Comisión Permanente
LXIII Legislatura, Segundo Año, Segundo Receso.
Domingo 28 de mayo de 2017
Gaceta de la Comisión Permanente
    
    

¿Qué es la Gaceta?

La Gaceta es el órgano informativo  oficial del Senado. Depende de la Mesa Directiva y cuenta con un Consejo Directivo formado por los miembros de la propia Mesa y por los secretarios generales de  Servicios Administrativos y de Servicios Parlamentarios; el Presidente de la Mesa lo es del Consejo.

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Miércoles 17 de Mayo de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-5/71327
Miércoles 17 de Mayo de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-5/71327

Del Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación y se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Dip. José Clemente
Castañeda Hoeflich
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.

El suscrito, CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, integrante del Grupo ParlamentarioMovimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“Vivimos en un clima de violencia donde informar al respecto se ha vuelto peligroso, difícil; sin embargo, creo que es nuestra obligación no claudicar, no cerrar los ojos, sino seguir tratando de buscar la verdad, solamente a través de la verdad vamos a poder transformar el horizonte que tenemos enfrente”.
Juan Villoro

I.La libertad de expresión es uno de los grandes baluartes de la sociedad contemporánea, sin la que ningún sistema democrático podría subsistir, en tal sentido, la violencia física y el asesinato y desaparición de periodistas representa uno de los mayores atentados contra la democracia y uno de los más extremos casos de censura que pueden presentarse en una sociedad. Por ello, el Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, Frank La Rue, ha establecido que:

«Un ataque contra un periodista no solo vulnera su derecho a divulgar información sino que también redunda en desmedro del derecho de las personas y de la sociedad en general a buscar y recibir información, garantizado en los artículos 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente. De hecho, si no se respeta la libertad de expresión y, en particular, la libertad de prensa, no puede haber una ciudadanía informada, activa y comprometida. Así pues, un ataque contra un periodista es un atentado contra los principios de transparencia y rendición de cuentas, así como contra el derecho a tener opiniones y participar en debates públicos, que son esenciales en una democracia.»

Es por ello que la ausencia de garantías jurisdiccionales contra las violaciones de los derechos humanos, hoy en día debe ser considerada como una grave laguna del ordenamiento jurídico, que en orden a dar eficacia a tales derechos y proteger cabalmente la dignidad de la persona, debe dotarse de las herramientas jurídicas esenciales para que los ciudadanos encuentren así la protección y salvaguarda legítimas de sus derechos fundamentales, entre los que se encuentra el derecho a la libre manifestación de las ideas.

En efecto, el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así lo consagra:

“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.”

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.”

A su vez, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su Artículo 19:

«Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.»

La misma Declaración consagra en su Artículo 29 el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales:

«2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.»

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su Artículo 19 lo siguiente:

«1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.»

Finalmente, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que:

«1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.»

En tal sentido, corresponde al Estado mexicano la responsabilidad de contar con las herramientas jurídicas óptimas para la salvaguarda y protección de los derechos fundamentales, así como de las personas que dedican sus vidas al ejercicio y defensa de esos derechos y libertades, o a aquellas que ejerciéndolos viesen violentada su dignidad humana.

II. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido el concepto de libertad de expresión de la siguiente manera:

«[E]s un derecho fundamental en el desarrollo de una sociedad democrática, es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre»

En tal sentido, para alcanzar la plena libertad del pueblo de México se requiere generar las condiciones necesarias para que los ciudadanos gocen de una libertad de expresión sin cortapisas; igualmente, el Estado debe garantizar la protección de dicho derecho consagrado constitucionalmente y por los tratados internacionales de que México es parte. Una nación con periodistas y ciudadanos amordazados sólo puede llevar a una fractura del tejido social y comprometer gravemente las posibilidades de un ejercicio democrático de gobierno.

Sin embargo, la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, realizaron conjuntamente una visita a nuestro País en agosto de 2010, concluyendo que:

«…el pleno goce de la libertad de expresión en México enfrenta graves y diversos obstáculos, entre los cuales destacan los asesinatos de periodistas y otros gravísimos actos de violencia contra quienes difunden información, ideas y opiniones, y la impunidad generalizada en estos casos.»

En las Observaciones Preliminares presentadas por ambos Relatores, reconocen la existencia de una violencia que afecta a todos los sectores de la población, pero subrayan la gravedad de las agresiones contra las personas periodistas:

«las agresiones contra periodistas y comunicadores tienen efectos multiplicadores que impactan a los demás periodistas y comunicadores, genera zozobra y autocensura, priva a la sociedad en general de su derecho a estar informada y desalienta la denuncia, todo lo cual incrementa la impunidad.»

Por otro lado, durante la realización del Examen Periódico Universal (EPU), del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hecho a México el año 2013, más de 30 países expresaron su preocupación debido al incremento de la violencia contra periodistas en nuestro país y señalaron la necesidad de fortalecer el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mediante la atribución de mayores recursos y mayor capacitación para sus funcionarios.

Además, según Reporteros sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, junto a Siria, Irak y Afganistán, todos ellos inmersos en auténticas guerras civiles o incursiones militares por parte de otros Estados. De acuerdo a esta organización, entre 2000 y 2013, se registraron 81 asesinatos de periodistas en México.

El año 2013 fue uno de los más violentos para el ejercicio del periodismo en México, con un saldo de 330 casos documentados de agresiones a reporteros, fotógrafos y medios de comunicación, ubicando a nuestro País entre los más peligrosos del orbe para el oficio periodístico.

El año anterior a éste fue aquél en que entraron en pleno funcionamiento los recién renovados Poderes Legislativo y Ejecutivo Federal, motivo por el cual resulta doblemente preocupante que haya sido precisamente 2013 el año más peligroso para el periodismo, con un aumento de 123 casos respecto de 2012, es decir, la violencia contra los periodistas aumentó hasta en un 60 por ciento.

