Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Miércoles 26 de abril de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 8

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 18 de Septiembre de 2015

SUMARIO                                              


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PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE FINES DE LA EDUCACIÓN

(Dictamen de segunda lectura)

Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Educación; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda. Para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, interviene el Senador Juan Carlos Romero Hicks.

Para la discusion en lo general intervienen los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo, del PRD, a favor; Víctor Hermosillo y Celada, del PAN, a favor; Rabindranath Salazar Solorio, del PRD, a favor; David Monreal Avila, del PT, a favor; Sofio Ramírez Hernández, del PRD, a favor; Juan Gerardo Flores Ramírez, del PVEM, a favor; y Mely Romero Celis, del PRI, a favor. Los Senadores María Cristina Diaz Salazar, Juan Carlos Romero Hicks y Raul Moron Orozco, presentan propuesta de modificación al artículo 7o. de la Ley General de Educación que se aprueba. Se remite a la Camara de Diputados para los efectos del articulo 72 constitucional.















































 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

APERTURA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (11:30 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro electrónico, se tiene un total de 88 Senadoras y Senadores registrados.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre la sesión del viernes 18 de septiembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la sesión del día de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta y cinco minutos del día jueves diecisiete de septiembre de dos mil quince, encontrándose presentes ochenta y cuatro ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del diez de septiembre de dos mil quince.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión de Desarrollo Regional, su Informe de actividades, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, su Informe de actividades, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, su Informe de actividades, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron comunicaciones firmadas por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el Secretario de Gobernación y la Procuradora General de la República:

1) Para solicitar la declaratoria de entrada en vigor a nivel federal del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 30 de noviembre de 2015, en los estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala y

2) Para solicitar la declaratoria de entrada en vigor a nivel federal del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 29 de febrero de 2016, en los estados de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, así como en el Distrito Federal.

El Presidente de la Mesa Directiva en cumplimiento a lo que dispone el primer párrafo del Artículo Segundo Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, realizó la declaratoria correspondiente y remitió el proyecto a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa que el Diputado Jorge Álvarez Maynez es Consejero Propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa que el Diputado Rodrigo Abdalá Dartigues es Consejero Propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el Grupo Parlamentario de Morena.- Quedó de enterado.

 

La Presidencia por acuerdo de la Mesa Directiva emitió un pronunciamiento en relación con los hechos ocurridos en Egipto, en los que perdieron la vida y resultaron heridos turistas mexicanos.- Intervinieron los Senadores: Mónica Arriola Gordillo, Benjamín Robles Montoya del PRD, Ana Gabriela Guevara del PT, Gerardo Flores Ramírez del PVEM, Gabriela Cuevas Barrón del PAN, Margarita Flores Sánchez del PRI y Jesús Casillas Romero del PRI. El pronunciamiento fue aprobado en votación económica. El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas.

 

El Presidente, a nombre de los integrantes de la Mesa Directiva, expresó al pueblo y al gobierno de la República de Chile, sus más sentidas condolencias por las víctimas fatales y los daños materiales ocasionados por el trágico terremoto, ocurrido el pasado miércoles 16 de septiembre.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, a nombre del Senado de la República, emitió un saludo por la toma de protesta como gobernadores de sus respectivas entidades federativas, a los ciudadanos: Carlos Mendoza Davis, en el estado de Baja California Sur; Alejandro Moreno Cárdenas, en el estado de Campeche, y Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, en el estado de Sonora.

(Iniciativas)

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, a nombre propio y de las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo y Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de publicidad engañosa.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 55 del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Víctor Hermosillo y Celada, a nombre propio y de los Senadores Marcela Torres Peimbert y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a los principios de política exterior de nuestro país.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 12 de la Ley sobre Celebración de Tratados.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y de las Senadoras Adriana Dávila Fernández y Layda Sansores San Román, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas cometida por Particulares.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección a la irrenunciabilidad de los derechos laborales de los indígenas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictamen de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley Agraria.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Vivienda.- La Senadora María Elena Barrera Tapia presentó el dictamen, a nombre de las comisiones. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 102 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Intervinieron los senadores: Francisco Salvador López Brito, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones; y Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 98 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se aprueba la designación del Ciudadano Agustín Guillermo Carstens Carstens, como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, para el período del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2021.- La Asamblea autorizó su incorporación en el Orden del Día de la sesión. El Senador Francisco Yunes Zorrilla, presentó el dictamen a nombre de la comisión. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios, hicieron uso de la palabra los Senadores: Jorge Luis Lavalle Maury del PAN y David Penchyna Grub del PRI. En la discusión en lo general, intervinieron los Senadores: Daniel Ávila Ruiz del PAN, a favor; Gerardo Flores Ramírez del PVEM, a favor; Benjamín Robles Montoya del PRD, en contra; Raúl Gracia Guzmán del PAN, para razonar su voto; Manuel Cavazos Lerma del PRI, a favor; Manuel Bartlett Díaz del PT, en contra. El Presidente de la Mesa Directiva informó que recibió el texto de la intervención de la Senadora Dolores Padierna Luna, en contra del dictamen, el cual se integrará al Diario de los Debates. El Acuerdo fue aprobado por 83 votos en pro, 16 en contra y 3 abstenciones. El funcionario rindió su protesta de ley.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del escritor, poeta y novelista chiapaneco Eraclio Zepeda Ramos.

 

La Presidencia informó a la Asamblea de la aprobación de un Acuerdo de la Mesa Directiva para asignar turno directo a la Cámara de Diputados, a las proposiciones con punto de acuerdo que tienen por objeto solicitudes de recursos del presupuesto de egresos para 2016.- Quedó de enterado.

 

La Presidencia informó de la rectificación de turno, que autorizó la Mesa Directiva en su reunión del día de hoy, a los siguientes asuntos:
1) Se rectificó el turno de las iniciativas en materia de combate a la corrupción, pendientes en comisiones, para quedar en las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

2) Se rectificó el turno de las iniciativas sobre desaparición forzada de personas, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes iniciativas:

 

Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 165 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 209 y 212 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inclusión de las personas con discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes proposiciones:

 

De la Senadora Anabel Acosta Islas, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a tomar medidas preventivas para evitar daños severos debido al huracán “Linda”.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

Del Senador Daniel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, se destinen mayores recursos federales al estado de Yucatán, a fin de prevenir y combatir el Dengue y el virus del Chikungunya en el estado.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Guatemala y a organismos internacionales a respetar los derechos humanos y el estado de derecho en aquel país; asimismo, exhorta al gobierno mexicano y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la creación de la comisión internacional contra la impunidad en México.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a exigir a los encargados de los diversos programas de esa dependencia en el estado de Tlaxcala la entrega oportuna de los recursos asignados, sin preferencia o partidismo político.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, incremente los recursos presupuestales para la accesibilidad del transporte a favor de las personas con discapacidad.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas legislaturas locales a no autorizar montos de endeudamiento para los estados que celebrarán procesos electorales en el año 2016.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación información y acciones de seguimiento relacionadas con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Relaciones Exteriores a adherir a nuestro país a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en beneficio de las más de 10 millones de personas adultas mayores que habitan en la República Mexicana.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para, se prevea una asignación etiquetada de recursos que resultan indispensables para la atención y prevención del suicidio en el estado de Jalisco.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores realice las gestiones necesarias para ampliar las relaciones entre la República de Armenia y México.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a adoptar medidas inmediatas con relación al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo para que comparezcan el Secretario de la Defensa Nacional y el Comisionado General de la Policía Federal, en torno al Informe emitido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ayotzinapa.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados que, como parte del análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se considere la asignación de recursos para diversos proyectos municipales del estado de Yucatán.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada y Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Comunicaciones y Transportes para exponer la resolución a los conflictos que se han dado en torno a la empresa OHL.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a atender debidamente a los reclusos Jesse Alejandro Montaño, Fernando Bárcenas, Abraham Cortés y José Barrón, recluidos en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al titular de la Comisión Nacional del Agua a informar sobre el derrame de aguas tóxicas en el Río Colorado.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar y hacer públicos los resultados de un análisis costo-beneficio que tendrá para la sociedad mexicana la contratación de seguros, fianzas o cauciones para los servidores públicos, a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela y Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, realice un recorte de al menos el 50% al presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral y a los partidos políticos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, dentro del Ramo Administrativo correspondiente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se contemple y apruebe un incremento en las partidas presupuestales de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y el Instituto Nacional de Pesca, en beneficio del sector pesquero y acuícola nacional.- Se turnó a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión de Pesca y Acuacultura el segundo.

 

 

 

Del Senador Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, incluya una partida presupuestal para atender contingencias provocada por el cambio climático en el campo.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Jorge Luis Lavalle Maury, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Héctor Larios Córdova, María Marcela Torres Peimbert, José María Martínez Martínez y César Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar acciones y estrategias para contrarrestar las negligencias médicas en el país.- Se turnó a la Comisión de Salud.

(Efemérides)

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, a nombre propio, de las Senadoras Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz y del Sen. Jesús Casillas Romero, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senadora Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el aniversario del Inicio de la Independencia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el ducentésimo quinto aniversario del Inicio de la Guerra de Independencia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el aniversario del Inicio de la Independencia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride a 30 años del sismo de la Ciudad de México, acontecido el 19 de septiembre de 1985.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el trigésimo aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el sismo del 19 de septiembre de 1985.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el aniversario del Inicio de la Independencia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las quince horas con siete minutos y citó a la siguiente el próximo viernes dieciocho de septiembre a las once horas.

 

Fin de la sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibieron de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, los informes de su participación en el simposio de Alto Nivel del Foro de Naciones Unidas “La Cooperación para el Desarrollo de las Personas y el Planeta: ¿Qué hará falta?”, celebrado del 8 al 10 de abril de 2015, en Incheon, República de Corea.







 

También de la visita a la Organización de los Estados Americanos, celebrada los días 4 y 5 de mayo de 2015, en Washington, D.C., Estados Unidos.







 

Y la visita a la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en el contexto de la IX Conferencia de las Partes, encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares y del Evento Temático 2015 de Alto Nivel sobre el Problema de las Drogas, realizada del 6 al 8 de mayo de 2015, en Nueva York, Estados Unidos.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de Decreto por el que se declara el 26 de septiembre de cada año “Día Nacional Contra la Desaparición Forzada de Personas”.




El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores San Román.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Una pregunta, no vemos incluido en el Orden del Día nuevamente el tema de Ayotzinapa, que la JUCOPO ya debió haber presentado, ¿todavía no tiene comunicación con el Presidente de la JUCOPO? ¿Todavía en ese telefonito no podría echarle una llamada para ver qué pasa?

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senadora Layda Sansores, la Mesa Directiva no ha recibido aún ningún de punto de Acuerdo relacionado con el asunto.

Esta Mesa Directiva tiene información de que un grupo de trabajo de Senadoras y Senadores está analizando ese asunto en lo particular.

La Mesa Directiva someterá a discusión y votación el asunto en cuanto lo reciba. Me comprometo, Senadora, a hacer las gestiones con la Junta de Coordinación Política para encontrar una respuesta a este asunto a la brevedad.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores San Román.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) ¿Puede decir quién es ese grupo de trabajo? ¿Por quiénes está constituido? Porque el Coordinador de nuestra fracción no ha sido convocado.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Es una decisión de la Junta de Coordinación Política, los propios coordinadores parlamentarios están trabajando en ese asunto.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores San Román.

La Senadora Laya Sansores San Román: (Desde su escaño) Cierto, porque creo que todos los coordinadores debieron haber sido convocados, trabajan en secrecía, ¿de qué se trata? Aquí hay exclusión, el Senador Manuel Bartlett no ha sido convocado a ese grupo.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Si me permite, Senadora Layda Sansores, hacer las consultas con la Junta de Coordinación Política y en el transcurso de la sesión le damos respuesta a esta inquietud.





 

En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 114 de la Ley General de Salud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 114 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, señor Presidente.

Presento esta propuesta, como usted ha comentado, en donde se adiciona un párrafo más al artículo 114 de la Ley General de Salud.

El tema de la nutrición y la alimentación en nuestro país es prioritario. Es así como a la llegada del Presidente Enrique Peña Nieto, hubo una evaluación muy clara acerca de la situación alimentaria del país y con esto nace la Cruzada Nacional contra el Hambre “Sin Hambre”.

Este tema no es producto de la casualidad, ustedes saben que el derecho a la alimentación, el derecho a la nutrición sana, es un principio constitucional y forma parte de los derechos humanos que tienen hombres y mujeres para el bienestar; y también, influye en el nivel educativo de cada una de las y los mexicanos.

Lo decía anteriormente, este es un tema también constitucional, el tema de una nutrición adecuada ha sido tema recurrente por el Congreso de la Unión; los alimentos chatarra, todo esto de lo que hemos hablado anteriormente.

Esto no es sesgado de una observancia a los tratados internacionales, como es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mediante el cual se reconoce el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre.

El Decreto que creó el programa “Sin Hambre” tiene elementos muy importantes que quiero traer como parte de la fundamentación de esta iniciativa, uno de ellos es cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las y los mexicanos.

También es eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de crecimiento de niñas y niños, en su primera infancia.

Un aspecto que también prevé el programa “Sin Hambre”, es aumentar la producción y el ingreso de los pequeños productores agrícolas, así como también minimizar las pérdidas post cosecha y de alimentos durante el almacenamiento y transporte, así como de los comercios.

Por eso, el día de hoy estamos proponiendo como objetivo principal de la iniciativa, que se normen, revisen y monitoreen las bebidas azucaradas y alimentos no básicos que presenten elevados contenidos calóricos, a fin de que la población y el sector privado tengan conocimiento de los daños que puedan causar a la salud pública.

Para nadie es desconocido el problema trae consigo el uso excesivo del azúcar y de alimentos calóricos.

Por eso, estamos proponiendo un párrafo más al artículo 114 que dice como sigue:

“La Secretaría de Salud, deberá normar, revisar y monitorear las bebidas azucaradas y alimentos no básicos que presenten elevados contenidos calóricos, a fin de que la población y el sector privado tengan conocimiento de los daños que pueden causar a la salud pública, y en todo caso determinar de manera inmediata las cantidades aceptables por los organismos nacionales e internacionales para que estos productos se puedan seguir consumiendo”.

Por su atención, muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

La que suscribe DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República, con fundamento en lo establecido en el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 114 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La nutrición y alimentación en nuestro país debe estar planeada, así como su producción, distribución y consumo para contar con metas claras en estos rubros, protegiendo los derechos humanos de la población.

Los derechos humanos y la nutrición tienen como fin el bienestar de los ciudadanos, también influye el nivel educativo, la publicidad en los productos procesados así como la cuestión cultural y económica que determinara el consumo de los alimentos en los hogares mexicanos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto contempla el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, misma que será garantizada por el Estado Mexicano.1
La nutrición adecuada permite que los seres humanos bien alimentados sean más productivos y desarrollen sus actividades eficientemente, por lo que en México se debe normar, monitorear y promover el tema de la nutrición.

Así mismo el último párrafo del artículo 27 Constitucional establece,2 que el Estado debe garantizar el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos.

Con la reforma Constitucional del mes de Octubre del 2011, se determinó el derecho de una alimentación nutritiva, de calidad y suficiente, procurando que los hábitos alimenticios de las familias mexicanas sean óptimos.

Todos los países en el mundo reconocen el derecho a los alimentos, ya que el hambre es indeseable en cualquier sociedad, dificultando el pleno desarrollo y productividad de los individuos, favoreciendo enfermedades que incrementaran costos para los sistemas de salud del país del que se trate.

Por tanto este derecho se logra consolidar cuando niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres y hombres tengan acceso económico para atender satisfactoriamente su alimentación, los tres niveles de gobierno deben asegurarse de que las personas cuenten con las facilidades necesarias para que se provean adecuadamente los alimentos.

En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, la Comunidad Europea y 185 dirigentes de diversos países reafirmaron la llamada Declaración de Roma respecto a la Seguridad Alimentaria Mundial, señalando “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho de toda persona a no padecer hambre”.

México ha suscrito tratados internacionales como lo es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales mediante el cual se reconoce el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre.3

Artículo 11.

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para:

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales;

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan.

También es de señalarse el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, especialmente la alimentación.

Artículo 25.

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Con lo anterior, se observa que existe armonización de nuestra Constitución con los tratados internacionales suscritos por nuestro país en este rubro, garantizando nuestros derechos socio-económicos, logrando el acceso no solo a una alimentación suficiente sino también adecuada.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), tiene un Esquema General de Evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2013-2019, basándose en el Decreto por el cual se estableció el programa (SIN HAMBRE) publicado en el Diario Oficial de la Federación en el mes de Enero del 2013, ya que el Gobierno Federal busca que la población supere su carencia alimentaria.

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 4 creo para esta estrategia, el Fin que es el (objetivo al que contribuye la estrategia y el Propósito (que es el objetivo a lograr para el resultado).

Matriz de Marco Lógico de la Cruzada Nacional Contra el Hambre

Fin. Reducir la incidencia de personas en condición de pobreza extrema (multidimensional) y carencia alimentaria, transformando los entornos social y económico, mejorando la inclusión y la participación social, así como el desarrollo comunitario.

Propósito. 7.4 millones de personas superen su condición de pobreza extrema y carencia alimentaria.
El Decreto que establece SIN HAMBRE, tiene los siguientes objetivos:

• Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuadas de los mexicanos en extrema pobreza y con carencia alimentaria severa.

• Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de crecimiento de niños y niñas en la primera infancia.

• Aumentar la producción y el ingreso de los pequeños productores agrícolas.

• Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante el almacenamiento y transporte, así como en los comercios.

• Promover la participación comunitaria.

La Cruzada se integra por 70 programas federales, creándose la Comisión Intersectorial integrada por 16 Secretarías de Estado, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).

La Comisión tiene por objetivo coordinar, articular y complementar las acciones, programas y recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Cruzada, se pueden proponer ajustes en el número y diseño de los programas sociales, cobertura, focalización y reglas de operación.

Al hablar de una alimentación adecuada también estamos considerando otro derecho como lo es la salud, ya que están directamente relacionados, ambos con reconocimiento constitucional.

Al respecto la Ley General de Salud en su artículo tercero fracción XII dispone:

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;

Así mismo en el artículo 112 de la misma ley en su fracción tercera determina la obligación de educar en términos de salud, orientando y capacitando a la población en materia de nutrición.

El artículo 115 5 de la Ley General de Salud señala que la Secretaría de Salud tendrá a su cargo la educación en materia de nutrición, normar el valor nutritivo de la alimentación en alimentos y bebidas no alcohólicas, entre otras.
Esta normatividad concentra derechos económicos, sociales, políticos y culturales mismos que son indivisibles e interdependientes, enfocados a que las personas accedan a su derecho para consumir alimentos adecuados que les permita llevar una vida saludable, que por ende desarrollara sus actividades de manera productiva sin factores de riesgo para su salud, protegiendo por tanto los derechos fundamentales antes mencionados.

Por otra parte la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, se refiere a los servicios básicos de salud, promoción y educación para la salud en materia alimentaria y los criterios para dar la orientación.6

Esta Norma establece criterios para dirigir a la población las formas de la alimentación alimentaria adecuada acorde a sus posibilidades económicas procurando prevenir problemas de salud que tengan que ver con la alimentación de los mexicanos, principalmente a los grupos vulnerables.

Para tener claridad en la orientación se debe evaluar la nutrición y las enfermedades derivadas de esta, sin desestimar la capacidad de adquisición de los alimentos.

Por otra parte el Gobierno Federal implemento la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, que tiene como fin mejorar la salud de los mexicanos para que tengan calidad de vida.

Lo anterior al tener claro que existe un problema real en estos tres rubros, siendo el caso que pueden prevenirse, combatirse y erradicarse si existe una adecuada orientación en la alimentación, por lo que deben coordinarse de manera integral las autoridades en todos los niveles de gobierno.

La Estrategia propone establecer estilos de vida saludables, promocionar la salud a través de la educación, así como intensificar las acciones preventivas. Impulsando a que la población realice actividades físicas constantes que beneficien de manera permanente su salud.

En este contexto en la Reforma Educativa se aprobó que a través de la Secretaría de Educación Pública se impulsara que en las escuelas las niñas, niños y adolescentes tuvieran a la mano productos saludables y nutritivos.

La Estrategia Nacional también comprende la política fiscal en favor de la salud, es decir, que se gravaran las bebidas azucaradas y los alimentos no básicos con alta densidad calórica, a fin de bajar su consumo previniendo el sobrepeso en la población.

En este orden de ideas, se observa que en nuestro país se ha tenido una constante preocupación por mejorar la salud de la población y que ha buscado que sea garantizado, así como también el derecho a la educación en la cuestión alimentaria.

Derivado de lo anterior es que se requiere reforzar las acciones que ya se encuentran estipuladas en la Ley General de Salud, tomando en cuenta que la alimentación no solo implica satisfacer una necesidad fisiológica, ya que se determinan factores culturales y hábitos, sino buscar de manera eficaz que la sociedad tenga salud mediante una alimentación adecuada.

Por lo que el OBJETIVO DE LA INICIATIVA ES: Que se normen, revisen y monitoreen las bebidas azucaradas y alimentos no básicos que presenten elevados contenidos calóricos, a fin de que la población y el sector privado tengan conocimiento de los daños que pueden causar a la salud pública.

Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto a consideración de ésta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO:

ÚNICO.- Que adiciona un párrafo tercero al artículo 114 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 114.-…

La Secretaría de Salud, deberá normar, revisar y monitorear las bebidas azucaradas y alimentos no básicos que presenten elevados contenidos calóricos, a fin de que la población y el sector privado tengan conocimiento de los daños que pueden causar a la salud pública, y en todo caso determinar de manera inmediata las cantidades aceptables por los organismos nacionales e internacionales para que estos productos se puedan seguir consumiendo.

Artículo Transitorio:

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores,
el 18 de septiembre de 2015.

Diva Hadamira Gastélum Bajo
Senadora de la República

CUADRO COMPARATIVO

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE ADICIÓN

Artículo 114.- Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población, la Secretaría de Salud participará, de manera permanente, en los programas de alimentación del Gobierno Federal.

La Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, formularán y desarrollarán programas de nutrición, promoviendo la participación en los mismos de los organismos nacionales e internacionales cuyas actividades se relacionen con la nutrición, alimentos, y su disponibilidad, así como de los sectores sociales y privado.

Artículo 114.-…

La Secretaría de Salud, deberá normar, revisar y monitorear las bebidas azucaradas y alimentos no básicos que presenten elevados contenidos calóricos, a fin de que la población y el sector privado tengan conocimiento de los daños que pueden causar a la salud pública, y en todo caso determinar de manera inmediata las cantidades aceptables por los organismos nacionales e internacionales para que estos productos se puedan seguir consumiendo.

1 Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

2 Artículo 27.
XX.El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.
El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.

3 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 11.

4 http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/6 Consultado 19-01-2015

5 Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:
I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de la nutrición;
II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables.
III. Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de nutrición en las zonas que se determinen, en función de las mayores carencias y problemas de salud;
IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas.
V. Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económicas, encaminadas a conocer las condiciones de nutrición que prevalecen en la población y establecer las necesidades mínimas de nutrimentos, para el mantenimiento de las buenas condiciones de salud de la población;
VI. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población en general, y proveer en la esfera de su competencia a dicho consumo;
VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.
VIII. Proporcionar a la Secretaría de Economía los elementos técnicos en materia nutricional, para los efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas.

6 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2107165&fecha=23/01/2006 Consultado 19-01-2014.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Gastélum Bajo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que adiciona el artículo 3o. A de la Ley Aduanera, en materia de derechos de los usuarios de las aduanas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 3o. A DE LA LEY ADUANERA, EN MATERIA DE DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS ADUANAS

(Presentada por el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Ser parte de los legisladores en esta Cámara Alta, se traduce en velar por los intereses y bienestar de los ciudadanos y de las entidades federativas. Dentro de estos intereses se encuentra la búsqueda constante del progreso en nuestro mercado, en nuestra industria, en nuestro comercio.

Parte fundamental de lo anterior, pasa constantemente a través de las aduanas situadas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Así, las aduanas contienen un aspecto económico de suma importancia para nuestro país, pues debemos tener en cuenta que un flujo adecuado de mercancías en las aduanas ayuda al mercado de todo nuestro país.

Sin duda alguna la actividad aduanera influye en la capacidad de la economía para mantener y generar fuentes de trabajo que se traduzca en bienestar.

En 2014, el Banco Mundial publicó el Indice de Desempeño Logístico, el cual se relaciona con la calidad de las actividades realizadas en las aduanas, y México obtuvo el lugar 50 de 160, si bien nos encontramos dentro del primer tercio de los calificados, aún hay mucho margen para mejorar.

Es por esto último que debemos de generar certeza en el uso de aduanas, certeza jurídica para quienes utilizan los servicios cotidianamente y, también, para quienes lo hacen de manera ocasional o extraordinaria.

Ante tal escenario, proponemos adecuar nuestra legislación aduanera a efecto de lograr certeza jurídica tanto de los importadores, exportadores, agentes aduanales y demás usuarios de las aduanas, incluyendo de los propios funcionarios de las aduanas. Dejar en claro los derechos y obligaciones de todas las partes interesadas, sin que se deje a la interpretación de los usuarios.

Permitir incentivar el flujo de mercancías por nuestras aduanas y con ello intercambio comercial.

Debemos apoyar a comerciantes y empresarios de todos los tamaños con su trabajo para aportar a la economía y quienes en ocaciones son sujetos de litigios innecesarios y algunas ocasiones injusto.

Por ello, esta iniciativa incluye una lista de derechos de los usuarios de las aduanas que pretende ayudar a transparentar la actuación de los empleados y funcionarios del sistema, al asegurar a los usuarios un trato digno, justo y diligente, a la par de propiciar una aplicación más equitativa, cuidadosa y respetuosa de la ley, lo que puede evitar muchas infracciones y sanciones y, en consecuencia, bajar los costos de las operaciones y contribuir a su facilitación.

En este Senado de la República estoy seguro que estamos a favor de tomar acciones que signifiquen mejoras a nuestro mercado y traigan consigo beneficio para las mexicanas y los mexicanos.

Por su atención muchas gracias.
Iniciativa

Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, Senador de la República del Congreso General de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 3° A de la Ley Aduanera en materia de derechos de los usuarios de las aduanas, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En 2014, el Banco Mundial publicó el Índice de Desempeño Logístico, el cual mide la eficiencia del proceso de despacho de mercancías; la calidad del comercio y el transporte relacionado con la infraestructura; los costos de transporte para el envío de mercancías, así como la competencia y calidad de los servicios logísticos, su seguimiento, rastreo y puntualidad. México obtuvo el lugar 50 de 160, lo que refleja que nuestro país requiere continuar con un proceso de modernización aduanera, mediante la eficiencia del proceso del despacho, en cuanto a velocidad, simplicidad y previsibilidad en sus formalidades; la calidad de la infraestructura relacionada al comercio exterior (tecnología de la información), y la competencia y calidad de los servicios logísticos (transporte); lo que exige no sólo la actualización de los procesos aduaneros, sino también requiere la modificación de las disposiciones que lo sustentan.

La Ley Aduanera en vigor, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, señalando el 1 de abril de 1996 como la fecha para su entrada en vigor. Con la última reforma del día 9 de diciembre de 2013, esta legislación ha sido adaptada para incorporar medidas de facilitación y control en el despacho aduanero. Así mismo, el de 20 de abril de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo Reglamento de la Ley Aduanera.

Actualmente el sistema aduanero, se norma con una Ley, un Reglamento, con más de 400 reglas de carácter general en materia de comercio exterior y un manual de operación aduanera que norma la actuación de las 49 aduanas y que en la práctica es el fundamento legal al que acuden las aduanas.

Ante tal escenario, se propone adecuar nuestra legislación aduanera a efecto de lograr la certeza jurídica tanto de los importadores, exportadores, agentes aduanales y demás usuarios de las aduanas, incluyendo los propios funcionarios de aduanas, incorporando en la Ley normas que otorguen derechos y obligaciones, sin que se deje a la interpretación de los usuarios, esto permitirá incentivar el crecimiento económico del país y el intercambio comercial, previendo en todo momento que el ingreso y salida de mercancía se realice en apego a los mecanismos que la seguridad nacional demanda.

Por primera vez en la historia de nuestras leyes aduaneras, se incluye una lista de los derechos de los usuarios en las aduanas, que pretende ayudar a transparentar la actuación de los empleados y funcionarios del sistema al asegurar a los usuarios un trato digno, justo y diligente, a la par de propiciar una aplicación más equitativa, cuidadosa y respetuosa de la ley, lo que puede evitar muchas infracciones y sanciones y en consecuencia bajar los costos de las operaciones y contribuir a su facilitación.

Como derechos de los ususarios de las aduanas podemos señalar entre otros el de autocorregirse; el de pagar en parcialidades los créditos fiscales, es decir de cantidades ya determinads por la autoridad y que el fisco tiene derecho a cobrar, derivados de operaciones de comercio exterior; el de adoptar acuerdos conclusivos, derechos que ya existen para contribuyentes distintos de los usuarios de las aduanas, o que se establecen en reglas de comercio exterior. Estos derechos por otro lado auxilian a la autoridad aduanera a eficientar sus facultades.
Además, se establece la presunción de buena fe en la actuación de los usuarios de las aduanas, concepto que permitirá a éstos hacer sus trámites, realizar sus gestiones con tranquilidad, sencillez y facilidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 3°-A de la Ley Aduanera para quedar como sigue:

ARTÍCULO 3o.-A. Los importadores, exportadores y en general los usuarios de las aduanas tendrán los siguientes derechos:

I. Recibir un trato digno y respetuoso de las autoridades aduaneras.

II. Recibir información de sus derechos y obligaciones en materia aduanera.

III. Recibir respuesta a las consultas que formulen a las autoridades aduaneras, respecto de la clasificación arancelaria de las mercancías, los métodos para determinar el valor en aduana y el origen de las mercancías.

IV. Conocer la información estadística contenida en las declaraciones de mercancías, tanto propias, como de los demás importadores y exportadores, respecto de la fracción arancelaria, valor en aduana, fecha y régimen aduanero, contribuciones y regulaciones no arancelarias; así como que los datos propios que se consideren reservados sólo sean utilizados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

V. Ser orientado con precisión a través de los medios electrónicos que ofrezca el Servicio de Administración Tributaria, acerca de las regulaciones y restricciones no arancelarias, aranceles, preferencias arancelarias y en general toda aquella información relacionada con la fracción arancelaria de la mercancía que se pretende introducir o extraer del país.

VI. No ser despojado de la posesión o propiedad de la mercancía que transporte o lleve consigo, salvo en los casos expresamente previstos en esta Ley.

VII. Ser informado con precisión a través de los medios electrónicos que ofrezca el Servicio de Administración Tributaria, acerca de los bienes que integren el equipaje, la franquicia de pasajero internacional, así como el tipo de bienes que dichos pasajeros podrán importar bajo el procedimiento simplificado.

VIII. Ser informado, al inicio de las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que éstas se desarrollen en los plazos previstos en esta Ley o, en su caso, en el Código Fiscal de la Federación, así como conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte, por sí o por medio de su representante.

Se tendrá por informado al usuario de las aduanas sobre sus derechos, cuando se le entregue la carta de los derechos de los importadores y exportadores y así se asiente en la actuación correspondiente.

La omisión de lo dispuesto en esta fracción no afectará la validez de las actuaciones que lleve a cabo la autoridad aduanera, pero dará lugar a que se finque responsabilidad administrativa al servidor público que incurrió en la omisión.
IX. No aportar los documentos que ya se encuentran en poder de las autoridades aduaneras siempre que proporcione los datos necesarios para su localización, este derecho no exime de la obligación de exhibir la declaración de mercancías en los casos de verificación de mercancías en transporte, a que se refiere el artículo 145 de esta Ley.

X. A que las actuaciones de las autoridades aduaneras que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos onerosa.

XI. Formular alegatos, ofrecer y presentar pruebas conforme a la legislación aduanera aplicable, incluso el expediente administrativo del cual emane el acto impugnado, mismos que serán tomados en cuenta por los órganos competentes al dictar la resolución administrativa que corresponda.

XII. A que el reconocimiento aduanero sea llevado a cabo en presencia del declarante o del tercero autorizado conforme a esta Ley.

XIII. A que en los casos de retención de mercancías, se dicte resolución en un plazo máximo de cuatro meses a partir de la retención de las mismas.

XIV. A que una vez que se haya dictado resolución definitiva en un procedimiento de sanción o transcurrido el plazo de cuatro meses sin que se hubiere dictado resolución, no se ejerzan otra vez facultades de comprobación respecto de dichas mercancías, salvo que se trate de otras irregularidades.

XV. A pagar en parcialidades o en forma diferida los créditos fiscales determinados por la autoridad aduanera por concepto de las contribuciones omitidas y sus accesorios, que se causen con motivo de la importación y exportación.

XVI. A solicitar la adopción del acuerdo conclusivo en cualquier momento, a partir de que dé inicio el ejercicio de facultades de comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas.

XVII. Como funcionario aduanero a recibir capacitación continua y ser asistido por sus superiores en los casos que solicite.

Se presume, salvo prueba en contrario, que los usuarios de las aduanas actúan de buena fe.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República,
el 18 de septiembre de 2015.

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Fernández Sánchez Navarro. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño del Senador Aarón Irízar López.

El Senador Aarón Irízar López: (Desde su escaño) Señor Presidente, para solicitarle a mi amigo y compañero Senador, que ha hecho una buena presentación de iniciativa, me dé la oportunidad de incorporarme a esta iniciativa.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador Fernández Sánchez Navarro, ¿autoriza la adhesión, incluida también a la Senadora Luisa María Calderón y el Senador López Brito y demás que están solicitando la adhesión? Tome nota la Secretaría.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

(Presentada por el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su venia, señor Presidente. Buenos días, pueblo de México. Compañeras y compañeros Senadores:

Con las reformas efectuadas el 28 de mayo de 2009 a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se incluyeron novedosas formas de participar en los procesos licitatorios, tales como las ofertas subsecuentes de descuento, compras consolidadas y contratos marco, con la finalidad de que los proveedores y/o prestadores de servicios tuvieran mayor oportunidad de venderle al gobierno sus productos y servicios.

Durante el ejercicio fiscal de 2013, y derivado de la compra consolidada de medicamentos, que aquí el Senado de la República aprobó esas leyes, el IMSS que es el que coordina estas compras obtuvo ahorros superiores a los 3,700 millones de pesos.

A finales del mes de diciembre de 2014 dicho Instituto anunció que concluyó la compra consolidada de medicamentos para el 2015, por lo que sostuvo que esta compra de 51,000 millones de pesos es considerada la más grande de la historia del sector público en nuestro país, en virtud de que es superior en 8,000 millones de pesos a la del año anterior que fue de 43,000 millones de pesos.

De esta manera, compañeras y compañeros Senadores, se informó en su oportunidad que se llevaron a cabo 14 licitaciones para la adquisición de más de 1,900 claves de medicamentos y de material de curación.

Los ahorros generados en esta compra por la disminución de los precios con respecto a los de la adquisición del año anterior ascendieron a cerca de 4,600 millones de pesos que, combinados a los ahorros de 2014 por 3,700 millones de pesos, representan una reducción de precios que se traducen casi 8,300 millones de pesos en esta administración.

Por otra parte, es oportuno reiterar que la innovación farmacéutica tiene como finalidad brindar nuevos y cada vez más eficaces medicamentos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas que sufren enfermedades, particularmente las crónico-degenerativas, para que su atención constituya un impacto severo al gasto público de salud.

Cabe destacar que la finalidad última del desarrollo de nuevos productos, es lograr una mejora en la respuesta del organismo a los medicamentos para lograr una recuperación pronta y eficaz.

Dicho objetivo no se alcanza si los institutos de salud pública brindan atención médica a sus derechohabientes con medicamentos que en muchas ocasiones no son los más adecuados y eficientes, por no ser resultado de los avances científicos en farmacología.
Por ello, resulta más conveniente que se le otorgue mayor preferencia a la adquisición de medicamentos innovadores, ya que aun cuando su costo es aparentemente mayor con relación a los que no poseen esta calidad, son más efectivos para tener mayores efectos curativos y producir menos daños secundarios.

De esta manera, podemos afirmar que el uso y consumo de estos medicamentos en el sector público de salud representa menores costos con relación a los días, cama de paciente en casos de hospitalización, además de que se logra una reincorporación más inmediata a la vida laboral de las personas en un periodo mucho más corto.

Si bien es cierto que el precio es un factor determinante para la utilización de nuevos medicamentos, también lo es que hay posibilidades de acceder a los recursos necesarios utilizando los ahorros generados en la adquisición de otros medicamentos como lo son los referidos innovadores.

Lo anterior se hace necesario si se considera el impacto que tiene la enfermedad crónico-degenerativa en el gasto público, más aún cuando el tema de la discapacidad es prioritario en su atención para el sector salud por las cifras que representa un aumento de la enfermedad asociadas a ella y con una mayor prevalencia en la creciente población adulta.

Con datos de la encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2014, el 6.6 por ciento del país reporta tener discapacidades, en su mayoría las personas con discapacidad son adultos, un 34 por ciento, y adultos mayores 51 por ciento. La enfermedad se reporta como la principal causa de discapacidad de un 39 por ciento. El 16 por ciento de los hogares de México que tienen al menos 1 integrante con discapacidad gastan el doble en cuidados a la salud, 4.6 por ciento, contra el 2.4 por ciento, y erogan más en atención ambulatoria, 77 por ciento en medicamentos sin receta.

Los servicios de rehabilitación y aparatos requeridos no son proporcionados por todos institutos públicos de salud ocasionando un incremento en el gasto del bolsillo.

Aquí ustedes hacen gestiones, ahí andan deambulando la gente, los derechohabientes, porque no les dan las prótesis, no les dan los marcapasos, ahí andan pidiendo limosna en todos los cubículos de Diputados y Senadores y en la beneficencia pública porque el sector salud no tiene la capacidad de apoyarlos.

Un dato relevante a considerar es que las personas con discapacidad requieren de tratamiento de largo plazo.

Compañeras y compañeros Senadores:

La adquisición de medicamentos innovadores resulta prioritaria, toda vez que constituye una mejor alternativa respecto de los productos ya existentes, más efectivos y con menos efectos adversos ni complicaciones, pero muy pocos o casi ninguno se encuentra incluido en los cuadros básicos de medicamentos de los institutos públicos de salud debido a su aparente costo alto, considerando que la propia Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, ha reconocido que, mientras más medicamentos innovadores se pongan al alcance de los pacientes, se mejorará su calidad de vida al promoverse menor tiempo de hospitalización; y con ello se les brindará una mejor atención.

Es inevitable el envejecimiento de la población mexicana, y por tanto la proliferación de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus, enfermedades isquémicas del corazón y cerebro vasculares, así como las crónicas del hígado, por lo que el sector salud debe orientar su actuación hacia unas políticas de abasto de medicamentos innovadores o de última generación y su respectiva inclusión en los cuadros básicos de medicamentos.

En consecuencia, puede reafirmarse que la compra de medicamentos innovadores no debe ser vista como un mero gasto, sino como una inversión.
Se los pongo clarito para que entiendan de qué se trata esto. Ojalá presten atención.

Los medicamentos innovadores son el último grito de la moda en farmacología. Un paciente va a un hospital y le ponemos medicina de 2 pesos como la dipirona, la famosa neomelubrina para el dolor, pero hay que agregar a ese gasto que 1 de cada 100 mil enfermos puede tener anemia plástica que nos va a costar 2 y 3 millones de pesos rescatarlo o se va al panteón.

Cuando a un paciente le damos un tratamiento de los que habitualmente hay en el sector salud, la mayoría se tarda una semana, 15 días en recuperarse, y el gasto vía cama, el gasto de la ropa hospitalaria, de la comida, el gasto de enfermeras, de médicos, eso hay que irlo sumando y no nada más ver si esta ampolleta vale 2 pesos y esta innovación vale 300 pesos.

Porque ése es el concepto que tenemos en la mente, entre ceja y ceja, para poder tomar decisiones de adquirir las medicinas, la de 2 pesos o la de 300 pesos, y nos vamos por la de 2 pesos, pero nos sale más caro o nos sale el tiro por la culata como dice la gente.

Entonces, tenemos que impulsar que los obreros, los campesinos, los pescadores, puedan tener acceso a las medicinas modernas y no les estemos dando medicamentos que traen muchas complicaciones y efectos secundarios.

De esto se trata, que no nada más en el Hospital Ángeles del Pedregal, en el ABC o en las clínicas de lujo privadas, puedan tener acceso a los medicamentos innovadores, sino que todo el pueblo de México pueda llegar a los institutos, a los hospitales, a los centros de salud, y exista medicina de calidad que, además, va a redituar en las horas de trabajo para el país. En lugar de tener a un enfermo 15 días en una cama, lo vamos a tener 2 ó 3 días y va a incorporarse rápidamente a su empleo.

Esa es la visión, no hay que estar miope; y se lo digo a todo el sector salud, de esta forma, con la presente iniciativa, propongo en la Ley General de Salud establecer como facultad de la Secretaría, la implementación de medidas y acciones necesarias a efecto de impulsar y fomentar la disponibilidad de estos medicamentos biotecnológicos innovadores, con el objeto de hacerlos accesibles a la población que menos tiene.

Precisar como parte de las atribuciones de dicha Secretaría, la de diseñar y promover, como parte sustancial del sistema de protección social en salud, unas políticas de consolidación tendientes a reducir los costos de adquisición de estos medicamentos.

Por cuestiones de tiempo les explico rápido.

Tenemos un ahorro este año, en la compra consolidada en el que que participan el IMSS, el ISSSTE, PEMEX, Salubridad con el Seguro Popular, de más de 4 mil millones de pesos. ¿A dónde se va el ahorro? ¿Quién sabe a dónde se fue el ahorro? Se compran automóviles, escritorios y se gasta menos en salud.

La propuesta es que el 50 por ciento de los ahorros en las compras de medicamentos se vaya a medicamentos innovadores para la gente que menos tiene.

Que no haya mexicanos de primera y mexicanos de tercera. El ejemplo más claro es la hepatitis C. Tenemos que tener esa vacuna en México, porque la hepatitis C en el 99.9 por ciento de los casos se cura, y si no, tenemos cirrosis, cáncer de hígado, etcétera.

Ojala puedan leer y puedan apoyar esta iniciativa con proyecto de Decreto.

Por su atención, muchas gracias.

Saludo con afecto y cariño a mi pueblo querido, México.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Mayans Canabal. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño del Senador Francisco Salvador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para solicitarle respetuosamente al Senador Mayans Canabal, si me permite sumarme a esta importante iniciativa.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador Mayans Canabal, ¿acepta las adhesiones?

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tome nota la Secretaría de las solicitudes que han sido formuladas por Senadoras y Senadores.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

El Senador David Monreal Ávila: Con su permiso, señor Presidente.

Acudo a esta tribuna en el interés de buscar modificar el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas, derivado del nivel de corrupción, de descontrol y de una serie de circunstancias que están sucediendo en nuestro país en los diferentes órdenes y niveles de gobierno.

La falta de mecanismos de control eficaz al poder público en México, lo ha llevado a posicionarse como uno de los países con mayor corrupción en el mundo.

De acuerdo al Indice de Percepción de la Corrupción en el 2014, elaborado por Transparencia Internacional, el país se ubicó en el lugar 103 de 175 países. Esto en gran medida ha creado las condiciones para que existan altos niveles de impunidad, delincuencia, tráfico de influencias y un desarrollo social y económico miserable, y en consecuencia, que la mitad de la población se encuentre en situación de pobreza.

Los altos niveles de corrupción e impunidad no se limitan a un solo ámbito de la administración pública, dado que van desde la procuración e impartición de justicia, la seguridad pública, el ejercicio de presupuestos públicos, el otorgamiento de contratos, concesiones y licencias, pasando por los procesos electorales.

En este sentido, hoy en día es una urgencia atender y detener el avance de esta problemática que cada día asfixia más a la sociedad mexicana.
Una de las actividades gravemente influenciadas por la corrupción, es el otorgamiento de contratos, así como las modificaciones que dichos actos jurídicos sufren después de ser asignados.

De acuerdo a la sexta encuesta del CEO, consultora especializada en el tema, de los 144 directivos en México consultados por la firma, 83 por ciento se dijo preocupado o muy preocupado por la corrupción.

Cabe aclarar que hoy en día existen diferentes mecanismos que buscan regular y limitar esta problemática; sin embargo, han sido insuficientes y deficientes, ya que día a día se conocen nuevos escándalos vinculados al otorgamiento y modificación de contratos de obra pública.

Ejemplo de lo anterior es la construcción de la llamada Estela de Luz, que con motivo de la conmemoración del Bicentenario del Movimiento de Independencia, se proyectó bajo un presupuesto inicial no mayor a los 400 millones de pesos, monto que serviría para construir la torre superior a los 100 metros de altura en los terrenos del Bosque de Chapultepec. Pero terminó con un costo de más de mil millones de pesos.

Una situación similar ocurrió con la construcción de la Biblioteca Vasconcelos, aquí en la ciudad de México, cuyo costo inicial se contempló en 954 millones de pesos y tuvo un costo total, al final, de 2 mil millones de pesos; es decir, tuvo un aumento del 109 por ciento.

Finalmente, se puede citar uno de los más recientes escándalos de corrupción, en el cual personal de la empresa OHL presuntamente sobornaron a un funcionario del Estado de México para aumentar los precios de un tramo del Viaducto Bicentenario, la cual sufrió modificaciones sistemáticas en su presupuesto, de tal modo que la cantidad invertida creció varias veces su monto original.

Tan sólo el monto de la inversión acumulada, reconocido por el Estado de México, pasó de más de 5 mil millones de pesos en el 2005 a más de 23 millones de pesos en el 2011. Estos ejemplos sirven para mostrar la dimensión del problema respecto de las modificaciones de los contratos de obra.

Por un lado existe poca transparencia en la asignación de obras y concesiones; y por otro, los cambios en las condiciones de ejecución de las mismas es opaco; es decir, tradicionalmente se han vigilado más los procedimientos relacionados con la adjudicación de un contrato de obra que el resto del proceso de contratación, como si al emitirse un fallo los riesgos de corrupción se minimizaran.

Generalmente se presta toda la atención a la parte de licitación de la obra y una vez que ha sido asignada se deja al libre albedrío de los contratantes la modificación de las condiciones de ejecución, lo que significa que los cambios que se hacen a los contratos pareciera ser intrascendentes y por ello es nula la vigilancia que se tiene sobre las mismas.

Es por esto que resulta necesario establecer límites a las modificaciones de los contratos, a fin de garantizar que se respete en su totalidad las bases bajo las cuales fueron celebrados y evitar actos de corrupción y desvío de recursos públicos.

En este sentido, los ejemplos mencionados anteriormente nos enseñan la urgencia de asegurar la transparencia de la integridad del proceso de la obra pública; es decir, antes de la contratación, durante la contratación y después de la contratación.
En consecuencia, la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas establece, en su artículo 59, dentro del Capítulo Segundo, sobre la ejecución de la obra, una serie de supuestos bajo los cuales las dependencias y entidades puedan modificar los contratos mediante simples convenios y, en casos excepcionales, sin especificar claramente en qué y cuáles temas, se necesita la autorización de la Secretaría de la Función Pública.

