Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 27 de mayo de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 9

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 22 de Septiembre de 2015

SUMARIO                                              


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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 21 Y REFORMA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SERVICIOS PERICIALES Y FORENSES AUTÓNOMOS

(Presentada por la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, a nombre propio y de los Senadores Raúl Morón Orozco, Luz María Beristain Navarrete, Rabindranath Salazar Solorio, Lorena Cuéllar Cisneros, Isidro Pedraza Chávez, Layda Sansores San Román, Zoé Robledo Aburto, Luis Humberto Fernández Fuentes, Sofío Ramírez Hernández, Adolfo Romero Lainas, Ana Gabriela Guevara Espinoza, David Monreal Ávila, Fernando Mayans Canabal y Armando Ríos Piter)

Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.






































































 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

APERTURA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (11:59 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado de asistencia de las señoras Senadoras y Senadores.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 93 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre la sesión del martes 22 de septiembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL VIERNES
DIEciOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta minutos del día viernes dieciocho de septiembre de dos mil quince, encontrándose presentes ochenta y ocho ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del diecisiete de septiembre de dos mil quince.

(Comunicaciones)

Se recibieron de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, tres Informes de sus participaciones en:

1) El simposio de Alto Nivel del Foro de Naciones Unidas “La Cooperación para el desarrollo de las personas y el planeta: ¿Qué hará falta?”, celebrado del 8 al 10 de abril de 2015, en Incheon, República de Corea.

2) La visita a la Organización de los Estados Americanos, celebrada los días 4 y 5 de mayo de 2015, en Washington, DC, Estados Unidos.

3) La visita a la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en el contexto de la IX Conferencia de las Partes, encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares y del Evento Temático 2015 de Alto Nivel sobre el Problema de las Drogas, realizada del 6 al 8 de mayo de 2015, en Nueva York, Estados Unidos.

Los tres informes quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se declara el 26 de septiembre de cada año, “Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 114 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas  de Salud y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 3o. A de la Ley Aduanera, en materia de derechos de los usuarios de las aduanas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 59 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 25 de octubre de cada año como el “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”.- Intervinieron los Senadores: Hilda Esthela Flores Escalera, por las comisiones, para presentar el dictamen; Itzel Sarahí Ríos de la Mora del PRI, a favor; Lorena Cuéllar Cisneros del PRD, a favor; Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI, a favor; y Francisco Salvador López Brito del PAN, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado por 90 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de fines de la educación.- Intervinieron los senadores: Juan Carlos Romero Hicks, quien presentó el dictamen, a nombre de las comisiones; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor; Víctor Hermosillo y Celada del PAN, a favor; Rabindranath Salazar Solorio del PRD, a favor; David Monreal Ávila del PT, a favor; Sofío Ramírez Hernández del PRD, a favor; Gerardo Flores Ramírez del PVEM, a favor; Mely Romero Celis del PRI, a favor. El Presidente de la Mesa Directiva informó que recibió una propuesta de modificación al proyecto de decreto, suscrita por la Senadora Cristina Díaz Salazar y por los Senadores Juan Carlos Romero Hicks y Raúl Morón Orozco. La Asamblea autorizó su incorporación al proyecto de decreto, el cual aprobado por 88 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley Agraria.- Sin discusión, el proyecto de decreto fue aprobado por 75 votos en pro, 3 en contra y 1 abstención. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Intervinieron los Senadores: Maki Esther Ortiz Domínguez, por las comisiones, para presentar el dictamen; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor; y María Elena Barrera Tapia del PVEM, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado por 81 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II Bis del artículo 64 de la Ley General de Salud.- Intervino el Senador Armando Neyra Chávez, quien presentó una propuesta de modificación, a nombre de las comisiones, la cual fue aceptada. El proyecto de decreto fue aprobado con la modificación por 81 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I y se adiciona una fracción VIII, recorriéndose la actual para ser fracción IX, del artículo 73 de la Ley General de Salud.- La Senadora María Elena Barrera Tapia entregó el texto de su intervención, para integrarla al Diario de los Debates. El proyecto de decreto fue aprobado por 76 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud.- La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez entregó el texto de su intervención, la cual se integrará al Diario de los Debates. Intervino la Senadora Cristina Díaz Salazar del PRI, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado por 80 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 53 BIS a la Ley General de Salud.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez entregó el texto de su intervención, el cual se integrará al Diario de los Debates. Intervinieron los Senadores: Fernando Mayans Canabal del PRD, a favor, y Cristina Díaz Salazar del PRI, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado por 77 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 134 de la Ley General de Salud.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez entregó el texto de su intervención, la cual se integrará al Diario de los Debates. Intervino la Senadora Cristina Díaz Salazar del PRI, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado por 79 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 70 de la Ley General de Salud.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez entregó el texto de su intervención, el cual se integrará al Diario de los Debates. Intervinieron los Senadores: Cristina Díaz Salazar del PRI, a favor; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado por 76 votos en pro y 1 abstención. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración, oficio por el que se designa al Senador Jorge Luis Lavalle Maury como Presidente de la misma para el primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes iniciativas:

 

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el inciso c) de la fracción xi del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 85, 86 y 86 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del Apartado A y el inciso c) de la fracción XI del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II, II Bis y V del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley General de Deuda Pública, con el propósito de poner un límite máximo a la deuda neta total del sector público.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 226 y 230 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 20 y 21 y la fracción i del artículo 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes proposiciones:

 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Morelos a informar las acciones que está implementando el gobierno del estado para combatir el incremento de la población morelense que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema, a efecto de garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales y asegurar el acceso al desarrollo social.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar en los centros médicos el diagnóstico temprano, tratamiento multidisciplinario y oportuno de los trastornos de déficit de atención en sus tres tipos (Inatento, hiperactivo-impulsivo y tipo combinado).- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a atender diversas situaciones sobre el Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara, Ivonne Liliana Álvarez García, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez y Roberto Armando Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a resolver de manera oportuna, pronta y expedita las quejas y denuncias de los consumidores de televisión de paga, teléfono fijo y móvil.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa y Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz a informar sobre las finanzas del estado y los motivos y fundamentos del pago de deudas contraídas con proveedores, prestadores de servicios y programas sociales.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta    al titular del Poder Ejecutivo Federal y al titular del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero a establecer acciones para el otorgamiento de plazas a los profesores de educación primaria.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a ampliar el esquema de vacunación para incluir a los niños que hayan cumplido 11 años de vida en la inmunización para prevenir la infección por los diferentes tipos de virus del Papiloma Humano.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe sobre el derrame de hidrocarburo ocurrido en la zona de la comunidad “El Pantano”, en el municipio de Ramos Arizpe, del estado de Coahuila de Zaragoza, el 11 de septiembre de 2015.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario del Trabajo y Previsión Social, a fin de que explique las acciones realizadas sobre la situación de los jornaleros agrícolas en el país y el avance en el cumplimiento de los acuerdos signados con la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer las acciones que permitan un manejo integral de las pilas y baterías.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y del Senador Mario Delgado Carrillo, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República externa su condena ante la injusta sentencia dictada en contra del líder opositor Leopoldo López y solicita al Gobierno Federal realizar diversas acciones en pro de la defensa y protección a los derechos humanos y la democracia en la República Bolivariana de Venezuela.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informar cuáles son las causas documentadas y características específicas del “Entorno económico exterior complejo y volátil” al que “está sujeto el paquete económico para 2016” según los criterios generales de política económica 2016.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a implementar una campaña de difusión para que los estudiantes de nivel medio superior y educación superior conozcan el panorama del empleo en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

Del Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social y al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes un informe respecto de los acuerdos con el Sindicato Mexicano de Electricistas para la explotación de 14 plantas hidroeléctricas y cuatro plantas de ciclo combinado.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a subsanar las inconsistencias en las que incurrió el Tribunal Electoral del estado de Tabasco al anular la elección del municipio del Centro en dicho estado.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Gobernación a fortalecer los programas de capacitación en perspectiva de género al personal de salud y de las instancias judiciales que atienden a las mujeres víctimas de violencia familiar.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a realizar las acciones pertinentes para implementar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial y oral, así como brindar el apoyo a los tribunales superiores de justicia en esta importante tarea.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a no realizar ningún recorte a las participaciones federales del ramo 28 y del ramo 33 de aportaciones federales que recibe el gobierno del estado de Nuevo León.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, se consideren y destinen recursos para la operación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y del Sistema Nacional de Información Genética.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2016, amplíe el presupuesto de recursos destinados al “Programa Paisano”, coordinado por el Instituto Nacional de Migración.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, amplíe el presupuesto de recursos destinados al “Programa de Repatriación Humana”, coordinado por el Instituto Nacional de Migración.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Humberto D. Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos para 2016, se consideren y aprueben los recursos suficientes para que los sistemas para el desarrollo integral de la familia nacional, estatales y del Distrito Federal y los municipales adecuen o, en su caso, construyan instalaciones dignas y suficientes que les permitan alojar y proteger la integridad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, en tanto se resuelve su situación migratoria conforme a la ley.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del 30 aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el "Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono".- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el aniversario del natalicio de Ricardo Flores Magón.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride con motivo del 30 aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride con motivo del ducentésimo quinto aniversario del Inicio de la Guerra de Independencia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las quince horas con siete minutos y citó a la   siguiente el próximo martes veintidós de septiembre a las once horas.

 

Fin de la Sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIÓN

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió de la Comisión de Asuntos Indígenas, su tercer informe de actividades, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que informa que el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 26 al 29 de septiembre del año en curso, con objeto de participar en el Debate General del 70º Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno para la Adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, al tiempo que desahogará actividades asociadas con la agenda multilateral de las Naciones Unidas y bilateral con Estados Unidos y otros países prioritarios para México.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. La Asamblea ha sido debidamente enterada. Remítase copia de la documentación de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, para participar en los Ejercicios Multinacionales “UNITAS ANFIBIO 2015” y “UNITAS ATLÁNTICO 2015”, que se llevarán a cabo del 14 al 25 de noviembre del año en curso, en Río Grande del Sur y Río de Janeiro, Brasil.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, para su análisis y dictamen correspondiente.





 

PRONUNCIAMIENTO

Honorable Asamblea:

En relación con la conmemoración del “Día Internacional de la Paz”, la Mesa Directiva hace suyos los pronunciamientos inscritos el día de hoy en la Gaceta Parlamentaria por la Senadora Sonia Rocha Acosta y los Senadores Jesús Casillas Romero, Benjamín Robles Montoya y Francisco Salvador López Brito.

Esta fecha fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1981 y conmemorada por primera vez en el año de 1982.

En 2015 la Organización de las Naciones Unidas resolvió conmemorar el “Día Internacional de la Paz” con el lema “Alianza para la Paz, Dignidad para Todos”.

La invitación a todos es para que aquellos países que se encuentren en confrontación interna o externa, cumplan un cese de hostilidades durante todo ese día.

El Senado de la República se suma a esta importante celebración y convoca a todos los mexicanos para unirse en torno a la construcción de condiciones que aseguren una convivencia diaria en paz y en armonía.

Esta Soberanía convoca a su vez a los gobernantes y a los representantes populares, a fomentar y procurar, en todas sus acciones, una cultura por el respeto de la paz y a que también lo celebren mediante la educación y la sensibilización del pueblo y sus ciudadanos, sobre todo en los temas relacionados con la paz.

En la celebración de esta importante fecha, extendemos un franco reconocimiento a todas aquellas naciones y organizaciones que, desde su particular posición, pugnan por la paz mundial.

Muchas gracias.





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Informo a la Asamblea que recibimos del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, un punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula en extender una atenta felicitación a la Universidad del Valle de Cuernavaca por su trayectoria académica de más de 20 años, encaminada a la educación y formación de jóvenes morelenses bajo los principios rectores de esta institución: “Excelencia, Liderazgo y Humanismo”. El punto de Acuerdo se turna a la Comisión de Educación.

SENADOR FIDEL DEMÉDECIS HIDALGO, integrante del grupo parlamentario del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, de la LXIII LEGISLATURA, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 93 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  así como los artículos 8º numeral 1, fracción II, y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a  consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo para: Extender una atenta felicitación a LA UNIVERSIDAD  DEL VALLE DE CUERNAVACA (UNIVAC), por su trayectoria académica de mas de veinte años, encaminada a la educación y formación de jóvenes Morelenses, bajo los principios rectores de la Institución: “Excelencia, Liderazgo y Humanismo”.

CONSIDERACIONES:

“EXCELENCIA, LIDERAZGO Y HUMANISMO”, es el lema institucional bajo el que se concibe el hacer cotidiano;  tres valores que han permeado a lo largo de las múltiples generaciones de estudiantes de nivel Secundaria, Preparatoria, Licenciaturas y Maestrías.
La Universidad  del Valle de Cuernavaca, nace el 17 de Septiembre de 1995.  Diecisiete estudiantes sumaron la matrícula del Ciclo Escolar 1995-1996 que abrió sus instalaciones en la Colonia Las Palmas de la Ciudad de la Eterna Primavera; la fuerte devaluación y crisis económica de 1994,  tenía devastada la economía del país, muy poca inversión fluía en el Estado de Morelos.

Para el Doctor Jorge Arizmendi García, quien es fundador de la Institución educativa, significó un reto muy grande ser autoproveedor de una fuente de trabajo; el desempleo azotaba en ese tiempo a muchos jefes de familia. Con la suficiente experiencia docente, con años de trabajo en la parte directiva y gestión escolar para otras instituciones educativas y sobre todo,  la enorme vocación educadora  y de servicio académico,  emprendió con determinación un interesante proyecto educativo. La meta más importante fue desde el primer año servir a México y a Morelos en una de las acciones más nobles y de mayor compromiso: “EDUCAR”.

En efecto el otorgar una respuesta real y concreta a la demanda de las familias y de estudiantes que no tenían cabida en las instituciones públicas, era necesario encontrar una opción universitaria que cubriera las necesidades de superarse y consolidar estudios profesionales.

En cinco años del Tercer Milenio LA UNIVERSIDAD  DEL VALLE DE CUERNAVACA, surge justamente en el momento en que la sociedad Mexicana reclamaba la presencia de “HOMBRES NUEVOS”, es decir, que dieran cauce adecuado a las demandas sociales, a un nuevo renacer de valores y posibilidades.  Hombre y sociedad se conjugan mutuamente, uno sin la otra son mutaciones deformantes, es por lo que nuestra institución reconoce que el hombre nace en sociedad y en ella se educa, que es en la sociedad en donde se le procuran los bienes y servicios indispensables para su pleno desarrollo, que el hombre ha de servir a la sociedad aportando todo su potencial para el bien común.

Desde siempre vivir los valores de la verdad, la libertad, la justicia, la solidaridad y preponderantemente la PAZ, es un principio fundamental en LA UNIVERSIDAD  DEL VALLE DE CUERNAVACA. Máxime, que los principios rectores de la universidad han permeado a lo largo de las múltiples generaciones de estudiantes de nivel Secundaria, Preparatoria, Licenciaturas y Maestrías.

● EXCELENCIA: La excelencia como una forma de vivir. Excelencia como  acción sublime para alcanzar el nivel supremo de todas las metas. Brindar no sólo una educación de excelencia, sino la formación de hombres y mujeres excelentes, de bien, que antepongan el bienestar común al propio y que amen y trabajen por el desarrollo de su país.

● LIDERAZGO: Formar a los jóvenes en el liderazgo, para que impulsen y encabecen iniciativas que mejoren y dignifiquen a la sociedad. Dirigentes que por su sensibilidad social y humana, así como por su capacidad técnica y profesional, cuenten con la visión voluntad y perseverancia para provocar un desarrollo integral, de muestro país.

● HUMANISMO: Una educación y formación basados en el respeto a los demás, con sentido de patriotismo y responsabilidad social. Personas comprometidas con las causas más justas, con los valores morales y culturales; profesionales que se signifiquen no sólo por su fortaleza académica, sino también por su solidez y calidad moral.

En el año 2002, nace la “Fundación Lupita”, y que durante los años 2000 al 2015, la Universidad del Valle de Cuernavaca ha sido la institución educativa privada más grande en matrícula en el Estado de Morelos, y reflejado no solamente por la cantidad de estudiantes, sino por la cantidad de apoyos económicos destinados a familias de los estados de Morelos, Guerrero y Puebla para que sus hijos realicen estudios de licenciatura con cuotas accesibles. 
Ahora bien, La Universidad del Valle de Cuernavaca y Fundación Lupita han otorgado mejores posibilidades de trascender a estudiantes con sordera, ceguera, atletas de alto rendimiento, estudiantes de la tercera edad, todos ellos  testimonio de perseverancia y fuerza de voluntad.

A partir del año 2004, la Universidad vive una transformación, en virtud a que se consolida como Grupo Educativo del Valle de Cuernavaca, Morelos, en el cual se integran bajo la misma filosofía los siguientes colegios:

Colegio Moderno de Cuernavaca (2004),

Calgary School (2005),

Univac Campus Cuautla (2008), 

Colegio del Bosque de Cuernavaca (2008),

Escuela de la Ciudad de Cuernavaca (2009)

Cendi Tepeyac (2010), teniendo a partir de entonces servicio educativo desde lactantes hasta Posgrado.

Cabe señalar que a esta universidad, han egresado en los espacios áulicos17 generaciones de los cuales son: 5,000 estudiantes de secundaria, 10,000 estudiantes de preparatoria y  más de 20,000 estudiantes de licenciatura, éstos últimos con una eficiencia terminal de 95 % de ellos titulados. Egresados que por su perfil, ocupan a lo largo y ancho del país cargos y puestos honrosos, algunos otros desempeñado profesionalmente actividades gerenciales en los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá en Asia y Europa. 

La labor educativa de esta Institución a lo largo de 20 años,  tiene como eje rector: al ser humano y su desarrollo integral. Todos los procesos formativos y organizativos inciden en aportar a la sociedad seres humanos en plenitud de sus potencialidades intelectuales, físicas y culturales, bajo un creciente acervo en valores para servir a su comunidad.

La Universidad del Valle de Cuernavaca, concibe al ser humano inmanente y capaz de trascender, con identidad propia y diferente a los demás, autónomo pero al mismo tiempo interdependiente; un ser histórico, creador de su cultura, su lenguaje, consiente de sí y del universo, emotivo, libre y por ende responsable de sus acciones.

Por su naturaleza perfectible, un ser en constante transformación y búsqueda del conocimiento, en búsqueda permanente de la Paz, la Justicia, la Felicidad y de su autorrealización.

La formación del ser humano  comprende el desarrollo de su espíritu, a través de la cultura, del intelecto, mediante la vida académica, de sus sentimientos y emociones, de la convivencia, de la expresión artística, del deporte y de la orientación de la salud, de la vida social y de las manifestaciones cívicas que favorecen a la identidad nacional.

Ante la inmensa riqueza del acervo axiológico, histórico e institucional, La Universidad del Valle de Cuernavaca, declara como distintivos en su hacer fundamental y cotidiano el cumplimiento de su misión e imprescindibles para su visión:

● Respeto a la persona: en toda su dignidad, en el ejercicio de su libertad, responsabilidad e inteligencia; con la fuerza de sus sentimientos, que desarrollen sus aptitudes, cualidades, habilidades y actitudes que los lleven a la plenitud. Sin distingo de clero, raza, nacionalidad.

● Respeto a la diversidad: ofrece equidad en sus servicios educativos a la sociedad sin distinción de ninguna índole y ha creado en estos 20 años, estrategias para atender a estudiantes en situaciones especiales así como a grupos vulnerables. Creó en 2004 la primera Escuela Preparatoria para Sordos, de la cual han egresado varias generaciones, derivando de ello dos generaciones de Licenciados en Pedagogía y recientemente en Agosto de 2015, egresó de la Maestría en Educación un estudiante sordo. Necesidades académicas e intelectuales que nunca han representado impedimento pues la sinergia de las voluntades de la comunidad educativa has sido superiores para detener sus aspiraciones.
● Formación integral: se promueve el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, incluidas todas las formas de inteligencia.

● Calidad de vida: El sentido humano de la ciencia y la tecnología como responsabilidad y compromiso de promover la generación, recreación y aplicación del conocimiento en beneficio de la humanidad.

● Ética profesional: Todos quienes conforman la comunidad educativa se rigen por códigos de conducta que los comprometen con la institución, con ellos mismos, con sus colegas, con su profesión, con la sociedad, con el planeta y con la humanidad presente y futura.

Esta institución reconoce en sus funciones sustantivas vías importantes para el crecimiento humano y desarrollo social; de manera que sus colaboradores, estudiantes y egresados conforman un valioso capital humano, que, al tiempo que domina la racionalidad instrumental, comprende críticamente la tolerancia, apertura y flexibilidad las expresiones actuales del pensamiento universal y es capaz de generar y aplicar conocimientos. 

Orgullosamente a veinte años de su fundación, La Universidad del Valle de Cuernavaca, actualmente  trabaja con 6 programas académicos de POSGRADO, participando ya de la sociedad del  conocimiento, que rebasa las fronteras, siendo una potencial incubadora de proyectos de investigación con alcances dirigidos a Dinamarca, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica.

Y que a partir del año 2013, crece en los servicios educativos y apertura nuevas actividades a su Campus de Ciencias de la Salud, que permite interdisciplinariamente que los estudiantes de Psicología, Ciencias de la Actividad Física y Práctica Deportiva, Nutrición y Medicina incidir en la política a favor de los programas de salud pública y sensibilizar a una nueva generación de profesionales de la Salud para visualizar los problemas del país que demandan servicios comunitarios privilegiadamente.

En consecuencia LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE CUERNAVACA, es una obra orgullosamente MORELENSE, al igual que su fundador, siendo este un Estado rico en Historia y Cultura, “Cuna del movimiento agrarista de México”; Máxime que el fundador de esta digna Institución tiene la bondad de ser un líder educativo, que con incansable voluntad ha brindado fuentes de trabajo a más de 400 familias, bajo la premisa de un mayor tránsito educativo a miles de jóvenes Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO.

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPUBLICA, SE CONGRATULA EN EXTENDER UNA ATENTA FELICITACIÓN A LA UNIVERSIDAD  DEL VALLE DE CUERNAVACA (UNIVAC), POR SU TRAYECTORIA ACADÉMICA DE MAS DE VEINTE AÑOS, ENCAMINADA A LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE JÓVENES MORELENSES, BAJO LOS PRINCIPIOS RECTORES DE ESTA INSTITUCIÓN: “EXCELENCIA, LIDERAZGO Y HUMANISMO”.

Salón de sesiones del Senado de la Republica, el 22 de septiembre de 2015.

Suscribe

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo.





 

Informo también que recibimos de la Senadora Layda Sansores San Román, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a crear dos fiscalías especializadas en relación con las investigaciones del caso Ayotzinapa y al trabajo y recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y propone la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones. Se reciben y se turnan a la Comisión de Derechos Humanos los tres primeros resolutivos; y a la Junta de Coordinación Política el cuarto de estos.



Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores San Román.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solamente quiero pedirle que esta proposición con punto de Acuerdo que presentamos sobre la creación de dos fiscalías que proponen los abogados de los padres de Ayotzinapa, de acuerdo al artículo 71, en donde deben tomarse en cuenta aquellos temas que representen mayor interés público, se les diera prioridad dentro del Orden del Día.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Esta Presidencia informa que la Mesa Directiva, en su sesión del día de hoy, ha acordado incluir en el Orden del Día el asunto relativo a Ayotzinapa en cuanto la Junta de Coordinación remita el dictamen respectivo.





 

Tiene el uso de la palabra la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 constitucional, por el que se crea el Instituto Nacional de Servicios Forenses.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS FORENSES

(Presentada por la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores Legisladores:

La reforma constitucional que fue publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, como lo hemos venido reiterando, ha sido un parteaguas en la evolución de nuestro sistema penal al pasar de un sistema de corte mixto preponderantemente inquisitivo, a uno de corte acusatorio y oral.

Esta reforma ha significado un rediseño integral de nuestro sistema de justicia. La reforma mencionada fue producto del esfuerzo de cambio estructural y de modernización; y fue motivada en gran medida por el imperativo de una sociedad que demandaba, y sigue demandando, contar con instituciones jurídicas eficientes y eficaces, que garanticen una correcta administración e impartición de justicia bajo el respeto irrestricto a los derechos humanos y a las garantías de los ciudadanos.

En efecto, esta gran reforma, publicada en el 2008, previene en el artículo 20 constitucional que el proceso penal será acusatorio y oral; se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

Asimismo, este artículo, en su fracción I, establece que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Es la finalidad del Sistema Penal Acusatorio.

En ese sentido, con la reforma constitucional aludida, se han materializado los principios y las reglas propias de un debido proceso legal cuyos contenidos fundamentales han sido reglamentados, guardando en todo tiempo la debida congruencia con lo establecido en el precepto constitucional.

Así, en ese sentido, tomando en consideración que el establecimiento de las bases del debido proceso previstas por la citada reforma constitucional, han constituido un paso fundamental y sin precedente en la confección del nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro país.

También es cierto que para que esta reforma logre consolidarse en su aplicación, ha sido necesario acompañarla de otras reformas que han contribuido a su perfeccionamiento; y me refiero a la reforma al artículo 73 publicada el 8 de octubre de 2013, que dio paso al Código Nacional de Procedimientos Penales y que también hará posible la Ley Nacional de Ejecución Penal.

No obstante, como producto legislativo, éste siempre será perfectible; y en ese sentido, consideramos que es necesario fortalecer la función de cada uno de los operadores del Sistema Penal Acusatorio, que es lo que planteamos en el presente proyecto relativo específicamente a los servicios periciales en materia de ciencias forenses.
La finalidad de esta propuesta, aunada a las reformas antes mencionadas, contribuirá a concretar un modelo jurídico congruente con los postulados constitucionales sin llegar a desvirtuarlo ni a propiciar excesos en detrimento de los justiciables y demás intervinientes del procedimiento penal.

Diversos especialistas en derecho penal han reconocido la necesidad de que en materia forense los peritos se adapten a los nuevos requerimientos que impone el Sistema Penal Acusatorio. El nuevo diseño legal en materia penal requiere del acompañamiento de las instituciones que permitan esclarecer los hechos constitutivos del delito de manera transparente con objeto de evitar la impunidad, pero también de evitar que se culpe a inocentes.

No cabe duda que los servicios periciales son una parte fundamental de la investigación, sin los cuales no existiría prueba objetiva y, por ende, no habría un sistema efectivo de justicia.

En esta propuesta de reforma, que quede claro, no ponemos en tela de juicio la capacidad de los peritos mexicanos, sino que lo que estamos señalando es que el diseño institucional de los servicios periciales en México necesita un rediseño para otorgar mayor grado de autonomía al mismo y que, por consecuencia, él mismo goce de plena credibilidad. Por ello es necesario enfocar los esfuerzos a conformar instituciones que no respondan a presiones políticas y sociales, sino que sean organismos eminentemente técnicos.

Refuerza lo anterior el diagnóstico y propuestas de rediseño institucional de servicios periciales y forenses del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, en el que se menciona la propuesta sobre la necesidad de crear institutos de servicios periciales autónomos para evitar la conducción política de la investigación.

Es también conocido por todos ustedes que en fecha reciente, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos derivada del informe Ayotzinapa, investigaciones y primeras conclusiones de desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, propusieron reformar leyes para que los servicios periciales sean autónomos.

Cabe mencionar que el informe del citado grupo de expertos, con base en el análisis de un perito independiente sobre la supuesta incineración de normalistas de Ayotzinapa en un basurero de Cocula, que fue la conclusión a la que llegó la Procuraduría General de la República, entre las once conclusiones generadas señala que este peritaje adolece del uso de reglas internacionales ampliamente aceptada.

Esta conclusión pone en evidencia la necesidad que tenemos de fortalecer estas instituciones.

Nuestra propuesta se encamina a generar un órgano responsable de prestar servicios forenses con plena autonomía técnica y orgánica que garantice certeza en los resultados de sus dictámenes periciales y aunque es cierto que los hechos recientes en la investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con la certeza del actuar de las instituciones periciales, nuestra propuesta responde de igual forma a una exigencia del sistema acusatorio para crear una instancia de servicios forenses independientes tanto del órgano de acusación como de defensa, garantizando una investigación científica del delito realizada de forma objetiva y así, contar con igualdad procesal o igualdad de armas dentro del proceso penal acusatorio.

En suma, lo que hoy proponemos, lo que hoy venimos a presentar al Senado de la República, es una propuesta para crear el Instituto Nacional de Servicios Forenses como órgano del Estado responsable de prestar servicios en materia de medicina legal y ciencias forenses a las instituciones de procuración de justicia y defensoría pública, tanto en el orden federal como en el local; es decir, un instituto que tenga competencia en ambos fueros.

Nuestra propuesta tiene como finalidad propiciar mayor certeza en las investigaciones realizadas por las instituciones responsables de la procuración de justicia de nuestro país, así como de las defensorías  públicas.

Nuestra propuesta pretende hacer modificaciones al artículo 21 de la Constitución con la finalidad de crear este organismo.

Por su atención,  muchas gracias.

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ortega Martínez. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Juana Leticia Herrera Ale para presentar, a nombre propio y de los Senadores Hilaria Domínguez Arvizu, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Isidro Pedraza Chávez y Lorena Cuéllar Cisneros, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 15 y 106 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 15 Y 106 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Presentada por la Senadora Juana Leticia Herrera Ale, a nombre propio y de los Senadores María Hilaria Domínguez Arvizu, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Isidro Pedraza Chávez y Lorena Cuéllar Cisneros)

La Senadora Juana Leticia Herrera Ale: Con su venia, señor Presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy, subo a esta tribuna a nombre propio y de las Senadoras María Hilaria Domínguez Arvizu, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lorena Cuéllar Cisneros y el Senador Isidro Pedraza Chávez, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 15 y 106 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable al tenor de la siguiente exposición de motivos:

El pasado 10 de agosto del presente año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, dieron a conocer los resultados finales de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2014.

Esta encuesta contiene la información de mayor relevancia de los 34 productos de mayor importancia para nuestro país.

Este informe señala que actualmente contamos con 27.5 millones de hectáreas de superficie agrícola total, de las cuales 5.6 millones de hectáreas son superficie de riego y 22 millones de hectáreas son de temporal, y que actualmente existen 22.4 millones de hectáreas de superficie sembrada. Del número total de productores en el país, 85 por ciento son hombres y 15 por ciento son mujeres.

Los 6 productos que representan el 58 por ciento de la superficie sembrada son: el maíz grano blanco, el sorgo grano, el frijol, el café, la caña de azúcar y el trigo grano. El uso de tractores en nuestras unidades de producción cubre el 55 por ciento del total.

El 21 por ciento de las unidades de producción ya utilizan tecnologías informáticas y de comunicación, de las cuales el 99 por ciento usa teléfonos celulares, el 10 por ciento computadoras y el 9 por ciento Internet.

México cuenta con un territorio nacional de 198 millones de hectáreas, de las cuales 145 millones se dedican a la actividad agropecuaria.
Cerca de 30 millones de hectáreas son tierras de cultivo y 115 millones son de agostadero. Además, los bosques y selvas cubren 45.5 millones de hectáreas.

La agricultura en México es más que un sector productivo importante; más allá de su participación en el PIB nacional, que es de aproximadamente 4 por ciento. Las múltiples funciones de la agricultura en el desarrollo económico, social y ambiental determinan que su incidencia en el desarrollo sea mucho mayor de lo que ese indicador implicaría.

Esta información nos demuestra que contamos con un sector primario dinámico y en constante evolución, el clima de nuestro país genera las condiciones necesarias para que en diversas regiones del mismo la actividad agropecuaria sea la principal actividad económica y, por lo tanto, la generadora de ingresos para la sobrevivencia de millones de familias.

La cadena de producción agropecuaria, en términos generales, va desde la generación de las mejores semillas aptas para la siembra, pasando por el cuidado, la cosecha, en su caso la transformación, su comercialización, hasta llegar finalmente a los consumidores.

En esta cadena existen eslabones más firmes que otros, en nuestro país la comercialización de los productos agropecuarios sigue siendo uno de los temas que mayores injusticias genera a lo largo de esta cadena.

El proceso de la siembra por parte de los campesinos conlleva un arduo trabajo físico y material, que desafortunadamente no es remunerado de manera justa]; las estadísticas de pobreza señalan que una inmensa cantidad de campesinos se encuentran en condiciones de pobreza alimentaria y patrimonial, que conlleva un serio retraso para ellos y para sus familias.

El proceso globalizador que se implantó en nuestro país desde la década de los 80’s nos impone nuevos retos; si bien ha traído beneficios para productores que cuentan con amplios campos de cultivo y con mayor tecnología, es evidente que también la comercialización es tema pendiente por resolver.

Ejemplos hay varios, pero podemos citar el del maíz, el cual es el principal producto de la agricultura nacional. En 2014 la producción nacional fue de 22.8 millones de toneladas, cifra que quedó por debajo del consumo nacional de ese año que fue de 31.9 millones de toneladas, lo que originó la necesidad de importar para cubrir la demanda nacional.

En maíz blanco la producción nacional fue suficiente, el déficit se presentó en producción de maíz amarillo, producto que sirve de insumo para la cría de ganado como un importante insumo para una importante cantidad de industrias que lo utilizan.

La importación de productos de otro país, principalmente de los Estados Unidos de América, implica que los productores nacionales tengan que competir en términos de calidad y competitividad con productores que reciben apoyos muy superiores a los que ellos reciben, a los productores norteamericanos la ley conocida como la “Farm Bill” les otorga miles de millones de dólares anuales para la producción de diversos productos agropecuarios.
La entrada de productos importados con altos niveles de subsidios originan una competencia desleal para los pequeños productores nacionales, quienes debido a sus bajos niveles de producción, no son capaces de competir con los precios en los que se ofrecen los productos importados, originando que tengan que malbaratar su producción.

A raíz de esta situación, surge la necesidad de nuestro país de conformar un marco jurídico que apoye al sector agropecuario rural nacional, fruto de esta necesidad, y como resultado de un intenso debate que duró varios años, surge la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual sirve como la ley marco bajo la cual se llevará a cabo las actividades agropecuarias.

En esta ley se crea el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, organismo en donde confluyen representantes de las Secretarías de Estado que tienen una relación con el sector agropecuario, incluyendo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, representantes de las Secretarías de Desarrollo Agropecuario de las entidades federativas y del Distrito Federal, representantes de la agroindustria nacional y, por supuesto, representantes de las diversas organizaciones campesinas con representación nacional.

El objeto de esta comisión, según lo establece el artículo 17 de dicha ley, es la de ser una instancia consultiva del gobierno federal, con carácter incluyente y representativo de los intereses de los productores y agentes de la sociedad rural.

A su vez, se crea en esta ley el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, PEC, programa marco en donde emergen de manera transversal los diversos programas de las diversas dependencias que conforman la Administración Pública Federal y que tienen alguna relación con el sector agropecuario.

El artículo 14 de dicha ley, señala que el PEC es un programa que comprenderá las políticas públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo y a garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a las poblaciones económica y socialmente débiles.

En el artículo 15 de dicha ley, se establecen las acciones que el PEC tendrá como objetivo llevar a cabo.

En otro apartado de la ley, en el artículo 106, se enumeran los objetivos que conllevará el Programa Básico de Producción y Comercialización de Productos Ofertados por los agentes de la sociedad rural.

El objetivo de esta iniciativa es el de incidir de manera directa en la toma de decisiones que el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable tenga a bien tomar.

Se adiciona un inciso al artículo 15 de la ley para señalar que uno de los objetivos y líneas de acción que debe contener el PEC debe ser la generación de programas de incentivos fiscales que apoyen la comercialización de productos agropecuarios, principalmente los definidos en el artículo 179 de la ley.

Además, se le adiciona un párrafo segundo al artículo 106 de la misma ley, para incluir en los objetivos del Programa Básico de Producción y Comercialización de Productos Ofertados por los agentes de la sociedad rural, el diseñar una política de incentivos fiscales que apoyen el proceso de comercialización de productos agropecuarios, con especial interés en los señalados en el artículo 179 de esta ley.
Con la inclusión de estas modificaciones a la ley, se busca que se generen las condiciones legales necesarias para incluir en las iniciativas de Ley de Ingresos de cada año y en las que tienen que ver con las cuestiones fiscales, la inclusión de propuestas que contengan incentivos fiscales que apoyen a mejorar las condiciones de comercialización de los productores agropecuarios en beneficio de los productores del sector primario.

Actualmente, con la aprobación de la última reforma fiscal aprobada en 2013 y aplicada desde 2014, los productores agropecuarios se enfrentan ante la obligación de incorporarse al sistema tributario, que si bien les trae beneficios como lo es la seguridad social, también han incrementado los trámites administrativos.

De aprobarse la presente iniciativa, se le instruye a la Comisión Intersecretarial, de la cual forma parte el Consejo Mexicano, a diseñar una política de incentivos fiscales que apoyen el proceso de comercialización de los productos agropecuarios.

En base a estas consideraciones, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto.

Único.- Se adiciona un inciso XVIII al artículo 15, recorriéndose el siguiente, y se adiciona un párrafo segundo al artículo 106 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 15. El Programa Especial Concurrente al que se refiere el artículo anterior, fomentará acciones en las siguientes materias:

XVIII.- Programas e incentivos fiscales que apoyen a la producción, a la comercialización y en general a toda la cadena productiva, sobre todo tratándose de los productores del sector social, principalmente para los productos agropecuarios definidos en el artículo 179 de esta ley, sin excluir a los demás productos.

XIX.- Las demás que determine el Ejecutivo Federal.

Artículo 106. Para los efectos del artículo anterior, la Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano, a través de los Comités Sistema Producto, elaborará el Programa Básico de Producción y Comercialización de Productos Ofertados por los agentes de la sociedad rural, así como los programas anuales correspondientes, los que serán incorporados a los programas sectoriales y los programas operativos anuales de las Secretarías y dependencias correspondientes.

Asimismo, diseñará una política de programas e incentivos fiscales que apoyen a la producción y al proceso de comercialización de productos agropecuarios que realicen principalmente los productores del sector social, con especial interés en los señalados en el artículo 179 de esta ley.

Transitorios

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 22 de septiembre de 2015.

Muchísimas gracias a todas mis compañeras y mis compañeros.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Herrera Ale. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño del Senador José Ascención Orihuela Bárcenas.

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: (Desde su escaño) Sólo para solicitarle a la Senadora Leticia Herrera, si estaría de acuerdo en que me sume a su iniciativa.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senadora Leticia Herrera, ¿acepta que se sume a su proyecto el Senador Ascención Orihuela Bárcenas?

Pido a la Secretaría tome nota de ello, igualmente los Senadores Miguel Ángel Chico Herrera, Joel Ayala, Marcela Guerra, Rocío Pineda, David Penchyna, y a todos los que deseen sumarse a este proyecto, con todo gusto.

Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Universidad de Chapingo, de la carrera de Agronomía, invitados por el Senador Héctor Yunes Landa.

Agradecemos de forma sincera su visita y su presencia en el Senado.

¡Sean ustedes bienvenidos!.

Informo a la Asamblea, que el punto de Acuerdo de la Senadora Layda Sansores San Román, en relación con las investigaciones del caso Ayotzinapa, se turna integro a la Junta de Coordinación Política.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza para presentar, a nombre propio y de diversos Senadores de los grupos parlamentarios, una iniciativa con proyecto que reforma los artículos 21 y 73 constitucionales, en materia de servicios periciales y forenses autónomos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 21 Y REFORMA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SERVICIOS PERICIALES Y FORENSES AUTÓNOMOS

(Presentada por la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, a nombre propio y de los Senadores Raúl Morón Orozco, Luz María Beristain Navarrete, Rabindranath Salazar Solorio, Lorena Cuéllar Cisneros, Isidro Pedraza Chávez, Layda Sansores San Román, Zoé Robledo Aburto, Luis Humberto Fernández Fuentes, Sofío Ramírez Hernández, Adolfo Romero Lainas, Ana Gabriela Guevara Espinoza, David Monreal Ávila, Fernando Mayans Canabal y Armando Ríos Piter)

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, señor Presidente. Estimadas Senadoras y Senadores:

Hago uso de esta tribuna para presentar, a nombre de los Senadores Lorena Cuéllar Cisneros, Raúl Morón Orozco, Luz María Beristain Navarrete, Layda Sansores San Román, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Rabindranath Salazar Osorio, Isidro Pedraza Chávez, Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Piter, Sofío Ramírez Hernández, Luis Humberto Fernández Fuentes, Adolfo Romero Lainas, David Monreal Ávila, Fernando Mayans Canabal y a nombre propio la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 21 y reforma la fracción XXIII de la artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de servicios periciales y forenses autónomos.
Nuestros hijos tienen un rostro, una familia, una historia y los esperamos con todo nuestro amor, seguiremos gritando que los amamos, los necesitamos y que nunca dejaremos de buscarlos, hasta encontrarlos.

Estas fueron las palabras de una madre de cuatro jóvenes desaparecidos que, compartiendo el dolor con miles de familias, buscan incansablemente a sus seres queridos.

Como todos sabemos, en junio de 2008 se realizó una reforma que implicó cambios profundos en al menos 10 artículos de nuestra Constitución, y se sentaron las bases para transitar de un modelo inquisitivo a un acusatorio en materia penal.

Como parte fundamental de esta reforma, se establecen principios procesales y derechos tanto de las víctimas como de las personas imputadas en delitos.

Los servicios periciales y forenses juegan un papel fundamental en cualquier investigación de carácter judicial. Para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas se requiere de servicios periciales de calidad y además confiables.

Actualmente, la Procuraduría General de la República cuenta con un área denominada “Coordinación General de Servicios Periciales” con un organigrama muy parecido al de cualquier dirección.

Ejerce sus facultades en el territorio nacional a través de unidades administrativas que integran su organización regional y estatal en cada entidad federativa, quienes fungen además como enlaces y auxiliares de los titulares de las delegaciones, así como de las demás autoridades judiciales y civiles en la entidad, conforme a lo que establece la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y demás disposiciones aplicables.

Desafortunadamente esto no es suficiente. Hoy en día, hay una gran cantidad de personas desaparecidas, violentadas y asesinadas, cuyas víctimas exigen servicios periciales de primer nivel.

Y en esa iniciativa, se destacan cinco aspectos fundamentales:

Primero.- La incapacidad de los agentes del Ministerio Público para integrar equipos periciales multidisciplinarios que permitan la realización de un trabajo más profesional durante las investigaciones ministeriales.

Segundo.- Insuficiente capacidad técnica que se ha considerado por expertos internacionales, que esto es una consecuencia de la falta de profesionalización y de la ausencia de una salario digno.

Tercero.- La insuficiencia y la falta de habilidades en las distintas áreas forenses.

Cuarto.- La dispersión de los servicios.

Quinto y último.- El menosprecio institucional de la actividad forense y pericial.

Ahora bien, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, han referido la necesidad de servicios periciales autónomos para el fortalecimiento del sistema de justicia y el respeto a los derechos humanos de nuestro país.

El informe de justicia fallido en el estado de Guerrero, presentado por la Organización Internacional que recomienda garantizar servicios periciales autónomos de autoridades policiales y de instancias de procuración de justicia.
El Título Cuarto de la iniciativa de Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares, presentada por la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México el pasado 3 de septiembre, propone la creación también de un Instituto Autónomo de Investigación Forense con servicios gratuitos.

También, el informe de Ayotzinapa señala como recomendación, en el apartado de reformas institucionales para la investigación y sanción, el contar con un organismo pericial y forense autónomo y competente a nivel federal, como en los diferentes estados.

Consideramos que la autonomía administrativa y financiera de las áreas de servicios es una necesidad, es una demanda de los ciudadanos y de las víctimas.

El Estado mexicano tiene que ofrecer servicios periciales y forenses con capacidad técnica que cumplan con los protocolos internacionales y de los estados. A su vez, tenemos que generar las condiciones para que los peritos puedan profesionalizarse, capacitarse y que sus condiciones laborales respondan a las exigencias ciudadanas.

Se tiene que ampliar y enriquecer las áreas de servicios en todas las ramas, en la biología, la medicina, la rama genética, balística, psicológica, antropológica, odontología y fotografía, todo esto en una ley reglamentaria, que además deberá elaborarse como consecuencia de la reforma que ahora se propone. Y dicha ley también tendrá que regular el esquema que permita operar el banco de datos forenses, incluido el Registro Nacional de Información Genética, la base de huellas dactilares y todos los datos forenses para poner a la ciencia al servicio de la verdad, la justicia y la reparación integral.

Debemos fortalecer los servicios forenses para que su trabajo sea funcional y no insuficiente y dudoso.

Quienes presentamos esta iniciativa, estamos convencidos de que si dotamos de autonomía a los servicios forenses y periciales de las entidades federativas, para que no dependan de ningún organismo de investigación o judicial, para que cuenten con un patrimonio propio y personalidad jurídica.

Estaremos dando un paso muy importante en el que todos ganamos. Los ciudadanos, ante la posibilidad de contar con un órgano forense de servicios periciales gratuitos de primer nivel, por especialistas altamente capacitados; y por otro lado, los propios peritos al encontrarse ante la posibilidad de prepararse más, de mejorar su trabajo y sus condiciones laborales.

Y como consecuencia de todo esto, el sistema de investigación de los casos de tortura, de tratos inhumanos o degradantes, de desaparición forzada de personas y de ejecuciones extrajudiciales u homicidios entre otras, tendremos mayores certezas sobre el trabajo de nuestros peritos.

Por lo anterior, proponemos una reforma que adiciona un tercer párrafo al artículo 21 constitucional para la existencia de servicios periciales autónomos, así como el ajuste correspondiente a la fracción XXIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Muchas gracias.
Iniciativa

Los suscritos senadores y senadoras Iris Vianey Mendoza Mendoza, Raúl Morón Orozco, Luz MaRÍa Beristain Navarrete, Rabindranath Salazar Osorio, Lorena Cuéllar Cisneros, Isidro Pedraza Chávez, Layda Sansores San Román, Zoe Robledo Aburto, Luis Humberto Fernandez Fuentes, Sofio Ramírez Hernández, Adolfo Romero LainAs, Ana Gabriela Guevara Espinosa, David Monreal Ávila, Fernando Mayans Canabal y Armando Ríos Piter; ante la LXIII legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, en su numeral 1, fracción I; 164, en sus numerales 1 y 2, 169, en su numeral 1, y 171, en su numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, presentamos a su consideración la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 21 Y REFORMA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 73, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SERVICIOS PERICIALES Y FORENSES AUTÓNOMOS al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

El nuevo sistema de justicia penal acusatorio, oral y adversarial otorga a los peritos forenses un papel central para la investigación de los hechos delictivos; los medios probatorios basados en la ciencia forense se vuelven un sustento esencial del sistema penal acusatorio, oral y adversarial que deberá entrar en vigor a más tardar el 18 de junio de 2016.

En al menos 27 artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se hace referencia a su papel en el proceso, particularmente importante es la construcción de herramientas científicas confiables; para la sociedad, que tiene desconfianza fundada en las instituciones de procuración de justicia, la certeza científica es fundamental.

Por ello, se ha demandado por sectores importantes de la sociedad que están comprometidos con la justicia, la verdad y la reparación con perspectiva de protección de los derechos humanos, la existencia de servicios periciales y forenses autónomos e independientes con el mayor nivel científico y la más alta calificación, acreditados por las normas internacionales que certifican procesos de periciales y forenses bajo los más altos estándares del mundo.

Existe además de la necesidad de contar con áreas periciales que intervengan en los procesos e investigaciones que surgen de la situación de extrema violencia que se vive en nuestro país. Decenas de miles de personas han sido asesinadas o desaparecidas, sus familiares han sufrido esta violencia y no se han desplegado aún las medidas forenses y periciales para atender los reclamos de los familiares.

Las víctimas de desaparición, forzada y cometida por particulares, las de ejecuciones extrajudiciales u homicidios, que han perdido a sus seres queridos, las de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y las organizaciones civiles de derechos humanos nacionales e internacionales que las han acompañado a los largo de varias décadas, demandan la existencia de servicios periciales y forenses con calidad, recursos, autonomía e independencia, e infraestructura de primer nivel.

Por ejemplo, en la investigación de la tortura, los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el Protocolo de Estambul, examen médico psicológico para acreditar las secuelas de la tortura, se convierte en el medio de prueba por excelencia para que el AMP determine que ha lugar al ejercicio de la acción penal en contra de un presunto torturador; sin embargo, la aplicación del mismo por peritos médicos y psicólogos forenses de las pocas instituciones de procuración de justicia que lo practican, ha sido fuertemente cuestionado por organizaciones humanitarias y de derechos humanos nacionales e internacionales porque no se ajusta a los estándares internacionales establecidos.
Valga decir que tampoco existe ninguna especialidad ni una materia optativa en las escuelas y facultades de medicina y psicología de las universidades pública y privadas del país que tengan como tema de estudio el examen médico-psicológico forense conocido como Protocolo de Estambul y ya no digamos el estudio del Protocolo de Minessota que se aplica para valorar pericialmente los cadáveres personas ejecutadas extrajudicialmente. Fue hasta 2013 que la Universidad Nacional Autónoma de México abrió una licenciatura en Ciencias Forenses y 2014 que la Escuela Nacional de Antropología e Historia abriera la carrera de Antropología Forense. No existen centros de educación superior de calidad que estén formando a los expertos forenses en este país.

