Comisión Permanente
LXIII Legislatura, Segundo Año, Segundo Receso.
Jueves 27 de julio de 2017
Gaceta de la Comisión Permanente
    
    

¿Qué es la Gaceta?

La Gaceta es el órgano informativo  oficial del Senado. Depende de la Mesa Directiva y cuenta con un Consejo Directivo formado por los miembros de la propia Mesa y por los secretarios generales de  Servicios Administrativos y de Servicios Parlamentarios; el Presidente de la Mesa lo es del Consejo.

Artículo 306 del Reglamento del Senado de la República.

Leer más
Miércoles 17 de Mayo de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-5/71467
Miércoles 17 de Mayo de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-5/71467

De las Diputadas Mariana Benítez Tiburcio y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL RESPECTO A LOS PROCESOS DE DETENCIÓN, ENJUICIAMIENTO, SENTENCIA Y RECLUSIÓN DE MUJERES, A CARGO DE LAS DIPUTADAS MARIANA BENÍTEZ TIBURCIO Y ERIKA ARACELI RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Las suscritas, Mariana Benítez Tiburcio y Erika Araceli Rodríguez Hernández, diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y de la Ley Nacional de Ejecución Penal respecto a los procesos de detención, enjuiciamiento, sentencia y reclusión de mujeres, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mundialmente, los delitos relacionados con drogas se encuentran entre las primeras causas de encarcelamiento de mujeres y cada vez se genera más evidencia sobre el vínculo entre las relaciones de género, la participación de las mujeres en delitos de drogas y la respuesta punitiva del Estado. De acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), los porcentajes que representan las mujeres acusadas de delitos de drogas son significativamente altos con relación al total de mujeres privadas de la libertad en algunos países de América Latina. Mientras que en Costa Rica alcanzan el 75%, en Argentina, Brasil y Perú representan más del 60% del total de la población carcelaria femenina. Y en el caso de Colombia y México, la representación de mujeres se acerca al 45%. (Ver tabla 1)

El impacto del actual marco de las políticas de drogas en la región se refleja claramente en estos datos, específicamente el uso de la prisión preventiva y de penas desproporcionales que no toman en cuenta las condiciones de involucramiento y los modos de participación de las mujeres en estos delitos, convirtiéndose de esta manera, en una reacción penal no sólo desprovista de perspectiva de género, sino desmedida y con efectos trascendentes sobre todo su entorno familiar y comunitario.

Las mujeres sufren de manera desproporcionada los impactos del encarcelamiento por las situaciones de vulnerabilidad de las cuales proceden y porque dichas condiciones se recrudecen en el espacio penitenciario. Diversos estudios confirman que las mujeres sufren las consecuencias de la persistencia de relaciones de género asimétricas que operan en detrimento de sus vidas y las de sus familias, y que estas condiciones se agravan porque viven en la región con los más altos índices de desigualdad en el mundo.

Ante esta realidad, el tráfico de drogas les ofrece opciones de empleo ilegal que les permiten, además, seguir cumpliendo con funciones sociales tradicionalmente adscritas a las mujeres, especialmente aquéllas relacionadas con los cuidados de niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad o enfermas, entre otras personas dependientes. Las redes de tráfico de drogas reclutan a las mujeres más vulnerables para desempeñarse en los roles más bajos y peligrosos. Asimismo, su involucramiento está relacionado con la reproducción de relaciones y roles de género tradicionales: suelen ser reclutadas por la pareja o por el grupo familiar y ven en los delitos de drogas una manera de percibir ganancias que les permiten cumplir con su rol de cuidadoras en el ambiente doméstico. Por lo tanto, los delitos de drogas son también conocidos como delitos “de género”.

Esta iniciativa propone atender estas problemáticas, incorporando criterios de aplicación práctica que materialicen el principio de igualdad y no discriminación, particularmente en los casos donde el sistema de procuración e impartición de justicia debe poner mayor atención, para revertir la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, así como el impacto de las políticas estatales en los grupos históricamente más desaventajados. Por ello, si bien en un principio se busca beneficiar a las mujeres, también se considera necesario favorecer a personas que vivan en condiciones de pobreza y exclusión social; a las que sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad; o, sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad.

MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN MÉXICO

En México, datos derivados del “Censo Nacional de Gobierno, Seguridad y Sistema Penitenciario Estatales 2015” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muestran que los delitos contra la salud (del fuero local o federal) son la segunda causa de encarcelamiento de mujeres, precedidos por los delitos de robo. En el caso de delitos del fuero común, el narcomenudeo es precedido solo por homicidio, secuestro y robo. Mientras que, en el fuero federal, los delitos contra la salud constituyen la razón primordial por la cual son recluidas las mujeres. (Ver tablas 2 y 3).

Estudios cualitativos indican que las condiciones de vida alrededor de las mujeres en reclusión en general, y de las mujeres acusadas por delitos de drogas en particular, son parecidas a las que encontramos en otras latitudes, y responden a un conjunto de dinámicas entre las cuales se cruzan la feminización de la pobreza,la permanencia de relaciones de género asimétricas, la violencia contra las mujeres –y la tolerancia e impunidad que frente a ella persiste, incluso en el sistema de justicia –, la penetración del narcotráfico y de la delincuencia organizada como opciones de empleo ilegal frente a un Estado a menudo incapaz de alcanzar a los estratos más excluidos de la sociedad.

A menudo son mujeres efectivamente culpables de cometer el ilícito del que se las acusa; sin embargo, a la hora de determinar su culpabilidad e imponer una sentencia, no se toman en cuenta los factores que anteceden a su involucramiento ni su modalidad de participación, a menudo vinculados con formas de violencia contra las mujeres. Únicamente se observan elementos como la realización de la conducta ilícita, el tipo de sustancia y su cantidad, omitiendo consideraciones que permitan desentrañar de qué manera las relaciones desiguales entre los géneros subyacen a la participación de las mujeres en delitos específicos.

La supuesta neutralidad del derecho penal se traduce entonces, en una forma de perpetuación de la desigualdad de las mujeres y de la violencia en su contra.

Actualmente, en México no existen las condiciones para que las mujeres privadas de la libertad puedan ser alojadas en centros de reclusión cercanos a su domicilio y, al mismo tiempo, acondicionados de manera adecuada para ellas y las hijas e hijos que viven con ellas. El principal argumento para justificar y mantener esta situación es que las mujeres en prisión representan un porcentaje significativamente menor en comparación con los hombres privados de la libertad. De conformidad con el “Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional” de la Comisión Nacional de Seguridad” (CNS, julio 2016), las mujeres representan 5% del total de la población penitenciaria y la mayoría se encuentra detenida en calidad de procesada o sentenciada por delitos del fuero común.

De acuerdo con el Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana, de 2015, los centros que albergan a mujeres se caracterizan por situaciones que vulneran los derechos humanos de las mujeres y de las hijas e hijos que viven con ellas, incluyendo maltrato, deficiencias en las condiciones materiales, condiciones de desigualdad de las áreas femeniles respecto de las instalaciones destinadas a los hombres, deficiencias en la alimentación, sobrepoblación y hacinamiento, autogobierno, cobros y privilegios, violencia sexual, inadecuada separación, irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias, diversidad de criterios sobre la permanencia de los menores de edad que viven con sus madres y falta de apoyo para que accedan a los servicios de guardería y educación básica, entre otros.

Triple condena y trascendencia de la pena: la importancia de juzgar con perspectiva de género.

El panorama retratado hasta el momento nos permite hablar de una triple condena en el caso de las mujeres privadas de la libertad: i) una derivada de la falta de la incorporación de la perspectiva de género en el sistema de justicia penal; dicha falta se traduce en impactos reales en la vida de las mujeres y de las personas que dependen de ellas; ii) en segundo lugar, la respuesta penal del Estado frente a ciertos delitos, entre ellos los delitos contra la salud, es desproporcional porque se basa en planteamientos de “talla única” para todos, reduciendo el margen de aplicación de penas justas y medidas alternativas al encarcelamiento; iii) finalmente, las condiciones de reclusión se cruzan con otras variables sociales sesgadas por la desigualdad entre los géneros.

Lo anterior debe ser atendido bajo una óptica integral que considere las especificidades de las mujeres privadas de la libertad, incorporando plenamente la perspectiva de género en la procuración e impartición de justicia, así como en la ejecución penal. Este cambio de paradigma debe ir acompañado de otro de igual envergadura: romper con la visión tradicional del derecho penal, por el cual los elementos a tomar en cuenta a la hora de aplicar una sanción son i) la naturaleza del delito; ii) las circunstancias del delincuente; y iii) los intereses de la comunidad.

En principio, incorporar la perspectiva de género implica la comprensión de que la desigualdad estructural, la subordinación y la desventaja histórica basadas en el género no sólo se manifiestan cuando las mujeres comparecen ante los procesos judiciales como víctimas, sino también cuando se encuentran en conflicto con la ley. Es decir, reconocer que el orden social desigual entre los géneros tiene implicaciones concretas en su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Lo anterior implica comprender que la discriminación también ocurre cuando las normas, políticas y prácticas son aparentemente neutras pero el resultado de su aplicación impacta de forma desproporcionada en ciertas personas o grupos sin una justificación objetiva y razonable.

El Estado mexicano se ha comprometido a revertir lo anterior, al firmar y ratificar los instrumentos internacionales de derechos humanos; integrando un amplio marco de protección, dentro del cual destacan obligaciones específicas como las contenidas en la CEDAW: modificar o derogar las normas, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer, en especial las disposiciones penales; e implementar las medidas necesarias para abandonar los prejuicios y prácticas consuetudinarias basadas en la idea de inferioridad o superioridad de los sexos. Asimismo, la Convención Belem Do Pará, establece que los Estados deben actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres con independencia del ámbito en que ocurra y de quién la perpetre.

A nivel nacional, los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución, obligan a las autoridades de procuración e impartición de justicia a desarrollar y contar con lineamientos para analizar cómo el orden social de género reparte la valoración, el poder, los recursos y las oportunidades de forma diferenciada; considerando la situación de desventaja histórica de las mujeres en la determinación de su responsabilidad penal, incluida la atribución de autoría y participación en la comisión de delitos. Por último, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) elucida qué se entiende por perspectiva de género y cuáles son los tipos de violencia contra las mujeres, así como las herramientas para prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla. Esta iniciativa conjuga las obligaciones en materia de justicia, específicamente de aplicación del derecho penal y de la ejecución penal, con las obligaciones orientadas a eliminar la violencia de género contra las mujeres.

De esta forma, el mandato establecido en la legislación penal de juzgar con perspectiva de género implica hacer realidad el derecho a la igualdad; y responde a una obligación constitucional y convencional de combatir la discriminación al garantizar el acceso a la justicia y remediar situaciones asimétricas de poder.