En los términos en que se encuentra la ley vigente, los contratos pueden ser modificados siempre y cuando no rebasen el 25 por ciento del total de la obra o impliquen variaciones sustanciales, y cuando rebasen dicho monto únicamente requerirán de la aprobación de la Secretaría de la Función Pública.

Bajo estos supuestos existen condiciones propicias para la discrecionalidad en la modificación de contratos debido a que el monto establecido en la ley es elevado, ya que no se contempla para subsanar pequeños cambios, sino hasta una cuarta parte del total del contrato, cifra desproporcionada para ser considerada como una modificación.

Y por el otro lado, para el supuesto en el que se requiera modificaciones superiores al 25 por ciento, únicamente se necesita la aprobación de la Secretaría de la Función Pública, y también resulta relevante y digno de atención, ya que las mejores prácticas internacionales hoy en día están encaminadas a que grupos de expertos independientes del gobierno sean quienes aprueben cambios en obra pública, esto con el fin de evitar actos de corrupción y desvío de recursos públicos con el objeto de cuidar que la autoridad se convierta en juez y parte, pues es quien asigna los contratos y, en su caso, es quien autoriza el aumento y modificación de los presupuestos. De esta manera se comprueba que este esquema de modificación de los contratos permite el manejo discrecional, arbitrario, opaco y parcial de los mismos.

Por tal motivo, la presente propuesta consiste en disminuir el porcentaje base para las modificaciones de los contratos y sea a través del convenio entre las partes, esto pasando del 25 por ciento al 10 por ciento, por lo cual, por un lado, reducirá el margen de recursos extraordinarios asignados a una obra por encima del presupuesto original; y por el otro, contribuirá a disminuir los actos de corrupción por medio de la modificación de contrato.

Asimismo, se propone que quien autorice los cambios de los contratos no sea únicamente la Secretaría de la Función Pública, sino un comité de revisión y vigilancia integrado por el servidor público responsable de la obra, un ingeniero, un arquitecto y un administrador expertos en el tipo de obra, materia del contrato, quienes deberán estar afiliados a un colegio o barra de profesionistas a fin de que exista opinión de expertos ajenos a los intereses de las partes que emitan su dictamen al respecto, y con ello combatir la discrecionalidad y la corrupción en la ejecución de las obras públicas.

Durante años, la obra pública se ha prestado para lograr contrataciones irregulares que generalmente crean un círculo de corrupción que nadie quiere ver, pero que notablemente afecta a la rendición de cuentas, la confianza en el gobierno y, sobre todo, la calidad de vida de los ciudadanos.

Es lamentable que en México, obras de infraestructura destinadas a generar algún cambio en alguna localidad o municipio, sean ejemplos de corrupción y desvío de recursos entre los gobiernos y los concesionarios.

Es notable que en la mayoría de los casos impera el interés personal sobre el interés social. Es momento de acabar con la corrupción en la asignación de licitaciones y obras, pero también de regular con mayor disciplina las modificaciones de los contratos.

Es cuanto, señor Presidente.
Iniciativa

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La falta de mecanismos de control eficaz al poder público en México, lo ha llevado a posicionarse como uno de los países con mayor corrupción en el mundo. De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción 2014, elaborado por Transparencia Internacional, el país se ubicó en el lugar 103 de 175 países.1 Esto en gran medida, ha creado las condiciones para que existan altos niveles de impunidad, delincuencia, tráfico de influencias, un desarrollo social y económico miserable, y en consecuencia, que la mitad de la población se encuentre en situación de pobreza.

Los altos niveles de corrupción e impunidad no son limitativos de un solo ámbito de la administración pública, ya que van desde la procuración e impartición de justicia, la seguridad pública, el ejercicio de los presupuestos públicos, el otorgamiento de contratos, concesiones y licencias, pasando por los procesos electorales. En este sentido, hoy en día es una urgencia atender y detener el avance de esta problemática, que cada día asfixia más a la sociedad mexicana.

Una de las actividades gravemente influenciada por la corrupción es el otorgamiento de contratos, así como las modificaciones que dichos actos jurídicos sufren después de ser signados. De acuerdo a la sexta encuesta de CEO en México de la consultora PwC, de los 144 directivos en México consultados por la firma, 83% se dijo “preocupado” o “muy preocupado” por la corrupción.2

El otorgamiento de contratos como materia regulada por el sistema normativo nacional, data de la Constitución de 1917, en la cual se establecía que las obras públicas “deberían otorgarse en subasta pública, es decir, someterlas a concurso para escoger al mejor postor o realizador de la obra pública, seguramente en las mejores condiciones económicas, técnicas y de tiempo”.3 A pesar de la existencia de dicha disposición constitucional, no existió en la inmediatez una legislación de la materia. En cambio, se decretaron normas en distintos ordenamientos encaminados a regular la materia del otorgamiento de contratos públicos. Por ejemplo, en las Leyes de Vías Generales de Comunicación y Medio de Transporte de 1931 y la de Servicios de Inspección Fiscal de 1936. En esta última se consideraba “como materia de del servicio de inspección fiscal: Intervenir en actos o contratos relacionados con las obras de construcción, instalación y reparación que se lleven a cabo por cuenta del Gobierno Federal y vigilar la ejecución de los mismos”.4

Sería hasta 1958 cuando se modificó la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado para crear la Secretaría de Obras Públicas, cuya finalidad fue establecer una estructura orgánica para atender y ordenar este aspecto de la administración pública. Dentro de las obras que debería atender la nueva Secretaría se encontraban: caminos, puentes, carreteras, edificios públicos, así como otras obras que de acuerdo a las leyes le atribuyera a otras secretarías.5

Para 1965 el Congreso de la Unión expidió la primera ley relativa a la contratación de obras públicas, la que sería la Ley de Inspección de Contratos y Obras Públicas, cuyo contenido fundamentalmente se relacionaba con la regulación del contrato administrativo de obra pública. Dicha ley se mantuvo sin cambios trascendentales hasta 1980, cuando se expide la Ley de Obras Públicas; para 1993 se expidió la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, y finalmente el 4 de enero del año 2000 se publica la nueva Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, la cual desde entonces ha sido objeto de diversas modificaciones.

A pesar de todos estos cambios, siguen existiendo innumerables casos en los que la asignación de contratos y obras se otorgan fuera de la normatividad, y bajo condiciones especiales, es decir, la ley no ha logrado erradicar la corrupción, el tráfico de influencias y los conflictos de interés. Prueba de esto son los recientes casos de corrupción denunciados en diferentes medios de comunicación, por un lado, autoridades favorecen el otorgamiento de contratos, o bien, las bases bajo las cuales fueron pactadas las condiciones de la obra son modificados, generando un aumento en el costo o bien en detrimento de la calidad de la misma.

Ejemplo de lo anterior es la construcción de la llamada “Estela de Luz”, sobre la avenida paseo de la Reforma en la Ciudad de México, con motivo de la conmemoración del bicentenario del movimiento de independencia, la cual se proyectó bajo un presupuesto inicial no mayor a los 400 millones de pesos; monto que serviría para construir la torre superior a los 100 metros de altura en los terrenos del Bosque de Chapultepec, y terminó con un costo de más de 1 mil millones de pesos;6 o bien se puede enunciar la construcción de la línea 12 del metro en el Distrito Federal, la cual tenía prevista una inversión inicial de 1 mil 500 millones de pesos (mdp), y la cual tuvo un costo final de 24 mil 500 mdp, de los cuales más de 13 mil fueron de inversión estatal.

Una situación similar ocurrió con la construcción de la Biblioteca Vasconcelos en la Ciudad de México, cuyo costo inicial se contempló en 954 millones de pesos, y tuvo un costo total final de 2 mil millones de pesos, es decir, tuvo un aumento del 109 por ciento.7

Finalmente se puede citar uno de los más recientes escándalos de corrupción en el cual, personal de la empresa OHL, presuntamente sobornaron a un funcionario del Estado de México para aumentar los precios de un tramo del Viaducto Bicentenario, “la obra derivada de la Concesión del Circuito Exterior Mexiquense sufrió modificaciones sistemáticas en su presupuesto, de tal modo que la cantidad invertida creció varias veces su monto original. Tan sólo el monto de inversión acumulado reconocido por el Estado de México pasó de más de 5 mil millones de pesos en 2005 a más de 23 mil millones de pesos en 2011.8

Estos ejemplos sirven para mostrar la dimensión del problema de las modificaciones de los contratos de obra, por un lado, existe poca transparencia en la asignación de obras y concesiones; y por otro, los cambios en las condiciones de ejecución de las mismas es opaco, esto ha ocasionado que “tradicionalmente se han vigilado más los procedimientos relacionados con la adjudicación de un contrato de obra que el resto del proceso de contratación, como si al emitirse el fallo, los riesgos de corrupción se minimizaran”.9 Es decir, la atención que se pone en la parte de licitación de las obras, deja al libre albedrío de los contratantes la modificación de las condiciones de ejecución.

Es por esto que resulta necesario establecer límites a las modificaciones de los contratos, a fin de garantizar que se respeten las bases bajo las cuales fueron celebrados y evitar actos de corrupción y desvío de recursos públicos. En este sentido los ejemplos mencionados anteriormente “nos enseña la urgencia de asegurar la transparencia de la integralidad del proceso de la obra pública, es decir, antes de la contratación, durante la contratación y después de la contratación. Esto abarca desde que se plantea la necesidad de un proyecto, se planea y se presupuesta, hasta que se contrata, se opera, es evaluado y auditado. En esta última fase, la ejecución de las obras es el momento en el que la corrupción puede hacer el daño más letal: cuando la calidad de las obras se diluye o bien los costos se elevan de manera injustificada. Por eso se vuelve indispensable monitorear los contratos de obra y sus modificaciones durante la ejecución de las mismas”.10

En consecuencia, la Ley de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas establece en su artículo 59, dentro del Capítulo segundo sobre la ejecución de las obras, una serie de supuestos bajo los cuales las dependencias y entidades pueden modificar los contratos mediante simples convenios, y en casos excepcionales (existiendo falta de claridad en cuáles y cuántos son esos casos) se necesita la autorización de la Secretaría de la Función Pública.

Los supuestos que establece el artículo en comento son:

Cuando no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados.

Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe original del contrato o del plazo de ejecución, en casos excepcionales y debidamente justificados, la dependencia o entidad solicitará la autorización de la Secretaría de la Función Pública para revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos.

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias y entidades podrán autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Es decir, en los términos en que se encuentra la Ley, los contratos pueden ser modificados siempre y cuando no rebasen el veinticinco por ciento del total de la obra o impliquen variaciones sustanciales, y cuando rebasen dicho monto únicamente requerirán la aprobación de la Secretaría de la Función Pública. Bajo estos supuestos, existen condiciones propicias para la discrecionalidad en la modificación de contratos, debido a que el monto es elevado, es decir, no está fijado para subsanar pequeños cambios sino una cuarta parte del total del contrato, cifra desproporcionada para ser considerada como una simple modificación. Ejemplo de ello es el sobrecosto de la obra del Viaducto Bicentenario en el Estado de México, la cual corresponde al 0.4% del Producto Interno Bruto de esa Entidad,11 ya que debido a la flexibilidad de la ley se pudieron modificar las condiciones pactadas inicialmente en el contrato, y elevar su costo.

Por otro lado, el hecho de que en los casos donde se requiera una mayor modificación, únicamente se requiera la aprobación de la Secretaría de la Función Pública resulta relevante, ya que las mejores prácticas internacionales hoy en día están encaminadas a que grupos de expertos independientes al gobierno sean quienes aprueben cambios en obras públicas, esto con el fin de evitar actos de corrupción y desvío de recursos públicos, ya que entonces la autoridad se convierte juez y parte, pues es quien asigna los contratos y en su caso es quien autoriza aumento y modificaciones a los presupuestos.

De este modo, se comprueba que este esquema de modificación de los contratos permite el manejo discrecional de los mismos. En cambio, en otras legislaciones de países distintos contemplan comités de vigilancia y control para aprobar los cambios hechos a los contratos originales de obras públicas, esto con el objeto de evitar actos de corrupción o despilfarro indebido de recursos públicos.

Por tal motivo, la presente propuesta consiste en disminuir el porcentaje base para que las modificaciones de los contratos sea a través del convenio entre las partes, esto pasando del veinticinco por ciento al diez; por otro lado se propone que, quien autorice los cambios en los contratos únicamente la Secretaría de la Función Pública, sino un comité de revisión y vigilancia integrado por el servidor público responsable de la obra, un ingeniero, un arquitecto y un administrador expertos en el tipo de obra materia del contrato, quienes deberán estar afiliados a un colegio o barra de profesionistas, a fin de que existan opiniones de expertos ajenos a los intereses de las partes que emitan su dictamen al respecto, y con ello combatir la discrecionalidad y la corrupción en la ejecución de las obras públicas.

Es momento de acabar con la corrupción en la asignación de licitaciones y obras, pero también de regular con mayor disciplina las modificaciones a los contratos. En medio de una sociedad con más de su población en situación de pobreza, es inadmisible que el dinero público se utilice para el beneficio de unos cuantos.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 59 DE LEY LA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS

ÚNICO. Se reforma el artículo 59 para quedar como sigue:

Artículo 59. Las dependencias y entidades, podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitario; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el diez por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados.

Los convenios señalados en los párrafos anteriores deberán ser autorizados por un comité de revisión y vigilancia integrado por el servidor público responsable de la obra, un ingeniero, un arquitecto y un administrador expertos en el tipo de obra materia del contrato, quienes deberán estar afiliados a un colegio o barra de profesionistas, según se determine en las políticas, bases y lineamientos de la dependencia o entidad de que se trate.

Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superior al diez por ciento del importe original del contrato o del plazo de ejecución, en casos excepcionales y debidamente justificados, la dependencia o entidad solicitará la autorización de la Secretaría de la Función Pública y así como del comité de revisión y vigilancia, para revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 59. Las dependencias y entidades, podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitario; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados.

Los convenios señalados en los párrafos anteriores deberán ser autorizados por el servidor público que se determine en las políticas, bases y lineamientos de la dependencia o entidad de que se trate.

 

 

 

 

Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe original del contrato o del plazo de ejecución, en casos excepcionales y debidamente justificados, la dependencia o entidad solicitará la autorización de la Secretaría de la Función Pública para revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos.

 

Artículo 59. Las dependencias y entidades, podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitario; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el diez por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados.

Los convenios señalados en los párrafos anteriores deberán ser autorizados por un comité de revisión y vigilancia integrado por el servidor público responsable de la obra, un ingeniero, un arquitecto y un administrador expertos en el tipo de obra materia del contrato, quienes deberán estar afiliados a un colegio o barra de profesionistas, según se determine en las políticas, bases y lineamientos de la dependencia o entidad de que se trate.

Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superior al diez por ciento del importe original del contrato o del plazo de ejecución, en casos excepcionales y debidamente justificados, la dependencia o entidad solicitará la autorización de la Secretaría de la Función Pública y así como del comité de revisión y vigilancia, para revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de septiembre de 2015.

1 “¿Dónde se encuentra México en el Índice de Percepción de la Corrupción 2014?”, Transparencia Mexicana, [consultado: 08-09-2015], disponible en internet: http://www.tm.org.mx/ipc2014/

2 Cruz Vargas, Juan Carlos, “Corrupción, principal amenaza para negocios en México: CEOS’s”, [consultado 02-09-2015], disponible en internet: http://www.proceso.com.mx/?p=404796

3 Derechos de las obras públicas en México, Actualidad y Perspectiva del derecho público a fines del siglo XX, Madrid, Edit. Compultense, 1992, Vol. II, p. 365, disponible en internet: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2688/16.pdf

4 Ibíd., p. 5.

5 Ibíd., p. 8.

6 Badillo, Miguel, “Estela de corrupción de Calderon”, Contra Línea, consultado 25-08-2015, disponible en internet: http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/02/24/estela-de-corrupcion-de-calderon/

7 VillaFranco, Gerardo, “6 obras públicas que terminaron en fracaso presupuestal”, Forbes, consultado: 24-08-2015, disponible en internet: http://www.forbes.com.mx/6-obras-publicas-que-terminaron-en-fracaso-presupuestal/

8 “¿Obra pública transparente?”, México Evalúa, [consultado 20-08-2015], disponible en internet: http://mexicoevalua.org/2015/05/obra-publica-transparente/

9 Ídem.

10 Ídem.

11 Grafias, Francisco Ek, (septiembre 2015) “Corrupción en las compras gubernamentales”, Revista Nexos, Número 43, p. 22.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Monreal Ávila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera.

Damos la cordial bienvenida a los integrantes del Consejo Nacional de Gente Pequeña de México, provenientes de distintos estados de la República, que han sido invitados para presenciar este debate por la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera.

¡Sean bienvenidos al Senado de la República!





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se declara el día 25 de octubre de cada año como el “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE CADA AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL DE LAS PERSONAS DE TALLA PEQUEÑA”

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictaminación una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Declara el día 25 de octubre de cada año como el “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113.2, 117.1, 135.1, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 4 de noviembre de 2014,Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos De La Mora, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante del Partido Verde Ecologista de México, presentaron una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Declara el día 25 de octubre de cada año como el “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”.

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Iniciativa en comento a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

3. Las Senadoras y Senadores integrantes de las Comisiones Unidas aprobaron el presente Dictamen.
CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Iniciativa materia del presente Dictamen tiene como objeto que el Honorable Congreso de la Unión declare el día 25 de octubre de cada año, como el “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”.

CONSIDERACIONES

1. La Comisiones Unidas reconocen la importancia de continuar trabajando a favor del respeto de los derechos de las personas que por su condición de vida necesitan de acciones afirmativas que los coloquen en una igualdad de condiciones en el disfrute de sus derechos.

De acuerdo con la Asociación GENTE PEQUEÑA A.C., señala que actualmente se reconocen más de 200 diferentes tipos de enanismo, clasificados de acuerdo con fenotipo y, en un cada vez más importante número de casos, con defectos de genes y/o de sus proteínas, de los cuales cada tipo presenta necesidades diferentes, siendo la falta de movilidad uno de los principales problemas, aunado a otros de salud que son adherentes a su condición.

Según estimados, en nuestro país podrían vivir alrededor de 11,000 personas con los padecimientos anteriores, quienes se enfrentan cotidianamente a las barreras que les imponen su entorno social, lo cual les impide su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.

Sin embargo, hasta el día de hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no cuenta con un padrón de personas con enanismo en nuestro país, que entre otros, nos permita identificar en qué condiciones socioeconómicas viven, lo que hace más difícil conocer la realidad actual de este sector vulnerable para con ello diseñar las estrategias y mecanismos necesarios para su atención e inclusión.

2. A nivel internacional, entre la normativa a favor de las personas con enanismo o cualquier otra displasia tenemos:

• Conferencia Internacional de Derechos Humanos: En la Proclamación de Teherán se exhorta a todos los pueblos y gobiernos a consagrarse a los principios contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos a redoblar sus esfuerzos para ofrecer a todos los seres humanos una vida libre y digna que les permita alcanzar un estado de bienestar físico, mental, social y espiritual.

• Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo: Señala que son personas con discapacidad “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás, publicada en el Diario Oficial el 9 de agosto del 2002.

Por su parte, en Latinoamérica hay países que tiene legislación dirigida especialmente a las personas de talla pequeña, como el caso de Colombia y Guatemala

3. Desde tiempos antiguos, señalan las y los integrantes de las Comisiones Unidas, la figura de personas de talla baja ha sido estigmatizada, incomprendida y ridiculizada por diferentes culturas y sociedades llamándoles (bufones, fenómenos y seres mágicos).

Existe poca conciencia social formada al respecto de sus verdaderas necesidades, como también limitada información seria sobre la real naturaleza del enanismo.

Las personas de talla baja viven día a día situación de rechazo y discriminación por su condición.
Así, un mundo hecho a la medida de personas altas marca una barrera que impide a las personas con enanismo o talla baja, el acceso a fuentes dignas de trabajo, al transporte, a la educación y a la salud, entre otras.

Aunado a esto, ven impedidos su acceso a cuestiones tan básicas de la vida diaria como el acceso libre a los cajeros electrónicos, teléfonos públicos, interruptores de luz, cerraduras de las puertas, estantes, mostradores, andenes, escalones, subidas a los automóviles, transporte urbano, baños públicos, ventanillas en los bancos, cinturones de seguridad, y muchos objetos más, que han sido fabricados pensando en hombres y mujeres de talla promedio y no en aquellos a los que muchos llaman “ENANOS” en forma despectiva.

Todo esto causa limitaciones en quienes no alcanzan la medida; algunos, al grado de preferir quedarse encerrados en sus casas, o bien, les es más difícil desenvolverse en su cotidianeidad, necesitan esforzarse más, rodar un banco o taburete, subirse a él y llegar hasta donde se quiere llegar.

Nada es imposible para ellos, con un poco más de esfuerzo, todo lo que deseen lo pueden realizar. Pero no falta quienes miden su inteligencia y capacidad mental, con el tamaño que en estatura logran alcanzar.

4.- En cuanto al trabajo legislativo en la materia, recientemente se modificó el artículo cuarto de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en el que se especifica que el concepto de "talla pequeña" no será motivo de exclusión. El texto indica que se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, talla pequeña, discapacidad.

Asimismo, se presentó en julio del año pasado una iniciativa que reforma la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad con el objetivo de incluir a las personas de talla pequeña en incluir a las personas que presentan enanismo, displasia ósea u otra de origen genético de talla y peso en la legislación vigente en México misma que se encuentra en estudio para su dictaminación.

En ese tenor se presentó un Punto de Acuerdo en el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que promueva ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que el 25 de octubre de cada año se conmemore el Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña, mismo que fue aprobado por unanimidad en el Senado de la República.

5. Estas situaciones a las que se enfrentan, han motivado a muchas personas alrededor del mundo a luchar para mejorar la calidad de vida de la gente pequeña; ya sea porque viven con enanismo, porque algún familiar lo presenta o simplemente por un ánimo filantrópico y, por lo mismo, han creado una serie de fundaciones y asociaciones con el fin de brindar ayuda, promover la investigación de la enfermedad o sencillamente proporcionar un espacio de encuentro para la gente pequeña.

En ese sentido, las personas de talla pequeña han emprendido una ardua labor con la finalidad de promover la Conmemoración del “Día Nacional de las Personas de Talla Baja” el día 25 de octubre de cada año.

Cabe reconocer que la iniciativa surgió en México y se eligió esta fecha en honor del actor estadunidense William John Bertanzetti, mejor conocido como Billy Barty, una de las primeras personas en trabajar en pro de los derechos de las personas de talla baja y fundador de la sociedad Little People of America, la más relevante a nivel internacional en el rubro.

A esta conmemoración se han sumado cerca de 19 países, a fin de sensibilizar a la población para que estas personas no sean discriminadas ni expuestas al escarnio público.
Para esta conmemoración se propone que a los participantes se les distinguirá por un listón verde, en alusión a su significado de vida, teniendo como objetivo, crear y difundir una cultura de respeto, justicia e inclusión digna y plena en todos los sectores hacia las personas con cualquier tipo de enanismo.

6.-Es necesario comprender la dimensión que alcanza la necesidad de incluir a las personas que presentan enanismo, displasia ósea u otra de origen genético de talla y peso en la legislación vigente en México, situación ligada a la accesibilidad y diseño de espacios, que va desde el uso de un sanitario en espacios públicos, abrir una puerta, apagar una luz o subir a un autobús; tareas que para la mayoría de personas son normales y cotidianas; sin embargo, para la Gente Pequeña son una verdadera proeza, en especial porque en México aún falta por construir la infraestructura que sea accesible para las personas con discapacidad en diversas áreas y ciudades.

Es por lo anteriormente expuesto, que la propuesta de la presente Iniciativa va encaminada a que el 25 de octubre de cada año se declare como el Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña.

Es por lo anteriormente expuesto y fundamentado que las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera:

RESUELVEN

Único.- Se aprueba la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Declara el día 25 de octubre de cada año como el “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único.- El Honorable Congreso de la Unión declara, el día 25 de octubre de cada año, como el “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 28 de abril de 2015.

COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Les informo que la primera lectura de este dictamen se dio el 28 de abril del año en curso, debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy consulte la Secretaría, en votación económica, si se omite su lectura.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muchas gracias, estimado señor Presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes.

Quiero fundamentar ante todos y cada uno de ustedes el dictamen en comento; quiero decirles que es un dictamen muy especial, un dictamen que recoge una necesidad social y que, por supuesto, recoge también y responde a una legítima solicitud, específicamente de la gente de talla pequeña de nuestro país, a quien saludo a través de la representación que aquí en este Senado se encuentra de integrantes de la Asociación Nacional que nos visitan, nos acompañan de diferentes partes del país, hay varios estados aquí representados hoy.

Les damos la bienvenida, les saludamos con mucho gusto y les damos las gracias porque este dictamen hoy es posible, gracias al acompañamiento de ustedes y la estamos respondiendo a lo que legítimamente les corresponde.

Quiero compartirles, estimadas amigas y amigos Senadores, algunos datos que nos van a dar elementos para respaldar este dictamen.

De acuerdo con la Asociación Gente Pequeña, Asociación Civil, actualmente se reconocen más de 200 diferentes tipos de enanismo, de los cuales, cada uno representa necesidades diferentes. Siendo la falta de movilidad una de las principales situaciones que las y los aqueja.

Clínicamente, las personas de talla pequeña viven con acondroplasia, definido como un trastorno genético del crecimiento de los huesos que se presenta aproximadamente en uno de cada 25 mil nacimientos.

Desde la infancia, el estado de salud de las personas con esta condición presenta complicaciones como problemas respiratorios que pueden derivar en la muerte de cuna, padecimientos auditivos y trastornos del desarrollo motriz.

Aunado a ello, ven impedido su acceso a cuestiones tan básicas de la vida diaria, como a los cajeros electrónicos, teléfonos públicos, interruptores de luz, transporte público, ventanillas en los bancos, cinturones de seguridad y muchos objetos más que han sido fabricados pensando en mujeres y hombres de talla promedio.

A lo anterior, también debemos agregar que lamentablemente la figura de personas de talla baja ha sido estigmatizada y ridiculizada por diferentes culturas y sociedades, existiendo poca conciencia social de sus verdaderas necesidades. Por lo que viven día a día una situación de rechazo y discriminación por su condición.

Conocedoras y conocedores de esta situación, desde el inicio de la LXII Legislatura en este Senado, hemos realizado un intenso trabajo en la materia, modificando el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para establecer el concepto de talla pequeña, como una condición que nos será motivo de exclusión.

Asimismo, se propuso reformar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de incluirlas como parte del universo de la discapacidad.

En este mismo sentido, se han aprobado exhortos al Poder Ejecutivo Federal para que promueva ante la Organización de las Naciones Unidas, la conmemoración del Día Mundial de las Personas de Talla Pequeña; y asimismo, hemos hecho exhortos para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, pueda en el próximo censo poblacional, diseñar los indicadores necesarios que nos permitan conocer datos más precisos, con el objeto de tener un diagnóstico adecuado y poder impulsar las políticas públicas idóneas que promuevan su integración social.
Senadoras y Senadores:

Como se ha señalado, las personas de talla pequeña deben afrontar graves perjuicios a su persona, entre otras barreras que impiden su inclusión y que los ha ubicado en el décimo lugar entre los grupos que más sufren discriminación, principalmente en el ámbito educativo y laboral.

Esta realidad, ha motivado que alrededor del mundo las asociaciones en favor de los derechos de las personas de talla baja lleven a cabo una importante tarea para mejorar su calidad de vida, emprendiendo una ardua labor con la finalidad de promover que el día 25 de octubre de cada año se considere como “El Día Mundial de las Personas de Talla Pequeña”, distinguiéndose por un listón verde en alusión a su significado de vida.

Cabe mencionar, que la fecha fue elegida en honor al actor Billy Barty, una de las primeras personas en trabajar en pro de sus derechos, haciendo especialmente mención, y yo sí aquí quiero subrayarlo, que dicha iniciativa surge en México y al día de hoy alrededor de 19 países se han sumado ya a esta conmemoración.

Por lo anteriormente expuesto y en virtud de que es una realidad que los grandes cambios comienzan desde casa, el presente dictamen tiene como finalidad que el 25 de octubre de cada año se conmemore en nuestro país “El Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña” como una estrategia que nos concientice y, sobre todo, que permita visibilizarlos, entender su realidad y potenciar su proceso de inclusión, pero más aún, como un reconocimiento a la grandeza y valor con el que viven cada día.

“Las mujeres y hombres de talla pequeña, proyectaron sombras gigantes”. Así cierro con esta frase de José Narosky, esperando contar con el respaldo de todas y de todos ustedes, hoy es un gran día para el Senado de la República.

¡Enhorabuena!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Flores Escalera.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del PRI, a favor del dictamen.

La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Con su permiso, señor Presidente.

Inicio dándole la bienvenida a su casa, al presidente de esta gran asociación, no pequeña, gran asociación, a Ricardo y a todos los que están aquí, porque sin duda, nos movilizaron, nos ayudaron a hacernos conscientes de algo que a veces no es visible.

Llegar por ejemplo aquí al pódium, parece una acción fácil, una acción sencilla. Yo ya padecí un problema de caminar por unos meses, imagínense toda su vida tener impedimentos, imagínense toda su vida tener dificultades para alcanzar lo que nosotros consideramos normal.

El llegar aquí para ellos sería difícil, hablar ante este micrófono sería difícil porque no lo alcanzarían, pero hay cosas que superan las imposibilidades y esas son las ganas, esas son el interés de que esto funcione; y esto va a funcionar gracias al esfuerzo que ellos vienen realizando y que nosotros somos simple y sencillamente conductos para que su vida tenga una mejor calidad y para que ellos tengan los mismos derechos que todos tenemos.

Y saben que hay algo complicado además, ellos tienen justo la complicación de algo que parece sencillo, por qué si ellos no pueden subirse a un microbús, por qué si ellos no pueden alcanzar varias cosas que nosotros sí podemos alcanzar, no son considerados personas con discapacidad.
Esa es la gran pregunta, ¿por qué ellos no pueden acceder a apoyos de gobierno? Y la respuesta nos dicen que es porque pueden caminar, porque pueden ver, porque pueden hablar, y al tener todo eso, pues son personas normales, nada más que falta agregar a esta parte, que a ellos su estatura no les permite hacer cosas que físicamente nosotros sí podemos hacer; pero además de que ellos pueden hablar, pueden ver, pueden caminar, yo le agregaría, que ellos también sienten como nosotros y también sienten esa imposibilidad de que no solamente ellos, sino que sus hijos no tengan los derechos que los de nosotros o los de ustedes tienen, que es tener una vida digna; y por eso es por lo que ellos están luchando, y decirles que nosotros estamos, no solamente a favor de este día, estamos a favor que en la ley venga que ellos tienen la posibilidad de tener una buena calidad.

Estamos a favor que este día también el Senado se pueda iluminar de verde, también eso es lo que vamos a trabajar para que se puede visibilizar, no es un festejo, no es un capricho el que este día las personas de talla pequeña sean reconocidas o sean mencionadas; es simple y sencillamente el deseo de que sus derechos puedan ejercerse a plenitud y de que esos hijos que ellos tienen, que tienen muchas ganas y que a veces no se dan cuenta, porque he tenido la oportunidad de platicar con ellos, no se dan cuenta porque son pequeños además de estatura, de edad, que van a tener en el futuro una discapacidad.

Y uno de ellos me decía el otro día que él quería ser basquetbolista, sin tener la conciencia de que su situación física quizá no le permita hacerlo como el resto de sus compañeros o como el resto de la gente.

Es ahí donde nosotros debemos de tener la posibilidad, pero además de tener el corazón de ver que en este Senado hay cosas urgentes, pero que también hay cosas importantes que tenemos que venir a traer aquí, y que tenemos que ponerlas en la agenda, para que ya no sea una ilusión, sino que sea una realidad, que la gente de talla pequeña no tenga un día, sino tenga todo un año donde le podamos poner atención y puedan ellos tener los derechos y junto con esto una calidad de vida importante.

Yo no quiero decir más, quiero hacer más; y si nos lo permiten les vamos a acompañar con esas ganas. Yo lo padecí, les digo, unos meses.

Tengo un hermano que tiene una discapacidad, que tiene poliomielitis y sé lo que es estar con esa discapacidad, sé lo que es sufrir y sé lo que es necesario para que las leyes nos ayuden a que ellos sean visibilizados.

De verdad muchas gracias por poner atención en esto, gracias a todos los que hemos venido tocando puertas. Cuando ellos vinieron aquí nosotros acudimos a la comisión, hemos acudido a distintos legisladores de distintos estados, de distintos partidos, porque esto es lo bonito del Senado, que se nos olvidan a veces que somos de distintas fuerzas políticas y tenemos diferencias y podamos ir por las coincidencias.

Y hoy yo estoy muy segura que ustedes son una coincidencia en este Senado de la República. Ustedes son de esas cosas que nos hacen ponernos de acuerdo para ir en favor y en el desarrollo de nuestro país.

Muchísimas gracias por recordarnos que ustedes son la razón de ser del Senado de la República. Esas cosas que hacen crecer a México y que de verdad la gente pequeña hace crecer a este Senado de la República, por lo que hacemos hoy y por lo que nos queda en la agenda. Tenemos que llegar a la ley y tenemos que llegar a que la ley sea palpada en la cotidianeidad en la vida diaria con una buena calidad de vida.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Ríos de la Mora.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, a favor del dictamen.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Gracias, señor Presidente.

Saludo el día de hoy, antes que nada, a las personas de talla pequeña que se encuentran en este recinto y me congratulo de ser parte de esta hermosa comisión, que es sumamente sensible, que ha visto su corazón, que ha visto sus necesidades, que sabe lo que han sufrido día con día, pero que no basta con conmemorar un día, no basta con pintar de verde un día y que ustedes se sientan visualizados, necesitamos trabajar más para que ustedes realmente tengan respetados sus derechos, para que ustedes también estén incluidos en los programas sociales, para que realmente sus sueños sean contemplados en la Constitución, y seguiremos trabajando para ello.

Quiero manifestar mi apoyo a este dictamen que presenta la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la cual soy integrante.

En noviembre de 2014, cuando discutimos este tema en la comisión, me pronuncié a favor de esta conmemoración del “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”, porque considero que todas las personas tenemos derecho a ser reconocidas y este grupo social se ha encontrado en problemas de exclusión.

De acuerdo con estimaciones, alrededor de 11 mil personas podrían vivir con algunos de los 200 padecimientos que detienen el crecimiento y derivan en la talla pequeña de las personas.

Desafortunadamente el INEGI aún no cuenta con un padrón sobre estos casos en el país, sobre todo que nos permita conocer la dimensión de este sector poblacional.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Pediatría, la acondroplasia, se presenta en uno de cada 25 mil nacimientos, y cifras no oficiales muestran que en nuestro país existen cerca de 20 mil personas de talla pequeña.

Las personas de talla pequeña enfrentan situaciones que impiden su acceso a instalaciones físicas de edificios, viviendas, escuelas, lugares de trabajo, sitios recreativos y culturales, así como medios de transporte y en general todos los espacios de movilidad que no consideran el acceso para este tipo de personas.

Esa situación impide su inclusión plena en condiciones de igualdad y los coloca en una situación de vulnerabilidad y de discriminación.

La Conferencia Internacional de Derechos Humanos y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, señalan que el Estado mexicano está obligado a garantizar los derechos de las personas de talla pequeña.

Es fundamental terminar con las barreras que puedan impedir la participación plena y efectiva en la sociedad y ofrecer a este sector la posibilidad de acceder a una vida libre y digna, que les brinde un estado de bienestar social y, sobre todo, espiritual.

Desafortunadamente, el mundo actual sigue sin brindar acceso a las personas que no alcanzan cierta estatura que les permitan acceder a cajeros electrónicos, a teléfonos públicos, ventanillas de banco y objetos que han sido pensados para personas de talla promedio.
Me parece que el destinar un día al año a la conmemoración de personas con talla pequeña, sin duda contribuirá a visibilizar su situación y concientizar a la población sobre la necesidad de brindar acceso a todos los servicios para las personas de cualquier estatura.

Trabajar por un mundo incluyente es uno de los retos que me he planteado, no sólo en mi trabajo legislativo, sino a lo largo de toda mi vida.

Concluyo, compañeras y compañeros Senadores:

La conmemoración de este día será una oportunidad excepcional para reflexionar sobre los derechos de estas personas, pero sobre todo, creará sensibilidad entre nuestra población sobre la problemática que padecen quienes viven bajo esta condición.

Y desde esta tribuna yo también levanto mi mano por el mundo incluyente, en apoyo a las personas de talla pequeña.

Por su atención muchas gracias.

Así estaremos todos levantando la mano por ustedes.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, señor Presidente.

Iniciaba la Legislatura número LXI de la Cámara de Diputados y se nos acercó un grupo de líderes que en ese entonces buscaban, en principio, que se reconociera la acondroplasia no como una enfermedad, que se reconociera la acondroplasia también como un hecho de no discriminación.

Presentamos en el 2009 un punto de Acuerdo con ese propósito; pero más aún, el 23 de abril de 2011, presentamos una iniciativa de reforma al artículo 13 Bis de la ley federal para prevenir la no discriminación de las personas, y lo logramos, pedíamos ahí medidas compensatorias para los hombres y mujeres que nacieron con acondroplasia, talla pequeña, y lo logramos; fue un hecho histórico en la Cámara de las y los Diputados, y creo que este devenir tiene que ver con poder alcanzar la igualdad de oportunidades que requiere la gente que tiene talla pequeña.

Yo me siento muy contenta de formar parte de una lucha que vale la pena, porque la discriminación que padece la gente de talla pequeña es exagerada.

¿Dónde encuentras a la gente de talla pequeña? ¿En un circo?

Cuando su capacidad, su inteligencia, su don de vida debería de estar en los cargos de alta dirección de este país, los queremos ver siendo Diputados, siendo Senadores, siendo grandes gerentes de empresas, están preparados para ello.

El gran debate es que la gente ha querido discriminar a los hombres y mujeres de talla pequeña; es si la estatura tiene que ver con su inteligencia, yo les digo, nada más alejado de la verdad, son gente brillante, son gente preparada, gente que requiere oportunidad, y que ese día nacional de atender, de ver con otros ojos a las personas de talla pequeña va a visibilizar ese gran mundo de hombres y mujeres que requieren una pensión pertinente.
Ya lo logramos una vez, 2 veces con la reforma a la ley federal para no discriminar a las personas de talla pequeña, aceptando el término de acondroplasia como parte de la no discriminación.

Hoy, el día nacional para atender a las personas con talla pequeña, nos debe de llevar a una reflexión más alta; y la más alta es que tenemos que atender a estas personas en la toma de decisiones y de dirección de este país, también lo pueden, y también lo saben hacer.

Orgullosa de poder estar en esta causa de vida, en esta causa de los derechos humanos de las personas de talla pequeña.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para fijar posición a favor del dictamen.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia. Buen día a todos, compañeras y compañeros:

Desde luego, el grupo parlamentario de Acción Nacional, se suma con entusiasmo y con beneplácito a esta propuesta, a este dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y Estudios Legislativos, Primera, que contiene proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 25 de octubre de cada año, como el “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”.

Esto que aparentemente es un escalón, es un logro para quienes han luchado desde hace muchísimos años porque el Estado mexicano voltee a verlos, porque el Estado mexicano dé respuesta a sus necesidades y a sus limitaciones, realmente es un gran logro.

Es un gran logro, porque celebrar con ustedes, amigas y amigos de talla pequeña, este importante acontecimiento es no nada más de un día, sino que los 365 días del año el Estado mexicano y desde luego el Poder Legislativo, que desde este Senado de la República estamos en representación, se comprometa con ustedes a través de políticas públicas y a través de reglamentaciones y normas para que tengan acceso a los servicios públicos de salud, de educación, de desarrollo social, de economía, de empleos en igualdad de circunstancias, como la tenemos todos los mexicanos, esa es su gran lucha.

Yo celebro este día tan importante.

Hermanas, hermanos, amigos de talla pequeña de toda la República Mexicana:

Celebro pues, hoy y siempre con ustedes su grandeza. El Estado mexicano, como les comentaba, está pendiente, aún con ustedes, de cumplirles muchos de sus grandes pendientes.

Este Poder Legislativo y el grupo parlamentario de Acción Nacional, se compromete con ustedes a darle seguimiento a todos sus pendientes que tenemos que atender.

Muchas gracias.

¡Felicidades para ustedes!

- El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador López Brito. Se ha agotado la lista de oradores. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



El Senador Secretario Luis Humberto Fernández Fuentes: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 90 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por lo que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 25 de octubre de cada año como el “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

¡Muchas felicidades!





 

Tenemos la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones de Educación; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de fines de la educación.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE FINES DE LA EDUCACIÓN

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria.

Se concede el uso de la palabra al Senador Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con el permiso de la Presidencia. Distinguidos legisladores:

Lo que hoy va a conocer el Pleno es una reforma al artículo 7o. de la Ley General de Educación, la cual atiende a las funciones de la educación. Este artículo se ha venido enriqueciendo y modificando al paso de los años.

El dictamen que hoy se presenta compila 15 iniciativas de 19 legisladores que están con nosotros, y una anterior, de los años 2011 a 2014; modifica 8 fracciones, adiciona una y agrega otro párrafo.

Entre los Senadores que han contribuido a esto están los Senadores Raúl Mejía, Jesús Casillas, Ana Lilia Herrera, Hilda Esthela Flores, Lisbeth Hernández Lecona, Angélica Araujo, Margarita Flores, Juana Leticia Herrera Ale, María del Rosario, Rocío Pineda, Mely Romero, Cristina Díaz, Diva Gastélum, René Juárez Cisneros, Rabindranath Salazar, Sofío Ramírez, Juan Gerardo Flores, Layda Sansores y Víctor Hermosillo. Esto se dictaminó el año pasado y lamento que nos haya llevado tanto tiempo en Servicios Parlamentarios su desahogo para el día de hoy.

Son 9 temas que se están incorporando al artículo 7o. en las finalidades de la educación, y que modifica las fracciones III, IV, VI, IX, X, XI, XII, XIV, y adiciona una fracción a la VII Bis y un párrafo al texto del artículo 7o.

Los temas son: federalismo, patrimonio cultural, artístico y natural, protección de derechos humanos, adopción responsable de tecnologías de la información y comunicación y alfabetización digital, educación alimentaria, prevención de accidentes y maternidad responsable, energía renovables y no renovables, así como sus diferentes tipos natural y antropogénico, educación financiera, cultura del ahorro y cultura de protección de las personas.

Aprovecho el momento para hacer un comentario y una reflexión final. Si por cambios se tratase nuestro país por cambios jurídicos, estaría sobre resuelto; la Ley General de Educación se ha modificado más de 200 ocasiones en los últimos 20 años y claramente estamos urgidos de hacer una cirugía de corazón abierto y no solamente cambios cosméticos.
A todos los proponentes y a los que esperaron con tanta paciencia les agradezco, se ha hecho un esfuerzo muy importante por enriquecer el artículo 7o. ahora el reto es aprobarlo y cumplirlo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Romero Hicks. Está a discusión en lo general.

Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores: Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, a favor del dictamen; Senador Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario PAN, a favor del dictamen; Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD, a favor del dictamen; Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, a favor del dictamen; Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, a favor del dictamen; Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, a favor del dictamen.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias. Con su venía, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Cuando discutimos la reforma educativa dijimos con mucha insistencia que se estaba generando un Frankenstein con esta reforma, y seguimos sosteniendo esa tesis, porque a pesar de que incorporamos un concepto que dijimos que se manejaba de manera muy ambigua en la educación, y todo mundo habla de educación de calidad, el Senado plasma este concepto en el artículo 3o. de la Constitución de la República.

Le preguntamos al ciudadano Chuayffet y le preguntamos al ahora Secretario Aurelio Nuño: ¿cuál era el perfil del educando? ¿Qué se pretendía obtener con la mentada reforma? Porque en México, en el sistema educativo nacional, están apareciendo problemas gravísimos como la violencia escolar, que todo el mundo conoce como el bullying; y la violencia escolar tiene su origen precisamente en la falta de conocimientos que se tienen que incorporar a los niños desde preescolar, luego en primaria y fortalecerlos en la secundaria.

Esta reforma educativa, todos sabemos que fue una reforma educativa de tinte laboral, nada tuvo que ver con la mejora de la calidad educativa. Nosotros seguiremos sosteniendo que para elevar la calidad de la educación se necesita, por supuesto, la profesionalización de los maestros, es importantísima esa parte, pero por ejemplo hoy se corre a un maestro porque no asiste a los cursos que la autoridad educativa, dígase la SEP o los institutos de educación de los estados, convocan, y ¿quien le garantiza a los maestros que los cursos de la SEP son mejores que cursos que puedan impartir otras escuelas de educación superior, dígase nuestra Universidad Nacional Autónoma de México?

Solamente porque los imparte la SEP ya esos cursos son mejores y los maestros tienen que ir de manera obligada a un curso que no sabemos, porque no se ha evaluado si es el mejor para la profesionalización magisterial. Pero estamos de acuerdo con la profesionalización magisterial, con lo que nunca estaremos de acuerdo es que esta profesionalización se utilice como un método para reprimir a los maestros.

¿Cómo concebir educación de calidad si no se reciba la infraestructura educativa?
El último informe de la OCDE dice que más del 50 por ciento de las escuelas de este país están en condiciones no aptas de infraestructura para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Miente, miente quien sigue sacando spot en la televisión para decirle al pueblo de México que con la reforma educativa que se hizo vamos a lograr la educación de calidad.

¡Mentira! Porque si el 50 por ciento de las escuelas del país no están en condiciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces no puede haber educación de calidad.

Tampoco se quiso revisar el tema del equipamiento, las escuelas de educación media-superior, principalmente las tecnológicas y las agropecuarias, su equipamiento es de hace más de 50 ó 60 años.

Yo estudié en el CETIS 12 de CIVAC, en 1974. Acabo de ir a esa escuela y su taller parece un museo, porque la maquinaría con la que de manera didáctica se enseña a los alumnos, sigue siendo de esa fecha, imposible educación de calidad y miente quien sostiene que con la reforma educativa vamos a lograr educación de calidad, no se va a lograr si no se mejora el equipamiento.

Un tema fundamental; 10 millones de nuestros infantes están en pobreza alimentaria, es decir, alcanzan a hacer cuando mucho una comida al día y hoy se dice que vamos a lograr educación de calidad con la reforma educativa; también mienten, porque si no mejoramos y no les damos alimentos sanos suficientes y nutritivos a los alumnos del sistema educativo básico, cuando menos, entonces la educación de calidad no va a ser posible.

En este dictamen, por supuesto que estamos de acuerdo en que se incorporen los fines de la educación, un sistema organizativo que promueve los valores democráticos generando la conciencia del federalismo.