En las pericias de antropología, odontología, medicina o genética forenses que permiten la identificación de restos o cadáveres, se cometen errores básicos porque no es práctica realizar trabajo multidisciplinario, por lo que se han conocido errores en casos tan delicados como las masacres de San Fernando I en la que se recuperaron los cadáveres de 72 migrante y San Fernando II que significó el hallazgo de más de 47 fosas clandestinas con la recuperación de 193 cuerpos, ambas tragedias en Tamaulipas, que han sido reportados por el equipo de Periodistas de a Pie1, particularmente la periodista Marcela Turatti2

Aunado a la ausencia de centros de formación profesional en la materia forense y pericial y a las fallas técnicas, tenemos un elemento de distorsión en los trabajos forense al existir un espíritu de cuerpo entre el personal sustantivo de las instituciones que deciden no generar el medio de prueba para que, eventualmente, se acuse a algún servidor público de haber torturado o ejecutado extrajudicialmente o haber desaparecido forzadamente a alguna persona

De los aspectos que más se cuestionan resaltamos:

a) la incapacidad de los agentes del ministerio público de convocar a un trabajo multidisciplinario con peritos y personal policial que permita solicitar con precisión y conocimientos las diligencias forenses que se correspondan con la investigación ministerial que se está realizando;

b) la ausencia de mayor capacidad técnica, lo cual algunos expertos internacionales consideran es producto de que al personal pericial no se le ha profesionalizado con un salario digno que les permita dedicarse de tiempo completo;

c) la inhabilidad en la gerencia de las áreas forenses,

d) la dispersión de los servicios y

e) el menosprecio institucional a esta actividad forense y pericial.

Por ello, las recomendaciones nacionales ha sido la creación de servicios periciales y forenses autónomos e independientes que puedan realizar las distintas pericias forenses que son parte de las actividades a realizar por cualquier institución de medicina legal y ciencias forenses:

1. Medicina forense
2. Biología forense3
3. Genética forense (ADN) Sistema CODIS
4. Toxicología, química forense y bioquímica
5. Ingeniería forense
6. Balística forense (detonadores, armas de fuego - Fusiles – Municiones). Sistema IBIS
7. Psicología forense
8. Odontología forense
9. Antropología forense
10. Arqueología forense
11. Grafotecnia. Análisis de documentos de variada índole
12. Moldeado Forense (rostro, pies, manos)
13. Fotografía forense

Además:

14. Análisis criptográficos
15. Análisis Microscópicos (Fibras - Geológicos - Metalúrgicos)
16. Dactiloscopia. Sistema AFIS.
17. Huellas de pisadas y exámenes de huellas de llantas
18. Análisis espectográficos
19. Análisis de explosivos, vidrios y maderas
20. Cromatografía para análisis de gases
21. Análisis de voz. Sistema ASIS

Los servicios periciales deberían tener, al menos, las siguientes áreas:

I. Sistema Médico Legal
II. Bodega de evidencias-indicios
III. Atención a familiares
IV. Almacenamiento de restos óseos
V. Proceso de Identificación y tratamiento forense4
VI. Condiciones del levantamiento de cadáveres
VII. Archivo y manejo documental
VIII. Capacidad para exhumaciones e inhumación de restos humanos (identificados o no identificados)
IX Área de informática
X. Bodega de indicios-evidencias
XI. Laboratorios para:

- Genética
- Química y toxicología
- Histopatología
- Biología. Entomología
- Microscopía
- Almacén de muestras
- Odontología forense
- Antropología física forense: Área de preparación y secado.
- Dactiloscopia
- Criminalística de campo

Muchas de estas pericias sólo se desarrollan a nivel de los servicios periciales de la instancia federal de procuración de justicia o de algunas procuradurías o fiscalías de los estados que han avanzado en la implementación del sistema, que han entendido la importancia de las pericias o que han tenido que enfrentar circunstancias extraordinarias de victimización, como Chihuahua, Puebla, Edomex, Distrito Federal, entre éstas. Sin embargo, tenemos múltiples denuncias de organizaciones de derechos humanos y de familiares de víctimas de que no existe una real capacidad de infraestructura, recursos humanos, formación técnico/científica,
Con el objeto de conocer el funcionamiento de servicios forenses en otros países de Latinoamérica y de Suecia y España, presentamos un sumario de lo más relevante:

Suecia:
El Laboratorio Nacional de Ciencias Forenses5 es controlado por la Junta Nacional de la Policía sueca (Rikspolisstyrelsen), autoridad central administrativa y de supervisión del servicio de policía, responsable de la prevención e investigación de delitos a nivel nacional y local en 21 condados suecos, se conforma por aproximadamente 26 mil integrantes. El Comisario de la Policía Nacional encabeza a la Junta y es nombrado por el gobierno, entre las funciones de la Junta se encuentra el desarrollo tecnológico y nuevos métodos de trabajo.

España:
El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses6, dependiente del Ministerio de Justicia, contribuye a la unidad de criterio científico, a la calidad de la pericia analítica y al desarrollo de las ciencias forenses. El Ministerio de Justicia español es enlace con el Poder Judicial y con el Ministerio Fiscal a través del Fiscal General del Estado que es la figura del ministerio público o fiscalía general responsable de la investigación del delito, de protección a víctimas y testigos y sustento de la acción penal pública.

El Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses es auxiliar del Poder Judicial y no está adscrito al Ministerio Público que no tiene personalidad jurídica ni patrimonio propio pues está integrado al Poder Ejecutivo, lo que no significa que el MP no cuente con autonomía e independencia funcional.

También existe un Servicio Externo de Ciencias y Técnicas Forenses adscrito a la Universidad de Murcia cuya función de asesoría y consulta a la sociedad en temas relacionados con técnicas e iniciativas en el ramo de las ciencias forenses

Colombia:
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses7 es un organismo público nacional dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa para el trabajo técnico científico a cuyo cargo está el sistema legal y de ciencias forenses que auxilia a la administración de justicia y a la sociedad civil con la investigación científica, su regulación está establecida en la Ley 938 del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación. El Artículo 33 estipula que este Instituto pertenece a la rama judicial, adscrito a la Fiscalía General de la Nación que ejerce la acción penal y construye la política criminal8.

Panamá:
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses9 es una entidad pública adscrita al Ministerio Público que brinda asesoría científica y técnica a la administración de la justicia en todo lo relacionado con las ciencias forenses. Este instituto se rige por la Ley 50 emitida en 2006. Uno de los aspectos centrales es la regulación para que los cargos directivos sean concursados y asignados por méritos profesionales, lo que eleva la calidad de la gestión forense.

Argentina:
El Cuerpo Médico Forense10 tiene una tradición histórica pues desde 1882 se designó al Médico de Tribunales. Desde su origen tuvo la función de asesorar a los magistrados judiciales. A partir de 2009, se aprueba por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el Reglamento General para el Cuerpo Médico con una naturaleza pericial para auxiliar, como figura de máxima jerarquía, a los órganos jurisdiccionales en las materias químico legal, odontológico, médico y psicológico y otras ramas forenses.

Es en Argentina en donde se empiezan a conformar equipos forenses no gubernamentales, de los cuales ampliaremos sus objetivos más adelante.

Desde 1984, se formó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF)11, organización no gubernamental, con alta calidad científica y sin fines de lucro, especializada en ciencias forenses cuyo objetivo ha sido apoyar la investigación de violaciones de derechos humanos, particularmente la búsqueda de personas desaparecidas, en su origen cometidas durante la dictadura militar de 1976 a 1983.

El EAAF ha tenido una activa participación en investigaciones en México en casos de desaparición de personas; en el estado de Chihuahua tuvieron una importante participación como peritos independientes en las investigaciones de desaparición y asesinato de mujeres asesinadas que motivó la sentencia Caso Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, más recientemente, como peritos independientes acreditados como representantes de los familiares de las víctimas de desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Isidro Burgos.

Perú:
El Instituto de Medicina Legal12 se creó en 1985 a partir de la Ley N° 24128, que centralizaba todas las funciones forenses para servir mejor a la Administración de Justicia. Posteriormente, en 1992, por decreto de la Ley No. 25993 el Instituto se transfiere directamente a la Fiscalía de la Nación. Este instituto trabaja en la determinación, formulación, aprobación y ejecución de políticas, objetivos y directivas, que aseguren el buen funcionamiento de la Institución. Asimismo se encarga de asesorar a la Alta Dirección del Ministerio Público en el campo de la Medicina Legal y las Ciencias Forenses.

En Perú, como en Argentina, se fundó en 2001 el Equipo Peruano de Antropología Forense13 (EPAF), organización no-gubernamental dedicada a las investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos e iniciativas de desarrollo humano, con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad democrática y el imperio de la ley en contextos de post-conflicto e inseguridad. Este equipo, cuya experiencia data de su participación forense en la década de los 90, bajo los auspicios del padre de la antropología forense, Clyde C Snow, en los trabajos del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, apoya a víctimas de desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales y en otros casos de graves violaciones a los derechos humanos, tanto en la jurisdicción interna como en la supranacional; y participaron como peritos independiente en apoyo a la Comisión de la Verdad en Perú.

Guatemala:
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses14inicia sus funciones en julio de 2007 como institución auxiliar de la administración de justicia, con autonomía funcional, personalidad jurídica, patrimonio propio y con toda la responsabilidad en materia de peritajes técnico-científicos, emitiendo dictámenes útiles al sistema de justicia, mediante estudios médico legales y de análisis técnico científicos, apegados a la objetividad y transparencia.
Se creó por el Decreto 32-2006 del Congreso guatemalteco, unificando los servicios periciales forenses para contar con medios de prueba válidos y fehacientes en los procesos judiciales. Cuenta con la cooperación de expertos y peritos en ciencias forenses que aplican los avances tecnológicos, metodológicos y científicos de la medicina legal y criminalística, como elementos esenciales en la investigación criminal y de cualquier otra naturaleza. Su consejo se integra por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Ministro de Gobernación, el Fiscal General de la República, el Director del Instituto de la Defensa Pública Penal, el Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, el Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Químicos y Farmacéuticos de Guatemala y el Presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Cuenta con una Ley Orgánica que define sus funciones15.

Como organismo no gubernamental, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala16 (FAFG) es una organización autónoma, técnico-científica, sin fines de lucro que contribuye al fortalecimiento del sistema de justicia y al respeto de los derechos humanos; a través de la investigación, la documentación, la divulgación, la formación y la sensibilización de los hechos históricos de violaciones al derecho a la vida y de casos de muerte no esclarecidos. Así mismo, la FAFG conduce peritajes e investigaciones científicas, aplicando las ciencias forenses y sociales tanto a nivel nacional como internacional… Brinda apoyo y credibilidad al sistema de justicia al acreditar peritos en el Ministerio Público que realizan investigación técnica y profesional. Desde la firma de los acuerdos de paz, la FAFG apoya los procesos de democratización y pacificación para que de alguna manera se contribuya a luchar contra la impunidad que ha existido en el país y que las personas puedan hacer uso del sistema legal.

El grupo de expertos guatemaltecos se constituyó como Equipo de Antropología Forense de Guatemala en 1992 (EAFG) y posteriormente, en 1997, se transformó en la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Al igual que el equipo peruano, desde los 90 un equipo de antropólogos guatemaltecos, conjuntamente con el antropólogo Clyde C. Snow y los expertos del EAAF, se propusieron: 1) recabar elementos de prueba que permitieran la persecución penal de los responsables del genocidio y las desapariciones forzadas; 2) Intentar descubrir el destino final de los desaparecidos, devolviendo así su identidad a miles de osamentas y 3) contribuir a la construcción de la memoria histórica de un país tentado por la amnesia y la negación.

Chile:
Los organismos auxiliares del Ministerio Público o Fiscalía17 son el Servicio Médico Legal, el Servicio de Registro Civil e Identificación, y el Instituto de Salud Pública.

El Servicio Médico Legal18, que se regula por la Ley 20.06519, es una entidad pública adscrita al Ministerio de Justicia que ofrece asesoría técnica y científica tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial; una de sus funciones es la investigación científica.

Es importante mencionar que el Ministerio Público es un organismo autónomo, cuya función es dirigir la investigación de los delitos, llevar a los imputados a los tribunales, si corresponde, y dar protección a víctimas y testigos; no pertenece a ninguno de los tres poderes del Estado. Y trabajo en coordinación con los Carabineros, la Policía de Investigaciones y los tres organismos auxiliares antes mencionados.

Uruguay:
El Instituto Técnico Forense20 es un órgano auxiliar adscrito al Poder Judicial que a través de Departamentos suministra información y asesora en pericias contables, de química y toxicología, de medicina criminológica y forense y el Registro Nacional de Antecedentes Judiciales.

Se comentaba antes que, como respuesta a la falta de voluntad política y de calidad científica, se fueron formando en algunos países organismos no gubernamentales como el Equipo Argentino de Antropología Forense, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, el Equipo Peruano de Antropología Forense.

Es así que en Uruguay, 2005, a pesar de que existe el Instituto Técnico Forense, se crea el Grupo de Investigaciones de Arqueología Forense (GIAF), integrado por universitarios que trabajan del Departamento de Arqueología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República para apoyar la búsqueda de los detenidos desaparecidos y se establece mediante un acuerdo con la Presidencia de la República21.

Algunas de estas organizaciones forenses no gubernamentales se coordinan en la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense (ALAF)22

En México, es muy incipiente la creación de un equipo forense independiente de los servicios periciales de las procuradurías y fiscalías federal y de las entidades federativas o de los tres tribunales de justicia que operan servicios forenses o de la Secretaría de Salud del estado de Guerrero a la cual se adscriben los servicios forenses, hace aproximadamente dos años se creó el Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF).

Durante años, solamente la Procuraduría General de la República había tenido actividad sistematizada en pericias forenses que sirvieran de apoyo para buscar evidencias en las diligencias ministeriales para la investigación de los delitos, pero sin la voluntad de realizar pericias efectivas para la investigación de violaciones a derechos humanos. Eventualmente, por petición y presión de las víctimas y sus organizaciones, se convocaba a expertos de instituciones académicas o al EAAF como peritos independientes para realizar algunas pericias. Sin embargo, una constante del trabajo pericial de las instancias federal y locales de procuración de justicia ha sido la omisión o la comisión de errores que significan una victimización secundarias a las víctimas y a sus familias.

Hasta la conformación del Equipo Mexicano de Antropología Forense23 en 2013 (aunque su proceso de coordinación inició en 2008), no existía un grupo forense mexicano que pudiera coadyuvar sistemáticamente en el esclarecimiento de violaciones graves a derechos humanos.

El EMAF se define a sí mismo como un equipo multidisciplinario de profesionales que mediante el ejercicio y aplicación de la Antropología Forense y demás disciplinas forenses, buscan aportar datos relevantes en la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas que han sido víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, apoyando así a los familiares de ellas y otros afectados de tales delitos, sumándonos a sus esfuerzos y los de otras organizaciones en la búsqueda de la verdad, la impartición de justicia y la reconstrucción social de nuestro país.

Su misión expresa es: Apoyar a las víctimas en el proceso de investigación aportando pruebas encaminadas a la identificación de restos humanos así como determinar las posibles causas y circunstancias de su deceso; establecer la existencia de algún delito que implique la búsqueda de responsables que ameriten ser sancionados y; restituir los restos a los familiares de las víctimas, lo cual es de vital importancia social para así obtener acceso a la justicia y al restablecimiento de su vida cotidiana.

El EMAF firmó un convenio de colaboración con el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) que les proporciona capacitación y experiencia tanto en el terreno teórico como en la práctica de campo. El EMAF, conjuntamente con el equipo peruano, han participado en el paradigmático caso de la Sentencia Rosendo Radilla, coadyuvando con la familia en las excavaciones realizadas por la procuraduría federal en el ex cuartel militar de Atoyac en el estado de Guerrero para ubicar los posibles lugares en que pudiera encontrarse el desaparecido Rosendo Radilla Pacheco, detenido desaparecido en 1974.

Para efectos de la autonomía e independencia de los servicios periciales, institutos de medicina legal o de ciencias forenses, es importante señalar que existen normas de acreditación forense24para certificar la calidad científica delos mismos25 en todo el mundo que son desarrolladas por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO por sus siglas en inglés):

1. ISO 17025. Establece los requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo y calibración.

Se trata de una norma de calidad basada en la serie de normas de Calidad ISO 9000. Aunque esta norma tiene muchos aspectos en común con la norma ISO 9001, se distingue de la anterior en que aporta como principal objetivo la acreditación de la competencia de las entidades de Ensayo y calibración, por las entidades regionales correspondientes26.

2. ISO 17025. Acreditación de los Laboratorios de Criminalística27.

3. ISO/IEC17024:2012. Esquema de Certificación de Peritos en Necropsias Medico legales28

En 2004, se creó la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses29 (AICEF), actualmente integrada por 27 instituciones de investigación que representan a 18 países latinoamericanos, así como España y Portugal. Su fin primordial es la cooperación para la investigación criminalística. Internacionalmente, la AICEF ha sido reconocida por la Alianza Estratégica Internacional Forense (IFSA por sus siglas en inglés) que agrupa a las redes internacionales de criminalística más importantes como la Sociedad Americana de Directores de Laboratorio de Criminalística (ASCLAD), la Red Europea de Institutos de Ciencias Forenses (ENFSI) y los Directores Generales de Laboratorios Forenses de Australia y Nueva Zelanda30 (SMNZFL).

De México participan en la Academia Iberoamericana, la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR y la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato.
Al inicio, se señalaba que ha sido una recomendación constante de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, la existencia de servicios periciales/forenses autónomos, se destacan las más recientes:

1. El Informe Justicia Fallida en el Estado de Guerrero31 presentado en la ciudad de Chilpancingo, Gro. el pasado miércoles 2 de septiembre por la organización Open SocietyJusticeIniciativeen alianza con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro,recomienda…Garantizar servicios periciales autónomos de autoridades políticas y de las instancias de procuración de justicia”.

2. En el título Cuarto de la Iniciativa de Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición cometida por Particulares, presentada por la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada el pasado 3 de septiembre, y adoptada por un grupo plural de senadoras que la presentaron ante el Senado el pasado 17 de septiembre, se propone la creación del Instituto Autónomo de Investigación Forense cuya sede, señala la iniciativa, será la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mismo que tendrá recursos propios, personal especializado, ofrecerá servicios gratuitos. Este instituto autónomo, se propone por la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, será el encargado del resguardo del Banco Nacional de Información Genética, la Base de Datos Nacional Ante mortem/ Post mortem, así como del Registro Nacional de restos mortuorios no identificados y de las zonas donde se encuentran las fosas comunes.

3. El Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, señala como recomendación en el apartado Reformas Institucionales para la investigación y sanción:

Contar con un organismo pericial y forense autónomo y competente, a nivel federal como en los diferentes estados. Dicha entidad debe contar con autonomía administrativa y financiera sin depender de ningún organismo investigativo o judicial. Además debe tener la capacidad técnica, científica y profesional para desarrollar sus labores; debe tener personal capacitado y contar con un trabajo diseñado con base en protocolos internacionales y cumpliendo estándares en las diferentes materias.32

Cada año, desde hace cinco, las madres de las y los desaparecidos, se reúnen el día 10 de mayo con la tristeza de que ellas no tienen nada que celebrar:

Estamos aquí cargando nuestro dolor, hermanándonos en esta lucha que nos tocó emprender, aunque en ello nos vaya la vida. Porque tenemos que dejarles un país limpio, tranquilo y justo a nuestros hijos, porque México siempre se dice "es un valle". Pero ahora lo tenemos convertido en un valle de sangre, de inseguridad, de injusticia, de dolor y convertido en un panteón clandestino. Dejó de ser un hermoso sueño para convertirse en un México lleno de impunidad y terror.

Seguiremos luchando para lograr la paz, la justicia y la verdad. No debemos permitir que sigan arrebatándonos a nuestros hijos. Seguiremos alzando la voz cada día más fuerte. Pero no solo gritemos... ¡actuemos!, exijamos que a quien le toque haga bien su trabajo para lograr que nos busquen a nuestros hijos, padres, hermanos, esposos y familiares que hoy tenemos desaparecidos. Porque lo dijo muy claro y fuerte una mamita el año pasado –y esto se me quedó clavado–: "nuestros gobernantes, al parecer, no tienen madre. Pero nuestros hijos sí". Y aquí seguimos.
Ni perdón ni olvido.

Nuestros hijos tienen un rostro, una familia, una historia y los esperamos con todo nuestro amor. Seguiremos gritando que los amamos, los necesitamos, y que nunca dejaremos de buscarlos hasta encontrarlos33.

Por ellas, por las familias de las víctimas, porque compartimos su dolor y su lucha, proponemos una reforma que adiciona un tercer párrafo al artículo 21 constitucional para la existencia de servicios forenses y periciales autónomos, en el siguiente sentido:

TEXTO VIGENTE DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Nueva secuencia de los párrafo

INICIATIVA DE REFORMA AL TEXTO VIGENTE

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

 

1

Artículo 21.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

2

---

 

3

Los servicios forenses y periciales federal y de las entidades federativas serán autónomos, contarán con patrimonio propio, personalidad jurídica y autonomía de gestión, de conformidad con lo que establezca su ley.

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.

4

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.

5

Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.

6

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

7

El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley

8

El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

9

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

 

10

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

11

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

12

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.

13

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.

14

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.

15

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

16

Y con el objetivo de que el Congreso de la Unión pueda emitir legislación para la creación de servicios periciales y forenses autónomos, ya sea un instituto o centro o servicio, de servicios médicos legales y/o de ciencias forenses, proponemos también, reformas a la fracción XXIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el siguiente sentido:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXII…

XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en materia seguridad pública y de servicios periciales y forenses autónomos, así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución.

XXIV a XXX…

En razón de la anterior exposición de motivos y en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, en su numeral 1, fracción I; 164, en sus numerales 1 y 2, 169, en su numeral 1, y 171, en su numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, ponemos a su consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 21Y REFORMA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 73, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SERVICIOS PERICIALES Y FORENSES AUTÓNOMOS

ARTÍCULO PRIMERO. Se agrega un tercer párrafo, se recorren subsecuentemente los párrafos en el Artículo 21 y se reforma la fracción XXIII del artículo 73, ambos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de servicios periciales y forenses independientes y autónomos, para quedar como sigue:

Artículo 21.

---

Los servicios forenses y periciales federal y de las entidades federativas serán autónomos, contarán con patrimonio propio, personalidad jurídica y autonomía de gestión, de conformidad con lo que establezca su ley.


a) a e) …

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXII…

XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en materia seguridad pública y de servicios periciales y forenses autónomos, así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución.

XXIV a XXX…

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO. El Congreso de la Unión, los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán expedir la ley secundaria para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto, en un plazo no mayor a año contando a partir de la entrada en vigor del mismo.

ARTÍCULO TERCERO. El Congreso de la Unión, los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán modificar la legislación secundaria para armonizarla con lo dispuesto en el presente Decreto, en un plazo no mayor a año contando a partir de la entrada en vigor del mismo.

ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 22 de septiembre de 2015.

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza.- Sen. Raúl Morón Orozco.- Sen. Luz María Berinstain Navarrete.- Sen. Rabindranath Salazar Osorio.- Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.- Sen. Isidro Pedraza Chávez.- Sen. Layda Sansores San Román.- Sen. Zoé Robledo Aburto.- Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes.- Sen. Sofio Ramírez Hernández.- Sen. Adolfo Romero Lainas.- Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.- Sen. David Monreal Ávila.- Sen. Fernando Mayans Canabal.- Sen. Armando Ríos Piter.

1 Fuente: http://enelcamino.periodistasdeapie.org.mx/ruta/los-huerfanos-de-san-fernando/

2 Masacre en San Fernando: lo que la PGR le oculta a las familias. Marcela Turatti. Lunes, Agosto 24, 2015. http://www.e-veracruz.mx/medios-externos/2015-08-24/masacre-en-san-fernando-lo-que-la-pgr-le-oculta-las-familias#sthash.AxbWmpBx.dpuf

3 Áreas principales en biología forense:
A. Hematología – sangre; B. Espermatología – semen; C. Tricología – Pelos; D. Microbiología e inmunología
- Microbiología: bacterias, hongos, parásitos, - Inmunología: estudio de la reacción antígena, anticuerpos en la producción de sueros; E. Análisis especiales: 1) Uñas: sangre, mugre, 2) Entomología forense: insectos necrófagos en cada fase, 3) Manchas obstritriciales: aborto, infanticidio, Líquido amniótico: líquido que cubre el feto, - Unto cebáceo: grasa que cubre al recién nacido, - Meconio: contenido intestinal del feto (6 a 12)
- Calostro: 1ra. Secreción que antecede a la leche materna; 4) Manchas de orina: generalmente asociado con esperma, heces, moco (violación sexual); 5) Manchas de moco; 6) Manchas de saliva, 7) Manchas secreción vaginal; 8) Manchas secreción lagrimal; 9) Manchas de sudor; 10) Manchas de esperma, fecales, cerumen. Fuente: http://www.monografias.com/trabajos31/la-criminalistica/la-criminalistica.

4 Desde el 3 de marzo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo de Tratamiento e Identificación Forense, de obligatorio cumplimiento para todos los servicios periciales y forenses de las procuradurías y fiscalías generales de justicia, de los tribunales de Justicia (Puebla, DF y Baja California) y de la Secretaría de Salud (Guerrero)

5 Fuente http://clicksdefinicions.com/letra-s/servicio-de-policia-de-suecia.php

6 Fuente: nhttp://institutodetoxicologia.justicia.es/

7 Fuente: http://www.medicinalegal.gov.co/objetivos-y-funciones

8 Fuente http://www.fiscalia.gov.co/colombia/

9 Fuente: http://www.riaimlcf.com/wp-content/uploads/2014/05/INSTITUTO-DE-MEDICINA-LEGAL-Y-CIENCIAS-FORENSES-DE-PANAM%C3%81.pdf

10 Fuente: http://www.csjn.gov.ar/cmfcs/files/historia.htm

11 Fuente: http://www.eaaf.org/

12 Fuente: http://www.mpfn.gob.pe/iml/inf_general.php

13 Fuente: http://epafperu.org/

14 Fuente: http://www.inacif.gob.gt/

15 Fuente: http://www.inacif.gob.gt/docs/uip/ley_organica.pdf

16 Fuente: http://alafforense.org/fundacion-de-antropologia-forense-de-guatemala-fafg/

17 Fuente: http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/quienes/index.jsp

18 Fuente: http://www.sml.cl/sml/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3

19 Ídem. Ley de Modernización, Regulación Orgánica y Planta del Personal del Servicio Médico Legal, que establece las funciones de la institución, su organización, sus atribuciones y las disposiciones generales que norman su desempeño.

20 Fuente: http://www.poderjudicial.gub.uy/instituto-tecnico-forense.html

21 Op.Cit.14.

22 Fuente: http://www.unsam.edu.ar/ciep/wp-content/uploads/pdf/02

23 Fuente: http://emaf.org.mx/

24 Sistemas de Calidad en Genética Forense. Fuente: http://www.gep-isfg.org/archivos/201301/Acreditacion.pdf

25 No se encontró información actualizada sobre servicios o certificación en el sitio de la Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República

26 Fuente: Norma 17 025 https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_17025

27 Fuente: http://www.policia.cl/criminalistica2/gestion/gestion.htm

28 Fuente http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/1622647/Esquema+de+Certificacion+Necropsias.pdf/

29 Fuente: http://www.aicef.net/

30 Fuente: http://www.nifs.com.au/

31 https://www.opensocietyfoundations.org/reports/broken-justice-mexicos-guerrero-state/es

32 Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. Septiembre 2015. Pág. 358

33 Fuente: 11 de mayo de 2015. https://www.facebook.com/notes/el-grito-m%C3%A1s-fuerte/10-de-mayo-no-tenemos-nada-que-festejar-palabras-de-mar%C3%ADa-herrera-magdaleno-madr/765919023524840

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mendoza Mendoza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE ACCESO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS A TRATAMIENTOS SEGUROS DERIVADOS DE LOS AVANCES DE LA CIENCIA MÉDICA

(Presentada por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Asamblea.

Nobleza obliga, y quiero agradecer a mi compañero David Monreal la fina distinción que tuvo de cederme su turno en esta ronda.

Gracias, mi querido, David.

Quiero llamar la atención de mis compañeros Senadores para compartir con ustedes dos experiencias de vida, entre muchas, que afortunadamente nos deja esta labor como servidores públicos enfocados a la representación popular.

Hace unas semanas se nos presentó, ante esta Cámara, el tema de una niña que padece epilepsia refractaria.

Algunos de los compañeros aquí presentes la apoyaron, una jovencita de ocho años de nombre Grace, que no obstante haber utilizado 18 diferentes anticonvulsivos, registra alrededor de 400 convulsiones al día, inclusive dormida.

Fue precisamente el arrojo de algunas compañeras Senadoras y compañeros Senadores, las presiones que ejercimos sobre la COFEPRIS para que se permitiera la importación temporal del cannabidiol, que es un medicamento alternativo que tiene su origen precisamente en la cannabis, y surte efectos no a nivel psicotrópico, sino a nivel de relajación de músculos a las personas que padecen estas enfermedades.

Este medicamento fue utilizado exitosamente con una niña en el estado de Colorado, que es la situación, espero de Grace, de nombre Charlotte, de 12 años, y alivianó, en buena medida, estas crisis convulsivas terribles de la epilepsia refractaria.

En otro punto, me tocó en algún momento de mi vida, atender a un jovencito, víctima de un osteosarcoma, motivo por el cual le fue amputada su extremidad inferior derecha a nivel de la cadera.

Gracias a la Fundación Castro Limón, que lo quiero decir en mayúsculas, es una asociación tijuanense, pudimos considerarlo desde el punto de vista clínico remiso de cáncer. Sin embargo, meses después, un hospital privado, no diré el nombre, atiende al niño, en efectos secundarios registra un padecimiento cardiaco severo y le dan dos opciones a su familia, a los papás del niño, lo que ingresa a nuestro pueblo, 6 mil, 8 mil pesos al mes en conjunto, y le dan dos opciones: un trasplante de corazón o un tratamiento de cédulas madre a costa de 45 mil dólares.

Precisamente la iniciativa que vengo a compartir con ustedes, es el primer paso que yo quisiera, así lo consideráramos, apelo a los Senadores médicos, muy brillantes por cierto, que hay aquí, o a los Senadores que han administrado dentro de la función pública instituciones de salud y que sé que pueden entender, inclusive, mejor que el ponente, este tema.
¿De qué se trata?

Con esta iniciativa que hoy presento a consideración de ustedes, busco reducir significativamente el impacto de esta encrucijada en materia de salud pública.

En todo el mundo se registran avances de lo más variado para el tratamiento de todo tipo de enfermedades, la investigación científica ha dado pasos enormes en el último cuarto de siglo, las terapias novedosas permiten alentar la esperanza de pacientes, hasta hace poco condenados a una vida solitaria de sufrimiento y resignación.

Sin embargo, las terapias innovadoras benefician únicamente a las capas más altas de la población, las familias pobres, incluso de clase media, están prácticamente excluidas de estas terapias.

Esta situación prevalece en razón de que para aplicar tratamientos que todavía se encuentran en etapas de investigación, se requiere de permisos especiales otorgados por la autoridad en materia de salud.

En este tipo de procesos, lo primero que se clarifica es que la terapia, medicamento o material, no cause daños en las personas.

A este arranque de las investigaciones se le conoce como la fase uno.

Las fases subsecuentes tienen que ver con determinar si las terapias arrojan resultados positivos de manera concluyente.

En nuestro país, por sólo hablar de un caso, se registran más de 70 mil amputaciones de pie diabético al año.

Sin contáramos con permisos para utilizar terapias y materiales aún en investigación científica, pero que han demostrado buenos resultados: inocuidad y eficiencia, la mayoría de estas personas podrían conservar sus extremidades.

Me he permitido ilustrar la iniciativa que hoy aparece publicada en la Gaceta Parlamentaria al alcance de todos ustedes, con sendas imágenes de pies diabéticos antes y después de la aplicación de las terapias innovadoras.

En casi todos los casos, la aplicación del nuevo tratamiento no causa daños al paciente, más bien les permite conservar sus pies.

En consecuencia, la iniciativa de hoy, la que elevo a la consideración de ustedes, busca ampliar la esfera de derecho de los pacientes, en especial aquellos a los que la medicina tradicional ya no aporta ninguna respuesta.

Para ello, propongo que la autoridad en materia de salud otorgue permisos temporales condicionados que permitan de manera ágil a los pacientes recibir dichos tratamientos o materiales para buscar una cura eventual, como lo he destacado en relación con el pie diabético, reducir el sufrimiento que padecen o simplemente mejorar su deteriorado nivel de vida.

La propuesta contiene una preceptiva que busca garantizar al 100 por ciento los derechos de los pacientes.

Para ello, recurrimos a un consentimiento informado más profundo, a un monitoreo exhaustivo para evitar eventos adversos, así como a la mayor transparencia para que se puedan apreciar los avances y condiciones en la aplicación de las nuevas terapias y materiales.

Se propone que las empresas que generan las nuevas terapias o materiales no sean las mismas que las apliquen a los pacientes, los doctores que atiendan a este tipo de paciente agudo deberán contar necesariamente con título de médico cirujano y, además, la especialidad correspondiente a la enfermedad que tenga el paciente.
Finalmente, se propone que las instituciones o médicos que se dediquen a la aplicación de las nuevas terapias y materiales, destinen el 1.5 por ciento de sus ingresos para atender a mujeres de escasos recursos que requieren de su atención, ya que ellas son quienes más necesidad tienen de estas terapias.

No quiero dejar de mencionar que en países como Japón y Panamá, así como en algunos estados del vecino país del norte, se han aprobado recientemente ordenamientos de este tipo para hacer más ágil la aplicación de las terapias novedosas, siempre y cuando se tomen medidas legislativas adicionales para proteger escrupulosamente los derechos de los pacientes.

En México, en la actualidad no contamos si quiera con una Norma Oficial Mexicana en la materia, llevamos meses discutiendo, estamos empantanados en la normativa, estamos empantanados en los intereses de los laboratorios, en los intereses de algunas empresas y, la verdad, es que estamos sujetando a la gente que más lo requiere a un sufrimiento verdaderamente grave.

Por ello, quiero que se considere esta iniciativa como el saque, el saque con el cual pudiéramos organizar los foros, pudiéramos tomar las opiniones correspondientes, opiniones, por supuesto, de regulación u opiniones científicas, para poder, como les dije en un principio, poner el tema de las células madre por encima de la mesa.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Blásquez Salinas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia de destacadas personalidades del ámbito científico, invitados por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.

Le damos la bienvenida al doctor Neal Fearnot.

Doctor Amit Patel.

Doctor Santosh Kesari.

Doctor Thomas Ichim.

Doctor Eugenio Deister Mateos.

Licenciado Oscar Espinoza Villarreal.

Doctor Abraham Franklin.

Ingeniero Alejandro Von Mohr.

Y doctor José Javier López González.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!





 

Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 186 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Héctor Yunes Landa: Muchas gracias, señor Presidente.

También quisiera yo agradecerle al Senador Jesús Casillas, el que me haya hecho el gran favor de cederme su lugar el día de hoy para presentar esta iniciativa.

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores, amigos todos.

Nuestro país registra lo que los especialistas han llamado un bono demográfico, lo que significa que el volumen de la población en edad de trabajar supera a la población dependiente constituida por infantes y por ancianos.

Contar con un bono demográfico implica, desde luego, retos y responsabilidades.

La Comisión Económica para América Latina y El Caribe estima que esta ventana de oportunidad empezará a revertirse a partir de 2020, fecha en la que la población dependiente empezará a aumentar más que la población productiva. México experimenta un comportamiento demográfico caracterizado por el decrecimiento en el número de hijos por mujer y un incremento en la esperanza de vida.

En 5 años más, en el 2020, se estima que en promedio un mexicano vivirá 78 años, mientras que para el año 2050 vivirá 81.

Para ese año, más de la cuarta parte de la población de nuestro país será adulto mayor. Actualmente 9 por ciento de la población de México cuenta con 65 años o más.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social informó que aproximadamente 939 mil personas con edades de 65 años y más viven en situación de pobreza alimentaria; el 57.6 por ciento no posee un trabajo.

Todos los aquí presentes hemos escuchado sobre casos de maltrato, abandono y de exclusión laboral que sufren los adultos mayores en México.

Tal parece que aquí aplica la famosa frase del escritor español Francisco de Quevedo: “todos deseamos llegar a viejos, y todos negamos que hayamos llegado”.

Como si acumular experiencia fuera una causa legal para no hallar trabajo o sufrir discriminación por ello.

Bajo este contexto, los poderes federales nos vemos obligados a proponer políticas cada vez más amplias, interinstitucionales y de manera transversal con los tres niveles de gobierno.

Los problemas que acarreará el proceso de envejecimiento demográfico en México serán comunes y serán transversales.

Uno de los grandes retos que enfrenta la política de desarrollo social en el país es y será generar calidad de vida a la población adulta mayor; en tal virtud, la calidad de vida es un concepto amplio y multifactorial, influido por la salud, así como por aspectos sociales y económicos.
Por lo tanto, las soluciones tendrán que involucrar a los diferentes actores para lograr una sociedad más igualitaria. Se requiere un enfoque de la política pública más estructurado y pro-activo.

Por ello, propongo a esta Soberanía promover la inclusión laboral de los adultos mayores.

Los ciudadanos con 65 años o más aún están en posibilidades de compartir su experiencia, su talento y sus conocimientos. Generemos mecanismos legales que vayan limitando la discriminación laboral que sufre este sector poblacional.

Los invito a que como mexicanos del presente, otorguemos desde la ley oportunidades a los mexicanos del futuro, para que vivan con mayor dignidad y con mayor decoro.

Se trata de hacer un compromiso con generaciones de mexicanos que han dado lo mejor de sí, y con quienes como sociedad y Estado tenemos una deuda moral impostergable.

Por lo anteriormente expuesto, se propone ante esta Soberanía la discusión y, en su caso, aprobación del siguiente proyecto de Decreto.

Único.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue.

Artículo 186.- . . .

. . .

El patrón que contrate a adultos mayores en jornada laboral de 6 horas, remunerando las 8 horas que establece el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo, obtendrá un estímulo fiscal del 5 por ciento adicional al estipulado en el párrafo anterior.

Es cuanto, muchas gracias.

Iniciativa

El Suscrito, HÉCTOR YUNES LANDA, Senador de la LXIII legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 186, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Actualmente, el mundo está inmerso en un intenso cambio demográfico, este proceso se debe principalmente al descenso generalizado de las tasas de fecundidad y a una mejora en la salud, por lo que se han reducido el número de recién nacidos y alargado la esperanza de vida al nacer, respectivamente. En este sentido, los países en desarrollo tienen una población relativamente joven mientras que las poblaciones en los países industrializados son relativamente mayores. Sin embargo, el ritmo de envejecimiento de las poblaciones en los países en desarrollo es mayor que en los países industrializados.

Entre los años 1950 y 2010 se incrementó de manera considerable la esperanza de vida: al pasar de 46 a 68 años; y está previsto que se acreciente hasta los 81 años de edad para fines del siglo.

En la actualidad, en el mundo hay cerca de 700 millones de personas mayores de 60 años y se estima que para el 2050 la cifra llegue a 2 mil millones, equivalente casi al 20 por ciento de la población mundial.  De tal suerte que el envejecimiento de la población ha impulsado a los Gobiernos a implementar nuevas políticas y programas en las que el sector social ha ocupado un lugar central.
En este sentido, México ha registrado un aumento sustancial en la proporción de población en edad avanzada, como resultado del incremento de la esperanza de vida de la población y del descenso en la fecundidad observado a partir de los años setenta del siglo pasado. Lo anterior, puede considerarse un éxito de las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico implementadas por el Gobierno Federal; sin embargo, también constituye un reto para la sociedad y el Estado para adaptarse y mejorar al máximo el servicio de salud y la capacidad funcional o laboral de las personas mayores, así como su participación social y su seguridad.

Cabe mencionar, que uno de los grandes retos que enfrenta la política de desarrollo social en el país, es generar calidad de vida a la población adulta mayor. En tal virtud, la calidad de vida es un concepto amplio y multifactorial, influido por la salud, así como, por aspectos sociales y económicos.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se estima que en el 2020 la esperanza de vida será de 78 años y en el 2050 de 81 años; es decir, para entonces más de la cuarta parte de la población en México será de adultos mayores.

Asimismo, las proyecciones de vida son ascendentes para las mujeres: en 2030 podrán vivir, en promedio, 80 años o más; en tanto que la de los hombres rondará en los 76 años. Actualmente, nueve por ciento de la población total en México es adulta mayor (60 años o más); de ésta, 9.7 por ciento son hombres y 12.6 mujeres.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, existen aproximadamente 939 mil personas con edades de 65 años y más, que viven en situación de pobreza alimentaria, de las cuales, el 57.6 por cierto no posee un trabajo, por otra parte, la población de 65 años y más, que no se encuentra en situación de pobreza alimentaria es de 5.9 millones de personas, de las cuales 3.9 millones no trabajan.

Afortunadamente, la situación económica de la población adulta mayor con 60 años o más, se ha convertido en un tema de gran interés de la Agenda Federal, toda vez que con el aumento de la edad disminuyen las posibilidades de que los individuos obtengan ingresos suficientes de manera independiente, situación que se agrava aún más en las personas que no laboran.

Bajo este contexto, los Poderes Federales, nos vemos obligados a proponer políticas cada vez más amplias, interinstitucionales y de manera transversal con los tres niveles de gobierno. Por lo cual, se requiere un enfoque de la política pública más estructurado y proactivo; los problemas que acarreará el proceso de envejecimiento demográfico en México serán comunes y trasversales, por lo tanto, las soluciones tendrán que involucrar a los diferentes actores, para lograr una sociedad más igualitaria.

En materia de empleo, el Estado y los empleadores deben de garantizar espacios laborales adecuados, en infraestructura y en retribuciones monetarias; de tal forma, la sociedad y las instituciones sociales debemos coadyuvar a fortalecer las redes sociales y laborales para la vejez.

Cabe señalar, que los derechos fundamentales de las personas adultas mayores, han llegado a una etapa de amplio reconocimiento por la comunidad internacional quedando plasmados en diversos ordenamientos legales, tratados internacionales y declaraciones, con la finalidad de que su goce y ejercicio sea garantizado por todas las naciones. Por su parte, nuestro país ha integrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de todo individuo a gozar de la salud, integridad física, protección, y trabajo, describiendo las obligaciones de las autoridades para garantizarlos.

Al respecto, es importante diseñar instrumentos legislativos innovadores relacionados con el bienestar de este sector de la población, que promuevan beneficios para las personas adultas mayores, como sus derechos ante la sociedad de una manera general entre ellos la educación, la salud y el trabajo. Bajo este precedente es primordial que se de atención a las personas adultas mayores y se promueva una fuente de ingreso monetario para este sector, mediante la participación laboral, para ayudar a combatir la pobreza.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 186, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 186. …

El patrón que contrate adultos mayores en jornada laboral de 6 horas, remunerando las 8 horas que establece el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo, obtendrá un estímulo fiscal del 5 por ciento adicional, al estipulado en el párrafo anterior.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores,
el 22 de septiembre de 2015.

Suscribe

Sen. Héctor Yunes Landa.

http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/background.shtml

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Yunes Landa.

Sonido en el escaño de la Senadora Marcela Torres Peimbert.

La Senadora Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño) Simplemente para pedirle al Senador Yunes Landa si me puedo sumar a su iniciativa.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: ¿Senador, acepta?

Pido a la Secretaría tome nota de ello.

Sonido en el escaño de la Senadora Silvia Garza Galván, ¿para el mismo asunto?

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: (Desde su escaño) Preguntarle al Senador Yunes Landa, si puedo suscribirme a esta interesante y noble iniciativa.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Con mucho gusto.

Senador Alejandro Tello. Para el mismo asunto.

Pido a la Secretaría que tome nota de los Senadores Margarita Flores, Roció Pineda Gochi, Lorena Cuéllar, Ricardo Barroso Agramont, Ascención Orihuela, Blásquez Salinas, Jorge Aréchiga, Ernesto Ruffo, Ana Gabriela también, Luis Sánchez, con mucho gusto.

Igualmente el Senador Francisco Salvador López Brito y Senadora Sonia Rocha. Con mucho gusto.

Sonido en el escaño del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Felicitar a mi compañero Senador Yunes Landa, hay piezas que verdaderamente son muy significativas, y me veo totalmente representado en mi pensamiento en eso.

Creo que hasta me espiaste mis apuntes, Senador. Gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Túrnese a la Cámara de Diputados.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Marcela Torres Peimbert, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 161 Bis a la Ley General de Salud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 161 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Senadora Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y de los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada y Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Marcela Torres Peimbert: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En esta ocasión me dirijo a ustedes, igual que hace dos años, de manos de la sociedad civil organizada, cuando presentamos ante esta misma tribuna la posibilidad de un impuesto a las bebidas azucaradas.

Juntos, sociedad civil y partidos políticos, pudimos incluir en la ley dos impuestos con fines extrafiscales a favor de la salud: el impuesto a las bebidas azucaradas y el impuesto a la comida chatarra.

A diferencia de hace dos años, hoy los ojos están puestos sobre nuestro país, periodistas, investigadores, médicos, legisladores de América Latina, Estados Unidos y Europa, se han acercado a nosotros para saber de primera mano cómo es que se logró este impuesto en México, a pesar de las resistencias que nos topamos; y sobre todo preguntan qué es lo que estamos haciendo con el producto de este impuesto, con los recursos que se recaudan a través de él. La expectativa es grande y recae sobre nuestro país.

La epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes atenta contra la vida de millones de seres humanos alrededor del mundo; y en México también, a pesar de que hablamos de que son enfermedades totalmente prevenibles.

El impuesto a las bebidas azucaradas tiene dos objetivos básicos: el primero, desincentivar el consumo de refrescos y otras bebidas perjudiciales a la salud que favorecen estas enfermedades.

Este objetivo se ha venido cumpliendo, según cifras del Instituto Nacional de Salud Pública en el 2014, el impuesto logró disminuir el 6 por ciento la ingesta de estas bebidas y el consumo se ha venido disminuyendo gradualmente, hasta alcanzar un 17 por ciento de reducción en su consumo en este año.

El estudio de este Instituto también señala que las personas con ingresos más bajos son las que más redujeron el consumo de refrescos.

Otro dato de gran relevancia del estudio, es que mostró un aumento de 4 por ciento en la compra de bebidas sin impuesto, que en su mayoría, se debe a un incremento de la compra de agua embotellada, así como de refrescos reducidos en azúcar.

Este decremento en el consumo, se debe también a las buenas prácticas de la industria refresquera, quien ahora ofrece nuevas alternativas mucho más saludables, con menos contenido de azúcares o totalmente sin calorías.

Esto ya es un logro.

El segundo objetivo del impuesto, es el de generar los recursos suficientes para financiar políticas públicas eficaces para prevenir sobrepeso, obesidad y diabetes.
Según estimación de la propia Secretaría de Salud, el costo de esta enfermedad, la obesidad, asciende actualmente a 80 mil millones de pesos cada año y tiende a aumentar.

La diabetes, atribuible a la obesidad, genera costos que representan, escuchen, 73 por ciento del presupuesto programado para salud en un año, 73 por ciento.

El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, sólo incluía dos partidas presupuestales: una, por 328 millones de pesos, para prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes. Estos recursos se han venido recortando constantemente en estos tres años de gobierno, y corresponden solamente al 2.6 por ciento de la estimación de recaudación del IEPS de bebidas azucaradas, que actualmente es de 50 mil millones de pesos; entonces, con una recaudación de 50 mil millones de pesos en dos años, los programas de atención ascienden solamente a 300 y pico millones de pesos.

Estas cifras demuestran que el gobierno no está previniendo el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, solamente está paleando las enfermedades a través de pocos recursos en el tema.

El día de hoy, en este preciso momento, a lo largo y ancho del país, a pesar de que existen ya estos impuestos, a miles de personas se les está diagnosticando diabetes, sus vidas y las de sus familias van a cambiar y cambiarán drásticamente para mal.

Allá, afuera de este recinto, hay gente que enfrenta este problema, una enfermedad costosa en términos económicos, y dolorosa para el individuo y sus familias.

Un Estado comprometido con la salud, no permite que mueran miles de personas por padecimientos previsibles como la obesidad y la diabetes. El Estado no puede cruzarse de brazos.

Hoy, tras dos años de la creación del impuesto al refresco y las bebidas azucaradas y el impuesto a los alimentos con alto aporte calórico, el gobierno cuenta con casi 50 mil millones de pesos recaudados con el objetivo de abatir estos padecimientos.

Hasta el momento, no sabemos a ciencia cierta qué se ha hecho con estos recursos.