POLÍTICAS DE DROGAS Y PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLANO INTERNACIONAL.

Si bien desde la criminología y la sociología feminista anglosajona y latinoamericana se ha visibilizado desde los años ochenta a las mujeres involucradas en delitos de drogas y la desproporcionalidad de la respuesta penal de los Estados, sólo en años recientes esta problemática ha alcanzado la arena pública y los organismos internacionales, como se presentan a continuación:

  • Argentina

La Ley No 26.472, promulgada en 2009, introdujo modificaciones en el Código Penal de la Nación, en el Código Procesal Penal de la Nación y en la Ley de Ejecución Penal (Ley No 24.660), “que habilitan al juez a disponer el arresto domiciliario para las mujeres embarazadas, para las madres de niñas y niños hasta los cinco años de edad, o que tengan a cargo a personas con discapacidad. Si bien esta ley no ha sido exenta de críticas, ofrece un margen de acción para que, mediante la interpretación judicial, se busque la protección de las mujeres durante el embarazo y se garanticen los cuidados de sus hijas e hijos, cuando esto sea lo mejor para su interés superior. Asimismo, responde a que la gran mayoría de las mujeres privadas de la libertad son madres y son las principales o únicas cuidadoras de sus hijas e hijos, así como de otras personas dependientes.

  • Costa Rica

En agosto de 2013 se aprobó la Ley 9161, por la que se introdujo el artículo 77 bis y se modificó la Ley 8204 sobre psicotrópicos. Esta reforma prevé una reducción de sentencias (pasando de una sentencia de mínimo 8 años a máximo 20 años a una de mínimo 3 años a máximo 8 años) para las mujeres que introducen drogas a los centros de reclusión cuando reúnen los siguientes supuestos:

a) Se encuentren en condición de pobreza;

b) Sean jefas de hogar en condición de vulnerabilidad;

c) Tengan bajo su cargo personas menores de edad, adultas mayores, o personas con cualquier tipo de discapacidad que amerite la dependencia de la persona que la tiene a su cargo;

d) Sean una persona adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad.

En caso de que se determinen alguna de las condiciones anteriores, el juez competente o el juez de ejecución de la pena podrán disponer el cumplimiento de la pena impuesta, en modalidad de detención domiciliaria, libertad asistida, centros de confianza, libertad restringida con dispositivos electrónicos no estigmatizantes o cualquier tipo de medida alternativa a la prisión.

A la fecha, la reforma de Costa Rica es única en su tipo, pues atiende particularmente a un grupo específico de mujeres acusadas de delitos de drogas, a saber, las que son acusadas de introducir drogas a un centro de reclusión.

  • Inglaterra y Gales

En 2012, el Sentencing Council para Inglaterra y Gales emitió unas directrices de orientación sobre cómo sancionar en casos de delitos relacionados con drogas. Los delitos se dividen en siete categorías: introducción o extracción de drogas controladas al país, suministro u oferta de suministro, posesión con fines de proveerla a otra persona, producción, cultivo de la planta cannabis, permitir el uso de instalaciones y posesión de sustancias controladas. Para la definición de la sanción se elucidan, mediante un sistema de tablas, cuatro criterios: tipo de sustancia, cantidad, ofensa y nivel de liderazgo de la persona acusada (líder – leading role –, papel significativo – significant role – o papel menor –lesser role). Una vez establecido el rango de sanción, se enlistan una serie de factores agravantes y atenuantes; entre las atenuantes se incluyen i) la participación bajo presión; ii) intimidación o coerción; iii) la creencia errónea respecto del tipo de droga; iv) el abuso de la vulnerabilidad de la persona; v) la edad o la falta de madurez; vi)la inexistencia de condena previa o condena no relevante o reciente; vii) ser la única o principal persona cuidadora de familiares dependientes.

El objetivo de estas directrices es generar sentencias más consistentes, y en el caso de los correos humanos busca una reducción de sentencias que tome en cuenta su rol menor.

Resolución “Incorporación de la perspectiva de género en las políticas y programas relacionados con las drogas”

En marzo de 2016 se realizó en Viena la 59 sesión de la Comisión de Estupefacientes (CND) del Consejo Económicos y Social (ECOSOC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se analizaron borradores de resoluciones sobre distintos temas, promovidas por países específicos, una de ellas es la Resolución “Incorporación de la perspectiva de género en las políticas y programas relacionados con las drogas”. Ésta fue redactada y propuesta originalmente por México, y fue presentada en la CND con el apoyo de Costa Rica y Brasil. En la Resolución, las mujeres en conflicto con las leyes de drogas son descritas como pobres, con poca educación, principales o únicas responsables de sus hijos e hijas u otras personas dependientes, que son utilizadas por el crimen organizado.

La Resolución aboga a favor de medidas alternativas en el caso de mujeres embarazadas y madres, acusadas de delitos menores y no violentos, así como la implementación de las distintas normas de las Naciones Unidas en materia de población en reclusión, especialmente las Reglas de Bangkok, enfocadas en mujeres y niñas privadas de la libertad:

[La comisión de Estupefacientes] Alienta a los Estados Miembros a que tomen en consideración las necesidades y circunstancias específicas de las mujeres detenidas, procesadas o juzgadas, o a las que se hayan impuesto condenas por delitos relacionados con las drogas, cuando formulen medidas que tengan en cuenta el género como parte integrante de sus políticas de prevención del delito y justicia penal, incluidas medidas apropiadas para llevar ante la justicia a los autores de abusos contra las mujeres detenidas o encarceladas por delitos relacionados con las drogas, utilicen, según proceda, a las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio) y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela);

5. Insta a los Estados Miembros a que ejecuten programas de base amplia para impedir la utilización de mujeres y niñas como correos en el tráfico de drogas, y solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que preste asistencia a los Estados para que formulen dichos programas a fin de luchar contra la utilización y participación de las mujeres en el comercio ilícito de drogas y adoptar medidas penales adecuadas contra los grupos delictivos organizados que utilicen a mujeres y niñas como correos;

6. Pone de relieve que, sin perjuicio del principio de igualdad de todos ante la ley, al dictar sentencia o decidir medidas previas al juicio respecto de una mujer embarazada o que sea la principal o única responsable de cuidar de un niño o niña, se debería dar preferencia a las medidas no privativas de la libertad, de ser posible y apropiado, y considerar la posibilidad de imponer penas que supongan privación de la libertad cuando se trate de delitos graves o violentos, y, en este sentido, invita a los Estados Miembros a que se basen en la publicación de la Organización Mundial de la Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito titulada Guidelines for Identification and Management of Substance Use and Substance Use Disorders in Pregnancy, cuando proceda, y de conformidad con la legislación nacional.

México tiene un compromiso formal y moral para traducir en realidad los acuerdos plasmados en el texto de la Resolución y transversalizar la perspectiva de género en las políticas y programas relacionados con las drogas. La iniciativa expuesta a continuación representa un esfuerzo para concretar los compromisos que México ha asumido ante las Naciones Unidas y, por lo tanto, ante la comunidad internacional; plantea reformas que, de aprobarse, pueden garantizar la protección y defensa de los derechos de las mujeres, contribuyendo de esta manera a reducir la violencia de género institucional; fomenta el desarrollo de un sistema penal basado en la proporcionalidad, individualización y no trascendencia de la pena y contribuye a construir una sociedad justa, en la cual el delito es sancionado pero no en detrimento de los derechos humanos de las personas.

ALCANCES Y LÍMITES DEL MARCO LEGAL MEXICANO.

El 2016 marcó el cénit de un hito en la historia penal y legislativa mexicana: con la transición definitiva al sistema acusatorio y la promulgación de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) culmina la Reforma Penal de 2008 y se sientan las bases para un sistema penitenciario alineado a los principios del debido proceso. Aun así, el marco legislativo actual no franquea la rigidez y severidad de las actuales políticas de drogas en México en el ámbito penal, las cuales se mantienen poco flexibles y altamente punitivas. Entre otros puntos cabe destacar i) la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, prevista a nivel constitucional; ii) la falta de acceso a medidas alternativas, excepto en los supuestos de posesión establecidos en la Ley General de Salud (LGS); iii) penas desproporcionadas; iv) la inclusión de factores agravantes que conllevan el aumento de la pena, mas no de atenuantes que la reduzcan; v) la falta de acceso a mecanismos de reducción parcial de la pena, sustitutivos de la prisión y libertad preparatoria para la mayoría de los delitos. Algunos de estos puntos se ven balanceados por disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) (por ejemplo, el artículo 166) y de la LNEP (artículo 144, entre otros). No obstante, para la implementación de políticas de drogas que incluyan la perspectiva de género y que tomen en cuenta la situación específica de las mujeres involucradas en estos delitos, así como los efectos de la pena que se extienden a todo su entorno familiar y comunitario, se considera necesario introducir reformas puntuales en los dispositivos legales que establecen las penas por estos ilícitos (LGS y Código Penal Federal, CPF), así como criterios orientadores que aseguren que en la fase procesal y de ejecución penal no se dejen a un lado estas cuestiones.

La presente iniciativa introduce modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, al Código Penal Federal, a la Ley General de Salud y a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que pretenden incluir en la argumentación jurídica elementos que garanticen que la individualización de la pena contemple consideraciones relacionadas con las necesidades específicas de las mujeres a las cuales nos hemos referido, así como otras que permitan prevenir, o atenuar, el impacto desproporcionado de la pena de prisión.

Desde esta perspectiva, las reformas aquí propuestas contienen una serie de criterios que procuran garantizar el principio de igualdad, incluyendo medidas dirigidas a grupos específicos, como personas que vivan en condiciones de pobreza y exclusión social; mujeres embarazadas; que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad; sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad; o; sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad. Tanto sentencias y documentos de la Corte Interamericana como instrumentos internacionales subrayan la importancia de poner especial atención a la situación de vulnerabilidad de las mujeres durante el embarazo y el puerperio, privilegiando medidas alternativas a la privación de la libertad en un centro de reclusión.

Por otro lado, y dado que el impacto de la pena de prisión de una mujer o un hombre sobre sus hijas e hijos, así como sobre otras personas que dependan de ellas es marcadamente diferenciado en razón de la desigualdad estructural entre los géneros, además de hacer frente a las condiciones de desventaja histórica, el Estado debe asumir la responsabilidad de no poner en riesgo a las personas que dependen del inculpado o inculpada, sino de implementar sentencias que ponderen tanto los elementos más tradicionales del derecho penal (delito, circunstancias del inculpado o de la inculpada e intereses de la comunidad) como aquéllos vinculados a la trascendencia de la pena y el derecho al cuidado de las personas dependientes a no ser afectados o incluso puestos en riesgo como resultado de las decisiones judiciales.

