administración pública las mejores condiciones; consiste en una invitación a los interesados para que, sujetándose a ciertas bases, formulen propuestas, de las cuales la administración selecciona y acepta la mejor, adjudicación, con lo que el contrato queda formalizado; todo el procedimiento se inspira, para alcanzar la finalidad deseada, en dos principios: igualdad de todos los licitantes ante la administración pública y el cumplimiento estricto de todas las cláusulas de las bases.1

La licitación pública es el método contractual de mayor aceptación y uso a nivel nacional e internacional por parte de la Función Pública debido a su versatilidad para la obtención de obras y servicios como producto final resultante de un procedimiento de competencia. Es incluso el esquema oficial para la contratación en nuestro país. 2

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra la esencia de la licitación pública en su artículo 134, párrafos tercero y cuarto, que en lo conducente estipulan:

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

Podemos observar algunas características que hacen particular a la licitación, tales como su composición a base de actos regulados por normas legales bien definidas, el objeto primordial que tiene de seleccionar a una persona física o jurídica con la que la administración pública celebrará el contrato, y su base fundamental, la selección de aquel que haya ofrecido las mejores condiciones para la administración pública.

En virtud de lo anterior, observamos que con respecto a la característica “mejores condiciones”, es que se puede entrar en debate al momento de aplicarla cuando una licitación pública se lleva a efecto, ya que es esta condición la que ha sido empleada para cometer irregularidades que derivan en posteriores actos de corrupción.

En la mayoría de los casos la administración pública resume las mejores condiciones a un solo factor: el proponente con el precio más bajo; es esta razón la que de manera sistemática ha sido usada para generar actos que beneficien a ciertas empresas que en colusión con funcionarios públicos y con el argumento de obtener el menor monto han defraudado el erario público.

Es claro que el costo más bajo no representa las condiciones más convenientes para la convocante, ya que si no se analiza de manera adecuada la solvencia técnica y económica de las propuestas que representan el menor precio contractual, se pueden llegar a tener problemas de calidad o sobrecostos para la administración pública y para la economía nacional.

Las normas que existen para dar cumplimiento a la ordenanza constitucional en materia de licitaciones y que son las que estamos proponiendo para que sean sujetas a reformas son: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOP); y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASP).

En este orden de ideas, reconocemos, que en estas disposiciones se han dispuesto elementos para dejar de manifiesto que, lo que se busca en el conjunto de “mejores condiciones” que debe de ofrecer a las administraciones públicas, no se puede sujetar únicamente al factor económico como la propuesta más solvente.

Incluso en modificaciones más recientes a la legislación podemos encontrar un sistema de puntuación para calificar las propuestas de las empresas oferentes en el que el precio figura solo la mitad de la puntuación total para cada propuesta.

Ambos preceptos legales contemplan tres modalidades de contratación, a saber:

1. Licitación pública.
2. Invitación a cuando menos tres personas.
3. Adjudicación directa.

Del mismo modo, los dos ordenamientos establecen que tanto los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como, las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles.

Sin embargo, estos elementos que se han diseñado para evitar que se presenten irregularidades y malos manejos en los tres modelos de contratación siguen siendo rebasados y en los tres procedimientos en mención, se presentan y se cometen actos que transgreden la norma.

Por lo que es necesario seguir trabajando en el diseño e implementación de medidas normativas que generen aún más candados para aminorar la corrupción que se presentan en la materia. Acciones encaminadas a fortalecer la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, así como, sanciones más efectivas y contundentes que impidan a los funcionarios gubernamentales la comisión de irregularidades en los procedimientos de contratación.

Con el objetivo de que los procedimientos de contratación se hicieran más transparentes el 28 de mayo de 2009 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas a los ordenamientos de mérito. La reforma que nos ocupa, es la que creó el sistema CompranNet; que quedó instituido en la fracción II del artículo 2º de ambas disposiciones, la cual citamos a continuación:

CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de contratistas; el padrón de testigos sociales; el registro de contratistas sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.

El sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que se determine en su Reglamento, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información que contenga.

Sin embargo, esta serie de reformas no han sido suficientes. Algunas deficiencias que observamos en estos dos ordenamientos jurídicos y que han generado de forma sistemática irregularidades en los procedimientos de contratación en sus diferentes vertientes, son las siguientes:

• Se han creado especies de monopolios entre los concursantes que tienen experiencia previa en las licitaciones con cierta entidad de la administración pública, lo que puede suponer la comisión eventual de actos de corrupción.

• Se ha limitado la competencia entre los proveedores siendo inexistente un juego entre oferta y demanda.

• Se han usado en exceso y de manera discrecional las figuras de adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas, cuando la regla general es el uso del procedimiento de licitación pública.

• La información que se envía al sistema CompraNet no incorpora las justificaciones por las que en lugar de convocarse una licitación pública se opta por el procedimiento de adjudicación directa o invitación restringida a cuando menos tres personas

• Las disposiciones no contemplan que los servidores públicos encargados de enviar información a la Secretaría de la Función Pública para su inserción en el sistema CompraNet, sean sujetos a responsabilidad alguna en caso de incumplimiento.

En virtud de lo anterior, es que me propuse atacar estas deficiencias con el objeto de acotar la presentación de este tipo de vicios en los procedimientos de contratación, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia que disponen las leyes que nos ocupan.

En adición a lo anterior, buscamos que el servidor público frente factores que lo obliguen a transparentar cada vez más sus actuaciones quede acotado por razón de ley, para que no tenga margen para realizar acciones corruptas; que ante la responsabilidad de subir toda la información de la que dispone a los sistemas diseñados para tales efectos no haya oportunidad de encontrar algún resquicio que le permita transgredir sus atribuciones para obtener algún tipo beneficio particular en detrimento de los recursos públicos.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero.- Se reforman los artículos 1 párrafo cuarto; 2 fracción II; 22 segundo párrafo; 25 último párrafo; 41 segundo párrafo; 76 segundo párrafo; y se adicionan un tercer párrafo al artículo 75, un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente, al artículo 80, todos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:

Artículo 1. …

I. a VI …


Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien, los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley. Cuando la dependencia o entidad obligada a realizar los trabajos no tenga la capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para llevarlos a cabo, este acto quedará sujeto a este ordenamiento.

Art. 2. ...

I. ...

II. CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de contratistas; el padrón de testigos sociales; el registro de contratistas sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas y la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas y la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción; la información que generen los comités de obras públicas de conformidad con las fracciones I, II, III, VI, el inciso e) de la fracción V del artículo 25, así como, los resultados obtenidos de conformidad con los artículos 75 y 76, todos de esta Ley; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.

III. a XII. ...

Art. 22.-...

Las obras públicas y servicios contenidos en el citado programa podrán ser adicionados, modificados, suspendidos o cancelados, sin responsabilidad alguna para la dependencia o entidad de que se trate, debiendo informar de ello a la Secretaría de la Función Pública y actualizar en forma mensual el programa en CompraNet para los efectos correspondientes, publicando las causas que determinaron los ajustes.

Art. 25.-

I. a VII. …


La Secretaría de la Función Pública participará como asesor permanente en los comités y subcomités a que se refiere este artículo, pronunciándose de manera razonada al emitir sus opiniones.

Artículo 41. ...

La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funde; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos, dicha información se publicará en el sistema CompraNet dentro de los cinco días hábiles posteriores a la suscripción por parte del titular del área responsable.

...

...

...

Art. 75.-...

...

Los resultados que se desprendan de lo establecido en este artículo serán publicados en el sistema CompraNet.

Art. 76.-...

El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya hecho la comprobación, así como por el contratista y el representante de la dependencia o entidad respectiva, si hubieren intervenido, dicho dictamen será publicado en el sistema CompraNet. La falta de firma del contratista no invalidará dicho dictamen.

Art. 80.-

Los servidores públicos que se rehúsen a entregar a la Secretaría de la Función Pública la información susceptible de difusión en el sistema CompraNet serán sujetos de responsabilidad administrativa en los términos que establece este artículo.

Artículo segundo.- Se reforman la fracción II del artículo 2, el segundo párrafo del artículo 21, el último párrafo del artículo 22, el segundo párrafo del artículo 40, el segundo párrafo del artículo 58; se adicionan un cuarto párrafo al artículo 57, un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente, al artículo 62; todos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Art. 2.- ...

I. ...

II. CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de proveedores; el padrón de testigos sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas y la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas y la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción; la información que generen los comités de obras públicas de conformidad con las fracciones I, II, III, IV, el inciso e) de la fracción VI del artículo 22, así como, los resultados obtenidos de conformidad con los artículos 57 y 58, todos de esta Ley; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado y las notificaciones y avisos correspondientes.

III. a XII. ...

Art. 21.-...

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios contenidas en el citado programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la dependencia o entidad de que se trate, debiendo informar de ello a la Secretaría de la Función Pública y actualizar en forma mensual el programa en CompraNet para los efectos correspondientes, publicando las causas que determinaron los ajustes.

Art. 22.-

I. a VII. …

La Secretaría de la Función Pública participará como asesor permanente en los comités y subcomités a que se refiere este artículo, pronunciándose de manera fundada y motivada al emitir sus opiniones.

Art. 40.-

La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios, dicha información se publicará en el sistema CompraNet dentro de los cinco días hábiles posteriores a la suscripción por parte del titular del área responsable.


Art. 57.-….

Los resultados que se desprendan de lo establecido en este artículo serán publicados en el sistema CompraNet.

Artículo 58.-

El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya hecho la comprobación, así como por el proveedor y el representante de la dependencia o entidad respectiva, si hubieren intervenido, dicho dictamen será publicado en el sistema CompraNet. La falta de firma del proveedor no invalidará dicho dictamen.

Art. 62.-

Los servidores públicos que se rehúsen a entregar a la Secretaría de la Función Pública la información susceptible de difusión en el sistema CompraNet serán sujetos de responsabilidad administrativa en los términos que establece este artículo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo las disposiciones que para su aplicación requieran de las modificaciones al sistema electrónico CompraNet a que se refiere el artículo segundo transitorio del presente Decreto.

SEGUNDO.- Las adecuaciones al sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet que permitan la aplicación de las reformas que mediante el presente decreto se realizan a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y a la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, deberán ser implementadas en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigor de este decreto.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 27 de octubre de 2015.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Robles Montoya. Túrnese a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Senador Robles Montoya, ¿acepta usted que el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes suscriba su iniciativa?

Gracias.

1 Sayagués Laso, Enrique; “La licitación pública”; 1978; Montevideo : Acali.

2 Arjona Sánchez, Gabriel Jesús, “Indicadores del éxito en la licitación de obra pública en México”, 2011; Monterrey, N.L..





 

Tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 33 de la Ley General de Educación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA  UNA FRACCIÓN VIII BIS AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso de la Presidencia.

México tiene una larga tradición como país de origen, tránsito y destino de migrantes hacia Estados Unidos.

En los últimos 30 años, los flujos migratorios hacia el norte del Continente Americano se han incrementado y diversificado tanto en su origen como en el perfil de los migrantes.

Y es de resaltar que cada vez participan más personas provenientes de zonas urbanas, y ya no necesariamente de las comunidades rurales, mismas que buscan, en otro país, la oportunidad económica que no encuentra en su país.

Datos del Consejo Nacional de Población, CONAPO, señalan que la población migrante de mexicanos en el extranjero ha crecido de manera significativa con el paso de las décadas desde 1960, a tal grado que para el año 2010 se reportaron más de 11 y medio millónes de migrantes mexicanos en el mundo, siendo el principal país de residencia para los connacionales en Estados Unidos.

El Consejo Nacional de Población señala que en el año 2013, México fue el segundo país a nivel mundial con más migrantes, con 13.2 millones, sólo por debajo de India con 14.2 millones; y por arriba de Rusia y China, con 10.8 y 9.3 millones de migrantes, respectivamente.

Llama la atención que quienes dejan el país, en la mayoría de los casos, son jóvenes, ya que la población mexicana que emigra hacia otros países lo hace en mayor número entre los 20 y los 34 años de edad; le siguen los jóvenes entre 15 y 19, mientras que los menores de 15 años y los mayores de 50, disminuye su porcentaje de migración. En consecuencia, se puede concluir que emigran en busca de oportunidad de trabajo.

Esta situación de mexicanos en el extranjero genera dos fenómenos.

Por un lado, la población de origen mexicano es un motor de la economía de los Estados Unidos, los 11.7 millones de mexicanos que residían en Estados Unidos en el 2011, representaban el 29 por ciento de los inmigrantes; y el 4 por ciento de la población total estadounidense, lo que genera para el país del norte, en ese entonces, mano de obra de calidad, pero mal pagada en la mayoría de los casos.

Por otro lado, también surge un tema vital para la economía nacional la que tiene que ver con la aportación que hacen los mexicanos radicados en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, a sus familias en México a través de remesas de dinero, las que se han convertido por momentos en el segundo ingreso más importantes para el país, según información del Banco de México, con cifras al cierre del año 2014.

Los envíos de dinero que hacen los mexicanos que viven en el exterior a sus familias en México, sumaron más de 23 mil 606 millones de dólares, medida en tasa anual, esta cifra resulta superior en un 7.8 por ciento a la registrada en el 2013. Este incremento representa el más elevado en los últimos 8 años, lo que da cuenta de la importancia que tienen estos ingresos para las finanzas y la estabilidad económica del país.

Para ello, una cantidad considerable de las remesas que envían los connacionales desde Estados Unidos a sus familias en México se gastan en la satisfacción de las necesidades básicas, en la adquisición de bienes de consumo duradero y en la compra y mejora de vivienda, mientras que sólo una pequeña proporción se destina al ahorro y a la llamada inversión productiva.

Por otro lado, esta intensidad migratoria debería de ser la preocupación del gobierno federal, ya que a la par de los fenómenos económicos para ambas naciones generan efectos sobre los jóvenes en México.

De acuerdo al estudio “El impacto de la migración internacional sobre la asistencia escolar en México, paradojas de la migración del Consejo Nacional de Población”, la intensidad migratoria abre la hipótesis acerca de que una mayor exposición a la migración a nivel de la comunidad o del hogar, genera un ambiente en el que se valore más a la migración como una trayectoria de vida alternativa y no complementaria a la educación; y por lo tanto, esto podría generar que los jóvenes más expuestos a la migración, ya sea a través de una mayor prevalencia de la migración de la comunidad o por la experiencia reciente de migración de un miembro de su hogar en los últimos 5 años, tendrán una mayor probabilidad de no estar inscritos en la escuela. Es decir, en las comunidades o entidades donde los índices de migración son mayores, la probabilidad de que las niñas, niños y jóvenes dejen la escuela para encontrar en la migración su proyecto de vida, es cada vez más elevada, esto a consecuencia de las dificultades económicas que viven día a día.

Esto es ante la falta de un ingreso fijo y constante en el hogar, muchos estudiantes y padres de familia deciden abandonar la escuela para intentar migrar o ingresar al mercado laboral, lo que significa que los jóvenes se ven obligados a renunciar a la mejor posibilidad que les pueda ayudar a generar condiciones de vida para un futuro mejor, que es la educación.

Por lo tanto, es necesario establecer programas de ayuda a las hijas e hijos de migrantes mexicanos, sobre todo en los estados que, de acuerdo al Consejo Nacional de Población, se encuentran catalogados como entidades con un flujo migratorio muy alto, como son el caso de Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Zacatecas, lo que ocasiona que la población de estos lugares se encuentre con mayores índices de vulnerabilidad y, en consecuencia, se generan las condiciones necesarias para que el flujo migratorio sea mayor.

Atender a los estados con alto índice migratorio es prioridad, debido a que este grupo de entidades, de acuerdo con la CONAPO en su conjunto comprenden alrededor de 3 millones de viviendas, lo que representa poco más de 1 de cada 10 viviendas del país.

Este grupo de entidades se caracteriza por registrar porcentajes superiores a la media nacional en cuanto al número de hogares que reciben remesas de Estados Unidos; es decir, además de su alto índice de movilidad migratoria, su aportación a la economía nacional está por encima de los otros estados de la república.

De esto se puede determinar la importancia de atender a estos estados con muy alta intensidad migratoria, quienes históricamente se han caracterizado por tener estos flujos constantes de personas, principalmente hacia los Estados Unidos.

En consecuencia, el objeto de la presente iniciativa es adicionar una fracción VII Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación, y con ello establecer como una obligación de las autoridades educativas, y a fin de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación, de establecer programas de becas focalizados a hijas e hijos de migrantes mexicanos en los estados con muy alto índice de migración.

Esto con el propósito de disminuir los altos flujos migratorios, principalmente hacia los Estados Unidos y con ello tratar de abatir el rezago y abandono escolar.

Estos programas deberán de ser operados con el apoyo de clubes o federaciones de migrantes radicados en el extranjero, el gobierno federal y los gobiernos estatales.

De tal manera, que por cada peso que aporten para este programa los migrantes, el gobierno federal y estatal, aportará un peso respectivamente; y también que las becas que reciban los estudiantes, les sirvan para cubrir todas sus necesidades académicas.

Esto no es otra cosa más que reconocer y agradecer el trabajo y el dinero de los migrantes mexicanos, a través de acciones encaminadas a proteger y garantizar el derecho de educación a sus hijas e hijos en este país, en sus estados.

Cabe destacar, que ya hay un Programa de Becas de Migrantes en la SEDESOL, pero el planteamiento que estamos haciendo con esta iniciativa, es que sea una obligatoriedad en estos estados con alto flujo migratorio.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Monreal Ávila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Juana Leticia Herrera Ale, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES LX DEL ARTÍCULO 15 Y III DEL ARTÍCULO 216 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

(Presentada por la Senadora Juana Leticia Herrera Ale, a nombre propio y de los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Arturo Zamora Jiménez, María Elena Barrera Tapia, José Rosas Aispuro Torres e Isidro Pedraza Chávez)

La Senadora Juana Leticia Herrera Ale: Con el permiso de la Presidencia. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

A nombre propio y de las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, integrantes del grupo parlamentario del PRI; María Elena Barrera Tapia, integrante del grupo parlamentario del PVEM; y de los Senadores José Rosas Aispuro Torres, Isidro Pedraza Chávez, Arturo Zamora Jiménez, integrantes de los grupos parlamentarios del PAN, PRD y PRI, respectivamente en el Senado de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión.

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción LX del artículo 15 y la fracción III del artículo 216 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

A pesar del aumento de usuarios de internet, la televisión se mantiene como la principal fuente de entretenimiento e información para la población mexicana infantil.

En este sentido, de acuerdo a datos de los estudios sobre oferta y consumo de programación para público infantil en radio, televisión radiodifundida y restringida, con un promedio de cuatro horas con 34 minutos al día, México es el país en el que las niñas y los niños pasan más horas frente al televisor.

El análisis sobre el consumo de contenidos de los niños de 4 a 12 años, señala que la mayoría de los programas a los que están expuestos, no se encuentran diseñados para ellos.

Además, resulta preocupante que el 74 por ciento de la oferta programática destinada a este segmento de la población, se limite a las caricaturas, las cuales ocupan el séptimo lugar, con respecto a los géneros transmitidos en televisión abierta, después de magazines, noticiarios, películas, mercadeo, culturales y deportes.

Por lo que respecta a la radio, tanto la oferta como la demanda de contenidos dirigido al público infantil es escasa; prueba de ello, es que sólo el 3 por ciento se destina a la niñez, cinco veces menos de lo que se registre en televisión donde alcanza un 15 por ciento.

El párrafo sexto del artículo 4o. de nuestra Carta Magna establece:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos”. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Por otra parte, el artículo 6o. Apartado B, fracción III, señala:

“La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución”.

En ambos preceptos constitucionales queda de manifiesto la obligación del Estado a garantizar que los servicios de radiodifusión cumplan con su labor de abonar el acceso de la población a la información plural y verídica como a la cultura, con especial énfasis en la protección de los niños contra la información perniciosa o material que presente o fomente la violencia, la discriminación, en virtud de que ellos representan el grupo más susceptible de ser afectado por este tipo de contenidos.

En este sentido, la reforma en materia de telecomunicaciones, la cual surgió de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que entró en vigor el 14 de julio de 2014, representó un importante avance en materia de contenidos.

Al respecto, baste mencionar que en su artículo 222 garantiza la libertad de información, de expresión y de recepción de contenidos, tanto del servicio público de radiodifusión, como el de señal restringida, los cuales no podrán ser objeto de ningún tipo de censura.

Además, señala que las autoridades en el ámbito de su competencia promoverán el respeto a los derechos humanos, el principio del interés superior a la niñez, a fin de salvaguardar de manera plena sus derechos, así como la perspectiva de género.

En el mismo sentido, en su artículo 226 establece las características de la programación dirigida a la población infantil, la cual debe contribuir al libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, en concordancia con los objetivos señalados en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sobre el particular señala lo siguiente:

Difundir información y programas que fortalezcan los valores culturales, éticos y sociales.

Evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y de respeto a la dignidad de todas las personas.

Evitar contenidos que estimulen o hagan apología de la violencia.

Informar y orientar sobre los derechos de la infancia.

Promover su interés por la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional.

Estimular su creatividad, así como su interés por la cultura física, la integración familiar y la solidaridad humana.

Propiciar su interés por el conocimiento, particularmente en aspectos científicos, artísticos y sociales.

Fomentar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad.

Promover una cultura ambiental que fomente la conciencia, la conservación, el respeto y la preservación del medio ambiente.
Estimular una cultura de prevención y de cuidado a la salud.

Proporcionar información sobre protección contra todo tipo de explotación infantil y de trata de personas.

Aunado a lo anterior, de acuerdo al artículo 15, fracción LX, y 216, fracción III, corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones supervisar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas en materia de salud y los lineamientos establecidos en la ley, que regulan la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil, con base en las disposiciones reglamentarias emitidas por las autoridades competentes.

Los datos son contundentes y nos muestran que en nuestro país se ve mucha la televisión. No obstante, por lo que cabe preguntarse si los contenidos que transmiten las televisoras y la radio, contribuyen a la formación cultural, la educación de los niños y jóvenes mexicanos.

Sobre el particular la siguiente gráfica da cuenta de los contenidos que consume el público infantil de 4 a 12 años.

Es preocupante que las novelas y los reality shows sean los principales programas a los que tiene acceso este público, en virtud de que sus contenidos se caracterizan por su nula contribución al desarrollo cultural y emocional de las y los niños, situación que resulta contraria a lo dispuesto en el párrafo sexto de nuestra Carta Magna.

Además diversos estudios coinciden en afirmar que una alta exposición a contenidos de baja calidad, está correlacionada con un bajo desempeño en el ámbito educativo.

A partir de las consideraciones, argumentos, disposiciones y normativas expuestas, es evidente que la regulación vigente debe ser adecuada, a fin de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones cumpla con el propósito de garantizar el interés superior de la niñez en materia de contenidos de radiodifusión.

Resulta necesario dotar a esta institución de las facultades que le permitan no sólo verificar que la programación dirigida a los menores respete los valores y principios establecidos en el artículo 3o. de la Constitución, sino que también verifique que los concesionarios cumplan con los criterios de clasificación, a fin de evitar que los niños vean programas que no son aptos para ellos.

Actualmente esta facultad corresponde a la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, a fin de avanzar hacia la generación y transmisión de contenidos televisivos de mayor calidad que coadyuven al crecimiento cultural, educativo, la formación de valores y la recomposición del tejido social, resulta necesario que dichas atribuciones también se le otorguen al IFT.

De esta manera, el trabajo coordinado entre el IFT y la Secretaría de Gobernación, permitirá contar con información pronta y oportuna para que, en su caso, los concesionarios que no cumplan con los contenidos y la clasificación que deben observar la programación destinada al público infantil sean sancionados, además, el IFT contará con la atribución de ordenar la suspensión de las transmisiones que no respete los lineamientos de la clasificación de la programación, lo que representa un importante incentivo para que los concesionarios no incurran en esta práctica.

Por su atención, muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Herrera Ale. Túrnese a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 18, 19 y 21 constitucionales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 18, 19 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.

Las reformas que presentamos hoy a la Constitución, para que puedan ser valoradas en comisiones, las sustento en caso particular, el artículo 18 constitucional, una motivación que surge del derecho penal ilustrado, entre las diversas escuelas del pensamiento, de corte liberal democrático e identificado con la clásica obra de Cesare Beccaria “Los Delitos y de las Penas”, de la segunda mitad del siglo XVIII. El derecho penal mínimo, asume la existencia y legitimación del derecho penal, incluyendo la prisión como su pena paradigmática, pero sólo como la última ratio del Estado para disminuir la violencia.

Así después, en nuestro siglo, el propio Luigi Ferrajoli define que la pena minimiza la reacción violenta frente al delito, con garantías para el inculpado frente a las arbitrariedades, los excesos y los errores ligados a los sistemas ajurídicos de control social, obviamente esta minimización excluye la pena capital.

Sin embargo, el derecho penal mínimo no tiene aceptación universal, tampoco ha permeado en numerosos países con perfiles democráticos, como es el caso de Estados Unidos. Asimismo existen corrientes de pensamiento contemporáneo detractoras de esta visión minimalista, como es el caso de la doctrina del derecho penal del enemigo, propagada desde Alemania por Günther Jakobs, para quien el estatus de persona se gana o se pierde.

La prisión preventiva es una institución jurídica del orden procesal que implica la detención de una persona durante el tiempo en que se encuentra sujeta a proceso penal. Según nos lo indica Eugenio Raúl Zaffaroni, se llama prisión preventiva, a la privación de la libertad que sufre, quien aún no ha sido condenado. Es decir, quién aún está procesado, porque aún no ha habido sentencia, la que bien puede ser condenatoria, pero también puede ser absolutoria.

En este contexto, la prisión preventiva parece una figura anómala en un sistema en donde existe la presunción de inocencia, en tanto resulta extraño que se imponga una medida de tal trascendencia, a quien se supone, es inocente.

Si nos limitamos a quienes, al menos teóricamente suscriben los postulados del derecho penal mínimo, asignando una finalidad preventiva a la pena de prisión.

Existe otra gran bifurcación entre los adherentes al derecho penal de autor, según el cual, en el fondo del delito está la personalidad de un delincuente que amerita ser corregido.

¿Qué nos recuerda esto? Rehabilitación social, creo.

Por otro lado, y los adherentes al derecho penal de acto, para el cual el delito es reprobable y sancionable en función del hecho mismo.

En la tradición constitucional mexicana había predominado el derecho penal de autor.

En 1917, el fin de la pena era el de la regeneración del individuo y de 1965 a 2008, imperó el criterio de la readaptación, bajo el cual se formaron la mayor parte de quienes estamos en circulación, no obstante el derecho penal, de acto ha ganado terreno.

En 2008, como parte de la Reforma Constitucional en materia de seguridad y justicia, se adoptó una finalidad más neutra, la de la reinserción social, si bien el lenguaje constitucional no se secularizó completamente, conserva enunciados que recuerdan el propósito de la enmienda del catecismo; la sujeción expresa del régimen de ejecución penal a los derechos humanos, conduce al derecho penal de acto, con importantes implicaciones respecto de la manera de imponer la pena en prisión.

En 2011 conviene recordar, la Suprema Corte argumentó así el cambio, conviene leerlo explícitamente: La pena suele concebirse como un tratamiento que pretende curar, rehabilitar, reeducar, sanar, normalizar o modificar coactivamente la identidad del sujeto; también como un medio que pretende corregir al individuo peligroso o patológico bajo el argumento de que ello redunda en su beneficio. Por ello el individuo, el quantum está en función del grado de disfuncionalidad que se percibe en el individuo, ese modelo se basa en la falaz premisa de que existe una asociación lógica-necesaria entre el delincuente y el delito para asumir que quien ha delinquido probablemente lo hará en el futuro, como si la personalidad peligrosa o conflictiva fuera connatural a quien ha cometido un acto contrario a la ley.

Además, el Derecho Penal de Autor asume que el Estado, actuando a través de sus órganos está legitimado para castigar la ausencia de determinadas cualidades o virtudes de la persona. En cambio el derecho penal del acto no justifica la imposición de la pena en una idea rehabilitadora, ni busca el arrepentimiento del infractor, lo asume como un sujeto de derechos, y en esa medida presupone que puede, que debe hacerse responsable de sus actos.

Hoy en este sentido va la iniciativa que ponemos a su consideración, quitar los dobles lenguajes de nuestra Constitución y asumir con toda congruencia el cambio de sistema jurídico penal en nuestro país, inscrito desde 2008 en la Reforma Penal que inscribimos y que todavía estamos en proceso a que entre en vigencia.

Quiero finalmente destacar lo que la Ministra Olga Sánchez Cordero ha mencionado sobre este tema, porque sostiene que el cambio de readaptación social a reinserción social no es un simple cambio semántico, sino que implica una verdadera transformación del derecho penitenciario entendiendo a la reinserción como un principio rector de éste.

En ese sentido, la reforma que proponemos al artículo 18, pero también se acompaña con la modificación al artículo 19 y, por supuesto, también la reforma al artículo 21 que tiene que ver con la modificación para que la imposición de las penas, su modificación, duración y control de su ejecución son propias y exclusivas de la autoridad judicial; la autoridad administrativa actuará como auxiliar de la ejecución de las penas.

Ojalá que cuando concluyamos la Ley de Ejecución Penal este precepto que hoy estamos modificando en este artículo, pueda inscribirse como uno de los cometidos importantes, trascendentales, transformadores de nuestro sistema penitenciario, y no seguir dejando que la autoridad administrativa siga controlando la ejecución de penas en los reclusorios.

Por eso es importante estas tres reformas a la Constitución para que vayan adecuando nuestra Constitución como ya lo iniciamos en 2008 y vaya también en congruencia con la reforma del 11 de junio de 2011 en materia de Derechos Humanos.

Le pido, señor Presidente, que toda la iniciativa quede inscrita de manera textual en el Diario de los Debates.

Muchas gracias a ustedes por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora De la Peña Gómez. Se inscribe de manera íntegra en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a un grupo de deportistas de alto rendimiento del estado de Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses.

Igualmente les damos la más cordial bienvenida a un grupo de alumnas y alumnos de la Licenciatura en Derecho de la Universidad de la Ciudad de México, invitados por el Senador Armando Ríos Piter.

¡Sean todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República!





 

En otro apartado de nuestra agenda, solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes que tenemos de primera lectura.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy cuenta con los siguientes dictámenes:

De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1, 3, 11 y 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 3, 11 Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

(Dictamen de primera lectura)







 

Y proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 4 y 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 4 Y EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

(Dictamen de primera lectura)







 

Tenemos el dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 53, 54, 55, 122 y 127 de la Ley General de Vida Silvestre.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 53, 54, 55 Y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 127 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXII BIS AL ARTÍCULO 122 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

(Dictamen de primera lectura)



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, quedan de primera lectura.

Pasamos al desahogo de dictámenes con puntos de Acuerdo, emitidos por diversas comisiones y sobre los cuales no hay reserva para su discusión.

Les informo que el grupo parlamentario del PRI solicitó el retiro de los siguientes dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales:

Por el que se solicita un informe trimestral sobre los trabajos y actividades de los representantes de México que han presidido comisiones de carácter subsidiario de organismos internacionales.

Y otro por el que solicita un informe sobre los elementos militares y civiles mexicanos en las operaciones para el mantenimiento de paz.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, y de las demás comisiones, que no tienen reservas.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy cuenta con los dictámenes con punto de Acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.





 

Por el que se exhorta enviar al Senado para su ratificación el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de la maternidad.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)







 

Por el que la Cámara de Senadores se congratula por la adopción de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se solicita enviar al Senado de la República, para su aprobación, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)







 

Y por el que se solicita presentar proyectos de resolución sobre los temas prioritarios propuestos durante las audiencias públicas sobre Naciones Unidas celebradas en el Senado el 14 de septiembre.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)







 

Doy cuenta con los dictámenes con punto de Acuerdo de la Comisión Contra la Trata de Personas.

El que exhorta a coordinar una campaña nacional de prevención del delito con un enfoque integral.

COMISIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

A la Comisión Contra la Trata de Personas, de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fueron turnados para su estudio y dictamen correspondiente, proposiciones con punto de Acuerdo, uno relativo al caso de la joven esclavizada durante dos años en un negocio de la delegación Tlalpan, presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya; otro, por el que exhorta a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos a fortalecer las acciones para prevenir y combatir la trata de personas, presentado por los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 95, 135, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión Contra la  Trata de Personas presenta a la consideración de esta Asamblea el presente Dictamen, bajo lo siguiente:

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. En fecha 28 de abril 2015, el Senador Benjamín Robles Montoya, presentó proposición con punto de Acuerdo relativo al caso de la joven esclavizada durante dos años en un negocio de la delegación Tlalpan.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión el punto de Acuerdo para su estudio y dictamen.

3. En fecha 28 de abril de 2015, Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos a fortalecer las acciones para prevenir y combatir la trata de personas.

4. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión el punto de Acuerdo para su estudio y dictamen.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS

a) Proposición con punto de Acuerdo relativo al caso de la joven esclavizada durante dos años en un negocio de la delegación Tlalpan.

El senador proponente refiere que el pasado 27 de abril, diversos medios de comunicación dieron a conocer el estremecedor caso de una joven de 22 años de edad, que durante dos largos años fue esclavizada en una tintorería ubicada en la colonia Lomas de Padierna, en la Ciudad de México.

Destaca que las circunstancias que se han dado a conocer son por demás desgarradoras. La joven, cuya identidad fuera reservada por razones de seguridad, llegó al negocio hace dos años en busca de empleo y un lugar para dormir y aunque al principio recibió un buen trato, poco después fue acusada por sus empleadores de robar objetos de la casa. Fue entonces que comenzaron las vejaciones.

Señala que fue tal la brutalidad de las agresiones que recibió de sus empleadores durante dos años, que según los estudios que le fueron practicados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, sus órganos presentan un desgaste de una persona de 81 años de edad, sus riñones no funcionan bien, su estómago no puede digerir bien los alimentos, sus senos y ciclo menstrual han desaparecido y padece de anemia, todo lo cual ha puesto en riesgo su vida y que dos años tuvieron que transcurrir para que la joven lograra escapar de sus captores y diera parte a las autoridades. Como resultado fueron detenidas cinco personas en calidad de presuntos responsables, de las cuales cuatro son mujeres. Todos  han sido ya remitidos a establecimientos penitenciarios del Distrito Federal, como probables responsables del delito de trata de personas.

Asegura el proponente que el terrible caso que origina la presente proposición debe ser motivo de indignación y alarma para todos los mexicanos.

Razón por la que el Senado de la República debe no solamente repudiar actos tan aberrantes e inhumanos, sino manifestarse por que las autoridades competentes apliquen todo el peso de la ley en contra de los responsables, amén de garantizar la adecuada atención médica y psicológica a las víctimas de las atrocidades descritas.

Por lo que propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a llevar hasta las últimas consecuencias la investigación del caso de la joven que durante dos años fue esclavizada en un negocio de la Delegación Tlalpan, a fin de garantizar castigo para los responsables conforme a la legislación aplicable.

También que el Senado exhorte respetuosamente a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, para garantizar la adecuada atención médica y psicológica de la víctima de este y así como un exhorto al Titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud coadyuve con las autoridades del Distrito Federal, a fin de garantizar la adecuada atención médica y psicológica de la víctima.

b) Proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos a fortalecer las acciones para prevenir y combatir la trata de personas.

Las y los senadores proponentes señalan que la trata de personas es un asunto de interés nacional e internacional, pues atenta contra los derechos humanos básicos de la persona: vida, libertad, integridad y dignidad.

Destacan que a pesar de los avances y esfuerzos que la mayor parte de los países del orbe han tenido para fomentar y garantizar la protección de los derechos humanos, aún persisten conductas que además de configurar diversos delitos, atentan contra la libertad y la dignidad de la persona humana, la esclavitud moderna, es un ejemplo de ello.

Indican que, de acuerdo al índice Global de Esclavitud, 2014, cerca de 36 millones de personas viven en alguna situación de esclavitud moderna. En México se estima que  cerca de 267 mil personas son víctimas de este delito.

En lo que se refiere al trabajo forzado, de acuerdo a la Organización Internacional del trabajo, casi 21 millones de personas son víctimas: 11.4 millones de mujeres y niñas, y 9.5 millones de hombres y niños. El trabajo forzoso en la economía privada genera ganancias anuales ilegales de 150 mil millones de dólares al año.

La pobreza, falta de información, así como los flujos migratorios son factores que aumentan la posibilidad de ser víctimas de esclavitud moderna en sus distintas modalidades.

Insisten en que la esclavitud moderna vista desde sus distintas aristas, es una práctica más cotidiana de lo que pudiéramos pensar y de alcance mundial que requiere esfuerzos coordinados entre la sociedad y gobierno para erradicar estos crímenes que laceran la dignidad humana.

Y en particular destacan que  en distintos medios de comunicación impresos y digitales, se dio a conocer el rescate de una joven que se encontraba privada de su libertad para realizar distintos trabajos en el interior de una tintorería ubicada en la Delegación Tlalpan de la Ciudad de México.

Al momento de su rescate la joven presentó diversas afectaciones en su salud, así como distintas secuelas producto de los maltratos físicos y de las largas jornadas de trabajo a las que era sometida. Este hecho, además de la indignación que nos causa nos obliga a redoblar esfuerzos que coadyuven a prevenir y combatir estos atroces crímenes.