Por supuesto que estamos de acuerdo en que la valoración del patrimonio histórico, cultural, artístico y natural de las diversas regiones del país lo tenga la educación como uno de sus fines.

Que la promoción mediante la enseñanza del conocimiento de las diferentes culturas originarias, el respeto a la cultura y las tradiciones también se incorpore como uno de los fines; que se promuevan los fines de la igualdad de las personas ante la justicia; la protección, el ejercicio, el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales reconocidas en la Constitución y en los tratados internacionales.

Estamos de acuerdo con todo lo que aquí se dice, pero ¿cómo lograr un fin, si no le metemos la materia prima? Y la materia prima solamente se logra revisando la currícula, que tampoco se quiso revisar.

El maestro Jaime Torres Bodet planteaba con mucha claridad ante el país, en el periodo de Adolfo López Mateos que el ciudadano del porvenir debería de ser el resultado del sistema educativo nacional. Y hablaba de un tipo leal a él, a su patria; y hablaba de un tipo que reconociera el derecho del otro; y hablaba de muchas situaciones para definir el perfil del educando. Esta reforma educativa jamás la consideró.

Se considera hoy en los fines en el artículo 7o, pero yo sí les pido, compañeras Senadoras y Senadores que no se sumen al engaño, y que si queremos realmente que haya educación de calidad y todos estos aspectos se incorporen a nuestros educandos, entonces, necesitamos revisar de manera necesaria la currícula.

Por su atención, muchas gracias.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Sólo se han registrado oradores a favor del dictamen, en consecuencia rogaría a todos ajustarse a los 5 minutos que establece nuestra normatividad interna, para poder desahogar este debate en orden y en tiempo.

Tiene el uso de la palabra el Senador Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Con el permiso de la Mesa Directiva.

Hoy subo a hablar a favor del dictamen, en particular de la fracción VII Bis que está precisamente en el dictamen.

La educación que imparte el Estado a nuestras niñas, niños y adolescentes promoverá el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación.

Difundir este conocimiento será determinante para el futuro de nuestros jóvenes, que deberán aprovechar el impulso de la tecnología que da la humanidad hoy como nunca antes en la historia.

En el mundo en que vivimos se desarrolla todo aceleradamente, es sintomático que los 10 empleos más demandados a hoy, en 2014, no existía en 2004. Es por eso que la economía exige dar a los estudiantes herramientas y habilidades para generar sus propios empleos y para lograr soluciones a corto, mediano y a largo plazo.

Hay 2.4 billones de personas que usan el internet todos los días, ya hay cerca de 100 billones de búsquedas de información en Google por mes, 100 billones, es un número difícil de entender.

Hace un par de décadas era inimaginable tener acceso a todo el material que actualmente consumimos.

Sepan que la humanidad generó más información sólo en el año 2013, que en los últimos 5 mil años previos, y existe el riesgo que mucho de lo que los estudiantes aprenden hoy, sea anacrónico en los próximos 3 años; y en el peor de los casos, quizás en este momento ya se están enseñando conceptos caducos.

Las naciones que dominarán el planeta en el siglo XXI están dejando de pensar en maquiladoras y trabajos físicos, el 70 por ciento de la economía global será dentro de poco dominada por los trabajos de generación, de contenido y los países que no sepan mover a su sociedad en este camino quedarán seriamente rezagados.

En Finlandia por ejemplo, esto es importante, a partir del curso 2016-2017, los niños no aprenderán a escribir sino a teclear.

La formación de la escritura a mano no formará parte del programa educativo obligatorio, y en vez de eso, los centros escolares impartirán mecanografía y el envío de mensajes desde dispositivos móviles.

Hoy debemos hablar de una economía conectada y, por supuesto, de una educación conectada, donde los empleos exigen personal con las habilidades digitales necesarias para desenvolverse naturalmente en el entorno actual.

Aceptemos que para estos fenómenos no estuvimos preparados y hemos ido aprendiendo en la marcha, asimilando las innovaciones en nuestra vida diaria.
Hoy, tan sólo en México, el 68 por ciento de los usuarios de dispositivos móviles lo emplean, no sólo para hacer llamadas, sino principalmente para navegar en el internet; y para 2020 en México, los milenios, o sea, los muchachos que nacieron en esta generación, será beneficiada con reformas como ésta, será el 40 por ciento de la fuerza laboral, y en 2025 significará el 75 por ciento.

Según el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, expandiendo el acceso a internet de los países en desarrollo, se destinarían de inmediato 140 millones de trabajos, y saldrían de la pobreza 160 millones de personas.

Compañeros Senadores:

Esta reforma es un buen paso en el camino que debemos emprender para dar más apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico en nuestro país, además de que debemos crear una cultura para que nuestros jóvenes deseen acercarse a las ciencias aplicadas y a la industria de la tecnología.

Gracias al desarrollo tecnológico, la siguiente generación será la más educada en la historia, y el ascenso con base a los propios méritos, será más posible.

Nuestra tarea es seguir legislando sobre este camino para ayudar a nuestras niñas, niños y adolescentes a alcanzar sus metas y, de esta manera, mejorar el futuro de nuestro país.

Yo estoy de acuerdo que falta mucho en las escuelas, estoy de acuerdo que faltan instalaciones, pero si no les empezamos a enseñar cosas que están ahorita precisamente de vigencia, de imperiosa necesidad para que se puedan los niños educar, estaríamos faltando, precisamente, a nuestro propósito como Senadores.

Por eso les pido que todas estas propuestas las tomen muy en cuenta.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Hermosillo y Celada.

Tiene el uso de la palabra el Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen, desde su escaño.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores:

Primero que nada, quiero hacer un reconocimiento a los integrantes de las Comisiones de Educación; de Estudios Legislativos, Primera y Segunda, en especial a los presidentes de las mismas: Juan Carlos Romero Hicks, Raúl Gracia Guzmán y Alejandro Encinas Rodríguez, por los trabajos realizados que permitieron la emisión de un dictamen en sentido positivo de los proyectos legislativos impulsados por un servidor y demás compañeros legisladores.

El dictamen que está a su consideración y votación el día de hoy, tendrá como finalidad realinear los objetivos de la educación impartida por el gobierno federal y sus organismos descentralizados, inculcando a los estudiantes nuevos conceptos y principios fundamentales dentro de los contenidos de los planes y programas de estudios, en temas de gran envergadura para la sociedad como lo son la enseñanza, uso y aprovechamiento de las energías, tanto renovables como no renovables, así como impartir una educación financiera que propiciará la inclusión activa, sana y responsable de la juventud al sector financiero.
Nadie puede dudar que en la actualidad la energía se haya convertido en uno de los bienes más preciados para las sociedades en su conjunto, de tal forma que buena parte de las relaciones internacionales está regida por la posesión, el dominio y la comercialización de las fuentes energéticas y de los procesos de aprovechamiento oportuno y sustentable de las mismas.

Por otra parte, la relación entre la ciencia, el desarrollo de nuevas tecnologías para un óptimo aprovechamiento de energía y su papel fundamental en prácticamente todas las actividades de la sociedad, resulta cada vez más patente.

Basta simplemente mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que no existe en ninguna parte de nuestra vida diaria que no esté directa o indirectamente influida o dependa de la ciencia y la tecnología en general y por el uso de la energía.

Desde este punto de vista, resulta obligado que el desarrollo de una conciencia energética esté inserta en las actividades de enseñanza en todos sus niveles.

Mediante la explicación de los avances científicos y tecnológicos, la educación debe de desempeñar una función importante con miras a crear la conciencia adecuada y a lograr una mayor comprensión de estos nuevos problemas que se le plantean a la sociedad mexicana.

Esta educación integral debe fomentar la elaboración de comportamientos positivos de conducta, tanto respecto al medio ambiente como a la utilización racional de los recursos energéticos.

Con ello, se pretende que el alumno adquiera los conocimientos, los valores, los comportamientos y las habilidades prácticas para que pueda, en el futuro, participar responsable y eficazmente en la prevención y resolución de los problemas energéticos y en la gestión del mejor aprovechamiento de los recursos.

Más aún, porque está pendiente en esta Cámara de Senadores el tema referente a la dictaminación de la Ley de Transición Energética, ya que para el año 2024 se deberá tener un máximo de 65 por ciento de energía eléctrica procedente de fuentes fósiles; y el 35 por ciento restante deberá de provenir de fuentes renovables; y para el año 2035 se deberá de llegar a un máximo de fuentes fósiles de 60 por ciento; y en el 2050, el 50 por ciento de la electricidad deberá de provenir de fuentes fósiles.

Por ello, es de suma importancia que los niños y jóvenes adquieran conocimientos en las aulas del manejo de las energías renovables, para que estos se involucren en los procesos de transición energética que vivirá nuestro país y que de alguna manera se logre disminuir la dependencia de energías fósiles y de manera indirecta, con el paso de los años, se pueda reorientar o subsanar el error cometido por quienes impulsaron y aprobaron la mal llamada reforma energética.

Con ello, conoceremos las consecuencias que traerá el mal aprovechamiento energético, así como su repercusión ambiental, con el fin de buscar posibles soluciones, conozcan técnicas de transformación de energías renovables, así como su relación con nuevas profesiones y adquirir conciencia de que el uso correcto y aprovechamiento de la energía nos hace una mejor sociedad.

De igual forma, es esencial que el Estado garantice y fomente a sus estudiantes una cultura financiera y de ahorro, aprendiendo el sano manejo del dinero desde su corta edad para tomar decisiones financieras con información y de una forma sensata a lo largo de la vida, adoptando hábitos y comportamientos financieros para generar mejores condiciones y oportunidades para el futuro, ya que como se sabe, aproximadamente sólo 1 de cada 5 hogares lleva un registro de gastos o planea qué hacer con sus ingresos, cómo pagar sus deudas o cuánto ahorrar, y deja claro que la salud financiera de un país y su competitividad comienza desde la infancia y hay que afianzarlas en la juventud con educación y más educación.

Por lo antes expuesto, resulta urgente que las y los legisladores, haciendo conciencia de la grave problemática que genera la falta de educación en el uso y aprovechamiento de la energía en las próximas generaciones y una cultura financiera, votemos a favor del presente dictamen para incorporar la enseñanza de un uso sustentable de la energía en armonía con el cuidado del medio ambiente y generemos conciencia en el ahorro de los ingresos económicos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Salazar Solorio.

Tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, a favor del dictamen.

El Senador David Monreal Ávila: Con su permiso, señor Presidente.

Sin duda, esta reforma educativa, aprobada en el pasado, no ha terminado de cuajar, son muchas cosas las que necesita seguramente, pero el dictamen que hoy se discute y que estamos por aprobar, es un buen inicio, pero también es una muestra de la necesidad de revisar profundamente el tema educativo en nuestro país.

No podemos negar que siguen polarizándose los maestros, el Estado mexicano, la comunidad estudiantil y es imperativo una revisión profunda a esta ley educativa.

El pasado 24 de agosto inició el ciclo escolar 2015-2016, regresaron a clases más de 25 millones 900 mil alumnos y, más de 1 millón 212 mil maestros en educación básica.

Fue la misma autoridad educativa quien ha reconocido que los estudiantes que regresaron a escuelas que no cuentan con la infraestructura adecuada para brindar una educación de calidad.

Al respecto, la Secretaría de Educación Pública y el INEGI realizaron un Censo a las Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y, especialente el CEMABE, el cual arrojó datos realmente alarmantes.

Se censaron 236 mil 973 centros de trabajo en las escuelas públicas, tan sólo 51.6 por ciento cuenta con drenaje; 69 por ciento con disponibilidad de agua potable; y el 87.2 por ciento con sanitaros; 88.8 por ciento con energía eléctrica.

Dichos resultados fueron dados a conocer en marzo de 2014; la autoridad en materia educativa mencionó que con ello se podría emprender acciones concretas y eficaces por parte de todos los agentes educativos para elevar la calidad de la educación en el país y garantizar el pleno acceso a derechos de los niños y las niñas.

Sin embargo, a casi un año de dar a conocer estos resultados, la situación poco ha cambiado y, en este sentido, se puede aseverar que la autonomía de gestión, cuyo objetivo es mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia bajo el liderazgo del director se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta, y no ha dado resultado o cuando menos el resultado esperado.
No obstante ahora se presenta un dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de fines de la educación, una propuesta noble, pues contempla reformar varias fracciones del artículo 7o. de la misma norma en comento, la propuesta planteada es loable, pues contempla, entre otras, cuestiones fortalecer el federalismo como un sistema organizativo que promueva los valores democráticos; debemos recordar que en el artículo 3o. de la Constitución Federal considera la democracia como una forma de vida fundada en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

Asimismo, promueve la pluralidad lingüística de la nación mediante la enseñanza de las culturas originarias, el respeto de los derechos humanos, la protección de datos personales y estipula el acceso sin costo a los servicios de banda ancha en Internet, lo antes mencionado se encuentra consagrado también en el apartado de Derechos Humanos de la Constitución Federal.

Por tal razón, el dictamen robustece la divulgación y protección de los derechos desde la educación básica.

Es positivo que el dictamen pretenda que a través de la educación se promueva esta serie de principios y valores ya contemplados en la Constitución mexicana.

Sin embargo, una vez más, recae en los hombros de los profesores la obligación de reproducir estos principios en los estudiantes de educación básica, porque son ellos quienes son el último eslabón del sistema educativo.

Qué contradicción, por un lado, han sido sometidos a un linchamiento social, se les ha tachado de incompetentes, están en medio de un procedimiento de evaluación incierto y ajeno a sus necesidades, trabajan con una infraestructura deficiente y decadente, y además de todo, mantienen un salario que no representa la importancia de su labor para el Estado mexicano; y sin embargo se les asignan mayores responsabilidades -concluyo señor Presidente- más principios, valores, ideales para transmitir y desarrollar en los alumnos de la educación básica.

Los fines contemplados en el dictamen, junto con lo estipulado en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son los ideales de la educación, el deber ser en materia educativa, sin embargo la realidad mexicana dista mucho de lo anterior.

Ojalá y pronto en esta tribuna estemos revisando profundamente el tema de la ley educativa en nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Monreal Ávila.

Se concede el uso de la palabra al Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Sofío Ramírez Hernández: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo quiero hacer aquí una reflexión sobre el tema educativo en el país, yo voté a favor de la reforma educativa, lo hice convencido de mi realidad en el desarrollo educativo de mi estado, y de la franja de marginación y pobreza: Guerrero, Oaxaca y Chiapas, lo hice porque estoy convencido que es necesario aportar el esfuerzo de todos para alcanzar el anhelo de una sociedad mexicana de poderle dar a las nuevas generaciones una mayor oportunidad en su formación humana, académica, y lo que es el pilar del desarrollo humano, la educación.
Pero también no podemos ocultar una realidad, y es por eso que comparto lo aquí expresado por mi compañero Senador Fidel Demédicis, de que, por un lado, la reforma educativa con sus mejores propósitos, desde la óptica del esfuerzo de los tres niveles de gobierno, y de quienes aquí dimos un voto de confianza. Pero por otro lado, una realidad que lastima: maestros con bajos salarios, maestras que tienen que caminar horas para llegar a sus centros de trabajo, alumnos que no hemos alcanzado otorgar su seguridad alimentaria, escuelas de bajareque, pizarrones de más de diez años, butacas no existentes porque los niños reciben clases muchas veces en horcones o en las propias piedras que acomodan para habilitar junto con la comunidad una escuela de cómo se puede desarrollar el proceso, enseñanza, los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Es por eso, compañeras Senadoras y Senadores, que hoy expreso con un profundo sentir la opinión de millones de mexicanos, de que ya no queremos los dos Méxicos, no nada más imaginación en pobreza y en falta de oportunidades, sino que ya no queremos los dos Méxicos en materia de educación.

Tampoco queremos que nada más sean de protocolo las 5, 6 regiones que ha dado a conocer el Secretario de Educación, Aurelio Nuño, lo que hoy queremos es hacer realidad la esperanza de miles de mexicanos para que la educación verdaderamente sea para todos de manera igualitaria.

Por eso es que nos sumamos como integrantes de la Comisión de Educación en favor de este dictamen, donde se están aprobando en la Comisión de Educación 15 dictámenes, dentro de ellos, particularmente en mi caso, propusimos reformar el artículo 7o. de la Ley General de Educación donde se señala que no es suficiente que se promuevan las lenguas, las tradiciones de los pueblos originarios, lo más importante es promover en su conjunto la enseñanza de las diferentes culturas originarias, su pluralidad lingüística, respeto a su cultura y a sus tradiciones; los pueblos originarios de este país son quienes representan el menor índice de desarrollo humano.

Los pueblos originarios de este país son los que ha encontrado la mayor discriminación social, y que por cierto, la Encuesta Nacional de Discriminación 2010 señala que el 44 por ciento de los mexicanos considera que hay discriminación racial; 17.6 por ciento que ha sufrido discriminación por acento al hablar, por origen de raza o muchas veces hasta por el color de la piel.

Por eso dí mi voto a favor en comisiones, y hoy vengo a pedir el voto de todas mis compañeras Senadoras y Senadores para que podamos dar este espacio de confianza al dictamen que se aprobó en la Comisión de Educación y que podamos alcanzar los mejores fines de la educación para México y particularmente para los estados que se encuentran en los menores índices de desarrollo educativo.

Muchas gracias, y buenas tardes.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ramírez Hernández.

Se concede el uso de la palabra al Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, para hablar en favor del dictamen

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente.

Vengo a hablar a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, desde luego, a favor del dictamen que está a discusión.

Es un dictamen, que sin duda refleja el compromiso de los integrantes de este Senado de la República con la educación.
Como ya lo dijo el presidente de la Comisión de Educación y algunos de mis colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, el dictamen incorpora o tiene que ver con quince distintas iniciativas, todas ellas relacionadas con el artículo 7o. de la Ley General de Educación.

De manera muy particular o como un objetivo general de este dictamen, yo podría señalar que buscamos que los planes y programas de estudio que tienen como base estos fines que están señalados en el artículo 7o. de la Ley General de Educación, mejoren y sean más pertinentes con las demandas actuales de nuestro país.

Se trata de promover acciones positivas y afirmativas a favor de las niñas, los niños y los adolescentes que conforman el sistema educativo nacional.

Como ustedes saben, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ha promovido en distintas ocasiones, iniciativas que tienen que ver con mejorar la calidad de la educación. Estamos conscientes del compromiso y responsabilidad que representa el desafío de la transformación educativa, y por lo mismo, como señalaba, hemos propuesto distintas iniciativas en la materia.

De manera personal, estoy convencido que la educación es la única manera en que podemos alcanzar mejores niveles de desarrollo económico y así está acreditado en los casos, por ejemplo, de los países del sudeste asiático, Corea de manera particular, que invirtió de manera muy fuerte en su sistema educativo en la década de los 60’s, y hoy es un ejemplo de cómo un país puede mejorar de manera contundente si invierte en educación de calidad para sus niñas y niños.

Por ello, en este dictamen se incorpora una propuesta que hizo su servidor para promover la adopción del uso de las tecnologías de la información y comunicación, la alfabetización digital y el acceso sin costo a los servicios de Internet de banda ancha dentro de los planteles educativos.

Esta propuesta que presenté, se sustenta en algunas estadísticas que lamentablemente no son alentadoras. Por ejemplo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, reporta que el 49.2 por ciento de las escuelas registra hasta ocho alumnos por computadora, pero sólo el 44.2 por ciento de las escuelas con ocho alumnos por computadora, tiene acceso a internet, con lo que se está muy lejos de una cobertura completa en la materia.

La OCDE ha reportado estadísticas en la materia, por ejemplo, el número de hogares con computadora, el número de hogares con acceso a internet. Hace cuatro, cinco años, las estadísticas que reportaba la OCDE eran muy preocupantes y hoy afortunadamente han mejorado un poco esas estadísticas, pero seguimos estando muy lejos en cuanto a la penetración de la banda ancha en los hogares, y por lo tanto es muy importante que podamos garantizar que nuestras niñas y niños tengan acceso gratuito a Internet de banda ancha en las escuelas.

No podemos obviar que hoy más que nunca las tecnologías de la información y comunicación son un elemento catalizador del desarrollo del país. Eso se reconoció incluso, por ejemplo, en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, lo mismo en la discusión de la legislación secundaria en la materia, en la que se promovió el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha a Internet.

Inscrito en este contexto de promover una mejor conectividad en nuestro país, en 2014 la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Electricidad, firmaron un convenio para la electrificación y conectividad de centros educativos en todo el país.
Existen demandas de la sociedad en materia de garantizar un acceso a las tecnologías de la información, para formar y educar a los alumnos. Lamentablemente los alumnos que no adquieren estas habilidades que tienen que ver con las tecnologías de la información y comunicación, normalmente empiezan a rezagarse frente a alumnos que sí tienen este privilegio.

Debemos buscar que los fines de la educación en nuestro país tengan como propósito no sólo promover la adopción de las tecnologías de la información, sino que se dé una alfabetización digital en los planteles educativos, y que en esos planteles las niñas y niños puedan tener acceso a Internet de banda ancha.

Hay estadísticas de países obviamente más desarrollados que el nuestro, que nos dicen que, por ejemplo, en Europa el 90 por ciento de los trabajos demandan de habilidades en materia de tecnologías de la información.

Tenemos que hacer un esfuerzo en nuestro país y, si es necesario plasmarlo en la ley. Me parece que vamos por el camino correcto para garantizar que nuestras niñas y niños adquieran estas habilidades y que tengan el beneficio de contar con acceso a Internet gratuito en los planteles educativos.

Por eso el Partido Verde Ecologista de México está a favor de este dictamen; celebramos que finalmente se discuta hoy en el Pleno, y desde luego votaremos a favor del mismo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Flores Ramírez.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI, para fijar posición a favor del dictamen.

La Senadora Mely Romero Celis: Gracias, señor Presidente.

El dictamen que hoy sometemos a votación, es de gran importancia, por supuesto, y lo han expresado aquí nuestras compañeras Senadoras y Senadores, pero no sólo porque en él se establecen diversas modificaciones que coadyuvan a que los fines de la educación que imparten tanto el Estado como los particulares, sean acordes al dinamismo de la sociedad y a los retos que la formación de los estudiantes nos ponen.

También es muy importante porque permite consolidar algunos de los preceptos planteados tanto en la reforma educativa que aprobamos en el Congreso de la Unión, la de telecomunicaciones, como algunas otras reformas aprobadas, es decir, avanzamos en el logro de los objetivos armonizando diversas leyes que guían el actuar de los mexicanos y de manera muy especial ésta que es la ley que precisamente tiene que ver con el tema más importante para todos, la educación.

Entre las modificaciones del dictamen destacan por supuesto la promoción de los valores democráticos, lo cual resulta fundamental para la construcción de una ciudadanía más activa, más participativa, que se involucre en las decisiones de gobierno.

La pluralidad de opiniones y propuestas debe prevalecer, por supuesto. Hoy en día surgen voces en todo nuestro país y debemos fomentar ese valor de la tolerancia, el respeto a las decisiones de la mayoría y al estado de derecho, valores todos estos que hoy son incorporados como elementos de la educación básica en México.
Nuestro país se distingue por su diversidad de tradiciones y culturas. Basta mencionar que tenemos más de 15 millones de personas que pertenecen a uno de los 68 grupos étnicos reconocidos en nuestro país.

Por eso la propuesta de incorporar que se promueva el conocimiento y el respeto de estas culturas, no solamente va a abonar en preservar nuestra amplia cultura, sino a enorgullecernos de nuestro pasado histórico.

Resulta también, más que pertinente, que entre los fines de la educación se promueva el valor y el respeto a los derechos humanos, es un tema reiterado en esta tribuna por el cual luchamos todos los días, lo importante es que ahí, en la educación básica, desde pequeñitos, podamos todos los mexicanos reconocer y respetar los derechos que tenemos todos, solamente así estaremos sentando las bases para que nuestro país sea más igualitario.

Los avances tecnológicos, por supuesto, y los cambios que estos conllevan en nuestra vida cotidiana implican retos y requieren habilidades. La propuesta de garantizar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, así como la promoción del uso responsable de las mismas, proporcionarán a las generaciones actuales y a las futuras todas las herramientas necesarias sin dejar de ver que, claro, entre las principales problemáticas asociadas con estas nuevas tecnologías de la información están los referentes al cuidado de la información personal.

Lo usuarios de las telecomunicaciones pueden ser víctimas de diversos delitos conocidos como el fishing, el grooming, sexting, también, que ponen en riesgo el patrimonio o la integridad física, la protección de datos personales, por lo tanto, es un asunto de suma importancia, y valoramos que se incorpore como elemento de la educación.

Destacamos, también, que ante la problemática de salud pública, asociada con problemas de obesidad, se estén incorporando el conocimiento y adopción de hábitos alimenticios saludables entre nuestros estudiantes.

Los cambios y las modificaciones de todos los proponentes de distintas fracciones en este Senado de la República, al artículo 7o. de la Ley General de Educación, permitirán que la educación continúe siendo el proceso mediante el cual las actuales y las futuras generaciones adquieran los valores y los principios que nos definen como mexicanos y, a su vez, nos permitan avanzar hacia un futuro promisorio.

Celebro, pues, este dictamen, las posiciones a favor, el consenso generado, y también reconozco iniciativas como la presentada por nuestra compañera Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, reconociendo ella misma y todos nosotros el compromiso de impulsar una educación de calidad que permita alcanzar un país más próspero y más igualitario.

Nuestro voto, por supuesto, razonado, será a favor del presente dictamen.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Muchas gracias, Senadora Romero Celis.

Informo a la Asamblea que recibimos una propuesta de modificación que suscriben los Senadores María Cristina Díaz Salazar, Juan Carlos Romero Hicks y Raúl Morón Orozco, al artículo 7o. de la Ley General de Educación, misma que someteremos a su consideración.

El texto correspondiente está a disposición en el monitor de sus escaños. Si la Asamblea la acepta, la votación del proyecto será con las modificaciones incorporadas.

En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integre el texto al dictamen.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se incluye las modificaciones al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada la modificación, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, la votación del dictamen será con las modificaciones al artículo 7o. que fueron autorizadas por la Asamblea.

En virtud de no haber más oradores registrados ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Senadora Secretaría María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 88 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de fines de la educación. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley Agraria, con relación al Registro Agrario Nacional.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 45 DE LA LEY AGRARIA

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA; Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Estudios Legislativos, les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 187 de la Ley Agraria.

Los integrantes de estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 113, 117, 135 numeral 1, fracción I, 277 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen, en relación a la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del proceso legislativo, en su trámite y recibo de turno para el dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto;

II. En el capítulo de “Objetivo”, se sintetiza la propuesta de reforma en estudio;

III. En el capítulo de “Considerandos”, las Comisiones Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos de valoración, así como los motivos que sustentan la decisión de aprobar con modificaciones, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, materia del presente Dictamen.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 29 de octubre de 2013, los Senadores María Verónica Martínez Espinoza, Ismael Hernández Deras y José Ascención Orihuela Bárcenas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 187 de la Ley Agraria.

En esa misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, mediante oficio No.DGPL-1P2A.-3401 turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Estudios Legislativos, el citado Proyecto de Decreto para su estudio y dictamen correspondiente.
II. OBJETIVO

La presente Iniciativa busca establecer como obligación de la Asamblea General a través del Comisariado Ejidal o Comunal, según sea el caso, como de sus miembros inscribir en el Registro Agrario Nacional, los contratos que celebren, tanto en lo colectivo como individual, relacionados a concesiones relativas a la explotación de minerales, aguas, maderas y cualquiera otros actos que de alguna manera afecten en el subsuelo o en el aire, o priven de la propiedad o posesión y disfrute de los citados recursos dentro de sus tierras, aguas, pastos y montes, previa validación de dichos contratos ante los tribunales agrarios competentes, sin la cual será nulo de pleno derecho el acto o contrato aludidos.

De igual forma, propone que no procederá el desistimiento del juicio agrario, como tampoco el consentimiento expreso de los propios actos por parte del órgano de representación Ejidal o Comunal, cuando se reclamen actos o contratos derivados de concesiones relativas a la explotación de minerales, aguas, maderas y, cualquier otra cuestión relativa que de alguna manera afecten en el subsuelo o en el aire, o priven de la propiedad o posesión y disfrute de los citados recursos dentro de sus tierras, aguas, pastos y montes o el goce de los frutos y ganancias económicas relativas, así como por la degradación ambiental que sufran los citados bienes ejidales por dicha explotación, derivada de los referidos actos o contratos; por lo que no obstante que la Asamblea General, así lo acuerde expresamente, deberá continuarse con el juicio por todas su etapas procesales hasta la emisión de la sentencia definitiva que lo resuelva, por tratarse de recursos patrimoniales como de intereses colectivos relativos a la propiedad ejidal y comunal.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27 fracción VII, reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. Del mismo modo, mandata que la ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.

Asimismo, la fracción VII del artículo 27 Constitucional, dispone que la ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.

De igual forma, esta disposición constitucional regula que la ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela.

SEGUNDA.- Estas Comisiones Unidas, coinciden con los Senadores Iniciantes en el sentido de adecuar la legislación agraria en defensa de los derechos humanos de los ejidatarios y comuneros en respeto a su propiedad, goce de sus frutos y justas ganancias económicas. Sin embargo, no coinciden con la propuesta de implementar en la Ley Agraria el control de dicha actividad cuando se desarrolle dentro de ejidos o tierras comunales, tal y como se transcribe a continuación:

Artículo 187.- …

Es obligación de la Asamblea General a través de sus Comisariados Ejidal y Comunal, como de sus miembros inscribir ante el Registro Agrario Nacional, los contratos que celebren, tanto en lo colectivo como individual, con relación a concesiones relativas a la explotación de minerales, aguas, maderas y cualquiera otros actos que de alguna manera afecten en el subsuelo o en el aire, o priven de la propiedad o posesión y disfrute de los citados recursos dentro de sus tierras, aguas, pastos y montes, previa validación de dichos contratos ante los tribunales agrarios competentes, sin la cual será nulo de pleno derecho el acto o contrato aludidos.

Lo anterior, en virtud de que las actividades relativas a la minera, agua y explotación forestal se encuentran reguladas dentro de la Ley propia de su materia y sus respectivos reglamentos, por lo que de aprobarse la propuesta en sus términos, duplicaría los trámites de los actores involucrados en tales contratos, duplicidad innecesaria, toda vez cada una de estas legislaciones prevé un registro ante los cuales deben realizarse las inscripciones correspondientes, siendo elementos plenos de prueba ante cualquier autoridad jurisdiccional, que conozca de las controversias que pudieran surgir entre las partes.

En el caso de la industria minera, la fracción VI del artículo 46 de la Ley Minera dispone que la Secretaría de Economía, llevará el Registro Público de Minería en el que deberán inscribirse, a petición de parte, los actos o contratos relativos a la transmisión de la titularidad de concesiones o de los derechos que de ellas deriven, los de promesa para celebrarlos, los gravámenes u obligaciones contractuales que se constituyan en relación con las mismas, así como los convenios que los afecten. Asimismo, la fracción VII del mismo ordenamiento dispone que deberán registrarse, a petición de parte, las sociedades al igual que su disolución, liquidación y las modificaciones a los estatutos de dichas sociedades que determine el Reglamento de la misma.

Por su parte, la Ley de Aguas Nacionales, prevé un Registro Público de Derechos de Agua, en el que se inscribirán, entre otros, la transmisión de los títulos de concesión en los términos establecidos por la presente Ley y sus reglamentos, y dicha transmisión puede ser total o parcial. De igual modo, el artículo 23 BIS del mismo ordenamiento dispone que sin mediar la transmisión definitiva de derechos o la modificación de las condiciones del título respectivo, cuando el titular de una concesión pretenda proporcionar a terceros en forma provisional el uso total o parcial de las aguas concesionadas, sólo podrá realizarlo con aviso previo a "la Autoridad del Agua", cuando así le corresponda conforme a lo establecido en el Fracción IX del Artículo 9 de la misma Ley, y que para mayor abundamiento se transcribe a continuación:

ARTÍCULO 9. "La Comisión" es un órgano administrativo desconcentrado de "la Secretaría", que se regula conforme a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de su Reglamento Interior.


Son atribuciones de "la Comisión" en su Nivel Nacional, las siguientes:

I. a VIII.

IX. Programar, estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras hidráulicas federales directamente o a través de contratos o concesiones con terceros, y realizar acciones que correspondan al ámbito federal para el aprovechamiento integral del agua, su regulación y control y la preservación de su cantidad y calidad, en los casos que correspondan o afecten a dos o más regiones hidrológico - administrativas, o que repercutan en tratados y acuerdos internacionales en cuencas transfronterizas, o cuando así lo disponga el Ejecutivo Federal, así como en los demás casos que establezca esta Ley o sus reglamentos, que queden reservados para la actuación directa de "la Comisión" en su nivel nacional;

En este mismo orden de ideas, el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, dispone que La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Forestales establecerá, integrará, organizará y mantendrá actualizado el Registro Forestal Nacional, y de acuerdo con la fracción VIII del artículo antes referido, en el registro se inscribirán los actos de transferencia de dominio, uso, usufructo o prestación de servicios que involucren recursos forestales, programas de manejo forestal, de manejo de plantaciones forestales comerciales y avisos de forestación.

Ahora bien, con relación a que los contratos celebrados por las asambleas de los núcleos agrarios o de los ejidatarios o comuneros en lo individual sean previamente validados por los tribunales agrarios competentes, se considera que tal propuesta va en contra de la naturaleza de los tribunales.

Lo anterior, como ya se ha descrito en el considerando anterior, en el sentido de que la Constitución regula que la ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela.

Además, debemos ser consientes en que la Carta Magna establece en su artículo 17, que todo individuo tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Asimismo, el derecho en materia agraria, como norma de carácter social tiene por objetivo la tutela de los grupos sociales más vulnerables de la población, por así haberse consignado de manera especial en la fracción XIX de su artículo 27, y en razón de ello prevé, en materia sustantiva y adjetiva, diversas prerrogativas a favor de los campesinos como a continuación se transcribe:

XIX.     Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos.

Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente.

La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, y

Por lo tanto, estamos Comisiones Unidas que dictaminan consideran que el deber del Estado en su tarea de impartir y administrar justicia, no se constriñe a la organización de un Poder Judicial eficiente y transparente, sino a ofrecer la posibilidad de acceder a otras alternativas para la solución de conflictos que resulten más eficientes, es decir, menos costosas, más rápidas y que eviten los conflictos sociales, y en este sentido es que el legislador le dio trato especial al sector agrario, al disponer que la ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, órgano que en su ley secundaria, la Ley Agraria, se denomina “Procuraduría Agraria” definido en su artículo 134, como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Asimismo, las funciones de la Procuraduría Agraria quedaron definidas en el artículo 135 de la misma Ley Agraria, regulando que la Procuraduría tiene funciones de servicio social y está encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas, mediante la aplicación de las atribuciones que le confiere la presente ley y su reglamento correspondiente, cuando así se lo soliciten, o de oficio en los términos de esta ley, siendo algunas de sus atribuciones las de Asesorar sobre las consultas jurídicas planteadas por las personas a que se refiere el artículo 135 en sus relaciones con terceros que tengan que ver con la aplicación de esta ley.

En conclusión, la Procuraduría Agraria funge como Ombudsman Agrario, teniendo como tarea primordial la defensa de los derechos agrarios de sus asistidos, vigilando la legalidad en el campo, así como atribución primordial, el ser este órgano conciliador de intereses, tanto en casos de controversias relacionadas con el régimen jurídico agrario, como el de procuración de justicia en tanto preventiva del juicio agrario, pues la asesoría que pueda brindar a los sujetos de derecho agrario, debe favorecer la transparencia y legalidad en todo acto o contrato que celebren los núcleos agrarios en forma colectiva o individual.

Por su parte, la naturaleza de los Tribunales Agrarios es la de ser órganos de administración e impartición de justicia, al conocer y resolver sobre las controversias que se susciten entre las partes, quienes tienen la obligación de llamar a la conciliación amigable de las partes en las etapas procesales del juicio y antes de que se dicte sentencia.

Si bien es cierto, que en el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, el legislativo se manifestó por facultar a los jueces de distrito en materia civil o tribunales agrarios competentes, para validar los acuerdos alcanzados entre particulares y los Asignatarios o Contratistas en materia energética, también es cierto que pretender que todos los actos o contratos celebrados en tierras de propiedad social, deban transitar por los tribunales agrarios para ser validados por estos, aumentaría significativamente su carga de trabajo, misma que en la actualidad presenta un importante rezago, como ejemplo basta citar que del último informe de labores de los tribunales agrarios correspondiente al año 2013, se informa que durante ese año se radicaron 52 082 expedientes, sumados a los 41 441 que se encontraban en trámite, dieron un total de 92 773 expedientes, resolviéndose de este total únicamente el 53 por ciento, que representan 49 345 asuntos resueltos.

Por lo tanto, quienes suscribimos el presente dictamen, estamos convencidos de que antes de hacer los cambios que proponen los Senadores iniciantes, se deben realizar las adecuaciones estructurales dentro de los tribunales agrarios, a fin de que estos pueden desahogar con eficacia cualquier nueva carga de trabajo que se les imponga, sin que se desvíen de su tare primordial como impartidores de justicia en la resolución de controversias.

De todo lo anteriormente expuesto en este considerando, estas Comisiones Unidas consideran necesario rescatar el espíritu de reforma que plantean los Senadores promoventes, para que el Registro Agrario Nacional conozca sobre los actos o contratos que sean celebrados dentro de la propiedad social, pero en un sentido de reforzar la colaboración interinstitucional, que contribuya en la actualización y vinculación de manera permanente, sobre la información registral de la propiedad social, como los actos registrales correspondientes al Registro Público de Minería, Registro Público de Derechos de Agua, entre otros regulados en la legislación vigente. Con ello se favorecerán los principios de máxima transparencia y publicidad en beneficio de los gobernados, pues tales medidas contribuirán a brindar mayor certeza jurídica y por ende, a fomentar el desarrollo social y económico del país.

En virtud de lo expuesto en el párrafo anterior, se considera viable adicionar un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 45.- Las tierras ejidales podrán ser objeto de cualquier contrato de asociación o aprovechamiento celebrado por el núcleo de población ejidal, o por los ejidatarios titulares, según se trate de tierras de uso común o parceladas, respectivamente. Los contratos que impliquen el uso de tierras ejidales por terceros tendrán una duración acorde al proyecto productivo correspondiente, no mayor a treinta años, prorrogables.

Todo contrato de asociación o aprovechamiento, sin demerito de las demás disposiciones aplicables, deberá inscribirse en el Registro Agrario Nacional. En su caso, el órgano o institución correspondiente deberá notificar al Registro Agrario Nacional aquellos actos o documentos celebrados en propiedad social, de conformidad con la ley aplicable.

Con lo anterior se define con mayor claridad en la Ley Agraria, sobre las facultades registrales del Registro Agrario Nacional, sobre todo se refuerza la fracción VIII de su artículo 152, que dispone que deberán inscribirse en esta dependencia “los demás actos y documentos que dispongan esta ley, sus reglamentos u otras leyes”.

TERCERA.- Que el derecho en materia agraria, como norma de carácter social tiene por objetivo la tutela de los grupos sociales más vulnerables de la población, por así haberse consignado de manera especial en el artículo 27 Constitucional y que, en razón de ello, la ley agraria, reglamentaria de tal disposición Constitucional, prevé, en materia sustantiva y adjetiva, diversas prerrogativas a favor de los campesinos.

Asimismo, estas Comisiones Unidas que dictaminan consideran que el deber del Estado en su tarea de impartir y administrar justicia, no se constriñe a la organización de un Poder Judicial eficiente y transparente, sino a ofrecer la posibilidad de acceder a otras alternativas para la solución de conflictos que resulten más eficientes, es decir, menos costosas, más rápidas y que eviten los conflictos sociales.

Por lo que, quienes suscribimos el presente dictamen consideramos que los métodos alternativos de solución de conflictos en el sector agrario, representan una opción viable y necesaria para que las partes en un conflicto tengan la oportunidad de resolver entre ellos sus diferencias, lo anterior al amparo del principio que versa en el sentido que: “La mejor justicia es aquella a la que arriban las partes por sí mismas”.

Con este pensamiento, no se pretende de ninguna manera desestimar el papel que ha desempeñado históricamente el Estado mexicano, en su labor de impartir justicia, como lo determina el artículo 17 Constitucional, sino en todo caso el argumento subsiste bajo la idea de que éste, sin renunciar a su obligación constitucional, se modernice y reoriente su papel para generar las condiciones jurídicas bajo las cuales puedan coexistir la justicia impartida por los órganos institucionales creados para ello y la justicia alternativa pactada por los contendientes en un conflicto.

Se debe considerar que la legislación agraria vigente invoca expresamente el ánimo conciliador, seguramente influido por la experiencia sobre los graves problemas, que en ocasiones no concluyen con el pronunciamiento judicial.

Así tenemos pues, que en la legislación actual, en un primer esfuerzo la conciliación le compete a la Procuraduría Agraria, al disponer el artículo 136 fracción III de la Ley Agraria, lo siguiente:

Artículo 136.- Son atribuciones de la Procuraduría Agraria las siguientes:

III. Promover y procurar la conciliación de intereses entre las personas a que se refiere el artículo anterior, en casos controvertidos que se relacionen con la normatividad agraria;

Lo anterior, tiene la finalidad de que las partes tengan la oportunidad, si es que así lo desean, de convenir la forma en que habrán de concluir el conflicto que los llevo a apersonarse ante los Tribunales Agrarios, de manera definitiva, pacífica y concertada. Debemos ser conscientes en que la estabilidad y la paz social, se erigen como condición indispensable para que sus habitantes accedan y participen en el desarrollo económico nacional. En este sentido, dentro de la Ley Agraria se prevé la figura de la conciliación, en la fracción VI de su artículo 185, que dispone lo siguiente:

Artículo 185.- El tribunal abrirá la audiencia y en ella se observarán las siguientes prevenciones:

I. a V.

VI.- En cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de pronunciar el fallo, el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable. Si se lograra la avenencia, se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el que una vez calificado y, en su caso, aprobado por el tribunal, tendrá el carácter de sentencia. En caso contrario, el tribunal oirá los alegatos de las partes, para lo cual concederá el tiempo necesario a cada una y en seguida pronunciará su fallo en presencia de ellas de una manera clara y sencilla.

Para nadie es ajeno, que a pesar de que las sentencias dictadas por los Tribunales Agrarios, buscan resolver los aspectos jurídicos del conflicto, es decir, a favor de quién asista la razón incorporada en el derecho, éstos muchas de las veces no logran ejecutar sus resoluciones, ante la inconformidad principalmente del vencido en juicio. Motivo por el cual, la inseguridad jurídica, la tensión, y su eventual transformación en hechos violentos, hacen perdurable los conflictos durante años, por lo que no se puede restar importancia a la composición amigable de las partes en conflicto.

Asimismo, cabe precisar que la evolución de la impartición de justicia en México, ha tenido un desarrollo tendiente a la especialización en cuanto a la distribución de funciones y competencias entre los órganos jurisdiccionales, tanto que actualmente se cuenta con tribunales que conocen exclusivamente de la materia civil, penal, electoral, y algunos otros, entre los cuales por su puesto, se encuentran los tribunales agrarios.

En este tenor de ideas, el pasado 7 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la cual dispone en su artículo 1º dispone lo que a continuación se transcribe:

Artículo 1o.- La presente Ley regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional, los mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

Los preceptos de este ordenamiento sonreglamentarios del artículo 4o. Constitucional, de orden público e interés social y tienen por objeto la protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental.

El régimen de responsabilidad ambiental reconoce que el daño ocasionado al ambiente es independiente del daño patrimonial sufrido por los propietarios de los elementos y recursos naturales. Reconoce que el desarrollo nacional sustentable debe considerar los valores económicos, sociales y ambientales.

El proceso judicial previsto en el presente Título se dirigirá a determinar la responsabilidad ambiental, sin menoscabo de los procesos para determinar otras formas de responsabilidad que procedan en términos patrimoniales, administrativos o penales.

Del mismo modo, en su artículo 30 mandata que “El Poder Judicial de la Federación contará con juzgados de Distrito con jurisdicción especial en materia ambiental”. Y que “En ausencia de los anteriores serán competentes para conocer de los procedimientos judiciales de responsabilidad ambiental a que hace referencia el presente Título los jueces de distrito que correspondan según la materia”.

En virtud de lo expuesto a lo largo del presente considerando, es que las Comisiones Unidas que dictaminan, en relación a la propuesta de adición de un tercer párrafo, como a continuación se transcribe, lo consideran inviable:

No procede el desistimiento del juicio agrario, como tampoco el consentimiento expreso de los propios actos por parte del órgano de representación Ejidal o Comunal, cuando se reclamen actos o contratos derivados de concesiones relativas a la explotación de minerales, aguas, maderas y, cualquier otra cuestión relativa que de alguna manera afecten en el subsuelo o en el aire, o priven de la propiedad o posesión y disfrute de los citados recursos dentro de sus tierras, aguas, pastos y montes o el goce de los frutos y ganancias económicas relativas, así como por la degradación ambiental que sufran los citados bienes ejidales por dicha explotación, derivada de los referidos actos o contratos; por lo que no obstante que la Asamblea General, así lo acuerde expresamente, deberá continuarse con el juicio por todas su etapas procesales hasta la emisión de la sentencia definitiva que lo resuelva, por tratarse de recursos patrimoniales como de intereses colectivos relativos a la propiedad ejidal y comunal.”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Estudios Legislativos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 162, 163, 166, 176, 177, 178, 182, 186, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley Agraria para quedar como sigue:

Artículo 45.- ...

Todo contrato de asociación o aprovechamiento, sin demerito de las demás disposiciones aplicables, deberá inscribirse en el Registro Agrario Nacional. En su caso, el órgano o institución correspondiente deberá notificar al Registro Agrario Nacional aquellos actos o documentos celebrados en propiedad social, de conformidad con la ley aplicable.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Titular del Ejecutivo Federal deberá expedir la reforma a los reglamentos interiores correspondientes, en un plazo no mayor a noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Tercero.- Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto continuarán su despacho por los organismos responsables de los mismos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Dado en la sala de Comisiones del H. Senado de la República.

COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Senadora Secretaría María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

En virtud de que no hay oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.




La Senadora Secretaría María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 75 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley Agraria. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Informo a la Asamblea que tendremos diversas votaciones nominales.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para el control del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. Les informo que la primera lectura a este dictamen se dio el 23 de abril del año en curso.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA EL CONTROL DEL SOBREPESO, LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

(Dictamen de segunda lectura)



El dictamen está a su disposición en el monitor de sus escaños para su conocimiento. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura.

La Senadora Secretaría María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. En términos de lo dispuesto por el artículo 192 del Reglamento, se concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones.

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente.

Verdaderamente agradezco mucho esta oportunidad para presentar el tortuoso camino de una iniciativa en el Congreso mexicano, que empezó hace un año nueve meses y duró cinco meses en la Cámara de Diputados en primera lectura y seis meses en la Cámara de Senadores, en primera lectura.