Por otro lado, en 2016 se produjeron 11 asesinatos de periodistas con lo que nuestro país pasó a ocupar el deshonroso puesto del tercer país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, sólo superado por Irak y Afganistán, según datos publicados por la Federación Internacional de Periodistas (FIP) .

Asimismo, Artículo 19, también ha informado que en el mismo año 2016, además de los 11 homicidios anteriores, se produjeron 426 agresiones, acciones de espionaje gubernamental, 72 amenazas a través de redes sociales y un índice de impunidad de hasta 99.75% , con lo que 2016 fue tal vez el año más peligroso para el prensa en nuestro historia reciente, sin embargo, en lo que va del año 2017, hasta el 15 de mayo, ya se contabilizaban 6 asesinatos de periodistas.

Como ya se ha expuesto, las agresiones contra periodistas y medios de comunicación comprometen gravemente la vida democrática de la nación y atentan directamente contra el derecho a la información consagrado constitucionalmente. No puede continuar esta escalada de violencia sin afectar gravemente los derechos a la libertad de expresión y a la información de la sociedad en su conjunto, que son fundamento para la construcción de un verdadero sistema democrático y un sólido Estado de Derecho.

A pesar de que México cuenta con una “Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, que creó una “Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, sin embargo, dicha legislación y su correspondiente Mecanismo han resultado claramente insufiencientes para afrontar la grave ola de violencia contra periodistas en nuestro país, como señaló Human RightsWatch en su más reciente informe sobre México: «el otorgamiento de medidas de protección ha sido lento e insuficiente» . El fracaso de dicho Mecanismo se ha puesto claramente en evidencia frente a las numerosas agresiones que padecen los periodistas a lo largo de todo el país.

III. En virtud de su resolución 53/144, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”, también conocida como “Declaración sobre los defensores de los derechos humanos”.

La Declaración establece la necesidad de proporcionar a las personas defensoras de derechos humanos el apoyo y protección óptimos en el ejercicio de su labor. No estipula nuevos derechos sino que formula los ya existentes de forma que sea más sencillo aplicarlos al contexto de las personas defensoras de derechos humanos. En dicha Declaración se establecen igualmente deberes concretos de los Estados y su responsabilidad en todo lo relacionado con la defensa de los derechos humanos, además de que explica su relación con las legislaciones nacionales.

En tal sentido, los Artículos 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13 de la Declaración consignan los derechos inherentes a las personas defensoras de derechos humanos, entre los que se encuentran los siguientes:

a) A procurar la protección y realización de los derechos humanos en los planos nacional e internacional;
b) A realizar una labor en favor de los derechos humanos individualmente o en asociación con otros;
c) A formar asociaciones y ONG;
d) A reunirse o manifestarse pacíficamente;
e) A recabar, obtener, recibir y poseer información sobre los derechos humanos;
f) A desarrollar y debatir ideas y principios nuevos relacionados con los derechos humanos y a preconizar su aceptación;
g) A presentar a los órganos y organismos gubernamentales, críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento y a llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda impedir la realización de los derechos humanos;
h) A denunciar las políticas y acciones oficiales en relación con los derechos humanos y a que se examinen esas denuncias;
i) A ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento o asistencia pertinentes para defender los derechos humanos;
j) A asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para formarse una opinión sobre el cumplimiento de las normas nacionales y de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos;
k) A dirigirse y comunicarse sin trabas con las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales;
l) A disponer de recursos eficaces;
m) A ejercer legítimamente la ocupación o profesión de defensor de los derechos humanos;
n) A obtener protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los derechos humanos; y
o) A solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto de proteger los derechos humanos (incluida la recepción de fondos del extranjero).

Asimismo, la Declaración establece los deberes de los Estados en cuanto a la protección y defensa de las personas defensoras de derechos humanos, desde una perspectiva de progresividad y ampliación de sus garantías, protegiendo sus derechos frente a violaciones y agresiones, destinando los recursos del Estado para la promoción de sus derechos y la creación de instituciones garantes de los mismos.

En el Comentario acerca de la Declaración sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, expuso el grave panorama al que suelen enfrentarse las personas defensoras de derechos humanos a lo largo del planeta:

«Los comunicados emitidos indican que el acoso judicial y la criminalización de las actividades de los defensores y las defensoras de los derechos humanos por parte de las autoridades estatales no han disminuido. Algunos Estados tienden a argumentar, de manera sistemática, que se basan en la seguridad nacional y la seguridad pública para limitar el ámbito de las actividades de los defensores y las defensoras. En varios países, los sindicalistas y miembros de ONGs y de movimientos sociales se enfrentan a detenciones y procesos penales por los delitos de “asociación ilícita”, “obstrucción de la vía pública”, “incitación al delito”, “desobediencia civil” o “amenaza a la seguridad del Estado, la seguridad pública o la protección de la salud o la moral públicas”. Por otra parte, las y los defensores de los derechos humanos, incluyendo a las y los abogados defensores que prestan asistencia jurídica a otros defensores o a las víctimas de violaciones de derechos humanos, reciben amenazas, se les niega el acceso a los tribunales de justicia al igual que a sus clientes, y son detenidos y acusados de varios delitos. La multitud de aprehensiones y detenciones de los defensores y las defensoras también contribuye a la estigmatización, ya que la población los percibe y califica como personas problemáticas.»

Desafortunadamente la situación de nuestro país no es la excepción y las personas defensoras de derechos humanos han sido blanco continuo de hostigamiento, amenazas y desapariciones. Así, entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró un total de 89 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, sin que se produjeran condenas para ninguno de los casos.

Debe subrayarse igualmente que el 10 de junio de 2011 tuvo lugar en México la más amplia Reforma Constitucional del Siglo XXI en materia de Derechos Humanos, mediante la cual nuestro País adquirió el mandato constitucional de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

En orden a lo anterior, la presente Iniciativa contempla añadir de manera explícita las disposiciones fundamentales contenidas en la “Declaración sobre los defensores de derechos humanos”, tal y como lo recomendó la Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, en julio de 2011:

«Los Estados deberían considerar la posibilidad de adoptar la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos como parte de la legislación nacional y de establecer centros de coordinación para los defensores y las defensoras de los derechos humanos en la oficina del Jefe de Estado o de Gobierno o en otros ministerios competentes.»