Por ello, señalan que en el grupo parlamentario del PRI en el Senado, se solidarizan con todas aquellas personas que han sido víctimas de este tipo de ilícitos y reiteran el rechazo a este tipo de prácticas, así como el compromiso para trabajar en favor de la prevención y el combate de toda forma de esclavitud moderna.

Destacan la aprobación, en el Senado, de una modificación a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, para  crear programas de protección y asistencia previos, durante y posteriores al proceso judicial, así como de asistencia jurídica durante todas las etapas del proceso penal, civil y administrativo.

Aseguran que en el Grupo Parlamentario del PRI no pueden ser indiferentes ni omisos ante casos de esta naturaleza. Por el contrario, se tiene la obligación legal y moral de contribuir de manera efectiva en su investigación y pronta resolución, para que, por un lado, los responsables sean susceptibles de las penas y medidas que conforme a derecho procedan, y por el otro lado, en un futuro se inhiba la comisión de conductas de este tipo.

Por lo que proponen que el Senado de la República exhorte a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, para que  en coordinación con las entidades federativas y en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las acciones para prevenir y combatir la trata de personas. Asimismo, para que lleven a cabo una campaña de comunicación que coadyuve a erradicar este delito.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora coincide con el objetivo de ambos proyectos, pues son motivados por el caso de la mujer que se escapó por sus propios medios, de la explotación en trabajos forzados a la que, según sus propias declaraciones, fue sometida por dos años para trabajar en una tintorería ubicada en la Ciudad de México, y cuyo caso fue dado a conocer a través de distintos medios de comunicación.

El Senado de la República y en especial en esta Comisión hemos sido responsables de este tema, mostrando especial atención a la prevención del delito y por supuesto, a la atención a las víctimas de trata y explotación, como aspectos torales en la erradicación de estos terribles delitos.

Muestra de lo anterior, son las reformas impulsadas desde esta Cámara en materia de trata de personas, que refuerzan la prevención al establecer de forma clara las atribuciones, competencias y obligaciones de las autoridades de todo el país para difundir, explicar y armonizar los conceptos que permitan que todas las personas entiendan, reconozcan, prevengan y denuncien estos delitos. Pero también se reforma la ley para fortalecer e introducir nuevos conceptos y principios que deben aplicarse en la atención de las víctimas.

Es por ello, que se coincide con el propósito del exhorto a la Comisión Intersecretarial para que se coordine con las entidades federativas y lleven a cabo una campaña de comunicación que coadyuve a erradicar este delito.

Y es que, como bien señalan los proponentes, en el caso específico de la joven mujer, llamada Zunduri, a la que se refieren sendos proyectos, la prevención pudo haber hecho la diferencia en su vida, a la igual que a cientos de personas que en este momento son o pueden ser víctimas. Y es que ante la falta de una correcta difusión de lo que implica el delito a través de una educación de conciencia con enfoque transformador, cada vez son más las personas de distintos sectores, pero principalmente de los más vulnerables, que se vuelven víctimas.

La prevención implica también el conocimiento de las autoridades sobre el tema y por supuesto las acciones encaminadas a detectar focos de mayor vulnerabilidad, y eso se logra a través de una correcta supervisión de establecimientos y lugares de trabajo, para evitar que se den casos de trata de personas y explotación.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 88, fracción V, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Atención y Protección a las Víctimas de estos Delitos, la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Atención y Protección a las Víctimas de estos Delitos, tendrá facultad y competencia para desarrollar campañas de prevención y educación, así como programas de desarrollo local que permitan prevenir los delitos en materia de trata de personas.

Al respecto, se debe señalar que dicha Comisión Intersecretarial tuvo, hasta principios de este año, un proyecto para impulsar una campaña de prevención en todo el país, la cual iría por etapas, para dar a conocer la trata de personas y cada uno de los delitos conexos, como la explotación sexual y los trabajos forzados.No obstante, dicha campaña no se ha dado a conocer.

Luego entonces es viable hacer un exhorto a la Comisión Intersecretarial en mención para que cumpla con una de sus atribuciones primordiales, pero además, se propone que dichas acciones de prevención sean con un enfoque amplio, nacional e internacional, tomando en cuenta las observaciones y recomendaciones de organismos internacionales, para impulsar la prevención de forma integral, considerando como uno de los principales causas la demanda, así como los factores que aumentan la vulnerabilidad de las personas (la marginación, edad, sexo, entre otras), y garantizar la erradicación de la complicidad de autoridades.

Por otro lado, la atención a las víctimas del delito de trata de personas y delitos conexos es indispensable en la erradicación del delito, para evitar, en primer lugar una mayor afectación o revictimización.

Es posible que la mayoría de las víctimas de trata de personas y explotación tengan necesidades médicas inmediatas, debido a lesiones o enfermedades provocadas por la situación a la que son sometidas. También cabe la posibilidad de que sean adictas y que sufran problemas psicológicos que pongan en peligro su estabilidad emocional.

Además de lo anterior, una víctima del delito de trata y/o explotación, debe recibir asistencia jurídica, para conocer su situación en caso de que acepten tomar parte en el proceso. Asimismo, se les debe garantizar la rehabilitación, formación y profesionalización.

Sobre el caso de la mujer llamada Zunduri, la atención que recibió ha sido cuestionada por autoridades de otros niveles, así como por distintas organizaciones de la sociedad civil, como es el caso de Colectivo Contra la Trata de Personas, al considerar que los derechos de atención y protección no fueron debidamente garantizados por las autoridades competentes del Distrito Federal, pues no habían pasado ni diez días, cuando ésta mujer fue albergada por una organización que la presentó ante medios de comunicación para contar su caso, y se le permitió la salida del país para participar en un foro o encuentro de víctimas, aun cuando no había gozado de un tiempo de estabilización, atención médica y psicológica que asegurara que su vida no corría peligro alguno.

El tema relacionado con ésta joven mujer ha sido preocupación para este Senado, no sólo por la gravedad de su caso, sino por la inadecuada atención que recibió y la exposición mediática mercantil con la que se le trató. Pero también porque en la Ciudad de México y enla mayoría de las entidades federativas, la trata de personas únicamente se visibiliza desde la explotación sexual o laboral, pero se ha dejado de lado muchas formas de explotación, como la que vivió Zunduri, en la que se le forzó a trabajar y que, de no haber sido por sus propios esfuerzos para escapar, muy seguramente seguiría viviendo en explotación, como cientos de personas en este momento, ante la falta de investigación, protocolos y operativos dirigidos a detectar estos delitos.

En tal sentido el 20 de mayo de 2015, la Senadora Adriana Dávila Fernández, presentó un punto de Acuerdo para exhortar a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal para generar protocolos de atención y prevención del delito en todas las modalidades de explotación, para la detección oportuna de víctimas no sólo de explotación sexual, para que se garantice la atención correcta a las víctimas y para que informara sobre los protocolos que se utilizaron en el caso especial de Zunduri.

Lamentablemente, es fecha que no se tiene una respuesta formal de las autoridades del Distrito Federal sobre dicho exhorto.
Ahora bien, si a la fecha no se tiene información oficial sobre la situación en la que se encuentra actualmente la mujer llamada Zunduri, es cierto que los medios de comunicación han permitido conocer que se encuentra en una situación  aparentemente estable, pues no sólo se dedica a dar entrevistas en el país, sino que ha realizado distintos viajes internacionales acompañada de una organización de la sociedad civil.

Lo anterior, pudiera presumir que esta persona, a diferencia de las cientos de víctimas rescatadas en otras partes del país y el mundo, tuvo una recuperación asombrosa en menos de medio año y por tratarse de una persona mayor de edad, ella misma, según autoridades del Distrito Federal, tuvo la capacidad de renunciar a la atención que las autoridades responsables debían asegurarle durante este tiempo.

Si bien este asunto es de competencia local, para el Senado de la República es de puntual interés conocer no sólo la situación de esta joven mujer, sino de las acciones que el gobierno del Distrito Federal ha emprendido en la detección de trata de personas con otros fines de explotación como la mendicidad, trabajos forzados, etc., pues se trata de un delito dinámico con consecuencias en el orden nacional y trasnacional. Además el Distrito Federal se reconoce como una entidad que registra un gran número de víctimas de trata de personas con fines de explotación, y se considera como un lugar de origen, tránsito y destino en el que no sólo se reconocen grandes problemas respecto a la explotación sexual,  sino también con la mendicidad forzada y trabajos forzados.

Por lo anterior, es que esta Comisión ha determinado que la propuesta específica debe modificarse para que se le exhorte a las autoridades responsables del Distrito Federal a darle seguimiento puntual al caso de esta joven mujer y que no se deslinden de su responsabilidad de atenderla como lo establece la ley. También para que informe si tiene protocolos de investigación en materia de trata de personas con fines de explotación de la mendicidad forzada y trabajos forzosos.

En virtud de lo antes expuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 95, 135, 182, 188, 190 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente  resolución:

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, para que coordine una campaña nacional de prevención del delito con un enfoque integral, considerando como elementos principales la demanda y consumo, los factores que aumentan la vulnerabilidad de las personas y la erradicación de la corrupción.

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a darle seguimiento puntual al caso de la joven mujer conocida Zunduri y cumpla con su responsabilidad de atenderla conforme lo establece la ley. Asimismo, que informe si existen protocolos de investigación sobre trata de personas con fines de explotación en los trabajos forzados y mendicidad forzosa.

Senado de la República, el 22 de octubre de 2015.

COMISIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS.





 

Y el que exhorta a informar de las acciones que se están llevando a cabo para promover la armonización legislativa en materia de trata de personas.

COMISIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

A la Comisión Contra la Trata de Personas de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a los congresos estatales, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a crear las condiciones y las convocatorias para organizar un congreso nacional resolutivo de congresos estatales y del Distrito Federal para homologar las legislaciones estatales conforme a una referencia común en materia de trata de personas.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 95, 135, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión Contrala Trata de Personas presenta a la consideración de esta Asamblea el presente Dictamen, bajo lo siguiente:

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. En fecha 30 de septiembre de 2015, la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, presentó propuesta con punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a los congresos estatales, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a crear las condiciones y las convocatorias para organizar un congreso nacional resolutivo de congresos estatales y del Distrito Federal para homologar las legislaciones estatales conforme a una referencia común en materia de trata de personas.

2. El día 1° de octubre del mismo año, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión el punto de Acuerdo para su estudio y dictamen.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La propuesta tiene por objeto que el Senado de la República exhorte a la Secretaria de Gobernación, los Congresos Estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a crear las condiciones y las convocatorias para organizar un congreso nacional resolutivo de congresos estatales y del distrito federal para homologar las legislaciones estatales conforme a una referencia común en materia de trata de personas.

Señala la proponente que la homogeneidad entre legislaciones estatales es una aspiración natural para una aplicación de justicia que no esté sujeta a irregularidades de un estado a otro. Agrega que esta problemática adquiere mayor importancia cuando esa asimetría legislativa implica que el delito de trata de personas pueda actuar y “moverse” de acuerdo a legislaciones cuyas deficiencias permiten diversas conductas que generan una actuación delincuencial.

A juicio de la Senadora, la estructura del sistema jurídico mexicano que implica la existencia de diversas legislaciones estatales y federales es preocupación histórica del gobierno federal en esta materia. En ese sentido, a pesar de que la trata de personas se ha considerado en una ley general a cuyos principios y lineamientos deben ajustarse las entidades federativas, esto no se ha logrado a causa del desconocimiento de la problemática y, sobre todo, la falta de consenso en torno a la definición de trata de personas.
La anterior problemática ha tenido, a decir de la proponente, que cada entidad federativa redactara su tipo penal de acuerdo con su propia reflexión. De ahí que subsistieran en el país 32tipos penales de trata de personas (31 estatales y 1 federal)con criterios y elementos muy distintos entre unos y otros.

Además, se señala en la proposición que la falta de consenso en torno a lo que debe ser sancionado como trata de personas, así como las distintas posturas que rodean este tema (por ejemplo: la inclusión o no de los medios comisivos estipulados en el Protocolo de Palermo),provocó una dispersión normativa tal que se hizo casi imposible articular esfuerzos en materia de coordinación, investigación y persecución del delito toda vez que los estados y la Federación no sancionaban como trata de personas las mismas conductas delictivas.

Expone la Senadora que de acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México preparado por la UNODC, en México sólo 7 estados cumplen con la mayoría de los principios establecidos por el Protocolo de Palermo y 17 de éstos los atienden parcialmente. El resto de los estados atiende dichos principios de manera limitada. Asimismo, se analizó el grado de vinculación que el tipo penal de trata de personas tiene con otros ordenamientos y su operatividad. Los resultados muestran que sólo cuatro estados (Guerrero, Hidalgo, Querétaro y Sonora) cuentan con reformas integrales que evitan contradicciones, duplicidad o problemas operativos en el combate a la trata de personas (tipos penales relacionados). La mayoría (22)cuenta con una vinculación limitada.

Asimismo, señala que organizaciones civiles como AGAPE han realizado estudios en donde se muestra la diferencia entre estados que han presentado reformas a su código penal estatal pero no han emitido una nueva ley o reformado su ley expresamente; estados que han emitido una nueva ley pero NO reforman su código.

De acuerdo con lo anterior, “Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Zacatecas, Yucatán, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Morelos e Hidalgo no han derogado el tipo penal de trata en su Ley, no han derogado el tipo penal de trata de su Código, no han reformado su ley y que no han derogado el tipo penal de su código y NO cuentan con su ley en la materia”.

Derivado de lo anterior, la proponente expone que se debe crear una instancia urgente para homologar esa disparidad legislativa de los estados en materia de trata de personas, mediante el aprovechamiento de las comunicaciones, la observación y persuasión de organismos internacionales y los no gubernamentales. En especial, señala, hace falta voluntad política de los distintos actores.

Por lo tanto, la Senadora Guevara propone el siguiente exhorto:

ÚNICO.- el Senado de la República exhorta a la Secretaria de Gobernación, los Congresos Estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a crear las condiciones y las convocatorias para organizar un congreso nacional resolutivo de Congresos Estatales y del Distrito Federal para homologar las legislaciones estatales conforme a una referencia común en materia de trata de personas.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora coincide con la Senadora proponente en que delitos como la trata de personas que tienen un carácter globalizado en virtud de que son susceptibles de cometerse en diversos países en calidad de origen, tránsito o destino, deben ser atendidos desde una perspectiva homogénea.

Esto implica que las diversas legislaciones que existen en nuestro sistema federal se hagan compatibles entre sí a partir de los lineamientos establecidos por una legislación guía en los temas que les corresponda.

Para lograr lo anterior, la comunidad internacional aprobó el Protocolo de Palermo. En este se establece una definición consensada a nivel mundial sobre los elementos que integran el delito de trata de personas, así como una serie de lineamientos en materia de prevención, protección y atención a víctimas.

En el caso particular de México, en el 14 de julio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general que tuviera como principal objetivo la existencia de criterios unificados sobre la sanción, prevención y atención y protección de víctimas de trata de personas.

Derivado de lo anterior, en el 2012 se expidió la Ley General en materia de Trata de personas, cuyo artículo décimo transitorio establece que las entidades federativas armonizaran su legislación interna con la citada ley general:

Décimo.- Los Congresos de los Estados y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, procederán a hacer las reformas pertinentes en la materia y las leyes específicas, con el fin de armonizar en lo conducente a la presente Ley.

En consecuencia, en términos generales se coincide con la Senadora que propone el Punto de Acuerdo, en virtud de que la armonización legislativa en materia de trata de personas es una tarea trascendente para hacer frente a tan lamentable conducta.

En virtud a lo anterior, quienes dictaminamos tenemos a bien exponer lo siguiente:

El propósito de la armonización legislativa es que México, que en efecto es considerado país de origen, tránsito y destino, cuente con un sistema jurídico compatible a nivel nacional pues es un delito que se da en todo el país, por lo cual es indispensable que se le dé el mismo tratamiento para evitar injusticias e impunidad.

La realidad es que el proceso de armonización puede ser lento. Además, las entidades federativas han tenido complicaciones para la atención y cumplimiento de la ley general en la materia, por lo que algunas optaron por crear sus propias definiciones o establecer conductas delictivas diversas a lo que señala la ley general.

Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que en materia de delitos de trata de personas el único facultado para legislar es el Congreso de la Unión:

TRATA DE PERSONAS. EL DECRETO No. 460 POR EL QUE SE MODIFICA EL TIPO PENAL RELATIVO, CONTENIDO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 161 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 4 DE FEBRERO DE 2012, INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES RESERVADA AL CONGRESO DE LA UNIÓN.

Tomando en cuenta que la competencia para legislar en materia de tipos penales y sanciones aplicables al delito de trata de personas se reservó al Congreso de la Unión por virtud del decreto por el que se reformaron los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2011 y que entró en vigor al día siguiente, fecha a partir de la cual se privó a los Estados de la atribución con la que contaban para legislar en la materia en términos del artículo 124 constitucional manteniendo, sin embargo, facultades para prevenir, investigar y castigar el referido delito, conforme al régimen de concurrencia de facultades derivado de la fracción XXI del artículo 73 constitucional citado, se concluye que con la emisión en fecha posterior a la referida del citado decreto número 460, por el que se modifica el tipo penal contenido en el párrafo primero del artículo 161 del Código Penal para el Estado de Colima, el Congreso de dicha entidad federativa invadió la esfera de competencia que corresponde en exclusiva al Congreso de la Unión para establecer, mediante una ley general, los tipos y penas en materia de trata de personas, por lo que dicho acto legislativo implica una violación a lo establecido en los artículos 16 y 73, fracción XXI, de la Constitución Federal, en tanto que por su materia de regulación se traduce en un acto legislativo emitido por una autoridad incompetente.
Adicionalmente, la Corte ha resulto que los delitos de trata de personas que se hubiesen cometido antes de que la citada ley general entrara en vigor, se juzgarían de conformidad con las normas contenidas en los Códigos Penales locales:

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2012. Procuradora General de la República. 21 de mayo de 2012. Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza; votó en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretarios: Francisco Migoni Goslinga y Rafael Coello Cetina.

El Tribunal Pleno, el tres de diciembre en curso, aprobó, con el número 43/2013 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de diciembre de dos mil trece.

TRATA DE PERSONAS. LA LEGISLACIÓN EMITIDA POR LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 124 CONSTITUCIONAL, EN LA QUE SE ESTABLECEN LOS TIPOS PENALES Y SANCIONES APLICABLES A AQUEL DELITO, DEBE CONSIDERARSE VIGENTE HASTA LA FECHA EN LA QUE ENTRÓ EN VIGOR LA LEY GENERAL RELATIVA.

Si bien con motivo de la entrada en vigor del decreto por el que se reformaron los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2011, los Estados de la República dejaron de tener competencia para legislar respecto de los tipos penales y sanciones aplicables al delito de trata de personas, lo cierto es que ello no obsta para reconocer que la legislación local que se hubiese expedido con anterioridad a esa fecha en dicha materia podía seguirse aplicando durante el periodo en el que aún no entrara en vigor la ley general correspondiente, lo que se corrobora con lo dispuesto en el artículo décimo primero transitorio de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el sentido de que los delitos de trata de personas que se hubiesen cometido antes de que la citada ley general entrara en vigor, se juzgarían de conformidad con las normas contenidas en los códigos penales locales. En congruencia con lo anterior es inconcuso que la legislación emitida por los Estados de la República en términos del artículo 124 constitucional, en la que se establecen los tipos penales y sanciones aplicables al delito de trata de personas, debe considerarse vigente para todos los efectos legales hasta el 14 de junio de 2012, es decir, el día anterior al en que entró en vigor la citada ley general de conformidad con su artículo primero transitorio.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2012. Procuradora General de la República. 21 de mayo de 2012. Mayoría de diez votos de los señores Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza; votó en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretarios: Francisco Migoni Goslinga y Rafael Coello Cetina.

El Tribunal Pleno, el tres de diciembre en curso, aprobó, con el número 44/2013 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de diciembre de dos mil trece.

De acuerdo con lo anterior, debe estimarse que al facultarse constitucionalmente al Congreso de la Unión para establecer, mediante una ley general, los tipos y penas en materia de trata de personas, se privó a los Estados de la atribución con la que anteriormente contaban, en términos del artículo 124 constitucional, para legislar en materia del delito de trata de personas.

Con base en lo anterior, ya no existe la obligación para las entidades federativas para legislar en materia de delitos, ya que el ministerio público o el órgano jurisdiccional correspondiente deberán aplicar las hipótesis delictivas que establece la ley general.

Sin embargo, el legislador local sí cuenta con facultades para legislar en materia de prevención, investigación y atención a las víctimas del referido delito, conforme al régimen de concurrencia de facultades derivado de lo establecido en la fracción XXI del artículo 73 constitucional.

De tal manera que ya se han realizado acciones para impulsar la armonización legislativa en las materias en las que sí corresponde. Además, como lo señala la Senadora proponente, la voluntad política es un punto central para poder concretar ejercicios en donde los legisladores de todo el país logren la homologación del sistema jurídico nacional.

Tal es el caso de la Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladores Contra la Trata de Personas, formada en el Senado de la República el 22 de abril de 2013, como un mecanismo de voluntad política para fortalecer la coordinación y corresponsabilidad permanente entre legisladoras y legisladores federales, estatales y asambleístas e impulsar la armonización legislativa nacional en la materia, así como la creación e instrumentación de políticas públicas integrales que contribuyan a la prevención, atención, combate, sanción y erradicación del delito de trata de personas.

De tal manera que las Senadoras integrantes de esta dictaminadora consideran que ya existen espacios para el debate y la celebración de acuerdos que tengan como consecuencia la armonización legislativa en el tema de trata de personas.

Además debe tomarse en cuenta que la Ley General de la materia prevé la existencia de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

Dicha Comisión tiene entre sus atribuciones:

Artículo 84. El Gobierno Federal, conforme al Artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establecerá una Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, que tendrá por objeto:

I. Definir y coordinar la implementación de una Política de Estado en materia de Trata de Personas y demás objeto previstos en esta Ley;

II. Impulsar y coordinar en toda la República la vinculación interinstitucional para prevenir y sancionar los delitos objeto de esta Ley;

III. Inspección y vigilancia de los programas, acciones y tareas;

IV. Evaluación, rendición de cuentas y transparencia sin perjuicio de las atribuciones que en dichas materias correspondan a otras instancias.

Además, el artículo 89 refiere lo siguiente:

Artículo 89. Las dependencias integrantes de la Comisión tendrán las siguientes obligaciones:

X.- La Procuraduría elaborará y ejecutará programas de prevención del delito de trata de personas, con la finalidad de fortalecer la denuncia ciudadana y la solidaridad social; promoverá en la Conferencia Nacional de Procuradores las políticas públicas necesarias para la prevención del delito a escala nacional y propondrá la armonización legislativa de los tipos penales vinculados a esta materia en todo el país; se coordinará con la Secretaría de Seguridad Pública con el objeto de actualizar los datos relativos a la incidencia delictiva en todo el país con la finalidad de dar seguimiento al estado en el que se encuentren los procesos penales de aquellos sujetos detenidos y consignados por la comisión de delitos en materia de trata de personas; será responsable de establecer una Fiscalía Especializada para la persecución de estos delitos, cuyos sujetos activos se sospeche pertenecen a la delincuencia organizada nacional o internacional, e implementará mecanismos de investigación de inteligencia, una Unidad de Protección a Víctimas y Testigos de la trata de personas y promoverá las medidas de protección procesal a su favor;

La Procuraduría elaborará y ejecutará programas de prevención del delito de trata de personas, con la finalidad de fortalecer la denuncia ciudadana y la solidaridad social; promoverá en la Conferencia Nacional de Procuradores las políticas públicas necesarias para la prevención del delito a escala nacional y propondrá la armonización legislativa de los tipos penales vinculados a esta materia en todo el país.

De acuerdo con lo anterior, la Comisión Intersecretarial y la PGR podrían implementar acciones encaminadas a promover la armonización legislativa en materia de persecución y de protección a las víctimas, fortalecer las capacidades de los agentes del ministerio público y policías de las unidades y fiscalías especializadas.

Lo anterior se corrobora con el documento “Logros del Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos” se establece el objetivo 3 con la estrategia 3.1 para “Impulsar reformas integrales que permitan la armonización legislativa en materia de trata de personas”.

En consecuencia, la Senadoras integrantes de esta Comisión estiman viable reorientar el exhorto para que sea dirigido a la Comisión Intersecretarial en cita y a la PGR, para que informen al Senado de la República qué acciones se están llevando a cabo para promover la armonización legislativa vinculada con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Por lo antes descrito, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 95, 135, 182, 188, 190 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución:

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y a la Procuraduría General de la República para que informen a esta soberanía de las acciones se están llevando a cabo para promover la armonización legislativa en materia de trata de personas.

Senado de la República, el 22 de octubre de 2015.

COMISIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS.

La información sobre las reuniones y ponencias presentadas en la Conferencia se encuentran en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/trata_personas/conferencia.php





 

Tenemos también dictámenes con punto de Acuerdo de la Comisión de Asuntos Migratorios.

Uno, en torno a los derechos humanos de los migrantes.

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)







 

Otro, relativo a la migración interna de personas asociada al cambio climático.

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)







 

Uno más, sobre el uso del grillete electrónico en migrantes en los Estados Unidos.

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)







 

Otro, por el que se solicita un informe sobre la participación del Estado mexicano frente a las distintas reuniones de la Conferencia Regional sobre Migración.

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)







 

Uno más, por el que se exhorta a cumplir con los protocolos de atención a los turistas y viajeros que pasan por los aeropuertos mexicanos.

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)







 

Y otro, por el que se exhorta a informar sobre las acciones para abatir la inseguridad que padecen los migrantes al regresar a sus comunidades de origen.

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)



El Presidentes Senador Luis Sánchez Jiménez: Se inserta intervención de la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, en relación con los dictámenes de la Comisión de Asuntos Migratorios.

La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Intervención. Con el Permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Se inserta intervención de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, en relación con los dictámenes de la Comisión de Asuntos Migratorios.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Intervención. Con el Permiso de la Presidencia.



La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: También tenemos dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de Acuerdo:





 

Por el que se exhorta a realizar acciones de prevención de incidentes por la quema de pirotecnia y las fogatas urbanas.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)







 

Y por el que exhorta a promover en los planes de estudio la educación ambiental.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)







 

Por último, tenemos un dictamen de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, con punto de Acuerdo que exhorta a conservar, fomentar y reforzar los valores esenciales de las familias mexicanas.

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano de la Honorable Cámara de Senadores, de la XLIII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que en coordinación con el Sistema Nacional de Desarrollo de la Familia, realicen campañas para conservar, fomentar y reforzar los valores esenciales de las familias mexicanas y con ello se mejore su bienestar, desarrollo, unión, comunicación y convivencia familiar.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 135, 182, 183, 190, 276, 277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

La Comisión responsable del análisis y dictamen de la proposición que nos ocupa, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo denominado “ANTECEDENTES”, se da constancia del inicio del trámite legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la proposición con punto de acuerdo citada.

II. En el apartado titulado “CONTENIDODELAPROPOSICIÓN” se hace una breve referencia de las motivaciones y alcances de la misma.

III. En la parte de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos que sustentan su resolución.

I. ANTECEDENTES

1. El 10 de septiembre de 2015, el Senador Adolfo Romero Lainas del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que en coordinación con el Sistema Nacional de Desarrollo de la Familia, realicen campañas para conservar, fomentar y reforzar los valores esenciales de las familias mexicanas y con ello se mejore su bienestar, desarrollo, unión, comunicación y convivencia familiar.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, para su análisis y dictamen.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Señala el proponente que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece que el estado tendrá en sus manos el desarrollo de la nación el cual deberá garantizar que éste sea integral y sustentable, mediante el fomento al crecimiento económico y el empleo, logrando con ello que se mejore la equidad social y el bienestar de las familias mexicanas.

Menciona que parte importante es que menciona además que con el dialogo la inclusión, el respeto a las diferencias, la igualdad de trato y la convivencia en la pluralidad, se contribuye una plataforma adecuada para el desarrollo humano y económico de las familias mexicanas.

Establece que si bien es prioridad lograr un crecimiento económico y mayores empleos para el bienestar de las familias mexicanas es necesario de igual manera procurar su unidad, comunicación y convivencia mediante el fomento de los valores familiares entre sus miembros, ya que estos establecen relaciones personales que entrañan afinidad de sentimientos, ayudan a solicitar las bases para una familia fuerte y muy unida, además de ser importantes en la construcción de confianza y la confianza en cada miembro de la familia.

Informa que los valores esenciales que dentro de toda familia se deben fomentar son:

1. La pertenencia: es importante que cada miembro de la familia se sientan amados, que pertenecen y que son importantes dentro del núcleo familiar.

2. El respeto: En efecto debe de ser ganado mostrado primero que te respetas a ti.

El respeto dentro de las familias debe ser mutuo en cuanto sus opiniones, pensamientos, sentimientos, preferencias, cosas, privacidad y decisiones, estas siempre que las pongan en peligro y estén adecuadas a la edad de la persona. 

3. La autoestima: es uno de los valores fundamentales para que el ser humano sea maduro, equilibrado y sano.

Se construye desde niños originalmente dentro de la familia, en base a los mensajes recibidos de nuestros padres, hermanos, familiares, amigos y maestros. Es la suma de la autoconfianza, el sentimiento de nuestra valía personal y nuestra capacidad. Esta se basa en la variedad de pensamientos, sentimientos, experiencias y sensaciones que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida

4. Honestidad: es el fundamento de las relaciones duraderas, constituye una cualidad humana que consiste en comportarse con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia y la verdad.

5. Responsabilidad: la responsabilidad supone asumir las consecuencias de los propios actos, no sólo ante uno mismo sino ante los demás. Para que una persona puede ser responsable tiene que ser consiente se sus deberes y obligaciones, es por ello, de gran importancia que los hijos tengan sus responsabilidades y obligaciones muy claras.

El desarrollo de la responsabilidad en los hijos es parte del proceso educativo, esto con vistas a la participación de los hijos en la vida familiar y en la vida en sociedad de una manera responsable y autónoma.

6. Comunicación: dentro de la familia es donde aprendemos a comunicarnos y esta determinara el cómo nos comunicaremos con los demás.

Es fundamental que todos los miembros de una familia puedan expresar y ser escuchados en sus necesidades, emociones y expectativas sin el temor de ser rechazados o no de ser considerados por los demás, además estas deben ser satisfechas con el apoyo de otro miembro de la familia ya que esto permite establecer relaciones más claras, cálidas y eficientes.

7. Generosidad: Está representa compartir sin esperar nada a cambio ya sean bienes materiales o intangibles de los que disponemos como persona y dentro de nuestras familias.

8. Justicia: Se fomenta dentro del seno familiar al establecerse lo que corresponde a cada miembro de la misma. Es que a cada persona se les respetan sus derechos y esta a su vez se esfuerce constantemente por respetar los derechos de los demás buscando un bien general.

9. Perdón: es la manera en que una persona que sufrió una ofensa decide por sí misma o por petición del ofensor no sentir resentimientos hacia el ofensor o cesar su ira en contra de él, sin afectar la relación existente y sin optar por futuras venganzas.

Es uno de los más difíciles de llevar a la realidad debido a que está en la persona perdonar o no.

Por esto es que es muy importante ya que gracias al perdón las personas y las familias hemos podido vivir juntos y superar nuestras diferencias.

10. Lealtad: es un valor que consiste en nunca darle la espalda a determinada persona, familia o grupo social ya que están unidos por lazos de fidelidad de algún tipo.

Expresa que si bien no sólo con estos valores las familias logran su desarrollo y bienestar, estos son fundamentales en cada familia ya que son la base de sus relaciones y unidad familiar.

Afirma que de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Publica 2014-89.8% de los hogares familiares constituyen la principal forma de organización de convivencia con un promedio de 4.1 personas por familia, en tanto que aquellos hogares en los que no se identifican algún parentesco de tipo familiar representan el 10.2 por ciento por lo cual es necesario adoptar medidas que atendían esta forma de organización y convivencia.

Señala que una parte fundamental para que las familias mejoren su situación es la comunicación y convivencia familiar, actualmente en nuestro país los bajos salarios y las altas jornadas laborales impiden que las madres o padres convivan con los demás miembros de la familia, lo que en mucho casos causan falta o perdida de atención y desintegración familiar.

Establece que durante el año 1998 se advertía en base a investigaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, que en nuestro país la familia ha tenido que protagonizar nuevos roles, frente a las políticas de ajuste macroeconómico que han aplicado los gobiernos para contra restar las situaciones de crisis, lo que muestra claramente que primordialmente debemos proteger en cuanto a su integración y correcto desarrollo dentro de su entorno natural que es la familia.

Menciona que cada vez hay más familias en condiciones vulnerables y las fuentes de tensión y desintegración se amplían, en particular las responsabilidades de las mujeres se han incrementado.

Precisa que la ruptura de los vínculos familiares han tenido como consecuencia que muchos niños y jóvenes queden abandonados a sus propios medios, además de que dejan de asistir a la escuela, viven en condiciones muy desfavorables y se exponen cada vez más, a riesgos como la drogadicción, la explotación laboral, los embarazos no deseados y las enfermedades de trasmisión sexual.

Manifiesta que al mismo tiempo la situación económica general ha provocado que muchas familias estén adoptando estrategias tendientes a reducir y mitigar el impacto del desempleo y los bajos salarios. Estas estrategias de adaptación involucran tanto la organización interna del grupo familiar, como el reforzamiento de los vínculos de parentesco que dan cuenta de la existencia de una red de comunicación y apoyo entre familias emparentadas, más allá de los muros de la vivienda.

Establece que de acuerdo con la Encuesta Mundial de Valores de 2005-2008, la familia es el tema más importante en la vida de las personas además de que en nuestro país es la institución que brinda más confianza, por lo cual debemos fomentar que dentro de nuestras familias se conserven, fomenten y transmitan los valores esenciales de las familias, para que con ello se logre el pleno desarrollo de las personas y de las familias mejorando su unidad, bienestar y capacidad para superar en unidad los problemas y dificultades que afrontan las mismas.

En virtud de lo anterior el legislador propone la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que en coordinación con el Sistema Nacional de Desarrollo de la Familia, realicen campañas para conservar, fomentar y reforzar los valores esenciales de las familias mexicanas y con ello se mejore su bienestar, desarrollo, unión, comunicación y convivencia familiar.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La familia es considerada, según la Declaración Universal de Derechos Humanos, comoel elemento natural y fundamental de la sociedad, así lo establece en su artículo 16 que a la letra dice:

Artículo 16.

[…]

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado

SEGUNDA.- Particularmente la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante el Consejo de Derechos Humanos en su 29 periodo de sesiones, adoptó la resolución A/HRC/29/L.251 que tiene por objetivo la protección de la familia y el impulso de ésta como generadora de condiciones de vida dignas para la erradicación de la pobreza  y el logro del desarrollo sostenible.

A fin de incrementar la cooperación a todos los niveles sobre cuestiones relacionadas con la familia y emprender acciones concertadas para fortalecer las políticas y los programas centrados en la familia, como parte de un enfoque amplio e integrado de la promoción de los derechos humanos y el desarrollo.  Algunas partes que nos ocupan de la resolución en comento son:

[…]

4. Reafirma que la familia es el elemento natural y fundamental de lasociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado;

[…]

6. Reconoce que la familia, siempre y cuando se garantice el respeto de los derechos de sus miembros, es una sólida fuerza de cohesión e integración social, solidaridad intergeneracional y desarrollo social, y desempeña un papel decisivo en la preservación de la identidad cultural, las tradiciones, la moral, el patrimonio y el sistema de valores de la sociedad;

[…]

8. Reconoce que la unidad familiar está expuesta a una creciente vulnerabilidad;

9. Insta a los Estados Miembros a que creen un entorno propicio para fortalecer y apoyar a todas las familias, reconociendo que la igualdad entre mujeres y hombres y el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los miembros de la familia son esenciales para el bienestar familiar y para la sociedad en general, haciendo notar la importancia de conciliar el trabajo con la vida familiar y reconociendo el principio de la responsabilidad parental compartida en la educación y el desarrollo de los niños;

[…]

23. Insta a los Estados a que, de conformidad con las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, brinden a la familia, como elemento natural y fundamental de la sociedad, protección y asistencia eficaces, y, en ese sentido, alienta a los Estados a que adopten, según proceda y hasta el máximo de los recursos de que dispongan, medidas como:

a) La elaboración de políticas favorables de apoyo a la familia, y la evaluación de los efectos de esas políticas y programas en el bienestar de las familias;

[…]

c) El análisis de las políticas y los programas, incluidos los relativos a la estabilidad macroeconómica, los programas de ajuste estructural, la tributación, las inversiones, el empleo, los mercados y todos los sectores pertinentes de la economía en relación con sus efectos sobre el bienestar y la situación de la familia;

d) El apoyo de la investigación y la elaboración de estrategias integrales a fin de aumentar la capacidad de las familias y las comunidades para atender a los miembros de más edad y reforzar el papel de los abuelos en la crianza de sus nietos;

e) El análisis de las causas de la desintegración familiar y la mitigación de sus consecuencias;

f) La adopción de disposiciones para facilitar, según proceda, la integración de las familias en la sociedad y su reunificación, preservación y protección, entre otras cosas proporcionando viviendas adecuadas y acceso a los servicios básicos y a medios de vida sostenibles;

g) El fomento de la reducción de la pobreza, por ejemplo, concediendo asistencia a las familias en situaciones difíciles y reforzando la capacidad de obtención de ingresos de todos los miembros adultos de las familias económicamente desfavorecidas;

[…]

TERCERA.- En el ámbito nacional, la familia como célula fundamental de nuestra sociedad es un elemento clave que debe tomarse en cuenta para la elaboración de políticas públicas. Dada su importancia se encuentra regulada en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 4o. 