Por todo lo anterior, se presenta la siguiente propuesta de reformas y adiciones en los términos que se precisan a continuación:

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Las reformas propuestas al CNPP tienen el fin de incorporar en la fase procesal criterios que permitan implementar la perspectiva de género, así como llevar a cabo cabalmente las responsabilidades del Estado y sus agentes para buscar medidas lo menos lesivas posibles para terceros afectados y no incurrir en violación de derechos mediante un uso rígido, formalista e irreflexivo del derecho penal, tanto en la detención, los cateos, la argumentación jurídica, la imposición de una pena privativa de la libertad, etc. Huelga precisar que las referencias a “persona cuidadora principal o única cuidadora” se retoman del artículo 144 de la LNEP y responden a un esfuerzo de armonización legislativa.

El análisis de los diferentes tipos, manifestaciones, causas y efectos de la violencia contra las mujeres se basan en las definiciones elucidadas en la LGAMVLV.

Texto actual

Texto de la reforma

Artículo 152. Derechos que asisten al detenido.

Artículo 152. Derechos que asisten al detenido.

Las autoridades que ejecuten una detención por flagrancia o caso urgente deberán asegurarse de que la persona tenga pleno y claro conocimiento del ejercicio de los derechos citados a continuación, en cualquier etapa del período de custodia:

I a la V …

VI. Cuando, para los fines de la investigación sea necesario que el detenido entregue su ropa, se le proveerán prendas de vestir, y

VI. Cuando, para los fines de la investigación sea necesario que el detenido entregue su ropa, se le proveerán prendas de vestir;

VII. El derecho a recibir atención clínica si padece una enfermedad física, se lesiona o parece estar sufriendo de un trastorno mental.

VII. El derecho a recibir atención clínica si padece una enfermedad física, se lesiona o parece estar sufriendo de un trastorno mental;

Sin correlativo.

VIII. En el caso de personas que son las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad, se tomarán todas las medidas para la debida atención de sus dependientes, para lo cual se ordenará dar aviso a las autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes, incluso de ser necesario, se deberá prever la posibilidad de suspender la detención por un período razonable;

Sin correlativo.

IX. En el caso de mujeres embarazadas, éstas recibirán los cuidados oportunos, serán colocadas en celdas separadas y se les proporcionará alimentos adecuados a su situación. Asimismo, se mantendrá a su disposición atención médicaginecológica por parte de personal femenino, si así lo desean. En todo caso, se buscará reducir el tiempo de su detención; y

Sin correlativo.

X.En el caso de mujeres lactantes, se tomarán las medidas oportunas para no separarlas de sus hijos lactantes y proporcionar un lugar seguro, limpio y privado donde puedan amamantar.

En cualquier caso está estrictamente prohibido instigar a las mujeres para que dejen de amamantar.

Artículo 156. Proporcionalidad

Artículo 156. Proporcionalidad

El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución.

BOITEUX, Luciana, “Mujeres y encarcelamiento por delitos de drogas”. Colectivo de Drogas y Derecho (CEDD), octubre, 2015. http://www.drogasyderecho.org/publicaciones/ pub-priv/Luciana_v08.pdf . PIERIS, Nischa Jenna, Mujeres y drogas en las Américas. Un diagnóstico de política en construcción. Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), Washington D.C, enero 2014. http://www.oas.org/en/cim/ docs/WomenDrugsAmericas-ES.pdf . GIACOMELLO, Corina, Estados Unidos, Género, drogas y prisión. Experiencias de mujeres privadas de su libertad en México. Tirant lo Blanch, México, 2013. GIACOMELLO, Corina, “Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en América Latina”. International Drug Policy Consortium (IDPC), Londres, octubre 2013. http://idpc.net/es/ publications/2013/11/mujeres-delitos-de-drogas-y-sistemas- penitenciarios-en-america-latina.

Giacomello Corina y BLAS Isabel, “Propuestas de reforma en casos de mujeres encarceladas por delitos de drogas en México”, EQUIS, Justicia para las Mujeres, INACIPE, Ciudad de México, México, Febrero 2016.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, 2015”, consulta interactiva de datos, México, 2015, http://www.inegi.org.mx.

Azaola, Elena y Yacamán, Cristina José, Las mujeres olvidadas. Un estudio sobre la situación actual de las cárceles de mujeres en la República Mexicana, El Colegio de México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ciudad de México, México, 1994; Briseño, Marcela, Garantizando los derechos humanos de las mujeres en reclusión, Inmujeres, Ciudad de México, México, 2006; Giacomello, Corina, Género, drogas y prisión. Experiencias de mujeres privadas de su libertad en México, Tirant Lo Blanch, Ciudad de México, México, 2013.

Centro de Estudios Legales y Sociales et al., Mujeres en prisión. Los alcances del castigo, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, Argentina, 2011, http://www.cels.org.ar; Penal Reform International, Who are women prisoners? Survey Results from Uganda, 2015, http://www.penalreform.org; Penal Reform International, Who are women prisoners? Survey Results from Jordan and Tunisia, 2014, http://www.penalreform.org; Penal Reform International, Who are women prisoners? Survey Results from Kazakhstan and Kyrgyzstan, 2013, http://www.penalreform.org.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, CIDH, 2007, http://www.cidh.org.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana, CNDH, Ciudad de México, México, 2015, http://www.cndh.org.mx.

Ministerio Público de la Defensa, Punición & Maternidad. Acceso al arresto domiciliario, Defensoría General de la Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 2015.

Comisión de Estupefacientes, “Incorporación de la perspectiva de género en las políticas programas relacionados con las drogas”, Comisión de Estupefacientes, Viena, Austria, 2016, https://www.unodc.org.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Solicitud de medidas provisionales respecto de Venezuela. Asunto Centro Penitenciario de la Región Andina, 6 de septiembre de 2012, http://www.corteidh.or.cr; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Penal Castro Castro vs Perú. Fondo, Reparaciones y Costas, 25 de noviembre de 2006, http://www.corteidh.or.cr; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, CIDH, OEA, Washington D.C., Estados Unidos de América, 2013, http://www.oas.org.

Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes y sus Comentarios, 2011, http://www.unodc.org; Asamblea General de las Naciones Unidas, Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, ONU, Nueva York, Estados Unidos de América, 2010, http://www.alternativecareguidelines.org.

Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable.

En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado.

Sin correlativo.

De la misma forma, el juez de control tendrá la obligación de imponer la medida menos lesiva, cuando se trate de personas que se encuentren en los siguientes supuestos:

a) Vivan en condiciones de pobreza y exclusión social;

b) Sean mujeres embarazadas;

c) Sean mujeres que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad;

d) Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad; o

e) Sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad.

Sin correlativo.

Para ello, el Juez de control deberá considerar la información con que se cuente o la que se proporcione sobre dichas personas en relación con el supuesto en el que se encuentren e incluir esta información en la argumentación acerca de la menor afectación de la resolución impuesta.

Sin correlativo.

En el caso de mujeres embarazadas, el juez deberá justificar la medida cautelar impuesta atendiendo tambiénlos derechos reproductivos de las mujeres.

Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado

Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado

Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:

I a la III …

IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o

IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas,

V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales.

V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales, o

Sin correlativo.

VI. Las responsabilidades económicas, materiales, afectivas, emocionales, psicológicas y de cuidado de personas menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad.

Artículo 282. Solicitud de orden de cateo

Artículo 282. Solicitud de orden de cateo

Cuando en la investigación el Ministerio Público estime necesaria la práctica de un cateo, en razón de que el lugar a inspeccionar es un domicilio o una propiedad privada, solicitará por cualquier medio la autorización judicial para practicar el acto de investigación correspondiente. En la solicitud, que contará con un registro, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que han de aprehenderse y los objetos que se buscan, señalando los motivos e indicios que sustentan la necesidad de la orden, así como los servidores públicos que podrán practicar o intervenir en dicho acto de investigación.

Si el lugar a inspeccionar es de acceso público y forma parte del domicilio particular, este último no será sujeto de cateo, a menos que así se haya ordenado.

Sin correlativo.

En caso de tener conocimiento o información de que en el lugar a inspeccionarse pueden encontrarse menores de edad, se notificará a la Procuraduría para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes u otras instituciones del Estado facultadas para que su personal esté presente al momento del cateo y brinde la atención necesaria.

Artículo 365. Excepciones a la obligación de comparecencia

Artículo 365. Excepciones a la obligación de comparecencia

No estarán obligados a comparecer en los términos previstos en los artículos anteriores y podrán declarar en la forma señalada para los testimonios especiales los siguientes:

I a la II…

III. Los extranjeros que gozaren en el país de inmunidad diplomática, de conformidad con los Tratados sobre la materia, y

III. Los extranjeros que gozaren en el país de inmunidad diplomática, de conformidad con los Tratados sobre la materia,

IV. Los que, por enfermedad grave u otro impedimento calificado por el Órgano jurisdiccional estén imposibilitados de hacerlo.

IV. Los que, por enfermedad grave u otro impedimento calificado por el Órgano jurisdiccional estén imposibilitados de hacerlo, y

Sin correlativo.

V. Las mujeres en los últimos 45 días de embarazo y en los 45 días posteriores al parto.

Si las personas enumeradas en las fracciones anteriores renunciaren a su derecho a no comparecer, deberán prestar declaración conforme a las reglas generales previstas en este Código.

Artículo 406. Sentencia condenatoria

Artículo 406. Sentencia condenatoria

La sentencia condenatoria fijará las penas, o en su caso la medida de seguridad, y se pronunciará sobre la suspensión de las mismas y la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la privación o restricción de libertad previstas en la ley.

La sentencia que condenare a una pena privativa de la libertad, deberá expresar con toda precisión el día desde el cual empezará a contarse y fijará el tiempo de detención o prisión preventiva que deberá servir de base para su cumplimiento.

La sentencia condenatoria dispondrá también el decomiso de los instrumentos o efectos del delito o su restitución, cuando fuere procedente.

El Tribunal de enjuiciamiento condenará a la reparación del daño.

Cuando la prueba producida no permita establecer con certeza el monto de los daños y perjuicios, o de las indemnizaciones correspondientes, el Tribunal de enjuiciamiento podrá condenar genéricamente a reparar los daños y los perjuicios y ordenar que se liquiden en ejecución de sentencia por vía incidental, siempre que éstos se hayan demostrado, así como su deber de repararlos.

El Tribunal de enjuiciamiento solamente dictará sentencia condenatoria cuando exista convicción de la culpabilidad del sentenciado, bajo el principio general de que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal de que se trate.