Con el anuncio del Presidente Enrique Peña Nieto, durante la presentación de su Tercer Informe de Gobierno, respecto al fortalecimiento de la estrategia para la prevención del sobrepeso, obesidad y diabetes, los legisladores que firmamos la presente iniciativa y las 60 organizaciones de la sociedad civil que lo avalan, queremos darle una propuesta concreta.

Por ello, los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Presidenta de la Comisión de Salud; Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación; Ernesto Ruffo Appel, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Norte; Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Juan Fernández Sánchez, Daniel Ávila, Martín Orozco y una servidora, proponemos una acción clara y contundente que, seguramente, el Presidente y la bancada del PRI en este Recinto no tendrán objeción en aceptar y procesar.

Proponemos la creación de un fideicomiso en cual, la Cámara de Diputados mandate depositar el total de lo recaudado en este impuesto, los 50 mil millones de pesos, para acciones concretas de política pública, efectivas, medibles, evaluables y transparentes.

Esta medida legislativa es de suma importancia, porque a dos años de la creación de estos impuestos, no se han incrementado el número de horas que las niñas y niños adolescentes realizan activación física en sus escuelas.
Tampoco se ha mejorado la infraestructura para que los deportes se hagan con mejor calidad en las escuelas públicas. Tampoco hay más escuelas con agua potable, siguen siendo 40 de cada 100, ni las escuelas públicas tienen bebederos.

Tampoco hay políticas públicas evaluables, eficientes, que logren realmente abatir las 80 mil muertes anuales sólo por diabetes.

Compañeros, los invito a sumarse a esta noble causa que puede no sólo cambiar, sino salvar vidas.

Es cuanto, muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

Los suscritos, Senadores Marcela Torres Peimbert, Maki Esther Ortiz DomÍnguez, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada y Francisco de Paula Búrquez Valenzuela Senadores de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8°, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se crea el Fondo para la Promoción, Prevención, Detección, Tratamiento, Control y Combate al Sobrepeso, Obesidad, Diabetes y Enfermedades Crónico Degenerativas Relativas, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

México es uno de los países más afectados a nivel mundial por la creciente epidemia de sobrepeso y obesidad. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) del año 2012, más del 70% de los adultos mexicanos padecen de sobrepeso y obesidad, así como más del 33% de los niños y adolescentes.

Esta situación tiene implicaciones negativas tanto en el desarrollo económico del Estado como en el de las familias mexicanas, al tener que invertir éstas una gran cantidad de sus ingresos en atención médica de las enfermedades relacionadas como la diabetes, lo cual afecta su desarrollo personal, profesional y familiar.

El Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria de 2010 señala que el costo total de la obesidad se duplicó entre el año 2000 y el 2008, aumentando de $35500 millones de pesos a $67000 millones de pesos. Según estimaciones de la propia Secretaría de Salud, el costo de la obesidad asciende actualmente a cerca de $80000 millones de pesos, mismo que se estima ascenderá a más de $151000 millones de pesos para el año 2017.

Los costos directos de la obesidad, por el tratamiento de enfermedades relacionadas como diabetes e hipertensión, e indirectos, como los ocasionados por la pérdida de productividad y la muerte prematura, han generado una barrera presupuestaria de grandes dimensiones para el Estado y para el Sistema de Salud Pública en México, por lo que es necesario no sólo una mayor inversión para los programas encaminados a la prevención y detección oportuna del sobrepeso y la obesidad, sino también un mejor diseño de las políticas públicas por parte de especialistas, integrantes de la sociedad civil y de otros actores en esta lucha.

De acuerdo con el estudio “Kilos de más, pesos de menos: los costos de la obesidad en México”, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en 2015, hay ocho millones de adultos con diabetes ocasionada por la obesidad, originando un problema de salud pública y una carga financiera de gran magnitud. La diabetes atribuible a la obesidad genera costos entre los $82000 millones de pesos y los $99000 millones de pesos, lo cual representa entre el 73% y el 87% del presupuesto programado a salud en 2012.
Como respuesta a la epidemia de sobrepeso y obesidad, en octubre de 2013 se aprobó, dentro del marco de la Reforma Hacendaria presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a las bebidas saborizadas con el objetivo final de poder disminuir el consumo creciente de estas bebidas en México, dada su demostrada incidencia en el aumento de peso, la diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares.La creación de este impuesto especial se justificó, en la exposición de motivos de la Reforma Hacendaria bajo los siguientes argumentos:

“En el propio Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se señala que dado su papel como causa de enfermedad, la obesidad aumenta la demanda por servicios de salud y afecta el desarrollo económico y social de la población, de tal forma que de acuerdo con estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el costo de la obesidad fue de 67,000 millones de pesos en 2008 y, en caso de no actuar, el costo que implicará en el futuro será mayor a la inversión requerida hoy para implementar políticas que hagan frente a esta problemática.

Además de los costos que significan para el sector salud la atención de las enfermedades atribuibles al sobrepeso y la obesidad, debe considerarse que existen otros costos indirectos asociados, entre los cuales se encuentran aquéllos relacionados con la muerte prematura y la reducción en la productividad laboral atribuibles al sobrepeso y la obesidad, así como los problemas financieros que enfrentan las familias al tener que asumir los elevados gastos de un tratamiento contra estas enfermedades crónicas no transmisibles, lo que impide que el Estado pueda garantizar el derecho a la protección a la salud en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dada la problemática de la alta prevalencia de estas enfermedades y sus impactos, es importante reforzar la implementación de políticas y programas efectivos de prevención de obesidad. En este sentido, cualquier esfuerzo para disminuir los efectos negativos de esta situación y los costos que genera su atención, debe ser analizado no solamente desde una política netamente de salud pública; es por ello que se ha considerado que una medida de carácter fiscal coadyuvaría con los propósitos mencionados.

En este sentido, en la presente iniciativa se propone al H. Congreso de la Unión gravar con el IEPS, a través del establecimiento a nivel de productor e importador de una cuota específica de 1 peso por litro a las bebidas saborizadas, así como a los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, dependiendo del rendimiento, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas, que contengan cualquier tipo de azúcares añadidas.”

Como se desprende de la lectura de los párrafos anteriores, el Ejecutivo Federal se comprometió, de aprobarse el impuesto, a destinar los recursos para reforzar la implementación de políticas y programas efectivos de prevención de obesidad, así como adisminuir los efectos negativos de esta situación y los costos que genera su atención.

Adicionalmente, en el marco de la discusión del Paquete Económico para 2014, el Congreso de la Unión, con el mismo objetivo, aprobó también un impuesto similar para grabar a los alimentos con alta densidad calórica.

Ambos temas con la finalidad de que el “Estado pueda garantizar el derecho a la protección a la salud en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

En este sentido, no debe perderse de vista que las obligaciones del Estado respecto al derecho a la salud son de “proteger” y “garantizar” el acceso efectivo a este derecho, lo que implica:

Proteger: “Las obligaciones de proteger consisten en impedir que terceros injieran, obstaculicen o impidan el acceso a esos bienes.” (Abramovich, Víctor y
Courtis Christian. Los Derechos Sociales como Derechos Exigibles, 1ª reimp., 2ª ed., Ed. Trotta, 2014, p. 29).

Garantizar: “La obligación supone el deber de impedir o hacer todo lo racionalmente posible para impedir que se violen los derechos humanos de las personas sometidas a la jurisdicción del Estado por parte de cualquier persona, pública o privada, individual o colectiva, física o jurídica.”(Gros Espiell, Héctor. La Convención Americana y la Convención Europea de Derechos Humanos. Análisis comparativo, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1991, pp. 65-66).

Ahora bien, para “garantizar” el derecho a la protección a la salud, en particular, hay que considerar que:

 “El libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comparta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.”(Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, 1988, Corte Idh, sentencia de 29 de julio de 1988. Fondo, Serie C, No 4.)

 El Estado tiene la obligación de establecer medidas integrales para garantizar el correcto respeto a los derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud.

 “Un problema socialmente importante requiere de una adecuada regulación jurídica a efecto de lograr alcanzar el propósito de mantenimiento o recuperación del bienestar general de la población” (Charvel, Sofía y García Sarubbi, David.

Derecho y Salud Público. Un Análisis de la Legislación Comparada, Ed. Fontamara, México, 2013, p. 34)

De ahí que no sea suficiente con que el Estado genere políticas públicas que tengan como objetivo prevenir la obesidad o la diabetes, en este caso de carácter tributario, sino que es necesario que el Estado tenga un marco jurídico de protección adecuado, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención óptimas.

Actualmente el Estado se ha limitado a realizar leyes que se ven sobrepasadas por problemas de salud tales como la obesidad, la diabetes y la hipertensión, mismas que son derivadas del consumo de productos como las bebidas saborizadas y los alimentos con alta densidad calórica, objeto del impuesto referido. Las acciones emprendidas por el Estado hasta ahora no son del todo efectivas, ya que los recursos obtenidos con el IEPS a bebidas saborizadas y alimentos con alto contenido calórico no se han destinado de manera clara y efectiva a la atención de las enfermedades ocasionadas por el consumo de ese tipo de bebidas y alimentos.

Por ello, con el interés de que el impuesto a las bebidas saborizadas no perdiera el objetivo social por el cual fue aprobado, se incluyó un transitorio sexto en la Ley de Ingresos de 2014, en el cual se establecía lo siguiente:

Sexto. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 deberá prever una asignación equivalente a la recaudación estimada que corresponda a la Federación, una vez descontadas las participaciones que correspondan a las entidades federativas, por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a las bebidas saborizadas, en términos del artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, para destinarse a programas de combate a la desnutrición, a la atención y prevención de la obesidad y enfermedades crónico degenerativas relacionadas, así como al acceso al agua potable en zonas rurales, en escuelas y espacios públicos.
Lamentablemente, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 únicamente incluía dos partidas presupuestales por $326 millones de pesos para la “Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes”, correspondientes a tan sólo el 2.63% de la estimación de recaudación del IEPS a bebidas azucaradas por $12455 millones de pesos.

Consecuentemente, durante la discusión de la Ley de Ingresos de 2015, se volvió a incluir el mismo transitorio sexto, para continuar presionando desde el Congreso de la Unión para que el Gobierno Federal destine la totalidad de los recursos recaudados por el IEPS a bebidas saborizadas para la prevención y para el acceso al agua potable, principalmente a través de bebederos en las escuelas del país:

Sexto. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 deberá prever una asignación equivalente a la recaudación estimada para la Federación por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a las bebidas saborizadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, una vez descontadas las participaciones que correspondan a las entidades federativas, para destinarse a programas de promoción, prevención, detección, tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas relativas, así como para apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en localidades rurales, y proveer bebederos con suministro continúo de agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo de acuerdo con el

Índice de Carencias por Escuela y, de conformidad con los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

De nueva cuenta, a pesar de este transitorio, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015 sólo incluía dos partidas presupuestales por $336 millones de pesos para la “Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes”, y una adicional para destinar, según el artículo 35 de la propuesta de Ley de Egresos, el 15% del presupuesto asignado para la Secretaría de Educación Pública para el Programa de la Reforma Educativa para proveer bebederos con suministro continuo de agua potable para uso humano en los inmuebles escolares de Física Educativa (por $1360 millones de pesos). Estos tres ramos presupuestales suman cerca de $1697 millones de pesos, y corresponden tan sólo al 9.3% de la estimación de recaudación para 2015 por $18271 millones de pesos.

Dada la falta de claridad en el correcto uso y destino de los recursos recaudados por el IEPS a bebidas saborizadas y a los alimentos con alta densidad calórica, creado con el mismo fin, es necesario que desde el Poder Legislativo aseguremos el destino específico de dicho recursos, para que sean utilizados en su totalidad y exclusivamente para Programas prevención de la obesidad y enfermedades crónico degenerativas relacionadas, así como para garantizar el acceso al agua potable en zonas rurales, y proveer bebederos con suministro continúo de agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo y en los espacios públicos.

En este sentido, se propone la adición del artículo 77 Bis 42 a la Ley General de Salud para crear el Fondo para la Promoción, Prevención, Detección, Tratamiento, Control y Combate al Sobrepeso, Obesidad, Diabetes y Enfermedades Crónico Degenerativas Relativas, el cual será la base de los recursos destinados para los programas de prevención relacionados a estos padecimientos, generando mayor certeza en la asignación eficiente y transparente de la totalidad de los recursos recaudados por el IEPS a bebidas saborizadas y alimentos con alta densidad calórica.

Se propone que dicho Fondo se cree como un Fideicomiso Público, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y cuyo Comité Técnico desarrollará una serie de lineamientos de actuación y reglas de operación específicas para el uso de los recursos y la evaluación de los mismos. El Fideicomiso se sujetará a los mecanismos de control, auditoría, transparencia, evaluación y rendición de cuentas que establecen las disposiciones legales aplicables.
Se propone que el Comité Técnico se integre, además de un representante de la Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Salud y de Educación, por seis expertos en salud pública y sin conflicto de interés, quienes para ser designados miembros deberán tener experiencia comprobada en el campo de la salud pública, ya sea en el área de investigación, academia, social y/o pública. No podrán formar parte aquellas personas que tengan experiencia o relación directa o indirecta con la industria de alimentos y bebidas. Un ejemplo de un fondo con una Comisión similar se puede observar en la Ciudad de Berkeley, California en los Estados Unidos, dónde se aprobó un impuesto a las bebidas azucaradas a finales de 2014.

Los recursos del Fondo que se propone serán destinados a promover acciones de prevención del sobrepeso y la obesidad en la sociedad mexicana, enfocándose, no exclusivamente, a las siguientes acciones:

● Promoción de la alimentación saludable en general y de información referente a la prevención de la obesidad, especialmente enfocada en los menores de edad, las poblaciones vulnerables y los entornos escolares.

● Promoción de la activación física, el deporte y la movilidad activa.

● Promoción del consumo de agua potable y el desarrollo de la infraestructura necesaria para garantizar su acceso en zonas rurales, espacios públicos y escuelas.

● Promoción de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, y de manera complementaria hasta los dos años.

● Instrumentación de políticas y programas diversos para favorecer la salud alimentaria en la población y la prevención de la obesidad.

● Realización de investigación orientada a la instrumentación y/o evaluación de las políticas y programas para la prevención de la obesidad.

En el caso del IEPS a bebidas saborizadas se ha demostrado que constituye una política de vanguardia a nivel regional y mundial, teniendo un impacto positivo en la disminución del consumo, principalmente en aquellos de menores ingresos. De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en 2014 el impuesto logró disminuir en 6% el consumo de estas bebidas, consumo que fue disminuyendo gradualmente hasta alcanzar una reducción promedio del 12% en diciembre de ese año. El estudio del INSP también señala que el tercil de ingresos más bajos fue el que más redujo su consumo, en 9% durante 2014, consumo que fue disminuyendo gradualmente hasta alcanzar una reducción promedio del 17% en diciembre de ese año. Otro dato de gran relevancia del estudio es un aumento de 4% en las compras de bebidas sin impuesto en 2014, que en su mayoría se debe a un incremento en las compras de agua simple embotellada.

La prevención del sobrepeso y la obesidad, y de las Enfermedades no Transmisibles relacionadas, requiere de grandes recursos, que más que un costo para el Sistema de Salud Pública debe verse como una inversión de acciones que son costo-efectivas y costo-ahorradoras.

De acuerdo al estudio del IMCO mencionado anteriormente, la implementación de acciones integrales de prevención, tales como campañas de educación nutricional en medios masivos, información nutrimental, etiquetado comprensible, restricción de la publicidad dirigida a niños y una política fiscal tendrían un costo de $40.85 pesos por persona, mientras que el IMCO estima que las pérdidas económicas ocasionadas por la obesidad equivalen a $840 pesos por persona. Es decir, las acciones de prevención son realmente costo-efectivas y necesitan ser implementadas de manera urgente.
La aprobación de un Fondo como el descrito es una oportunidad para que el Gobierno Federal y el Congreso de la Unión no sólo fortalezcan los efectos positivos del IEPS a bebidas saborizadas y alimentos con alta densidad calórica, sino también para que se garantice el uso de los recursos recaudados por el impuesto para el objetivo social por el cual fue presentado y aprobado: el combate y la prevención del sobrepeso y la obesidad.

Es necesario señalar que la asignación de los citados recursos no afectará la soberanía financiera de las entidades federativas, ya que su destino se hará una vez descontadas, en su caso, las participaciones de éstas, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal.

Con base en la exposición de motivos que antecede, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona el artículo161 Bisa la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente forma:

Artículo Único. Se adiciona un artículo 161 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 161 Bis. Se crea el Fondo para la Promoción, Prevención, Detección, Tratamiento, Control y Combate al Sobrepeso, Obesidad, Diabetes y Enfermedades Crónico Degenerativas Relativas, cuyos recursos equivaldrán a la recaudación estimada para la Federación por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a las bebidas saborizadas y alimentos con alta densidad calórica, a que se refiere el artículo 2, fracción I, incisos G) y J), para destinarse a programas de promoción, prevención, detección, tratamiento, control y combate a al sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas relativas, para apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en localidades rurales, y proveer bebederos con suministro continúo de agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo de acuerdo con el Índice de Carencias por Escuela y, de conformidad con los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, así como para financiar programas de activación física en escuelas públicas para niñas, niños y adolescentes.

Dicho Fondo se constituirá como un Fideicomiso Público, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Fideicomiso contará con un Comité Técnico integrado por un representante de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Salud y de Educación, así como con seis expertos, quienes para ser designados como miembros deberán tener experiencia comprobada de por lo menos cinco años en el campo de la salud pública o en el diseño de políticas públicas, ya sea en el área de investigación, academia, social o pública.

No podrán formar parte aquellas personas que tengan experiencia o relación directa o indirecta con la industria de alimentos y bebidas; para dar fe de ello los integrantes de la Comisión deberán entregar, previamente a su designación, su declaración de intereses.

Los cargos en el Comité serán honorarios y los integrantes durarán en su encargo cinco años. La Secretaría de Salud dotará a los integrantes del Comité de la estructura administrativa necesaria para el desempeño de sus funciones.

Los integrantes representantes de las Secretarías de Estado deberá tener nivel mínimo de Director General o su equivalente.
Los seis representantes ciudadanos del Comité Técnico deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Tener nacionalidad mexicana al momento de ser propuesto;

II. Haber destacado en la investigación académica o en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la salud pública o en el diseño de políticas públicas;

III. Los nombramientos como integrantes del Consejo Técnico expresarán los merecimientos de los representantes y se acompañarán de las pruebas que estimen pertinentes;

IV. Tener reconocimiento público de una conducta o trayectoria vital singularmente ejemplar o determinados actos u obras valiosos o relevantes en beneficio de la salud pública.

El Comité Técnico trendrá, entre otras, las facultades siguientes:

I. La aprobación de todas las operaciones que se realicen con cargo al Fondo;

II. La aprobación del presupuesto anual de gastos;

III. La selección y aprobación de las políticas públicas que habrán de ejecutarse con cargo al fondo.

IV. La evaluación a través de consultores externos de las políticas públicas y programas de combate y prevención del sobrepeso, obesidad y la diabetes.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público constituirá el Fideicomiso dentro delos 90 días posteriores a la entrada en vigor de este decreto y el Comité Técnico deberá emitir las Reglas de Operación dentro de los 60 días posteriores a constitución del Fideicomiso.

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión establecerá en el Presupuesto de Egresos de la Federación la partida presupuestal correspondiente al Fideicomiso en términos del artículo 161 Bis.

México, Distrito Federal, el 22 de Septiembre de 2015.

Atentamente

Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Torres Peimbert. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN NUEVO PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA CREAR EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El artículo 25 de nuestra Constitución, establece la rectoría del Estado en el desarrollo nacional, para garantizar que éste sea integral, sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático.

De acuerdo con este precepto, mediante la competitividad, el fomento al crecimiento económico, el empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza, permitirán el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

Se trata de los objetivos más altos que nuestra nación está obligada a asumir si pretende tener viabilidad, objetivos que a todas luces aparecen distantes, sino es que inalcanzables a la luz de los datos duros que arrojan los indicadores económicos y sociales. México debe fortalecer su régimen democrático.

La presente iniciativa reconoce que la democracia representativa es notoriamente insuficiente. Reconoce también que la discusión sobre los grandes temas de desarrollo nacional, debe involucrar a diferentes actores, se debe abrir al debate público donde cada sector defina claramente su postura. A todos los sectores debe interesar el destino de nuestro país.

Sabemos que existe el cabildeo, la negociación y hasta las presiones de distintos actores económicos, muchas veces imperan las visiones parciales y sesgadas de la realidad o prevalecen los intereses de unos cuantos sobre el interés nacional.

Cada quien acude ante el Presidente, ante los secretarios o los legisladores a plantear sus preocupaciones o sus intereses.

Esto es común, sobre todo en un entorno democrático, pero la situación de México nos exige una visión integrada y estratégica, con soluciones de largo plazo que provengan de acuerdos de fondo, sobre todo entre la mayor cantidad de actores económicos y sociales.

Es claro que para la ciudadanía los acuerdos en la clase política no siempre reflejan el interés de las mayorías. Es preciso emprender un esfuerzo de diálogo político entre empresarios, sindicatos, universidades, expertos, campesinos, indígenas y entre muchos otros actores más, un esfuerzo que trascienda a lo institucional, que aporte soluciones y acuerdos.

Hoy requerimos un esfuerzo profundo de concertación con visión de Estado, para abrir paso al desarrollo y acabar el estancamiento y la precarización de la vida social y laboral, para impedir que se siga expandiendo la pobreza.
México sigue estancado, se siguen ampliando las desigualdades y se están abriendo nuevas brechas como resultado de una modernidad que excluye a millones y destruye el tejido social.

Es necesario conciliar posturas y generar mayores equilibrios, acabar con la división entre lo social y lo económico, ambas políticas deben ser parte de una misma estrategia que ponga en el centro a la justicia.

Existen experiencias exitosas desde alianzas estratégicas de largo plazo basadas en objetivos comunes de la sociedad, por ello proponemos crear el Consejo Económico y Social como un órgano consultivo del Poder Ejecutivo, que tendría un peso enorme al estar previsto en la Constitución y conformado por todos los sectores y actores sociales que deben incidir en el rumbo económico y social del país.

Se trata de un instrumento que genere acuerdos y consensos de manera horizontal, con visión incluyente, democrática y plural que genere respuestas y soluciones de fondo con una interlocución permanente y constructiva hacia el Ejecutivo.

El consejo, sin duda, puede fortalecer la gobernabilidad, prácticamente todos los países de Europa cuentan con organismos de esta índole, incluso la ONU cuenta con un Consejo Económico y Social que se ocupa de los problemas económicos, sociales y ambientales del mundo.

La Comunidad Europea tiene su Comité Económico y Social de carácter consultivo, y tiene como finalidad representar los intereses de los destinos de grupos económicos sociales de Europa.

En América Latina, un número importante de países, provincias y ciudades cuentan con un consejo también de este tipo.

Existe una red de Consejos Económicos y Sociales de América Latina y El Caribe. En la gran mayoría de los casos ha sido esencial el involucramiento de los sectores, pero también el de la sociedad civil organizada.

La riqueza de las resoluciones del consejo estriba en que las decisiones trascendentales para el país, contarían con la opinión de los actores económicos y sociales, de asesores y expertos con autonomía, esa autonomía ha sido muy valiosa en los últimos años. Nuestro país cuenta con información precisa para tomar decisiones, para rectificar el camino o reforzar lo que corresponda.

Las recomendaciones del Consejo Económico y Social, sin duda pueden mejorar la implementación de políticas a mediano y largo plazo.

Como han señalado diversos líderes de opinión e investigadores, el problema económico y social que enfrenta el país, nos exige una evaluación desprovista de perjuicios, de los supuestos que han guiado la estrategia del Estado mexicano para combatirlo y de la política económica social en su conjunto.

Con este consejo, proponemos transitar hacia un diálogo incluyente, ampliando la participación de la sociedad al más alto nivel, con propuestas con crítica y reflexión profunda. Un diálogo social institucionalizado que no sea subordinado por ninguno de los poderes públicos.

Por ello es importante incluirlo a nivel constitucional.

Es cuanto, señor Presidente.
Iniciativa.

La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN NUEVO PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA CREAR EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 25 de la Constitución General de la República señala que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

Se trata de los objetivos más altos, que nuestra Nación está obligada a asumir, si pretende tener viabilidad.

Objetivos que a todas luces aparecen distantes, si no es que inalcanzables, a la luz de los datos duros que arrojan los indicadores económicos y sociales.

México debe fortalecer su régimen democrático.

La presente iniciativa, reconoce que la democracia representativa es notoriamente insuficiente.

Reconoce también que la discusión sobre los grandes temas del desarrollo nacional debe involucrar a diferentes actores, debe abrirse al debate público, donde cada sector defina claramente su postura.

A todos los sectores deber interesar el destino del país.

Sabemos que existe el cabildeo, la negociación y hasta presiones de distintos actores económicos.

Muchas veces imperan las visiones parciales y sesgadas de la realidad, o prevalecen los intereses de uno cuantos sobre el interés nacional.

Cada quien acude ante el Presidente, ante los Secretarios o los Legisladores a plantear sus preocupaciones o intereses.

Ello es común en un entorno democrático.

Pero la situación de México nos exige una visión integradora y estratégica, con soluciones de largo plazo, que provengan de acuerdos de fondo entre la mayor cantidad de actores económicos y sociales.
Es claro que para la ciudadanía, los acuerdos en la clase política, no siempre reflejan el interés de las mayorías.

Es preciso emprender un esfuerzo de diálogo político entre empresarios, sindicatos, universidades, expertos, entre campesinos, indígenas, y muchos actores más. Un esfuerzo que trascienda a lo institucional. Que aporte soluciones y acuerdos.

Hoy requerimos un esfuerzo profundo de concertación, con visión de Estado, para abrir paso al desarrollo y acabar el estancamiento y la precarización de la vida social y laboral. Para impedir que se siga expandiendo la pobreza.

México sigue estancado, se siguen ampliando las desigualdades y se están abriendo nuevas brechas como resultado de una modernidad que excluye a millones y destruye el tejido social.

El camino de la confrontación electoral permanente nos aleja de los acuerdos para el largo plazo, nos divide y nos confronta. También divide a la sociedad.

Es necesario conciliar posturas y generar mayores equilibrios, acabar con el divorcio entre lo social y lo económico. Ambas políticas deben ser parte de una misma estrategia, que ponga en el centro a la justicia.

Existen experiencias exitosas, de alianzas estratégicas de largo plazo basadas en objetivos comunes de la sociedad.

Por ello, proponemos crear el Consejo Económico y Social, como un órgano consultivo del Poder Ejecutivo, que tendría un peso enorme, al estar previsto en la Constitución, y conformado por todos los sectores y actores sociales que deben incidir en el rumbo económico y social del país.

Se trata de un instrumento que genere acuerdos y consensos de manera horizontal, con visión incluyente, democrática y plural, que genere respuestas y soluciones de fondo, con una interlocución permanente y constructiva hacia el ejecutivo.

El Consejo, sin duda alguna puede fortalecer la gobernabilidad.

Prácticamente todos los países de Europa cuentan con organismos de esta índole.

En Francia, existe el Consejo Económico y Social “Conseiléconomique et social”: es un organismo establecido en la Constitución de carácter consultivo en materias económicas, sociales y culturales. Puede emitir su opinión a pedido de los poderes públicos o por su propia iniciativa. Puede intervenir también durante los procesos legislativos, en los proyectos de ley presentados ante la Asamblea Nacional.

El Consejo Económico y Social de España es un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral. Se encuentra establecido en el artículo 131 de la Constitución y creado por la Ley 21/1991.

En Italia, el Consejo Nacional de la Economia y el Trabajo: ConsiglioNazionaledell 'Economia e del Lavoro - CNEL- está previsto en la Constitución de la República Italiana en el art. 99 que lo define como: "Órgano de consulta de la Cámara y del Gobierno para las materias y las funciones que le atribuye la ley. Tiene la iniciativa legislativa y de contribuir a la elaboración de la legislación económica y social dentro de los límites que establece la ley".
La ONU, cuenta con un Consejo Económico y Social que se ocupa de los problemas económicos, sociales y ambientales del mundo. El Consejo, uno de los órganos constituyentes de las Naciones Unidas que figuran en la Carta, fue establecido en 1946 y es el foro en que esas cuestiones se examinan y debaten y en el que se formulan recomendaciones de política.

La Comunidad Europea tiene su Comité Económico y Social, de carácter consultivo, y tiene como finalidad representar los intereses de los distintos grupos económicos y sociales de Europa.

En América Latina, un número importante de países, provincias y ciudades cuentan con Consejo de este tipo.

Existe incluso una Red de Consejos Económicos y Sociales de América Latina y el Caribe, que tiene entre sus objetivos estimular la creación de consejos o instituciones similares en la región; producir debates sobre las cuestiones nacionales e internacionales y sus impactos em los países de América Latina y del Caribe, promovendo la integración entre los representantes de la sociedad civil que conforman la Red.

En la gran mayoría de los casos, ha sido esencial el involucramiento de los sectores, pero también de la sociedad civil organizada.

La riqueza de las resoluciones del Consejo, estriba en que las decisiones trascendentes para el país, contarían con la opinión de los actores económicos y sociales, de asesores y expertos, con autonomía.

Esa autonomía ha sido muy valiosa en los últimos años. México cuenta con información precisa para tomar decisiones, para rectificar el camino o reforzar lo que corresponda.

Las recomendaciones del Consejo Económico y Social sin duda pueden mejorar la implementación de políticas a mediano y largo plazo.

Como han señalado diversos líderes de opinión e investigadores, el problema económico y social que enfrenta el país exige una evaluación desprovista de prejuicios, de los supuestos que han guiado la estrategia del Estado mexicano para combatirlo y de la política económico-social en su conjunto.

Proponemos con el Consejo dar paso a un diálogo incluyente, ampliar la participación de la sociedad, al más alto nivel. Con propuestas, con crítica, con reflexión profunda.

Un diálogo social institucionalizado, que no sea subordinado por ninguno de los poderes públicos. Por ello es importante incluirlo a nivel constitucional.

El Consejo Económico y Social tendría las siguientes características:

● Se trata de un órgano de análisis, diálogo y debate, pero ante todo, de concertación y construcción de acuerdos. También permitiría, como hemos señalado, transparentar las visiones y las diferentes posiciones.

● Es de carácter consultivo, y tiene por objeto emitir recomendaciones al Poder Ejecutivo Federal en relación con las estrategias, acuerdos, políticas públicas e iniciativas en materia de económica y social. Se trata de recomendaciones no vinculatorias, aunque con enorme peso político y social.

● Así, se respeta plenamente el principio de división de poderes y las facultades de los órganos del Estado mexicano.
● El Consejo se integrará por las y los agentes económicos y sociales representativos de la sociedad mexicana, en los términos que establezca la Ley. El Congreso de la Unión tendría a su cargo la labor de legislar la forma de involucrar a los sectores económico, laboral, académico, cultural, social, indígena, campesino.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se adiciona un nuevo párrafo segundo al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose los subsecuentes, para quedar de la forma siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 25…

El Consejo Económico y Social es un órgano de análisis, concertación, y construcción de acuerdos, de carácter consultivo y autónomo, que tiene por objeto emitir recomendaciones al Poder Ejecutivo Federal en relación con las estrategias, acuerdos, políticas públicas e iniciativas en materia de económica y social. El Consejo se integrará por las y los agentes económicos y sociales representativos de la sociedad mexicana, en los términos que establezca la Ley.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,
el 22 de septiembre de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la discusión de 9 dictámenes en sentido negativo, que proponen desechar proyectos recibidos de la Colegisladora.

Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, pasaremos a su discusión de manera conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a que se refieren los dictámenes en sentido negativo.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Doy lectura, señor Presidente.

Están a discusión los dictámenes en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, en relación con los siguientes proyectos de Decreto:
Para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Minuta que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 212, del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados y turnada como Minuta a la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de la Cámara de Diputados.

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

1. El 22 de febrero de 2011 el entonces Diputado Federal, Miguel Antonio Osuna Millán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

2. En la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la referida Iniciativa a la Comisión de Economía para su análisis y dictamen correspondiente.
3. El 26 de abril de 2011 en sesión de trabajo de la Comisión de Economía fue aprobado el dictamen con 19 votos a Favor, 0 en Contra y 0 Abstenciones de 30 miembros que la integraban.

4. El 28 de abril de 2011 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue aprobado el dictamen referido con 374 votos a Favor, 0 en Contra y 13 Abstenciones.

En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales, la Minuta referida.

5. El 29 de abril de 2011 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Minuta, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos para su para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la Minuta

La Minuta en análisis tiene por objeto:

Derogar diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles relativas al procedimiento de suscripción pública para la constitución de las Sociedades Anónimas, así como las referentes a los bonos de fundador, a las acciones de trabajo y a las acciones de goce, por tratarse de disposiciones que están en absoluto desuso y fuera de aplicación real.

Así, la colegisladora aprobó el siguiente:

“…Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles

Artículo Único. Se reforma el artículo 90; y se derogan los artículos 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 114 y 137 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para quedar como sigue:

Artículo 90. La sociedad anónima puede constituirse por la comparecencia ante Notario, de las personas que otorguen la escritura social.

Artículo 92. (Se deroga)

Artículo 93. (Se deroga)

Artículo 94. (Se deroga)

Artículo 95. (Se deroga)

Artículo 96. (Se deroga)

Artículo 97. (Se deroga)

Artículo 98. (Se deroga)

Artículo 99. (Se deroga)

Artículo 100. (Se deroga)

Artículo 101. (Se deroga)

Artículo 103. (Se deroga)
Artículo 104. (Se deroga)

Artículo 105. (Se deroga)

Artículo 106. (Se deroga)

Artículo 107. (Se deroga)

Artículo 108. (Se deroga)

Artículo 109. (Se deroga)

Artículo 110. (Se deroga)

Artículo 114. (Se deroga)

Artículo 137. (Se deroga)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación…”

IV. Consideraciones de las Comisiones

Primera.- Que la Ley General de Sociedades Mercantiles (En adelante, LGSM), tiene por objeto regular a las sociedades mercantiles. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º de la LGSM son consideradas como sociedades mercantiles:

1. Sociedad en nombre colectivo;

2. Sociedad en comandita simple;

3. Sociedad de responsabilidad limitada;

4. Sociedad anónima;

5. Sociedad en comandita por acciones, y

6. Sociedad cooperativa.

Segunda.- Que el artículo 90 de la LGSM, dispone la sociedad anónima puede constituirse por la comparecencia ante fedatario público, de las personas que otorguen la escritura o póliza correspondiente, o por suscripción pública, en cuyo caso se estará a lo establecido en el artículo 11 de la Ley del Mercado de Valores.

Tercera.- Que el pasado 13 de junio 2014, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, la denominada “Miscelánea Mercantil” que tiene por objeto la modificación de 6 ordenamientos jurídicos vigentes, entre ellos la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta reforma representa un avance sustancial en materia mercantil.

En materia de comercio, es una oportunidad para mejorar las funciones legales, administrativas, e institucionales y la modernización de normas jurídicas que regulan a la empresa, enfocadas a la micro, pequeñas y medianas empresas para hacer de su operación de manera más eficiente, eficaz y a un bajo costo.
Entre los cambios que se hicieron a la LGSM se encuentran:

a) En materia de Seguridad Jurídica:

-Incorpora la figura del “Corredor público” como fedatario público, para efectos de dar fe pública.

-Establece el término de “Confidencialidad” como una obligación para los administradores que manejen la información de la sociedad, cuando esta no sea de carácter pública, excepto en los casos en que la información sea solicitada por autoridades judiciales o administrativas.

b) En materia de Administración:

-Delimita los alcances de la función de “vigilancia” ejercida por la figura jurídica del Comisario, precisando que esta abarcará en la “gestión, conducción y ejecución de los negocios de la sociedad”.

-Propone la reducción de los porcentajes del capital social del 33% a 25% que representen los accionistas en los casos siguientes:

i) Para ejercer una acción civil en contra de los administradores.

ii) Para aplazar por tres días y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados.

iii) Para oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales.

De esta manera, se atiende al principio de flexibilización para que los grupos minoritarios de las sociedades tengan mayor participación en la toma de decisiones de la empresa.

V. Resolutivo

Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este dictamen, las que dictaminan estiman que las propuestas contenidas en esta Minuta con Proyecto de Decreto, se encuentran debidamente atendidas en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se desecha la Minuta que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles en los términos en que fue remitida a la Cámara de Senadores para su revisión, y turnada en sesión ordinaria a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el día 29 de abril de 2011.

Segundo.- Se devuelve el expediente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para efectos de lo dispuesto por el artículo 72 inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.

Tercero.-Archívese el expediente como formal y materialmente concluido.

Sala de comisiones del Senado de la República, el 28 de abril del 2015.

COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.





 

Para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

(Dictamen a discusión)







 

Para reformar el tercer párrafo del artículo 53 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Minuta que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 53 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 212, del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados y turnada como Minuta a la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de la Cámara de Diputados.

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

1. El 20 de septiembre de 2011 el entonces Diputado Federal Miguel Ángel García Granados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, presentó en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que se adicionan nuevas disposiciones a los artículos 40 y 53 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización.
2. En la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la referida Iniciativa a la Comisión de Economía para su análisis y dictamen correspondiente.

3. El 24 de noviembre de 2011 en sesión de trabajo de la Comisión de Economía fue aprobado el dictamen con 17 votos a Favor, 0 en Contra y 0 Abstenciones de 30 miembros que la integraban.

4. El 13 de diciembre de 2011 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue aprobado el dictamen referido con 256 votos a Favor, 0 en Contra y 1 Abstención.

En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales, la Minuta referida.

5. El 15 de diciembre de 2011 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Minuta, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos para su para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la Minuta

La Minuta en análisis tiene por objeto:

-Reformar el artículo 53 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización para:

Establecer que en el supuesto de que no exista norma oficial mexicana, las dependencias competentes podrán requerir que los productos o servicios a importarse ostenten las especificaciones internacionales con que cumplen, las del país de origen o a falta de éstas, las del fabricante o productor.

Así, la colegisladora aprobó el siguiente:

“…Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 53 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización”

Artículo Único. Se reforma el tercer párrafo del artículo 53 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para quedar como sigue:

Artículo 53. ...

...

Cuando no exista norma oficial mexicana, las dependencias competentes podrán requerir que los productos o servicios a importarse ostenten las especificaciones internacionales con que cumplen, las del país de origen o a falta de éstas, las del fabricante o productor.

Transitorio

Único . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación…”

IV. Consideraciones de las Comisiones

Primera.- Que la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización (En adelante, LFSMN), en materia de normalización, certificación, acreditamiento y verificación tiene por objeto:

a) Fomentar la transparencia y eficiencia en la elaboración y observancia de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas;

b) Instituir la Comisión Nacional de Normalización para que coadyuve en las actividades que sobre normalización corresponde realizar a las distintas dependencias de la administración pública federal;

c) Establecer un procedimiento uniforme para la elaboración de normas oficiales mexicanas por las dependencias de la administración pública federal;

d) Promover la concurrencia de los sectores público, privado, científico y de consumidores en la elaboración y observancia de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas;

e) Coordinar las actividades de normalización, certificación, verificación y laboratorios de prueba de las dependencias de administración pública federal;

f) Establecer el sistema nacional de acreditamiento de organismos de normalización y de certificación, unidades de verificación y de laboratorios de prueba y de calibración; y

g) En general, divulgar las acciones de normalización y demás actividades relacionadas con la materia.

Segunda.- Que la LFSMN hace referencia a tres tipos de normas a saber:

 

Tipo de Norma

 

Autoridad que la emite

 

Contenido normativo

 

 

 

 

Norma Oficial Mexicana

 

 

 

 

Dependencias Gubernamentales

 

Regulación técnica de observancia obligatoria, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación.

 

 

 

Norma Mexicana

 

 

 

Organismo Nacional de Normalización
o
Secretaría de Economía

 

Prevé para un uso común y repetido reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripcionesaplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado.

 

Norma o Lineamiento Internacional

 

Organismo internacional de normalización u otro organismo internacional relacionado con la materia, reconocido por el gobierno mexicano en los términos del derecho internacional.

 

Norma, lineamiento o documento normativo.

Para el caso que nos ocupa, que es la “Norma Oficial Mexicana” y la “Norma Mexicana”, la Ley referida, establece sus alcances y finalidades a saber:

Norma Oficial Mexicana

Norma Mexicana

 

El artículo 40 dispone que, las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer:

I. Las características y/o especificaciones que deban reunir los productos y procesos cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral, o para la preservación de recursos naturales;

II. Las características y/o especificaciones de los productos utilizados como materias primas o partes o materiales para la fabricación o ensamble de productos finales sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas, siempre que para cumplir las especificaciones de éstos sean indispensables las de dichas materias primas, partes o materiales;

III. Las características y/o especificaciones que deban reunir los servicios cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal o el medio ambiente general y laboral o cuando se trate de la prestación de servicios de forma generalizada para el consumidor;

IV. Las características y/o especificaciones relacionadas con los instrumentos para medir, los patrones de medida y sus métodos de medición, verificación, calibración y trazabilidad;

 

V. Las especificaciones y/o procedimientos de envase y embalaje de los productos que puedan -constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud de las mismas o el medio ambiente;

VII. Las condiciones de salud, seguridad e higiene que deberán observarse en los centros de trabajo y otros centros públicos de reunión;

VIII. La nomenclatura, expresiones, abreviaturas, símbolos, diagramas o dibujos que deberán emplearse en el lenguaje técnico industrial, comercial, de servicios o de comunicación;

IX. La descripción de emblemas, símbolos y contraseñas para fines de esta Ley;

X. Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos que permitan proteger y promover el mejoramiento del medio ambiente y los ecosistemas, así como la preservación de los recursos naturales;

XI. Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos que permitan proteger y promover la salud de las personas, animales o vegetales;

XII. La determinación de la información comercial, sanitaria, ecológica, de calidad, seguridad e higiene y requisitos que deben cumplir las etiquetas, envases, embalaje y la publicidad de los productos y servicios para dar información al consumidor o usuario;

XIII. Las características y/o especificaciones que deben reunir los equipos, materiales, dispositivos e instalaciones industriales, comerciales, de servicios y domésticas para fines sanitarios, acuícolas, agrícolas, pecuarios, ecológicos, de comunicaciones, de seguridad o de calidad y particularmente cuando sean peligrosos;

XV. Los apoyos a las denominaciones de origen para productos del país;

XVI. Las características y/o especificaciones que deban reunir los aparatos, redes y sistemas de comunicación, así como vehículos de transporte, equipos y servicios conexos para proteger las vías generales de comunicación y la seguridad de sus usuarios;

XVII. Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos para el manejo, transporte y confinamiento de materiales y residuos industriales peligrosos y de las sustancias radioactivas; y

XVIII. Otras en que se requiera normalizar productos, métodos, procesos, sistemas o prácticas industriales, comerciales o de servicios de conformidad con otras disposiciones legales.

Por su parte, el artículo 50 de la Ley en comento, dispone que, las dependencias podrán requerir de fabricantes, importadores, prestadores de servicios, consumidores o centros de investigación, los datos necesarios para la elaboración de anteproyectos de normas oficiales mexicanas. También podrán recabar, de éstos para los mismos fines,las muestras estrictamente necesarias, las que serán devueltas una vez efectuado su estudio, salvo quepara éste haya sido necesaria su destrucción.

 

El artículo 51-A, establece que las normas mexicanas son de aplicación voluntaria, salvo en los casos en que los particulares manifiesten que sus productos, procesos o servicios son conformes con las mismas y sin perjuicio de que las dependencias requieran en una norma oficial mexicana su observancia para fines determinados. Su campo de aplicación puede ser nacional, regional o local.

Para la elaboración de las normas mexicanas se observará lo siguiente:

I. Deberán incluirse en el Programa Nacional de Normalización;

II. Tomar como base las normas internacionales, salvo que las mismas sean ineficaces o inadecuadas para alcanzar los objetivos deseados y ello esté debidamente justificado; y

III. Estar basadas en el consenso de los sectores interesados que participen en el comité y someterse a consulta pública por un periodo de cuando menos 60 días naturales antes de su expedición, mediante aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación que contenga un extracto de la misma.
Para que las normas elaboradas por los organismos nacionales de normalización, y excepcionalmente las elaboradas por otros organismos, cámaras, colegios de profesionistas, asociaciones, empresas, dependencias o entidades de la administración pública federal, se puedan expedir como normas mexicanas, deben cumplir con los requisitos establecidos en esta Sección, en cuyo caso el secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización publicará en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de vigencia de las mismas, con carácter informativo.

La revisión, actualización o cancelación de las normas mexicanas deberá cumplir con el mismo procedimiento que para su elaboración, pero en todo caso deberán ser revisadas o actualizadas dentro de los 5 años siguientes a la publicación de la declaratoria de vigencia, debiendo notificarse al secretariado técnico los resultados de la revisión o actualización. De no hacerse la notificación, el secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización ordenará su cancelación.

 

Tercera.- Que en cuanto a la Norma Oficial Mexicana, el artículo 53 de la LFSMN dispone que cuando un producto o servicio deba cumplir una determinada norma oficial mexicana, sus similares a importarse también deberán cumplir las especificaciones establecidas en dicha norma.

Por su parte, el artículo54 de la Ley en comento, dispone que las Normas Mexicanas, constituirán referencia para determinar la calidad de los productos y servicios de que se trate, particularmente para la protección y orientación de los consumidores. Dichas normas en ningún caso podrán contener especificaciones inferiores a las establecidas en las normas oficiales mexicanas.

Que en la práctica, diferentes sectores y organizaciones de productores han expresado, que la falta de regulación o la flexibilidad en la Ley, ha ocasionado la afectación del mercado nacional en diversos sectores, no obstante, al introducir la colegisladora la frase de “productor” no precisó su alcance, ni los efectos jurídicos que esta reforma tendría. Únicamente consideró que esta reforma contribuiría a dar mayor claridad al multicitado texto, toda vez que existe diferencia en terminológica en algunos productos en cuanto a si son “producidos” o “fabricados”.

V. Resolutivo

Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este dictamen, las que dictaminan estiman que las propuestas contenidas en esta Minuta con Proyecto de Decreto, se encuentran debidamente atendidas y reguladas en la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, por lo que es innecesaria su modificación.

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se desecha la Minuta que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 53 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización en los términos en que fue remitida a la Cámara de Senadores para su revisión, y turnada en sesión ordinaria a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el día 15 de diciembre de 2011.

Segundo.- Se devuelve el expediente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para efectos de lo dispuesto por el artículo 72 inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.

Tercero.-Archívese el expediente como formal y materialmente concluido.

Sala de comisiones del Senado de la República, el 28 de abril del 2015.

COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.





 

Para adicionar los artículos 4 y 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 4 Y 12 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

(Dictamen a discusión)







 

Para reformar el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)







 

Tenemos el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se desecha el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 139 del Código Penal Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 139 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Dictamen a discusión)







 

Dos de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se desecha el proyecto de Decreto que adiciona un cuarto párrafo al artículo 705 del Código Civil Federal.

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 705 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Dictamen a discusión)







 

Y el proyecto de Decreto que reforma el inciso 19) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL INCISO 19) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Dictamen a discusión)







 

Tenemos el dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de Decreto que reforma el artículo 456 de la Ley General de Salud.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 456 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes que desechan proyectos de Decreto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión los dictámenes con los cuales ha dado cuenta la Secretaría. No habiendo oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los 9 dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto.



La Secretaria Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 92 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, quedan aprobados los dictámenes que desechan los siguientes proyectos de Decreto:

Para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Para reformar el tercer párrafo del artículo 53 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Para adicionar los artículos 4º y 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Para reformar el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Para reformar el artículo 339 del Código Penal Federal.

Para adicionar un cuarto párrafo al artículo 705 del Código Civil Federal.

Para reformar el inciso 19) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. Y

Para reformar el artículo 456 de la Ley Federal de Salud. Se devuelven a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 constitucional.

Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna Luna. ¿El sentido de su voto?

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) A favor.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Tome nota la Secretaría, por favor.

Tenemos la discusión de dictámenes, en sentido negativo, que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado.

Estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, en consecuencia, pasaremos a su discusión de manera conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes en sentido negativo.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Por supuesto, señor Presidente, doy lectura.

Están a discusión los siguientes dictámenes:





 

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, en relación con tres proyectos de Decreto para reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

PROYECTOS DE DECRETO QUE REFORMAN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de las siguientes:

Iniciativas

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 51, párrafo tercero, recorriéndose los demás de manera subsecuente y 62, párrafos tercero, incisos a), b) y c) y, cuarto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscrita por el Senador Oscar Román Rosas González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

2. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos tercero al artículo 14 y séptimo al artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscrita por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

3. Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscrita por el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas, realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de las tres iniciativas descritas, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de las tres iniciativas conforme al procedimiento que a continuación se describe:
En el capítulo denominado "Antecedentes”, se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fueron presentadas las tres iniciativas ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

En el capítulo denominado “Contenido de las Iniciativas”, se hace una descripción de las tres iniciativas presentadas por los Senadores promoventes.