La necesidad de implementar mecanismos efectivos de protección en nuestro país para salvaguardar la integridad física y un entorno seguro para las personas defensoras de derechos humanos, ha quedado vergonzosamente en evidencia ante los casos lamentables y reiterados de las mismas.

En particular, dos casos emblemáticos conmocionaron a la opinión pública en nuestro país, el asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, quien buscaba resolver el homicidio de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo; así como elcaso de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, quiendio con el paradero de los restos de su hija, desaparecida en 2012, así como con los responsables de su asesinato, y quien fuera asesinada el pasado día de las madres del presente año.

Marisela Escobedo fue asesinada de un balazo en la cabeza el 16 de diciembre del año 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras realizaba una protesta para exigir el esclarecimiento del homicidio de su hija de 16 años, ocurrido a su vez en Ciudad Juárez el año 2008.

A raíz del asesinato de su hija, un integrante del cártel de Los Zetas fue acusado del crimen y capturado, declarándose culpable y conduciendo a las autoridades al lugar donde había sido inhumado el cuerpo calcinado. Sin embargo, fue absuelto “por falta de pruebas” y puesto en libertad, lo que motivó que Marisela Escobedo iniciará una lucha demandando justicia, realizando marchas en Ciudad Juárez y otras localidades, además de reunir 14 mil firmas exigiendo la revocación de la sentencia absolutoria. Cuando logró que se anulará el fallo, el acusado ya había escapado, por lo que Escobedo inició mayores protestas en la capital del Estado, exigiendo la captura del homicida, pero fue posteriormente asesinada pocos meses después de ello .

Por otro lado, MiriamRodríguez, quien representaba al Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, fue asesinada por un grupo de personas armadas la noche del pasado 10 de mayo al interior de su domicilio. La activista murió mientras era trasladada a un hospital de San Fernando. En el año 2012 su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez fue secuestrada, y dos años después ella dio con el paradero de sus restos en una fosa clandestina, entregando información a las autoridades para que se capturara a los responsables .

La información que proporcionó Miriam Rodríguez llevó a las autoridades a la captura de los responsables, sin embargo, posteriormente ocurrió una fuga de uno de los penales en que se encontraba uno de los presuntos responsables, por lo que ésta solicitó las medidas de protección correspondientes, sin que éstas llegasen nunca, como lo declaró ella misma ante las autoridades competentes .

Los anteriores casos evidencian que los actuales instrumentos de protección de las personas defensoras de derechos humanos en nuestro país han resultado ineficaces, como lo señaló la propia ONU en relación con el asesinato de Miriam Rodríguez:

«La ONU realiza un enérgico llamado a las autoridades para que brinden las adecuadas medidas de protección a la familia de la señora Rodríguez, así como a las otras familias de personas desaparecidas en Tamaulipas, particularmente considerando que dicho Estado encabeza las cifras, según fuentes oficiales, de personas desaparecidas en México ».

IV. Desde el surgimiento del internet, los grandes medios de comunicación y el oficio periodístico han sufrido una gran transformación en términos de inmediatez, producción interactiva de contenidos e impacto entre las audiencias. Ello ha dado lugar a nuevas formas de libertad de expresión en la producción de información trascendental para la ciudadanía.

En el año 2004, el periodista Dan Gillmor publicó el libro We, the media: grassrootsjournalism, bythepeopleforthepeople, convirtiéndose rápidamente en un parteaguas acerca de lo que desde principios de siglo ha sido llamado “periodismo ciudadano” (citizenjournalism), “periodismo participativo” (participatoryjournalism), “periodismo 3.0” (journalism 3.0) o “periodismo de base” (grassrootsjournalism), libro que consigna las profundas implicaciones de la aparición del internet en los medios masivos de comunicación y en el ejercicio periodístico.

En dicha obra, se hace énfasis en una revolución tecnológica que ha generado «una caja de herramientas que le permite a cualquier persona convertirse en periodistas, a bajo costo, y en teoría con alcance global.»

En tal sentido, se trata de que la revolución de la información que constituyó el internet, creó la posibilidad de que, por primera vez en la historia, la información fuese producida no sólo en términos verticales, sino en términos de red, es decir, de que las audiencias y los ciudadanos de a pie, pudiesen participar de la misma manera que los grandes medios editoriales o periodísticos en la creación y difusión masiva de información, dando origen a figuras y prácticas antes inexistentes, como la del “periodismo participativo”.

ShayneBowman y Chris Willis, en Nosotros, el medio, Cómo las audiencias están modelando el futuro de las noticias y la información, consignan de esta manera el concepto de periodismo participativo:

«Periodismo participativo:es el acto de un ciudadano o grupo de ciudadanos que juegan un papel activo en el progreso de colectar, reportar, analizar y diseminar información. La intención de esta participación es suministrar la información independiente, confiable, exacta, de amplio rango y relevante que una democracia requiere.»

En el efecto, desde el surgimiento del internet y su uso masivo a principios del siglo XXI, los ciudadanos han contribuido a la generación de información confiable e inmediata muchas veces en paridad de efectividad con los grandes medios de comunicación, o han contribuido a revelar información trascendental para la población que los medios periodísticos institucionales no estaban en condiciones de revelar. A continuación presentamos tres grandes antecedentes históricos del periodismo participativo del siglo XXI:

«[1] De acuerdo con el Pew Internet Project, los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 generaron el mayor tráfico a los sitios tradicionales de noticias en la historia de la Web. Muchos grandes sitios noticiosos sucumbieron ante la inmensa demanda y la gente se cambió al correo electrónico, los weblogs y los foros como conductos para la información, comentarios y acciones relacionadas con los eventos del 9/11. La respuesta en Internet significó el surgimiento de una nueva proliferación de ‘haga periodismo por sí mismo’. Todo, desde relatos de testigos y galerías de fotos hasta comentarios y narrativa personal, emergió para ayudar a la gente a detener colectivamente la confusión, la ira y el sentimiento de pérdida durante el inicio de la tragedia.
[2] Durante los primeros días de la guerra de Irak, Pew encontró que el 17 por ciento de los estadounidenses en línea utilizaron Internet como su principal fuente de información sobre la guerra, un nivel cinco veces más grande que aquellos que consiguieron sus noticias en línea inmediatamente después de los ataques terroristas del 11 de septiembre (3 por ciento). El reporte también observó que los weblogs estaban ganando seguidores entre un pequeño número de usuarios de Internet (4 por ciento). […]
[3] Antes de la guerra de Irak, la BBC supo que no podría desplegar suficientes fotógrafos para cubrir las marchas de millones de personas del mundo contra la guerra. Para extender su audiencia, la BBC News pidió a sus lectores que enviaran imágenes tomadas con cámaras digitales y teléfonos celulares con cámaras integradas, y publicó las mejores en su sitio Web.»

En la presente Iniciativa se diseña y propone el concepto de “activista de la información” en el mismo sentido en que se entiende el concepto de “periodista ciudadano”, según lo expuesto anteriormente. Ello en la medida en que se considera que aquel ciudadano que ejerce el “periodismo” de forma no profesional sino de acuerdo a un ejercicio de responsabilidad civil, está ejerciendo un nivel de compromiso respecto de la información distinto al de otros ciudadanos, y en tal sentido incide en la vida pública en el ejercicio de sus derechos (en este caso el de la libertad de expresión), de la misma manera que un activista.

El surgimiento de los llamados periodistas ciudadanos o activistas de la información, ha dado lugar a su vez a diversos casos jurídicos que han sentado un precedente en la historia judicial de los Estados Unidos de América, y que en la presente iniciativa se analizan como parte de un ejercicio de derecho comparado.

El 8 de julio del 2005 en San Francisco, California, tuvieron lugar una serie de manifestaciones en el marco de las protestas globales contra la 31ª Cumbre del G-8, que en esos momentos se realizaba en Pertshire, Escocia. Durante las protestas, el activista y video blogger Josh Wolf, captó en un video escenas de la protestas, subiendo posteriormente a su blog algunas de ellas. Un gran jurado exigió posteriormente a Wolf que entregara el resto de las escenas que contenía el video, mismas que supuestamente evidenciarían delitos cometidos en flagrancia por parte de los manifestantes. Wolf se negó a entregar el video completo con las escenas en cuestión y desafió al gran jurado negándose igualmente a testificar para identificar a los responsables, lo que motivó que fuese encarcelado el primero de agosto del año 2006.

Josh Wolf pasó 226 días en prisión, más tiempo que ningún periodista institucional por negarse a revelar sus fuentes o a testificar para identificarlas. Fue finalmente liberado el 3 de abril de 2007 después de alcanzar un acuerdo con el gran jurado.

Por otro lado, en 2011 la bloguera de investigación Crystal Cox fue condenada por la Corte de Oregón a pagar 2.5 millones de dólares, después de que fuera demandada por Kevin Padrick, representante de ObsidianFinanceGroup acusándole de difamación después de que Cox publicase en su blog que dicho grupo caía en fraude impositivo y estaba en bancarrota. A pesar de que Oregón es uno de los Estados de los EE.UU. con leyes que protegen el secreto profesional y la confidencialidad de las fuentes según la Primera Enmienda, el juez del caso consideró que Cox no merecía dicha protección legal al no ser ésta una periodista profesional o institucional. Sin embargo, tres años después, el 17 de enero de 2014, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco, estableció que Cox merecía un nuevo juicio aunque no fuera una periodista tradicional, debido a que, según el Tribunal de Apelaciones, la Primera Enmienda no distingue entre periodistas tradicionales y otros oradores (speakers):“Como advirtió con precisión el Tribunal Supremo, es inviable una distinción de la Primera Enmienda entre la prensa institucional y otros oradores.”

Así pues, según la Suprema Corte de los EE.UU. los blogueros, periodistas y en general todos los ciudadanos y activistas de la información poseen los mismos derechos que la prensa institucional en dicho sentido.

En otro contexto, el 12 de junio de 2013 fue detenido Miguel Ruiz Vargas en la Avenida Chapultepec, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, debido a que grabó a elementos policíacos que sometían y aprehendían con exceso de violencia a un ciudadano: “Al momento, me empezó a ofender un policía y me esposó, sin mayor motivo. Dijo: ‘a éste también súbelo’, y eso fue suficiente como prueba.” Debido a ello, el 28 de mayo de 2014, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la Recomendación 15/2014 por los conceptos de “violación de los derechos a la libertad y a la seguridad jurídica”, y apercibió a los policías que se disculpasen públicamente con el ciudadano.

Finalmente, no deben olvidarse las grandes implicaciones en las relaciones entre los países a nivel global, y de los ciudadanos con sus gobiernos y con los medios de comunicación, que constituyeron las revelaciones del sitio Wikileaks, que se encargó de filtrar a la opinión pública, a través del internet, una serie de comprometedoras revelaciones sobre las actividades militares y de espionaje internacional llevadas a cabo por autoridades de los EE.UU. y otros gobiernos occidentales.

Todos estos casos ilustran la necesidad de que los Estados asuman la responsabilidad de proteger a los ciudadanos que sin ser periodistas profesionales o institucionales, hacen del conocimiento público informaciones de gran relevancia para la sociedad, pero que por sus características pueden llegar a comprometer su integridad física o la de sus seres queridos. Es decir, las autoridades de los Estados deben asumir la defensa de la libertad de expresión en los casos en que ciudadanos comprometidos deciden asumir, responsablemente, divulgar información de relevancia para la sociedad y la vida pública.
En dicho sentido, esta Ley concede a los activistas de la información o periodistas ciudadanos, una serie de derechos para ejercer este tipo de actividades sin represalias.