Como sabemos, el índice de sobrepeso y obesidad ha ido en aumento y debemos actuar con prontitud con acciones y estrategias, como las que marca el presente dictamen para frenar este gran problema.

Además, en virtud del tiempo que ha tardado la aprobación del presente Decreto, quiero señalar, que el Decreto se ajustó en materia de donación de órganos, tejidos y células, con fines terapéuticos en el artículo 112. Reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en el transcurso en que está ya se encontraba en primera lectura.

Este es un tema de suma importancia, un problema que se ha tornado de salud pública, debido a la falta de interés del mismo. Padecimientos que hoy por hoy le cuestan la vida a millones de personas diariamente, me refiero a la obesidad y al sobrepeso, que en los últimos años han ganado terreno a nivel mundial. Datos fuertes marcan que mil millones de adultos tienen sobrepeso en el mundo. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud señala que cada año fallecen alrededor de 2.8 millones de personas adultas, como consecuencia del sobrepeso y la obesidad.

Enfermedades a las que se le atribuye la presencia de otras, como el 44 por ciento de la prevalencia de diabetes, el 3 por ciento de las cardiopatías isquémicas y en algunos cánceres oscila entre el 7 el 41 por ciento.

México es protagonista, ya que actualmente a nivel mundial tiene el primer lugar en infancia con sobrepeso y obesidad y el segundo lugar en el caso de los adultos.

Nuestro país vive un daño severo a causa de estas enfermedades.
De acuerdo con Ensanut 2012, sabemos que el 73 por ciento de los adultos y el 35 por ciento de las niñas, niños y adolescentes, tienen sobrepeso y obesidad. Es decir, un total de 60.6 millones de personas que sufren esta condición, lo cual equivale el 52 por ciento de los mexicanos.

La tendencia ha continuado a la alza desde 2006 en todos los grupos poblacionales, sin distinción de edades ni de ingresos económicos.

En 2012 la población mexicana infantil con sobrepeso y obesidad ascendió aproximadamente a 5 millones 664 mil 870 afectados, dato que no es menor, toda vez que estamos hablando de un gran número de personas cuya calidad de vida se verá afectada por diversas enfermedades prematuras que les impedirá continuar con un desarrollo sano, tanto físico, como profesional.

Aunado a ello, datos de un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, marcan que existen 8 millones 599 mil 374 diabéticos por causa del sobrepeso y obesidad, de los cuales sólo el 48 por ciento están diagnosticados y reciben tratamiento.

Además, anualmente mueren aproximadamente 59 mil 083 personas a causa de dicho padecimiento, de los cuales el 45 por ciento se encontraban en edad productiva.

Los costos asociados por dicha enfermedad ascienden a más de 85 mil millones de pesos al año, de esta cifra, el 73 por ciento corresponde a gastos por tratamiento médico; 15 por ciento a pérdidas de ingreso por ausentismo laboral y 12 por ciento a pérdidas de ingreso por mortalidad prematura.

Quiero señalar, que tan sólo entre el año de 2000 y 2008 el costo total de la obesidad se duplicó de 35 mil millones, a más de 67 mil millones de pesos anuales. Y cada año se pierden más de 400 millones de horas laborales por diabetes asociada, sobrepeso y obesidad, lo que equivale a 184 mil 851 empleos de tiempo completo, que equivale al 32 por ciento de los empleos formales creados en 2014.

Debemos enfatizar, como legisladores, y hacer eco en la población que para una persona es 21 veces más barato cambiar de hábitos, que tratar una diabetes complicada.

La mala alimentación, el sedentarismo, la falta de acceso a alimentos nutritivos, son factores determinantes del sobrepeso y la obesidad, hábitos que se pueden modificar para evitar la pérdida en la calidad de vida.

Es por ello que estas comisiones dictaminadoras presentan este dictamen que reforma diversos preceptos de la Ley General de Salud y toca temas torales, con lo que se pretende que sea materia de salubridad general la prevención, orientación y control del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.

Que la orientación de la salud comprenda la importancia de la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, tal como lo establece actualmente la Constitución, con la finalidad de que la población mexicana tenga la información suficiente para elaborar adecuadamente los alimentos que les proporcionen lo necesario para una vida saludable.
Asimismo, se faculta a la Secretaría de Salud para que establezca un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de la nutrición del sobrepeso y obesidad, ya que la información es el instrumento más importante que tenemos como gobierno para elaborar y dar continuidad a las políticas públicas.

Señala que la Secretaría de Salud promoverá e impulsará campañas de información sobre los buenos hábitos alimenticios. También, con la finalidad de aminorar las consecuencias de la salud en los menores de edad que hoy padecen sobrepeso y obesidad, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, llevará a cabo el seguimiento y control de peso, talla e índice de masa corporal en los centros escolares.

Esto quiere decir que a partir de esta ley serán medidos en peso y talla el índice de masa corporal, a todos los estudiantes desde nivel primaria, para detectar el sobrepeso a temprana edad.

En el rubro del etiquetado se pretende que las etiquetas o contraetiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas incluyan datos de valor nutricional que consideren el contenido energético total que aporta el producto, así como el contenido de grasas saturadas, otras grasas, azúcares totales y sodio.

Quiere decir que ahora en los envases tendremos etiquetas que digan exactamente lo que nos estamos tomando, porque luego leemos que dice: “100 calorías”, y luego “cinco porciones”. Y la verdad es que te tomas 500. Y vamos a tener que saber verdaderamente lo que consumimos.

Además de lo anterior, coincidimos con la Colegisladora en sustituir el término “alimentación correcta”, por “alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”, tal como se consagra en el artículo 4o. de nuestra Constitución.

Debemos recordar que el beneficio de implementar estrategias desde hoy, para revertir la tendencia de sobrepeso y obesidad, se traduce en menores gastos por su tratamiento y por ende ahorros que se pueden utilizar en otros padecimientos.

Es por todo lo anterior, compañeras y compañeros Senadores, que estoy convencida que todos en este recinto estamos de acuerdo en la necesidad de estas reformas.

Gracias a todos los Senadores que participaron de diferentes partidos, en la misma.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Ortiz Domínguez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia.

Felicitar primero a la Comisión de Salud y a las comisiones que dictaminan este Decreto, porque estamos hablando de uno de los problemas más graves que está viviendo el país.

Hemos sido insistentes en que hacemos leyes, pero no cuidamos que esas leyes tengan un presupuesto. Es el tema principal.
Hablamos de que la obesidad y el sobrepeso se dan por la mal nutrición y por las malas costumbres de la alimentación.

Pero déjenme decirles, compañeras y compañeros Senadores, que la buena alimentación, las costumbres para la buena alimentación ésas no se dan, solamente explicándole a los niños qué tienen que comer y qué no tienen que comer.

Si revisamos los datos de la CEPAL, por ejemplo, en temas de pobreza alimentaria en México, vamos a llegar a la conclusión de que el sobrepeso y la obesidad no tienen remedio de manera pronta, es decir, a corto plazo.

Y no tienen remedio a corto plazo por una razón, porque tenemos 30 millones de compatriotas que hacen cuando mucho una comida al día. Y entonces si hacen cuando mucho una comida al día, evidentemente ya no están viendo si lo que se comen es nutritivo o no es nutritivo.

La gran discusión que se da en la Segunda Conferencia Internacional Sobre Nutrición y Mal Nutrición en Roma, el año pasado, fue precisamente cómo combatimos el problema del hambre; porque el problema del hambre trae como consecuencia esto que muy bien ilustra la compañera presidenta de la Comisión de Salud.

Ese es el tema. El tema se vuelve dramático cuando escuchamos las cifras, a mí se me erizó la piel ahorita que escuchaba a mi compañera, y se me eriza la piel, porque tenemos más de la mitad de la población con ese problema de sobrepeso y obesidad, y son candidatos a la diabetes, y son candidatos a la insuficiencia renal.

Compañeros:

Una diálisis cuesta un promedio de 5 mil pesos mensuales, revisemos cuántas mexicanas y mexicanos alcanzan a ganar eso al mes. Si tienen un enfermo con padecimiento de insuficiencia renal que requiere diálisis, entonces esa jefa o jefe de familia solamente va a ganar para medio atender el tema de la insuficiencia renal de su familiar.

Por eso las muertes por estos padecimientos están creciendo de manera dramática, y el Senado de la República tiene que plantear una exigencia al Ejecutivo Federal, ahora que se está discutiendo el presupuesto.

Solamente el 48 por ciento son diagnosticados si reciben atención, y el 49 por ciento, esas compañeras y compañeros Senadores, que Dios los bendiga, y como de sus ondas cuitas ni el Señor se apiada, porque de esas cosas Dios no sabe nada, están condenados a morirse de manera irremediable.

Díganme, sinceramente, compañeras y compañeros Senadores, ¿qué mexicano o mexicana tiene 15 ó 20 mil pesos para pagarse la hemodiálisis?

¿Díganmelo?

Por eso el Senado de la República está bien que haga leyes, y la felicito, compañera presidenta, hacemos un marco legal, ahora hay que elevar nuestra exigencia al Ejecutivo Federal, que en su Presupuesto de Base Cero, donde dice que ahora sí van a tomar en cuenta las verdaderas urgencias de las necesidades del país. Entonces, ésta es una.
No podemos permitir que nuestros compatriotas se mueran de enfermedades curables o se mueran de este tipo de padecimientos, necesitamos desde el Senado darles una esperanza de vida, y esa esperanza de vida requiere recursos.

Por eso el Senado tiene que alzar la voz, y empieza alzando la voz aprobando este dictamen, por supuesto, a favor.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora María Elena Barrera Tapia: Muchas gracias, señor Presidente.

Pues al estar escuchando el posicionamiento de mis compañeros, me pareciera que estamos en el país de las contradicciones: por un lado, tenemos a millones de mexicanas y mexicanos muriendo de hambre y, por el otro, tenemos el deshonroso primer lugar en obesidad infantil, y el segundo en adultos, no obstante, qué bueno que podamos legislar y que se apruebe esta ley.

Sin embargo, también nos tiene que hacer reflexionar, hacer reflexionar en que si hubiéramos actuado con prontitud, si se hubiera previsto la tendencia de sobrepeso, de obesidad y de otros trastornos alimentarios desde hace más de una década, hoy no estaríamos en la situación en la que estamos.

Es verdad, vamos a contar con una ley, vamos a poder establecer lineamientos, un programa específico, y probablemente hasta un presupuesto, compañeros. Sin embargo, yo me voy más allá.

¿Qué va a suceder con las nuevas generaciones? ¿Cómo vamos a prevenir el que no caigan en este tipo de trastornos? ¿Qué vamos a hacer en los centros de salud? Ahí, en el primer nivel de atención, donde hoy no se está trabajando de manera integral para la prevención, sobre todo, de estos padecimientos.

Necesitamos reforzar y fortalecer todo el sistema de salud e integrar el sistema de salud, para que sea en el primer nivel de detección, y que sea con las familias, de manera conjunta y de manera transversal, para poder atender de manera integral esta problemática.

Es así, que hoy felicito a la Comisión de Salud por este logro; sin embargo, tenemos que seguir avanzando con las familias, en donde se presentan los problemas, y por qué no, pensar en hacer una revisión conjunta con la Cruzada Nacional contra el Hambre, para que veamos que se puede detener y se puede quitar el hambre, se puede ser y no estar bien nutrido.

Por ello, creo, si estamos avanzando, tendremos que hacer una revisión y meternos a los temas y a los programas que van en beneficio de la alimentación también de nuestras niñas y de nuestros niños.

Por lo pronto, muchas felicidades por este dictamen.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Barrera Tapia. Se ha agotado el registro de oradores, en consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto, en virtud de que tampoco hay reservas.



La Secretaria Senadora María Elena Barreta Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 81 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para el control del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de Bancos de Leche Humana. Les informo que la primera lectura de este dictamen se dio el 23 de abril del año en curso.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II BIS DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE BANCOS DE LECHE HUMANA

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II Bis del Artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de Bancos de Leche.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la Minuta y los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

ANTECEDENTES 

1. Con fecha 28 de mayo de 2014, la Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, a nombre de la Diputada Cristina Olvera Barrios, integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, turnó la Iniciativa en comento a la Comisión de Salud de dicha Cámara para su análisis y discusión.

2. Con fecha 11 de julio de 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, publicó en la Gaceta de dicha Cámara, una Prevención a la Comisión de Salud, con la finalidad de que se dictaminara a la brevedad la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche.
3. Con fecha 09 de julio de 2014, la Junta Directiva de la Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados, envío a la Presidencia de la Mesa Directiva de dicho órgano legislativo, Acuerdo por el cual se considera conveniente solicitar prórroga de diversos asuntos, entre ellos, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche.

4. Con fecha 16 de julio de 2014, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en el Artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados, autorizó a la Comisión de Salud, prórroga por 90 días para que se dictamine la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de Bancos de Leche.

5. Con fecha 19 de noviembre de 2014, se votó y aprobó, ante la Asamblea de la H. Cámara de Diputados, el Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se reforma la fracción II Bis, del Artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche, con 345 votos a favor.

6. Con fecha 25 de noviembre de 2014, se comunicó ante el Pleno del Senado, que se recibió de la Cámara de Diputados, la Minuta con Proyecto de Decreto por el cual se reforma la fracción II Bis de la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que se turnara a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictaminación correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

El objetivo principal de la Minuta, consiste en reformar la fracción II Bis, del Artículo 64 de la Ley General de Salud, que dispone:

Ley General de Salud
(Vigente, 2015)

Minuta

Artículo 64. En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:
I. a II. (…)
II Bis.- Acciones de promoción para la creación de bancos de leche humana en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales;
III. a IV. (…)

Artículo 64. (…)

 

I. a II. (…)
II Bis.- La creación de al menos un banco de leche humana en cada entidad federativa en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales;
III. a IV. (…)

CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, a través de un estudio realizado, denominado “Un modelo de cooperación horizontal: La Red Iberoamericana de Bancos de Leche Humana”, define el Banco de Leche Humana, BLH, como un centro especializado dentro del ámbito del Centro de Lactancia Materna de un Hospital Infantil responsable de la promoción, el fomento y la protección del amamantamiento, a partir de ello, su función esencial técnico-asistencial, es recibir y recolectar, clasificar, analizar, pasteurizar, almacenar y luego enviar para su distribución, la leche humana excedente de las madres que han decidido donarla solidaria y voluntariamente.
• Los objetivos principales de los BLH son:

• Promover la alimentación exclusiva con leche materna a todos los bebés prematuros y enfermos hospitalizados;

• Contribuir a la disminución de la morbi-mortalidad neonatal de los bebés prematuros hospitalizados, mejorar su crecimiento y desarrollo por medio de la alimentación con leche materna suministrada en el banco de leche; y

• Contribuir a reducir costos de funcionamiento.

México como otros países, entre los que están Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, entre otros, instalaron al menos un BLH a partir de la experiencia de Brasil, con la Red Iberoamericana de Bancos de Leche Humana y de la Firma entre estas naciones, de Acuerdos Básicos de cooperación técnica, todo este esfuerzo inició en 2010 para materializarse en 2011.

Cabe señalar que desde hace varios años se han conjuntado acciones en pro de promover e incentivar la lactancia materna, toda vez que dicha práctica trae beneficios tanto para la madre como para el bebé, entre ellos podemos señalar que en la madre se reduce el riesgo de la presencia de cáncer de mama, en el bebé, reduce el riesgo de diversas enfermedades, visuales, de diabetes, obesidad, y complicaciones cognitivas, que entre otros beneficios, ayudan al sano desarrollo. Basta decir, que durante los seis primeros meses de vida, la leche materna puede ser el único alimento que nutra al infante, salvo recomendación médica contraria y continuará siendo alimento complementario hasta los dos años de vida.

El estudio internacional en comento, sugería para México una armonización legislativa, con la finalidad de consolidar la creación y operación de los BLH.

B. En torno a lo anterior, el 09 de febrero de 2012, es que se aprobó en el Congreso de la Unión, un Decreto por el cual se modifican diversas disposiciones de la Ley General de Salud y se adiciona la fracción II Bis al Artículo 64, que incluye “acciones de promoción para la creación de bancos de leche humana en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales.

Con ello se brindó el instrumento legislativo para fundamentar el establecimiento de BLH en nuestro país, dicha reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 07 de junio de 2012, para entrar en vigor de forma inmediata.

A partir de ello, se ha logrado la creación de 11 bancos de leche en estados como Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y la Ciudad de México.

Además, se ha dado continuidad al proyecto legislativo y se incluyó en la Política Nacional del Gobierno Federal 2012-2018, la creación de 13 bancos más, de leche materna en 12 entidades federativas.

C. Con el funcionamiento de los bancos de leche, se logran grandes beneficios en bebés que no pueden ser amamantados, por motivos médicos. De acuerdo con la Secretaría de Salud, la introducción de alimentos distintos a la leche materna durante los primeros seis meses de vida, puede ser causa de al menos el 10% de las enfermedades, en los menores de 6 años de edad.

Por todo lo anterior, coincidimos con la Colegisladora en reforzar la fracción II Bis del Artículo 64, de la Ley General de Salud, no obstante, estas Comisiones Dictaminadores realizan modificaciones a dicha propuesta con la finalidad de mejorar el sentido de la misma, de la siguiente manera:


TEXTO VIGENTE

TEXTO MINUTA

TEXTO PROPUESTO

Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:
I. a II. (…)
II Bis.- Acciones de promoción para la creación de bancos de leche humana en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales;

III. a IV. (…)

Artículo 64.- (…)

 

 

 

I. a II. (…)
II Bis.- La creación de al menos un banco de leche humana en cada entidad federativa en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales.
III. a IV. (…)

Artículo 64.-

 

 

 

I. a II. (…)
II Bis.- Al menos un banco de leche humana por cada entidad federativa, en alguno de sus establecimientos de salud, que cuenten con servicios neonatales.
III. a IV. (…)

La propuesta en comento, reforzará que las autoridades sanitarias competentes, no solo realicen acciones de promoción, para la creación de bancos de leche, sino que deberán garantizar la existencia de por lo menos un banco de leche en cada entidad federativa, con lo cual el abasto de leche materna, para los bebés que lo necesitan se verá resguardado en beneficio de su salud, que a largo plazo, repercutirá de manera positiva en infantes y adultos que cuenten con las defensas necesarias para enfrentar o liberarse de posibles enfermedades, tales como el sobrepeso y la obesidad que hoy representan un grave problema de salud pública en nuestro país, por mencionar alguna.

La redacción propuesta por estas Comisiones dictaminadoras, pretende acotar el objetivo primordial que es la creación de al menos un banco de leche por entidad federativa, sin limitarlo, porque conforme a dicha redacción se puede extender el objetivo a todos aquellos hospitales que cuenten con servicios neonatales.

Se promueve, que por lo menos se garantice el correcto funcionamiento de al menos un banco de leche humana por entidad federativa en alguno de los establecimientos de salud y cuando ello se materialice, si es necesario conforme a la demanda de la leche materna, se podrá poner en marcha la creación de otros bancos, en otros hospitales con servicios neonatales.

Finalmente, con base en lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman que la materia de la Minuta en comento, es de trascendencia porque busca mejorar las condiciones en el ejercicio de la salud materno-infantil, por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente Proyecto de Decreto de la Minuta en comento, con modificaciones:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se reforma la fracción II Bis, del artículo 64, de la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche humana.

Artículo 64.(…)

I. a II. (…)

II Bis.- Al menos un banco de leche humana por cada entidad federativa en alguno de sus establecimientos de salud que cuente con servicios neonatales;

III. a IV. (…)

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. En un plazo que no excederá de ciento ochenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Salud establecerá la normatividad para la instalación y funcionamiento de los bancos de leche humana.

Asimismo las acciones que deban realizar las entidades federativas para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto, en términos de la normatividad que la Secretaría de Salud emita para tal efecto, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

El dictamen está a disposición en el monitor de sus escaños. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra al Senador Armando Neyra Chávez, del grupo parlamentario del PRI, quien presentará una propuesta de modificación a nombre de las comisiones.

El Senador Armando Neyra Chávez: Gracias, señor Presidente.

En atención a la productividad legislativa, que este Senado de la República es un ejemplo, voy a ser muy concreto.

El Artículo Segundo Transitorio de la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II Bis del artículo 64 de la Ley General de Salud, estoy a favor del dictamen.

Simplemente vengo a solicitar una precisión en el Artículo Segundo Transitorio, párrafo segundo, para que en la última parte de este párrafo diga: “las entidades federativas deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria a que se apruebe para dichos fines en sus presupuestos”.

Está en la Mesa Directiva la propuesta y hago lo propio, señor.

Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Neyra Chávez.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación del Artículo Segundo Transitorio, e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El Secretario Senador Luis Humberto Hernández Fuentes: Doy lectura.

VER DOCUMENTO

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. No se han inscrito oradores para su discusión, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta presentada.

El Secretario Senador Luis Humberto Hernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. En virtud de que no hay oradores inscritos ni otros artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, con la modificación que ya fue aceptada. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto con la modificación aceptada.



El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 81 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II Bis del artículo 64 de la Ley General de Salud. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, sobre Trastornos Mentales en Niños y Adolescentes. Les informo que la primera lectura de este dictamen se dio el 23 de abril del año en curso.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL PARA SER FRACCIÓN IX, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta con Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 73 de la Ley General de Salud, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la Minuta y los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 14 de febrero de 2013, los Senadores María Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Miguel Romo Medina, Braulio Manuel Fernández Aguirre, María Cristina Díaz Salazar, Armando Neyra Chávez e Hilda Esthela Flores Escalera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I y VIII, se adiciona la fracción V, recorriéndose en su orden los subsecuentes del Artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, para su análisis y dictamen correspondiente.

2.- Con fecha 21 de marzo de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, emitió excitativa a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental.

3. Con fecha 14 de noviembre de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República, autorizó prórroga hasta por la mitad del plazo que marca el párrafo primero del artículo 212 del Reglamento del Senado, como lo permite el párrafo tercer del mismo artículo, para la elaboración de los dictámenes sobre cuarenta y tres proyectos de decreto, que incluye el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental.

4. Con fecha 21 de abril de 2014, queda de primera lectura el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 73 de la Ley General de Salud.

5. Con fecha 22 de abril de 2014, se discutió y aprobó en el Pleno del Senado de la República, el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental y se remitió a la Cámara de Diputados.

6. Con fecha 28 de abril de 2014, se recibió oficio en la Cámara de Diputados, que contiene la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el Artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental. Con la misma fecha se turnó a la Comisión de Salud de la Colegisladora para su análisis y dictaminación.

7. Con fecha 09 de julio de 2014, la Junta Directiva de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, solicita prórroga para el asunto turnado.

8. Con fecha 17 de julio de 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, otorgó prórroga de 90 días para que se dictamine la Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 73 de la Ley General de Salud.

9. Con fecha 03 de marzo de 2015 se aprobó con 351 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental, con modificaciones y se remitió a la Cámara de Senadores.

10. Con fecha 05 de marzo de 2015, se recibió de la Cámara de Diputados el proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental, con modificaciones y con la misma fecha se turnó a la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación.

CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta enviada a Cámara de Diputados, originalmente proponía que se incorporara en la Ley General de Salud que la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que realizan (de conformidad al artículo 73 de la Ley General de Salud) la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán que:

Estás actividades sean de carácter nacional y permanente, así como a la detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes.

TEXTO PROPUESTO POR CÁMARA DE SENADORES

TEXTO PROPUESTO POR CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 73. ...
I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas con carácter nacional y permanente que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad.
II. a VI. ...
VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento que son atendidas en los establecimientos de la red del sistema nacional de salud;

VIII. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes; y
IX. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población.

Artículo 73. ...
I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas con carácter nacional y permanente que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad.
II. a VI. ...
VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento que son atendidas en los establecimientos de la red del sistema nacional de salud;
VIII. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes; y
IX. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población.

CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en la necesidad de legislar en este tema de interés público.

B. La salud mental es un factor muy importante para el bienestar de las personas en todo el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud mental, es “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

Los trastornos mentales y conductuales se consideran padecimientos que se caracterizan por ser alteraciones de los procesos de pensamiento, de las emociones o del comportamiento, asociadas con angustia personal o con alteraciones del funcionamiento, es decir, no son sólo variaciones dentro de la “normalidad”.

La salud mental es un fenómeno complejo determinado por múltiples factores de índole social, ambiental, biológico y psicológico. La salud mental incluye: los síndromes depresivos y ansiosos, la epilepsia, la demencia, la esquizofrenia, las adicciones y los trastornos del desarrollo infantil, los cuales se han incrementado en México durante los últimos años.

C. Uno de los principales problemas que actualmente aquejan a la salud mental de la población mexicana, tiene que ver con el incremento constante de la tasa de suicidios, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que entre los factores más importantes que constituyen un riesgo para que una persona decida suicidarse, tienen que ver en primer lugar con enfermedades mentales, trastornos por consumo de alcohol, el abuso de sustancias, la violencia escolar y las sensaciones de pérdida, que son situaciones que se enfatizan de acuerdo con los entornos culturales, sociales, biológicos, ambientales y económicos.

Cifras a nivel mundial establecen anualmente la ocurrencia de casi un millón de suicidios, lo que equivale a una muerte por esta causa, cada 40 segundos.

En México, en las últimas 3 décadas la tasa de mortalidad por causa de suicidio, ha aumentado de 2 a 8 muertes por cada 100 mil habitantes, lo que lo ha llevado al cuarto país con más alto índice de suicidios, en América Latina, por debajo de países como Argentina, Brasil y Colombia.

De conformidad con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 2010, hubo 5,012 suicidios, de los cuales 4,091 fueron hombres y 921 fueron mujeres, aunado a ello las entidades federativas con mayor índice de suicidios son el Estado de México, el Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Chihuahua y Yucatán, en el mismo sentido se sabe que el 80% de las personas que se suicidaron tienen antecedentes de haber tenido acercamiento con algún médico, pero la atención no fue la adecuada.

D. Aunado a ello según la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica los trastornos psiquiátricos se presentan en las primeras décadas de la vida; el 50 por ciento de los adultos que informaron haber sufrido un trastorno mental, lo padecieron antes de los 21 años de edad. Del mismo modo se estima que un 7 por ciento de la población infantil entre los 3 y los 12 años se encuentran afectados por uno o más problemas de salud mental y los más frecuentes son los problemas de aprendizaje, retraso mental, la angustia y los intentos de suicidio, como ya se mencionó.

De manera que los problemas de salud mental han sido un tema que la población por su cultura ha relegado de la atención médica cotidiana por creerlo un problema lejano, no obstante, es un problema que se puede manifestar en cualquier persona sin importar su estatus social, edad o género. Por ello, se deben instrumentar las normas necesarias que auxilien a la creación de políticas públicas que detecten desde la infancia preferentemente, la presencia de alguna conducta mental atípica que pueda afectar en el desarrollo de las personas.

Finalmente, se eliminó de la propuesta original el término “nacional” ya que por ser una Ley de carácter general, se entiende de facto que debe aplicar para toda la Nación.

Por lo anterior, es que estas Comisiones Dictaminadoras consideran loable la propuesta de la colegisladora y aprueba en sus términos la presente Minuta, por considerar que las modificaciones que tuvo el decreto, no afectan el espíritu de la misma.

Finalmente con base en lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman que la materia de la Minuta en comento es de trascendencia, por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se reforma la fracción I y se adiciona una fracción VIII, recorriéndose la actual para ser fracción IX, del artículo 73 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 73. ...

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas con carácter permanente que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad.

II. a VI. ...

VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento que son atendidas en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud;

VIII. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes; y

IX. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

El dictamen está a su disposición en el monitor de sus escaños para su conocimiento. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que la discusión será en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se concede el uso de la palabra a la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

La Senadora María Elena Barrera Tapia: Muchas gracias, señor Presidente.

Solamente solicitarle, si se integra de manera íntegra al Diario de los Debates.

Dejo mi participación.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Barrera Tapia. Se inserta en sus términos.

En virtud de que no hay más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 76 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I y se adiciona una fracción VIII, recorriéndose la actual para ser fracción IX, del artículo 73 de la Ley General de Salud. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud, sobre Guías de Prácticas Químicas. Les informo que la primera lectura de este dictamen se dio el 23 de abril del año en curso.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD; Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud, en materia de práctica clínica.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 27 de noviembre de 2014, las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Claudia Pavlovich Arellano, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la Senadora María Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud, en materia de Guías de Práctica Clínica.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Senadora Proponente plantea incluir en el Artículo 32 de la Ley Generala las Guías de Práctica Clínica, como uno de los elementos básicos para llevar a cabo la atención médica.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos; hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de atención médica.

B. El sexenio anterior, a partir del Programa Nacional de Salud 2007-2012, se estableció la necesidad de desarrollar acciones para lograr una atención médica con calidad técnica y segura para los pacientes.

A partir de ello se delimitó el objetivo primordial de la elaboración de las Guías de Práctica Clínica, que fue para ofrecer información basada en la mejor evidencia disponible acerca de los principales problemas de salud del país y así fortalecer la toma de decisiones clínicas y gerenciales y contribuir a la mejora de la calidad y seguridad de la atención médica.

De acuerdo con la “Estrategia para la Difusión e Implantación de las Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud”, las Guías de Práctica Clínica, (GPC), son documentos técnicos, desarrollados de forma sistemática por un grupo de expertos que resumen la mejor evidencia disponible sobre la efectividad de las intervenciones utilizadas en el manejo de una patología, emitiendo recomendaciones concretas para apoyar la toma de decisiones de médicos y pacientes acerca de los cuidados de salud, por ello representan para el sistema de salud, una herramienta de consulta para el personal, que le permite tomar decisiones acertadas y disminuir la variabilidad en el diagnóstico y tratamiento.

De esta manera, se inició la estructuración de las GPC, tomando en cuenta la siguiente metodología:

Pertinencia 
Magnitud 
Trascendencia 
Vulnerabilidad 
Factibilidad
Evaluación económica 

Dicha estrategia se constituyó a partir del Acuerdo Secretarial publicado en junio de 2008, en el Diario Oficial de la Federación, para la elaboración de las mismas intervienen, un Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica, Instituciones de Salud en México, tanto del ámbito público como privado, Academias Nacionales y Asociaciones de Escuelas y Facultades de Medicina, con la finalidad de armonizar dichas guías para la atención médica.

Para la materialización de las GPC, se cuenta con el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica, que es un órgano asesor de la Secretaría de Salud, que tiene por objeto unificar los criterios de priorización, integración de GPC, de nueva creación y de actualización, así como su difusión y utilización en las instituciones del Sistema Nacional de Salud; asimismo, es el encargado de proponer los criterios necesarios para evaluar su aplicación.

Dicho órgano sesiona trimestralmente y desde su creación en 2008 a la fecha se han celebrado 27 reuniones, donde ha logrado la aprobación de 699 GPC, para su publicación y difusión en el Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica.

C. Conforme lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con el espíritu de la propuesta en comento, que a la letra señala:

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE

PROPUESTA EN ANÁLISIS

Artículo 32. Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, la cual podrá apoyarse de medios electrónicos de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto expida la Secretaría de Salud.

Artículo 32. Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, la cual deberá apoyarse en las Normas Oficiales Mexicanas, las Guías de Práctica Clínica y medios electrónicos que al efecto emita la Secretaría de Salud.

No obstante, existe además de la inclusión de las Guías de Práctica Clínica una modificación en el término “podrá” a “deberá”, dicha modificación no se considera viable, toda vez que el podrá implica la posibilidad o no de utilizar dichos instrumentos para mejorar la atención médica, pero el deberá, no sólo implica la obligación de utilizar dichas herramientas, sino que lo limita únicamente a las que estén expresamente en el Artículo en comento.

Aunado a lo anterior, al realizar la nueva redacción cambia de lugar “medios electrónicos”, actualmente, de la redacción vigente, se interpreta que la atención médica podrá verse apoyada por los medios electrónicos conforme a las Normas Oficiales Mexicanas, es decir allegarse, de la tecnología con los objetivos y procedimientos que así lo permitan los instrumentos jurídicos en la materia, no obstante de la redacción propuesta, se interpreta que un medio electrónico será emitido por la Secretaría de Salud, tal como los instrumentos normativos y de procedimientos para la Atención Médica, lo cual desvirtúa el objetivo original que es aprovechar la tecnología y no originarla.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto

ÚNICO. Se reforma el Artículo 32 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 32. Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, la cual podrá apoyarse de las Guías de Práctica Clínica y medios electrónicos de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto emita la Secretaría de Salud.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

El dictamen está a su disposición en el monitor de sus escaños para su conocimiento. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

Se ha recibido por escrito la intervención de la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez. Insértese en el Diario de los Debates.

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

Con su venia Señor Presidente
Compañeras y compañeros Senadores

El sexenio anterior, a partir del Programa Nacional de Salud 2007-2012, se estableció la necesidad de desarrollar acciones para lograr una atención médica con calidad técnica y segura para los pacientes.

A partir de ello se delimitó el objetivo primordial de la elaboración de las Guías de Práctica Clínica, con la finalidad de ofrecer información basada con la mejor evidencia disponible acerca de los principales problemas de salud del país y así fortalecer la toma de decisiones clínicas y gerenciales, y contribuir a la mejora de la calidad y seguridad de la atención médica.

Quiero hacer de su conocimiento, que las Guías de Práctica Clínica, son documentos técnicos, desarrollados de forma sistemática por un grupo de expertos que resumen la mejor evidencia disponible sobre la efectividad de las intervenciones utilizadas en el manejo de una patología, que le permite al personal tomar decisiones acertadas y disminuir la variabilidad en el diagnóstico y tratamiento.

De esta manera, se inició la estructuración de las Guías de Práctica Clínica, tomando en cuenta una metodología de:

Pertinencia

Magnitud

Trascendencia

Vulnerabilidad

Factibilidad y

Evaluación económica

Dicha estrategia se constituyó a partir del Acuerdo Secretarial publicado en junio de 2008, en el Diario Oficial de la Federación. Para la elaboración de las mismas intervienen, un Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica, Instituciones de Salud en México, tanto del ámbito público como privado, Academias Nacionales y Asociaciones de Escuelas y Facultades de Medicina.

Para la materialización de dichas Guías, se cuenta con el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica, que unifica los criterios de priorización. Dicho órgano ha logrado la aprobación de 699 Guías de Práctica Clínica, para su publicación y difusión en el Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica.

De tal manera que la presente Iniciativa, solo refuerza jurídicamente la importancia que tiene el uso de instrumentos que le permitan a los profesionales de la salud mejorar la calidad de la atención a los pacientes y apoyarse de manera científica en lo que diversas instituciones de la salud han considerado que es el mejor procedimientos para ciertos padecimientos.

Por ello conforme lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con el espíritu de la propuesta en comento, y solicitamos compañeras y compañeros Senadores, su voto a favor de la misma, con la finalidad de que los profesionales de la salud se alleguen de las mejores herramientas para la atención y diagnóstico oportuno y los pacientes se vean beneficiados con ello.

Es cuanto, señor Presidente

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Ortiz Domínguez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora María Cristina Díaz Salazar, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señor Presidente.

De acuerdo con la estrategia para la difusión e implantación de las Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud, las Guías de Práctica Clínica son documentos técnicos desarrollados en forma sistemática por un grupo de expertos que resumen la mejor evidencia disponible sobre la efectividad de las intervenciones utilizadas en el manejo de una patología emitiendo recomendaciones concretas para apoyar la toma de decisiones de médicos y pacientes acerca de los cuidados de salud.

Por ello representa, para el sistema de salud, una herramienta de consulta para el personal, que le permite tomar decisiones acertadas y disminuir la variabilidad en el diagnóstico y en el tratamiento.

Para la materialización de las Guías de Práctica Clínica se cuenta con el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica, que es el órgano asesor de la Secretaría de Salud que tiene por objeto unificar los criterios de priorización, integración de grupos de práctica clínica de nueva creación y de actualización, así como su difusión y utilización en las instituciones del Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, es el encargado de proponer este comité nacional, los criterios necesarios para evaluar su aplicación.

Por lo que hoy les pido a todos los Senadores, que por favor nos apoyen con este dictamen.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Díaz Salazar.

Se ha agotado la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 80 votos a favor.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 53 Bis a la Ley General de Salud, sobre registros biométricos para identificación electrónica. Les informo que la primera lectura de este dictamen se dio el 23 de abril del año en curso.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 53 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD; Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 53bis y 83 bis, en relación a establecer una estrategia digital nacional que acelere la inserción de México en la sociedad de la información y del conocimiento.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 23 de septiembre de 2014, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, presentó Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 53bis y 83 bis, en relación a establecer una estrategia digital nacional que acelere la inserción de México en la sociedad de la información y del conocimiento.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Senadora proponente plantea una propuesta que adiciona los artículos 53 Bis y 83 Bis a la Ley General de Salud, con la intención de que los prestadores de servicios de salud, para efectos de identificación de asegurados y usuarios, puedan implementar registros biométricos y otros medios de identificación electrónica, por lo que deberán contar con la firma electrónica avanzada.

De la misma manera, propone que la Secretaría de Salud y las Entidades Federativas en sus respectivos ámbitos de competencia determinen el uso de firma electrónica avanzada en la prestación de servicios de salud.

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE, 2015

PROPUESTA DE INICIATIVA

CAPITULO IV
USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.
NO EXISTE
NO EXISTE

CAPITULO IV
USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.
Artículo 53BIS.- Los prestadores de servicios de salud, para efectos de identificación de asegurados y usuarios podrán implementar registros biométricos y otros medios de identificación electrónica.

Artículo 83BIS.- Quienes ejerzan las actividades señaladas en el artículo anterior, deberán contar con la firma electrónica avanzada.

La Secretaría de Salud y las Entidades Federativas en sus respectivos ámbitos de competencia determinarán el uso de firma electrónica avanzada en la prestación de servicios de salud.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. Nuestro país atraviesa por una compleja agenda en materia de salud pública, toda vez que aún en muchas regiones padecemos enfermedades y carencias asociadas al subdesarrollo, además del reto de reducir los todavía elevados índices de mortalidad materno-infantil; y por otro lado, enfrentamos un crecimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer, la obesidad, las cardiopatías y la diabetes, que hoy dominan el perfil epidemiológico de México.

C. Han existido fuertes cambios demográficos y epidemiológicos que han afectado la salud de los mexicanos, por un lado el proceso de envejecimiento de la población, el sedentarismo, una mala nutrición y otros desafíos que nos han llevado al predominio de enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles.
D. Las Comisiones dictaminadoras coinciden en que el Sector Salud requiere una transformación que permita generar más y mejor salud con los recursos que dispone mejorando la respuesta hacia los individuos y en general para garantizar la equidad y la calidad en sus servicios.

E. Dentro de las acciones más importantes necesarias para mejorar la calidad de la atención ampliando igualmente la cobertura en salud, es fundamental ampliar el tipo de información que la Secretaría de Salud capta, como es la información estadística, siendo actualmente necesario contar con la información personalizada buscando establecer la personalidad única en salud, como lo refiere el programa para un gobierno cercano y moderno 2013-2018, en el cual se busca la modernización y eficiencia en la operación de los procesos internos, creando bases sólidas de conocimiento y habilidades, innovación y aprovechamiento de tecnologías emergentes que puedan ser utilizadas para la creación de herramientas que sirvan a la población para su identificación en documentos, teniendo así la certeza de que esa identificación corresponde a una sola persona, evitando duplicidad en la prestación de los servicios de salud.

F. La Biometría tiene una gran relevancia, está entendida como el estudio de métodos automáticos para el reconocimiento único de humanos basado en uno o más rasgos conductuales o rasgos físicos intrínsecos.

En las tecnologías de la información, es la aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas sobre los rasgos físicos o de conducta de un individuo, para su autentificación, es decir, “verificar” su identidad.

Las huellas dactilares, la retina, el iris, los patrones faciales, de venas de la mano o la geometría de la palma de la mano, representan ejemplos de características físicas (estáticas), mientras que entre los ejemplos de características del comportamiento se incluye la firma, el paso y el tecleo (dinámicas).

Al tenor se señala que hoy en día la Ley General de Salud, no considera la utilización de registros biométricos para efecto de identificación de pacientes o asegurados, esto permite irregularidades para recibir atención a la salud en las instituciones públicas.

Es por ello que con esta reforma se evitarán duplicidades y que las instituciones eroguen grandes cantidades para efectos de credencialización. Aunado a esto se podrá contar con información, a fin de incluirla en el Registro Nacional de Población y apoyado en la interoperabilidad entre las dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal y municipal, y con ello generar ahorros en los tres niveles de gobierno en todos los sectores.

G. Después de un análisis sobre el tema estas Comisiones Dictaminadoras están de acuerdo con la propuesta de iniciativa, sin embargo, realizan cambios, al tenor de los siguientes argumentos:

1.- En cuanto a la adición que propone la legisladora, del artículo 53 Bis a la Ley General de Salud, se considera que la misma resulta viable; toda vez que el objetivo consiste en implementar registros biométricos y otros medios de identificación electrónica para reconocer a los asegurados y derechohabientes, es concordante con el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, el cual contempla en su estrategia 5.2, el contribuir a la convergencia de los sistemas y a la portabilidad de coberturas en los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud mediante la utilización de Tecnologías de la Información y Comunicación, y cuyas líneas de acción 5.2, 5.2.3 y 5.3.4, establecen: impulsar la convergencia de los sistemas y la portabilidad de coberturas en los servicios de salud mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación, fomentar la adopción y uso de Sistemas de Información de Registro electrónico para la Salud, en el Sistema Nacional de Salud, implementar el Certificado electrónico de Nacimiento, la Cartilla Electrónica de Vacunación y el Expediente Clínico Electrónico, e integrar información biométrica de pacientes.

Por ende, se realiza un cambio que se lee en la tabla anexa más adelante.

2.- Por lo que hace la adición del artículo 83 Bis, a la Ley General de Salud, se estima inviable la propuesta, en razón de que la Ley General de Salud no es el ordenamiento idóneo para regular el uso de la firma electrónica avanzada, la cual se rige por lo dispuesto por la Ley de Firma Electrónica Avanzada emitida por el Congreso de la Unión y las correlativas de las entidades federativas.

A continuación se define la propuesta de modificación por las dictaminadoras:


LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE

PROPUESTA DE INICIATIVA

PROPUESTA DE INICIATIVA CON CAMBIOS

CAPITULO IV
USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.
NO EXISTE
NO EXISTE

CAPITULO IV
USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.
Artículo 53BIS.- Los prestadores de servicios de salud, para efectos de identificación de asegurados y usuarios podrán implementar registros biométricos y otros medios de identificación electrónica.
Artículo 83BIS.- Quienes ejerzan las actividades señaladas en el artículo anterior, deberán contar con la firma electrónica avanzada.
La Secretaría de Salud y las Entidades Federativas en sus respectivos ámbitos de competencia determinarán el uso de firma electrónica avanzada en la prestación de servicios de salud.

CAPITULO IV
USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.
Artículo 53BIS.- Los prestadores de servicios de salud, para efectos de identificación de usuarios de los servicios de salud, incluyendo los derechohabientes de los organismos de seguridad social, podrán implementar registros biométricos y otros medios de identificación electrónica.
INVIABLE

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO.

Único: Se adiciona el artículo 53 BIS a la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 53 BIS.- Los prestadores de servicios de salud, para efectos de identificación de usuarios de los servicios de salud, incluyendo los derechohabientes de los organismos de seguridad social, podrán implementar registros biométricos y otros medios de identificación electrónica.

TRANSITORIO

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

El dictamen está a su disposición en el monitor de sus escaños para su conocimiento. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se ha recibido de la Senadora Maki Ortiz Domínguez, por escrito, la fundamentación a la que se refiere el artículo 196 del Reglamento. Insértese, en sus términos, en el Diario de los Debates.

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

Con su venia Señor Presidente
Compañeras y compañeros Senadores

Hoy en día, para mejorar la calidad de la atención, es fundamental ampliar el tipo de información que la Secretaría de Salud capta, como es la información estadística, siendo actualmente necesario contar con la información personalizada en aras de establecer la personalidad única en salud.

Las Tecnologías de Información y Comunicación se hacen presentes dentro de la salud de una manera importante, cabe señalar que la práctica clínica gira alrededor de datos, información y conocimiento.

Por ello el desarrollo de infraestructura en comunicación permite el flujo de información entre todas las partes que integran un sistema de salud lo cual repercute que pueda ser más eficiente, mejorando la calidad de los servicios por una parte y por otra facilitando la gestión al ciudadano.

Cabe señalar que el actual programa para un gobierno cercano y moderno 2013-2018, busca la modernización y eficiencia en la operación de los procesos internos, creando bases sólidas de conocimiento y habilidades, innovación y aprovechamiento de tecnologías emergentes.

En su estrategia 5.2, plasma contribuir a la convergencia de los sistemas y a la portabilidad de coberturas en los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud mediante la utilización de Tecnologías de la Información y Comunicación, y así:

- Fomentar la adopción y uso de Sistemas de Información de Registro electrónico para la Salud,

- Implementar el Certificado electrónico de Nacimiento, la Cartilla Electrónica de Vacunación y el Expediente Clínico Electrónico, e

- Integrar información biométrica de pacientes.

Al tenor de lo anterior se debe destacar la Biometría entendida como el estudio de métodos automáticos para el reconocimiento único de humanos basado en uno o más rasgos conductuales o rasgos físicos intrínsecos, es decir se traduce en “verificar” la identidad.

De tal manera que las huellas dactilares, la retina, el iris, los patrones faciales, de venas de la mano o la geometría de la palma de la mano, representan ejemplos de características físicas estáticas, importantes para el reconocimiento de pacientes en nuestro sistema de salud.

Por ello el objetivo de esta reforma consiste precisamente en implementar registros biométricos y otros medios para reconocer a los pacientes.

Con lo cual estas comisiones dictaminadoras coinciden en que la propuesta no sólo evitará duplicidades y que las instituciones eroguen grandes cantidades para efectos de credencialización, sino que generará ahorros significativos en los tres niveles de gobierno en todos los sectores, anteponiendo el poder elevar la eficacia de los servicios de atención médica, al identificar con un rasgo del paciente de manera inmediata todos sus antecedentes médicos.

Es por lo anterior compañeras y compañeros senadores que pido su voto a favor en el sentido que se presenta el dictamen, con la finalidad de aprovechar las herramientas que nos brindan los avances tecnológicos y facilitar los medios a los profesionales de la salud, para una adecuada atención de los pacientes.

Es cuanto señor presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Ortiz Domínguez.

Se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, a favor del dictamen.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy quiero manifestar mi apoyo al presente dictamen en materia de información y datos del sector salud, y hacer del conocimiento de todos ustedes y del pueblo de México que la biometría, como estudio automático para el reconocimiento único de humanos, es fundamental para el beneficio de los pacientes en nuestro país.

Actualmente nos hemos dado cuenta que en menos de 15 años las tecnologías han rebasado la realidad, pero gracias a ello se han obtenido formas de continuar desarrollando sistemas en diversos ámbitos, tanto en el sector público como el privado.