El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.2

CUARTA.- Al respecto la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) establece el derecho a vivir en familia y con ello determina una serie de acciones para fortalecer la unión familiar.

Artículo 22.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia.

Las políticas de fortalecimiento familiar tienen un efecto múltiple positivo en cada uno de sus miembros, especialmente en los niños y niñas, así como en los jóvenes. La familiar es el sector poblacional que constituye el motor para el crecimiento y desarrollo económico y humano del país.

QUINTA.- Se considera que la centralidad de la familia en el proceso del desarrollo humano plantea la necesidad de impulsar acciones que ayuden a consolidar los procesos de formación.

Una de las grandes riquezas humanas y sociales de la cultura mexicana es precisamente el valor de la familia. El desarrollo de México no se puede entender sin el papel central que ha jugado ésta como institución básica en la formación y realización de los individuos.

Se considera prioritario fortalecer la familia como ámbito de generación de valores, preservación de la identidad cultural y protección de derechos mediante acciones de prevención, asistencia, acompañamiento y promoción que permitan el desempeño de su función social.

SEXTA.- Esta comisión coincide en exhortar respetuosamente al Ejecutivo Federal para que en coordinación con el Sistema Nacional de Desarrollo de la Familia, realicen campañas para conservar, fomentar y reforzar los valores esenciales de las familias mexicanas y con ello se mejore su bienestar, desarrollo, unión, comunicación y convivencia familiar.

Por lo anteriormente expuesto, los senadores integrantes de la Comisión dictaminadora someten a la consideración de este Honorable Pleno el siguiente:

ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que en coordinación con el Sistema Nacional de Desarrollo de la Familia, realicen campañas para conservar, fomentar y reforzar los valores esenciales de las familias mexicanas y con ello se mejore su bienestar, desarrollo, unión, comunicación y convivencia familiar.

Así se acordó y voto en reunión ordinaria de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano del Senado, el 22 de octubre de 2015.

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO.

1 Para consultar el texto completo de la resolución puede ingresarse a la siguiente dirección: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/29/L.25, (31 de agosto de 2015).

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Consulto si alguno de los dictámenes se reserva para su discusión en tribuna. En virtud de no haber reservas de dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Pasamos a la discusión de los dictámenes de la Comisión Para la Igualdad de Género, con puntos de Acuerdo.

Estos dictámenes están publicados en la Gaceta de hoy, para su conocimiento. Solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy cuenta con las materias de los dictámenes:

Por el que se exhorta a los gobernantes electos a integrar sus gabinetes bajo los principios de igualdad y paridad de género.

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

(Dictamen a discusión)







 

Otro, que exhorta a realizar un censo nacional sobre la situación de las mujeres y niñas jornaleras en México.

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

(Dictamen a discusión)







 

Otro a informar sobre las acciones relativas a la alerta de violencia de género y sus resultados.

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para referirse a todos estos dictámenes.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.

La Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, si me permiten, voy a hacer una sola intervención, de enunciar los cuatro dictámenes que ponemos a su consideración.

El primero tiene que ver con una propuesta del Senador Raúl Gracia Guzmán, y además de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, quienes presentan un punto de Acuerdo relacionado a exhortar a la gobernadora y a los gobernadores que están asumiendo sus responsabilidades en sus respectivos estados, pero también a que las y los alcaldes que han resultado electos en la última contienda electoral, integren sus gabinetes procurado la paridad de género.

El segundo punto de Acuerdo, tiene que ver con una propuesta que hace el Senador David Monreal Ávila, en el sentido de que en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se realice un censo nacional para conocer la situación de las mujeres y de las niñas jornaleras en México.

El tercer punto que dictaminamos en la Comisión para la Igualdad de Género, tiene que ver con la iniciativa de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, y de su servidora, en el sentido de que se nos informe por parte del gobernador del Estado de México sobre las acciones que ha emprendido respecto a la alerta de violencia de género en su entidad, mismas que fueron anunciadas, pidiéndole a la Secretaría de Gobernación declarara la alerta de violencia de género, y hoy hemos recibido distintas inconformidades de organizaciones de defensa de los derechos de mujeres, niñas y niños en el Estado de México, respecto de que la situación en esta entidad no ha cambiado.

De tal manera, que hoy nuevamente volvemos a insistir en este otro punto de Acuerdo, que nos informe cuáles son las acciones que ha emprendido para lograr que esta alerta de violencia de género pare el feminicidio, ponga un alto al feminicidio en el Estado de México.

El cuarto dictamen que la Comisión para la Igualdad de Género propone, derivado de una propuesta del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes y de su servidora, para que el Titular del Ejecutivo Federal, en la potestad que tiene para decidir las ternas que enviará al Senado de la República para que de ellas, a partir de dos tercios de votación, pueda resultar quien ocupe los lugares, tanto de la señora Ministra Olga Sánchez Cordero, como del señor Ministro Juan Silva Meza, tengan un plan con el precepto de la igualdad sustantiva.

Es decir, que de 11 integrantes en la Suprema Corte de Justicia, se vaya caminando a la integración de mujeres y hombres en igualdad de condiciones.

Hoy, al retirarse la Ministra Olga Sánchez Cordero, lo normal sería que esa terna fuera sustituida por otra mujer. Sin embargo, no cambia absolutamente la integración hacia lograr la igualdad sustantiva en este Tribunal Constitucional de nuestra Nación, si no se avanza hacia la integración de más mujeres en la Suprema Corte de Justicia.

De tal manera que también solicitamos que la segunda terna pueda ser configurada por parte del Presidente de la República con integrantes, todas mujeres, para ir avanzando en la conformación de la igualdad en un órgano non, pues, cuando menos tengamos, logremos y vayamos avanzando, que cuando menos 5 de 11 sean de un género distinto.

Estos son los 4 puntos de Acuerdo que ponemos a su consideración, de tal manera que esperamos su voto afirmativo.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Se inserta intervención de la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, en relación al dictamen por el que se exhorta a que los gabinetes de gobierno de los estados se integren bajo los principios de igualdad y paridad de género.

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Se inserta intervención de la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, en relación al dictamen por el que se exhorta a informar sobre las acciones relativas a la alerta de violencia de género y sus resultados.

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Les informo que la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama y el Senador David Monreal Ávila, entregaron el texto de su intervención sobre el dictamen por el que se exhorta a realizar un censo nacional sobre la situación de las mujeres y niñas jornaleras en México. Se insertarán íntegros al Diarios de los Debates.

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Senador David Monreal Ávila: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El. Presidente Senador Luís Sánchez Jiménez: En virtud de no haber más oradores registrados, vamos a pasar a votar tres dictámenes, se los informo para que quede con claridad:

El primero, por el que se exhorta a que los gabinetes de gobiernos de los estados se integren bajo los principios de igualdad y paridad de género.

El segundo, por el que se exhorta a realizar un censo nacional sobre la situación de las mujeres y niñas jornaleras en México.

El último, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a informar sobre las acciones relativas a la alerta de violencia de género y sus resultados.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los tres dictámenes.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes sobre los puntos de Acuerdo que se han referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Tenemos la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con puntos de Acuerdo.

Se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy para su conocimiento.

En consecuencia, solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.





 

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy cuenta con las materias de los dictámenes:

Por el que se exhorta a agilizar la entrega de los recursos del ejercicio fiscal 2015 que fueron destinados al Programa de Empleo Temporal del Sector Pesquero.

COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA

(Dictamen a discusión)







 

Y otro en materia de innovación e inversión tecnológica, reforzamiento de los programas de apoyo, mejora en el presupuesto para infraestructura y artes de pesca.

COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En consecuencia, están a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, para presentar los dictámenes a nombre de la comisión.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

Son dos dictámenes que en la Comisión de Pesca y Acuacultura de este Senado de la República hemos aprobado con modificaciones.

El primero de ellos, un proyecto de dictamen en relación a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto  de Egresos de la Federación de 2016, dentro del ramo administrativo correspondiente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, se contemple y apruebe un incremento en las partidas presupuestales para CONAPESCA e INAPESCA en beneficio del sector pesquero y acuícola nacional.

Asimismo, exhortar a los titulares de estas dependencias, INAPESCA y CONAPESCA, para que en el ejercicio de sus facultades se dé cumplimiento a cabalidad con las atribuciones conferidas en relación a innovación e inversión tecnológica y el reforzamiento a los programas de apoyo, mejora en el presupuesto para infraestructura, artes de pesca, equipamiento, capacitación, puertos y terminales pesqueras, así como la mejora en las condiciones de conservación y manejo de captura.

Y el otro dictamen va en relación, también aprobado con modificaciones, con una proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de diversas secretarías de Estado para agilizar la entrega de los recursos presupuestales del Programa de Empleo Temporal para el sector pesquero que se entregan en una forma muy dilatoria y no coincidiendo con los periodos en los que hay más necesidad por parte del sector pesquero, sobre todo de aquellos campos pesqueros de los litorales de  nuestro país en los cuales hay más marginación y pobreza, para que coincidan, con los tiempos de veda en los que la economía familiar de este sector se ve seriamente comprometida.

Nos preocupa que, dentro de la propuesta que se está enviando del Presupuesto de Egresos para lo que es SAGARPA, CONAPESCA e INAPESCA, vengan recortes importantes y, por lo tanto, este exhorto y este mensaje a nuestros compañeros Diputados federales es para que no se olviden y estén con la reflexión y la atención bien puesta en que no podemos descuidar a nuestro sector agroalimentario, pesca y acuacultura de nuestro país, ya que de ellos depende nuestra seguridad alimentaria, nuestra soberanía alimentaria y, precisamente, ahí está la clave para no depender de una compra o un ingreso, o una importación cada vez mayor de productos alimenticios para nuestro país.

Simplemente puntualizo, y con esto terminaría, en el tema agropecuario, por ejemplo, en maíz, hay deficiencia hasta de un 30 por ciento de lo que consumimos y lo tenemos que importar.

En el fríjol, más o menos por ahí anda en ese orden del 30 por ciento de importaciones de fríjol.

En trigo se va más arriba hasta el 50 por ciento.

Y en el tema del arroz, muy serio, muy delicado, hasta un 80 por ciento tenemos que estar importando el consumo del arroz en nuestro país.

Y en lo que respecta al sector pesquero y acuacultor, son muchas las importaciones que tenemos que hacer de productos marítimos, ya sea de aguas continentales o aguas interiores, precisamente ante el potencial productor que tenemos, necesitamos incentivarlo más.

De ahí estos exhortos para reforzar el presupuesto del sector agropecuario, pesca y acuacultura, así como que no desaparezca el Programa de Empleo Temporal para el Sector Pesquero, que por ahí también sabemos se pretende desaparecer este programa, es un llamado de atención urgente a nuestros compañeros Diputados federales para que se alíen, se constituyan en fuertes aliados del sector agropecuario pesquero y acuacultor de nuestro país.

Les pido su voto de apoyo a estos dos exhortos y que lleguen de inmediato hacia la Cámara de Diputados, donde próximamente se estará discutiendo el Presupuesto de Egresos.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador López Brito.

Dado que no hay más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse estos dos dictámenes.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes sobre los puntos de Acuerdo a que se han referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Les informo que la presidencia de la Comisión de Agricultura y Ganadería, retiró los seis dictámenes con puntos de Acuerdo inscritos en la agenda de hoy.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de Acuerdo sobre el fenómeno de “El Niño”.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)



Para referirse al dictamen, se concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero.

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

Quise hacer uso de la palabra en la discusión de este dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, porque representa un tema fundamental que tiene que ver con lo que recién acaba de ocurrir en el estado de mi representación, en principio el estado de Jalisco, el estado de Colima, el estado de Nayarit y, desde luego, el estado de Michoacán.

Desde hace algunas semanas, concretamente el mes antepasado, presenté una iniciativa que tiene que ver con lo que resolvió la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Ha resuelto la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobar la iniciativa que presentamos, la iniciativa de punto de Acuerdo para exhortar a los gobiernos de los estados, en principio, de Jalisco, de Michoacán, el Estado de México y Puebla, que son los estados identificados por las autoridades del gobierno federal como proclives a sufrir algún tipo de afectación con motivo del fenómeno “El Niño”.

Decíamos en aquel entonces, que de acuerdo a estudios, se ha determinado que este fenómeno, derivado del cambio climático, habrá de prolongarse hasta el mes de diciembre; será hasta el próximo mes de diciembre en que observemos fenómenos meteorológicos, en algunos casos graves como el que acaba de ocurrir el pasado fin de semana con el huracán “Patricia”, en el que yo quisiera aprovechar la oportunidad de participar en esta tribuna para hacer un reconocimiento a las autoridades federales, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Marina, a la SEDENA, a la Policía Federal, a las autoridades estatales de Nayarit, de Jalisco, de Colima y de Michoacán, que pudieron coordinarse perfectamente para alertar a la población de la posibilidad de afectaciones graves a la integridad de las personas.

Qué bueno que no tuvimos que lamentar la pérdida de vidas, pero sí hay que decir, que tal como se había previsto, afectaciones graves al campo, como ya quedó al inicio de esta sesión, con los puntos de Acuerdo que ya se turnaron a comisiones por ser consideradas de urgente resolución, en el que están urgiendo las autoridades para que aporten y que liberen recursos del FONDEN, para resolver pérdidas materiales que se generaron en estas tres entidades de la República.

Pero este punto de Acuerdo en concreto, que ya lo preveíamos, tiene que ver precisamente con conminar a las autoridades de protección civil y educación de los gobiernos del Estado, para que ahora sí le entremos muy de lleno al tema de la prevención.

De la prevención no solamente de los accidentes en general, sino en la prevención que tiene que ver con estar preparados para la eventualidad de un fenómeno  meteorológico como los que se van a seguir generando, y que serán reiterados, de acuerdo a estudios que ya se tienen determinados, en particular, derivados del fenómeno “El Niño”.

Ya vimos lo que pasó el fin de semana, qué bueno que estuvimos coordinados, qué bueno que nos unimos, qué bueno que trabajamos de la mano con todos los ciudadanos y que evitamos tragedias y pérdidas humanas, pero sí estar atento a lo que pueda ocurrir en el futuro.

Por eso yo celebro que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales haya sido sensible a este planteamiento, haya aprobado este punto de Acuerdo.

Y el día de hoy les pido, compañeras y compañeros, que votemos a favor, lo estamos haciendo en razón de lo que pretendemos tutelar, la vida de las personas, de los niños, de las niñas, de las mujeres y de los hombres que pueden estar en riesgo permanente, y esto afortunadamente se puede prevenir si es que tomamos las medidas conducentes.

Estamos hablando entonces de que estos estados de la República, que están siendo considerados como posibles afectados en una situación con el fenómeno de “El niño”, pues tengan las medidas conducentes.

Quiero de veras felicitar y reconocer a los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y solicitarles de manera muy respetuosa a mis compañeras y a mis compañeros Senadores, que votemos a favor del proyecto de dictamen que presenta la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Señor Presidente, muchísimas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Casillas Romero.

En virtud de que no hay más oradoras y oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen discutido. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Esta Presidencia saluda a doce parlamentarios juveniles del estado de Veracruz, invitados por el Senador Héctor Yunes Landa.

¡Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República!





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de fomento del empleo juvenil.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XV Y XVI AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de Decreto por el que se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Una vez recibida por las comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida minuta y de los trabajos previos de las comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta.

IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 8 de noviembre de 2011, fue aprobado por el Pleno de la H. Cámara de Diputados el dictamen que comprende la minuta con proyecto de Decreto por el que se adicionan las fracciones XV y XVI del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

2. Con fecha 10 de noviembre de 2011, durante la LXI Legislatura, se recibió en la Cámara de Senadores la minuta citada misma que se turnó a las Comisiones de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La minuta motivo del presente Dictamen tiene como objetivo el enriquecer las atribuciones del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), para lograr el cumplimiento de su objeto; de este modo las adiciones propuestas establecen atribuciones para integrar, actualizar y publicar un catálogo nacional de programas y proyectos federales de fomento al empleo y autoempleo juvenil; así como proponer a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con prioridad a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Desarrollo Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Economía, de Relaciones Exteriores, de Reforma Agraria, y de Comunicaciones y Transportes, programas y proyectos para el fomento del empleo y autoempleo juvenil.

Con estas adiciones se redefinen las atribuciones del Instituto a fin de que adopte un papel más preponderante, y emprenda acciones transversales con las dependencias y entidades federales competentes en la planificación de estrategias que permitan a los jóvenes mexicanos insertarse al mercado productivo; también se propone la integración de un catálogo nacional de programas para el empleo y autoempleo juvenil, a efecto de dar a conocer al sector las posibilidades de emplearse y autoemplearse, proponiendo para ello adicionar dos nuevas fracciones XV y XVI al artículo 4 para quedar de la siguiente manera:

Artículo 4.

I. a XIV. ...

XV. Integrar, actualizar y publicar un catálogo nacional de programas y proyectos federales de fomento al empleo y autoempleo juvenil;

XVI. Proponer a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con prioridad a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economía, Relaciones Exteriores, Reforma Agraria, y Comunicaciones y Transportes, programas y proyectos para el fomento del empleo y autoempleo juvenil;

XVII. Difundir en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en los gobiernos de los estados y municipios, la información y los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en los Tratados Internacionales en materia de juventud, y

XVIII. Las demás que le otorguen la presente Ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios.

II. CONSIDERACIONES

La Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, señaló en su dictamen que México tiene hoy el mayor número de jóvenes en su historia, si se parte de que, tal como lo señala la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, la población joven es toda aquella persona que esté comprendida entre los 12 y 29 años de edad, el número de jóvenes en México esquívale a 36.2 millones según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que representa a más de un tercio de la población total del país, de los que 17.8 millones son hombres y 18.4 millones mujeres.

Señala que México cuenta con el mayor número de jóvenes que representan una oportunidad histórica de desarrollo económico para cualquier nación en esa situación, por lo que el gobierno tiene el reto de trabajar en la construcción de una política de Estado eficaz, que otorgue oportunidades de desarrollo personal y profesional a la población en general, pero particularmente a los jóvenes que día con día se incorporan a la población económicamente activa de nuestro país.

Considera fundamental fortalecer jurídicamente las facultades del Instituto Mexicano de la Juventud, como organismo encargado de definir e instrumentar la política nacional de juventud; tomando en consideración que el gobierno federal realiza esfuerzos para incentivar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, como la creación y operación de los siguientes programas, citados por el promovente: Apoyo al Empleo (PAE), Empleo Temporal (PET), Fomento al Empleo (PFE), Empleo Temporal Ampliado a Zonas Urbanas (PETU), Preservación del Empleo (PPE), Programa para la Creación de Empleo en Zonas Marginales, Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), Opciones Productivas, entre otros.

Argumenta que el Instituto Mexicano de la Juventud tenga como atribuciones específicas las de emprender acciones transversales con las dependencias y entidades de la administración pública federal, particularmente con las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economía, Relaciones Exteriores, Reforma Agraria y Comunicaciones y Transportes con el objeto de proponer programas y proyectos para el fomento del empleo y autoempleo de los jóvenes. Asimismo expone el porqué de la atribución para integrar, actualizar, publicar y difundir un catálogo nacional de programas para el empleo y autoempleo juvenil, a efecto de dar a conocer al sector juvenil opciones de empleo y autoempleo.

Resalta que la reforma propuesta no contraviene ninguna disposición jurídica del orden federal ni duplica disposiciones, por el contrario, enriquece las atribuciones del Instituto Mexicano de la Juventud permitiendo que el trabajo de las distintas dependencias de la administración pública federal dirigido a los jóvenes tenga mayor difusión entre el sector e impacto en sus objetivos al brindarles mayores oportunidades de empleo y autoempleo.

CONCLUSIONES

Los miembros integrantes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera procedieron al estudio de la minuta turnada efectuando múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en las iniciativas que se consideraron para su conformación, tomando en consideración para la realización del presente Dictamen el contenido y objetivo planteado por la colegisladora, cuya finalidad es la de brindar a la juventud nacional un mejor instrumento legal que les permita integrarse mediante mejores opciones laborales con mayor plenitud a las decisiones y desarrollo de nuestro país.

Reconocemos que la población joven se ha incrementado de manera significativa en los últimos años, y lo seguirá haciendo en el futuro próximo como consecuencia del efecto del alto crecimiento demográfico del pasado.

Aproximadamente, uno de cada tres mexicanos tiene un rango de edad entre 12 y 29 años, con el consecuente reto que implican la salud, la educación, la recreación, la cultura y la creación de oportunidades laborales integrales para ellos.

Desean espacios plurales de participación, en el que expresen sus ideales, sus aspiraciones, sus problemas y propongan formas para alcanzar unos y resolver otros.

Para avanzar hacia la elaboración de una propuesta de atención a los jóvenes hay que considerar que éstos, son un sector de la población con características y demandas sumamente heterogéneas, que tienen en común algunos tipos de comportamiento relativamente novedoso en la sociedad y cuya atención plantea un conjunto de retos que deben ser asumidos adecuadamente por el Estado.

Todo lo anterior, confirma la necesidad de una política de Estado, especialmente concebida para atender a la juventud, que tenga a los jóvenes como referentes permanentes en los objetivos y prioridades de la acción pública.

Es por ello que estas comisiones dictaminadoras, después de hacer un análisis exhaustivo de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, hemos considerado conveniente y favorablemente promover la propuesta de nuestra colegisladora de adicionar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Con la conclusión del análisis en cuestión, los integrantes de las Comisiones Unidas que dictaminan, de conformidad con lo anteriormente expuesto y fundamentado sobre la minuta, motivo del presente Dictamen acordado, nos permitimos someter a consideración de ésta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XV Y XVI AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

Artículo Único.- Se adiciona el artículo 4, con las fracciones XV y XVI, recorriéndose en su orden las demás fracciones, a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 4.

I. a XIV. ...

XV. Integrar, actualizar y publicar un catálogo nacional de programas y proyectos federales de fomento al empleo y autoempleo juvenil;

XVI. Proponer a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con prioridad a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economía, Relaciones Exteriores, Reforma Agraria, y Comunicaciones y Transportes, programas y proyectos para el fomento del empleo y autoempleo juvenil;

XVII. Difundir en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en los gobiernos de los estados y municipios, la información y los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en los Tratados Internacionales en materia de juventud, y

XVIII. Las demás que le otorguen la presente Ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Las acciones que, en su caso, deba realizar el Instituto Mexicano de la Juventud para cumplir con el presente Decreto, deberán solventarse atendiendo a sus recursos disponibles.

Senado de la República, el 25 de marzo de 2015.

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

A este dictamen se le dio primera lectura el 28 de abril del año en curso. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Informo a esta Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron una propuesta de modificación sobre este dictamen, misma que someteremos a su consideración.

El texto correspondiente está a su disposición en el monitor de sus escaños, si la Asamblea la aprueba, la discusión del articulado será con las modificaciones incorporadas.

Solicito a la Secretaría dé lectura.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integre al texto del dictamen.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que la modificación se integre al dictamen para su discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones que fueron autorizadas por esta Asamblea.

Por tratarse de un solo artículo, la discusión se realizará en lo general y en lo particular en un solo acto, como lo permite el artículo 198 del Reglamento.

En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular.
Informo a la Asamblea que el Senador David Monreal Ávila hizo entrega de su intervención y se integrará al Diario de los Debates.

El Senador David Monreal Ávila: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



Tiene el uso de la palabra el Senador Daniel Ávila Ruiz.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Con su permiso, señor Presidente Luis   Sánchez.

Hago uso de esta tribuna para exponer ante ustedes las bondades de este dictamen, y del que viene, que hoy se ponen a nuestra consideración, por lo que se reforma la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

En nuestro país hay más de 35 millones de jóvenes que representan una tercera parte de la población nacional total, que constituye el factor más importante en la generación de oportunidades para el desarrollo de México.

Principalmente, durante los próximos 20 años, cuando alcanzará su máximo histórico, constituyendo en términos del CONAPO un verdadero bono demográfico; es decir, estamos ante la oportunidad de desarrollo más grande, gracias al potencial que representan las y los jóvenes.

Desafortunadamente esos jóvenes padecen carencias en temas tan elementales como el empleo, la educación y la salud, por lo que día con día enfrentan obstáculos y problemas como la discriminación y la criminalización.

Hoy en día existe un número indefinido de jóvenes que no estudian ni trabajan por la  falta de oportunidades y que constituyen una carnada fácil para las redes de la delincuencia.

Por lo anterior, los dictámenes de la Comisión de Juventud y Deporte que están poniendo a nuestra consideración, tienen como finalidad enriquecer y fortalecer las atribuciones del Instituto Mexicano de la Juventud, tendientes a impulsar eficazmente el desarrollo integral de la juventud.

Con las modificaciones a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud que se proponen, se buscan tres objetivos:

Uno.- Establecer en la ley la atribución del instituto para integrar, actualizar y publicar un catálogo nacional de programas y proyectos federales de fomento y autoempleo juvenil.

Dos.- Facultar al instituto para proponer a las dependencias del gobierno federal, particularmente a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economía, Reforma Agraria, proyectos para el fomento del empleo y autoempleo juvenil.

Tres.- Establecer como objeto del instituto el diseño y coordinación de políticas, planes y programas para los jóvenes, encaminadas a promover las manifestaciones culturales y el desarrollo de sus habilidades artísticas.

Estas modificaciones buscan darle al instituto un papel más activo, propositivo y de incidencia dentro de la Administración Pública Federal, para impulsar con mayor eficacia el desarrollo de los jóvenes.

Compañeras Senadoras y Senadores, es importante insistir en que acompañado a este tipo de reformas y a unos días del análisis y aprobación del Presupuesto de  Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 en la Cámara de Diputados, en nuestra Colegisladora, se deben considerar mayores recursos etiquetados en los presupuestos para crear programas específicos, como el apoyo al primer empleo y al autoempleo.

La prevención de la deserción escolar de los jóvenes en la educación media superior y el fomento de las actividades culturales.

Asimismo, es fundamental destinar mayores recursos al desarrollo de la cultura física y el deporte en los distintos municipios de la República Mexicana, como estrategia para contrarrestar los problemas de salud y de seguridad que afecten a la juventud.

Con este tipo de acciones, estoy seguro que contribuimos en el desarrollo de la juventud y de nuestro país.

Por eso, mi voto será a favor.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ávila Ruiz.

Informo a la Asamblea que el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas reservó el artículo 4 para presentar una propuesta de modificación.

En consecuencia. Está a discusión.

Tiene el uso de la palabra el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Con el permiso del señor Presidente. Con el permiso de la Asamblea.

Las dos grandes aspiraciones de las y los jóvenes de nuestro país son: estudiar y conseguir empleo.

La minuta atiende solamente una de ellas.

En consecuencia, por existir identidad de motivación y razón jurídica, me permito proponer que se lleve a cabo el mismo ejercicio de transparencia y transversalidad en relación con los apoyos, becas y beneficios diseminados en la estructura organizacional de la Administración Pública Federal.

Con la aprobación de esta propuesta haríamos una contribución significativa en pos de la igualdad de oportunidades de estudio a fin de que se facilite el acceso de los jóvenes mexicanos a la educación superior.

Es importante recordar que en su última visita el Presidente de los Estados Unidos de América anunció un amplio programa de becas de estudio para jóvenes mexicanos, del cual a la fecha no se tiene mayor noticia, mucho menos avance.

De ahí, que de aprobarse la presente reserva, se lograría la continuidad en el exterior del último trayecto educativo de muchísimos jóvenes mexicanos.

De acuerdo al anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 2012, elaborado por el INEGI, la cobertura en educación superior a nivel licenciatura para el ciclo escolar 2011-2012, fue únicamente del 28.1 por ciento, es decir, casi el 70 por ciento de las y los jóvenes en edad de entrar a la universidad no cuentan con los apoyos a fin de cursar el último trayecto de su formación académica.

De acuerdo con la misma fuente, la cobertura en el mismo ciclo para el bachillerato en educación media superior, fue del 63.2 por ciento.

Compañeras y compañeros, sin duda la transversalidad que se propone para los programas y proyectos de la Administración Pública Federal, debemos extenderla también al ámbito educativo a efecto de que las y los jóvenes cuenten con un catálogo que les permita conocer las diversas opciones y apoyos de educación superior vigentes en México.

Hagámoslo por todos aquellos jóvenes que año con año se quedan sin estudiar a pesar de que aprueban el examen correspondiente en las distintas universidades e institutos tecnológicos del país.

Recordemos que la educación es el único medio eficaz de escala social y redistribución de la riqueza.

Es la cuenta, en espera de que pudieran apoyar esta reserva.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Blásquez Salinas.

En virtud de que ya se ha dado lectura a la propuesta de modificación que presentó el Senador Blásquez Salinas, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No se admite la propuesta de modificación.

En virtud de que no existen más propuestas de modificación o de reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del dictamen, con las modificaciones de las comisiones que fueron aceptadas por la Asamblea.



El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 96 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adicionan las fracciones XV y XVI del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de fomento y desarrollo cultural de la juventud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 3, con una fracción VII, y 4 con una fracción X Bis a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Una vez recibida por las comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta.

IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 18 de octubre de 2011, fue aprobado por el Pleno de la H. Cámara de Diputados el dictamen que comprende la minuta con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 3, con una fracción VII, y 4 con una fracción X Bis a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

2. Con fecha 20 de octubre de 2011, durante la LXI Legislatura, se recibió en la Cámara de Senadores la minuta citada misma que se turno a las Comisiones de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La Minuta motivo del presente Dictamen tiene como propósito el incluir como objeto del Instituto Mexicano de la Juventud el diseñar y coordinar políticas, planes y programas para los jóvenes que promuevan las manifestaciones culturales, el desarrollo de sus habilidades artísticas y la gestión cultural, asimismo, diseñar, instrumentar y coordinar políticas públicas orientadas al desarrollo de las manifestaciones culturales y habilidades artísticas de los jóvenes, proponiendo para ello adicionarlos artículos 3, con una fracción VII, y 4 con una fracción X Bis para quedar de la siguiente manera:

Artículo 3.

I. a IV.

V. Promover coordinadamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales y derechos;

VI. Fungir como representantes del Gobierno Federal en materia de juventud, ante los Gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así como en foros, convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite su participación, y

VII. Diseñar y coordinar políticas, planes y programas para los jóvenes, que promuevan las manifestaciones culturales, el desarrollo de sus habilidades artísticas y la gestión cultural.

Artículo 4.

I. a X.

X Bis. Diseñar, instrumentar y coordinar políticas públicas orientadas al desarrollo de las manifestaciones culturales y habilidades artísticas de los jóvenes;

XI. a XVI.

II. CONSIDERACIONES

La Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, destacó en su dictamen que los jóvenes por su condición particular representan un potencial humano que los hace formadores de cambios sociales y actores estratégicos para el desarrollo de cualquier sociedad. Pero por su condición, también constituyen una etapa de formación, de conocimiento y de experiencias nuevas que requieren el apoyo de sus familias y del Gobierno a fin de garantizar su desarrollo integral dentro de la sociedad.

Señaló que resulta primordial contar con un marco legal garante de los derechos de la población, particularmente de aquellos grupos que por su condición, como lo expone la diputada promovente, se encuentran en una situación de desventaja, a partir del cual las Instituciones del Estado lleven a cabo los programas y acciones que garanticen el desarrollo integral de los jóvenes.

Observó que los números que muestran la realidad de nuestra nación justifican la necesidad de actualizar la legislación para garantizar el acceso de los jóvenes a la cultura ya que México cuenta con una población total de 107 millones de personas de las cuales, 35 millones son jóvenes de entre 12 y 29 años de edad es decir, el 33% del total de la población mexicana es de jóvenes.

Resaltó que de estos jóvenes, el 60% de los hombres afirma que se le respeta su derecho a disfrutar de la cultura, el 20% que si pero parcialmente y el otro 20% señala que no se le respeta este derecho. Por parte de las mujeres jóvenes, el 56% indicó que si se le respeta este derecho, el 23% indicó que si pero parcialmente, y el 19% dijo que no se le respeta este derecho, de conformidad con la Encuesta Nacional de Juventud 2005.

Argumentó que si bien es cierto que más de la mitad de los jóvenes perciben que si se les respeta el derecho de acceso a la cultura, también es cierto que una tercera parte, en promedio, afirman que no se les respeta este derecho, poco más de 11 millones de jóvenes. Esto representa un foco de atención para un país privilegiado como el nuestro al contar con un acervo cultural, arqueológico e histórico sumamente rico.

Consideró no solo viable sino necesaria y oportuna la reforma promovida ya que si bien la Constitución, en su artículo 4 último párrafo, reconoce el derecho al acceso a la cultura para todas las personas, también es cierto que no está suficientemente garantizado su respeto en la legislación secundaria, particularmente en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en lo relativo a la protección del derecho de los jóvenes para acceder a la cultura.

CONCLUSIONES

Quienes integramos de manera plural las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos Primera estamos conscientes de que la problemática y los nuevos perfiles de la juventud nacional, demandan la creación y aplicación de instrumentos jurídicos que permitan un mejor desarrollo hacia este sector de la sociedad.

En el Plan Nacional de Desarrollo se reconoce la importancia de involucrar a las y los jóvenes en las decisiones que afectan sus vidas y de fomentar acciones que promuevan el reconocimiento y protección de su ciudadanía en circunstancias de igualdad.

En ese contexto y con referencia a la propuesta contenida en la minuta motivo del presente Dictamen consideramos que bajo la dinámica de actualizar el texto de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud en lo concerniente al desarrollo y gestión de la cultura, es que valoramos la conveniencia de redefinirla constitución y ámbito de actuación de la Institución representante del Gobierno Federal en la materia en el diseño y coordinación de planes y programas destinados al fomento y desarrollo cultural de nuestra juventud nacional.

Asimismo creímos conveniente actualizar el marco jurídico para un sector de gran importancia tanto en la sociedad como en nuestra nación; reconociendo y resaltando la gran importancia de la juventud mexicana, así como el establecimiento de los respectivos mecanismos para el mejor ejercicio y desarrollo de su participación en la vida nacional.

Es por ello que estas Comisiones dictaminadoras, después de hacer un análisis exhaustivo de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, hemos considerado conveniente y favorablemente promover la propuesta de nuestra Colegisladora de adicionar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Con la conclusión del análisis en cuestión, los integrantes de las comisiones unidas que dictaminan, de conformidad con lo anteriormente expuesto y fundamentado sobre la minuta, motivo del presente dictamen acordado, nos permitimos someter a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD.

Artículo Único.- Se adicionan los artículos 3, con una fracción VII, y 4, con una fracción X Bis a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 3.

I. a IV.

V. Promover coordinadamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales y derechos;

VI. Fungir como representantes del Gobierno Federal en materia de juventud, ante los Gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así como en foros, convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite su participación, y

VII. Diseñar y coordinar políticas, planes y programas para los jóvenes, que promuevan las manifestaciones culturales, el desarrollo de sus habilidades artísticas y la gestión cultural.

Artículo 4.

I. a X.

X Bis. Diseñar, instrumentar y coordinar políticas públicas orientadas al desarrollo de las manifestaciones culturales y habilidades artísticas de los jóvenes;

XI. a XVI.

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, el 25 de marzo de 2015.

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

A este dictamen se le dio primera lectura el 28 de abril del año en curso. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Compañeros Senadores, les informo que las comisiones dictaminadoras entregaron una propuesta de modificación sobre este dictamen, misma que someteremos a su consideración.

El texto correspondiente está a su disposición en el monitor de sus escaños. Si la Asamblea la acepta, la discusión del articulado será con las modificaciones incorporadas.

Solicito a la Secretaría le dé lectura.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integre al texto del dictamen.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que la modificación se integre al dictamen para su discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones que fueron autorizadas por la Asamblea.

Se informa a la Asamblea que la intervención de la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, en relación con los dictámenes de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, se insertarán en el Diario de los Debates.



En consecuencia, está a discusión.

En virtud de que no hay más oradores ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 93 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.





 

Tenemos la lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de ecosistemas costeros.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura el 28 de abril de 2015. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra al Senador Ernesto Gándara Camou, del grupo parlamentario del PRI, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Ernesto Gándara Camou: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

México es considerado, como todos sabemos, un país mega diverso, ya que no solamente tiene un gran número de especies, sino también por su gran diversidad genética y de ecosistemas. Nuestro país, como sabemos, cuenta con más de 200 mil especies diferentes de flora y fauna.

Como muestra de esta riqueza nacional, de acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, contamos con más de 170 mil kilómetros cuadrados de áreas naturales protegidas; 34 reservas de biósferas; 64 parques nacionales; 26 áreas para proteger la flora y la fauna; 4 áreas para la protección natural y 17 santuarios con una gran diversidad de especies.

La zona marítima mexicana está conformada por 11 mil kilómetros de litoral, del cual, 68 por ciento corresponde a las costas e islas del Océano Pacífico y del Golfo de California y el resto, 32 por ciento, a las costas, islas y callos del Golfo de México y Mar Caribe.

Nuestras características geográficas, climáticas y de mares han permitido el desarrollo de fauna única en la región, como ballenas, tortugas y una gran diversidad de especies de aves. No obstante, en esta legislación vigente no existe una clara definición de lo que ya debería de ser, que es el ecosistema costero.