En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración de las tres iniciativas en base al contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

1. El 17 de octubre de 2013, fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 51, párrafo tercero, recorriéndose los demás de manera subsecuente y 62, párrafos tercero, incisos a), b) y c) y, cuarto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscrita por el Senador Oscar Román Rosas González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para su análisis y dictamen correspondiente.

2. El 20 de marzo de 2014, fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos tercero al artículo 14 y séptimo al artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscrita por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. El 03 de febrero de 2015, fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscrita por el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenidos de las Iniciativas

1. La iniciativa presentada por el Senador Oscar Román Rosas González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tiene por objeto:

-Adicionar diversas disposiciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para:

a) Facultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para conocer, resolver y fincar responsabilidades resarcitorias a los servidores públicos por incumplimiento de pago a proveedores.

b) Establecer sanciones a los servidores públicos de las dependencias o entidades, en caso de retraso de pagos a proveedores.
-Se propone que la Secretaría de la Función Pública, sea la autoridad competente para conocer y resolver, en caso de incumplimiento del pago a proveedores aplicando las siguientes sanciones:

i) Exigir por escrito a la dependencia o entidad el pago correspondiente;

ii) Aplicación de multa a la dependencia deudora por el equivalente a la cantidad de cien mil salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal; y

iii) Verificar que la liquidación de la deuda incluya los gastos financieros por incumplimiento de pagos.

Así, propone el siguiente:

“…Artículo Único. Se adicionan los artículos, 51, párrafo tercero, recorriéndose los demás de manera subsecuente y el artículo 62, párrafos tercero, y cuarto, recorriéndose los demás de manera subsecuente, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 51

Cuando persista el incumplimiento de pago a proveedores, después de treinta días hábiles que éstos hayan solicitado el pago de gastos financieros conforme al párrafo anterior, la Secretaría conocerá, resolverá y fincara responsabilidades resarcitorias a cargo de los servidores públicos por daños o perjuicios al patrimonio de las dependencias o entidades, provocados por conductas y omisiones que incumplan las disposiciones contenidas en la presente norma.

Artículo 62. La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan a quienes infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Tratándose de incumplimiento de pagos a proveedores, con base en lo estipulado por el artículo 51, párrafos primero y segundo, de la presente Ley, la Secretaría de la Función Pública, conocerá del caso y resolverá dentro de 15 días naturales, a partir de la fecha en que efectivamente tenga conocimiento, aplicando las siguientes medidas:

a) Exigirá por escrito a la dependencia o entidad el pago correspondiente;

b) Multará a la dependencia o entidad deudora por el equivalente a la cantidad de cien mil salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal; y
c) Verificará que la liquidación de la deuda, incluya los gastos financieros por incumplimiento de pago de conformidad con lo establecido en la presente norma.

Lo previsto en el párrafo anterior e incisos, será aplicable a los procedimientos de contratación realizados por entidades federativas y municipios en los términos de del artículo1, fracción VI de la presente Ley, previo convenio de coordinación con la Secretaría de la Función Pública, a fin de que éstas conozcan y resuelvan los casos de retraso injustificado en los pagos.

TRANSITORIOS

ÚNICO.-El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación…”

2. La iniciativa presentada por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene por objeto:

-Adicionar diversas disposiciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para:

a) Establecer que en la contratación con la modalidad de carácter internacional abierto, se dará prioridad en los procedimientos de contratación a las micros, pequeñas o medianas empresas respetando la vertiente de regionalización que establece el artículo 25 de la Constitución, y

b) Establecer que en el caso de los procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, que realicen las dependencias y entidades, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, se dará prioridad a las micro, pequeñas y medianas empresas respetando la vertiente de regionalización que establece el artículo 25 de la Constitución.

Así, propone el siguiente:

“…Artículo Único.- Se adicionan los párrafo 3 al artículo 14 y séptimo al artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, para quedar como sigue:

Artículo 14.

Dar prioridad en los procedimientos de contratación a las micros, pequeñas o medianas empresas respetando la vertiente de regionalización que establece el artículo 25 de la Constitución.

Artículo 42.-


En los procedimientos de contratación a los que se refiere este artículo se dará prioridad a las micro, pequeñas y medianas empresas respetando la vertiente de regionalización que establece el artículo 25 de la Constitución.

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación…”

3. La iniciativa presentada por el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene por objeto:

-Reformar el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para:

1) Limitar la figura jurídica de la “Adjudicación directa” hasta por el 15 por ciento del total de las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra.

2) Reducir el porcentaje al 20% (actualmente es de 30%), del monto del presupuesto total de operaciones que se realicen para adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la dependencia o entidad.

Así, propone el siguiente:

“…ÚNICO. Se adiciona un segundo párrafo y se reforma el cuarto párrafo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 42. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda los montos máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo.

No podrán otorgarse por adjudicación directa más del 15 por ciento del total de adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra, que las dependencias y entidades tengan contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente.


La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del veinte por ciento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la dependencia o entidad en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto…”

IV. Consideraciones de las Comisiones

Primera.- Que el párrafo tercero, del artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de las licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Segunda.- Que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (En adelante LAASSP), tiene por objeto regular la materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen las dependencias y entidades gubernamentales.

Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la LAASSP, las dependencias y entidades podrán celebrar contratos abiertos para adquirir bienes, arrendamientos o servicios que requieran de manera reiterada.

Tercera.- Uno de los elementos generales contenidos en la celebración de todo contrato, es el establecimiento de los “plazos” para el cumplimiento de las obligaciones entre las partes, así el artículo 51 de la LAASSP, dispone que, la fecha de pago al proveedor estipulada en los contratos quedará sujeta a las condiciones que establezcan las mismas; sin embargo, no podrá exceder de veinte días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato.

En caso de incumplimiento en los pagos, la dependencia o entidad, a solicitud del proveedor, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor.
Cuarta.- Que en materia de infracciones y sanciones la LAASSP describe los supuestos normativos sancionables, para el caso del incumplimiento de de alguna de las partes, ya sea proveedores y funcionarios públicos que no observen las cláusulas de los contratos en las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza.

De manera particular, el artículo 59 de la LAASSP dispone que los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de la Ley en comento, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.

En el caso de los servidores públicos, les será aplicable la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Quinta.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la LAASSP, en los procedimientos de contratación de carácter internacional abierto, las dependencias y entidades optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del país y por la adquisición y arrendamiento de bienes producidos en el país y que cuenten con el porcentaje de contenido nacional, los cuales deberán contar, en la comparación económica de las proposiciones, con un margen hasta del quince por ciento de preferencia en el precio respecto de los bienes de importación, conforme a las reglas que establezca la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública.

Sexta.- Que el artículo 42 de la LAASSP, dispone que las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda los montos máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo.

Séptima.- Que el de abril de 2015, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, un nuevo marco jurídico en materia de productividad y competitividad, así la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad” tiene entre otros objetivos:

a) La integración de cadenas productivas de MIPYMES con grandes empresas, tanto nacionales como extranjeras, instaladas en territorio nacional, mediante el establecimiento formal y operativo de núcleos productivos, así como conglomerados empresariales.

b) El impulso para que las empresas productivas estatales y las entidades de la Administración Pública Federal incrementen su proveeduría con empresas nacionales, especialmente MIPYMES.

c) La creación de un Programa Especial para la Productividad y la Competitividad que tiene por objeto:

i) El impulso de políticas de carácter: transversal, sectorial, regional.

ii) El establecimiento de instrumentos específicos de ejecución, tales como inversión en infraestructura física, creación de competencias humanas, investigación y desarrollo, innovación e infraestructura digital; compras y obras públicas; desarrollo de proveedores, entre otros, y
iii) El establecimiento de indicadores de desempeño, con sus respectivas metas a logar en el programa.

d) La creación del Comité Nacional de Productividad. Que entre sus funciones impulsará el desarrollo de los núcleos productivos de MIPYMES.

Por otro lado, la reforma publicada por el Ejecutivo Federal, contempla la adición de un artículo 21 Bis a la Ley de Planeación, para fortalecer a las MIPYMES, promoviendo que las grandes empresas productivas estatales y las entidades de la Administración Pública Federal incrementen su proveeduría con empresas nacionales.

Octava.- Que el artículo 21 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, establece que en el ejercicio de sus funciones el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios determinará los rangos de los montos máximos de contratación en que se ubica la dependencia o entidad de conformidad con el artículo 42 de la LAARSP, a partir del presupuesto autorizado a la dependencia o entidad para las adquisiciones, arrendamientos y servicios.

Asimismo, el artículo 73 de dicho Reglamento señala que cuando en las dependencias y entidades existan áreas que por sí mismas realicen contrataciones, los montos máximos a que hace referencia el artículo 42 de la ley en comento, se determinarán en función del recurso total autorizado que la dependencia o entidad de que se trate asigne a cada área para la adquisición y arrendamiento de bienes y la contratación de servicios.

Del mismo modo, el artículo 76 del Reglamento menciona que las dependencias y entidades para fomentar el desarrollo y la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), deberán adjudicarles contratos relacionados con las operaciones comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere el artículo 42 de la LAASSP, cuando menos el 50% del valor de las adquisiciones en cada ejercicio fiscal, por lo que la disminución en el porcentaje de 30 a 20 del total de las operaciones que se realicen, reduce también el apoyo a las MIPYMES.

Novena.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 184, numeral 2, del Reglamento del Senado de la República, que a la letra dice:

“…De igual modo, las comisiones pueden recibir de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal o de cualquier ente público, de los distintos órdenes de gobierno, los elementos de información que estimen convenientes para el desahogo de sus trabajos…”

En este tenor, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, solicitó la opinión de la Secretaría de Economía (En adelante, SE) por tratarse de un tema del ámbito de su competencia con la finalidad de perfeccionar el trabajo legislativo.

La SE dio contestación a la petición, enviando a la Comisión Dictaminadora, la opinión con respecto de las tres iniciativas en comento, bajo los siguientes argumentos:

1. Iniciativa presentada por el Senador Oscar Román Rosas González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

“…La Secretaría considera que la iniciativa es contraria a la legislación vigente, toda vez que, conforme a lo señalado en el artículo 62 de la LAASSP, se estima que la propuesta de modificación al artículo 51 de la LAASSP resulta contradictoria a los mecanismos para resarcir los daños ocasionados a los particulares la cual encuentra sus bases en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reglamentaria del Capítulo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que se estaría sancionando doblemente a un servidor público por un mismo hecho.

Asimismo, la propia LAASSP en su artículo 51 párrafo segundo establece una pena, en caso de incumplimiento de los pagos por parte de la dependencia, consistente en retribuirle a solicitud del proveedor, los gastos financieros y para ello establece los parámetros de cálculo de dichos gastos que comprenden desde la fecha de incumplimiento hasta que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor, por lo que el contratista se encuentra debidamente protegido.

En lo que respecta a la propuesta de adición al artículo 62 de la multicitada LAASSP, ésta no establece los requisitos que deberán cubrir la solicitud de pago, así como los tiempos con que se cuenta para realizar dicha reclamación, lo que provocaría una laguna en la ley.

Del mismo modo, la Iniciativa está dando por cierta la reclamación del proveedor, sin dar oportunidad al servidor público de manifestar y/o acreditar el motivo o las causas del retraso en el pago, lo que se traduce en la restricción de su derecho de audiencia y defensa…”

2. Iniciativa presentada por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

“…La SE emite opinión en contra de la Iniciativa en primer término, se considera que las aportaciones que plantea la Iniciativa no implican una reforma sustancial, toda vez que el término “prioridad” que se sugiere en el texto de la misma no define con precisión de qué manera los sujetos obligados deberán de actuar frente a dicha disposición y tampoco define el alcance y mecanismos para su implementación.

El Ejecutivo Federal estableció en el Plan Nacional de Desarrollo una política de fomento económico con el fin de crear un mayor número de empleos, desarrollar los sectores estratégicos del país y generar más competencia y dinamismo en la economía. Para ello, se fortalecerá el mercado interno, se impulsará a los emprendedores y se fortalecerán las MIPYMES. Estas acciones forman parte de un plan de acción para eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del país.

Asimismo, se estableció la estrategia 4.8.4 “Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas”, donde una de sus líneas de acción es: apoyar la inserción exitosa de las MIPYMES a las cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor dinamismo, con más potencial de crecimiento y generación de empleo.

Además el Gobierno Federal ha implementado otro tipo de prácticas para el fomento de este sector como son:

● Crear con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la cual tiene por objeto emitir recomendaciones y proponer medidas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que permitan una mayor participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procesos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como en la contratación de servicios, de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del sector público.
● Realizar la Expo Compras de Gobierno que es el evento empresarial que organiza la Secretaría de Economía, que reúne a las áreas de compras de las dependencias y entidades de Gobierno, para que las pequeñas y medianas empresas del país conozcan qué va a comprar en el año en curso, a fin de que identifiquen nuevas oportunidades de negocio.

Como resultado de estas medidas en 2013 se destinaron $ 102, 522 millones de pesos en compras de 52,327 MIPYMES de todo el país.

Por otro lado, no debe perderse de vista que la LAASSP regula el mandato constitucional establecido en el artículo 134, cuyo objetivo específico es enfatizar la importancia del concurso público por encima de criterios discrecionales en las contrataciones del gobierno federal, y la misma no tiene facultades para establecer una “política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales…”, considerado en el artículo 25 de la CPEUM.

De lo antes expuesto, debemos considerar que el artículo 134 de la CPEUM prevé que “las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obras que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.

En este caso, si le damos prioridad en todos los casos previstos en la LAASSP a las MIPYMES de la región de que se trate, y al no ser clara la Iniciativa en las condiciones en que debe darse, se podría ir en contra de los requisitos que establece el multicitado artículo 134 de la CPEUM al no garantizar las “mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes...”

3. La iniciativa presentada por el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

“…“…La SE emite opinión en contra de la Iniciativa en primer término, de la lectura de la exposición de motivos de la Iniciativa no se observa un análisis de costo-beneficio para las dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, donde se justifique que al reducir el monto de las adjudicaciones directas e incrementar las licitaciones públicas, el Estado obtenga mejores condiciones en cuanto a calidad y precio.

Del segundo párrafo que se desea incluir en la Iniciativa, se observa que omite señalar cuál es el monto sobre el cual se debe aplicar el porcentaje del 15% al que hace referencia, lo que se traduce en un conflicto sobre la aplicación de la ley.

Además de que el total de operaciones a que se refiere dicho artículo incluye tanto a las adjudicaciones directas como a la invitación a cuando menos tres personas, por lo que al disminuir el porcentaje de 30 a 20 del total de las operaciones dejaría un margen reducido del 5% para el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, ya que el límite para las adjudicaciones directas será de 15% del total.

Aunado a lo anterior, no se considera conveniente incluir disposiciones relativas a “contrataciones de obra” y “enajenación de bienes”, toda vez que las mismas son reguladas por sus respectivas leyes y normatividad aplicables.

Por otra parte se hace notar que los límites para este tipo de adjudicaciones directas, son señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en su anexo 9, los cuales se determinan atendiendo al presupuesto autorizado para cada dependencia…”
V. Resolutivo

Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este dictamen, las Comisiones dictaminadoras coinciden con los planteamientos propuestos por los Senadores promoventes, no obstante, estas dictaminadoras consideran que estas inquietudes, se encuentran atendidas por los siguientes marcos jurídicos:

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

b) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;

c) Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

d) Aprobación de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, y

e) Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se desechan los siguientes asuntos:

1. Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 51, párrafo tercero, recorriéndose los demás de manera subsecuente y 62, párrafos tercero, incisos a), b) y c) y, cuarto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el día 17 de octubre de 2013.

2. Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos tercero al artículo 14 y séptimo al artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el día 20 de marzo de 2014.

3. Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el día 03 febrero de 2015.

Segundo.- Archívese las tres iniciativas en el presente dictamen, como formal y materialmente concluidas.

Sala de comisiones del Senado de la República, el 28 de abril del 2015.

COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.





 

Y tres, de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Primera, con puntos de Acuerdo por el que expresan su conformidad con los desechamientos de la Cámara de Diputados de los siguientes proyecto de Decreto:

Por el que se reforman los artículos 25, 26, 27, 28 y 31 de la Ley Agraria.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 25, 26, 27, 28 Y 31 DE LA LEY AGRARIA

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera, de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores, les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la Minuta que desecha Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 25, 26, 27, 28 y 31 de la Ley Agraria.

Los Integrantes de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 150, 182, 219 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente Dictamen conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la Minuta referida;

II. En el capítulo correspondiente al “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la Minuta de mérito;

III. En el capítulo de “Consideraciones” las Comisiones dictaminadoras expresan los argumentos de valoración de la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1.- En Sesión Ordinaria de la H. Cámara de Senadores, celebrada el 25 de noviembre de 2010, los Senadores Eduardo Nava Bolaños, Francisco Herrera León, Arturo Herviz Reyes, Alfredo Rodríguez y Pacheco y Julio César Aguirre Méndez, todos integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la LXI Legislatura del Senado de la República, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 25, 26, 27, 28 y 31 de la Ley Agraria.

2.- En esa misma Sesión, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, dispuso que la Iniciativa se turnara a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En Sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, celebrada el día 15 de febrero de 2011, fue aprobado el Dictamen referido en el párrafo anterior y remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos correspondientes.

4.- La H. Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, en Sesión ordinaria celebrada el 17 de febrero de 2011, recibió y turno la Minuta de referencia a la Comisión de Reforma Agraria para su estudio y dictamen correspondiente.
5.- En fecha 26 de abril de 2011, en Sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, se aprobó Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, por el que se resuelve devolver a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 25, 26, 27, 28 y 31 de la Ley Agraria.

6.- En Sesión ordinaria de fecha 28 de abril de 2011, la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, recibió el expediente referido en el párrafo anterior y la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso el turno a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO

La Minuta objeto del presente dictamen, desecha la propuesta de reforma a los artículos 25, 26, 27, 28 y 31 de la Ley Agraria. Esta Iniciativa se originó a raíz de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Ley Agraria, recibida por el Senado de la República el 30 de septiembre de 2010, y que modificaba la propuesta del Senado en el sentido de incluir la prohibición del ejidatario para designar mandatario en las asambleas que tuvieran como objeto, tratar los asuntos señalados en la fracción III del artículo 23 de la misma Ley.

En este sentido, los Senadores integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la LXI Legislatura del Senado, buscaban con su propuesta de reforma que en tratándose de informes del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia, así como la elección y remoción de sus integrantes, fuera tratado en Asamblea de Formalidades Especiales. Lo anterior para no romper con la lógica de la propia Ley Agraria, al no disponer que los asuntos que refiere la fracción III de artículo 23, sean tratados en asambleas de formalidades especiales.

Los argumentos de valoración sobre los que la Colegisladora fundó y motivó el dictamen por el que desechó la reforma antes referida, se mencionan a continuación:

Dentro del cuerpo de las consideraciones, señala la Colegisladora en la marcada como “Segundo” que se considera plausible la pretensión de salvaguardar la lógica de la Ley Agraria expresada en este caso en la diferenciación de las asambleas de formalidades simples y asambleas de formalidades especiales, las primeras agrupan consecutivamente las fracciones que van de la I a la IV más la fracción XV, y las segundas, agrupan consecutivamente a las fracciones que van de la VII a la XIV, todas ellas del artículo 23 de la Ley Agraria.

Manifiesta la Comisión dictaminadora en su considerando “Tercero” que no es la prohibición de designar mandatario la que convierte a las asambleas en asambleas de formalidades especiales, o su permisión en asambleas de formalidades simples. Las asambleas son especiales o simples en atención o atendiendo la naturaleza o carácter de los asuntos mismos.

En el considerando “Quinto” señala que la prohibición de designar mandatario tiene el propósito de evitar, como debiera ser siempre, que personas ajenas a los titulares tomen decisiones sobre asuntos de cierta naturaleza.

Dentro del considerando “Sexto”, señala la Colegisladora que la prohibición a designar mandatario no es una formalidad en sentido estricto, es una disposición que sólo trata de asegurar la presencia de los titulares de derechos agrarios como es de suponerse que debiera ocurrir en toda clase de asambleas.

La Colegisladora señala en su considerando “Octavo”, que la permisión es sólo para darle viabilidad de asistencia a los titulares de derechos que por razones de causa mayor, por imposibilidad material, no puedan asistir.
Finalmente en el considerando “Décimo”, indica la Colegisladora que la reforma al artículo 30 de la Ley Agraria no lesiona la lógica de la Ley Agraria, solamente está orientada a asegurar explícitamente que las formalidades especiales se cumplan, que tengan éxito en su cumplimiento; pero que igualmente son y pueden ser extensivas a las asambleas de formalidades simples cuando la permisión para designar mandatario ponga en peligro la regla básica subyacente en todas estas disposiciones, que los titulares de derechos agrarios no abandonen su responsabilidad, su obligación que también es su derecho, de asistir a las asambleas, sean simples o de formalidades especiales.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27 fracción VII, reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. Del mismo modo, dispone que la ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.

Asimismo, la fracción VII del artículo 27 Constitucional, dispone que la ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.

De igual forma, esta disposición constitucional regula que la ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela.

SEGUNDA.- No pasa desapercibido para estas Comisiones que dictaminan, que refiriéndose a las fracciones del artículo 23, los artículos 25, 26, 27, 28 y 31 de la Ley Agraria, establecen los requisitos que se deben cubrir para la celebración de Asambleas. Dicha ley distingue dos tipos de asambleas con requisitos específicos cada una, a saber:

a) De formalidades simples:

I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido;

II. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones;

III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros;

IV. Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos;

V. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común;

VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido; y

XV. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido.

b) De formalidades especiales:

VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización;

VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios;
IX. Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de esta ley;

X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de explotación;

XI. División del ejido o su fusión con otros ejidos;

XII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia;

XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal; y

XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva;

TERCERA.- Las Comisiones dictaminadoras, estiman pertinentes los argumentos utilizados por la Colegisladora para desechar la propuesta de reforma a los artículos 25, 26, 27, 28 y 31 de la Ley Agraria, en virtud de que no es la prohibición de designar mandatario la que convierte a las asambleas en asambleas de formalidades especiales, o su permisión en asambleas de formalidades simples. Las asambleas son especiales o simples en atención o atendiendo la naturaleza o carácter de los asuntos mismos.

Del mismo modo, los integrantes de las Comisiones Unidas, coincidimos con la Colegisladora, en el sentido de que la prohibición a designar mandatario no es una formalidad en sentido estricto, es una disposición que sólo trata de asegurar la presencia de los titulares de derechos agrarios como es de suponerse que debiera ocurrir en toda clase de asambleas.

CUARTA.- Que la reforma el artículo 30 de la Ley Agraria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2012, consistió en incluir la prohibición al ejidatario para designar mandatario en las asambleas que tuvieran como objeto, tratar los informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros, previstos en la fracción III del artículo 23 de la misma Ley; lo anterior no lesiona la lógica de la Ley Agraria.

En virtud de lo anterior, quienes integramos estas Comisiones Unidas, coincidimos con los argumentos de la Colegisladora, en el sentido de que la disposición referida en el párrafo anterior solamente está orientada a asegurar explícitamente que las formalidades especiales se cumplan, que tengan éxito en su cumplimiento; pero que igualmente son y pueden ser extensivas a las asambleas de formalidades simples cuando la permisión para designar mandatario ponga en peligro la regla básica subyacente en todas estas disposiciones, que los titulares de derechos agrarios no abandonen su responsabilidad, su obligación que también es su derecho, de asistir a las asambleas, sean simples o de formalidades especiales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 150, 182, 219 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se aprueba la Minuta que desecha Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 25, 26, 27, 28 y 31 de la Ley Agraria, remitido por la H. Cámara de Diputados para efectos de lo dispuesto por el artículo 72 apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Senado de la República, el 22 de septiembre del 2015.

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.







 

Por el que se reforma el artículo 181 de la Ley Agraria.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 181 DE LA LEY AGRARIA

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera, de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores, les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la Minuta que desecha Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 181 de la Ley Agraria.

Los Integrantes de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 150, 182, 219 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente Dictamen conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la Minuta referida;

II. En el capítulo correspondiente al “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la Minuta de mérito;

III. En el capítulo de “Consideraciones” las Comisiones dictaminadoras expresan los argumentos de valoración de la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1.- En Sesión Ordinaria de la H. Cámara de Senadores, celebrada el 14 de diciembre de 2010, los Senadores Eduardo Nava Bolaños, Francisco Herrera León, Arturo Herviz Reyes, Alfredo Rodríguez y Pacheco y Julio César Aguirre Méndez, todos integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la LXI Legislatura del Senado de la República, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 181 de la Ley Agraria.

2.- En esa misma Sesión, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, dispuso que la Iniciativa se turnara a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En Sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, celebrada el día 08 de diciembre de 2011, fue aprobado el Dictamen referido en el párrafo anterior y remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos correspondientes.

4.- La H. Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, en Sesión ordinaria celebrada el 1º de febrero de 2012, recibió y turno la Minuta de referencia a la Comisión de Reforma Agraria para su estudio y dictamen correspondiente.
5.- En fecha 10 de abril de 2012, en Sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, se aprobó Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, por el que se resuelve devolver a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 181 de la Ley Agraria.

6.- En Sesión ordinaria de fecha 17 de abril de 2012, la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, recibió el expediente referido en el párrafo anterior y la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso el turno a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO

La Minuta objeto del presente dictamen, desecha la propuesta de reforma al artículo 181 de la Ley Agraria. Esta Iniciativa de reforma buscaba dar facultades a los Tribunales Agrarios para desechar las demandas notoriamente improcedentes, con la condicionante necesaria de que los juzgadores agrarios fundamentaran y motivaran dicha resolución, con el objeto de garantizar con ello el principio de legalidad, pretendiendo contribuir con ello que la justicia en los tribunales agrarios sea pronta y expedita, al hacer valer los principios de concentración y celeridad que deben observarse en cualquier juicio agrario. Los argumentos de valoración sobre los que la Colegisladora fundó y motivó el dictamen por el que desechó la reforma antes referida, se mencionan a continuación:

Dentro del cuerpo de las consideraciones, señala la Colegisladora en la marcada como “Primera” que el principio fundamental del derecho agrario en México es el de tutela judicial plena y efectiva a ejidos y comunidades agrarias y a ejidatarios y comuneros.

Manifiesta la Comisión dictaminadora en su consideración “Segunda” que los tribunales suplirán las deficiencias de las partes en sus planteamientos de derecho cuando se trate de núcleos de población ejidales o comunales, así como ejidatarios y comuneros (art. 164). El tribunal al recibir la demanda o en cualquier estado del procedimiento agrario, se percate de que el litigio o asunto no litigioso no es de su competencia, suspenderá de plano el procedimiento y remitirá lo actuado al tribunal competente (art. 168). Presentada la demanda o realizada la comparecencia, el tribunal del conocimiento la examinará y, si hubiera irregularidades en la misma o se hubiera omitido en ella alguno de los requisitos previstos legalmente, prevendrá al promovente para que los subsane dentro del término de ocho días (art. 181). En los juicios agrarios, la inactividad procesal o la falta de promoción del actor durante el plazo de cuatro meses producirá la caducidad (art. 190).

En la consideración “Séptima” señala que la reforma que se propone lesiona el principio de tutela judicial plena y efectiva a los ejidatarios y comuneros del derecho agrario. Si al recibir la demanda, los tribunales agrarios se percatan que es de su competencia y no proceden las previsiones del artículo 168 de la Ley Agraria, entonces correrá el término de ocho días para subsanar las irregularidades observadas, si esto no ocurre, se presentará la hipótesis de inactividad procesal y en este supuesto, habrá que esperar el término de cuatro meses para declarar la caducidad.

La Colegisladora señala en su consideración “Octava” que admitida la competencia, entonces los tribunales tienen que entrar al fondo del asunto. Ese es el derecho de los ejidatarios y los comuneros. Y este derecho es congruente con el término para declarar la caducidad por inactividad procesal por las distancias que los justiciables tienen que recorrer para acceder al más próximo Tribunal Unitario Agrario. Ocho días pueden ser insuficientes para desahogar las prevenciones por irregularidades si es que estas escapan al mandato de suplencia de la queja a cargo de los tribunales.

Finalmente en la consideración “Novena”, indica la Colegisladora que la reforma introduce contradicciones normativas insuperables que generan complicaciones en el procedimiento. En la formulación propuesta en la Iniciativa de reforma que dice “Si transcurrido este plazo nada manifestara el promovente…” supone, así formulada, inactividad procesal, y si es así, el justiciable tiene cuatro meses plazo, a cuyo término, de mantenerse el supuesto, da lugar a la caducidad de la acción previsto en el artículo 190 de la Ley. La formulación “… o la prevención no fuera desahogada en los términos requeridos…” está en franca contradicción con la suplencia de la queja a cargo de los tribunales, según el último párrafo del artículo 164 de la Ley Agraria que a la letra dice: “Los tribunales suplirán la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho cuando se trate de núcleos de población ejidales o comunales, así como ejidatarios y comuneros”.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Que la Carta Magna establece en su artículo 17, que todo individuo tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Del mismo modo, la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos.

Quienes integramos estas Comisiones Unidas reconocemos que los Tribunales Agrarios, en conjunto con la Procuraduría Agraria, han contribuido al desarrollo rural y a la paz social de México, en virtud de que la clase campesina ha encontrado instrumentos especializados, que les brindan justicia con equidad en el procedimiento agrario, acorde con sus condiciones y circunstancias para la protección de sus derechos agrarios.

SEGUNDA.- No pasa desapercibido para estas Comisiones que dictaminan, las cifras que dan cuenta de un importante rezago dentro de los Tribunales Agrarios, tal como se anota en el Informe de Labores del Tribunal Superior correspondiente al año de 2012, en el que se da cuenta que dentro de los Tribunales Unitarios Agrarios en ese año, sumaron un total de 88,709 expedientes, de los cuales resolvieron 47,268 asuntos, que representaron tan sólo el 53.2 por ciento del total, quedando en trámite 41,441 expedientes.

En este sentido, los argumentos esgrimidos por los Senadores integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la LXI Legislatura, consideraban que el rezago en los Tribunales Agrarios, se debía en gran parte, a la inexistencia en la Ley Agraria para el desechamiento de las demandas agrarias notoriamente improcedentes, lo cual distraía importante y valioso tiempo a los tribunales agrarios, el cual podían emplear en el desahogo de demandas debidamente fundadas y motivadas.

TERCERA.- Las Comisiones dictaminadoras, estiman pertinentes los argumentos utilizados por la Colegisladora para desechar la propuesta de reforma al artículo 181 de la Ley Agraria, en virtud de que lesiona el principio de tutela judicial plena y efectiva a los ejidatarios y comuneros del derecho agrario.

Asimismo, quienes dictaminamos coincidimos con la Colegisladora en el sentido de que el artículo 190 de la Ley Agraria, establece que en los juicios agrarios, la inactividad procesal o la falta de promoción del actor durante el plazo de cuatro meses producirá la caducidad, siendo que en la propuesta de reforma se pretende establecer un plazo de ocho días, para que el tribunal deseche la demanda cuando el actor no manifieste nada sobre las prevenciones que el mismo tribunal le hiciera, por lo que estos dos supuestos pudieran generar complicaciones en el procedimiento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 150, 182, 219 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República el siguiente:
ACUERDO

Primero.- Se aprueba la Minuta que desecha en todos sus términos el Proyecto de Decreto que reforma el artículo 181 de la Ley Agraria, remitido por la H. Cámara de Diputados para efectos de lo dispuesto por el artículo 72 apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Senado de la República, el 22 de septiembre del 2015.

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.







 

Y el que reforma el artículo 148, y se adiciona el artículo 148 Bis y una fracción VI al artículo 155 de la Ley Agraria.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 148 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 148 BIS Y UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 155 DE LA LEY AGRARIA

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera, de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores, les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la Minuta que desecha Proyecto de Decreto que reforma el artículo 148 y se adicionan el artículo 148 Bis y una fracción VI al artículo 155, todos de la Ley Agraria.

Los Integrantes de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 150, 182, 219 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente Dictamen conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la Minuta referida;

II. En el capítulo correspondiente al “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la Minuta de mérito;

III. En el capítulo de “Consideraciones” las Comisiones dictaminadoras expresan los argumentos de valoración de la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1.- En Sesión Ordinaria de la H. Cámara de Senadores, celebrada el 14 de diciembre de 2010, la Senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Senado de la República, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria.

2.- En esa misma Sesión, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, dispuso que la Iniciativa se turnara a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En Sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, celebrada el día 8 de diciembre de 2011, fue aprobado el Dictamen referido en el párrafo anterior y remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos correspondientes.

4.- La H. Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, en Sesión ordinaria celebrada el 1º de febrero de 2012, recibió y turno la Minuta de referencia a la Comisión de Reforma Agraria para su estudio y dictamen correspondiente.
5.- En fecha 10 de abril de 2012, en Sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, se aprobó Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, por el que se resuelve devolver a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 25, 26, 27, 28 y 31 de la Ley Agraria.

6.- En Sesión ordinaria de fecha 17 de abril de 2012, la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, recibió el expediente referido en el párrafo anterior y la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso el turno a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO

La Minuta objeto del presente dictamen, desecha el Proyecto de Decreto que reforma el artículo 148 y se adicionan el artículo 148 Bis y una fracción VI al artículo 155, todos de la Ley Agraria.

Dichas propuestas de reforma pretendían establecer que el Registro Agrario Nacional operara de manera eficaz, oportuna, expedita y transparente. Asimismo, se buscaba que en el Reglamento Interno del Registro Agrario Nacional se establecieran las normas de organización y funcionamiento, necesarias para garantizar que el ejercicio de sus facultades se realizara de manera pronta, expedita y transparente.

Asimismo, buscaba plasmar en la Ley Agraria la obligación del Registro Agrario Nacional, para tramitar de manera expedita todas las solicitudes que le fueran planteadas y, en todo caso emitiera una respuesta en un plazo que no excediera de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

Los argumentos de valoración sobre los que la Colegisladora fundó y motivó el dictamen por el que desechó la reforma antes referida, se mencionan a continuación:

Dentro del cuerpo de las consideraciones, señala la Colegisladora en la marcada como “Primera” que la naturaleza de las disposiciones normativas de la Ley Agraria de 1992, son por su materia, agrarias. Del mismo modo, indica la Colegisladora que las disposiciones normativas contenidas en el artículo 148 de esa misma Ley, establecen las acciones en materia agraria del control de la tenencia de la tierra y de la seguridad documental de las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal y sobre la propiedad de sociedades.

Manifiesta la Comisión dictaminadora en su consideración “Cuarta” que las reformas que se plantean son propias de la materia administrativa, son materia de otras legislaciones y particularmente las propuestas forman parte de las atribuciones legales de las dependencias del Ejecutivo.

En la consideración “Quinta” la Colegisladora señala que el Registro Agrario Nacional es un órgano desconcentrado de una dependencia de la Administración Pública Federal como lo es la Secretaría de la Reforma Agraria, y de la eficiencia y eficacia de sus operaciones administrativas, se ocupa la Secretaría de la Función Pública.

Continua la Colegisladora, mencionando que la fracción VI del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que a dicha Secretaría le corresponde organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación administrativa. Para ello, se entiende que podrá realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias, y dictar las disposiciones administrativas que sean necesarias al efecto, tanto para las dependencias como para las entidades de la Administración Pública.
Finalmente en la consideración “Sexta”, señala la Colegisladora que la Ley Agraria fija la materia de que se ocupará la dependencia o dependencias del ejecutivo, el o los organismos autónomos como los Tribunales Agrarios, o bien, el o los Organismos descentralizados como lo es la Procuraduría Agraria; pero la eficiencia, eficacia, los adecuados recursos humanos y patrimoniales y los procedimientos técnicos son materia administrativa y atribución de la Secretaría de la Función Pública.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- No pasa desapercibido para estas Comisiones que dictaminan, la importancia de la propiedad social en México, que según el Registro Agrario Nacional al 31 de diciembre de 2012, de las poco más de 196 millones de hectáreas, la superficie de la propiedad social suma más de 100 millones de hectáreas, lo que representa el 51 por ciento respecto de la superficie total.

SEGUNDA.- Que el Registro Agrario Nacional, en un sentido amplio se encarga del control de la tenencia de la tierra ejidal y comunal, y de brindar la seguridad jurídica documental, derivada de la aplicación de la Ley Agraria. Su encomienda es llevar a cabo todas las actividades registrales relacionadas con las tierras ejidales, comunales, de colonias agrícolas o ganaderas, de los terrenos nacionales y de los denunciados como baldíos, así como de las inscripciones de sociedades rurales y de órganos de representación y vigilancia de los núcleos agrarios.

Asimismo, el Registro Agrario Nacional es una institución que tiene a su cargo el resguardo y seguridad documental que constantemente se generan en los núcleos agrarios, como es su organización interna, los derechos sobre la tierra o las figuras asociativas que se constituyen en los ejidos y/o comunidades.

De este modo, los sujetos de derecho agrario pueden acudir ante el Registro Agrario Nacional, para realizar diversos trámites, como puede ser el de solicitar una reposición de su certificado parcelario o para obtener una constancia de que son ejidatarios o comuneros. Asimismo, en el Registro Agrario Nacional también se inscriben los acuerdos de asamblea en cuyas actas constan las elecciones de los órganos de representación y vigilancia, así como los de aprobación de reglamentos internos o estatutos comunales, sobre los cuales también, esta dependencia gubernamental, a solicitud de los interesados, puede emitir constancias.

TERCERA.- Estas Comisiones dictaminadoras, consideran loable la intención de la Senadora Iniciante de pretender actualizar la Ley Agraria, a fin de hacer explícita la actuación de manera eficaz, oportuna, expedita y transparente del Registro Agrario Nacional.

Sin embargo, quienes integramos estas Comisiones Unidas dictaminadoras, estimamos pertinentes los argumentos utilizados por la Colegisladora para desechar la reforma al artículo 148 y la adición del artículo 148 Bis y una fracción VI al artículo 155, todos de la Ley Agraria, en virtud de que la Secretaría de la Función Pública es la encargada de observar la eficiencia y eficacia de las operaciones administrativas del Registro Agrario Nacional.

Del mismo modo, los integrantes de las Comisiones Unidas, coincidimos con la Colegisladora, en el sentido de que la fracción VI del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que a dicha Secretaría le corresponde organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación administrativa.
CUARTA.- Asimismo, quienes integramos estas Comisiones Unidas, coincidimos con los argumentos de la Colegisladora, en el sentido de que la Ley Agraria fija la materia de que se ocupará la dependencia o dependencias del ejecutivo, el o los organismos autónomos como los Tribunales Agrarios, o bien, el o los Organismos descentralizados como lo es la Procuraduría Agraria; pero la eficiencia, eficacia, los adecuados recursos humanos y patrimoniales y los procedimientos técnicos son materia administrativa y atribución de la Secretaría de la Función Pública.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 150, 182, 219 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se aprueba la Minuta que desecha Proyecto de Decreto que reforma el artículo 148 y se adicionan el artículo 148 Bis y una fracción VI al artículo 155, todos de la Ley Agraria, remitido por la H. Cámara de Diputados para efectos de lo dispuesto por el artículo 72 apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Senado de la República, el 22 de septiembre del 2015.

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA.

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión dichos dictámenes. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar los proyectos de Decreto iniciados en esta Cámara.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los Acuerdos que desechan proyectos de Decreto. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

Tenemos el desahogo de dictámenes emitidos por diversas comisiones que contienen puntos de Acuerdo y sobre los cuales no tenemos reservas para su discusión.

Todos ellos están publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, por lo que solicito a la Secretaría dé cuenta con dichos dictámenes.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, doy cuenta.





 

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a coordinar las acciones para determinar, diseñar, aportar y recabar la información necesaria para una mejor operatividad de los planes de desarrollo urbano y la adecuada planeación de las ciudades.

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL

(Dictamen a discusión)







 

Y el que contiene punto de Acuerdo que exhorta a realizar los estudios pertinentes en el municipio de Coatlán del Río, Morelos, que permitan detectar las necesidades y requerimientos de desarrollo urbano con motivo de la construcción, apertura y operación del nuevo centro penitenciario femenil.

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL

(Dictamen a discusión)



La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.







 

De la Comisión de Asuntos Indígenas, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a continuar implementando los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, tendentes a eliminar la discriminación laboral indígena en México.

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

(Dictamen a discusión)







 

De la Comisión de Reforma Agraria, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Secretarios de Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a que en coordinación con el gobierno del estado de Baja California, busquen opciones de solución al conflicto en torno al corredor comercial contiguo al predio conocido como “La Bufadora”, ubicado en el municipio de Ensenada, en dicho estado.

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Reforma Agraria de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los Secretarios de Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a buscar, en coordinación con el gobierno del estado de Baja California, opciones de solución al conflicto en torno al corredor comercial contiguo al predio conocido como La Bufadora, que permita a los habitantes del municipio de Ensenada conservar dicho atractivo turístico, a los locatarios mantener la fuente para la subsistencia de sus familias y al ejido Coronel Esteban Cantú certeza jurídica sobre el polígono de dotación de tierras.

Estudiada la proposición de referencia, los Senadores Integrantes de la Comisión de Reforma Agraria con fundamento en los artículos 85, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150 numerales 1 y 2, 182 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta H. Asamblea el presente dictamen con base en los siguientes apartados.

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de “Antecedentes”, se da constancia del proceso legislativo, en su trámite y recibo de turno para el dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo;

II. En el capítulo de “Objetivo”, se sintetiza la Proposición con Punto de Acuerdo en estudio;

III. En el capítulo de “Consideraciones”, la Comisión de Reforma Agraria expresa los razonamientos y argumentos de valoración, así como los motivos que sustentan la decisión de aprobar la Proposición con Punto de Acuerdo, materia del presente dictamen.

I. ANTECEDENTES

1.- En Sesión Ordinaria del Pleno del Senado de la República celebrada el 23 de septiembre de 2014, el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presentó Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los Secretarios de Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a buscar, en coordinación con el gobierno del estado de Baja California, opciones de solución al conflicto en torno al corredor comercial contiguo al predio conocido como La Bufadora, que permita a los habitantes del municipio de Ensenada conservar dicho atractivo turístico, a los locatarios mantener la fuente para la subsistencia de sus familias y al ejido Coronel Esteban Cantú certeza jurídica sobre el polígono de dotación de tierras.
2.- En esa misma Sesión, el Presidente de la Mesa Directiva dispuso que la Proposición con Punto de Acuerdo se turnara a la Comisión de Reforma Agraria, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. OBJETIVO

Dentro de las Consideraciones de la Proposición con Punto de Acuerdo, materia del presente Dictamen, se señala que uno de los atractivos turísticos principales en el municipio de Ensenada, Baja California es el fenómeno natural conocido como La Bufadora. El encuentro de las olas del Océano Pacífico con el contorno particular de la línea costera y playas en ese punto específico, producen un espectáculo natural que cada año atrae a miles de personas. Como es costumbre, alrededor del punto de atracción, a lo largo de los años se han venido estableciendo diversos servicios para atender a los visitantes que crecen año con año. Así es como, desde el año de 1961 se ha formado un corredor turístico donde se establecieron alrededor de doscientas familias con locales acondicionados para ofrecer artesanías y productos diversos de la región.

De igual forma, el Senador Iniciante menciona en la década de los años 70 del siglo pasado se registraron una serie de acciones legales ya que los terrenos se encuentran en los linderos del Ejido Coronel Esteban Cantú, todos en el municipio de Ensenada, Baja California. La dotación de tierras al ejido suscitó varias demandas de amparo por parte de particulares, los cuales obtuvieron sendas sentencias para el efecto de proteger la propiedad privada. En dichas resoluciones los tribunales de la Federación resolvieron, en lo sustancial, que algunos predios aledaños a La Bufadora se encontraban fuera del polígono de la propiedad social.

Asimismo, señalan que la ocupación y posesión que detentan los actuales locatarios la vienen ejerciendo por propio derecho desde antes que el propio Ejido Coronel Esteban Cantú, se hubiese constituido como tal el 27 de Julio de 1968.

De igual forma menciona el Senador promovente que los miembros del Ejido Coronel Esteban Cantú, en pleno uso de sus legítimos derechos, promovieron una nueva demanda de amparo. La instancia se desahogó ante el H. Juez Séptimo de Distrito con sede en Ensenada, Baja California. Se tramitó bajo el expediente número 666/2010. Después de años de litigio, el órgano judicial federal concedió un amparo a los ejidatarios para el efecto de que recuperasen porciones de terreno y, de ser necesario, se procediera a remover a las personas que se encontrasen ocupando dicho inmueble.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Los suscritos integrantes de esta Comisión de Reforma Agraria, consientes en que muchos de los conflictos por la tenencia de la tierra, derivan en enfrentamientos violentos entre las partes, y en muchos de ellos con lamentables consecuencias, es que hacen suyos los argumentos del Senador promovente, por lo que estimamos procedente puntualizar algunos de ellos:

Menciona el Senador promovente, que en la zona turística conocida como la Bufadora, en el Municipio de Ensenada, Baja California, se ha venido formando una situación social que requiere de la atención prioritaria por parte de los tres órdenes de gobierno. Siendo así, que dicha situación social enfrenta intereses de locatarios como de los ejidatarios por un lado, así como de los habitantes del municipio mismo de Ensenada por otro, situación que encuadra en los supuestos, fines y objetivos de diversos programas sociales y variadas políticas públicas. Inciden en la materia las atribuciones compartidas de diversas autoridades federales, estatales y municipales principalmente en lo que tiene que ver con las cuestiones de carácter agrario, turístico y de ordenamiento territorial.
De igual modo, quienes integramos esta Comisión dictaminadora, coincidimos plenamente con lo expuesto en el Punto de Acuerdo, en que la SEDATU tiene facultades para propiciar una conciliación entre las partes, desde luego sin interferir con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Asimismo concordamos en que la intervención de la Secretaría de Gobernación para llevar a cabo una mejor comunicación con las autoridades correspondientes del Gobierno del Estado, para que en conjunto brinden opciones de salida del conflicto a las partes involucradas.

Lo anterior, en virtud de que como lo menciona el Senador promovente, se debe encontrar una solución integral que prevea las consecuencias sociales, económicas y hasta políticas que pudiera producir que pudiera producir el escalamiento del conflicto, por lo que las posibles soluciones deben estar encaminadas en mantener la cohesión social, la vitalidad económica y la certeza jurídica en torno a la problemática de la zona turística de La Bufadora en el municipio de Ensenada, Baja California.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Reforma Agraria, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150 numerales 1 y 2, 182 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno del Senado el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a los Secretarios de Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que en coordinación con el Gobierno del Estado y con observancia de las resoluciones judiciales, busquen opciones de solución al conflicto en torno al corredor comercial contiguo al predio conocido como La Bufadora, ubicado en el Municipio de Ensenada, Baja California.

Dado en la sala de Comisiones del Senado de la República, el 10 de diciembre de 2014.

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA.

Son todos los dictámenes que no tienen reserva, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión dichos dictámenes.

En virtud de que no hay reservas.

Sonido en el escaño del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, ¿para qué asunto?

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) El tema del punto de Acuerdo 11.3.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señor Presidente. ¿El dictamen que se refiere a qué?

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Del punto de Acuerdo 11.3, para discusión.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: ¿Cuál es el tema del 11.3?

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Quiero discutirlo, quiero fijar mi posición.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Sí, ¿pero sobre qué tema es?
El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Es el 11.3, que exhorta sobre el tema del penal que se está construyendo en Coatlán del Río.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Con gusto, se le da el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia. Compañeras y compañeros Senadores:

Puntos de Acuerdo como éste parecieran no tener trascendencia porque más de uno de ustedes se preguntará, ¿en dónde queda ese pueblo de Coatlán del Río, cuántos habitantes tienen y por qué es importante o quién consideró importante que este tema fuera tratado en el Senado de la República?

Este tema de Coatlán del Río, en donde se está construyendo un penal, es un tema emblemático en relación a las actitudes omisas, actitudes de indiferencia, actitudes en donde el gobierno de la República no consulta a las poblaciones para ver si este tipo de obras deben construirse en los lugares en donde se están construyendo.

Cerca de esta población se está construyendo este penal en la población de Michapa, municipio de Coatlán del Río.

Hemos sido insistentes en que antes de imponer a la población una obra de esta magnitud, se debe consultar a la población y se debe exigir -y es lo que se está planteando aquí- a quien construye, que atienda la responsabilidad social de las empresas con respecto a la población o a las poblaciones que se van a ver afectadas.

En Morelos se están haciendo obras importantes, solamente que estas obras importantes están teniendo rechazo social, la mayoría de ellas son compromisos que hizo el Gobernador del estado, Graco Ramírez, para satisfacer no las necesidades del estado de manera cabal, sino para atender cuestiones personales de lucimiento.

Se está haciendo, por ejemplo, la Autopista Siglo XXI, se hizo una denuncia y la Comisión Permanente aprobó un punto de Acuerdo en donde poco les importó que hubiese vestigios arqueológicos en donde se está construyendo la Autopista Siglo XXI; destruyeron vestigios arqueológicos y hoy hay un litigio con el INAH.