V. La cláusula de conciencia es un derecho de las personas periodistas en su relación con una empresa de medios de comunicación, para que puedan rescindir el contrato laboral y ser indemnizados, en aquellos casos en que se produzca un cambio significativo en la orientación informativa o línea editorial.

Así pues, la cláusula de conciencia pretende proteger a las personas periodistas frente a posibles cambios ideológicos del medio de comunicación en que laboran, respetando así su independencia en la libertad de expresión y su libertad de conciencia y creencias.

El derecho a la cláusula de conciencia de las personas periodistas está consagrado por el Artículo 12 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que establece a la letra:

«Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.
2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.
3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.»

Es de subrayarse también que España incorporó a su Constitución de 1978 el derecho a la cláusula de conciencia, en su Título I, Artículo 20, que dispone lo siguiente:

«I. Se reconocen y protegen los derechos: […] d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La Ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional»

A raíz de lo anterior, el 24 de abril de 1997 el Congreso de los Diputados español aprobó la Ley Orgánica Reguladora de la Cláusula de Conciencia de los Profesionales de la Información, y el 20 de junio del mismo año fue publicada en el Boletín Oficial del Estado.

La presente iniciativa retoma en lo esencial lo recogido por la anterior legislación española en lo relacionado con la regulación de la cláusula de conciencia, y refiere todo lo relacionado con la rescisión del contrato laboral a la Ley Federal del Trabajo.

VI. El secreto profesional de las personas periodistas y activistas de la información es un derecho encaminado a garantizar su independencia respecto de las autoridades administrativas o judiciales de un Estado. Además, el derecho al secreto profesional forma parte del derecho a la libertad de expresión, y a comunicar información veraz de relevancia pública por cualquier medio de comunicación o difusión. Mucha información relevante y trascendente para la población es difundida por un informante o fuente, hacia un periodista, mismo que se compromete a guardar en el anonimato dicha fuente. Con esto, se fortalecen los derechos a la información y a la libertad de expresión, que de otro modo no encontrarían manifestación.

Entre las razones que configuran el derecho al secreto profesional se encuentran las siguientes:

a) Proteger la confidencialidad de la fuente debido a probables represalias por haber difundido la información en cuestión.
b) Preservar la credibilidad de la discreción de las personas periodistas y activistas de la información.
c) Garantizar que los flujos de información de relevancia para la ciudadanía no sean interrumpidos debido a la inhibición o la autocensura de las fuentes de información.

El 7 de junio de 2006 fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley del Secreto Profesional del Periodista en el Distrito Federal, compuesta por once Artículos divididos en cuatro Capítulos. Es de subrayarse que la presente Iniciativa incorpora en lo fundamental, lo contenido en la citada Ley.

VII. El 2 de octubre de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos publicó sus conclusiones preliminares luego de la vista in loco a México, en donde se manifiesta la preocupación por la situación de vulnerabilidad que viven los periodistas en México:

«La CIDH ha visto con preocupación el aumento acelerado en las agresiones de distinto tipo y homicidios de periodistas y comunicadores en México. […]
La violencia contra comunicadores se ha visto especialmente agudizada en las entidades federativas en donde existe presencia del crimen organizado y colusión con agentes estatales. De acuerdo a la información disponible, los periodistas víctimas son aquellos que han denunciado actos de corrupción administrativa, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados. La CIDH observa con preocupación la información recibida sobre la posible participación y la pasividad de agentes estatales frente a algunos de estos hechos.»

La CIDH emite una serie de recomendaciones para que se fortalezcan las políticas y programas de protección a periodistas y activistas, entre las que destacan las siguientes:

• Verificar la participación y la pasividad de agentes estatales frente a estos hechos.
• Llevar a cabo investigaciones de actores estatales y privados.
• Proteger los derechos laborales.
• Exigir a los medios que protejan a los periodistas.
• Aumentar aún más la protección de los periodistas en épocas electorales.
• Obligar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que lleve a su jurisdicción los crímenes más graves.
• Evitar una rotación excesiva del personal y aumentar su capacitación en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
• Fortalecer la recepción de solicitudes, la valoración del riesgo de los solicitantes y los procesos internos para la decisión de otorgar medidas de protección.
• Robustecer la sostenibilidad financiera del Mecanismo, el desarrollo de una política de prevención, la promoción del mecanismo en las entidades federativas y la coordinación con las autoridades locales.
• Agilizar la implementación de las medidas administrativas y dar seguimiento a su efectividad.
• Tener mayor eficacia en el funcionamiento de los botones de pánico y la consiguiente falta de respuesta por parte del mecanismo.

En la presente iniciativa, se toman en consideración estas recomendaciones, en lo que corresponde al aspecto normativo, sabedores de que el Poder Ejecutivo Federal debe asumir su responsabilidad en el cumplimiento de muchas de estas recomendaciones.

VIII. El 25 de junio del año 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que crea el «Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas», integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional.

Mediante la presente iniciativa, buscamos fortalecer los alcances de la mencionada ley, para convertirla en un verdadero instrumento al servicio de los mexicanos y garante de la protección a la libre manifestación de ideas. Entre los aspectos centrales de la iniciativa, destacan los siguientes:

• Se incluye la figura de activistas de la información, tal y como ha quedado de manifiesto en la presente exposición de motivos, con lo que también se modifica la denominación de la ley.
• Se contemplan como derechos para periodistas, la cláusula de la conciencia y el secreto profesional.
• Se incluye un catálogo de derechos para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, recuperando con ello las recomendaciones vertidas por organismos internacionales.
• Se elimina el control de la Secretaría de Gobernación sobre el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información, para darle autonomía en su funcionamiento, y del mismo modo se elimina el control de esta Secretaría sobre el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información.
• Se crea un Refugio para la Atención de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información, que atienda los casos más urgentes de manera expedita, brindando protección a víctimas.
• Se modifica la integración de la Junta de Gobierno, para darles más participación a los defensores de derechos humanos, periodistas y activistas de la información, quienes serán elegidos mediante una convocatoria pública por la Cámara de Diputados.
• Se establece un término de 60 días para darle suficiencia presupuestal al Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información.
• Se instituye el día 31 de julio de cada año como El Día Nacional Contra las Agresiones a Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información, en memoria del asesinato del fotoperiodista, Rubén Espinosa Becerril, acaecida el 31 de julio de 2015 en la Ciudad de México.