Lo anterior genera diversas problemáticas e impactos negativos en la conservación del medio ambiente, ya que deja a criterio de la autoridad, de manera discrecional, sin ninguna repercusión, la autorización en materia de impacto ambiental en desarrollos inmobiliarios, para citar un ejemplo.

De acuerdo con múltiples especialistas, las interpretaciones jurídicas se traducen en omisiones normativas y en nulos mecanismos de prevención para la contaminación a mares, erosión de playas y pérdidas de la cobertura vegetal.

Tan sólo el Indice de Salud Oceánica, desafortunadamente ubica a México en el lugar 155, entre 200 países evaluados, debido a la sobreexplotación de la pesca y a la contaminación de su mar.

Compañeras y compañeros, esta propuesta ha sido retroalimentada desde su presentación en el 2013 y creemos que en sus términos permite superar esos limitantes al establecer con precisión que los ecosistemas costeros son las playas, dunas costeras, acantilados y franjas intermareales.

Señala que las franjas intermareales son los humedales costeros, como las lagunas interdunarias, las lagunas costeras, los esteros, marismas, pantanos, ciénegas, manglares, oasis, cenotes, pastizales, palmares y las selvas inundables.

Precisa que estas franjas también están compuestas por arrecifes de coral, ecosistemas formados por comunidades de macro algas, pastos marinos, fondos marinos y las costas rocosas.

Además enfatiza que estos ecosistemas se caracterizan debido a que se localizan en la zona costera, pudiendo comprender espacios marinos, acuáticos o terrestres que abarcan el mar, a partir de una profundidad de menos de 200 metros, hasta 100 kilómetros de tierra a dentro, ó 50 metros de elevación.

Entre sus bondades destaca que permitirá una mayor coordinación interinstitucional entre la Secretaría del Medio Ambiente, las entidades productivas y los municipios para determinar todo lo que implique la zona costera nacional.

A nombre de nuestro grupo parlamentario, votaremos, y desde luego, solicitamos a todos los compañeros y compañeras votar a favor de esta propuesta de reforma en donde se adicionan diversas disposiciones, en este sentido, en los artículos 3º y 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, devuelta con modificaciones para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

Lo anterior, porque si bien son significativas las aportaciones formuladas por nuestros compañeros de la Colegisladora, como lo indican los datos que hemos enunciado, no permiten una protección y definición integral de los ecosistemas marinos.

Por lo tanto, compañeras, compañeros, los invitamos a hacer estas peticiones que desde luego serán para bien del desarrollo sustentable, del cuidado de nuestro patrimonio, que no hay que olvidar, como dijera alguien por ahí, que no es nuestro, sino es un préstamo de nuestros hijos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Gándara Camou.

Está a discusión. Informo que para la discusión en lo general se ha inscrito la Senadora Silvia Garza Galván. En consecuencia, tiene el uso de la palabra.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Voy a hablar y a referirme a los tres dictámenes en este momento, porque son de suma importancia para México y para sus recursos naturales.

El primero de ellos, presentado por el Senador Jorge Emilio González, que es un dictamen en el que se define ecosistemas costeros en la LGEEPA, siendo un tema de suma importancia, dada la vulnerabilidad de nuestras costas mexicanas.

Este dictamen que se vota hoy realiza modificaciones a la propuesta enviada por la Colegisladora. Dado nuestro interés en el tema, se realizaron modificaciones en la definición, y por ello se regresa el dictamen a la Colegisladora para insistir en la propuesta originalmente aprobada por el Senado.

Determina un avance sobre la definición de ecosistemas costeros, por ello solicito su voto a favor. Pero necesitamos también ir más allá.

Junto con algunos otros compañeros Senadores y Senadoras, hace unos meses presentamos una iniciativa de ley de gestión integral y sustentable de las costas mexicanas, la cual debe ser analizada y aprobada para darle mayor seguridad a nuestras costas en los 17 estados costeros de la República Mexicana.

México es el único país costero que no cuenta con una ley de este tipo de hablar de forma integral.

En otro de los dictámenes, también de Medio Ambiente, presentado por la Senadora Ninfa Salinas, es un dictamen que determina una obligación para los tres poderes de la Unión, este dictamen es de suma importancia para implementar manuales de sistemas de gestión ambientales en sus oficinas, y con ello reducir la huella ecológica. Creo que es momento de ser responsables con el medio ambiente.

Y también les comento que tenemos que poner el ejemplo. Este Senado, desde hace muchísimo tiempo, cuando entramos, presentamos varios Senadores puntos de Acuerdo hablando de un Senado sustentable.

Hace un mes presenté un punto de Acuerdo para que el Senado sea sustentable. Se realizan aproximadamente, por poner un ejemplo, 280 síntesis diarias, con alrededor de 180 hojas impresas por ambos lados.

¡Imagínense ustedes, si pudiera poner aquí todas estas síntesis, taparíamos todo esto y no podríamos tener sesión!

Es momento, señor Presidente Roberto Gil, de tomar una decisión y dejar de mandar a imprimir esas síntesis del Senado; dejar de enviar las botellitas de agua, y entrarle responsablemente, y ahí también vamos a ahorrar dinero de los mexicanos.

Así es que lo convoco a tomar esa decisión, y que a partir del 1º de noviembre ya no haya más síntesis en papel.

Ahí están los medios electrónicos y tenemos que entrar a esta nueva era digital salvando a millones de árboles, señor Presidente.

Y por último, el dictamen, también presentado, y a una modificación de la Ley General de Vida Silvestre, del Senador Jorge Emilio, habla de robustecer el marco legal para prohibir el aprovechamiento extractivo de tiburón ballena, blanco y peregrino, y sierras peine y de estero.

Con este dictamen determinamos que el aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o fines comerciales queda prohibido, ya que estamos hablando de especies en peligro de extinción, que tenemos que dejarlas que se recuperen y que también nuestros hijos y nietos las puedan conocer. Sólo se autoriza para su captura actividades de restauración, repoblamiento y reintroducción de estas especies en su hábitat natural.

Creo que con estos tres dictámenes, que a bien tuvo la Comisión de Medio Ambiente, presidida por la Senadora Salinas, son de gran avanzada, y que tendrán un impacto positivo a nuestros recursos naturales.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de que no hay otros oradores registrados, ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a un grupo de personas provenientes de organizaciones de San Juan del Río, Querétaro, invitados por la Senadora Sonia Rocha Acosta.

Agradecemos su visita.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!

También damos la bienvenida a alumnos de la carrera de Relaciones Internacionales y Administración Pública de la FES Acatlán, invitados por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández.

¡Sean también bienvenidos!

Esta Presidencia también les da la cordial bienvenida a estudiantes de Licenciatura en Derecho de la Universidad Simón Bolívar y del Colegio Holandés, invitados por la Senadora Luz María Beristain Navarrete.

¡Bienvenidos!



El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 95 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.





 

Tenemos a continuación la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 17 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de acciones de manejo ambiental.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 BIS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura el 28 de abril del año en curso. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que esta discusión se dará en lo general y en lo particular en un solo acto. Está a discusión.

Tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz. Entregó su intervención, insértese en el Diario de los Debates.

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Debido a que la Senadora Silvia Garza Galván expuso ya sus argumentos sobre el presente dictamen en la intervención anterior y por no haber más oradores, ábrase el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular.



La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 95 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 17 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Enseguida pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 60 Bis 1 de la Ley General de Vida Silvestre, para la protección del tiburón y del pez sierra en riesgo de extinción.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 BIS 1 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura el 28 de abril del año en curso. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra al Senador Aarón Irizar López, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en término de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Aarón Irizar López: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores.

Los tiburones han existido en nuestro planeta desde hace más de 400 millones de años. Desafortunadamente, por diversas razones, al día de hoy se encuentran en grave problema de extinción.

Según estadísticas de organismos ambientalistas, cada año son asesinados más de cien millones de ejemplares de tiburones, uno de los usos es la elaboración de sopa de aleta de tiburón, la cual ha tenido una gran relevancia en el mercado asiático por sus altos contenidos nutricionales.

Los tiburones cumplen un papel de la mayor importancia en los ecosistemas marinos, los océanos necesitan tener un número suficiente de estos animales para poderse conservar los sanos equilibrios.

Estos grandes depredadores sirven como un regulador de las cadenas alimenticias y proporcionan el equilibrio en los ecosistemas, su alimentación es muy variada, por lo que ayudan a mantener la cadena trófica oceánica, se alimentan de las especies más abundantes, ayudando a equilibrar poblaciones entre diferentes especies, de esta manera evitan que se creen invasiones que monopolicen un área y ayudan a que exista, obviamente, mayor diversidad.

 El presente dictamen adiciona un párrafo al artículo 60 Bis 1 de la Ley General de Vida Silvestre para brindar exactamente protección necesaria para la preservación, en particular de tres especies de tiburón: el tiburón blanco, el ballena y el peregrino.

Además de dos especies: el pez sierra peine y el de estero. Estas especies se encuentran clasificadas con la categoría de vulnerable por la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, debido a que sus poblaciones se han reducido en más de un 30 por ciento en tan sólo los últimos diez años. Además de ser productos de los cuales se extrae carne, que es aprovechada con sus partes y derivados, también fue incorporado en el apéndice dos de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, ya desde el año 2005.

Las cinco especies incluidas en el dictamen están consideradas como especies amenazadas por la Norma 059 Semarnat 2010 en materia de protección ambiental y especies nativas en México por flora y fauna silvestre.

Además, el artículo 58 de la Ley General de Vida Silvestre considera que estas especies listadas en la Norma, son aquellas que pudieran llegar a encontrarse en peligro de desaparecer en un corto o probablemente en un mediano plazo, si se siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad.

Con este argumento, el dictamen que hoy proponemos busca fortalecer la legislación y eliminar lagunas existentes al establecer las bases necesarias para proteger de manera efectiva a estas especies de tiburón.

Con la aprobación del presente dictamen, se prohíbe el aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o comercial de las cinco especies citadas.

Por lo tanto, solicitamos la aprobación de este Honorable Senado de la República a este dictamen.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Debido a que la Senadora Silvia Garza Galván expuso ya sus argumentos sobre el presente dictamen en su intervención anterior, y por no haber más oradores registrados, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento, ábrase el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular.



La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 93 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 60 Bis 1 de la Ley General de Vida Silvestre. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 7 y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de conducta de respeto y trato digno sin discriminación.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 7o; LAS FRACCIONES V, VI Y X DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES  PÚBLICOS

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura el 28 de abril del actual año. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaría Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones dictaminadoras, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, señor Presidente. El dictamen que está a la vista tiene que ver con una reforma a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Y el tema que nos ocupa es un tema muy recurrente, el tema de la búsqueda de la no discriminación, de parar el tema del acoso y el hostigamiento, tanto laboral como sexual, y esta reforma a la ley de Responsabilidades, pasa por actualizar los agravios que sufren las mujeres y hombres con preferencias sexuales también distintas.

La importancia del presente asunto queda de manifiesto en las siguientes consideraciones:

Se incorpora el concepto de derechos humanos y se garantiza que se sancione toda la conducta que los vulnere.

De igual manera se establece a las dependencias que tendrán que tener un código de conducta y se atribuye a dar mayor claridad a las cuestiones relativas a la licencia de maternidad y de paternidad.

De igual manera, este dictamen aborda, menciona, conductas como el hostigamiento y el acoso sexual, que son causales de recesión de relación laboral, reconocidas en la Ley Federal del Trabajo, ambos, hay que decir, ambos son muy difíciles a veces de probar.

Esta iniciativa que ha sido presentada por un grupo de legisladoras, pretende que las cuestiones de los servidores públicos se conduzcan con absoluto respeto e institucionalidad, cumpliendo y aplicando lineamientos que garanticen la igualdad en el seno de las instituciones.

Por eso nosotros consideramos muy importante, compañeras y compañeros, que aprobemos este dictamen de manera positiva, porque trata de, sobre todo, establecer la responsabilidad que tienen los servidores públicos, teniendo un clima laboral sano en donde el respeto a los derechos humanos prevalezca.

Sé que su voto será favorable, porque ésta ha sido una lucha de mucho tiempo, de evitar la discriminación por sexo, por situación de género, que hoy traemos a su consideración.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Está a discusión en lo general. En consecuencia, tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente. Con su venia, señoras Senadoras y señores Senadores.

El país, igual que en el mundo, poco a poco va sufriendo cambios que nos permiten que las personas entre sí tengan relaciones distintas, vamos poco a poco evidenciando cuáles actitudes tienen que ser remontadas, tienen que cambiar.

Y en el caso de nuestro país, y particularmente en el tema que hoy nos ocupa, es importante señalar que los cambios que ocupan al Senado de la República tienen que ver con reformas a nuestro marco jurídico que garanticen relaciones distintas entre las personas, entre mujeres y hombres, entre personas que han sufrido cualquier tipo de discriminación por diversas condiciones.

Por eso es muy loable el dictamen que hoy presentamos a su consideración, de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, relativo a diversas reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Tiene que ver, como ya lo ha referido la Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, Senadora Gastélum, en el sentido de que los padres gocen de la misma potestad que tienen ya garantizada en la Ley Federal del Trabajo las mujeres que trabajan, cuando se trata de ejercer sus derechos a la paternidad.

Tiene que ver con cambios acordes a los cambios de la Constitución, por ejemplo, no ser menores, cambiar garantías individuales por derechos humanos, insisto, acorde al primer capítulo del título primero de la Constitución.

Y tiene que ver también con establecer en esta ley los principios de igualdad y de no discriminación, de incorporar el trato digno y de respeto, así como el que se respeten los derechos humanos de quienes están bajo la responsabilidad de alguna encomienda como servidores públicos.

Por eso las reformas que hoy presentamos al artículo 7o. y al artículo 47, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es desde nuestro punto de vista la adecuación que tendríamos que hacer a la legislación para que no se contravenga con las distintas reformas constitucionales que hemos impulsado.

En ese sentido les solicitamos a ustedes, señoras y señores, su voto afirmativo a estas reformas que acabamos de enunciar.

Es cuanto y muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables en levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Suficientemente discutido, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones. Al no haber ningún artículo registrado, se informa a la Asamblea que la intervención de la Senadora Adriana Díaz Lizama, se insertará en el Diario de los Debates.

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Al no haber más oradores ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular.



La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 97 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 7 y las fracciones V, VI y X del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes de varias carreras del Instituto Tecnológico Latinoamericano e Instituto Tecnológico del Oriente del estado de Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses. Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República.





 

Compañeros Senadores, les informo que las iniciativas y proposiciones que cumplen hoy su segunda inscripción se turnarán a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 30 DE SEPTIEMBRE “DÍA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD”

(Presentada por los Senadores Sofío Ramírez Hernández, Raúl Morón Orozco, Isidro Pedraza Chávez y Ana Gabriela Guevara Espinoza)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 187 BIS Y 187 BIS 1 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 187 BIS Y 187 BIS 1 DE LA LEY GENERAL DE SALUD , al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Organización Mundial de la Salud alertó en el Informe Mundial de la Situación sobre el Alcohol y la Salud 2014, sobre la grave situación que se padece en el mundo en cuanto al consumo de alcohol; estimando que alrededor de 3.3 millones de personas murieron en 2012 por ingesta nociva.

En promedio, en el mundo cada persona de 15 años o más bebe anualmente cerca de 6.2 litros de alcohol puro; sin embargo, al considerar únicamente a la población que lo consume, es decir el 38.3 por ciento, tenemos como resultado que cada persona en promedio consume 17 litros de alcohol puro al año.

El consumo de alcohol además de conducir a la dependencia, aumenta el riesgo de las personas a desarrollar más de 200 enfermedades, incluyendo la cirrosis hepática, cáncer, tuberculosis y neumonía.

El Informe referido también señala que un mayor porcentaje de hombres que de mujeres muere por causas relacionadas con esta ingesta, pese a que existe evidencia de que las mujeres pueden ser más vulnerables a los efectos nocivos en comparación con los hombres.

América Latina ocupa el segundo lugar en cuanto al consumo per cápita más alto, después de Europa; y asimismo, tiene patrones de consumo asociados a efectos nocivos para la salud y con un menor índice de abstención de por vida.

En promedio, en esta región se consumen 8.4 litros de alcohol puro per cápita cada año, el 22 por ciento de los bebedores en tienen consumos episódicos fuertes. Los patrones de consumo indican que la cerveza es la bebida más popular y, de acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, seguidos por Brasil, México y Cuba tienen las tasa de mortalidad más altas por causas atribuibles al alcohol.

La OMS ha señalado que nuestro país ocupa el primer lugar en cuanto a consumo per cápita  de alcohol en el continente americano con un promedio anual de 32 litros entre hombres y 18 en las mujeres. Asimismo, se calcula una pérdida de más de 310 mil años de vida saludable de la población por esta causa.

Se tiene conocimiento que las bebidas embriagantes son factor de riesgo en el 78 por ciento de los casos de muerte y discapacidad; y en el 51 por ciento de todas las lesiones por violencia.

La Encuesta Nacional de Adicciones 2011 mostró que la dependencia al alcohol se duplicó entre 2002 y 2011, al pasar de 3.5 a 6.2 por ciento en los hombres, y en las mujeres se triplicó pues subió de 0.6 a 2 por ciento.

Estas cifras nos muestran que, además de que existe un alza en el consumo de bebidas alcohólicas, las mujeres se están viendo muy afectadas, ya que su presencia en trastornos asociados a esta ingesta aumentó en más del 50 por ciento.

La OMS alertó también que, visto desde una segmentación poblacional, en nuestro país los hombres mayores de 15 años consumieron en promedio 18 litros de alcohol, mientras que las mujeres consumieron en promedio 5.7 litros. Esto es muy preocupante si consideramos que en nuestro país mantiene una política de restricción para la venta y consumo de alcohol en menores de 18 años de edad.

El Instituto Nacional de Psiquiatría reveló que 63 por ciento de la población identificada como consumidora de alcohol son adolescentes y jóvenes entre 12 y 24 años; y que las principales causas que originan dicho consumo son la curiosidad con un 29.4 por    ciento, la invitación de amigos con 13.5 por ciento y la experimentación con 12.4 por ciento.

Dicha institución también señaló que en todos los problemas percibidos por las personas que consumen alcohol en los ámbitos familiar, legal, académico y orgánico aumentan cuando el consumo es regular; este dato se confirma con la información de los Centros de Integración Juvenil  cuando señala que el 87.4 por ciento de la población que atiende declara consumir o abusar en el consumo del alcohol. El Centro Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud muestra que en el 47.9 por ciento de las personas que consumen alguna sustancia adictiva el alcohol fue la primera droga de consumo.

El INEGI ha señalado que los accidentes de tráfico de vehículos de motor y la enfermedad alcohólica del hígado son dos de las cuatro principales causas de muerte entre la población de 35 a 44 años. Dicho Instituto muestra cifras que indican que en 2012 se registraron 4 mil 898 defunciones por esta causa.

Las estadísticas de mortalidad indican que el total de decesos anuales que se contabilizan por enfermedades del hígado son imputables directamente al consumo del alcohol, sumando en promedio 12 mil 540 caso; es decir, 34 casos diarios, o bien, una muerte cada 40 minutos por el consumo excesivo de alcohol.

En este contexto, nuestro país apenas cuenta con programas que inhiben el consumo de alcohol entre las y los conductores en algunos Estados, y, a pesar del Programa de Seguridad Vial 2007-2010, la Secretaría de Salud implementó a partir de 2009 el Programa Nacional de Alcoholimetría en los Municipios de las 32 entidades federativas con mayor índice de mortalidad por accidentes y alta movilidad, sin embargo, aún no existen programas de este tipo operando en todo el país, de ahí nace la preocupación central de esta propuesta.

La presente iniciativa persigue los siguientes objetivos:

1. Señalar la competencia de Estados, Municipios y demarcaciones delegacionales del Distrito Federal dentro de las políticas en contra del uso nocivo del alcohol.

2. Establecer como una facultad de la Secretaría de Salud establecer normas para la impresión de leyendas, imágenes, pictogramas y mensajes sanitarios que deberán figurar, al menos, en el 30 por ciento de todos los envases de bebidas alcohólicas.

3. Ampliar la facultad del Ejecutivo Federal en materia de políticas para la prevención y disminución del uso nocivo del alcohol contemplando intervenciones breves y de screening.

4. Promover medidas para la disminución del alcohol por medio del desarrollo de medidas para evitar el consumo de alcohol en mujeres bajo cuidados prenatales y establecer campañas para informar sobre los peligros asociados a la ingesta simultanea de alcohol con fármacos o bebidas energizantes.

5. Establecer el carácter de gratuidad en los centros especializados para el tratamiento, atención y rehabilitación del alcoholismo.

Es un hecho que el consumo irresponsable de alcohol entraña mayores riesgos para la salud, mismos que abonan a los serios problemas que estamos padeciendo en cuanto a enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad; además de favorecer los accidentes y hechos violentos.

Si bien se han desarrollado importantes medidas en la materia en nuestro país, consideramos que debemos llevar varias de estas a rango de Ley, pues los diagnósticos muestran la necesidad de emprender mayores esfuerzos para disminuir la disponibilidad de estos productos reforzando las políticas que ya se están desarrollando.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el   siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se ADICIONA la fracción II, recorriéndose las subsecuentes; y los incisos b) y c) de la fracción V; y se REFORMAN las fracciones I, III, IV y V; todas del artículo 187 Bis; y el artículo 187 Bis 1, de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera:

Ley General de Salud

Artículo 187 Bis. Son facultades de la Secretaría de Salud en el marco de la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol:

I. Establecer los límites de alcohol en sangre y en aire expirado para conducir vehículos automotores, los cuales deberán ser tomados en cuenta por las autoridades federales, estatales, municipales y de las demarcaciones delegacionales en el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia. Tratándose de vehículos que presten un servicio público, personas que hagan uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, así como los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud que participen en la atención médico-quirúrgica de un usuario, los límites de alcohol en sangre y aire expirado serán cero;

II. Establecer normas para la impresión de leyendas, imágenes, pictogramas y mensajes sanitarios que deberán figurar, al menos, en el 30 por ciento de todos los envases de bebidas alcohólicas.

III. Promover la participación de la sociedad civil en la ejecución del programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, con base en las disposiciones y estímulos fiscales que para tales efectos establezca la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

IV. Proponer al Ejecutivo Federal las políticas públicas y fiscales para la prevención y disminución del uso nocivo del alcohol que contemplen intervenciones breves y screening de consumo de alcohol; y

V. Promover ante las autoridades estatales, municipales y de las demarcaciones delegacionales en el Distrito Federal, la implementación de medidas y acciones que favorezcan la disminución del uso nocivo del alcohol y de los efectos de éste en terceros, tales como:

a) Limitar los horarios para consumo del alcohol,

b) Desarrollar medidas para evitar el consumo de alcohol en mujeres bajo cuidados prenatales,

c) Establecer campañas para informar sobre los peligros asociados a la ingesta simultanea de alcohol con fármacos o bebidas energizantes, y

b) Otras que sirvan o prevengan los fines a que se refiere este artículo.

Artículo 187 Bis 1.- Para el tratamiento de enfermedades derivadas del alcoholismo, las dependencias y entidades de la administración pública en materia de salubridad general, tanto federales como locales, fomentarán la creación de centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación, con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, estos serán gratuitos y se fundamentarán en el respeto a la integridad y a la libre decisión de la persona que padece alguna enfermedad derivada del alcoholismo. La Secretaría emitirá la norma correspondiente para regulación de estos centros.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,
el 27 de octubre de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, Cristina Díaz Salazar, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Actualmente se estima que cerca de cinco millones de personas han nacido en el mundo mediante técnicas de reproducción humana asistida1. Específicamente en Latinoamérica se estima que de 1990 a 2010 han nacido 150 mil personas a partir de estas técnicas2.

Estas cifras, demuestran el importante aumento de los niveles de infertilidad en el mundo, lo que nos obliga en México a generar un marco jurídico que sea garante del derecho constitucional de todas las personas a formar una familia y que facilite el acceso a la reproducción biológica o genética3.

Es así que el acceso a las diferentes técnicas de reproducción asistida implica el ejercicio de una serie de derechos, reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales que México ha ratificado y que de acuerdo con el artículo 1o. constitucional son parte integrante de la Constitución, entre ellos el derecho a fundar una familia, a la igualdad y no discriminación, a la autonomía reproductiva, a la salud y a beneficiarse del progreso científico.

La propia Constitución consagra en su artículo 4o. el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos. Ese derecho a la libre decisión reproductiva se traduce en el hecho de que las decisiones que las personas adopten no pueden ni deben ser condicionadas, bajo ninguna circunstancia, por acciones del gobierno; por el contrario, las políticas de salud reproductiva deben ser absolutamente respetuosas de la libertad y la dignidad de las personas, y tendientes a facilitar la toma de decisiones informadas en esa materia.

La libre decisión reproductiva no implica exclusivamente la garantía de acceso a esquemas anticonceptivos, tema en el cual nuestro país ha avanzado sustancialmente, sino que también comprende la obligación del Estado de promover lo conducente para que todas las personas tengan acceso a los mecanismos necesarios para ejercer su derecho a la procreación, lo que incluye a la reproducción asistida.

En el ámbito internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Artavia Murillo y otras (“Fecundación In Vitro”) vs. Costa Rica, recientemente determinó que el Estado debe garantizar el acceso a las técnicas de reproducción asistida sin discriminación respetando los derechos humanos de las personas a la integridad personal, la libertad personal, la vida privada y familiar, en relación con la autonomía personal, la salud sexual y reproductiva y el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico.

En este sentido, la Corte estableció que el derecho a la vida privada incluye la decisión de ser madre o padre en el sentido genético o biológico, siendo la posibilidad de procrear parte del derecho a fundar una familia. Además, señaló que el derecho a la vida privada se relaciona con la autonomía reproductiva, y el acceso a servicios de salud reproductiva, lo cual involucra el derecho de acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer ese derecho.*

* Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación In Vitro”) vs. Costa Rica, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2012.

La infertilidad es la incapacidad para lograr un embarazo, después de un año de búsqueda intencionada sin el uso de algún método anticonceptivo. La Organización Mundial de la Salud señala a la infertilidad como una enfermedad creciente y sostiene que en más del 90 por ciento de los casos que se presentan existe solución con la aplicación de la tecnología reproductiva actual. Sin embargo, la dinámica social que enfrentan hombres y mujeres dentro del marco laboral, ha generado la presencia de eventos degenerativos y nuevas enfermedades relacionadas con la salud reproductiva, por un lado, y el rezago en la búsqueda de embarazo. Lo anterior, ha condicionado un incremento en la demanda de servicios de salud relacionados con la infertilidad, y la generación de nueva tecnología para satisfacer esta necesidad.

La infertilidad es un problema de Salud Pública que afecta a 80 millones de individuos en el mundo. En México, cifras presentadas por el Consejo Nacional de Población indican que el 17 por ciento de los y las mexicanas en edad reproductiva cursa con algún trastorno relacionado con la infertilidad, lo que evidencia la creciente necesidad de servicios de salud para atender esa problemática.

En las últimas décadas se ha evidenciado una disminución progresiva en la capacidad reproductiva tanto de hombres como de mujeres. Los estilos de vida, los agentes mutágenos y teratógenos en la alimentación, el estrés cotidiano, el consumo de tabaco, las infecciones de transmisión sexual y la exposición a procedimientos quirúrgicos en órganos reproductivos son algunos de los factores que han contribuido a esta problemática.

Avances recientes en la fisiología humana han demostrado un papel fundamental del factor masculino en la problemática reproductiva, evidenciando que el 50 por ciento o más de las causas de infertilidad son debidas a éste en forma aislada o en asociación con algún trastorno reproductivo en la mujer.

Desafortunadamente, para finales del siglo XX el conocimiento en materia reproductiva no sólo era poco entendido, sino que se le rodeaba de creencias y mitos que, más que dar una solución objetiva a los problemas de infertilidad, ponían en riesgo la salud integral de hombres y mujeres. Esto contribuyó a generar una situación de desesperanza para los individuos y una estigmatización social por la incapacidad para lograr un embarazo. El costo moral, psicológico, físico y económico de la infertilidad se convirtió en la tónica acompasada de un total desconocimiento en la materia y del uso de herramientas diagnósticas y tecnológicas en extremo limitadas para su tiempo.

Los progresos de la biología y la medicina en torno a la reproducción humana asistida hacen necesario regular esa materia, a fin de asegurar en todo momento el respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos reproductivos.

La reproducción humana asistida ya ha sido materia de legislación en otros países, entre los cuales destacan Inglaterra, Francia, Estados Unidos y España. Esas leyes coinciden en el objetivo de garantizar el derecho de las personas de procrear y regular prácticas que, tal y como sucede hoy en México, antes se llevaban a cabo sin el suficiente control y vigilancia.

En nuestro país, ante el incremento del número de mujeres y hombres que se ven afectados por la infertilidad, se ha convertido en una imperiosa necesidad que el Estado Mexicano de certeza para que los individuos que acuden a las técnicas de reproducción asistida cuenten con seguridad jurídica, obligando a los hospitales, clínicas y establecimientos de salud en los que se llevan a cabo estas prácticas a que cumplan con las especificaciones y requerimientos necesarios que permitan garantizar que los servicios que se presten sean de calidad y se obtengan los mejores resultados posibles.

Es también imperativo legislar en materia de reproducción asistida atendiendo a los avances de la ciencia y pleno respeto a los derechos humanos, ya que la omisión de regulación específica impide el pleno ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad reproductiva y a la protección de la salud que tienen todos los hombres y las mujeres de nuestro país, así como el derecho a la no discriminación, reconocidos todos en los diferentes tratados internacionales en la materia suscritos por nuestro país.

Hemos visto pasar por este Congreso de la Unión varios intentos por regular o incluso prohibir y penalizar prácticas complementarias a la reproducción asistida. Varios de ellos han sido incluso violatorios de los derechos humanos y con un importante sesgo ideológico, contrario a la evidencia científica y a tratados internacionales suscritos por México en materia de no discriminación y Derechos Humanos.

En el caso específico de la gestación por sustitución, resulta evidente que su penalización no es una medida correcta para alcanzar los fines que persigue, porque en sí misma no garantiza que no se lleve a cabo de facto y por el contrario, fomenta la práctica clandestina y no regulada, dejando en indefensión y violando los derechos de las partes involucradas en el procedimiento.

No podemos negar la realidad y es nuestro deber como legisladores y legisladoras hacer que los derechos constitucionales se cumplan por lo que prohibir, en este caso no es la solución. La solución es legislar.

En ese sentido, y ante la ausencia de regulación específica en la materia, la presente iniciativa busca regular los aspectos fundamentales de la reproducción humana asistida y brindar seguridad jurídica tanto a quienes necesitan auxiliarse de la misma para procrear, como a quienes los asisten para lograr ese objetivo.

Por lo antes expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de reproducción humana asistida.

Artículo Único. Se reforma la fracción I del literal B del artículo 13; se adicionan, una fracción V Bis al artículo 3o., una V Bis al artículo 198, y un capítulo VI Bis al título tercero, todos ellos de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

I. a V. ...

V Bis. La reproducción humana asistida;

VI. a XXVIII. ...

Artículo 13. La competencia entre la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A...

I. a X. ...

B...

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, V, V Bis, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta Ley, de conformidad con las disposiciones aplicables;

II. a VII. ...

C ...

Título Tercero
Prestación de los servicios de salud

Capítulo VI Bis
Servicios de reproducción humana asistida

Artículo 71 Bis. La reproducción humana asistida tiene por objetivo garantizar el derecho de las personas de procrear con técnicas y procedimientos médicos científicos para lograr un embarazo.

Los servicios de reproducción humana asistida deberán ser prestados por profesionales de la salud que cuenten con el entrenamiento especializado que establezcan las disposiciones legales, reglamentarias y normativas correspondientes, en los establecimientos médicos autorizados por la Secretaría de Salud para tal efecto.

Artículo 71 Bis 1. Los establecimientos en los que se practiquen técnicas de reproducción asistida deberán contar con licencia sanitaria en términos de los artículos 198 de esta ley, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente capítulo y en la norma oficial mexicana que al efecto se expida.

Artículo 71 Bis 2. La Secretaría de Salud emitirá la norma oficial mexicana a la que deberá sujetarse la prestación de los servicios de reproducción humana asistida.

Artículo 71 Bis 3. Se entiende por gestante sustituta a la mujer que, sin ánimo de lucro, otorga su consentimiento para que se transfiera a su útero uno o varios óvulos fertilizados para su desarrollo hasta el nacimiento del producto.

La gestación por sustitución como parte de los medios para llevar a cabo servicios de reproducción humana asistida se regulará por las disposiciones aplicables de los ordenamientos civiles locales.

Artículo 198. Únicamente requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a:

I al V...

V Bis. Practicar técnicas de reproducción humana asistida, y

TRANSITORIOS

Primero: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Segundo: La Secretaría de Salud emitirá la Norma Oficial Mexicana a la que se alude en el presente Decreto en un plazo que no excederá los 260 días, contados a partir de su entrada en vigor.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 27 de octubre de 2015.

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar.

1 European Society of Human Reproduction and Embriology “Art fact sheet” ensitio web de ESHRE, julio 2014.

2 Zegers-Hochschild, Fernando, et al., “Assisted Reproductive Technologies (ART) in Latin America: The Latin American Registry”, en JBRA Assisted Reproduction, vol 18, núm 4, 2014, p. 127-135.

3 Niñas y Mujeres sin Justicia: Derechos reproductivos en México, Informe del Grupo de Información en Reproducción Elegida.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

(Presentada por el Senador Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del PRI)

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8° párrafo 1, fracción I, 164 párrafo 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en materia de protección a mexicanos en el extranjero, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las consecuencias de la migración de mexicanos hacia otros países, principalmente hacia Estados Unidos, ha sido el establecimiento de grandes comunidades de connacionales en los países receptores. Esta cuestión se torna más compleja cuando debido a las condiciones en que emigran los mexicanos en varios casos, en donde lo hacen bajo un estatus migratorio irregular, y ya residiendo en el país receptor, muchas veces no cuentan con las garantías y protección suficientes para poder vivir de manera digna.

Esto es relevante porque, sin importar cualquier tipo de situación migratoria, regular o irregular, los migrantes son seres humanos que merecen una protección adecuada a su dignidad y forma de vida.

En su reciente mensaje ante el Senado, Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), indicó que propondrá un debate serio y responsable sobre una Carta Interamericana de la Migración que vele por la protección de los derechos humanos y la inclusión social, en un entorno cada vez más hostil y xenófobo que busca etiquetar a las personas como “ilegales”, sin comprender que el fenómeno es síntoma de inequidades estructurales que van más allá de la coyuntura.1

Es innegable que los derechos humanos deben ser el eje central de los debates sobre las políticas migratorias. Que los migrantes, en virtud de su dignidad humana, están protegidos por el derecho internacional, sin discriminación, en condiciones de igualdad con los ciudadanos, independiente de su situación administrativa o de su condición.

Por ello, es de suma importancia la labor que pueda hacer el gobierno mexicano para garantizar, por lo menos, mínimos estándares de protección.

De acuerdo con cifras del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), en 2013 había alrededor de 12 millones de mexicanos nacidos en México que vivían fuera del país, de los cuales alrededor de 11.4 millones lo hacen en Estados Unidos.2 De esta última cifra, entre cinco y seis millones radican en la Unión Americana de manera irregular.

A las cifras mencionadas, resulta preciso agregar que a los mexicanos viviendo en Estados Unidos se suman otros 22.3 millones, que si bien nacieron en ese país, se consideran de origen mexicano, es decir, son descendientes de mexicanos, a la vez que mantienen vínculos culturales con nuestro país. En total, existe una diáspora de alrededor de 33.7 millones de personas de origen mexicano que viven en los Estados Unidos, cifra que representa alrededor del 30% de la población que vive en México.3

Estos números sirven para ilustrar lo grande que es la comunidad mexicana migrante viviendo sólo en Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de su tamaño, en su conjunto no vive en las mejores condiciones, ni cuenta con los mejores servicios.

De acuerdo con la legislación mexicana, corresponde al Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la protección de los mexicanos en el extranjero, entre otras funciones. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28, Fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

A su vez, en el Artículo 1o de la Ley del Servicio Exterior Mexicano se establece el objetivo central de éste:

Artículo 1o.- El Servicio Exterior Mexicano es el cuerpo permanente de funcionarios del Estado, encargado específicamente de representarlo en el extranjero y responsable de ejecutar la política exterior de México, de conformidad con los principios normativos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Servicio Exterior depende del Ejecutivo Federal. Su dirección y administración están a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, […], conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a los lineamientos de política exterior que señale el Presidente de la República, de conformidad con las facultades que le confiere la propia Constitución.

[…]

Por consiguiente, corresponde al Servicio Exterior Mexicano, por medio de sus representaciones en el extranjero, el deber de “proteger, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional, la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero y ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones”, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2, Fracción II, de la mencionada ley.

Actualmente, México cuenta con una amplia red de embajadas y consulados en el exterior. Al día de hoy, nuestro país tiene 79 embajadas y 67 consulados a nivel mundial. Dicha red consular, por las razones ya mencionadas, se concentra primordialmente en la Unión Americana, con 50 consulados.