Al dictar sentencia condenatoria se indicarán los márgenes de la punibilidad del delito y quedarán plenamente acreditados los elementos de la clasificación jurídica; es decir, el tipo penal que se atribuye, el grado de la ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, así como el grado de lesión o puesta en riesgo del bien jurídico.

La sentencia condenatoria hará referencia a los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal correspondiente, precisando si el tipo penal se consumó o se realizó en grado de tentativa, así como la forma en que el sujeto activo haya intervenido para la realización del tipo, según se trate de alguna forma de autoría o de participación, y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta típica.

En toda sentencia condenatoria se argumentará por qué el sentenciado no está favorecido por ninguna de las causas de la atipicidad, justificación o inculpabilidad; igualmente, se hará referencia a las agravantes o atenuantes que hayan concurrido y a la clase de concurso de delitos si fuera el caso.

Sin correlativo

Deberá considerarse de forma preferente en las sentencias alguna de las medidas alternativas previstas en el Código cuando condenen a personas que vivan en condiciones de pobreza y exclusión social; sean mujeres embarazadas; sean mujeres que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad; sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad; o, sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad.

Artículo 410. Criterios para la individualización de la sanción penal o medida de seguridad

Artículo 410. Criterios para la individualización de la sanción penal o medida de seguridad

El Tribunal de enjuiciamiento al individualizar las penas o medidas de seguridad aplicables deberá tomar en consideración lo siguiente:

Dentro de los márgenes de punibilidad establecidos en las leyes penales, el Tribunal de enjuiciamiento individualizará la sanción tomando como referencia la gravedad de la conducta típica y antijurídica, así como el grado de culpabilidad del sentenciado. Las medidas de seguridad no accesorias a la pena y las consecuencias jurídicas aplicables a las personas morales, serán individualizadas tomando solamente en consideración la gravedad de la conducta típica y antijurídica.

La gravedad de la conducta típica y antijurídica estará determinada por el valor del bien jurídico, su grado de afectación, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, los medios empleados, las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho, así como por la forma de intervención del sentenciado.

El grado de culpabilidad estará determinado por el juicio de reproche, según el sentenciado haya tenido, bajo las circunstancias y características del hecho, la posibilidad concreta de comportarse de distinta manera y de respetar la norma jurídica quebrantada. Si en un mismo hecho intervinieron varias personas, cada una de ellas será sancionada de acuerdo con el grado de su propia culpabilidad.

Para determinar el grado de culpabilidad también se tomarán en cuenta los motivos que impulsaron la conducta del sentenciado, las condiciones fisiológicas y psicológicas específicas en que se encontraba en el momento de la comisión del hecho, la edad, el nivel educativo, las costumbres, las condiciones sociales y culturales, así como los vínculos de parentesco, amistad o relación que guarde con la víctima u ofendido. Igualmente se tomarán en cuenta las demás circunstancias especiales del sentenciado, víctima u ofendido, siempre que resulten relevantes para la individualización de la sanción.

Se podrán tomar en consideración los dictámenes periciales y otros medios de prueba para los fines señalados en el presente artículo.

Cuando el sentenciado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena se tomarán en cuenta, además de los aspectos anteriores, sus usos y costumbres.

En caso de concurso real se impondrá la sanción del delito más grave, la cual podrá aumentarse con las penas que la ley contempla para cada uno de los delitos restantes, sin que exceda de los máximos señalados en la ley penal aplicable. En caso de concurso ideal, se impondrán las sanciones correspondientes al delito que merezca la mayor penalidad, las cuales podrán aumentarse sin rebasar la mitad del máximo de la duración de las penas correspondientes de los delitos restantes, siempre que las sanciones aplicables sean de la misma naturaleza; cuando sean de diversa naturaleza, podrán imponerse las consecuencias jurídicas señaladas para los restantes delitos. No habrá concurso cuando las conductas constituyan un delito continuado; sin embargo, en estos casos se aumentará la sanción penal hasta en una mitad de la correspondiente al máximo del delito cometido.

El aumento o la disminución de la pena, fundados en las relaciones personales o en las circunstancias subjetivas del autor de un delito, no serán aplicables a los demás sujetos que intervinieron en aquél. Sí serán aplicables las que se fundamenten en circunstancias objetivas, siempre que los demás sujetos tengan conocimiento de ellas.

Sin correlativo.

Para la individualización de la pena también deberá tomarse en cuenta si se trata de personas que:

a) Vivan en condiciones de pobreza y exclusión social;

b) Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad;

c) Sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad;

d) Sean mujeres embarazadas;

e) Sean mujeres que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad;

f) Sean mujeres que hayan participado en el hecho condenado bajo presión, intimidación o coerción; o

g) Sean mujeres que hayan cometido el hecho condenado, sometidas a un abuso de su vulnerabilidad.

LEY GENERAL DE SALUD

Como lo demuestra la evidencia científica nacional e internacional, y se sustenta en la exposición de motivos, las mujeres suelen involucrarse en delitos de drogas, y especialmente en el delito de introducción a centros de reclusión, a partir de un contexto de subordinación y violencia de género. Generalmente introducen drogas en su vagina o escondidas en las bolsas y bultos que llevan a la visita en un reclusorio varonil, o bien en razón de su pobreza extrema, o porque son inducidas a hacerlo, a veces bajo amenazas o violencia emocional y psicológica, por sus familiares o conocidos varones. Con la modificación a los artículos 475 y 476 de la LGS se pretende atender esta situación, considerando atenuantes cuando se trate de mujeres involucradas en el comercio, posesión o suministro de drogas como consecuencia de la violencia de género.

Texto actual

Texto de la reforma

Artículo 475.- Se impondrá prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a cuatrocientos días multa, a quien sin autorización comercie o suministre, aún gratuitamente, narcóticos previstos en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla.

Articulo 475 …

Cuando la víctima fuere persona menor de edad o que no tenga capacidad para comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente; o que aquélla fuese utilizada para la comisión de los mismos se aplicará una pena de siete a quince años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa.

Las penas que en su caso resulten aplicables por este delito serán aumentadas en una mitad, cuando:

I a la III …

Sin correlativo.

La pena prevista se podrá reducir hasta en unamitad de su límite mínimo y máximo cuando se trate de mujeres que cumplan con uno o varios de los siguientes factores de vulnerabilidad:

a) Vivan en condiciones de pobreza y exclusión social;

b) Estén embarazadas;

c) Tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad;

d) Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad;

e) Sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad;

f) Hayan participado en el hecho condenado bajo presión, intimidación o coerción; o

g) Hayan cometido el hecho condenado, sometidas a un abuso de su vulnerabilidad.

Artículo 476. Se impondrá de tres a seis años de prisión y de ochenta a trescientos días multa, al que posea algún narcótico de los señalados en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las cantidades previstas en dicha tabla, sin la autorización correspondiente a que se refiere esta Ley, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de comerciarlos o suministrarlos, aún gratuitamente.

Artículo 476 …

Sin correlativo.

La pena prevista se podrá reducir hasta en una mitad en su límite mínimo y máximo cuando se trate de mujeres que cumplan con uno o varios de los siguientes factores de vulnerabilidad:

a) Vivan en condiciones de pobreza y exclusión social;

b) Estén embarazadas;

c) Tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad;

d) Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad;

e) Sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad;

f) Hayan participado en el hecho condenado bajo presión, intimidación o coerción; o

g) Hayan cometido el hecho condenado, sometidas a un abuso de su vulnerabilidad.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

Las reformas propuestas al CPF siguen el mismo sentido de las presentadas hasta ahora, y procuran proporcionar herramientas a impartidoras e impartidores de justicia para incorporar en sus resoluciones la perspectiva de género y atender específicamente el contexto de mujeres inducidas a cometer un ilícito en consecuencia de la violencia de género.

Texto actual

Texto de la reforma

Artículo 52.- El juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la gravedad del ilícito, la calidad y condición específica de la víctima u ofendido y el grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta:

Artículo 52 …

  • a V…

VI.- El comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido; y

VI.- El comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido;

VII.- Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando sean relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.

VII.- Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando sean relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma, y

Sin correlativo

VIII. Cuando se trate de personas que son las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad, el juez tendrá la obligación de imponer la medida menos lesiva para el bienestar, la seguridad y los cuidados de estas personas y de argumentar su decisión.

Asimismo, deberá considerar la información con que se cuente o que se proporcione sobre la situación que guardan las personas dependientes de la persona imputada e incluir esta información en la argumentación acerca de la menor afectación de la sentencia impuesta.

Artículo 85.- No se concederá la libertad preparatoria a:

Artículo 85 …

I. Los sentenciados por alguno de los delitos previstos en este Código que a continuación se señalan:

a)…

b) Contra la salud, previsto en el artículo 194, salvo que se trate de individuos en los que concurran evidente atraso cultural, aislamiento social y extrema necesidad económica; y para la modalidad de transportación, si cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 84 y 90, fracción I, inciso c), para lo cual deberán ser primodelincuentes, a pesar de no hallarse en los tres supuestos señalados en la excepción general de este inciso;

b) Contra la salud, previsto en el artículo 194, salvo que se trate de individuos en los que concurran evidente atraso cultural, aislamiento social y extrema necesidad económica; y para la modalidad de transportación, si cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 84 y 90, fracción I, inciso c), para lo cual deberán ser primodelincuentes, a pesar de no hallarse en los tres supuestos señalados en la excepción general de este inciso; y cuando se trate de personas que son las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad.

Incisos c) al l) …

Fracciones II a la IV …

Artículo 193.- Se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia.

Artículo 193 …

Para los efectos de este capítulo, son punibles las conductas que se relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstos en los artículos 237, 245, fracciones I, II, y III y 248 de la Ley General de Salud, que constituyen un problema grave para la salud pública.

El juzgador, al individualizar la pena o la medida de seguridad a imponer por la comisión de algún delito previsto en este capítulo, tomará en cuenta, además de lo establecido en los artículos 51 y 52, la cantidad y la especie de narcótico de que se trate, así como la menor o mayor lesión o puesta en peligro de la salud pública y las condiciones personales del autor o participe del hecho o la reincidencia en su caso.

Los narcóticos empleados en la comisión de los delitos a que se refiere este capítulo, se pondrán a disposición de la autoridad sanitaria federal, la que procederá de acuerdo con las disposiciones o leyes de la materia a su aprovechamiento lícito o a su destrucción.

Tratándose de instrumentos y vehículos utilizados para cometer los delitos considerados en este capítulo, así como de objetos y productos de esos delitos, cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se estará a lo dispuesto en los artículos 40 y 41. Para ese fin, el Ministerio Público dispondrá durante la averiguación previa el aseguramiento que corresponda y el destino procedente en apoyo a la procuración de justicia, o lo solicitará en el proceso, y promoverá el decomiso para que los bienes de que se trate o su producto se destinen a la impartición de justicia, o bien, promoverá en su caso, la suspensión y la privación de derechos agrarios o de otra índole, ante las autoridades que resulten competentes conforme a las normas aplicables.