Por lo que respecta al sector público, es menester de todos los gobiernos actualizar su administración de acuerdo con innovación, lo que no sólo conlleva a ahorros, sino eficiencia y, en el mejor de los casos, transparencia en las acciones del poder público.

Por ello, lo que hoy estamos votando implica no sólo la implementación de estas tecnologías al sector salud, que tanto lo necesita, sino una forma de reconocimiento de los pacientes que sintetiza muchos procedimientos y trámites que pueden poner en peligro a los mismos.

Asimismo, la implementación de registros biométricos, auxiliar a la correcta implementación de los expedientes electrónicos, que a la fecha no se ha podido lograr, y que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, este tipo de sistemas y tecnologías de la información para atención de salud se han vuelto cruciales para prestar una asistencia de buena calidad y eficaz en función de costos.

Quiero finalizar felicitando a la Senadora proponente porque esta iniciativa implica, además, una excelente inversión en el Sistema Nacional de Salud, que deberá mejorar el funcionamiento entre sus instituciones, pero sobre todo deberá garantizar una mejor gestión de los servicios de salud y la prestación de asistencia al crear un ambiente que propicie el mejoramiento del acceso que reforzará la base de conocimientos, necesaria para la toma de decisiones clínica y administrativa.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Tiene el uso de la palabra, desde su escaño, la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Quiero agradecer el respaldo de la Mesa Directiva de la Comisión de Salud, desde luego agradezco la atención del Senador Mayans Canabal, y de todos mis compañeros, porque dentro de las acciones más importantes, necesarias para mejorar la calidad de la atención, ampliando igualmente la cobertura en salud, que es fundamental ampliar el tipo de información que la Secretaría de Salud capta, como es la información estadística, siendo actualmente necesario contar con la información personalizada buscando establecer la personalidad única en salud, como lo refiere el Programa Para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018.

En el cual se busca la modernización y eficiencia en la operación de los procesos internos, creando bases sólidas de conocimiento y habilidades, innovación y aprovechamiento de las tecnologías emergentes que pueden ser utilizadas para la creación de herramientas que sirvan a la población para su identificación en documentos, teniendo así la certeza de que esa identificación corresponde a una sola persona, evitando, en todo momento, la duplicidad en la prestación de los servicios de salud.

Es por ello que esta reforma va a evitar duplicidades y que las instituciones eroguen grandes cantidades para efectos de credencialización.

Aunado a esto se podrá contar con información, a fin de incluirla en el Registro Nacional de Población, y apoyando la interoperabilidad entre las dependencias de la Administración Pública Federal, estatal y municipal, y, con ello generar en el futuro ahorros en los tres niveles de gobierno en todos los sectores.

Impulsar la convergencia de los sistemas y la portabilidad de coberturas en los servicios de salud, mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación, fomentar la adopción y uso de sistemas de información de registros electrónicos para la salud en el Sistema Nacional de Salud, implementando el Certificado Electrónico de Nacimiento, la Cartilla Electrónica de Vacunación y el Expediente Clínico Electrónico e integrar la información biométrica de pacientes.

Por todo esto, pido a esta Asamblea el respaldo a este dictamen que presentó la Senadora Maki Ortiz.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Díaz Salazar.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

Informo a la Asamblea de que tendremos dos votaciones nominales más, y una votación económica.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 77 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 53 Bis a la Ley General de Salud. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud, sobre el Virus del Papiloma Humano. Les informo que la primera lectura de este dictamen se dio el 23 de abril del año en curso.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 134 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD; Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 134 y el artículo 144 de la Ley General de Salud referente al Virus del Papiloma Humano.

Una vez recibidas por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 6 de Noviembre de 2014, las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Claudia Pavlovich Arellano, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México respectivamente, de la LXII Legislatura, presentaron Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 134 y el artículo 144 de la Ley General de Salud referente al Virus del Papiloma Humano.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Senadoras proponentes plantean una propuesta de reforma a la Ley General de Salud, para que se contemple en la Ley General de salud el concepto del Virus del Papiloma Humano:

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE

PROPUESTA DE INICIATIVA

CAPITULO II
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Artículo 134. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles:
I. a VII. …
VIII. Sífilis, infecciones gonocóccicas y otras enfermedades de transmisión sexual;

IX. a XIV. …
Artículo 144.- Las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis y el sarampión, así como otras contra enfermedades transmisibles que en el futuro estimare necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esta dependencia. La misma Secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud.

CAPITULO II
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Artículo 134. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencias, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles:
I a VII.…
VIII. Sífilis, infecciones gonocóccicas, virus del papiloma humano y otras enfermedades de transmisión sexual;
IX a XIV. …
Artículo 144. Las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis, el sarampión y el virus del papiloma humano, así como otras contra enfermedades transmisibles que en el futuro estimare necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esta dependencia. La misma Secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. El cáncer cervicouterino, es el más frecuente en mujeres de los países en desarrollo y es causado por la infección persistente por el virus de papiloma humano, de los genotipos llamados de alto riesgo. Los genotipos oncogénicos más frecuentes son el 16 y el 18, que causan aproximadamente un 70% de los cánceres cervicouterinos. Los tipos 6 y 11 no contribuyen a la incidencia de las displasias de alto grado (lesiones precancerosas) ni del cáncer cervicouterino, pero causan papilomas laríngeos y la mayoría de las verrugas genitales. Estos virus son muy transmisibles y su incidencia máxima se registra poco después del inicio de la actividad sexual.

C. La importancia de este tema recae en el gran problema de salud pública que es el Virus del Papiloma Humano (VPH), agente causal de varios tipos de cánceres y entre ellos los del cuello uterino en mujeres. Se realiza por tanto una actualización de la infección producida por el mismo que incluye la biología, epidemiología, detección, pruebas de diagnóstico, tratamiento y consecuencias, prevención así como los problemas sociales que de todo ello deriva para la mujer.

D. El virus del papiloma humano, son diversos grupos de virus ADN pertenecientes a la familia de los Papillomaviridae y representa una de las infecciones de transmisión sexual más comunes y se conocen más de 100 tipos virales que en relación a su patogenia oncológica, se clasifican en tipos de alto y de bajo riesgo oncológico.

Cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud indica que las enfermedades infecciosas siguen presentes en todos los países del mundo, siendo importante su prevención, ya que con esto pueden evitarse muchas muertes.

E. México ha sido uno de los países promotores de iniciativas, acciones y estrategias a favor de las condiciones de salud y bienestar de la niñez, ejemplo de ello fue la decisión de reducir los indicadores de mortalidad infantil, así como la mortalidad materna.

En este tenor en nuestro país, la detección y tratamiento del virus del Papiloma Humano, ya ha sido considerado como un factor determinante en la disminución de la incidencia de cáncer cérvico-uterino.

Se coincide con la proponente en señalar que esta grave enfermedad es prevenible en gran medida, implementando programas de prevención que logren reducir su incidencia en la causa de cáncer de cuello uterino.

F. Sabemos que la prevención es la parte medular para que se pueda contrarrestar un problema de salud pública y al hablar de este en específico es clave la importancia que tiene la realización de una citología (Papanicolaou) que radica en la enorme posibilidad de detectar de manera temprana lesiones precursoras antes que evolucionen a cáncer, para ser atendidas o para que reciban tratamiento oportuno, de esta forma estaríamos previniendo el desarrollo de casos de cáncer, tomando en cuenta los lapsos de tiempo de evolución que presenten.

G. Actualmente se conocen 200 tipos de VPH, de los cuales 15 son considerados de alto riesgo y guardan relación causal demostrada con el cáncer de cuello uterino, que produce más de 270,000 muertes al año en el mundo. En este tenor debemos señalar la problemática de nuestro país ya que según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el cáncer cérvico-uterino es uno de los más frecuentes de todos los cánceres en mujeres; afecta principalmente a las que tienen entre 25 y 64 años. 

Es por ello que México no ha claudicado y hoy en día se cuenta con la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA-1994, para la prevención, detección, el diagnóstico, el tratamiento, el control y la vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico-uterino.

H. El problema no es ínfimo ya que se calcula que en México el VPH afecta a 19.3 mujeres por cada 100,000. Estudios del INEGI señalan que el 90 por ciento de las mujeres mexicanas han tenido alguna vez en su vida el VPH. 

Cabe señalar que el gobierno federal ha hecho estrategias y acciones para erradicar este problema, es por ello que han implementado programas de vacunación en el país y específicamente en las regiones de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, para lograr reducir el cáncer cérvico-uterino, dando como resultado que estas entidades federativas sean las segunda, cuarta y quinta en el país, en materia de prevención en contra del virus del papiloma humano.

Por lo anterior estas Comisiones dictaminadoras coinciden con el espíritu del legislador y lo loable que es la propuesta, sin embargo, derivado de un análisis jurídico de la iniciativa producto de este instrumento legislativo, se hace la siguiente consideración:

I. Respecto de la reforma a la fracción VIII del Artículo 134 se hace notar que el citado artículo prevé que la Secretaría de Salud y los Gobiernos de las Entidades Federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de diversas enfermedades transmisibles, dentro de las cuales se encuentra la sífilis, infecciones gonococcicas y otras enfermedades de transmisión sexual.

Por otra parte la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, para la vigilancia epidemiológica, establece los criterios, especificaciones y directrices de operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, para la recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre las condiciones de salud de la población y sus determinantes. Esta NOM es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y su ejecución involucra a los sectores público, social y privado que integran el Sistema Nacional de Salud.

Así mismo esta norma incluye en sus apéndices informativos A,B y C, la vigilancia epidemiológica de enfermedades prevenibles por vacunación entre las que se encuentran la infección por virus del papiloma humanopor lo que se estima que el texto vigente de este artículo, es sustento para que conforme a la norma citada se efectúe vigilancia epidemiológica de la enfermedad producida por el virus del papiloma humano por lo que se considera viable aprobar en sus términos la propuesta de reforma a la fracción VIII del artículo 134,ya que fortalecerá aún más el objetivo de prevenir el Virus de Papiloma Humano.

J. Por lo que respecta a la modificación al artículo 144 de la Ley General de Salud, la cual pretende que la vacunación del VPH virus del papiloma humano, sea obligatoria en el Cuadro Básico de Vacunación, se estima inadecuada en virtud de que la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, ya se encuentra contemplada dentro del Esquema Nacional de Vacunación vigente.

En este orden de ideas cabe señalar que la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2012, Prevención y Control de Enfermedades, aplicación de vacunas, toxoides, favoterápicos (sueros) e inmunoglobulinas en el humano, publicada el 28 de septiembre de 2012, contempla dentro de las vacunas disponibles la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano para los tipos 6, 11, 16 y 18 la cual establece que dicha vacuna se aplicará a las niñas de quinto año de primaria y 11 años no escolarizadas.

Finalmente, cabe hacer mención que la vacuna incluida en el Esquema Nacional de Vacunación, se encuentra dirigida a los tipos que representan un problema de Salud Pública, en virtud de lo cual de ser aprobada esta propuesta implicaría un impacto presupuestario puesto que existiría una obligación legal para administrar vacunas para todos los tipos, aún cuando estos no representen un problema de salud pública.

Por lo anteriormente vertido, es que estas comisiones dictaminadoras estiman pertinente aprobar la iniciativa con los siguientes cambios:

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE

PROPUESTA DE INICIATIVA

PROPUESTA DE INICIATIVA CON CAMBIOS

CAPITULO II
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Artículo 134.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles:
I. a VII. …
VIII. Sífilis, infecciones gonocóccicas y otras enfermedades de transmisión sexual;
IX. a XIV. …

Artículo 144.- Las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis y el sarampión, así como otras contra enfermedades transmisibles que en el futuro estimare necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esta dependencia. La misma Secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud.

CAPITULO II
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Artículo 134. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades, en sus respectivos ámbitos de competencias, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles:
I a VII.…
VIII. Sífilis, infecciones gonocóccicas, virus del papiloma humano y otras enfermedades de transmisión sexual;
IX a XIV. …
Artículo 144. Las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis, el sarampión yel virus del papiloma humano, así como otras contra enfermedades transmisibles que en el futuro estimare necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esta dependencia. La misma Secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud.

CAPITULO II
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Artículo 134. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades, en sus respectivos ámbitos de competencias, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles:
I a VII.…
VIII. Sífilis, infecciones gonocóccicas, virus del papiloma humano y otras enfermedades de transmisión sexual;
IX a XIV. …
No viable

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la honorable asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único: Se reforma la fracción VIII del artículo 134 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 134. …

I a VII.…

VIII. Sífilis, infecciones gonocóccicas, virus del papiloma humano y otras enfermedades de transmisión sexual;

IX a XIV. …

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

El dictamen está a su disposición en el monitor de sus escaños para conocimiento. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se ha recibido de la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, por escrito, la fundamentación a la que se refiere el artículo 196 del Reglamento. Insértese en sus términos en el Diario de los Debates.

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

Con su venia Señor Presidente
Compañeras y compañeros Senadores

El cáncer cervicouterino, es el más frecuente en mujeres de los países en desarrollo y es causado por la infección persistente por el virus de papiloma humano, de los genotipos llamados de alto riesgo.

Los genotipos oncogénicos más frecuentes son el 16 y el 18 y causan aproximadamente un 70% de los cánceres cervicouterinos. Por otra parte, los tipos 6 y 11 no contribuyen a la incidencia de las displasias de alto grado (lesiones precancerosas) ni del cáncer cervicouterino, pero causan papilomas laríngeos y la mayoría de las verrugas genitales.

Estos virus son muy transmisibles y su incidencia máxima se registra poco después del inicio de la actividad sexual.

La importancia de este tema recae en el gran problema de salud pública que es el Virus del Papiloma Humano, agente causal de varios tipos de cánceres. Además representa hoy en día una de las infecciones de transmisión sexual más comunes.

Cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud indica que las enfermedades infecciosas siguen presentes en todos los países del mundo, por lo que es importante su prevención, ya que con esto pueden prevenir muchas muertes.

En nuestro país, la detección y tratamiento del virus del Papiloma Humano, ya ha sido considerado como un factor determinante en la disminución de la incidencia de cáncer cérvico-uterino.

Por ello, las Comisiones Dictaminadoras coincidimos en enfatizar que esta grave enfermedad es prevenible en gran medida, a partir de la implementación de programas de prevención que logren reducir su incidencia en la causa de cáncer de cuello uterino.

Sabemos que la prevención es la parte medular por ello la importancia que tiene la realización de estudios como el Papanicolaou que detectan de manera temprana lesiones precursoras antes que evolucionen a cáncer.

Actualmente, 15 tipos de este virus de 200 conocidos, son considerados de alto riesgo y guardan relación causal demostrada con el cáncer de cuello uterino, que produce más de 270,000 muertes al año, en el mundo.

En este tenor debemos señalar la problemática de nuestro país reporta el cáncer cérvico-uterino como uno de los más frecuentes de todos los cánceres en mujeres que afecta principalmente a mujeres en edad productiva, de entre 25 y 64 años. Por ello se calcula que en México el Virus de Papiloma Humano afecta a 19.3 mujeres por cada 100,000.

Es por ello que México no ha claudicado y hoy en día cuenta con la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA-1994, para la prevención, detección, el diagnóstico, el tratamiento, el control y la vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico-uterino.

Así mismo, el gobierno federal ha impulsado estrategias y acciones para erradicar este problema, con programas de vacunación específicamente en las regiones de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, para lograr reducir el cáncer cérvico-uterino.

Es por todo lo anterior, que el presente dictamen busca la atención de un problema de salud pública, que si bien ya fue superado por el cáncer de mama, éste tiene mayor probabilidad gracias a los avances científicos de ser prevenido y así reducir una de las causas de muerte que más afectan al género femenino.

Actualmente la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, para la vigilancia epidemiológica, establece los criterios, especificaciones y directrices de operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, e incluye en sus apéndices informativos A, B y C, la vigilancia epidemiológica de enfermedades prevenibles por vacunación entre las que se encuentran la infección por VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO.

Por lo que se estima oportuna la aprobación de la propuesta que reforma la fracción VIII del artículo 134, que fortalecerá aún más el objetivo de prevenir el Virus de Papiloma Humano y sus consecuencias.

Es por todo lo anteriormente expuesto y porque estamos convencidos que prevenir con vacunación es promover el cuidado de la salud desde edades tempranas, que solicito a Ustedes compañeras y compañeros senadores, su voto a favor del presente dictamen.

Es cuanto, Señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Ortiz Domínguez.

Se concede el uso de la palabra, desde su escaño, a la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. De nuevo agradezco el respaldo de la Comisión de Salud, de las Senadoras y Senadores.

El cáncer cervicouterino es el más frecuente en mujeres de los países en desarrollo, y es causado por la infecciones persistentes, por el virus de papiloma humano, de los genotipos llamados de alto riesgo.

Los tipos 6 y 11 no contribuyen a la incidencia de las displasia de alto grado, lesiones precancerosas ni del cáncer cervicouterino, pero causas papilomas laríngeos y la mayoría de las verrugas genitales.

Estos virus son muy transmisibles y su incidencia máxima se registra poco después del inicio de la actividad sexual.

Cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud indica que las enfermedades infecciosas siguen presentes en todos los países del mundo, siendo importante su prevención, ya que con esto pueden evitarse muchas muertes.

En nuestro país la detección y tratamiento del virus del papiloma humano ya ha sido considerado como un factor determinante en la disminución de la incidencia del cáncer cervicouterino.

Sabemos que la prevención es parte medular para que se pueda contrarrestar un problema de salud pública, y al hablar de este en específico es clave de la importancia que tiene la realización de una citología que radica en la enorme posibilidad de detectar de manera temprana lesiones precursoras antes que evolucionen al cáncer para ser atendidas o para que reciban el tratamiento oportuno y de esta forma vamos a estar previniendo el desarrollo de casos de cáncer tomando en cuenta los lapsos de tiempo de evolución que presente.

Es por ello que pido a las Senadoras y Senadores su respaldo para que sea aprobado el dictamen presentado por la Presidenta de la Comisión, la Senadora Maki Ortiz.

Es cuanto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Díaz Salazar.

Se han agotado la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación, ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 79 votos a favor cero en contra y cero abtenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 134 de la Ley General de Salud. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 70 de la Ley General de Salud, sobre salud sexual y reproductiva. Les informo que la primera lectura de este dictamen se dio el 23 de abril del año en curso.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD; Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y dictamen la Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción II Bis al Artículo 68 de la Ley General de Salud, en materia de educación sexual y planificación familiar.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 14 de noviembre de 2013, los Senadores María Cristina Díaz Salazar, Miguel Romo Medina, Lucero Saldaña Pérez integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción II Bis al Artículo 68 de la Ley General de Salud, en materia de educación sexual y planificación familiar.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa en estudio tiene como objetivo que dentro de los servicios de planificación familiar se incluya: la atención sexual específica a la adolescencia sin distingo ni discriminación garantizando programas de difusión y el acceso a métodos de planificación familiar asegurando su suministro, considerando que la atención de la salud reproductiva y anticoncepción para los adolescentes debe ser eficiente y no discrecional, tal como se propone en el siguiente:

“Artículo 68. Los servicios de planificación familiar comprenden:

a II. …

II Bis. Atención sexual específica a la adolescencia sin distingo ni discriminación garantizando programas de difusión y el acceso a métodos de planificación familiar asegurando su suministro, considerando que la atención de la salud reproductiva y anticoncepción para los adolescentes debe ser eficiente y no discrecional.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos; hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de educación sexual y planificación familiar.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el derecho a la salud significa que los gobiernos deben crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Para ello mediante el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, se establece que entre las medidas que se deberán adoptar a fin de asegurar la plena efectividad del derecho a la salud, figurarán:

La reducción de la mortalidad infantil y garantizar el sano desarrollo de los infantes

El mejoramiento de la higiene del trabajo y del medio ambiente; 

La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra Índole, y la lucha contra ellas; 

La creación de condiciones que aseguren el acceso de todos a la atención de la salud. 

Aunado a lo anterior, en el 2000, dicho Pacto adoptó una Observación General, donde se afirma que el derecho a la salud no sólo abarca la atención de salud oportunasino también los factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.

B. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, la salud sexual y la reproducción constituye un derecho de hombres y mujeres, los derechos reproductivos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre estos, a disponer de la información y los medios para ello; y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.

Al respecto son importantes los 4 elementos que destaca el UNFPA y que se han reiterado por estas Comisiones dictaminadores en diversos dictámenes que tienen que ver con la prevención de embarazos no deseados en adolescentes y reducción de mortalidad materno-infantil, además de prevención enfermedades de transmisión sexual y son:

1. Derecho a la salud sexual y de la reproducción: como componente de la salud general, a lo largo de todo el ciclo vital de las personas;

2. Derecho a adoptar decisiones con respecto a la procreaciónincluidos la elección voluntaria de cónyuge, la formación de una familia y la determinación del número, el momento de nacer y el espaciamiento de los propios hijos; y el derecho de tener acceso a la información y los medios necesarios para ejercer una opción voluntaria;

3. Derecho a condiciones de igualdad y equidad de hombres y mujeresa fin de posibilitar que las personas efectúen opciones libres y con conocimiento de causa en todas las esferas de la vida, libres de discriminación por motivos de género;

4. Derecho a la seguridad sexual y de la reproducción: incluido el derecho a estar libres de violencia y coacción sexual y el derecho a la vida privada. 

Así mismo también se han señalado en diversas ocasiones los objetivos de Desarrollo del Milenio en el que se incluye reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años; mejorar la salud materna; y combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades.

Al respecto, específicamente en el Objetivo que corresponde a mejorar la salud materna, los indicadores señalan:

Que el progreso para reducir la cantidad de embarazos de adolescentes se ha estancado, lo cual deja a más madres jóvenes en situación de riesgo. 

Que la pobreza y la falta de educación perpetúan las altas tasas de alumbramientos entre adolescentes. 

Que el progreso en la ampliación del uso de métodos anticonceptivos por parte de las mujeres se ha estancado. 

Que el uso de métodos anticonceptivos es menor entre las mujeres más pobres y las que no tienen educación. 

La escasez de fondos para la planificación familiar es una enorme falla en el cumplimiento del compromiso de mejorar la salud reproductiva de las mujeres. 

C. En México, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en 2009 se detectó que las mujeres generalmente tienen su primera relación sexual antes de unirse o casarse, a una edad promedio de 18 años, asimismo se observó que de las mujeres que tuvieron su primer relación sexual entre los 15 y 19 años de edad, del total solo el 38.5% utilizaron algún método anticonceptivo para prevenir un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual.
Lo anterior ha llevado a que 40.6% de las adolescentes tuvieron un embarazo no planeado, a pesar de que el 97% de ellas declaró conocer los métodos anticonceptivos.

Por ello deben asumir roles como la maternidad, casarse o unirse e incluso el abandono de sus estudios, todo durante la adolescencia, etapa en la que no se encuentran ni física ni mentalmente preparadas para afrontar esta situación con la madurez necesaria y que además les conlleva riesgos en la salud que pueden llevar a la muerte.

Entre las consecuencias que se derivan de lo anterior, se encuentra un crecimiento poblacional acelerado ya que de acuerdo con las proyecciones que en 2005 realizó el Consejo Nacional de Población, CONAPO, durante el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, se comprobó un crecimiento de 4 millones de personas más, de lo que se había proyectado.

Ahora bien, en el mismo sentido, el INEGI estima que en promedio entre los años 2003 Y 2012, ocurrieron 2.59 millones de nacimientos anuales, lo cual implica el nacimiento de 25.9 millones de infantes.

De ellos, ocurrieron 5.76 millones de nacimientos con madres menores de 19 años de edad, que equivale a 448 mil nacimientos anuales o bien, mil 227 nacimientos diarios.

En el año 2010 se alcanzaron los números más altos cuando el INEGI contabilizó 464 mil 102 embarazos en adolescentes entre los 15 y los 19 años de edad y 11 mil 682 casos de niñas que se convirtieron en madres antes de cumplir los 15 años.

Para el año 2012 la situación no se modificó sustantivamente pues, de acuerdo con los datos del INEGI, ese año hubo 457 mil 192 partos en adolescentes de 15 a 19 años y diez 924 en niñas entre los 10 y los 14 años de edad.

Por todo lo anteriormente señalado, se considera viable con modificaciones la Iniciativa propuesta, ya que con la finalidad de tener mejor aplicación de la Ley, se incluye la propuesta pero como adición de un párrafo segundo al Artículo 70 de la Ley General de Salud, que señala que la Secretaría de Salud coordinará las actividades de las dependencias y entidades del sector salud para instrumentar y operar las acciones del programa nacional de planificación familiar que formule el Consejo Nacional de Población, que de acuerdo con la reforma propuesta deberán impulsar, entre otras, acciones en materia de educación sexual y planificación familiar dirigidas a la población adolescente, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE

PROPUESTA DE LA INCIATIVA

PROPUESTA DE LAS COMISIONES

 

Artículo 68. Los servicios de planificación familiar comprenden:
I. a II. …
II Bis. Atención sexual específica a la adolescencia sin distingo ni discriminación garantizando programas de difusión y el acceso a métodos de planificación familiar asegurando su suministro, considerando que la atención de la salud reproductiva y anticoncepción para los adolescentes debe ser eficiente y no discrecional.

Artículo 70. La Secretaría de Salud coordinará las actividades de las dependencias y entidades del sector salud para instrumentar y operar las acciones del programa nacional de planificación familiar que formule el Consejo Nacional de Población, de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Población y de su Reglamento, y cuidará que se incorporen al programa sectorial.
Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría de Salud en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, impulsarán, entre otras, acciones en materia de educación sexual y planificación familiar dirigidas a la población adolescente.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto

Único. Se adiciona un párrafo segundo al Artículo 70 de la Ley General de Salud.

Artículo 70. …

Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría de Salud en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, impulsarán, entre otras, acciones en materia de educación sexual y planificación familiar dirigidas a la población adolescente.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS,

El dictamen está a su disposición en los monitores de sus escaños para conocimiento. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se ha recibido de parte de la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, por escrito, la fundamentación a que se refiere el artículo 196 del reglamento. Insértese en sus términos en el Diario de los Debates.

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

Con su venia Señor Presidente
Compañeras y compañeros Senadores

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el derecho a la salud significa que está en los gobiernos la creación de condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible.

En el mismo tenor, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, establece que entre las medidas que se deberán adoptar a fin de asegurar la plena efectividad del derecho a la salud, figurarán:

- La reducción de la mortalidad infantil y garantizar el sano desarrollo de los infantes;

- La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra Índole, y la lucha contra ellas, entre otras.

Aunado a lo anterior, en el 2000, dicho Pacto adoptó una Observación General, donde se afirma que el derecho a la salud no sólo abarca la atención de salud oportuna, sino también los factores determinantes como lo es el acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.

De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, al respecto son importantes 4 elementos que tienen que ver con la prevención de embarazos no deseados en adolescentes y la reducción de mortalidad materno-infantil, además de prevención enfermedades de transmisión sexual como:

- Derecho a la salud sexual y de la reproducción: como componente de la salud general;

- Derecho a adoptar decisiones con respecto a la procreación;

- Derecho a condiciones de igualdad y equidad de hombres y mujeres: a fin de posibilitar que las personas efectúen opciones libres y con conocimiento de causa en todas las esferas de la vida, libres de discriminación por motivos de género; y

-  Derecho a la seguridad sexual y de la reproducción: incluido el derecho a estar libres de violencia y coacción sexual y el derecho a la vida privada.

Dentro de los objetivos del milenio destaca mejorar la salud materna, en la cual se señala:

- Que el progreso para reducir la cantidad de embarazos de adolescentes se ha estancado, lo cual deja a más madres jóvenes en situación de riesgo.

- Que la pobreza y la falta de educación perpetúan las altas tasas de alumbramientos entre adolescentes.

- Que el progreso en la ampliación del uso de métodos anticonceptivos por parte de las mujeres se ha estancado.

-  Que el uso de métodos anticonceptivos es menor entre las mujeres más pobres y las que no tienen educación.

- La escasez de fondos para la planificación familiar es una enorme falla en el cumplimiento del compromiso de mejorar la salud reproductiva de las mujeres.

Cabe señalar que en México, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en 2009 se detectó que las mujeres generalmente tienen su primera relación sexual antes de unirse o casarse, a una edad promedio de 18 años, asimismo se observó que de las mujeres que tuvieron su primer relación sexual entre los 15 y 19 años de edad, del total solo el 38.5% utilizaron algún método anticonceptivo para prevenir un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual.

Lo anterior llevó a que 40.6% de las adolescentes tuvieron un embarazo no planeado, a pesar de que el 97% de ellas declaró conocer los métodos anticonceptivos.

Entre las consecuencias que se derivan de lo anterior, se encuentra un crecimiento poblacional acelerado ya que de acuerdo con las proyecciones que en 2005 realizó el Consejo Nacional de Población, CONAPO, durante el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, se comprobó un crecimiento de 4 millones de personas más, de lo que se había proyectado.

Ahora bien, en el mismo sentido, el INEGI estima que en promedio entre los años 2003 Y 2012, ocurrieron 2.59 millones de nacimientos anuales, lo cual implica el nacimiento de 25.9 millones de infantes.

De ellos, ocurrieron 5.76 millones de nacimientos con madres menores de 19 años de edad, que equivale a 448 mil nacimientos anuales o bien, mil 227 nacimientos diarios.

En el año 2010 se alcanzaron los números más altos cuando el INEGI contabilizó 464 mil 102 embarazos en adolescentes entre los 15 y los 19 años de edad y 11 mil 682 casos de niñas que se convirtieron en madres antes de cumplir los 15 años.

Para el año 2012 la situación no se modificó sustantivamente pues, de acuerdo con los datos del INEGI, ese año hubo 457 mil 192 partos en adolescentes de 15 a 19 años y diez 924 en niñas entre los 10 y los 14 años de edad.

Por todo lo anteriormente señalado, se considera viable aprobar el presente dictamen con la finalidad de tener mejor aplicación de la Ley, por ello se reforma el artículo 70 de la Ley General de Salud para que la Secretaría de Salud en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, impulsen acciones en materia de educación sexual y planificación familiar dirigidas a la población adolescente.

Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito a Ustedes compañeras y compañeros senadores, su voto a favor del presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

Tiene el uso de la palabra la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, desde su escaño.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

De nuevo mi profundo agradecimiento al respaldo de los integrantes de la Comisión de Salud.

Este dictamen tiene como objetivo que dentro de los servicios de planificación familiar se incluya la atención sexual específica a los adolescentes, sin distingo ni discriminación, generando programas de difusión y el acceso a métodos de planificación familiar, asegurando primero su suministro, considerando que la atención de la salud reproductiva y de anticoncepción para los adolescentes debe ser eficiente y no discrecional, tal como se propone.

De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la salud sexual y la reproducción, constituyen un derecho de mujeres y hombres, estos derechos reproductivos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos de poder decidir libre y responsablemente el número de hijos, el esparcimiento de los nacimientos y el intervalo entre estos, al disponer de la información y de los medios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.

En México, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población en 2009, se detectó que las mujeres generalmente tienen su primera relación sexual antes de unirse o casarse, a una edad promedio de 18 años.

Asimismo se observó que las mujeres que tuvieron su primera relación sexual, es entre los 15 y 19 años de edad. Del total, sólo el 38.5 por ciento utilizaron algún método anticonceptivo para prevenir un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual.

Lo anterior ha llevado a que el 40.6 por ciento de los adolescentes tuvieron un embarazo no planeado, a pesar de que el 97 por ciento de ellos declaró conocer métodos anticonceptivos. Esto nos lleva a que México esté ocupando el primer lugar a nivel internacional en embarazos de adolescentes.

Por ello se deben asumir roles como la maternidad, casarse o unirse, incluso el abandono de sus estudios, todo durante la adolescencia, etapa en la que no se encuentran ni física ni mentalmente preparados para afrontar esta situación con la madurez necesaria y que además les conlleva riesgos en la salud que pueden llevar inclusive hasta la muerte.

Por todo lo anteriormente señalado, la Secretaría de Salud coordinará las actividades de la dependencia y entidades del sector salud, para instrumentar y operar las acciones del Programa Nacional de Planificación Familiar que formule el Consejo Nacional de Población, que de acuerdo con la reforma propuesta debe impulsar, entre otras acciones en materia de educación sexual y planificación familiar, poderlas dirigir a la población adolescente.

Por ello estoy pidiendo el apoyo a esta Asamblea para la aprobación de este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Díaz Salazar.

Se concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia. Compañeras y compañeros Senadores:

México es de los países en donde más embarazos tenemos en adolescentes se tiene esta situación debido a que no se ha entendido que para corregir muchos males que tiene la sociedad, se requiere necesariamente modificar el Sistema Educativo Nacional.

Los que somos profesores y hemos dado clases a nivel de secundaria, donde los alumnos son de entre los 12 y los 17 años, en las escuelas matutinas y vespertinas, con enorme preocupación vemos que la currícula de estos niveles carece, adolece de información precisa y concisa para vacunar -válgase el término- a nuestros adolescentes, hombres y mujeres, para que no se vean envueltos en situaciones de esta naturaleza.

Cuando hablamos de la reforma educativa, nosotros insistimos y seguiremos insistiendo hasta que en este país la reforma sea verdaderamente de fondo.

Hace un momento discutimos cuestiones de reforma a la Ley General de Educación que tienen que ver con algunas situaciones que se ven como objetivos de la educación.

¿Pero cómo prevenir los embarazos no deseados en las adolescentes si no les damos una cultura sexual desde la edad preescolar, la primaria y luego la secundaria?

Cuando un alumno, un estudiante va con los conocimientos suficientes, ya incorporados a su universo cultural, entonces se refleja en la vida diaria de estos adolescentes.

No se puede hablar de solamente corregir el problema. Efectivamente, si nosotros prevenimos, vamos a evitar este tipo de embarazos.

¿Y dónde está la mejor prevención? ¿En las clínicas? ¿Habría que mandar a todos nuestros adolescentes a las clínicas, o habría que llevar la educación sexual a las escuelas, de parte de los sistemas de salud?

Por eso nosotros seguiremos insistiendo en que la reforma educativa en temas como éste, necesita incorporarlos a la currícula desde preescolar, no solamente en la secundaria, donde en primer grado se empieza a conocer el aparato reproductivo tanto del hombre como de la mujer.

Hoy tenemos avances importantísimos en el área urbana, porque los mitos de la sexualidad se han eliminado. Pero vayamos a las áreas rurales y vamos a encontrar que el tema sexual todavía es un mito, y es ahí donde tiene que intervenir la educación para que nuestros adolescentes, hombres y mujeres, no se vean envueltos en este tipo de situaciones.

Imagínense niñas de 13 años que anuncian a sus profesores, como fue mi caso en muchas ocasiones, que se iban a tener que retirar de la escuela porque ya se iban a casar debido a que estaban embarazadas.

¿Qué destino, qué esperanza de vida puede tener una niña de 13 años que se casa con un niño de 13 o de 14 años?

Eso es echar a perder una vida, compañeras Senadoras y Senadores.

Por supuesto que estamos de acuerdo con este artículo que habla de la atención sexual específica para la adolescencia sin distingo, pero como educador yo seguiré sosteniendo que en los programas escolares tiene que incorporarse este tipo de materias, y van a ver los resultados en el tema de la baja sensible en los embarazos de adolescentes.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 76 votos a favor, cero en contra y 1 abstención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 70 de la Ley General de Salud. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Informo a la Asamblea que se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. Está a discusión el Acuerdo. Al no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. Comuníquese.





 



 

Compañeras y compañeros Senadores, les informo que las demás iniciativas y proposiciones inscritas en el Orden del Día de hoy se turnan directamente a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XI DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN)

La que suscribe, senadora SONIA ROCHA ACOSTA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el diverso 169, someto a consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA DE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XI DEL APARTADO B DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con la siguiente;

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres es un principio general, un derecho de aceptación universal reconocido tanto en la legislación nacional como en diversos instrumentos internacionales. Este principio hace referencia a los derechos y responsabilidades que como seres humanos tenemos todas las personas e implica dar las mismas condiciones, trato y oportunidades a todas las personas sin distinción de raza, color, sexo, edad, creencias, idioma, etnia o cultura, opiniones políticas, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra situación social.

Igualdad y equidad no son sinónimos, aunque sí son conceptos relacionados. Entender las diferencias entre ambos es fundamental para diseñar políticas públicas con el objetivo de crear condiciones de igualdad. La igualdad comprende la equidad, porque no se puede tratar como iguales a las personas cuya condición de partida es desigual, ya que se reproducirían infinitamente las desigualdades de género.

En efecto, la igualdad es un principio universal que establece la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Sin embargo, la universalidad de este principio pasa por reconocer las diferencias y desigualdades entre las mujeres y los hombres así como entre los grupos de mujeres y de hombres. La atención de estas especificidades es lo que da lugar a la equidad como principio de justicia.

La “equidad de género” refiere a la justicia en el tratamiento de varones y mujeres de acuerdo con sus respectivas necesidades. Implica un procedimiento diferenciado de las necesidades de grupos específicos de mujeres y de hombres para corregir desigualdades de origen por medio de las acciones de la política pública. Estas medidas han sido conocidas como “medidas compensatorias o de acción afirmativa” cuyo propósito es equilibrar las inequidades específicas que enfrentan ciertos grupos de mujeres y se caracterizan por ser medidas temporales que operan hasta que se elimina la desigualdad.
La soberanía depositada en la norma fundamental como lo es nuestra Constitución, debe garantizar los Derechos Humanos en cada uno de los numerales establecidos en ella. Nuestra Carta Magna en su artículo primero establece el reconocimiento de los derechos humanos a todas las personas que se encuentran en territorio mexicano y que en su artículo cuarto establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, siendo el Estado y los elementos que lo componen, las entidades responsables de promover la igualdad de oportunidades entre las personas incondicionalmente.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123 apartado B no realiza distinción de género tratándose del sujeto de derecho “los trabajadores” entendiendo este concepto como general englobando tanto a hombres como a mujeres; sin embargo por incluir un lenguaje de género en la norma constitucional vale la pena introducir y hacer clara la distinción de que las prestaciones de seguridad social son para ambos, tanto para hombres como para mujeres, pues la redacción relacionada a la maternidad es lo que genera la apariencia de que sólo las mujeres cuentan con seguridad social de guarderías.

Así mismo los Tratados Internacionales suscritos por el Gobierno Federal, establecen principios para garantizar la protección de los Derechos Humanos a través de los ordenamientos de cada uno de los Estados de los cuales son parte, en los cuales México lo es, como los suscritos con la Organización Internacional del Trabajo y como la Declaración Universal de los Derechos Humanos refiere en su artículo 7, que todas las personas son iguales ante la ley.

Se considera que la igualdad ocurre al menos en dos dimensiones: la formal y la sustantiva. La igualdad formal –de jure o normativa- se refiere a la igualdad ante la ley y supone que las personas tienen los mismos derechos. La igualdad sustantiva -de facto o material- supone la modificación de las circunstancias que impiden a las personas el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a las oportunidades por medio de medidas estructurales, legales o de política pública que garanticen en los hechos la igualdad.

La concepción de igualdad sustantiva fue plasmada en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) aprobada en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas e incorporada en bloque de constitucionalidad al cuerpo normativo mexicano.

La igualdad sustantiva según lo indica la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en consonancia con lo que establece la CEDAW obliga a eliminar la discriminación que, por su condición de género, impide a las mujeres el goce de los mismos derechos y oportunidades.

En este sentido el artículo 123° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y el Estado es quien promueve la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

Por lo que es importante que el Estado, considere e instrumente las disposiciones necesarias para fortalecer la cohesión social, los lazos familiares y la inclusión social desde prácticas y reformas legales que impregnen acciones sociales de equidad y que premisas que motivan la presente Iniciativa.

Con fundamento en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas así como el varón y la mujer son iguales ante la ley, y el mismo Estado Mexicano será el responsable de anclar las bases para el desarrollo óptimo de la familia.

Reforzando este criterio, el Convenio sobre la Discriminación (Ocupación y Empleo) de 1958 de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, que México es parte, en el inciso a) del artículo primero se define la Discriminación como cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación, y que en el artículo segundo nos obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto.

Nuestro país forma parte de tratados internacionales que aseguran el disfrute pleno de los derechos humanos y erradicar la discriminación; como el Convenio Internacional del Trabajo No. 100 Relativo a la Igualdad de Remuneración entre la mano de obra Masculina y la mano de obra Femenina por un Trabajo de Igual Valor, , Convenio sobre la Discriminación Empleo y Ocupación, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos que los Estados parte son obligados a Garantizar cada una de las normas suscritas por ellos y que desde el artículo primero claramente protege el derecho a la igualdad entre cada ser humano acudiendo a su literalidad, Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Así también nuestro marco jurídico nacional en su Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil establece en su artículo 3 dispone que:

Las dependencias, entidades y demás organismos de seguridad social que presten los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, además de cumplir con sus leyes específicas y régimen interno, las cuales tendrán preeminencia, deberán observar lo dispuesto en esta Ley. Los derechos laborales colectivos o individuales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para las hijas e hijos de trabajadores y trabajadoras en materia de guarderías y prestaciones sociales reconocidos por sus leyes reglamentarias en materia de seguridad social tienen preeminencia en esta Ley y serán respetados en la misma.

La perspectiva de género permite conocer y explicar las causas que producen asimetrías y desigualdades entre mujeres y hombres, y formular medidasque contribuyan a superar las brechas, las desigualdades de género.

Por lo que es necesario hacer clara la distinción de género en la norma constitucional para las prestaciones de seguridad social pues la redacción actual en materia de maternidad no incluye de manera literal al servicio de guarderías infantiles a los hombres.

Con fundamento en la obligación a la que nos constriñe la Declaración sobre los Derechos del Niño, en su preámbulo y considerandos, el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento.

El interés superior del niño de acuerdo con la Declaración sobre los derechos de niño debe ser garantizado por los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos. Y que con fundamento en el primer principio el niño debe gozar sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia, los derechos que de nuestra Constitución así como de los tratados internacionales emanan.

En México de acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística y el Consejo Nacional de Población, 21 millones de padres viven con sus hijos; 20 millones viven en pareja y con sus hijos, 259 mil están separados o divorciados, mientras 42 mil son papás solteros y 495 mil son viudos.

La división sexual del trabajo que organiza el orden de género separa el trabajo productivo del reproductivo de manera paradigmática y determina el lugar de las mujeres y de los hombres en la economía.

Con esta reforma se podrá garantiza la igualdad para los hombres padres de familia, asegurando dos ámbitos importantes de toda sociedad como los son el bien jurídico tutelado del menor así como el sector labor de los hombres.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Soberanía el siguiente:

DECRETO

Único.- Se reforma el inciso c) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil…

El Congreso…

A).- Entre los obreros..

I. a ala XXI….

B).- Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

I. a la VIII….

XI (sic 05-12-1960)…

X….

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas y de ayudas para la lactancia.

Se proporcionará el servicio de guarderías infantiles durante las horas de la jornada laboral para madres y padres trabajadores.

d). al f)….

XII. a la XIV…

(…)

Senado de la República, el 18 de septiembre de 2015.

Suscribe

Sen. Sonia Rocha Acosta.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 85, 86 Y 86 TER DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

(Presentada por las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI)

Las suscritas Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164, 169, 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 85; UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 86; Y UNA NUEVA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 86 TER, DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestra vida diaria realizamos un sin número de actos jurídicos, la mayoría de ellos tienen que ver con la adquisición de bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades primarias y secundarias, a esto se le llama consumo y es la etapa final del proceso económico que constituye una actividad de tipo circular en tanto que el ser humano produce para poder consumir y a su vez el consumo genera producción.1

La importancia de las relaciones que se derivan del consumo generó la necesidad de que el Estado Mexicano implementará mecanismos de tutela y protección al consumo y a las personas físicas o morales que adquieran, realicen o disfruten productos o servicios, así como aquellas que adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios integrados en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros.

Por ello, al integrar en 1917 los distintos principios protectores a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se integró en el tercer párrafo del artículo 28, el derecho de protección a los intereses del consumidor, cuyo objeto es contrarrestar las asimetrías que puedan presentarse entre las partes de una relación de consumo, y proporciona a aquél los medios y la protección legal necesarios para propiciar su organización y procurar el mejor cuidado de sus intereses ante posibles situaciones desventajosas.

Por ello, desde la expedición de la Ley Federal de Protección al Consumidor publicada en el Diario Oficial de la Federación del 22 de diciembre de 1975, que fue abrogada por la Ley que nos rige actualmente y que fue publicada el 24 de diciembre de 1992, se recogieron preceptos de la legislación civil y mercantil, para replantearlos en aras de brindar protección a la vida, a la salud y a la seguridad del consumidor; la divulgación de información sobre el consumo adecuado; la efectiva prevención y reparación de los daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos; la protección jurídica efectiva y accesible de los derechos del consumidor; y, la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, de métodos comerciales desleales y prácticas y cláusulas abusivas.

Los efectos jurídicos de esta protección contenida en las normas que integran la Ley Federal de Protección al Consumidor, implica que las mismas son de orden público e interés social, por lo que son irrenunciables y contra su observancia no pueden alegarse costumbres, usos, prácticas o estipulaciones en contrario, esto significa que sus disposiciones constituyen excepciones a las reglas generales establecidas en la legislación civil y mercantil, orientadas por los principios tendientes a proteger al consumidor, por lo que deben interpretarse de forma restrictiva y sólo deben ser aplicables a las relaciones jurídicas sustentadas en una relación de consumo.2

Las relaciones de consumo entorno a la adquisición de productos o la prestación de servicios entre consumidores y proveedores generan diversos tipos de consecuencias, muchas de estas se contienen en los denominados “contratos de adhesión” que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, lo define como “el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato”.

Los términos y condiciones que se contienen en las cláusulas de este tipo de contratos son establecidas previa y unilateralmente por el proveedor de bienes o servicios sin que la contraparte consumidora tenga oportunidad de discutir su contenido, esta situación puede derivar en que las cláusulas del mismo puedan establecer prestaciones desproporcionadas, abusivas o violatorias de la ley y en perjuicio del consumidor.

Para evitar esta desproporción de obligaciones que se pueden derivar de los contratos de adhesión, la Ley Federal de Protección al Consumidor contiene disposiciones que acotan los contratos de adhesión, pero se estima que resulta necesario incluir en estas disposiciones mecanismos que permitan una protección más amplia, sobre todo en lo concerniente a la prestación de servicios de manera periódica que sean pagados o cubiertos mediante el cargo directo a cuentas de crédito, débito delos consumidores y en cuanto al plazo para terminar o cancelar dichos servicios.

Ante esto, se propone modificar el artículo 85 de la mencionada Ley para incluir disposiciones que prohíban a los proveedores que en los contratos de adhesión de prestación periódica de servicios y cuyo cobro se haga con cargo directo a una cuenta de crédito, débito o similar del consumidor, establecer condiciones, plazos o prestaciones desproporcionadas, abusivas o violatorias de los principios protectores del Consumidor que dificulten o compliquen la cancelación o terminación del mencionado servicio.