El objetivo central de la presente iniciativa es impulsar un marco normativo concentrando en la más amplia protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, en particular de quienes ejercen una responsabilidad cívica y una labor central en el proceso de democratización de nuestro país.

Por una parte, adecuamos nuestra legislación a los mandatos internacionales en materia de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, y adicionalmente, impulsamos una serie de innovaciones para generar instrumentos jurídicos modernos que privilegien la progresividad en la protección de los derechos humanos.

Es importante recalcar que el pasado 2 de octubre del año 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, presentó las “Observaciones Preliminares de la Visita in Loco de la CIDH a México”, documento en el que, entre otras cosas, pide al Estado mexicano prestar atención a la situación de vulnerabilidad que viven las personas periodistas y defensores de derechos humanos.

La implementación y éxito de estas disposiciones legales requerirán de un profundo compromiso institucional y de una política de Estado que involucre a todas las instituciones públicas en la aplicación de la ley y la protección de los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO
Mediante el cual se reforman la denominación y diversas disposiciones de la Ley Para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

ARTÍCULO ÚNICO.-Que modifica la denominación de la Ley Para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; sereforman los artículos 1, 2, 4, 3, 5, 24, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 63, 66 y 67; se adiciona un Capítulo II De los Derechos de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información, y se recorren los subsiguientes Capítulos, al tiempo que se adicionan los artículos 3-A, 3-B, 3-C, 3-D, 3-E, 3-F, 3-G, 3-H, 3-I, 3-J, 3-K, 3-L, 3-M y 3-N, y se adiciona un segundo párrafo al artículo 20, para quedar como sigue:

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS, PERIODISTAS Y ACTIVISTAS DE LA INFORMACIÓN

Artículo 1.- […]
Esta Ley crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información, para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

Artículo 2.- […]
Activista de la Información: persona física que administra o participa en la elaboración de información para un sitio de internet, un blog, una cuenta en redes sociales de internet o cualquier otro medio de expresión, que sin formar parte del periodismo institucional denuncie, difunda, recabe, genere, procese, edite, comente, opine, publique o provea información accesible para toda la ciudadanía;

Agresiones: daño a la integridad física o psicológica, amenaza, hostigamiento o intimidación que por el ejercicio de su actividad sufran las Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información.

[…]

Cláusula de conciencia: derecho de las personas periodistas a la rescisión del contrato e indemnización en caso de que el medio de comunicación en que laboren modifique significativamente su orientación o línea editorial de tal forma que afecte la independencia en el desempeño de su función profesional o atente contra los principios rectores de veracidad, imparcialidad, objetividad, pluralidad, equidad y responsabilidad;

[…]

[…]

Fondo: Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información.

[…]

Mecanismo: Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistasy Activistas de la Información.

Medidas de Prevención: conjunto de acciones y medios encaminados a desarrollar políticas públicas y programas con el objetivo de reducir los factores de riesgo que favorecen las agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas yActivistas de la Información, así como para combatir las causas que las producen y generar garantías de no repetición.

[…]

[…]

[…]

Medio de comunicación: Medio impreso, electrónico, digital o cualesquier otro, mediante el cual se difunde información para la población;

[…]

[…]

[…]

[…]

Secreto Profesional: derecho de las personas periodistas y activistas de la información para negarse a revelar la identidad de sus fuentes de información, ante cualquier autoridad judicial o administrativa, cuando ésta se difunda con apego a los principios rectores de veracidad, imparcialidad, objetividad, equidad y responsabilidad.

Artículo 3.- El Mecanismo estará integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional y gozará de autonomía técnica y de gestión.

Capítulo II
De los Derechos de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información

Sección Primera
De los Derechos de las Personas Defensoras de Derechos Humanos

Artículo 3-A.- Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover la protección, defensa y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Artículo 3-B.- Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente:
I. A conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales;
II. A publicar, impartir o difundir libremente opiniones, informaciones y conocimiento relativos a los derechos humanos y libertades fundamentales;
III. A estudiar y debatir si los derechos y libertades fundamentales se observan, tanto en la ley como en la práctica, y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar cuestiones por conducto de los medios que considere adecuados;
IV. A presentar a las instituciones públicas, críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento sobre cualquier aspecto de su labor que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales;
V. A denunciar las políticas y acciones de los funcionarios y autoridades en relación con violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante peticiones u otros medios ante las instituciones competentes;
VI. A ofrecer y prestar asistencia profesional u otro asesoramiento y asistencia pertinentes para la defensa y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales;
VII. A formar parte, de manera voluntaria, de asociaciones o grupos de la sociedad civil, o movimientos sociales; y
VIII. A participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Artículo 3-C.- Las autoridades estatales y federales tienen la responsabilidad de promover entre los ciudadanos la comprensión de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, entre las que figuran las siguientes:
I. La publicación y amplia disponibilidad de las leyes y reglamentos nacionales y de los instrumentos internacionales básicos de derechos humanos;
II. El pleno acceso en condiciones de igualdad y no discriminación a los documentos internacionales en la esfera de los derechos humanos, incluso los informes periódicos de los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que sea parte el Estado Mexicano, así como a las actas resumidas de los debates y los informes oficiales de esos órganos; y
III. Promover y facilitar la enseñanza de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todos los niveles educativos.

Sección Segunda
De los Derechos de las Personas Periodistas

Artículo 3-D.- La presente Ley reconoce como derechos específicos inherentes a la naturaleza de la actividad periodística, los siguientes:
I. Cláusula de conciencia;
II. Secreto profesional;
III. Acceso a las fuentes de información y actos públicos;
IV. Reconocimiento institucional como periodista;
V. Protección en misiones o tareas de alto riesgo profesional; y
VI. Protección pública ante agresiones de terceros.