Sin correlativo.

Para la individualización de la pena también deberá tomarse en cuenta si se trata de personas que:

a) Vivan en condiciones de pobreza y exclusión social;

b) Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad; c) Sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad;

d) Sean mujeres embarazadas;

e) Sean mujeres que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad;

f) Sean mujeres que hayan participado en el hecho condenado bajo presión, intimidación o coerción; o

g) Sean mujeres que hayan cometido el hecho condenado, sometidas a un abuso de su vulnerabilidad.

Asimismo, las penas previstas en este capítulo se podrán reducir hasta en una mitad en su límite mínimo y máximo cuando se trate de mujeres que cumplan con uno o varios de los siguientes factores de vulnerabilidad:

a) Vivan en condiciones de pobreza y exclusión social;

b) Estén embarazadas;

c) Tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad;

d) Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad;

e) Sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad;

f) Hayan participado en el hecho condenado bajo presión, intimidación o coerción; o

g) Hayan cometido el hecho condenado, sometidas a un abuso de su vulnerabilidad.

LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL.

La LNEP contiene disposiciones específicas para las mujeres privadas de la libertad, sus hijas e hijos, que se alinean a los estándares internacionales establecidos en las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes, conocidas como Reglas de Bangkok. No obstante, existen algunas inconsistencias entre artículos de la LNEP (por ejemplo, entre disposiciones del artículo 10 y del artículo 36) que se procuran atender en esta iniciativa, para una protección más amplia de los derechos de los grupos señalados, en atención a la reforma penal de 2008 – en especial, la judicialización del sistema penitenciario – y la reforma en materia de derechos humanos de 2011. Como lo explica la magistrada Hernández Chong Cuy, con la reforma al artículo 21 constitucional en el seno de la reforma penal de 2008, se subraya que la etapa de ejecución penal forma parte del proceso penal; asuntos como los traslados o el otorgamiento de reductivos de la pena ya no son prerrogativas de las autoridades administrativas sino de los organismos judiciales. De esta manera, se transita de una concepción organizacional del sistema penitenciario, es decir, de gestión de personas, a un sistema de pleno reconocimiento de la titularidad de derechos de las personas privadas de la libertad. Dicha transición debe abarcar necesariamente a las personas menores de dieciocho años, de personas con discapacidad o enfermedad grave y personas adultas mayores a cargo de las personas privadas de la libertad; por lo tanto, decisiones acerca de su ingreso, o permanencia en el centro, entre otras, no pueden quedar bajo el poder decisional de la autoridad penitenciaria.

Asimismo, debe oponerse cualquier discriminación de las hijas e hijos de las internas en razón de su nacimiento o edad. La actual LNEP somete derechos de las hijas e hijos de las personas privadas de la libertad a límites etarios o a si nacieron antes o después de la reclusión de la madre, poniendo en riesgo, mediante disposiciones discriminatorias, a aquéllos que no cumplen con requisitos legales arbitrarios, mismos que se intentan reparar con las reformas propuestas.

Texto actual

Texto de la reforma

Artículo 5. Ubicación de las personas privadas de la libertad en un Centro Penitenciario

Artículo 5. Ubicación de las personas privadas de la libertad en un Centro Penitenciario

I. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres;

I. Las mujeres procesadas y sentenciadasestarán en lugares separados de los destinados a los hombres;

Fracciones II a la IV …

Artículo 10. Derechos de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario

Artículo 10. Derechos de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario

Además de los derechos establecidos en el artículo anterior, las mujeres privadas de la libertad tendrán derecho a:

I a la VIII …

IX. Acceder, a los medios necesarios que les permitan a las mujeres con hijas e hijos a su cargo adoptar disposiciones respecto a su cuidado.

IX. Acceder, a los medios necesarios que les permitan a las mujeres con hijas e hijos a su cargo adoptar disposiciones respecto a su cuidado, incluyendo la suspensión de la reclusión por medio de resolución judicial por el tiempo que sea necesario.

Para el caso de las mujeres que deseen conservar la custodia de la hija o el hijo menor de tres años, durante su estancia en el Centro Penitenciario y no hubiera familiar que pudiera hacerse responsable en la familia de origen, la Autoridad Penitenciaria establecerá los criterios para garantizar el ingreso de la niña o el niño.

Para el caso de las mujeres que deseen conservar la custodia de la hija o el hijo menor de tres años, nacido antes o durante su internamiento, durante su estancia en el Centro Penitenciario y no hubiera familiar que pudiera hacerse responsable en la familia de origen, la Autoridad Penitenciaria establecerá los criterios para garantizar el ingreso de la niña o el niño. Éstos tendrán que ser sometidos a la aprobación y revisión periódica por parte del juez de ejecución.

X y XI …

La Autoridad Penitenciaria coadyuvará con las autoridades corresponsables, en el ámbito de su competencia, para proporcionar las condiciones de vida que garanticen el sano desarrollo de niñas y niños.

Para los efectos de las fracciones I y IV de este artículo, las mujeres en reclusión podrán conservar la custodia de sus hijas e hijos en el interior de los Centros Penitenciarios. La Autoridad Penitenciaria, atendiendo el interés superior de la niñez, deberá emitir el dictamen correspondiente.

Para los efectos de las fracciones I y IV de este artículo, las mujeres en reclusión podrán conservar la custodia de sus hijas e hijos en el interior de los Centros Penitenciarios hasta los tres años de edad. El juez de ejecución, atendiendo el interés superior de la niñez, deberá emitir el dictamen correspondiente. La mujer privada de la libertad, o las personas designadas por ella, podrán solicitar un dictamen independiente.

Si la hija o el hijo tuviera una discapacidad, se podrá solicitar a la Autoridad Penitenciaria la ampliación del plazo de estancia al cuidado de la madre. En todo caso, se resolverá ponderando el interés superior de la niñez.

Si la hija o el hijo tuviera una discapacidad, o si no existieran condiciones de separación que garanticen una vida segura y digna para el niño o la niña en el exterior, se podrá solicitar al juez de ejecución la ampliación del plazo de estancia al cuidado de la madre. En todo caso, se resolverá ponderando el interés superior de la niñez.

En el supuesto de que la madre no deseara conservar la custodia de sus hijas e hijos, estos serán entregados a la institución de asistencia social competente, en un término no mayor a veinticuatro horas, en donde se harán los trámites correspondientes, de acuerdo con la legislación aplicable.

La Autoridad Penitenciaria deberá garantizar que en los Centros Penitenciarios para mujeres haya espacios adecuados para el desarrollo integral de los hijas o hijos de las mujeres privadas de su libertad, o en su defecto, para el esparcimiento del niño o niña en las visitas a su madre.

En el supuesto en el que las Autoridades determinen el traslado de una mujer embarazada o cuyos hijas o hijos vivan en el Centro Penitenciario con ella, se garantizará en todo momento el interés superior de la niñez.

No se podrá trasladar a una mujer embarazada o cuyas hijas o hijos vivan en el Centro Penitenciario con ella o en lugares cercanos.

El traslado sólo procederá de ser solicitado por la mujer y se otorgará o negará de conformidad con el interés superior de la niñez y los derechos reproductivos de la mujer por medio de resolución judicial.

Las disposiciones aplicables preverán un régimen específico de visitas para las personas menores de edad que no superen los diez años y no convivan con la madre en el Centro Penitenciario. Estas visitas se realizarán sin restricciones de ningún tipo en cuanto a frecuencia e intimidad, y su duración y horario se ajustarán a la organización interna de los Centros.

Las disposiciones aplicables preverán un régimen específico de visitas para las personas menores de edad que no superen los diez años y no convivan con la madre en el Centro Penitenciario. Estas visitas se realizarán sin restricciones de ningún tipo en cuanto a frecuencia e intimidad, y su duración y horario se ajustarán a las necesidades de las niñas y los niños y a las posibilidades de las familiares o instituciones a cargo de ellos.

Sin correlativo

No se podrá impedir el ingreso de alimentos de niños y niñas de hasta los tres años de edad.

Sin correlativo

En la zona de visita para niños y niñas el personal de seguridad y custodia no desplegará sus armas y se mantendrá suficientemente alejado para no intimidar a la niñez.

Artículo 27. Bases de datos de personas privadas de la libertad

Artículo 27. Bases de datos de personas privadas de la libertad

I. La base de datos con registros de personas privadas de la libertad contendrá, al menos, la siguiente información y se repetirá para cada ingreso a un Centro Penitenciario:

  • a la G) …

H. Las variables del expediente de ejecución que se definen en la fracción III.

H. Las variables del expediente de ejecución que se definen en la fracción III, y

Sin correlativo

I. Los nombres, edad, domicilio y régimen de custodia de las y los niños que viven en el exterior del Centro Penitenciario.

Los datos serán protegidos por las leyes de protección de datoscorrespondientes

Fracciones II a la IV …

Artículo 36. Mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos.

Artículo 36. Mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos.

 

Las mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos, además de los derechos humanos reconocidos tendrán derecho a lo siguiente:

I. Convivir con su hija o hijo en el Centro Penitenciario hasta que cumpla los tres años de edad.

I. Vivir con su hija o hijo en el Centro Penitenciario hasta que cumpla los tres años de edad.

Para otorgar la autorización para que la niña o el niño permanezca con su madre, la Autoridad Penitenciaria velará en todo momento por el cumplimiento del interés superior de la niñez.

Para otorgar la autorización para que la niña o el niño permanezca con su madre, el juez de ejecución velará en todo momento por el cumplimiento del interés superior de la niñez.

Se notificará a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o a sus equivalentes en las entidades federativas;

Se notificará a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Instituto Nacional de las Mujeres o a sus equivalentes en las entidades federativas.

Si la hija o el hijo tuviera una discapacidad que requiriera los cuidados de la madre privada de la libertad, si esta sigue siendo la única persona que pueda hacerse cargo, se podrá solicitar la ampliación del plazo de estancia al Juez de Ejecución, quien resolverá ponderando el interés superior de la niñez.

Si la hija o el hijo tuviera una discapacidad, o si no existieran condiciones de separación que garanticen una vida segura y digna para el niño o la niña en el exterior, se podrá solicitar la ampliación del plazo de estancia al Juez de Ejecución, quien resolverá ponderando el interés superior de la niñez.