Estas cosas debieran revisarse por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el caso de la autopista.

Hoy la Autopista La Pera-Cuautla, lleva parada más de 3 años por la inconformidad de los pobladores y por un amparo que han ganado los pobladores de Tepoztlán, porque se afectan áreas ecológicas importantísimas en el municipio de Tepoztlán.

Así como estas obras, este penal afecta la ecología, afecta la vida normal de la población de Michapa, municipio de Coatlán del Río, y nosotros seguiremos insistiendo en que si esa obra ya está hecha, efectivamente se detecten necesidades y construcción de requerimientos de desarrollo urbano.

¿Cuáles son las responsabilidades sociales a las que están obligadas las empresas?

Una, que ahí donde van a asentarse, revisen cuáles son las necesidades o requerimientos concretos que tiene la población con respecto a infraestructura de salud, con respecto a infraestructura de educación, con respecto a infraestructura de vivienda, con respecto a infraestructura de caminos vecinales, con respecto a infraestructura que genere desarrollo en la población donde va a hacerse una obra como ésta.
¿Cuál es la segunda situación?

Que tienen que revisar el tema de la responsabilidad social, el tema que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y la ecología.

¿Y cuál es el otro asunto?

Bueno, que si ya está instalada la obra, se revise quiénes de los pobladores cumplen con un perfil para laborar de manera prioritaria en la empresa o en la obra que se está realizando.

Todo esto se está obviando, todo esto se está despreciando, todo esto se está dejando de hacer en Coatlán del Río y por eso el punto de Acuerdo de esta población, que estoy seguro que un porcentaje altísimo que ustedes no conocen, pero es un municipio en donde viven seres humanos y a los cuales se les tienen que respetar sus derechos fundamentales.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

En virtud de no haber más reservas en este tema, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia y da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, invitados por la Senadora María Elena Barrera Tapia.

Agradecemos su visita y su presencia en el Senado.

¡Sean ustedes bienvenidos!.

En este día, indudablemente, felicitamos a nuestra compañera Senadora María Elena Barrera Tapia, quien hoy festeja su cumpleaños.

¡Felicidades!

Al igual felicitamos a nuestro compañero y amigo Senador Ernesto Gándara Camou, quien hoy festeja también su cumpleaños. ¡Felicidades!





 

Tenemos la discusión de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 19 de la Ley del Servicio Militar.

PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DEL SERVICIO MILITAR

(Dictamen a discusión)



El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, en consecuencia, está a discusión. En virtud de que no hay oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que propone desechar el proyecto de Decreto.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen en comento. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar al promovente.





 

Tenemos la discusión de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para reformar y adicionar los artículos 3 y 90 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 3 Y 90 DE LA LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS

(Dictamen a discusión)



El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, en consecuencia, está a discusión el mismo.

Informo a la Asamblea que se recibió el texto de la participación sobre este asunto, del Senador Benjamín Robles Montoya, para que tome nota de ello la Secretaría Parlamentaria.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Senador Manuel Humberto Cota Jiménez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



En virtud de no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que propone desechar el proyecto de Decreto.

El Secretario Senador Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que desecha el proyecto de Decreto ya descrito. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señor Secretario. Aprobado. Comuníquese. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar al promovente.

Tenemos la discusión de 8 dictámenes emitidos por la Comisión de Agricultura y Ganadería, que contienen puntos de Acuerdo.

Todos estos dictámenes están publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, por lo que solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.





 

El Secretario Senador Humberto Fernández Fuentes: Doy cuenta con las materias de los dictámenes con punto de Acuerdo:

Que exhorta a informar las acciones realizadas para atender la plaga del ácaro rojo que afecta a diversas plantas.

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

(Dictamen a discusión)



La Senadora Juana Leticia Herrera Ale: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.







 

Que exhorta a informar sobre el uso y comercialización de plaguicidas de aplicación agrícola que se utilizan en el país.

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

(Dictamen a discusión)



El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.







 

Que exhorta a transparentar e informar sobre el destino y estatus del “Apoyo al Paquete Tecnológico de los Productores de Caña de Azúcar 2013”.

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

(Dictamen a discusión)



El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.







 

Que exhorta a informar sobre el avance en la certificación de los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano.

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

(Dictamen a discusión)



El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.







 

Que exhorta a fortalecer la política de Estado que contribuya a que renazca la producción de semillas y fertilizantes a nivel nacional.

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

(Dictamen a discusión)



El Senador Aarón Irízar López: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.







 

Que exhorta a otorgar el servicio de información agroalimentaria y pesquera, las facilidades y recursos humanos a efecto de mantener actualizada la información sobre la producción agrícola, pecuario, pesquero y acuícola del país.

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

(Dictamen a discusión)



El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.







 

Que exhorta a considerar la creación de la Subsecretaría de Ganadería dentro de la estructura orgánica de la SAGARPA.

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

(Dictamen a discusión)



El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.







 

Por el que se desecha la proposición que exhorta a establecer un precio mínimo a los productores de caña de azúcar, en beneficio de la economía nacional.

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

(Dictamen a discusión)



El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señor Secretario.

Están a discusión los anteriores dictámenes. Y para ello, ha pedido hacer uso de la palabra la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván. Adelante.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, señor Presidente.

Primero quiero agradecer el esfuerzo del Senador Manuel Cota, Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, y a mis compañeros por los trabajos encomendados para atender a diversos sectores de la población.

Voy a referirme a 3 dictámenes en especial y de manera conjunta:

El primero es sobre la utilización de fertilizantes que se emplean en el campo mexicano y que de acuerdo a los convenios internacionales, algunos están prohibidos por causar daños a la salud humana.

Mi interés al presentar la proposición es debido a que siguen aplicando plaguicidas que contienen sustancias y compuestos restringidos en el país, como el “DDT” y el “Lindano”, mismos que han sido prohibidos en otras regiones del mundo y aquí los seguimos utilizando, así como el “Alacloro”, que es un herbicida que se usa en México, mientras que en otros países se encuentra prohibido.

La utilización de esta sustancia tiene efectos dentro de la economía nacional debido a que la agencia gubernamental de Administración de Drogas y Alimentación, FDA, en Estados Unidos de América, ha negado la entrada de estos productos del agro mexicano debido a que se han encontrado residuos excesivos de plaguicida hasta en un 77 por ciento de los productos exportados.

Ante el rechazo de los productos agrícolas mexicanos por parte de Estados Unidos, su nicho de mercado obviamente se da en nuestro país, esto es, aquí consumimos estos productos agrícolas.

Con la propuesta que estamos discutiendo y que pido su voto favorable, daremos un paso importante para lograr que el campo mexicano produzca alimentos de calidad e inocuidad, es decir, alimentos sanos, mismo que sirvan no sólo para exportación, sino también para nosotros, mediante la correcta vigilancia de los productos químicos de importación que se utilizan en el proceso de elaboración de plaguicidas.

El segundo dictamen que tiene que ver con la verificación, inspección y certificación de los establecimientos dedicados al sacrificio de animales, y procedimiento de bienes de origen animal para consumo humano, es decir, solicitamos a la SAGARPA que en coordinación con la Secretaría de Salud, refuercen mediante acciones concretas el mejoramiento en la sanidad de la carne que proviene de estos establecimientos.

Pero también debe atenderse los procesos de sacrificio administrados por los ayuntamientos municipales, por los gobiernos de los estados o los realizados por personas concesionarias.

La finalidad de esta proposición es el de evitar en lo posible el ingreso de animales enfermos que afecten a la salud humana, y también combatir así el abigeato.

Por tal motivo, la SAGARPA y la Secretaría de Salud no sólo deben de informar a este Senado sobre los avances en la certificación de los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, también debe haber coordinación en las entidades federativas para que refuercen, impulsen la inspección y vigilancia de los establecimientos de acuerdo a su jurisdicción, ya sean públicos o privados, también pido su voto a favor, compañeros.
El tercero y último dictamen al que me voy a referir, es un exhorto al titular de la SAGARPA a otorgar facilidades presupuestarias, materiales y humanas para que el servicio de información agroalimentaria y pesquera cumpla con su objetivo de informar de forma actualizada, veraz y completa, todo lo relacionado con la producción de los alimentos de los sectores agrícola, pecuario, pesquero y acuícola del país.

Como sabemos, la información es una herramienta importante para el desarrollo del sector productivo y de servicios, además es determinante para que en el momento oportuno se puedan tomar decisiones en la planeación nacional, especialmente en el sector agroalimentario nacional.

Por lo anterior, es necesario continuar fortaleciendo el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el SIAP, a efecto de diseñar y coordinar la operación del Sistema Nacional de Información del Sector Agroalimentario y Pesquero de forma eficaz y eficiente.

Adicionalmente el SIAP tiene la responsabilidad de cumplir objetivos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; sin embargo, sigue presentando algunas deficiencias para integrar, compilar y difundir la información del sector agroalimentario de forma actualizada, siendo que dicha información es determinante para la planeación de las políticas públicas en cuanto a la producción de alimentos, distribución y su comercialización.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Garza Galván.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Adolfo Romero Lainas, para el mismo asunto.

El Senador Adolfo Romero Lainas: Buenas tardes, compañeras y compañeros. Gracias, señor Presidente, con su permiso.

Desde luego me uno al reconocimiento que hace nuestra Senadora Garza Galván, en felicitar a nuestro Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, al Senador Humberto Cota Jiménez. Gracias, Senador, por preocuparte en este rubro.

Con el permiso de todos.

La ganadería es el sector primario fundamental para la economía y el desarrollo del país. En la actualidad el sector ganadero se complementa con la participación de aquellos pequeños productores denominados “ganadería de traspatio”.

El resultado es ofertar productos cárnicos y sus derivados a las sociedades de las zonas metropolitanas hasta pueblos y rancherías ubicadas en zonas marginadas. Es así que día a día la sociedad demanda que los productos de origen animal que se consumen no causen daño a su salud, por esta razón resulta imprescindible el establecimiento de acciones como la aplicación de procedimientos de higiene y de limpieza, análisis de riesgos, sistema de trazabilidad de origen y destino final, monitoreo en el límite de los máximos permisibles de residuos tóxicos, microbiológicos y químicos, entre otros, que aseguren la inocuidad de los alimentos y que garanticen su calidad higiénica para beneficio de los consumidores.

Ante la preocupación del Congreso de la Unión para atender el tema del sacrificio de animales, que se llevó a cabo el día 7 de junio del 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Federal de Sanidad Animal y a la Ley General de Salud, para facultar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y a la Secretaría de Salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentar la certificación, que es el procedimiento por el cual se hace constar que un establecimiento, producto, proceso, sistema o servicio, cumplan con las normas oficiales mexicanas, o las disposiciones de sanidad animal o de buenas prácticas pecuarias.

A más de 2 años de haberse publicado las reformas en materia de inspección y certificación en establecimientos dedicados al sacrificio de animales para consumo humano y su procedimiento, es importante conocer los avances que se tienen hoy. No hay que olvidar que de conformidad con el Artículo Segundo Transitorio del Decreto de la reforma a la Ley Federal de Sanidad Animal y a la Ley General de Salud, la SAGARPA debió expedir la disposición concerniente al sacrificio de animales, su procesamiento, envasado, empacado, refrigeración o industrialización de bienes de origen animal.

También hay que recordar que el año pasado, el 2014, la COFEPRIS informó a la Cámara de Diputados que actualmente cuenta con un programa mensual de visitas de control de diferentes rastros del país y atiende denuncias, como los puntos de sacrificio y faenado de bovinos para asegurar la ausencia de sustancias como el clembuterol en la carne de origen animal que es para consumo humano.

Es así que el presente dictamen exhorta a la SAGARPA y a la Secretaría de Salud que informe a esta Soberanía sobre el avance en la certificación de los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano.

Atendiendo las características de sacrificio animal practicado en mi estado de Oaxaca, que es de lo más insalubre y, por lo cual, he exhortado a los tres niveles de gobierno que establezcan rastros calidad TIF en mi entidad, y al permanecer estancadas dichas solicitudes de sacrificio es por ello que mi voto será a favor del presente dictamen.

Con esta calidad de rastros, calidad TIF, estaríamos salvaguardando el patrimonio de los muchos ganaderos que sufren abigeato en sus terrenos y desde luego, también que tendríamos la certeza y la seguridad de que estamos consumiendo carne completamente inocua para las personas que la consumen.

Muchísimas gracias por su atención.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Romero Lainas.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señor Secretario. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría a los contratos de obras públicas en el estado de Tlaxcala.

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL

(Dictamen a discusión)



Dicho documento se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día para su conocimiento. En consecuencia, está a discusión el mismo.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Quiero manifestar mi apoyo al dictamen que se nos está poniendo a consideración, puesto que se trata de un asunto que en mi estado está despertando mucha inconformidad por parte de distintos sectores de la sociedad y líderes de opinión dejando en entre dicho las acciones del gobierno local.

Para ponerlos en contexto y exponer lo pertinente de esta propuesta, quiero comentarles que en más de una ocasión distintos actores locales en Tlaxcala han solicitado la atención del Ejecutivo Estatal para atender las inconformidades que se le van planteando, y la respuesta ha sido y es la misma: el silencio, el autoritarismo, la represión, la omisión y la opacidad permanente en las acciones que le son cuestionadas.

Mientras el gobernador preside la CONAGO, se hablaba de libertad de expresión, y en el estado se perseguía y se reprimía a los periodistas; se hablaba de educación a nuestros jóvenes, y el estado se encontraba lleno de protestas exigiendo espacios educativos; hablaba de transparencia, y somos uno de los estados peor calificados en la materia.

En otras palabras, hay una gran diferencia en lo que se dice y lo que se hace, hay un doble discurso; y por lo tanto, tenemos la necesidad de estar denunciando ante esta tribuna para que se nos aclare lo que ocurre en realidad.

En más de una ocasión, aquí les he manifestado mi disposición, más allá de las discrepancias políticas para trabajar, para dar soluciones a nuestros ciudadanos.

El dictamen a la propuesta que hoy se nos pone a consideración, nos plantea esencialmente tres cosas:

Primero. Que la Auditoría Superior de la Federación audite los contratos de obras públicas que se llevaron a cabo en el 2014.

Segundo. En un marco de respeto, se pide al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, llevar a cabo las auditorías necesarias en materia de obras públicas, a fin de comprobar el cumplimiento del marco normativo aplicable.

Tercero. Respetuosamente, solicitamos que el gobierno del estado se pronuncie con respecto de la veracidad del rumor sobre el posible cambio de sede del Instituto de Cultural del Estado, para poner en su lugar un restaurante.

Nuestra Constitución establece: que los recursos públicos deben administrarse con principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y, sobre todo, de honradez.

Desafortunadamente, con frecuencia sabemos de casos en donde por medio de la corrupción o mal uso del poder, se consiguen ventajas ilegítimas.

Ejemplos hay muchos, cuando presenté este punto de Acuerdo, les hablaba del tema de la Casa Blanca, que aunque formalmente al día de hoy, no se comprobó un conflicto de intereses, es un claro ejemplo, donde un corporativo que ha sido beneficiado con sustanciosos contratos de obra pública, lleva a cabo una venta a nivel de particulares.

Algo similar está ocurriendo en Tlaxcala, donde se dieron a conocer contratos de obra pública que el gobierno del estado adjudicó a un reducido grupo de empresas creados exprofeso, en los inicios del 2011, es decir, al inicio de la presente gestión.

Estas empresas son Grupo Constructor Engrane, cuya dirección ha sido ocupada por la hija del actual titular de la Secretaría de Obras Públicas; Grupo Constructor Equipo Pesado y Trejo Mendoza y Asociados, propiedad del sobrino de la esposa del titular de dicha dependencia.

Ambas fueron beneficiadas a través de adjudicaciones directas o ternas por invitación y, en el caso del Grupo Constructor Engrane, durante los años 2011, 2012 y 2013, fueron beneficiados por contratos millonarios.
Esta es una situación indignante que nos pone en alerta, Tlaxcala es el sexto estado más pobre de nuestro país, con un índice de desarrollo humano del 0.723 y muy por debajo de la media nacional.

El 40.8 por ciento de la población económicamente activa labora en la informalidad, es decir, somos un estado con muchas carencias, y tenemos un gobierno que lejos de gobernar para la población, parece estar dedicado únicamente a andar haciendo negocios entre amigos.

Compañeras y compañeros Senadores:

Con esta propuesta no se pretende llevar a cabo un linchamiento político, sino un respetuoso llamado para que se nos informe de la serie de actos y omisiones que el gobierno estatal no aclara y por lo tanto, deja en completa duda y entre dicho sus acciones.

Por ello les solicito su apoyo, con la plena convicción de que no es otro el objetivo que buscar soluciones y sumar esfuerzos por el bien de las y los tlaxcaltecas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de Derecho y Finanzas del Tec. de Monterrey, campus Monterrey, invitados por el Senador Félix González Canto, quienes asisten al Senado para presenciar el desarrollo del proceso legislativo. ¡Sean ustedes bienvenidos!

Igualmente esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a un grupo de empresarias de diversas entidades de nuestro país que asisten a este Senado, a invitación de nuestra compañera Senadora María Elena Barrera Tapia, quienes también acuden con el fin de presenciar el desarrollo del proceso legislativo. ¡Sean ustedes bienvenidas al Senado!

Gracias.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, del grupo parlamentario del PRI.

La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, declina.

En virtud de ello, agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señor Secretario. Comuníquese.





 

Tenemos la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Derechos Humanos, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a efectuar el reconocimiento del Estado mexicano, a la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada.

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES; Y DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)



Dicho dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día para su conocimiento. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias. Con su permiso, señor Presidente.

La desaparición forzada es un delito grave que tristemente ocurre con mayor frecuencia dentro de nuestro país.

Los hechos sucedidos en Iguala, son ejemplos de la crueldad excesiva y el trato cruel e inhumano con el que se puede actuar hacia una persona, pero no es exclusivo de este lugar, desafortunadamente existen otras ciudades en el país, incluidas diferentes ciudades en mi estado natal, Coahuila.

En dicho delito se dan circunstancias muy graves, tales como la privación arbitraria de la libertad, de la seguridad, de la integridad, inclusive de la vida del detenido, dejando a la víctima en un completo y absoluto estado de indefensión.

Es menester señalar que la característica que más agrava e indigna en este delito es la participación de las autoridades que por acción u omisión, actúan en la comisión de la desaparición.

Es importante señalar que si bien el caso más destacado en los últimos años es la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, Iguala, estado de Guerrero, también no es el único, ya que la desaparición forzada se ha dado durante décadas, desde el caso de Rosendo Radilla hasta la fecha, han sucedido muchos actos ilegales en contra de hombres y mujeres.

En el Senado de la República estamos trabajando para crear un marco legal idóneo para combatir este mal de manera eficaz y eficiente.

Ejemplo de lo anterior, es que el 10 de julio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que nos obliga a emitir un plazo de 180 días a la Ley General de Desaparición Forzada; sin embargo, también existen otras acciones que coadyuvarán a erradicar dicho mal, tal y como es la planteada en este dictamen, que se encuentra a discusión y que se deriva de un punto de Acuerdo propuesto por la Senadora Angélica de la Peña.

Lo anterior es así, ya que el reconocimiento del Estado mexicano a la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, servirá para que casos de mexicanos que se encuentren desaparecidos, sean analizados por esta instancia internacional que podrá examinar los informes realizados por el Estado, coadyuvar en la búsqueda de personas desaparecidas y realizar visitas a nuestro país e informar, en caso de que así suceda, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través del Secretario General, acerca de la existencia de una práctica de desapariciones extendidas y sistemática en el territorio nacional.

Aunado a lo anterior, el Estado mexicano deberá remitir informes periódicos sobre la materia.

En resumen, manifiesto mi voto en sentido afirmativo y me permito invitarlos a hacer lo mismo, ya que la proposición presentada por mi compañera, cuenta con los elementos suficientes para hacer un escalón más en la lucha en contra de este crimen que tanto ha lastimado a nuestra sociedad, y por ende, los invito a sumarnos a este tema a todos los Senadores y Senadoras desde las diferentes áreas que por lo general manejamos.

Su servidora está en los temas ambientales y de cambio climático, pero esto lastima muchísimo a nuestra sociedad y está presente en cada uno de los rincones de México, así es que, en honor a los desaparecidos en Coahuila, también me sumo y apoyo al 100 por ciento esto.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchísimas gracias.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Garza Galván.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para el mismo asunto.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente, muchas gracias.

Ciertamente el dictamen que estamos poniendo a consideración de ustedes, Senadoras y Senadores, hace un recuento histórico desde Naciones Unidas referente a la preocupación que desde la entonces Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó respecto de la desaparición forzada de personas en diferentes partes del mundo.

Es importante reconocer que, sobre todo a partir de 1979, la Asamblea General de ONU, a partir de su resolutivo 33/173, que se intituló “Desaparición: Personas Desaparecidas”, expresó claramente su preocupación ante los diversos informes que en esta materia se suscitaron en diferentes partes del mundo.

Entonces, solicitó a la Comisión de Derechos Humanos que se examinara de manera particular lo que tenía que ver con la desaparición perpetrada por agentes del Estado, que es lo que conocemos como la desaparición forzada.

Y es en febrero de 1980 que esta comisión establece un grupo de trabajo para plantear y examinar las condiciones en las que se encontraban diversos países en relación a las desapariciones forzadas o inclusive, las involuntarias.

Ahí es donde ya queda plasmado que hay la posibilidad no solamente de la desaparición forzada perpetrada por agentes del Estado, particulares, siguiendo lineamientos de agentes del Estado, o por aquiescencia, sino también la desaparición involuntaria o entre particulares.

Es importante señalar que posteriormente la Organización de Estados Americanos establece, en el ámbito de su Asamblea, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que fue el instrumento jurídico vinculante internacional, que nosotros ratificamos el 9 de abril de 2002.

Aun cuando es importante este tratado de la Organización de Estados Americanos, no avanzaba en la creación de todas las políticas y acciones vinculantes para que los Estados, en parte pudieran realmente atender de manera efectiva, de manera puntual, con eficacia, compromisos puntuales para ir resolviendo este grave problema, insisto, que se padecía en distintos países del mundo.

Por eso es que en el 57 periodo de sesiones de la Organización de Naciones Unidas, se empieza a trabajar lo que finalmente conocemos como la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que fue aprobada el 20 de diciembre de 2006.

¿Por qué lo menciono?

Tenemos dos tratados internacionales que México ha aprobado, sin embargo, en esta materia es importante destacar que es precisamente la Convención de Naciones Unidas la más avanzada, y hoy es materia de este punto de Acuerdo que presentamos a ustedes, porque la Convención en sus artículos 31 y 32, establece el compromiso de los Estados Parte para reconocer la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, para que se reciban quejas por parte de particulares.

México aprobó el tratado internacional, efectivamente no hizo ninguna reserva, pero hoy se requiere, de manera explícita, que el Estado mexicano reconozca esta jurisdicción, esta competencia, para que el Comité no solamente, como acontece, reciba los informes periódicos de los Estados Parte, sino también los reciba por parte de particulares.
El punto de Acuerdo que hoy estamos poniendo a discusión precisamente hace una referencia de esta falta que tenemos como Estado Parte de la Convención, y le pide, le solicita al titular del Ejecutivo Federal, que reconozca esta competencia para cumplir irrestrictamente con todos los preceptos de esta Convención.

No abundo de la pertinencia de esta decisión por parte del Estado mexicano -ya se me acabó el tiempo- ya tendremos oportunidad para seguir hablando de esta materia, puesto que tenemos pendiente legislar precisamente por el mandato de la reforma del artículo 73, fracción XXI, inciso a) en la ley en la materia, la Ley General sobre Desaparición Forzada e Involuntaria de Personas, y ahí tendremos que hablar más.

Sin embargo, termino diciendo, que el que hoy estemos aprobando este punto de Acuerdo manda un mensaje importante, desde el Senado de la República, para que México se apreste, sin menoscabos, sin limitaciones, sin prejuicios, a reconocer que tenemos un grave problema en el país y tenemos que constituir las instituciones que garanticen la justicia y la verdad.

Es cierto que en materia de desaparición forzada de personas y entre particulares, la desaparición forzosa de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, fue la gota que derramó el vaso, y tenemos que obligadamente decidir, de manera puntual, lo que estas instituciones que estamos proponiendo deben hacer, sin que le demos la vuelta al asunto.

Con la propia Ley General de Desaparición Forzada vamos a tener, concretamente, que decidir cuáles deben ser las instituciones, y a partir de esa ley crear esas instituciones.

Yo creo que el que se quite en los hechos de facto la reserva que el Estado mexicano ha hecho de estos dos artículos 31 y 32 de la Convención, necesariamente van a coadyuvar la paz y la tranquilidad, la verdad jurídica que necesita este país.

Es cuanto y muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos, para hablar sobre este tema que nos ocupa, con gusto.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia. Compañeras y compañeros Senadores:

México tiene toda una historia negra en el tema de las desapariciones forzadas, y sería importante que los Senadores de la República vinieran a fijar aquí su posición para saber si están de lado del dolor y del sufrimiento del pueblo y en defensa de los derechos humanos, de quienes hoy padecen este terrible flagelo, o están a favor de que México siga siendo un país en donde la impunidad recorre nuestra patria sin ningún control.

La desaparición forzada de personas es la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma cometida por agentes del Estado, o personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de las personas, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

Damos esta definición porque es importante que la sepamos diferenciar de otro tipo de desapariciones que también son forzadas, sólo que son forzadas hechas por particulares, en el caso del secuestro, que también es un flagelo que lastima profundamente a nuestro país.
¿Cuántas veces vamos a preguntar o van a preguntar las personas por sus familiares con el Ministerio Público, ya sea federal o del fuero común? Y lo primero que les dicen: “aquí no lo tenemos”, y después de presión de parte de alguna autoridad o de algún legislador, como es nuestro caso, resulta que sí lo tenía, nada más que le fueron a dar una paseadita, y eso es común en nuestro país, compañeras y compañeros.

El caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, es una muestra de cómo en México se vive en un contexto de desapariciones generalizadas, en la que muchas veces participan agentes del Estado cometiendo el delito de desaparición forzada. Concluyó el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, en su informe final sobre México.

El Comité insistió que lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero, no solo es un caso, o de desaparición forzada, sin que ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado mexicano en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y la búsqueda de personas desaparecidas.

En este tema México no cuenta con una información estadística precisa sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada, lo que impide conocer la verdadera magnitud de este flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad.

Según cifras oficiales de la PGR, en 2014, 22 mil 322 personas se encuentran actualmente en el estatus de no localizadas, de las cuales 12 mil 532 corresponden al sexenio de Felipe Calderón, y 9 mil 790 a hechos registrados durante el periodo de Enrique Peña Nieto, sin contar, por supuesto, las que no se denuncian por diferentes motivos, demora que haya venganza de quienes ejecutan el acto, pérdida de confianza a las instancias de procuración de justicia, tanto federal como del fuero común.

En estos casos las personas afectadas prefieren no denunciar porque hay convencimiento de que no se hará nada, los restos que se encuentren en fosas clandestinas a lo largo y ancho de México, el cuadro de las desapariciones forzadas en México es dantesco, terrorífico, y lo más grave, ignorado por el Estado mexicano.

Ante la gravedad del caso de las desapariciones forzadas en México, fortalecido el estado de emergencia que vive el país en el tema de las desapariciones con las recomendaciones del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, quien sostiene, las desapariciones forzadas en México son generalizadas y la mayoría de ellas impunes, la impunidad se demuestra porque existen numerosos casos denunciados y la casi inexistencia de condenas por este delito, miles de desapariciones forzadas, y solo 6 han sido condenados.

México no cuenta con un registro nacional de desapariciones forzadas, lo que impide conocer la verdadera magnitud de este flagelo, por lo que México debería adoptar las medidas necesarias a fin de contar con un registro único de personas desaparecidas, México debe redoblar esfuerzos con miras a prevenir e investigar las desapariciones de los migrantes que cruzan el territorio nacional.

Existen serias dificultades en materia de búsqueda de personas desaparecidas, identificación de restos y, en particular, que la búsqueda de las personas desaparecidas no se inicia en forma inmediata.

Ante esta panorama desalentador y de desesperanza para los miles de familiares que se encuentran viviendo este drama de tener un miembro de la familia desaparecido, el ciudadano Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, debiera de acatar sin “chistar” y con carácter de urgente este exhorto del Senado de la República, que lo conmina a efectuar el reconocimiento a la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.
Si desoye este llamado del Senado mexicano, Enrique Peña Nieto sólo confirmará que lo que menos le interesa es el dolor y el sufrimiento de quien tiene familiares desaparecidos de manera forzada, y lo que menos le interesa entonces serían los derechos humanos de las y los mexicanos.

Compañeras Senadoras y Senadores:

Hoy un grito desgarrador recorre México, de norte a sur y de este a oeste, ni una desaparición forzada más.

¡Y vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Por su atención, gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señor Secretario. Comuníquese.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores San Román, ¿para qué asunto?

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Señor Presidente, le pido me dé la palabra para hablar del tema inscrito sobre la propuesta que hacen los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, para crear dos fiscalías especiales. Este es un tema para que se debata, está inscrito en el Orden del Día.

Al principio de la sesión pedí que de acuerdo al artículo 71 se le dé prioridad, ya que es un asunto de interés público.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Con gusto Senadora, en cuanto concluyamos la parte de la discusión de los dictámenes, que de acuerdo al Orden del Día están primero agendados y con todo gusto, en su momento, se le dará el uso de la palabra, Senadora Sansores San Román.





 

Pido que se dé a conocer la discusión de los dictámenes de la Comisión de la Niñez y de la Adolescencia, que contienen puntos de Acuerdo.

Dichos dictámenes están publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, por lo que solicito a la Secretaría dé cuenta solo de sus materias

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Doy cuenta con las materias de los dictámenes:

El que exhorta a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, a llevar a cabo acciones encaminadas a prevenir, atender y combatir el maltrato infantil.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)







 

El que exhorta a las entidades federativas del país a capacitar y fortalecer sus policías cibernéticas y, en su caso, a crearlas, con el objeto de atender los delitos que se realizan a través de medios electrónicos.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión dichos dictámenes.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, por la comisión, para presentar dichos dictámenes.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes. Compañeras y compañeros:

Quiero posicionar el dictamen que estamos hoy discutiendo. Quiero decirles que, de acuerdo con las procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, de los sistemas estatales DIF, en 2014, el maltrato en contra de niñas, niños y adolescentes, aumentó alarmantemente de 18 mil 277 casos comprobados en 2013, a 27 mil 675 en 2014. Es decir, en un año aumentó su incidencia en casi un 50 por ciento, la cifra expuesta; da certeza de la problemática en la que nos encontramos, de la necesidad de fortalecer las acciones y políticas encaminadas a erradicar el maltrato infantil.

Se han identificado diversos factores de riesgo que muestran una visión general para comprender sus causas, entre las que podemos encontrar el hecho de no ser hijos planeados, o de no cumplir las expectativas de los padres; tener necesidades especiales o vivir con alguna discapacidad.

En México, se han impulsado reformas trascendentales en la legislación nacional, tales como la publicada el 12 de octubre de 2011, en el Diario Oficial de la Federación, a través del decreto por el que se reforman los párrafos seis y siete del artículo 4º y se adiciona una fracción al artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene su fundamento en las particulares condiciones que enfrentan niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, el pasado 4 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tiene como primordial objetivo, dar un enfoque garantista que reconozca a sus destinatarios como sujetos de derechos humanos.

Específicamente en el tema de maltrato de niñas, niños y adolescentes, la citada ley establece acciones de las autoridades en los tres órdenes de gobierno.

Senadoras y Senadores:

El trabajo desarrollado en favor de la niñez y las acciones emprendidas desde la perspectiva legislativa, son un claro ejemplo de la voluntad de que todo este panorama al que hace referencia cambie y, sea un ambiente de armonía que promueva su desarrollo adecuado.

Por lo cual, a nombre del grupo parlamentario del PRI, les invito a votar a favor de este dictamen, que tiene como objetivo exhortar a los gobiernos de los 31 estados, y el del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo acciones encaminadas a prevenir, atender y combatir el maltrato infantil; así como a los sistemas estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, para que en el ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo una campaña de concientización, con el objeto de erradicar toda forma de maltrato infantil, a fin de disminuir y abatir dicho fenómeno social.
Es todo en relación al primer dictamen.

Me gustaría hacer lo propio, en relación al segundo, aprovechando que en paquete se están discutiendo.

Es innegable que la incidencia de delitos que atentan contra niñas, niños y adolescentes, a través de medios electrónicos, ha ido en aumento en los últimos años.

No podemos ser indiferentes ante los peligros potenciales a los que se encuentra expuesta la niñez mexicana, porque como bien se señala en el dictamen, el uso de las tecnologías de la información, es cada vez más frecuente en la sociedad mexicana.

De acuerdo al estudio sobre los hábitos de los usuarios del Internet en México 2014, elaborado por la Asociación Mexicana de Internet, en nuestro país, en 2013 existían 51.2 millones de usuarios, cuando en 2006 la cifra apenas rebasaba los 20 millones de usuarios; 36 por ciento tienen entre 6 y 18 años de edad, sin duda, un número importante de niñas, niños y adolescentes expuestos a los riesgos del mal uso de internet.

En mayo de 2014, el National Center for Missing and Exploited Children, informó a la Procuraduría General de la República, que nuestro país ocupaba ya el primer lugar a nivel mundial en cuanto a la emisión de material pornográfico infantil.

A su vez, la Procuraduría, ha reconocido en sus informes que la delincuencia organizada ha desarrollado nuevas estrategias, que han traído consigo, que mayor número de niñas, niños y adolescentes sean víctimas de la pornografía y acciones colaterales.

Para dimensionar la magnitud del asunto, cabe mencionar que en su momento, la PGR señaló que en 2013 fueron detectadas al menos 12 mil 300 cuentas personales de internet, desde las cuales se difunde pornografía infantil, igualmente destacó que en 2012, de las 274 víctimas atendidas, 87 de ellas, es decir, el 31.7 por ciento tenía menos de 18 años, y fueron contactadas por redes sociales.

Aunado a lo anterior, la PGR ha señalado que los patrullajes en la red son realizados de manera constante; sin embargo, aún no se cuenta con el número de sitios web, dedicados a difundir estas deleznables conductas.

Derivado de lo anterior, es urgente proteger a niñas, niños y adolescentes, de los delitos que se cometen en su contra en todas sus modalidades y, en este caso en particular, a través de medios electrónicos, por lo que es pertinente desarrollar todo tipo de medidas institucionales que les garanticen un blindaje ante estos delitos que aumentan día a día en el mundo y en México.

Estimadas compañeras y compañeros:

Como legisladores, estamos comprometidos con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, quienes muchas veces son víctimas de delitos cada vez más sofisticados a través de una red tan necesaria, hoy en día en nuestra vida, como lo es el internet.

Por lo anteriormente expuesto, y a nombre del grupo parlamentario del PRI, les invito a que voten a favor de este dictamen, que tiene como finalidad exhortar a las entidades federativas del país a capacitar y fortalecer sus policías cibernéticas y, en su caso, a crearlas, con el objeto de atender los delitos que se realizan a través de medios electrónicos, con énfasis en aquellos relacionados con la niñez y la adolescencia, desarrollando mecanismos de atención inmediata para las víctimas de estos delitos, así como campañas informativas, permanentes, sobre el buen uso de los medios electrónicos.

Por su atención, pero especialmente por su respaldo a estos dictámenes, muchísimas gracias a todas y a todos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Flores Escalera.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, para hablar sobre el dictamen relativo al maltrato infantil.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente.

Quiero dar la bienvenida a estos dictámenes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

Una sincera felicitación a mis compañeras Senadoras Martha Elena García e Hilda Flores Escalera, que integran esta comisión.

Esas propuestas buscan atender el problema del maltrato infantil, voy a referirme de manera muy particular a uno enfocado a la erradicación de delitos que se realizan a través de medios electrónicos.

De acuerdo con la PGR, en 2013, se detectaron 12 mil 300 cuentas personales de internet, desde donde se difunde pornografía infantil.

Esta es una cifra aterradora, que junto a las declaraciones de la ONU y del gobierno estadounidense, afirman que México ocupa el primer lugar en difusión de pornografía infantil; nos colocan en una penosa situación que debemos atender de manera inmediata.

Es fundamental que todos los niveles de gobierno coordinen esfuerzos para la atención de los delitos sexuales contra la infancia, que son realizados utilizando las redes sociales o el internet.

Es preciso capacitar al personal y contar con un área de investigación especializada en delitos sexuales cometidos a través de la red, con perspectiva de infancia, ya que los delincuentes que operan en la red, cambian sus estrategias y métodos todos los días.

Y, además de combatir el delito, creo que es fundamental brindar atención adecuada a las víctimas a través de servicios de atención inmediata, números de emergencia y centros de atención a víctimas. Capacitar y fortalecer a las policías cibernéticas es un pendiente en nuestra agenda política y de gobierno.

Asimismo, suscribo la idea de la comisión, en torno a la necesidad de exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que se realicen campañas informativas permanentes sobre el buen uso de los medios electrónicos.

El incremento en cuanto al número de cuentas, desde las que se difunde la pornografía infantil es exponencial y, desafortunadamente, los esfuerzos que se han llevado a cabo, hasta el momento, no han dado frutos en cuanto a cancelar masivamente estas cuentas para evitar este negocio y que se siga operando.
A la fecha, apenas se han iniciado poco más de 139 averiguaciones sobre este delito, entre el año pasado y lo que va del presente. Esta cifra es irrisoria, cuando se toma en cuenta que decenas de miles de niñas y niños son utilizados en prácticas de prostitución, pornografía, turismo sexual y explotación sexual.

Toma 12 minutos para un pederasta, ganarse la confianza de una niña o un niño a través de una amistosa charla en redes sociales. A partir de este momento, hay poco que podamos hacer para evitar el delito.

Por eso es importante fortalecer a las escuelas, a los maestros, para que a su vez la información sobre los delitos llegue a todos, llegue a todas las niñas y niños, mucho antes de que tengan acceso a internet.

Concluyo, refiriéndome al dictamen sobre el maltrato físico, psicológico a nuestra infancia. Se trata de una propuesta que tiene sustento en la recién aprobada Ley General para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes. Por lo que resulta muy pertinente, ya que es fundamental que cada institución y nivel de gobierno le dé vida a esta ley, llevando a cabo las acciones para las que fue facultada.

Es fundamental, como bien menciona el dictamen, que la Dirección General de Protección y Atención a las Niñas, Niños y Adolescentes, asigne recursos a los sistemas estatales, municipales, al DIF, a la protección, atención y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para su atención.

Reitero mi apoyo a estas propuestas, todos tenemos que asumir esta responsabilidad por nuestra infancia. En un mundo ideal, no haría falta ninguna política para cumplir nuestra función de agente protector y de socialización, pues todas las niñas y niños tendrían las mismas oportunidades de ejercer sus derechos.

Como legisladores, el que discutamos estos puntos, habla de fallas que tenemos como sociedad y en donde estamos obligados, quizá ya no tanto, de eliminar las fallas, pero sí de corregirlas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros.

Agotada la lista de oradores en estos dictámenes, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas.

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

(Dictamen a discusión)



El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Pido la palabra.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett Díaz, ¿para qué asunto?

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Pido la palabra.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senadora Layda Sansores. Si es para el tema que me comentó hace un momento, le quiero informar que el Orden del Día se aprobó en esta sesión al inicio de la misma, y no hemos llegado, como usted se habrá dado cuenta, a las proposiciones.

Pero además, usted presentó estas propuestas al Presidente de la Mesa Directiva hoy por la mañana, y el mismo Presidente le instruyó que se turnarán las propuestas de usted a la Junta de Coordinación Política, cosa que se hizo de manera inmediata, esos documentos ya están en la Junta de Coordinación Política para que se pueda iniciar la discusión.

Entonces, yo les pediría que me permitieran continuar con la sesión en el orden que está debidamente autorizado por esta Asamblea.

Senador Manuel Bartlett, ¿para qué asunto?

Si es para otro asunto, con mucho gusto. Si es para el mismo.

Senadora, yo le pido nada más que me permita seguir desahogando los asuntos que están enlistados en el Orden del Día de hoy, que fue autorizado por la Asamblea, no es un tema de la directiva, es un tema de la Asamblea.





 

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores San Román.

PROPOSICIÓN PARA DISCUTIR EL CASO DE AYOTZINAPA

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Para poderle responder a sus evasiones.

Porque yo le pedí al Presidente que de acuerdo al artículo 71, se considerara un tema de interés público y por lo tanto se le diera prioridad en el Orden del Día.

Hace tres días que venimos solicitando la palabra. Y este Senado de manera inexplicable, pospone y pospone el tema de Ayotzinapa.

Ahorita estamos hablando de desapariciones forzadas, pues deme la oportunidad para presentar la propuesta que hacen los padres de Ayotzinapa, que hicieron en este Senado y que merecen el respeto, al menos, de tener una respuesta.

Voy a hablar, señor Presidente, porque no es correcto que ustedes nos limiten y organicen, de acuerdo a sus conveniencias, el debate. Llegué a tiempo y lo pedí a tiempo, y creo que éste es un tema de interés público, por lo tanto respete el artículo 71 y deme la oportunidad de presentar esta propuesta de los padres de Ayotzinapa.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senadora Layda Sansores, le informo que la propuesta de usted fue turnada a la Junta de Coordinación Política y estamos en espera de que la Junta de Coordinación Política remita precisamente a esta Directiva, dicho acuerdo para que sea discutido por el Pleno.

Entonces, yo le pido que me permita continuar con la sesión, en los términos que fue aprobado el Orden del Día al inicio de la misma.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett Díaz, ¿para qué asunto?
El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Precisamente ese es el problema, señor Presidente.

Este tema se está arrastrando y arrastrando y no se termina de definir.

En efecto, lo que presentó la Senadora Sansores se llevó a la discusión en la Junta de Coordinación, pero no se llegó a ningún resultado, se paró. Entonces, por eso queremos regresarlo aquí, porque ahí ya no se trató.

En la Junta de Coordinación Política ya no se trató el tema. Se nos dijo literalmente que hiciéramos lo que quisiéramos. Y lo que estamos haciendo es hacer lo que podamos.

Entonces, por eso le pedimos que ese tema regrese y no nos lleven, otra vez, a 20 sesiones más, cuando el tema, usted mismo dice, estaba en la mesa, ya no está en la mesa.

Muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Usted conoce muy bien la Ley y el Reglamento de este Órgano Legislativo. Indudablemente que una de las funciones de la Junta de Coordinación Política es la generación de esos Acuerdos y está en manos de la junta.

Yo lo que hago es un exhorto a la Junta de Coordinación para que lo antes posible se presente dicho Acuerdo.

El Senador David Penchyna Grub: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador David Penchyna Grub, ¿para qué asunto?

El Senador David Penchyna Grub: (Desde su escaño) Me parece, señor Presidente, que sería sano, para no entrar en un debate falso, que pidiera dar lectura al artículo 71 del Reglamento del Senado de la República, y creo que ahí está muy claro cómo debemos de desahogar los asuntos en este Pleno.

Le pediría que la Secretaría le diera lectura.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Con gusto, Senador Penchyna Grub.

Solicito a la Secretaría que dé lectura al mismo, y es lo que yo he estado hoy respondiéndole a quienes han pedido hacer uso de la palabra sobre este asunto, que el tema se turnó a la Junta de Coordinación Política, que es la instancia, que así lo pidió, hay que decirlo, esto fue a petición de la proponente, Senadora Layda Sansores San Román.

Pido a la Secretaría que dé lectura a dicho artículo, a petición del Senador David Penchyna Grub.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Por supuesto, señor Presidente.

“Artículo 71 del Reglamento del Senado de la República.

Primero.- En la formulación del Orden del Día tienen prioridad los asuntos que debe conocer, discutir o votar el Pleno conforme a plazos previstos en disposiciones constitucionales, legales o reglamentarias, aquellos que representen un mayor interés público, y las iniciativas con aval de grupo a que se refiere el artículo 164, párrafo III de este Reglamento.
Segundo.- Cuando la Mesa recibe un asunto que debe ser incorporado en el Orden del Día, programa su inclusión en un plazo no mayor a 10 días naturales.

Tercero.- A propuesta del Presidente, la Mesa puede integrar el Orden del Día tomando en consideración el calendario de sesiones, las cargas de trabajo durante las mismas y los apartados prioritarios para el desahogo del trabajo legislativo”.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Como ustedes se habrán dado cuenta, se ha procedido estrictamente tal y como lo señala precisamente el artículo 71.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña Gómez. ¿Para qué asunto?

Si es para el mismo asunto, sí les informo que vamos a continuar con los temas que tenemos agendados en el Orden del Día, y si el Pleno toma una decisión diferente, claro que esta directiva así lo hará, pero mientras que no haya un mandato diferente, continuaremos en el orden establecido.

Sonido, por favor, en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) A ver, primero, le pido, por favor, que sea usted tan gentil de cuidar que el personal que tienen ahí en la Mesa Directiva no me corten el sonido. Ahorita lo acaban de hacer.

Usted acaba de dar instrucciones de que se lea un artículo, sí, pero el mismo artículo también señala, entre otros conceptos, la prioridad.

Creo que es conducente que desde la Mesa Directiva, efectivamente, le pidan a la Junta de Coordinación Política que presenten lo más pronto posible el dictamen, que desde hace más de 10 días está esperando ser resuelto.

Ojalá que haya voluntad política, y lo digo de manera textual, por parte del Partido Revolucionario Institucional, para atender un asunto de trascendencia nacional que requiere de una resolución urgente y prioritaria, señor Presidente, si es tan gentil.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Indudablemente que esta Mesa Directiva hace suyas sus palabras, y desde luego que exhortamos a la Junta de Coordinación Política para que lo antes posible se pueda presentar dicho documento.

El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Señor Presidente, pido la palabra.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Armando Ríos Piter. ¿Para qué asunto?

El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Señor Presidente, el artículo 75 establece que está en las facultades del Presidente el convocar a una discusión de agenda política.

Mire, yo creo que es muy importante ver de dónde venimos en este asunto.
La semana pasada hubo sendos puntos de Acuerdo de parte de distintas Senadoras y Senadores en la idea de que se discutiera el tema, que me parece que es el más importante en este momento, el tema del informe que presentó el Grupo Interdisciplinario.

De tal forma que, yo lo que le pediría, señor Presidente, es que si está en sus facultades, y eso lo establece el artículo 75, no sigamos pateando un debate que tiene que darse.

¡Cómo es posible que el Senado de la República no se manifieste frente al tema donde viene el Grupo Interdisciplinario, donde es un asunto de altísima prioridad!.

Entonces, yo le pediría, que con base en las facultades que tiene el artículo 75, podamos hacer un apartado de debate político sobre el tema de Ayotzinapa, y lo digo como Senador por el estado de Guerrero.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Ríos Piter.

Con gusto esta Presidencia nuevamente hace un exhorto a la Junta de Coordinación Política para que se haga, se entregue lo antes posible este documento.

La Senadora Layda Sansores San Roman: (Fuera de su escaño. Habla sin micrófono, inaudible)

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Le pido, Senadora, que respete la Asamblea.

Con gusto, Senadora, en su momento se programará el debate que usted está planteando.

Senadora, si me permite continuar con la sesión. Le pediría que nos lo permitiera, y con gusto.

Le pido, Senadora. En este momento está reunida la Junta de Coordinación Política, precisamente analizando este tema. Están reunidos en este momento.

Le pido a la Secretaría que continuemos con los temas agendados.

Senadora, este Senado jamás se ha rehuido a este debate. Se está analizando, y en este momento está reunida la Junta de Coordinación Política, precisamente para eso.

(Continúa hablando la Senadora Layda Sansores San Román, inaudible)

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo Aburto. ¿Para qué asunto?

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Simplemente, en un ánimo de asistir a la Mesa Directiva, decirle que aquí veo a nuestro Coordinador del grupo parlamentario del PRD, al del PVEM, al del PT.

¿Cómo es posible decir: que está reunida la Junta de Coordinación Política?

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Yo les pediría a los que forman parte de la Junta de Coordinación Política, que obviamente se acerquen al espacio donde se va a discutir eso, y que nos permita continuar con la sesión.

Tiene el uso de la palabra el Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, para referirse a los dictámenes de la discusión de la Comisión de Asuntos Indígenas.
El Senador Eviel Pérez Magaña: Desde mi escaño, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Eviel Pérez Magaña.

(Continúa hablando la Senadora Layda Sansores San Román, inaudible)

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senadora Layda, le pido que nos dé la oportunidad de continuar y de tratar el asunto que usted ha planteado en el momento que sea, el que de acuerdo al Orden del Día y de los Acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

Yo le pido nada más que nos permita continuar con la sesión.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa Huerta. ¿Para qué asunto?

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente.

No puede continuar la sesión en medio de este escenario. O sea, como para no hacer que algún Senador empiece su participación en la continuación del Orden del Día sin que antes podamos resolver esto que se está planteando.

¡Qué bueno que ya está aquí el Presidente del Senado, que seguramente junto con ustedes, nos dará una propuesta de solución!.