Artículo 3-E.- La cláusula de conciencia es un derecho de las personas periodistas que tiene por objeto garantizar la independencia en el desempeño de su función profesional, respecto de los cambios en la orientación o línea editorial del medio en que laboran.

Artículo 3-F.- En virtud de la cláusula de conciencia la persona periodista tiene derecho a solicitar la rescisión de su relación laboral con el medio de comunicación en que se desempeñe profesionalmente, en alguno de los siguientes supuestos:
I. Cuando en el medio de comunicación con el que esté vinculado laboralmente se produzca un cambio sustancial de orientación informativa o línea editorial;
II. Cuando el medio de comunicación le traslade a otro medio del mismo grupo, que por su género o línea editorial, suponga una ruptura patente con la orientación profesional de la persona periodista; y
III. Cuando se ponga su firma en un texto del que es autora, y que haya sido modificado posteriormente por algún superior jerárquico, bien a través de introducir ideas nuevas, o suprimiendo algún concepto o idea original de forma deliberada.
El ejercicio de este derecho dará lugar a una indemnización, que no será inferior a la pactada contractualmente o, en su defecto, a la establecida por la legislación laboral aplicable.
De ninguna manera, por el ejercicio de la cláusula de conciencia, la persona periodista podrá ser sujeto de acciones en perjuicio de sus actividades laborales. Cualquier medida coercitiva de este tipo puede ser entendida como una violación grave de sus derechos.

Artículo 3-G.- Las personas periodistas podrán negarse, motivadamente, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la comunicación, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio.

Artículo 3-H.- Las personas periodistas tienen derecho a mantener en secreto la identidad de las fuentes que les hayan facilitado información bajo condición, expresa o tácita, de reserva.
El derecho del secreto afecta igualmente a cualquier otra persona periodista, responsable editorial o colaborador de la persona periodista que hubieran podido conocer indirectamente y como consecuencia de su trabajo profesional la identidad de la fuente reservada.

Artículo 3-I.- Ninguna autoridad podrá citar a las personas periodistas como testigos con el propósito de que revelen sus fuentes de información.

Artículo 3-J.-. El secreto profesional que establece la presente Ley comprende:
I. Que la persona periodista citada para que comparezca como testigo o a declarar en algún procedimiento jurisdiccional de cualquier otra índole, pueda invocar su derecho al secreto profesional y negarse, en consecuencia, a identificar a sus fuentes, así como a excusar las respuestas que pudieran revelar la identidad de las mismas. A petición de la autoridad podrá ampliar la información consignada en la nota, artículo, crónica o reportaje periodístico;
II. Que la persona periodista no sea requerida por las autoridades judiciales o administrativas, para informar sobre los datos y hechos de contexto, que por cualquier razón, no hayan sido publicados o difundidos, pero que sean parte de la investigación periodística;
III. Que las notas de apuntes, equipo de grabación y de cómputo, directorios, registros telefónicos, así como los archivos personales y profesionales que pudieran llevar a la identificación de la o las fuentes de información de la persona periodista, no sean objeto de inspección ni aseguramiento por las autoridades administrativas o jurisdiccionales, para ese fin; y
IV. Que la persona periodista no sea sujeto a inspección de sus datos personales relacionados con su quehacer periodístico, por autoridades administrativas o jurisdiccionales, con el propósito de obtener la identificación de la o las fuentes de información de la persona periodista.

Artículo 3-K.- La persona periodista o activista de la información tendrá libre acceso a los registros, expedientes administrativos y, en general, a cualquier información recogida por las autoridades que pueda contener datos de relevancia pública. Las autoridades facilitarán este acceso, tomando las precauciones necesarias para garantizar el derecho a la protección de datos personales y las disposiciones contenidas en la legislación aplicable en materia de transparencia.
Del mismo modo, la persona periodista o activista de la información tendrá acceso a todos los actos y eventos de interés público y abiertos al público en general, que se desarrollen por entidades públicas o privadas. No se podrá prohibir su presencia en estos actos por el hecho de ser identificada como periodista o activista de la información. En estos eventos se podrá exigir el pago normal de una entrada para el acceso, cuando sea el caso.

Artículo 3-L. Las empresas de medios de comunicación deberán proporcionar a las personas periodistas las medidas de protección mínimas para el ejercicio de su profesión en misiones o tareas de alto riesgo.
Las medidas mínimas de protección que las empresas de medios de comunicación deberán brindar a las personas periodistas, cuando se trate de misiones o tareas en situaciones de probable violencia, podrán incluir lo siguiente:
I. Chalecos antibalas;
II. Identificación oficial como periodista;
III. Entrega de automóvil, motocicleta o algún otro medio automotor que le permita salir rápidamente de un territorio de alto riesgo; y
IV. Entrega de equipo celular, radio o telefonía satelital.
En los casos de tareas o misiones de alto riesgo para el ejercicio del periodismo no previstas en la presente Ley, deberá atenderse a lo dispuesto por las Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Trabajo, según las condiciones de la tarea o misión que le sea asignada.

Sección Tercera
De los Derechos de las Personas Activistas de la Información

Artículo 3-M.- Las autoridades mexicanas tienen el deber de garantizar las condiciones idóneas para que los investigadores, científicos, profesionales y cualquier ciudadano en posesión de información relevante para la población, tengan la responsabilidad y el derecho de expresarse libremente sobre cualquier hecho, proyecto o información relevante.
Artículo 3-N.- Son derechos de las personas Activistas de la Información los siguientes:
I. Utilizar los medios electrónicos, digitales, analógicos o cualquier otro medio de expresión o comunicación, para expresar libremente cualquier información;
II. Cuando sean investigados a causa de su activismo informativo, acogerse al derecho del secreto profesional, establecido en el presente ordenamiento;
III. Gozar en los mismos términos del derecho al acceso de las fuentes de información y actos públicos que las personas periodistas; y
IV. No ser investigados en sus datos personales, por las autoridades administrativas o jurisdiccionales, a causa de la difusión o publicación de alguna información.