II a la IV …

Artículo 144. Sustitución de la pena

Artículo 144. Sustitución de la pena

El Juez de Ejecución podrá sustituir la pena privativa de la libertad por alguna pena o medida de seguridad no privativa de la libertad, previstas en esta Ley cuando durante el periodo de ejecución se actualicen los siguientes supuestos:

I. Cuando se busque la protección de las hijas e hijos de personas privadas de la libertad, siempre que éstos sean menores de 12 años de edad o tengan una condición de discapacidad que no les permita valerse por sí mismos. Esto cuando la persona privada de la libertad sea su cuidadora principal o única cuidadora, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.

I. Cuando se busque la protección de las hijas e hijos de personas privadas de la libertad, siempre que éstos sean menores de edad o tengan una condición de discapacidad que no les permita valerse por sí mismos. Esto cuando la persona privada de la libertad sea su cuidadora principal o única cuidadora, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.

  • Cuando la permanencia de la persona sentenciada con la hija, hijo o persona con discapacidad, no representa un riesgo objetivo para aquellos.

  • Cuando esta fuere innecesaria o incompatible con las condiciones de la persona privada de la libertad por senilidad, edad avanzada, o su grave estado de salud, en los casos regulados en la legislación penal sustantiva, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en esta Ley.

III. Cuando esta fuere innecesaria o incompatible con las condiciones de la persona privada de la libertad por senilidad, edad avanzada, estado de embarazo, discapacidad o su grave estado de salud, en los casos regulados en la legislación penal sustantiva, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en esta Ley.

  • Cuando, en términos de la implementación de programas de tratamiento de adicciones, reinserción en libertad, justicia colaborativa o restitutiva, política criminal o trabajo comunitario, el Juez de Ejecución reciba de la Autoridad Penitenciaria o de la autoridad de supervisión un informe sobre la conveniencia para aplicar la medida y si el sentenciado no representa un riesgo objetivo y razonable para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad. Dicha autoridad deberá fungir como aval para la sustitución.

En todos los casos a que se refiere este artículo se considerará el interés superior de la niñez y en su caso se tomará en cuenta la opinión de las personas menores de 12 años o con discapacidad afectadas, atendiendo su grado de desarrollo evolutivo o cognitivo, o en su caso, el grado de discapacidad.

En todos los casos a que se refiere este artículo se considerará el interés superior de la niñez y en su caso se tomará en cuenta la opinión de las personas menores de dieciocho años o con discapacidad afectadas, atendiendo su grado de desarrollo emocional y cognitivo, o en su caso, el grado de discapacidad.

Sólo podrán aplicarse los sustitutivos descritos en las fracciones anteriores cuando se actualicen los supuestos durante la ejecución de la pena, así como a las personas que al momento de ser sentenciadas se ubiquen en las hipótesis previstas en este artículo, siempre que subsistan las causas durante la ejecución.

No procederá la sustitución de pena por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas.

Tabla 1. Mujeres encarceladas por delitos de drogas en América Latina

País

Número de mujeres encarceladas por delitos de drogas

Porcentaje de mujeres encarceladas por delitos de drogas

Argentina

790 (Datos de las cárceles federales, 2013)

65% (Diciembre de 2012)

Brasil

16,489 (Junio 2014)

60.63% (Junio 2014)

Colombia

3,830 (2014)

45% (2014)

Costa Rica

944 (Diciembre de 2011)

75.46% (Diciembre de 2011)

     

Chile

1,889 (Con base en la población atendida en abril de 2015)

57.2% (Con base en la población atendida en abril de 2015)

Ecuador

709 (2015)

43% (2015)

México

Federales: 528
Locales: 1,547 (2014/2013)

44.8%

14.2% (2014/2013)

Perú

2,679 (2014)

60.6% (2014)

Uruguay

126 (2014)

29.5% (2014)

Fuente: WOLA et al., Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento. Una guía para la reforma de políticas en América Latina y el Caribe, 2016, https://www.wola.org.

Tabla 2. Principales delitos del fuero común

Posición

Hombres

Mujeres

1

Homicidio; 40,554

Homicidio; 2,035

2

Otros robos; 37,049

Secuestro; 1,445

3

Robo; 28,784

Robo; 1,368

4

Violación; 15,587

Otros robos; 1,028

5

Robo de vehículo; 12,875

Narcomenudeo; 874

6

Lesiones; 11,329

Robo a casa habitación; 450

7

Secuestro; 10,967

Lesiones; 439

8

Narcomenudeo; 10,614

Fraude; 412

9

Robo a casa habitación; 8,703

Robo de vehículo; 330

10

Violación equiparada; 5,018

Privación de la libertad; 319

Fuente: Elaboración propia a partir de: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Censo Nacional de Gobierno, Seguridad y Sistema Penitenciario Estatales 2015”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México, 2015, http://www.inegi.org.mx.

Tabla 3. Principales delitos del fuero federal

Posición

Hombres

Mujeres

1

Delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 13,479

Delitos contra la salud; 1,213

2

Delitos contra la salud; 12,761

Delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 610

3

Delitos Previstos en la Ley contra la Delincuencia Organizada; 1,340

Delitos Previstos en la Ley contra la Delincuencia Organizada; 193

Fuente: Elaboración propia a partir de: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, 2015”, consulta interactiva de datos, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México, 2015, http://www.inegi.org.mx.


Hernández Chong Cuy, María Amparo, “El derecho humano a cumplir las penas de prisión en un lugar cercano al domicilio”, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, No. 33, http://www.ijf.gob.mx, pp. 103-120.

Hernández Chong Cuy, María Amparo, “El derecho humano…”, op. cit.

Goffman, Erving, Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales, Séptima reimpresión, Amorrortu Editores, Buenos Aires, Argentina, 2001.

Tabla 4. Personas privadas de la libertad en México

Población total

Hombres

Mujeres

Total

221,337

(95%)

12,132

(5%)

233,469

Personas en prisión por delitos del fuero común

En prisión preventiva

Con sentencia

Total fuero común

Hombres

Mujeres

Sub-total

Hombres

Mujeres

Subtotal

188,842 (80.89%)

65,629

4,382

70,011

(29.99%)

113,951

4,880

118,831 (50.9%)

Personas en prisión por delitos del fuero federal

En prisión preventiva

Con sentencia

Total fuero federal

Hombres

Mujeres

Sub-total

Hombres

Mujeres

Subtotal

44,627 (19.12%)

20,656

1,702

22,358 (9.58%)

21,101

1,168

22,269 (9.54%)

Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Nacional de Seguridad, “Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional”, CNS, Ciudad de México, México, julio de 2016, http://www.cns.gob.mx.

Por las consideraciones expuestas, es oportuno reformar y adicionar diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley General De Salud, del Código Penal Federal y de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Por lo que sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley General De Salud, del Código Penal Federal y de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Artículo Primero.Se adicionan las fracciones VIII a X al artículo 152; se adicionan tres párrafos al artículo 156; se adiciona una fracción VI al artículo 168; se adiciona un tercer párrafo al artículo 282; se adiciona una fracción V al artículo 365; se adiciona un décimo párrafo al artículo 406; se adiciona un décimo párrafo al artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 152. Derechos que asisten al detenido.

Las autoridades que ejecuten una detención por flagrancia o caso urgente deberán asegurarse de que la persona tenga pleno y claro conocimiento del ejercicio de los derechos citados a continuación, en cualquier etapa del período de custodia:

I a la V…

VI. Cuando, para los fines de la investigación sea necesario que el detenido entregue su ropa, se le proveerán prendas de vestir;

VII. El derecho a recibir atención clínica si padece una enfermedad física, se lesiona o parece estar sufriendo de un trastorno mental;

VIII. En el caso de personas que son las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad, se tomarán todas las medidas para la debida atención de sus dependientes, para lo cual se ordenará dar aviso a las autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes, incluso de ser necesario, se deberá prever la posibilidad de suspender la detención por un período razonable;

IX. En el caso de mujeres embarazadas, éstas recibirán los cuidados oportunos, serán colocadas en celdas separadas y se les proporcionará alimentos adecuados a su situación. Asimismo, se mantendrá a su disposición atención médica ginecológica por parte de personal femenino, si así lo desean. En todo caso, se buscará reducir el tiempo de su detención; y

X. En el caso de mujeres lactantes, se tomarán las medidas oportunas para no separarlas de sus hijos lactantes y proporcionar un lugar seguro, limpio y privado donde puedan amamantar.

En cualquier caso está estrictamente prohibido instigar a las mujeres para que dejen de amamantar.

Artículo 156. Proporcionalidad

El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución.

Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable.

En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado.

De la misma forma, el juez de control tendrá la obligación de imponer la medida menos lesiva, cuando se trate de personas que se encuentren en los siguientes supuestos:

  • Vivan en condiciones de pobreza y exclusión social;
  • Sean mujeres embarazadas;
  • Sean mujeres que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad;
  • Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad; o
  • Sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad.

Para ello, el Juez de control deberá considerar la información con que se cuente o la que se proporcione sobre dichas personas en relación con el supuesto en el que se encuentren e incluir esta información en la argumentación acerca de la menor afectación de la resolución impuesta.

En el caso de mujeres embarazadas, el juez deberá justificar la medida cautelar impuesta atendiendo tambiénlos derechos reproductivos de las mujeres.

Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado

Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:

I a la III …

IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas,

V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales, o

VI. Las responsabilidades económicas, materiales, afectivas, emocionales, psicológicas y de cuidado de personas menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad.

Artículo 282. Solicitud de orden de cateo

Cuando en la investigación el Ministerio Público estime necesaria la práctica de un cateo, en razón de que el lugar a inspeccionar es un domicilio o una propiedad privada, solicitará por cualquier medio la autorización judicial para practicar el acto de investigación correspondiente. En la solicitud, que contará con un registro, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que han de aprehenderse y los objetos que se buscan, señalando los motivos e indicios que sustentan la necesidad de la orden, así como los servidores públicos que podrán practicar o intervenir en dicho acto de investigación.

Si el lugar a inspeccionar es de acceso público y forma parte del domicilio particular, este último no será sujeto de cateo, a menos que así se haya ordenado.

En caso de tener conocimiento o información de que en el lugar a inspeccionarse pueden encontrarse menores de edad, se notificará a la Procuraduría para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes u otras instituciones del Estado facultadas para que su personal esté presente al momento del cateo y brinde la atenciónnecesaria.

Artículo 365. Excepciones a la obligación de comparecencia

No estarán obligados a comparecer en los términos previstos en los artículos anteriores y podrán declarar en la forma señalada para los testimonios especiales los siguientes:

I a la II…

III. Los extranjeros que gozaren en el país de inmunidad diplomática, de conformidad con los Tratados sobre la materia,

IV. Los que, por enfermedad grave u otro impedimento calificado por el Órgano jurisdiccional estén imposibilitados de hacerlo, y

V. Las mujeres en los últimos 45 días de embarazo y en los 45 días posteriores al parto.

Si las personas enumeradas en las fracciones anteriores renunciaren a su derecho a no comparecer, deberán prestar declaración conforme a las reglas generales previstas en este Código.