Como ya se mencionó, el número de migrantes mexicanos viviendo en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, es inmenso, número que creció en las últimas décadas. Por tanto, las exigencias en cuanto a la profesionalización y especialización que requiere el cuerpo diplomático mexicano instalado en el extranjero han ido en ascenso para cumplir con esta importante responsabilidad de brindar protección a los connacionales.

Más aún, si se toman en cuenta las circunstancias y contexto en que viven gran parte de los mexicanos en un país como Estados Unidos, cuya emigración se dio de manera indocumentada con el afán de buscar un mejor nivel de vida. Debido a esto, viven en situaciones particulares de indefensión ante la autoridad, por el miedo a ser deportados, de pobreza y de falta de servicios de salud, educativos o de cualquier otra índole. Esto se torna más grave a causa de algunas políticas ejecutadas por los gobiernos locales o el federal de los Estados Unidos, quienes impulsan acciones antiinmigrantes, por lo que sus derechos elementales se ven seriamente afectados.

El gobierno mexicano, de la mano de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de su cuerpo diplomático perteneciente al Servicio Exterior, no ha estado ajeno a esta necesidad de protección. Al contrario, de acuerdo con algunos especialistas en materia de política exterior, como Jorge Schiavon y Nuty Cárdenas4, las embajadas y consulados de México en el extranjero en la mayoría de los casos han atendido de manera oportuna y eficaz algunas exigencias de protección de la comunidad mexicana fuera del país.

Por poner un ejemplo, a partir del 2002, como parte del Programa Integral de Mejoramiento de los Servicios Consulares, la Secretaría de Relaciones Exteriores comenzó a expedir la matrícula de alta seguridad, diseñada para evitar su falsificación. Esta matrícula cobró gran relevancia ya que varios consulados gestionaron frente a las autoridades locales estadunidenses para que fuera reconocida como un documento de identificación oficial, tanto por diversos gobiernos estatales y locales, como por instituciones financieras. Más aún, a partir de 2003, el Departamento del Tesoro aceptó la matrícula consular como documento probatorio para la apertura de cuentas bancarias y acceso a otros servicios financieros.

Esta matrícula consular, como se puede ver, ha servido como medio de identificación ante la imposibilidad de contar con un pasaporte con una visa por las circunstancias específicas ya mencionadas, y su utilización no se llevaría a cabo si no fuera por el papel desempeñado por el cuerpo diplomático mexicano. Como menciona Diego Alejandro de la Vega5, los servicios consulares encuentran en la documentación la primera acción de protección, pues ayudan a garantizar el derecho básico a la identidad de las personas, indispensable para acceder a muchos otros derechos.

Sin embargo, a principios de este año, autoridades del estado de Texas en los condados fronterizos de Starr, Hidalgo y Cameron empezaron a negar la entrega de actas de nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos cuyos padres no cuenten con una identificación oficial “válida”. Esto se ha convertido en un problema a partir de los nuevos criterios aplicados por la autoridad, al considerar que la matrícula consular o el pasaporte expedidos por el gobierno mexicano, única identificación oficial de estos inmigrantes, no constituyen una identificación “segura”.

Pero este caso no tiene que ver con el derecho de los niños a la ciudadanía estadounidense, sino con la validez del documento de identificación que los indocumentados, principalmente mexicanos y centroamericanos, utilizan para realizar sus trámites oficiales.

La matrícula consular, documento expedido por los consulados de México y de otros países en EU, solía ser aceptada por las autoridades de Texas. Un cambio en los lineamientos provocó que se dejara de aceptar, creando un tropiezo diplomático entre ambas naciones.

En lo que respecta a los servicios de protección de derechos, las labores de protección y asistencia consular del Servicio Exterior también han cumplido en la mayoría de las ocasiones. Por mencionar una cifra, de acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de 2010 a 2013 se atendieron alrededor de 620 mil casos de protección y asistencia consular en Estados Unidos, de los cuales la gran mayoría fueron en el rubro de migración.

A pesar de la eficacia que ha demostrado el Servicio Exterior Mexicano en sus labores de protección a los connacionales viviendo en el extranjero, la complejidad del fenómeno migratorio exige adaptar la legislación en la materia a las nuevas circunstancias que se presentan. En específico, acentuar y especificar la protección a los derechos humanos de los mexicanos sin importar su situación migratoria, impartir asesoría financiera, armonización de la ley con las nuevas disposiciones derivadas de la reforma político-electoral publicada en el año 2014, brindar la atención debida a la vinculación entre las comunidades mexicanas y los actores locales y acentuar la importancia de la comunicación social de las labores del Servicio Exterior.

A continuación, se justificarán las reformas y adiciones que se proponen en la iniciativa en cuestión:

En primer lugar, se pretende reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en lo referente a las facultades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, establecidas en su artículo 28. Al respecto, se propone que dentro de las labores de dirección del servicio exterior, establecidas en la Fracción II, además de auxilio judicial, ésta pueda ejercer funciones de asesoría financiera, a raíz de la importancia de salvaguardar el patrimonio financiero de los connacionales residiendo en el exterior depositado en las diferentes instituciones bancarias de otros países.

Lo anterior radica en el hecho que, de acuerdo con un estudio de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME)6, un problema frecuente entre la población mexicana en Estados Unidos (y en otros países) es la desconfianza hacia las instituciones bancarias, lo que propicia que al no acceder a servicios bancarios financieros regulares, sean víctimas fáciles de timadores. Lo anterior dificulta sus envíos de remesas a México, y si, como sucede en muchos casos, no se cuenta con una situación migratoria regular, no se acude ante las autoridades judiciales correspondientes por el temor a ser deportados.

Asimismo, resulta de vital importancia dicha asesoría financiera, ya que, en caso de deportación, se sepa que se pueda hacer para no perder su patrimonio y que el mismo pueda ser transferido a una cuenta en México. O bien, quienes coticen su seguro social en los Estados Unidos puedan cobrar sus pensiones en México una vez retirados.

Por su parte, se propone adicionar dos párrafos a dicha Fracción II. El primero, para explicitar y subrayar la importancia de la protección de los derechos humanos de los connacionales mexicanos en el exterior, sin importar su situación migratoria. Hemos sido testigos en varias ocasiones cómo los agentes de seguridad y administrativos de los países receptores menoscaban los derechos de mexicanos por no tener un estatus migratorio regular, propinando agresiones físicas y psicológicas. Esta situación se puso aún más de manifiesto con la crisis de los menores migrantes que se desató en el año 2014.

El segundo, para cumplir una función de armonización con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, derivada de la reforma político-electoral aprobada en el 2014, en lo que respecta a las labores de coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Relaciones Exteriores para la inscripción a la lista nominal, los trámites de credencialización y la emisión del voto de los mexicanos en el extranjero.

También, en este mismo artículo de la Ley Orgánica, en su Fracción II A, se propone adicionar un párrafo en el que se establece como función de la Secretaría promover las labores de protección y asistencia consular a mexicanos residiendo en el extranjero, por medio de sus embajadas y consulados. Lo anterior, en virtud de que es necesario fortalecer la comunicación social del Servicio Exterior. Como ya se mencionó, dichas labores cumplen con los requisitos de eficacia y oportunidad para una adecuada protección de los derechos de nuestros connacionales. Sin embargo, éstas no son del todo conocidas por partes importantes de esta comunidad, lo que da la impresión de que son ineficaces o incompletas, cuando sucede lo contrario. Por tanto, especificar en la ley esta función de la Secretaría, creemos, abonará a que esta protección abarque más sectores de la diáspora mexicana viviendo en el extranjero.

Con respecto a las adiciones y reformas propuestas en la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en primer lugar, se plantea adicionar dos párrafos a la Fracción II del Artículo 2, el cual se lee de la siguiente manera:

Artículo 2.- Corresponde al Servicio Exterior:

I. …

II. Proteger, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional, la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero y ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones;

[…]

Esta fracción del Artículo 2 se centra en las labores del Servicio Exterior relacionadas con la protección de los mexicanos en el extranjero. Como ya se hizo mención, la complejidad del fenómeno migratorio de la comunidad mexicana en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, ha ido en aumento, en donde cada vez más actores de diversas índoles participan.

Uno de estos actores son los clubes de migrantes y comunidades de migrantes que son de un Estado de la República en particular y que se agrupan y organizan en diversas ciudades de la Unión Americana. Éstos han tomado gran relevancia en las relaciones sociales entre connacionales residiendo en el extranjero, los cuales se proporcionan ayuda mutua para sus diversas necesidades, tomando en cuenta las condiciones precarias en que habitan. Asimismo, sirven como apoyo para mantener contacto con sus lugares de origen, facilitando la comunicación y envío de recursos a sus familiares habitando en México.

Por tales motivos es que consideramos trascendental que sean incluidos en esta disposición referente a la protección de mexicanos en el extranjero, especificando que el Servicio Exterior deberá proteger y fortalecer estos clubes y comunidades de migrantes. Es una cuestión de brindarles seguridad jurídica y que sepan que están cobijados por la ley.

El segundo de los factores a considerar en un esquema de ampliación de la protección de los intereses de los mexicanos en el exterior son los actores locales, públicos, privados o de la sociedad civil del país sede que se dedican a establecer vínculos con las comunidades de migrantes. Esto, con el objetivo de contribuir a una mejor estancia, salvaguardando sus derechos fundamentales ante posibles abusos de la autoridad. Dichos actores pueden ser organizaciones de derechos humanos, académicos, empresarios, los mismos gobiernos locales, entre otros.

El objetivo de introducir esta propuesta radica en establecer cierta coordinación con dichos actores, de manera que se vea reflejado en una mejor protección de nuestros connacionales en el extranjero, quienes por sus circunstancias específicas, en varios casos se ven sujetos a cierta indefensión.

Finalmente, se propone introducir un párrafo al artículo 44, fracción I, de la misma Ley, el cual tiene que ver con las funciones de los jefes de oficinas consulares. En dicha disposición se lee que corresponde a dichos funcionarios “proteger, en sus respectivas circunscripciones consulares, los intereses de México y los derechos de sus nacionales, de conformidad con el derecho internacional y mantener informada a la Secretaría de la condición en que se encuentran los nacionales mexicanos, particularmente en los casos en que proceda una protección especial”.

Aquí se establecen las obligaciones que deberá desempeñar el funcionario público en cuestión. Por tanto, se propone que dentro de sus labores de protección, esté la de brindar asesoría jurídica, financiera o de cualquier otra índole. Lo anterior, para que se siga un mismo sentido dentro de la normatividad mexicana, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y Ley del Servicio Exterior Mexicano, en el otorgamiento de auxilio y asesoría en beneficio de los mexicanos residiendo en el exterior como complemento para su protección, sea esta de origen jurídico, financiero u otra.

En su conjunto, el espíritu de esta iniciativa va en el sentido de ampliar la protección de los mexicanos residiendo en el exterior por medio del Servicio Exterior, responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como ya se hizo notar, nuestro Servicio Exterior goza de gran eficacia en el cumplimiento de sus labores, a raíz del gran número de mexicanos residiendo en el extranjero. Sin embargo, dada la creciente complejidad del fenómeno migratorio, en el cual desde hace tiempo se ha sumado una nueva gama de actores que es necesario incluir en la legislación, resulta necesario vincularlos con las labores de nuestro cuerpo diplomático y consular, fortaleciendo así sus funciones de protección de nuestros connacionales. Además, se incluye el fortalecimiento de sus labores de comunicación social, para que el migrante mexicano sepa que cuenta con el apoyo del Estado mexicano para su protección.

De la misma manera, dadas las circunstancias en que vive gran parte de los mexicanos en el exterior por el hecho de poseer un estatus migratorio irregular, consideramos necesario incluir de manera explícita en la ley la protección de sus derechos humanos ante cualquier abuso de la autoridad, estableciendo que no se negará ningún tipo de protección ni atención anteponiendo su condición migratoria. Asimismo, se atiende la cuestión de la educación financiera, para que nuestros connacionales posean las herramientas necesarias para proteger su patrimonio. Finalmente, atendiendo la oportunidad al presentar esta iniciativa, se armoniza la legislación relativa a las funciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores con las del Instituto Nacional Electoral, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 28, fracción II; y se adiciona un párrafo segundo y un párrafo tercero a la fracción II, y un párrafo segundo a la fracción II A, ambas del artículo 28, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 28.-

I.-

II.- Dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular en los términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y, por conducto de los agentes del mismo servicio, velar en el extranjero por el buen nombre de México; impartir protección a los mexicanos; cobrar derechos consulares y otros impuestos; ejercer funciones notariales, de Registro Civil, de auxilio judicial y asesoría financiera y las demás funciones federales que señalan las Leyes, y adquirir, administrar y conservar las propiedades de la Nación en el extranjero.

En la protección de los mexicanos residentes en el extranjero, se tendrá como prioridad velar en todo momento por sus derechos humanos ante abusos de las autoridades del país sede. Dicha protección no se encontrará supeditada a la situación migratoria particular.

La Secretaría realizará convenios de coordinación con el Instituto Nacional Electoral en lo referente a la inscripción a la lista nominal, trámite de credencialización y emisión del voto de mexicanos residiendo en el extranjero, en términos de los dispuesto por los artículos 334, 342 y 355 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

II A.-

Asimismo, coadyuvar a la promoción de las labores de protección y asistencia consular a migrantes mexicanos residentes en el extranjero realizadas por el Servicio Exterior Mexicano.

II B. a XII.-

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un párrafo segundo y un párrafo tercero a la fracción II del artículo 2, y un párrafo segundo a la fracción I del artículo 44, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue:

Artículo 2.- Corresponde al Servicio Exterior:

I.

II.

Proteger y fortalecer a las comunidades y clubes de migrantes mexicanos residentes en el extranjero.

Promover y fortalecer la formación de vínculos con actores locales, públicos, privados o de la sociedad civil, para el impulso de objetivos en común relacionados con las labores de protección a los mexicanos residentes en el extranjero.

III. a XII.

Artículo 44.-

I.

Asimismo, brindar asesoría jurídica, financiera, o de cualquier otra naturaleza a los mexicanos residentes en el extranjero cuando así se requiera, como complemento para su protección.

II. a VII.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 27 de octubre de 2015.

Atentamente

Sen. Alejandro Tello Cristerna.

1 http://www.excelsior.com.mx/opinion/francisco-guerrero-aguirre/2015/09/23/1047273

2 Instituto de los Mexicanos en el Exterior, “Estadística de la población mexicana en el mundo 2012”, en: http://www.ime.gob.mx/es/resto-del-mundo

3 Motel, Seth y Eileen Patten, “Hispanics of Mexican Origin in the United States, 2010”, en Pew Hispanic Center, en: http://www.pewhispanic.org/2012/06/27/hispanics-of-mexican-origin-in-the-united-states-2010/

4 Schiavon, Jorge y Nuty Cárdenas, “La protección consular de la diáspora mexicana”, Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 101, mayo-agosto de 2014, pp. 43-67.

5 De la Vega Wood, Diego Alejandro, “Diplomacia consular para el desarrollo humano: una visión desde la agenda democrática”, Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 101, mayo-agosto de 2014, pp. 167-186.

6 Condusef e IME, “Necesidades de educación financiera de los migrantes”, en:
http://www.ime.gob.mx/images/stories/ime/investigaciones_academicas/2012/2012_educacion_financiera.pdf





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia)

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, JUANA LETICIA HERRERA ALE, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA y ANABEL ACOSTA ISLAS, Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud en materia de prevención, control y vigilancia de infecciones nosocomiales, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las infecciones asociadas a cuidados de la salud, conocidas también como infecciones nosocomiales (IN), son un problema relevante de salud pública de gran trascendencia económica y social en México y el mundo, y constituyen un desafío para las instituciones de salud y el personal médico responsable de su atención.1 Pueden tener consecuencias fatales y su atención representa una considerable carga económica para los sistemas de salud, los pacientes y sus familias.

Las IN se definen como “infecciones contraídas en el hospital por un paciente internado por una razón distinta de esa infección”. Operacionalmente, las infecciones que ocurren después de 48 horas del internamiento se consideran como nosocomiales. Conforme a la NOM-045-SSA2-2005 para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales, también se consideran nosocomiales las infecciones adquiridas por los neonatos que se infectan por su paso a través del canal de parto, las que se desarrollan en los 30 días subsecuentes a una intervención quirúrgica o que ocurren en el año subsecuente a la realización de una cirugía en la que se colocó un implante.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que más de 1.4 millones de personas en el mundo contraen infecciones en el hospital; y que entre el 5% y el 10% de los pacientes que ingresan a hospitales modernos del mundo desarrollado contraerán una o más infecciones.

En los países en desarrollo como el nuestro, el riesgo de infección relacionada con la atención sanitaria es de 2 a 20 veces mayor que en los países desarrollados. En algunos países en desarrollo, la proporción de pacientes afectados puede superar el 25%. Para ser más específicos respecto de las diferencias entre los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo, tenemos que en los primeros existen tasas de  2 a 5 infecciones relacionadas a catéter venoso central en comparación con países en desarrollo de 24.7 episodios por 1000 días catéter; mientras que en relación a las tasas de neumonías asociadas a ventilador, pueden ser tan diferentes de 2.9 contra 48 neumonías asociadas a 1000 días ventilador en Argentina, por ejemplo.

En México, se calcula que 450,000 casos de infecciones relacionadas con la atención sanitaria causan 32 muertes por cada 1000,000 habitantes por año.

Al respecto, la Secretaría de Salud reporta que 14 de cada 100 pacientes sufren infecciones asociadas a la atención durante su hospitalización. En las unidades de cuidados intensivos (UCI) la situación es más preocupante: un estudio realizado en 895 pacientes de 254 UCI en México encontró que 23.2% de éstos tenía una infección nosocomial. La neumonía fue la infección más común (39.7%), seguida de la infección urinaria (20.5%), la de herida quirúrgica (13.3%) y la del torrente sanguíneo (7.3%). La letalidad asociada a estas IN fue de 25.5%.4

En las unidades neonatales y servicios pediátricos los riesgos de bacteriemia son significativos pues a los factores de riesgo conocidos se agregan la saturación de los servicios, el uso de mezclas de soluciones parenterales y la excesiva cateterización umbilical.

Para prevenir y controlar estas infecciones, la OMS ha emitido las siguientes soluciones y medidas:

• Identificar los determinantes locales de la carga de infecciones nosocomiales.

• Mejorar los sistemas de notificación y vigilancia a nivel nacional.

• Garantizar unos requisitos mínimos en lo que respecta a los establecimientos y los recursos disponibles destinados a la vigilancia de dichas infecciones a nivel institucional, incluida la capacidad de los laboratorios de microbiología.

• Garantizar el funcionamiento efectivo de los componentes fundamentales del control de las infecciones a nivel nacional y en los establecimientos de atención sanitaria.

• Aplicar las medidas generales de prevención, en particular las prácticas óptimas de higiene de las manos a la cabecera del paciente.

• Mejorar la educación y la responsabilización del personal.

• Realizar investigaciones para adaptar y validar los protocolos de vigilancia en función de las circunstancias de los países en desarrollo.

• Realizar investigaciones sobre la posible participación de los pacientes y sus familias en la notificación y el control de las infecciones nosocomiales.

Por lo que hace a nuestro país, tenemos que importantes esfuerzos se han realizado a este respecto. México cuenta desde mediados de los 80`s, con un sistema de regulación de Infecciones Nosocomiales; sin embargo, hasta 1998 se emite una Norma Oficial que establece un sistema de vigilancia de las infecciones hospitalarias en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, en principio bajo la Norma Oficial Mexicana-026-SSA2-1998, misma que es cancelada en DOF el 26 de noviembre de 2003 para instituir entonces la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-002-SSA2-2003, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. Esta última ha sido sustituida por la NOM-045-SSA2-2005, misma que ha sido actualizada en 2009. 

Asimismo se encuentra la operación de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE), como parte de las estrategias nacionales para fortalecer la práctica médica y los procesos de la vigilancia epidemiológica en los hospitales del sector.

Adicionalmente, de acuerdo con el Tercer Informe de Labores de la Secretaría de Salud, en noviembre de 2014 inició la integración de la cédula de recolección de datos del Programa para el Control Integral de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, la cual se planea sea aplicada en 423 hospitales de 60 camas o más de la Secretaría, con la finalidad de establecer una metodología que permita la detección de riesgos priorizados e individuales en esta materia.

Todos estos esfuerzos han disminuido la tendencia o las tasas de infecciones nosocomiales, pero aún estamos lejos de lograr los resultados óptimos.

Las lecciones aprendidas hasta el momento, representan nuevos retos, pues la explosión en curso de infecciones resistentes a antibióticos está afectando con gran magnitud a los sistemas de salud a nivel global; adicionalmente donde se realizan procedimientos y cirugías son insuficientes las herramientas diagnosticas para determinar la portación o afectación postquirúrgica inmediata por estas bacterias, y que en el momento en que se somete a algún procedimiento quirúrgico.

Por todo ello, estamos convencidas de que la seguridad hospitalaria en México debe mejorar y fortalecerse. Debemos evitar las infecciones en pacientes hospitalizados que generan estancias hospitalarias más prolongadas, costos adicionales, discapacidad y, lamentablemente, fallecimientos de pacientes que pudieron haber salvado su vida.

Debido a esta circunstancia y a fin de fortalecer las acciones que coadyuven a evitar estos padecimientos, esta iniciativa pretende que se considere dentro de la salubridad general la prevención y el control de las infecciones nosocomiales, definiéndolas, en concordancia con la Norma Oficial referida, como la multiplicación de agentes patógenos en pacientes o trabajadores de la salud que pueden o no dar sintomatología, y que fueron adquiridos dentro del hospital o unidad médica.

Al elevar a rango de Ley la atención y control de dichas infecciones, haremos más visible su atención obligatoria y promoveremos la creación e implementación permanente de programas y acciones relacionadas con su combate en todas las regiones de nuestro país.

Incluir en la Ley General de Salud esta nueva disposición, permitirá diseñar e implementar mecanismos eficientes para disminuir los factores de riesgo de las referidas infecciones, así como la frecuencia y la letalidad con la que se presentan.

Es un área de oportunidad para el estudio de brotes, la formación y capacitación de personal dedicado a la vigilancia de infecciones nosocomiales, la monitorización y control de la utilización institucional de antibióticos y de la resistencia a los mismos, el desarrollo de políticas y procedimientos de control de infecciones y sobre todo la concientización sobre la importancia que guarda la higiene y desinfección ambiental para la prevención de las mismas.

Por todo lo anteriormente descrito, con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES NOSOCOMIALES.

ÚNICO.- Se adiciona una fracción XV BIS al artículo 3º de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o.-

I. a XV.

XV BIS. La prevención, control y vigilancia de las infecciones nosocomiales, entendidas como la multiplicación de agentes patógenos en pacientes o trabajadores de la salud que pueden o no dar sintomatología, y que fueron adquiridos dentro del hospital o unidad médica;

XVI. a XXVIII. …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 27 de octubre de 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.-Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 Cardo D, Dennehy PH, Halverson P, Fishman N, Kohn M, Murphy CL Whitley LJ, Moving toward elimination of healthcare-associated infections: A call to action. Am J Infect Control 2010.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

(Presentada por las Senadoras Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia)



(Intervención de la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza)







 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar de los ingresos obtenidos por el impuesto asignado a las bebidas azucaradas, establecido en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.







 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo acciones para garantizar que la población que vive en los municipios que atraviesa el Río Atoyac, cuenten con agua libre de metales pesados y contaminantes que puedan poner en riesgo su salud. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Quien suscribe, SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS, integrante de la LXIII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación Soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A LLEVAR A CABO ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN LOS MUNICIPIOS QUE ATRAVIESA EL RÍO ATOYAC, CUENTEN CON AGUA LIBRE DE METALES PESADOS Y CONTAMINANTES QUE PUEDAN PONER EN RIESGO SU SALUD, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Río Atoyac nace en el estado de Puebla, extendiéndose gracias al deshielo de los glaciares en la Sierra Nevada por el valle Puebla-Tlaxcala, formando parte de la cuenca alta del Balsas, habiéndose convertido en uno de los ríos más contaminados de México.

El Rio recorre al menos 31 municipios de Puebla y Tlaxcala a lo largo de aproximadamente 200 km y dotando de agua a 5,779,829 y 1,169,936 habitantes respectivamente.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, estos municipios no cuentan con plantas de tratamiento y las que están instaladas no funcionan adecuadamente a pesar de que el Río recibe cada día:

• 146.3 toneladas de materia orgánica (medida por demanda química de oxígeno).
• 62.8 toneladas de sólidos suspendidos totales.
• 14.7 toneladas de nutrientes (materia orgánica).
• 0.14 toneladas de metales pesados.
• 0.09 toneladas de compuestos orgánicos tóxicos.

Toda esta contaminación es generada principalmente por los desechos de 3,675 industrias del ramo textil, alimenticio, químico y petroquímico, metalúrgico, automotriz y productor de papel.  

Estas industrias están ubicadas en municipios de Tlaxcala y Puebla, entre los que destacan Tepetitla de Lardizabal y San Martín Texmelucan, además de muchos otros en donde existen corredores industriales.

Desafortunadamente en Tlaxcala, sólo 12 municipios cuentan con permiso de descarga otorgado por CONAGUA por lo que el 75% de ellos ocupan lugares como el Río Atoyac para descargar sus desechos contaminantes.

Sin duda la presencia de estos contaminantes en el agua, aunada al deficiente tratamiento de aguas produce riesgos a la salud de la población, tales como Leucemias o Enfermedad Renal Crónica.

De acuerdo son la Dirección General de Información de la Salud Federal, el estado de Tlaxcala ocupó el tercer lugar en mortalidad por Insuficiencia Renal Crónica en 2009, pero de acuerdo con estudios realizados por diversos epidemiólogos y especialistas en el tratamiento de la Enfermedad Renal Crónica estaría ocupando  el primer lugar en el país, dándose un gran número de casos en jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, los cuales no tienen factores de riesgo para dicha enfermedad, tales como diabetes o hipertensión, por lo que podría sospecharse que existe un factor externo que está condicionándolos a enfermar.

Frente a esta información, COFEPRIS ha reportado que la tasa de mortalidad en algunos municipios de Tlaxcala es más alta para Leucemias y Enfermedad Renal Crónica que en el resto del país, mostrando cierta correspondencia entre los municipios por donde atraviesa el río, pudiendo establecerse una posible correlación entre la contaminación del río y el aumento de las enfermedades en la zona.

Buscando llevar a cabo trabajos para minimizar los riesgos y efectos que el agua contaminada está teniendo en la población poblana y tlaxcalteca, CONAGUA se comprometió a determinar acciones para el saneamiento del Río Atoyac. Sin embargo, en relación con las plantas de tratamiento de agua, que sin duda son fundamentales, únicamente se planteó la construcción de sistemas de drenaje y tratamiento de aguas residuales en San José Xacxamayo en el estado de Puebla, obra que fue anunciada en febrero pasado y de la cual no se cuenta con información sobre su existencia o funcionamiento actual.

Lo anterior resulta preocupante, ya que la población no está siendo respaldada para poder garantizar sus derechos básicos, que incluyen un ambiente sano y acceso a agua potable.

Esto debe alertarnos, sobretodo ante los resultados que COFEPRIS ha compartido en días pasados, en donde se da cuenta de que el agua del río que atraviesa el estado de Tlaxcala, no sólo está contaminada con metales pesados sino también con Compuestos Volátiles Orgánicos tales como Tolueno, Bromodiclorometano, Bromoformo, Clorodibromometano y Cloroformo. Estos compuestos son muy tóxicos y han sido reportados como cancerígenos, además de causar problemas endócrinos, malformaciones congénitas o incluso afectación del parénquima renal que puede derivar en enfermedad renal crónica.

Resulta por tanto urgente y fundamental que se lleven a cabo acciones para garantizar que CONAGUA lleve a cabo trabajosinmediatos para asegurar que la población tlaxcalteca cuente con agua libre de contaminantes, permitiéndole preservar su salud.

Asimismo, es fundamental que como legisladores podamos contar con información ordenada y completa información sobre el número de casos de enfermedad renal crónica o aguda presentada en cada uno de los municipios por los que atraviesa el Río Atoyac, así como un comparativo entre esas cifras y el promedio nacional para esta enfermedad.

Lo anterior con la finalidad de poder conocer la causa de tantos padecimientos y muertes en mi Estado, las cuales podrían ser evitadas en muchos casos, si se conociera la causa y se llevaran a cabo acciones de prevención.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de CONAGUA, lleve a cabo acciones para garantizar que la población cuente con agua libre de metales, contaminantes orgánicos volátiles, así como cualquier sustancia que pueda poner en riesgo la salud de las personas.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud para que haga llegar a esta soberanía, la información sobre el número de casos de enfermedad renal crónica o aguda presentada en cada uno de los municipios por los que atraviesa el Río Atoyac, así como un comparativo entre esas cifras y el promedio nacional para esta enfermedad.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 27 de octubre de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.





 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a informar sobre el manejo de recursos públicos destinados a la empresa privada Corporación Interamericana de Entretenimiento, así como sobre las ganancias que se obtendrán del evento Fórmula 1. Se turna a la Comisión de Turismo.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Secretaría de Turismo, tiene como finalidad la de coordinar y ejecutar políticas públicas, así como la de establecer programas de desarrollo para promover e impulsar la difusión de la cultura y manifestaciones artísticas de una entidad, igualmente la de fortalecer el interés de la población hacia ésta para que sea considerada como destino ideal para el desarrollo de producciones y la conservación e incremento del patrimonio cultural, histórico y artístico.

El Gobierno Federal se ha encargado de destinar recursos para promover el turismo, de acuerdo con datos publicados por los países miembros de la Organización Mundial del Turismo, México se ubica entre las diez naciones más visitadas del mundo y en el número veinte en divisas por turismo.1

Del mismo modo, el turismo crea fuentes de empleo para la ciudadanía, además de generar un crecimiento económico y desarrollo social en el país.

El Gobierno Federal destinará la cantidad de 3 mil 600 millones de pesos del erario a la empresa de espectáculos Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), contratada para los próximos cinco años, con el objetivo de impulsar el turismo de la Ciudad de México, todo esto con motivo de la presentación del evento de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.2

Asimismo, la iniciativa privada, Corporación Interamericana de Entretenimiento destinará la cantidad de 150 millones de dólares (mil 950 millones de pesos) por derechos comerciales de la máxima carrera del automovilismo deportivo.3 Esto es aproximadamente una tercera parte de lo que pretende destinar el Gobierno Federal a dicho evento.

La pretensión del Gobierno Federal es la de coadyuvar junto con la Ciudad de México para la realización de las carreras, con el fin de obtener ganancias en el sector turístico hasta 10 veces más de lo invertido.

Sin embargo, estas ganancias se reflejarán solo en el sector privado con recursos públicos, con el pretexto de promocionar el turismo en la Ciudad de México y del país.

Del mismo modo, se espera seguir inyectado capital del erario durante los próximos 4 años, y a pesar de que pudiera existir un devaluó del peso frente al dólar, la empresa CIE seguirá recibiendo el mismo recurso, por lo que la empresa no sufrirá de ningún perjuicio, al contrario se vería beneficiada. Es decir, durante este periodo se pagarán anualmente 72 millones de dólares (936 millones de pesos) de recursos público al dueño de los derechos de comercialización del serial, Bernie Ecclestone.

Por otra parte, en un comunicado de prensa de la Secretaría de Turismo 162/2015 del 3 de octubre de 2015, señaló que este evento generará 18 mil empleos directos e indirectos, así como la llegada de 300 mil espectadores nacionales y extranjeros.4
Otra cuestión es saber cuánto más le costará a los ciudadanos la llegada de la Fórmula 1 al país, ya que el gobierno del Distrito Federal también se ha comprometido a realizar obras públicas para que se lleve a cabo, así como la realización de actos jurídicos de concesión y permisos para realice dicho evento.

La administración del ejecutivo del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), informó que se llevaría la remodelación de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, por lo que el proyecto contará con una inversión de 25 millones 850 mil pesos.5

Lo malo no es fomentar ni promocionar el turismo en el país con recursos públicos, lo que resulta alarmante es disponer de una gran cantidad para otorgar a empresas privadas, y al mismo tiempo que se presentó el proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación para 2016, con disminución en el sector salud y educación.

Encima de lo expuesto anteriormente, la economía mexicana no ha tenido un gran crecimiento en la tasa anual, ya que esta ha sido del 2.4%6 debido a que ha perdido fuerza en los primeros meses del año, de tal manera que el gobierno de México ha decidido reducir el gasto público.

Por esta razón, resulta incongruente que el Gobierno Federal pretenda reducir el gasto público, así como cuidar el gasto social para 2016 y por otro punto la de despilfarrar gran cantidad del erario para el sector privado con fines privados, logrando que estos recortes afecten a los ciudadanos.

Si bien la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria permite financiar al sector privado, también es cierto que se debe de realizar un informe sobre cómo serán destinados estos recursos y que beneficios aportarán a la sociedad.

Igualmente, es de suma importancia conocer la cantidad en dinero por concepto de impuestos a la que estará sujeta dicha empresa y si ésta será realizada correctamente y proporcionalmente.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo para que rindan un informe a esta Soberanía sobre:

a) El manejo de recursos públicos destinados a la empresa privada Corporación Interamericana de Entretenimiento.

b) ¿Cuál será el costo beneficio para la población por la realización del evento Formula 1?

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que informe sobre el pago de impuestos a la que se someterá la empresa Corporación Interamericana de Entretenimiento por la celebración del evento Formula 1.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de octubre de 2015.

Atentamente.

1 Estadísticas del sector turismo “Ranking Mundial del Turismo Internacional” Secretaria de Turismo.  [En línea]. Consultado el día 12 de octubre de 2015. Disponible en http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/RankingOMT.aspxb

2 Proceso “Gobierno de Peña derrochará 2 mil 730 mdp en Fórmula 1” Revista Proceso[En línea].

3 Consultado el día 14 de Octubre de 2015. Disponible en  http://www.proceso.com.mx/?p=417363

4 Prensa “La realización del Gran Premio de México alcanzará una derrama económica de más de 400 MDD” Secretaría de Turismo[En línea]. Consultado el día 14 de octubre de 2015. Disponible en http://www.gob.mx/sectur/prensa/la-realizacion-del-gran-premio-de-mexico-alcanzara-una-derrama-economica-de-mas-de-400-mdd

5 Redacción Obras “El GDF 'lanza' licitación para remodelar la Ciudad Deportiva” Obras WEB[En línea]. Consultado el día 15 de octubre de 2015. Disponible en http://www.obrasweb.mx/construccion/2015/07/28/el-gdf-lanza-licitacion-para-remodelacion-de-la-ciudad-deportiva

6 Banco Mundial “México: Panorama general” Banco Mundial[En línea]. Consultado el día 16 de octubre de 2015. Disponible en http://www.bancomundial.org/es/country/mexico/overview#1





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo las acciones que corresponda, a fin de garantizar la seguridad en la entidad ante la presunta presencia de diversas organizaciones criminales en la entidad. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La madrugada del 19 de octubre del año en curso, tuvimos conocimiento del hallazgo de un cuerpo de un hombre colgado en el puente vehicular de -La Concordia-, ubicado en la Delegación Iztapalapa del Distrito Federal. Sobre el particular, la Procuraduría General de Justicia informó que occiso se encontraba sostenido con una soga al nivel del tórax y presentaba dos disparos de arma de fuego en la cabeza.

Además de la gravedad inherente al homicidio de una persona, es importante señalar que dicho acontecimiento forma parte de una serie de conductas antijurídicas tipificadas como delitos por las leyes penales que en donde la constante ha sido la ausencia de resultados y la impunidad.

De acuerdo con distintas organizaciones civiles, testimonios ciudadanos, iniciativas empresariales e incluso, con el Congreso de Estados Unidos, desde hace varios años en el Distrito Federal hay presencia de organizaciones criminales, situación que en constantes ocasiones ha sido negado por el Jefe de Gobierno y el titular de la Procuraduría General de Justicia.

No obstante, según cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015, en el Distrito Federal 67.6% de la población de 18 años y más considera a la inseguridad como el problema más importante que aqueja a la entidad, seguido del desempleo con 38% y la corrupción con 36.2%.

La propia ENVIPE, señala que la percepción del narcotráfico en la capital del país, pasó de 17.2% en 2014 a 22.7% en 2015, mientras que la falta de castigo a delincuentes, lo hizo de 17.7% a 21.2%. Lo anterior deja de manifiesto que contrario a lo que ha expresado el Jefe de Gobierno, existen diversas zonas de la entidad altamente vulneradas por la presencia de organizaciones criminales.  

Bajo esta tesitura, resulta de vital importancia precisar que la seguridad pública es una de las principales tareas de todo gobierno, el artículo 21 de la Constitución Federal establece que se trata de una función a cargo de los tres órdenes de gobierno, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la propia carta magna contempla. 

En este orden de ideas, cabe mencionar que el 20 de octubre fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre quemado cerca en los alrededores de la Central de Abasto, también ubicada en la delegación Iztapalapa. Posteriormente. Según reportes de la Procuraduría General de Justicia, el cuerpo se encontró vendado de los ojos, con otra venda en el cuello y con signos de tortura.
Por si esto no fuera suficiente, el 21 de octubre, fue encontrado el cuerpo de un     hombre que murió a consecuencia de impactos de arma de fuego en la delegación Iztapalapa. Sobre el particular, destaca que como había ocurrido con la persona     hallada en el puente de -La Concordia-, el cuerpo estaba cubierto con un mensaje dirigido al Jefe de Gobierno en el que se hacía alusión a “internos de oriente” y al “penal de Chihuahua”.