Asimismo, se propone modificar el artículo 86 de la ley en comento, a efecto de que la Procuraduría Federal del Consumidor tenga la obligación de supervisar y verificar cada seis meses, que los proveedores que hayan registrado contratos de adhesión no apliquen variaciones o cambios a las cláusulas de dichos contratos en perjuicio de los consumidores.

Y por último, se propone modificar el artículo 86 Ter para que el Consumidor tenga derecho de cancelar o dar por terminada la prestación periódica de servicios cuyo cobro se haga con cargo directo a una cuenta de crédito, débito o similar del consumidor o mediante pago en efectivo, mediante escrito entregado al proveedor o prestador del servicio con treinta días naturales de anticipación, y que cualquier disposición que contemple plazos mayores, se tendrá por no puesta.

Estas medidas legislativas obligan a los proveedores a respetar los principios protectores del consumidor y a que se abstengan de incluir en los contratos de adhesión obligaciones desproporcionadas, abusivas o que causen perjuicio a sus derechos básicos como consumidor.

Un claro ejemplo de condiciones o plazos desproporcionados contenidos en los contratos de adhesión, son aquellos que empresas de esparcimiento, clubes o gimnasios imponen a sus clientes, socios o consumidores a condicionarlos a que el pago del servicio periódico lo realicen únicamente mediante cargo a cuenta cargo directo a una cuenta de crédito o débito del consumidor prohibiendo que el pago lo pueda realizar con dinero en efectivo.

De igual forma, muchos de los contratos de adhesión de este tipo de empresas o de prestadores de servicios le imponen al cliente o consumidor la condición para cancelar o dar por terminada la prestación del servicio, que sólo podrán hacerlo si notifican por escrito y este es entregado de forma fehaciente al Prestador del servicio con 45 días naturales de anticipación y que esta terminación surtirá efecto al término del periodo pagado.

Esta condición resulta desproporcionada, toda vez que se entiende que si por cualquier situación el aviso de terminación o cancelación no es recibido por el prestador del servicio con 45 días naturales de anticipación no se podrá realizar la misma y el cargo a la cuenta de crédito o débito del consumidor se seguirá realizando, situación que causa perjuicio a los consumidores.

A continuación se mencionan de manera breve los rubros y números de contrato de adhesión registrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

EMPRESAS REGISTRADAS CON CONTRATO DE ADHESIÓN:

Rubro

Número

AUTOMOTRIZ

21

CRÉDITO AL CONSUMO Y AUTOFINANCIAMIENTOS

188

ENERGÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

15

SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES, DEPORTIVOS Y/O CREATIVOS

3

SERVICIOS DE SALUD Y CUIDADO PERSONAL

1

SERVICIOS DE TRANSPORTE Y PAQUETERÍA

22

SERVICIOS EDUCATIVOS

1

SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE CONSTRUCCIÓN

485

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

6

SERVICIOS TURÍSTICOS

122

TELECOMUNICACIONES

30

TIENDAS DEPARTAMENTALES, DE AUTOSERVICIO Y ESPECIALIZADAS

109

(fuente PROFECOhttp://www.profeco.gob.mx/Servicios/RCAL.asp)

De igual forma, a continuación se mencionan algunas de las empresas que prestan servicios a través de contratos de adhesión que más presentan quejas ante PROFECO:

Empresa

Número de quejas

CFE

20279

NEXTEL

3263

TELCEL

2938

TELMEX

1992

MOVISTAR

1262

MEGACABLE

1164 (por diversos servicios)

DISH

1063

WALMART

1053

COPPEL

993

ELEKTRA

866 (por diversos servicios)

SKY

715 (por diversos servicios)

GAS NATURAL

564 (diversas filiales)

CABLEVISIÓN

450

AEROMÉXICO

436

VIVA AEROBUS

365

COMERCIALIZARORA TRAVEL ADVISORY

263

AUTO FINANCIAMIENTO MÉXICO

202

(Fuente PROFECO http://burocomercial.profeco.gob.mx/BC/faces/quejas.jsp)

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 85; UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 86; Y UNA NUEVA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 86 TER, DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Capítulo X

De los contratos de adhesión

ARTÍCULO 85.- Para los efectos de esta ley, se entiende por contrato de adhesión el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. Todo contrato de adhesión celebrado en territorio nacional, para su validez, deberá estar escrito en idioma español y sus caracteres tendrán que ser legibles a simple vista y en un tamaño y tipo de letra uniforme. Además, no podrá implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o cualquier otra cláusula o texto que viole las disposiciones de esta ley.

Para el caso de que los contratos de adhesión establezcan la prestación de servicios de manera periódica y su cobro se haga con cargo directo a una cuenta de crédito, débito o similar del consumidor, queda prohibido a los proveedores incluir en los citados contratos, cualquier tipo de condiciones, plazos o prestaciones desproporcionadas, abusivas o violatorias de los principios protectores del Consumidor previstos en la presente ley, que dificulten o compliquen la cancelación o terminación del mencionado servicio.

ARTÍCULO 86.- La Secretaría, mediante normas oficiales mexicanas podrá sujetar contratos de adhesión a registro previo ante la Procuraduría cuando impliquen o puedan implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o altas probabilidades de incumplimiento.

La Procuraduría deberá supervisar y verificar cada seis meses, que los proveedores que hayan registrado contratos de adhesión no apliquen variaciones o cambios a las cláusulas de dichos contratos en perjuicio de los consumidores.

ARTÍCULO 86 TER.- En los contratos de adhesión de prestación de servicios, el consumidor gozará de las siguientes prerrogativas:

I. Adquirir o no la prestación de servicios adicionales, especiales o conexos al servicio básico;

II. Contratar la prestación de los servicios adicionales, especiales o conexos con el proveedor que elija;

III. Dar por terminada la prestación de los servicios adicionales, especiales o conexos al servicio básico en el momento que lo manifieste de manera expresa al proveedor, sin que ello implique que proceda la suspensión o la cancelación de la prestación del servicio básico. El consumidor sólo podrá hacer uso de esta prerrogativa si se encontrare al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales y se hubiese vencido el plazo mínimo pactado;

IV. A cancelar o dar por terminada la prestación periódica de servicios cuyo cobro se haga con cargo directo a una cuenta de crédito, débito o similar del consumidor o mediante pago en efectivo, mediante escrito entregado al proveedor o prestador del servicio con treinta días naturales de anticipación, cualquier disposición que contemple plazos mayores, se tendrá por no puesta, y

V. Las demás prerrogativas que señalen ésta y otras leyes o reglamentos.

El consumidor gozará de las anteriores prerrogativas aun cuando no hubieren sido incluidas de manera expresa en el clausulado del contrato de adhesión de que se trate.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 18 de septiembre de 2015.

Suscriben

Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Blanca Alcalá Ruiz.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.

1 Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia de la Lengua Española, versión electrónica, consultada el 13 de septiembre de 2015 a las 17:00 horas en el siguiente enlace: http://lema.rae.es/drae/?val=consumo

2 Tesis Aislada 1a. CIII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. RÉGIMEN JURÍDICO SINGULAR QUE REGULA A LA LEY FEDERAL RELATIVA, Décima Época; Registro: 2008650; publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II; Materia Constitucional, Administrativa, Página: 1109, consultada en la página electrónica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 14 de septiembre de 2015, a las 11:49 horas, se puede consultar la citada tesis en el siguiente enlace: http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=
1000000000000&Expresion=protecci%25C3%25B3n%2520al%2520consumo&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&
Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=65&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2008650&Hit=4&IDs=
2009928,2008646,2008648,2008650,2008391,2008053,2005808,2005814,2004691,2004751,2004498,2004200,
2004201,2003710,2002473,2002127,2002128,2001332,2001421,160430&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL APARTADO A Y EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XI DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El que suscribe, Benjamín Robles Montoya, Senador de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reformala fracción V, del Apartado A y el inciso c) de la fracción XI, del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

En un Estado como el Mexicano, donde constitucionalmente el derecho fundamental a la igualdad se reconoce como un principio, es imperante que se generen acciones positivas a favor de quienes están en condición o situación de vulnerabilidad, es decir, a favor de aquellos sujetos que requieren una especial protección como lo son la niñez, las personas de la tercera edad y las mujeres en estado de gestación, entre otros.

Nuestra constitución brinda especial protección a la niñez y a las mujeres durante el embarazo y después del parto.

Bajo esta premisa, la licencia de maternidad además de ser una prestación económica, permite a la madre disfrutar de un descanso remunerado a fin de tener una recuperación adecuada tanto en el aspecto físico como en el aspecto emocional, además de que les permite a las madres brindar cuidados óptimos al recién nacido, con lo cual se garantiza la protección de los derechos fundamentales de la niñez a la protección de su integridad, a una alimentación adecuada y a la salud.

La buena salud de las niñas, niños y adolescentes depende en gran manera de hechos y condiciones que anteceden al nacimiento de una persona, es decir, el desarrollo infantil comienza desde el embarazo y es por ello que debemos generar las herramientas necesarias que permitan el desarrollo armónico del ser humano, poniendo especial énfasis en la atención de la primera infancia; por cierto, grupo etario más pobre, en él se gasta poco e inequitativamente.

Por otro lado, el derecho al reconocimiento y pago del descanso por maternidad o licencia de maternidad, está consagrado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, donde se dispone que toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a doce semanas de licencia remunerada con el salario que esté devengando al entrar a disfrutar del descanso.

Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo estableció en el Convenio 103 de 1952, prolongar mínimo la licencia de maternidad a 14 semanas, evidenciando un atraso de 58 años en nuestro país en esta materia. Según la OIT, en la actualidad 119 países dan cumplimiento a la licencia mínima de 12 semanas; de éstos, 62 otorgan licencias de una duración de 14 semanas o superior.

 

País

Duración de la licencia

Canadá

17-18 semanas

Chile

18 semanas

Cuba

18 semanas

Venezuela

18 semanas

Austria

16 semanas

Belarús

126 días

Bélgica

15 semanas

Bulgaria

120-180 días

Chipre

16 semanas

Dinamarca

18 semanas

España

16 semanas

Francia

16-26 semanas

Grecia

16 semanas

Hungría

24 semanas

Irlanda

14 semanas

Italia

5 meses

Luxemburgo

16 semanas

Noruega

18 semanas

Países Bajos

16 semanas

Polonia

16-18 semanas

Reino Unido

14-18 semanas

Rusia

140 días

Suecia

14 semanas

Ucrania

126 días

Fuente: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008946/lang--es/index.htm

Todo el esfuerzo y desarrollo realizado por la OIT debe tener repercusión en las normas que velan por la protección de la maternidad y sobre todo, de la primera infancia en México.

Resta comprobado que la mejor estrategia para disminuir la desnutrición, morbilidad y mortalidad infantil es la lactancia materna, ya que esta brinda grandes beneficios para las y los bebés, entre los que se encuentran los siguientes:

• Fortalece el sistema inmune.

• Asegura una buena nutrición.
• Favorece el vínculo afectivo madre-hijo.

• Reduce el riesgo de obesidad y diabetes.

• Estimula el desarrollo neurológico, psicomotriz y psicológico.

• Evita cólicos y estreñimiento.

• Fortalece el desarrollo maxilofacial

No obstante y a pesar de que el Estado Mexicano promueve la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad de las niñas y niños, también lo es que en los hechos no se generan condiciones adecuadas para garantizar que las mujeres puedan ejercer este derecho a plenitud, tan es así que no sólo empresas privadas carecen de lactarios u obligan a las madres trabajadoras a no tomar los descansos establecidos por ley, también pasa esto en instituciones de gobierno en todos los órdenes.

Es por esto que, ante la necesidad de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la maternidad y a la alimentación y salud de los neonatos, es que presento ante esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V, del Apartado A y el inciso c) de la fracción XI, del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de ampliar la licencia de maternidad de 12 a 16 semanas.

Dicho proyecto contempla también que en caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta dieciséis semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente; asimismo prevé que la mujer adoptante goce de estos mismos beneficios.

Es importante resaltar que de aprobarse esta iniciativa, estaremos garantizando un contexto oportuno para crear un vínculo fuerte y afectivo entre madre e hijo o hija y empoderaremos a las familias, con lo cual sin lugar a dudas influiremos en el adecuado desarrollo de las niñas y niños; porque estoy convencido de que no invertir en la primera infancia con el tiempo resulta más caro al Estado.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente me permito someter a este Congreso, la siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.Se reforma la fracción V, del Apartado A y el inciso c) de la fracción XI, del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.


A. …

I. a IV. …

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de cuatro semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y doce semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos;

VI. a XXXI. …

B.

I. a X.…

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

a)…

b)…

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros tres después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

d)… a f)…

XII. a XIV. …

TRANSITORIO.

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente,

Sen. Benjamín Robles Montoya.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES II, II BIS Y V DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El que suscribe, Benjamín Robles Montoya, Senador de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones II, II Bis y V del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

En un Estado como el Mexicano, donde constitucionalmente el derecho fundamental a la igualdad se reconoce como un principio, es imperante que se generen acciones positivas a favor de quienes están en condición o situación de vulnerabilidad, es decir, a favor de aquellos sujetos que requieren una especial protección como lo son la niñez, las personas de la tercera edad y las mujeres en estado de gestación, entre otros.

Nuestra constitución brinda especial protección a la niñez y a las mujeres durante el embarazo y después del parto.

Bajo esta premisa, la licencia de maternidad además de ser una prestación económica, permite a la madre disfrutar de un descanso remunerado a fin de tener una recuperación adecuada tanto en el aspecto físico como en el aspecto emocional, además de que les permite a las madres brindar cuidados óptimos al recién nacido, con lo cual se garantiza la protección de los derechos fundamentales de la niñez a la protección de su integridad, a una alimentación adecuada y a la salud.

La buena salud de las niñas, niños y adolescentes depende en gran manera de hechos y condiciones que anteceden al nacimiento de una persona, es decir, el desarrollo infantil comienza desde el embarazo y es por ello que debemos generar las herramientas necesarias que permitan el desarrollo armónico del ser humano, poniendo especial énfasis en la atención de la primera infancia; por cierto, grupo etario más pobre, en él se gasta poco e inequitativamente.

Por otro lado, el derecho al reconocimiento y pago del descanso por maternidad o licencia de maternidad, está consagrado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, donde se dispone que toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a doce semanas de licencia remunerada con el salario que esté devengando al entrar a disfrutar del descanso.

Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo estableció en el Convenio 103 de 1952, prolongar mínimo la licencia de maternidad a 14 semanas, evidenciando un atraso de 58 años en nuestro país en esta materia. Según la OIT, en la actualidad 119 países dan cumplimiento a la licencia mínima de 12 semanas; de éstos, 62 otorgan licencias de una duración de 14 semanas o superior.

País

Duración de la licencia

Canadá

17-18 semanas

Chile

18 semanas

Cuba

18 semanas

Venezuela

18 semanas

Austria

16 semanas

Belarús

126 días

Bélgica

15 semanas

Bulgaria

120-180 días

Chipre

16 semanas

Dinamarca

18 semanas

España

16 semanas

Francia

16-26 semanas

Grecia

16 semanas

Hungría

24 semanas

Irlanda

14 semanas

Italia

5 meses

Luxemburgo

16 semanas

Noruega

18 semanas

Países Bajos

16 semanas

Polonia

16-18 semanas

Reino Unido

14-18 semanas

Rusia

140 días

Suecia

14 semanas

Ucrania

126 días

Fuente: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008946/lang--es/index.htm

Todo el esfuerzo y desarrollo realizado por la OIT debe tener repercusión en las normas que velan por la protección de la maternidad y sobre todo, de la primera infancia en México.

Resta comprobado que la mejor estrategia para disminuir la desnutrición, morbilidad y mortalidad infantil es la lactancia materna, ya que esta brinda grandes beneficios para las y los bebés, entre los que se encuentran los siguientes:

• Fortalece el sistema inmune

• Asegura una buena nutrición

• Favorece el vínculo afectivo madre-hijo

• Reduce el riesgo de obesidad y diabetes

• Estimula el desarrollo neurológico, psicomotriz y psicológico

• Evita cólicos y estreñimiento

• Fortalece el desarrollo maxilofacial

No obstante y a pesar de que el Estado Mexicano promueve la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad de las niñas y niños, también lo es que en los hechos no se generan condiciones adecuadas para garantizar que las mujeres puedan ejercer este derecho a plenitud, tan es así que no sólo empresas privadas carecen de lactarios u obligan a las madres trabajadoras a no tomar los descansos establecidos por ley, también pasa esto en instituciones de gobierno en todos los órdenes.

Es por esto que, ante la necesidad de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la maternidad y a la alimentación y salud de los neonatos, es que presento ante esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones II, II Bis y V del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, con el objeto de ampliar la licencia de maternidad de 12 a 16 semanas.

Dicho proyecto contempla también que en caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta dieciséis semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente; asimismo prevé que la mujer adoptante goce de estos mismos beneficios.

Es importante resaltar que de aprobarse esta iniciativa, estaremos garantizando un contexto oportuno para crear un vínculo fuerte y afectivo entre madre e hijo o hija y empoderaremos a las familias, con lo cual sin lugar a dudas influiremos en el adecuado desarrollo de las niñas y niños; porque estoy convencido de que no invertir en la primera infancia con el tiempo resulta más caro al Estado.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente me permito someter a este Congreso, la siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones II, II Bis y V del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. …;

II. Disfrutarán de un descanso de cuatro semanas anteriores y doce posteriores al parto. A solicitud expresa de la trabajadora, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta dos de las cuatro semanas de descanso previas al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta dieciséis semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente.

...

II Bis. En caso de adopción de un infante disfrutarán de un descanso de doce semanas con goce de sueldo, posteriores al día en que lo reciban;

III.…;

IV.…;

V. Durante los períodos de descanso a que se refiere la fracción II y II Bis, percibirán su salario íntegro. En los casos de prórroga mencionados en la fracción III, tendrán derecho al cincuenta por ciento de su salario por un período no mayor de sesenta días;

VI.…; y

VII....

TRANSITORIO.

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY GENERAL DE DEUDA PÚBLICA, CON EL PROPÓSITO DE PONER UN LÍMITE MÁXIMO A LA DEUDA NETA TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El que suscribe, Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 8 fracción I; 164 párrafos 1 y 2; 169 párrafos 1 y 4; 172 párrafo 1, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, en este acto presento a esta Honorable Soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que REFORMA el artículo 9 de la Ley General de Deuda Pública con el propósito de poner un límite máximo a la deuda neta total del sector público.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La deuda neta total del sector público se encuentra integrada por la deuda interna y externa del gobierno federal, deuda de organismos y empresas públicas, de la banca de desarrollo, de fondos y fideicomisos diversos, del fideicomiso de apoyo para el rescate de autopistas concesionadas (FARAC), de pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), de los Proyectos de Inversión Diferidos en el Gasto (PIDIREGAS) y del programa de apoyo a deudores.

De acuerdo con informaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México, hasta julio de 2015, el monto de la deuda neta total del sector público asciende a 6 billones novecientos setenta y nueve mil millones de pesos.

En valores absolutos, la deuda ha crecido un 205% en los últimos doce años, ya que en el año 2000 ascendía a poco más de 2 billones de pesos. Visualizando la evolución de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), tenemos que en el año 2000 la deuda representaba el 30.7% del PIB y para el cierre de 2012 representó el 36.8% del PIB, un crecimiento de 6.1% en 12 años.

Sin embargo, el conjunto de políticas erróneas que ha implementado el actual Gobierno Federal, de acuerdo con información de la propia Secretaría de Hacienda señala que al cierre de 2013 el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) se ubicará en 39% y peor aún, para el cierre de 2014, el Saldo Histórico se ubicó en 46.9, y este año asciende a 47.8 del PIB. Lo anterior significa que en los tres años de gobierno, Enrique Peña Nieto creció la deuda neta total en casi 4 del PIB.

Es por demás evidente que la presenta administración pública no tiene certeza de qué camino debe seguirse para desarrollar al país sin comprometer la viabilidad de las finanzas públicas, veamos el porqué de nuestra afirmación: para el ejercicio 2013 los ingresos totales del gobierno federal fueron alrededor de 3 billones 601 mil 72 millones de pesos contra un total de gastos por 3 billones 927 mil 395.7 millones de pesos, es decir, se tuvo un balance económico negativo para 2013 de 326 mil 323.7 millones de pesos.

Para el ejercicio 2014, el balance económico negativo será fue peor ya que creció en más de 90% respecto de 2013, hasta ascende a 620 mil 415.1 millones de pesos.

La política de continuar endeudando al país nos esta llevando a un callejón sin salida que puede acabar frenando cualquier posibilidad de desarrollo, como ejemplo del daño que estas medidas seguirán causando a las finanzas públicas.

Para garantizar finanzas públicas más sanas es urgente poner limites a la política de financiar el desarrollo con mayores niveles de endeudamiento, ya que en los hechos reales este camino no ha contribuido a mejorar los niveles de vida de la población en México, los millones de mexicanos viviendo en pobreza y pobreza extrema son la muestra mas palpable de ello. Por ello, se vuelve necesario que se establezca con toda claridad cual es el límite máximo de endeudamiento que como porcentaje del Producto Interno Bruto puede ser contratado en un momento dado.

El actual gobierno ha señalado en la propuesta de paquete económico 2016 que para enfrentar los problemas coyunturales y para acelerar la consolidación de la agenda económica estructural, aplicará una política fiscal base cero. Sin embargo, nada garantiza que el Gobierno Federal efectivamente aplicará las medidas correctas que permita bajar el nivel de endeudamiento en relación con el PIB, la redacción actual de la Ley General de Deuda Pública y en lo particular su artículo noveno nunca consideran esta posibilidad, el artículo en cuestión textualmente señala:

“ARTICULO 9o.- El Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento directo neto interno y externo que sea necesario para el financiamiento del Gobierno Federal y de las entidades del sector público federal incluida en la ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como del Distrito Federal. El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión del estado de la deuda, al rendir la cuenta pública anual y al remitir el proyecto de ingresos, asimismo informará trimestralmente de los movimientos de la misma, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al vencimiento del trimestre respectivo. No se computarán dentro de dichos montos los movimientos referentes a propósitos de regulación monetaria.”

Considerando que para el ejercicio 2016 se anticipa un entorno internacional donde los Estados Unidos de Norteamérica forzosamente enfrentarán el dilema de aumentar su capacidad de endeudamiento y seguir aplicando recortes presupuestales, mientras que el gobierno mexicano planea financiarse principalmente en el mercado interno, privilegiando la emisión de instrumentos de mediano y largo plazo nominales e indizados a la inflación y con el propósito de amarrar a nuestro gobierno a evitar endeudamientos sin control al tiempo que se le da la holgura necesaria para que opere de acuerdo con sus actuales proyecciones económicas, la presente iniciativa de reforma considera necesario modificar el artículo noveno de la Ley General de Deuda Pública, agregando al final del artículo actual la consideración de que:

El monto de la deuda neta total del sector público nunca deberá ser superior al 40% del Producto Interno Bruto de la Nación.”

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 9 DE LA LEY GENERAL DE DEUDA PÚBLICA CON EL PROPÓSITO DE PONER UN LIMITE MAXIMO A LA DEUDA NETA TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO.

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 9 de la Ley General de Deuda Pública con el propósito de poner un límite máximo a la deuda neta total del sector público para quedar como sigue:

ARTICULO 9o.- El Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento directo neto interno y externo que sea necesario para el financiamiento del Gobierno Federal y de las entidades del sector público federal incluida en la ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como del Distrito Federal. El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión del estado de la deuda, al rendir la cuenta pública anual y al remitir el proyecto de ingresos, asimismo informará trimestralmente de los movimientos de la misma, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al vencimiento del trimestre respectivo. No se computarán dentro de dichos montos los movimientos referentes a propósitos de regulación monetaria. El monto de la deuda neta total del sector público nunca deberá ser superior al 40% del Producto Interno Bruto de la Nación.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones, el 18 de septiembre de 2015.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 226 Y 230 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El suscrito, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8 fracción I, 164 párrafos 1 y 2; 169 y 172 párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 226 Y 230 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los principios torales plasmados en nuestra Constitución, es sin duda el principio de irretroactividad de la ley consagrado en su artículo 14.

Se trata de una de las más importantes disposiciones que configuran la garantía de seguridad jurídica del gobernado en cualquier sistema democrático de derecho.

Según Miguel Carbonell y Eduardo Ferrer McGregor, “el principio de irretroactividad es uno de los más clásicos de todos los ordenamientos jurídicos modernos”1 y tiene como primer antecedente la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, que en su artículo VIII establecía: La ley no debe imponer otras penas que aquéllas que son estricta y evidentemente necesarias; y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley promulgada con anterioridad a la ofensa y legalmente aplicada”.

Actualmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en el numeral 2 de su artículo 11:“Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito”.

En el mismo sentido se expresa la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 9, denominado Principio de Legalidad y de Retroactividad, que a la letra establece: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”.

La irretroactividad de la ley se explica por la necesidad de evitar una aplicación abusiva del derecho penal, otorgando al gobernado la certeza jurídica de que jamás podrá ser sancionado por una conducta que al momento de ser cometida no era considerada como delito por la ley, aun cuando en un momento posterior sí lo sea.

Ahora bien, es de explorado derecho que la interpretación a contrario sensu del primer párrafo del artículo 14 constitucional, deriva en una excepción a la prohibición de aplicar retroactivamente la ley siempre y cuando sea en beneficio de la persona.
En ese mismo sentido se inclina de manera expresa el citado artículo 9 de la Convención Americana, en su última parte: “Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”.

La posibilidad de aplicar retroactivamente una ley en beneficio de la persona permite hacer efectiva una norma posterior a la comisión de la conducta que le resulte más favorable, ya sea porque dicha conducta dejó de ser considerada ilícita, o bien porque disminuyó su punibilidad en razón de ser considerada menos dañina.

Si bien el principio de irretroactividad y su interpretación a contrario sensu no son exclusivamente aplicables a la materia penal, es probablemente en ésta en la que encuentran su mayor relevancia o impacto.

Refiriéndonos precisamente a la materia penal, la retroactividad en beneficio de la persona es únicamente aplicable a la parte sustantiva, no así a la adjetiva, toda vez que si fuera así se violentaría la propia seguridad jurídica de las partes en litigio al hacerse viable que cada una de las actuaciones perdiera eficacia jurídica o incluso valor probatorio en cualquier momento, por virtud de una reforma legal que establezca nuevos criterios.

En ese sentido se expresa la siguiente jurisprudencia:

RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL EN BENEFICIO DEL REO. NO OPERA EN MATERIA ADJETIVA O PROCEDIMENTAL. Aun cuando es exacto que el principio de la irretroactividad recogido en el párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Federal tiene como excepción en materia penal aquellos casos en que la nueva ley es más benigna para el reo, lo que ha sido reconocido en forma unánime por la jurisprudencia, la doctrina y el derecho positivo; también lo es que tales hipótesis excepcionales, sin duda alguna, se refieren al aspecto sustantivo del delito y de la pena, mas no al adjetivo o procedimental, pues es de explorado derecho que el proceso se rige por la ley vigente en el momento en que cada diligencia se desarrolla, por lo que sería absurdo y contrario al principio de seguridad jurídica, pretender que las actuaciones realizadas con anterioridad a la vigencia de la nueva ley carezcan de todo valor probatorio por no ajustarse a los nuevos criterios adoptados por el legislador para su práctica, ya que de ser así los órganos jurisdiccionales no tendrían ningún soporte jurídico para establecer en sus sentencias que las autoridades investigadoras debieron observar en la práctica de aquellas diligencias requisitos que no existían en el momento en que se efectuaron.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

Amparo en revisión 19/91. Angelina Díaz Martínez y otra. 23 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Xavier Ríos Vergara. Secretaria: Gabriela Maldonado Ezquivel.

Amparo directo 82/91. Adolfo Gutiérrez Rincón. 13 de septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio Sánchez Cárdenas. Secretaria: Arely Elizabeth Cantú Salinas.

Amparo en revisión 71/91. Braulio González Perales. 23 de octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio Sánchez Cárdenas. Secretario: Enrique Morán Piña.

Amparo directo 131/92. Elvia Gutiérrez Martínez. 3 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Alberto Arias Murueta. Secretaria: Gabriela Maldonado Ezquivel.

Amparo directo 221/91. Lino Vanoye Sánchez y otro. 2 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Alberto Arias Murueta. Secretario: Alejandro García Gómez.

Semanario Judicial de la Federación. Octava Época. Tomo XII. Agosto de 1993. Página 263.

Ahora bien, la Ley de Amparo en vigor establece en el último párrafo de su artículo 226 que la resolución que decida una contradicción de tesis no afectará las situaciones jurídicas concretas de los juicios cuyas sentencias hayan dado origen a dicha contradicción.
Eso significa que cuando se confrontan criterios opuestos contenidos en resoluciones dictadas en dos juicios, el criterio que prevalezca no podrá ser aplicado en el caso resuelto bajo el criterio perdedor.

Dicho de otra manera, el criterio desechado continuará firme en el asunto que le dio origen, mientras que en cualquier otro asunto será aplicable el criterio opuesto.

Esta no es en realidad una disposición nueva o reciente; la Ley de Amparo que quedó abrogada en 2013 establecía en su artículo 197, específicamente en su segundo párrafo, que en las contradicciones de tesis sustentadas por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la resolución del Pleno no afectaría las situaciones jurídicas concretas de los juicios cuyas sentencias hayan dado origen a dicha contradicción. Es prácticamente el mismo texto íntegro del último párrafo del artículo 226 en la ley vigente.

Esa misma regulación era contemplada en el artículo 197-A, para el caso de contradicciones de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito.

Por supuesto no era el caso de la jurisprudencia por sustitución, toda vez que ésta figura no estaba contemplada en dicha ley, sino que fue introducida apenas en la vigente.

La dinámica consistente en dejar subsistente en un caso particular, un criterio que ha sido desechado en virtud de un criterio opuesto, puede resultar especialmente injusta en materias como la penal y la agraria, en las que la ley debe imponer una regulación minuciosa por virtud de los bienes jurídicos que tutelan.

En la práctica cotidiana, en el litigio del amparo, se ha suscitado el caso de que un sentenciado en cuya resolución se establecieron criterios que fueron desechados en una contradicción de tesis, no puede verse beneficiado por los criterios prevalecientes porque la ley lo impide expresamente, situación que evidentemente rompe con el principio de retroactividad en beneficio de la persona, que en materia penal es prácticamente obligatorio.

Tal situación resulta injusta y constituye una aplicación diferenciada de la ley, pues implica que el criterio prevaleciente podrá beneficiar a todas las personas, excepto a aquél o aquella cuya resolución fue superada en contradicción de tesis.

Es por ello que la presente iniciativa plantea que se elimine ese candado, permitiendo así que las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios cuyas sentencias hayan dado origen a la contradicción de tesis, puedan verse afectadas por la resolución de dicha contradicción siempre y cuando no se genere un perjuicio para alguna persona.

Es decir, el criterio que prevalezca en una contradicción de tesis podrá ser aplicado retroactivamente en beneficio de la persona cuya resolución fue superada, siempre y cuando tal aplicación retroactiva no genere un perjuicio al tercero perjudicado.

Esta misma previsión sería aplicable también a los casos de jurisprudencia por sustitución.

Es necesario aclarar que la aplicación retroactiva en los casos de contradicción de tesis y jurisprudencia por sustitución que propone la presente iniciativa, no constituiría una retroactividad de carácter adjetivo, pues evidentemente no trastoca las actuaciones del procedimiento, sino que únicamente hace aplicable un criterio interpretativo de la ley en beneficio de una persona, dándole fin a un criterio diverso que queda desechado.

Igualmente es necesario subrayar que dicha propuesta se plantea únicamente para las materias penal y agraria, en virtud de la relevancia de los bienes jurídicos tutelados por ambas materias, condición que les ha valido una especial regulación en la propia ley de amparo que establece para ellas medidas de carácter prioritario.
Así también es indispensable subrayar que la retroactividad en la contradicción de tesis y jurisprudencia por sustitución, únicamente procederá si no se genera un perjuicio para otra persona. Por ejemplo, si la aplicación retroactiva del criterio ganador de la contradicción de tesis es en beneficio del quejoso cuya resolución fue superada, pero genera un perjuicio para el tercero perjudicado, entonces no podrá aplicarse el criterio ganador.

De esa manera se salvaguarda la congruencia del principio consagrado en el artículo 14 constitucional, impidiendo eficazmente que una norma pueda ser aplicada retroactivamente en perjuicio de persona alguna y por otro lado posibilitando que una persona sentenciada bajo un criterio superado, pueda beneficiarse de un criterio más favorable.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se reforman el último párrafo del artículo 226 y el último párrafo del artículo 230, ambos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 226. …

I. a III. …

...

La resolución que decida la contradicción de tesis no afectará las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales se hayan dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias, salvo en las materias penal y agraria, siempre que no se genere un perjuicio para el quejoso o el tercero perjudicado.

Artículo 230. …

I. a III. …

Cuando se resuelva sustituir la jurisprudencia, dicha resolución no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los que se hayan dictado las sentencias que la integraron, ni la que se resolvió en el caso concreto que haya motivado la solicitud, salvo en las materias penal y agraria, siempre que no se genere un perjuicio para el quejoso o el tercero perjudicado. Esta resolución se publicará y distribuirá en los términos establecidos en esta Ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las disposiciones contenidas en el presente decreto podrán hacerse valer por vía incidental en los juicios penales y agrarios cuyas resoluciones hayan dado origen a contradicción de tesis o jurisprudencia por contradicción, con anterioridad a su entrada en vigor.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de septiembre de 2015.

Sen. Benjamín Robles Montoya.

1 México a través de sus Constituciones, Grupo Ed. Miguel Ángel Porrúa, México, 2006, pág. 506.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 20 Y 21 Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA

(Presentada por el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD)

El suscrito, Zoé A. Robledo Aburto, Senador por Chiapas de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 20 Y 21 Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos años el Mundo ha cambiado vertiginosamente, México no ha sido la excepción, las transformaciones económicas, políticas y sociales han trastocado cualquier noción de orden; se han consolidado y separado naciones, muros han caído y otros se han levantado en su lugar; sin embargo, seguimos midiendo nuestro bienestar con indicadores creados para otros contextos, otros siglos, otras realidades e incluso otros propósitos. Basta recordar que la idea del Producto Interno Bruto, el indicador por excelencia, nació en el Departamento de Comercio estadounidense en la década de 1930, como una medida de cálculo que permitiera evaluar la recuperación económica tras la Gran Depresión. Los economistas han advertido desde entonces, que el PIB es una herramienta especializada que únicamente mide el valor de la suma total de bienes y servicios económicos generados durante un período de doce meses. No obstante, en los últimos 80 años el crecimiento económico medido por el PIB se ha convertido en la condición sine qua non para medir el progreso, el desarrollo y el bienestar.

El PIB per cápita se utiliza con frecuencia para comparar la calidad de vida en diferentes países. Los gobiernos utilizan los cambios en el PIB como indicador del éxito o fracaso de las políticas económicas y fiscales. En México, como en el resto de los países, el PIB es una de las estadísticas económicas más amplia y estrechamente vigiladas, es utilizada para preparar el presupuesto y para formularla política monetaria; los inversionistas la usan como un indicador de la actividad económica; y la comunidad empresarial para prepararlas previsiones de los resultados económicos que proporcionan la base para la producción, la inversión y la planificación del empleo. En el plano internacional, los cambios en el PIB de un país se utilizan tanto por el FMI y el Banco Mundial como por Fondos soberanos para orientar las políticas y determinar cómo y qué proyectos financiar o invertir.

Ahora bien, como señalará Simon Kuznets, el arquitecto del PIB, en su primer informe remitido al Congreso estadounidense en 1934: “el bienestar de una nación apenas puede inferirse a partir de la medida de los ingresos nacionales”1. Treinta años después, el mismo Kuznets se refirió a la cuestión de las limitaciones inherentes al concepto del PIB con más fuerza todavía, argumentando que: “es necesario tener en mente varias distinciones entre la cantidad y la calidad del crecimiento. Los objetivos que marquen un mayor crecimiento deberían especificar un crecimiento en términos de qué y para qué”2. En Bután, un pequeño país rural en el centro de Asia, crearon el Indicador de la Felicidad Interna Bruta ante la histórica apertura de su sociedad y su economía. Con inspiración budista busca promover el bienestar humano antes que el incremento material sobre la base de derechos y parámetros sociales. Mientras que los modelos económicos convencionales, como el PIB, observan el crecimiento económico como objetivo principal, el concepto de Felicidad Interna Bruta se basa en la premisa que el verdadero desarrollo de la sociedad se encuentra en la complementación y refuerzo mutuo del desarrollo material y espiritual.

El gobierno de Francia, asumiendo este debate, solicitó a los Premios Nobel Joseph Stiglitz y Amartya Sen, así como al Presidente del Observatorio Francés de Coyuntura Económica Jean Paul Fitoussi que elaboraran una investigación al respecto, misma que fue dada a conocer en el año 2009. En el informe de la ahora llamada Comisión Stiglitz se concluye que si bien el Producto Interno Bruto es el mejor agregado macroeconómico para medir el nivel de actividad de las naciones, resulta a todas luces insuficiente, o incluso inadecuado, como indicador de bienestar bajo la modalidad de PIB per cápita o valor agregado por habitante; surgiendo así la medición del bienestar subjetivo y suscitando con ello el creciente consenso internacional a su alrededor.

Es fácil entender el porqué de este consenso si consideramos el reciente derrame de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora. Según lo declarado por Juan José Guerra Abud, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la dependencia determinó que la minera tendrá que resarcir los daños ambientales que, calcula, tendrán un costo de cientos o miles de millones de pesos. Esta estimación que considera los daños ambientales y el proceso de resarcimiento incrementará el PIB desde el momento mismo de iniciados los procedimientos de mitigación del derrame. Cientos o miles de millones de pesos que en el papel aumentarán el PIB per cápita nominal de los sonorenses pero que no mejorarán su calidad de vida, ni su bienestar. Tanto México como sus estados estamos atrapados en la falsa premisa de atraer recursos como medida de gestiones exitosas, buscar derrama económica por inversión en infraestructura o por inversión extranjera directa en proyectos de largo plazo parecen no sólo la mejor opción sino la única para determinar el progreso de gobiernos y administraciones completas. Siendo de Chiapas, un Estado que ha recibido enormes sumas de inversión en megaproyectos no puedo estar ajeno a esta paradoja: Grandes inversiones vienen aparejadas con grandes costos si no existe un qué y un para qué.

Definir el funcionamiento de un gobierno en términos de competitividad tiene sentido para los inversionistas, mas no tanto para los ciudadanos, para ellos el Estado ha de brindarles servicios públicos, un marco legal y jurídico que se respete así como la seguridad necesaria para que su vida no se vea comprometida y pueda desarrollar todo su potencial. La idea de la competencia entre Estados permeó mucho más que la de cooperación, con los costos trasladados al ciudadano de a píe que ve reducidas sus posibilidades de tener una vida plena y significativa. La traducción de este argumento a la realidad económica pasa por la reticencia a elevar el salario mínimo por considerar que se disminuiría de facto la competitividad del país. Quienes argumentan esto, deberían detenerse a pensar qué sucede con el tejido social creado a partir de individuos enfocados únicamente en maximizar su consumo; pero que se ven limitados de acceder a él de forma legal, honesta y acorde con sus expectativas.

Los esfuerzos en nuestro país para encontrar nuevos indicadores para estas nuevas realidades surgen como parte de los compromisos que se desprendieron de la Conferencia Latinoamericana para la Medición del Bienestar y la Promoción del Progreso de las Sociedades, realizada en México del 11 al 13 de mayo de 2011.El INEGI decidió emprender una primera exploración de medición del Bienestar Subjetivo, sus dominios, sus condicionantes y su contexto; mediante el diseño de un módulo de preguntas que acompañaría el levantamiento de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares. A dicho módulo se le denominó BIARE: Bienestar Autorreportado. De este primer acercamiento es que abreva la presente iniciativa, ante la capacidad probada del Instituto de generar indicadores centrados en los individuos en contacto con su contexto, con la finalidad de brindar a los gobernantes nuevas formas de medir el éxito de sus políticas en términos de bienestar subjetivo.
La presente reforma busca adicionar al artículo 20 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica un Índice de Bienestar Subjetivo con la finalidad de volver periódico, obligatorio y sujeto de financiamiento en las partidas presupuestales asignadas el ejercicio BIARE que ya realizara el INEGI en 2012; con las particularidades de ser desagregado municipalmente y con mayores alcances de carácter ambiental. Asimismo, se adiciona al artículo 21 de la misma ley a los migrantes y a los desplazados como una categoría independiente de las dinámicas de población por considerarlos un grupo que en materia de bienestar subjetivo no encaja dentro de la metodología actual.

El nuevo Índice de Bienestar Subjetivo debe estar cimentado en los cuatro pilares de la Felicidad Interna Bruta, que son: la promoción del desarrollo socioeconómico sostenible e igualitario, la preservación y promoción de valores culturales, la conservación del medio ambiente y el establecimiento de un buen gobierno; así como en las conclusiones de la Comisión Stiglitz, sobre todo las relativas al bienestar como una definición multidimensional. Entendiendo que valores subjetivos como el bienestar no pueden ser medidos directamente, pero sí los factores que lo alteran, éste ha de contar con al menos las siguientes funciones: Nivel de vida material considerado por ingreso, consumo y riqueza; Salud; Educación presente y futura; Actividades personales como trabajo y ocio; Participación Política; Conexiones y relaciones sociales; Condiciones medioambientales existentes y esperadas; en seguridad tanto económica como física.

Se trata de un indicador multidimensional de capacidades que aborda al individuo en términos de lo que es capaz de ser y hacer. Como lo señala Amartya Sen:

El enfoque se basa en una visión de la vida en tanto combinación de varios "quehaceres y seres", en los que la calidad de vida debe evaluarse en términos de la capacidad para lograr funcionamientos valiosos. Algunos funcionamientos son muy elementales como estar nutrido adecuadamente, tener buena salud, etc., y a todos estos podemos darles evaluaciones altas, por razones obvias. Otros pueden ser más complejos, pero seguir siendo ampliamente apreciados como para alcanzar la autodignidad o integrarse socialmente. Sin embargo, los individuos pueden diferir mucho entre sí en la ponderación que le dan a estos funcionamientos –por muy valiosos que puedan ser– y la valoración de las ventajas individuales y sociales debe tener en cuenta estas variaciones3.

Si las funcionalidades alcanzadas constituyen el bienestar de una persona, las capacidades representan las oportunidades reales para el bienestar y la libertad de tener alternativas en el tipo de vida que se elige. Con esta iniciativa las políticas públicas, programas de gobierno y proyectos de desarrollo tendrán una poderosa herramienta en la cual apoyar su concepción, desarrollo, implementación y evaluación. Se dará un paso adelante en la ejecución responsable de los recursos públicos, se avanzará en una concepción integral de la función del gobierno frente a sus gobernados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEMODIFICAN LOS ARTÍCULOS 20 Y 21 Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 78 DE LALEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan y modifican los artículos 20 y 21 y la fracción I del artículo 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica para quedar como sigue:

ARTÍCULO 20.- El Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, contará con una infraestructura de información que contenga como mínimo, un marco geoestadístico, un inventario nacional de viviendas y un Índice de Bienestar Subjetivo.

ARTÍCULO 21.- El Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social deberá generar un conjunto de indicadores clave, que atenderán como mínimo los temas siguientes: población y dinámica demográfica, salud, educación, empleo, distribución de ingreso y pobreza, migrantes, desplazados, seguridad pública e impartición de justicia, gobierno y vivienda.

Además dentro de este Subsistema se deberá generar un Índice de Bienestar Subjetivo, que se componga de indicadores que tengan como mínimo los siguientes: bienestar psicológico, salud, uso del tiempo, vitalidad, educación, cultura, percepción de políticas de Gobierno, nivel de vida y vida laboral, entre otros.

ARTÍCULO 78.-

I. trate de los siguientes temas, grupos de datos o indicadores: población y dinámica demográfica; salud; educación; empleo; distribución de ingreso y pobreza; seguridad pública e impartición de justicia; gobierno; vivienda; sistema de cuentas nacionales; información financiera; precios; trabajo; ciencia y tecnología; atmósfera; biodiversidad; agua; suelo; flora; fauna; residuos peligrosos y residuos sólidos; marco de referencia geodésico; límites costeros, internacionales, estatales y municipales; datos de relieve continental, insular y submarino; datos catastrales, topográficos, de recursos naturales y clima, nombres geográficos, índice de bienestar subjetivo en los términos del artículo 21o bien se trate de temas que sean aprobados por unanimidad por el Consejo Consultivo Nacional, incluyendo aquéllos que deban conocer los Subsistemas a que se refiere el último párrafo del artículo 17 de este ordenamiento;

II. a la IV. …

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

TERCERO.- Se deberá modificar las disposiciones reglamentarias aplicables conforme al presente Decreto en un término no mayor a 120 días hábiles.

CUARTO.- En el proyecto de Presupuesto se deberá asignar los recursos necesarios para el ejercicio de las nuevas facultades planteadas en el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República,
el 18 de septiembre de 2015.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto.

1 Ingreso Nacional 1929-1932, (1934), Documento del Senado de los Estados Unidos Número 124, día 73, Segunda Sesión.

2 Kuznets, Simon (1966), Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread, New Haven, Yale University Press.

3 Sen, Amartya (1980),Equality of What?,en The Tanner Lecture on Human Values, VolumenI, pp. 197-220,Cambridge, Cambridge University Press.





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Morelos a informar las acciones que está implementando el gobierno del estado para combatir el incremento de la población morelense que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema, a efecto de garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales y asegurar el acceso al desarrollo social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

La Senadora LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II, 76, fracción IX, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, me permito presentar ante ésta Honorable Asamblea, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, PARA QUE INFORME LAS ACCIONES QUE ESTÁ IMPLEMENTANDO EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA COMBATIR EL INCREMENTO DE LA POBLACIÓN MORELENSE QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, A EFECTO DE GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ASEGURAR EL ACCESO AL DESARROLLO SOCIAL, en base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

A partir del año 2004, con la publicación de la Ley General de Desarrollo Social en México, se exponen los derechos sociales necesarios para el desarrollo social y que representan en esencia la labor diaria de la política pública en este rubro. De esta forma para el año 2006 el Estado mexicano decidió implementar un mecanismo independiente de evaluación de la política de desarrollo social federal, función que recae de manera específica en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), al cual le corresponde entre otras funciones el establecimiento de los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza.

Por su parte el Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018 incorpora una concepción explícita de los derechos sociales, convirtiéndose el ciudadano en titular de éstos frente al Estado que deberá garantizar su bienestar utilizando mecanismos como la medición y evaluación de los resultados.

A nivel internacional el marco que rige la política de desarrollo social en México, se basa en las cumbres y conferencias realizadas por organismos internacionales, principalmente la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus diferentes órganos, en virtud de que los tratados y acuerdos suscritos por México en materia de desarrollo social son muy escasos, a pesar de que existen acuerdos sectoriales en materia de salud, educación, vivienda, entre otros.