Artículo 406. Sentencia condenatoria

La sentencia condenatoria fijará las penas, o en su caso la medida de seguridad, y se pronunciará sobre la suspensión de las mismas y la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la privación o restricción de libertad previstas en la ley.

La sentencia que condenare a una pena privativa de la libertad, deberá expresar con toda precisión el día desde el cual empezará a contarse y fijará el tiempo de detención o prisión preventiva que deberá servir de base para su cumplimiento.

La sentencia condenatoria dispondrá también el decomiso de los instrumentos o efectos del delito o su restitución, cuando fuere procedente.

El Tribunal de enjuiciamiento condenará a la reparación del daño.

Cuando la prueba producida no permita establecer con certeza el monto de los daños y perjuicios, o de las indemnizaciones correspondientes, el Tribunal de enjuiciamiento podrá condenar genéricamente a reparar los daños y los perjuicios y ordenar que se liquiden en ejecución de sentencia por vía incidental, siempre que éstos se hayan demostrado, así como su deber de repararlos.

El Tribunal de enjuiciamiento solamente dictará sentencia condenatoria cuando exista convicción de la culpabilidad del sentenciado, bajo el principio general de que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal de que se trate.

Al dictar sentencia condenatoria se indicarán los márgenes de la punibilidad del delito y quedarán plenamente acreditados los elementos de la clasificación jurídica; es decir, el tipo penal que se atribuye, el grado de la ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, así como el grado de lesión o puesta en riesgo del bien jurídico.

La sentencia condenatoria hará referencia a los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal correspondiente, precisando si el tipo penal se consumó o se realizó en grado de tentativa, así como la forma en que el sujeto activo haya intervenido para la realización del tipo, según se trate de alguna forma de autoría o de participación, y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta típica.

En toda sentencia condenatoria se argumentará por qué el sentenciado no está favorecido por ninguna de las causas de la atipicidad, justificación o inculpabilidad; igualmente, se hará referencia a las agravantes o atenuantes que hayan concurrido y a la clase de concurso de delitos si fuera el caso.

Deberá considerarse de forma preferente en las sentencias alguna de las medidas alternativas previstas en el Código cuando condenen a personas que vivan en condiciones de pobreza y exclusión social; sean mujeres embarazadas; sean mujeres que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad; sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad; o, sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad.

Artículo 410. Criterios para la individualización de la sanción penal o medida de seguridad

El Tribunal de enjuiciamiento al individualizar las penas o medidas de seguridad aplicables deberá tomar en consideración lo siguiente:

Dentro de los márgenes de punibilidad establecidos en las leyes penales, el Tribunal de enjuiciamiento individualizará la sanción tomando como referencia la gravedad de la conducta típica y antijurídica, así como el grado de culpabilidad del sentenciado. Las medidas de seguridad no accesorias a la pena y las consecuencias jurídicas aplicables a las personas morales, serán individualizadas tomando solamente en consideración la gravedad de la conducta típica y antijurídica.

La gravedad de la conducta típica y antijurídica estará determinada por el valor del bien jurídico, su grado de afectación, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, los medios empleados, las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho, así como por la forma de intervención del sentenciado.

El grado de culpabilidad estará determinado por el juicio de reproche, según el sentenciado haya tenido, bajo las circunstancias y características del hecho, la posibilidad concreta de comportarse de distinta manera y de respetar la norma jurídica quebrantada. Si en un mismo hecho intervinieron varias personas, cada una de ellas será sancionada de acuerdo con el grado de su propia culpabilidad.

Para determinar el grado de culpabilidad también se tomarán en cuenta los motivos que impulsaron la conducta del sentenciado, las condiciones fisiológicas y psicológicas específicas en que se encontraba en el momento de la comisión del hecho, la edad, el nivel educativo, las costumbres, las condiciones sociales y culturales, así como los vínculos de parentesco, amistad o relación que guarde con la víctima u ofendido. Igualmente se tomarán en cuenta las demás circunstancias especiales del sentenciado, víctima u ofendido, siempre que resulten relevantes para la individualización de la sanción.

Se podrán tomar en consideración los dictámenes periciales y otros medios de prueba para los fines señalados en el presente artículo.

Cuando el sentenciado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena se tomarán en cuenta, además de los aspectos anteriores, sus usos y costumbres.

En caso de concurso real se impondrá la sanción del delito más grave, la cual podrá aumentarse con las penas que la ley contempla para cada uno de los delitos restantes, sin que exceda de los máximos señalados en la ley penal aplicable. En caso de concurso ideal, se impondrán las sanciones correspondientes al delito que merezca la mayor penalidad, las cuales podrán aumentarse sin rebasar la mitad del máximo de la duración de las penas correspondientes de los delitos restantes, siempre que las sanciones aplicables sean de la misma naturaleza; cuando sean de diversa naturaleza, podrán imponerse las consecuencias jurídicas señaladas para los restantes delitos. No habrá concurso cuando las conductas constituyan un delito continuado; sin embargo, en estos casos se aumentará la sanción penal hasta en una mitad de la correspondiente al máximo del delito cometido.

El aumento o la disminución de la pena, fundados en las relaciones personales o en las circunstancias subjetivas del autor de un delito, no serán aplicables a los demás sujetos que intervinieron en aquél. Sí serán aplicables las que se fundamenten en circunstancias objetivas, siempre que los demás sujetos tengan conocimiento de ellas.

Para la individualización de la pena también deberá tomarse en cuenta si se trata de personas que:

  • Vivan en condiciones de pobreza y exclusión social;
  • Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad;
  • Sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad;
  • Sean mujeres embarazadas;
  • Sean mujeres que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad;
  • Sean mujeres que hayan participado en el hecho condenado bajo presión, intimidación o coerción; o
  • Sean mujeres que hayan cometido el hecho condenado, sometidas a un abuso de su vulnerabilidad.

Artículo Segundo.Se adicionan un cuarto párrafo al artículo 475; se adiciona un segundo párrafo al artículo 476 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 475.- Se impondrá prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a cuatrocientos días multa, a quien sin autorización comercie o suministre, aún gratuitamente, narcóticos previstos en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla.

Cuando la víctima fuere persona menor de edad o que no tenga capacidad para comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente; o que aquélla fuese utilizada para la comisión de los mismos se aplicará una pena de siete a quince años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa.

Las penas que en su caso resulten aplicables por este delito serán aumentadas en una mitad, cuando:

I.Se cometan por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar, juzgar o ejecutar las sanciones por la comisión de conductas prohibidas en el presente capítulo. Además, en este caso, se impondrá a dichos servidores públicos destitución e inhabilitación hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta;

II.Se cometan en centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión, o dentro del espacio comprendido en un radio que diste a menos de trescientos metros de los límites de la colindancia del mismo con quienes a ellos acudan, o

III.La conducta sea realizada por profesionistas, técnicos, auxiliares o personal relacionado con las disciplinas de la salud en cualesquiera de sus ramas y se valgan de esta situación para cometerlos. En este caso se impondrá, además, suspensión e inhabilitación de derechos o funciones para el ejercicio profesional u oficio hasta por cinco años. En caso de reincidencia podrá imponerse, además, suspensión definitiva para el ejercicio profesional, a juicio de la autoridad judicial.

La pena prevista se podrá reducir hasta en una mitad de su límite mínimo y máximo cuando se trate de mujeres que cumplan con uno o varios de los siguientes factores de vulnerabilidad:

  • Vivan en condiciones de pobreza y exclusión social;
  • Estén embarazadas;
  • Tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad;
  • Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad;
  • Sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad;
  • Hayan participado en el hecho condenado bajo presión, intimidación o coerción; o
  • Hayan cometido el hecho condenado, sometidas a un abuso de su vulnerabilidad.

Artículo 476.- Se impondrá de tres a seis años de prisión y de ochenta a trescientos días multa, al que posea algún narcótico de los señalados en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las cantidades previstas en dicha tabla, sin la autorización correspondiente a que se refiere esta Ley, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de comerciarlos o suministrarlos, aún gratuitamente.

La pena prevista se podrá reducir hasta en una mitad en su límite mínimo y máximo cuando se trate de mujeres que cumplan con uno o varios de los siguientes factores de vulnerabilidad:

a) Vivan en condiciones de pobreza y exclusión social;

b) Estén embarazadas;

c) Tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad;

d) Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad;

e) Sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad;

f) Hayan participado en el hecho condenado bajo presión, intimidación o coerción; o

g) Hayan cometido el hecho condenado, sometidas a un abuso de su vulnerabilidad.

Artículo Tercero.Se adiciona una fracción VIII al artículo 52; se reforma el inciso b) del artículo 85; se adicionan dos párrafos al artículo 193 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 52.- El juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la gravedad del ilícito, la calidad y condición específica de la víctima u ofendido y el grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta:

I.- La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro a que hubiere sido expuesto;

II.- La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla;

III.- Las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión del hecho realizado;

IV.- La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito;

V.- La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado perteneciere a algún pueblo o comunidad indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres;

VI.- El comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido;

VII.- Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando sean relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma; y

VIII. Cuando se trate de personas que son las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad, el juez tendrá la obligación de imponer la medida menos lesiva para el bienestar, la seguridad y los cuidados de estas personas y de argumentar su decisión.

Asimismo, deberá considerar la información con que se cuente o que se proporcione sobre la situación que guardan las personas dependientes de la persona imputada e incluir esta información en la argumentación acerca de la menor afectación de la sentencia impuesta.

Artículo 85. No se concederá la libertad preparatoria a:

I. Los sentenciados por alguno de los delitos previstos en este Código que a continuación se señalan:

a)

b) Contra la salud, previsto en el artículo 194, salvo que se trate de individuos en los que concurran evidente atraso cultural, aislamiento social y extrema necesidad económica; y para la modalidad de transportación, si cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 84 y 90, fracción I, inciso c), para lo cual deberán ser primodelincuentes, a pesar de no hallarse en los tres supuestos señalados en la excepción general de este inciso; y cuando se trate de personas que son las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad.

Incisos c) al l) …

Fracciones II a la IV …

Artículo 193.- Se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia.

Para los efectos de este capítulo, son punibles las conductas que se relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstos en los artículos 237, 245, fracciones I, II, y III y 248 de la Ley General de Salud, que constituyen un problema grave para la salud pública.

El juzgador, al individualizar la pena o la medida de seguridad a imponer por la comisión de algún delito previsto en este capítulo, tomará en cuenta, además de lo establecido en los artículos 51 y 52, la cantidad y la especie de narcótico de que se trate, así como la menor o mayor lesión o puesta en peligro de la salud pública y las condiciones personales del autor o participe del hecho o la reincidencia en su caso.