Eso es nada más.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Barbosa Huerta.

Senadora Layda Sansores, el día de hoy usted presentó proposición con punto de Acuerdo, y usted solicitó el turno a la Junta de Coordinación Política. Esta Mesa Directiva concedió con oportunidad ese turno.

La Junta de Coordinación Política se reunió hace unas horas, sin llegar a un acuerdo sobre el contenido de la solución a distintas proposiciones con punto de Acuerdo relacionadas con el caso Ayotzinapa, incluidas las suyas.

Esta Mesa Directiva está en espera de que los consensos y los acuerdos entre los grupos parlamentarios se concreten.

También hemos notificado al Pleno de este Senado, que la Mesa Directiva tomó el día de hoy por la mañana, un Acuerdo en el sentido de que se le dará curso a la discusión y, en su caso, votación del punto de Acuerdo relacionado con el caso de Ayotzinapa, tan pronto fuera recibido por la Mesa Directiva. No ha sucedido.

Yo le ruego que nos permita continuar con la sesión a efecto de que los grupos parlamentarios concluyan las negociaciones y los acuerdos, y demos paso a esa discusión.
Se lo ruego y se lo pido en el sentido de que hemos cumplido, con sentido de honor y con sentido de institucionalidad, a cada una de las peticiones que usted nos ha hecho.

Permítame, Senadora Layda Sansores. Le voy a dar el uso de la palabra a la Senadora…

(Voz inaudible de la Senadora Layda Sansores San Román)

Permítame, Senadora.

Senadora, ¿me permite escuchar a la Senadora Dolores Padierna para resolver la petición que me quisiera formular?

Tiene el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, desde su escaño.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Hay un compromiso público que se hizo en este Senado, para que a más tardar el día de hoy se discutiera este importantísimo tema.

Como bien usted dice, la Junta de Gobierno discutió, analizó y no llegó a acuerdos. Si la comisión correspondiente no llegó a acuerdos, vamos discutiendo el tema en el Pleno. Es un tema urgente, prioritario, de carácter nacional y la fecha es hoy.

Entonces, yo le pido de favor que abra el debate.

Y hasta donde sabemos, el Partido Revolucionario Institucional se opone. Todos los demás sí queremos discutir el tema, todos los demás sí queremos posicionarnos en este importante tema, y queremos que hoy se resuelva.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Sonido en el escaño del Senador Carlos Puente Salas.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Simplemente para informar a esta Asamblea que como Coordinador Parlamentario del Partido Verde, integrante de la Junta de Coordinación Política, acudimos a esa reunión en donde se abordó este tema que se turnó, y no es que simplemente no se hayan logrado los acuerdos en ese momento, sino que ahí, a petición de más de dos coordinadores parlamentarios, pidieron un tiempo para ir a construir una propuesta y poder venir a abordar ese tema al Pleno.

Esto en respaldo a lo dicho por el señor Presidente de la Mesa Directiva de este Senado, quien también estuvo ahí presente.

Para dejarlo de manera muy clara, no es que se vaya a prohibir y no se vaya a dar ese debate, sino que se están construyendo los acuerdos para que se hagan.

Y hacer un exhorto respetuoso a los mismos compañeros que estuvieron ahí presentes, para que avalen esto que ellos mismos escucharon, que sus mismos grupos parlamentarios están en la construcción de estos Acuerdos para que se pueda dar el debate.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett Díaz.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señor Presidente yo quiero aclarar nuevamente lo que ocurrió en esa reunión, en la que estuvimos todos.

No ocurrió lo que está diciendo ahorita mi colega aquí a mi espalda, sino lo que ocurrió fue una situación de rechazo total del Coordinador del PRI de decir: Háganle como quieran. No hay acuerdo.

Volvemos otra vez a los consensos y los hubo. El final de esa sesión terminó con las palabras del Coordinador del PRI diciendo: ¡Háganle como quieran!, por el solo hecho de no estar de acuerdo con él.

Entonces lo que tenemos que hacer es discutir ahorita aquí en la mesa. No necesitamos un acuerdo previo, sino se está pidiendo una discusión y un debate aquí sobre el tema, para que aquí se tome una decisión, porque el Pleno es soberano.

No es cierto que esté pendiente ahí una discusión, ya la cerraron y la van a volver a cerrar, y lo que están haciendo es eludir la discusión del tema. Démoslo aquí, vamos a darlo aquí hoy, en este momento.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Tengo registradas solicitudes para intervenir desde sus escaños, del Senador Armando Ríos Piter y la Senadora Blanca Alcalá Ruiz. Inmediatamente después esta Presidencia informará el turno y el trámite que tenemos que dar a las distintas peticiones.

Sonido en el escaño del Senador Armando Ríos Piter.

El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Señor Presidente, usted estuvo presente en la reunión de la Junta de Coordinación Política y en efecto, como lo refiere el Senador Bartlett Díaz, frente a la posición del PRI, que definió con toda claridad que no iría en un Acuerdo, y por eso creo que es pertinente dejar claro que la Junta no está buscando construir Acuerdos, lo que había eran dos posiciones claras:

Una, la que el PRI tenía, en la cual se plantea una Fiscalía para Desaparecidos.

Y la posición que hemos mantenido desde la semana pasada, que es dar respuesta puntual a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos, para que se haga una Fiscalía Especializada en el tema de Ayotzinapa.

Ese es el diferendo y creo que es importante que quienes no estuvieron ahí presentes, sepan cuál es el diferendo.

De todas maneras no habrá Acuerdo, señor Presidente. Por eso, antes de su llegada yo sugería que con base en el artículo 75 y dado que está en sus facultades, se abra un espacio para el debate político, porque de todas maneras es un tema que tenemos que tratar, que se ha venido aletargando.

La Junta seguramente no llegará a un acuerdo en este tema. Ya estamos instalados en el asunto. Demos el debate y comparemos las posiciones que tienen los partidos, pero hagámoslo en este momento en la Asamblea y de frente a la sociedad.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ríos Piter.

Sonido en el escaño de la Senadora Blanca Alcalá Ruiz.
La Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: (Desde su escaño) Señor Presidente, al igual que usted y como integrante de la Junta de Coordinación Política, también estuve en esa reunión y me parece que ahí se presentó por parte del PRI una propuesta, propuesta que efectivamente, no obstante los compañeros de Acción Nacional estaban de acuerdo, los compañeros del PRD no estuvieron de acuerdo y decidimos que tendrían una hora, a propuesta del Coordinador Barbosa Huerta, para que pudieran ellos llegar a alguna propuesta.

De ninguna manera se han levantado ni se han reiniciado los trabajos en la Junta de Coordinación Política para que pueda finalmente tenerse un documento al respecto.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Alcalá Ruiz.

Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa Huerta.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente, llevamos más de una semana, en la Junta de Coordinación Política, intentando construir una propuesta común sobre los puntos de Acuerdo presentados después de que el llamado grupo de expertos presentó el documento denominado “Primeras Conclusiones”.

Ese punto de Acuerdo común tuvo momentos de mucha coincidencia y momentos en los cuales se apartaron de esa coincidencia.

El jueves de la semana pasada habíamos avanzado todos los grupos parlamentarios para exhortar a la Procuraduría a constituir una Fiscalía Especializada. El PRI se separó de ese Acuerdo el día de ayer.

Hoy, en la Junta de Coordinación Política, es correcto cuando se dice que no se alcanzaron los Acuerdos, pero quiero decir, y que me contradiga el Coordinador del PAN, si es así, que el PAN, el PRD y el PT ya tienen un Acuerdo, ya tienen un documento común que ponemos a disposición de la Mesa Directiva, que constituye la voluntad mayoritaria de la Junta de Coordinación Política, porque las votaciones en la Junta de Coordinación Política se asumen por voto ponderado, y el voto ponderado del PAN, PRD y PT es mayor al voto ponderado del PRI y del PVEM.

Entonces, si es el documento que faltaba, yo, de parte del grupo parlamentario del PRD ya está y que me diga el Senador Fernando Herrera, Coordinador del grupo parlamentario del PAN, si lo suscribió o no, para que tengamos claridad, y no estemos también caminando en una duda sobre si hay una coincidencia entre PAN, PRD y PT, y de haber ese documento, pues inclusive, yo se lo dije al Senador Gamboa, de que ese documento se construía, sí tenía inconveniente de que se fuera el documento, de que se pusiera a consideración del Pleno, y se votara, y se votara, porque ese es un documento de la Junta de Coordinación Política que emite un dictamen, no es la posición del Senado, es para que se vote en todo caso por el Pleno, así es que, yo, de manera clara, aprovecho este momento para decir que la posición del PRD es sumarse a la posición del PAN; que quede claro, y que pongamos una posición política de lealtad a la investigación, a la búsqueda de la libertad, y de lealtad de alianza a la investigación.

Sólo eso.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permíteme, por favor.

Sonido en el escaño del Senador Fernando Herrera Ávila.
El Senador Fernando Herrera Ávila: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Este tema es de la más alta relevancia, hace unos momentos nos reunimos en la Junta de Coordinación Política, estuvimos tratando de llegar a una posición en común, no llegamos a un acuerdo.

Estamos trabajando en un documento donde, efectivamente, hay grandes coincidencias entre la propuesta que ha hecho el PRD, la propuesta que ha hecho el PT, y también hay que decirlo, algunas de las aportaciones que ha hecho el PRI.

Yo lo que les pido, es que nos demos el espacio a debatir, haciendo un pequeño paréntesis, para tratar de llegar a un Acuerdo final en los siguientes 15 ó 20 minutos, y vayamos al Acuerdo, porque lo que nosotros queremos es que hoy mismo se discuta, hoy mismo se valore lo que tendremos que hacer como Senado de la República, pero no agotemos el espacio de discusión y hagamos el último esfuerzo.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra, desde su escaño, el Senador Miguel Romo Medina, y en consecuencia la Mesa Directiva fijará una posición sobre lo que está a debate.

El Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, puntualizar algo que es fundamental y es la esencia de esta polémica.

El tema no se está rehuyendo, la discusión se tendrá que dar, y los acuerdos tendrán también que generarse; de tal manera que no se está eludiendo, ni el PRI ni nadie de los integrantes de este colegio parlamentario estamos rehuyendo ni queremos rehuir un tema tan trascendente y tan importante que a todos nos interesa.

Segundo. He hablado con el Senador Emilio Gamboa, me dice que está en la Junta de Coordinación Política, afinando, precisamente.

Permítame, Senador Miguel Romo.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ruego orden a la Asamblea, ruego a la Asamblea orden, hemos escuchado con atención a los distintos oradores, ruego a la Asamblea se mantenga el orden. Concluya Senador Romo Medina.

El Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Él está invitando cordialmente a los señores coordinadores e integrantes de la Junta de Coordinación Política para que se concluya este trabajo, que fue propuesto en un Acuerdo que aquí se ha referido por los miembros de la Junta de Coordinación Política.

De modo que, en este momento, el Senador Emilio Gamboa Patrón, hace una cordial invitación para concretar este Acuerdo. Buscar un posicionamiento que nos lleve justamente a abrir y aperturar el debate correspondiente.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Romo Medina.

Ruego a la Asamblea permita a esta Presidencia fijar los términos del debate.

Se presentaron distintas proposiciones con punto de Acuerdo de diversos grupos parlamentarios relacionados con el caso Ayotzinapa; a todos y cada uno de ellos, incluido el de la Senadora Layda Sansores San Román, se le dio el turno a la Junta de Coordinación Política.
La Junta de Coordinación Política no ha enviado ninguna pieza legislativa a esta Mesa Directiva, tan es así, que la reunión de la Junta de Coordinación Política concluyó sin votación ni ponderada, ni unánime, con respecto a los asuntos que le fueron turnados.

Esta Mesa Directiva acordó en su sesión el día de hoy, por la mañana, que mantendríamos abierta la sesión del Pleno del Senado hasta en tanto recibiéramos el impulso de la Junta de Coordinación Política, cosa que no ha sucedido, tan es así, que hemos dado paso a distintos dictámenes.

Se ha hecho una solicitud conforme al artículo 75 del Reglamento del Senado.

El problema para darle trámite a esa solicitud es que esta Mesa Directiva no ha recibido absolutamente nada, ni una proposición compartida por los grupos parlamentarios ni una solicitud de debate ni ningún otro instrumento que permita abrir la discusión.

El artículo 75 establece con toda claridad que para poder presentar durante la sesión y en el curso del Orden del Día una moción de inclusión de nuevos asuntos, debe previamente presentarse el asunto en cuestión. Eso no ha sucedido.

No se ha presentado ningún punto relacionado con este tema. La proposición con punto de Acuerdo que presentó la Senadora Layda Sansores a petición de la propia Senadora fue turnada a la Junta de Coordinación Política, en consecuencia, esta Mesa Directiva no tiene materia para incluir en el Orden del Día asunto alguno, porque no hay ningún planteamiento formal, que conforme a nuestro Reglamento podamos dar curso.

La Mesa Directiva actúa en cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento, en cuanto se reciba una solicitud concreta someteremos a discusión de este Pleno el asunto que se planteé.

Tiene el uso de la palabra, desde su escaño, el Senador Manuel Bartlett Díaz.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Claro, yo, con todo respeto, señor Presidente, le insisto, en la mesa de coordinación no se llegó a ningún acuerdo, se rompió toda posibilidad.

Ahora, estamos pidiendo un debate político aquí, lo estamos pidiendo tres grupos parlamentarios, no sé por qué usted pueda decir que solamente que llegue un mensaje del Senador Gamboa que está solo allá; y a la petición, dígale usted señor Presidente, al Senador Gamboa que mejor lo invitamos aquí, que se venga aquí, aquí lo esperamos a discutir, no tenemos por qué ir allá; ya eso se acabó, aquí no hay ninguna condición que ponga usted, señor Presidente, de que no se pueda discutir en un debate político, nada, si no llega una carta del Senador Gamboa, eso es un absurdo.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Tengo solicitud del Senador Fayad Meneses, después de él, el Senador Ríos Piter, y me voy a permitir hacer una aclaración, adelante Senador Fayad Meneses.

El Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Yo hago un llamado a la serenidad, estemos tranquilos, que es un debate al que vamos a ir, simplemente creo que hay que honrar la palabra en los Acuerdos que se toman en la Junta de Coordinación Política; yo creo que al no haber Acuerdo, la Junta de Coordinación Política comunicará en los cauces que lo hacemos para todos los demás asuntos que se discuten en el Senado de la República.
Ya lo ha dicho el Presidente de la Mesa Directiva, ni siquiera hay solicitud alguna de que este debate fuera incluido en el Orden del Día, sino hasta este momento en que se ha hecho mención a lo mismo.

Yo pediría, compañeras y compañeros Senadores, que honremos la palabra, que si quedamos en la Junta de Coordinación Política, que habría un espacio para la construcción de un Acuerdo que nos permita ir a un debate ordenado, por qué no queremos brindar este espacio que se ha dado en toda las grandes reformas que juntos hemos logrado construir cuando se quiere llegar a un punto de vista en común sobre un asunto que a todos nos preocupa, que a todos nos indigna y que queremos abordar de la mejor manera, como institución, en el Senado, y no por el hecho de intentar en los tiempos que nos convenga, sacar una raja política al respecto.

Yo creo, compañeras y compañeros, de verdad se los pido, que como lo hemos hecho para casi todos los asuntos que procesamos en el Senado, le demos un voto de confianza al Presidente de la Mesa Directiva, que creo que lo ha señalado claramente y que es espléndida su argumentación sobre el tema, y hagamos también un voto de confianza a su compañero y amigo, el Senador Emilio Gamboa, que, además, coordina la Junta de Coordinación Política y coordina los trabajos en nuestro grupo parlamentario, para que en respeto a ello demos ese espacio que se necesita y retomemos el trabajo, además, ni siquiera se pierde el tiempo porque se han turnado asuntos para ir resolviendo en el tiempo que tengamos aquí, y hoy se tendrá que dar esa discusión y ese debate, y lo haremos en la manera en que estamos acostumbrados.

Digámosle juntos al pueblo de México que sabemos tomar acuerdos, que tenemos palabra y que sabemos hacer las cosas como debemos hacerlas.

Esta sería mi atenta invitación.

Gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Fayad Meneses.

Sonido en el escaño del Senador Armando Ríos Piter.

El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo escuché con atención tanto lo dicho por el Senador Miguel Romo como por parte del Senador Omar Fayad, me permito volver a hacer la propuesta, de hecho la acabo de hacer llegar por escrito.

Está instalado el debate político, no va a haber Acuerdo porque no lo hemos podido construir con el PRI desde hace 4 días, 5, 6, no recuerdo cuántos. O sea, debate político habrá, no estamos esperando un Acuerdo.

De tal manera que yo vuelvo a plantear mi solicitud, mi propuesta. Está en sus facultades, señor Presidente, preguntarle a la Asamblea, y creo que el PRI, por lo que he escuchado de parte de su vicecoordinador y lo que escuché por parte del Senador Omar Fayad, estarán de acuerdo en que hagamos debate político.

Entonces, mi sugerencia es respetuosa, señor Presidente, si usted, con base en el artículo 75 le puede preguntar a la Asamblea si se puede modificar en este momento el Orden del Día e instalar un debate político.

Que haya Acuerdo, o no, en la redacción, de todas maneras se dará porque el PRI no quiere el planteamiento de Fiscalía Especializada sobre Ayotzinapa, éste es el debate, nada más que ya llevamos más de una semana.

Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ríos Piter.

Déjenme hacer un recuento de los últimos minutos.

Inicialmente, se había solicitado que conforme al artículo 75 se diera curso a una proposición con punto de Acuerdo. Después se pidió que se turnara a la Junta de Coordinación Política, cosa que esta Presidencia hizo de manera inmediata. A esta Presidencia le fue comunicada la intención de los grupos parlamentarios de llegar a un posicionamiento que pudiera ser votado en el Pleno. Acaba de recibirse hace escasos minutos la solicitud de que el asunto se incluya como debate.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento, esta Presidencia dará el siguiente trámite:

A fin de tener una resolución sobre lo solicitado, de iniciar un debate sobre el tema que refirió la Senadora Layda Sansores y los Senadores que hicieron uso de la voz recientemente, solicito a la Secretaría consulte, en votación económica, si se autoriza iniciar la discusión al respecto, y, en consecuencia, le ruego a la Secretaría que la votación se tome de manera nominal.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Inaudible)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ya lo he concedido, Senadora Layda Sansores, y yo le pediría que tomara usted su lugar para poder continuar con la sesión en razón de que ya hemos concedido muchas de sus peticiones. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 46 votos a favor y 50 en contra.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, no se aprueba la inclusión en el Orden del Día del debate relacionado con el caso de Ayotzinapa solicitado por la Senadora Layda Sansores San Román.

Continuamos con los asuntos de la sesión.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Eviel Pérez Magaña, para referirse a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Indígenas que ya están a discusión.

Senadora Sansores San Román, me permite, por favor.

Senadora, si usted no me permite continuar con la sesión, tendré que levantarla.

Le ruego regrese a su escaño y permita que continúen los asuntos de la sesión.

Senador Eviel Pérez Magaña, desde su escaño, para continuar con la sesión.

El Senador Eviel Pérez Magaña: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

El efectivo acceso a la justicia ha sido reclamo fundamental de las organizaciones sociales…

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senadora, por favor. Permítame, Senador Eviel Pérez.

Señora Senadora, permítame continuar con la sesión.





 

Esta Presidencia, en virtud de las condiciones de este Pleno, les informa que las iniciativas y proposiciones inscritas en el Orden del Día de hoy, se turnan directamente a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 74 BIS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 116, FRACCIÓN V Y 122, INCISO C) BASE QUINTA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI)

ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, Senador de la República para la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8º Numeral 1 fracción I, 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 116 fracción V y 122 Inciso C Base Quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La dinámica de las relaciones económicas y sociales ha hecho imprescindible la presencia de los tribunales administrativos para dirimir controversias en aquellos ámbitos en los que los particulares interaccionan con las distintas instancias de gobierno en su carácter de sujetos de derecho público.

Desde la reglamentación de determinadas actividades económicas, la concesión de servicios de carácter público, la obtención de autorizaciones y permisos administrativos, el pago de contribuciones y la imposición de multas, son numerosos los momentos en que los particulares interaccionan con la autoridad, y que pueden ser controvertidos ante la presunción de que se han violado los derechos o garantías del gobernado.

Así, desde 1937 se instituyó el Tribunal Fiscal de la Federación, que a lo largo de su existencia vio ampliado su ámbito de competencia en distintas ocasiones, hasta que en el año 2000 se transformó en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, institución que ha sido pionera en la implementación de mecanismos para agilizar la resolución de los asuntos de su competencia.

Esta necesidad de resolver de manera ágil y oportuna las controversias entre las autoridades y los particulares se trasladó a nivel local, por lo que de manera paulatina fueron creándose tribunales de lo contencioso administrativo en las entidades federativas, para resolver aquellas controversias en las que estuviesen involucradas las autoridades locales.

En el año 1987, se reformó el contenido del artículo 116 constitucional para desarrollar la forma en que debía organizarse el poder público de los estados, incluyendo en la fracción IV lo siguiente:

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados podrán instituir tribunales de lo contencioso administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones;

En 1996 esta fracción fue recorrida para pasar a ser la fracción V y en el mes de mayo de 2015 se publicó el decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos para instituir el sistema nacional anticorrupción en el cual los tribunales administrativos adquieren una nueva y mayor relevancia. En este sentido, la fracción V del artículo 116 constitucional dispone:

V. Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales.

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de los Estados, se observará lo previsto en las Constituciones respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos;

Como podemos observar, a nivel constitucional y legal se ha dotado cada vez de mayores atribuciones a dichos tribunales administrativos, atendiendo así a la necesidad de resolver las controversias en que se ven involucrados con los particulares.

No obstante, el incremento sustancial de las materias que son de competencia de los tribunales administrativos, nos obliga a reflexionar sobre la pertinencia de sujetarlos a un mínimo de mecanismos de control, como sucede con cualquier otra entidad que haga ejercicio del poder público.

En primer lugar, debe delimitarse adecuadamente su ámbito material de competencia a fin de evitar una indebida injerencia en materias que son de conocimiento de otras autoridades, o respecto de los cuáles ya existen procedimientos específicos para su resolución.

En el caso que nos ocupa, la redacción actual del artículo 116 constitucional fracción V hace referencia a que los tribunales administrativos de las entidades federativas serán competentes para conocer de las controversias entre la administración pública local o municipal y los particulares, sin que haga la necesaria distinción entre aquellos actos a los que la autoridad acude como sujeto de derecho público y aquellos en los que comparece como sujeto de derecho privado.

Aún cuando esto parece una obviedad, en muchas ocasiones se promueven ante tribunales administrativos el cumplimiento de obligaciones que se encuentran reguladas por el derecho privado, y que por tanto serían de competencia de los tribunales civiles o mercantiles, por lo que resulta pertinente hacer patente dicha exclusión.

En segundo término, es necesario distinguir aquellos casos en lo que ya existe una jurisdicción especializada, pues no toda controversia entre un particular y una autoridad estatal o municipal será competencia de un tribunal administrativo estatal, como es el caso de las controversias laborales, que son competencia de las Juntas y los Tribunales de Conciliación y Arbitraje, según sea el caso.

Finalmente, también es necesario distinguir los ámbitos de competencia cuando se encuentran involucradas instancias de diferentes niveles de gobierno, así como cuando se trata de materias sobre las cuales existe concurrencia.

De tal suerte, se considera conveniente adecuar la redacción dela fracción V del artículo 116 constitucional a fin de establecer que dichos tribunales serán competentes para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares, cuando estas no surjan de relaciones laborales o de derecho privado, así como en aquellos casos en que expresamente le competa a otra autoridad o exista un procedimiento ad hoc para su resolución.

Por otra parte, es necesario que toda autoridad se encuentre sujeta a instrumentos de control jurídico y político sobre el ejercicio de la función pública que le ha sido encomendada.

A los tribunales administrativos de las entidades federativas, a nivel constitucional les fue otorgada una autonomía que en ocasiones ha sido mal interpretada, por lo que es necesario clarificar la redacción constitucional en este sentido.

En los diseños institucionales de diversas entidades federativas, e incluso en el de la federación por algún tiempo, los tribunales administrativos se consideraron como un ente perteneciente al poder ejecutivo, por lo que dotarlos de autonomía para dictar sus resoluciones era un mínimo indispensable para que pudiesen impartir justicia de manera imparcial, pues esto no sería posible al estar subordinados a una de las partes.

No obstante, esta autonomía ha sido mal interpretada por algunas legislaturas locales que han creado tribunales administrativos locales que son verdaderos órganos constitucionales autónomos, que no se encuentran sujetos a ningún mecanismo de control, lo que a todas luces vulnera el sistema de pesos y contrapesos que inspira al sistema de división de poderes.

Esto se debe a una redacción ambigua y una mala interpretación del referido dispositivo constitucional, no obstante lo cual de un análisis sistemático se advierte claramente que la autonomía solamente se refiere a la libertad para emitir sus resoluciones, no así para definir su organización y procedimientos, que deben estar necesariamente sujetos a la ley, a fin garantizar el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso.

Así pues, esta iniciativa propone que los tribunales de justicia administrativa a nivel local, se adscriban a los poderes judiciales de cada entidad federativa, bajo un criterio funcional y orgánico, lo que devendrá en un mejor ejercicio de la función jurisdiccional a su cargo, al someterlos a la vigilancia y control de los respectivos Consejos del Poder Judicial de las entidades federativas.

Asimismo, al adoptar esta medida se estaría incluyendo a los magistrados y jueces en materia administrativa dentro de los supuestos previstos en la fracción III del propio artículo 116 constitucional, que se refiere a los requisitos que deberán cubrir quienes aspiren a ostentar el cargo de magistrado o juez y el procedimiento para su designación, al tiempo que los sujeta al régimen de responsabilidades previstos para los integrantes de poder judicial.

Dentro del esquema de transparencia y rendición de cuentas al que nos encontramos sujetos todos los servidores públicos, no cabe la existencia de un funcionario que no se encuentre sujeto a escrutinio sobre su actuación.

Se trata pues de someter a los tribunales administrativos a un control sobre su ejercicio, así como sobre el ingreso y promoción de sus integrantes dentro de la carrera judicial, lo que necesariamente redundará en una profesionalización y un mayor compromiso con el ejercicio de la función a su cargo.

Así, al clarificar los ámbitos de competencia de los tribunales administrativos y someter a sus integrantes al escrutinio de un órgano de control, todos los ciudadanos tendremos certeza sobre la imparcialidad, el profesionalismo y la probidad de las resoluciones cuando se invoque la protección de la justicia administrativa en las entidades federativas.

Por lo antes expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman los artículos 116 fracción V y 122 Inciso C Base Quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se reforman los artículos 116 fracción V y 122 Inciso C Base Quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 116.….

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

V. Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, como órganos especializados del poder judicial dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, estableciendo su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares que no resulten de relaciones de derecho privado o laborales; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales.

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de los Estados, se observará lo previsto en las Constituciones respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos;

Artículo 122.

C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:

BASE QUINTA.- Existirá un Tribunal de Justicia Administrativa, como órgano especializado del poder judicial, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos. La Ley establecerá su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública del Distrito Federal y los particularesque no resulten de relaciones de derecho privado o laborales; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública del Distrito Federal o al patrimonio de los entes públicos del Distrito Federal.

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Tribunal Superior de Justicia, se observará lo previsto en la fracción II de la BASE CUARTA del presente artículo, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 18 de septiembre del 2015.

Sen. Arturo Zamora Jiménez.





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada y Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes; de la Función Pública, y de la Auditoría Superior de la Federación a remitir diversos informes en los cuales se expliquen los criterios técnicos de la Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo la Cobertura de Tratados No. LA-009000987-T67-2015. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Marcela Torres Peimbert, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Victor Hermosillo y Celada y Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II , 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL TITULAR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA EN UN PLAZO NO MAYOR A 30 DÍAS DIVERSOS INFORMES EN LOS CUALES SE EXPLIQUEN LOS CRITERIOS TÉCNICOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO.LA-009000987-T67-2015, SÍ CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE, GARANTIZA LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y DE TRANSPARENCIA:

CONSIDERACIONES

Desde sus inicios, el Partido Acción Nacional ha pugnado por la limpieza de la vida pública como un principio fundamental para el desarrollo democrático de nuestro país.

Diversos escándalos vinculados con un ejercicio del gasto público opaco y corrupto han minado la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones del Estado mexicano. La baja aprobación que tiene el Presidente de la República por parte de ciudadanos y líderes en nuestro país no sólo han golpeado la figura presidencial sino a la democracia misma.

A partir del regreso del PRI al poder en 2012 con Enrique Peña Nieto, podemos ver, según cifras del Latinobarómetro en 2013, que tan solo un 37% de la población de nuestro país apoya la democracia, el apoyo de las y los ciudadanos al régimen democrático ha perdido 26 puntos porcentuales respecto al 63% que reportaba en 2002.

Casos paradigmáticos, como la cancelación de la licitación del tren rápido México-Querétaro, los constantes escándalos de Grupo Higa y OHL, entre otros, por un lado se suman a la larga lista de escándalos en los que se ha visto envuelta la Administración Pública Federal y por otro restan puntos a la credibilidad que tiene el Gobierno en turno respecto a la integridad de los procesos licitatorios.

Debemos recordar que la rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales en los que se fundamenta un gobierno democrático. Por medio de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas. La transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar. El gobierno democrático debe por un lado rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y por el otro transparentar el ejercicio de los recursos, esto a efecto de mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos.

Ante dicho escenario, la transparencia y rendición de cuentas debe concebirse como una obligación del gobernante para informar su actuar en la administración pública, que permita informar a la ciudadanía quienes siguen percibiendo principalmente en esta administración un elevado tono de enriquecimiento ilícito, favoritismos, negocios y beneficios personales que se traducen en asignaciones de contratos millonarios.

Nuestro país se encuentra en el proceso de cambiar las señales de la televisión del sistema analógico al digital para el 31 de diciembre de este año. Este proceso inició con la extinta COFETEL y la SCT en la ciudad de Tijuana a mediados del 2013 con la entrega de decodificadores, pero más tarde, la SCT se fijó el reto de entregar en solitario televisores digitales a 13.8 millones de familias de escasos recursos, acción, que de acuerdo con especialistas y académicos en la materia, fue calificada como electorera y como onerosa para el erario en un año de recortes fiscales.

El programa de transición a la televisión digital contempla la entrega de televisores aptos para esta tecnología a sólo 13.8 millones de hogares en el país y basados en el padrón de beneficiarios de alguno de los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social. Sin embargo, alrededor de 2.3 millones de familias de todo el país tendrán que migrar solos a la televisión digital y sacar de sus propios bolsillos al menos 2,000 millones de pesos para compra televisores o decodificadores para no quedarse desconectados de la TV digital.

Por mandato constitucional, el gobierno de México tiene hasta el 31 de diciembre para migrar a la televisión digital y en el camino liberar espectro para dejarlo disponible para otros servicios.

Desde el 2013, la autoridad ha comenzado con la migración hacia el nuevo estándar en regiones del norte de país, con la entrega de antenas y decodificadores, pero en el 2014 se definió que la repartición de equipos correspondería sólo a televisores.

De acuerdo con cifras de la consultora Telconomia, en México existen 31 millones 397,520 hogares. De ellos, 1 millón 610,495 hogares no cuentan con un televisor y 14 millones 517,058 más dependen completamente de la televisión análoga, es decir, el 46.2 por ciento de los hogares del país.

Este proyecto difiere del de la extinta Cofetel, que consistía en entregar decodificadores y antenas digitales para hogares en situación de pobreza, no necesariamente empadronados en programas.

El costo promedio de un televisor de 22 pulgadas para el 2013, según la SCT, era de 3,741 pesos y el decodificador más económico rondaba los 600 pesos; la antena más barata, otros 200 pesos.

El alto costo de esta política pública, hace imperante que la licitación que se realice observe los principios de máxima transparencia y rendición de cuentas, apertura gubernamental y apego a la normatividad vigente.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) adjudicó la Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de Tratados número LA-009000987-T67-2015, relativo a la adquisición de televisores digitales, a las empresas Comercializadora Milenio y a Ddcam México.
En un comunicado, la dependencia puntualizó que el concurso para la adquisición de casi 3.6 millones de televisores digitales contó con la participación de 17 empresas y refiere un costo de poco más de 7,317 millones de pesos más IVA.

En total fueron 17 empresas las que presentaron una oferta a la SCT: Avetronic, Comarket, Comercializadora Milenio, Comercializadora Palacio del Mueble de Chiautempan, Comunicación Inalámbrica Inteligente, Corporativo Lanix, CVA Servicios Corporativos, DDCAM México, Digita Victor, Elektra del Milenio, Emporio Omega, ExceopetrolLimited México, Grupo HTCJ & Asociados, NPG Technology México, Synnex, Teletec de México, Tiendas Soriana.

Según información de periódico el Economista:

“La entrega de televisores digitales, además de que ha sido señalada como un programa de tinte electorero, también puede cuestionársele por la indefinición de una bolsa fija de recursos para su cumplimiento y la opacidad con que se ha manejado esta compra, distribución y entrega de equipos, así como por la ausencia de una política de reciclaje de televisores analógicos.

En la primera licitación con la que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) adjudicó los contratos para fabricar 2.6 millones de televisores digitales, las cuatro empresas ganadoras se embolsaron 5,821 millones 101,543 pesos y fueron respaldadas por la dependencia como las mejores para manufacturar los equipos, según la información técnica y financiera proporcionada por ellas mismas, así como por visitas de campo realizada por funcionarios a sus líneas de ensamblaje.

Pero uno de los fabricantes ganadores ofertó el costo de manufactura más alto de todos los competidores; otra fue en alianza con una empresa basada en San Diego, Estados Unidos, cuando se trató de una licitación nacional, aunque ello no supone, por ahora, una engaño al proceso; y las dos empresas mejor evaluadas en aspectos técnicos por la Secretaría de Comunicaciones no cuentan con páginas web institucionales, pero sí con perfiles en la red social Facebook en donde son criticadas por los usuarios debido a constantes fallos en los equipos que manufacturan.

Esta persona moral tampoco ha publicado en su página web el informe final sobre sus revisiones en cuanto a los contratos de adjudicación para la fabricación de los televisores digitales, cuando el gobierno federal ya lo hizo por su parte. Legalmente, no existe impedimento que se lo prohíba y el último informe publicado corresponde a otros contratos observados en el año 2013.”

En virtud de la necesidad de garantizar procesos de licitación íntegros, transparentes y que rindan cuentas a la ciudadanía y con base en todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que:

a) Informe las razones por las cuales se adjudicó a la empresa “Grupo Milenio” el 90 por ciento de la Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de Tratados número LA-009000987-T67-2015;
b) Entregue copia del informe del Testigo Social que participó en la Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de Tratados número LA-009000987-T67-2015.

c) Informe el monto total de televisiones adquiridas, y las empresas adjudicadas, el costo por unidad y la marca de las televisiones de la Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de Tratados número LA-009000987-T67-2015;

d) Remita un informe fundado y motivado donde se expliquen los criterios técnicos que se aplicaron para otorgar la adjudicación de la Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de Tratados número LA-009000987-T67-2015.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a que informe el procedimiento a través del cual se designó al testigo social que participó en la Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de Tratados número LA-009000987-T67-2015.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a iniciar una auditoria de la licitación la Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de Tratados número LA-009000987-T67-2015, lo anterior a efecto de que se verifique si ésta cumple con los elementos suficientes para asegurar las mejores condiciones disponibles para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Atentamente,

Dado en salón de sesiones del Senado de la República, el 22 de septiembre del 2015.

Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.




 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a cumplir urgentemente y a cabalidad con las acciones para atender las afectaciones producidas en septiembre de 2013. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

El que suscribe Sofío Ramírez Hernández, Senador de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, Fracc. II y 108 numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de ésta H. Asamblea la presente proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los impactos causados por los fenómenos meteorológicos, el huracán ‘Ingrid’ y la tormenta tropical ‘Manuel’ en septiembre de 2013, afectaron a nivel nacional en su funcionamiento académico regular a casi el 20 por ciento del total.

Según cifras proporcionadas por el entonces titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet Chemor, 887 planteles presentaron daños de leves a graves en su infraestructura, de los cuales 730 aproximadamente se ubicaban sólo en el estado de Guerrero.
Del total de los 887, 500 de ellos están considerados como pérdida total en 10 estados de la república y por lo menos 150 deben ser reubicados únicamente en Guerrero.

Silvia Romero Suárez, entonces Secretaria de Educación de Guerrero informó en conferencia de prensa el 24 de septiembre de 2013, que la región que resultó con más escuelas dañadas de educación nivel preescolar, primaria, secundaria, educación, especial, y centros educativos del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) fue La Montaña Alta con 320 escuelas y seguida por la región de Costa Chica, con 140 planteles, la zona de Acapulco-Coyuca de Benitez con 115, Costa Grande 38, Tierra Caliente 23, la región Centro 21, la Norte 19 y La Montaña Baja con 11. A estas cifras hay que sumarle por lo menos 40 planteles de Bachillerato afectados de los 126 con los que cuenta Guerrero.

Sin embargo, desafortunadamente los daños anteriores no fueron los únicos, el entonces secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, en octubre de 2013 informó que hasta ese momento se habían contabilizado 14 mil 564 viviendas dañadas en 22 entidades, por el paso de los fenómenos naturales “Ingrid” y “Manuel” y que sólo en el estado de Guerrero la cifra era de 8 mil 509 viviendas afectadas, de las cuales mil 295 se ubicaban en la ciudad de Chilpancingo. Cifra considerada como preliminar ya que faltaba de contabilizar aún 14 comunidades.1

Dentro de estas frías cifras no debemos de olvidar a los 68 desaparecidos que dejó el desgajamiento de un cerro en la comunidad cafetalera de “La Pintada”; no debemos de olvidarlos porque han pasado ya dos años y aún quedan muchos pendientes.

El Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña denunció que pese a que el gobierno federal anunció una inversión de 30 mil millones de pesos para la reconstrucción del estado, mediante el programa Nuevo Guerrero, en 13 municipios de la Montaña aún no termina la reconstrucción de viviendas, la reubicación de poblados, la dotación de granos básicos, la reconstrucción y rehabilitación de carreteras, puentes y escuelas, ni la rehabilitación de los servicios dañados por las lluvias.

En un recuento de compromisos incumplidos, los afectados recordaron que el gobierno del estado dijo que distribuiría maíz, frijol y trigo a las

Familias. Informaron que de las 185 comunidades que entraron al programa “Que Llueva Maíz para la Montaña”, no les han entregado a 90 de ellas.

en dos años se han realizado 23 reuniones de trabajo con resultados mínimos. Como ejemplo mencionaron que la Secretaría de

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) hizo un registro mínimo de daños en viviendas.

En cuanto a las viviendas dañadas, al confrontar los registros de los pueblos de 4 mil 351 viviendas censadas, se dieron cuenta que 2 mil 288 no estaban incluidas por la SEDATU, y hasta julio los funcionarios de la dependencia se comprometieron a hacer una revisión de campo, pero sólo han acudido a tres municipios, faltan 10 por visitar.

Además no se han reparado las afectaciones en primarias y jardines de niños en 35 pueblos, que en 13 comunidades se mantienen los daños en los centros de salud así como en el hospital básico de Tlacoapa, cuya rehabilitación está retrasada.

Detallaron que siguen sin rehabilitar 21 puentes colgantes que usan particularmente los niños para ir a las escuelas cuando los ríos y arroyos están crecidos, y que 39 comunidades mantienen daños en postes de luz, cableado, transformadores de electricidad y cables de alta tensión están caídos sobre viviendas.

Reportaron entre 10 y 25 huertos por cada comunidad como dañados, y en los cafetales se habla de 20 por ciento de las parcelas con pérdidas totales.

De 28 comunidades que se encuentran en alto riesgo y que solicitaron su reubicación, la mayoría siguen sin ser atendidas porque el gobierno federal dice que sí las reubica si el gobierno del estado compra los terrenos, pero éste responde que no tiene dinero.

De igual forma, los pobladores de San Vicente, un poblado de la sierra de Chilpancingo, uno de los más afectados por las lluvias de septiembre de 2013, sigue en riesgo, pues han tenido que regresar a sus casas después de diez meses de haberse refugiado en Chilpancingo. En riesgo se encuentran 548 familias de un total de 578 ya que la SEDATU no ha cumplido con reubicarlas. Únicamente 30 familias fueron reubicadas, sin embrago padecen también por haber tenido que levantar sus casas con madera y láminas.

Es urgente llevar a cabo las acciones que se requieren para salvaguardar y ofrecer una mejor calidad de vida.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano atienda de manera urgente las necesidades de la población en riesgo.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, disponga los recursos necesarios para resolver las necesidades de los damnificados en Guerrero.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, presenten un programa calendarizado para eliminar de manera urgente las carencias de infraestructura de las escuelas en el país.

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Estatal del Estado de Guerrero, a emprender las acciones conjuntas con el Gobierno Federal, para que los damnificados puedan ser reubicados de manera pronta y expedita pues su vida corre peligro.

Dado en la H. Cámara de Senadores, el 22 de septiembre de 2015.

Suscribe

Sen. Sofío Ramírez Hernández.

1 http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/pie_nota/17298/





 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a intervenir urgentemente para detener la contaminación realizada por el ingenio azucarero de Huixtla, la cual está afectando gravemente a los habitantes de dicha región chiapaneca y a la Reserva de la Biósfera “La Encrucijada”. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El suscrito Senador Luis Armando Melgar Bravo, Senador de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, por el que SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS A QUE INTERVENGAN URGENTEMENTE PARA DETENER LA CONTAMINACIÓN REALIZADA POR EL INGENIO AZUCARERO DE HUIXTLA, LA CUAL ESTÁ AFECTANDO GRAVEMENTE A LOS HABITANTES DE DICHA REGIÓN CHIAPANECA Y A LA RESERVA DE LA BIÓSFERA LA ENCRUCIJADA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Huixtla se localiza al sur del estado de Chiapas entre los 92º 27’ 56” de longitud Oeste y los 15º 08’ 17” de latitud Norte.

“Limita al norte con el municipio de Motozintla, al sur con el Océano Pacifico, al este con el Municipio de Tuzantan y al Oeste con el Municipio de Comaltitlan; contando con una extensión territorial de 385.00 Km2 y una población aproximadamente de 51.359”1.

Sus principales actividades económicas se basan en la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza, siendo uno de los principales municipios de Chiapas en producción de café.

Asimismo, Huixtla abarca parte de la Reserva de la Biósfera “La Encrucijada” la cual es una reserva territorial ubicada a lo largo de la franja costera del Pacífico que abarca también los municipios de Mazatán, Villa Comaltitlán, Acapetahua, Mapastepec y Pijijiapan.

La Encrucijada es una regiónque cuenta con una superficie de 144,868 hectáreas de terrenos ejidales, comunales, particulares y nacionales además de tener una gran cantidad de recursos naturales, y ser una fuente muy importante de economía para los municipios que abarca. Por lo que fue decretada Área Natural Protegida en junio de 1995 en el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo cuenta con una gran cantidad de beneficios ambientales, económicos y sociales, por lo que todos estos bienes y servicios ambientales tienen un valor económico sumamente alto, más aún si se cuenta con que estos beneficios se obtienen a largo plazo y por una gran cantidad de personas agrupadas en varios sectores, como son el agrario, agrícola, pecuario, forestal, pesquero y comercial. Además, el valor de estos ecosistemas adquiere un mayor valor ya que forma parte de los ciclos y procesos naturales de los cuales depende el bienestar de una región.
Sin embargo de acuerdo a información publicada en los principales diarios del estado, así como testimonios de habitantes de la región, todo esto se está viendo afectado debido a que desde hace ya varios años el ingenio azucarero de Huixtla está contaminando gravemente al municipio de Huixtla y sus alrededores, con las siguientes acciones:

1. fumigaciones aéreas

2. desechos tóxicos al aire, así como también

3. aguas residuales sin tratamiento.

Estas desembocan en los principales afluentes que pertenecen a la reserva biosfera “La Encrucijada, afectando además de al medio ambiente y a los sectores productivos de la región, la salud de los ciudadanos. Estos residuos pueden provocar:

A. Cáncer de intestino.

B. Cáncer de mama.

C. Cáncer de pulmones: esta última es generada por la quema de las cosechas y que todo ese humo y cenizas son respiradas por los habitantes de toda esta cabecera municipal, así como otros municipios aledaños y que generalmente se dedican al cultivo de caña. Así mismo son afectadas la flora y la fauna por dicha contaminación.

Por lo anterior resulta urgente la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; para que frene estos actos contaminantes que están afectando severamente a la sociedad y al medio ambiente.

Único.-.Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a laProcuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidasa que intervengan urgentemente para detener la contaminación realizada por el ingenio azucarero de Huixtla, la cual está afectando gravemente a los habitantes de dicha región chiapaneca y a la Reserva de la Biósfera “La Encrucijada”.

Suscribe

Sen. Luis Armando Melgar Bravo.


1 Daniel Arturo Hernández Soto, H. Ayuntamiento Municipal de Huixtla, http://huixtla.gob.mx/?page_id=9





 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario de PT, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar monitoreos, evaluaciones y auditorías al sistema COMPRANET en los tres niveles de gobierno. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México actualmente cuenta con una Ley General de Transparencia y un Sistema Nacional Anticorrupción que, según sus proponentes, amplian y fortalecen los mecanismos de acceso a la información, asimismo, se cierran espacios a la opacidad y discrecionalidad.
Es innegable que la legislación en mención es un gran avance en materia de transparencia y rendición de cuentas, sin embargo, esta legislación se olvida de regular a la obra pública, un sector que es más que expuesto a la corrupción y opacidad en todo el mundo.

En México, son tres los principales motivos que propician que una obra pública se convierta en un acto de corrupción: el interés político, la sobrevaloración de la construcción a comparación de su necesidad y razones fortuitas, donde en ésta se incluye la inseguridad y la violencia.1

Según la Organización Civil “México Evalúa”, en el país los principales escándalos en materia de conflicto de intereses y corrupción involucran a contratistas de obra y funcionarios vinculados con ellos. Tan sólo por concepto de cobro de comisiones para gestionar recursos federales a favor de municipios, se calcula que en el país se pierden cerca de 300 mil millones de pesos al año.

Generalmente, la mayor corrupción se da en estados y municipios y sobre todo se vincula con la obra pública, con el agravante de la gestión generalizada de legisladores locales en las partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación (de acuerdo con información de prensa, los diputados asignan hasta 10 por ciento del presupuesto a obras para obtener beneficios políticos en el año electoral).2

Para ejemplificar, en el Estado de Zacatecas recientemente se exhibió un caso de desvío de recursos, en el que supuestamente se les cobró una percepción adicional a los constructores que obtuvieron contratos de la Secretaría de Infraestructura (Sinfra) para edificar 56 glorietas con astabandera al centro en las carreteras de acceso a cada una de las cabeceras municipales de la entidad, para conmemorar el centenario de la Toma de Zacatecas.3

De la información recabada de los testimonios, cada glorieta tenía un costo real de 491 mil pesos, según cálculos de la propia Sinfra. Sin embargo, cada constructor las facturó en un millón 894 mil pesos. Lo más preocupante es que los contratos y facturas de la obra están ocultos, los cuales, por ley deben estar publicadas en CompraNet.4

Es común que se exhiban este tipo de prácticas dañinas para las finanzas públicas de los estados y en general, del país. Es preocupante, que la opacidad con la que se manejan estos proyectos, muestren las lagunas con las que cuenta la legislación en materia de transparencia y rendición de cuentas en la obra pública, las cuales, son aprovechadas para continuar con prácticas corruptas.

Por ejemplo, una deficiencia clara es, como se mencionó anteriormente, que los contratos y facturas de la obra, no están publicadas en CompraNet, pese a que es una obligación que está expresamente establecida en Ley.

CompraNet es el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los datos de los contratos y los convenios; las adjudicaciones directas; dicho sistema es de consulta gratuita y es el medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación. Sin embargo, es una realidad que dicho sistema, se ha convertido en un espacio inaccesible para el ciudadano común que pretende conocer cómo se asignan los recursos públicos en contrataciones.

Pese a la importancia de la información contenida en esa plataforma, en muchos casos es imposible acceder a los datos concentrados por más de 270 dependencias y entidades del Ejecutivo federal, y si se accede representa todo un reto localizar algún contrato relevante.5

Es importante destacar que CompraNet es un mecanismo creado con el objetivo de abatir la discrecionalidad de los procesos de licitación y compras de gobierno en el ámbito federal. Sin embargo, la opinión de algunos contratistas es que las leyes pueden ser mejores, pero en la práctica, la corrupción en los contratos grandes permanece igual o peor que antes. Asimismo, el problema se agudiza a nivel estatal, debido a que las leyes generalmente están rezagadas y hay mayor discrecionalidad para manipular las bases, dar información privilegiada y favorecer a licitantes.6

En México, el gobierno federal destina entre el 25% y el 30% del presupuesto federal a contrataciones públicas y ante esta problématica de opacidad es urgente que la Secretaria de la Función Pública emprenda acciones que permitan conocer qué tan eficiente es el gobierno para comprar.