Aunado a lo anterior, se encuentran ampliamente documentada la comisión de    múltiples delitos tipificados como graves (entre los que destacan secuestros y  homicidios) en perjuicio de la estabilidad, paz y tranquilidad de los habitantes de la entidad. Basta mencionar casos como el secuestro y homicidio de 13 jóvenes en el bar Heaven en mayo de 2013, así como diversas extorsiones denunciadas en el Centro Histórico y la Condesa.

En relación al tema que convoca el presente asunto, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal ha manifestado que: “La Ciudad de México no tiene la presencia, no tiene asentado un cártel, tenemos objetivos en movimiento y que pueden ser capturados aquí; ha habido capturas de la Marina, del Ejército, de la PF [Policía Federal] y de la PGR [Procuraduría General de la República], esto incluso hemos participado en la seguridad perimetral, es muy diferente a que aquí esté asentado un cártel”.

No obstante, la percepción es totalmente contraria, según testimonio de Guillermo Gazal Jafi, presidente de la organización Empresarios y Comerciantes Unidos para la Protección del Centro Histórico (Procentrhico), ha expresado que: “Casi todo Iztapalpa y Tepito son territorios prohibidos. En Iztapalapa es casi tierra de nadie, y en Tepito nadie entra porque ahí sí podríamos hablar no sólo de bandas, sino de cárteles. Por eso nadie se mete con Tepito”.

En atención a los argumentos y consideraciones vertidas, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, hacemos el llamado a que se lleven a cabo las acciones que conforme a derecho procedan en relación a la presunta presencia de diversas organizaciones criminales en la entidad. 

Es fundamental que las organizaciones de la sociedad civil, gremios, instituciones y la población en general, cuenten con la certeza jurídica, tranquilidad y seguridad que hagan asequible su pleno y normal desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que en el ámbito de sus atribuciones y a través de la Secretaría de Seguridad Pública, lleve a cabo las acciones que correspondan, a fin de garantizar la seguridad en la entidad, ante la presunta presencia de diversas organizaciones criminales.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 27 de octubre de 2015.

Atentamente





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reconsiderar el nombramiento del ciudadano Fidel Herrera Beltrán, como Cónsul de México en Barcelona, España. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa.

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A RECONSIDERAR EL NOMBRAMIENTO DEL C. FIDEL HERRERA BELTRÁN COMO CÓNSUL DE MÉXICO EN BARCELONA, ESPAÑA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- De acuerdo con la Ley del Servicio Exterior de Carrera, éste es el cuerpo permanente de funcionarios del Estado, encargado específicamente de representarlo en el extranjero y responsable de ejecutar la política exterior de México, de conformidad con los principios normativos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.-  Conforme a la misma Ley, la representación del Estado Mexicano ante el gobierno de otro país, deberá proteger a los mexicanos que se localicen en su circunscripción, fomentar las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre ambos países y expedir la documentación a mexicanos y extranjeros.

TERCERA.-  En los últimos días, la Secretaría de Relaciones Exteriores nombró al ex gobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán como Cónsul por carrera en la ciudad de Barcelona, España.

CUARTA.-  Mediante una artimaña legal y en una actitud vergonzante, el Gobierno Federal nombró a Herrera Beltrán como Cónsul por carrera con la finalidad de evitar que fuera ratificado por el Senado de la República y de esta manera no ser exhibido por su falta de experiencia diplomática, relación con el crimen organizado, pésima reputación, características que no sólo son conocidas en nuestro país, sino  también a nivel internacional.

A este respecto, diversos medios de comunicación españoles, entre los que destacan “El País”, uno de los diarios más importantes en ese país, calificó como polémica e inusual la designación que hizo el titular del Ejecutivo Federal a Herrera Beltrán, señalando textualmente lo siguiente:

El Presidente mexicano Enrique Peña Nieto, ha nombrado a Fidel Herrera, ex Gobernador de Veracruz (uno de los más violentos y endeudados del país), como el nuevo cónsul de México en Barcelona, el nombramiento ha sido inusual: el mandatario ha elegido otorgarle el cargo “por carrera”  en lugar de “general” para evitar que el Senado ratificará su decisión…

El ex gobernador de Veracruz, además de pertenecer al mismo partido que el Ejecutivo Federal, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), es uno de los  funcionarios más polémicos de México. Su administración, que terminó en 2010, gastó tal cantidad de dinero público, que convirtió a Veracruz en el tercer estado más endeudado del país.”

Por otra parte, el diario español, “El Periódico”, en una nota intitulada “Barcelona  tendrá un cónsul de México relacionado con el narco”, se destacó lo siguiente:

“De ser ciertas las afirmaciones de 14 testigos protegidos, las suposiciones de innumerables víctimas de secuestro y extorsión, las investigaciones a uno y otro lado del Río Bravo, la calificación de la Revista Forbes como una de las diez personas más corruptas de México, o la propia convicción del pueblo Veracruzano que aún lo recuerda como el “Z-1” o protector del cartel de los Zetas, México envía a Barcelona como Cónsul a un auténtico representante de lo que hoy es su Estado.”

QUINTA.- En su responsabilidad como Gobernador del estado de Veracruz, Fidel Herrera se caracterizó por la corrupción que privo en su gobierno, llevando a esta entidad a un endeudamiento de cerca de 50 mil millones pesos, lo que provocó entre otras cosas, que el número de ciudadanos en condición de pobreza, aumentara en dos millones de familias, en esta situación.

Lo más grave de todo fue, su cercanía y contubernio con la delincuencia organizada en el estado, principalmente con el grupo denominado “Los Zetas”, a quienes protegió y permitió traficar, robar, asesinar y atormentar a nuestra querida entidad.

Es actualmente investigado en los Estados Unidos por el FBI, al ser señalado por el contador de esta organización de haber recibido 12 millones de dólares provenientes del narcotráfico.

La designación de este personaje, únicamente deteriora la imagen de México frente a la comunidad internacional, ya que este tipo de decisiones en nada nos favorecen para redimir la presencia del país al exterior.

Representar diplomáticamente a México, debe ser un orgullo para cualquiera que ocupe dicha responsabilidad, como grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, manifestamos nuestra absoluto rechazo a que una persona como Herrera Beltrán represente dignamente los intereses de nuestro país en el exterior.

El desempeño de estos cargos requiere de una especialización en la materia para obtener resultados que beneficien al pueblo de México. Por ello, resulta fundamental que el personal diplomático de México cuente con experiencia y honradez, así como con los conocimientos necesarios para satisfacer y resolver la problemática y las necesidades de los mexicanos fuera de nuestro país. Dado lo anterior, resulta incongruente que una persona con tales características, sea enviado a representar los intereses de los mexicanos de manera responsable.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a reconsiderar la designación del C. Fidel Herrera Beltrán como Cónsul de México, en la Ciudad de Barcelona, España, revocando dicha designación y nombrando en su lugar a una persona que cumpla con las características necesarias para ocupar dicho cargo.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 27 de octubre de 2015.

Atentamente.





 

Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo del estado de Morelos a informar, guardar y respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con respecto a las presuntas detenciones ilegales que se realizan a los ciudadanos de dicho estado, por “autoridades policiacas del mando único de dicha entidad”. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

SENADOR FIDEL DEMÉDECIS HIDALGO, integrante del grupo parlamentario del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, de la LXIII LEGISLATURA, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 93 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8º numeral 1, fracción II, y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al ejecutivo del estado de Morelos, para que en el marco de su competencia rinda un informe a este H. Congreso, así mismo, se sirva a GUARDAR Y A RESPETAR LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS ASÍ COMO A LO DISPUESTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con respecto a las presuntas detenciones ilegales que se realizan a los ciudadanos del estado de Morelos, por autoridades policiacas del mando único de dicha entidad, a la luz de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Detención ilegal es un delito grave que lesiona los derechos humanos de los ciudadanos, es decir,la autoridad no puede detener a persona alguna, a menos que exista una orden previa emitida por un agente del Ministerio Público, por lo que la figura constitucional denominada detención por caso urgente no puede ser usada para convalidar una captura.

En efecto es delito que priva de la libertad y de su Derechos fundamentales a las personas, cuando estos se materializan por alguna Autoridad, sin reunir los elementos necesarios y suficientes que guardan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;La tensión entre “Seguridad y Derechos Humanos” se manifiesta en el arraigo en forma agravada, pues la naturaleza y la práctica misma de esta medida cautelar, desmienten la compleja composición de valores y principios que limitan al derecho penal.

El principio de respeto de la dignidad de la persona se articula a la obligación del Estado a una intervención sustentada en la proporcionalidad de la medida, a la prohibición de la tortura y a las penas o tratos inhumanos o degradantes, así como para evitar condiciones de vulnerabilidad del detenido, al impedirle la red social para gestionar las acciones de asistencia jurídica que el caso amerite.

El principio de respeto de la legalidad se encuentra vinculado a las previsiones de las infracciones o los delitos, así́ como el de las sanciones (exigencia de ley formal y estricta); Asimismo, implica la materialización de los beneficios procesales de defensa que la ley prevea, así como el control judicial del procedimiento bajo condiciones de imparcialidad y el respeto a la presunción de inocencia; De la misma forma, la motivación y fundamentación de la intervención de los operadores del sistema jurídico.

La Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos (CDHEM) dio a conocer que la autoridad administrativa de nombre Mando Único de Morelos, es el organismo con más denuncias por actos violatorios de los Derechos Humanos.

Ahora bien, ante las manifestaciones vertidas por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos (CDHEM)destacó que las demandas van desde tortura hasta detenciones arbitrarias y fabricación de culpables, lo que coloca a ese cuerpo del orden como un sistema arbitrario y represivo.

No obstante que las denuncias no solo provienen de los ciudadanos, sino también de la autoridad de seguridad de este municipio, quienes se han quejado de sus superiores administrativos, en razón a que los obligan a entregar cuotas de dinero e incluso se les exige poner a disposición de las autoridades competentes a un número mínimo de personas, por lo que se advierte que orillan a realizar prácticas indebidas a los elementos.

Lo anterior pone en manifiesto que las denuncias de ciudadanos en contra de las ACCIONES Y OMISIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS AL MODELO DE SEGURIDAD DEL MANDO ÚNICO, se incrementan considerablemente, debido a que en los meses de enero a agosto de este año 2015 se contabilizaron 17 casos de tortura, mientras que en el año de 2014 la cifra registro fue de 12 casos, es decir que de dicha práctica aumentó en un 30% en menos de un año; En general el año pasado la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos, (CDHEM) inició un total de 288 quejas de ciudadanos victimas de elementos del Mando Único y 162 en lo que va de 2015.

Si bien es cierto que la principal causa de estas quejas, es la DETENCIÓN ILEGAL, con un numero de 146 incidentes enel año 2014 y 93 en lo que va de 2015, no obstante que se suman diversos delitos al ejercicio indebido de la función pública tales como: lesiones, allanamiento de morada, robo, tortura y violaciones al derecho de libertad de expresión de periodistas.

De lo cual se desprende que la violación al artículo 7 de la Convención de los Derechos Humanos, así como a los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es evidente a lo dispuesto en el artículo 7 de la Convención de los Derechos Humanos en donde se señala que: “Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”, También lo es, que los elementos del Mando Único de Morelos, violentan gravemente los derechos de las personas, cuando directamente actúan con una total impunidad y autoritarismo.

En efecto es el caso que nos ocupa ante la detención ilegal de un indiciado, bajo la hipótesis de que en el momento de que se está cometiendo un delito, se debe de hacer la detención bajo las formalidades legales, esto es que la autoridad debe de poner sin demora alguna a disposición de la autoridad más cercana y esta con la misma prontitud al Ministerio Publico.

Supuesto jurídico que no se configura en virtud de que la policía del estado de Morelos, priva de la libertad a los supuestos indiciados, remitiéndolos a la TORRE MORELOS “C5”, ubicada sobre la autopista México Acapulco, Cuernavaca Morelos, y no a las agencias del Ministerio Publico.

A mayor abundamiento lo anterior se funda con los siguientes preceptos jurídicos:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

..

…..

…..

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y esta con la misma prontitud, a la

del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.
En este orden de ideas se configura la grave violación, por parte de las autoridades policiacas del Estado de Morelos y en consecuencia al ejecutivo del estado de Morelos, lo dispuesto en los Tratados Internacionales suscritos por México, que a la luz señala:

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.

Lo anterior se sustenta con el siguiente criterio jurisprudencial:

DERECHO DE LA PERSONA DETENIDA A SER PUESTA A DISPOSICIÓN INMEDIATA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. LA RETENCIÓN INDEBIDA GENERA COMO CONSECUENCIAS Y EFECTOS LA INVALIDEZ DE LOS DATOS DE PRUEBA OBTENIDOS DIRECTA E INMEDIATAMENTE EN AQUÉLLA, AL SER CONSIDERADOS ILÍCITOS.

De conformidad con el artículo 16, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la limitación a la libertad personal con motivo de la detención por flagrancia, implica que toda persona detenida bajo esa hipótesis sea puesta sin demora a disposición de la autoridad ministerial. El reconocimiento y protección de este derecho fundamental conlleva una trascendencia especial, pues el escrutinio estricto posterior a la detención se dirige precisamente a verificar que no hubo una privación ilegal de la libertad que, de actualizarse, provocaría invalidar la detención, así como datos de prueba obtenidos con motivo de la misma, además que ello deberá desencadenar el reproche y la exigencia de responsabilidad a los agentes captores. Así, en términos estrictamente constitucionales, el agente que detenga al imputado por la comisión de un delito en flagrancia, tiene obligación de ponerlo sin demora ante el ministerio público, esto es, sin retraso injustificado o irracional. Ahora bien, las consecuencias y efectos de la vulneración al derecho humano de libertad personal, con motivo de la retención indebida, deben vincularse estrictamente con su origen y causa; lo que implica que si la prolongación injustificada de la detención generó la producción e introducción de datos de prueba, éstos deben declararse ilícitos, lo mismo que las diligencias pertinentes se hayan realizado en condiciones que no permitieron al inculpado ejercer el derecho de defensa adecuada, de conformidad con los principios de debido proceso y obtención de prueba lícita.

Ante la evidente denuncia de auxilio por los Morelenses, en los Municipios de Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata, Ayala y Jojutla, entre otros, con un número de 80 quejas en el año 2014 y de 35 en lo que va del año, el Congreso local aprobó el temerario Mando Único, cuando el panista Marco Antonio Adame Castillo, estaba al frente de la Gubernatura, sin embargo fue el actual Gobernador Graco Ramírez, quien se encargo de aplicarlo.

De la misma manera en el año 2013 a la fecha, 29 de los 33 municipios, cuyos alcaldes concluirán en breve su mandato, quienes adoptaron el modelo de seguridad, por lo que se advierte que los presidentes municipales electos han mostrado su desconfianza en el Mando Único por la falta de resultados, de la misma forma son las implicaciones presupuestales y de autonomía.

Ante esta situación, los presidentes municipales electos de los municipios de Emiliano Zapata, Zacatepec, Puente de Ixtla, Amacuzac y Mazatepec, así como representantes de Miacatlán y Tlaquiltenango, coinciden de que si no se arrojan resultados contundentes, la retención de recursos para el Mando Único (para el próximo ejercicio fiscal sumarán 400 millones de pesos) genera un vacío económico importante que ha impedido a las administraciones actuales tener liquidez financiera o enfrentar las múltiples deudas que les fueron heredadas.

De lo anterior se desprende que existe una evidente indefensión total, con respecto a la grave situación que se vive en el estado de Morelos, siendo este, uno de las entidades, con mas violaciones de Derechos Humanos, causados porlas autoridades policiacas del ejecutivo del estado de Morelos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al ejecutivo del estado de Morelos, para que en el marco de su competencia rinda un informe a este H. Congreso, así mismo se sirva a guardar y a respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos así como a lo dispuesto por la constitución política de los estados unidos mexicanos, con respecto a las presuntas detenciones ilegales que se realizan a los ciudadanos del estado de Morelos, por “autoridades policiacas del mando único de dicha entidad”.

Suscrito en el salón de sesiones del Senado de la Republica, el 27 de octubre de 2015.

Suscribe

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo.





 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a atender las medidas clave presentadas por el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al gobierno mexicano. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las    siguientes:

CONSIDERACIONES

Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza  de la persona por el simple hecho de serlo, se trata de disposiciones de primer orden que son indispensables para el desarrollo integral de los seres humanos que viven en una sociedad jurídicamente organizada por un Estado.

En México, el 10 de junio de 2011 entró en vigor la reforma en materia de derechos humanos que modificó diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; uno de los más importantes de estos cambios fue el relativo al artículo primero, que estableció un nuevo régimen en el sistema jurídico mexicano para dar pleno reconocimiento a los derechos humanos. En este tenor, se estableció en el tercer parrado del artículo antes mencionado que:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Así pues, se pasa del iuspositivismo al iusnaturalismo, de las garantías individuales a los derechos humanos, el artículo primero de la Constitución Federal, reconoce que toda persona “goza” de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en todos los tratados internacionales.

Sin embargo, en la realidad la educación, divulgación, respeto y defensa de los derechos humanos en muchos casos es letra muerta, pues en México las violaciones a estos son recurrentes, inclusive por parte de las instituciones encargadas de la seguridad    nacional.

La Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), en su informe presentado el pasado 2 de octubre, constató “la grave crisis de derechos humanos que vive        México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares”.1

Las aseveraciones realizadas por la CIDH fue ratificada, por el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ZeidRa’ad Al Hussein, con motivo de su visita a México el día 7 de octubre de 2015, quien aseveró que:

“Para un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras calculadas son, simplemente, impactantes: 151,233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, incluyendo miles de migrantes en tránsito. Desde 2007, hay al menos 26,000 personas cuyo paradero se desconoce, muchas posiblemente como resultado de desapariciones forzadas. Miles de mujeres y niñas son abusadas sexualmente o se convierten en víctimas de feminicidio. Y prácticamente nadie ha sido condenado por dichos crímenes”.2

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, también afirmó que en México el 98% de los crímenes quedan sin resolver, y puso sobre la mesa que los problemas que atraviesa el país ya habían sido señalados por su predecesora hace cuatros años; es decir, no se han atendido las recomendaciones realizadas por el organismo internacional.

Se admita o no, el Estado ha fallado en una de sus principales y primordiales funciones, preservar la paz y garantizar la vida a sus pobladores. Abundan los escenarios en que policías reprimen con saña por el mero gusto de mostrarse superiores; ministerios públicos que consideran el debido proceso como mero accesorio y como el asesinato de una veintena de personas en Tlatlaya, Estado de México donde el gobierno ha restado importancia a las acusaciones de una masacre perpetrada por el ejército, para posteriormente tratar de encubrirlo.

O ahora el caso atroz, inhumano e indignante, donde presuntamente el crimen organizado legalizado como parte de la policía municipal detiene y ejecuta a estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa y desaparecen a 43 más, cuyos presuntos restos ahora comienzan a emerger de fosas clandestinas, con marcas de terror.

En el suelo de Tlatlaya, y de las fosas clandestinas de Iguala, emergen las consecuencias de un Estado que se convierte en el lobo de su habitantes, donde no impera el Estado de derecho, y en cambio, la corrupción se disfraza de legalidad, la impunidad se legitima en la retórica de las autoridades involucradas y responsables, y en la que el sufrimiento, el dolor y el miedo se entretejen en la vida cotidiana de millones de mexicanos, y se diluye en la esperanza de que un día las cosas puedan cambiar.

Ante tal panorama, la ONU aseguró que en su momento entregará una lista de recomendaciones para el Gobierno mexicano. Mientras tanto realizó medidas clave.3

• Fortalecer de manera urgente las procuradurías en el país para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo.

• Fortalecer de manera urgente la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza.

• Adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública.

• Implementar las recomendaciones del GIEI y considerar mecanismos similares de seguimiento para otros casos graves

Por su parte, el Gobierno Federal aseveró que:

“El Estado Mexicano reconoce que el país enfrenta retos importantes para logar la plena vigencia de los Derechos Humanos en todo el territorio nacional. Sin embargo, como destacó el propio Alto Comisionado, el gobierno que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto tiene la determinación para hacer frente a estos desafíos. Esta tarea es una labor que compromete a todos los mexicanos, pues como señala el alto funcionario, son solamente las mexicanas y los mexicanos, los que podemos resolver los problemas que enfrentamos”.4

En este tenor, la presente proposición tiene como objeto solicitarle respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal que atienda de manera oportuna las medidas clave realizadas por el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ZeidRa’ad Al Hussein, al Gobierno Mexicano; asimismo, se pide al Gabinete de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos        que elaboren e implemente una campaña permanente, exhaustiva y precisa de educación, divulgación, respeto y defensa de los derechos humanos en todo el territorio nacional 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que atienda las medidas clave presentadas por el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ZeidRa’ad Al Hussein, al Gobierno Mexicano.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gabinete de Seguridad Nacional, para que en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, elaboren e implemente una campaña permanente, exhaustiva y precisa de educación, divulgación, respeto y defensa de los derechos humanos en todo el territorio nacional 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de octubre de 2015.

Atentamente.

1 Comunicado de Prensa, “CIDH culmina visita in loco a México”, Organización de los Estados Americanos, [en línea], consultado el 5 de octubre de 215, disponible en http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/112.asp

2 Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ZeidRa’ad Al Hussein, con motivo de su visita a México, [en línea] consultado el 7 de octubre de 2015, disponible en
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16578&LangID=S

3 Ibídem

4 Comunicado: “El Gobierno de México reitera su plena apertura y colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DerechosHumanos, [en línea] consultado el 7 de octubre de 2015, disponible en
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados/6889-526





 

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Chiapas a intervenir en la situación de inseguridad en las comunidades de San José Chapayal, Palo Blanco y Año de Juárez, pertenecientes al municipio de Pueblo Nuevo Solistlahuacan, Chiapas. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.







 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo relativo al Acuerdo entre el Estado mexicano y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar seguimiento a las investigaciones del caso Ayotzinapa. Se turna a la Comisión de Justicia.







 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar un mecanismo para que el Secretario de Educación Pública y los Subsecretarios de Educación Básica y Media Superior sean evaluados a fin de dar confianza, certeza y congruencia a los procesos de evaluación de docentes. Se turna a la Comisión de Educación.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las    siguientes:

CONSIDERACIONES

El derecho a una educación de calidad es la columna vertebral de toda Nación, dicha prerrogativa es primordial para poder ejercer, defender y divulgar los demás derechos inherentes del ser humano. La educación fortalece los ámbitos económicos, tecnológicos, académicos, sociales, políticos y culturales.   

Sin embargo, México es un país con enormes desigualdades, una de ellas es la educación, así lo reveló el Censo de Población y Vivienda 2010, el cual señala que “a nivel nacional el 11% de la población de entre 6 y 14 años no sabe leer ni escribir, esto significa 11 de cada 100 niños”.1

El mismo censo revela que las entidades federativas mexicanas que presentan un mayor grado de analfabetismo son: Chiapas con 18.4%, Guerrero con 17.5% y Oaxaca con 16.9%. Asimismo, a nivel nacional, los habitantes de 15 años y más tiene en promedio un poco más del segundo año de secundaria.

Bajo este escenario educativo nacional, en diciembre del 2012, el Congreso de la Unión aprobó cambios al marco constitucional en materia educativa, estableciendo la evaluación docente obligatoria como un requisito para asegurar la permanencia en el servicio, y en consecuencia mantener sus puestos de trabajo.

Con ello el Gobierno Federal “colocó en el centro de su acción al mérito académico y la profesionalización de la actividad docente como mecanismos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio público de la educación obligatoria. Con la Reforma Educativa se pretende ordenar el Sistema Educativo Nacional eliminando (o disminuyendo al menos) algunas de las malas prácticas que han perjudicado a la educación del país, tales como el pase automático, la venta o herencia de plazas y el clientelismo corporativo”,2 todo ello sin escuchar ni tomar en cuenta las opiniones del magisterio.

Antes, durante y después de la discusión en el Congreso de la Unión, diversas voces docentes, académicos e investigadores, señalaron las deficiencias de la Ley, sobre todo haciendo hincapié en la repercusión para los docentes de vincular la evaluación con la permanencia en el servicio, según se señalan en los artículo 1º, 4º fracción XXII, 52, 53, y 54 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, ya que aseguraban “la intención es, fundamentalmente, afectar el régimen laboral de los maestros”,3 sin embargo, hoy en día la reforma educativa se encuentra en medio de su implementación.

Empero, los resultados mostrados a más de tres años de su promulgación, evidencian el fracaso del sistema educativo, y en cambio la realidad es que el Gobierno Federal no ha sabido dar respuesta a las necesidades laborales, económicas y profesionales de miles de profesores y profesoras, por ejemplo acompañar a los docentes en su proceso de evaluación.

De acuerdo a información dada a conocer por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), durante el ciclo escolar 2015-2016, se prevé la evaluación de alrededor de un tercio de los docentes, es decir 306 mil 74 maestros de un total de 918 mil 222,4 y aunque han sido publicados los lineamientos de la evaluación docente, la autoridad educativa no ha otorgado tutorías o asesorías para que las y los maestros puedan prepararse para presentar dicha evaluación.

Todas estas condiciones han generado un reclamo magisterial y social, acerca de que otros actores políticos vinculados directamente con el Sistema Educativo Nacional sean sometidos a un proceso de evaluación, a fin de asegurar que no sólo los docentes son  los idóneos para estar frente a los estudiantes, sino también, que las autoridades educativas encargadas de llevar a cabo dichos procesos de evaluación tienen la capacidad de entender y conocer cuáles son los propósitos de la educación en México, y cuáles son los objetivos de la evaluación docente, tan sólo por mencionar algunos ejemplos.

Debido a la inequidad de los procesos de evaluación, donde sólo unos son evaluados y otros no, es necesario dar respuesta a la pregunta: “¿Quién ha evaluado, quién evalúa a los evaluadores, a los constructores y codificadores de esta peculiar evaluación?”;5 ya que entonces pareciera que no importa que aquel o aquella persona que esté al frente de la dirección de la educación en México, no cuente con un vasto conocimiento del Sistema Educativo Nacional, y en cambio, los cargos del Secretario de Educación Pública se entiendan únicamente como puesto político.

En este sentido, y en total congruencia con los propósitos plasmados en la Reforma Educativa, es necesario que el Ejecutivo Federal establezca un mecanismo de evaluación público, el cual tenga por objeto evaluar que el titular de la Secretaría de Educación Pública, y las personas que estén al frente de las Subsecretarías de Educación Básica y Media Superior, tengan la capacidad y el conocimiento total de las necesidades educativas tanto de docentes como estudiantes, a fin de garantizar su idoneidad en el encargo.

Esto podría dotar de confianza a los docentes que serán sometidos a dicha evaluación, en virtud de que desde el encargado del despacho de la Secretaría de Educación Pública, los Subsecretarios y los docentes deberán acreditar dichas evaluaciones para permanecer en servicio.

Si bien es cierto el procesamiento de la Reforma Educativa desestimó las aportaciones de los docentes, es momento de brindar certezas a este gremio; por ello, establecer un mecanismo de evaluación para el Secretario de Educación Pública, los Subsecretarios de Educación Básica y Media Superior, buscando perfiles idóneos en sus encargos, y se otorguen garantías no sólo a los docentes, sino a toda la sociedad mexicana, de que la educación en el país se encuentra bajo el mando de personas expertas y con experiencia en la materia, de lo contrario hacer los cambios pertinentes para otorgar dichas  garantías.

Si la convicción del Ejecutivo con la evaluación es real, debe dar el ejemplo a la ciudadanía y sobre todo a las y los maestros en México, a fin de generar confianza en este proceso de evaluación al que será sometido el Sistema Educativo Nacional, de lo contrario, se confirmará la hipótesis de que estos cambios constitucionales en materia de educación, únicamente responden a un control magisterial,6 so pretexto   de la permanencia en el servicio, lo que significa mantener su fuente de trabajo, a  cambio de someterse al mandato unánime de la autoridad educativa y del Gobierno Federal.

Lejos de confrontar las y los maestros de México, el Ejecutivo debe demostrar su disposición a dialogar y escuchar las demandas magisteriales, porque éstas no responden únicamente a intereses personales, sino que descansan en la idea y en la necesidad de generar mejores condiciones para brindar un servicio y una educación de calidad, en beneficio de millones de niñas, niños y adolescentes de México.

Además, las demandas magisteriales deben ser atendidas y resueltas, el Estado mexicano debe proteger y dar garantías a sus maestras y maestros, ya que de la educación que reciban hoy los niños en las escuelas, depende el futuro de México.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a implementar un mecanismo para que el Secretario de Educación Pública, los Subsecretarios de Educación Básica y Media Superior, sean evaluados públicamente en al menos los conceptos, características, historia, estructura, propósitos, planes, programas de la educación básica y media superior, y propósitos de la evaluación docente, a fin de dar confianza, certeza y congruencia a los procesos de evaluación a los que están siendo sometidos los docentes de estos niveles educativos como parte de la reforma educativa.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de octubre de 2015.

Atentamente.

1 “Cuéntame”, Analfabetismo, asistencia y deserción, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, consultado el [en línea], citado 20-10-2015, disponible en  http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P

2 Backhoff, Escudero Eduardo, Guevara, Niebla Gilberto, “La Reforma Educativa y la evaluación docente: retos para su implementación”, (2015), Revista Nexos, [en línea], consultado 20-10-2015, disponible en internet: http://www.nexos.com.mx/?p=25277

3 García, Imelda, “¿Por qué se oponen los maestros a la reforma educativa”, ADN político, [en línea], consultado 20-10-2015, disponible en internet: http://www.adnpolitico.com/gobierno/2013/05/04/maestros-no-cesaran-protestas-hasta-abrogar-la-reforma

4 León Mariana, “En este ciclo un tercio de maestros será evaluado”, periódico el Universal, 14-02-2015, [en línea], citado: 20-10-2015, disponible en internet: http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/-8220en-este-ciclo-un-tercio-de-maestros-sera-evaluado-8221-223261.html

5 Gilly, Adolfo, “¿ Y quien evalúa a los evaluadores?, periódico la Jornada, 19-10-2015, [en línea], citado 20-10-2015, disponible en internet: http://www.jornada.unam.mx/2015/10/19/opinion/020a1pol

6 Gilly, Adolfo “La obsesión evaluadora, una barbarie”, periódico la jornada, 29-08-2015, [en línea], citado 20-10-2015, disponible en internet: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/29/la-obsesion-evaluadora-una-nueva-barbarie-adolfo-gilly-1908.html





 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República Federativa del Brasil, afectado por la explosión en la ciudad de Río de Janeiro. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

La suscrita, Mariana Gómez del Campo Gurza, Senadora de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE SOLIDARIZA CON EL PUEBLO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL AFECTADO POR LA EXPLOSIÓN EN LA CIUDAD DE RIO DE JANEIRO al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 19 de octubre se registró una explosión en la Zona Comercial de São Cristóvão, uno de los barrios más antiguos del norte de Río de Janeiro, vecino del legendario estadio Maracaná, en el norte de esta ciudad que albergará los Juegos Olímpicos 2016.

Los primeros reportes señalan que la explosión fue causada por una acumulación de gas en la cocina de uno de los restaurantes, donde se depositaban pipetas de combustible; la zona afectada quedó sin servicio de energía eléctrica, con las calles bloqueadas y las escuelas públicas suspendieron labores.

Ocho personas fueron retiradas por los bomberos con vida de entre los entre los escombros, y fueron conducidos al hospital municipal Souza Aguiar.

Además de los locales comerciales, la explosión destruyó once pequeños apartamentos y provocó daños en al menos 40 inmuebles vecinos, algunos ubicados a hasta 100 metros del lugar del accidente; el cuerpo de bomberos aún busca posibles víctimas entre los escombros con la ayuda de perros entrenados para rescate y en medio de pequeños focos de incendio y una gran humareda.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, acudió al lugar del accidente y calificó de "impresionante" la escena por la cantidad de destrucción y escombros; el Ayuntamiento de Rio de Janeiro instaló una unidad de atención en la zona que sigue recibiendo a los vecinos afectados.

CONSIDERACIONES

I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República Federativa de Brasil afectado por la explosión en la ciudad de Rio de Janeiro el pasado 19 de octubre y exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a estrechar la cooperación con el país sudamericano en materia de protección civil.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de octubre de 2015.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.





 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo relativo al recorte presupuestal de los Estados Unidos de América a los fondos destinados a la Iniciativa Mérida. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.







 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a atender las peticiones que le fueron entregadas por organizaciones que residen y representan a trabajadores ex braceros y sus familiares. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Layda Sansores San Román, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que atienda las peticiones que le fueron entregadas por organizaciones que residen y representan a trabajadores/as ex braceros y sus familiares, en ambos lados de las fronteras y para que instruya a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público den atención y solucionen los asuntos pendientes de resolver, relativos al Fondo de Ahorro del Programa Bracero 1942-1968; el Fideicomiso 2016 (Fideicomiso que administrará el fondo de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos) y las partidas correspondientes al PEF 2016, para el finiquito de esta deuda histórica.

CONSIDERACIONES

Por los últimos 17 años (1998) la lucha organizada de miles de ex trabajadores migratorios mexicanos que laboraron en el Programa Bracero entre los años 1942 a 1964, han reclamado el Fondo de Ahorro que el gobierno norteamericano creo para cada uno de los 4.6 millones de éstos, con la deducción del 10% de su salario.

El dinero perteneciente a cada ex trabajador fue transferido a través del Banco Wells Fargo a Banrural. El gobierno mexicano se ha valido de todos los medios para evadir el pago de ese dinero que por derecho y justicia les corresponde a los ex trabajadores.

Por su lucha y por su tenacidad al reclamar este Fondo de Ahorro, en el 2004 el gobierno del ex presidente Fox, fue obligado a responder sobre este fraude, sin embargo en lugar de pagar el Fondo de Ahorro, decretó la creación del Fideicomiso 2106 como un mecanismo para evadir el pago total de la deuda histórica de estos ex trabajadores y sus dependientes.

Dicho Fideicomiso otorgó un APOYO SOCIAL, de $38,000.00 M.N. (treinta y ocho mil pesos) a quienes pudieran presentar documentación requerida por esta ley con el fin de acreditarse para recibirlo. Esta ley es, por naturaleza discriminatoria, excluyente y una forma de engañar a estos adultos mayores. Los requisitos impuestos y la manera como fue manejado por los gobiernos de Fox, Calderón y ahora el de Enrique Peña Nieto ha significado un fraude sin precedentes, un engaño y un calvario impuesto con alevosía y ventaja contra esta población. Desde la creación del fideicomiso a la fecha únicamente unos 200 mil han logrado acreditarse en mesas receptoras que se abrieron por toda la república mexicana. En el caso de los ex braceros radicados en Estados Unidos, la violación a los derechos constitucionales de los/as mexicanos/as es clara y evidencia la discriminación cometida contra ellos/as.

El proceso para registrar ex braceros y sus beneficiarios que cumplieran con las Reglas de Operación se llevó a cabo en el año 2005 durante tres meses. Al quedar miles de ellos fuera del registro, uno de los grupos interpuso una demanda de amparo, obligando a la administración de Felipe Calderón a reabrir las mesas receptoras de nuevo a fines del 2008 y principios del 2009.

Lo agravante del caso es que desde hace tres años el proceso de entrega del Apoyo Social se ha congelado. El dinero existente permanece en el banco generando intereses. En estos tres años de gobierno, los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso han sido obligados a cumplir con un 8º. Transitorio1 del PEF-2015, en el que se especifica que el 31 de diciembre 2015 se debe de liquidar a los ex braceros.

or lo anterior, diversas organizaciones de ex-braceros y sus familiares que residen en ambos lados de la frontera entregaron al encabezado del Poder Ejecutivo Lic. Enrique Peña Nieto y en ejercicio de su derecho de petición, 8avo Constitucional sin que a la fecha en los términos correspondientes, se haya respondido o resuelto lo siguiente:

Primero.- Que tenga a bien asignar los mil 523 millones 306 mil pesos indispensables para que se les haga efectivo el pago del apoyo social a los 40,087 ex braceros o sus beneficiarios que tienen en su poder el acuse de recibo con Número de Folio que les entregó la Secretaría de Gobernación en 2005-2006 y 2008-2009, y que no han recibido el pago mencionado hasta la fecha, de conformidad con el mandato previsto en el artículo 8° transitorio del Presupuesto de Egresos 2015.

Segundo.- Expida una nueva Convocatoria e instale Mesas Receptoras, a efecto de que todos los ex braceros que no pudieron inscribirse en las dos anteriores, sin excepción alguna tengan oportunidad de hacerlo, en atención a los principios de equidad y no discriminación establecidos en el artículo 1° párrafo segundo de la Constitución General de la República. En ese mismo sentido, se atienda a nuestros compañeros ex braceros que radican en los EE.UU. en nuestros consulados en igualdad de condiciones, sin discriminación alguna.

Tercero.- Incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2016 que por mandato Constitucional debe entregar a la Cámara de Diputados a más tardar el 8 de septiembre, la partida presupuestal correspondiente para pago a ex braceros, de conformidad con el mandato Constitucional contenido en el artículos 74 fracción IV de nuestra Carta Magna, y en los artículos: 1°, 5° transitorio del Decreto de 25 de mayo de 2005; y 7° transitorio del Decreto de Reformas y Adiciones de 1° de septiembre de 2008, de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Cuarto.- Se sirva crear a la mayor brevedad posible un verdadero Programa de Pago y Finiquito de la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con los trabajadores ex braceros, dado que el actualmente vigente no es sino uno de apoyo social; es decir, es apenas un pequeño paliativo. Pretender extinguir el Fideicomiso cuando sólo se le ha pagado el apoyo social a un 5.8% de los ex braceros existentes, es a todas luces una decisión injusta, ilegal y arbitraria.