Capítulo III
Junta de Gobierno

Artículo 4.- La Junta de Gobierno es la instancia máxima del Mecanismo y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información.
[…]

Artículo 5.- La Junta de Gobierno está conformada por nueve miembros permanentes con derecho a voz y voto, y serán:
I. Un representante de la Secretaría de Gobernación;
II. Un representante del gremio de periodistas;
III. Un representante de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la defensa de los derechos humanos;
IV. Un representante de las personas activistas de la información;
V. Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
VI. Un representante de la Comisión Ejecutiva Nacional de Atención a Víctimas; y
VII. Tres representantes del Consejo Consultivo elegidos de entre sus miembros.
El representante de la Secretaría de Gobernación deberá tener un nivel mínimo de Subsecretario; el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el de Visitador o sus equivalentes, y el de la Comisión Ejecutiva Nacional de Atención a Víctimas, el de Comisionado.
Los miembros correspondientes a las fracciones II, III y IV, durarán en su encargo cuatro años, yserán elegidos a partir de la convocatoria pública que para tal efecto emita la Cámara de Diputados, misma que estará dirigida a los gremios correspondientes y a las organizaciones de la sociedad civil especializadas, quienes enviarán sus propuestas.
La presidencia de la Junta de Gobierno será rotativa por cada periodo de un año entre los miembros correspondientes a las fracciones II, III y IV.
Los miembros de la Junta de Gobierno tendrán un cargo honorífico, por lo que no recibirán retribución o compensación por su participación.

Capítulo IV
Consejo Consultivo

Capítulo IV
La Coordinación Ejecutiva Nacional

Artículo 17.-[…]
I. a III. […]
La Junta de Gobierno nombrará por la mayoría calificada de sus miembros al Coordinador Ejecutivo Nacional.

Artículo 20.- […]
La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida tendrá a su cargo el Refugio para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información, que deberá atender de manera expedita a las víctimas o potenciales víctimas de alguna agresión, brindarles protección, seguridad y atención durante el periodo que resulte necesario.

Capítulo VI
Las Unidades Auxiliares

Capítulo VII
Solicitud de Protección, Evaluación y Determinación del Riesgo

Artículo 24.- […]
I. Persona Defensora de Derechos Humanos, PeriodistaoActivista de la Información;
II. Cónyuge, concubina, concubino, ascendientes, descendientes, dependientes de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodista o Activista de la Información;
III. a V. […].

Capítulo VIII
Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección

Capítulo IX
Medidas de Prevención

Artículo 43.- Las Medidas de Prevención estarán encaminadas al diseño de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia con la finalidad de evitar potenciales Agresiones a las Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistasy Activistas de la Información.

Artículo 44.- La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias promoverán el reconocimiento público y social de la importante labor de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistasy Activistas de la Información, para la consolidación del Estado Democrático de Derecho, y condenarán, investigarán y sancionarán las agresiones de las que sean objeto.
Se instituye el día 31 de julio de cada año como El Día Nacional Contra las Agresiones a Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información.

Artículo 45.- La Federación promoverá las reformas y adiciones necesarias en la legislación para mejorar la situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, Periodistasy Activistas de la Información.

Capítulo X
Convenios de Cooperación

Artículo 46.- La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias celebrarán Convenios de Cooperación para hacer efectivas las medidas previstas en el Mecanismo para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información.

Artículo 47.-[…]:
I. a IV. […]
V. La promoción de las reformas y adiciones necesarias en la legislación para mejorar la situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información y
VI.[…].

Capítulo XI
Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información

Artículo 48.- Para cumplir el objeto de esta Ley y con el propósito de obtener recursos económicos adicionales a los previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se crea el Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información.

Artículo 52.- El Fondo contará con un Comité Técnico presidido por quien ocupe la presidencia de la Junta de Gobiernoe integrado por un representante de: la Secretaría de Gobernación y el Consejo Consultivo.

Capítulo XII
Inconformidades

Artículo 63.- El acceso y la difusión de la información relacionada con esta Ley, será de conformidad a lo que disponga la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables.
[…]
[…]

Capítulo XIII
Transparencia y Acceso a la Información

Capítulo XIV
Sanciones

Artículo 66.- Comete el delito de daño a Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información, el servidor público o miembro del Mecanismo que de forma dolosa utilice, sustraiga, oculte, altere, destruya, transfiera, divulgue, explote o aproveche por sí o por interpósita persona la información proporcionada u obtenida por la solicitud, trámite, evaluación, implementación u operación del Mecanismo y que perjudique, ponga en riesgo o cause daño a la Persona Defensora de Derechos Humanos, Periodista, Activistas de la Información, peticionario y beneficiario referidos en esta Ley.

[…]

[…]

Artículo 67.- Al Servidor Público que en forma dolosa altere o manipule los procedimientos del Mecanismo para perjudicar, poner en riesgo o causar daño a la Persona Defensora de Derechos Humanos, Periodista, Activistas de la Información, peticionario y beneficiario, se le impondrá de dos a nueve años de prisión, y de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos referidos en esta Ley.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Cámara de Diputados contará con 30 días para emitir las convocatorias respectivas para la integración de la Junta de Gobierno conforme a lo dispuesto en el presente decreto.

TERCERO.- La Coordinación Ejecutiva Nacional contará con 60 días, a partir de su nombramiento, para presentar ante la Junta de Gobierno la propuesta de Reglamento del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información, conforme a los lineamientos establecidos en la ley.

CUARTO.- La Cámara de Diputados contará con 60 días para realizar las modificaciones presupuestales necesarias que aseguren el funcionamiento y suficiencia presupuestal del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información.

QUINTO.- El Gobierno Federal deberá prever los recursos financieros suficientes para la ejecución y puesta en funcionamiento del Refugio para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la Información.

Dado en el Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados
Mayo de 2017

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
LXIII Legislatura

 

DIP. CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH

 

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