 De las reuniones internacionales que se destacan son la Cumbre de Desarrollo Social, celebrada en Ginebra, Suiza y La Cumbre del Milenio, ambas del año 2000, las cuales incluyeron iniciativas para el avance en el desarrollo social, fijándose como meta mundial reducir a la mitad la población que vive en pobreza extrema antes de fines de 2015.
De esta manera en México, si bien, se han conseguido avances importantes en materia de derechos sociales, también tenemos presente la desigualdad que se ve reflejada en varios sectores de la población, ya sea entre hombres y mujeres, zonas urbanas y rurales, entre la población indígena y la que no lo es, enfrentándonos de esta forma a desafíos apremiantes que como legisladores nos exigen a un trabajo coordinado y permanente de los tres órdenes de gobierno a fin mejorar el bienestar y el acceso efectivo a los derechos sociales de toda la población.

Ahora bien, en términos de la Ley General de Desarrollo Social, se contemplan como factores para la medición de pobreza, los indicadores de carácter social como el rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social; así como el ingreso económico de los hogares a través de las líneas de bienestar y bienestar mínimo, con el objeto de guiar las decisiones de política pública.

En este contexto, durante las últimas semanas el mes de julio del año en curso, fue presentado por el CONEVAL el Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2014, el cual refleja una estimación de la pobreza y sus componentes, analiza los avances en el ejercicio de los derechos sociales, e incorpora la medición multidimensional de pobreza a nivel nacional, estatal y municipal, basado en hallazgos de más de 1,504evaluaciones a programas, acciones y políticas de desarrollo social realizadas entre 2007 y 2014.

En este sentido y de acuerdo con la metodología del CONEVAL, una persona se encuentra en situación de pobreza, cuando tiene al menos una carencia en algunos de los indicadores asociados al ámbito de derechos sociales y su ingreso es insuficiente para la adquisición de los bienes y servicios requeridos para satisfacer sus necesidades.

Asimismo señala que la población en situación de pobreza extrema, se determina por la presencia de tres o más carencias sociales, y un nivel de ingreso inferior a la Línea de Bienestar Mínimo.

De manera particular, la medición de la pobreza en las entidades federativas incluye los mismos dos grandes rubros que la pobreza nacional: carencias sociales e ingreso, así como también es afectada por la dinámica poblacional, el caso concreto de acuerdo al Informe de evaluación, el estado de Morelos forma parte de las ocho entidades entre Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Sinaloa, Coahuila, Hidalgo y Baja California Sur, que lejos de disminuir sus porcentajes de pobreza y pobreza extrema, se incrementaron.

Por ello es importante identificar a nivel estatal la situación que guarda el ejercicio de los derechos sociales en el estado de Morelos a través de los indicadores de desarrollo social, en virtud de que el informe antes invocado, arroja cifras que merecen toda nuestra atención al señalar que en el estado de Morelos, el porcentaje de la población en situación de pobreza de 2012-2014, aumentó de 45.5% a 52.3%, y el porcentaje de la población situación de pobreza extrema en el mismo periodo aumentó de 6.3% a 7.9%.

Lo anterior significa que en cuanto a la evolución del número de la población en situación de pobreza en el estado de Morelos aumentó de 843.5 a 993.7 miles de personas, lo que representa un incremento de aproximadamente 150.2 miles de personas.

Al mismo tiempo, la población en situación de pobreza extrema aumentó de 117.2 a 149.3miles de personas, lo que representa un incremento de aproximadamente 32.1 miles de personas.
Por cuanto a la evolución de las carencias sociales como uno de los factores más importantes que conforman las mediciones de la pobreza y la pobreza extrema para el periodo comprendido del 2012 y 2014 de acuerdo al Informe de evaluación, en el estado de Morelos se observan los siguientes porcentajes de indicadores de carencia social, lo cual nos permite contar con mediciones más cercanas al acceso efectivo a los resultados finales en la población morelense:

Referente al rezago educativo, se redujo de 19.2% a 16.6%, lo que en términos absolutos significa que pasó de 356.0 a 314.8miles de personas.

En lo que respecta a la carencia por acceso a los servicios de salud, bajó de 22.3% a 16.6%, porcentaje que equivale a una reducción de 413.8 a 316.1miles de personas, aunque debemos tener presente que ello no implica que la calidad y cobertura de éstos servicios haya mejorado, ya que bajo algunas circunstancias los afiliados a los servicios de salud reportan no haber recibido la atención médica adecuada.

Sin embargo, en relativo a la carencia por acceso a la seguridad social, aumentó de 64.4% a 66.2%, lo que se traduce en una incremento de 1,194.8 a 1,258.4miles de personas, siendo los factores determinantes de manera proporcional, el aumento del desempleo, los empleos informales, aunado a la incremento de la población no económicamente activa en Morelos.

En lo relativo a la carencia por calidad y espacios de la vivienda, el porcentaje se redujo de 14.8% a 13.4%, lo que representa una reducción de 274.5 a 255.2miles de personas, aunque no pasa desapercibido el fenómeno del hacinamiento que representa un mayor porcentaje y número de personas que cohabitan en un mismo lugar.

En lo que concierne a la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, aumentó de 18.6% a 24.6%, lo que se traduce en un incremento de 345.5 a 467.9 miles de personas, que carecen de servicios básicos como agua de la red pública, drenaje, electricidad y combustible.

Y por cuanto a la carencia por acceso a la alimentación disminuyó de 30.7% a 26.9%, es decir de 570.4 a 510.4 miles de personas.

En el caso, tenemos presente que uno de los factores que influyen en la carencia de alimentación, obedece a que la población además de la alimentación, aplica los recursos a necesidades también apremiantes como la salud, educación, transporte, vestido y servicios públicos entre otros, lo que trae consigo por un lado temas de desnutrición y anemia en la población, principalmente en sectores vulnerables de la población como son las niñas, niños, y personas de la tercera edad; y por otro lado se habla de fenómenos que afectan a la salud pública como es el sobrepeso y la obesidad por una inadecuada alimentación basada en comida chatarra con altos valores de calorías.

En el apartado de Privación Social, el Informe de evaluación refleja en caso del estado de Morelos que del periodo 2012 al 2014, la población con al menos una carencia social aumentó de 77.5% a 78.0%, lo que representa un incremento de 1,438.2 a 1,483.1 miles de personas; y en el caso de población con al menos tres carencias sociales el porcentaje se redujo de 25.8% a 24.0% lo que representa una disminución de 479.1 a 456.0 miles de personas.

Lo anterior, se traduce en que debido a que la mayoría de las carencias sociales disminuyeron, también se redujo el número de carencias promedio de la población que tiene al menos una carencia social al pasar de un 2.3 a un 2.2; sin embargo, se mantuvo el número de carencias promedio de la población que tiene tres carencias conservándose en 3.6 durante el periodo de 2012 a 2014.
En el rubro de la línea de bienestar con respecto a la población con ingresos bajos del 2012 al 2014, en el estado de Morelos el ingreso de recursos en la población es otro rubro que no mejoró, en virtud de que el porcentaje de población con ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo, es decir aquella que, aún si hiciera uso de todo su ingreso, no podría adquirir una canasta básica de alimentos, se incrementó de 15.0% a un 20.5%, lo que en términos de población equivale pasar de 278.8 a 390.3 miles de personas en el estado de Morelos.

Asimismo el porcentaje de población con ingresos inferiores a la línea de bienestar, que cubre sus necesidades alimentarias y no alimentarias como son gastos de salud, vestido, vivienda, transportación, etcétera, aumentó de 50.1% a 58.4%, lo que representa un incremento de 928.9 a 1,110.5 miles de personas en la entidad morelense.

Lo anterior significa que incrementó el porcentaje de la población morelense de personas que vio disminuido su poder adquisitivo, aunado a la falta de crecimiento de la productividad en general en el Estado de Morelos, así como bajo nivel de salario mínimo, lo que en conjunto se traduce además en el incremento del porcentaje de la población vulnerable por ingresos, que aumento del 4.6% al 6.1%, lo que representa pasó de 85.4 miles de personas a 116.8 miles de personas que se encuentran en una situación vulnerable de acuerdo a los bajos ingresos económicos y a la necesidad de cubrir las necesidades sociales básicas para su subsistencia y la de su familia.

De la información que refleja el Informe de evaluación del CONEVAL, se desprende que el incremento de la pobreza y pobreza extrema en el estado de Morelos, son el reflejo del incremento en las carencias sociales en la población, sumado al incremento del porcentaje de la población que cuenta con un ingreso inferior a la bienestar y bienestar mínimo, lo que coloca en estado de vulnerabilidad por ingreso en virtud de que no poder hacer frente a las carencias sociales con un ingreso inferior.

De lo anterior se concluye que en Morelos se han conseguido mejoras en la cobertura de servicios básicos como educación, servicios de salud y vivienda para la población, sin embargo, se ha incrementado los porcentajes en materia de carencia por acceso a la seguridad social, carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda, así como la disminución del ingreso familiar, que hacen que se detenga el desarrollo del estado de Morelos, y por otro lado solo se contenga de manera temporal el incremento de la pobreza extrema.

En virtud de lo anterior y partir de las cifras que reflejan al día de hoy los resultados de la medición de pobreza 2014 en el estado de Morelos, es que sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta de forma respetuosa al titular del Poder Ejecutivo del estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que informe las acciones que está implementando el gobierno del estado a través de sus diferentes dependencias para combatir el incremento de la población que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema del estado de Morelos, a efecto de garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales y asegurar el acceso al desarrollo social.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores,
el 18 de septiembre de 2015.

Sen. Lisbeth Hernández Lecona.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implementar en los centros médicos el diagnóstico temprano, tratamiento multidisciplinario y oportuno de los trastornos de déficit de atención en sus tres tipos (Inatento, hiperactivo-impulsivo y tipo combinado). Se turna a la Comisión de Salud.

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD, A IMPLEMENTAR EN LOS CENTROS DE MÉDICOS DE SU COMPETENCIA, EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO, TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINARIO Y OPORTUNO DE LOS TRASTORNOS DE DÉFICIT DE ATENCIÓN EN SUS TRES TIPOS (INATENTO, HIPERACTIVO-IMPULSIVO Y TIPO COMBINADO); al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las enfermedades mentales en nuestro país, tales como el trastorno de déficit de atención, son enfermedades crónicas prioritarias que afectan al 10% de la población de los niños y va en aumento su incidencia.

La falta de tratamiento o un diagnóstico general tardío, trae serías complicaciones en la enfermedad, tal y como puede ser una conducta antisocial, un trastorno crónico depresivo (suicidio), trastornos de adicción a sustancias por evasión, alcohólismo o multiadicciones, trastornos psicopáticos agresivos o un deterioro de la salud mental emocional.

¿Qué es el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)?

Es un trastorno del comportamiento donde los niños actúan sin pensar, tienen problemas de concentración, son hiperactivos, se les dificulta estar quietos, prestar atención, atender detalles, completar las tareas y cuando los síntomas de este comportamiento se encuentran por un periodo demás de 6 meses se debe sospechar sobre la enfermedad. Afecta a diferentes ambientes, impide que el niño se desenvuelva en el medio doméstico, social y académico. Es importante destacar que es de 3 a 5 veces más frecuente en varones y puede variar de una región a otra.

ANTECEDENTES

El TDAH ha ido evolucionando según el síntoma:

● En 1798 Alexander Crichton, médico escocés lo denominó "mental restlessness” (agitación mental). 

● En 1902 el pediatra británico, George Still, en la revista “The Lancet”, describió a 20 niños con problemas similares de TDAH y lo llamó defecto de control moral. Desde Still hasta los años 50 se le consideró como daño cerebral, en los menos afectados se le conocía como daño cerebral mínimo. 

● En los años 50´s cambia por el de hiperactividad y se denominó síndrome hiperquinético. 

● En 1968 en el manual diagnóstico y estadístico de “Los trastornos mentales, reacción hiperquinético de la infancia”, se realizó un estudio sistemático sobre el tema. 

● En los 70´s se le llamó trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, actualmente es la descrita con sus 3 subtipos. 
Algunas características del TDAH son:

◦ Del tipo inatento 

● Incapacidad para prestar atención a los detalles o tendencia a cometer errores en los trabajos escolares u otras actividades por simple descuido. 

● Aparentes problemas de audición.

● Problemas de organización. 

● Tendencia a perder objetos, como juguetes, cuadernos o deberes escolares. 

◦ Del tipo hiperactivo- impulsivo 

● Tendencia a correr o trepar de forma excesiva

● Gestos o movimientos repetitivos que denotan nerviosismo o intranquilidad. 

● Sensación de estar siempre “en marcha”. 

● Lanzarse a responder preguntas de forma impulsiva sin haber escuchado completamente la pregunta. 

● Dificultad para esperar el turno o guardar fila. 

● Tendencia a interrumpir o inmiscuirse. 

◦ Del tipo combinado 

● Incluye una combinación de los dos tipos y es la más frecuente.

Es importante destacar que para poder participar en la prevención es importante evitar los factores de riesgos como mala nutrición materna, padres bipolares o con alcohólismo, lesiones cerebrales durante el parto, tabaquismo de las madres, bajo peso al nacer, adicciones maternas, e inclusive se ha sugerido una cantidad de exposición excesiva de los niños a la televisión.

Para su diagnóstico y tratamiento, es importante hacer una evaluación completa por un equipo multidisciplinario que va desde el médico farmacológico, médico nutricional, hasta especialidades como pediatría, psiquiatría, psicología o neurología.

En nuestro país no existe una cultura fomentada por la Secretaría de Salud, para integrar un diagnóstico preventivo y un tratamiento multidisciplinario oportuno, que involucre a la población objetivo.

Tampoco cuenta con coordinación entre las demás dependencias y entidades de la administración pública federal involucradas en el tema, tal y como puede ser la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Vale la pena hacer mención que en otros países existen programas para un diagnóstico temprano y un tratamiento muy oportuno, tal es el caso de los Estados Unidos de Norte América, Canadáo la Comunidad Europea, cuestión que reduciría la morbilidad de las afectaciones mentales en niños, jóvenes, adolescentes y adultos.

Por ello, es indispensable que el Gobierno Federal, como encargado de coordinar la salud pública en nuestro país, realice un plan nacional para la prevención de dicha enfermedad. Lo anterior es coincidente con la Ley General de Salud, cuyos artículos 133, 158, 159 y 160 establecen que en la prevención y control de enfermedades no transmisibles deben realizarse actividades de diagnóstico precoz y de control de las enfermedades ya existentes.
Mediante la coordinación de las actividades con otras dependencias y entidades públicas de los diferentes órdenes de gobierno debe impulsarse la prevención, diagnóstico y control de estas enfermedades.

Es necesario el cabal cumplimiento de las normas legales, en este caso la competencia se le ha designado a la Secretaría de Salud, por ello mi exhorto es para que a través de los centros de salud de dicha dependencia se brinden los servicios para el diagnóstico temprano del Trastorno del Déficit de Atención.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente ala Secretaría de Salud, para que brinde el servicio de diagnóstico temprano de los trastornos de déficit de atención en sus tres tipos (inatento, hiperactivo-impulsivo, y de tipo combinado), así como un tratamiento multidisciplinario, eficaz y oportuno sobre el tema.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, ciudad de México,
el 18 de septiembre de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.





 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a atender diversas situaciones sobre el Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El que suscribe SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Senador de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, Fracc. II y 108 numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de ésta H. Asamblea la presente proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP), tiene como objetivo el otorgamiento de apoyos económicos a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal para apoyar su infraestructura y productividad a través de la realización de obras de infraestructura que incrementen el activo del sector público, el cual pertenece al Ramo 23.

El Ramo General 23 es un instrumento de política presupuestaria que permite atender las obligaciones del Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades. Por lo que los fondos del FAIP son ejercidos directamente por el municipio.

El FAIP, fue establecido en el año de 2014 con un monto total de $2,535,100,960. El monto autorizado para ejercer en 2015 fue prácticamente el mismo: $2,535,106,567 a pesar de estar concebido como un recurso para promover el desarrollo de los municipios, y de haber sido creado a solicitud de diversas organizaciones municipales nacionales, el FAIP ha enfrentado diversas problemáticas en su ejecución.

Por ejemplo: hasta marzo del presente año, no habían podido ejercerse 2,400 millones asignados al Fondo el año pasado, lo que ha ocasionado que se retrasen los beneficios planteados para el FAIP. Muchos de los recursos no pudieron ser obtenidos, supuestamente por falta de algún requisito o inconsistencia en su proyecto de justificación, sin embargo ningún momento asesoró a los municipios involucrados. No sólo no se atendieron las dudas de las autoridades municipales, en el momento en que se ingresaban los documentos, sino que ni siquiera se les comunicó, después de la evaluación técnica, las supuestas fallas u omisiones de sus proyectos. No se les dio la oportunidad de subsanarlas; no se les avisó que no serían beneficiados. Simplemente no se les dio el recurso. Sin derecho de audiencia, en absoluta opacidad. Así lo señaló mi compañero Benjamín Robles el pasado 22 de julio de 2015.

Dicha situación también ha repercutido en el desinterés de buscar los fondos asignados para este año al FAIP por diversos presidentes municipales, ya que aunado a lo anterior, se enfrentan a otra problemática que es el de tener prácticamente el proyecto listo para su presentación, pues al emitirse las convocatorias, el plazo para solicitar los recursos es demasiado corto; dos de las cuatro convocatorias publicadas el presente año solo dan como plazo diez días hábiles para poder solicitar los recursos.

Otra circunstancia que también se presenta es que la convocatoria con mayor plazo de vigencia (poco más de tres meses la más amplia), es concurrente con el cambio de poder de los presidentes municipales recientemente electos en Guerrero y Chiapas, lo que contribuye entorpecer el proceso y a no poder dar un seguimiento correcto al proceso mismo de obtención de recursos. Además, está convocatoria, plantea que el recurso se destinará principalmente y únicamente a la pavimentación de calles de las tres entidades beneficiadas, limitando su aplicación de manera importante.

Es importante también considerar, que el FAIP no permite que los recursos se destinen para generar los estudios de factibilidad y los proyectos mismos, lo que dificulta sin duda la preparación de los mismos para poder generar solicitudes bien sustentadas para cumplir a cabalidad con las reglas de operación del Fondo.

Con base en lo anterior, se considera necesaria una flexibilización de las convocatorias así como ampliar los plazos de vigencia para que los alcaldes que en próximas fechas tomarán el mando de sus municipios, puedan aspirar a obtener estos recursos en beneficio de sus comunidades.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se emita un informe detallado sobre el ejercicio del Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP) de los años 2014 y 2015.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se flexibilicen las reglas de operación del Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP).

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se extienda el plazo para las convocatorias del Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP) para permitir que los Presidentes Municipales de próximo ingreso, puedan acceder a los recursos del Fondo en beneficio de sus comunidades

Dado en la H. Cámara de Senadores, el 18 de septiembre de 2015.

Suscribe

Sen. Sofío Ramírez Hernández.





 

De los Senadores María del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara, Ivonne Liliana Álvarez García, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez y Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a resolver de manera oportuna, pronta y expedita las quejas y denuncias de los consumidores de televisión de paga, teléfono fijo y móvil. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.







 

De los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa y Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz a informar sobre las finanzas del estado y los motivos y fundamentos del pago de deudas contraídas con proveedores, prestadores de servicios y programas sociales. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.







 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y al titular del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero a establecer acciones para el otorgamiento de plazas a los profesores de educación primaria. Se turna a la Comisión de Educación.

El que suscribe SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Senador de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, Fracc. II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. Asamblea la presente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ratifica en su artículo 1º que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte (CPEUM, 2014, 7 de julio). Uno de esos derechos es el de la educación, fundamental y necesario para poder ejercer todos los demás derechos, el cual está garantizado para todo individuo en el artículo 3° constitucional.

De esta manera, el Estado tiene la obligación de ofrecer servicios educativos a toda la población, desde educación preescolar hasta educación media superior, garantizando además que ésta alcance el máximo logro de aprendizaje. La participación del Estado incluye la promoción y atención de todos los tipos educativos, como la educación inicial, especial y superior.

El Estado está obligado a que todos los habitantes reciban las mismas oportunidades de acceso al Sistema Educativo Nacional (SEN), sin discriminación ni exclusión, considerando la situación desigual de los niños y jóvenes, sus familias y comunidades.

La educación que reciban será “fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es [un] proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad” (LGE, 2014, art. 2º). Para ello será necesaria la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, en especial del Estado, los educandos, padres de familia y docentes.

El rezago educativo en Guerrero es muy grande y muy diverso, por ejemplo:

Los espacios educativos en educación preescolar cobran especial relevancia porque tienen como objetivo promover el desarrollo psicomotor y cognitivo de los pequeños. En Guerrero y Veracruz, existe la mayor carencia de mobiliario necesario para las labores docentes en las escuelas donde al menos una de sus aulas no contaba con éste (42.8 y 42.5%, respectivamente).

La estructura física de la escuela debe garantizar la seguridad y resguardo de las personas y bienes que se encuentran dentro de ella; sin embargo, en el país se localizaron, por medio del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), al menos a 15,681 primarias construidas con techo de materiales de desecho, lámina metálica, de asbesto o cartón, los cuales no son los mejores aislantes para proteger a la comunidad escolar de la intemperie. Además, 1,864 escuelas tenían piso de tierra o materiales removibles, mismos que no facilitan la higiene y son un medio propicio para el crecimiento de microorganismos y la transmisión de enfermedades. Asimismo, había 754 escuelas construidas con paredes precarias y por ello no contaban con la infraestructura física que permitiera garantizar la seguridad de la comunidad escolar. En la dimensión de seguridad física las primarias comunitarias presentaron los mayores porcentajes de condiciones precarias de techo (42.7%), paredes (3%) y piso (11.7%).
Refiriéndose a servicios como drenaje y techo precario, las entidades que presentaron los mayores porcentajes de insuficiencia en el primer servicio fueron San Luis Potosí (68.2%), Tabasco (65.1%), Guerrero (61.1%) y Veracruz (55.4%), mientras que Chihuahua (51.4%), Sonora (46.6%), Tabasco (37%), Jalisco (31.5%) y Durango (31.1%) obtuvieron los mayores porcentajes de escuelas con techos en precariedad. Además, Guerrero reportó el mayor problema respecto a la falta de baños en sus escuelas (21.3%).

En el ciclo escolar 2013-2014, el SEN incluyó a 35,745,871 alumnos en educación básica, media superior y superior, en un total de 255,531 escuelas con 1,868,048 docentes. Del total de alumnos, casi tres cuartas partes cursaron educación básica (72.6%), 13.1% educación media superior y 9.6% educación superior.

En localidades de alta y muy alta marginación se encuentran 56.9% de las escuelas de nivel básico y 39.9% de los planteles de educación media superior.

En el caso concreto del estado de Guerrero, la matrícula de alumnos de educación primaria asciende a 499,821 alumnos inscritos en el ciclo escolar 2013-2014, que son atendidos por una planta de 23,944 docentes, con un total de 33,472 grupos en 4,691 escuelas. Lo anterior nos arroja como resultado que un profesor debe de atender a más de un grupo en promedio (0.72 profesores por grupo).

Esto es posible ya que existen muchas escuelas que deben de atender a los alumnos bajo el esquema de organización multigrado, donde un profesor debe de atender a más de un grado y/o grupo. Además, la Secretaría de Educación Pública separa en tres dimensiones a las escuelas de educación primaria.

• Primaria General
• Primaria Indígena y,
• Primaria Comunitaria

En Guerrero, el porcentaje de escuelas de organización multigrado en nivel primaria asciende al 50% del total, dividido de la siguiente manera, 25.7% son primarias de tipo general, 9.5% son de tipo indígena y 14.8% del tipo comunitario.

Por lo que para poder alcanzar, la media nacional, de 0.76 profesores por grupo, será necesario contratar a 1,500 maestros más.

O si se aspirara a que cada maestro atendiera a un grado por grupo, el déficit asciende a 4,152 profesores.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y del poder Ejecutivo Estatal del Estado de Guerrero, a establecer acciones concretas para que se otorguen plazas a los maestros egresados como estrategia para combatir el rezago escolar.

Dado en la H. Cámara de Senadores, a 18 de septiembre de 2015.

Atentamente

Sen. Sofío Ramírez Hernández.





 

De las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a ampliar el esquema de vacunación para incluir a los niños que hayan cumplido 11 años de vida en la inmunización para prevenir la infección por los diferentes tipos de Virus del Papiloma Humano. Se turna a la Comisión de Salud.

Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE ATRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, SE AMPLÍE EL ESQUEMA DE VACUNACIÓN PARA INCLUIR A LOS NIÑOS QUE HAYAN CUMPLIDO 11 AÑOS DE VIDA EN LAINMUNIZACIÓN PARA PREVENIR LA INFECCIÓN POR LOS DIFERENTES TIPOS DE VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO, REFORZANDO LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CÉRVICO-UTERINO POR SER LOS HOMBRES TRANSMISORES DEL VPH, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

El virus del Papiloma Humano se transmite por vía sexual y el hombre es el portador. Este virus es uno de los generadores del Cáncer Cérvico Uterino (CCU), enfermedad que se presenta en tres de cada 10 mujeres que portan el microorganismo.

Se han identificado más de cien tipos del virus del Papiloma. Afortunadamente no todos necesariamente derivan en cáncer. El 40 por ciento de los hombres que portan el microorganismo viven con éste hasta su muerte, sin presentar una afectación mayor. Sin embargo el 30 por ciento, se degenera en Cáncer Cérvico Uterino.

El Papiloma Humano puede permanecer latente durante varios años sin originar síntomas. En ocasiones, las lesiones que causa en diversas partes de la matriz sólo pueden ser observadas con el microscopio; una vez localizadas se procede a dar tratamiento a la paciente.

El virus manifiesta su presencia mediante verrugas en los genitales. En el hombre, estas protuberancias, en la mayoría de los casos, se ven a simple vista, sobre todo en el glande.

En la mujer se descubren, por lo general, en revisiones médicas de la matriz.

Quienes tienen Papiloma Humano deben atenderse y evitar las relaciones sexuales con varias personas, a fin de no transmitirlo.

A pesar de que el Cáncer Cérvico Uterino es el más investigado y el único que se puede prevenir, detectándolo a tiempo con el Papanicolaou, anualmente se reportan en el mundo 500 mil nuevos casos de este tipo de cáncer y 200 mil mujeres mueren víctimas de la enfermedad.

En México, el programa de prevención detección y control del CCU es de carácter prioritario dentro de las instituciones del sector salud.

Cuando se detecta el virus, se da tratamiento médico a la pareja, con el fin de erradicarlo por completo y así evitar que se transforme en cáncer.

En los varones es menor la incidencia de afectación; no así en la mujer debido a que la vagina es un receptáculo más apto para la permanencia del virus. No obstante el hombre es un potencial transmisor que debe atenderse.

Los procesos para erradicar abarcan desde los medicamentos hasta la cauterización de las lesiones con rayos láser.

No obstante, luego de desaparecer la lesión, el virus puede ocultarse en los ganglios y volver a presentarse, por lo que la paciente es sometida a estricta vigilancia médica; mediante la realización de estudios cada tres meses, durante un periodo de dos año, tiempo en el que se puede garantizar la eliminación del virus; siempre y cuando no haya un nuevo contacto con el agente infeccioso.

Hay que destacar que el cáncer es una enfermedad que se desarrolla por etapas. En sus inicios es posible combatirlo para evitar que se expanda hacia otras partes del cuerpo. Cuando llega a su fase invasora, los tratamientos son solo paliativos.

En efecto, el hombre es el portador del Virus del papiloma Humano (VPH), infección de transmisión sexual que en el varón se dice que es silenciosos porque tiene escasas manifestaciones clínicas, pero que en la mujer puede ser mortal, ya que por sus características genitales, la infección se presenta en forma más rápida y es más difícil eliminarla, a grado tal que la presencia de este virus es la principal causa de cáncer cérvico-uterino.

Se estima que seis de cada diez parejas tienen la posibilidad de haber contraído esta enfermedad en algún momento de su vida, pero lo desconocen porque no tienen síntomas, o bien porque la mujer no se ha hecho el Papanicolau y pueden pasar de seis meses hasta 14 años de que aparezca la fase inicial del cáncer.

Los especialistas señalan que existen 150 tipos del VPH y hasta ahora sólo se han identificado cuatro, potencialmente malignos para cáncer cérvico-uterino y pene. Diversos factores favorecen la presencia del VPH, como la promiscuidad, el inicio de la vida sexual a temprana edad, el tabaquismo y la falta o malos hábitos higiénicos en la limpieza de los genitales.

La transmisión del virus es igual de frecuente en ambos sexos, la diferencia es que en la mujer se manifiesta, mientras que en el hombre pueden pasar meses o años sin síntomas, o jamás presentarlos, y nunca tener problemas de salud.

La manifestación clínica del VPH consiste en verrugas en la zona genital; sin embargo, en el hombre es raro que se padezcan y éste puede pasar como una persona sana pero estar infectado.

Se precisa que es indispensable que toda mujer haya iniciado su actividad sexual se haga cada año el Papanicolau, única forma de detectar el virus.

A diferencia del hombre, el riesgo de cáncer de pene por el VPH es menor al uno por ciento y mucho se debe a las características de los genitales, pues la piel y los tejidos del pene son más gruesos y resistentes al virus.

La vacunación es una estrategia práctica para prevenir el cáncer cervical. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), recomiendan la administración a niñas y niños de 11 a 12 años de edad las vacunas del VPH como parte del esquema de vacunación de rutina y la eficacia a largo plazo, seguridad e inmunogenicidad de la vacuna tetravalente ha sido altamente evaluada, siendo actualmente la vacuna más utilizada en los diferentes programas nacionales a nivel mundial y en poblaciones adicionales de catch-up y varones.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud, se amplíe el esquema de vacunación para incluir a los niños que hayan cumplido 11 años de vida en la inmunización para prevenir la infección por los diferentes tipos de virus del Papiloma Humano, reforzando la estrategia de prevención de cáncer cérvico-uterino por ser los hombres transmisores del VPH.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 18 de septiembre de 2015.

Atentamente

Sen. Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Merodio Reza.- Sen. Itzel Saraí Ríos de la Mora.- Sen. Leticia Herrera Ale.- Sen. María Elena Barrera Tapia.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se solicita a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe sobre el derrame de hidrocarburo ocurrido en la zona de la comunidad “El Pantano”, en el municipio de Ramos Arizpe, del estado de Coahuila de Zaragoza, el 11 de septiembre de 2015. Se turna a la Comisión de Energía.

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA EMPRESA PETRÓLEOS MEXICANOS Y A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, UN INFORME SOBRE EL DERRAME DE HIDROCARBURO OCURRIDO EN LA ZONA DE LA COMUNIDAD “EL PANTANO”, EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EL PASADO 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, conforme al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A lo largo de la historia, Petróleos Mexicanos ha sido una empresa del estado, encargo de realizar la exploración, explotación, refinación y distribución de los hidrocarburos. Especialmente la distribución es una actividad que en los últimos años no ha sido tan eficiente, es decir, se han tenido múltiples incidentes ocasionados por la negligencia o falta de mantenimiento de los ductos. El pasado 14 de agosto ocurrió un derrame de hidrocarburo en un ducto –al parecer fuera de operación- de la empresa productiva del Estado denominada “Petróleos Mexicanos”, en la comunidad “El Pantano”, Municipio de Ramos Arizpe, en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

De conformidad con el informe preliminar de Petróleos Mexicanos, el derrame se llevó a cabo en un ducto paralelo al derecho de vía de los poliductos Satélite-Gómez Palacio y que dicho siniestro fue provocado por las intensas lluvias de los últimos días.

Es importante destacar que la fuga provocó un derrame de hidrocarburo en un arroyo cercano, sin que a la fecha se sepa la cantidad de producto que contaminó la zona, ni las posibles afectaciones al medio ambiente que pueda haberse ocasionado. En el mismo sentido se debe señalar que existe incertidumbre en los pobladores sobre la posibilidad de que el agua que consumen y utilizan para el trabajo diario se encuentre contaminada.
Es menester señalar que en el municipio de Ramos Arizpe predomina la agricultura, en específico la relativa al forraje y al maíz, y también existe una amplia industria del ganado bovino, caprino, porcino y avícola.

De igual forma, en el Ramos Arizpe existen recursos naturales, tanto en flora como en fauna, entre los que destaca el ixtle, la planta de candelilla, lechuguilla, palma y cedro blanco.

Por lo anterior y toda vez que durante los últimos años ha sido una constante el derrame de material por parte de Petróleos Mexicanos, es de vital importancia conocer el impacto que ha tenido el ocurrido en Ramos Arizpe Coahuila, así como las posibles afectaciones en los recursos naturales de la zona. Igualmente, es de destacar que la información relativa a fugas o derrames de producto petrolero siempre ha sido manejado de manera escueta y el presente caso no es la excepción, ya que la información que ha brindado la Empresa Productiva del Estado sobre el incidente ha sido mínima y se ha limitado a afirmar que colocaron cordones oleofilicos para contener el avance del producto y que continuará con la limpieza de la zona.

Por otro lado, hay que recordar que dentro de la discusión de la llamada reforma energética, el Congreso de la Unión decidió crear un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales llamado “Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente”, cuyo objetivo es –entre otros- Aportar elementos técnicos sobre la protección al ambiente, mediante una formulación de programas sectoriales para brindar certeza jurídica en la actividad energética. Además, una de las tareas de suma importancia es regular, supervisar y sancionar en materia de seguridad industrial y operativa incluyendo las etapas de abandono de las instalaciones, como lo es el caso de los ductos que aun existen y que no operan.

Por lo anterior, resulta adecuado solicitarle a dicha Agencia un informe sobre las acciones que hayan implementado para la protección, conservación o en su caso restauración de la zona afectada por el derrame objeto del presente acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, un informe sobre el análisis que haya realizado por el derrame de hidrocarburo en la zona de la comunidad “El Pantano”, en el Municipio de Ramos Arizpe, Estado de Coahuila de Zaragoza, ocurrido el pasado 11 de septiembre del 2015, así como las acciones que hayan implementado para la protección, conservación o en su caso restauración de la zona afectada por el derrame objeto del presente acuerdo.

SEGUNDO.- ElSenado de la Repúblicasolicita respetuosamente a la empresa Petróleos Mexicanos, un informe sobre el estado de guardan los ductos de distribución de hidrocarburo en el Estado de Coahuila; así como un informe del derrame de hidrocarburo en la zona de la comunidad “El Pantano”, en el Municipio de Ramos Arizpe, Estado de Coahuila de Zaragoza, ocurrido el pasado 11 de septiembre del 2015, así como las medidas de prevención para que no vuelva a ocurrir un incidente similar.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 18 de septiembre de 2015.

Atentamente

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.





 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario del Trabajo y Previsión Social, a fin de que explique las acciones realizadas sobre la situación de los jornaleros agrícolas en el país y el avance en el cumplimiento de los acuerdos signados con la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.







 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer las acciones que permitan un manejo integral de las pilas y baterías. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Las pilas y las baterías son unidades de almacenamiento de energía electroquímica que se libera en forma de electricidad cuando éstas se acoplan a un circuito externo. De acuerdo a la duración de su carga, se clasifican en primarias (no recargables) y secundarias (recargables). También, pueden contener uno o más metales como componente primarios en los que destacan: el cadmio, litio, magnesio, mercurio, níquel, plata, plomo, zinc, etc.

Cifras del Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos 2012, estiman que entre 2006 y 2012, en México se generaron en promedio cerca de 34 mil 122 toneladas de pilas al año, cifra que representa alrededor de 1 mil 534 millones de piezas.

Por otra parte, de acuerdo a la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, entre 2000 y 2013, el número de celulares creció casi siete veces, al pasar de 14 a 102 millones, lo que significa que alrededor de 86 por ciento de la población cuenta con un dispositivo celular. En promedio, la gente desecha sus celulares tras 18 meses de uso, a pesar de que los teléfonos están fabricados para durar 7 años.

El aumento en el uso de pilas y de celulares representa un riesgo para la salud y el ambiente, ya que una vez que han concluido su vida útil, no reciben un manejo adecuado para su desecho, siendo muy frecuente que sean arrojados a la basura doméstica.

Cabe señalar que en sí mismas las pilas y las baterías de los celulares no representan un riesgo para la salud, la problemática se presenta cuando éstas no son procesadas de manera correcta, lo cual puede provocar que al momento de desintegrarse liberen algunos de sus componentes. En este sentido, están documentados sus principales daños a la salud de la población, entre los que destacan los siguientes:

“…el metilmercurio (que se produce a partir del mercurio en presencia del agua), puede atravesar la placenta y provocar daños irreversibles en el cerebro de los fetos. En los lactantes, a través de la leche contaminada, puede provocar problemas de retraso en el desarrollo mental, falta de coordinación, ceguera y convulsiones. La exposición al cadmio puede ocasionar daños severos a pulmones, riñones, hígado, aparato digestivo y próstata. El plomo puede dañar los huesos, las articulaciones y el sistema nervioso central y periférico. El níquel es potencialmente carcinógeno y alergénico.”

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en su artículo 19, fracción XIX, clasifica como residuos de manejo especial a las Pilas que contengan litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, zinc, o cualquier otro elemento que permita la generación de energía en las mismas, en los niveles que no sean considerados como residuos peligrosos en la norma oficial mexicana correspondiente. Asimismo, en su artículo 5, fracción XXX define a los residuos de manejo especial como aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos.
De igual manera, dicha la legislación establece en su artículo 26, que las entidades federativas y los municipios, en coordinación con la Federación y en el ámbito de sus respectivas atribuciones elaborarán e instrumentarán los programas locales para una gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Para el Grupo Parlamentario del PRI, resulta impostergable la implementación de las acciones necesarias para el manejo adecuado de las pilas, lo cual además de permitir recuperar materiales valiosos como el níquel, el cobalto y la plata, se pueden separar distintos componentes que están presentes en las pilas, tales como ácidos y sales, con lo que se evitan los daños que estas sustancias generan al ambiente y los riesgos que representan para la salud.

Por ello, consideramos que este esfuerzo debe ir acompañado de una amplia campaña informativa, que concientice a la población en general sobre los riegos que se pueden ocasionar en la salud y el ambiente, al desechar las pilas y baterías de los celulares junto con los residuos sólidos generados en el hogar, a fin de erradicar esta práctica nociva.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en coordinación con las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las acciones que permitan un manejo integral de las pilas y baterías. Asimismo, para que lleven a cabo una campaña de concientización sobre el manejo que debe darse a éstas cuando han cumplido su vida útil.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 18 de septiembre de 2015.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PAN y del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario de PRD, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República externa su condena ante la injusta sentencia dictada en contra del líder opositor Leopoldo López y solicita al gobierno federal realizar diversas acciones en pro de la defensa y protección a los derechos humanos y la democracia en la República Bolivariana de Venezuela. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

os Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y el Senador Mario Delgado Carrillo, de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II; 76; 108 numeral 1 y 276 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, con carácter de urgente y obvia resolución, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXTERNA SU CONDENA ANTE LA INJUSTA SENTENCIA DICTADA EN CONTRA DEL LIDER OPOSITOR LEOPOLDO LÓPEZ Y SOLICITA AL GOBIERNO FEDERAL REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN PRO DE LA DEFENSA Y PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEMOCRACIA EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Desde el 2014, la organización no gubernamental Amnistía Internacional, emitió un pronunciamiento en torno a las múltiples violaciones a los Derechos Humanos que prevalecían en la República Bolivariana de Venezuela, señalando que “la grave situación por la que atraviesa el país podrían haberse evitado si el gobierno hubiese priorizado la promoción y los derechos humanos; fortaleciendo las instituciones que sustentan el Estado de Derecho; y combatido los altos índices de criminalidad, así como la proliferación de armas y municiones en manos de la población”.
Dicha organización, denunció y documentó casos de tortura, abusos, detenciones arbitrarias, indefensión y violaciones de los derechos humanos contra los opositores al gobierno del Presidente Nicolás Maduro, durante las protestas en el Estado de Táchira el 12 febrero de 2014; instando desde entonces a la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), para coadyuvar en la observancia de la justicia y respeto a los Derechos Humanos en el Estado venezolano.

De acuerdo con los datos de Amnistía Internacional, hasta marzo del año 2014, las manifestaciones habían dejado un saldo de al menos 39 muertes, más de 550 personas heridas por balas (de fuego y de goma) y 2,157 detenidos, de los cuales tan solo 66 han sido liberados incondicionalmente. Actualmente, 41 personas continúan detenidas arbitrariamente, en relación con la ola de protestas violentas. Entre los detenidos, 27 son civiles y 14 son funcionarios policiales y de la Fuerza Armada nacional Bolivariana (FANB).

2. Tras las manifestaciones iniciadas en febrero de 2014, el Gobierno venezolano señaló a Leopoldo López como responsable de los “actos de violencia y de la muerte de tres jóvenes”, imputándole cargos de “terrorismo, homicidio, instigación pública, daños a la propiedad y asociación para delinquir”; más tarde, se le acusó de fugarse para evitar enfrentar a la justicia venezolana, por lo que elementos de grupos parapoliciales allanaron las instalaciones del partido Voluntad Popular [del que es líder] sin una orden judicial.

Una vez iniciado el proceso, la Fiscalía General acusó a López por los delitos de incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir, y retiró los cargos por terrorismo y homicidio.

El 18 de febrero de 2014, Leopoldo López decidió entregarse a la justicia, a la que calificó “injusta… corrupta, que no juzga de acuerdo a la Constitución y a las leyes…”; tras una multitudinaria concentración se presentó a las autoridades afirmando “…si mi encarcelamiento sirve para despertar al pueblo, y vale para que Venezuela despierte definitivamente, y que la mayoría de los venezolanos que queremos un cambio podamos construirlo en paz y en democracia, bien valdrá la pena el encarcelamiento infame que me plante, directamente, con cobardía, Nicolás Maduro…”

En una entrevista exclusiva vía telefónica que realizó la cadena televisiva CNN en español, el pasado 8 de febrero desde la prisión de Ramo Verde (lugar donde se encuentra recluido Leopoldo López), el líder opositor habló sobre su encarcelamiento, la situación de Venezuela y el futuro político del país. Señaló que es "la primera vez que he tenido la oportunidad de conversar con un medio de comunicación directamente", y denunció las duras condiciones penitenciarias que ha soportado en su primer año como preso político pues se ha enfrentado a tortura, y situaciones inhumanas (López afirma que a varios presos les han lanzado excremento humano).

Además, hizo énfasis en que "Muy probablemente esta llamada pueda tener las mismas consecuencias. Castigos, aislamiento, como ha sido común desde que estoy preso desde hace un año" y argumentó "Soy un preso del régimen, de Maduro, del sistema", "Yo estoy secuestrado, el hecho de que el Presidente de la República haya planteado un canje (por un terrorista preso en Estados Unidos) pone en evidencia que soy un secuestrado político del Presidente Maduro".

Proceso contra Leopoldo López

Es un proceso plagado de irregularidades y violaciones a sus derechos humanos:
• Leopoldo López se entregó a las autoridades venezolanas el 18 de febrero de 2014 y el juicio inició el 23 de julio de 2015, pasó 17 meses y 5 días en una prisión miliar (pese a que él es un civil) antes de iniciar su juicio. Acumula 19 meses en la cárcel.

• La orden de aprehensión contra Leopoldo López reconoce que él no estaba en el lugar donde se registraron los hechos, pero lo acusa de formular “pronunciamientos con mensajes subliminales” por Twitter, sin aportar mayores precisiones.

• A Leopoldo no se le permitió presentar pruebas, pues las fotos y los vídeos que usaría la defensa no pudieron presentarse pues el Tribunal dijo que "se habían extraviado y no se conseguían".

• El 96 % del acervo probatorio que se presentó en el juicio proviene de evidencia recopilada directamente por funcionarios de la Fiscalía y por funcionarios de la Policía Científica en condiciones que afectan la pulcritud por graves vicios.

• La Fiscalía presentó a 163 personas entre testigos y peritos, mientras que a la defensa solo se le admitieron 2 (compartidos con el MP) y que al final no fueron presentados por decisión del tribunal que sigue la causa.

• En los encuentros de López con sus abogados siempre había militares presentes y durante el juicio se les negó sistemáticamente la entrada a periodistas, defensores de derechos humanos y observadores internacionales.

• Leopoldo López tiene una pésima condición en prisión, pues se le ha mantenido incomunicado, sin acceso a medios y en una celda minúscula en el penal militar de Ramo Verde.

• Cabe señalar que Susana Barrientos, la jueza que emitió sentencia contra López, tiene 34 años y actualmente no tiene titularidad del cargo de jueza, lo ocupa de forma "provisional". Es una jueza que en sus sentencias ha querido “quedar bien” con el régimen.

• Algunas fuentes indican que esta jueza podría ser designada por el gobierno de Nicolás Maduro para que se desempeñe como Cónsul en Chile.

• Leopoldo López fue injustamente condenado a 13 años y 9 meses en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, supuestamente por instigación a la violencia cuando el mundo fue testigo de la represión del gobierno Venezolano en contra de manifestantes que provocó que 43 personas perdieran la vida, más de 1.000 terminaran heridos y casi 4.000 detenidos.

Reacciones de la Sentencia

• En octubre de 2014, ZeidRa’ad Al Hussein, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU pidió al Gobierno de Venezuela la liberación de Leopoldo López.

• En 2014, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señaló que no encontró justificación para el arresto y encontró que el derecho de Leopoldo López para ser presentado ante un Tribunal fue violado. El Grupo afirmó que el proceso en su contra fue por sus posiciones políticas, por lo que su detención es considerada como arbitraria.

• El Grupo de Trabajo indica que la legalidad de la sentencia compete a Venezuela, pero sin duda, viola el derecho internacional al no respetar el debido proceso. Además, no es el único caso, la ONU conoce de al menos 100 venezolanos que están detenidos arbitrariamente por lo que existe una violación grave, sistemática y a gran escala de derechos humanos en Venezuela.
• En 2014, IrwinColter, abogado de Nelson Mandela, pidió la liberación de Leopoldo López al Gobierno de Maduro.

• Todos los mandatarios de la región han guardado silencio ante esta situación, excepto el Presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, que señaló: "Me parece que es muy mala idea utilizar los tribunales de justicia para castigar ciudadanos por sus opiniones políticas”.

• La reacción en la región ha sido sumamente tibia. Unasur defendió la actuación de Venezuela, mientras que el Mercosur ha guardado silencio, y a través de un comunicado, la Secretaría de este organismo "reitera su respeto a las decisiones que adopten las autoridades jurisdiccionales de sus Estados Miembros y confía que en el curso de las siguientes instancias judiciales, el señor Leopoldo López, pueda ejercer los recursos procesales que considere pertinentes en su defensa".

• El secretario de Estado de EEUU, John Kerry, expresó su preocupación por la "naturaleza política del proceso judicial y el veredicto, y el uso del sistema judicial venezolano para reprimir y castigar a los críticos del gobierno".

• El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, pidió que la comunidad internacional tenga acceso a la sentencia por la que se condenó al líder opositor venezolano.