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que atienda las peticiones que le fueron entregadas por organizaciones que residen y representan a trabajadores/as ex braceros y sus familiares, en ambos lados de las fronteras y para que instruya a los responsables de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público den seguimiento y atención a lo que aun sigue pendiente de resolver, relativos al Fondo de Ahorro del Programa Bracero 1942-1968; el fideicomiso 2016 y las partidas correspondientes al PEF 2016, para el finiquito de esta deuda histórica.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 27 de octubre de 2015.

Suscribe

Sen. Layda Sansores San Román.

1 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, D.O.F. 03/12/14. Artículo OCTAVO transitorio: “La Secretaría de Gobernación deberá implementar los mecanismos que se requieran para concluir con la revisión de los expedientes de las personas que, en términos de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, hayan presentado solicitud para recibir el apoyo previsto en la misma; determinar conforme a los términos y condiciones establecidos en dicha ley aquellos que tienen derecho a recibir el apoyorespectivo, así como realizar el pago correspondiente, incluyendo a los beneficiarios que no se han presentado a cobrarlo, a más tardar el 31 de diciembre de 2015.”





 

De los Senadores María Hilaria Domínguez Arvizu, Ana Lilia Herrera Anzaldo e Isaías González Cuevas, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 una partida presupuestal por 400 millones de pesos para apoyar las actividades de investigación que realiza la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce y las Fundaciones Produce en el territorio nacional. Se turna a la Cámara de Diputados.

Las suscritos, María Hilaria Domínguez Arvizu, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Isaías González Cuevas, Senadoras y Senador integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El sector agropecuario de nuestro país representa, sin duda, uno de los activos más importantes de la actividad económica; contamos con 27.5 millones de hectáreas de superficie agrícola total, de las cuales 5.6 millones de hectáreas son superficie de riego y 21.9 millones de hectáreas son de temporal.

El maíz grano blanco, el sorgo grano, el frijol, el café, la caña de azúcar y el trigo grano, representan el 58% de la superficie sembrada.

Las actividades primarias contribuyen con el 4% del Producto Interno Bruto nacional, sin embargo, el efecto multiplicador que genera lo convierten en un sector estratégico en el desarrollo económico, social y ambiental de nuestro país.

A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se crearon programas para el periodo de transición establecido en el mismo tratado para llegar finalmente a la liberación total del mercado agropecuario que se presentó en el 2004.

Una de las instituciones creadas durante este periodo de transición, fueron las Fundaciones Produce, a partir del Programa de la Alianza para el Campo, con el objetivo de fomentar la transparencia e incorporar una mayor participación del sector privado en la esfera pública, promoviendo la participación de los sectores más desfavorecidos en la generación de políticas públicas y contribuir a la formulación de los servicios públicos.

En los estatutos de creación de cada una de las fundaciones se estableció:

Promover un amplio proceso de transferencia tecnológica, a través de la creación de fundaciones en cada entidad federativa, mismas que serían operadas directamente por los productores y se constituirán a partir de la transformación del INIFAP, que tendría más recursos para realizar investigaciones.

Se estableció dotarlas de recursos federales, estatales y por los propios productores. La investigación sería realizada en los estados  y propondrían la transferencia tecnológica que permitiera elevar la productividad, aprovechando la vocación de tierra, clima y agua existente en cada microrregión.

Desde 1996 el gobierno en conjunto con los productores han dirigido y financiado la investigación, innovación y transferencia de tecnología en México apoyados por las Fundaciones Produce como su brazo generador de la innovación.

Los resultados son alentadores en cada entidad federativa, por citar algunos ejemplos, en Chihuahua se utilizó tecnología ahorradora de agua en 65 mil hectáreas para el cultivo de algodón, generando un ahorro suficiente para abastecer 33% más de este cultivo,  el costo de producción se redujo en 224 millones de pesos  y los ingresos adicionales  sumaron 200 millones de pesos por ciclo.

Un ejemplo más, es el caso del aguacate “Hass” que no se podía exportar a Estados Unidos por una barrera no arancelaria de la mosca de la fruta,  mediante un estudio elaborado por la Fundación Produce, se determinó que aún en altas presiones poblacionales de mosca, el aguacate Hass no era hospedero de la misma, lo que permitió ampliar los mercados y fechas de exportación a Estados Unidos con el beneficio que se tiene actualmente de exportaciones por 790 millones de dólares anuales.

El presupuesto federal autorizado por SAGARPA para los temas de investigación y transferencia de tecnología que atienden las fundaciones había tenido un incremento de recursos hasta 2014, sin embargo, a partir de ese año la SAGARPA modificó la forma de ejecución de los proyectos, eliminado el  programa de apoyo a investigación y transferencia de tecnología para dar entrada a la adopción de innovaciones ya generadas.  Lo que implicó que se quedaran sin apoyo los temas pendientes de investigación y transferencia de tecnología y, por lo tanto, la falta de atención a las agendas estatales y nacionales de investigación.

Esta situación ha impactado en la crisis actual de la roya del café en el sureste mexicano, falta de variedades de arroz en México, falta de variedades de trigo tolerantes a roya en el noroeste y amenaza de plagas exóticas en aguacate como palomilla barrenadora y escarabajos ambrosiales.

Las fundaciones Produce en las entidades federativas y la coordinación nacional han generado investigaciones importantes y con alta incidencia socioeconómica en el sector agropecuario, debido a la relevancia de los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología e innovación.

La Constitución Mexicana establece en sus artículos 4° párrafo cuarto, 25, 26, 27 fracción XX, 28 fracción IV que el Estado contará con los organismos y empresas para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde participe o con los sectores social y privado; garantizando que el desarrollo nacional sea integral, con el propósito de generar empleo y garantizar  a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos servicios de capacitación y asistencia técnica.

El decreto publicado por el Ejecutivo Federal el 22 de enero de 2013, por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, señala en su objetivo 4.10. “Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”, así como en la estrategia 4.10.1.  “Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico”.

A su vez en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable también se establece en el artículo 34 el establecimiento del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable, como una función del estado que se cumple a través de sus instituciones y se induce y complementa a través de organismos privados y sociales dedicados a dicha actividad.

El presente punto de acuerdo busca que en función de las facultades marcadas en la Constitución, la Cámara de Diputados apruebe un presupuesto por 400 millones de pesos los cuales se destinarían a lo siguiente:

Priorizar la generación de polos de desarrollo regionales de cultivos o especies estratégicos para el sector con enfoque territorial y de potencial productivo, vincular los centros de investigación, universidades y escuelas de enseñanza superior, con la atención de demandas tecnológicas del sector productivo, contribuir a la atención de la problemática por efecto del cambio climático en el sector, mediante la transferencia de tecnología y fomentar la transferencia de tecnología mediante los centros nacionales de innovación.

Es en base a estas consideraciones, que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, sea incluido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, una partida presupuestal por 400 millones de pesos, para apoyar las actividades de investigación que realiza la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce y las Fundaciones Produce en el territorio nacional.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 27 de octubre de 2015.

Atentamente.

Sen. Hilaria Dominguez Arvizu.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.- Sen. Isaías González Cuevas.





 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Colombia por la caída de una avioneta en la ciudad de Bogotá. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

La suscrita, Mariana Gómez del Campo Gurza, Senadora de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE SOLIDARIZA CON EL PUEBLO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA POR LA CAÍDA DE UNA AVIONETA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 18 de octubre, una avioneta bimotor cayó en una zona cercana al Dorado en Bogotá, registrando seis muertos y 14 heridos. La Secretaria de Salud de Bogotá menciono que la persona más reciente en fallecer en el hospital Simón Bolívar de Bogotá, fue Layla Tatiana Arenas, de 36 años a causa de una falla multisistémica.

Entre los cinco primeros muertos está el capitán de la aeronave Bechcraft 60, con matrícula HK-3917, Juan Pablo Angulo Reyes. Por lo general los cadáveres presentaban quemaduras en el 85 por ciento de su cuerpo según el último reporte médico.

El aparato que llevaba a 4 personas a bordo cayó sobre una panadería después de dos minutos de emprender el vuelo.

El hospital Simón Bolívar reporta que hasta el momento que permanecen en estado crítico cinco adultos y una menor de edad, que tienen quemaduras de segundo y tercer grado.

2. El avión se dirigía al aeropuerto de Guaymaral, al norte de Bogotá,  para recoger al expresidente colombiano Andrés Pastrana, a la ex candidata presidencial Martha Lucia Ramírez, el ex Comisionado de paz Camilo Gómez y la ex aspirante al Senado Ángela Ospina, todos pertenecientes al partido conservador.

Pastrana critico el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y pidió al gobierno investigue el incidente, donde a través de su cuenta de twitter cuestionó al Presidente Juan Manuel Santos si habría investigación de carácter nacional o internacional.

CONSIDERACIONES

I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los Senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de Acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de Ley o Decreto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Colombia por la caída de una avioneta en la ciudad de Bogotá y envía sus condolencias a los familiares de los fallecidos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de octubre de 2015.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.





 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo relativo a la elección de Justin Trudeau como Primer Ministro de Canadá. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.







 

De los Senadores Layda Sansores San Román y Luis Sánchez Jiménez, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a negociar con los trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua el Contrato Colectivo de Trabajo demandado ante el propio Instituto. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Layda Sansores San Román y Luis Sánchez Jímenez, Senadores de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, la primera integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y el segundo integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través del Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y su Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, se negocie con los trabajadores de este Instituto el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), demandado ante el propio Instituto, de igual manera, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo, para que a través de Secretaría de Trabajo y la Junta de Conciliación y Arbitraje, se procure llamar a las partes del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, con el objeto de llevar a cabo las negociaciones para la firma del contrato colectivo solicitado y se evite la huelga prorrogada para el próximo 28 de octubre del año en curso, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los antecedentes del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) se remontan hacia 1970, en que la subsecretaría de Planeación de la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) llevaba a cabo las funciones del Plan Nacional Hidráulico, cuyo marco de referencia era congruente con el planteo de desarrollo nacional, al cuantificar los requerimientos del país en materia de agua con calidad.

En 1975 queda conformado el Plan Nacional Hidráulico, en el que se identificaron problemas y definieron estrategias, conceptos que once años después serían retomados por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, como tal:

• México tiene agua suficiente para apoyar el desarrollo socioeconómico, si se usa con eficiencia.

• No dejar crecer la contaminación de las aguas más allá del nivel existente en 1976.

• Formar recursos humanos calificados suficientes para las tareas del manejo del agua.

• Promover la investigación y el desarrollo tecnológico para el mejor aprovechamiento y conservación de la calidad del agua.

• Fortalecer, gradualmente, la autoridad federal sobre el agua y descentralizar el manejo en la instancia regional, agrupando cuencas de ríos.

Para 1976, debido al exitoso resultado del Plan Nacional Hidráulico, se crea la Comisión del Plan Nacional Hidráulico, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Recursos Hidráulicos.

Años después, durante 1985, surgió la idea de transformar la CPNH en una institución que pasara de la instancia de planeación a la de resolución de los problemas del agua en el país.

El IMTA, fue creado mediante Decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de agosto de 1986, como órgano desconcentrado de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), con el objeto de desarrollar la tecnología y formar los recursos humanos calificados necesarios para asegurar el aprovechamiento y manejo racionales e integrales del agua.

Con motivo de la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mediante Decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1994, el IMTA pasó a formar parte de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP).

Por Decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2001, el IMTA es ahora un organismo público descentralizado del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, coordinado sectorialmente por la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

El IMTA, cubre los requisitos de procedencia para ser reconocido como Centro Público de Investigación. El IMTA, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 3 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y primero de su Decreto de Creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de octubre de dos mil uno, cuyo objeto y atribuciones predominantes según los artículos 2 y 3 del mismo Decreto, es la de realizar investigación, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar servicios tecnológicos y preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del agua, a fin de contribuir al desarrollo sustentable del país, así como realizar, orientar, fomentar, promover y difundir programas y actividades de investigación y de desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología y de formación de recursos humanos calificados, que contribuyan a asegurar el aprovechamiento y manejo sustentable e integral del agua; contribuir al desarrollo, difusión e implantación de aquellas tecnologías del agua que mejor se adapten a las condiciones del país, así como cualquier actividad relacionada con la ejecución de su objeto. Por lo que, en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de diciembre de 2009, se reconoce al IMTA como Centro Público de Investigación (CPI).

Misión del INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

Producir, implantar y diseminar conocimiento, tecnología e innovación para la gestión sustentable del agua en México. Cumple su misión mediante:

• La investigación científica (básica y aplicada).

• El desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología.

• La innovación en los diferentes aspectos de la gestión de los recursos hídricos.

• La formación de recursos humanos calificados.

• La prestación de servicios tecnológicos, de capacitación, de consultoría y asesoría especializadas, de información y de difusión del conocimiento, científica y tecnológica.

Visión del INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

Ser una institución líder y de clase mundial que propicie la transformación del sector hídrico e impulse la gestión sustentable del recurso agua en el país. Que propicie e impulse la transformación del sector por medio de:

• La generación de conocimiento original y de frontera.

• Los resultados de impacto con pertinencia social y económica en su investigación.

• El desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos.

• El compromiso con la mejora continua, y la entrega de productos y servicios de calidad.

• La competitividad de acuerdo a parámetros internacionales.

• La unidad y colaboración en los equipos de trabajo.

• El diseño organizacional flexible y ágil en su adaptación al entorno cambiante.

• La capacidad de obtención de recursos complementarios para el cumplimiento de su misión.

• El liderazgo que encabece las sinergias en el Subsector de Ciencia y Tecnología del Agua para apoyar el cumplimiento de las metas nacionales.

• El respeto al medio ambiente.

• El impulso a la ética del agua.

• La investigación prospectiva para prever futuros escenarios de oportunidades y riesgos en el sector hídrico.

• La innovación en el sector agua.

Funciones del INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

De acuerdo con su Estatuto Orgánico, al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua le corresponden las siguientes funciones:

1. Realizar, orientar, fomentar, promover y difundir programas y actividades de investigación y de desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología y de formación de recursos humanos calificados, que contribuyan a asegurar el aprovechamiento y manejo sustentable e integral del agua;

2. Desarrollar proyectos de investigación y de educación y capacitación especializadas de interés para otras instituciones, los cuales se realizarán bajo convenios y contratos específicos;

3. Prestar servicios de desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología, de capacitación, de consultoría y asesoría especializadas, de información y difusión científica y tecnológica;

4. Impartir, de conformidad con el artículo 18 de la Ley General de Educación, estudios de postgrado en las áreas afines al objeto del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en coordinación con la Secretaría de Educación Pública; desarrollar y aplicar los planes y programas de estudio correspondientes, así como expedir los certificados y otorgar los diplomas, títulos y grados académicos respectivos;

5. Brindar servicios especializados de laboratorio, de asesoría técnica, de elaboración de normas, de diseño, de información, de aseguramiento de calidad y de asimilación de tecnología a los sectores privado y social del país, así como a instituciones y organismos extranjeros e internacionales, en las áreas relacionadas con el manejo, conservación, rehabilitación y tratamiento del agua y recursos asociados al líquido;

6. Promover la educación y la cultura en torno al agua que fomente en la sociedad la conciencia de que el líquido es un bien escaso que requiere del cuidado de su cantidad y calidad, así como de su aprovechamiento sustentable y de la mitigación de sus efectos destructivos;

7. Contribuir al desarrollo, difusión e implantación de aquellas tecnologías del agua que mejor se adapten a las condiciones del país;

8. Realizar los desarrollos tecnológicos que el sector productivo demande o que la Administración Pública Federal considere necesarios;

9. Participar en la elaboración de anteproyectos de Normas Oficiales Mexicanas y elaborar Normas Mexicanas, en materia del agua.

10. Apoyar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el establecimiento, conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, de los mecanismos de regulación para la evaluación de la conformidad y para la certificación de normas de calidad de sistemas, materiales, equipo y maquinaria asociados con el uso, aprovechamiento y tratamiento del agua;

11. Promover y transferir las tecnologías desarrolladas y los resultados que se obtengan de las investigaciones;

12. Establecer relaciones de intercambio académico y tecnológico con instituciones y organismos mexicanos, extranjeros o internacionales;

13. Otorgar becas para realizar estudios en el propio Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, así como en instituciones afines nacionales o del extranjero;

14. Proponer orientaciones de política hidráulica nacional, contribuir al fortalecimiento de la capacidad institucional del sector agua en México y coadyuvar en la solución de los problemas hidráulicos del país, y

15. Ejecutar toda clase de actos y celebrar toda clase de contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de su objeto, así como los demás que prevean este Decreto y otros ordenamientos legales.

Filosofía institucional

Estamos totalmente comprometidos a trabajar con excelencia, actitud de servicio y respeto porque somos conscientes de la gran responsabilidad que implica el desarrollo innovador de procesos, productos, servicios tecnológicos, así como de actividades de investigación, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos para dar respuesta a las necesidades de nuestros principales sectores usuarios, clientes y demás partes interesadas. Asumimos el compromiso de impulsar el conocimiento, la tecnología y la innovación en el agua y medio ambiente.

Consideramos un fuerte compromiso social por la utilidad e impacto de nuestros resultados y de nuestro trabajo, en apoyo a la sociedad en general, en especial a los productores y a los sectores más vulnerables. Reconocemos y propiciamos un alto respeto y protección al medio ambiente para lograr una gestión integral y un aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos en México.

Principales resultados

Entre los resultados más importantes alcanzados destacan, entre los 1 754 proyectos realizados, los siguientes: mitigar considerablemente el desperdicio de agua con la aplicación de un programa para detectar fugas en los sistemas de distribución de agua potable en ciudades; reducir el consumo de líquido en la agricultura con el desarrollo de diversos sistemas computacionales, controlar malezas acuáticas en cuerpos de agua y canales de riego, colaborar en el éxito del Programa Agua Limpia de la Secretaría de Salud con los programas para la vigilancia ambiental de cloro residual y la detección de Vibrio cholerae en aguas residuales.

También sobresalen los trabajos multidisciplinarios para la recuperación ambiental de las cuencas de Pátzcuaro, Michoacán, del río Apatlaco, Morelos y del Lerma-Chapala en los estados de México, Guanajuato y Jalisco.

Además podemos subrayar los importantes avances en materia de saneamiento y calidad del agua reflejados en 14 patentes registradas, entre ellas la remoción de arsénico por electrocoagulación utilizando un reactor a flujo pistón y un tren complementario de tratamiento conformado por floculación mejorada, sedimentación y filtración y proceso de tratamiento biológico aerobio de aguas residuales mediante biocinta sumergida e instalación para su realización (BIOSTAR 1).

Vale la pena mencionar que el IMTA, incursiona en temas complejos como la detección de contaminantes emergentes y su tratamiento, de gran importancia para la salud.

Asimismo en los laboratorios del Instituto, se han diseñado algunas de las principales obras hidráulicas recientes utilizando modelos a escala reducida. Recientemente el Instituto ha generado conocimiento de gran importancia,  documentado en el Atlas de vulnerabilidad hídrica en México ante el cambio climático, para enfrentar y prever en nuestro país los efectos de este fenómeno. También, ha diseñado el doctorado en Ciencias y Tecnología del Agua y la maestría en Ciencias del Agua, modalidad a distancia, para fortalecer las actividades relacionadas con la gestión integral del agua y de la hidrometeorología y la meteorología operativa.

Proyectos importantes

En su trayectoria, el IMTA ha logrado consolidarse como el brazo científico y tecnológico del sector agua en México, además de colaborar en el desarrollo de las capacidades institucionales, técnicas y profesionales del propio sector. Para ello, ha contribuido con la aportación de propuestas dirigidas a resolver problemas relacionados con el uso, aprovechamiento, el saneamiento, la preservación y administración del recurso. Entre ellas destacan:

• Una metodología que atiende en forma integral las pérdidas de agua por fugas en tuberías y accesorios.

• La metodología y diseño y construcción de dispositivos de aireación forzada para introducir oxígeno en lagos y lagunas.

• Estudios experimentales para aplicarse en el diseño, construcción y operación de obras de infraestructura hidráulica.

• Elaboración de modelos numéricos para comportamiento acuíferos y pronósticos de la atmósfera.

• Estudios para identificar tipos y grados de la contaminación del agua.

• Estudios hidrometeorológicos, hidrodinámicos, limnológicos y sociales para elaborar diagnósticos socioambientales de ríos y lagunas.

• Definición de criterios de diseño de lagunas de estabilización para tratamiento de aguas residuales.

• Desarrollo y aplicación de métodos para el control integral de malezas acuáticas en lagos, vasos y presas.

• Desarrollo de un sistema computacional para programación de riego en tiempo real.

• Un programa para rehabilitación de suelos ensalitrados.

• Producción y difusión de unidades educativas audiovisuales para modificar hábitos de la población en cuanto al desperdicio y contaminación del agua.

• Edición de la revista Tecnología y Ciencias del Agua (antes Ingeniería Hidráulica en México), foro de intercambio científico y tecnológico en ingeniería del agua.

• Diseño y operación de programas de capacitación en riego y drenaje; agua potable, alcantarillado y saneamiento; aguas superficiales e ingeniería de ríos y administración del agua.

Cabe mencionar que varios investigadores del IMTA ocupan cargos honoríficos es asociaciones, academias e institutos de educación superior, así como representaciones en diversos comités editoriales y de organización de congresos, seminarios y simposios relacionados con el sector agua. Complementariamente, ha brindado múltiples asesorías en temas hidráulicos a instituciones nacionales e internacionales.

Por la importancia del IMTA establecida en cuerpo del presente y evidenciado a través de su Programa Institucional, así como, de su carácter de Centro de Investigación Público, los profesionistas especialistas de la institución demandaron la creación de su sindicato gremial y el 20 de septiembre de 2013, la autoridad laboral otorgo la toma de nota en el expediente 10/13952 correspondiente a la organización denominada Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. A partir del registro, se ha emplazado a la Institución a la firma del Contrato Colectivo de Trabajo no obteniendo a la fecha acuerdo formal para el reconocimiento del derecho pleno de la Contratación Colectiva de los Trabajadores, generándose un conflicto de orden laboral donde los puntos más importantes son:

Dado que los trabajadores no contaban con ninguna representación formal en el instituto organizaron el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

El 10 de mayo de 2013 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, otorgó formal y legalmente el registro 6124 al SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA.

Ante la negativa de los directivos del Instituto a firmar el CCT se emplazó a huelga el 30 de abril de 2015 para estallarla el 30 de junio de 2015.

En la Junta de Conciliación y Arbitraje, los directivos del IMTA junto con sus abogados, se negaron a tratar el tema del Contrato Colectivo de Trabajo, objeto de la audiencia de conciliación. Ante el inminente estallamiento de Huelga, los directivos del Instituto se negaron a la prórroga. El mismo 30 de junio, el SINDICATO, exigió a los funcionarios de la Junta que, ante la cerrazón y negativas del patrón, le impusiera la prorroga.

Se impuso la prorroga y se aplazó tres meses (para el 25 de septiembre de 2015 a la 22:00 hrs.) con la finalidad de que en ese lapso se pudiera resolver el conflicto Iaboral entre el Sindicato y el IMTA.

En junio pasado, el IMTA, interpuso una demanda de juicio de amparo contra la resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje, a favor del SINDICATO y promovieron un Incidente para buscar suspender el emplazamiento a huelga.

El 28 de agosto, la Junta de Conciliación y Arbitraje, realizó la primera audiencia de conciliación entre los directivos del IMTA y el Sindicato, para lograr la firma del Contrato Colectivo de Trabajo y, de esta manera, evitar la huelga.

Por las consideraciones vertidas, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea los siguientes:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorte al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y su Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, se firme y otorgue el Contrato Colectivo de Trabajo, demandado ante el propio Instituto,

SEGUNDO. Se exhorte al Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de Trabajo y la Junta de Conciliación y Arbitraje, se procure llamar a las partes del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, a fin de firmar el contrato colectivo solicitado y  se evite la huelga a la que está emplazada.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 27 de octubre de 2015.

Suscriben

Sen. Layda Sansores San Román.- Sen. Luis Sánchez Jiménez.





 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito y Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a realizar diversas acciones en el marco del recorte presupuestal a la Iniciativa Mérida, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a remitir un informe sobre el estado de las recomendaciones en materia de derechos humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO Y ERNESTO RUFFO APPEL, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, con carácter de urgente resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN EL MARCO DEL RECORTE PRESUPUESTAL A LA INICIATIVA MÉRIDA, ASI COMO A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, PARA QUE REMITA UN INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- El Plan Mérida (formalmente titulado Iniciativa de Seguridad Regional), fue diseñado para mejorar los programas de cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos, México y Centroamérica, en el cual el Gobierno de Estados Unidos, financiaría a México y a países del sur con la finalidad de combatir de manera conjunta el narcotráfico, la delincuencia transnacional, y el terrorismo Hemisférico Occidental.

2.- En junio de 2008, dicho proyecto fue firmado por Felipe Calderón y George Bush comprometiendo a ambos países a asumir su responsabilidad en el combate al narcotráfico y cooperar, basados en el respeto a la soberanía de cada Estado y la confianza mutua, en diversos temas que incluyen seguridad fronteriza, seguridad   pública y procuración de justicia, el fortalecimiento de instituciones y el Estado de derecho.

3.- Estados Unidos se comprometió a brindar de recursos económicos, tecnológicos y militares al gobierno mexicano, dentro de los cuales se incluyeron al inicio del Plan: helicópteros, aviones con aparatos de rastreo térmico, programas y equipo de cómputo y radiocomunicación así como entrenamiento especializado en operaciones antinarcóticos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, de 2008 a 2014, el Congreso de Estados Unidos ha asignado al Plan Mérida cerca de mil 600 millones de dólares.

4.- De acuerdo con un informe entregado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos al Congreso de ese país, se decidió retener 15% de los fondos para México hasta que reciba un informe sobre el cumplimiento del Estado mexicano en materia de derechos humanos. El monto que se retendrá producto del incumplimiento de México asciende a 5 millones de dólares, los cuales han sido reprogramados para tareas de erradicación de cocaína en Perú. En 2010, nuestro país aprobó leyes en materia de protección a los derechos humanos que inhibieron que el Departamento de Estado y el Congreso de Estados Unidos retuvieran el 15% de recursos, a la Iniciativa Mérida, lo cual representa un antecedente de la relevancia que en su momento, en la administración anterior, se le atribuía a la Iniciativa.

En el informe anual sobre Derechos Humanos 2014, publicado en junio pasado por el Departamento de Estado, se destacó que existen significativos problemas en materia de derechos humanos en México, especialmente la persistente “impunidad” y la “implicación de la policía y el Ejército en graves abusos”, mencionando el caso de Ayotzinapa y Tlatlaya.

Días después de darse a conocer el informe anterior, 82 legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos enviaron una carta al Secretario de Estado John Kerry, donde le exigieron que “haga de la defensa de los derechos humanos una parte fundamental de la agenda bilateral con México” (En esta carta mencionan el caso de Ayotzinapa y Tlatlaya).

5.- Para la Oficina para Asuntos de América Latina en Washington (WOLA), dicha decisión refleja la gravedad de la situación de derechos humanos que prevalece en México y la frustración de Washington ante la falta de voluntad del Gobierno para investigar y sancionar a los responsables por violaciones a los derechos humanos.

Cabe recordar que en julio de este año, organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos y México solicitaron formalmente al Gobierno que no emitiera la certificación de cumplimiento de derechos humanos para retenerle fondos de la Iniciativa Mérida.

6.- De acuerdo con el académico Rafael Fernández de Castro, lo preocupante no es la no entrega de recursos, sino la evidencia de que la cooperación bilateral está mal, hay frustración de Estados Unidos porque identifican una clara y persistente violación a los derechos humanos en el país.

7.- La Secretaría de Relaciones Exteriores “reiteró su apertura al escrutinio y a la cooperación internacional en favor del fortalecimiento del régimen de los derechos humanos”, pero al mismo tiempo “rechaza cualquier práctica unilateral que juzgue la situación de los derechos humanos en un país”. La Canciller ha desestimado el recorte presupuestal pero más aún muestra en un completo desinterés por mantener vigente y cada vez más sólido un acuerdo que ha permitido que México cuente con recursos económicos, tecnológicos y de información extremadamente valiosos.

Con base en lo anterior, y tomando en cuenta los siguientes:

CONSIDERANDOS

I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los Senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de Acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

III.- Que conforme al artículo 1 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

IV.- Que conforme al artículo 5 fracción XII del Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación, corresponde al Secretario de Gobernación “Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, especialmente en lo que se refiere a los derechos humanos, dictando al efecto las medidas administrativas procedentes”.

V.- Que conforme al artículo 5 fracción XXVIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación, corresponde al Secretario de Gobernación “Coordinar las acciones de seguridad nacional y establecer políticas de protección civil”

VI.- Que conforme al artículo 24 fracción XII del Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación, corresponde a la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos “Identificar y compilar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que asuma el Estado mexicano, así como promover y coadyuvar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para dar cumplimiento a éstos”

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Cámara, con carácter de urgente resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que en un plazo no mayor a 30 días, remita a esta Soberanía un informe detallado sobre el número de recomendaciones que ha recibido por violaciones a los derechos humanos de 2012 a la fecha, el grado de avance y/o cumplimiento de las mismas.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a la brevedad informe a esta Soberanía sobre el estatus delas sendas recomendaciones que han emitido diversos Organismos Internacionales al Estado mexicano, en materia de violaciones a los derechos humanos así como el estatus que guarda cada una de ellas.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a remitir un informe sobre las últimas participaciones que han tenido los funcionarios del Gobierno mexicano, en distintos foros y organismos internacionales, en dónde se detallen los avances que ha tenido nuestro país para la atención a violaciones a los derechos humanos.

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación, establezca con carácter urgente canales de diálogo de alto nivel con el Gobierno y el Congreso de los Estados Unidos de América para revertir el recorte al presupuesto de la Iniciativa Mérida y para que dicho mecanismo de cooperación sea fortalecido.

QUINTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que a la brevedad remita un informe sobre las recomendaciones que ha emitido al Gobierno Federal en materia de violaciones a los derechos humanos y el estado que guardan, desde su incorporación a esa Comisión Nacional.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de octubre de 2015.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se reconoce el trabajo de coordinación y las acciones de protección civil realizadas por los gobiernos federal, estatal y municipal, así como a la población por seguir las indicaciones de las autoridades ante la llegada del huracán “Patricia”. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los desastres naturales como los huracanes, afectan el crecimiento económico y el desarrollo de los países; dejan incomunicadas a las localidades y municipios, dificultan la prestación eficiente de los servicios públicos básicos y repercute en la infraestructura básica. Lo anterior, representa un desafío para instrumentar estrategias específicas de apoyo a la sociedad y superar a la brevedad los impactos negativos de estos fenómenos meteorológicos.

En México, el pasado 24 de octubre tocó tierra el huracán Patricia, el cual rompió récord de vientos en el Pacífico con 880 hectopascales, fue considerado categoría cinco, situación que se potencializó por su relación con el fenómeno El Niño, el cual ha aumentado la temperatura en el país.

De acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, el fenómeno metrológico estaba posicionado como el más peligroso que impactaría el estado de Jalisco en los últimos 50 años.

Se esperaba que produjera lluvias torrenciales de 150 a 300 milímetros, con precipitaciones aisladas que alcanzarían hasta los 500 milímetros, lo cual, afectaría principalmente los estados de Jalisco, Colima, Zacatecas, Michoacán y Guerrero con inundaciones y deslizamientos de tierra que ponen en riesgo la vida de la ciudadanía.

Por su parte, la Organización Meteorológica Mundial alertó que el meteoro era el  más fuerte registrado en el Pacífico y sus efectos serían "potencialmente catastróficos”; ya que por sus características se corría el riesgo de pérdida de vidas.

Adicionalmente, estaba previsto que se diera un aumento en el nivel del mar, lo que según especialistas era “extremadamente peligroso”, en virtud de que causaría inundaciones en zonas habitacionales y conurbadas de las principales ciudades, dificultando la movilización de víveres y materiales de construcción para hacer frente a los efectos del huracán.

Ante estos acontecimientos, las autoridades de los tres órdenes de gobierno,  exhortaron a la población a extremar precauciones ante las lluvias, se recomendó no visitar la zona costera y se suspendieron clases en los planteles de educación, por su parte el ejército y la marina mexicana desplegaron más de 4 mil efectivos, 50 vehículos, seis aeronaves y buques para auxiliar a los habitantes.

En complemento a lo anterior, se instrumentó una campaña intensa de información y concientización de la importancia de mantenerse en los refugios, salvaguardar la vida de las personas y mascotas. Afortunadamente, las afectaciones fueron menores a las pronosticadas, debido a que tocó tierra en una zona despoblada, con unos 24 kilómetros a la redonda con vientos huracanados que sólo alcanzaron un radio de 113 kilómetros –menores a los esperados-.

De acuerdo con el primer reporte, existen al menos 3 mil 500 viviendas dañadas, 3 mil 500 hectáreas de campos agrícolas afectados, deslizamientos de tierra en el puerto de Lázaro Cárdenas, además de 42 escuelas ubicadas en Colima, Jalisco y Michoacán, dañadas con base a información de la Secretaría de Educación Pública.

Los Senadores del PRI, reconocemos que las acciones del Gobierno Federal en materia de prevención fueron pertinentes, ya que permitieron garantizar la integridad física de las personas y lograron generar acciones de resguardo y protección de su patrimonio familiar. Basta mencionar que más de 10 mil personas, entre turistas y residentes locales, fueron evacuadas a zonas seguras y el ejército mexicano coadyuvó en tareas de protección a la población.

Para los integrantes del grupo parlamentario del PRI, es de vital importancia que las autoridades fortalezcan las estrategias para garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos básicos, asistencia médica, rehabilitación de la infraestructura y apoyo al sector agrícola en los municipios, regiones y entidades afectadas por el huracán Patricia.

Aunado a lo anterior, solicitamos que los municipios y estados afectados, acceden a los recursos del Fondo de Desastres Naturales y al de Atención de Emergencias, para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

Por lo anteriormente expuesto, los Legisladores del PRI sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.-El Senado de la República reconoce el trabajo de coordinación y las acciones de protección civil realizadas por los gobiernos federal, estatal y municipal, así como a la población por seguir las indicaciones de las autoridades ante la llegada del huracán Patricia.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y al de las Entidades Federativas afectadas por el huracán Patricia para que en el ámbito de sus atribuciones, destinen los recursos económicos y humanos suficientes, para garantizar la prestación de servicios públicos básicos, asistencia médica, rehabilitación de la infraestructura y apoyo al sector agrícola  en los municipios, regiones y entidades afectadas.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 27 de octubre de 2015.

Atentamente





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos económicos por la cantidad de 9 millones de pesos para ser destinados a las funciones de la Coordinación de Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático. Se turna a la Cámara de Diputados.

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se asignen recursos económicos debidamente etiquetados por la cantidad de 9 millones de pesos para ser destinados a las funciones de la Coordinación de Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 6 de junio del 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cambio Climático (LGCC) que establece las disposiciones para enfrentar los efectos adversos al cambio climático y es reglamentaria de las disposiciones constitucionales en materia de protección al ambiente, desarrollo sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico.

La LGCC forma parte del marco jurídico de México para el desarrollo de la política nacional de cambio climático, y conlleva principios, normas, arreglos institucionales y nuevos organismos para su diseño, implementación y evaluación.

En la Ley General de Cambio Climático se establece la creación del Sistema Nacional de Cambio Climático que consta, entre otros de: la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, el Consejo de Cambio Climático, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y la Coordinación de Evaluación (CE).

Considerando:

Primero.- Que se espera que la política nacional del cambio climático en México contribuya a mitigar las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero que provocan el fenómeno de cambio climático y a mejorar de manera sistemática las capacidades adaptativas de la población a los efectos adversos del cambio climático y por tanto, los niveles de bienestar social de los mexicanos.

Segundo.- Que la Coordinación de Evaluación forma parte de los compromisos internacionales de corte institucional de México en materia de cambio climático, además de que consolida nuestro papel líder en la materia en el mundo.

Tercero.- Que la Coordinación de Evaluación integrada por los 6 Consejeros Sociales y la Directora del INECC, emiten recomendaciones  a los integrantes del Sistema Nacional de Cambio Climático, de carácter público, que deben ser consideradas en la formulación o actualización de la Estrategia Nacional y el PECC y entregadas a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión.1

Cuarto.- Que el 04 de abril del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para seleccionar a los Consejeros Sociales a efecto de integrar la Coordinación de Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático.

Quinto.- Que la base Séptima de la Convocatoria mencionó a la letra:

“SÉPTIMA.- Los consejeros sociales que sean designados para formar parte de la Coordinación de Evaluación entrarán en funciones una vez que se formalice su designación y durarán en su cargo por un periodo de cuatro años a partir de dicha formalización. Los consejeros sociales designados recibirán un emolumento mensual de acuerdo con sus responsabilidades y de conformidad con la normatividad aplicable.”