En este orden de ideas, es impostergable mejorar el sistema de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, CompraNet, así como extender su uso. Es decir, regularlo adecuadamente de tal manera que cumpla su función, ser una herramienta accesible, oportuna y útil para que los ciudadanos puedan conocer los contratos relacionadas con las licitaciones públicas.

Por todo lo anterior, y con apego a la propuesta de la organización civil “México Evalúa”, el presente exhorto va encaminado a que la Secretaría de la Función Pública monitoree, evalue y audite el sistema Compranet en los tres niveles de gobierno y, en caso de ser necesario, sancione a las entidades federativas que hagan uso indebido del mismo.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que en el uso de sus facultades legales realice:

a) Un monitoreo, evaluación y auditoría del Sistema Compranet en los tres niveles de gobierno.

b) Informe a esta Soberanía qué acciones en materia de transparencia pretende implementar para mejorar el del sistema Compranet.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 22 de septiembre de 2015.

1 Meraz Andrea. “Opacidad, madre de ‘elefantes blancos” [en línea]. Periódico Excelsior. México. 2015. Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/06/14/1029366#imagen-4 [consulta 7 de septiembre de 2015].

2 Ruiz Funes Mariano. “Corrupción y obra pública” [en línea]. Opinión. El Financiero. México. 2014. Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/corrupcion-y-obra-publica.html [consulta 4 de septiembre de 2015].

3 Valadez Rodríguez Alfredo. “Hermano del gobernador de Zacatecas cobró moche a constructores: diputada“ [en línea]. La Jornada. México. 2015. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2015/06/18/estados/029n3est [consulta 4 de septiembre de 2015].

4 Ibídem.

5 Velasco Elizabeth. “Inaccesible, la información en Compranet sobre adquisiciones del gobierno federal” [en línea]. La Jornada. México. 2011. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2011/06/22/politica/017n1pol [consulta 08 de septiembre de 2015].

6 Ugalde Luis Carlos.” Nueva y vieja corrupción mexicana” [en línea]. Revista Nexos. México. 2011. Disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=14350 [consulta 08 de septiembre de 2015].





 

Del Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del Distrito Federal a informar sobre la instalación de alertas sísmicas y la implementación de medidas preventivas en escuelas públicas, y a los gobiernos de las entidades federativas a integrarse a la Red de Alerta Sísmica. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, Senador a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A INFORMAR SOBRE LA INSTALACIÓN DE ALERTAS SÍSMICAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN ESCUELAS PÚBLICAS, Y A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A INTEGRARSE A LA RED DE ALERTA SÍSMICA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A 30 años de los sismos del 18 de septiembre de 1985 es necesario que las autoridades del Distrito Federal y de otras entidades susceptibles de ser afectadas por este tipo de fenómenos naturales, realicen un diagnóstico certero sobre los sistemas de protección civil, las alertas sísmicas en operación y la seguridad de inmuebles públicos, sobre todo escuelas y hospitales.

Los recientes simulacros en el Distrito Federal, como el realizado el 12 de septiembre de 2015, donde la alerta sísmica, de acuerdo a crónicas de varios medios de comunicación, fue inadvertida por muchos ciudadanos e incluso hubo fallas en su emisión en los postes de pánico instalados en la capital del país.

El pasado 24 de julio del presente año, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, anunció que a partir de este mes de septiembre la alerta sísmica podrá escucharse en tiempo real en toda la ciudad de México, a través 6 mil 400 postes que utiliza el centro de Control y Monitoreo capitalino (C4), los cuales cuentan con altavoces.

Más allá de estas medidas y los simulacros que se han realizado en la capital del país y en otras entidades en los últimos años y meses, es necesario buscar nuevos esquemas y dispositivos de alerta temprana, así como una revisión puntual de las escuelas, la mayoría de ellas con más de 40 años de construcción, que no cuentan con el equipo necesario no sólo para que operan estos aparatos, sino incluso carecen de puertas de emergencia.

México, al igual que Chile, que en días pasados sufrió un terremoto de 8.3 grados en la escala de Ritcher, se encuentra en una región del planeta afectada por los sismos. En nuestro país cruzan las placas de Cocos y de Rivera, que se encuentra al sur y sureste de México, en el océano Pacífico, se están metiendo bajo la placa Norteamérica, de la cual forma parte la placa continental del país.

El 19 y 20 de septiembre de 1985, dos grandes terremotos con una magnitud de 8.1 y 7.6 grados en la escala de Richter sacudieron la Ciudad de México, lo que derivó en miles de muertes y de damnificados. Sin embargo, de acuerdo con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, pasado el tiempo, la sociedad civil no reaccionó de una manera propositiva y participativa como era de esperarse. A diferencia de la cultura sísmica que se vive en Japón, en México la conciencia en cuanto a este tipo de fenómenos sigue siendo precaria.

Cabe recordar que un año después de los sismos de 1985, es decir en 1986 se propuso -a través del CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología)- un sistema de alerta temprana de sismo para la Ciudad de México.

Fue el 1° de septiembre de 1991 cuando se instauró uno de los esfuerzos mexicanos más importantes en el campo de la sismología, el Sistema de Alerta Sísmica (SAS), para salvaguardar las instalaciones estratégicas de la Ciudad de México como el Sistema de Transporte Colectivo "Metro".

El Sistema de Alerta Sísmica (SAS) trabaja con el principio fundamental de que las ondas sísmicas llamadas superficiales y que son potencialmente dañinas, viajan a una velocidad de entre 3.5 y 4.0 Km/segundo, y por tanto tardan entre 75 y 85 segundos en recorrer la distancia entre la costa del Estado de Guerrero (300 Km) y la Ciudad de México.

La detección del sismo en la costa, la estimación de su potencial tamaño, y finalmente la trasmisión de un mensaje de alertamiento, dan un lapso de aproximadamente 50 segundos antes de la llegada de las ondas sísmicas superficiales a la Ciudad de México.

De acuerdo Elia Arjonilla Cuenca, investigadora de la UNAM, el Sistema de Alerta Sísmica en la Ciudad de México tiene deficiencias pues no existen los tres subsistemas diferenciados de detección, administración y respuesta, necesarios para constituir un sistema de alertamiento integrado; y, por tanto eficiente.

En un estudio denominado “Evaluación de la Alerta Sísmica para la Ciudad de México desde una Perspectiva Sociológica” se subraya que no se han preparado canales ni fuentes múltiples, frecuentes e integrales de comunicación al público; ya que los mensajes de alerta no son exhaustivos ni proporcionan al público todo lo que necesita saber.

Ante este desfase los diferentes actores han tenido que improvisar sus estrategias de aprovechamiento del recurso tecnológico sin lineamientos ni asesoría técnica, lo cual hace perder valiosos segundos de alertamiento para desalojar escuelas, hospitales y edificios públicos hasta con 72 segundos de anticipo a un sismo.

Para ello el Instituto de Ingeniería de la UNAM indica que se instaló el SAS en la zona central de las costas de Guerrero, conocida como la Brecha Sísmica de Guerrero, porque no ha ocurrido un sismo importante, de decir mayor a 7.5, desde el año de 1911. Anteriormente, entre 1889 y 1911, en esa zona ocurrieron 4 sismos con magnitudes entre 7.5 y 7.7.

De acuerdo con la UNAM el SAS es una herramienta muy poderosa, que puede salvar vidas, siempre y cuando nosotros sepamos qué hacer con esos 50 segundos, por lo que es muy importante llevar a cabo simulacros y acciones preventivas que nos ayuden a usar el valioso tiempo de la Alerta Sísmica.

Actualmente el SAS sólo funciona para sismos que ocurran en las costas del Estado de Guerrero y con sismos mayores a 5 grados Richter. Dicho sistema depende del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), una asociación civil auspiciada por la Fundación Javier Barros Sierra, A.C.
El Sistema de Alerta Sísmica inició en 1991 con 12 estaciones en el estado de Guerrero, ahora tiene 100 estaciones, que operan en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco. Hay proyectos para ampliar esta red a Chiapas y Veracruz.

Para difundir la alerta la alerta sísmica el CIRES desarrolló dos receptores. Sin embargo, dicho centro aclara que las aplicaciones en teléfonos celulares y dispositivos móviles, no están garantizadas, pues no reciben la señal en forma simultánea, ya que en ocasiones el alertamiento llega después que el temblor.

Cabe destacar que el presupuesto del Sistema de la Alerta Sísmica Mexicana proviene de los Gobiernos del Distrito Federal y Oaxaca, además de la Secretaría de Gobernación.

El 20 de marzo de 2012, el sistema anticipó con 78 segundos la llegada de los efectos fuertes de un sismo de magnitud 7.3 con epicentro en los límites de Oaxaca y Guerrero, mientras que el pasado 16 de junio de este 2013, un sismo de magnitud 5.8 ocurrido en el norte de Guerrero disparó las alertas, pero por su cercanía solo ofreció a la Ciudad de México 24 segundos para prepararse.

Sin embargo, el punto importante de este acuerdo es destacar que a entidades como el Distrito Federal, que son vanguardia en este tipo de tecnologías, por obvias razones de lo ocurrido en 1985, están de alguna forma subutilizando el Sistema de Alerta Sísmica, ya que a pesar de ser una zona de alta sismicidad e incluso de contar con los instrumentos que se requieren, un alto porcentaje de escuelas de nivel básico, carecen de las alarmas o por lo menos no funcionan de forma correcta.

En 2013 se informó en diversos medios e incluso en la ALDF que no se habían instalado el 20 por ciento de esas 50 mil alarmas sísmicas en escuelas de educación básica y hospitales del Distrito Federal para prevenir a la población de un movimiento telúrico superior a los 5 grados Richter.

Lo anterior debido a que desde la administración anterior, de Marcelo Ebrard, cuando se compraron a un costo de 56 millones 34 mil 960 pesos, no se instalaron en su totalidad y muchos de esos aparatos se encuentran almacenados, ellos a pesar del riesgo latente en escuelas públicas, que por cierto en la mayoría de los casos tienen una antigüedad de más de 40 años.

Cabe destacar que en 2010, la Oficialía Mayor del Distrito Federal, encabezada Adrián Michel Espino, contrató, mediante licitación directa, a la empresa MDREIECK, S. A de C.V para la adquisición de los receptores especiales de la marca SARMEX, estableciendo como fecha límite de entrega en el contrato el 31 de marzo de 2011.

A pesar de que dicha empresa presume tener cubiertas las 16 delegaciones del Distrito Federal, tal y como lo reportaron diversos medios electrónicos y escritos hace tres meses, la mayoría de esos receptores-alarmas, no están instalados.

En abril del 2013, la Comisión del Distrito Federal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó un punto de acuerdo en el que se exhortó al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, completar la instalación de alertas que faltan, objeto del contrato establecido, que se estimaba en 10 mil aparatos, es decir se trataría de 10 mil escuelas capitalinas que no cuentan con este sistema de alerta.
Más allá del debate que en su momento se dio respecto a posibles malos manejos o desvío de recursos de autoridades del Distrito Federal en este tema tan sensible, es necesario evitar su politización y que conozca la situación real del tema de las alarmas sísmicas en escuelas, en hospitales, edificios públicos y unidades habitacionales.

El propio Jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, luego de las denuncias, se comprometió a resolver este tema, sin que hasta el momento, por lo menos en el Senado, se conozca de la instalación de la totalidad de estos equipos por lo menos en las escuelas públicas del nivel básico.

En ese sentido, es importante destacar la labor de las universidades del país en materia de investigación e innovación tecnológica. En especial de la Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que lograron desarrollar el Sistema Extendido de Alarma Sísmica que actualmente opera en 25 unidades de trabajo de esta casa de estudios con una eficacia del cien por ciento.

Al respecto es necesario que el Senado de la República reconozca este tipo de investigaciones y nuevos dispositivos tecnológicos, fomentar su aplicación y patentes correspondientes y se extienda su uso a zonas de alta sismicidad como la Ciudad de México.

En materia de protección civil, sobre todo en el tema de sismos, nada es suficiente y mucho menos en zonas como la Ciudad de México, donde el riesgo siempre es latente. No se puede soslayar el hecho de que 10 mil alertas antisísmicas puedan seguir sin instalarse en escuelas o que los simulacros fallen o sean ignorados por la falta de una campaña efectiva de difusión.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al titular del Gobierno del Distrito Federal informe a esta soberanía sobre la situación estructural de las más de 8 mil escuelas públicas del nivel básico en la capital, si cuentan con salidas o escaleras de emergencia en casos de sismos y otras contingencias como incendios, así como sobre la situación de al menos 10 mil “alertas antisísmicas” que no se habían instalado en el 2013 en igual número de aulas y sin en el resto de las aulas y planteles están funcionando correctamente, para en caso de ser necesario se ordene su instalación o reparación.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales y del gobierno del Distrito Federal, sobre todo en zonas susceptibles de riesgos sísmicos a buscar convenios con universidades e institutos tecnológicos para buscar nuevos instrumentos y dispositivos que permitan fortalecer las alertas sísmicas.

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales que aún no forman parte de la Red de Alerta Sísmica integrarse a la misma, así como destinar recursos para su fortalecimiento de una cultura de prevención civil en el país.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de septiembre de 2015.

Sen. Arturo Zamora Jiménez.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a realizar las diligencias necesarias para ejecutar una restauración mayor de los diferentes edificios que constituyen las ruinas de lo que fue la hacienda “Molino de Flores”, ubicados dentro del Parque Nacional Molino de Flores en el municipio de Texcoco, Estado de México. Se turna a la Comisión de Cultura.







 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a considerar en la dictaminación de la Ley General sobre Personas Desaparecidas, las propuestas entregadas por víctimas, organizaciones sociales y familiares de personas desaparecidas en México. Se turna a la Comisión de Justicia.

Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO A CONSIDERAR EN LA DICTAMINACIÓN DE LA LEY GENERAL SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS, LAS PROPUESTAS ENTREGADAS POR VÍCTIMAS, ORGANIZACIONES SOCIALES Y FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN MÉXICO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de diciembre de 2006, trató de llenar las lagunas planteadas por la Declaración de1992, estableciendo como nuevo derecho humano el derecho a no ser sometido a desaparición forzada. Asimismo representó un avance en lo que respecta a medidas concretas vinculantes, como la obligación de mantener registros centralizados de todos los lugares de detención y de los detenidos y al derecho de los desaparecidos y sus familiares a un recurso efectivo y reparación del daño.

El artículo 2 de la Convención define la desaparición forzada:

Se entenderá por "desaparición forzada" el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

El 30 de abril de 2015, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la reforma sobre desaparición forzada e involuntaria de personas, en el decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 Constitucional.

El 02 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación entregó al Senado de la República el informe anual del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), en el que de acuerdo a información aportada por las instancias competentes en las entidades federativas y la Procuraduría General de la República, al 31 de diciembre de 2014, había en México más de 25,230 personas desaparecidas. Sin contar una enorme cifra negra de quienes no han denunciado por diversos motivos.

En fechas recientes diversas organizaciones, víctimas y familiares de personas desaparecidas han planteado recomendaciones que la nueva Ley General sobre Personas Desaparecidas debe contener. Se tiene conocimiento de las propuestas efectuadas en el (i) Documento de organizaciones de familiares de personas desaparecidas en México preparado por un colectivo de familiares de personas desaparecidas1 y de organizaciones acompañantes2 (ii)
“Propuesta para la conformación de una ley eficaz de aplicación nacional sobre desaparición forzada de personas” elaborada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura

(http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh_desaparicion_forzada_de_personas.pdf); (ii) el documento de trabajo denominado “Elementos esenciales para regular la desaparición de personas” preparados por la Delegación para México y América Central del Comité Internacional de la Cruz Roja

(file:///Users/joseantonio/Downloads/elementos_esenciales_para_regular_la_desaparicion_20.07.2015.pdf), y (iii) los “Elementos mínimos que debe contener una Ley General para Prevenir y Sancionar la desaparición forzada de personas y las desapariciones por particulares” (http://www.idheas.org.mx/service/elementos-minimos-que-debe-contener-una-ley-generalpara-prevenir-y-sancionar-la-desaparicion-forzada-de-personas-y-las-desapariciones-por
particulares/) elaborados por I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

Consideramos que no basta elaborar una nueva ley para terminar con el problema de las desapariciones, se tienen que atacar de fondo otros factores que son determinantes, incluso hasta más que la propia Ley, es decir, se tienen que terminar la corrupción y la impunidad que han dado origen y mantienen esta situación.

Las desapariciones forzadas, debemos considerarlas en su verdadera dimensión y profundidad: la magnitud, las causas estructurales y condiciones que han generado esta crisis de derechos; las limitaciones y vicios del quehacer institucional, todo ello para dar una respuesta en la medida y alcance necesaria para encontrar a todas las personas desaparecidas.

Para tener un plan de acción basado en la Ley y acabar con este problema se deben considerar diferentes aspectos como por ejemplo:

● Investigación real y no simulada

● Adecuación del tipo penal

● Implementación de un sistema nacional de búsqueda y registro

● Todas las formas de responsabilidad penal previstas en el derecho internacional

● Fórmulas jurídicas para combatir la impunidad,

● Pleno respeto a los derechos de las víctimas, reparación integral del daño y declaración de ausencia

Actualmente se ha perdido la confianza en las instituciones del Estado. La coyuntura de esta situación es una oportunidad histórica para las autoridades del poder Ejecutivo y Legislativo, de crear una política de Estado que responda a las desapariciones, tomando en cuenta la participación y recomendaciones de las organizaciones sociales, de víctimas y familiares de desaparecidos, y empezar así a reparar la confianza que ha sido dañada por la corrupción, la mentira, la negligencia y la impunidad que han marcado una historia negra en nuestro país.

La ley que se requiere, debe tomar en cuenta:

● El derecho que toda persona desaparecida tiene a ser buscada de manera inmediata., sin importar condiciones particulares de la víctima.

● Garantizar los derechos de las familias, en particular el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral.

● Retomar la experiencia de las víctimas en los procesos y mecanismos que deriven de los procesos legislativos y de diseño de políticas públicas y en las labores de investigación, garantizando su derecho a la participación y a la coadyuvancia.

● Establecer mecanismos para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares, así como de la sociedad en su conjunto,

● La implementación de mecanismos de rendición de cuentas y vigilancia ciudadana en la Ley y en los procesos que de la misma emanen.

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, de obvia y urgente resolución el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La H. Cámara de Senadores exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a considerar en la dictaminación de la Ley General sobre Personas Desaparecidas, las propuestas entregadas por víctimas, organizaciones sociales y familiares de personas desaparecidas en México.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura,
el 22 de septiembre de 2015.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter.

1 Colectivos de Familiares: Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León, AMORES (Nuevo León); Asociación Unidos por los Desaparecidos (Baja California); Buscando a los Desaparecidos y Desaparecidas de Jalapa; Colectivo por la Paz, Jalapa Veracruz; Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en México, “Alzando Voces” COFADDEM; Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero; Comité de Familias Migrantes Desaparecidos del Salvador COFAMIDE; Comité-Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes "Junax Ko'otontik", Desaparecidos de El Fuerte Sinaloa. Desaparecidos Justicia, A.C., Familiares de Desaparecidos y Desaparecidas de Xalapa, Familiares de Orizaba y Córdoba, Veracruz, Familiares en Búsqueda María Herrera, A.C., Familiares organizadas con Red Mesa de Mujeres Chihuahua. Familiares organizados con Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Desaparecidos de Piedras Negras (Coahuila); Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, Frente de Víctimas del Estado de Morelos. Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México – Región Centro, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDLN), Grupo V.I.D.A., Víctimas por sus Derechos en Acción (Coahuila); Justicia para Nuestras Hijas (Chihuahua); Los Otros Desaparecidos de Iguala., Madres Unidas, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Personas Migrantes Desaparecidas de Guatemala, Plataforma de Víctimas de Desaparición en México. Red de Madres Buscando a sus Hijos, A.C., Red Eslabones por los Derechos Humanos , Red Nacional de Enlaces, Unión de familiares de desaparecidos de Sinaloa en los años 70s. Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, A.C. , Voces Unidas por la Vida.

2 Organizaciones acompañantes: Bordamos por la Paz, Casa del Migrante Saltillo, Cauce Ciudadano, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C., Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C., Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada Ocosingo, Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, A.C. (Coahuila); Centro de Derechos Humanos Oralia Morales, (Chiapas) , Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C. (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. Centro de Orientación del Migrante de Oaxaca A.C., Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C. (Coahuila); CEPS Justicia y Participación, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Chihuahua); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., Dimensión de Justicia, Paz y Reconciliación, Diócesis de Zamora, Fe y Política de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, Freedom House México; Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Fundación de Diego Lucero A.C., Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C., Fundar. Centro de Análisis e Investigación, A.C. Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas "COLEM", A.C. ID(H)EAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C.; Justicia para Nuestras Hijas, A.C.; La 72 Hogar-Refugio para Personas Migrantes, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. IDHEAS, Mexicanas y Mexicanos en el Exilio (Texas, EE.UU.); Mujeres de Pacto, A.C. Red Mesa de Mujeres, A.C.; Servicio Jesuita al Migrante México.Servicio Jesuita al Migrante Nicaragua, Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ); South Texas Human Rights Centre, Taller de Desarrollo Comunitario, A.C., Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C., Zacatecanos por la Paz. Centro de Colaboración Cívica A.C., como facilitación en el proceso, Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en carácter de asesor técnico. 





 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a facilitar y no condicionar la compra de fertilizantes y plaguicidas con proveedores específicos, con el fin de no afectar a los productores de café en Chiapas. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

El suscrito Senador Luis Armando Melgar Bravo, Senador de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, por el que SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN PARA QUE FACILITE Y NO CONDICIONE LA COMPRA DE FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS CON PROVEEDORES ESPECÍFICOS, CON EL FIN DE NO AFECTAR A LOS PRODUCTORES DE CAFÉ EN CHIAPAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El estado de Chiapas cuenta con una morfología muy amplia, dado que cuenta con extensas zonas montañosas como la Sierra Madre de Chiapas y El Bloque o Macizo Central. Asimismo está determinada por grandes Valles como la depresión central, y con la Llanura Costera del Pacífico y las Llanuras Aluviales del Norte. Es por esto que, Chiapas presenta una gran diversidad climática y biológica. Debido a su riqueza natural varias zonas de su territorio han sido declaradas reservas de la biosfera.

Esta diversidad climática y biológica le ha permitido al estado ser uno de los principales productores agrícolas del país, del cual la producción de café representa gran parte de la economía para el estado.

Y es que el café es de suma relevancia para el estado ya que representa una fuente de empleo muy importante para los ciudadanos, esto debido a que Chiapas es el principal productor de café en México, contando con una gran variedad de productos, situación que es sumamente atractiva para los países importadores.

Sin embargo los productores del café se están viendo gravemente afectados por la “roya” del café, la cual es la enfermedad más importante en los cafetales. “Esta es causada por el hongo Hemileia vastatrix el cual infecta las hojas del cafeto. La infección por este hongo ocasiona la caída prematura de las hojas y, si además, hay ataques por insectos, mala fertilización y condiciones de crecimiento deficientes, los cafetos estarán en un continuo estrés y desbalance lo que afectará negativamente la producción.”1

“Se ha investigado en la Estación Experimental Agrícola varias estrategias para controlar la roya del café, concluyendo que no se puede basar solamente en una práctica".2. Las recomendaciones que se dan para el manejo de la enfermedad contienen una serie elementos que garanticen la calidad de los arbustos, de la tierra y del producto que se va a sembrar.

Este fenómeno ha invadido gran parte de las cosechas en el estado de Chiapas, amenazando con disminuirla hasta 60 por ciento. Es por esto que los caficultores están sumamente preocupados y han expuesto la falta de compromiso por parte de la SAGARPA, enfatizando que no se les dan los apoyos correspondientes y que se les condiciona la compra de fertilizantes y plaguicidas con proveedores específicos.

Las trabas burocráticas no deben entorpecer la producción, y en cambio, los recursos deben fluir de manera expedita, ademas de que los productores deben tener libertad total para elegir el producto que mejor les convenga.
Único.- se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que facilite y no condicione la compra de fertilizantes y plaguicidas con proveedores específicos, con el fin de no afectar a los productores de café en Chiapas.

Suscribe

Sen. Luis Armando Melgar Bravo.

1 Rocío del P. Rodríguez y Miguel F. Monroig Inglés, Manejo de la roya del cafeto,
http://academic.uprm.edu/mmonroig/id22.htm

2Ídem





 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario de PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas secretarías de Estado y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el uso de cannabidiol para el tratamiento del síndrome de Lennox-Gastaut de pacientes mexicanos y en respeto al derecho humano a la salud. Se turna a la Comisión de Salud.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE A DIVERSAS SECRETARÍAS DE ESTADO Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE EL USO DE CANNABIDIOL PARA EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE LENNOX-GASTAUT DE PACIENTES MEXICANOS Y EN RESPETO AL DERECHO HUMANO A LA SALUD, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. En días pasados se dio en nuestro país un caso que sentará un precedente histórico en el uso de medicamentos de origen extranjero que contienen en su fórmula ingredientes de uso ilegal en nuestro país. Tal es la historia de Graciela Elizalde Benavides. Según consta en un artículo de “El Universal.com”, Graciela a sus ocho años, hizo historia en el debate sobre la legalización de la marihuana en México al convertirse en la primera persona que recibió un medicamento a base de esa droga, su última esperanza para aliviar los más de 400 ataques epilépticos que sufría diariamente. Sin embargo, la pequeña sorteó la rotunda oposición por parte de las autoridades de México, un país desde el que se trafican enormes cantidades de cannabis hacia Estados Unidos. Tras un electroencefalograma por un deficiente desarrollo motor, se le diagnosticó Síndrome de Lennox-Gastaut, una variante de epilepsia muy difícil de tratar. La pequeña, comenzó entonces un vía crucis de cirugías y 19 tratamientos anti-convulsivos. Todos ineficaces ante su cada vez más deteriorada condición. Pese a una radiocirugía cerebral y tras experimentar con tratamientos alternativos como la equinoterapia, las crisis epilépticas "han aumentado impresionantemente de intensidad, fuerza y cantidad hasta unos 400 episodios, sin contar los que sufre mientras duerme", explica una estoica Benavides. Todo parecía perdido hasta que sonó el caso de Charlotte, una niña que gracias a un aceite de cannabis pudo aliviar su epilepsia en Colorado, una región de Estados Unidos que legalizó el consumo de marihuana con fines recreativos y medicinales. Pero el gobierno no disimula su franca oposición a la legalización de cualquier uso de la hierba. El padre de "Grace", Raúl Elizalde, recorrió 2.000 kilómetros para procurarse el precioso remedio en Colorado, pero le fue negado porque no era residente. Los padres solicitaron entonces un permiso para acceder al tratamiento ante la secretaría de Salud de México, pero el gubernamental Consejo de Salubridad General respondió con un categórico "no". La defensa de la pequeña interpuso un recurso y, en un histórico fallo, un juez federal se lo concedió el 17 de agosto. Esta decisión otorga a los padres de Graciela la posibilidad de importar y portar el cannabidiol, uno de los componentes de la marihuana.
El Ministerio de Salud se comprometió a ayudar a obtener el permiso, tal como los padres de Graciela lo han solicitado, para importar la medicina producida por la británica GW Pharmaceuticals y que sigue en fase de investigación. "Cabe aclarar que esta autorización sanitaria no significa el aval a la importación de la marihuana en ninguna de sus formas", advirtió el Ministerio de Salud en comunicado. El comunicado de la comisión para Protección de Riesgos Sanitarios dijo que tomó en "consideración que este es un caso particular, porque ha sido refractario a todos los tratamientos disponibles en México".

2.- El cannabidiol (CBD) es uno de los fitocannabinoides más conocidos y estudiados. Al actuar como mediador de los efectos del THC, generalmente se considera que no es de naturaleza psicoactiva. Sin embargo, las investigaciones indican que el CBD tiene un efecto sedante y tranquilizante, lo que puede explicar en parte por qué las variedades con alto contenido en CBD son conocidas por su efecto “físico” en lugar de por su efecto “cerebral”.Dentro de las propiedades fisiológicas el CBD ha sido descrito ocasionalmente como de una importancia médica aún mayor que el THC. Su falta de psicoactividad es una gran ventaja, ya que puede ser utilizado con seguridad y sin miedo a que los sujetos se intoxiquen y no puedan funcionar. Más allá de esto, tiene numerosas propiedades beneficiosas conocidas y, sin duda, muchas que aún no se han descubierto. El CBD tiene un efecto analgésico, antidepresivo y ansiolítico (contra la ansiedad) y también se están explorando sus propiedades neuroprotectoras. La neuroprotección, o aplicación de neuroprotectores en las estructuras del cerebro y del sistema nervioso central para protegerlos contra posibles daños (incluyendo daños mayores, en el caso de enfermedades degenerativas como el Parkinson), es un área de la medicina de enorme y creciente importancia. Tal vez lo más emocionante es que se ha demostrado que el CBD tiene un efecto inhibidor sobre la proliferación de células cancerígenas. Las variedades altas en CBD y bajas en THC como la “Avidekel” israelí están siendo desarrollados para uso médico. El CBD no está incluido en ninguna categoría de la lista de sustancias en los EE.UU. y por lo tanto su venta en las tiendas está legalmente permitida. Dixie Botanicals es una empresa especializada en ungüentos y suplementos de cáñamo que contienen CBD producido de manera natural, y sus productos y muchos otros similares están a la venta en diferentes estados de EE.UU. En Canadá, sin embargo, el CBD es una droga incluida en la categoría II de la lista y técnicamente sólo está disponible de manera legal con receta médica, aunque no hay ninguna restricción legal vigente que limite el porcentaje permitido de CBD, no como en el caso del THC.

3.- El debate se torna interesante cuando podemos argumentar que hay medicamentos con sustancias que en cierto estado no son legales como, según nos dice la página de Internet de Servicios de Salud de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, los opiáceos que son el fruto de la planta amapola o adormidera (Papaver Somniferum) es una cápsula globosa y achatada de la que se extrae un látex blanquecino que se procesa hasta obtener el opio. Los opiáceos son las drogas derivadas del opio: la morfina, la heroína y la codeína. También se les llama narcóticos o estupefacientes. La morfina cuyo uso médico más frecuente es el de calmar los dolores de cualquier clase e intensidad, sin eliminar otro tipo de sensaciones, como el tacto. Asimismo la codeína sustancia que también proviene de la morfina y se utiliza para la elaboración de jarabes contra la tos.

Seguramente existió un proceso para regular y legalizar, en la historia de la medicina, los beneficios y usos clínicos de ciertas sustancias que en otras presentaciones son consideradas como ilegales.

4.- En el caso de Graciela Elizalde sucede lo mismo, es una cuestión de consideración y actitud, de respeto al derecho a la salud, protegida por legislaciones internacionales que privilegian sobre las legislaciones nacionales, el derecho de la persona a, en este caso, la salud. El uso de un medicamento cuyo ingrediente tiene cannabidiol es ya un ícono argumental para que en nuestro país se inicien los procesos clínicos, administrativos, jurídicos y los que sean necesarios, para preservar la salud de personas nacionalidad mexicana cuyos padecimientos requieran el uso administrado por médicos de esta sustancia. No es posible que existan frenos ante el derecho a la salud en México. Es viable que mediante consideraciones de excepción, se puedan salvar vidas, cuando una sustancia ilegal, tratada en procesos clínicos, esté a disposición en los mercados farmacéuticos internacionales. Para ello, este ejemplo tiene que servir como obturador para que los procesos jurídicos necesarios fluyan en favor del derecho a la salud de las personas.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A GENERAR ESTUDIOS, ANÁLISIS, CLÍNICA COMPARADA Y UNIVERSO DE PATOLOGÍAS EN MÉXICO SOBRE LA CONVENIENCIA DE QUE LOS PACIENTES MEXICANOS CON SÍNDROME DE LENNOX-GASTAUT PUEDAN DISPONER DE LOS MEDICAMENTOS EXTRANJEROS PERTINENTES PARA SER TRATADO.

DOS.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A EMITIR UN ESTUDIO DE IMPACTO LEGISLATIVO PARA QUE LOS PACIENTES MEXICANOS CON SÍNDROME DE LENNOX-GASTAUT PUEDAN ADQUIRIR SIN TRABAS PROCEDIMENTALES, LOS MEDICAMENTOS EXTRANJEROS QUE CONTENGAN EL CANNABIDIOL PARA SU TRATAMIENTO Y EN RESPETO AL DERECHO HUMANO A LA SALUD.

TRES.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A EMITIR UNA POSTURA ANTE EL CASO DE GRACIELA ELIZALDE BENAVIDES, EL USO DE CANNABIDIOL Y SU DERECHO HUMANO A LA SALUD PARA QUE SIRVA COMO ARGUMENTO PARA LA VIABILIDAD DE ADQUISICIÓN LEGAL DE CANNAIBIDOL EN MÉXICO POR PARTE DE PACIENTES MEXICANOS CON SÍNDROME DE LENNOX-GASTAUT.

Atentamente.





 

De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a los integrantes del Consejo de Salubridad General, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, para incluir en el “cuadro básico” de las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud, los medicamentos para tratar a los pacientes con esclerosis múltiple. Se turna a la Comisión de Salud.

Las suscritas Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracciones II, 276, numeral 1, fracción I y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esa H. Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo por la que el Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que instruya a los integrantes del Consejo de Salubridad General, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, para que incluyan en el “Cuadro Básico” de las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud, los medicamentos que resulten idóneos para retardar el progreso, controlar los síntomas y ayudar a mantener una calidad de vida normal de los pacientes con Esclerosis Múltiple, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La presente proposición con punto de acuerdo aborda un tema importante y que lo es la disponibilidad de medicamentos para paliar los efectos en los pacientes con Esclerosis Múltiple.
Desde 1838, Robert Carswell y Jean Cruveilhier dos médicos europeos detectaron al presenciar diversas necropsias la existencia de placas en el sistema nervioso central y documentaron sus observaciones sobre la existencia de una nueva enfermedad conocida tiempo después como esclerosis múltiple, aunque los médicos en ese entonces no tenían una plena comprensión de ella.1

Jean-Martin Charcot, profesor de neurología en la Universidad de París descubrió los efectos de esta enfermedad en 1868, gracias a sus estudios y contribuciones a la especialidad se le ha dado la etiqueta de “padre de la neurología”.2

El profesor Charcot observó a una mujer que sufría de temblores, lo que fue nuevo para él, también observó otros síntomas neurológicos tales como movimientos anormales de los ojos y visión borrosa. Durante la autopsia, descubrió que en su cerebro había placas o cicatrices que los médicos ahora saben, son característicos de la esclerosis múltiple.

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad del sistema nervioso que afecta al cerebro y la médula espinal. Lesiona la vaina de mielina, el material que rodea y protege las células nerviosas. La lesión hace más lentos o bloquea los mensajes entre el cerebro y el cuerpo, por ello, la mayor parte de la mielina dentro del área afectada está dañada o destruida y sus síntomas pueden incluir:3

• Problemas de visión como visión borrosa o doble o neuritis óptica, que causa dolor ocular y una pérdida rápida de la visión.

• Músculos débiles y rígidos a menudo con espasmos musculares dolorosos.

• Cosquilleo o entumecimiento de los brazos, piernas, tronco del cuerpo o la cara.

• Torpeza, particularmente con dificultad para mantener el equilibrio al caminar.

• Problemas de control de la vejiga, ya sea incapacidad para controlar la vejiga o urgencia.

• Mareo que no desaparece.

•Fatiga mental o física que acompaña a los síntomas anteriores durante un ataque.

•Cambios en el estado de ánimo como depresión o euforia.

•Cambios en la capacidad de concentrarse o hacer eficazmente varias tareas a la vez.

•Dificultad para tomar decisiones, planificar, o establecer prioridades en el trabajo o en la vida privada.

Pese a los avances de la investigación, poco se conoce de lo que la genera y se tienen hipótesis sobre que la esclerosis puede ser una enfermedad autoinmune como la artritis reumatoide y el lupus, en las el sistema inmunitario erróneamente ataca el tejido sano de las personas a diferencia de realizar su papel normal de ataque de invasores extraños como virus y bacterias.
La esclerosis múltiple afecta más a las mujeres que a los hombres, suele comenzar entre los 20 y los 40 años, generalmente la enfermedad es leve, pero algunas personas pierden la capacidad para escribir, hablar o caminar.

No existe una cura debidamente probada para la esclerosis múltiple, pero el tratamiento conciertos medicamentos puede hacer más lento el proceso y ayudar a controlar los síntomas, también se tienen teorías sobre que la fisioterapia y la terapia ocupacional también pueden ayudar.

Esta enfermedad es neuroinflamatoria que afecta a la mielina, sustancia que forma la membrana (llamada vaina de mielina) que envuelve a las fibras nerviosas (axones). Los axones mielinizados comúnmente se denominan materia blanca.

Diversos investigadores se han percatado que la esclerosis múltiple también daña a los cuerpos celulares nerviosos, que se encuentran en la materia gris del cerebro, al igual que a los axones en el cerebro, la médula espinal, y el nervio óptico (el nervio que transmite la información visual del ojo al cerebro), a medida que evoluciona la enfermedad, la corteza cerebral se encoge (atrofia cortical).

Los términos esclerosis múltiple se refieren a las áreas distintivas de tejido cicatrizal (esclerosis o placas) que se ven en la materia blanca de las personas que padecen esta enfermedad.

Las placas pueden ser tan pequeñas como una cabeza de alfiler o tan grandes como una pelota de golf, los médicos pueden ver estas áreas examinando el cerebro y la médula espinal usando un tipo de escáner cerebral que produce imágenes de resonancia magnética, las placas, o lesiones son el resultado de un proceso inflamatorio en el cerebro que causa que las células del sistema inmunitario ataquen a la mielina.

La esclerosis múltiple causa discapacidad severa, raramente fatal y la mayoría de las personas con esta enfermedad tienen una expectativa de vida normal.

Derivado de investigaciones realizadas por diversos médicos, se ha observado que las células inmunitarias se comportan de manera diferente en los cerebros de las personas con esclerosis toda vez que estas atacan a lo que pareciera ser mielina sana sin que se tenga claro qué desencadena este ataque.

Los síntomas de la esclerosis múltiple dependen de la severidad de la reacción inmunitaria al igual que de la ubicación y el alcance de las placas, que primariamente aparecen en el tallo cerebral, cerebelo, médula espinal, nervios ópticos, y la materia blanca del cerebro alrededor de los ventrículos cerebrales (espacios llenos de líquido dentro del cerebro).

Generalmente los síntomas de esta enfermedad comienzan en uno a varios días, pero en algunos casos pueden manifestarse más lentamente, pueden ser leves o severos y pueden desaparecer rápidamente o durar meses, en ocasiones los síntomas iniciales se pasan por alto porque desaparecen en un día y regresa el funcionamiento normal, debido a que los síntomas vienen y van en la mayoría de las personas la presencia de síntomas se denomina ataque o, en términos médicos, exacerbación.

La recuperación de los síntomas se conoce como remisión, mientras que el regreso de los síntomas se llama recaída, existen formas de esclerosis identificadas como de recaída-remisión o en la forma de desarrollo más lento denominada progresiva primaria.

A menudo el diagnóstico de esclerosis múltiple se puede retrasar debido a que esta enfermedad comparte síntomas con otras enfermedades y afecciones neurológicas, pero puede producir la parálisis parcial o completa, dolor con neuritis óptica y neuralgia del trigémino, afectando la mandíbula, la mejilla y la cara, espasmos dolorosos de los miembros y dolor agudo que baja por las piernas o alrededor del abdomen, dificultad para pensar, aprender, memorizar y juzgar.
En suma, la afectación que la esclerosis múltiple genera al sistema nervioso, de acuerdo a las investigaciones, puede deberse a vulnerabilidades genéticas combinadas con factores ambientales, pero no se tiene claro el objetivo exacto de los ataques al sistema inmunitario y cuáles células del sistema inmunitario causan la destrucción.

Por ello, los investigadores continúan buscando genes adicionales para estudiar cómo interactúan unos con otros para hacer que una persona sea vulnerable a contraer esclerosis múltiple.

En el mundo, se estima que 2.5 millones de personas padecen esclerosis múltiple y 70 por ciento de los casos ocurren entre los 20 y 40 años de edad, se calcula que en México existen entre 12 mil y 15 mil personas cuya calidad de vida resulta afectada por ese mal y que predomina en personas de raza blanca y en mujeres.

Hasta este momento no se conoce cura para la esclerosis múltiple, pero existen tratamientos que pueden retardar el progreso de la enfermedad, por lo que objetivo del tratamiento es controlar los síntomas y ayudar a mantener una calidad de vida normal.

Todo paciente con diagnóstico de esclerosis múltiple debe recibir tratamiento modificador de enfermedad por lo que se le tienen que suministrar medicamentos como Interferón beta, acetato de glatirámero, natalizumab, ciclofosfamida, azatioprina, entre otros.

Se hace notar que en su mayoría, dichos medicamentos tienen un alto costo económico, situación que genera que no se encuentren al alcance de pacientes de escasos recursos y las instituciones de seguridad social y del sector salud públicas que los ministran son pocas y lo pueden hacer de manera muy limitada por cuestiones presupuestales.

Un ejemplo de instituciones que ministran medicamentos para controlar la esclerosis múltiple es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que atiende pacientes con esta enfermedad con el medicamento denominado GILENYA (Fingolimod) pero la entrega periódica de este medicamente en ocasiones se ve interrumpida por que se adquiere en número limitado por carecer de presupuesto para este fin y por qué este tipo de medicamentos no se incluye en el “Cuadro Básico de Medicamentos” de dicha institución.

Ante esta problemática, atendiendo a las consideraciones vertidas, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que instruya a los integrantes del Consejo de Salubridad General, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, para que incluyan en el “Cuadro Básico” de las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud, los medicamentos que resulten idóneos para retardar el progreso, controlar los síntomas y ayudar a mantener una calidad de vida normal de los pacientes con Esclerosis Múltiple.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que instruya al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en la programación de los rubros que se incluirán en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, se amplié el presupuesto destinado al Cuadro Básico y Catálogo de Insumos Sector Salud para que en el mismo se incluyan medicamentos para retardar el progreso, controlar los síntomas y ayudar a mantener una calidad de vida normal de los pacientes con Esclerosis Múltiple.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 22 de septiembre de 2015.

Suscriben

Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Blanca Alcalá Ruiz.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.

1 Aspectos históricos de la esclerosis múltiple, autores: M.A. Moreira a, C.P. Tilbery a, M.A. Lana-Peixoto b, M.F. Mendes a , D.R. Kaimen-Maciel c, D. Callegaro; Artículo de Historia y Humanidades, consultado en internet a las 11:58 del 16 de septiembre de 2015 en la siguiente dirección:
http://www.discapacidadonline.com/wp-content/uploads/2012/12/aspectos-historicos-de-la-esclerosis-multiple.pdf

2 Charcot y su Legado a la Medicina, artículo elaborado por José Francisco Camacho Aguilera, dentro del rubro Historia y Filosofía de la Medicina, Gaceta Médica de México, 2012;148:321-6; Consultado en internet a las 12:06 del 16 de septiembre de 2015 en la siguiente dirección: http://www.anmm.org.mx/GMM/2012/n3/GMM_148_2012_3_321-326.pdf

3 Tratamiento modificador de enfermedad en pacientes con diagnóstico de ESCLEROSIS MÚLTIPLE, GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA gpc, Evidencias y recomendaciones, Catálogo maestro de guías de práctica clínica: SSA-417-10, elaborado por el Consejo de Salubridad Nacional, Gobierno Federal, documento consultado en internet el 17 de septiembre de 2015 a las 10:00 horas en la siguiente dirección: file:///D:/OFICINA%20HERTZ/SEPTIEMBRE%202015/INIS-PPAS/PPA/PPA%20ESCLEROSIS-MGC/Tratamiento%20Esclerosis%20Multiple%20Sector%20Salud.pdf





 

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a tomar medidas para proteger y garantizar los derechos de las y los jornaleros agrícolas que laboran en el estado de Coahuila. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

El suscrito, Senador LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II;108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A TOMAR MEDIDAS PARA PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS Y LOS JORNALEROS AGRÍCOLAS QUE LABORAN EN EL ESTADO DE COAHUILA, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el pasado mes de agosto, fueron rescatados 98 menores de edad y otros 209 jornaleros adultos que eran explotados en campos agrícolas del municipio de Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila.

No sería el primer operativo de inspección, realizado por las autoridades estatales, en el que se encontrarían, menores, jóvenes y adultos laborando como jornaleros, en condiciones infrahumanas, poniendo en riesgo su salud.

No obstante, a pesar de la detención de siete personas, y del inicio de una investigación para fincar las responsabilidades correspondientes por trata de personas, en su modalidad de explotación laboral, estos hechos se siguen presentando en la entidad.

Hace tan sólo unos días se registró una nueva denuncia de jornaleros agrícolas explotados en el estado, luego de que 61 trabajadores del campo escaparan de los contratistas que los mantenían en condiciones de explotación.

Los campesinos, originarios de los estados de Hidalgo y San Luis Potosí, denunciaron no haber recibido sus pagos, haber laborado en condiciones muy precarias, debido al hacinamiento, la falta de alimento y las largas horas de trabajo, sin recibir un sueldo o remuneración a cambio.

Lo anterior, refleja la lamentable situación que enfrenta nuestro país, en el que a pesar de las reiteradas denuncias presentadas en diversas entidades federativas, prevalecen las condiciones de explotación de las que son objeto los jornaleros, y respecto de las cuales, las autoridades de todos los órdenes de gobierno parecen ser totalmente omisas.

A pesar de los diversos antecedentes registrados en todas las regiones del país, no se han logrado implementar las acciones suficientes para atender las precarias condiciones de trabajo y de vida; la carencia de servicios e infraestructura básica y las insuficientes opciones laborales en los lugares de origen de estos trabajadores.

Lo anterior, ha conducido a optar por el tránsito migratorio de este sector de la población, traduciéndose en la alta vulnerabilidad de las familias jornaleras que frecuentemente sufren la violación de sus derechos humanos.

Por ello, cada caso en el que se advierta la denuncia de esta problemática, debiera conducir a la adopción de medidas y acciones que permitan prevenir y erradicar la violación a los derechos humanos de quienes laboran en el campo.

Es obligación del Estado mexicano, generar oportunidades de trabajo decente, estable y productivo en la agricultura y en todos los sectores laborales, con salarios adecuados, que permitan a estos trabajadores garantizar la satisfacción de sus necesidades diarias y las de sus familias; respetar sus derechos humanos; eliminar las formas de trabajo infantil que atentan contra el bienestar y el desarrollo de las niñas y los niños; garantizar condiciones seguras de trabajo; así como reforzar las acciones que contribuyan al desarrollo humano de quienes trabajan en los campos.

No obstante, contrario a ello, como lo han manifestado los propios jornaleros, pareciera que las autoridades permiten que continúe la explotación y las condiciones de esclavitud en los campos agrícolas de nuestro país.
Por lo anterior, resulta indispensable la atención de un problema de explotación, que según datos de diversas organizaciones civiles, y de la Encuesta Nacional Jornalera de 2009, afecta a alrededor de dos millones de jornaleros en México.

Resulta necesaria la coordinación de las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno, con el fin de erradicar una práctica generalizada en alrededor de 19 de las 32 entidades del país, que se ha caracterizado por una deliberada marginación de este sector basada en la inexistencia de estadísticas oficiales, la insuficiencia de políticas públicas, el ocultamiento de las agro empresas y la indiferencia de la sociedad.

Bajo estas circunstancias, las acciones de la Secretaría de Gobernación, a través de sus servidores públicos y unidades administrativas correspondientes, son trascendentales al ser la entidad responsable de coordinar, orientar y dar seguimiento a las tareas de protección y defensa de los derechos humanos de las y los trabajadores jornaleros en el país, por parte de las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Asimismo, resulta relevante el efectivo ejercicio de las atribuciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para realizar inspecciones extraordinarias de manera reiterada en los campos y en los establecimientos de las empresas agrícolas, a fin de prevenir la explotación de campesinos; así como aplicar las medidas de corrección inmediata y la restricción de operaciones al centro laboral, cuando se detecten irregularidades.

En el mismo sentido, la Secretaría de Desarrollo Social a cargo del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, orientado a la disminución de la vulnerabilidad, la exclusión social, y las condiciones de precariedad de la población jornalera, debe informar sobre los avances de la aplicación de este Programa, particularmente en los municipios y localidades del estado de Coahuila, registrados en el catálogo de las Regiones de Atención Jornalera.

Lo anterior, a reserva de la facultad de los órganos garantes de la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, a quienes corresponde conocer de las quejas que, en su caso, se presenten por la violación a los derechos humanos de los trabajadores.