Los narcóticos empleados en la comisión de los delitos a que se refiere este capítulo, se pondrán a disposición de la autoridad sanitaria federal, la que procederá de acuerdo con las disposiciones o leyes de la materia a su aprovechamiento lícito o a su destrucción.

Tratándose de instrumentos y vehículos utilizados para cometer los delitos considerados en este capítulo, así como de objetos y productos de esos delitos, cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se estará a lo dispuesto en los artículos 40 y 41. Para ese fin, el Ministerio Público dispondrá durante la averiguación previa el aseguramiento que corresponda y el destino procedente en apoyo a la procuración de justicia, o lo solicitará en el proceso, y promoverá el decomiso para que los bienes de que se trate o su producto se destinen a la impartición de justicia, o bien, promoverá en su caso, la suspensión y la privación de derechos agrarios o de otra índole, ante las autoridades que resulten competentes conforme a las normas aplicables.

Para la individualización de la pena también deberá tomarse en cuenta si se trata de personas que:

  • Vivan en condiciones de pobreza y exclusión social;
  • Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad;
  • Sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad;
  • Sean mujeres embarazadas;
  • Sean mujeres que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad;
  • Sean mujeres que hayan participado en el hecho condenado bajo presión, intimidación o coerción; o
  • Sean mujeres que hayan cometido el hecho condenado, sometidas a un abuso de su vulnerabilidad.

Asimismo, las penas previstas en este capítulo se podrán reducir hasta en una mitad en su límite mínimo y máximo cuando se trate de mujeres que cumplan con uno o varios de los siguientes factores de vulnerabilidad:

  • Vivan en condiciones de pobreza y exclusión social;
  • Estén embarazadas;
  • Tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad;
  • Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad;
  • Sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad;
  • Hayan participado en el hecho condenado bajo presión, intimidación o coerción; o
  • Hayan cometido el hecho condenado, sometidas a un abuso de su vulnerabilidad.

Artículo Cuarto.Se reforma la fracción I del artículo 5; se reforma y adiciona el artículo 10; se adiciona un inciso I a la fracción I del artículo 27; se reforma la fracción I del artículo 36; se reforma el artículo 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para quedar como sigue:

Artículo 5. Ubicación de las personas privadas de la libertad en un Centro Penitenciario

Los Centros Penitenciarios garantizarán la separación de las personas privadas de la libertad, de conformidad con lo siguiente:

I.Las mujeres procesadas y sentenciadasestarán en lugares separados de los destinados a los hombres;

Fracciones II a la IV …

Artículo 10. Derechos de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario

Además de los derechos establecidos en el artículo anterior, las mujeres privadas de la libertad tendrán derecho a:

I.La maternidad y la lactancia;

II.Recibir trato directo de personal penitenciario de sexo femenino, específicamente en las áreas de custodia y registro. Tratándose de la atención médica podrá solicitar que la examine personal médico de sexo femenino, se accederá a esa petición en la medida de lo posible, excepto en las situaciones que requieran intervención médica urgente. Si pese a lo solicitado, la atención médica es realizada por personal médico de sexo masculino, deberá estar presente un miembro del personal del Centro Penitenciario de sexo femenino;

III.Contar con las instalaciones adecuadas y los artículos necesarios para una estancia digna y segura, siendo prioritarios los artículos para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género;

IV.Recibir a su ingreso al Centro Penitenciario, la valoración médica que deberá comprender un examen exhaustivo a fin de determinar sus necesidades básicas y específicas de atención de salud;

V.Recibir la atención médica, la cual deberá brindarse en hospitales o lugares específicos establecidos en el Centro Penitenciario para tal efecto, en los términos establecidos en la presente Ley;

VI.Conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres años a fin de que pueda permanecer con la madre en el Centro Penitenciario, de conformidad a las disposiciones aplicables;

VII.Recibir la alimentación adecuada y saludable para sus hijas e hijos, acorde con su edad y sus necesidades de salud con la finalidad de contribuir a su desarrollo físico y mental, en caso de que permanezcan con sus madres en el Centro Penitenciario;

VIII.Recibir educación inicial para sus hijas e hijos, vestimenta acorde a su edad y etapa de desarrollo, y atención pediátrica cuando sea necesario en caso de que permanezcan con sus madres en el Centro Penitenciario, en términos de la legislación aplicable;

IX.Acceder, a los medios necesarios que les permitan a las mujeres con hijas e hijos a su cargo adoptar disposiciones respecto a su cuidado, incluyendo la suspensión de la reclusión por medio de resolución judicial por el tiempo que sea necesario.

Para el caso de las mujeres que deseen conservar la custodia de la hija o el hijo menor de tres años, nacido antes o durante su internamiento, durante su estancia en el Centro Penitenciario y no hubiera familiar que pudiera hacerse responsable en la familia de origen, la Autoridad Penitenciaria establecerá los criterios para garantizar el ingreso de la niña o el niño. Éstos tendrán que ser sometidos a la aprobación y revisión periódica por parte del juez de ejecución.

X y XI …

Para los efectos de las fracciones I y IV de este artículo, las mujeres en reclusión podrán conservar la custodia de sus hijas e hijos en el interior de los Centros Penitenciarios hasta los tres años de edad. El juez de ejecución, atendiendo el interés superior de la niñez, deberá emitir el dictamen correspondiente. La mujer privada de la libertad, o las personas designadas por ella, podrán solicitar un dictamen independiente.

Si la hija o el hijo tuviera una discapacidad, o si no existieran condiciones de separación que garanticen una vida segura y digna para el niño o la niña en el exterior, se podrá solicitar al juez de ejecución la ampliación del plazo de estancia al cuidado de la madre. En todo caso, se resolverá ponderando el interés superior de la niñez.

No se podrá trasladar a una mujer embarazada o cuyas hijas o hijos vivan en el Centro Penitenciario con ella o en lugares cercanos.

El traslado sólo procederá de ser solicitado por la mujer y se otorgará o negará de conformidad con el interés superior de la niñez y los derechos reproductivos de la mujer por medio de resolución judicial.

Las disposiciones aplicables preverán un régimen específico de visitas para las personas menores de edad que no superen los diez años y no convivan con la madre en el Centro Penitenciario. Estas visitas se realizarán sin restricciones de ningún tipo en cuanto a frecuencia e intimidad, y su duración y horario se ajustarán a las necesidades de las niñas y los niños y a las posibilidades de las familiares o instituciones a cargo de ellos.

No se podrá impedir el ingreso de alimentos de niños y niñas de hasta los tres años de edad.

En la zona de visita para niños y niñas el personal de seguridad y custodia no desplegará sus armas y se mantendrá suficientemente alejado para no intimidar a la niñez.

Artículo 27. Bases de datos de personas privadas de la libertad

La Autoridad Penitenciaria estará obligada a mantener una base de datos de personas privadas de la libertad con la información de cada persona que ingrese al sistema penitenciario, de conformidad con lo establecido en el Sistema Único de Información Criminal, definido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Autoridad Penitenciaria deberá mantener también un expediente médico y un expediente único de ejecución penal para cada persona que ingrese al sistema penitenciario, de acuerdo con lo siguiente:

I.La base de datos con registros de personas privadas de la libertad contendrá, al menos, la siguiente información y se repetirá para cada ingreso a un Centro Penitenciario:

A a la G

H.Las variables del expediente de ejecución que se definen en la fracción III; y

I. Los nombres, edad, domicilio y régimen de custodia de las y los niños que viven en el exterior del Centro Penitenciario.

Los datos serán protegidos por las leyes de protección de datoscorrespondientes

Fracciones II a la IV …

Artículo 36. Mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos

Las mujeres privadas de la libertad embarazadas deberán contar con atención médica obstétrico-ginecológica y pediátrica, durante el embarazo, el parto y el puerperio, el cual deberá realizarse en hospitales o lugares específicos establecidos en el Centro Penitenciario cuando cuenten con las instalaciones y el personal de salud especializado. En caso de no contar con las instalaciones o con personal médico y que la condición de salud de la mujer o del producto de la concepción requieran de atención, ésta se garantizará en instituciones públicas del Sector Salud.

En los casos de nacimiento de hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad dentro de los Centros Penitenciarios, queda prohibida toda alusión a esa circunstancia en el acta del registro civil correspondiente.

Las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad, que nacieron durante el internamiento de estas, podrán permanecer con su madre dentro del Centro Penitenciario durante las etapas postnatal y de lactancia, o hasta que la niña o el niño hayan cumplido tres años de edad, garantizando en cada caso el interés superior de la niñez.

Las mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos, además de los derechos humanos reconocidos tendrán derecho a lo siguiente:

I. Vivir con su hija o hijo en el Centro Penitenciario hasta que cumpla los tres años de edad.

Para otorgar la autorización para que la niña o el niño permanezca con su madre, el juez de ejecución velará en todo momento por el cumplimiento del interés superior de la niñez.

Se notificará a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Instituto Nacional de las Mujeres o a sus equivalentes en las entidades federativas.

Si la hija o el hijo tuviera una discapacidad, o si no existieran condiciones de separación que garanticen una vida segura y digna para el niño o la niña en el exterior, se podrá solicitar la ampliación del plazo de estancia al Juez de Ejecución, quien resolverá ponderando el interés superior de la niñez.

II a la IV …

Artículo 144. Sustitución de la pena

El Juez de Ejecución podrá sustituir la pena privativa de la libertad por alguna pena o medida de seguridad no privativa de la libertad, previstas en esta Ley cuando durante el periodo de ejecución se actualicen los siguientes supuestos:

  • Cuando se busque la protección de las hijas e hijos de personas privadas de la libertad, siempre que éstos sean menores de edad o tengan una condición de discapacidad que no les permita valerse por sí mismos. Esto cuando la persona privada de la libertad sea su cuidadora principal o única cuidadora, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.
  • Cuando esta fuere innecesaria o incompatible con las condiciones de la persona privada de la libertad por senilidad, edad avanzada, estado de embarazo, discapacidad o su grave estado de salud, en los casos regulados en la legislación penal sustantiva, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en esta Ley.

En todos los casos a que se refiere este artículo se considerará el interés superior de la niñez y en su caso se tomará en cuenta la opinión de las personas menores de dieciocho años o con discapacidad afectadas, atendiendo su grado de desarrollo emocional y cognitivo, o en su caso, el grado de discapacidad.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio legislativo de San Lázaro a 3 de mayo de 2017.

Dip. Mariana Benítez Tiburcio

Dip. Erika Araceli Rodríguez Hernández

http://senado.senado.gob.mx:80/index.php?ver=cp&mn=4&id=71467