• El Presidente del Gobierno Español, Mariano Rajoy manifestó que "una democracia no sólo es ir a la urnas, sino la garantía del cumplimiento de la ley y la garantía del respeto a los derechos fundamentales".

• Por su parte, la Unión Europea señaló en un Comunicado que el juicio "falló en proporcionar a los acusados las garantías de transparencia adecuadas y el debido proceso".

• El Partido Socialdemócrata de Brasil repudió la sentencia contra el líder opositor venezolano Leopoldo López, condenado a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas por supuesta incitación a la violencia.

• El Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado aseguró que la condena es una muestra que en Venezuela existe una persecución en contra de aquellas personas que se atrevan a cuestionar las políticas del Gobierno de Nicolás Maduro.

• El secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, ha expresado la condena de su partido, "rotundamente y sin paliativos", y ha anunciado que promoverá una declaración de rechazo en la Internacional Socialista, pues rechaza la "destrucción de las libertades democráticas que se producen en Venezuela como consecuencia del régimen de Maduro".

• La Cancillería de Perú manifestó "su preocupación por la situación de polarización interna que afecta a la hermana República Bolivariana de Venezuela".

• El director de Human Rights Watch para América, José Miguel Vivanco, aseguró que el juicio a López fue un proceso "ficticio" al que la comunidad internacional debería denunciar.

CONSIDERACIONES

I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.
II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

III. Que según lo establecido en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo debe dirigir la política exterior de nuestro país según los siguientes Principios Normativos:

“la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”

IV. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que nadie puede ser detenido arbitrariamente (artículo 9) y que toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial.

V. Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que nadie puede ser sometido a una detención o prisión arbitraria y debe ser presentado sin demora delante de un juez (artículo 9); que toda persona privada de la libertad debe ser tratada humanamente y con el debido respeto a su dignidad (artículo 10); que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial; además, que toda persona acusada de un delito tiene derecho a la presunción de inocencia (artículo 14); y que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones teniendo derecho a la libertad de expresión (artículo 19).

IV. Que la Carta de la Organización de las Naciones Unidas indica en su artículo 1 numeral 1, señala que:

Artículo 1. Los propósitos de las Naciones Unidas son:

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz;

En ese tenor, es competencia de las Naciones Unidas el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, mismas que se pueden ver afectadas por sucesos como las violaciones graves de los derechos humanos.

V. Que la Resolución 60/251 del 15 de marzo de 2006 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, indica que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es responsable de promover el respeto universal por la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, y ocuparse de las situaciones en que se violen los derechos humanos, incluidas las violaciones graves y sistemáticas, y hacer recomendaciones al respecto.

Además, el numeral 8 de esta Resolución señala que la Asamblea General de la ONU:
Decide que la participación en el Consejo estará abierta a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas; al elegir a los miembros del Consejo, los Estados Miembros deberán tener en cuenta la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos y las promesas y compromisos voluntarios que hayan hecho al respecto; la Asamblea General, por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, podrá suspender los derechos inherentes a formar parte del Consejo de todo miembro de éste que cometa violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos;

Que la Carta de la Organización de los Estados Americanos señala en su artículo 2, que:

Artículo 2.

La Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece los siguientes propósitos esenciales:

a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente;

b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención;

c) Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros;

d) Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión;

e) Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos;

f) Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural;

g) Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio, y

h) Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros

VI. Que la Carta Interamericana suscrita por los Estados Unidos Mexicanos y por la República Bolivariana de Venezuela, establecen en su artículo 1 que:

Artículo 1. Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.

La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.

VII. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que:

Art. 1.

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

VIII. Que el pasado 14 de septiembre iniciaron los trabajos del 30° Periodo Ordinario de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, mismo que terminará el próximo 2 de octubre de 2015.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República condena la injusta sentencia dictada al líder opositor Leopoldo López y hace suya la Resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU que ha señalado violaciones en el debido proceso.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a pronunciarse sobre la injustica sentencia dictada al líder opositor Leopoldo López.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a conminar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a acatar la Resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU respecto al caso del líder opositor Leopoldo López.

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a promover, en el marco de 30° Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una solicitud para suspender a la República Bolivariana de Venezuela de dicho Consejo en tanto no acate las opiniones de sus Grupos de Trabajo.

QUINTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a impulsar que el Grupo de Trabajo sobre Independencia de Jueces y Abogados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, analice la impartición de justicia en la República Bolivariana de Venezuela.

SEXTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a impulsar un posicionamiento de la Comisión Permanente de la Organización de los Estados Americanos en torno al caso de Leopoldo López con base en los principios de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de septiembre de 2015.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Fernando Herrera Ávila.- Sen. José Rosas Aispuro Torres.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Luisa María Calderón Hinojosa.- Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo.- Sen. Javier Corral Jurado.- Sen. Gabriela Cuevas Barron.- Sen. Adriana Dávila Fernández.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.- Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.- Sen. Francisco García Cabeza de Vaca.- Sen. Martha Elena García Gómez.- Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.- Sen. Roberto Gil Zuarth.- Sen. Raúl Gracia Guzmán.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Héctor Larios Córdova.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Javier Lozano Alarcón.- Sen. José María Martínez Martínez.- Sen. Sonia Mendoza Díaz.- Sen. Martín Orozco Sandoval.- Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez.- Sen. César Octavio Pedroza Gaitán.- Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez.- Sen. Sonia Rocha Acosta.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Luis Fernando Salazar Fernández.- Sen. Fernando Torres Graciano.- Sen. María Marcela Torres Peimbert.- Sen. Salvador Vega Casillas.- Sen. Fernando Yunes Márquez.- Sen. Mario Delgado Carrillo.





 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informar cuáles son las causas documentadas y características específicas del “Entorno económico exterior complejo y volátil” al que está sujeto el paquete económico para 2016 según los criterios generales de política económica 2016. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.







 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a implementar una campaña de difusión para que los estudiantes de nivel medio superior y educación superior conozcan el panorama del empleo en nuestro país. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, a nivel mundial existe una tendencia que coloca a los jóvenes como el sector de la población con los mayores índices de desocupación, en donde México no es la excepción, pues poco más de la mitad de las personas desocupadas tienen entre 14 y 29 años, cifra que representa una tasa de 7.9 por ciento.

Esta situación adversa hace más complicado el proceso de selección de una carrera universitaria por parte de los jóvenes; pues además de considerar sus aptitudes y capacidades, también resulta necesario contar con la información sobre la oferta y la demanda por parte de las instituciones educativas de la carrera de su preferencia, así como el contexto laboral de la misma.

En nuestro país, sólo el 13 por ciento de la población que ingresa al Sistema Educativo Nacional logra conseguir un título universitario. De acuerdo a cifras de Mexicanos Primero, de 100 niños que ingresan a la primaria, 76 pasan a la secundaria, de éstos 48 ingresan al bachillerato y sólo 21 llegan a la licenciatura de los cuales únicamente 13 se titulan.

Asimismo, resulta cada vez más complicado acceder a las principales instituciones públicas de educación superior, basta mencionar que para el primer concurso de ingreso a licenciatura para el ciclo 2015-2016 de la Universidad Nacional Autónoma de México, sólo 11 mil 490 de los 128 mil 519 estudiantes que se presentaron al examen fueron seleccionados, lo que representa un 8.9 por ciento de los aspirantes. Las carreras con mayor demanda fueron médico cirujano y derecho, donde 16 mil 339 y 8 mil 807 jóvenes aplicaron el examen, siendo seleccionados únicamente 287 y 549, respectivamente.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo, durante el primer trimestre de 2015, el número de profesionistas ocupados fue 7.6 millones, cifra que representó el 15.2% del total de la población ocupada. Las áreas económicas administrativas, las ingenierías y la educación concentran el mayor número de personas ocupadas; por el contrario, las áreas de Ciencias Físico-Matemáticas, Humanidades y Ciencias Biológicas muestran el menor número de personas ocupadas.
Por otra parte, el ingreso promedio mensual de los profesionistas ocupados del país es de $10,384 pesos. Cabe resaltar que en seis de las 10 áreas de conocimiento, el ingreso promedio se encuentra por arriba del promedio a nivel nacional. El área de Ciencias Físico Matemáticas percibe los ingresos más elevados con $12,755, seguida de Arquitectura, Urbanismo y Diseño con $12,127 y en tercer lugar se encuentran las Ciencias Biológicas con $11,205 mensuales. Las áreas que presentan niveles de ingreso por debajo del promedio son Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Artes y Educación que perciben $10,218, $10,083, $9,708 y $8,882, respectivamente.

Las cifras ponen de manifiesto la complejidad que representa obtener un título universitario, por lo que este esfuerzo debe ir acompañado de un trabajo estable y una remuneración acorde a la formación.

En este sentido, para que los jóvenes cuenten con la información adecuada sobre las características y el comportamiento de las ocupaciones y las profesiones más representativas en México, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuenta con un sitio en Línea denominado Observatorio Laboral Mexicano.

Dicho sitio brinda información sobre indicadores de Ocupación y Empleo para Carreras Profesionales, Carreras de Universidades Tecnológicas, Carreras Técnicas de Nivel Medio Superior y ocupacionales a nivel nacional, tales como: porcentaje de mujeres ocupadas, ingreso promedio mensual, principales ocupaciones, actividad económica en la que se ocupan, etc. Estos datos resultan fundamentales para que los jóvenes puedan tomar la decisión que mejor se ajuste a sus expectativas y proyectos pero, sobre todo, una decisión informada.

Los legisladores del PRI, estamos comprometidos con el futuro y bienestar de las y los jóvenes mexicanos, por ello celebramos acciones como la del Observatorio Laboral Mexicano; no obstante, consideramos que resulta impostergable llevar a cabo acciones que permitan una mayor difusión de sus contenidos a un universo más amplio de la población joven, a fin de garantizar que cuenten con los elementos suficientes para tomar una decisión trascendental de su vida personal y profesional.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que en el marco de sus atribuciones y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, implementen una campaña de difusión para que los estudiantes de nivel medio superior y educación superior conozcan el panorama del empleo en nuestro país.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 18 de septiembre de 2015.

Atentamente.





 

Del Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social y al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes un informe respecto de los acuerdos con el Sindicato Mexicano de Electricistas para la explotación de 14 plantas hidroeléctricas y cuatro plantas de ciclo combinado. Se turna a la Comisión de Energía.







 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a subsanar las inconsistencias en las que incurrió el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco al anular la elección del municipio del centro en dicho estado. Se turna a la Comisión de Gobernación.







 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud y de Gobernación a fortalecer los programas de capacitación en perspectiva de género al personal de salud y de las instancias judiciales que atienden a las mujeres víctimas de violencia familiar. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Organización de las Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como todo acto que cause “un daño físico, sexual o psicológico, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”, todas ellas, deben ser identificadas y sancionadas por el Estado y sus instituciones.

El Organismo Internacional, ha reconocido que la violencia contra de género es un problema de salud pública por sus consecuencias y gastos económicos para su atención; asimismo, la considera como una práctica aprendida, consciente y orientada, producto de una organización social, estructurada sobre la base de la desigualdad de género.

Ante ello, las instituciones de salud e impartición de justicia en México, tienen la obligación de garantizar el ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales, además de hacer efectivo el principio de igualdad, establecido en los artículos primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A pesar de los avances normativos, en nuestro país se ha agudizado la violencia familiar y sus consecuencias, teniendo un impacto negativo para los integrantes, lo cual se ha agravado en algunos casos por la poca atención con perspectiva de género en las instituciones de salud y de impartición de justicia.

La violencia de género, se ha posicionado como una práctica social extendida por las comunidades y regiones del país, ya que el 63% de féminas de 15 años y más ha experimentado al menos un acto de este tipo y en la mayoría de los casos el agresor es la pareja de la víctima.

Hay que considerar que de acuerdo con los resultados de un estudio de la “Agencia Gabinete y Comunicación Estratégica”, arroja que el 41.7% de los mexicanos percibe a los hombres como los principales responsables de la violencia de género, lo cual constituye un área de oportunidad para los gobiernos y atender este problema que por sus múltiples impactos se ha convertido en un problema de salud pública.

Sin embargo, frente a este escenario, el Instituto Nacional de las Mujeres señala en su informe “Violencia contra las mujeres: un obstáculo crítico para la igualdad de género”, que las luchas de las organizaciones de mujeres han permitido poner el tema en la agenda pública y posibilitado una mejor conceptualización y tratamiento de este problema, es decir, se está trabajando para resarcir las consecuencias del problema y se están instrumentando políticas públicas para identificar y sancionar a los responsables.
Para tener claro la problemática de la violencia familiar y sus consecuencias en los hijos, basta decir que en la mitad de los hogares con jóvenes de 12 a 29 años se suscitan situaciones de conflicto o peleas entre miembros del hogar. Es decir, en al menos 44.2% existen conflictos en términos de convivencia de acuerdo con la Encuesta de Cohesión Social para la prevención de la violencia y la Delincuencia.

De acuerdo con el ejercicio, el 13.1% de los jóvenes encuestados, dijeron haber sufrido violencia física o psicológica por parte de sus padres como “medida disciplinaria”, 35.3% por no cumplir con las tareas del hogar 32 por convivencia entre hermanos y el resto por otras cuestiones.

En tanto, de los jóvenes de 12 a 18 años que van a la escuela argumentaron que el 32.2% habían sido víctimas de acoso escolar, por lo anterior, la Secretaría de Gobernación estimó que por lo menos el 71.6% de los jóvenes de 12 a 29 años cuentan con un factor de riesgo.

A decir de las autoridades, la violencia en México es un factor determinante de la deserción escolar y una causa importante de las muertes infantiles en nuestro país. Esa violencia incluye agresiones físicas, sexuales, psicológicas o discriminación y abandono, por lo que es pertinente a aprobar la presente propuesta para contar con mayores herramientas para garantizar mejores condiciones de vida.

Ante este diagnóstico, es imprescindible redoblar los esfuerzos en la consolidación de la perspectiva de género en las labores jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial, así como instituir como práctica sistemática la emisión de resoluciones con un claro enfoque de perspectiva de género que dé mayor visibilidad social a la justicia.

En el mismo sentido, el Sector Salud Federal así como el de las entidades federativas de manera coordinada y transversal, deben robustecer los mecanismos de capacitación en perspectiva de género para que la atención del personal médico en los hospitales, sea la adecuada a personas víctimas de violencia familiar.

Por lo anterior, los Legisladores del PRI, consideramos necesario que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobernación, fortalezcan sus programas de capacitación en perspectiva de género al personal de salud y de las instancias administración y procuración de justicia que atienden a las víctimas de violencia familiar, con la finalidad de que su atención sea oportuna.

Estamos convencidos de que promover una impartición de justicia con perspectiva de género y no discriminación es un compromiso permanente y prioritario para el Estado Mexicano y sus instituciones. Los juzgadores del país, deben ser sensibles para reconocer la violencia que se ejerce contra un integrante de la familia.

Por lo anteriormente expuesto y a fin de posicionar diversas estrategias y acciones para garantizar la igualdad, propiciando entre las instancias responsables de la seguridad pública y salud una cultura que favorezca la erradicación de la violencia hacia la mujer, los Legisladores del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Gobernación, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan los programas de capacitación en perspectiva de género al personal de salud y de las instancias judiciales que atienden a las víctimas de violencia familiar.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 18 de septiembre de 2015.

Atentamente.





 

Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas a realizar las acciones pertinentes para implementar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial y oral, así como brindar el apoyo a los tribunales superiores de justicia en esta importante tarea. Se turna a la Comisión de Justicia.

El que suscribe, Senador René Juárez Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, párrafo 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo que se fundamenta en la siguiente

Exposición de Motivos

En el año 2008 se modificaron 10 artículos constitucionales para conformar el nuevo del Sistema de Justicia Penal en la República Mexicana.

El decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que fue publicado el 18 de junio de 2008, modifica los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, a fin de establecer las bases de un nuevo sistema procesal penal acusatorio, adversarial y oral, dejando atrás el tradicional sistema de justicia penal.

El nuevo sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, es un sistema de reglas, figuras e instituciones que regirá los procesos y procedimientos penales, basado en los principios de oralidad, igualdad, inmediación, publicidad, contradicción, concentración, continuidad y presunción de inocencia.

A continuación se describen las ventajas que tiene el nuevo sistema penal acusatorio adversarial y oral sobre el rígido sistema penal actual, pues con la aplicación del primero se espera que el funcionamiento del sistema de justicia penal sea más ágil y la administración de las resoluciones del poder judicial más eficiente:

• Respeto y vigilancia de los derechos humanos de la víctima u ofendido y el imputado en todas las etapas del proceso (investigación, intermedia, juicio oral y ejecución de sentencia).

• Principio de presunción de inocencia por el cual una persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, respetando así su integridad jurídica, física y moral.

• Operadores capacitados y certificados para el desempeño de sus funciones, lo que permite que la investigación de un delito se realice utilizando métodos científicos.

• Se crea la figura del juez de control quien velará por los derechos humanos de las personas durante todo el proceso.

• Se integran mecanismos alternativos de solución de controversias, lo que permite reparar el daño ocasionado por la comisión de un delito sin necesidad de llegar a juicio oral, reservándolo para aquellos asuntos que por su gravedad o complejidad no puedan ser solucionados de esta manera o mediante procedimiento abreviado, permitiendo un mejor desempeño de los servidores públicos y de los recursos.

• El principio de publicidad hace públicas todas las audiencias permitiendo una mayor transparencia y rendición de cuentas en el proceso de impartición de justicia.

• El principio de oralidad implica que el proceso se desarrolla a través de audiencias o actuaciones orales, lo cual elimina los amplios expedientes, haciendo más ágil y transparente la impartición de justicia.

• El principio de inmediación obliga a los jueces a presenciar el desarrollo de todas las audiencias.
• El principio de contradicción implica que todo argumento y medio de prueba que ofrezca cada una de las partes debe ser sometido al conocimiento y debate de la parte contraria, para que ésta pueda manifestar lo que a su interés convenga.

• Abreviación de los procesos penales como resultado de la existencia de los mecanismos alternativos de solución de controversias, el procedimiento abreviado y los principios de concentración y continuidad.

Se trata de una reforma integral que exige un cambio de mentalidad de los operadores del sistema, de las instituciones de educación y de los ciudadanos.

El nuevo sistema requerirá de un cambio cultural a fondo, de intensos mecanismos para capacitar a los operarios y de leyes que establezcan los principios de conciliación para lograr mayor integralidad del sistema.

El decreto de reforma establece como fecha límite para su implementación en todo el país el mes de junio de 2016, toda vez que en teoría se ha ido sustituyendo gradualmente el actual sistema penal en todo el territorio nacional.

El 13 de octubre de 2008, se creó el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal como una instancia de coordinación, con la finalidad de implementar, en los tres órdenes de gobierno, el Sistema de Justicia Penal en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con pleno respeto a las atribuciones de los Poderes Federales, la soberanía de los Estados, el Distrito Federal y la autonomía municipal, así como de las instituciones y autoridades que intervengan en la instancia de coordinación.

El 5 de marzo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyas disposiciones son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana, por los delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales federales y locales en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Asimismo, se han aprobado diversas reformas constitucionales y legales que contribuyen a la efectiva implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, entre las que destacan las siguientes:

• Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, se reforman diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de diciembre de 2014.

Este instrumento jurídico establece las disposiciones generales para la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, las cuales serán de observancia general en el territorio nacional.

Asimismo, define los criterios para sistematizar la resolución de los conflictos penales mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad, lo que permite hacer más eficiente el Sistema de Justicia Alternativa. De acuerdo al artículo primero transitorio del Decreto, esta ley entrará en vigor en los mismos términos y plazos en que entrará en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales de conformidad con las declaratorias que emitan, el Congreso de la Unión y los congresos locales.

• Decreto por el que se reforma el artículo primero transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes y se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y se reforma la Ley Federal de Defensoría Pública, publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2014.
Esta nueva disposición determina que el Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Justicia para Adolescentes entrará en vigor cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales esté vigente en la totalidad del territorio nacional, sin que pueda exceder el 18 de junio de 2016.

• El 2 de julio de 2015, se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Este Decreto fija las bases para que la Federación y las entidades federativas establezcan en el ámbito de su competencia, un sistema integral de justicia para los adolescentes acorde a los estándares del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Además, faculta al Congreso de la Unión para expedir la ley nacional en la materia y abroga la Ley Federal de Justicia para Adolescentes.

Asimismo, conforme al Transitorio Segundo de este Decreto, se dispone que dentro de los 180 días naturales siguientes a su publicación en el DOF, el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación nacional en materia de justicia para adolescentes, acorde con las nuevas disposiciones previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

En el marco de su Tercer Informe de Gobierno el Ejecutivo Federal informó que se inició la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el ámbito local en las entidades federativas de San Luis Potosí, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes, Hidalgo, Campeche, Nayarit, Tlaxcala, Colima, Distrito Federal, Michoacán y Baja California Sur, que sumadas a las 18 que previamente iniciaron su operación, se cuenta con un total de 31 entidades federativas, de las cuales 25 ya aplican el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Se inició la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el ámbito federal en ocho entidades federativas: Durango, Puebla, Yucatán, Zacatecas, Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, se asignó un monto superior a 1,009 millones de pesos destinados a la implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal a favor de las entidades federativas; que con base en las políticas para la obtención y aplicación de dichos recursos, se aprobaron 701 proyectos para consolidar la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Se destinaron 188.2 millones de pesos en subsidio para capacitar, durante 2015, a 65,906 operadores en los diversos perfiles del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Se avanzó en 33.4% para las instituciones estatales en su conjunto, con respecto a lo alcanzado a principios de septiembre de 2014. En particular, las defensorías públicas avanzaron 40%, los Tribunales de Justicia 19%, las Procuradurías de Justicia 36.2% y las Secretarías de Seguridad Pública 38.6%. Por su parte, los ejes de la implementación de la reforma penal avanzaron 42.6% en normatividad, 48.9% en capacitación, 5.4% en tecnologías de la información, 36.2% en reorganización institucional, así como un 43.2% en infraestructura.

Por su parte, el "Reporte de Hallazgos 2014, Sobre los Avances de la Implementación y Operación de la Reforma Penal en México", publicado por el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC)1 en 2014, reveló que hasta ese entonces había entidades con avances significativos en la operación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Entre ellas, aquellas que ya operan de forma total tales como: Chihuahua, Estado de México, Morelos y Yucatán.

Asimismo, reportó algunos estados donde se aplicaba parcialmente dicho sistema y que habían operado por más de un año bajo este nuevo esquema, tales como: Baja California, Coahuila, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, y Zacatecas.
Señaló también varias entidades que habían comenzado recién la operación o estaban bastante atrasadas en la implementación, tales como: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Distrito Federal, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Sonora y Tlaxcala.

A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio a conocer que en el inicio de la nueva etapa para la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, operan ocho centros de justicia federal para celebrar las audiencias públicas y los juicios orales, los cuales se incrementarán a 16 antes de que concluya el presente año 2015.

Asimismo, se dio a conocer que recientemente se inauguraron cuatro centros de justicia federal en los estados de Baja California Sur, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, los cuales se sumaron a los que ya operaban en los estados Puebla, Durango, Zacatecas y Yucatán. Al respecto se informó que estos últimos cuentan cada uno con tres jueces especializados en el sistema acusatorio y otros doce iniciarán labores en los centros de justicia recién inaugurados.

Adicionalmente se informó que durante esta tercera etapa de implementación el Poder Judicial de la Federación realizará seis concursos de oposición en seis regiones del territorio nacional, para seleccionar jueces especializados para elegir a 150 jueves especializados en litigios y juicios orales, que guardan diferencia de otras etapas ya que no sólo se realizarán en el Distrito Federal.

Por lo anterior, consideramos necesario hacer un llamado para evitar retrasos respecto a un cambio tan importante en el paradigma del enjuiciamiento penal. Han pasado 8 años y es injustificable la improvisación para que la reforma penal funcione con éxito en todo el país. Es momento de que las entidades federativas hagan un balance en cuanto a la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, así como de un reconocimiento objetivo respecto a los rezagos en esta materia y entender que la justicia para los mexicanos no puede ser objeto de la inoperancia de los funcionarios públicos que tienen como responsabilidad su debida instrumentación.

No obstante, a nivel de las entidades federativas el esfuerzo para la implementación del nuevo sistema ha resultado disparejo. Lo anterior, a pesar de que el próximo año deberá implementarse el nuevo sistema en todo el país y que el tiempo apremia.

Es por ello que desde el Senado de la República es importante hacer un exhorto a todas las entidades federativas, sobre todo aquellas que todavía presentan retrasos en su aplicación, para que puedan realizar todas las acciones pertinentes para implementar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial y oral, así como brindar el apoyo a los tribunales superiores de justicia en esta importante tarea que requiere del compromiso de todas las autoridades involucradas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.-El Senado de la República exhorta a todas las entidades federativas, sobre todo aquellas que todavía presentan retrasos en su aplicación, para que puedan realizar todas las acciones pertinentes para implementar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial y oral, así como brindar el apoyo a los tribunales superiores de justicia en esta importante tarea.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 18 de septiembre de 2015.

Suscribe

Sen. René Juárez Cisneros.

1 Consultar en http://cidac.org/esp/uploads/1/HallagosReformaPenalMarzo2015.pdf





 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a no realizar ningún recorte a las participaciones federales del Ramo 28 y del Ramo 33 de aportaciones federales que recibe el gobierno del estado de Nuevo León. Se turna a la Cámara de Diputados.







 

De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se consideren y destinen recursos para la operación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y del Sistema Nacional de Información Genética. Se turna a la Cámara de Diputados.

La suscrita, Senadora IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, integrante del grupo parlamentario del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, de la LXIII LEGISLATURA, y con fundamento a lo establecido en los artículos 71 fracción II, 78 fracción III, y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción II y 276 numeral 1 y 2 del Reglamento del Senado de la Republica, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A EFECTO DE QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016 SE CONSIDEREN Y DESTINEN RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN GENÉTICA al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Desde hace varias décadas, las familias de personas detenidas desaparecidas y las organizaciones de derechos humanos que las han acompañado, han exigido una regulación nacional para la prevención, investigación, sanción, reparación y erradicación de la desaparición forzada de personas. Las violaciones a derechos humanos que se cometieron en nuestro país durante las décadas de los 60 a los 80 nunca fueron investigadas y, por tanto, no fueron sancionadas, por lo que aún permanecen en la impunidad con lo que se ha denegado a las víctimas el derecho a la verdad y al acceso a la justicia.

2. La impunidad sistémica es caldo de cultivo para su propia reproducción, lo que aunado al incremento exponencial de la violencia criminal e institucional derivada de la implementación, a partir de 2006, del paradigma militarizante para combatir a los grupos delincuenciales de alto impacto, ha generado cientos de miles de víctimas, ya no sólo de desaparición forzada sino de desaparición cometida por particulares, así como de desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

3. Las víctimas de violaciones a derechos humanos y del delito rompieron el silencio en 2011 a partir de una emergencia ciudadana que se tradujo en una legislación de los derechos de las víctimas para la reparación integral, cuyo sustento fue la reforma constitucional de derechos humanos publicada el 10 de junio de ese mismo año.

4. Sin embargo, a pesar de contar con un marco jurídico garantista de protección a la dignidad de la persona humana tanto en la Constitución como en la legislación secundaria a favor de las víctimas, no han disminuido las violaciones a derechos humanos ni las acciones que lastiman a las y los ciudadanos.

5. En el último año, se ha conocido de muertes masivas de civiles en donde las versiones oficiales se contradicen con indicios y declaraciones de sobrevivientes y testigos, esto ha derivado en la certeza en algunos casos y presunción en otros, de que se cometieron ejecuciones extrajudiciales perpetradas por elementos del ejército o de la Policía Federal:

● 30 de junio de 2014, Tlatlaya, Estado de México, en donde fueron asesinadas 22 personas;

● 26 y 27 de septiembre de 2014, Iguala, Guerrero con el asesinato de 3 normalistas de la Escuela Rural de Ayotzinapa y 3 civiles;

● 6 de enero de 2015, Apatzingán, Michoacán, con un saldo de 16 civiles asesinados y;

● 20 de mayo de 2015, Tanhuato, también en Michoacán en donde 42 civiles fueron asesinados.

6- Como caso extremo y doloroso de violaciones a derechos humanos, la desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos los días 26 y 27 de septiembre del año pasado en Iguala, develó con toda crudeza no sólo la connivencia de grupos criminales con la clase política en el esquema de macro criminalidad, sino también, que la práctica de la desaparición de personas se ha extendido a lo largo y ancho del estado de Guerrero y del país sin que existan investigaciones ni pericias forense confiables, como lo ha puesto en el debate nacional el Informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH).

7. Ha sido la firme determinación de los familiares y compañeros de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa y la movilización social que se ha solidarizado con su exigencia de búsqueda, localización e investigación objetiva e imparcial sobre el paradero de los estudiantes y el castigo a todos los responsables de su desaparición forzada, lo que ha presionado a que el pasado 27 de noviembre, el titular del Ejecutivo Federal, emitiera un Decálogo que en su numeral octavo presentó diversas acciones en derechos humanos entre las que se encontraba la reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes generales y protocolos para la investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de la tortura y la desaparición forzada y la creación de los sistemas nacionales de Búsqueda de Personas y de Información Genética.

8. El 10 de julio de este año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para facultar al Congreso de la Unión a expedir legislación general que establezca como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en materia de desaparición forzada, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley y de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

9. Se ha abierto así la discusión entre las organizaciones de familiares y de derechos humanos, representantes del gobierno federal y legisladores para construir las leyes en desaparición forzada y tortura. En el propio Senado, se ha convocado a audiencias y presentado una iniciativa por parte de un grupo plural de senadoras para que la sociedad civil pueda ser escuchada y atendida en sus planteamientos sobre los contenidos sustantivos que tienen que contener estas leyes, especialmente, la de desaparición forzada.

10. En fecha próxima, según han declarado representantes del gobierno federal, se presentará ante el Congreso de la Unión la iniciativa de reforma para crear la ley legislación en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares que incorporará la regulación del Sistema Nacional de Búsqueda y el Sistema Nacional de Información Genética
11. Sin embargo, en la revisión del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016se puede apreciar una reducción de 261 millones de pesos al presupuesto asignado a la Procuraduría General de la República en relación con lo que se etiquetó en 2015.

 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RUBRO

2015

2016

 

Presupuesto total

 

$17,029,485,877.00

 

$16,768,566,951.00

 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada

 

$755,964,788.00

 

$628,528,829.00

 

Prevención del delito

 

$1,913,146,841.00

 

$1,913,146,841.00

 

Igualdad entre hombres y mujeres

 

$156,111,393.00

 

$179,641,566.00

 

Atención a niñas, niños y adolescentes

 

 

$141,406,159.00

 

Ciencia y tecnología

 

$198,419,381.00

 

$187,630,527.00

Fuente: http://www.vertigopolitico.com/articulo/34825/Presupuesto-2016

12. Esto resulta preocupante si se estuviese considerado por parte del gobierno federal que sea la propia instancia de procuración federal la responsable de la operación de los dos sistemas propuestos por el titular del Ejecutivo federal, lo que significaría muy poca seriedad en una propuesta a la que no se le asigna el presupuesto para su operación.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

UNÍCO. El Senado de la República, respetuosamente, exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a efecto de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, se consideren y destinen recursos para la operación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y del Sistema Nacional de Información Genética.

Dado en el Senado de la República, el 18 de septiembre de 2015.

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza.





 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, amplíe el presupuesto de recursos destinados al Programa “Paisano”, coordinado por el Instituto Nacional de Migración. Se turna a la Cámara de Diputados.







 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, amplíe el presupuesto de recursos destinados al “Programa de Repatriación Humana”, coordinado por el Instituto Nacional de Migración. Se turna a la Cámara de Diputados.







 

Del Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos para 2016, se consideren y aprueben los recursos suficientes para que los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia nacional, estatales y del Distrito Federal y los municipales adecuen o, en su caso, construyan instalaciones dignas y suficientes que les permitan alojar y proteger la integridad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, en tanto se resuelve su situación migratoria conforme a la ley. Se turna a la Cámara de Diputados.







 

También les informo que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con motivo del 30 aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985.

EFEMÉRIDE
ANIVERSARIO DEL TERREMOTO 19 SEPTIEMBRE 1985

Nuestro país ha pasado por innumerables sucesos lamentables, pero hay uno en particular que ha quedado de sobremanera marcado en los anales de la historia y en la memoria de todos los mexicanos.

Nuestro país pasó por la peor catástrofe de su historia: un temblor de 8.1 grados en la escala de Richter sacudió durante más de dos minutos el corazón de la nación.

Fue el 19 de septiembre de 1985, a las 7:17 horas, cuando se produjo el sismo más mortífero y destructivo que se ha registrado en la historia de la ciudad de México.

Sin duda, uno de los más trágicos despertares que dejó en cuestión de minutos miles de muertos y heridos, desaparecidos, damnificados, personas atrapadas entre los escombros, edificios públicos, privados y casas habitacionales destruidas; inmuebles en peligro de caer; interrupción en el servicio de agua, energía y teléfonos; fugas de agua y gas; múltiples rupturas en el asfalto y la paralización de la ciudad.

Inmediatamente las personas de la sociedad civil se empezaron a organizar, ante la obvia y evidente insuficiencia gubernamental para prestar el auxilio como se hubiese deseado.

Miles de personas provenientes de todas las clases sociales se organizaron, sumaron voluntades y esfuerzos para salvar a los sobrevivientes atrapados en los escombros, se habilitaron cientos de albergues; se repartieron alimentos y ropa a las 150 mil personas que de golpe quedaron en la calle por el terremoto. 

Se trató de la Improvisación de brigadistas que arriesgaron su vida por gente desconocida, como una de las mayores muestras de solidaridad que se ha demostrado entre la población. Héroes que merecieron el reconocimiento de la comunidad internacional ante esa emergencia.

Sin duda una tragedia nacional que hasta la fecha evoca dolor y luto, pero que también cambió por completo el pensamiento de los mexicanos con referencia a la prevención de desastres.

Por ello que se considere que el terremoto del 85 dejó como legado varios aspectos positivos, como la creación del Centro Nacional para la Prevención de Desastres, el desarrollo de la alarma sísmica, la realización de simulacros de emergencia para preparación de la ciudadanía, normas de construcción más estrictas, organizaciones de rescate, mayor conciencia sobre los sismos latentes en México y la creación de los Sistemas de Protección Civil.

Razones por las que, estimados compañeros legisladores, en el marco del cumplimiento de los 30 años del terremoto de 1985, una fecha propicia para reflexionar sobre la importancia de la cultura de la prevención, el fortalecimiento a la protección de nuestra población y la solidaridad entre los mexicanos.

Un homenaje a los héroes que en aquel momento arriesgaron su vida por la de los demás, a la memoria de quienes la perdieron y mi solidaridad para los familiares que les sobreviven.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono”.

Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono
 16 de Septiembre

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CÁMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA

En 1994, la Asamblea General proclamó el 16 de septiembre Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, para conmemorar el día en que se firmó en Montreal, en 1987, el Protocolo relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

Se invitó a todos los Estados a que dedicaran ese Día a la promoción de actividades relacionadas con los objetivos del Protocolo y sus enmiendas. La capa de ozono, que es una capa frágil de gas, protege a la Tierra de la parte nociva de los rayos solares, y por consiguiente, ayuda a preservar la vida en el planeta.

La eliminación de los usos controlados de sustancias que agotan el ozono y las reducciones conexas no solo han ayudado a proteger la capa de ozono para la generación actual y las venideras, sino que también han contribuido enormemente a las iniciativas mundiales dirigidas a hacer frente al cambio climático; asimismo, han protegido la salud humana y los ecosistemas reduciendo la radiación ultravioleta dañina que llega a la Tierra.

Este año se cumple el trigésimo aniversario del Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono; un hito en la protección de esta capa de la atmósfera. El tema de este año para el Día Internacional es: «El ozono: todo lo que hay entre usted y los rayos UV».

El ozono en la estratosfera absorbe parte de la radiación ultravioleta del Sol, la cual es biológicamente dañina. Debido a esta función beneficiosa, el ozono estratosférico es considerado «bueno». Por el contrario, el exceso de ozono en la superficie de la Tierra que se forma de los contaminantes se considera «malo» ya que puede ser perjudicial para los seres humanos, plantas y animales. El ozono que se produce naturalmente cerca de la superficie y en la baja atmósfera es también beneficioso porque el ozono ayuda a eliminar los contaminantes de la atmósfera.

El trabajo de los científicos e investigadores del medio ambiente atmosférico sigue desempeñando un papel primordial para informar la formulación de políticas en el marco del Protocolo de Montreal. Las imágenes y los boletines científicos sobre el agotamiento del ozono son herramientas útiles de comunicación para el público sobre los progresos realizados y los retos por delante.

Viernes 18 de Septiembre de 2015.

Atentamente

H. Cámara De Senadores
Senador Francisco Salvador López Brito.





 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, sobre el aniversario del natalicio de Ricardo Flores Magón.

EFEMÉRIDE “ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE RICARDO FLORES MAGÓN”

Ricardo Flores Mágón, ilustre oaxaqueño, nacido en San Antonio Eloxochitlán fue un precursor de la Revolución Mexicana e hijo de padres indios, quien cursó estudios de derecho en la Universidad de México.

Las ideas de Regeneración son liberales, ya que se consideraba que la evolución política de nuestro país estaba impedida por la dictadura, y al luchar por la recuperación de la libertad política, habría una regeneración del gobierno creado por la historia mexicana. La lucha sería democrática y pacífica.

Hostigado por el gobierno, se exilió en 1904 a Estados Unidos y en 1906 fundó el Partido Liberal Mexicano, de ideología socialista, reivindicando un programa revolucionario de intervencionismo estatal en el que exponía ideas renovadoras políticas, sociales y económicas, y su objetivo era el mejoramiento individual y colectivo; ofreciendo un ideario socio-liberal que considera a Ricardo Flores Magón como “adelantado artífice de nuestro derecho social.

La lucha de Ricardo Flores Magón no sólo se dirigió contra la tiranía, sino contra la miseria, y en favor de la libertad y la prosperidad. Esa lucha en favor de los trabajadores del campo y de la ciudad ha de trascender hasta la creación de nuestra Constitución de 1917. Es en los artículos que contienen los derechos sociales y la separación del Estado de la Iglesia donde se recogieron las ideas medulares del PLM.

Así mismo, influyó con sus demandas en la redacción que inspiró el Artículo 3º Constitucional, que sienta los principios que rigen de la educación laica en nuestro país y, en particular, establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación pública primaria.

Si Flores Magón viviera, exclamaría que parte de la crisis que vivimos es por carecer de obreros con conciencia de clase, basada en el valor y dignidad de su trabajo, pues están sujetos a la ideología de las clases medias, reproducidas constantemente por los medios masivos de comunicación, por lo que es presa de los dirigentes corruptos, que sirven al régimen, solo así se explica el bajo monto del salario mínimo y de los demás salarios, a excepción del de los altos funcionarios del gobierno.

De esta forma nos encontramos con un Estado que ha dejado de ejercer las atribuciones y actividades económicas que se le han conferido en la Constitución, por un lado descuidando la prestación del servicio de educación pública, así como la protección de los derechos de los trabajadores y por otro descuidando las actividades del servicio de correo, la explotación de recursos petroleros, de la comunicación vía satélite o abandonando la industria ferrocarrilera, dejando una amplia libertad a la iniciativa privada para que intervenga en la economía.

Sin embargo, en lugar de desarrollarla o de proponer esquemas de desarrollo con ese fin, se ha producido una desarticulación de la misma, agravándose por la desatención en la inversión en las instituciones públicas, infraestructura y actividades de desarrollo tecnológico, lo que resulta una severa crisis en las instituciones y servicios públicos, y una fuerte dependencia de importación de productos y tecnología extranjera.





 

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del trigésimo aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. 

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, en el Senado de la República conmemoramos el trigésimo aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985 de la Ciudad de México, fecha idónea para rendir un respetuoso y sentido homenaje a las víctimas y familias de éstas.

Lo que constituye un parteaguas en la historia nacional, cuenta con dos grandes aristas, por un lado está la tragedia y el dolor que padecieron las personas que perdieron su patrimonio, que sufrieron lesiones y aquellas que lamentablemente perdieron la vida, y por el otro lado, la solidaridad, empatía, fortaleza y organización de la sociedad mexicana para auxiliar a los afectados.

A 30 años de aquella mañana del 19 de septiembre de 1985, cuando la Ciudad de México fue sacudida por un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter, podemos decir con satisfacción que hemos avanzado en materia de prevención, actualmente tenemos protocolos más sólidos y eficaces ante casos de este tipo.

Hoy, además de recordar el terrible acontecimiento de 1985, como ocurre desde el año 2001, celebramos una edición más del “Día Nacional de Protección Civil”, en el cual todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, realizan simulacros de evacuación de las instalaciones oficiales correspondientes, a fin de fomentar el auto-cuidado, de esta manera contribuimos a minimizar los riesgos derivados de desastres naturales o de carácter antropogénico.

Si bien es cierto que los fenómenos de la naturaleza no se pueden evitar, también lo es que a través de planes, programas y protocolos confiables, sí podemos atenuar sus estragos. En este sentido, los legisladores del PRI, hacemos el llamado para que consolidemos a la prevención como nuestra herramienta más importante.

No podemos permitir que se vuelvan a presentar tragedias como la ocurrida el 19 de septiembre de 1985, en la que de acuerdo con cifras oficiales, hubo 33 mil 224 personas damnificadas; poco más de 10 mil personas fallecieron; y más 30 mil edificaciones resultaron destruidas y alrededor de 6 mil sufrieron daños parciales.

De la misma manera, no podemos dejar de mencionar y reconocer que en medio de la catástrofe, la población se levantó para auxiliar a las personas en desgracia, así lo dejan de manifiesto el surgimiento de la sociedad civil organizada en nuestro país. Es precisamente en esta última consideración que radica parte esencial de la evolución que tuvimos como nación, de ahí que el terremoto de 1985 representa un antes y un después dentro de la historia contemporánea de México.

Desde entonces el Estado Mexicano se ha preocupado por llevar a cabo una evaluación integral y permanente hacia los protocolos de seguridad para fortalecer la cultura en materia de protección civil, además de coadyuvar para que haya mayor injerencia de la sociedad civil en asuntos de interés general, lo cual ha permitido tener un país más plural, democrático, justo e igualitario.

En el marco del trigésimo aniversario del terremoto de 1985, es propicio redoblar esfuerzos en las acciones que hagan posible contar con diagnósticos más precisos, y garantizar una reacción pronta y oportuna por parte del Estado. Por lo anterior, es fundamental, que cada vez haya mayor coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno al momento de brindar auxilio y rehabilitación ante la presencia de un desastre natural.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, hacemos el llamado para fomentar entre la población la importancia de respetar los protocolos y medidas de seguridad, pero sobre todo, a mantener viva nuestra costumbre de socorrer a nuestros hermanos mexicanos ante situaciones apremiantes.
A treinta años de los hechos, reconocemos y honramos a quienes auxiliaron en la búsqueda de personas, rendimos un merecido homenaje a la población que salió a las calles, levantó escombros, salvó vidas, reconstruyó viviendas y a quienes se sobrepusieron a la adversidad, así como a la memoria de las personas que de manera infortunada fallecieron, a todos ellos nuestro máximo respeto.

Sigamos demostrando que no hay adversidad que doblegue o divida a México, y que por el contrario, ante cualquier contingencia, nos fortalece y llama a la unidad, así somos los mexicanos -solidarios, valientes, entusiastas, talentosos y emprendedores.





 

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre el aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985.







 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con motivo del ducentésimo quinto aniversario del inicio de la Guerra de Independencia.

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del ducentésimo quinto aniversario del inicio de la guerra de independencia, 16 de septiembre de 1810.

El 16 de septiembre es un día de fiesta para todos los mexicanos. La conmemoración del “Grito de Independencia” es una de las fechas más significativas en nuestro país.

Este año, conmemoramos el ducentésimo quinto aniversario del inicio de la guerra de independencia. En el marco de este aniversario, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, reconocemos el valor, determinación y compromiso de todas y todos los mexicanos que dieron su vida en el movimiento de independencia para que México fuera una nación libre y soberana.

En el marco de esta conmemoración es oportuno hacer una remembranza de cómo ocurrieron los hechos. Todo inició en Querétaro a partir en año de 1809 cuando en la casa del Corregidor Miguel Domínguez, Miguel Hidalgo y Costilla organizó una serie de reuniones en la que participaron Ignacio Allende, Juan Aldama, el Corregidor y su esposa doña Josefa Ortiz de Domínguez.

Dichas reuniones se realizaban en secreto y en ellas se proponía desconocer a las autoridades virreinales e instalar, en su lugar, una junta de gobierno provisional, hasta que fuera restablecido en el trono el monarca Fernando VII.

A pesar de que las reuniones se llevaron a cabo en secrecía, en los primeros días de septiembre de 1810 fueron delatados, al ser descubiertas los actores se vieron en la necesidad de adelantar el inicio del movimiento que originalmente se tenía previsto para octubre del mismo año.

El 15 de septiembre de 1810 a lado de Aldama, Allende, José Santos Villa, Vicente Lobo, José Cecilio Arteaga y otros simpatizantes del movimiento, Miguel Hidalgo se levantó en armas en contra de las autoridades del Virreinato, para ello liberó y armó a los presos locales quienes aprehendieron a los españoles.

Finalmente, la madrugada del 16 de septiembre de 1810 inició el movimiento de independencia, Miguel Hidalgo reunió a más de 300 hombres y se dirigió a Dolores, al pasar por Atotonilco, Hidalgo, tomó una imagen de la Virgen de Guadalupe, siendo el estandarte y símbolo de aquel célebre día.

Aquella madrugada, la efervescencia del momento y el deseo de independencia hicieron que los insurgentes acudieran puntuales a su llamado con la historia, sin duda era momento de dar fin a las injusticias, era momento de impulsar la libertad e igualdad en nuestra sociedad, pero sobre todo, era momento de que México se erigiera con una verdadera soberanía nacional con plena autodeterminación.

El aniversario del inicio de la independencia, nos convoca a dimensionar el significado de ser mexicano, el orgullo y las responsabilidades que implica ser parte de esta gran nación.

Desde esta soberanía nacional, reafirmamos nuestro compromiso histórico con las y los mexicanos, pero sobre todo, con el progreso y la consolidación de nuestro régimen jurídico y político, el cual es producto de innumerables y memorables batallas.

Con profunda admiración y respeto, reconocemos a quienes con valor, determinación y patriotismo hicieron posible la independencia de México. 

Hoy, recordamos a: Miguel Hidalgo y Costilla; Ignacio Allende; Juan Aldama; Miguel Domínguez; Josefa Ortiz de Domínguez; Nicolás Bravo; Mariano Matamoros; Francisco Javier Mina; Gertrudis Bocanegra; Leona Vicario; Andrés Quintana Roo; Guadalupe Victoria; Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Héroes y heroínas con las más altas virtudes que pasaron a la historia por sus grandes aportaciones en favor de México.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo martes 22 de septiembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:07 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
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Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

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