Pues sólo la coordinación de dichas autoridades permitirá la correcta implementación de medidas que permitan la prevención de este tipo de violaciones a derechos humanos, así como la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales, y si procede en su caso, para la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado a los jornaleros de la entidad.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación; a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila, para que en el ámbito de sus atribuciones, y a través de las autoridades y dependencias competentes, implementen acciones para coordinar, orientar y dar seguimiento a las tareas de protección, defensa y promoción de los derechos humanos de las y los trabajadores jornaleros en el Estado de Coahuila y en todo el país.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social a que remita un informe a esta Soberanía sobre las acciones que se han llevado a cabo respecto al Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, particularmente en los municipios y localidades del estado de Coahuila, registrados en el catálogo de las Regiones de Atención Jornalera.

Dado en el salón de sesiones, el 22 de septiembre de 2015.

Atentamente

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández.





 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social que armonice su normatividad interna y reoriente sus atribuciones, de acuerdo con el mandato de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 11 de junio de 2011. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.







 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que se consideren y destinen recursos para la rehabilitación del Hospital General del municipio de Guadalupe, Zacatecas. Se turna a la Cámara de Diputados el primer resolutivo; y a la Comisión de Salud el segundo de ellos.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El acceso a los servicios de salud en el país es un derecho universal establecido en el Artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero la salud pública en México registra uno de los niveles más bajos de inversión entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).1

Desde hace años el sector salud ha ido en decadencia en todo el país, a diario se escucha en las calles quejas sobre la mala atención proporcionada en la unidades médicas, falta de medicamentos, deficiente infraestructura de los nosocomios o simplemente la falta de personal.

En México el presupuesto que se otorgan a este sector es de 134 mil 848 millones de pesos, el cual no se emplean de una manera adecuada, ya que estos no se destinan a priorizar en criterios sanitarios, pues en su mayoría son destinados al pago de personal administrativo.2

Aunado a esto, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), recibe al año 18 mil solicitudes entre gestiones de ayuda, orientación e inconformidades; tan solo en el primer semestre de 2015 se recibieron 650 quejas. Cifras de la misma Comisión arrojan que el número de inconformidades paso de 651 existentes en 2010 a 2 mil 50 en 2014.

Los estados que presentan un mayor número de peticiones ante la CONAMED son Campeche, que registra un 95 por ciento; Colima, 90 por ciento; Tamaulipas, 48; Michoacán 47; Zacatecas, 43 y Quintana Roo, 34.3

El sector salud en la República Mexicana, en los últimos años ha sufrido un sin fin de daños y los más afectados son los derechohabientes quienes en cada visitan a su unidad médica sufren por la falta de medicamentos, mala atención proporcionada por el personal y por el gran deterioro y abandono en que se encuentran los hospitales, clínicas, centros de salud, etcétera.

Si bien en todo el territorio mexicano se presentan estas deficiencias, en el Estado de Zacatecas cada vez se agudizan. Un ejemplo se encuentra en el antiguo Hospital General de los Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ), ubicado en el municipio de Guadalupe, el cual esta en abandono desde hace cinco años y presenta un gran deterioro que se agrava día con día.4
La SSZ ha dado a conocer que no se cuentan con los recursos necesarios para que el Hospital General se rehabilite en su totalidad, en algunas partes los plafones se han desplomado, en dicha institución únicamente funciona la Unidad de Emergencias Médicas (Uneme) y el Centro de Colposcopia.

Aunado a esto el subdirector de Infraestructura en Salud de los SSZ, informó que las instalaciones de este hospital seguirán en desuso, debido a que no existen proyectos para que estas instalaciones puedan ser utilizadas.5

En el municipio de Mazapil donde hacen falta ambulancias, también se carece de una infraestructura hospitalaria que es sumamente indispensable no solo en esa comunidad sino en todo el Estado, esta situación se hizo ver en el accidente suscitado hace un par de meses, en el que perdieron la vida 27 peregrinos que no pudieron ser atendidos en dicha demarcación por la falta de hospitales.6

Empero no es la única localidad que sufre la falta de unidades médicas, también el municipio de Sombrerete sufre los estragos vividos en este sector, si bien se prevé la inauguración en el mes de noviembre de un nosocomio en esa localidad, hacen falta aún más infraestructuras hospitalarias para cubrir la alta demanda en este sector.

Asimismo, los Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ), tiene en el olvido varios proyectos para rehabilitar las instalaciones del ex hospital general, en primera instancia se pretendía convertir el antiguo nosocomio en un centro de atención pediátrica, éste fue cancelado por la falta de recursos económicos y humanos. Tiempo después la Cruz Roja en Zacatecas solicitó que se le otorgara dicho inmueble, lo cual le fue negado.

Aunado a esto el sector salud en el Estado de Zacatecas está en riesgo de perder sus recursos federales, debido a que no han elevado el estatus de dicho sector, es decir que no se ha llevado a la creación de una Secretaría de Salud en dicho Estado.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2016, se considere y destinen recursos para la rehabilitación del Hospital General del municipio de Guadalupe, Zacatecas.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Servicio de Salud de Zacatecas a que en la medida de sus facultades diseñe e implemente un programa que rehabilite el Hospital General del municipio de Guadalupe.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 22 de septiembre de 2015.

1 Rosagel Shaila, “Sistema de salud: Entre el deterioro y la lucha por privatizarlo”, [en línea], Sin embargo.mx, disponible en: http://www.sinembargo.mx/19-07-2015/1410268, consultado el día 11 de septiembre de 2015.

2 Ídem.

3 Hernández García Juan, “Sistema de salud: Muchas quejas y cada vez menos soluciones”, [en línea], Sin emebargo.mx, disponible en: http://www.sinembargo.mx/20-07-2015/1414719, consultado el día 14 de septiembre de 2015.

4 Pesci Emilia, “En abandono, ex hospital general”, [en línea], NTR Zacatecas, disponible en: http://ntrzacatecas.com/2015/08/24/en-el-abandono-ex-hospital-general/, consultado el día 9 de septiembre de 2015.

5 Pesci Emilia, “En abandono, ex hospital general”, [en línea], NTR Zacatecas, disponible en: http://ntrzacatecas.com/2015/08/24/en-el-abandono-ex-hospital-general/, consultado el día 9 de septiembre de 2015.

6 Duke Morales Teresa, “Mazapil, líder en oro y sin hospitales”, [en línea], Express Zactecas, disponible en: http://www.expresszacatecas.com/opinion/23537-mazapil-lider-en-oro-y-sin-hospitalesvergueenza, consultado el día 21 de septiembre de 2015.





 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal y a los gobiernos de las entidades federativas del país a participar en las actividades propias de la jornada de conmemoración del “Día Mundial sin Auto 2015”, que tendrá verificativo el próximo día 22 de septiembre. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAÍS, A PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA JORNADA DE CONMEMORACIÓN DEL “DÍA MUNDIAL SIN AUTO 2015”, QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL PRÓXIMO DÍA 22 DE SEPTIEMBRE; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La celebración de los días sin automóviles ha cobrado especial importancia ciudadana en los últimos años y se ha extendido por diferentes lugares del mundo.

Aunque históricamente el “Día mundial sin auto” comenzó a partir de la crisis petrolera de 1973, fue hasta los años 90’s cuando fue implementado como una iniciativa pública en Reykjavík –Islandia-, La Rochelle –Francia- y Bath -Reino Unido- mientras que para el año 2000, la Comisión Europea hizo válido esta efeméride para todos los miembros de la Unión, extendiéndola en tiempo y convirtiéndola en la “Semana de la movilidad”.

La celebración se centra o conmemora en la mayoría de los países participantes en el día 22 de septiembre, sin menoscabo de que algunos replican la celebración también en días semejantes, como el “Día del Peatón” y el “Día Mundial de la Bicicleta”.

Por lo que respecta a la Ciudad de México, desde 1990, cada 22 de septiembre se conmemora el “Día Mundial Sin Auto” con la finalidad de crear conciencia en los automovilistas sobre el impacto ambiental del uso de este medio de transporte.

Su auge ha venido a mayor impulso por la iniciativa de grupos ecologistas para desincentivar el uso del automóvil, viendo que su uso a gran escala está produciendo daños en el medioambiente. En esta jornada se hace un llamado a los ciudadanos a dejar este medio de transporte por un día y probar nuevos medios de desplazamiento, aunque cabe decir, para el caso de Bogotá y Medellín en Colombia, esta celebración cuenta con una prohibición legal para el uso del automóvil, por lo que no está a la voluntad ciudadana para implementarlo.

Aunque a decir verdad, lo ideal es que la base del éxito de esta conmemoración, es deseable que se sustentara en la buena voluntad y compromiso de los ciudadanos por llamar a la reflexión de la necesidad de cuidar el planeta, sin dejar de lado el derecho de los ciudadanos a desplazarse para la obtención de los satisfactores necesarios para su desarrollo.

Evidentemente que la idea no es conseguir la utopía de la desincorporación del vehículo automotor privado de las opciones de movilidad, pero sí desincentivar su uso indiscriminado o abusivo, probando otras opciones como el transporte público, la bicicleta o a pie, con cuando menos las siguientes finalidades básicas:
● Concientizar a la ciudadanía sobre la necesidad del uso racional del automóvil y los efectos nocivos que tiene sobre el medio ambiente;

● Potenciar el transporte público y no motorizado como medios alternativos;

● Descubrir un día como la ciudad puede percibirse más sana, amable y acogedora; sin congestión, menos contaminación, ruido, y más segura; y

● Participar de lo que se ha concebido como un símbolo de la humanización de las ciudades, un día mundial sin automóvil.

Sin duda, una meta bastante ambiciosa de lograr, considerando que en la Zona Metropolitana del Valle de México se estima una existencia de casi 6 millones de automotores, 2.1 millones en la Zona Metropolitana de Guadalajara y 1.9 millones de unidades en la Zona Metropolitana de Monterey; sin embargo, muy simbólico es el éxito con el hecho de que logre permear en la población el mensaje y reflexión de su objetivo y más, si éste logra verse reflejado en la disminución de vehículos privados circulando, incluso, si en lugar de ver vehículos con un solo tripulante vemos autos con dos o más pasajeros, esto es, compartir el auto como una medida para racionar su uso.

El año pasado fueron varias las ciudades que se incorporaron a la celebración en la República Mexicana, con diversas actividades que fueron desde la tradicional caminata y rodadas en bicicleta, hasta concursos de dibujo alusivos al tema.

Hubo algunas rodadas muy alusivas, como los “paseos a ciegas”, en las que una persona invidente viaja como compañero para sentir lo placentero de andar en bicicleta. En el caso de la Ciudad de México, el año pasado se incluyó el cierre del Zócalo para dar paso solamente a personas caminando o en bicicleta.

En fin, la celebración puede ser tan variada como creatividad se le impulse, en la que se espera que este año no sea la excepción, por el contrario, las inercias indican que cada vez más gobiernos locales debidamente organizados y coordinados con la sociedad civil se incluyen y dan mayor auge a la celebración.

También cabe decir y lo agradezco de antemano, que en los años inmediatos anteriores, este Senado de la República se ha pronunciado de obvia resolución en favor de la celebración de estos “Días Sin Auto”, con el anhelo de influir y transmitir el ánimo y el mensaje que encierra esta celebración a los gobiernos locales, precisamente para incrementar el éxito, cuando a su vez lo repercuten en sus circunscripciones territoriales.

Esta vez, ante el mayor auge logrado, apelo a los buenos oficios de los compañeros Senadores para participar de nueva cuenta en esta loable y reiterada conminación, pues a la fecha nos encontramos a una semana de su celebración, esto es, el próximo martes 22 de septiembre.

En Jalisco, entidad de mi representación, cabe decir que para este año hemos realizado un esfuerzo combinado, en el que la conmemoración del “Día sin Auto” se pueda empalmar con la celebración de nuestras fiestas patrias, de manera tal que se realice una rodada ciclista con un concurso de decoración de bicicletas alusivo a las fiestas del mes de septiembre.
Por ello estimados compañeros legisladores, que solicito su venia para que también en el presente año, el Senado de la República se pronuncie positivamente sobre la conmemoración del “Día sin Auto”; en el que sociedad civil y gobiernos participen de la mano.

Y qué mejor que pregonar con el ejemplo, en el que muy elocuente sería que los vehículos oficiales que no prestan un servicio directo a la ciudadanía o de emergencias, no circulasen por ese día, como muestra que estimule a la ciudadanía a sumarse a tal conmemoración y pasar “un día sin auto”.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de…

ACUERDO

PRIMERO.-El Senado de la República se pronuncia favorablemente a la celebración del “Día Mundial Sin Auto” a conmemorarse el próximo día 22 de septiembre, como una celebración que pretende desincentivar el uso indiscriminado del automóvil particular, conminar a probar otros medios alternos de transporte y transmitir el mensaje a la ciudadanía de preservar nuestro planeta, sin dejar de lado las necesidades de desplazamiento de la población para acceder a los satisfactores necesarios para su desarrollo.

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno del Distrito Federal y a los gobiernos de las entidades federativas del país, para que en el marco de la conmemoración del “Día Mundial sin Automóvil 2015”…

A).- Se sumen a las actividades propias de la conmemoración y promuevan en la ciudadanía y servidores públicos de su adscripción, su activa participación para que el próximo día 22 de septiembre procuren el prescindir por un día del uso del automotor privado y que en su lugar se opte por trasladarse en transporte público, en bicicleta o a pie; con el objetivo básico de…

1. Concientizar a la ciudadanía sobre la necesidad del uso racional del automóvil y los efectos nocivos que tiene sobre el medio ambiente.

2. Potenciar el transporte público y no motorizado como medios alternativos.

3. Descubrir un día como la ciudad puede percibirse más sana, amable y acogedora; sin congestión, menos contaminación y ruido, y más segura.

4. Participar de lo que se ha concebido como un símbolo de la humanización de las ciudades, un día mundial sin automóvil.

B).-Promuevan en sus respectivas jurisdicciones, que los vehículos oficiales no circulen durante el referido día 22 de septiembre, con excepción de aquellos que presten un servicio directo a la ciudadanía o de emergencias.

Dado en el salón de sesiones de la H. Senado de la República,
el 22 de septiembre de 2015.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar a funcionarios del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, sobre posibles ilícitos y desvío de recursos públicos. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.







 

De la Senadora Anabel Acosta Islas, a nombre del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar acciones de prevención y campaña de difusión sobre el dengue en el estado de Sonora. Se turna a la Comisión de Salud.

La que suscribe, Anabel Acosta Islas, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento por los artículos 8, numeral 1, fracciones II, VIII, X, 95, 103, numeral 2, fracción III, 108, 109, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dengue es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos causando síntomas gripales y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal llamado dengue grave. La enfermedad está muy extendida en los trópicos, con variaciones locales en el riesgo que dependen en gran medida de las precipitaciones, la temperatura y la urbanización rápida sin planificar.

En las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia de dengue en el mundo, en particular, se presenta en los climas tropicales y subtropicales de todo el planeta, en Latinoamérica, el dengue grave es causa de enfermedad y muerte de niños.

La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud informó que existen 13,454 casos de dengue confirmados y 15 defunciones por fiebre hemorrágica por Dengue en lo que va del año 2015.

De los casos de fiebre por Dengue confirmados 60% son mujeres, por lo que 40% corresponde a los hombres, y con mayores casos por edad pertenecen a las y los adolescentes de 15 a 19 años.

Por otro lado, los casos de Fiebre Hemorrágica por Dengue confirmados el porcentaje de mujeres y hombres son más parejos, con el 51 y 49% respectivamente y con el mayor índice de casos en edad de 15 y 19 años.

En el estado de Sonora la Secretaría de Salud registra 2107 casos con probabilidad de Dengue, 771 casos de Fiebre por Dengue y Fiebre Hemorrágica por Dengue confirmados y 4 defunciones registradas.

De los 771 casos confirmados 37 se registran en el municipio de Benito Juárez, 183 en Huatabampo y el resto en los demás municipios de Sonora.

Derivado de estos casos, autoridades de la Secretaría de Salud del estado de Sonora, alertaron de un posible incremento de casos de dengue en dicha región, debido a que no se cuenta con los insumos necesarios, para contrarrestar la reproducción del mosco transmisor del Dengue.

Así mismo, el día de ayer la Gobernadora de Sonora, emitió una alerta por una posible epidemia de dengue en el que podrían incrementarse más de 5 mil personas, toda vez que en la administración pasada no se tomaron las medidas necesarias para prevenir dicho virus.

Cabe mencionar que el artículo 134 de la Ley General de Salud faculta a la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas a realizar actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de diversas enfermedades transmisibles, entre ellas se encuentra el Dengue.
Finalmente quiero precisar que no hay tratamiento específico del dengue, pero la detención oportuna y el acceso a la asistencia médica adecuada disminuyen las tasas de mortalidad, por lo que prevenir y controlar el dengue dependen exclusivamente de las medidas eficaces de la lucha antivectorial.

En mérito de lo expuesto, es que la suscrita a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicita a esta Soberanía, la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus facultades, realicen acciones de vigilancia, prevención y control del Dengue, así mismo, como una campaña de información a la población en el estado de Sonora sobre dicha enfermedad.

Salón de sesiones del Senado de la República, D.F., el 22 de septiembre de 2015.

Atentamente





 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, se destinen mayores recursos federales al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. Se turna a la Cámara de Diputados.

El suscrito Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con los siguientes:

CONSIDERANDOS

El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, como una de las garantías individuales, que “Los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, tienen derecho a la protección de la salud,…”. Sin embargo y desgraciadamente aun no toda la población tiene acceso a este derecho, o lo tiene de manera precaria, por ejemplo; en el estado de Yucatán, existen graves problemas de salud que no alcansan a ser atendidos por el sector salud.

Al respecto, y con la finalidad de dar respuesta a esta problemática, el 29 de noviembre del 2006, por decreto presidencial, se creó el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY), organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, dependiente de la Secretaria de Salud Federal. El hospital tiene un área de influencia planeada, que integra a las regiones de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, al que corresponde atender a más de 3 millones 823 mil 231 habitantes, de los cuales, cerca de la mitad no se encuentran afiliados a un sistema organizado de atención a la salud.

Dicho hospital se caracteriza por atender a sus pacientes en áreas de “Alta Especialización”. Aunque fue reconocido por decreto presidencial en 2006, comenzó a brindar el servicio desde el 2003, iniciando con 205 camas y 10 quirófanos. A lo largo de los años el hospital se ha ido equipando; hoy en día cuenta por ejemplo con 108 camas distribuidas en admisión continua, quimioterapia, hemodiálisis, hemodinamia, terapia adulto, terapia pediátrica, y terapia neonatal, endoscopia; 43 consultorios (41 en admisión externa y 2 en admisión continua); 9 quirófanos equipados con rayos X móvil (arco en c ), videocámaras, bisturí ultrasónico, microscopio de alta especialidad, bombas de circulación extracorpórea; y 19 servicios de apoyo, de diagnóstico y tratamiento, los cuales se dividen en áreas como imagenología, laboratorios clínico básico y especial, fisiología pulmonar, inhaloterapia, endoscopia, potenciales evocados, hemodinamia, hemodiálisis, quimioterapia ambulatoria, etcétera. Además de contar con áreas que requieren alto nivel tecnológico.1

La tecnología requerida para el desarrollo de las actividades del hospital, es de última generación en cuanto a equipos médicos, tales como: tomografías con reconstrucciones multiplanares en tiempo real, reconstrucción en conjunto 3D; resonancia magnética para estudios cardiacos, angiograficos, cráneo, cuello, columna vertebral, etcétera, así como angiografo manoplanar, rayos x digital, densitómetro óseo para cuerpo completo, sistemas digitales de RIS-PAC, y telemetría, por citar algunos ejemplos.

Es decir, se trata de un hospital que de acuerdo con su objetivo debe contar con equipo de la más alta tecnología, y en cantidades suficientes para atender la demanda de la población que año con año se incrementa.

El HRAEPY ha sido, debido a sus objetivos, un sitio en donde los logros médicos se han dejado ver gracias a la audacia del equipo médico, y del equipo físico, un ejemplo fue la exitosa cirugía cardiaca realizada recientemente a dos niñas de 7 y 8 años; cirugía llamada “cierre percutáneo con dispositivo oclusor de PCA por cateterismo cardiaco” debido a cardiopatías congénitas.2 Y aunque se ha tenido un avance en dicho ámbito quirúrgico, los casos similares que se presentan y que no se han podido atender por falta de equipo suficiente, son varios; en promedio se tiene una lista de espera de 30 personas que deberán esperar de seis meses a un año para someterse al mismo tratamiento. Además, el acceso a una atención médica de esta naturaleza resulta demaciado costosa para el promedio de la población que la requiere; se encuentra en un rango que va de los 180 mil a los 200 mil pesos. Al ser atendidos en el HRAEPY, la mayoría de las veces, el 95% de los gastos es cubierto por el seguro popular. Es decir, su impacto en el beneficio social es alto.

Lamentablemente la alta demanda de los servicios médicos de dicho hospital ha originado que actualmente se padezcan diversas deficiencias, como la falta de médicos especialistas, el sobreuso del equipo médico (promedio de 100 pacientes diarios), y el rápido deterioro del mismo, así como la falta de espacios y equipo para atenderlos.

Por ejemplo, en el área de tercer nivel, donde se encuentran las áreas de cardiología pediátrica, actualmente se carece de suficientes especialistas, lo que ha originado que pacientes hayan sido enviados a otros hospitales de la región, para ser atendidos.

Con todas estas carencias, hoy en día el HRAEPY incumple con los objetivos y principios básicos del servicio de salud.3

No obstante, y aunado a lo anterior, debido al alto índice de personas que han sufrido quemaduras graves, el HRAEPY ha iniciado las obras para una unidad de quemados; la primera en su tipo en el suroeste del país. Se proyecta que en una primera etapa cuente con 10 camas divididas en dos partes y una aislada para casos muy graves. Debido a que los requerimientos médicos del área son específicos se contará con una zona específica, en los cuartos aislados, para que el personal médico tome las medidas necesarias para su respectivo protocolo médico-sanitario. Sin lugar a dudas la unidad es de gran importancia ya que se beneficiarían pacientes de Quintana Roo, Campeche, y la península de Yucatán, lugares en donde hoy en día, no existe un sitio con la capacidad para atender a los pacientes con quemaduras de tercer nivel, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana4. La obra se encuentra en su fase de adecuación y equipamiento, por lo que en la medida que se le destinen recursos, será el tiempo que tarden en ponerlo en servicio y en ese mismo sentido será el número de personas beneficiadas.

Por todo lo anterior resulta fundamental hacer un esfuerzo para destinarle mayores recursos al equipamiento del Hospital Regional de Alta Especialidad de la península de Yucatán, a fin de atender a todos los pacientes que día con día requieren de los servicios especializados de dicha institución, así como impulsar el desarrollo del mismo con el fin de que los servicios brindados sean los adecuados y de la mejor calidad posible.

Por todo lo anteriormente expuesto, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, incremente los recursos destinados al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península De Yucatán.

Senado de la República, el 22 de septiembre de 2015.

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.


1 HRAEPY. (2013). QUIENES SOMOS . 2015, de SALUD Sitio web: http://www.hraeyucatan.salud.gob.mx/

2 Coral Díaz/SIPSE. (2015). Exitosa cirugía cardiaca a 2 niñas en el hospital de Alta Especialidad. Milenio, 1.

3 Coral Díaz/SIPSE. (2015). Escasean médicos sub especialistas en el Sector Salud. Milenio, 1.

4 Coral Díaz/SIPSE. (2015). Nueva atención especializada para quemados en Yucatán. Milenio, 1.





 

De la Senadora Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir declaratoria de emergencia al estado de Sonora derivado de la depresión tropical 16-E. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

La que suscribe, Anabel Acosta Islas, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento por los artículos 8, numeral 1, fracciones II, VIII, X, 95, 103, numeral 2, fracción III, 108, 109, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Derivado a la depresión tropical 16-E que hay en el Golfo de California, el pasado domingo 20 de septiembre, la Secretaría de Educación y Cultura en Sonora en coordinación con la Unidad Estatal Protección Civil suspendió las clases para el día lunes 21 de septiembre en todos los niveles educativos en los municipios de Rayón, San Miguel de Horacsitas, Ures, Hermosillo, Guaymas, Empalme, Bácum, Cajeme, San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez, Navojoa, Etchojoa, Álamos y Huatabampo.

Además, se determinó la suspensión de labores educativas en todos los niveles del turno vespertino para los municipios de San Luis Río Colorado, Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco.

Por lo que la Unidad Estatal de Protección Civil (UPEC) emitió alerta meteorológica e invitó a la población a tomar precauciones ante el registro de las intensas lluvias y vientos fuertes en la entidad.

También se exhortó a las autoridades portuarias, a la navegación marítima menor y a quienes realizan actividades náuticas, turísticas, recreativas y comerciales a tomar precauciones.

En relación a diversos medios de comunicación del estado de Sonora han dado a conocer fuertes afectaciones en algunos municipios y poblados de Sonora, tales como:

En el poblado de Miguel Alemán del municipio de Hermosillo se encuentra el 50% inundado a consecuencias de las lluvias intensas, entre las partes más afectadas fueron el centro y el hospital del Seguro Social, así como locales de la zona comercial.
En Guaymas se mencionan varias afectaciones como apagones, caída de árboles, bardas, espectaculares, un conato de incendio en habitación, e inundaciones en diversas colonias, toda vez que el pluviómetro marcaba entre 100 y 133 milímetros.

La carretera a Bahía de Kino presentó inundaciones en varios tramos que afectan la circulación en ambos sentidos

En San Luis Colorado, autoridades municipales de Protección Civil han puesto refugios temporales a disposición para la población que lo necesite, así mismo estarán dando un constante monitoreo a zonas consideradas de alto riesgo, toda vez que es estiman precipitaciones de 40 a más de 70 milímetros con vientos superiores a 50 kilómetros por hora.

En la costa de Hermosillo, se han registrado inundaciones en comercios y viviendas, donde la acumulación de agua llega hasta medio metro aproximadamente.

La Comisión Nacional del Agua, señaló que las precipitaciones y rachas de viento continuaran en la entidad, por lo que exhorta a la población a tomar precauciones y evitar accidentes.

Así mismo, la presa Abelardo Rodríguez en Hermosillo reportó un ingreso de más de un millón de metros cúbicos con lo que llegó al 12.3 por ciento de su capacidad.

Las presas que están arriba del 100% de su capacidad de almacenaje, son La Angostura, Abraham González, en el sistema Río Yaqui, así como la presa Adolfo Ruiz Cortinez, en el Rio Mayo.

Por otro lado, el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) tiene como objetivo atender los efectos de desastres naturales imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades federativas; por lo tanto es un complemento de las acciones que deben de llevarse a cabo para la atención de desastres naturales.

El FONDEN proporciona suministro de auxilio y asistencia de situaciones de emergencia y de desastre, para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un fenómeno natural perturbador

Por tal motivo, es necesario que se destinen los recursos del FONDEN para apoyar a las poblaciones que se encuentra afectadas por las severas lluvias provocadas por la depresión tropical 16-E en el estado de Sonora.

En mérito de lo expuesto, es que la suscrita a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicita a esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que emita la declaratoria de desastre natural al estado de Sonora por la depresión tropical 16-E, para los efectos de las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales y se liberen los recursos de manera urgente para atender a la población y los daños económicos en dicha entidad federativa.

Salón de sesiones del Senado de la República, D.F., el 22 de septiembre de 2015.

Atentamente





 

Los textos de las intervenciones del rubro de excitativas y efemérides se integrarán al Diario de los Debates.

EXCITATIVAS

De la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, presentado el 11 de diciembre de 2014.







 

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, en relación con el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amnistía a favor de las personas denominadas autodefensas en el estado de Michoacán, presentado el 25 de septiembre de 2014.







 

EFEMÉRIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Paz”.

Sin duda alguna, dentro de las calamidades más lastimosas que aquejan a nuestro mundo, lo es la violencia. Un mal increíble, si pensamos que se trata de uno infundido por la humanidad en contra de la humanidad misma.

De ahí que muchos autores debaten si la inmundicia que es la violencia en el ser humano, pueda ser un problema biológico o de naturaleza, o bien, que se relaciona con aspectos culturales y del medio ambiente en el que se relaciona el ser humano.

Lo cierto es que la violencia ocasiona grandes batallas, que arrastran a pueblos y naciones enteras, unas contra las otras.

Por ese motivo, la Asamblea Nacional de Naciones Unidas aprobó por resolución 36/67, un “Día Internacional por la Paz”, en ese entonces propuesto el tercer martes de cada septiembre. Este día se conmemoró por primera vez en 1982.

Adicionalmente, en el año 2001, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 55/282, que estableció el 21 de septiembre de cada año, como un día de cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial.

Desde entonces, cada 21 de septiembre se celebra “el Día Internacional por la Paz”. Un día que dedica a reforzar los ideales de paz en todas las naciones y pueblos del mundo.

Es un día en el que se convoca a todas las naciones y pueblos a que cumplan una cesación de hostilidades y que en su lugar celebren con sensibilización a la población sobre todos los temas relacionados con la paz mundial.

El lema de Naciones Unidas para la celebración de este año es “Alianzas para la paz, dignidad para todos”, con el fin resaltar la importancia de que todos los grupos sociales trabajen juntos para lograr la paz.

Por experiencia global, una aspiración difícil de lograr, sin embargo no por ello de claudicar en intentar y pregonar, pues mientras no exista un horizonte mínimo de paz en el mundo, ninguna nación estará completamente tranquila y dedicada en cien por ciento a los temas que a diferencia de la violencia, generan desarrollo y bienestar para las familias del mundo. Una prueba de ello son los recientes ataques que un grupo de turistas mexicanos sufrieron en EGIPTO, cuando según versiones oficiales, el gobierno de aquel país realizaba maniobras antiterroristas.

Una verdad sobresale, nadie, absolutamente nadie estará a salvo en ningún rincón del planeta si no cambiamos y optamos de manera global por una cultura de la paz.

Por eso estimados legisladores, que este día sea una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la paz en todos sus niveles. Un reconocimiento a todas aquellas personas que día con día, desde su particular posición pugnan por ella: LA PAZ.

Muchas gracias.

Dado en la Ciudad de México, el 21 de septiembre de 2015.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

Del Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985.

Para los mexicanos, el terremoto del 19 de septiembre de 1985 es, a la fecha uno de los recuerdos más desafortunados de nuestra historia, para muchos, fue una gran pesadilla de casi 4 minutos y 8.1 grados de magnitud.

Este sismo, ocasionó graves daños a las estructuras de los edificios, de los cuales muchos colapsaron, dejando un gran número de damnificados, desaparecidos y desafortunadamente victimas mortales.

Las cifras oficiales, indicaron que fueron cinco mil personas fallecidas, cincuenta mil heridas y setecientos setenta edificios colapsados o seriamente dañados.

Se estimó un daño de 4,100 millones de dólares en pérdidas económicas.

A pocos minutos después del terremoto, se anunció la operación por parte del Ejercito Mexicano el Plan DN – III de auxilio para la población civil.

En ese momento, México se volvió el país de mayor mirada internacional, pues los daños ocurridos, fueron de gran impacto, dándose a conocer los hechos ocurridos por radio, pues los sistemas de comunicación, también sufrieron graves afectaciones.

La mañana de aquel 19 de septiembre cambio la vida de muchos mexicanos, en donde la solidaridad se mostró minuto a minuto, apareciendo héroes anónimos que tomaron las calles para sin pedir nada a cambio, salvar la vida de decenas de personas.

A partir del 21 de septiembre, el Gobierno Federal, facilitó el ingreso a la ayuda internacional comenzando a llegar el apoyo a las zonas de mayor afectación. En el Centro histórico descendían helicópteros para atender a los sobrevivientes.

Registrándose aproximadamente 177 vuelos internacionales que provenían de 31 países con 1,088 toneladas de ayuda, entre equipo de rescate, herramientas, maquinaria y vehículos, material médico medicamentos, ropa y alimentos.

Las muestras de solidaridad entre las naciones, fue una de las más grandes registradas. Cuba fue uno de los principales países que apoyo a México, así como Inglaterra, Argentina, Colombia, Estados Unidos, España, Nicaragua y Venezuela, entre muchos otros.

El 19 de septiembre, es una fecha para recordar, que las acciones de protección civil, nunca serán demasiadas, debemos prepararnos día a día para enfrentar fenómenos naturales de gran impacto.

Asimismo, es importante que a 30 años de una de las grandes tragedias de México, se reconozca y agradezca nuevamente a todas aquellas naciones que apoyaron a México a enfrentar las afectaciones del gran sismo del 85.

Por ello, los Legisladores del Partido Verde, hacemos un llamado a la Secretaria de Relaciones Exteriores, para que mediante comunicado oficial y conmemorando los 30 años, se envié a cada una de las naciones un agradecimiento por el apoyo hacia nuestro país en ese trágico evento.

Senador Jorge Aréchiga Ávila
Partido Verde Ecologista de México





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Paz”.

EFEMÉRIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ”, OBSERVADO EL 21 DE SEPTIEMBRE.

“Entre los individuos, como entre las naciones,
el respeto al derecho ajeno es la paz”

Benito Juárez

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Tercera Legislatura, conmemoramos el “Día Internacional de la Paz”, con el lema “Alianzas para la paz dignidad para todos” instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como una fecha para resaltar la trascendencia y lograr que los diferentes grupos sociales trabajen juntos con el propósito de lograr una paz más justa e incluyente.

La Asamblea General de la ONU, a partir del quincuagésimo periodo de sesiones, declaró el 21 de septiembre de cada año como el Día Internacional de la Paz, como un día de cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial, a fin de que todas las naciones y pueblos se sientan motivados para cumplir plenamente con una cesación de hostilidades durante todo ese día.

En este marco de conmemoración, reconocemos que esta loable tarea de las Naciones Unidas no sería posible sin las diversas alianzas que se formaron antes de su fundación y las que se constituyen todos los años entre los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, los grupos de creyentes y otras organizaciones no gubernamentales necesarias para que el organismo pueda cumplir de manera plena y eficaz con los objetivos del futuro.

Sin duda, la paz ofrece una oportunidad inigualable para una cesación de la violencia y de los conflictos, por lo que resulta fundamental lograr su reconocimiento y observancia lo más ampliamente posible en la comunidad internacional.

Sobre el particular, la ONU señala la necesidad de movilizar a todos los asociados que comparten el objetivo de la paz. Impulsada por las organizaciones no gubernamentales, las empresas y la sociedad civil, entre otros actores, deben desempeñar un rol importante en la promoción del progreso social, la protección del medio ambiente y la creación de un mundo más justo, estable y pacífico.

En el Grupo Parlamentario del PRI, trabajamos y apoyamos la estrategia impulsada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de garantizar un México en Paz, a través de fortalecerlas instituciones, consolidar la gobernabilidad y garantizar la seguridad a la población, lo cual sólo será posible mediante el diálogo y la construcción de acuerdos entre los diferentes actores políticos y sociales, la corresponsabilidad social, el respeto y la protección de los derechos humanos, el combate a la corrupción y el fomento de una mayor rendición de cuentas, entre otras cuestiones, todo ello orientado a la consolidación de una democracia plena, que se traduzca en el progreso y mejoramiento del bienestar de todos los mexicanos.

Dado en la Ciudad de México, el 21 de septiembre de 2015.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de la Paz”.

Día Internacional de la Paz
 21 de Septiembre

El Día Internacional de la Paz se celebra todos los años el 21 de Septiembre, fue establecido en el año 1981 por la resolución 36/67, siendo conmemorado por primera vez en el año 1982.

El lema de la celebración de este año es «Alianzas para la paz, dignidad para todos», con el fin resaltar la importancia de que todos los grupos sociales trabajen juntos para lograr la paz. La labor de las Naciones Unidas no sería posible sin las alianzas que se formaron antes de su fundación y las miles de alianzas que se forman todos los años entre los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, los grupos de creyentes y otras organizaciones no gubernamentales necesarias para que la Organización pueda lograr los objetivos del futuro.

Por este día, 21 de septiembre, se pide cese al fuego, a la hostilidad, a la discriminación, al acoso, a la violencia verbal y física. Se incita a fortalecer la dialéctica para solucionar conflictos y se solicita que exista un enlace eficaz entre las organizaciones civiles, los diversos grupos religiosos, los gobiernos, el sector público y privado y los intelectuales para alcanzar objetivos.

El mensaje del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, es: “Durante los próximos 100 días, respaldemos a los millones de personas en todo el mundo que están sufriendo los devastadores efectos de la violencia y los conflictos. Compartamos ideas y planes para ayudarlos y darles apoyo cuando tanto lo necesitan”.

La ONU invita a todas las naciones y pueblos a que cumplan una cesación de hostilidades durante todo ese Día y a que también lo celebren mediante la educación y la sensibilización del público sobre todos los temas relacionados con la paz.

Creo que la sociedad mexicana tiene que repasarse en esa falta de humanidad, en esa falta de conciencia, de solidaridad… Tenemos que educarnos, trabajar por una sociedad más equitativa, una sociedad menos excluyente y más inclusiva, mirar la sociedad con unos aspectos de más solidaridad.

Quizá como en muchas otras circunstancias de la vida, se asume que vivir en paz está fuera de nuestro control. Quizá no sea así y vivir en paz sea una cuestión de decisión y voluntad, y esta actitud de no violencia se pueda contagiar.

Martes 22 de Septiembre de 2015.

Atentamente

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO
H. CAMARA DE SENADORES





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el 46 aniversario luctuoso de Adolfo López Mateos.

Efeméride del grupo parlamentario del PRI, con motivo del 46 aniversario luctuoso de Adolfo López Mateos -26 de mayo de 1910 al 22 de septiembre de 1969-.

Los integrantes del grupo parlamentario del PRI, en la Sexagésima Tercera Legislatura del Senado de la República, conmemoramos el cuadragésimo sexto aniversario luctuoso de Adolfo López Mateos, mexiquense ejemplar que se distinguió por su notable desempeño en el servicio público.

Hoy, recordamos al destacado orador, abogado, profesor y político, pero sobre todo, reconocemos al ser humano sensible, audaz, talentoso, carismático con amplia vocación de servicio, que dedicó su vida a la promoción, impulso e implementación de la asistencia social, la educación y la cultura en nuestro país.

Si bien es cierto que sus principales aportaciones para la construcción de México actual, se gestaron durante el periodo que fungió como titular del Ejecutivo Federal -entre el 1º de diciembre de 1958 y el 30 de noviembre de 1964-, también lo es que en cada una de las etapas de su vida se distinguió por su inteligencia nata, liderazgo y fortaleza, virtudes que lo caracterizaron hasta el día de su muerte, la cual ocurrió el 22 de septiembre de 1969.

A 46 años de su sensible deceso, los Legisladores del PRI, consideramos oportuno llevar a cabo una breve pero sustancial remembranza de los pasajes más emblemáticos de su vida. En principio, debemos señalar que nació el 26 de mayo de 1910 en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y que sus padres fueron Mariano Gerardo López Sánchez y Elena Mateos Vega.

Los primeros años de este brillante mexiquense, tuvieron dos grandes matices, debido a que a pesar de haber nacido en una familia con estabilidad económica, en 1915 sufrió el fallecimiento de su padre, acontecimiento que además del dolor inherente a la pérdida, repercutió en nivel de vida de López Mateos, quien tuvo que enfrentar un panorama más complejo.

Vivir con la ausencia de su padre y con las adversidades que ello implicó, no impidió que se desarrollara plenamente, prueba de ello es que en las distintas etapas y facetas de su vida, fue alguien exitoso tanto en lo deportivo y recreativo, como en lo científico, literario y académico.

Aunque no fue sencillo, gracias a su esfuerzo, capacidad y constancia, cuando todavía cursaba sus estudios de preparatoria, accedió a su primer cargo público al ser nombrado Secretario Particular de Carlos Riva Palacio, quien fuera Presidente del Partido Nacional Revolucionario.

Después ingresó a la Escuela Nocturna de la Facultad de Leyes de la Universidad Nacional, donde tuvo que trabajar para poder costear sus estudios. De esta manera, en 1929 participó en la campaña presidencial de José Vasconcelos; posteriormente, de 1933 a 1943 fungió como interventor del Banco Nacional Obrero de Fomento, en los Talleres Gráficos de la Nación.

Otro aspecto que debemos destacar es que de 1944 a 1946 fue director del Instituto Científico y Literario; Senador por el Estado de México; Secretario General del PRI; y jefe de la campaña presidencial de Adolfo Ruiz Cortines. Esta amplia trayectoria le permitió ser postulado como candidato a la presidencia de México.
Recordar su gestión como Presidente de la República, es remembrar una etapa de grandes logros y acciones en beneficio del desarrollo nacional. Basta mencionar, que durante su administración, se construyeron más de 30 mil aulas escolares y se impulsaron igual número de plazas; la entrega de desayunos escolares pasó de 80 mil en 1959 a 3 millones a finales del sexenio.

Lo anterior, se vio complementado con la edificación de diversos centros, entre los que se encuentran: el Museo Nacional de Antropología en Chapultepec; el Convento de Tepotzotlán y el de la Ciudad de México; el Museo de Arte Moderno; y el Museo de Ciencias Naturales.

Además, se llevó a cabo la construcción del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la nacionalización de la industria eléctrica en 1960; y el establecimiento del aguinaldo obligatorio en favor de todos los trabajadores. Asimismo, impulsó la modernización de aeropuertos, redes telefónicas, telégrafos, entre otras. En este sentido, sobresale que realizó la conexión del ferrocarril de la ruta Chihuahua – Pacífico del norte de México con la costa del Pacífico.

Como vemos, se trata de un mexiquense ejemplar que dedicó su vida a la construcción del México actual, por ello es fundamental que desde el Senado de la República, hagamos un merecido reconocimiento a quien fuera uno de los presidentes con mayor respaldo por parte de todos los sectores de la sociedad mexicana, Adolfo López Mateos, quien se distinguió por su talento, amplia visión, profesionalismo, empatía y responsabilidad.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional del Alzheimer”.

Día Internacional del Alzheimer
21 de Septiembre

Este 21 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Alzheimer. La fecha fue establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Alzheimer con el fin hacer conciencia entre la población sobre la importancia de la prevención y detección temprana de este padecimiento.

En México alrededor de 800 mil personas padecen por algún tipo de demencia, de ellas cerca de 350 mil sufren de la enfermedad de Alzheimer, por lo que es necesario reforzar la investigación científica en este tema y crear mayor conciencia entre la población de las implicaciones que conlleva el padecimiento, coincidieron especialistas.

El Alzheimer, se caracteriza por la pérdida progresiva de la memoria y deterioro de las capacidades cognoscitivas (pierde capacidad de conceptos y la función de las cosas, alteraciones en la comunicación) a consecuencia de acumulación de lesiones histopatológicas en el cerebro, en particular las llamadas marañas neurofibrales, que causan la muerte de las neuronas, y como consecuencia propicia demencia del individuo.

Se estima que el primer año de la enfermedad de Alzheimer pasa desapercibida. Normalmente las personas que inician con cualquier tipo de demencia empiezan a olvidar cosas que son muy obvias en su vida, sin embargo para la familia es muy difícil darse cuenta de esta situación. Las personas con demencia intentan ocultar estos olvidos y a tratar de compensarlos con otras acciones. Tal vez puedan notar en determinado momento que la persona ya no participa como lo hacía o que no quiera asistir a alguna reunión cuando anteriormente lo hacía con gusto. Para evitar que sus familiares se den cuenta de lo que está sucediendo, la persona con demencia comienza a aislarse. 

Es muy común por lo tanto que la familia se dé cuenta realmente cuando la enfermedad ha avanzado más y la persona con demencia ya no puede ocultar un comportamiento agresivo o graves condiciones de salud. El desgaste de las familias en este momento se manifiesta y retos que a temprana aparición son fáciles de corregir se presentan complicados (deshidratación, estreñimiento, debilidad, etc.)
Un diagnóstico temprano, además de facilitar la detección de otros problemas que pueden corregirse (desnutrición, osteoporosis, depresión, etc.), acelera el proceso familiar de aceptación, preparación y organización para enfrentar la evolución de estas patologías. No sólo se adelanta en el fortalecimiento de la persona con demencia y sus cuidadores si no que permite al individuo hacer preparativos, firmar documentos y establecer voluntades. 

Si bien, existen avances hasta ahora todos se dirigen a mejorar la calidad de vida, pues no hay alguno que detenga o revierta la enfermedad, por lo que es importante estudiar esta patología en instituciones de investigación científica a fin de entenderla mejor y poder ofrecer nuevas alternativas.

ATENTAMENTE

Martes 22 de Septiembre de 2015

H. CAMARA DE SENADORES
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO.





 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, sobre el “Día Internacional de la Paz”.

EFEMÉRIDE “DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ””

El mundo entero vive momentos aciagos en torno al tema de la paz. Las noticias en toda la urbe son desalentadoras, pocos lugares se salvan de presentar situaciones que atentan contra la paz mundial.

En este contexto, cada 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz. La Asamblea General de la ONU ha decretado que este día se dedica a reforzar los ideales de la paz en todas las naciones y pueblos del mundo.

El lema de la celebración de este año 2015 es «Alianzas para la paz, dignidad para todos», con el fin resaltar la importancia de que todos los grupos sociales trabajen juntos para lograr la paz.

En nuestro país, el tema de la paz es otro de los grandes rezagos en los que estamos sumidos.

Décadas pasan y la situación no mejora. Los índices de violencia en nuestro país aumentan sistemáticamente. No se observan medidas eficaces que mitiguen el flagelo de la inseguridad.

La autoridad se escuda, muchas veces, en que estas situaciones representan en su mayoría hechos aislados, pero habría que preguntarse si la suma de estos hechos aislados no significa realmente un problema en materia de seguridad pública.

Hoy, todos lo sabemos, no podemos hablar de un México en paz, tristemente lo que día a día viven millones de compatriotas en gran parte del territorio nacional es un sentimiento de incertidumbre, de miedo ante los graves acontecimientos que continuamente laceran a la sociedad en materia de seguridad.

Es por eso, que reitero este llamado a que todos nos unamos como nación para enfrentar la tan lamentable situación de inseguridad que permea en nuestro país.

Muchas gracias.





 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre la conmemoración del “Día Mundial sin Auto”.

Así como la mayoría de las ciudades del mundo, los centros urbanos mexicanos originalmente eran comunidades compactas donde caminar y andar en bicicleta eran los principales modos de transporte. Sin embargo, entre los años 1950 y 2000, las ciudades se dispersaron y se volvieron dependientes del automóvil; a tal grado, que a este gran auge del automóvil durante la segunda mitad del siglo pasado se le ha denominado como “LA ERA DEL ATUOMOVIL”.

En esta motorizada era, utilizar la bicicleta como medio de transporte era visto una marca de inferioridad, más ahora las cosas comienzan a cambiar, pues las utilizan los diferentes estratos sociales y es su versatilidad lo que la posiciona como opción ventajosa a la hora de servir como medio de transporte.

Esto obedece a que los factores que impulsaron el auge del automóvil particular han desaparecido, y las prioridades de los ciudadanos han cambiado. La tendencia se hace necesaria a la inversa: Disminuir la intensidad del uso del vehículo particular, creando alternativas más eficientes y sustentables como un transporte público de calidad y facilitar la movilidad no motorizada, como el caminar y usar la bicicleta.

Pese a este cambio de inercias, la motorización en el transporte se mantiene, al grado que es mayor su índice al de la demografía misma; por lo que pensar en ciudades sin autos es más que una utopía.

No obstante, son cada vez más altas las voces que se pronuncian por ello, no para alcanzarlo de manera literal, sino como una manera simbólica de llevar el mensaje de la necesidad de desincentivar el uso del automóvil, promover el transporte público y el alternativo para hacer manifiesta una preocupación por el grave problema de la contaminación ambiental. Estas voces han dado lugar a la celebración en un número importante de países, de la promoción de los “días sin auto”.

La celebración de los días sin automóviles en los últimos años, ha cobrado importancia ciudadana y se ha extendido a iniciativa de grupos ecologistas para desincentivar el uso del automóvil, viendo que su uso a gran escala está produciendo daños en el medioambiente. En dicha jornada se hace un llamado a los ciudadanos a dejar este medio de transporte por un día y probar nuevos medios de desplazamiento.

En la mayoría de los países, el día de la celebración del “día mundial sin automóvil” es el 22 de septiembre de cada año, aunque en algunos países varían dicha fecha para crear incluso, semanas dedicadas al tema.

Sin duda una fecha propicia para reflexionar, no en desaparecer el auto de las calles, pero sí en la necesidad de evitar su uso indiscriminado o excesivo, contemplar medios alternos y recordar que éste es el único planeta con el que contamos y al que debemos cuidar, por bien propio y el de las futuras generaciones.

Por eso estimados legisladores, que este día sea una oportunidad para reconocer a todas aquellas personas preocupadas y ocupadas por el medio ambiente, funcionarios y particulares que aportan su “granito de arena” por la salud de este mundo sin dejar de lado la necesidad de la ciudadanía a desplazarse para la obtención de sus satisfactores, como también, a todos aquellos que se atreverán a prescindir por un día, este 22 de septiembre, de usar su automóvil particular y en su lugar, optar por el transporte público, la bicicleta y caminar.
Muchas gracias.

Suscribe

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD





 

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de la Paz”.







 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente a celebrarse el próximo jueves 24 de septiembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:30 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

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