Sexto.- Que el INECC revisó la documentación de los postulantes a Consejero Social, determinando que 61 de ellos cumplieron los requisitos de la convocatoria.2

Séptimo.-  Que el 11 de febrero del 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación “el resultado de la Convocatoria para seleccionar a los Consejeros Sociales que integran la Coordinación de Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático” (anexo).

Octavo.- La Coordinación de Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático quedó integrada en los términos de la LGCC, del Estatuto Orgánico del INECC y de la Convocatoria emitida por el INECC para tales efectos por los Consejeros Sociales: Dra. Laura Flamand Gómez, Dra. Raquel Gutiérrez Nájera, Dr. Alejandro José López Feldman, Dra. Luisa Idelia Manzanares Papayanópoulos, Dr. Jorge Marcial Islas Samperio, Mtro. Álvaro Núñez Solís, y la Dra. María Amparo Martínez Arroyo, quien funge como Presidenta de la Coordinación de Evaluación, por ser la Directora General del INECC.

Noveno.- La Coordinación de Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático se instaló formalmente el 10 de Marzo del 2015 y desde entonces ha sesionado regularmente y elaboró su Programa de Trabajo 2015-2018 y otros documentos necesarios para su adecuado funcionamiento y desarrollo.

Décimo.- Que el programa aprobado por la Coordinación de Evaluación requiere del trabajo sistemático, técnico y especializado de los consejeros con una gran demanda de tiempo, dado que además de realizar un ciclo de evaluación completa, se están estableciendo las bases técnicas, metodológicas y de proceso de la evaluación del cambio climático en México.

Décimo Primero.- Que además de los recursos para la operación de la Coordinación de Evaluación, es pertinente incluir el emolumento de los Consejeros Sociales previsto desde la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, pues es un documento público vinculante, además de que dicho emolumento se constituye en un derecho3de los integrantes de la Coordinación de Evaluación por realizar un trabajo profesional, exhaustivo, riguroso, objetivo y comprometido con el futuro del país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, de este Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se asignen recursos económicos debidamente etiquetados por la cantidad de 9 millones de pesos para ser destinados a la Coordinación de Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático, a fin de dar cumplimiento a la Ley General de Cambio Climático y dar seguridad jurídica a los habitantes de la República Mexicana respecto a los efectos negativos del cambio climático.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México el 27 de octubre de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 Véase Ley General de Cambio Climático en sus artículos 99, 103 y 105.CAPÍTULO II
DE LA COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN
Artículo 23. La Coordinación de Evaluación se integrará por el titular del INECC y seis consejeros sociales, representantes de la comunidad científica, académica, técnica e industrial, con amplia experiencia en materia de medio ambiente, particularmente en temas relacionados con el cambio climático.
Los consejeros sociales durarán cuatro años en el cargo y solo podrán ser reelectos por un periodo. Serán designados por la Comisión a través de una convocatoria pública que deberá realizar el titular del INECC.
El programa de trabajo, evaluaciones, decisiones y recomendaciones de la Coordinación de Evaluación deberán contar con el acuerdo de la mayoría simple de sus integrantes.
Artículo 24. Para la implementación de sus acuerdos la Coordinación de Evaluación contará con un secretario técnico que será el titular de la Coordinación de Cambio Climático del INECC y que contará con nivel mínimo de director general.
Artículo 25. La evaluación de la política nacional en materia de cambio climático podrá realizarse por la Coordinación de Evaluación o a través de uno o varios organismos independientes.
Los organismos evaluadores independientes que podrán participar serán instituciones de educación superior, de investigación científica u organizaciones no lucrativas. Cuando las evaluaciones se lleven a cabo por un organismo distinto de la coordinación, ésta emitirá la convocatoria correspondiente y designará al adjudicado y resolverá lo conducente en términos de las disposiciones jurídicas que resulten aplicables.
Las dependencias de la administración pública federal centralizada y paraestatal, de las entidades federativas y de los municipios ejecutoras de programas de mitigación o adaptación al cambio climático, deberán proporcionar la información que les requiera la Coordinación de Evaluación para el cumplimiento de sus responsabilidades, conforme a lo previsto por las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información.
Artículo 61. La Secretaría con la participación de la Comisión deberá revisar la Estrategia Nacional, por lo menos cada diez años en materia de mitigación y cada seis años en materia de adaptación, debiendo explicarse las desviaciones que, en su caso, se adviertan entre las estimaciones proyectadas y los resultados evaluados. Asimismo, se actualizarán los escenarios, proyecciones, objetivos y las metas correspondientes.
Con base a dichas revisiones y a los resultados de las evaluaciones que realice la Coordinación General de Evaluación, con la participación del Consejo, la Estrategia Nacional podrá ser actualizada. El Programa y, los programas de las entidades deberán ajustarse a dicha actualización.
En ningún caso las revisiones y actualizaciones se harán en menoscabo de las metas, proyecciones y objetivos previamente planteados, o promoverán su reducción.
Artículo 62. Los escenarios de línea base, las proyecciones de emisiones y las metas de la Estrategia Nacional se fijarán a diez, veinte y cuarenta años.
Artículo 63. La Comisión podrá proponer y aprobar ajustes o modificaciones a los escenarios, trayectorias, acciones o metas comprendidas en la Estrategia Nacional cuando:
I. Se adopten nuevos compromisos internacionales en la materia;
II. Se desarrollen nuevos conocimientos científicos o de tecnologías relevantes;
III. Lo requieran las políticas en materia de medio ambiente, recursos naturales, economía, energía, transporte sustentable, salud y seguridad alimentaria, y
IV. Se deriven de los resultados de las evaluaciones elaborados por la Coordinación de Evaluación.
TÍTULO SEXTO
EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 98. La política nacional de Cambio Climático estará sujeta a evaluación periódica y sistemática a través de la Coordinación de Evaluación, para proponer, en su caso, su modificación, adición, o reorientación total o parcialmente.
Con base en los resultados de las evaluaciones, la Coordinación de Evaluación podrá emitir sugerencias y recomendaciones al Ejecutivo Federal, a los gobiernos de las Entidades Federativas y a los Municipios y deberá hacerlas del conocimiento público.
Artículo 99. Con base en los resultados de la evaluación, la Coordinación de Evaluación emitirá recomendaciones a los integrantes del Sistema Nacional de Cambio Climático. Los resultados de las evaluaciones y recomendaciones serán públicos.
Artículo 100. La Coordinación de Evaluación, junto con el Consejo, la Comisión y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía desarrollarán el conjunto de lineamientos, criterios e indicadores de eficiencia e impacto que guiarán u orientarán la evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático.
Artículo 101. En materia de adaptación la evaluación se realizará respecto de los objetivos siguientes:
I. Reducir la vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas frente a los efectos del cambio climático;
II. Fortalecer la resiliencia y resistencia de los sistemas naturales y humanos;
III. Minimizar riesgos y daños, considerando los escenarios actuales y futuros del cambio climático;
IV. El desarrollo y aplicación eficaz de los instrumentos específicos de diagnóstico, medición, planeación y monitoreo necesarios para enfrentar el cambio climático;
V. Identificar la vulnerabilidad y capacidad de adaptación y transformación de los sistemas ecológicos, físicos y sociales y aprovechar oportunidades generadas por nuevas condiciones climáticas;
VI. Establecer mecanismos de atención inmediata y expedita en zonas impactadas por los efectos del cambio climático como parte de los planes y acciones de protección civil;
VII. Facilitar y fomentar la seguridad alimentaria, la productividad agrícola, ganadera, pesquera, acuícola, la preservación de los ecosistemas y de los recursos naturales, y
VIII. Los demás que determine la Comisión.
Artículo 102. En materia de mitigación al cambio climático la evaluación se realizará respecto de los objetivos siguientes:
I. Garantizar la salud y la seguridad de la población a través del control y reducción de la contaminación atmosférica;
II. Reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, y mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero mediante el fomento de patrones de producción y consumo sustentables en los sectores público, social y privado fundamentalmente en áreas como: la generación y consumo de energía, el transporte y la gestión integral de los residuos;
III. Sustituir de manera gradual el uso y consumo de los combustibles fósiles por fuentes renovables de energía;
IV. La medición de la eficiencia energética, el desarrollo y uso de fuentes renovables de energía y la transferencia y desarrollo de tecnologías bajas en carbono, particularmente en bienes inmuebles de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, de las Entidades Federativas y de los Municipios;
V. Elevar los estándares de eficiencia energética de los automotores a través de la creación de normas de eficiencia para vehículos nuevos y de control de emisiones para los vehículos importados;
VI. Alinear los programas federales y políticas para revertir la deforestación y la degradación;
VII. La conservación, protección, creación y funcionamiento de sumideros;
VIII. La conservación, protección y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad;
IX. El establecimiento de metodologías que permitan medir, reportar y verificar las emisiones;
X. El desarrollo y uso de transporte público, masivo y con altos estándares de eficiencia, privilegiando la sustitución de combustibles fósiles y el desarrollo de sistemas de transporte sustentable urbano y suburbano, público y privado;
XI. Reducir la quema y venteo de gas para disminuir las pérdidas en los procesos de extracción y en los sistemas de distribución y garantizar al máximo el aprovechamiento del gas en Instalaciones industriales, petroleras, gaseras y de refinación;
XII. Promover el aprovechamiento del gas asociado a la explotación de los yacimientos minerales de carbón;
XIII. El aprovechamiento energético de los residuos en proyectos de generación de energía;
XIV. Desarrollar incentivos económicos y fiscales para impulsar el desarrollo y consolidación de industrias y empresas socialmente responsables con el medio ambiente, y
XV. Los demás que determine la Comisión.
Artículo 103. Los resultados de las evaluaciones deberán ser considerados en la formulación, revisión o actualización de la Estrategia Nacional y el Programa, las Entidades Federativas y los Municipios podrán incorporarlos a sus programas.
Artículo 104. La evaluación deberá realizarse cada dos años y podrán establecerse plazos más largos en los casos que así determine la Coordinación de Evaluación.
Artículo 105. Los resultados de las evaluaciones deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y entregados a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión.

2 Véase INECC. Coordinación General de Evaluación de las Políticas de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Antecedentes y primeros pasos en la construcción del Sistema de Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático. Febrero 2015.

3 Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria…” Artículo 23. Secc. 3 Declaración Universal de los Derechos Humanos.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar programas de capacitación en materia de calidad de atención y trato al usuario para el personal que labora en las clínicas y hospitales públicos del país. Se turna a la Comisión de Salud.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Organización Mundial de la Salud (OMS), establece que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr, es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. El derecho a la salud incluye el acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria.

De acuerdo con dicho organismo, existen cerca de 150 millones de personas en todo el mundo que se encuentran cada año en una situación financiera catastrófica y 100 millones se ven abocadas a vivir por debajo del umbral de la pobreza debido a sus gastos sanitarios.

Para garantizar el derecho a la salud los Estados deben crear las condiciones necesarias que permitan que todas las personas puedan vivir lo más saludablemente posible.

Nuestra Constitución en su artículo 4°establece que toda persona tiene derecho a la protección a la salud. En este sentido, el Estado Mexicano tiene la obligación de garantizar su acceso a toda la población.

La calidad de atención médica es resultado de la conjunción de diversos factores, entre los que destacan, los requisitos legales, administrativos, éticos, y las obligaciones institucionales para la prestación de mejores de servicios de salud.

En contraparte, la ausencia de calidad médica se manifiesta a través de servicios deficientes, acceso limitado, incremento de costos, quejas, insatisfacción de los pacientes, afectación de la credibilidad de los servicios y, lo peor, pérdidas humanas.

En este contexto, resulta fundamental que todo el personal que labora en el sector salud cuente con la formación, los principios, los valores, la ética y el profesionalismo que les permita brindar un servicio de calidad a cada uno de los pacientes.

El artículo 2 fracción V, de la Ley General de Salud, señala que el derecho a la protección de la salud, tiene como finalidad el disfrutar de servicios de salud y asistencia social que satisfaga eficaz y oportunamente las necesidades de la población.

El artículo 51, establece que Los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares.

Bajo este contexto, es fundamental que la Secretaría de Salud y las entidades federativas implementen acciones que permitan una mayor capacitación al personal que labora en las clínicas y hospitales públicos del país.

Al respecto la Ley General de Salud en su artículo 90, establece que corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, promover actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos que se requieran para la satisfacción de las necesidades del país en materia de salud; apoyar la creación de centros de capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud; otorgar facilidades para la enseñanza y adiestramiento en servicio dentro de los establecimientos de salud...

Los legisladores del PRI, reafirmamos nuestro compromiso para que todos los mexicanos y mexicanas reciban un servicio de salud de calidad, eficiente y profesional.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en coordinación con las Entidades Federativas, implementen programas de capacitación en materia de calidad de atención y trato al usuario para que el personal que labora en las clínicas y hospitales públicos del país, a fin de mejorar la calidad del servicio.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 27 de octubre de 2015.

Atentamente





 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, la cantidad necesaria para atender a la población mexicana que sufre enfermedad renal crónica o diabetes, utilizando los recursos recaudados por el impuesto a bebidas azucaradas. Se turna a la Cámara de Diputados.

La suscrita, Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 8 numeral 1, fracción II, artículo 113 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE INCLUYA DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016, LA CANTIDAD NECESARIA PARA ATENDER A LA POBLACIÓN MEXICANA QUE SUFRE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA O DIABETES UTILIZANDO LOS RECURSOS RECAUDADOS POR EL IMPUESTO A BEBIDAS AZUCARADAS., al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Confío en que mis compañeros diputados, atendiendo a la complejidad de la aprobación de un presupuesto que nos permita avanzar como país, incorporarán a la salud como elemento primordial y fundamental para nuestro crecimiento como sociedad.

Es por ello esencial que el presupuesto que se apruebe, atienda el lado humano y reconozca que en México enfrentamos graves problemas en materia de salud. Estos problemas, se originan en la ausencia de un sistema de salud con recursos suficientes para brindar una atención adecuada a todas las personas, y se ven agravados debido al aumento desproporcionado de las enfermedades crónico-degenerativas asociadas a los cambios en el estilo de vida.

Es una pena que en México se invierta únicamente 6.2% del PIB en salud, comparándolo con Brasil que invierte el 9.7% o con Chile que invierte el 7.7%. Y es aún más vergonzoso que para 2016 nos estemos enfrentando a un recorte en Secretaría de Salud de un poco más de 5 mil 181 millones de pesos, el cual significará para la población mexicana enfrentarse al dolor, la enfermedad y la muerte.

Sin duda esta reducción presupuestal, ocasionará falta de atención en los municipios más pobres y traerá consecuencias muy desfavorables para las poblaciones vulnerables, exponiéndolos a riesgos sanitarios relacionados con la poca vigilancia epidemiológica en los estados, la insuficiencia de cuidados materno-infantiles, pero especialmente afectará a las personas que sufren enfermedades crónico-degenerativas como la insuficiencia renal.

De acuerdo con el Mtro. Omar de Jesús, Presidente de la Federación de Enfermos y Trasplantados Renales, el recorte presupuestal agravará la situación de los enfermos renales, ante la reducción de cobertura que tendrían tratamientos como la hemodiálisis.

Esto es un problema de enorme gravedad, ya que sólo el 7% de los pacientes en etapa avanzada están recibiendo tratamientos sustitutivos, lo que significa que el otro 93% está siendo tratado en forma privada o bien se encuentra esperando silenciosamente la muerte.

La insuficiencia renal es una epidemia que está rebasando la diabetes, y de acuerdo con la FEMETRE, ya es la primera causa de discapacidad en nuestro país. Las cifras son estremecedoras ya que 12 millones de personas en México se encuentran en etapas tempranas de la enfermedad, mientras que 160 mil personas ya alcanzaron la etapa avanzada.

Frente a ese terrible e inaceptable escenario, tenemos la obligación de utilizar el Programa de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes para obtener recursos que nos permitan llevar a cabo acciones encaminadas a prevenir y tratar la diabetes y la insuficiencia renal. Lo anterior considerando que son enfermedades crónicas y de proporciones epidémicas, asociadas entre otras cosas al estilo de vida y al consumo de bebidas azucaradas.

No tiene sentido que se estén recibiendo únicamente entre 323 y 464 millones de pesos de los 66 mil millones recaudados por el impuesto a bebidas azucaradas. Esto es inaceptable si el fundamento de imponer este impuesto fue que iba a enfocarse en el tratamiento de enfermedades crónicas asociadas al consumo de azúcar.

Debemos recordar que en últimos días, diversas ONG´s han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que aquí en el Senado se apruebe la disminución de este impuesto a bebidas azucaradas, lo cual sería un acto totalmente injustificado y regresivo.

 No podemos dejar de lado la opinión del Instituto Nacional de Salud Pública que ha recomendado que no se disminuya este gravamen, ya que fue diseñado para mejorar la salud y es una acción legislativa que ha colocado a México a la vanguardia internacional en salud pública. Por tanto, lo fundamental es asegurar que los recursos recaudados se utilicen de forma correcta.

Por esta razón es fundamental que esta soberanía exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta de la H. Cámara de Diputados para que se incluyan dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 los recursos recaudados por el impuesto a bebidas azucaradas para la atención a la enfermedad renal crónica y la diabetes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente ala H. Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se incluyan dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 los recursos recaudados por el impuesto a bebidas azucaradas para la atención a la enfermedad renal crónica y la diabetes.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 27 de octubre de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.





 

De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, José María Martínez Martínez, Martha Palafox Gutiérrez y Adolfo Romero Lainas, integrantes de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos para la realización del Centro de Estudios de la Familia y Atención a la Comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. Se turna a la Cámara de Diputados.

Los que suscriben, Senadores de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión Lisbeth Hernández Lecona, José María Martínez Martínez, Martha Palafox Gutiérrez y Adolfo Romero Lainas, integrantes de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República, la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados destinar recursos, para la realización del Centro de Estudios de la Familia y Atención a la Comunidad de la Universidad Autónoma del estado de Morelos, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Estado de Morelos, orgullosamente cuenta con una Universidad Pública con personalidad jurídica y patrimonio propio, en donde converge la pluralidad de ideas y formas de concebir a la nación, que se conjugan en diversos proyectos creativos para beneficio de la entidad y por su puesto de nuestro país, muchos hombres y mujeres han sido reconocidos, incluso por la comunidad internacional, en virtud de los trabajos que históricamente han desarrollado ya sea desde este espacio académico o fuera de él pero poniendo en práctica los conocimientos y habilidades adquiridas en el aula universitaria.

Desde el siglo XIX, bajo el gobierno de Francisco Leyva se fundó el Instituto Literario y Científico de Morelos, mismo que figura como uno de los antecedentes más lejanos de la actual Universidad Autónoma del estado de Morelos (UAEM), que como ya se mencionó es la casa máxima de estudios de la entidad federativa, consolidada por la fundación del Instituto de Estudios Superiores del Estado de Morelos en el año de 1938, bajo el ideal de que el individuo debe estar sujeto a la educación con el fin de que efectúe el desarrollo integral de su espíritu y pueda explicar sus actos mediante la investigación y divulgación del conocimiento.1

Como se ha reconocido, desde la fecha de la creación de la UAEM al día de hoy, la sociedad morelense sigue encontrado en la institución respuestas a sus demandas de educación, a problemáticas sociales y a solicitudes de servicios de extensión y difusión de la cultura. Sin embargo, dadas las características de la sociedad del conocimiento, perfilada a fines del siglo XX y en la primera década del XXI, como compromiso social de las universidades públicas resulta fundamental atender, a las necesidades de un entorno en constante transformación, así como a los intereses y búsquedas de los estudiantes y a la gran diversidad de grupos y sectores que constituyen la sociedad y, que demandan, procesos de formación a lo largo de la vida, diversificación de los espacios educativos y la producción de conocimiento socialmente pertinente.2

Las políticas públicas propuestas dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, han fomentado el desarrollo de las universidades públicas, a poco más de dos años de la aprobación de las reformas estructurales en materia educativa hemos comprobado los esfuerzos para que los mexicanos cuenten con una educación de calidad. Sin embargo, para consolidar la transformación social, sigue siendo relevante dotar de recursos a las universidades para que más jóvenes mexicanos y desarrollen sus capacidades, habilidades integrales e intelectuales que les permitan ingresar al mercado laboral y la sociedad se transforme, paulatinamente, en una sociedad de primer mundo formada por mujeres y hombres con integridad,

Aspiramos a un país en el que no exista violencia, corrupción, inseguridad, pobreza y, que al contrario, sea un México con desarrollo sostenible. Para ello, debemos voltear a replantear los valores en la familia y la comunidad y al reforzamiento de los mismos en el aula, en todos los niveles académicos, lo que se va a lograr impulsando y promoviendo los proyectos que permitan que las universidades estén a la vanguardia de tales exigencias ciudadanas, fortalezcan y transformen a la sociedad mediante un  modelo universitario que vincule la formación, generación y aplicación del conocimiento que sirva a todos los mexicanos; a través del destino de recursos federales suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, con los que se puedan materializar el Centro de Estudios de la Familia y Atención a la Comunidad.

Se trata de un espacio superior de investigación interdisciplinaria, de formación de profesionales y de elaboración y validación de protocolos para la atención de familias y comunidades con problemas de integración y convivencia.

La finalidad de este proyecto es la rehabilitación de un inmueble que contará con consultorios, área administrativa, salones de reuniones, auditorio, comedor, aulas, despachos, biblioteca, laboratorio todo ello para la atención de la problemática de integración familiar.

Se espera que con el Centro de Estudios de la Familia y Atención a la Comunidad el estado de Morelos y, sobre todo nuestro país, cuenten con un espacio adecuado en donde se analicen, diseñen y validen protocolos y programas de actuación, relativos a la promoción del bienestar, la mediación familiar, la resolución de conflictos, la convivencia comunitaria y la seguridad ciudadana, con tribuyendo a cumplir nuestra meta nacional, de tener un México en Paz.

Con la confianza de que el financiamiento del proyecto antes referido contribuirá al desarrollo de la educación y de la sociedad morelense, a través del fortalecimiento de la Universidad Autónoma del estado de Morelos y particularmente de las familias mexicanas, sometemos a consideración del Pleno esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, para la realización del Centro de Estudios de la Familia y Atención a la Comunidad de la Universidad Autónoma del estado de Morelos, que permitirá mejorar la calidad de la educación, así como las condiciones de vida de las familias.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de octubre de 2015.

Atentamente

Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. José María Martínez Martínez.- Sen. Martha Palafox Gutiérrez.- Sen. Adolfo Romero Lainas.

1 Cfr. http://www.uaem.mx/vida-universitaria/identidad-universitaria.

2 Cfr. http://www.uaem.mx/vida-universitaria/identidad-universitaria/modelo-universitario.





 

Asimismo, les comunico que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”.

H. ASAMBLEA:

Se define como “persona de talla baja” a aquellas que son diagnosticadas con acondroplasia, trastorno genético del crecimiento de los huesos, que ocurre en uno de cada 25 mil nacidos vivos.

Según se informa, se debe a una mutación en el gen receptor de factor de crecimiento fibroblástico 3 (FGFR3) durante el desarrollo del embrión e inhibe el correcto crecimiento del cartílago, que causa desarrollo óseo desigual y baja estatura. El 80 por ciento de los casos sucede espontáneamente, sin antecedentes familiares; solo el 20 por ciento se hereda.

Desde infantes, el estado de salud de dichas personas presenta complicaciones, como problemas respiratorios que pueden derivar en muerte de cuna, padecimientos auditivos y trastornos del desarrollo motriz.

Sin embargo, sus mayores desafíos están relacionados con el trato que reciben de otras personas, pues durante mucho tiempo han sido objeto de burlas, señalamientos y discriminación por el solo hecho de que su estatura no corresponde al de la mayoría de la población.

Esta situación los coloca en una situación de vulnerabilidad, al vivir la exclusión social, escolar, cultural, laboral y no tener acceso a la infraestructura adecuada para realizar sus actividades cotidianas.

Por ello, muy importante que el Senado de la República, el pasado mes de septiembre, haya declarado el 25 de octubre de cada año como "Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña", como parte de una estrategia que concientice a la sociedad respecto de las necesidades de la gente de talla pequeña, entender su realidad, respetarlas y potenciar su proceso de inclusión.

El antecedente sobre la propuesta del 25 de octubre, se localiza en la iniciativa para conmemorar esta misma fecha como “Día Mundial de las Personas de Talla Pequeña”, que se eligió en honor al actor estadounidense William John Bertanzetti, mejor conocido como Billy Barty, una de las primeras personas en trabajar en pro de los derechos de las personas de talla baja y fundador de la Sociedad Little People of America, la más relevante a nivel mundial.

Sin duda, estimados compañeros legisladores, este 25 de octubre, en el marco del "Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña", un día propicio para reflexionar sobre las barreras que deben afrontar las personas de talla pequeña y la discriminación de que llegan a ser objeto. Asimismo, sobre la importancia de que sociedad y gobierno logremos el reconocimiento pleno que merecen y  propiciar las condiciones necesarias para su verdadera igualdad, inclusión social y sobre todo, el cabal respeto a sus derechos humanos.

Mi más sincero reconocimiento y admiración a las personas de talla pequeña en su día, el 25 de octubre.

Muchas gracias.

H. Cámara de Senadores, el 27 de octubre de 2015.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer”.

DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER
26 DE OCTUBRE

El 26 de octubre es el Día de la Lucha contra el cáncer en México. El cáncer es un padecimiento de alta incidencia en nuestro país y se ubica como la tercera causa de muerte, sólo después de la diabetes y de las enfermedades hipertensivas.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud, desde 1990 se considera a la morbilidad y a la mortalidad por cáncer como un problema de salud pública.

Hay algunos tipos de cáncer que podrían detectarse y curarse, por lo que las defunciones que ocurren por estos tipos son consideradas en el marco de la mortalidad en exceso evitable. Ejemplos de ello son el cáncer de mama, el cáncer de cérvix, el cáncer de bronquios, tráquea, garganta y lengua, así como el cáncer  de próstata. En efecto, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 30% de los casos de cáncer pueden ser prevenidos, y en el caso de los cánceres asociados al sistema respiratorio, el porcentaje podría llegar hasta 70%.

Es importante decir que estos tipos de cáncer están en su mayoría asociados a estilos de vida, pero también a condiciones de pobreza, marginación y deficiente equipamiento de unidades médicas, así como a la insuficiencia de personal capacitado para la adecuada interpretación de resultados, o bien para generar diagnósticos y tratamientos oportunos; en el mismo nivel se encuentra la falta de cobertura de servicios de salud, o la insuficiente calidad de los mismos para el seguimiento de las y los pacientes.

El cáncer de detectarse a tiempo tiene altos índices de curación de allí la importancia de adoptar la cultura de la prevención y los chequeos médicos anualmente con la finalidad de bajar los índices de morbo y mortalidad de los tumores malignos que aquejan a la sociedad en general, sin distinción de sexo, raza, edad y clase social.

Algunos de los principales factores que se deben evitar para prevenir contraer algún tipo de cáncer son el consumo del tabaco; el sobrepeso, la obesidad o inactividad física; el consumo del alcohol; las infecciones por virus del Papiloma Humano, trasmitido por vía sexual, entre otros.

¡Promovamos un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado!

H. Cámara de Senadores, el 27 de octubre de 2015.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, sobre el aniversario del nacimiento de Francisco I. Madero.

EFEMÉRIDE “ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE FRANCISCO I. MADERO”

Francisco I. Madero fue un hombre al que debe de reconocérsele su lucha por la apertura política. Su incansable labor para que le fueran reconocidos sus derechos políticos y sobre todo, su trabajo a favor de la no reelección, marca un precedente en la historia de México.

El talente de Madero debe ser referente para las generaciones actuales que pretenden dedicarse, de una u otra manera, al quehacer público.

Hoy, el pronunciarse por la apertura política es un tema común en las nuevas generaciones, ya que, han crecido y se han formado en un sistema político enmarcado por una cierta apertura política.

Todos los partidos se pronuncian por el respeto a todas las corrientes de pensamiento, y el hecho de hacer política actualmente, atañe a la noción de conformar consensos entre las distintas fuerzas políticas.

Acuerdos van y vienen, pactos entre pensamientos diferentes son cada día más comunes.

Pero en los tiempos de Madero, no había tal, es por eso que la importancia de su legado debe de reconocerse, ya que sin su labor hoy no tendríamos este esquema jurídico enmarcado por el reconocimiento de las distintas corrientes políticas que conforman a los partidos políticos.

En tal sentido, resulta pertinente hacer un digno reconocimiento a Francisco I. Madero en su lucha en pro de la apertura política.

Es cuanto.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el 61 aniversario luctuoso de Enrique Flores Magón.

EFEMÉRIDE

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, CON MOTIVO DEL 61 ANIVERSARIO LUCTUOSO DE ENRIQUE FLORES MAGÓN.

La historia del México contemporáneo de instituciones, derechos y libertades, no podría concebirse sin la presencia de dos grandes movimientos sociales: la Guerra de Independencia y la Revolución Mexicana. En el primero, nos constituimos como una nación libre, independiente y soberana, mientras que en el segundo se configuró el texto constitucional que nos rige actualmente, la Constitución de 1917, la primera en tutelar derechos sociales.

En consecuencia, es de vital importancia que el legado de quienes dieron su vida por materializar los anhelos bajo los que surgieron ambos movimientos, sea recordado y enaltecido, es por ello, que los legisladores del PRI, conmemoramos el 61 aniversario luctuoso del periodista y político mexicano Enrique Flores Magón, quien falleció en la ciudad de México el 28 de octubre de 1954.

Por sus grandes e importantes aportaciones, Enrique Flores Magón es considerado como uno de los grandes precursores ideólogos de la Revolución Mexicana. En todo momento, se caracterizó por su congruencia entre palabra y acción, así como por su ética, honestidad y principios inquebrantables, virtudes que le permitieron contribuir de manera determinante en la consagración de notables conquistas laborales y diversos derechos que quedaron plasmados en la constitución.

Siempre se condujo bajo la cultura del trabajo y el esfuerzo, elementos que le permitieron cursar de manera ejemplar sus estudios de derecho en la Universidad de México, donde adquirió las herramientas necesarias para defender sus ideales.

Por su amplia vocación democrática e institucional, en todo momento se opuso a la inequitativa distribución de la riqueza y la tierra; a la explotación y discriminación de los trabajadores; a la corrupción y nepotismo; al estancamiento cultural y político del        país.

Enrique Flores Magón se distinguió como defensor de la justicia social y un verdadero demócrata, prueba de ello, es que fue una de los principales opositores a la Dictadura de Porfirio Díaz, situación por la cual, él y su hermano fueron detenidos en 1892 mientras se encontraban en una protesta estudiantil en la que manifestaron su inconformidad por la tercera reelección.

Posteriormente, se incorporó a grupos liberales, entre los que destaca su presencia en dos, primero simplemente jacobinos y luego de una oposición integral al régimen porfirista. Más adelante, buscó materializar sus objetivos a través de los medios de comunicación, prueba de ello, es que después de colaborar en el diario “El Demócrata”, junto a su hermano Ricardo Flores Magón fundaron el periódico “Regeneración”, en el cual evidenciaron permanentemente el régimen impuesto por Díaz.

Dentro del ámbito periodístico, se caracterizó por su notable crítica mediante “El Hijo del Ahuizote”, situación que derivó en consecuencias de dimensiones mayúsculas, en virtud de que dicho activismo político le costó ser recluido en la cárcel de Santiago Tlatelolco en 1902.

Un par de años más tarde, fue expatriado a San Antonio, Texas, donde siguió en el  periodismo; luego se trasladó a San Luis Missouri y con sus amigos, participó en la redacción del Programa del Partido Liberal Mexicano, de julio de 1906.

A 61 años de su sensible deceso, los integrantes del grupo parlamentario del PRI, nos sumamos a la opinión de quienes conciben a este importante personaje de la historia nacional como uno de los principales precursores de la Revolución Mexicana.

En el marco de esta conmemoración, es oportuno señalar que a diferencia de aquella época, actualmente la libre de manifestación de ideas, está ampliamente tutelada tanto por instrumentos jurídicos nacionales como internacionales.

En este orden de ideas, el presente aniversario luctuoso, nos convoca a seguir fortaleciendo los mecanismos legales y constitucionales, en materia de libertad de expresión, sin duda, ese es el mejor homenaje que le podemos brindar a Enrique Flores Magón.

Cámara de Senadores, el 27 de octubre de 2015.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el 41 aniversario luctuoso del compositor José López Alavés, autor de la “Canción Mixteca”.

Efeméride

 “¡Que lejos estoy del suelo donde he nacido!
inmensa nostalgia invade mi pensamiento;
y al verme tan sólo y triste cual hoja al viento,
quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento”…
Oh tierra del sol, suspiro por verte.

De esta manera es como inicia la “Canción Mixteca”, majestuosa obra del brillante músico y compositor oaxaqueño José López Alavés, huajuapeño ejemplar que posicionó a México en el ámbito internacional.

México es su historia, tradiciones, costumbres y cultura; así como el anhelo, sueños, principios y valores de su gente, aspectos que nos distinguen como país. En este sentido, entre las grandes aportaciones al mundo, están las gloriosas letras de aquellas melodías que nos dan identidad y arraigo, basta mencionar nuestro himno nacional (uno de los más bellos del mundo), o bien otros temas como la “Canción Mixteca”, considerada el segundo himno nacional de los migrantes.  

Por su composición e inspiración (recordar con entrañable tristeza el lugar de origen cuando se está lejos de él), la Canción Mixteca es un verdadero símbolo y orgullo nacional. En su letra convergen armónicamente lo mejor del pasado, futuro y presente de México, con la creatividad del brillante músico y compositor José López Alavés, quien después de una vida dedicada a la música, falleció en Coyoacán el 25 de octubre de 1974.

En el marco del cuadragésimo primer aniversario luctuoso del maestro Alavés, desde el Senado de la República recordamos y enaltecemos su amplio legado, en el que queda de manifiesto los principios, perseverancia, ímpetu y determinación inherente a los mexicanos. Con su ejemplo, el maestro nos enseñó que cuando se cree y se trabaja, se puede.

Desde su incursión en el ámbito musical, hizo del esfuerzo y disciplina, un binomio indisoluble para alcanzar el éxito. Durante sus primeros años evidenció la pasión y vocación por la música, por ello su hermano Abraham lo impulsó al estudio de mandolina y guitarra, al sobresalir con gran rapidez, en 1900 fue el primer clarinetista de la banda infantil en Huajuapan, integrada por el maestro Fidencio Toscano.

En todo momento, se mantuvo como un alumno de excelencia, dedicado y apasionado por la música. De esta manera, en 1909, viajó a la Ciudad de México para continuar sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música, etapa en la que tuvo la oportunidad de conocer con otros músicos extraordinarios, así como profesores brillantes, quienes le enseñaron a aplicar y entender las nuevas técnicas musicales e incluirlas en sus composiciones, incluida la Canción Mixteca, cuya melodía fue compuesta en 1912.

En 1914, el emprendedor e innovador oaxaqueño, se desempeñó activamente en la Revolución Mexicana (a través de una de las bandas de música), y fue en 1915 cuando el profesor José López Alavés, compuso la letra de la Canción Mixteca, obra que en 2015 cumple cien años de existencia.  Años más tarde, en 1918 ganó el concurso de la primera canción mexicana convocada por el periódico El Universal con la Canción Mixteca y en segundo lugar con la canción “La apasionada”.

En octubre de 1920, durante el gobierno de Álvaro Obregón, se retiró de las bandas de la Revolución y se incorporó en la Banda de Policía (como primer clarinetista), fundada por el Maestro Velino M. Preza, trasladándose a los Estados Unidos y Cuba con el propósito de celebrar diversos conciertos.

Otra de sus obras emblemáticas ocurrió en 1947, cuando compuso un himno al General Antonio León, huajuapeño con notable participación en el Ejercito Trigarante, particularmente en la toma del fuerte de Yanhuitlán, haciendo posible la entrada a la ciudad de Oaxaca, nombrándolo Coronel en 1821.

No es extraño que el maestro López Alavés, múltiples homenajes y premios; como compositor y músico por parte de diferentes instituciones y autoridades, tanto en vida como póstumos. Bajo esta tesitura, en el Senado de la República, hacemos propicia la ocasión para rendir un merecido homenaje al maestro López Alavés y por supuesto, para ponderar en sus justas dimensiones la Canción Mixteca.

A 41 años del deceso del maestro López Alavés, una vez más se reafirma que su legado ha trascendido en el tiempo y la distancia, y que su obra siempre estará para recordarnos la vasta cultura que como nación poseemos. En este orden de ideas, hacemos el llamado para que el talento de este ilustre oaxaqueño sea punto de partida para seguir conduciéndonos con la mayor disciplina, esfuerzo, pasión y convicción, aspectos propios de los mexicanos.

El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, nos sumamos a la conmemoración del centenario de esta pieza musical y a la denominación del año 2015 como año de la Canción Mixteca.

H. Cámara de Senadores, el 27 de octubre de 2015.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el día de mañana, miércoles 28 de octubre a las 13:00 horas, a fin de esperar los dictámenes que emitan las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, relativos a la materia fiscal y de ingresos para el ejercicio fiscal 2016 o, en su caso, los dictámenes con los que dé cuenta la Mesa Directiva.

Les informo que los dictámenes que entreguen las comisiones unidas, estarán de inmediato a su disposición en la Gaceta para garantizar su debida difusión.

(Se levantó la sesión a las 14:56 horas)

Directorio

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